62024CJ0272
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 13 de noviembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 2 TUE — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Principio de independencia judicial — Directiva 2003/88/CE — Duración del tiempo de trabajo semanal — Horas extraordinarias realizadas por los jueces — Normativa nacional que establece una compensación mediante un tiempo de descanso excluyendo una compensación económica — Remuneración adecuada»
En el asunto C‑272/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía), mediante resolución de 8 de abril de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de abril de 2024, en el procedimiento entre
HZ
y
Tribunalul Galaţi,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Primera, y la Sra. I. Ziemele (Ponente) y los Sres. A. Kumin y S. Gervasoni, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno rumano, por las Sras. E. Gane, L. Ghiţă y L. Liţu, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. K. Herrmann, D. Recchia y E. A. Stamate, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 2 TUE, con los puntos 5 y 7 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, adoptada en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Estrasburgo el 9 de diciembre de 1989, y con los artículos 3 y 5 a 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre HZ, juez del Tribunalul Galaţi (Tribunal de Distrito de Galaţi, Rumanía), y este órgano jurisdiccional relativo al pago de una compensación económica por las horas de trabajo realizadas por HZ en relación con las tareas adicionales que se le habían encomendado desde 2019.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores
3
Los puntos 5 y 7 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores establecen:
«5. Todo empleo debe ser justamente remunerado.
A tal fin conviene que, con arreglo a las prácticas nacionales:
–
se garantice a los trabajadores una remuneración equitativa, es decir, que sea suficiente para proporcionarles un nivel de vida digno;
–
se garantice a los trabajadores sujetos a un régimen de trabajo distinto del contrato de trabajo a tiempo completo y por tiempo indefinido un salario de referencia equitativo;
–
los salarios solo pueden ser retenidos, embargados o cedidos con arreglo a las disposiciones nacionales; estas disposiciones deberían prever medidas que garanticen al trabajador la conservación de los medios necesarios para su sustento y el de su familia.
[…]
7.
La realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en la Comunidad Europea. Este proceso se efectuará mediante la aproximación, por la vía del progreso, de dichas condiciones, en particular en lo que respecta a la duración y distribución del tiempo de trabajo y las formas de trabajo distintas del trabajo por tiempo indefinido, como el trabajo de duración determinada, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo interino y el trabajo de temporada.
Esta mejora deberá permitir igualmente desarrollar, cuando sea necesario, ciertos aspectos de la reglamentación laboral, como los procedimientos de despido colectivo o los referentes a las quiebras.»
Directiva 2003/88
4
A tenor del artículo 3 de la Directiva 2003/88, titulado «Descanso diario»:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas.»
5
El artículo 5 de esta Directiva, que lleva por título «Descanso semanal», prevé:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas en el artículo 3.
Cuando lo justifiquen condiciones objetivas, técnicas o de organización del trabajo, podrá establecerse un período mínimo de descanso de 24 horas.»
6
El artículo 6 de dicha Directiva, titulado «Duración máxima del tiempo de trabajo semanal», tiene el siguiente tenor:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, en función de las necesidades de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores:
a)
se limite la duración del tiempo de trabajo semanal por medio de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas o de convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales;
b)
la duración media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período de siete días.»
7
El artículo 7 de la misma Directiva, titulado «Vacaciones anuales», dispone:
«1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores dispongan de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones y/o prácticas nacionales.
2.   El período mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser sustituido por una compensación financiera, excepto en caso de conclusión de la relación laboral.»
Derecho rumano
8
El artículo 21, apartado 1, de la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Ley Marco n.o 153/2017, relativa a la Retribución del Personal Asalariado con Cargo a Fondos Públicos), de 28 de junio de 2017 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 492 de 27 de junio de 2017) (en lo sucesivo, «Ley Marco n.o 153/2017»), establece que las horas extraordinarias realizadas por encima de las horas normales de trabajo deben compensarse con tiempo libre retribuido en el plazo de sesenta días naturales desde su realización. Sin embargo, en el supuesto de que la compensación mediante tiempo libre retribuido no sea posible dentro del plazo previsto en dicho apartado 1, el artículo 21, apartado 2, de la Ley Marco n.o 153/2017 precisa que las horas extraordinarias realizadas por encima de las horas normales de trabajo deberán pagarse el mes siguiente junto con una bonificación del 75 % del salario base, el sueldo/salario de función o la retribución de base de función correspondiente a las horas extraordinarias efectuadas.
