Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 26 de marzo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos — Directiva 85/374/CEE — Artículo 13 — Relación con el régimen de la responsabilidad por culpa — Acto culposo del productor que presenta un vínculo con el carácter defectuoso del producto — Artículo 10 — Inicio del cómputo del plazo de prescripción de tres años en caso de daños consistentes en una enfermedad progresiva — Concepto de “conocimiento del daño” — Artículo 11 — Extinción de los derechos del perjudicado — Validez — Artículo
47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho de acceso a un juez »
En el asunto C‑338/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour d’appel de Rouen (Tribunal de Apelación de Ruan, Francia), mediante resolución de 25 de abril de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de mayo de 2024, en el procedimiento entre
LF
y
Sanofi Pasteur SA,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por la Sra. K. Jürimäe, Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y los Sres. F. Schalin (Ponente), M. Gavalec y Z. Csehi, Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. G. Chiapponi, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de marzo de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de LF, por la Sra. M. Leroux, avocate;
–        en nombre de Sanofi Pasteur SA, por el Sr. A. Aviges, la Sra. D. Lapillonne, el Sr. F. Molinié y la Sra. F. Monteret-Amar, avocats;
–        en nombre del Gobierno francés, por los Sres. M. de Lisi y B. Fodda y la Sra. B. Travard, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller, M. Hellmann y A. Sahner, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. M. K. Bulterman y el Sr. J. M. Hoogveld, en calidad de agentes;
–        en nombre del Consejo de la Unión Europea, por los Sres. D. Bringuier y N. Brzezinski, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. M. Owsiany-Hornung y C. Valero, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 19 de junio de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 10 y 13 de la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO 1985, L 210, p. 29; EE 13/19, p. 8), y sobre la validez del artículo 11 de esta Directiva en vista del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre LF, una persona física, y Sanofi Pasteur SA, en relación con una reclamación de indemnización de los perjuicios supuestamente sufrido a raíz de una vacunación.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        Los considerandos primero, noveno a undécimo y decimotercero de la Directiva 85/374 declaran:
«Considerando que es preciso aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de responsabilidad del productor por los daños causados por el estado defectuoso de sus productos dado que las actuales divergencias entre las mismas pueden falsear la competencia, afectar a la libre circulación de mercancías dentro del mercado común y favorecer la existencia de distintos grados de protección del consumidor frente a los daños causados a su salud o sus bienes por un producto defectuoso;
[…]
Considerando que la protección del consumidor exige la reparación de los daños causados por muerte y lesiones corporales así como la de los daños causados a los bienes;
[…]
Considerando que el establecimiento dé un plazo de prescripción uniforme para las acciones de resarcimiento redunda en beneficio tanto del perjudicado como del productor;
Considerando que los productos se desgastan con el tiempo, que cada vez se elaboran normas de seguridad más estrictas y se avanza más en los conocimientos científicos y técnicos; que, por tanto, no sería razonable hacer responsable al productor del estado defectuoso de su producto por tiempo ilimitado; que la responsabilidad debería pues extinguirse transcurrido un plazo de tiempo razonable, sin perjuicio de las acciones pendientes ante la ley;
[…]
Considerando que, según los sistemas jurídicos de los Estados miembros, el perjudicado puede tener un derecho al resarcimiento, basándose en la responsabilidad contractual o en la responsabilidad extracontractual, distinto del que se contempla en esta Directiva; que, en la medida en que tales disposiciones van encaminadas igualmente a conseguir una protección efectiva de los consumidores, no deberían verse afectadas por la presente Directiva; que, en tanto que en un Estado miembro se haya logrado también la protección eficaz del consumidor en el sector de los productos farmacéuticos a través de un régimen especial de responsabilidad, deberían seguir siendo igualmente posibles las reclamaciones basadas en dicho régimen».
4        El artículo 1 de la Directiva 85/374 dispone:
«El productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos.»
5        El artículo 4 de esta Directiva establece:
«El perjudicado deberá probar el daño, el defecto y la relación causal entre el defecto y el daño.»
6        El artículo 6 de dicha Directiva prevé:
«Un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho, teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluso:
a)      la presentación del producto;
b)      el uso que razonablemente pudiera esperarse del producto;
c)      el momento en que el producto se puso en circulación.
2.      Un producto no se considerará defectuoso por la única razón de que, posteriormente, se haya puesto en circulación un producto más perfeccionado.»
7        A tenor del artículo 10 de la misma Directiva:
«1.      Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones que la acción de resarcimiento prevista en la presente Directiva para reparar los daños, prescribirá en el plazo de tres años a partir de la fecha en que el demandante tuvo, o debería haber tenido, conocimiento del daño, del defecto y de la identidad del productor.
2.      Las disposiciones de los Estados miembros que regulen la suspensión o la interrupción de la prescripción no se verán afectadas por la presente Directiva.»
8        El artículo 11 de la Directiva 85/374 dispone:
«Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones que los derechos conferidos al perjudicado en aplicación de la presente Directiva se extinguirán transcurrido el plazo de diez años a partir de la fecha en que el productor hubiera puesto en circulación el producto mismo que causó el daño, a no ser que el perjudicado hubiera ejercitado una acción judicial contra el productor.»
