61995CO0173_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-173/95 P,
Anne Hogan,
funcionaria del Parlamento Europeo, con domicilio en Luxemburgo, representada por el Sr. Giancarlo Lattanzi, Abogado de Massa-Carrara, que designa como domicilio en Luxemburgo, 33, rue Godchaux,
parte recurrente,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) el 29 de marzo de 1995, Hogan/Tribunal de Justicia (T-497/93, Rec. p. II-703), por el que se solicita que se anule dicha sentencia,
y en el que la otra parte en el procedimiento es:
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
representado por la Sra. Luigia Maggioni y el Sr. Niels Lierow, en calidad de Agentes, que ha designado como domicilio en Luxemburgo el despacho de la Sra. Maggioni, en la sede del Tribunal de Justicia, Kirchberg,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por los Sres.:
D.A.O. Edward, Presidente de Sala;
P. Jann (Ponente) y
M. Wathelet, Jueces;
Abogado General: Sr. A. La Pergola;
Secretario: Sr. R. Grass;
oído el Abogado General; dicta el siguiente
Auto
Motivación de la sentencia
1. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 3 de junio de 1995, la Sra. Hogan interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto (CE) y a las disposiciones concordantes de los Estatutos (CECA y CEEA) del Tribunal de Justicia, contra la sentencia de 29 de marzo de 1995, Hogan/Tribunal de Justicia (T-497/93, Rec. p. II-703; en lo sucesivo,
" sentencia recurrida" ), por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso que tenía por objeto que se anularan las decisiones del Tribunal de Justicia relativas a la retención efectuada sobre una parte de su retribución a raíz de un embargo, que se le devolviera la cantidad retenida, que se repararan los perjuicios materiales y morales pretendidamente sufridos por ella, y, con carácter subsidiario, que se declarara la ilegalidad del procedimiento nacional de embargo.
2. De las constataciones hechas por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida se desprende que:
" 1. La demandante, Sra. Hogan, es funcionaria de grado C 1 en el Parlamento Europeo. En el momento de los hechos que suscitaron el litigio se encontraba en situación de comisión de servicio en el Tribunal de Justicia. El 1 de noviembre de 1993 se reincorporó al Parlamento Europeo.
2. Previa demanda de 18 de mayo de 1993 interpuesta por un Abogado luxemburgués, en la que se reclamaba el pago de una deuda de
" gastos y honorarios fijados el 3 de febrero de 1993", el Juez de paz de Luxemburgo autorizó, mediante resolución de 21 de mayo de 1993, notificada al Tribunal de Justicia y registrada por éste el 25 de mayo de 1993, un embargo de la parte embargable de la retribución de la Sra. Hogan en poder de su empleador, el Tribunal de Justicia, por un importe de 43.811 LFR, cantidad a la cual ascendía la deuda según una valoración provisional del Juez.
3. El 27 de mayo de 1993 y a través del Jefe de la División de Personal, el Tribunal de Justicia efectuó una
" declaración afirmativa", en virtud de la cual comunicaba al greffier en chef del tribunal de paix de Luxemburgo el importe de la retribución de la demandante e indicaba que la cantidad embargada se ingresaría en una cuenta especial. Seguidamente se dio ejecución a lo declarado y, como consta en la hoja de haberes de la Sra. Hogan correspondiente al mes de julio de 1993, se retuvo efectivamente la cantidad de 43.811 LFR y se ingresó en una cuenta especial del Tribunal de Justicia.
4. Como el acreedor había formulado, el 26 de mayo de 1993, una petición para que se declarara definitivo el embargo, el 1 de junio de 1993, el Juez de paz convocó a las partes interesadas a una vista cuya fecha se fijó para el 28 de julio de 1993. El Tribunal de Justicia no compareció a dicha vista. La Sra. Hogan, en calidad de deudora embargada, formuló objeciones de forma y de fondo y reclamó, en el marco de una reconvención, daños y perjuicios a su acreedor.
5. Al mismo tiempo, el 1 de junio de 1993, la Sra. Hogan presentó ante la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo,
" AFPN" ) una petición, con arreglo al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo,
" Estatuto" ), con el objeto de que se ordenara a la División de Personal no efectuar ninguna retención sobre su retribución. El 3 de junio de 1993 interpuso una reclamación, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 de dicho Estatuto, contra la mencionada
" declaración afirmativa" . El 15 de julio de 1993 el Presidente del Tribunal de Justicia informó a la Sra. Hogan de que el Comité Administrativo del Tribunal de Justicia había examinado tanto su petición como su reclamación y había decidido desestimarlas.