9
Habida cuenta de la obligación de ajustarse a un objetivo de déficit inferior al 3 % del Producto Interior Bruto (PIB) establecida en el Tratado FUE y de la adopción por el Consejo de la Unión Europea de recomendaciones dirigidas a poner fin a una situación de déficit público excesivo en Rumanía, en concreto, de la Recomendación del Consejo, de 3 de abril de 2020, encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Rumanía (DO 2020, C 116, p. 1), el Gobierno rumano adoptó diversos decretos leyes consecutivos, que establecen excepciones a las disposiciones del artículo 21 de la Ley Marco n.o 153/2017 al establecer que las horas extraordinarias efectuadas por el personal del sector presupuestario asignado a funciones ejecutivas o directivas por encima de las horas normales de trabajo, así como el trabajo efectuado durante los días de descanso semanal, los días festivos y los demás días no laborables, solo podrán compensarse mediante tiempo libre, excluyendo cualquier compensación económica.
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Esta medida fue introducida inicialmente, para el período comprendido entre 2019 y 2021, mediante el artículo 35, apartado 1, del Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (Decreto‑ley n.o 114/2018 por el que se establecen determinadas medidas en materia de inversiones públicas y medidas fiscales y presupuestarias y por el que se modifican y complementan determinados actos legislativos y se prorrogan determinados plazos), de 28 de diciembre de 2018 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 1116 de 29 de diciembre de 2018) (en lo sucesivo, «OUG n.o 114/2018»). Fue prorrogada, para el año 2022, por el artículo II, apartado 1, del Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (Decreto‑ley n.o 130/2021 por el que se establecen determinadas medidas en materia de inversiones públicas y medidas fiscales y presupuestarias y por el que se modifican y complementan determinados actos legislativos y se prorrogan determinados plazos), de 17 de diciembre de 2021 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 1202 de 18 de diciembre de 2021) (en lo sucesivo «OUG n.o 130/2021»). Se mantuvo dicha medida para el año 2023 en el artículo II, apartado 1, del Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Decreto‑ley n.o 168/2022 relativo a la adopción de medidas fiscales y presupuestarias y a la prórroga de determinados plazos y por el que se modifican y completan varios actos normativos), de 8 de diciembre de 2022 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 1186 de 9 de diciembre de 2022, en lo sucesivo, «OUG n.o 168/2022»).
Litigio principal y cuestión prejudicial
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HZ desempeña funciones de juez en el Tribunalul Galați (Tribunal de Distrito de Galați) desde el 1 de abril de 2017. Este órgano jurisdiccional ha experimentado desde 2019 una situación de falta de personal derivada del hecho de que determinadas plazas de juez permanecen vacantes.
12
Durante el período comprendido entre el 6 de mayo de 2019 y el 15 de marzo de 2020, HZ trabajó en la sección de lo contencioso-administrativo y tributario de dicho órgano jurisdiccional y, posteriormente, durante el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 1 de septiembre de 2021, estuvo adscrito a la primera sección civil de dicho tribunal. Según el recurrente en el litigio principal, la situación de las plazas adjudicadas y cubiertas en la sección de lo contencioso‑administrativo y tributario era la siguiente. Durante el período comprendido entre 2019 y 2021, se adjudicaron nueve plazas, de las cuales siete fueron cubiertas y dos quedaron vacantes; en 2022, se adjudicaron nueve plazas, de los cuales cinco fueron cubiertas y cuatro quedaron vacantes, y, durante el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 1 de septiembre de 2021, aunque el cuadro de personal de la primera sección civil preveía catorce plazas de juez, solamente doce fueron cubiertas, de las cuales dos de ellas correspondían a jueces en permiso parental.