9        El artículo 13 de esta Directiva establece:
«La presente Directiva no afectará a los derechos que el perjudicado pueda tener con arreglo a las normas sobre responsabilidad contractual o extracontractual o con arreglo a algún régimen especial de responsabilidad existentes en el momento de la notificación de la presente Directiva.»
Derecho francés
10      El artículo 1240 del Código Civil dispone:
«Cualquier hecho atribuible a una persona que cause a otro un daño obligará a aquella por cuya culpa se produjo el daño a repararlo.»
11      El artículo 1245 de este Código tiene el siguiente tenor:
«El productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos, independientemente de que exista una relación contractual con el perjudicado.»
12      El artículo 1245‑15 de dicho Código establece:
«Salvo en caso de culpa, la responsabilidad del productor fundada en las disposiciones del presente capítulo se extinguirá a los diez años de la puesta en circulación del producto que causó los daños, a no ser que el perjudicado haya ejercitado una acción judicial durante este período.»
13      El artículo 1245‑16 del mismo Código prevé:
«La acción de resarcimiento basada en las disposiciones del presente título prescribirá en el plazo de tres años a partir de la fecha en que el demandante tuvo, o debería haber tenido, conocimiento del daño, del defecto y de la identidad del productor.»
14      El artículo 1245‑17 del Código Civil dispone:
«Las disposiciones del presente capítulo no afectarán a los derechos que el perjudicado pueda tener con arreglo a las normas sobre responsabilidad contractual o extracontractual o con arreglo a algún régimen especial de responsabilidad.
El productor será responsable de las consecuencias de su actuación culposa y de la de las personas de las que es responsable.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
15      Tras haber sido vacunada el 20 de marzo de 2003 contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis con una vacuna Revaxis, fabricada por Sanofi Pasteur, LF declaró que padecía varios síntomas, infecciones y dolores desde 2004 (problemas digestivos, dolor de garganta, dolores en los hombros, brazos, manos y cervicales, infecciones urinarias, lumbalgia, y pérdida de cabello). Ha estado en situación de baja laboral en reiteradas ocasiones desde el 3 de diciembre de 2005.
16      Dado que diversos exámenes médicos revelaron en 2008 la existencia de una miofascitis macrofágica, que indicaba la persistencia de hidróxido de aluminio, un aditivo empleado en ciertas vacunas, el 2 de junio de 2015, LF presentó una reclamación ante la Comisión de Conciliación e Indemnización por Accidentes Médicos, que ordenó un dictamen pericial. Este dictamen concluyó que la consolidación del estado de salud de LF se había producido el 20 de septiembre de 2016, y que no había razones que permitieran afirmar que la vacunación con la vacuna Revaxis hubiera inducido la patología que padecía LF. En consecuencia, la mencionada Comisión rechazó la reclamación de LF.
17      Al estar en desacuerdo con las conclusiones del dictamen pericial, en junio de 2020, LF presentó una demanda, en particular, contra Sanofi Pasteur ante el tribunal judiciaire d’Alençon (Tribunal de Primera Instancia de Alenzón, Francia) al objeto de que se le indemnizara por los perjuicios que considera haber padecido a raíz de su vacunación, sobre la base de la responsabilidad por productos defectuosos y de la responsabilidad por culpa.
18      Las pretensiones de LF fueron desestimadas mediante auto del juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alençon (juez de instrucción civil del Tribunal de Primera Instancia de Alenzón) de 10 de junio de 2021, quien constató, en particular, que la acción ejercitada contra Sanofi Pasteur, en la medida en que se basaba en la responsabilidad del productor por los daños causados por productos defectuosos, había prescrito, de conformidad con el artículo 1245‑16 del Código Civil.
19      Mediante sentencia de 31 de mayo de 2022, la cour d’appel de Caen (Tribunal de Apelación de Caen, Francia) confirmó, en lo esencial, este auto, al entender que las pretensiones de LF basadas tanto en los artículos 1245‑1 y siguientes del Código Civil como en los artículos 1240 y 1241 del mismo Código eran inadmisibles.
20      El 5 de julio de 2023, la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) casó y anuló esta sentencia, debido, en particular, a que «en caso de [enfermedad] progresiva, que haga imposible la fijación de una fecha de consolidación, el plazo de prescripción fijado por el [artículo 1245‑16 del Código Civil] no puede comenzar a correr». La Cour de cassation (Tribunal de Casación) devolvió el asunto a la cour d’appel de Rouen (Tribunal de Apelación de Ruan, Francia), que es el órgano jurisdiccional remitente, ante el cual LF sostiene que puede ejercitar su acción contra Sanofi Pasteur sobre la base tanto de la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos
como del régimen general de la responsabilidad por culpa.
21      Por una parte, en lo que respecta a la responsabilidad por culpa, LF alega que Sanofi Pasteur cometió un acto culposo distinto de una falta de seguridad de la vacuna Revaxis, en la medida en que, a pesar de las numerosas alertas sobre los efectos perjudiciales de esta vacuna, no reaccionó de ninguna forma ni efectuó ninguna investigación ni ningún seguimiento poscomercialización.
