62024TJ0368
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
de 11 de junio de 2025 (
*1
)
«Función pública — Agentes temporales — Contrato por tiempo indefinido — Artículo 2, letra c), del ROA — Resolución del contrato — Artículo 47, letra c), inciso i), del ROA — Pérdida de confianza — Obligación de motivación — Artículo 3 del anexo IX del Estatuto — Desviación de poder o de procedimiento — Presunción de inocencia — Derecho a ser oído — Error manifiesto de apreciación — Principio de proporcionalidad — Deber de asistencia y protección — Responsabilidad — Daños materiales y morales»
En el asunto T‑368/24,
EO, representado por las Sras. L. Levi y P. Baudoux, abogadas,
parte demandante,
contra
Parlamento Europeo, representado por la Sra. S. Seyr, el Sr. I. Lázaro Betancor y la Sra. K. Zejdová, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),
integrado por el Sr. J. Svenningsen (Ponente), Presidente, y el Sr. C. Mac Eochaidh y la Sra. M. Stancu, Jueces;
Secretario: Sr. A. Marghelis, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 4 de marzo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso, basado en el artículo 270 TFUE, el demandante, EO, solicita, por una parte, la anulación de la decisión de 15 de septiembre de 2023, por la que el Parlamento Europeo resolvió su contrato de agente temporal (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), y, por otra parte, la indemnización por los daños materiales y morales que afirma haber sufrido como consecuencia de dicha decisión.
Antecedentes del litigio
2
El demandante es un antiguo agente temporal, en el sentido del artículo 2, letra c), del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, «ROA»), del grupo político de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (en lo sucesivo, «grupo S&D»).
3
En el ejercicio de sus funciones de asesor político del grupo S&D, participó, en particular, en la elaboración de la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2022, sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA en Catar (DO 2023, C 167, p. 99; en lo sucesivo, «Resolución de 24 de noviembre de 2022»).
4
En los días siguientes a la adopción de la Resolución de 24 de noviembre de 2022, un asistente parlamentario acreditado de un diputado del grupo S&D ofreció al demandante asistir a un partido de la Copa Mundial de fútbol en Catar. Este obsequio consistía en dos entradas para asistir al partido de cuartos de final entre Argentina y los Países Bajos y en el pago de los gastos de viaje y alojamiento para dos personas.
5
Entre el 8 y el 11 de diciembre de 2022, el demandante estuvo en Catar con su pareja.
6
El 9 de diciembre de 2022, las autoridades belgas iniciaron una investigación sobre eventuales actividades de lobbying ilícitas por parte de Catar. En particular, llevaron a cabo registros en las oficinas del Parlamento y detuvieron a varias personas, entre ellas el asistente parlamentario acreditado mencionado en el apartado 4 anterior.
7
El 16 de diciembre de 2022, el demandante informó a su jefe de unidad de su estancia en Catar. Conjuntamente, informaron de ello al secretario general del grupo S&D.
8
El 20 de diciembre de 2022, tras haber oído al demandante, la presidenta del grupo S&D, en su condición de autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo (en lo sucesivo, «AFCC»), le suspendió de sus funciones por una duración indeterminada, con retención sobre su retribución, en aplicación de los artículos 23 y 24 del anexo IX del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»).
9
Ese mismo día, la mesa del grupo S&D publicó un comunicado de prensa titulado «Tolerancia cero con la corrupción» en el que se indica que «respalda plenamente la suspensión de un miembro [de su] personal […] por una falta grave relacionada con la investigación judicial en curso» (en lo sucesivo, «comunicado de prensa de 20 de diciembre de 2022»).
10
El 4 de enero de 2023, la AFCC informó al demandante de la apertura de una investigación administrativa en relación con un posible incumplimiento por su parte de las obligaciones establecidas en el artículo 11 del Estatuto.
11
El 30 de enero de 2023, el informe de investigación administrativa fue remitido a la AFCC y al secretario general del grupo S&D, con la recomendación de que se convocara al demandante a una audiencia de conformidad con el artículo 3 del anexo IX del Estatuto.