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HZ considera que, desde 2019, no solo desempeñó las funciones relativas a su propia plaza, sino también, parcialmente, las correspondientes a las plazas vacantes que se repartieron entre los jueces efectivamente en activo en su órgano jurisdiccional. Habida cuenta de que de ello resultó la realización de horas extraordinarias, HZ solicitó la remuneración de estas últimas en forma de una parte de los salarios netos y complementos vinculados a las plazas vacantes, divididos entre el número de jueces efectivamente en activo, durante el período comprendido entre 2019 y 2021, así como respecto de los años posteriores, hasta que dichas plazas vacantes sean cubiertas.
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Mediante sentencia de 11 de enero de 2023, el Tribunalul Bucureşti (Tribunal de Distrito de Bucarest, Rumanía) desestimó la demanda de HZ por la que solicitaba el pago de dicha remuneración por considerar que era infundada debido a que, en particular, en virtud del artículo 35, apartado 1, del OUG n.o 114/2018, del artículo II, apartado 1, del OUG n.o 130/2021 y del artículo II, apartado 1, del OUG n.o 168/2022, las horas extraordinarias realizadas por encima del horario normal de trabajo por el personal del sector presupuestario que ocupa puestos ejecutivos o directivos, así como las realizadas durante los días de descanso semanal, los días festivos y los demás días en los que, con arreglo a la normativa vigente, ninguna hora de trabajo se considera realizada durante el tiempo de trabajo normal solo podrán compensarse mediante el tiempo de descanso correspondiente.
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HZ interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía), que es el órgano jurisdiccional remitente, alegando, en particular, que la posibilidad de compensar las horas extraordinarias realizadas de este modo mediante tiempo de descanso resulta meramente teórica a la vista de su carga efectiva de trabajo.
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Tras señalar que la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional, Rumanía) ha declarado que la estabilidad económica de los magistrados es una de las garantías de la independencia judicial, el órgano jurisdiccional remitente señala que, como excepción al régimen establecido en el artículo 21 de la Ley Marco n.o 153/2017, los OUG n.os 114/2018, 130/2021 y 168/2022 disponen que, respecto de los años 2019 a 2023, la compensación de las horas extraordinarias efectuadas por los magistrados solo podrá efectuarse concediendo tiempo de descanso.
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Este órgano jurisdiccional destaca, en primer término, que la normativa en materia de horas extraordinarias aplicable a todos los trabajadores por cuenta ajena remunerados con cargo a fondos públicos no suprime el derecho a la compensación, sino que se limita a restringir los medios para ello a la concesión de un tiempo de descanso.
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Dicho esto, según el recurrente en el litigio principal, una situación de insuficiencia crónica de personal en un órgano jurisdiccional genera un incremento de las tareas que debe llevar a cabo cada uno de los jueces en activo en dicho órgano jurisdiccional, así como un aumento del riesgo de que los magistrados cometan errores e incurran en responsabilidad disciplinaria. Además, en tal situación, la concesión de un tiempo de descanso compensatorio puede resultar puramente teórica, de forma que podría parecer que la remuneración concedida a los jueces no se corresponde con la responsabilidad derivada de sus funciones.
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En segundo término, ese órgano jurisdiccional considera que la calificación de horas extraordinarias debe apreciarse en función del volumen real de trabajo en un momento dado y no solo en función del porcentaje de cobertura de las plazas.
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En todo caso, dicho órgano jurisdiccional precisa, por una parte, que el empleador del recurrente en el litigio principal nunca le denegó una solicitud de vacaciones o de días de descanso compensatorio por las horas extraordinarias realizadas y, por otra parte, que HZ no presentó solicitud alguna en este sentido durante el período controvertido en el litigio principal.
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En estas circunstancias, la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«En circunstancias como las del litigio principal, ¿debe interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 2 TUE, con los puntos 5 y 7 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores y con los artículos 3 y 5 a 7 de la Directiva [2003/88], en el sentido de que el principio de independencia de los jueces se opone a una disposición legislativa nacional que prohíbe el pago de las horas extraordinarias trabajadas por un juez como consecuencia de la insuficiencia de personal en el órgano jurisdiccional al que está adscrito, cuando la compensación únicamente con el tiempo de descanso correspondiente de las horas extraordinarias trabajadas por encima de la jornada laboral y durante los días de descanso semanal y los días festivos legales, en caso de aplicarse, afectaría a las vacaciones anuales legales?»
