Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 19 de marzo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículo 12, apartado 5 — Artículo 15, apartado 1 — Derecho de acceso del interesado a los datos personales que le conciernen — Derecho del responsable del tratamiento a negarse a dar curso a la solicitud de acceso — Carácter excesivo de la solicitud — Abuso de derecho — Primera solicitud de acceso — Derecho a indemnización y responsabilidad — Artículo 82, apartado 1 — Acción basada en la vulneración del derecho de acceso — Daños y perjuicios inmateriales — Pérdida de control sobre los datos personales »
En el asunto C‑526/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Amtsgericht Arnsberg (Tribunal de lo Civil y Penal de Arnsberg, Alemania), mediante resolución de 31 de julio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el mismo día, en el procedimiento entre
Brillen Rottler GmbH & Co. KG
y
TC,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Cuarta, y los Sres. M. Condinanzi y N. Jääskinen y la Sra. R. Frendo (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. I. Illéssy, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 5 de junio de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Brillen Rottler GmbH & Co. KG, por el Sr. J. Tröber, Rechtsanwalt;
–        en nombre de TC, por el Sr. P. Brandt, Rechtsanwalt;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. A. Bouchagiar, la Sra. M. Heller y el Sr. H. Kranenborg, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de septiembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4, punto 2, 12, apartado 5, y 82, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1; en lo sucesivo, «RGPD»).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Brillen Rottler GmbH & Co. KG, una empresa familiar de óptica, y TC, un particular, en relación con la negativa de dicha empresa a dar curso a la solicitud de acceso a sus datos personales presentada por TC en virtud del artículo 15 del RGPD.
Marco jurídico
3        Los considerandos 4, 10, 11, 63, 85, 141 y 146 del RGPD tienen el siguiente tenor:
«(4)      El tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad. El derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad. El presente Reglamento respeta todos los derechos fundamentales y observa las libertades y los principios reconocidos en la Carta [de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, “Carta”)] conforme se consagran en los Tratados, en particular el respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las comunicaciones, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de empresa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, y la diversidad cultural, religiosa y lingüística.
[…]
(10)      Para garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de las personas físicas y eliminar los obstáculos a la circulación de datos personales dentro de la Unión [Europea], el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas físicas por lo que se refiere al tratamiento de dichos datos debe ser equivalente en todos los Estados miembros. Debe garantizarse en toda la Unión que la aplicación de las normas de protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos de carácter personal sea coherente y homogénea. […]
(11)      La protección efectiva de los datos personales en la Unión exige que se refuercen y especifiquen los derechos de los interesados y las obligaciones de quienes tratan y determinan el tratamiento de los datos de carácter personal, y que en los Estados miembros se reconozcan poderes equivalentes para supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los datos de carácter personal y las infracciones se castiguen con sanciones equivalentes.
[…]
(63)      Los interesados deben tener derecho a acceder a los datos personales recogidos que le conciernan y a ejercer dicho derecho con facilidad y a intervalos razonables, con el fin de conocer y verificar la licitud del tratamiento. […]
[…]
(85)      Si no se toman a tiempo medidas adecuadas, las violaciones de la seguridad de los datos personales pueden entrañar daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales para las personas físicas, como pérdida de control sobre sus datos personales o restricción de sus derechos, discriminación, usurpación de identidad, pérdidas financieras, reversión no autorizada de la seudonimización, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, o cualquier otro perjuicio económico o social significativo para la persona física en cuestión. […]
[…]
(141)      Todo interesado debe tener derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control única, en particular en el Estado miembro de su residencia habitual, y derecho a la tutela judicial efectiva de conformidad con el artículo 47 de la Carta si considera que se vulneran sus derechos con arreglo al presente Reglamento […].
[…]
(146)      El responsable […] del tratamiento debe indemnizar cualesquiera daños y perjuicios que pueda sufrir una persona como consecuencia de un tratamiento en infracción del presente Reglamento. El responsable [debe quedar exento] de responsabilidad si se demuestra que en modo alguno [es responsable] de los daños y perjuicios. El concepto de daños y perjuicios debe interpretarse en sentido amplio a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de tal modo que se respeten plenamente los objetivos del presente Reglamento. […] Los interesados deben recibir una indemnización total y efectiva por los daños y perjuicios sufridos. […]»
4        A tenor del artículo 4 de dicho Reglamento, titulado «Definiciones»:
«A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
[…]
2)      “tratamiento”: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;
[…]».
5        El artículo 12 del citado Reglamento, titulado «Transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del interesado», dispone en sus apartados 1, 2 y 5:
«1.      El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento […].
2.      El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22. […]
[…]
5.      La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá:
a)      cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada, o
b)      negarse a actuar respecto de la solicitud.
El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.»
6        El artículo 15 del mismo Reglamento, titulado «Derecho de acceso del interesado», prevé en su apartado 1:
«El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:
[…]».