12
El 6 de marzo de 2023, la AFCC oyó al demandante, de conformidad con el artículo 3 del anexo IX del Estatuto, en presencia del secretario general del grupo S&D, de un miembro del Servicio Jurídico del Parlamento y de los agentes que habían redactado el informe de investigación administrativa.
13
El 31 de mayo de 2023, la AFCC informó al demandante de su intención de resolver su contrato sobre la base del artículo 47, letra c), inciso i), del ROA, al tiempo que le dispensaba de servicio durante el plazo de preaviso de diez meses, invocando la pérdida de confianza entre él y grupo S&D. La AFCC le convocó a una entrevista prevista para el 7 de junio siguiente para oírlo antes de adoptar una decisión. Se instaba al demandante a presentar sus observaciones por escrito si no deseaba participar en dicha entrevista.
14
El 2 de junio de 2023, la abogada del demandante solicitó el aplazamiento de esa entrevista debido a que ella no estaba disponible en la fecha propuesta. Asimismo, solicitó a la AFCC que le transmitiera todos los documentos en los que se basaba la intención de resolver el contrato del demandante.
15
El 15 de junio de 2023, se convocó al demandante a una entrevista prevista para el 29 de junio siguiente. Al día siguiente, la abogada del demandante respondió que no estaba disponible ese día. Pidió que se aplazara la entrevista y reiteró su solicitud de acceso a los documentos en los que se basaba la intención de la AFCC de resolver el contrato del demandante.
16
El 10 de julio de 2023, la AFCC precisó los elementos en los que se basaba su intención de resolver el contrato del demandante y le convocó a una entrevista prevista para el 18 de julio siguiente. Se le pedía que, si en esa fecha no estaba disponible, presentara sus observaciones escritas a más tardar el 24 de julio siguiente.
17
El 13 de julio de 2023, la abogada del demandante respondió que no estaba disponible el 18 de julio siguiente. Al tiempo que indicaba que el demandante remitiría sus observaciones escritas a más tardar el 24 de julio siguiente, propuso aplazar la entrevista hasta después de su regreso de vacaciones y reiteró, de nuevo, su solicitud de acceso a los documentos en los que se basaba la intención de la AFCC de resolver el contrato del demandante.
18
El 20 de julio de 2023, el demandante presentó sus observaciones escritas sobre la intención de la AFCC de resolver su contrato.
19
El 7 de septiembre de 2023, la AFCC levantó la suspensión del demandante y le informó de que aún no se había adoptado una decisión con arreglo al artículo 3 del anexo IX del Estatuto debido a la existencia de una investigación penal en curso, a la complejidad global de la situación y a su obligación de tener en cuenta todos los elementos pertinentes del expediente.
20
El 15 de septiembre de 2023, la AFCC adoptó la decisión impugnada sobre la base del artículo 47, letra c), inciso i), del ROA debido a la pérdida de confianza entre el grupo S&D y el demandante.
21
El 8 de diciembre de 2023, el demandante presentó una reclamación contra la decisión impugnada, sobre la base del artículo 90, apartado 2, del Estatuto.
22
El 15 de marzo de 2024, en un escrito que tenía por objeto el «seguimiento de la investigación administrativa y de la audiencia de marzo de 2023» y la «intención de hacer un apercibimiento sobre la base del artículo 3, apartado 1, letra b), del anexo IX del Estatuto», la AFCC informó al demandante de que había decidido finalmente suspender la adopción de una decisión con arreglo al artículo 3 del anexo IX del Estatuto y de que solo se adoptaría una decisión definitiva después de que la resolución dictada por el órgano jurisdiccional nacional que conocía del asunto hubiera adquirido firmeza para poder tener en cuenta las constataciones fácticas a las que llegarían las autoridades belgas.
23
A falta de respuesta a la reclamación de 8 de diciembre de 2023 dentro del plazo de cuatro meses previsto en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto, esta fue objeto, de entrada, de una denegación implícita el 8 de abril de 2024. No obstante, mediante decisión del 17 de abril siguiente, la mesa del grupo S&D, dentro del plazo de tres meses previsto en el artículo 91, apartado 3, segundo guion, del Estatuto, desestimó explícitamente dicha reclamación.