22      Por otra parte, en cuanto a la admisibilidad de su acción basada en la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, LF considera que el plazo de prescripción de diez años establecido en el artículo 1245‑15 del Código Civil, que comienza a correr a partir de la puesta en circulación de la vacuna que le fue administrada, le privaría de su derecho de acceso a un juez pese a que su enfermedad es compleja y progresiva. Además, el plazo de prescripción de tres años previsto por el artículo 1245‑16 del Código Civil, que comienza a correr a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del daño, del defecto del producto y de la identidad del productor, solo puede comenzar a correr a partir de la fecha de consolidación del daño. Por lo tanto, según LF, debe tenerse en cuenta, a este respecto, su situación particular, derivada de que su perjuicio corporal resulta de una enfermedad progresiva.
23      Por su parte, Sanofi Pasteur refuta la totalidad de las alegaciones de LF. Esta sociedad alega, para empezar, que, en el presente asunto, la acción de responsabilidad por culpa es inadmisible en la medida en que el acto culposo alegado por LF, a saber, una falta de vigilancia o de seguimiento poscomercialización del producto, no es distinto de la falta de seguridad que se invoca para reclamar la responsabilidad por productos defectuosos. Sanofi Pasteur expone, a continuación, que se ha producido la prescripción prevista en el artículo 1245‑15 del Código Civil, dado que han transcurrido más de diez años desde la comercialización de la vacuna Revaxis. Por último, según Sanofi Pasteur, la prescripción de tres años del artículo 1245‑16 del Código Civil, que transcurre a partir de la fecha en la que LF tuvo conocimiento del daño, también se ha producido.
24      El órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide, en primer lugar, el alcance del artículo 13 de la Directiva 85/374, tal como lo interpretó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 25 de abril de 2002, González Sánchez (C‑183/00, EU:C:2002:255). En dicha sentencia, según señala el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia declaró que el referido artículo 13 debe interpretarse en el sentido de que los derechos que los perjudicados por los daños causados por productos defectuosos tuvieran reconocidos conforme a la legislación de un Estado miembro, en virtud de un régimen general de responsabilidad que tenga el mismo fundamento que el establecido por esta Directiva, pueden verse limitados o restringidos como consecuencia de la adaptación del ordenamiento jurídico interno de dicho Estado a lo dispuesto en la mencionada Directiva. Pues bien, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) ha declarado, por su parte, que el perjudicado por los daños atribuidos a un producto defectuoso puede ejercitar una acción de responsabilidad contra el productor de ese producto sobre la base del régimen de la responsabilidad por culpa, si demuestra que los daños que ha sufrido se deben a un acto culposo cometido por el productor, tal como mantener en circulación el producto sabiendo que es defectuoso o incumplir su deber de vigilancia en cuanto los riesgos que presenta el producto. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, en esencia, si esta jurisprudencia de la Cour de cassation (Tribunal de Casación) es compatible con la interpretación del citado artículo 13 realizada por el Tribunal de Justicia.
25      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la validez del artículo 11 de la Directiva 85/374. Dado que esta disposición prevé que los derechos conferidos al perjudicado en aplicación de esta Directiva se extinguirán transcurrido el plazo de diez años a partir de la fecha en que se puso en circulación el producto que causó el daño, resulta incierto para el órgano jurisdiccional remitente si la aplicación de este régimen no lleva a privar de su derecho de acceso a un juez al perjudicado que sufre un daño progresivo causado por un producto defectuoso.
26      En tercer lugar, en lo que respecta a la interpretación del artículo 10 de la Directiva 85/374, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas, en esencia, sobre cómo se determina el inicio del cómputo del plazo de prescripción de tres años que esta disposición contempla. Y es que, conforme a una jurisprudencia de la Cour de cassation (Tribunal Supremo), el artículo 1245‑16 del Código Civil, que transpone el citado artículo 10 al ordenamiento jurídico francés, debe interpretarse en el sentido de que, en relación con los daños corporales, el inicio del cómputo de dicho plazo debe producirse en la fecha de consolidación del daño. Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, tal interpretación parece alejarse de la letra del referido artículo 10, que se limita a fijar este inicio del cómputo del plazo en la fecha en la que el demandante haya tenido o debería haber tenido conocimiento del daño, del defecto del producto y de la identidad del productor.
27      En tales circunstancias, la cour d’appel de Rouen (Tribunal de Apelación de Ruán) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 13 de la Directiva [85/374], tal como se ha entendido en la sentencia de 25 de abril de 2002, [González Sánchez (C‑183/00, EU:C:2002:255)], según la cual el perjudicado puede invocar otros regímenes de responsabilidad contractual o extracontractual que se basen en fundamentos diferentes del establecido en [dicha] Directiva, en el sentido de que el perjudicado por un producto defectuoso puede reclamar al productor la indemnización del daño que ha sufrido sobre la base del régimen general de responsabilidad por culpa invocando, en particular, el mantenimiento en circulación del producto, el incumplimiento de su deber de vigilancia en cuanto a los riesgos que presenta el producto o, con carácter general, la falta de seguridad de dicho producto?
2)      ¿Es contrario a lo dispuesto en el artículo 47 de la [Carta] el artículo 11 de la Directiva [85/374], según el cual los derechos conferidos al perjudicado en aplicación de [dicha] Directiva se extinguirán transcurrido el plazo de diez años a partir de la fecha en que el productor hubiera puesto en circulación el producto mismo que causó el daño, en la medida en que priva al perjudicado que sufre un daño progresivo causado por un producto defectuoso de su derecho de acceso a un tribunal?