6. Mediante resolución de 30 de septiembre de 1993, el tribunal de paix de Luxembourg estimó la pretensión de que se condenara a la Sra. Hogan al pago de la suma de 43.811 LFR y declaró definitivo el embargo autorizado el 21 de mayo de 1993. Dicha resolución fue notificada al Tribunal de Justicia el 26 de noviembre de 1993.
7. El 23 de febrero de 1994, el greffier en chef del tribunal de paix de Luxembourg expidió al acreedor un certificado de que no se había interpuesto recurso de apelación que fue comunicado al Tribunal de Justicia mediante escrito del ejecutante de fecha 24 de febrero de 1994. A la vista de dicho certificado, la División de Personal del Tribunal pagó la cantidad de 43.811 LFR al acreedor, en marzo de 1994, e informó de ello a la Sra. Hogan mediante escrito de 23 de marzo de 1994.
8. Mediante resolución de 5 de mayo de 1994, recibida en la División de Personal del Tribunal de Justicia el 20 de mayo de 1994, el tribunal d ' arrondissement de Luxembourg declaró la inadmisibilidad de una petición formulada por la Sra. Hogan de que quedara sin efecto la caducidad, consecuencia de la expiración del plazo de apelación de la resolución de 30 de septiembre de 1993.
"
3. El 29 de marzo de 1995, el Tribunal de Primera Instancia desestimó su recurso mediante la sentencia recurrida.
4. En el marco del recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
" Declare la admisibilidad del presente recurso.
Lo considere fundado en cuanto al fondo.
Con tal fin:
Estime las mencionadas pretensiones y, en particular, las formuladas en el escrito de interposición del recurso presentado el 6 de agosto de 1993 (referencia ahritce5.893), y en los distintos actos previos, vinculados y consiguientes, y en especial las recogidas expresamente en el resumen de los principales hechos al inicio del presente recurso.
Declare que el recurso se dirige contra la AFPN del Tribunal de Justicia, y no contra el
" Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", es decir, no se dirige contra el órgano jurisdiccional que conoce del presente recurso.
Declare que tal motivo de nulidad es por sí mismo suficiente para absorber todos los demás motivos.
Declare explícitamente la irrelevancia en Derecho comunitario de las ordonnances luxemburguesas por falta de legitimación pasiva del Tribunal de Justicia y de las demás Instituciones comunitarias en materia de resoluciones provisionales
ante causam .
Declare que los Servicios de Personal y/o las Instituciones comunitarias no son empleadores sujetos a las normas del Derecho nacional luxemburgués.
Declare que A. Hogan es funcionaria del Parlamento Europeo y no del Tribunal de Justicia; declare que el Tribunal de Primera Instancia yerra cuando dice que el empleador es el Tribunal de Justicia después de haber dicho en el apartado 1 de la sentencia que es
" funcionaria de grado C 1
en el Parlamento Europeo " .
Declare que el Jefe de personal no tiene las facultades necesarias para representar al Tribunal de Justicia ante los Jueces nacionales y que únicamente los agentes de las Instituciones comunitarias con poderes formales
ad hoc
pueden hacerlo con arreglo a las normas previstas, por ejemplo, en la Ley de 10 de agosto de 1991 sobre la profesión de Abogado (inscripción en el Colegio de Abogados luxemburgués).
Declare que el artículo 24 del Estatuto impone a las Comunidades la obligación de asistir a los funcionarios y de no perjudicarles; que, por consiguiente, los servicios del Tribunal de Justicia han incumplido estas obligaciones; que de ello se sigue la ilegalidad de la decisión de retener el importe de 43.811 LFR así como de la decisión de pagar dicho importe.
Por consiguiente, anule la sentencia impugnada y todos los actos previos, vinculados y consiguientes.
Remita el asunto al Pleno del Tribunal de Primera Instancia y, con carácter subsidiario, a una Sala de al menos cinco miembros, que en ningún caso incluya al Juez recusado.
En su caso, ejercite la facultad de avocación.
Con carácter subsidiario, declare que las resoluciones de los Jueces extranjeros, autos incluidos, no son directamente ejecutivas en Derecho comunitario, sin un examen previo por parte del Tribunal de Justicia y sin una previa verificación del respeto de los principios de orden público, internacionales y comunitarios.
Adopte cualquier otra medida que considere necesaria.
Condene en costas a la parte demandada.