7        El artículo 26 del RGPD, con el título «Corresponsables del tratamiento», establece en su apartado 1:
«Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento serán considerados corresponsables del tratamiento. […]»
8        El artículo 30 de dicho Reglamento, titulado «Registro de las actividades de tratamiento», establece en su apartado 1:
«Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. […]»
9        El artículo 57 del citado Reglamento, titulado «Funciones», establece en sus apartados 1 y 4:
«1.      Sin perjuicio de otras funciones en virtud del presente Reglamento, incumbirá a cada autoridad de control, en su territorio:
[…]
f)      tratar las reclamaciones presentadas por un interesado o por un organismo, organización o asociación de conformidad con el artículo 80, e investigar, en la medida oportuna, el motivo de la reclamación […];
[…]
4.      Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, la autoridad de control podrá establecer una tasa razonable basada en los costes administrativos o negarse a actuar respecto de la solicitud. La carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud recaerá en la autoridad de control.»
10      El artículo 79 del mismo Reglamento, con la rúbrica «Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado del tratamiento», establece en su apartado 1:
«Sin perjuicio de los recursos administrativos o extrajudiciales disponibles, incluido el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control en virtud del artículo 77, todo interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva cuando considere que sus derechos en virtud del presente Reglamento han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales.»
11      El artículo 82 del RGPD, que lleva por título «Derecho a indemnización y responsabilidad», dispone en sus apartados 1, 2 y 4:
«1.      Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del presente Reglamento tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
2.      Cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá de los daños y perjuicios causados en caso de que dicha operación no cumpla lo dispuesto por el presente Reglamento. […]
[…]
4.      Cuando más de un responsable o encargado del tratamiento, o un responsable y un encargado hayan participado en la misma operación de tratamiento y sean, con arreglo a los apartados 2 y 3, responsables de cualquier daño o perjuicio causado por dicho tratamiento, cada responsable o encargado será considerado responsable de todos los daños y perjuicios, a fin de garantizar la indemnización efectiva del interesado.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
12      En marzo de 2023, TC, una persona física residente en Austria, se suscribió al boletín informativo de Brillen Rottler, una óptica familiar con sede en Arnsberg (Alemania), introduciendo sus datos personales en el formulario de alta disponible en el sitio de Internet de dicha empresa y dando su consentimiento al tratamiento de esos datos. Trece días después, TC remitió a Brillen Rottler una solicitud de acceso en virtud del artículo 15 del RGPD.
13      Brillen Rottler denegó, en el plazo legal de un mes, la solicitud de acceso, por considerarla excesiva, en el sentido del artículo 12, apartado 5, párrafo primero, segunda frase, del RGPD. Instó a TC a que desistiera definitivamente de su solicitud.
14      Dado que este mantuvo su solicitud de acceso, añadiendo al mismo tiempo una pretensión de indemnización con arreglo al artículo 82 del RGPD por un importe de 1 000 euros, Brillen Rottler solicitó al Amtsgericht Arnsberg (Tribunal de lo Civil y Penal de Arnsberg, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, que declarara que TC no tenía derecho a indemnización alguna.
15      En apoyo de su demanda, Brillen Rottler alega que de diversos reportajes, artículos de blog y boletines de abogados se desprende que TC presenta de modo sistemático y abusivo solicitudes de acceso a sus datos personales con el único propósito de obtener indemnizaciones por una supuesta vulneración, que provoca deliberadamente, de los derechos que le confiere el RGPD. Aduce que el modus operandi de TC consiste en suscribirse primero a un boletín informativo, a continuación presentar una solicitud de acceso y, por último, reclamar una indemnización.
16      TC sostiene ante el órgano jurisdiccional remitente que la solicitud de acceso que presentó ante Brillen Rottler es legítima, que constituye la expresión del derecho de acceso que le confiere el artículo 15 del RGPD y que esta sociedad pretende restringir ilícitamente los derechos que le confiere dicho Reglamento. Mediante reconvención, solicita que se condene a Brillen Rottler a abonarle una indemnización de al menos 1 000 euros por los daños y perjuicios inmateriales sufridos como consecuencia de la negativa de esa sociedad a facilitarle el acceso a sus datos personales.
17      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, si una primera solicitud de acceso presentada por el interesado puede considerarse una «solicitud excesiva» en el sentido del artículo 12, apartado 5, del RGPD y, por tanto, constituir un abuso de derecho, y cuáles son las circunstancias que permiten constatar tal carácter excesivo. Se plantea, en particular, la cuestión de si, para denegar una solicitud de acceso sobre la base de esta disposición, un responsable del tratamiento puede basarse en información pública que revele la existencia de numerosas solicitudes de acceso y de indemnización presentadas por esa misma persona ante otros responsables del tratamiento.
18      En segundo lugar, dicho órgano jurisdiccional plantea la cuestión de si una solicitud de acceso presentada en virtud del artículo 15, apartado 1, del RGPD o la respuesta a dicha solicitud constituyen un «tratamiento» en el sentido del artículo 4, punto 2, de ese Reglamento.
19      En tercer lugar, el citado órgano jurisdiccional alberga dudas en cuanto a los criterios de identificación de los daños y perjuicios que pueden ser objeto de indemnización con arreglo al artículo 82, apartado 1, del RGPD y, en particular, en cuanto a si, aun cuando no haya existido tratamiento, dicho artículo confiere tal derecho en virtud únicamente de la vulneración del derecho de acceso previsto en el artículo 15, apartado 1, de dicho Reglamento.
20      En estas circunstancias, el Amtsgericht Arnsberg (Tribunal de lo Civil y Penal de Arnsberg) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 5, [párrafo primero,] segunda frase, del RGPD en el sentido de que la primera solicitud de acceso que el interesado presenta al responsable del tratamiento no puede considerarse una solicitud excesiva de acceso?
