62021TO0334
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
de 13 de junio de 2022 (
*1
)
«Función pública — Nombramiento de los fiscales europeos de la Fiscalía Europea — Nombramiento de uno de los candidatos designados por Portugal — Inexistencia de litigio entre la Unión Europea y uno de sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establecen el Estatuto y el ROA — Artículo 270 TFUE — Incompetencia manifiesta»
En el asunto T‑334/21,
Ana Carla Mendes de Almeida, con domicilio en Sobreda (Portugal), representada por la Sra. R. Leandro Vasconcelos y los Sres. M. Marques de Carvalho y P. Almeida Sande, abogados,
parte demandante,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. K. Pleśniak y la Sra. J. Gil, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),
integrado por el Sr. H. Kanninen, Presidente, y el Sr. M. Jaeger y la Sra. O. Porchia (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso basado en el artículo 270 TFUE, la demandante, la Sra. Ana Carla Mendes de Almeida, solicita la anulación de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1117 del Consejo, de 27 de julio de 2020, por la que se nombra a los fiscales europeos de la Fiscalía Europea (DO 2020, L 244, p. 18), en la parte en que nombra al Sr. José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra fiscal europeo de la Fiscalía Europea (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), así como la anulación de la decisión del Consejo de la Unión Europea, de 8 de marzo de 2021, por la que se desestima su reclamación presentada el 10 de febrero de 2021 contra la Decisión impugnada (en lo sucesivo, «decisión desestimatoria de la reclamación»).
Antecedentes del litigio
2
El 12 de octubre de 2017, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2017/1939, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO 2017, L 283, p. 1). A tenor de los artículos 1 y 8 de dicho Reglamento, se crea la Fiscalía Europea como órgano de la Unión y se establecen las normas en cuanto a su funcionamiento.
3
Según el artículo 8, apartado 2, del referido Reglamento, relativo a la estructura de la Fiscalía Europea, esta estará organizada en un nivel central y un nivel descentralizado.
4
Según el artículo 2, punto 4, del Reglamento 2017/1939, el personal de la Fiscalía Europea se define como el personal a nivel central que apoya al Colegio, las Salas Permanentes, al fiscal general europeo, a los fiscales europeos, a los fiscales europeos delegados y al director administrativo en las actividades cotidianas necesarias para el desempeño de las funciones de la Fiscalía en virtud de ese Reglamento.
5
Los fiscales europeos tienen sus misiones y funciones definidas en el artículo 12 de dicho Reglamento.
6
Por lo que respecta a su nombramiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento 2017/1939, cada Estado miembro participante en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea designará a tres candidatos para el cargo de fiscal europeo de entre candidatos que sean miembros activos del Ministerio Fiscal o de la judicatura del correspondiente Estado miembro, que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones del Ministerio Fiscal o de la judicatura en sus respectivos Estados miembros, y tengan una experiencia práctica pertinente en lo que atañe a los sistemas jurídicos nacionales, las investigaciones financieras y la cooperación judicial internacional en materia penal.
7
El artículo 16, apartado 2, del Reglamento 2017/1939 establece que, después de haber recibido el dictamen motivado del comité de selección mencionado en el artículo 14, apartado 3, del citado Reglamento, el Consejo seleccionará y nombrará a uno de los candidatos a fiscal europeo del Estado miembro en cuestión. Esta disposición precisa que, en caso de que el comité de selección estime que un candidato no reúne las condiciones requeridas para el desempeño de las funciones de fiscal europeo, su dictamen vinculará al Consejo. De conformidad con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento 2017/1939, el Consejo, por mayoría simple, elegirá y nombrará a los fiscales europeos para un mandato no renovable de seis años y podrá decidir prorrogar dicho mandato por un período máximo de tres años al final del período de seis años. El artículo 16, apartado 4, del citado Reglamento establece que cada tres años se llevará a cabo la sustitución parcial de un tercio de los fiscales europeos y que el Consejo adoptará, por mayoría simple, normas transitorias para el nombramiento de los fiscales europeos para el primer período de su mandato y durante el mismo.
