62023TJ0096_RES
Asunto T‑96/23
Uniper Global Commodities SE
contra
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera ampliada) de 25 de junio de 2025
«Energía — Mercado interior de la electricidad — Reglamento (UE) 2017/2195 — Decisión de la ACER sobre la modificación de la metodología para la fijación de precios para la energía de balance — Imposición de un límite temporal a los precios — Recurso interpuesto ante la Sala de Recurso de la ACER — Condiciones y procedimientos específicos de los recursos — Artículos 28, apartado 1, y 29 del Reglamento (UE) 2019/942 — Inadmisibilidad por falta de legitimación activa ante la Sala de Recurso — Excepción de ilegalidad — Igualdad ante la ley y tutela judicial efectiva — Inexistencia de afectación individual — Cualidades o situaciones de hecho no invocadas — Plazo para recurrir — Inexistencia de error excusable»
Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Identificación de los motivos por su sustancia y no por su calificación formal
[Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, letra d)]
(véanse los apartados 23 y 25)
Excepción de ilegalidad — Carácter incidental — Formulación implícita, pero clara, en la demanda — Admisibilidad
(Art. 277 TFUE)
(véanse los apartados 24, 26 y 27)
Derecho de la Unión Europea — Interpretación — Métodos — Disposición de tenor claro y preciso — Obligación de garantizar la eficacia de la disposición
(véanse los apartados 31 a 34)
Derecho de la Unión Europea — Interpretación — Métodos — Obligación de interpretar el Derecho derivado de la Unión de conformidad con una norma vinculante superior — Límites — Interpretación contra legem — Improcedencia
(véanse los apartados 35 a 37, 79 y 80)
Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos reglamentarios — Actos que no incluyen medidas de ejecución y afectan directamente al demandante — Decisión de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) sobre la modificación de la metodología para la fijación de precios para la energía de balance — Inclusión
[Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo]
(véase el apartado 42)
Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Requisitos de admisibilidad — Decisión de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) sobre la modificación de la metodología para la fijación de precios para la energía de balance — Acto por el que se crea la ACER y que establece la posibilidad de presentar recurso en vía administrativa contra la decisión de la ACER — Recurso de anulación interpuesto contra la decisión de la ACER sin agotar la vía de recurso administrativo — Admisibilidad — Requisito — Demandante que no cumple con los requisitos de admisibilidad para interponer recurso administrativo — Requisito cumplido — Violación de los principios de igualdad y tutela judicial efectiva — Inexistencia
[Art. 263 TFUE, párr. 5; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 20 y 41; Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 34 y arts. 28, ap. 1, y 29]
(véanse los apartados 43 a 45, 48 y 54 a 75)
Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que las afectan directa e individualmente — Afectación individual — Criterios — Decisión de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) sobre la modificación de la metodología para la fijación de precios para la energía de balance — Recurso de empresa que actúe en el mercado en el que incide la citada decisión — Empresa que no ha demostrado incidencia sustancial en la posición que ocupa en el mercado — Inadmisibilidad
(Art. 263 TFUE, párr. 4)
(véanse los apartados 92 a 111)
Agencias de la Unión Europea — Agencia de la Unión Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) — Decisión de la ACER — Procedimiento interno de recurso ante la Sala de Recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia — Control de legalidad de las resoluciones de la Sala de Recurso — Consideración exclusivamente de los datos de hecho y Derecho presentados ante la Sala de Recurso
[Art. 263 TFUE; Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 29]
(véanse los apartados 115 y 122)
Procedimiento judicial — Plazo para recurrir — Caducidad de la acción por expiración del plazo de recurso — Error excusable — Concepto — Alcance
(Art. 263 TFUE, párr. 6)
(véanse los apartados 128 a 136)
Resumen
El Tribunal General confirma la validez de las resoluciones de la Sala de Recurso de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) por las que se declaran inadmisibles los recursos interpuestos por dos sociedades contra la Decisión de la ACER sobre la modificación de la metodología de fijación del precio de la energía de balance. Con ello, el Tribunal General se pronuncia, por un lado, sobre la legitimación activa de las personas físicas o jurídicas ante la Sala de Recurso de la ACER, en virtud del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942. (
1
) Por otro lado, aporta precisiones respecto de la valoración de la afectación individual de las personas físicas o jurídicas en el caso de decisiones adoptadas por la ACER.