2)      ¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 5, [párrafo primero,] segunda frase, del RGPD en el sentido de que el responsable del tratamiento puede denegar una solicitud de información del interesado si este pretende utilizar la solicitud de información para interponer reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios contra el responsable del tratamiento?
3)      ¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 5, [párrafo primero,] segunda frase, del RGPD en el sentido de que la denegación del acceso puede estar justificada por la información de acceso público sobre el interesado que permite concluir que, en un gran número de casos, ante infracciones en materia de protección de datos, este presenta reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios contra los responsables del tratamiento?
4)      ¿Debe interpretarse el artículo 4, punto 2, del RGPD en el sentido de que una solicitud de acceso presentada por un interesado al responsable del tratamiento de conformidad con el artículo 15, apartado 1, del RGPD o una respuesta a dicha solicitud constituyen un tratamiento en el sentido [de la primera de esas disposiciones]?
5)      ¿Debe interpretarse el artículo 82, apartado 1, del RGPD, a la vista del considerando 146, primera frase, de dicho Reglamento, en el sentido de que solo son indemnizables aquellos daños y perjuicios que el interesado sufra o haya sufrido como consecuencia del tratamiento? ¿Significa ello que para poder interponer una reclamación de indemnización por daños y perjuicios en virtud del artículo 82, apartado 1, de dicho Reglamento —suponiendo que se haya infligido un daño causal al interesado— debe haberse producido necesariamente un tratamiento de los datos personales del interesado?
6)      En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión prejudicial, ¿significa esto que el interesado —suponiendo la existencia de un daño causal— no tiene derecho a una indemnización de daños y perjuicios en virtud del artículo 82, apartado 1, del RGPD por la mera vulneración de su derecho de acceso contemplado en el artículo 15, apartado 1, del RGPD?
7)      ¿Debe interpretarse el artículo 82, apartado 1, del RGPD en el sentido de que la excepción de abuso de derecho del responsable del tratamiento en relación con una solicitud de acceso del interesado no puede consistir, a la luz del Derecho de la Unión, en el hecho de que el interesado haya provocado el tratamiento de sus datos personales únicamente o entre otros motivos para interponer reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios?
8)      En caso de respuesta negativa a las cuestiones prejudiciales quinta y sexta, la mera pérdida del control sobre los datos o la incertidumbre sobre el tratamiento de los datos personales del interesado a que da lugar una infracción del artículo 15, apartado 1, del RGPD, ¿constituyen daños y perjuicios inmateriales para el interesado en el sentido del artículo 82, apartado 1, del RGPD o se requiere además que el interesado sufra una restricción adicional (objetiva o subjetiva) o un perjuicio (sustancial)?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera a tercera y séptima
21      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a tercera y séptima, que procede examinar conjuntamente y en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 12, apartado 5, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que una primera solicitud de acceso a los datos personales presentada por el interesado ante el responsable del tratamiento con arreglo al artículo 15 de dicho Reglamento puede considerarse «excesiva» a efectos de ese artículo 12, apartado 5, y, de ser así, cuáles son las circunstancias que permiten, en su caso, constatar tal carácter excesivo.
22      A este respecto, el artículo 15, apartado 1, del RGPD garantiza al interesado el derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, el derecho de acceso del interesado a sus datos y a la información relativa al mismo [véase, en ese sentido, la sentencia de 26 de octubre de 2023, FT (Copias de la historia clínica), C‑307/22, EU:C:2023:811, apartado 31].
23      Además, el artículo 12, apartado 5, del RGPD establece el principio según el cual el ejercicio de este derecho de acceso no genera ningún gasto para el interesado. No obstante, esta última disposición contempla dos motivos por los que el responsable del tratamiento puede, bien cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos, bien negarse a actuar respecto de la solicitud de acceso. Estos motivos se refieren a supuestos de abuso de derecho, en los que las solicitudes del interesado deben considerarse «manifiestamente infundadas» o «excesivas», en particular debido a su carácter repetitivo [sentencia de 26 de octubre de 2023, FT (Copias de la historia clínica), C‑307/22, EU:C:2023:811, apartado 31].
24      Por lo que respecta, en primer término, a la cuestión de si una primera solicitud de acceso presentada por el interesado ante el responsable del tratamiento con arreglo al artículo 15 del RGPD puede considerarse «excesiva», debe señalarse que, dado que el concepto de «solicitudes excesivas» no se define en ese Reglamento, procede, conforme a reiterada jurisprudencia, para interpretarlo, tener en cuenta no solo el tenor del artículo 12, apartado 5, de dicho Reglamento conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, sino también el contexto de esta disposición y los objetivos que pretende alcanzar la normativa de la que forma parte [véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 9 de enero de 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Solicitudes excesivas), C‑416/23, EU:C:2025:3, apartado 24 y jurisprudencia citada].
25      A este respecto, por lo que atañe al tenor de dicho artículo 12, apartado 5, y, en particular, al sentido habitual del concepto de «solicitudes excesivas» en el lenguaje corriente, el adjetivo «excesivo» designa algo que excede de la medida ordinaria o razonable o que supera la medida deseable o permitida [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de enero de 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Solicitudes excesivas), C‑416/23, EU:C:2025:3, apartado 43]. Por lo tanto, el mero empleo de este adjetivo, que se refiere a características tanto cualitativas como cuantitativas, no permite excluir que una primera solicitud de acceso sea excesiva.