"
5. En un escrito posterior, presentado el 15 de septiembre de 1995, la recurrente solicitó:
" ─ que se adopte una decisión formal previa, en la que el Tribunal de Justicia declare si acepta o no el debate contradictorio;
─ que, en caso afirmativo, adopte una decisión indicando claramente quiénes son los representantes en el presente procedimiento contradictorio con arreglo al artículo 17 del Estatuto CE y de conformidad con el artículo 6 del Convenio de Estrasburgo;
─ que, a causa de los aspectos generales de las cuestiones suscitadas, autorice por consiguiente la presentación de un escrito de réplica al escrito de contestación de 21 de agosto de 1995, y que adopte previamente una decisión declaratoria expresa de la admisibilidad del escrito de contestación;
─ que tome nota del hecho de que, antes de impugnar los
" hechos", la recurrente impugnó e impugna
" la verificación de los hechos", impugnación que indudablemente es una cuestión de Derecho, y que también se opone a la posibilidad de que el Jefe del servicio de personal represente, sin autorización expresa, al Tribunal de Justicia de la Comunidad ante el Juez único luxemburgués
" .
6. No obstante, hay que destacar que el Tribunal de Justicia no autorizó la presentación de un escrito de réplica.
7. En sus observaciones, el Tribunal de Justicia solicita que se desestime el recurso de casación por ser manifiestamente inadmisible, con arreglo al artículo 119 del Reglamento de Procedimiento, y en todo caso, por ser manifiestamente infundado.
8. A tenor del artículo 119 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede desestimar en cualquier momento el recurso de casación cuando éste sea manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, sin iniciar la fase oral.
9. En apoyo de su recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia, la recurrente formula dos motivos.
Sobre el primer motivo
10. En su primer motivo, la demandante alega una serie de irregularidades de procedimiento. En primer lugar, alega que el Tribunal de Primera Instancia modificó el nombre de la parte demandada que era la AFPN del Tribunal de Justicia y no el propio Tribunal de Justicia.
11. A continuación, censura al Tribunal de Primera Instancia no haber respetado las normas relativas al aplazamiento (artículo 55 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia), a la modificación de las diligencias de ordenación (artículo 49 y apartado 4 del artículo 64), a la designación de un Abogado General (artículo 18 en particular), a la acumulación (artículo 50), a la posibilidad de remitir el asunto en todo momento al Pleno (artículos 11, 14 y última frase del artículo 51), el apartado 1 del artículo 25 (restitución abusiva de documentos del procedimiento), y la letra c) del artículo 65 (adopción de diligencias de prueba adaptadas) y haber remitido el asunto a la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de la que forma parte el Juez luxemburgués, Sr. R. Schintgen, presencia reiteradamente criticada, Juez que no fue recusado a pesar de su petición.
12. Con arreglo al artículo 51 del Estatuto (CE), el recurso de casación puede basarse en motivos derivados de irregularidades del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia que lesionen los intereses de la parte recurrente. Según la letra c) del apartado 1 del artículo 112 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el recurso deberá contener los motivos y fundamentos jurídicos invocados.
13. Por lo que se refiere a la modificación del nombre de la parte demandada, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 31 de su sentencia, que el hecho de dirigir un recurso contra la AFPN de una Institución y no contra la propia Institución bastaría por sí mismo para declarar la inadmisibilidad del recurso. En la medida en que, en lugar de proceder a dicha desestimación, el Tribunal de Primera Instancia consideró demandada a la Institución a la que debía imputarse el acto impugnado, hizo posible el examen del fondo del recurso.
14. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no ha perjudicado los intereses de la recurrente. Por tanto, esta parte del primer motivo es manifiestamente infundada.
15. En cuanto a los demás motivos de impugnación procesales, la demandante no los basa en ningún fundamento jurídico, contrariamente a lo prescrito en la letra c) del apartado 1 del artículo 112 del Reglamento de Procedimiento. No indica, en absoluto, en qué consiste concretamente, en el caso de autos, la inobservancia de las normas de que se trata, ni cómo las pretendidas irregularidades perjudicaron a sus intereses. Ahora bien, además de tratarse de medidas de organización interna del Tribunal de Primera Instancia, que, por tanto, están fuera del control del Tribunal de Justicia, la recurrente no indica qué efectos surtieron estas pretendidas irregularidades en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
16. En estas circunstancias, los requisitos del artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia y de la letra c) del apartado 1 del artículo 112 del Reglamento de Procedimiento no se han cumplido. Las demás partes del primer motivo son manifiestamente inadmisibles, de modo que el motivo debe desestimarse en su totalidad.