8
Con arreglo al artículo 14, apartado 3, del Reglamento 2017/1939, el Consejo establecerá las normas de funcionamiento del comité de selección.
9
El artículo 96 del Reglamento 2017/1939, relativo a las disposiciones generales en materia de personal, establece, en su apartado 1, párrafo primero, que el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») y el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión (en lo sucesivo, «ROA»), así como las normas adoptadas mediante un acuerdo entre las instituciones de la Unión para dar efecto a dicho Estatuto y al ROA, se aplicarán al fiscal general europeo y a los fiscales europeos, a los fiscales europeos delegados, al director administrativo y al personal de la Fiscalía Europea, salvo cuando dicho Reglamento disponga lo contrario. Según el párrafo segundo de esta disposición, el fiscal general europeo y los fiscales europeos serán contratados como agentes temporales de la Fiscalía Europea con arreglo al artículo 2, letra a), del ROA.
10
Por lo que respecta al personal de la Fiscalía Europea, el apartado 2 del citado artículo 96 dispone que dicho personal será contratado con arreglo a los reglamentos y normas aplicables a los funcionarios y a otros agentes de la Unión.
11
El 13 de julio de 2018, el Consejo adoptó la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1696, relativa a las normas de funcionamiento del comité de selección previsto en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento 2017/1939 (DO 2018, L 282, p. 8).
12
El 23 de abril de 2019, al término del procedimiento de selección nacional, se seleccionaron los tres candidatos para el puesto de fiscal europeo que debía designar la República Portuguesa. La demandante formaba parte de estos. Ejerce desde 2012 las funciones de fiscal de la República Portuguesa en el Departamento Central de Investigação e Ação Penal (Departamento Central de Investigación y Enjuiciamiento) y, en el transcurso del mes de enero de 2020, fue nombrada coordinadora de la sección de investigación y prevención de la delincuencia relativa a los fondos de la Unión. Entre los otros dos candidatos seleccionados figuraba el Sr. Moreira Alves de Oliveira Guerra. Los nombres de los tres candidatos seleccionados fueron comunicados al comité de selección contemplado en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento 2017/1939. Los candidatos estaban clasificados por orden alfabético.
13
El 24 de octubre de 2019, el comité de selección oyó a la demandante y, el 18 de noviembre de 2019, remitió su dictamen motivado al Consejo e indicó el orden de preferencia siguiente para los tres candidatos designados por la República Portuguesa: 1) la demandante; 2) el Sr. Moreira Alves de Oliveira Guerra; 3) el Sr. João Conde Correia dos Santos.
14
El 27 de julio de 2020, el Consejo adoptó la Decisión impugnada.
15
A tenor del artículo 2 de la citada Decisión:
«Se nombra a las siguientes personas fiscales europeos de la Fiscalía Europea, como agentes temporales de grado AD 13, por un período no renovable de tres años a partir del 29 de julio de 2020.
[…]
Sr. […] MOREIRA ALVES DE OLIVEIRA GUERRA».
16
El 22 de octubre de 2020, la demandante presentó ante el Consejo, con arreglo al artículo 90 del Estatuto, una reclamación contra la Decisión impugnada.
17
El 5 de febrero de 2021, la demandante interpuso un recurso con arreglo al artículo 263 TFUE, registrado en la Secretaría del Tribunal con el número de asunto T‑75/21, por el que solicitaba la anulación de la Decisión impugnada.
18
El 10 de febrero de 2021, la demandante presentó una reclamación complementaria en la que invocó la existencia de nuevos hechos que debían ser tenidos en cuenta por el Consejo en su respuesta a su reclamación.
19
Mediante la decisión desestimatoria de la reclamación, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») del Consejo consideró que la reclamación era manifiestamente inadmisible debido a su falta de competencia para estimarla.
20
Mediante auto de 8 de julio de 2021, Mendes de Almeida/Consejo (T‑75/21, no publicado, recurrido en casación, EU:T:2021:424), el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto el 5 de febrero de 2021 por ser extemporáneo. El recurso de casación del que fue objeto dicho auto está pendiente ante el Tribunal de Justicia.