Pretensiones de las partes
24
El demandante solicita al Tribunal General que:
–
Anule la decisión impugnada y, si fuera necesario, la decisión explícita de desestimación de la reclamación.
–
Condene al Parlamento a indemnizarle por los daños materiales y morales sufridos.
–
Condene en costas al Parlamento, aunque se desestime el recurso.
25
El Parlamento solicita al Tribunal General que:
–
Desestime por infundadas las pretensiones de anulación.
–
Declare la inadmisibilidad parcial de las pretensiones de indemnización y, en cualquier caso, las desestime por infundadas.
–
Condene en costas al demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre las pretensiones de anulación
26
Dado que la decisión explícita desestimatoria de la reclamación carece de contenido autónomo, en la medida en que no hace sino confirmar la decisión impugnada, procede considerar que las presentes pretensiones de anulación tienen únicamente por objeto la anulación de la decisión impugnada, cuya legalidad se apreciará teniendo en cuenta la motivación que figura en la referida decisión desestimatoria de la reclamación (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de enero de 1989, Vainker/Parlamento_293/87, EU:C:1989:8, apartado 8, y de 6 de julio de 2022, MZ/Comisión, T‑631/20, EU:T:2022:426, apartado 21).
Quinto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
27
El demandante sostiene que la decisión impugnada no está motivada, ya que la AFCC no explicó las razones por las que decidió resolver su contrato en ese momento ni las razones por las que no adoptó una sanción menos severa. A su entender, tampoco justificó la denegación de acceso a todos los documentos utilizados para adoptar la decisión impugnada.
28
El Parlamento rebate esta alegación.
29
A este respecto, cuando la pérdida de confianza está en el origen de la resolución del contrato de un agente temporal, corresponde a la AFCC precisar las circunstancias fácticas que revelan o justifican dicha pérdida de confianza para permitir al interesado evaluar si la resolución de su contrato está fundada y al Tribunal General ejercer su control de legalidad (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2019, WN/Parlamento, T‑431/18, no publicada, EU:T:2019:781, apartado 31 y jurisprudencia citada).
30
En el caso de autos, de la decisión impugnada se desprende que la AFCC resolvió el contrato del demandante con preaviso tras haber constatado que el vínculo de confianza entre este último y el grupo S&D en su conjunto se había roto irremediablemente. Para la AFCC, esta pérdida de confianza resulta del comportamiento del demandante que aceptó el obsequio mencionado en el apartado 4 anterior y acudió a Catar, comportamiento que, en el contexto de la investigación de las autoridades belgas sobre eventuales actividades de lobbying ilícitas por parte de Catar, menoscabó la reputación del referido grupo político.
31
En la decisión explícita desestimatoria de la reclamación, la mesa del grupo S&D añadió que la pérdida de confianza se debía también al hecho de que el demandante había tardado en informar a sus superiores jerárquicos de su viaje a Catar, lo que hizo sólo una semana después de la publicación de artículos de prensa relativos a la investigación llevada a cabo por las autoridades belgas y a la detención del asistente parlamentario acreditado que le había ofrecido las entradas para el partido de fútbol en cuestión y sufragado sus gastos de viaje y alojamiento.
32
De este modo, la AFCC precisó de modo suficiente en Derecho las circunstancias fácticas que justificaban la pérdida de confianza que dio lugar a la resolución del contrato del demandante. Por tanto, la motivación de la decisión impugnada es suficiente para que este último pueda conocer las justificaciones aportadas por la AFCC por lo que atañe a la resolución de su contrato en ese momento y a la no adopción de una medida menos severa.
33
Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de que la AFCC no justificó su negativa a dar acceso a los documentos en los que se basó para adoptar la decisión impugnada.
34
En efecto, la obligación de motivación de una decisión de resolución de un contrato por tiempo indefinido exige simplemente que la AFCC exponga los motivos que justifiquen esa decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, apartado 156), cosa que hizo en el caso de autos. Por tanto, la circunstancia, suponiéndola acreditada, de que la AFCC no justificara su negativa a dar acceso a todos los documentos pertinentes no afecta al carácter suficiente de la motivación de la decisión impugnada.
