62023CJ0109_RES
Asunto C‑109/23 [Jemerak] (
i
)
GMyON
contra
PR
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Berlin)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 5 de septiembre de 2024
«Procedimiento prejudicial — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania — Reglamento (UE) n.o 833/2014 — Artículo 5 quindecies, apartados 2 y 6 — Prohibición de prestar, directa o indirectamente, servicios de asesoramiento jurídico al Gobierno de Rusia o a personas jurídicas, entidades u organismos establecidos en Rusia — Exención relativa a la prestación de servicios que son estrictamente necesarios para garantizar el acceso a procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales en un Estado miembro — Autenticación y ejecución por un notario de un contrato de compraventa de un bien inmueble — Asistencia de un intérprete con ocasión de esa autenticación»
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania — Prohibición de prestar, directa o indirectamente, servicios de asesoramiento jurídico al Gobierno de Rusia o a personas jurídicas, entidades u organismos establecidos en Rusia — Concepto — Autenticación y ejecución por un notario de un contrato de compraventa de un bien inmueble — Exclusión — Asistencia de un intérprete con ocasión de esa autenticación — Exclusión
[Decisión (PESC) 2022/1909 del Consejo, considerandos 5 y 8; Reglamentos (UE) del Consejo n.o 833/2014, considerando 2 y art. 5 quindecies, ap. 2, n.o 269/2014 y 2022/1904, considerando 19]
(véanse los apartados 38 a 44, 49 a 55, 59, 62 y 63 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín, Alemania), se pronuncia sobre el alcance de la prohibición de prestar servicios de asesoramiento jurídico a personas jurídicas establecidas en Rusia, prevista en el artículo 5 quindecies, apartado 2, del Reglamento n.o 833/2014, (
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) en su versión modificada por el Reglamento 2022/1904, (
2
) relativo a medidas restrictivas adoptadas por el Consejo de la Unión Europea motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.
GM y ON, nacionales alemanes, se disponían a adquirir un piso situado en Berlín (Alemania), propiedad de la sociedad Visit‑Moscow Ltd, persona jurídica establecida en Rusia. A los efectos de esta operación, GM, ON y Visit‑Moscow se dirigieron a PR, notario que ejercía en Alemania, para otorgar escritura pública de compraventa y posteriormente que este ejecutara el contrato. Sin embargo, en 2022, PR se negó a autentificar el contrato de compraventa, alegando que no podía descartarse que su autenticación incumpliera la prohibición prevista en el artículo 5 quindecies, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 833/2014. Al no acceder a la solicitud que formularon GM, ON y Visit‑Moscow para que reconsiderara su negativa, PR remitió el recurso al Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín, que planteó al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales al respecto.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia señala que, según su sentido habitual en el lenguaje corriente, la expresión «asesoramiento jurídico» designa, con carácter general, una opinión sobre una cuestión de Derecho. Empleada en relación con el término «servicios» del artículo 5 quindecies, apartado 2, del Reglamento n.o 833/2014, se refiere, entonces, al ejercicio de una actividad de carácter económico basada en una relación entre un prestador de servicios y su cliente, por la que el primero proporciona asesoramiento sobre cuestiones de Derecho a quienes lo solicitan.
Esta acepción de la expresión «servicios de asesoramiento jurídico» se ve confirmada por el considerando 19 del Reglamento 2022/1904. Por un lado, se refiere a la relación entre un prestador de servicios y su cliente y evoca el papel de este prestador cuando asiste y asesora a ese cliente, en interés de este, en las cuestiones jurídicas de sus operaciones con terceros. Por otro lado, se refiere a las actividades accesorias consistentes en «la preparación, formalización y verificación de documentos jurídicos».
Así pues, las actividades a que se refiere el concepto de «servicios de asesoramiento jurídico», en el sentido del artículo 5 quindecies, apartado 2, del Reglamento n.o 833/2014, se distinguen claramente de aquellas que pueden estar obligadas a ejercer las autoridades públicas. En efecto, la función de estas autoridades no consiste en prestar servicios de asesoramiento sobre cuestiones de Derecho a personas para promover o defender los intereses particulares de estas.
En el presente asunto, el Tribunal de Justicia constata que, en el marco de la autenticación de un contrato de compraventa de un bien inmueble, no parece que el notario actúe con el fin de promover los intereses específicos de alguna de las partes o de ambas, sino de manera imparcial, con equidistancia entre las partes y sus respectivos intereses, únicamente en interés de la ley y de la seguridad jurídica. Por consiguiente, a la vista de los procedimientos específicos de autenticación notarial de los documentos y de los efectos jurídicos vinculados a los documentos autentificados en el ordenamiento jurídico alemán, la autenticación por un notario, tal como la regula el Derecho alemán, de un contrato de compraventa de un bien inmueble propiedad de una persona jurídica establecida en Rusia, no está comprendida en el concepto de «servicios de asesoramiento jurídico» a que hace referencia el artículo 5 quindecies, apartado 2, del Reglamento n.o 833/2014, y por consiguiente, en el ámbito de aplicación de la prohibición de prestar esos servicios a esa persona jurídica, prevista en la letra b) de la mencionada disposición.