Pretensiones de las partes
21
La demandante solicita al Tribunal que:
–
Anule la decisión desestimatoria de la reclamación.
–
Anule la Decisión impugnada.
–
Condene en costas al Consejo.
22
El Consejo solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.
–
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
23
En virtud del artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, cuando este sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso o cuando este sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del juez ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
24
En el presente asunto, el Tribunal se considera suficientemente informado por los documentos que obran en autos y decide resolver sin continuar el procedimiento, con arreglo al artículo 126 del Reglamento de Procedimiento.
25
Es preciso recordar de entrada que la demandante interpuso el presente recurso, que tiene por objeto la anulación de la Decisión impugnada y de la decisión desestimatoria de la reclamación, con arreglo al artículo 270 TFUE.
26
Del tenor del citado artículo resulta que la competencia que establece se extiende a cualquier litigio entre la Unión y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezcan el Estatuto y el ROA.
27
A este respecto, la demandante justifica la interposición del recurso en virtud de dicho artículo por el hecho de que el artículo 96, apartado 1, del Reglamento 2017/1939 establece que el Estatuto y el ROA, así como las normas adoptadas mediante un acuerdo entre las instituciones para dar efecto a dicho Estatuto y al ROA, se aplicarán, en particular, a los fiscales europeos, salvo que se disponga lo contrario, y de que estos serán contratados como agentes temporales de la Fiscalía Europea con arreglo al artículo 2, letra a), del ROA. Pues bien, en su opinión, ninguna disposición del Reglamento 2017/1939 excluye la aplicación del Estatuto y del ROA al nombramiento de los fiscales europeos.
28
La demandante precisa que, si bien el nombramiento de los fiscales europeos tiene lugar al más alto nivel político, lo mismo ocurre con el fiscal general europeo, que es nombrado por el Consejo y el Parlamento Europeo. Pues bien, señala que la Decisión de Ejecución 2018/1696, en el apartado VII.1 de su anexo, prevé expresamente la aplicación de las vías de recurso del Estatuto a los candidatos al puesto de fiscal general europeo excluidos por el comité de selección. Ello debería llevar, por coherencia orgánica interna, a interpretar esta Decisión de Ejecución en el sentido de que las mismas vías de recurso son aplicables a los candidatos a un puesto de fiscal europeo. El legislador solo pretendió excluir del Estatuto las normas incompatibles con la naturaleza del procedimiento de selección de los fiscales europeos, con el fin de garantizar la elección de un fiscal europeo para cada Estado miembro participante en dicha cooperación reforzada y la inadmisibilidad de las candidaturas de nacionales de otros Estados miembros.
29
A juicio de la demandante, el hecho de que la Decisión de Ejecución 2018/1696 no prevea expresamente la aplicación de las disposiciones del Estatuto a los fiscales europeos no impide que pueda interponerse un recurso contra la Decisión impugnada en virtud del artículo 270 TFUE. Sería posible interponer una reclamación con arreglo al artículo 90 del Estatuto siempre que cumpla los requisitos de forma y de plazo que le sean aplicables, y el artículo 270 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se aplica, de manera exclusiva, no solo a las personas que ostentan la condición de funcionario o de agente no local, sino también a las que reivindican dichas condiciones. De conformidad con el artículo 46 del ROA, las disposiciones del título VII del Estatuto, que precisan que los candidatos a una función incluida en el ámbito de aplicación del ROA están sujetos a los artículos 90 y 91 del Estatuto, son aplicables por analogía. La demandante se refiere, además, a la jurisprudencia según la cual el artículo 270 TFUE se aplica también a los candidatos a la función de funcionario o de agente no local.
30
La demandante añade que el hecho de que también presentara, el 5 de febrero de 2021, un recurso con arreglo al artículo 263 TFUE, registrado con el número de asunto T‑75/21, contra la Decisión impugnada, carece de consecuencias y niega que pueda haber una situación de litispendencia en lo que atañe al presente recurso.