35
Por consiguiente, debe desestimarse el quinto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.
Primer motivo, basado en una infracción del artículo 3 del anexo IX del Estatuto y en una desviación de poder o de procedimiento
36
El demandante sostiene que la AFCC infringió el artículo 3 del anexo IX del Estatuto y, en consecuencia, incurrió en desviación de poder o en desviación de procedimiento al adoptar la decisión impugnada. A este respecto, alega que el artículo 3 del anexo IX del Estatuto quedaría privado de efecto útil si la administración estuviera autorizada a resolver su contrato sin dar seguimiento a la investigación administrativa iniciada en su contra y a la audiencia ante la AFCC prevista en dicho artículo. A su entender, a falta de decisión de la AFCC en virtud de dicho artículo, la decisión impugnada se asemeja, por tanto, a una sanción disciplinaria encubierta.
37
El Parlamento rebate esta alegación.
38
En el caso de autos, la AFCC decidió resolver el contrato del demandante con preaviso con arreglo al artículo 47, letra c), inciso i), del ROA y no aplicar el artículo 49 del ROA, que establece que, una vez concluido el procedimiento disciplinario previsto en el anexo IX del Estatuto, el contrato podrá resolverse sin preaviso por motivo disciplinario en caso de incumplimiento grave de las obligaciones del agente. Por otra parte, en la decisión impugnada, la AFCC no reprochó al demandante el incumplimiento de sus obligaciones derivadas del artículo 11 del Estatuto.
39
En este contexto, la alegación invocada por el demandante en apoyo del primer motivo solo puede prosperar en el supuesto de que la AFCC hubiera estado obligada a adoptar una decisión con arreglo al artículo 3 del anexo IX del Estatuto antes de examinar la posibilidad de resolver su contrato en las condiciones previstas en el artículo 47 del ROA.
40
Pues bien, el juez de la Unión ha declarado reiteradamente que, incluso en caso de falta que pueda justificar el despido por un motivo disciplinario de un agente temporal, nada obliga a la AFCC a incoar un procedimiento disciplinario contra el interesado en vez de recurrir a la facultad de resolución unilateral del contrato prevista en el artículo 47, letra c), inciso i), del ROA (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de julio de 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, apartado 100, y de 8 de mayo de 2024, UF/Comisión, T‑24/23, EU:T:2024:293, apartado 54 y jurisprudencia citada).
41
Es cierto que, tras la recepción del informe elaborado al término de una investigación iniciada en virtud del artículo 2 del anexo IX del Estatuto, la AFCC está obligada a adoptar una de las tres acciones descritas en el artículo 3 de dicho anexo (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA, C‑587/21 P, EU:C:2024:1017, apartado 40). En el caso de autos, de los escritos de la AFCC de 7 de septiembre de 2023 y de 15 de marzo de 2024, mencionados en los apartados 19 y 22 anteriores, se desprende que esta pretende efectivamente dar seguimiento al informe de investigación, de conformidad con el artículo 3 del anexo IX del Estatuto, cuando las constataciones fácticas de las autoridades belgas hayan adquirido firmeza.
42
Sin embargo, la existencia de una decisión que deba adoptarse en virtud del artículo 3 del anexo IX del Estatuto no prohíbe a la AFCC resolver el contrato por tiempo indefinido del interesado con preaviso, de conformidad con el artículo 47, letra c), inciso i), del ROA, cuando constate que los elementos puestos en su conocimiento atestiguan una pérdida de confianza que impide la continuación de la relación laboral, y ello con independencia de si estos elementos pueden revelar también la existencia de un incumplimiento por parte del interesado de sus obligaciones estatutarias.
43
Por tanto, el hecho de haber resuelto el contrato del demandante sobre la base del artículo 47, letra c), inciso i), del ROA no constituye una infracción del artículo 3 del anexo IX del Estatuto.