Sobre la cuestión prejudicial
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Con carácter preliminar, de la resolución de remisión se desprende que HZ solicita que se le abone una parte de los salarios netos y complementos vinculados a las plazas de juez que no fueron cubiertas en su órgano jurisdiccional durante el período comprendido entre 2019 y 2022, así como respecto de los años posteriores, hasta que dichas plazas sean efectivamente cubiertas, en concepto de remuneración por las horas de trabajo que afirma haber realizado para el desempeño de las funciones que correspondían a los jueces cuyas plazas quedaron vacantes durante ese período y con posterioridad a este.
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El órgano jurisdiccional remitente precisa, por un lado, que HZ no invocó ante su empleador el derecho a la concesión de un tiempo de descanso, con arreglo a los OUG n.os 114/2018, 130/2021 y 168/2022, por las horas extraordinarias que realizó durante el período controvertido en el litigio principal. A este respecto, nada en los autos indica que su empleador le haya disuadido de ejercer este derecho o se lo haya impedido. Por otro lado, este órgano jurisdiccional observa que dichas horas extraordinarias no han sido computadas, por el empleador o por el propio recurrente en el litigio principal, por lo que este último dedujo la carga de trabajo adicional que le correspondió del número de plazas de juez vacantes en su tribunal respecto de cada año a que se refiere en su solicitud.
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A este respecto, procede señalar que las particularidades de las funciones de la profesión de juez, que están íntimamente relacionadas con el estatuto de dicha profesión, pueden impedir el cómputo preciso de su tiempo de trabajo en términos de horarios normales y de horas extraordinarias. Así pues, la actividad jurisdiccional presenta características que pueden hacer difícil, incluso imposible, la medición de ese tiempo de trabajo según los procedimientos aplicables en otras profesiones. En efecto, la tramitación judicial de los asuntos puede estar sujeta a plazos legales obligatorios, puede implicar procedimientos de urgencia, en particular de medidas provisionales, y debe cumplir, de forma general, la exigencia de pronunciar una sentencia en un plazo razonable, por lo que todas estas circunstancias exigen regularmente el desempeño de funciones fuera de las horas normales de trabajo. Del mismo modo, la presencia en las vistas no puede verse limitada por unos horarios precisos sobre los que el juez, o el tribunal al que pertenece, tenga un control absoluto.
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En cualquier caso, como destaca el órgano jurisdiccional remitente, la necesidad de llevar a cabo horas extraordinarias debería examinarse en función del volumen real de trabajo de un juez en un momento dado y no puede presumirse o considerarse únicamente en función del porcentaje de cobertura de las plazas del órgano jurisdiccional al que está adscrito dicho juez. Además, según el Gobierno rumano, la carga de trabajo de los jueces es cuantificada por el Consiliul Superior al Magistraturii (Consejo Superior de la Magistratura, Rumanía), que garantiza el equilibrio en el reparto de las cargas entre los órganos jurisdiccionales y determina el número de jueces que deben adscribirse a estos últimos en función de dichas cargas.
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Sin embargo, como señala el propio órgano jurisdiccional remitente, HZ ha presentado ante él una solicitud de compensación económica por las horas extraordinarias que afirma haber trabajado durante el período al que se refiere su solicitud no basándose en el régimen general relativo a las horas extraordinarias establecido en el artículo 21, apartados 1 a 6, de la Ley Marco n.o 153/2017 aplicable antes de la introducción de las excepciones previstas en los OUG n.os 114/2018, 130/2021 y 168/2022, sino estableciendo el importe de sus pretensiones sobre la base de los salarios netos y los complementos vinculados a las plazas de juez que no se cubrieron en su órgano jurisdiccional, divididos por el número de plazas de juez efectivamente cubiertas.
