61968C0013
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JOSEPH GAND
presentadas el 14 de noviembre de 1968 (
*1
)
Señor Presidente,
Señores Jueces,
Con motivo de un litigio pendiente ante la corte d'appello di Roma entre una sociedad italiana y el ministero del commercio con Testero de Italia, litigio que tiene por objeto la reparación del perjuicio causado por la negativa a autorizar una importación, dicho órgano jurisdiccional solicita a este Tribunal de Justicia que interprete los artículos 30 y siguientes del Tratado CEE relativos a la supresión de las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros.
I
Aunque, evidentemente, no corresponde a este Tribunal, en el ámbito del artículo 177, pronunciarse sobre el fondo del asunto, no es posible abordar el examen de las cuestiones planteadas, ni tampoco por otra parte comprender el alcance de las observaciones presentadas por las partes en el asunto principal y por la Comisión, sin recordar los hechos que dieron origen al litigio, en la medida bastante imperfecta en que puedan demostrarse.
La sociedad Salgoil, con domicilio social en Milán, celebró el 23 de septiembre de 1960 con una empresa de Basilea «Rohimpag» un contrato de compra para la importación a Italia de 4.000 toneladas de tierras descoloridas impregnadas de materias grasas procedentes de los países de la CEE y/o de la OECE. De conformidad con las condiciones del contrato, pagó el 6 de octubre la mitad del precio convenido, es decir, 242.000 USD, y las primeras partidas de la mercancía llegaron a Italia aquel mismo mes. No se discute que, en estas diferentes fechas, la importación del producto en cuestión estaba liberalizada, aunque, tal como sabe este Tribunal, la sociedad Salgoil y la Comisión difieren sobre la cuestión de si esta liberalización resultaba de la consolidación de las decisiones de la OECE de 1955 o de una decisión autónoma del Gobierno italiano. Pero, poco después, dado que la Ley no 1407, de 13 de noviembre de 1960, prohibió la importación del producto «dentro de los límites consentidos por el cumplimiento de los acuerdos internacionales» (artículo 7), un Decreto del día siguiente, publicado el 29 de noviembre y que entró en vigor el 14 de diciembre, sometió dicho producto al régimen de licencias, y una Circular del Ministro de Hacienda de 7 de febrero de 1961 precisó que ya no podía importarse sino de los países de la CEE y con el límite de contingentes globales establecidos anualmente. Dado que el servicio local de aduanas se negó a proceder al despacho de aduana de las primeras partidas, Salgoil se dirigió al Ministerio de Comercio Exterior para obtener una autorización de importación; ésta le fue negada mediante escrito de 23 de mayo de 1961.
La sociedad recurrió ante el Tribunale Civile de Roma para obtener la reparación del perjuicio sufrido, invocando especialmente la infracción de los artículos 31 y 33 del Tratado. Pero dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente por las razones siguientes. En materia de importación y de exportación la posición de los particulares no se presenta como un derecho subjetivo perfecto, sino como un derecho condicional o como un derecho aminorado; las normas del Tratado no modificaron esta situación, porque se refieren directamente a los derechos y obligaciones de los Estados miembros; por último, las situaciones jurídicas subjetivas que pueden nacer en favor de los diferentes nacionales de los Estados miembros cualitativamente no son diferentes de las ya atribuidas y reguladas de manera general por el Derecho interno.
La sociedad Salgoil mantuvo en apelación que los artículos del Tratado invocados por ella atribuían directamente a los nacionales de los Estados miembros derechos subjetivos y no meros intereses legítimos; teniendo en cuenta el sistema jurídico italiano, ello debía implicar la competencia del Juez de Derecho común.
Por ello, la corte d'appello di Roma, al estimar que su decisión dependía de la interpretación del Tratado, planteó a este Tribunal dos cuestiones que se desarrollan en los fundamentos de su resolución de remisión.
La primera se formula en términos muy sencillos: los preceptos de los artículos 30 y siguientes del Tratado, en particular el artículo 31, ¿surten también efectos en las relaciones entre un Estado miembro y sus nacionales?