Mediante Decisión de 24 de enero de 2020, la ACER adoptó a propuesta de los gestores de redes de transporte una metodología de fijación del precio de la energía de balance que preveía, en particular, que los precios del suministro de energía de balance no fueran superiores o inferiores a un límite técnico de precios de más o menos 99999 euros por megavatio hora (MWh).
Mediante Decisión de 25 de febrero de 2022 (en lo sucesivo, «Decisión inicial»), la ACER modificó con carácter temporal dicha metodología, sustituyendo el límite técnico de precios en cuestión por un límite de precios de más o menos 15000 euros/MWh, y aplicable exclusivamente a los intercambios de energía de balance en las plataformas europeas PICASSO y MARI, por un período de 48 meses desde el 1 de julio de 2022.
Las demandantes, RWE Supply & Trading GmbH y Uniper Global Commodities SE, son dos proveedoras de energía de balance que actúan en el mercado alemán, en el que están operativas las plataformas europeas PICASSO y MARI.
Al estimarse perjudicadas por la Decisión inicial, interpusieron sendos recursos ante la Sala de Recurso de la ACER (en lo sucesivo, «Sala de Recurso»). Mediante dos resoluciones de 9 de diciembre de 2022 (en lo sucesivo, «resoluciones impugnadas»), dicha Sala los declaró inadmisibles por falta de legitimación activa al amparo del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942.
En virtud de esa disposición, toda persona física o jurídica podrá interponer recurso contra una decisión de la ACER de la que sea destinataria o contra una decisión que la afecte directa e individualmente. Dado que las demandantes no eran destinatarias de la Decisión inicial, la Sala de Recurso estimó que, si bien esta las afectaba directamente, no lo hacía individualmente.
En ese contexto, las demandantes interpusieron recurso ante el Tribunal General, solicitando la anulación de las resoluciones impugnadas y, con carácter subsidiario, de la Decisión inicial.
Valoración del Tribunal General
En apoyo de su recurso, las demandantes reprochan, en particular, a la Sala de Recurso la infracción del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, (
2
) cuando consideró que carecían de la legitimación activa necesaria para interponer recurso ante ella contra la Decisión inicial. Sin embargo, dicha decisión es un acto reglamentario que las afecta directamente y que no incluye medidas de ejecución. Por lo tanto, es impugnable ante el juez de la Unión en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
Según las demandantes, para ser conforme con el principio de tutela judicial efectiva enunciado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), tal como se aplica en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y con el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 20 de la Carta, el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 debería haberse interpretado en el sentido de que les permitía interponer recurso contra la Decisión inicial ante la Sala de Recurso.
El Tribunal General constata con carácter preliminar que ese primer motivo abarca, en esencia, una imputación doble basada, la primera, en una interpretación del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 que no es conforme con los principios de tutela judicial efectiva e igualdad ante la ley que enuncian los artículos 20 y 47 de la Carta y, la segunda, en una excepción implícita de ilegalidad del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 por no ajustarse a esos mismos principios y artículos de la Carta.
Por lo que se refiere a la primera imputación, de reiterada jurisprudencia se desprende que una interpretación de una disposición del Derecho de la Unión no puede conducir a vaciar de toda eficacia el tenor claro y preciso de esa disposición. Así pues, cuando el sentido de una disposición del Derecho de la Unión se deriva sin ambigüedad de su propio tenor literal, el juez de la Unión no puede apartarse de esa interpretación.