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A este respecto, es importante recordar que el concepto de «retribución» debe interpretarse de forma amplia en el sentido de que comprende, en particular, todas las gratificaciones en dinero o en especie, actuales o futuras, siempre que sean satisfechas, aunque sea indirectamente, por el empresario al trabajador en razón del trabajo de este, independientemente de que sea en virtud de un contrato de trabajo o de disposiciones legales o de que tengan carácter voluntario (sentencia de 22 de febrero de 2024, Randstad Empleo y otros, C‑649/22, EU:C:2024:156, apartado 44 y jurisprudencia citada).
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Resulta obligado reconocer que, al solicitar el pago de las horas extraordinarias, calculado sobre la base de los salarios netos y los complementos vinculados a las plazas que no están cubiertas en su órgano jurisdiccional, sin haber invocado, no obstante, el derecho a los tiempos de descanso correspondientes a dichas horas extraordinarias ni tan siquiera el derecho a una compensación económica previsto por el régimen general establecido en el artículo 21, apartados 1 a 6, de la Ley Marco n.o 153/2017, parece que HZ, mediante su recurso ante el órgano jurisdiccional remitente, trata de cuestionar la remuneración que percibe como juez de un órgano jurisdiccional en situación de falta de personal más que la naturaleza de la compensación que se le adeuda por la realización de horas extraordinarias.
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En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente trata de averiguar si la normativa nacional controvertida en el litigio principal es compatible con la independencia judicial según se garantiza en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 2 TUE, con los puntos 5 y 7 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores y con los artículos 3 y 5 a 7 de la Directiva 2003/88.
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En lo referente a las normas cuya interpretación solicita el órgano jurisdiccional remitente al Tribunal de Justicia, debe señalarse, por una parte, que este no aclara en qué sentido el punto 7 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, en virtud del cual la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de la Unión Europea debería permitir desarrollar ciertos aspectos de la reglamentación laboral, resulta pertinente para responder a esta cuestión.
31
Por otra parte, en lo que atañe a la Directiva 2003/88, cabe recordar que esta no es aplicable, en principio, a la retribución de los trabajadores, salvo en el caso de las vacaciones anuales retribuidas (véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, apartado 96 y jurisprudencia citada).
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Es cierto que el órgano jurisdiccional remitente parece considerar que la compensación mediante un tiempo de descanso proporcional a las horas extraordinarias realizadas por encima de la duración normal del tiempo de trabajo, así como durante los días de descanso semanal y los días festivos, puede vulnerar, si pudiera aplicarse, el derecho a las vacaciones anuales establecidas por ley.
33
Sin embargo, nada de lo que consta en los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia indica las razones por las que la legislación nacional que establece esta compensación podría vulnerar dicho derecho. En estas circunstancias, no cabe considerar que la cuestión planteada requiera un examen en relación con las disposiciones de la Directiva 2003/88.
34
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe entenderse que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 2 TUE y con el punto 5 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, al establecer únicamente la concesión de un tiempo de descanso compensatorio por el tiempo de trabajo que lleve a cabo un juez en el cumplimiento de las funciones correspondientes a una plaza vacante en su órgano jurisdiccional, además de las que le incumben en virtud de la plaza que ocupa, excluye cualquier compensación económica por el trabajo realizado para el desempeño de estas funciones adicionales.
35
De entrada, debe recordarse que el artículo 19 TUE, que se refiere con mayor concreción al valor del Estado de Derecho proclamado en el artículo 2 TUE, confía a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia la tarea de garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial que ese ordenamiento jurídico confiere a los justiciables. A tal fin, resulta primordial preservar la independencia de estos órganos (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 47 y jurisprudencia citada).
36
La exigencia de independencia de los tribunales, inherente a la función jurisdiccional, está integrada en el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo, que reviste una importancia capital como garante de la protección del conjunto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables y de la salvaguarda de los valores, proclamados en el artículo 2 TUE, en particular el valor del Estado de Derecho, que son comunes a los Estados miembros y que definen la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 48 y jurisprudencia citada).
37
La noción de independencia de los órganos jurisdiccionales supone, entre otras cosas, que el órgano en cuestión ejerza sus funciones jurisdiccionales con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, a fin de que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones. Pues bien, al igual que la inamovilidad de los miembros del órgano en cuestión, el hecho de que estos perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial (sentencias de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, apartados 44 y 45; de 7 de febrero de 2019, Escribano Vindel, C‑49/18, EU:C:2019:106, apartado 66, y de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 49).