44
Por otra parte, el demandante reconoció en la vista que los autos que obran en poder del Tribunal General no contienen indicios objetivos, pertinentes y concordantes que puedan demostrar que la decisión impugnada se adoptó con el fin exclusivo o, al menos, determinante, de conseguir otros fines distintos de los alegados, de modo que no puede constatarse ninguna desviación de poder o de procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2023, NS/Parlamento, T‑805/21, no publicada, EU:T:2023:22, apartado 119 y jurisprudencia citada).
45
Contrariamente a lo que sostiene el demandante, esta conclusión no priva de efecto útil al artículo 3 del anexo IX del Estatuto.
46
En efecto, la resolución del contrato del interesado no impide a la AFCC elegir entre las tres opciones previstas en el artículo 3 del anexo IX del Estatuto, elección que tiene la obligación de hacer, a más tardar, cuando las constataciones fácticas de las autoridades belgas hayan adquirido firmeza.
47
A lo sumo, si la AFCC estima que los hechos imputados al demandante son suficientemente graves para justificar la incoación del procedimiento disciplinario, con o sin consulta al Consejo de Disciplina, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra c), del anexo IX del Estatuto, la resolución de su contrato antes de la eventual incoación de un procedimiento disciplinario tiene como única consecuencia restringir la elección de la sanción que la AFCC podrá, en su caso, imponerle (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 2017, OU/Comisión, T‑569/16, EU:T:2017:285, apartado 35).
48
Habida cuenta de lo anterior, debe desestimarse el primer motivo, basado en una infracción del artículo 3 del anexo IX del Estatuto y en una desviación de poder o de procedimiento.
Cuarto motivo, basado en una vulneración del derecho de defensa
49
La alegación del demandante consta, en esencia, de dos partes, mediante las que reprocha al Parlamento, por una parte, haber vulnerado su presunción de inocencia y, por otra parte, no haberle oído antes de la adopción de la decisión impugnada.
– Primera parte del cuarto motivo, basada en una vulneración del derecho al respeto de la presunción de inocencia
50
El demandante sostiene que la resolución de su contrato, el comunicado de prensa de 20 de diciembre de 2022 y la supresión de su perfil del organigrama del grupo S&D publicado en Internet vulneran su presunción de inocencia.
51
El Parlamento rebate esta alegación.
52
Para empezar, por lo que respecta a la ilegalidad de que supuestamente adolecen la publicación del comunicado de prensa de 20 de diciembre de 2022 y la supresión del perfil del demandante del organigrama en el sitio de Internet del grupo S&D, basta señalar que estos actos no tienen por objeto preparar la resolución de su contrato y que, por tanto, como tales, no guardan relación con el objeto del presente recurso. Por consiguiente, aunque dichos actos adolecieran de ilegalidad, ello no podría dar lugar a la anulación de la decisión impugnada.
53
Por tanto, esta alegación es inoperante.
54
En cuanto a la cuestión de si la decisión impugnada vulnera la presunción de inocencia del demandante, es preciso recordar que una vulneración de la presunción de inocencia puede resultar de declaraciones o decisiones de las autoridades públicas que reflejen la impresión de que la persona es culpable, que inciten al público a creer en su culpabilidad o que prejuzguen la apreciación de los hechos en el ámbito penal (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de junio de 2021, DI/BCE, T‑514/19, EU:T:2021:332, apartado 117 y jurisprudencia citada). Como recuerda el demandante en el escrito de demanda, la jurisprudencia ha subrayado a este respecto la importancia de la elección de los términos empleados por las autoridades públicas. Por ello es importante tener en cuenta el sentido real de las declaraciones de que se trate, y no su forma literal, así como las circunstancias particulares en las que se hayan formulado (véase la sentencia de 30 de noviembre de 2022, KN/Parlamento, T‑401/21, EU:T:2022:736, apartado 73 y jurisprudencia citada).