La segunda cuestión supone que se ha dado una respuesta afirmativa a la precedente; contempla dos hipótesis, dos posiciones posibles, entre las que se pide en suma que elija este Tribunal: o bien las normas en cuestión atribuyen al interés privado del particular una protección directa e inmediata, que excluye cualquier facultad discrecional del Estado, actuando como administración pública, de ir en contra de dicho interés -o bien estas normas (que habría que aproximar a los artículos 36, 224 y 226 del Tratado, que en determinadas hipótesis reservan a los Estados la posibilidad de adoptar medidas de salvaguardia que constituyen excepciones a las normas del Tratado) tienen como objeto inmediato únicamente la protección de los intereses públicos de los Estados miembros en el ámbito comunitario, y su finalidad es garantizar en primer lugar y de manera directa únicamente la conformidad de la actividad administrativa con dichos intereses. Hay que admitir en este caso que todo Estado miembro conserva con respecto a sus nacionales la facultad de introducir restricciones a las importaciones y que las normas controvertidas del Tratado no se refieren a la existencia de dicha facultad, sino únicamente a su ejercicio legal.
II
Se plantea aquí una cuestión previa, que ha sido ampliamente expuesta por el Gobierno italiano tanto en la fase escrita como en la vista. La competencia de este Tribunal de Justicia, basada en el artículo 177 del Tratado, no existe, dice dicho Gobierno, más que si el litigio trata de una materia «sometida a la disciplina del Derecho comunitario». Más precisamente, puesto que los artículos 31 y siguientes se refieren a la supresión de las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros (y no en las relaciones con terceros Estados), el órgano jurisdiccional nacional no puede interrogar a este Tribunal sobre el sentido de estos artículos más que si se ha pronunciado en primer lugar sobre el hecho de que se trata perfectamente del comercio intracomunitario, que está regulado por las normas del Tratado. Sólo en caso afirmativo se plantea ante el órgano jurisdiccional una cuestión que tiene por objeto la interpretación del Tratado, y que este Tribunal es competente para resolver con carácter prejudicial. Ahora bien, no se encuentra esta afirmación positiva en la resolución de la corte d'appello, que se limita a reproducir -sin asumirla-la tesis de Salgoil según la cual la mercancía procedía de países miembros. Algunos documentos del expediente a los que se remite el Gobierno italiano demostraban por otra parte que en realidad provenía, y sólo podía provenir debido a sus características técnicas, de países de la zona mediterránea exteriores a la Comunidad.
Pensamos por el contrario que la causa de inadmisibilidad así opuesta choca con el principio que este Tribunal ha afirmado reiteradas veces, a saber, que dentro de los límites establecidos por el artículo 177, corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales decidir del principio y del objeto de un eventual sometimiento del asunto a este Tribunal. Estos órganos son Jueces exclusivos sobre la procedencia de las cuestiones planteadas para la solución del litigio que tienen que zanjar y, ya que interrogan a este Tribunal sobre el sentido de un texto de Derecho comunitario, se debe presumir que consideran -en la fase del procedimiento en que entonces se encuentren-que el precepto en cuestión puede tener influencia en la solución del litigio. No hace falta en absoluto exigir que lo afirmen explícitamente. Por otra parte, que este Tribunal se apoyara en los elementos del expediente presentados al Juez de fondo para deducir de ellos que los artículos litigiosos no pueden aplicarse en el caso de autos, equivaldría a que este Tribunal sustituyera a dicho Juez para solucionar en su lugar una cuestión que sólo se refiere a los hechos del litigio. Si hemos comprendido bien el informe oral del Agente del Gobierno italiano, la remisión prejudicial ante el Tribunal Constitucional de dicho país sólo se podría admitir si el Juez a quo se hubiera pronunciado en primer lugar sobre los hechos relacionados con la cuestión de derecho que somete al Tribunal de Justicia; esta jurisprudencia se aproximaría mucho a la aplicada por el Tribunal Constitucional de la República Federal (Beschluss des Ersten Senats de 10 de noviembre de 1964, in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, t. 18, 1965, p. 186, no 24). Pero tal exigencia no puede ampliarse al procedimiento del artículo 177 debido a la independencia respectiva del Juez comunitario y de los órganos jurisdiccionales nacionales.
Por todas estas razones, propongo a este Tribunal que desestime la causa de inadmisibilidad muy general opuesta por el Gobierno italiano y pasemos ahora a la primera cuestión planteada por la corte d'appello.
III
Primera cuestión
Recordaré a este Tribunal los términos exactos: «Los preceptos que emanan de los artículos 30 y siguientes del Tratado, en particular el artículo 31, ¿surten también efectos en las relaciones entre un Estado miembro y sus nacionales?»