3)      ¿Puede interpretarse el artículo 10 de la Directiva [85/374], que fija como fecha de comienzo del plazo de prescripción de tres años “la fecha en que el demandante tuvo, o debería haber tenido, conocimiento del daño”, en el sentido de que solo empieza a correr a partir de la fecha en que se conoce el alcance total del daño, en particular mediante la fijación de una fecha de consolidación definida como el momento a partir del cual el estado de la persona que sufre el daño corporal deja de ser progresivo, de modo que en caso de [enfermedad] progresiva el plazo de prescripción no empieza a correr, y no a partir de la fecha en que el daño se haya manifestado de forma cierta, en relación con el producto defectuoso, con independencia de su evolución posterior?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
28      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 13 de la Directiva 85/374 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el perjudicado por un producto defectuoso reclame al productor la reparación de los daños sufridos sobre la base del régimen general de responsabilidad por culpa alegando el mantenimiento en circulación del producto defectuoso conociendo la existencia del defecto, o el incumplimiento de su deber de vigilancia en cuanto a los riesgos que presenta el producto, o incluso cualquier otro comportamiento culposo relacionado con la falta de seguridad del producto defectuoso.
29      Mientras que el artículo 1 de la Directiva 85/374 dispone que el productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos, el artículo 4 de esta Directiva precisa que el perjudicado deberá probar el daño, el defecto del producto y la relación causal entre el defecto y el daño. Estas disposiciones, a la luz del primer considerando de dicha Directiva, sientan el principio de la responsabilidad objetiva del productor cuyo fundamento es el defecto del producto, definido, según el artículo 6 de la misma Directiva, como la falta de la seguridad de este producto a la que el consumidor tiene legítimamente derecho, teniendo en cuenta todas las circunstancias.
30      En este contexto, el artículo
13 de la Directiva
85/374 dispone que esta no afecta a los derechos que el perjudicado pueda tener con arreglo a las normas sobre responsabilidad contractual o extracontractual o con arreglo a algún régimen especial de responsabilidad existentes en el momento de la notificación de dicha Directiva en el Derecho nacional.
31      En su sentencia de 25 de abril de 2002, González Sánchez (C‑183/00, EU:C:2002:255), el Tribunal de Justicia precisó que el citado artículo 13 no puede interpretarse en el sentido de que deja a los Estados miembros la posibilidad de mantener un régimen general de responsabilidad por productos defectuosos distinto del previsto en la Directiva 85/374. En efecto, según reiterada jurisprudencia, esta Directiva pretende alcanzar, en las materias que regula, una armonización completa de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros (sentencia de 21 de diciembre de 2011, Dutrueux, C‑495/10, EU:C:2011:869, apartado 20 y jurisprudencia citada). De lo anterior resulta que los Estados miembros no pueden mantener un régimen nacional de responsabilidad del productor que tenga el mismo fundamento que el establecido por dicha Directiva y no se limite a un determinado sector de producción (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de abril de 2002, González Sánchez, C‑183/00, EU:C:2002:255, apartado 33).
32      En cambio, no sucede lo mismo con los regímenes de responsabilidad contractual o extracontractual a los que se refiere el citado artículo 13, que se basen en fundamentos diferentes, tales como la garantía por vicios ocultos o la culpa. En efecto, esta disposición no excluye que el perjudicado pueda reclamar la reparación del daño con arreglo a otros regímenes de responsabilidad (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de abril de 2002, González Sánchez, C‑183/00, EU:C:2002:255, apartado 31).
33      En el presente asunto, LF presentó una demanda de indemnización contra Sanofi Pasteur tanto sobre la base del artículo 1245 del Código Civil, que transpone al Derecho francés el régimen de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos establecido por la Directiva 85/374, como sobre la del artículo 1240 de ese Código, que establece el régimen general de responsabilidad por culpa. En lo que respecta, más concretamente, a su acción de responsabilidad por culpa, de la resolución de remisión se desprende que LF sostiene que Sanofi Pasteur adoptó un comportamiento culposo al mantener en circulación la vacuna controvertida en el litigio principal pese a que tenía conocimiento de la falta de seguridad de esta. Dicha sociedad incumplió también, según LF, su deber de vigilancia en cuanto a los riesgos conocidos que presentaba el producto en cuestión.
34      A este respecto, es preciso observar que el comportamiento culposo exigido en el marco de un régimen nacional de responsabilidad por culpa constituye un fundamento diferente al defecto del producto tal como se define en el artículo 6 de la Directiva 85/374. Pues bien, esta diferencia de fundamento constituye precisamente el criterio que permite determinar, de conformidad con el artículo 13 de esta Directiva, si puede invocarse un régimen de responsabilidad nacional en paralelo al régimen de responsabilidad previsto por dicha Directiva.
35      A la vista de lo anterior, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 13 de la Directiva 85/374 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el perjudicado
por un producto defectuoso reclame al productor la reparación de los daños sufridos sobre la base del régimen general de responsabilidad por culpa alegando el mantenimiento en circulación del producto defectuoso conociendo la existencia del defecto, o el incumplimiento de su deber de vigilancia en cuanto a los riesgos que presenta este producto, o incluso cualquier otro comportamiento culposo relacionado con la falta de seguridad del producto defectuoso.