55
En el caso de autos, la resolución del contrato del demandante se deriva de hechos no discutidos que él mismo puso en conocimiento de la AFCC. Además, la decisión impugnada se limita a declarar que el vínculo de confianza indispensable para la continuación de la relación laboral ha desaparecido, sin pronunciarse sobre la cuestión distinta de si el demandante ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 del Estatuto. Por tanto, esta decisión no prejuzga el resultado de un eventual procedimiento disciplinario y no vulnera, en sí, su derecho al respeto de la presunción de inocencia.
56
Es preciso comprobar, además, que los términos empleados por la AFCC para justificar la resolución del contrato del demandante no reflejen la impresión de que es culpable, no inciten al público a creer en su culpabilidad y no prejuzguen la apreciación de los hechos en el ámbito penal.
57
Interrogado en la vista sobre la cuestión de cuáles eran los términos empleados en la decisión impugnada que, a su juicio, vulneraban su presunción de inocencia, el demandante se limitó a invocar un apartado de la decisión impugnada que menciona el comunicado de prensa de 20 de diciembre de 2022 y a remitirse a los términos utilizados en ese comunicado de prensa según los cuales un agente de dicho grupo fue suspendido «por una falta grave relacionada con la investigación judicial en curso».
58
Pues bien, en este pasaje de la decisión impugnada, la AFCC se limita a mencionar el comunicado de prensa de 20 de diciembre de 2022 cuando resume las alegaciones del demandante que este había invocado en sus observaciones escritas de 20 de julio de 2023 mencionadas en el apartado 18 anterior. Además, la AFCC no hizo suyos los términos empleados por la mesa del grupo S&D en dicho comunicado de prensa.
59
Por tanto, ese pasaje de la decisión impugnada no pone de manifiesto ninguna vulneración de la presunción de inocencia del demandante.
60
Por consiguiente, debe desestimarse la primera parte del cuarto motivo, basada en una vulneración del derecho al respeto de la presunción de inocencia.
– Segunda parte del cuarto motivo, basada en una vulneración del derecho a ser oído
61
El demandante sostiene, en primer lugar, que la AFCC vulneró su derecho a ser oído al negarse a transmitirle, a pesar de sus reiteradas peticiones, los documentos pertinentes en los que se basa la decisión impugnada. En segundo lugar, afirma que la AFCC le denegó el derecho a ser oído durante una entrevista. En tercer lugar, señala que no dispuso de un plazo suficiente para preparar sus observaciones escritas, habida cuenta de que solo tuvo acceso a su correo electrónico entre el 11 y el 17 de julio de 2023 y de que tuvo problemas para acceder a él durante toda la jornada del 14 de julio de 2023.
62
El Parlamento rebate esta alegación.
63
En primer lugar, no puede acogerse el argumento del demandante basado en la supuesta negativa de la AFCC a comunicarle todos los documentos en que se apoyaba la decisión impugnada.
64
En efecto, para empezar, en el escrito de 31 de mayo de 2023, la AFCC reveló al demandante que su intención de resolver el contrato de este último se basaba en la información que él mismo había transmitido al grupo S&D el 16 de diciembre de 2022. A continuación, en el escrito de 10 de julio de 2023, la AFCC respondió a la solicitud del demandante de acceder a todos los documentos pertinentes confirmando que su intención de despedirlo se basaba en los hechos puestos en conocimiento del secretario general del grupo S&D el 16 de diciembre de 2022. Por último, para demostrar la existencia del daño causado a la reputación del grupo S&D, la AFCC adjuntó al referido escrito artículos aparecidos en la prensa italiana en los que se nombraba al demandante como una de las personas implicadas en las actividades objeto de la investigación llevada a cabo por las autoridades belgas.
65
Pues bien, en la decisión impugnada, la AFCC confirmó que la resolución del contrato del demandante tenía como único origen la imposibilidad de mantener una relación de confianza mutua, a la vista de los hechos no rebatidos por este y del menoscabo causado a la reputación del grupo S&D.
66
En estas circunstancias, debe considerarse que el demandante disponía de todos los elementos pertinentes para formular eficazmente sus observaciones sobre la intención de la AFCC de resolver su contrato.
67
En segundo lugar, el hecho de que el demandante no fuera oído oralmente antes de la adopción de la decisión impugnada no puede constituir una vulneración de su derecho a ser oído.
