62023TJ0348_RES
Asunto T‑348/23
Zalando SE
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima ampliada) de 3 de septiembre de 2025
«Servicios digitales — Reglamento (UE) 2022/2065 — Designación de una plataforma en línea de muy gran tamaño — Excepción de ilegalidad — Artículo 33, apartados 1 y 4, del Reglamento 2022/2065 — Seguridad jurídica — Igualdad de trato — Proporcionalidad — Obligación de motivación»
Aproximación de las legislaciones — Mercado único de servicios digitales — Reglamento (UE) 2022/2065 — Plataforma en línea de muy gran tamaño — Criterios de designación — Plataforma en línea — Concepto — Almacenamiento y difusión al público de información a petición de un destinatario del servicio — Alcance — Destinatario activo de una plataforma en línea — Concepto — Alcance
[Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento y del Consejo, considerandos 13, 18, 19, 41 y 77 y arts. 2, aps. 1 y 2, 3, letras b), g), i), y p), 7, 8, 24, ap. 2, y 33, aps. 1 y 4; Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 42 y art. 14]
(véanse los apartados 25 a 46 y 60 a 66)
Aproximación de las legislaciones — Mercado único de servicios digitales — Reglamento (UE) 2022/2065 — Plataforma en línea de muy gran tamaño — Existencia de diferentes métodos para calcular el promedio mensual de destinatarios activos de una plataforma en línea — Destinatario activo de una plataforma en línea — Concepto — Exigencias de claridad y precisión — Violación del principio de seguridad jurídica — Inexistencia
[Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento y del Consejo, considerandos 13 y 77 y arts. 2, ap. 1, 3, letra p), 24, ap. 2, 33, aps. 1, 3 y 4, y 43; Reglamento Delegado (UE) 2023/1127 de la Comisión, arts. 4, aps. 1 y 2, y 6, ap. 3]
(véanse los apartados 76 a 80, 84 a 101, 103, 104, 108, 110, 111, 113, 114 y 117 a 119)
Aproximación de las legislaciones — Mercado único de servicios digitales — Reglamento (UE) 2022/2065 — Obligaciones de transparencia informativa de los prestadores de plataformas en línea — Obligación de publicar la información sobre la media mensual de los destinatarios activos del servicio en la Unión — Obligaciones adicionales impuestas a los prestadores de mercados designados como plataformas en línea de muy gran tamaño — Violación del principio de igualdad — Inexistencia
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 20 y 38; Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento y del Consejo, arts. 3, letra h), 24, aps. 2 y 3, 33, ap. 1, y 34 a 43]
(véanse los apartados 123, 124, 126, 129, 130 y 135 a 147)
Aproximación de las legislaciones — Mercado único de servicios digitales — Reglamento (UE) 2022/2065 — Plataforma en línea de muy gran tamaño — Criterios de designación — Promedio mensual de destinatarios activos de una plataforma en línea — Violación del principio de proporcionalidad — Inexistencia
[Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento y del Consejo, arts. 24, ap. 2, y 33, ap. 1]
(véanse los apartados 154 a 164)
Aproximación de las legislaciones — Mercado único de servicios digitales — Reglamento (UE) 2022/2065 — Decisión de la Comisión por la que se designa a la plataforma Zalando como una plataforma en línea de muy gran tamaño — Incumplimiento de la obligación de motivación — Inexistencia
[Art. 296 TFUE; Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento y del Consejo, arts. 3, letras g), inciso iii), e i), y 24, ap. 2]
(véanse los apartados 173 a 175)
Resumen
Al desestimar el recurso de anulación presentado por Zalando SE contra la Decisión de la Comisión por la que su plataforma fue designada como plataforma en línea de muy gran tamaño, (
1
) el Tribunal General aplica por primera vez el Reglamento 2022/2065 sobre servicios digitales. (
2
) En este contexto, el Tribunal General realiza precisiones acerca de los criterios relevantes para la designación de una plataforma en línea de muy gran tamaño aclarando los conceptos de «plataforma en línea» y de «destinatario del servicio activo» y los criterios de apreciación del promedio mensual (PM) de esos destinatarios.