Tercera cuestión prejudicial
36      Mediante su tercera cuestión prejudicial, que conviene examinar antes que la segunda, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374 debe interpretarse en el sentido de que el inicio del cómputo del plazo de prescripción establecido en esta disposición se fija en la fecha en la que el demandante haya tenido o debería haber tenido conocimiento, a la vez, del daño, manifestado de forma cierta en relación con el producto defectuoso, con independencia de su evolución posterior, del defecto del producto y de la identidad del productor, y de que se opone a que ese inicio del cómputo solo pueda fijarse en la fecha de consolidación del daño.
37      Ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véanse las sentencias de 6 de octubre de 1982, Cilfit y otros, 283/81, EU:C:1982:335, apartado 20, y de 19 de diciembre de 2024, Ford Italia, C‑157/23, EU:C:2024:1045, apartado 42).
38      En lo que respecta a la redacción del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374, este establece que la acción contra el productor prescribirá «en el plazo de tres años a partir de la fecha en que el demandante tuvo, o debería haber tenido, conocimiento del daño, del defecto y de la identidad del productor» Por lo tanto, esta disposición no puede interpretarse en el sentido de que contempla, como inicio del cómputo del plazo de prescripción, la fecha de consolidación del estado del perjudicado, es decir, la fecha en la cual el daño ha cesado de evolucionar. En efecto, la citada disposición se limita a subordinar el inicio del transcurso de este plazo al conocimiento de tres elementos, entre los cuales figura el conocimiento del daño, sin mencionar la consolidación o la fecha de consolidación del referido daño.
39      En lo que atañe al contexto en el que se enmarca el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374, por una parte, es preciso señalar que, según el artículo 4 de esta Directiva, el perjudicado debe probar el daño, el defecto y la relación causal entre el defecto y el daño. Por otra parte, importa subrayar que el artículo 9 de dicha Directiva define los daños como, entre otros, los daños causados por muerte o lesiones corporales, mientras que el noveno considerando de la misma Directiva indica que la protección del consumidor exige la reparación, en particular, de los daños causados por lesiones corporales. Sin embargo, no puede colegirse de estas disposiciones o de este considerando que la indemnización deba responder a un régimen particular ni que esté condicionada a la consolidación del estado del perjudicado o al conocimiento por este último de la totalidad de sus daños.
40      Además, habida cuenta de que el artículo 11 de dicha Directiva prevé que los derechos conferidos al perjudicado en aplicación de la misma Directiva se extinguen transcurrido el plazo de diez años a partir de la fecha en que el productor hubiera puesto en circulación el producto, fijar el inicio del cómputo del plazo de prescripción que contempla esta disposición en la fecha de consolidación del daño podría menoscabar la efectividad de la protección establecida por la Directiva 85/374. En efecto, no puede excluirse que el daño se consolide con posterioridad a la expiración de este plazo de diez años a partir de la fecha de puesta en circulación del producto, de forma que le sería imposible al perjudicado reclamar la responsabilidad del productor.
41      En lo que respecta a los objetivos perseguidos por la Directiva 85/374, esta persigue, como resulta de su primer considerando, poner fin a las divergencias entre los Derechos nacionales que pueden favorecer la existencia de distintos grados de protección del consumidor en la Unión. La uniformización normativa que lleva a cabo esta Directiva tiene igualmente por objetivo, según su undécimo considerando, circunscribir a escala de la Unión la responsabilidad del productor a un plazo de tiempo razonable. Por último, resulta del décimo considerando de dicha Directiva que un plazo de prescripción uniforme de tres años redunda en beneficio tanto del perjudicado como del productor. En este contexto, una de las finalidades del artículo 10 de la Directiva 85/374 es satisfacer las necesidades de seguridad jurídica en interés de las partes de un litigio (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de febrero de 2006, O’Byrne, C‑127/04, EU:T:2006:93, apartado 26).
42      Pues bien, fijar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de tres años en la fecha de consolidación del daño podría menoscabar los distintos objetivos mencionados. En efecto, como resulta del apartado 40 de la presente sentencia, tal interpretación del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374 no garantizaría necesariamente la protección de los consumidores y la reparación de los daños causados por productos defectuosos. Además, ello iría en contra de la preservación de la seguridad jurídica, al hacer depender la aplicación del régimen de la responsabilidad de la Directiva 85/374 de una condición aleatoria. A este respecto, debe observarse que la fecha de consolidación del daño, en el caso de una enfermedad progresiva, es por naturaleza incierta y podría además corresponder a la del fallecimiento del perjudicado.
43      Por el contrario, aun en el caso de que el daño consista en una enfermedad evolutiva, fijar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de tres años en la fecha en la que el demandante haya tenido o debería haber tenido conocimiento del daño, manifestado de forma cierta en relación con el producto defectuoso, con independencia de su evolución posterior, así como del defecto y de la identidad del productor permite garantizar el respeto del principio de seguridad jurídica tanto en beneficio del perjudicado como del productor. En particular, permite determinar una fecha cierta y uniforme a partir de la cual comienza a correr el plazo de prescripción de tres años.
44      Por último, es preciso subrayar que esta interpretación del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374 no menoscaba el derecho del perjudicado de obtener una reparación integral de su daño.