68
En efecto, de la jurisprudencia se desprende que el derecho a ser oído puede ejercerse en el marco de un intercambio oral y/o escrito iniciado por la AFCC y cuya prueba incumbe a dicha autoridad (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de noviembre de 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, apartado 32, y de 3 de junio de 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, apartado 54).
69
En el caso de autos, la AFCC instó al demandante a presentar observaciones escritas para el supuesto de que no pudiera asistir a una entrevista oral y, el 20 de julio de 2023, este presentó sus observaciones escritas sobre el proyecto de decisión impugnada. En consecuencia, no puede reprochar a la AFCC haber adoptado dicha decisión sin haberle oído previamente.
70
Esta conclusión no queda desvirtuada por el artículo 19, apartado 2, de las Disposiciones generales de aplicación relativas a los concursos y procedimientos de selección, al reclutamiento y a la clasificación de los funcionarios y otros agentes del Parlamento, que exige que la AFCC convoque al interesado a una entrevista antes de resolver su contrato.
71
En efecto, la AFCC invitó efectivamente al demandante a una entrevista antes de su despido en tres ocasiones, el 31 de mayo, el 15 de junio y el 10 de julio de 2023, invitaciones que declinó debido a la indisponibilidad de su abogada.
72
Por tanto, la falta de intercambio oral por razones que no son imputables a la administración no puede dar lugar a la anulación de la decisión impugnada.
73
En tercer lugar, contrariamente a lo que sostiene el demandante, este dispuso de un plazo suficiente para formular eficazmente sus observaciones antes de la adopción de la decisión impugnada.
74
En efecto, entre el 31 de mayo de 2023, fecha en la que la AFCC le comunicó su intención de resolver su contrato, y el 15 de septiembre de 2023, fecha en la que se adoptó la decisión impugnada, el demandante fue oído en el marco de un intercambio escrito iniciado por la AFCC y, durante ese período, dispuso de un plazo suficiente para formular sus observaciones sobre el proyecto de decisión de despido y preparar su defensa. Este plazo parece tanto más suficiente cuanto que las circunstancias fácticas que dieron lugar a la resolución del contrato están constituidas por hechos de los que el demandante tenía un conocimiento preciso, puesto que él mismo los había puesto en conocimiento de sus superiores jerárquicos.
75
La circunstancia de que solo tuviera acceso a su correo electrónico entre el 11 y el 17 de julio de 2023, al igual que el hecho de que encontrara problemas de conexión durante toda la jornada del 14 de julio de 2023, no pueden desvirtuar esta constatación.
76
En efecto, el período de seis días durante el cual el demandante pudo acceder a su correo electrónico no puede calificarse de corto. Además, no alega que hubiera solicitado que se prorrogara su acceso por un período más largo ni que el Parlamento denegara dicha solicitud.
77
De todas formas, correspondía al demandante explicar cuáles eran las alegaciones y pruebas que podría haber presentado si hubiera dispuesto de un plazo más largo y, en su caso, demostrar que tales alegaciones y pruebas habrían podido conducir en su situación a un resultado diferente [véase, en este sentido, la sentencia de 3 de julio de 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, apartado 269 (no publicado) y jurisprudencia citada], cosa que no ha hecho.
78
Por tanto, debe desestimarse la segunda parte del cuarto motivo, basada en una vulneración del derecho a ser oído. En consecuencia, procede desestimar en su totalidad el cuarto motivo, basado en una vulneración del derecho de defensa.