A.
La primera dificultad es aquí delimitar la cuestión. Las restricciones cuantitativas a la importación se contemplan en los artículos 30 a 33 inclusive (y en el artículo 35, sin interés en el caso de autos), pero las normas establecidas son diferentes según que los productos considerados se hayan liberalizado en aplicación de las decisiones del Consejo de la OECE (artículo 31) o por el contrario no entren en el ámbito de dichas decisiones (artículo 33). Por consiguiente, sólo procedería en principio interpretar los preceptos que rigen las tierras descoloridas impregnadas de materias grasas. Desgraciadamente, no es posible tener ninguna certeza sobre esta cuestión.
Para la Comisión, dicho producto debió entrar, en virtud de la nota V del capítulo XV del antiguo arancel italiano, en la partida no consolidada 141 y posteriormente fue liberalizado «por vía autónoma» cuando se clasificó en la partida «15.17 ex a – lías o heces de aceite» del nuevo arancel establecido en 1959 sobre la base de la Nomenclatura de Bruselas. Dado que el Gobierno italiano procedió en 1960 a la retirada de la liberalización de un producto no consolidado, por consiguiente únicamente los preceptos del artículo 33 podrían afectarle y deberían ser interpretados por este Tribunal.
Esta tesis fue impugnada con mucha fuerza por Salgoil durante la fase oral. La sociedad alegó especialmente que la nota V del antiguo arancel sólo se refería a las tierras de batán, de las que diferían profundamente las tierras descoloridas impregnadas de materias grasas, objeto del litigio. Éstas entraban, por consiguiente, en la partida 139: «aceites fijos, fluidos y concretos, de origen vegetal, brutos o refinados, con exclusión de los aceites destinados directa o indirectamente a usos alimenticios», la cual fue indudablemente consolidada. De ahí la necesidad de aplicar y, por consiguiente, de interpretar, en primer lugar, el artículo 31.
He citado estos pocos elementos del debate sólo para demostrar que el mismo sigue abierto. La cuestión de saber si una mercancía entra en tal o cual partida del arancel y si su liberalización está consolidada, corresponde principal, pero no únicamente, al Derecho nacional; no es imposible imaginar que en algunos aspectos dé lugar a una cuestión prejudicial (véase por analogía el asunto 26/62_↔ Rec. 1963, pp. 1 y ss., especialmente p. 25). Sin embargo, la corte d'appello no interroga a este Tribunal sobre esto y podemos incluso preguntarnos si no ha solucionado implícitamente la controversia que opone Salgoil a la Comisión, cuando se refiere a los artículos 30 y siguientes del Tratado, «en particular el artículo 31». Sin embargo, esta indicación no me parece suficiente como para permitirme excluir de mi examen los demás artículos del Tratado que se refieren a las restricciones cuantitativas.
B.
Diré de entrada que el artículo 30 que inicia el Capítulo no me parece capaz por sí mismo de producir efectos inmediatos y ello debido a su carácter muy general. No tiene, en efecto, alcance sino en la medida en que lo desarrollan los artículos siguientes («sin perjuicio de las disposiciones siguientes») y sólo se aplica con los límites definidos por estos artículos.
C.
Ocurre diferentemente con el artículo 31 que prohibe a los Estados miembros introducir nuevas restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente.
Se trata por consiguiente de una cláusula de «standstill», que es la paralela a la prevista en el artículo 12 para los derechos de aduana de importación y las exacciones de efecto equivalente. La sentencia de este Tribunal de 5 de febrero de 1963 (26/62, antes citada, Rec. 1963, p. 7) consideró que este precepto, que establece una prohibición clara e incondicional e implica una obligación que no se ve acompañada por ninguna reserva de los Estados a supeditar su aplicación a un acto positivo de Derecho interno, producía efectos inmediatos. El mismo razonamiento puede hacerse aquí, como también podría hacerse para el artículo 32 que prohibe restringir aún más los contingentes y las medidas de efecto equivalente existentes en la fecha de entrada en vigor del Tratado.
Cierto es que la obligación impuesta por el párrafo primero del artículo 31 sólo se aplica, en virtud del párrafo segundo del mismo artículo, al grado de liberalización logrado en aplicación de las decisiones del Consejo de la OECE, más precisamente a los productos comprendidos en las listas que los Estados miembros debían notificar a la Comisión a los seis meses de la entrada en vigor del Tratado. Pero una vez que se ha producido esta notificación, ya nada puede oponerse a la aplicabilidad directa del precepto en cuestión.