26      Además, ciertamente, del artículo 12, apartado 5, párrafo primero, segunda frase, del RGPD se desprende que las solicitudes pueden ser excesivas «especialmente debido a su carácter repetitivo». Por lo tanto, la multiplicación de las solicitudes presentadas por una persona puede ser un indicio de su carácter excesivo [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de enero de 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Solicitudes excesivas), C‑416/23, EU:C:2025:3, apartado 57]. Sin embargo, como ha subrayado, en esencia, el Abogado General en el punto 28 de sus conclusiones, dado que el carácter repetitivo solo se menciona en esta disposición a título indicativo, la calificación de una solicitud de acceso como «excesiva» no exige que dicha solicitud se inscriba necesariamente en el contexto de la presentación de varias solicitudes por el mismo interesado.
27      Por lo tanto, a la luz de una interpretación literal del artículo 12, apartado 5, del RGPD, no puede excluirse que una primera solicitud de acceso pueda considerarse «excesiva», en el sentido de dicha disposición.
28      Esta conclusión se ve corroborada por el contexto en el que se inserta el artículo 12, apartado 5, párrafo primero, segunda frase, del RGPD. A este respecto, procede recordar que el artículo 12, que figura en el capítulo III de ese Reglamento, que regula los derechos del interesado, establece una serie de obligaciones generales que incumben al responsable del tratamiento en materia de transparencia de la información y de las comunicaciones, y fija las modalidades de ejercicio de los derechos del interesado. En virtud del apartado 2, primera frase, de dicho artículo 12, el responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos con arreglo, en particular, al artículo 15 de dicho Reglamento, que completa el marco de transparencia de este mismo Reglamento al conceder a ese interesado un derecho de acceso a sus datos personales [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de enero de 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Solicitudes excesivas), C‑416/23, EU:C:2025:3, apartados 45 y 46].
29      Por lo tanto, al prever también la posibilidad de que los responsables del tratamiento, cuando se enfrentan a solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, establezcan el pago de un canon razonable basado en los costes administrativos o se nieguen a actuar respecto de solicitudes de ese tipo, ese artículo 12, apartado 5, dispone una excepción a la obligación de facilitar, en particular, el derecho de acceso, que debe interpretarse de manera estricta [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de enero de 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Solicitudes excesivas), C‑416/23, EU:C:2025:3, apartado 33].
30      Dicho esto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del concepto de «solicitudes excesivas» que figura en el artículo 57, apartado 4, del RGPD, que es extrapolable al presente asunto ya que esta disposición está redactada en términos sustancialmente análogos a los del artículo 12, apartado 5, de ese Reglamento y persigue el mismo objetivo que este último artículo, se desprende que este constituye una expresión del principio general del Derecho de la Unión según el cual los justiciables no pueden invocar el Derecho de la Unión de forma abusiva o fraudulenta [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de enero de 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Solicitudes excesivas), C‑416/23, EU:C:2025:3, apartado 49]. En efecto, la aplicación de la normativa de la Unión no puede extenderse hasta llegar a cubrir las operaciones que se realicen con un fin abusivo (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2024, Matmut, C‑236/23, EU:C:2024:761, apartado 52 y jurisprudencia citada).
31      Así pues, el número de solicitudes de acceso presentadas por el interesado ante el responsable del tratamiento no determina, por sí solo, el derecho de este último a recurrir a la facultad de no dar curso a una solicitud, conferida por el artículo 12, apartado 5, del RGPD, de modo que dicho responsable del tratamiento puede recurrir a ella incluso en el caso de una primera solicitud de acceso, cuando demuestre, a la vista de todas las circunstancias pertinentes de cada caso, la existencia de una intención abusiva por parte de ese interesado [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de enero de 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Solicitudes excesivas), C‑416/23, EU:C:2025:3, apartado 50].
32      Esta interpretación contextual es conforme con los objetivos perseguidos por el RGPD. A este respecto, procede señalar que ese Reglamento tiene por finalidad, como indican sus considerandos 10 y 11, garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de las personas físicas dentro de la Unión y reforzar y especificar los derechos de los interesados. Así pues, las obligaciones del responsable del tratamiento establecidas en el artículo 12 de dicho Reglamento, relativas, en particular, a la comunicación con arreglo al artículo 15 de este mismo Reglamento, se conciben como un mecanismo capaz de proteger de manera eficaz los derechos y los intereses de los interesados [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de enero de 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Solicitudes excesivas), C‑416/23, EU:C:2025:3, apartados 38 y 39 y jurisprudencia citada].
33      No obstante, el considerando 4 del RGPD enuncia que el derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, puesto que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, de conformidad con el principio de proporcionalidad. Además, el Tribunal de Justicia ya ha subrayado que los mecanismos que permiten encontrar un justo equilibrio entre los distintos derechos e intereses en juego se recogen en el propio RGPD (sentencia de 21 de diciembre de 2023, Krankenversicherung Nordrhein, C‑667/21, EU:C:2023:1022, apartado 54 y jurisprudencia citada).