En el caso de autos, del tenor claro y preciso del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 se desprende que las demandantes, como personas jurídicas que no son destinatarias de la Decisión inicial, solo pueden interponer recurso contra dicha decisión si esta las afecta no solo directa, sino también individualmente. Si bien es cierto que el requisito de la afectación individual que enuncia esa disposición debe interpretarse a la luz de los principios generales del Derecho de la Unión, garantizados por la Carta, el uso de una interpretación amplia solo es posible en la medida en que sea compatible con el texto de la disposición de que se trate y no conduzca a una interpretación contra legem.
De ello se deduce que había fundamento para que en las resoluciones impugnadas la Sala de Recurso interpretara el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 en el sentido de que únicamente autorizaba a las demandantes, en su condición de personas jurídicas, a interponer recurso ante ella contra la Decisión inicial si se veían afectadas no solo directa, sino también individualmente, por dicha decisión.
Por lo que respecta a la segunda imputación, el Tribunal General advierte que, de conformidad con el artículo 263 TFUE, párrafo quinto, los actos por los que se crean los órganos y organismos de la Unión podrán prever condiciones y procedimientos específicos a los recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de dichos órganos u organismos que vayan destinados a producir efectos jurídicos frente a ellas.
Así pues, el legislador de la Unión estableció en los artículos 28 y 29 del Reglamento 2019/942 que las personas físicas o jurídicas que son destinatarias de actos de la ACER o resultan afectadas directa e individualmente por estos deben, por razones de economía procesal, disponer de derecho de recurso ante la Sala de Recurso. En ese contexto, decidió no incluir entre las personas físicas o jurídicas que pueden recurrir directamente ante la Sala de Recurso a las que pertenecen a la categoría a la que se refiere el tercer supuesto del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Estas pueden, en el supuesto de que la ACER (como sucede en el presente asunto) adopte un acto reglamentario, interponer recurso de anulación directamente ante el Tribunal General.
En ese contexto, el Tribunal General descarta que el artículo 29 del Reglamento 2019/942, que obliga a agotar la vía del recurso administrativo antes de poder acudir al juez de la Unión, impidiera a las demandantes solicitar directamente la anulación ante el Tribunal General, pues esa disposición debe interpretarse en el sentido de que solo se aplica a las categorías de personas físicas o jurídicas que tienen legitimación activa ante la Sala de Recurso a efectos del artículo 28 del citado Reglamento.
De ello se deduce que las personas físicas o jurídicas que pertenecen a la categoría a la que se refiere el tercer supuesto del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, no están comprendidas en el ámbito de aplicación del procedimiento obligatorio de recurso administrativo que instauran los artículos 28 y 29 del Reglamento 2019/942 y, por tanto, deben recurrir directamente ante el Tribunal General.
A la luz de estas consideraciones, el Tribunal General analiza, en primer lugar, si la diferencia de trato instaurada por el artículo 28 del Reglamento 2019/942 entre personas físicas o jurídicas comprendidas en el tercer supuesto del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y personas físicas o jurídicas autorizadas a recurrir directamente ante la Sala de Recurso que están comprendidas en los supuestos primero y segundo del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, es compatible con el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 20 de la Carta.
Con carácter preliminar, el Tribunal General recuerda que la creación de una sala de recurso se sitúa en el marco de un enfoque global dirigido a dotar a las agencias de la Unión de órganos de recurso cuando se les haya encomendado una facultad decisoria sobre cuestiones que son complejas desde el punto de vista técnico o científico. Dichos órganos de recurso representan un medio apropiado para proteger los derechos de las partes interesadas en un contexto en el que, dado que las autoridades de la Unión disponen de amplia discrecionalidad, en particular en relación con datos fácticos de carácter científico y técnico que tienen gran complejidad, el control del juez de la Unión debe limitarse a examinar si, al ejercer dicha discrecionalidad, dichas autoridades incurrieron en error manifiesto o desviación de poder, o si rebasaron manifiestamente los límites de su discrecionalidad.