Sobre el segundo motivo
17. En su segundo motivo, la demandante establece un catálogo de distintas infracciones del Derecho comunitario, así como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Estima que, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia
" ─ viola las disposiciones relativas al respeto de los derechos de defensa;
─ no tiene en cuenta la inexistencia de legitimación pasiva del Tribunal de Justicia ante los Jueces nacionales;
─ comete un error al declarar lícitas en Derecho comunitario determinadas
" resoluciones"
condicionales
ante causam,
que únicamente existen en el Derecho extranjero;
─ considera erróneamente regulares las flagrantes infracciones del artículo 24 del Estatuto de los funcionarios por parte del servicio de personal del Tribunal de Justicia que no ha procurado a sus propios funcionarios, y por tanto, a la recurrente, la asistencia obligatoria explícitamente prevista por el Estatuto de los funcionarios, en particular:
─ al proporcionar informaciones personales confidenciales relativas a la recurrente, amparadas por el secreto informático;
─ al no presentarse a las vistas de los Jueces luxemburgueses y al no haber formulado así alegaciones en favor de la demandante, a saber:
─ imposibilidad de que el Juez de paz ordene
" hacer algo"
al Tribunal de Justicia de las Comunidades;
─ inexistencia de la calidad de empleador de la recurrente;
─ imposibilidad de asimilar el empleador comunitario al empleador luxemburgués;
─ en todo caso, inexistencia de la deuda;
─ carácter discriminatorio y naturaleza de represión política indirecta en relación con el marido de la recurrente;
─ denegación de justicia en cuanto a la petición dirigida al Tribunal de Primera Instancia de que se pronunciara sobre las cuestiones siguientes:
─ inexistencia de legitimación pasiva del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ante el Juez de paz luxemburgués;
─ capacidad de la AFPN del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia y no ante el Tribunal de Justicia europeo que es el órgano jurisdiccional de apelación del Tribunal de Primera Instancia;
─ falta de competencia del servicio de personal para apreciar la legalidad de las medidas jurisdiccionales extranjeras;
─ falta de competencia del mismo servicio para dar ejecución directa a las propias medidas;
─ imposibilidad de dar ejecución, al menos en el ordenamiento jurídico comunitario, a medidas no definitivas de Jueces extranjeros adoptadas sin debates contradictorios y vulnerando el derecho de defensa;
─ no haber constatado que el certificado de que no se había interpuesto recurso de apelación fue expedido vulnerando el derecho de defensa y, por consiguiente, en circunstancias contrarias al orden público comunitario
" .
18. Esta enumeración no va acompañada de ninguna argumentación relativa a la violación de los derechos de la recurrente, la cual, por lo demás, no indica los extremos específicos de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que impugna.
19. Por otra parte, todas estas alegaciones ya fueron formuladas en primera instancia,
de modo que se trata de una mera repetición destinada a obtener un nuevo examen de los hechos sometidos al Tribunal de Primera Instancia.
20. Ahora bien, hay que recordar al respecto que del efecto del artículo 51 del Estatuto en relación con el de la letra c) del apartado 1 del artículo 112 del Reglamento de Procedimiento se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión. No cumple este requisito aquel recurso de casación que se limite a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por este órgano jurisdiccional; en efecto, tal recurso de casación es, en realidad, una demanda destinada a obtener un nuevo examen de la demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia (véase, en particular, el auto de 26 de septiembre de 1994, X/Comisión, C-26/94 P, Rec. p. I-4379, apartados 12 y 13, y jurisprudencia citada).
21. Por consiguiente, el segundo motivo debe desestimarse por ser manifiestamente inadmisible.
Sobre las pretensiones formuladas en el escrito de 15 de septiembre de 1995
22. En cuanto a las pretensiones formuladas por la recurrente en su escrito de 15 de septiembre de 1995, basta recordar que el Tribunal de Justicia no autorizó que se presentara un escrito de réplica, de modo que las alegaciones de la recurrente son inadmisibles.
Por ser los motivos formulados por la recurrente en parte manifiestamente inadmisibles y en parte manifiestamente infundados, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Decisión sobre las costas
Costas
23. A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Según el artículo 70 del mismo Reglamento, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido en los recursos de funcionarios. Sin embargo, según el párrafo segundo del artículo 122 del dicho Reglamento, el artículo 70 no es aplicable a los recursos interpuestos por un funcionario u otro agente de una Institución contra ésta. Por no haber prosperado la acción entablada por la Sra. Hogan, procede condenarla al pago de las costas en la presente instancia.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
resuelve:
1) Desestimar el recurso de casación.
2) Condenar en costas a la recurrente.