45      En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que debe garantizarse una indemnización adecuada y total a los perjudicados por un producto defectuoso por los daños causados por muerte o lesiones corporales que sean consecuencia del carácter defectuoso de los productos dentro de los límites determinados por esta Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2015, Boston Scientific Medizintechnik, C‑503/13
y C‑504/13, EU:C:2015:148, apartados 45 y 46).
46      A este respecto, sin embargo, resulta obligado señalar que, si bien debe garantizarse tal indemnización, todos los aspectos de esta no vienen regulados en la Directiva 85/374.
47      Así, de conformidad con su artículo 10, apartado 2, las disposiciones relativas a la suspensión o a la interrupción de la prescripción, que son competencia de los Estados miembros, se aplican al plazo establecido en el apartado 1 del mismo artículo. De igual forma, el artículo 11 de esta Directiva dispone que los derechos conferidos al perjudicado se extinguirán transcurrido el plazo de diez años a partir de la fecha en que el productor hubiera puesto en circulación el producto que causó el daño, a no ser que el perjudicado hubiera ejercitado una acción judicial contra el productor. Por ello, esta Directiva no se opone a que, una vez se ha ejercitado la acción de resarcimiento dentro de estos plazos, estos se interrumpan o suspendan con arreglo al Derecho nacional, a la espera de la evolución ulterior de la enfermedad, de suerte que el demandante pueda obtener una reparación integral de su daño sobre la base de dicha Directiva. Sin embargo, la misma Directiva no especifica las condiciones en las que estos plazos pueden interrumpirse o suspenderse.
48      En estas circunstancias, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía procesal y sin perjuicio de los principios de equivalencia y efectividad, establecer las normas que permitan una indemnización adecuada y total de los daños causados por un producto defectuoso (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de junio de 2017, W y otros, C‑621/15, EU:T:2017:484, apartado 25).
49      En lo que respecta, más concretamente, al principio de efectividad, este exige, respecto de la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, que no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (sentencia de 21 de junio de 2017, W y otros, C‑621/15, EU:C:2017:484, apartado 26).
50      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374 debe interpretarse en el sentido de que el inicio del cómputo del plazo de prescripción de tres años establecido en esta disposición se fija en la fecha en la que el demandante tuvo o debería haber tenido conocimiento, a la vez, del daño, manifestado de forma cierta en relación con el producto defectuoso, con independencia de su evolución posterior, del defecto del producto y de la identidad del productor, y de que se opone a que ese inicio del cómputo solo pueda fijarse en la fecha de consolidación del daño.
Segunda cuestión prejudicial
51      Con carácter preliminar, es preciso, por una parte, observar que la segunda cuestión prejudicial del órgano jurisdiccional remitente se inscribe en un contexto nacional específico. De la resolución de remisión se desprende que dicho órgano jurisdiccional alberga dudas, en esencia, sobre la validez del artículo 11 de la Directiva 85/374, partiendo de la premisa de que el plazo de diez años que prevé a partir de la puesta en circulación del producto, y al término del cual los derechos conferidos al perjudicado se extinguirán, no es suficiente para permitir al perjudicado que padece una enfermedad progresiva causada por un producto defectuoso ejercitar una acción de resarcimiento.
52      En efecto, según la jurisprudencia de la Cour de cassation (Tribunal de Casación), recordada en el apartado 26 de la presente sentencia, el inicio del cómputo del plazo de prescripción de tres años de la acción de resarcimiento establecido en el artículo 10 de esta Directiva, transpuesto al ordenamiento jurídico francés en el artículo 1245‑16 del Código Civil, debería producirse en la fecha de consolidación del daño. Pues bien, en los casos de enfermedades progresivas, esta fecha de consolidación puede verificarse una vez transcurrido ese plazo de diez años, es decir, después de la extinción de los derechos conferidos al perjudicado por la Directiva 85/374, con arreglo a su artículo 11. Así, en el supuesto de que el artículo 10 de esta Directiva se interpretase de este modo, cabría la posibilidad de que la acción de resarcimiento, que solo podría ejercitarse una vez consolidado el daño, quedara sin objeto para aquellos perjudicados afectados por enfermedades progresivas cuando la consolidación del estado de los enfermos se produce después de diez años.
53      No obstante, de la respuesta dada por el Tribunal de Justicia a la tercera cuestión prejudicial, que figura en el apartado 50 de la presente sentencia, resulta que dicha interpretación no puede acogerse. En efecto, el artículo 10 de la Directiva 85/374 debe interpretarse en el sentido de que el inicio del cómputo del plazo de prescripción establecido en esta disposición se fija en la fecha en la que el demandante haya tenido o debería haber tenido conocimiento, a la vez, del daño, manifestado de forma cierta en relación con el producto defectuoso, con independencia de su evolución posterior, del defecto del producto y de la identidad del productor, y que se opone a que el inicio del referido cómputo se fije en la fecha de consolidación del daño.
54      Así definido, el inicio del cómputo del plazo de prescripción que establece el citado artículo 10 puede tener lugar antes de la expiración del plazo de diez años previsto por el artículo 11 de la Directiva 85/374, también en el caso de los perjudicados afectados por enfermedades progresivas, de modo que podrá garantizarse el derecho a la tutela judicial efectiva de tales perjudicados.