34      Por consiguiente, para garantizar la aplicación de ese justo equilibrio a través de esta excepción, así como su efecto útil, el criterio pertinente en cuanto a la constatación de un comportamiento abusivo es el carácter excesivo de la solicitud de acceso evaluado desde el punto de vista cualitativo, de conformidad con el apartado 26 de la presente sentencia, que no puede depender únicamente del número de solicitudes de acceso presentadas por el interesado y, por tanto, del hecho de que se trate de una primera solicitud procedente de este.
35      De ello se deduce que una primera solicitud de acceso ante el responsable del tratamiento con arreglo al artículo 15 del RGPD puede considerarse «excesiva», en el sentido del artículo 12, apartado 5, de ese Reglamento. Dicho esto, dado que el concepto de «solicitudes excesivas» debe interpretarse de manera estricta, como se desprende del apartado 29 de la presente sentencia, un responsable del tratamiento solo puede invocar tal carácter excesivo de modo excepcional y, como indicó el Abogado General en el punto 34 de sus conclusiones, los criterios para calificar una primera solicitud de acceso como «excesiva» deben ser estrictos. También procede subrayar que del artículo 12, apartado 5, párrafo segundo, del RGPD se infiere expresamente que incumbe al responsable del tratamiento demostrar ese carácter excesivo.
36      En segundo término, en lo que atañe a las circunstancias en las que la primera solicitud de acceso del interesado puede calificarse de «excesiva» en el sentido del artículo 12, apartado 5, del RGPD y, por ende, constituir un abuso de derecho en el sentido de la jurisprudencia citada en los apartados 23 y 30 de la presente sentencia, procede señalar que para probar la existencia de una práctica abusiva es necesario que concurran, por un lado, una serie de circunstancias objetivas de las que resulte que, pese a haberse respetado formalmente las condiciones objetivas establecidas en la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, por otro lado, un elemento subjetivo consistente en la voluntad del interesado de obtener un beneficio resultante de la normativa de la Unión mediante la creación artificiosa de las condiciones exigidas para su obtención. Tal calificación exige, además, que se tengan en cuenta todos los hechos y circunstancias del caso concreto (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, BMW Bank y otros, C‑38/21, C‑47/21 y C‑232/21, EU:C:2023:1014, apartados 285 y 286 y jurisprudencia citada).
37      Por lo que respecta, en primer lugar, al elemento objetivo de una práctica abusiva, procede señalar que el artículo 15 del RGPD, interpretado a la luz de su considerando 63, tiene por objeto conferir a un interesado el derecho a acceder a los datos personales recogidos que le conciernan y a ejercer este derecho fácilmente y a intervalos razonables, con el fin, en particular, de tener conocimiento del tratamiento de esos datos y de verificar su licitud, de modo que le permita ejercer, en su caso, su derecho de rectificación, su derecho de supresión, su derecho a la limitación del tratamiento, su derecho de oposición y su derecho a recurrir por los daños sufridos [véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, Österreichische Post (Información relativa a los destinatarios de datos personales), C‑154/21, EU:C:2023:3, apartados 37 y 38].
38      En el presente asunto, como se desprende de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, TC presentó la solicitud de acceso controvertida en el litigio principal tras haberse suscrito al boletín informativo de Brillen Rottler y haber comunicado a esta última, en el momento de esa suscripción, algunos datos personales, de modo que esa solicitud de acceso podría constituir, desde el punto de vista formal, un ejercicio del derecho de acceso de TC para alcanzar el objetivo de dicha normativa.
39      Sin embargo, a la vista de la jurisprudencia citada en el apartado 36 de la presente sentencia, el cumplimiento formal de las condiciones de aplicación del artículo 15 del RGPD no permite, por sí solo, excluir el carácter «excesivo» de una solicitud de acceso y, por tanto, la existencia de un abuso de derecho.
40      A este respecto, por lo que atañe, en segundo lugar, al elemento subjetivo de una práctica abusiva, procede señalar que, para poder calificar una solicitud de acceso de «excesiva» en el sentido del artículo 12, apartado 5, del RGPD, el responsable del tratamiento debe acreditar, a la vista de todas las circunstancias pertinentes de cada caso, la existencia de una intención abusiva por parte del interesado, intención que puede constatarse cuando el interesado presenta esa solicitud con una finalidad distinta de la de tener conocimiento del tratamiento de esos datos y de verificar su licitud, para poder obtener posteriormente una protección de los derechos que le confiere dicho Reglamento [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de enero de 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Solicitudes excesivas), C‑416/23, EU:C:2025:3, apartados 50 y 56].
41      Así pues, en el caso de autos, habida cuenta, en particular, de lo que se desprende del apartado 35 de la presente sentencia, incumbe al responsable del tratamiento demostrar de manera inequívoca que el interesado no ha presentado una solicitud de acceso con arreglo al artículo 15 del RGPD con el fin de tener conocimiento de dicho tratamiento, sino de crear artificialmente las condiciones exigidas para la obtención de una indemnización por parte de ese responsable del tratamiento.
42      A este respecto, deberán tenerse en cuenta todas las circunstancias del caso de autos, en particular el hecho de que el interesado haya facilitado datos personales sin estar obligado a ello, la finalidad de la comunicación de esos datos, el tiempo transcurrido entre esta y la solicitud de acceso, así como el comportamiento de esa persona.