Así pues, al no permitir a las personas físicas o jurídicas incluidas en el tercer supuesto del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, que acudan a la Sala de Recurso, el artículo 28 del Reglamento 2019/942 establece una diferencia de trato entre, por una parte, las personas físicas o jurídicas que, como la demandante, solo podrán disfrutar de un control restringido de las decisiones de la ACER por parte del Tribunal General, en particular por lo que respecta a las valoraciones científicas, técnicas o económicas complejas relacionadas con la energía, y, por otra parte, las que podrán recurrir directamente a la Sala de Recurso y disfrutar así del control pleno de las decisiones de la ACER en cuanto a dichas valoraciones.
Con todo, tal diferencia de trato está justificada por la relación más o menos intensa que mantienen con las decisiones de la ACER las diferentes categorías de personas físicas o jurídicas afectadas. Las que están autorizadas a recurrir directamente a la Sala de Recurso se ven individualizadas por las citadas decisiones, porque las tienen por destinatarias suyas o les atañen de modo análogo al de los destinatarios. En cambio, no sucede así con las personas físicas o jurídicas que pertenecen a la categoría que enuncia el tercer supuesto del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
Además, de la jurisprudencia se desprende que, para poder reprochar una violación del principio de igualdad de trato al legislador de la Unión, es preciso que este haya tratado de manera diferente situaciones comparables, dando lugar a una desventaja para determinadas personas respecto de otras. Pues bien, el control directo de un acto de la ACER por parte del Tribunal General no puede considerarse una desventaja para las personas físicas o jurídicas que no pueden recurrir directamente ante la Sala de Recurso de la ACER. Este medio de control debe considerarse apropiado para proteger los derechos de las personas físicas o jurídicas que mantienen un vínculo menos intenso con ese mismo acto.
De ello se deduce que en el artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 el legislador de la Unión estableció una diferencia de trato justificada entre personas físicas o jurídicas que no se encuentran en una situación idéntica o comparable a la luz de las decisiones de la ACER. Por lo tanto, no tienen que estar sujetas a las mismas condiciones o los mismos procedimientos específicos por lo que se refiere a los recursos que presenten contra las citadas decisiones, de modo que esa diferencia de trato no viola el principio de igualdad ante la ley que consagra el artículo 20 de la Carta.
En segundo lugar, en cuanto a las supuestas violación del principio de tutela judicial efectiva e infracción del artículo 47 de la Carta, (
3
) habida cuenta de la imposibilidad de que recurran ante la Sala de Recurso las personas físicas o jurídicas que pertenecen a la categoría a la que se refiere el tercer supuesto del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, el Tribunal General advierte que, en la medida en que siga abierta la vía del recurso de anulación ante él, no puede considerarse que el legislador de la Unión violara dicho principio al adoptar los artículos 28 y 29 del Reglamento 2019/942.
El Tribunal General añade que las posibles complicaciones procesales que se deriven de ese sistema de recursos (en particular, la posible interposición de recursos paralelos contra las mismas decisiones de la ACER ante la Sala de Recurso y ante el Tribunal General) y la complejidad del concepto de «afectación individual» (del que dependen las competencias respectivas de la Sala de Recurso y del Tribunal General) no bastan para que pueda declararse que el sistema es, en sí mismo, contrario al principio de tutela judicial efectiva.
Prosiguiendo su análisis del recurso, el Tribunal General desestima asimismo el motivo basado en la infracción del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942 por no haber declarado la Sala de Recurso en las resoluciones impugnadas que la Decisión inicial afectaba individualmente a las demandantes debido a cualidades que les eran propias y las caracterizaban en relación con cualesquiera otras personas.