D.
La cuestión es mucho más delicada, al tratarse del artículo 33, debido a la complejidad de las normas que dicta y a la imprecisión de algunos conceptos a los que se remite.
—
Sin examinar detalladamente el mecanismo establecido, se puede admitir enseguida con la Comisión que no puede considerarse que las normas de los apartados 4 y siguientes creen ellas mismas derechos para los particulares. Se trata en efecto de preceptos que o bien suponen la adopción de una decisión de las autoridades comunitarias (caso de que las importaciones de un producto hayan sido inferiores durante dos años consecutivos al contingente abierto) o bien autorizan a los Estados miembros para hacer uso de algunas facultades (consideración del volumen de las importaciones liberalizadas por vía autónoma en el cálculo del aumento anual de los contingentes cuando hayan superado el grado de liberalización logrado en aplicación de las decisiones de la OECE). Esta intervención de la Comisión, como la libertad de apreciación dejada al Estado miembro, privan a los preceptos considerados del carácter incondicional, casi automático, que es propio de las normas directamente aplicables. Igualmente, y sin adentrarnos en el terreno de los hechos, podemos decir que estos apartados, que establecen normas particulares, carecen en cualquier caso de interés para la solución del litigio sometido al Juez italiano.
—
La solución es menos clara para los tres primeros apartados en los que se disponen especialmente las normas generales de establecimiento de los contingentes.
El texto prevé, en primer lugar, la transformación un año después de la entrada en vigor del Tratado de los contingentes bilaterales en contingentes globales y prevé en la misma fecha determinado porcentaje de aumento tanto del conjunto de los contingentes globales como de cada uno de los contingentes globales por productos. Después establece las etapas sucesivas de incremento «de acuerdo con las mismas normas y en las mismas proporciones». Es el objeto del apartado 1.
El apartado 2 se refiere al caso de los productos no liberalizados cuyo contingente sea inferior al 3 % de la producción nacional; se establece entonces un contingente del 3 % que se aumenta después a un ritmo determinado. Por otra parte, el párrafo segundo de este apartado estipula que en caso de que no exista producción nacional, la Comisión determinará, mediante decisión, el contingente adecuado.
Por último, en virtud del apartado 3, al final del décimo año cada contingente deberá ser igual, como mínimo, al 20 % de la producción nacional.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2, que encarga a la Comisión determinar los contingentes adecuados, cuando no exista producción nacional, el artículo 33 impone a los Estados miembros establecer contingentes y aumentarlos progresivamente. Esto se traduce para ellos en una obligación de hacer, y dicha obligación, según la jurisprudencia de este Tribunal, puede crear derechos en favor de los particulares, siempre y cuando el Estado no disponga de ninguna facultad de apreciación para determinar las medidas que debe adoptar.
Pero aquí aparece la dificultad. Estas medidas se adoptan a partir de elementos numéricos sobre los que puede surgir discusión. Primer ejemplo: el Estado debe conceder al principio un contingente global que representa, según el Tratado, la suma de los contingentes bilaterales. También hay que saber lo que se entiende exactamente por contingentes bilaterales. Los contingentes de los que se beneficiaba el Estado exportador han sido establecidos la mayoría de las veces en un acuerdo comercial, pero también han podido ser aumentados por concesión unilateral del Estado importador, o proceder de cualquier otra causa. En el cálculo al que debía necesariamente proceder para la globalización, ¿estaba obligado el Estado por normas precisas, rígidas, que no deban lugar a ninguna escapatoria? La Comisión recuerda que para solucionar este problema, con otros, debió convocar reuniones de expertos, a raíz de las cuales dio a conocer su postura a los Estados miembros en un escrito de 21 de diciembre de 1958 que no figura en el expediente, pero cuyas líneas maestras se encuentran en el segundo Informe general 1958-1959 (pp. 59 y ss.). Admitía que la evaluación de los diversos suplementos, que se añadían a los contingentes propiamente dichos de los acuerdos comerciales, podía hacerse «de forma flexible», excluyendo la parte de los contingentes cuya apertura sólo respondiera a necesidades excepcionales. Era reconocer a los Estados determinado margen de apreciación.