La demandante es una sociedad de Derecho alemán que explota una tienda en línea, accesible en particular en el sitio de Internet «www.zalando.de» y en las correspondientes direcciones URL con nombres de dominio de primer nivel de otros países. Los clientes de esta tienda pueden comprar productos vendidos directamente por la demandante, a través de un servicio de venta denominado «Zalando Retail», o vendidos por terceros vendedores participantes en el programa llamado «Partner Programm».
El 17 de febrero de 2023, con arreglo al artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2022/2065, la demandante publicó el PM de la plataforma Zalando, que comprendía Zalando Retail y el Partner Programm y que ascendía a 83,341 millones de usuarios. Dado que el valor bruto de los productos comercializados en el marco de su Partner Programm representaba el 37 % del valor de todos los productos comercializados, consideró que el PM de esta plataforma debía quedar fijado en el 37 % del total de los usuarios, equivalente a 30,836 millones.
En la Decisión impugnada, la Comisión designó a la plataforma Zalando como una plataforma en línea de muy gran tamaño con arreglo al artículo 33, apartado 4, del Reglamento 2022/2065, puesto que su PM ascendía a 83,341 millones y, por lo tanto, rebasaba el umbral de 45 millones establecido en este artículo. En este sentido, la Comisión estimó que se desprendía del Reglamento 2022/2065 (
3
) que el concepto de «destinatario activo de una plataforma en línea» incluía al total de los destinatarios que utilizan efectivamente la plataforma en cuestión, en particular al quedar expuestos a la información difundida mediante la misma, y que no se limitaba a quienes realizaban transacciones en ella. Pues bien, en el presente caso, los productos comercializados directamente por la demandante se mostraban conjuntamente con los comercializados por los terceros vendedores, sin posibilidad, en la interfaz, de distinguir entre ambos. Así pues, la Comisión consideró que no era posible identificar, entre los destinatarios del servicio, aquellos que solo estaban expuestos a la información relativa a los productos de la demandante y aquellos que solo estaban expuestos a la información relativa a los productos de los terceros vendedores.
Apoyada por la asociación profesional Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland eV (bevh), Zalando SE presentó ante el Tribunal General un recurso de anulación contra dicha Decisión.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, el Tribunal General observa que la plataforma Zalando es una plataforma en línea, en la medida en que terceros vendedores comercializan en ella productos en el marco del Partner Programm. Recuerda que, en el sentido del artículo 3, letra i), del Reglamento 2022/2065, una plataforma en línea es un «servicio de alojamiento de datos que, a petición de un destinatario del servicio, almacena y difunde información al público […]». Se trata de una subcategoría de los servicios intermediarios a los que se refiere el artículo 3, letra g), de dicho Reglamento.
El Tribunal General constata que, en el marco del Partner Programm, Zalando SE utiliza información de terceros vendedores para comercializar sus productos, en particular las imágenes y las descripciones de estos. Aunque la demandante pueda modificar su presentación o completarlas, tal circunstancia no desvirtúa el hecho de que esa información procede, al menos en parte, de tales vendedores. En efecto, no resulta del Reglamento 2022/2065, ni tampoco de la Directiva 2000/31 (
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) modificada por este, que el almacenamiento y la difusión de información, en el sentido del artículo 3, letra i), de ese Reglamento, excluyan el almacenamiento y la difusión de información cuya presentación haya podido ser modificada o completada por el prestador de la plataforma en línea.
A este respecto, el Tribunal General señala que el concepto de «información» ha de entenderse en un sentido amplio por lo que respecta a los servicios de alojamiento de datos en el sentido de la Directiva 2000/31. Así, es posible que la demandante comunique información procedente de los terceros vendedores, modificando al mismo tiempo la redacción de sus textos para ajustarlos a sus exigencias comerciales, cuyo objetivo se limita a «garantizar una experiencia de compra única que se distinga de las que pueden vivir con los competidores».