38
Es cierto que los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación en sus decisiones sobre el gasto público, especialmente cuando determinan el método de cálculo de tal gasto y, en particular, la retribución de los jueces (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 51).
39
Dicho esto, las normas nacionales relativas a la retribución de los jueces no deben suscitar dudas legítimas en los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces de que se trate frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad ante los intereses en litigio (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 52 y jurisprudencia citada).
40
En particular, como se ha mencionado en el apartado 37 de la presente sentencia, el hecho de que los jueces perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a su independencia.
41
A este respecto, más allá del carácter equitativo, en el sentido del punto 5 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de la remuneración que deben percibir los jueces, su nivel de retribución, por añadidura, debe ser suficientemente elevado, teniendo en cuenta el contexto socioeconómico del Estado miembro de que se trate, para conferirles una auténtica independencia económica que les proteja frente al riesgo de posibles injerencias o presiones externas que puedan atentar contra la neutralidad de las decisiones que deban adoptar. Así pues, el nivel de esa retribución debe ser tal que permita preservar a los jueces del riesgo de corrupción (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 58 y jurisprudencia citada).
42
Por consiguiente, si bien la retribución de los jueces puede variar en función de la antigüedad y de la naturaleza de las funciones que se les encomienden, siempre debe ser adecuada a la importancia de las funciones que ejercen en un Estado de Derecho (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 60).
43
La apreciación del carácter adecuado de la retribución de los jueces supone tomar en consideración no solo las retribuciones básicas ordinarias y las diversas primas y complementos salariales que perciban, en particular en concepto de antigüedad o de las funciones que se les encomiendan, sino también la eventual exención de cotizaciones sociales (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 61).
44
Además, el carácter adecuado de la retribución de los jueces debe apreciarse teniendo en cuenta la situación económica, social y financiera del Estado miembro de que se trate. Desde esta perspectiva, es pertinente comparar la retribución media de los jueces con el salario medio en ese Estado (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 62).
45
Por otra parte, para garantizar la independencia de los jueces y, más en general, la calidad de la Justicia en un Estado de Derecho, las políticas de la Justicia también deberían tener en cuenta los salarios que se cobran en otras profesiones jurídicas para hacer atractiva la judicatura para los juristas altamente cualificados. Sin embargo, no cabe deducir de ello que el principio de independencia judicial se opone a que la retribución de los jueces se fije en un nivel inferior al de la retribución media de otros profesionales del Derecho, en particular los que ejercen una profesión liberal, como los abogados, dado que estos se encuentran manifiestamente en una situación diferente de la de los jueces (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 63).
46
En todo caso, conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho, las modalidades de determinación de la retribución de los jueces no deben suscitar dudas en cuanto a la independencia de los tribunales frente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 50).
47
Por último, las modalidades de determinación de la retribución de los jueces deben poder ser objeto de un control jurisdiccional efectivo con arreglo a las modalidades procesales previstas por el Derecho del Estado miembro de que se trate (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 64).
48
En cuanto a la adopción de una medida legislativa que, como excepción a la normativa nacional y en circunstancias de falta de personal, prevé que la carga de trabajo adicional de un juez derivada de la realización de tareas vinculadas a una plaza de juez vacante en un órgano jurisdiccional sea objeto no de una remuneración económica sino de la concesión de un descanso compensatorio, tal medida de excepción debe cumplir una serie de requisitos para que pueda considerarse que respeta el principio de independencia judicial.
49
En primer término, una medida de excepción como la contemplada en el apartado anterior, al igual que las normas generales relativas a la determinación de la retribución de los jueces de las que se aparta, debe estar prevista por la ley. Además, las modalidades de retribución de los jueces introducidas por tal medida deben ser objetivas, previsibles y transparentes (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 66).
50
En segundo término, dicha medida debe estar justificada por un objetivo de interés general, como las exigencias imperativas de supresión de un déficit público excesivo, en el sentido del artículo 126 TFUE, apartado 1 (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 67 y jurisprudencia citada).