Otro ejemplo más significativo todavía es el de la «producción nacional» que interviene en la determinación de los contingentes al tipo del 3 % (apartado 2 del artículo 33). En la fase escrita y en la vista, la Comisión expuso de manera que me pareció convincente las incertidumbres que reviste este concepto, más económico que jurídico; en el escrito al que ya me he referido, admitió que los dos términos de la relación «producción nacional -contingentes» podían evaluarse según los casos en cantidades o en valor; y en el segundo caso, a fin de homogeneizar los dos términos de la relación, propuso que se tuvieran en cuenta de manera global los derechos de aduana percibidos sobre el valor de los productos importados.
¿Qué se puede concluir de todo esto sino que, tanto para la determinación de los contingentes globales como para el cálculo de la producción nacional, los Estados miembros disponían de determinada facultad de apreciación que excluía que, al menos sobre estos extremos, los preceptos en cuestión pudieran ser directamente aplicables y que los particulares pudieran invocarlos ante el Juez nacional?
Se recordó a este respecto que, para negar el efecto inmediato a los preceptos del artículo 97 del Tratado, la sentencia de este Tribunal Molkerei-Zentrale del pasado 3 de abril (28/67_↔ Rec. 1968, pp. 211 y ss., especialmente p. 230) se basa en la interposición en este caso entre la norma comunitaria y su aplicación de actos jurídicos que implican una facultad de apreciación. Las opciones que deben hacer los Estados miembros en el caso que nos ocupa, para ser de otra naturaleza, no deben dejar de tener las mismas consecuencias.
Pero hay que señalar perfectamente que si bien los Estados miembros pueden, al principio, disponer de determinado margen para calcular el contingente, están obligados a establecerlo y a abrirlo sin discriminación a todos los demás Estados miembros. Más tarde, serán incrementados anualmente «de acuerdo con las mismas normas y en las mismas proporciones». En estas diferentes cuestiones, la obligación que se les impone es estricta e incondicional. Me parece, por consiguiente, que si un Estado no establece contingente o no lo hace accesible a todos los demás Estados miembros o además no lo incrementa en las condiciones previstas por el Tratado, los particulares podrán alegar en estas diferentes cuestiones ante el Juez nacional la violación de una norma directamente aplicable.
En resumen, únicamente son directamente aplicables los preceptos de los apartados 1 a 3 del artículo 33, que imponen a los Estados miembros el establecimiento de contingentes globales accesibles sin discriminación, y su incremento progresivo, con exclusión de aquellos preceptos que se refieren al cálculo de la globalización de los contingentes y al cálculo de la producción nacional.
IV
Segunda cuestión
Sólo se plantea si se responde afirmativamente a la primera y suscita serias dificultades desde el punto de vista de la admisibilidad.
Se trata de precisar la naturaleza de la protección jurídica concedida a la posición subjetiva del particular con respecto al Estado. La corte d'appello plantea el problema en forma de una alternativa cuyos dos términos pueden resumirse de la manera siguiente. O bien dicho particular goza de una protección directa e inmediata que excluye cualquier facultad discrecional del Estado. O bien, por el contrario, las normas del Tratado tienen por objeto inmediato únicamente la protección de los intereses públicos y dejan a cada Estado miembro con respecto a sus nacionales la facultad de establecer restricciones a las importaciones.
Incluso para quien sólo tenga un conocimiento superficial del Derecho italiano, la redacción de la cuestión deja que se transparente la distinción existente en el sistema jurídico de este país entre los derechos subjetivos y los intereses legítimos, que constituye el criterio del reparto de competencias entre los Tribunales judiciales y los administrativos. Sobre estos conceptos, así como sobre otros parecidos, tales como los derechos aminorados, tanto el Abogado de Salgoil como el del Gobierno italiano han suministrado a este Tribunal de Justicia interesantes y útiles precisiones.
La corte d'appello se ha abstenido de pedir a este Tribunal que se pronuncie sobre este reparto de competencias, pero visiblemente lo pensó. Así, aproximando los términos de la cuestión a diversos conceptos del Derecho italiano, el Agente del Gobierno de este país deduce que se ha sometido al Tribunal de Justicia una cuestión de Derecho interno sobre la cual éste debe declararse incompetente.