El Tribunal de Justicia observa a este respecto que una interpretación contraria del artículo 5 quindecies, apartado 2, de dicho Reglamento daría lugar a incoherencias, por una parte, en la aplicación de ese Reglamento y, por otra, entre dicho Reglamento y el Reglamento n.o 269/2014. (
3
)
En efecto, las operaciones relativas a bienes inmuebles situados en el territorio de la Unión y propiedad de personas jurídicas establecidas en Rusia siguen estando autorizadas en virtud del Reglamento n.o 833/2014. No obstante, estas operaciones podrían verse obstaculizadas, en la práctica, en algunos Estados miembros en los que la autenticación notarial del contrato de compraventa de un bien inmueble constituye un requisito esencial para la enajenación de ese bien, y ello con independencia de si esas personas jurídicas están o no sujetas a una prohibición de disponer de su patrimonio con arreglo al Reglamento n.o 269/2014.
Pues bien, esta diferencia en los efectos de la prohibición establecida en el artículo 5 quindecies, apartado 2, del Reglamento n.o 833/2014, de un Estado miembro a otro según el sistema notarial aplicable, no ha podido ser la intención del legislador de la Unión.
Además, la interpretación adoptada no es contraria a la finalidad del Reglamento n.o 833/2014 ni a la del Reglamento n.o 269/2014.
Para empezar, ni de la Decisión 2022/1909 (
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) ni del Reglamento n.o 833/2014 ni del Reglamento 2022/1904 se desprende que el Consejo, al establecer la prohibición de prestar servicios de asesoramiento jurídico, haya pretendido que las personas jurídicas establecidas en Rusia no puedan disponer de sus bienes inmuebles en determinados Estados miembros.
A continuación, el objetivo que subyace a la prohibición establecida en el artículo 5 quindecies, apartado 2, del Reglamento n.o 833/2014 era dificultar a las personas jurídicas rusas que operan en el territorio de la Unión la continuación de sus actividades comerciales en dicho territorio y, de este modo, causar un impacto en la economía rusa. Pues bien, la autenticación notarial de un contrato de compraventa de un bien inmueble propiedad de una persona jurídica establecida en Rusia no puede considerarse contraria a este objetivo.
Por último, no se aprecia de qué modo la autenticación notarial de un contrato de compraventa de un bien inmueble propiedad de una persona jurídica establecida en Rusia, podría contribuir a priori y de manera generalizada, a eludir las medidas restrictivas adoptadas.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia subraya que corresponderá al órgano jurisdiccional remitente apreciar, en relación con cada una de las tareas que el notario lleve a cabo para ejecutar el contrato de compraventa, si implican la prestación por el notario de asesoramiento jurídico a las partes, conforme a la interpretación del concepto de «servicios de asesoramiento jurídico» referida anteriormente.
Por último, por lo que se refiere a la cuestión de si los servicios de traducción prestados por un intérprete con ocasión de la autenticación notarial constituyen servicios de asesoramiento jurídico en el sentido del artículo 5 quindecies, apartado 2, del Reglamento n.o 833/2014, dado que la profesión de intérprete no es de naturaleza jurídica, el Tribunal de Justicia señala que esos servicios no presentan las características de «asesoramiento jurídico», aun cuando la prestación de servicios de que se trate consista en asistir a un profesional del Derecho que actúe en un ámbito jurídico. Por otra parte, no parece que la autenticación, por un notario alemán, de un documento de compraventa de un bien inmueble situado en Alemania propiedad de una persona jurídica establecida en Rusia esté comprendida en el ámbito de aplicación de la prohibición de prestar servicios de asesoramiento jurídico prevista en el artículo 5 quindecies, apartado 2, del Reglamento n.o 833/2014. De ello se deduce que, al prestar servicios de traducción en el procedimiento de autenticación notarial de un documento de esas características, para asistir al representante de esa persona jurídica que no posee conocimientos suficientes de la lengua empleada en el procedimiento de autenticación, el intérprete no le presta «servicios de asesoramiento jurídico» en el sentido de la referida disposición.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
1
)	Reglamento (UE) n.o 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2014, L 229, p. 1).
(
2
)	Reglamento (UE) 2022/1904 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2022, L 259 I, p. 3).
(
3
)	Reglamento (UE) n.o 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6).
(
4
)	Decisión (PESC) 2022/1909 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2022, L 259 I, p. 122).