Además, el Tribunal General recuerda que los datos relativos a las ofertas de productos comercializados por terceros vendedores constituyen «información», lo que se desprende, en particular, de la definición de «contenido ilícito» enunciada en el Reglamento 2022/2065. De este (
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) se desprende que dicho concepto abarca la «información» relativa a la venta de productos o a la prestación de servicios ilegales, ya se trate, en particular, de la venta de productos no conformes o falsificados o de la venta de productos o de la prestación de servicios que infrinjan el Derecho en materia de protección de los consumidores. Por consiguiente, la mera referencia a un producto para su comercialización puede constituir un contenido ilícito, en particular cuando dicho producto es ilegal y, por consiguiente, debe considerarse una información en el sentido de dicho Reglamento. De ello se deduce que las ofertas de productos de terceros vendedores en el marco del Partner Programm deben considerarse información facilitada por destinatarios del servicio en el sentido del artículo 3, letra i), de ese mismo Reglamento.
El Tribunal General añade que, en contra de lo sostenido por la demandante, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las exenciones de responsabilidad a las que podían acogerse los prestadores de servicios de alojamiento de datos contemplados en el artículo 14 de la Directiva 2000/31 no permite precisar el concepto de «servicio intermediario» en el sentido del artículo 3, letra g), del Reglamento 2022/2065.
En efecto, el artículo 14 de la Directiva 2000/31 establece que un prestador de servicios de alojamiento de datos no puede ser considerado responsable de los datos almacenados a petición de un destinatario del servicio en particular cuando no tenga conocimiento efectivo de que «la actividad o la información es ilícita».
En la sentencia L’Oréal y otros, (
6
) el Tribunal de Justicia ciertamente apreció que, para que el prestador de un servicio en Internet quede comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14 de la Directiva 2000/31, es «esencial que sea un “prestador intermediario” en el sentido que el legislador ha querido dar a esta expresión en la sección 4 del capítulo II de esta Directiva». De este modo, declaró que el prestador de un servicio en Internet no era tal prestador intermediario cuando, en lugar de limitarse a una prestación neutra de dicho servicio mediante un tratamiento meramente técnico y automático de los datos facilitados por sus clientes, desempeña un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de tales datos. No obstante, al limitar de este modo el alcance del concepto de «prestador intermediario», el Tribunal de Justicia pretendió delimitar el alcance de las exenciones de responsabilidad a las que podían acogerse los prestadores de los servicios en cuestión. Por otra parte, el Tribunal de Justicia se refirió a la sentencia Google France y Google, (
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) para definir el concepto de «prestador intermediario» en el sentido de la sección 4 del capítulo II de la Directiva 2000/31. Pues bien, de dicha sentencia se desprende que la interpretación de este concepto se basa en el considerando 42 de dicha Directiva, según el cual «las exenciones de responsabilidad establecidas [en particular en el artículo 14 de esa Directiva] solo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información se limita al proceso técnico de [explotación]», precisándose que «esa actividad es de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva».
De ello se deduce que la interpretación dada por el Tribunal de Justicia al concepto de «prestador intermediario» queda limitada al «sentido que el legislador ha querido dar a esta expresión en la sección 4 del capítulo II de [la] Directiva [2000/31]» (
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) y que esta interpretación no puede utilizarse a efectos de la aplicación del Reglamento 2022/2065, que establece su propio régimen de responsabilidad. Ello es tanto más cierto cuanto que el artículo 89, apartado 1, de dicho Reglamento suprimió la sección 4 del capítulo II de la Directiva 2000/31, que era objeto de la interpretación del Tribunal de Justicia.