31
Por lo que se refiere tanto a la Decisión impugnada como a la decisión desestimatoria de la reclamación, el Consejo solicita que se desestime el recurso. Considera manifiestamente inadmisible la pretensión de anulación de la Decisión impugnada, por litispendencia y, en cualquier caso, por carecer el Tribunal de competencia para conocer de ella, en virtud del artículo 270 TFUE. Considera manifiestamente infundada la pretensión de anulación de la decisión desestimatoria de la reclamación.
32
En el caso de autos, es preciso señalar que el litigio versa sobre dos decisiones del Consejo, una dirigida a nombrar a una persona en lugar de otra en condición de fiscal europeo para la República Portuguesa y la otra dirigida a desestimar la reclamación que la demandante, que no fue nombrada para el puesto de fiscal europeo para dicho Estado miembro, interpuso contra la decisión de nombramiento adoptada por el Consejo.
33
Para determinar si la demandante interpuso acertadamente el recurso en virtud del artículo 270 TFUE contra esas decisiones, es preciso examinar si el litigio entre ella y el Consejo relativo a las mencionadas decisiones forma parte de los litigios entre la Unión y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establecen el Estatuto y el ROA.
34
A este respecto, procede recordar que la jurisprudencia interpreta de manera extensiva el concepto de litigio entre la Unión y sus agentes, lo que lleva a examinar en ese marco los litigios relativos a personas que no tienen la condición de funcionario ni la de agente pero la reivindican (véase la sentencia de 5 de octubre de 2004, Sanders y otros/Comisión, T‑45/01, EU:T:2004:289, apartado 45 y jurisprudencia citada). Esto se refiere a las personas candidatas a un puesto cuyas condiciones de nombramiento se determinan en el Estatuto o en el ROA.
35
Por lo que respecta a la Fiscalía Europea, es importante señalar que no todas las disposiciones del Estatuto le son aplicables per se. Del Reglamento 2017/1939 se desprende que son las disposiciones de dicho Reglamento las que determinan en qué medida se aplican a los fiscales europeos determinadas disposiciones del Estatuto o del ROA.
36
En efecto, el artículo 96, apartado 1, del Reglamento 2017/1939 establece que el Estatuto y el ROA se aplicarán al fiscal general europeo y a los fiscales europeos, a los fiscales europeos delegados, al Director Administrativo y al personal de la Fiscalía Europea, «salvo cuando el presente Reglamento disponga lo contrario».
37
Conviene subrayar que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2, punto 4, y 12 del Reglamento 2017/1939, tal como se han mencionado en los anteriores apartados 4 y 5, los fiscales europeos no forman parte del personal de la Fiscalía Europea.
38
Por lo que respecta a su nombramiento, que es objeto de examen en el presente asunto, el artículo 16 de dicho Reglamento, tal como se ha recordado en los anteriores apartados 6 y 7, establece un procedimiento específico con modalidades propias.
39
En particular, esta disposición garantiza únicamente a los Estados miembros que participan en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea tener, al final del procedimiento de nombramiento, un fiscal europeo nombrado por el Consejo. Les permite designar, antes de ese nombramiento, a tres candidatos que, habida cuenta de la obligación que les incumbe de ser miembros activos del Ministerio Fiscal o de la judicatura del Estado miembro que los designa, tienen, en principio, la nacionalidad de aquel.
40
De este modo, dicha disposición establece un procedimiento sui generis distinto del aplicable a la contratación del personal de la Fiscalía Europea, debiendo precisarse que, con arreglo al artículo 96, apartado 2, del Reglamento 2017/1939, dicho personal es contratado según los reglamentos y las normas aplicables a los funcionarios y a los otros agentes de la Unión.
41
Es preciso observar que el procedimiento de nombramiento de los fiscales europeos no exige que se respete el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, tal como se prevé en el artículo 27 del Estatuto, en beneficio de los nacionales de todos los Estados miembros, a saber, incluso de aquellos que no participan en la cooperación reforzada.