55      Por otra parte, debe resaltarse que, según reiterada jurisprudencia, al aplicar el Derecho interno, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretarlo en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate para alcanzar el resultado que esta persigue y atenerse así a lo dispuesto en el artículo 288 TFUE, párrafo tercero (sentencia de 6 de noviembre de 2018, Bauer y Willmeroth, C‑569/16 y C‑570/16, EU:C:2018:871, apartado 66 y jurisprudencia citada).
56      Procede hacer hincapié asimismo en que el principio de interpretación conforme exige que los órganos jurisdiccionales nacionales, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, hagan todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad de la directiva de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por esta (sentencia de 6 de noviembre de 2018, Bauer y Willmeroth, C‑569/16 y C‑570/16, EU:C:2018:871, apartado 67 y jurisprudencia citada).
57      Como ha declarado el Tribunal de Justicia, la exigencia de interpretación conforme incluye la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de modificar, en caso necesario, una jurisprudencia reiterada si esta se basa en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una directiva. Por lo tanto, el tribunal nacional no puede, en particular, considerar válidamente que se encuentra imposibilitado para interpretar la norma nacional de que se trata de conformidad con el Derecho de la Unión, por el mero hecho de que, de forma reiterada, ha interpretado esa norma en un sentido que no es compatible con ese Derecho (sentencia de 17 de abril de 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, apartados 72 y 73 y jurisprudencia citada).
58      En el presente asunto, incumbe al órgano jurisdiccional remitente, en cumplimiento de la obligación que le impone el Derecho de la Unión, verificar, a la luz de los principios recordados en los tres apartados anteriores de la presente sentencia, en la medida de lo posible, si puede realizarse tal interpretación conforme.
59      Precisado lo anterior, mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 11 de la Directiva 85/374, que prevé un plazo de prescripción de diez años a partir de la fecha de la puesta en circulación del producto, es válido a la luz del artículo 47 de la Carta, en la medida en que el perjudicado afectado por una enfermedad progresiva causada por un producto defectuoso podría verse privado del derecho de acceso a un tribunal, habida cuenta de las particularidades de una enfermedad de ese tipo.
60      Según reiterada jurisprudencia, el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta, no constituye una prerrogativa absoluta y, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, podrá ser objeto de limitaciones bajo ciertas condiciones. A este respecto, es necesario, en primer lugar, que tales limitaciones estén establecidas en la ley; en segundo lugar, que respeten el contenido esencial de los derechos y libertades en cuestión; y, en tercer lugar, que, con sujeción al principio de proporcionalidad, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás [sentencia de 26 de enero de 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía), C‑205/21, EU:C:2023:49, apartado 89 y jurisprudencia citada].
61      En lo que respecta, para empezar, a la primera condición mencionada en el apartado anterior, el plazo de prescripción de diez años figura expresamente en el artículo 11 de la Directiva 85/374. En la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Aventis Pasteur (C‑358/08, EU:C:2009:744), el Tribunal de Justicia señaló que dicho artículo procede de una voluntad de armonización total, a nivel de la Unión, en la medida en que prevé un plazo uniforme al término del cual se extinguen los derechos conferidos al perjudicado por la Directiva 85/374. Asimismo, el citado artículo 11 fija, de manera imperativa, el inicio del cómputo de este plazo en la fecha en la que el productor puso en circulación el producto que ocasionó el daño, y enuncia como única causa de interrupción de dicho plazo la incoación de una acción judicial contra este productor (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, apartados 37 y 38).
62      En lo que atañe, a continuación, a la segunda condición, relativa al respeto del contenido esencial del derecho del perjudicado a acceder a un tribunal, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta incluye, en particular, el derecho de su titular a acceder a un tribunal que tenga competencia para garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión reconoce a aquel. A tal efecto, este tribunal debe estar en disposición de examinar todas las cuestiones de hecho y de Derecho relevantes para pronunciarse sobre el litigio de que conoce [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2020, État luxembourgeois (Derecho de recurso contra una solicitud de información en materia fiscal), C‑245/19 y C‑246/19, EU:C:2020:795, apartado 66 y jurisprudencia citada].
63      En el presente asunto, la respuesta a la tercera cuestión prejudicial permite constatar que la esencia misma de este derecho no se ve afectada por el mecanismo establecido por la Directiva 85/374.
64      En efecto, cuando el daño consista en una enfermedad progresiva, resulta del apartado 47 de la presente sentencia que la Directiva 85/374 permite al perjudicado afectado por una enfermedad progresiva, en todo caso, acceder a un tribunal competente a efectos de que se reconozca el daño que ha sufrido sobre la base de esta Directiva en un plazo de tres años a partir del día en que el daño se manifestó de forma cierta, en relación con el defecto del producto, de manera que dicho perjudicado tuvo o debería haber tenido conocimiento de la existencia de ese daño, con independencia de su evolución posterior.
65      Además, resulta de los apartados 53 y 54 de la presente sentencia que el hecho de que el plazo de prescripción de tres años se enmarque en el plazo de diez años establecido en el artículo 11 de esta Directiva tampoco supone una vulneración de este derecho. Es preciso recordar, a este respecto, que el citado artículo 11 contempla la interrupción de este segundo plazo cuando, durante este período de diez años, el perjudicado en cuestión ejercite una acción judicial contra el productor.