Además, contrariamente a lo sostenido por la demandante, el legislador no indicó que el concepto de «servicios intermediarios», que el Tribunal de Justicia había definido haciendo referencia al considerando 42 de la Directiva 2000/31, debiera mantenerse a efectos de la aplicación del Reglamento 2022/2065.
En segundo lugar, el Tribunal observa que del artículo 3, letra p), del Reglamento 2022/2065 se desprende que, para ser calificado de destinatario activo de una plataforma en línea, el destinatario del servicio debe solamente haber estado en contacto con dicha plataforma, en particular, exponiéndose a la información alojada en la plataforma en línea y difundida a través de su interfaz en línea. Pues bien, el Tribunal General señala que los productos vendidos tanto por la demandante como por los terceros vendedores pueden presentarse en la misma página web. Asimismo, señala que los consumidores pueden adquirir conocimiento de la información relativa a productos comercializados exclusivamente por terceros vendedores antes de optar finalmente por comprar otro producto vendido directamente por la demandante. En la medida en que la demandante alega que no podía distinguir, entre los 83,341 millones de personas tenidas en cuenta para el cálculo del PM, las que habían quedado efectivamente expuestas a la información procedente de los terceros vendedores de las que no habían estado expuestas a esa información, el Tribunal General declara que la Comisión podía presumir fundadamente que todas esas personas habían quedado efectivamente expuestas a dicha información.
En tercer lugar, por lo que respecta a la alegación basada en la vulneración del principio de seguridad jurídica derivada de la imprecisión del Reglamento 2022/2065, por una parte, el Tribunal General señala que Zalando SE se basa en la versión alemana del artículo 2, apartado 1, del Reglamento 2022/2065, de la que se desprende que en el cálculo del PM solo debían tenerse en cuenta los destinatarios activos que tuvieran su «Sitz» (domicilio) en la Unión. A este respecto, recuerda que la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de dicha disposición ni se le puede reconocer carácter prioritario. Pues bien, el Tribunal General señala que de las demás versiones lingüísticas del artículo 2, apartado 1, del Reglamento 2022/2065 se desprende que únicamente es pertinente el lugar en el que se encuentran los destinatarios del servicio en cuestión cuando quedan expuestos a la información alojada por la plataforma en línea, con independencia del lugar en el que se encuentre su domicilio o su residencia habitual. Así pues, deduce de ello que el legislador no estaba obligado a definir el concepto de «domicilio» a efectos de la aplicación de esta disposición. Por otra parte, el Tribunal General observa que la propia Zalando SE había interpretado correctamente dicha disposición para calcular el PM de su plataforma en la medida en que solo había tenido en cuenta el lugar a partir del cual se habían consultado los sitios de Internet y las aplicaciones relativas a dicha plataforma.
Por otra parte, el Tribunal General desestima la alegación formulada por Zalando SE dirigida a demostrar que el Reglamento 2022/2065 permite subestimar el PM de una plataforma en línea, en particular cuando los usuarios rechazan los identificadores de sesión en forma de «cookies» o cuando las consultas son generadas por robots. El Tribunal General estima que del considerando 77 del Reglamento 2022/2065 se desprende que es posible que los prestadores de plataformas en línea deban, por un lado, contabilizar robots cuando no puedan excluirlos sin ningún otro tratamiento de los datos personales ni de rastreo y, por otro lado, computar veces a un mismo destinatario activo, aunque el objetivo sea, «en la medida de lo posible», contarlo una sola vez. En cambio, el Tribunal General considera que no cabe deducir de dicho considerando que los prestadores de plataformas en línea puedan, a efectos del cálculo del PM, no tener en cuenta a determinados destinatarios activos por el hecho de que estos no acepten el uso de «cookies» y que no proceda contabilizar a los robots. Por consiguiente, si bien esos prestadores pueden, en determinadas circunstancias, verse inducidos a sobreestimar el PM de su plataforma en línea de conformidad con dicho Reglamento, este no los autoriza, en cambio, a subestimar dicho número. En particular, corresponde a dichos prestadores elegir un método fiable que pueda garantizar el cumplimiento de esta exigencia. El hecho de que el artículo 33, apartado 1, de dicho Reglamento haga referencia al PM y no al número mensual medio de consultas de la plataforma en línea de que se trate no permite desvirtuar esta conclusión. En efecto, esta disposición, interpretada a la luz del considerando 77 de dicho Reglamento, no lleva a contabilizar todas esas consultas, aunque puede llevar a sobreestimar el número de destinatarios activos de la plataforma en línea de que se trate.