En primer término, el Tribunal General precisa que, para valorar la afectación individual de las demandantes en virtud del artículo 28, apartado 1, del Reglamento 2019/942, es preciso remitirse a la jurisprudencia dictada por el juez de la Unión en relación con el segundo supuesto del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
Ello se debe a que las condiciones y los procedimientos específicos de recurso que establece el Reglamento 2019/942 en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo quinto, deben ser coherentes plenamente con el régimen general que establece el artículo 263 TFUE por lo que respecta a la competencia del juez de la Unión para conocer de los recursos que tiene atribuidos. De ello se deduce que, cuando se dan las mismas condiciones de admisibilidad en el régimen general del artículo 263 TFUE y en las condiciones y los procedimientos específicos que se adoptan en virtud del párrafo quinto de dicha disposición, estas condiciones y estos procedimientos deben interpretarse, en principio, de manera uniforme.
En segundo término, por lo que se refiere a las cualidades y a las situaciones de hecho que las demandantes invocaron ante el Tribunal General para demostrar su afectación individual, este limita su examen a las que fueron planteadas asimismo ante la Sala de Recurso y analizadas por esta en las resoluciones impugnadas. Cierto es que el Tribunal General debe comprobar la legalidad de dichas resoluciones, controlando la aplicación del Derecho de la Unión que efectuara la Sala de Recurso al tener en cuenta, en particular, los datos fácticos que le fueron sometidos. En cambio, para efectuar tal control, no puede considerar datos fácticos que se invocan o presentan ante él por primera vez.
A la luz de esas precisiones, el Tribunal General observa que, por lo que respecta a las cualidades y a las situaciones de hecho que las demandantes plantearon ante la Sala de Recurso, es decir, su presencia activa en el mercado alemán de energía de balance y su lugar entre los mayores proveedores en dicho mercado, que posteriormente desarrollaron en el presente recurso, alegando que la Decisión inicial incidía sustancialmente en la posición que ocupan en dicho mercado, las demandantes se remiten a la jurisprudencia dictada por el juez de la Unión en materia de ayudas de Estado y de concentraciones.
Sin embargo, por una parte, las demandantes no pueden invocar en su beneficio esa jurisprudencia para afirmar que la citada decisión incidiera sustancialmente en la posición que ocupan en ese mercado. Ello se debe a que dicha jurisprudencia se basa, al menos en parte, en la existencia de una relación de competencia, real o potencial, entre los beneficiarios de la decisión impugnada (en el mercado en que esta incide) y la parte demandante (cuya posición en el mercado de que se trata, o mercados vecinos anteriores o posteriores, se ve identificada de manera específica, afectada de manera negativa y, en su caso, afectada sustancialmente por la citada decisión).
En el caso de autos, las demandantes no afirman, y menos aún demuestran, estar en una relación de competencia, real o potencial, con quienes son los destinatarios y, según ellas, verdaderos beneficiarios de la Decisión inicial en el mercado alemán de energía de balance, en el que operan y sobre el que incide dicha decisión.
Por otra parte, y en cualquiera de los casos, las cualidades y las situaciones de hecho invocadas por las demandantes no tenían entidad para individualizarlas en relación con cualesquiera otras personas.
Al haberse desestimado los motivos invocados por las demandantes, el Tribunal General desestima el recurso de anulación contra las resoluciones impugnadas.
Por lo que respecta a las pretensiones subsidiarias mediante las que se solicita la anulación de la Decisión inicial, al haber sido formuladas fuera del plazo de recurso establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, debe declararse su inadmisibilidad. A ese respecto, el Tribunal General señala que en las circunstancias del caso de autos las demandantes no invocan en su beneficio ningún error excusable que hubiera fundamentar una excepción a la obligación de respetar el plazo de recurso establecido.
En consecuencia, el Tribunal General desestima el recurso en su totalidad.
(
1
)	Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (DO 2019, L 158, p. 22).
(
2
)	A tenor del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, toda persona física o jurídica podrá interponer recurso contra los actos de los que sea destinataria (primer supuesto) o que la afecten directa e individualmente (segundo supuesto) y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución (tercer supuesto).
(
3
)	Según lo aplica el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.