42
Además, del artículo 16 del Reglamento 2017/1939 se desprende que no es ni la AFPN ni la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo (en lo sucesivo, «AFCC») de la Fiscalía Europea quien nombra a los fiscales europeos, sino el Consejo. Por otro lado, el hecho de que la Decisión impugnada indique que las personas seleccionadas, entre ellas el Sr. Moreira Alves de Oliveira Guerra, son nombradas fiscales europeos como agentes temporales de grado AD 13, no puede bastar para deducir que el Consejo ha actuado en calidad de AFPN o de AFCC al proceder al nombramiento de los fiscales europeos.
43
El carácter sui generis del procedimiento de nombramiento de los fiscales europeos puede explicarse por el hecho de que, como señala acertadamente, en esencia, el Consejo, dicho procedimiento se refiere a personalidades que han de ejercer, en el marco de dicha cooperación, una responsabilidad especial de alto nivel en el sistema institucional de la Unión.
44
Es importante precisar que solo tras el nombramiento de los fiscales europeos, en virtud del artículo 16 del Reglamento 2017/1939, se les contrata, de conformidad con el artículo 96, apartado 1, párrafo segundo de dicho Reglamento, como agentes temporales de la Fiscalía Europea con arreglo al artículo 2, letra a), del ROA. De este apartado se desprende que solo las condiciones de empleo y remuneración de los fiscales europeos entran en el ámbito de aplicación del ROA y de la competencia de la AFCC de la Fiscalía Europea. No sucede lo mismo con las condiciones y los procedimientos conducentes a su nombramiento.
45
Dado que estos últimos requisitos y procedimientos no están determinados por el Estatuto ni por el ROA, los litigios relativos a estos no pueden considerarse, por tanto, litigios entre la Unión y uno de sus agentes, en el sentido del artículo 270 TFUE.
46
Las otras alegaciones de la demandante no ponen en entredicho esta conclusión.
47
Por un lado, la demandante no puede invocar válidamente el auto de 11 de julio de 1996, Gomes de Sá Pereira/Consejo (T‑30/96, EU:T:1996:107), para sostener que interpuso debidamente su recurso al amparo del artículo 270 TFUE.
48
Es cierto que los apartados 22 a 25 del auto de 11 de julio de 1996, Gomes de Sá Pereira/Consejo (T‑30/96, EU:T:1996:107), contienen un recordatorio, en esencia, de la jurisprudencia según la cual la competencia del juez de la Unión para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Unión y sus agentes debe entenderse en el sentido de que se refiere no solo a los litigios relativos a las personas que tienen la condición de funcionario o agente que no sea local, sino también a los relativos a las personas que reivindican dicha condición, y se consideró que el nombramiento de los miembros de las Salas de Recurso de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) debía ser impugnado mediante las vías de recurso previstas en el Estatuto.
49
Sin embargo, la solución adoptada en el auto de 11 de julio de 1996, Gomes de Sá Pereira/Consejo (T‑30/96, EU:T:1996:107), no es extrapolable al presente asunto, puesto que, como señala acertadamente el Consejo, el nombramiento de los miembros de las Salas de Recurso de la EUIPO se rige por una normativa diferente a la aplicable al nombramiento de los fiscales europeos. Por lo que se refiere a los miembros de dichas Salas de Recurso, la normativa correspondiente prevé que el Estatuto, el ROA y las normas de desarrollo de esas disposiciones serán aplicables al personal, del que forman parte dichos miembros (véase, en este sentido, el auto de 11 de julio de 1996, Gomes de Sá Pereira/Consejo, T‑30/96, EU:T:1996:107, apartados 22 y 23). Sin embargo, por lo que respecta al nombramiento de los fiscales europeos, como se desprende de los anteriores apartados 35 a 44, el legislador optó por establecer, en el Reglamento 2017/1939, un régimen sui generis, según el cual los fiscales europeos no forman parte del personal de la Fiscalía Europea, como ya se ha indicado en el anterior apartado 37.