En cuarto lugar, el Tribunal General desestima la alegación de la demandante de que el artículo 33, apartado 1, del Reglamento 2022/2065 vulnera los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad en la medida en que solo tiene en cuenta el PM a efectos de la designación como plataformas en línea de muy gran tamaño y no la naturaleza de las plataformas en línea de que se trata, ni los riesgos para la sociedad que pueden generar.
Por una parte, el Tribunal General señala a este respecto que el artículo 34, apartado 1, del Reglamento 2022/2065 contiene una lista de riesgos sistémicos que pueden generar las plataformas en línea de muy gran tamaño. En el presente asunto, la demandante no niega que los mercados, en particular aquellos en los que los vendedores no han sido objeto de un proceso de selección, pueden facilitar la comercialización de productos peligrosos o ilegales. Además, el hecho de que prestadores de mercados, como la demandante, hayan seleccionado, hasta ahora, con atención a los vendedores que operan en sus mercados no da lugar a excluir que estos mercados puedan, en el futuro, permitir la comercialización de tales productos entre una parte significativa de la población de la Unión, ya que su PM seguiría siendo igual o superior a 45 millones.
En estas circunstancias, el Tribunal General constata que los mercados, en su conjunto, pueden difundir contenidos ilícitos en relación con la venta de productos y tener un efecto negativo en el derecho fundamental a un elevado nivel de protección de los consumidores consagrado en el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De ello se deduce que el legislador no incurrió en error manifiesto de apreciación al considerar que los mercados podían generar riesgos sistémicos en el sentido del artículo 34, apartado 1, del Reglamento 2022/2065. Por otra parte, el hecho, suponiéndolo acreditado, de que esta disposición se refiera también a riesgos que no podrían generarse por los mercados no permite demostrar que estos últimos no generen ninguno de los riesgos contemplados en dicha disposición.
Por otra parte, la toma en consideración, por parte de la Comisión, de la naturaleza de las plataformas en línea y de los riesgos que pueden generar a efectos de su designación como plataformas en línea de muy gran tamaño haría que tal proceso fuera largo y costoso. Así pues, el Tribunal General observa que los criterios «cualitativos» invocados por la demandante podían retrasar la ejecución de las obligaciones contempladas en el artículo 33, apartado 1, del Reglamento 2022/2065 y privar a la Comisión de una parte de sus recursos necesarios para llevar a cabo las funciones que le atribuye dicho Reglamento. Por tanto, tales criterios no permiten alcanzar esos objetivos con la misma eficacia que el criterio del PM.
Por consiguiente, el criterio del PM a efectos de la designación como plataforma en línea de muy gran tamaño no resulta manifiestamente inadecuado o inapropiado para alcanzar los objetivos del Reglamento 2022/2065.
(
1
)	Decisión C(2023) 2727 final de la Comisión, de 25 de abril de 2023 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
(
2
)	Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) (DO 2022, L 277, p. 1).
(
3
)	Considerando 77 y artículo 3, letras b) y p), de ese Reglamento.
(
4
)	Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO 2000, L 178, p. 1).
(
5
)	Artículo 3, letra h), del Reglamento 2022/2065, interpretado a la luz de su considerando 12.
(
6
)	Sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros (C‑324/09, EU:C:2011:474), apartados 112 y 113.
(
7
)	Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159), apartados 112 a 116.
(
8
)	Sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros (C‑324/09, EU:C:2011:474), apartado 112.