66      Por otro lado, como resulta del examen de la primera cuestión prejudicial, el establecimiento de tal régimen
no obsta para la eventual aplicación de normas nacionales de responsabilidad contractual o extracontractual o de un régimen especial de responsabilidad existente en el momento de la notificación de la Directiva 85/374. Pues bien, como se deduce del artículo 13 y del considerando decimotercero de esta Directiva, esta última no afecta a tal aplicación (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, apartado 43).
67      Además, del apartado 47 de la presente sentencia resulta que la Directiva 85/374 tampoco impide que el perjudicado, una vez se haya reconocido su daño sobre la base de esta Directiva y haya obtenido una indemnización inicial, pueda solicitar a continuación, en varias etapas si fuera necesario, una indemnización complementaria en caso de que dicho daño progresara, extremo que corresponde no obstante regular a los Estados miembros.
68      En lo que respecta, por último, a la tercera condición, el Tribunal de Justicia ha señalado que, como se deduce del décimo considerando de la Directiva 85/374, la uniformización de las reglas de prescripción que persigue dicha Directiva es un objetivo buscado por el legislador de la Unión tanto en beneficio del perjudicado como del productor (sentencia de 2 de diciembre de 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, apartado 39).
69      Por un lado, esta uniformización participa del objetivo general, expresado en el primer considerando de la Directiva 85/374, consistente en poner término a las actuales divergencias entre los Derechos nacionales, que pueden favorecer la existencia de distintos grados de protección del consumidor dentro de la Unión. Por otro lado, a tenor del undécimo considerando de la Directiva 85/374, esta tiene como objetivo circunscribir a escala de la Unión la responsabilidad del productor a un plazo de tiempo razonable, habida cuenta de que los productos se desgastan con el tiempo, que cada vez se elaboran normas de seguridad más estrictas y se avanza más en los conocimientos científicos y técnicos (sentencia de 2 de diciembre de 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, apartados 40 y 41).
70      El Tribunal de Justicia también ha declarado que la voluntad del legislador de la Unión consiste en fijar límites temporales concretos al régimen de responsabilidad objetiva establecido por la Directiva 85/374. En efecto, debe tenerse en cuenta que este régimen constituye, para el productor, una carga mucho mayor que la que imponen las normas tradicionales de responsabilidad y ello con el fin de no obstaculizar el progreso técnico y permitir que las aseguradoras cubran el riesgo de la responsabilidad específico (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, apartado 42).
71      Por lo demás, ha de recordarse que el Tribunal de Justicia ha reconocido que la protección del consumidor no es absoluta y que la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión (sentencia de 22 de abril de 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, apartado 57 y jurisprudencia citada).
72      Además, debe señalarse que la situación de un perjudicado afectado por una enfermedad progresiva difiere de la del perjudicado que sufre una enfermedad latente.
73      En este último supuesto, es cierto que, en su sentencia de 11 de marzo de 2014, Howald Moor y otros c. Suiza (CE:ECHR:2014:0311JUD005206710, § 78 y § 79), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que la «imposibilidad [para un perjudicado] de saber que padece cierta enfermedad [constituía] una circunstancia [que] debería ser tomada en consideración para el cálculo del plazo de caducidad o de prescripción». En vista de estas circunstancias excepcionales, ese órgano jurisdiccional pudo estimar que la aplicación de tales plazos había limitado, en su esencia misma, el derecho de acceso de un perjudicado a un tribunal.
74      Sin embargo, si bien el perjudicado que sufre una enfermedad progresiva se halla en una situación de incertidumbre en lo que respecta a la evolución de su estado, no se ve privado del acceso a un tribunal toda vez que la manifestación, de forma cierta, del daño en relación con el defecto del producto pueda tener lugar en el plazo de diez años establecido en el artículo 11 de la Directiva 85/374, de modo que no se vulneran sus derechos.
75      Por lo tanto, los principios que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció en su sentencia de 11 de marzo de 2014, Howald Moor y otros c. Suiza (CE:ECHR:2014:0311JUD005206710), no pueden invocarse para cuestionar la validez del artículo 11 de la Directiva 85/374 en el caso de un perjudicado afectado por una enfermedad progresiva debida a un producto defectuoso.
76      Resulta de las consideraciones anteriores que el examen de la segunda cuestión prejudicial no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 11 de la Directiva 85/374.
Costas
77      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
1)      El artículo 13, de la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a que el perjudicado por un producto defectuoso reclame al productor la reparación de los daños sufridos, sobre la base del régimen general de responsabilidad por culpa, alegando el mantenimiento en circulación del producto defectuoso conociendo la existencia del defecto o el incumplimiento de su deber de vigilancia en cuanto a los riesgos que presenta este producto, o incluso cualquier otro comportamiento culposo relacionado con la falta de seguridad del producto defectuoso.
2)      El artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374
debe interpretarse en el sentido de que
el inicio del cómputo del plazo de prescripción de tres años establecido en esta disposición se fija en la fecha en la que el demandante tuvo o debería haber tenido conocimiento, a la vez, del daño, manifestado de forma cierta en relación con el producto defectuoso, con independencia de su evolución posterior, del defecto del producto y de la identidad del productor, y de que se opone a que ese inicio del cómputo solo pueda fijarse en la fecha de consolidación del daño.
3)      El examen de la segunda cuestión prejudicial no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 11 de la Directiva 85/374.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: francés.