43      En el contexto del litigio del que conoce, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la posibilidad de tener en cuenta, a efectos de la evaluación de la existencia de un abuso de derecho, la información pública que pone de manifiesto la presentación sistemática, por parte de TC, de solicitudes de acceso a sus datos personales y de solicitudes de indemnización ante diferentes responsables del tratamiento siguiendo un modus operandi comparable al que se llevó a cabo en el caso de autos. A este respecto, procede señalar que, ciertamente, este elemento puede tomarse en consideración para acreditar intenciones abusivas del interesado, siempre que esté corroborado por otros elementos pertinentes.
44      Así pues, en el caso de autos, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, a la vista de la totalidad del conjunto de circunstancias pertinentes, Brillen Rottler ha demostrado la existencia de una intención abusiva por parte de TC en lo que respecta a la presentación de la solicitud de acceso de que se trata.
45      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a tercera y séptima que el artículo 12, apartado 5, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que una primera solicitud de acceso a sus datos personales presentada por el interesado ante el responsable del tratamiento con arreglo al artículo 15 de dicho Reglamento puede considerarse «excesiva» a efectos de ese artículo 12, apartado 5, cuando ese responsable del tratamiento demuestre, a la vista de todas las circunstancias pertinentes del caso concreto, que, a pesar de que formalmente se cumplen los requisitos establecidos en esas disposiciones, dicha solicitud no fue presentada por el interesado con el propósito de conocer el tratamiento de esos datos y verificar su licitud, para poder obtener posteriormente una protección de los derechos que le confiere dicho Reglamento, sino con una intención abusiva, como la creación artificial de los requisitos exigidos para la obtención de un beneficio resultante de ese mismo Reglamento. El hecho de que, según información accesible al público, el interesado haya presentado varias solicitudes de acceso a sus datos personales, seguidas de solicitudes de indemnización, ante diferentes responsables del tratamiento, puede tomarse en consideración para determinar la existencia de tal intención abusiva.
Cuestiones prejudiciales quinta y sexta
46      Mediante sus cuestiones prejudiciales quinta y sexta, que procede examinar conjuntamente y en segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 82, apartado 1, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que confiere al interesado un derecho a indemnización por los daños y perjuicios resultantes de una vulneración del derecho de acceso previsto en el artículo 15, apartado 1, de dicho Reglamento.
47      Como se ha recordado en el apartado 24 de la presente sentencia, según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos que persigue.
48      Del tenor del artículo 82, apartado 1, del RGPD se desprende que toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales «como consecuencia de una infracción [de ese] Reglamento» tiene derecho a recibir del responsable del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Es preciso señalar que esta disposición no contiene ninguna referencia al «tratamiento», de modo que este derecho a indemnización no puede limitarse a los daños resultantes de un tratamiento de datos personales.
49      Esta constatación se ve corroborada, en primer término, por el análisis contextual de dicha disposición, interpretado a la luz del considerando 141 del RGPD, que establece que todo interesado debe tener derecho a la tutela judicial efectiva de conformidad con el artículo 47 de la Carta «si considera que se vulneran sus derechos con arreglo [a dicho] Reglamento». En efecto, el artículo 82, apartado 1, del RGPD figura en el capítulo VIII de ese Reglamento, que regula los recursos, las normas sobre responsabilidad y las sanciones que permiten proteger esos derechos. Pues bien, estos derechos incluyen tanto el derecho del interesado a la información, previsto en el artículo 12 de dicho Reglamento, como su derecho de acceso en virtud del artículo 15, apartado 1, del mismo Reglamento, de modo que deben estar protegidos por el artículo 82 de este, que, por tanto, debe interpretarse en el sentido de que se aplica también a los daños derivados de las infracciones de esos artículos 12 y 15.
50      Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que, por una parte, del considerando 146 del RGPD se desprenda que el responsable del tratamiento debe indemnizar cualesquiera daños y perjuicios que pueda sufrir una persona «como consecuencia de un tratamiento» en infracción de dicho Reglamento y, por otra parte, el artículo 82 de ese Reglamento mencione, en sus apartados 2 y 4, los «daños y perjuicios causados por el tratamiento».
51      En efecto, como alega, en esencia, la Comisión Europea en sus observaciones escritas, en caso de vulneración de los derechos establecidos en las disposiciones del capítulo III del RGPD, en particular los derechos de acceso a los datos y de rectificación, así como los derechos de supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, la infracción alegada no puede derivarse de un tratamiento efectivo de los datos personales como tal, sino más bien de la negativa a dar curso a la solicitud del interesado en cuanto al ejercicio de esos derechos. Por consiguiente, supeditar el derecho a indemnización en virtud del artículo 82, apartado 1, del RGPD a la existencia de daños y perjuicios derivados de un tratamiento como tal tendría como efecto excluir esos supuestos del ámbito de aplicación de dicha disposición y, de este modo, menoscabar su efecto útil.
52      Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la infracción, por parte del responsable del tratamiento, de los artículos 26 y 30 del RGPD, relativos, el primero, a la celebración de un acuerdo que determine las funciones y relaciones respectivas de los responsables del tratamiento en relación con los interesados y, el segundo, a la llevanza de un registro de las actividades de tratamiento, no constituye un «tratamiento ilícito» que confiera al interesado un derecho de supresión o un derecho a la limitación del tratamiento. Por lo tanto, tal infracción debe subsanarse recurriendo a otras medidas previstas en el RGPD, en particular la indemnización de los daños y perjuicios eventualmente ocasionados por el responsable del tratamiento, en virtud del artículo 82 de este [véase, en ese sentido, la sentencia de 4 de mayo de 2023, Bundesrepublik Deutschland (Buzón electrónico judicial), C‑60/22, EU:C:2023:373, apartados 66 y 67].