50
Por otra parte, el anexo de la Decisión de Ejecución 2018/1696, en su parte relativa al nombramiento del fiscal general europeo, que la demandante también invoca, no permite a esta basar su recurso en el artículo 270 TFUE.
51
En efecto, de las disposiciones de dicho anexo, en relación con los artículos 14 y 16 del Reglamento 2017/1939, se desprende que los mecanismos de nombramiento del fiscal general europeo y de los fiscales europeos se rigen cada uno por sus propias especificidades, en todas las fases del procedimiento.
52
A este respecto, habida cuenta, en particular, de que el procedimiento de selección del fiscal general europeo se inicia con una convocatoria abierta de candidaturas, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, la posibilidad de presentar una reclamación ante el Consejo, de conformidad con el artículo 90, apartado 2, del Estatuto, solo está abierta a los candidatos a dicho puesto de fiscal general europeo contra las decisiones del comité de selección que les resulten lesivas, así como contra la lista elaborada por el citado comité en la que no figuran dichos candidatos.
53
En cambio, en el marco del procedimiento de nombramiento de los fiscales europeos, que se inicia con la designación de tres candidatos por parte de cada Estado miembro que participa en la cooperación reforzada, la posibilidad de reclamar no puede extenderse a las decisiones del Consejo de no nombrar a determinados candidatos para el puesto de fiscal europeo, a falta de una voluntad claramente expresada por el legislador.
54
De todo lo anterior resulta que el presente litigio no puede considerarse un litigio entre la Unión y uno de sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establecen el Estatuto y el ROA, en el sentido del artículo 270 TFUE.
55
Por lo tanto, el Tribunal es manifiestamente incompetente para conocer del presente recurso contra la Decisión impugnada.
56
Por otro lado, dado que esta última no es una decisión adoptada en virtud del Estatuto y del ROA, no puede considerarse que la reclamación formulada por la demandante contra la Decisión impugnada y la decisión adoptada por el Consejo para desestimar dicha reclamación puedan estar comprendidas en el ámbito de aplicación del Estatuto y del ROA. Por lo tanto, el Tribunal es también manifiestamente incompetente para conocer de la decisión desestimatoria de la reclamación.
57
Según la jurisprudencia, es a la parte demandante a quien corresponde elegir la base jurídica de su recurso y no someterla al mejor criterio del propio juez de la Unión (véase la sentencia de 24 de octubre de 2014, Technische Universität Dresden/Comisión, T‑29/11, EU:T:2014:912, apartado 24 y jurisprudencia citada). Pues bien, no puede considerarse que el presente recurso contra la Decisión impugnada se haya interpuesto sobre la base del artículo 263 TFUE, ya que la demandante ha invocado expresamente el artículo 270 TFUE, con independencia de que ya haya interpuesto un recurso sobre la base del artículo 263 TFUE contra la Decisión impugnada en el asunto T‑75/21, que ya dio lugar al auto de 8 de julio de 2021, Mendes de Almeida/Consejo (T‑75/21, no publicado, recurrido en casación, EU:T:2021:424).
58
En cuanto a la decisión desestimatoria de la reclamación, en cualquier caso, aun suponiendo que la demandante pretendiera interponer su recurso contra dicha decisión con arreglo al amparo del artículo 263 TFUE en el presente asunto y sin que proceda pronunciarse sobre la admisibilidad de tal recurso, basta con declarar, por las mismas razones expuestas en los anteriores apartados 35 a 54, que la AFPN del Consejo no era competente para conocer de la reclamación presentada por la demandante sobre la base del artículo 90 del Estatuto y que, por tanto, la decisión de desestimarla fue acertada. Por lo tanto, el recurso es, en cualquier caso, manifiestamente infundado a este respecto.
59
Por consiguiente, procede desestimar el recurso.
Costas
60
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las del Consejo, de conformidad con lo solicitado por este último.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
resuelve:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a la Sra. Ana Carla Mendes de Almeida.
Dictado en Luxemburgo, a 13 de junio de 2022.
El Secretario
E. Coulon
El Presidente
H. Kanninen
(
*1
)	Lengua de procedimiento: portugués.