Sin duda este Tribunal deja en manos del Juez nacional elegir las cuestiones que debe plantearle y se niega a controlar las razones que determinan su elección. Pero debe preservarse también otro principio, el de que la competencia de este Tribunal en materia de interpretación se limita al Derecho del Tratado.
Por consiguiente, este Tribunal sólo puede acoger la cuestión si consigue darle un alcance, un sentido en Derecho comunitario.
Semejante esfuerzo no es imposible, porque la segunda cuestión planteada por el Juez italiano no hace en realidad sino prolongar, aclarar la primera, que es indiscutiblemente admisible. Después de haber preguntado a este Tribunal si los preceptos de los artículos 30 y siguientes del Tratado surten efectos en las relaciones entre el Estado miembro y sus nacionales, se le pregunta en realidad cuáles son dichos efectos. Se trata efectivamente, por la misma razón que la primera cuestión, de un problema de Derecho comunitario que corresponde solucionar a este Tribunal. Al hacerlo, este Tribunal debe evitar sin embargo dejarse llevar al terreno del Derecho interno, donde más o menos se situó el Juez italiano.
Igualmente, la jurisprudencia de este Tribunal ya indicó en qué consiste la protección jurídica concedida al particular. Cuando reconocen que un precepto del Tratado es de aplicación directa o produce efectos inmediatos, las sentencias de este Tribunal dicen generalmente que origina para los justiciables derechos individuales que los órganos jurisdiccionales internos deben salvaguardar (por ejemplo: 5 de febrero de 1963, Van Gend, antes citada, p. 7; 15 de julio de 1964, Costa_↔ Rec. pp. 1141 y ss., especialmente p. 1149, y 16 de junio de 1966, Lütticke_↔ Rec. pp. 293 y ss., especialmente p. 294). Así es, ya tenga el Estado una obligación de hacer o de no hacer. En uno y otro caso –es por otra parte la condición para que el precepto sea directamente aplicable– el Estado no tiene ninguna facultad discrecional; se le impone o bien la abstención o bien la acción en un sentido determinado, es decir que su competencia está reglada. Como señala Salgoil, habría una verdadera contradicción si se admitiera que el particular se beneficia de una protección directa y si se reconociera al mismo tiempo al Estado una facultad discrecional para aplicar con respecto a este mismo particular el régimen establecido por el Tratado. Por consiguiente, debe adoptarse el primer término de la alternativa planteada por el Juez italiano.
Por otra parte, dado que el derecho que nace en beneficio de los justiciables debido a los diversos preceptos directamente aplicables tiene un contenido idéntico, dicho contenido no puede verse influido por criterios de Derecho interno. En efecto, estos preceptos «penetran en el ordenamiento jurídico interno sin el socorro de ninguna medida nacional» y «la norma comunitaria debe imponerse con la misma fuerza en todos los Estados miembros» (Molkerei-Zentrale, 3 de abril de 1968, antes citada, Rec. 1968, p. 228). Lo que no impide que, como dice esta misma sentencia, corresponda a los órganos jurisdiccionales nacionales aplicar entre los diversos procedimientos del ordenamiento jurídico interno los que sean adecuados para salvaguardar los derechos individuales atribuidos por el Derecho comunitario.
Por último, para apoyar el otro término de la alternativa que pretende restringir la protección jurídica reconocida al particular, considerando que las normas que hay que interpretar tienen por objeto inmediato únicamente la protección de los intereses públicos de los Estados miembros, la corte d'appello aproximó estas normas a los artículos 36, 224 y 226. Bastará con decir aquí que cada uno de estos artículos tiene un ámbito limitado y corresponde a una situación particular. Son preceptos de excepción, de interpretación estricta, que no pueden invocarse para negar la existencia de los derechos nacidos de otros preceptos del Tratado.
En definitiva, me parece que las cuestiones planteadas por la corte d'appello di Roma requieren las respuestas siguientes:
Primera cuestión
Sólo son directamente aplicables, por una parte, los preceptos del artículo 31 y, por otra, los de los tres primeros apartados del artículo 33 en las condiciones y con las reservas que he indicado.
Segunda cuestión
La protección jurídica concedida a la posición subjetiva del particular le atribuye derechos individuales que el órgano jurisdiccional nacional debe salvaguardar y excluye cualquier facultad discrecional del Estado a oponerse al ejercicio de estos derechos.
Llego por último a la conclusión de que la corte d'appello di Roma resuelva sobre las costas.
(
*1
)	Lengua original: francés.