53      La constatación que figura en el apartado 48 de la presente sentencia se ve corroborada, en segundo término, por la interpretación teleológica del artículo 82, apartado 1, del RGPD, ya que este artículo pretende garantizar la consecución de los objetivos de ese Reglamento, entre ellos, en particular, el objetivo de reforzar los derechos de los interesados y las obligaciones de quienes tratan y determinan el tratamiento de los datos personales, enunciado en el considerando 11 de dicho Reglamento. Pues bien, como indicó, en esencia, el Abogado General en el punto 72 de sus conclusiones, estos derechos, entre los que figura precisamente el derecho de acceso al que se refiere el órgano jurisdiccional remitente, se verían significativamente debilitados si el artículo 82, apartado 1, debiera interpretarse en el sentido de que se limita únicamente a los daños resultantes de actos ilícitos que impliquen un tratamiento de datos.
54      De ello se deduce que, aun cuando exista una infracción del RGPD que no implique, como tal, un tratamiento de datos, el interesado puede invocar el derecho a indemnización previsto en el artículo 82 de dicho Reglamento.
55      Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales quinta y sexta que el artículo 82, apartado 1, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que confiere al interesado un derecho a indemnización por los daños y perjuicios resultantes de una vulneración del derecho de acceso previsto en el artículo 15, apartado 1, de dicho Reglamento.
Cuarta cuestión prejudicial
56      Habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales quinta y sexta, no procede responder a la cuarta cuestión prejudicial.
Octava cuestión prejudicial
57      Mediante su octava cuestión prejudicial, que procede examinar en tercer y último lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 82, apartado 1, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que los daños y perjuicios inmateriales sufridos por el interesado incluyen la pérdida de control sobre sus datos personales o su incertidumbre en cuanto a si esos datos han sido objeto de tratamiento.
58      Dado que el RGPD no remite al Derecho de los Estados miembros en relación con el sentido y el alcance de los términos que figuran en la citada disposición, en particular en lo referido a los conceptos de «daños y perjuicios materiales o inmateriales» y de «indemnización por los daños y perjuicios sufridos», a efectos de la aplicación de dicho Reglamento, debe considerarse que estos términos constituyen conceptos autónomos del Derecho de la Unión, que deben interpretarse de manera uniforme en todos los Estados miembros [véanse, en ese sentido, las sentencias de 4 de mayo de 2023, Österreichische Post (Daños y perjuicios inmateriales relacionados con el tratamiento de datos personales), C‑300/21, EU:C:2023:370, apartado 30, y de 4 de septiembre de 2025, Quirin Privatbank, C‑655/23, EU:C:2025:655, apartado 55 y jurisprudencia citada].
59      A este respecto, procede recordar que no puede considerarse que toda «infracción» de las disposiciones del RGPD genere, por sí sola, un derecho a indemnización en favor del interesado. En efecto, el artículo 82, apartado 1, del RGPD establece que «toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del presente Reglamento tendrá derecho a recibir del responsable o [d]el encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos». Por una parte, del tenor de esta disposición se desprende claramente que la existencia de «daños y perjuicios» que se han «sufrido» constituye uno de los requisitos del derecho a indemnización previsto en dicha disposición, al igual que la existencia de una infracción del RGPD y de una relación de causalidad entre dichos daños y perjuicios y esa infracción, de modo que estos tres requisitos son acumulativos [véanse, en ese sentido, las sentencias de 4 de mayo de 2023, Österreichische Post (Daños y perjuicios inmateriales relacionados con el tratamiento de datos personales), C‑300/21, EU:C:2023:370, apartados 31 a 33 y de 4 de septiembre de 2025, Quirin Privatbank, C‑655/23, EU:C:2025:655, apartado 56 y jurisprudencia citada].
60      De este modo, la persona que reclama una indemnización por daños y perjuicios inmateriales en virtud de esa disposición debe acreditar no solo la infracción de las normas del RGPD, sino también que esa infracción le ha causado tales daños y perjuicios. Por lo tanto, tales daños o perjuicios no pueden presumirse únicamente por el hecho de que se haya producido dicha infracción (sentencia de 4 de octubre de 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C‑200/23, EU:C:2024:827, apartado 141 y jurisprudencia citada).
61      Dicho esto, el Tribunal de Justicia ha declarado que de la lista ilustrativa de los «daños» o los «perjuicios» que pueden sufrir los interesados que figura en el considerando 85, primera frase, del RGPD se desprende que el legislador de la Unión quiso incluir en esos conceptos, en particular, la mera «pérdida de control» sobre sus propios datos personales a raíz de una infracción de dicho Reglamento, aun cuando no se haya producido concretamente un uso indebido de los datos en cuestión (sentencia de 4 de octubre de 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C‑200/23, EU:C:2024:827, apartado 145 y jurisprudencia citada).