51
Las razones presupuestarias que hayan justificado la adopción de una medida que se aparte de lo dispuesto en las normas de Derecho común en materia de retribución de los jueces han de precisarse con claridad. Además, sin perjuicio de circunstancias excepcionales debidamente justificadas, estas medidas no deben dirigirse únicamente a los miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales y deben inscribirse en un marco más general dirigido a que un conjunto más amplio de miembros de la función pública nacional contribuya al esfuerzo presupuestario que se persigue (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, apartado 49; de 7 de febrero de 2019, Escribano Vindel, C‑49/18, EU:C:2019:106, apartado 67, y de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 69).
52
Así, cuando un Estado miembro adopte medidas de restricción presupuestaria que afecten a sus funcionarios y a sus empleados públicos, puede, en una sociedad caracterizada por la solidaridad, como subraya el artículo 2 TUE, decidir aplicar dichas medidas también a los jueces nacionales (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 71).
53
En tercer término, conforme al principio de proporcionalidad, que constituye un principio general del Derecho de la Unión, una medida de excepción como la contemplada en el apartado 48 de la presente sentencia debe ser adecuada para garantizar la realización del objetivo de interés general perseguido, limitarse a lo estrictamente necesario para alcanzar ese objetivo y no ser desproporcionada respecto a él, lo que implica ponderar la importancia de este último y la gravedad de la injerencia en el principio de independencia judicial (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 72).
54
En consecuencia, esta medida, si bien puede permitir la consecución del objetivo de interés general mencionado en el apartado 50 de la presente sentencia, debe ser excepcional y temporal, por cuanto no debe aplicarse durante más tiempo del necesario para alcanzar el objetivo legítimo perseguido, como la eliminación de un déficit público excesivo (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 73).
55
Además, la incidencia de tal medida en la retribución de los jueces no debe ser desproporcionada en relación con el objetivo perseguido (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 74).
56
En cuarto término, la preservación de la independencia de los jueces exige que, a pesar de que se les aplique una medida de restricción presupuestaria, y aun cuando tal medida esté vinculada a la existencia de una grave crisis económica, social y financiera, el nivel de la retribución de los jueces esté siempre en consonancia con la importancia de las funciones que desempeñan, a fin de que queden protegidos frente a injerencias o presiones externas que puedan poner en peligro su independencia a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 37 de la presente sentencia (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 75).
57
En quinto término, una medida de excepción como la contemplada en el apartado 48 de la presente sentencia también debe poder ser objeto de un control judicial efectivo (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 76).
58
Aunque, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE, no le corresponde aplicar las normas del Derecho de la Unión a un supuesto determinado, el Tribunal de Justicia puede, a fin de proporcionar una respuesta útil a los órganos jurisdiccionales remitentes, proporcionarles indicaciones, basadas en los autos del litigio principal y en las observaciones escritas que obren en su poder, que permitan a dichos órganos jurisdiccionales pronunciarse (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 77 y jurisprudencia citada).
59
En el presente asunto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente confirmar los siguientes elementos que se desprenden de la resolución de remisión y de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia.
60
En primer lugar, la medida nacional que excluye la retribución de las horas extraordinarias realizadas por un juez fue introducida por los OUG n.os 114/2018, 130/2021 y 168/2022 para el período comprendido entre 2019 y 2022. Pues bien, de la resolución de remisión resulta que estos actos son de naturaleza legislativa y que la excepción que contienen está limitada al año al que se refiere cada uno de esos actos.
61
En segundo lugar, en virtud del preámbulo de los OUG n.os 114/2018, 130/2021 y 168/2022, la adopción de dichos actos estuvo motivada por «la obligación de ajustarse a un objetivo de déficit inferior al 3 % del [PIB] establecida en el [Tratado FUE]». Como se ha recordado en el apartado 50 de la presente sentencia, las exigencias imperativas de supresión de un déficit público excesivo, en el sentido del artículo 126 TFUE, apartado 1, constituyen un objetivo de interés general. Dicho esto, habrá de comprobarse si las plazas no ocupadas están o no dotadas presupuestariamente, en el bien entendido de que, en caso afirmativo, esto pondría en tela de juicio la persecución sistemática y coherente del objetivo que se trataba de conseguir.