62      El Tribunal de Justicia también ha considerado que el concepto de «daños y perjuicios inmateriales» no puede circunscribirse únicamente a aquellos que revisten cierta gravedad. En particular, una normativa nacional o una práctica nacional no pueden fijar válidamente un «umbral de minimis» para considerar que existen daños y perjuicios inmateriales causados por una infracción del RGPD. No obstante, la persona afectada está obligada a demostrar, por un lado, que ha sufrido efectivamente tal daño, por mínimo que sea, y, por otro lado, que las consecuencias de esta infracción que afirma haber sufrido constituyen un perjuicio distinto de la mera infracción de las disposiciones de ese Reglamento (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2023, Gemeinde Ummendorf, C‑456/22, EU:C:2023:988, apartados 22 y 23).
63      Así pues, la mera alegación por parte del interesado de un temor generado por una pérdida de control sobre sus datos personales no puede dar lugar a una indemnización en virtud del artículo 82, apartado 1, del RGPD [véase, en ese sentido, la sentencia de 20 de junio de 2024, PS (Dirección errónea), C‑590/22, EU:C:2024:536, apartados 33 y 35]. En consecuencia, cuando una persona que solicita una indemnización en virtud de esa disposición invoca el temor de que en el futuro se produzca un uso indebido de sus datos personales como consecuencia de una infracción de ese Reglamento, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá comprobar que ese temor puede considerarse fundado, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso y del interesado (véase, en ese sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Agentsia po vpisvaniyata, C‑200/23, EU:C:2024:827, apartado 143 y jurisprudencia citada).
64      Las consideraciones expuestas en los apartados 59 a 63 de la presente sentencia también son aplicables en una situación en la que el interesado considera que existe incertidumbre en cuanto a si sus datos personales han sido objeto de tratamiento.
65      Para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, es preciso señalar además que el comportamiento de la persona afectada puede romper la relación de causalidad entre la infracción alegada y el supuesto daño, siempre que dicho comportamiento resulte ser la causa determinante del perjuicio. Tal acto puede consistir, entre otras cosas, en una decisión de la persona perjudicada, siempre que, no obstante, dicha decisión no le fuera impuesta [véase, por analogía, la sentencia de 18 de diciembre de 2025, WS y otros/Frontex (Operación conjunta de retorno), C‑679/23 P, EU:C:2025:976, apartados 151 y 152 y jurisprudencia citada].
66      Además, de la jurisprudencia recordada en el apartado 59 de la presente sentencia se desprende que la existencia de una relación de causalidad entre la infracción alegada del RGPD y los daños y perjuicios supuestamente sufridos por el interesado es un requisito sine qua non de un derecho a indemnización en virtud del artículo 82, apartado 1, de dicho Reglamento. Por lo tanto, no puede concederse al interesado, con arreglo a dicha disposición, una indemnización por los daños y perjuicios supuestamente sufridos como consecuencia de la pérdida de control sobre sus datos personales o de su incertidumbre en cuanto a la existencia de su tratamiento cuando la relación de causalidad se rompe debido al comportamiento de esa persona, dado que esa pérdida de control o esa incertidumbre han sido causadas por la decisión de esa persona de someter esos datos al responsable del tratamiento con el fin de crear artificialmente las condiciones requeridas para la aplicación de dicha disposición.
67      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la octava cuestión prejudicial que el artículo 82, apartado 1, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que los daños y perjuicios inmateriales sufridos por el interesado incluyen la pérdida de control sobre sus datos personales o su incertidumbre en cuanto a si esos datos han sido objeto de tratamiento, siempre que se demuestre, en particular, que ese interesado ha sufrido efectivamente tales daños y perjuicios y que su comportamiento no constituyó la causa determinante de esos daños y perjuicios.
Costas
68      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1)      El artículo 12, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),
debe interpretarse en el sentido de que
una primera solicitud de acceso a sus datos personales presentada por el interesado ante el responsable del tratamiento con arreglo al artículo 15 de dicho Reglamento puede considerarse «excesiva» a efectos de ese artículo 12, apartado 5, cuando ese responsable del tratamiento demuestre, a la vista de todas las circunstancias pertinentes del caso concreto, que, a pesar de que formalmente se cumplen los requisitos establecidos en esas disposiciones, dicha solicitud no fue presentada por el interesado con el propósito de conocer el tratamiento de esos datos y verificar su licitud, para poder obtener posteriormente una protección de los derechos que le confiere dicho Reglamento, sino con una intención abusiva, como la creación artificial de los requisitos exigidos para la obtención de un beneficio resultante de ese mismo Reglamento. El hecho de que, según información accesible al público, el interesado haya presentado varias solicitudes de acceso a sus datos personales, seguidas de solicitudes de indemnización, ante diferentes responsables del tratamiento, puede tomarse en consideración para determinar la existencia de tal intención abusiva.
2)      El artículo 82, apartado 1, del Reglamento 2016/679
debe interpretarse en el sentido de que
confiere al interesado un derecho a indemnización por los daños y perjuicios resultantes de una vulneración del derecho de acceso previsto en el artículo 15, apartado 1, de dicho Reglamento.
3)      El artículo 82, apartado 1, del Reglamento 2016/679
debe interpretarse en el sentido de que
los daños y perjuicios inmateriales sufridos por el interesado incluyen la pérdida de control sobre sus datos personales o su incertidumbre en cuanto a si esos datos han sido objeto de tratamiento, siempre que se demuestre, en particular, que ese interesado ha sufrido efectivamente tales daños y perjuicios y que su comportamiento no constituyó la causa determinante de esos daños y perjuicios.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: alemán.