62
Asimismo, con arreglo a las disposiciones de los OUG n.os 114/2018, 130/2021 y 168/2022 mediante las cuales se introdujo la excepción al régimen aplicable a las horas extraordinarias según se han mencionado en el marco jurídico de la resolución de remisión, estas se aplican al «personal del sector presupuestario asignado a funciones ejecutivas o directivas». Por consiguiente, estas medidas no están específicamente dirigidas a los jueces.
63
En tercer lugar, en lo referente a la proporcionalidad de la medida controvertida en el litigio principal, debe señalarse, sin perjuicio de la comprobación que debe realizar el órgano jurisdiccional remitente, por un lado, que puede resultar adecuada para garantizar la consecución del objetivo de reducción de los déficits públicos y que puede ser necesaria en relación con el objetivo a alcanzar.
64
Por otro lado, en lo tocante a la proporcionalidad en un sentido estricto, incumbe a dicho órgano jurisdiccional demostrar que la medida controvertida en el litigio principal no constituye una reducción directa de la remuneración de los jueces, verificando si los OUG n.os 114/2018, 130/2021 y 168/2022 se limitan efectivamente a restringir la naturaleza de compensación de las horas extraordinarias realizadas a la concesión del correspondiente tiempo de descanso.
65
Pues bien, habida cuenta de los riesgos señalados por el órgano jurisdiccional remitente a los que los jueces pueden verse expuestos por la realización de horas extraordinarias, le incumbe comprobar en la práctica si los jueces afectados no se ven, en realidad, disuadidos o incluso imposibilitados de invocar este tiempo de descanso.
66
En cualquier caso, en la medida en que ese órgano jurisdiccional se plantea dudas sobre el carácter adecuado de la retribución percibida por HZ, de los apartados 44 y 56 de la presente sentencia se desprende que, en cuanto a los jueces, le corresponde apreciar este carácter teniendo en cuenta la situación económica, social y financiera del Estado miembro de que se trate mediante la comparación de la retribución media de los jueces con el salario medio en ese Estado.
67
Pues bien, haciendo referencia al Cuadro de indicadores de la justicia en la Unión de 2024, la Comisión Europea afirma, en sus observaciones escritas, que un juez rumano percibe, al inicio de su carrera, un salario medio equivalente a 2,9 veces el salario bruto medio anual en Rumanía, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
68
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 2 TUE y con el punto 5 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, debe interpretarse en el sentido de que el principio de independencia judicial no se opone a una normativa nacional que, al establecer únicamente la concesión de un tiempo de descanso compensatorio por el tiempo de trabajo que haya realizado un juez para el desempeño de tareas derivadas de una plaza vacante en su órgano jurisdiccional, además de las que le corresponden en virtud de la plaza que ocupa, excluye cualquier compensación económica por el trabajo efectuado para la realización de dichas tareas adicionales, siempre y cuando dicho juez pueda efectivamente invocar el tiempo de descanso compensatorio al que ha adquirido derecho y que dicha normativa no tenga por efecto socavar la adecuación de su retribución a la importancia de las funciones que desempeña.
Costas
69
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 2 TUE y con el punto 5 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, adoptada en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Estrasburgo el 9 de diciembre de 1989,
debe interpretarse en el sentido de que
el principio de independencia judicial no se opone a una normativa nacional que, al establecer únicamente la concesión de un tiempo de descanso compensatorio por el tiempo de trabajo que haya realizado un juez para el desempeño de tareas derivadas de una plaza vacante en su órgano jurisdiccional, además de las que le corresponden en virtud de la plaza que ocupa, excluye cualquier compensación económica por el trabajo efectuado para la realización de dichas tareas adicionales, siempre y cuando dicho juez pueda efectivamente invocar el tiempo de descanso compensatorio al que ha adquirido derecho y que dicha normativa no tenga por efecto socavar la adecuación de su retribución a la importancia de las funciones que desempeña.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: rumano.