Segundo motivo, basado en la existencia de errores manifiestos de apreciación
79
El demandante sostiene que la decisión impugnada se basa en una motivación manifiestamente errónea. Para empezar, señala que la AFCC consideró erróneamente que aceptó un obsequio de una fuente ajena al Parlamento, ya que dicho obsequio procedía de su compañero de trabajo y él no podía razonablemente saber que este había supuestamente incurrido en actos de corrupción. Así pues, a su entender, el hecho de haber recibido dos entradas para un partido de fútbol no puede ser percibido por el público como constitutivo de un conflicto de intereses o de una falta de independencia. A continuación, el demandante afirma que nada permite presumir que el viaje a Catar ofrecido por su compañero de trabajo tuviera por objeto recompensar su trabajo en el Parlamento, en particular habida cuenta de que no tenía la facultad de influir en el proceso de toma de decisiones. Por el contrario, señala que, cuando redactó la propuesta de resolución sobre la situación de los derechos humanos en Catar en el contexto de la Copa Mundial de fútbol, formuló varias críticas a este respecto. Por último, a su entender, existe una contradicción entre la decisión impugnada, que, según la AFCC, se basa en hechos probados que acreditan una pérdida de confianza, y la decisión de suspender la adopción de una decisión con arreglo al artículo 3 del anexo IX del Estatuto debido a que los hechos aún no han quedado suficientemente acreditados.
80
El Parlamento rebate esta alegación.
81
A este respecto, según la jurisprudencia, la existencia de una relación de confianza no se basa en elementos objetivos y, por naturaleza, queda al margen del control judicial, no pudiendo el Tribunal General sustituir la apreciación de la administración. No obstante, en la medida en que una institución está obligada a hacer explícitas las razones que originaron la pérdida de confianza haciendo referencia a hechos materiales concretos, el juez de la Unión deberá comprobar si tales razones se fundamentan en hechos materialmente exactos (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de octubre de 2022, CE/Comité de las Regiones, C‑539/21 P, no publicada, EU:C:2022:840, apartado 110, y de 8 de mayo de 2024, UF/Comisión, T‑24/23 P, EU:T:2024:293, apartado 58).
82
En el caso de autos, el demandante no niega que los hechos en los que se basa la decisión impugnada son materialmente exactos.
83
A este respecto, ha quedado acreditado que, algunos días después de la adopción de la Resolución de 24 de noviembre de 2022, el demandante aceptó un obsequio por parte de un compañero de trabajo consistente en dos entradas para asistir a un partido de la Copa Mundial de fútbol y que estuvo con su pareja en Catar entre el 8 y el 11 de diciembre de 2022 para asistir a dicho partido de fútbol. Por otra parte, los gastos de viaje y alojamiento fueron sufragados por este compañero de trabajo. Asimismo, consta que el demandante no informó a sus superiores jerárquicos de este viaje hasta el 16 de diciembre de 2022, es decir, una semana después de que se hiciera pública la investigación llevada a cabo por las autoridades belgas.
84
Habida cuenta de las funciones desempeñadas por el demandante en el grupo S&D, la AFCC no incurrió en un error manifiesto de apreciación al considerar que su comportamiento podía generar en la opinión pública la percepción de una falta de independencia en relación con la influencia de fuentes ajenas al grupo S&D y, por tanto, perjudicar la reputación de este grupo político. Pues bien, en tal entorno político, la pérdida de confianza puede resultar válidamente del menoscabo causado a la reputación del grupo político en el que el interesado ejerce sus funciones.
85
Además, es preciso subrayar también que algunos artículos de prensa en los que se mencionaba el nombre del demandante en relación con el escándalo del Qatargate fueron publicados antes del 16 de diciembre de 2022, es decir, antes de que este informara a sus superiores jerárquicos de su estancia en Catar y de las condiciones en las que se había desplazado a ese país, de modo que la mesa del grupo S&D tampoco incurrió en un error manifiesto de apreciación al considerar que el vínculo de confianza se había visto afectado por la circunstancia de que el demandante hubiera tardado en informar a sus superiores jerárquicos de los hechos en cuestión.
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A la vista de estos elementos, debe concluirse que el demandante no ha demostrado que la AFCC incurriera en un error manifiesto de apreciación al considerar que el vínculo de confianza se había roto irremediablemente.
87
Esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones del demandante.
88
En primer lugar, el hecho de que el obsequio que el demandante aceptó no procediese de una «persona ajena» al Parlamento no afecta a la legalidad de la decisión impugnada, que no reprocha al demandante una infracción del artículo 11, párrafo primero, del Estatuto. Por lo demás, aunque el asistente parlamentario acreditado que ofreció el obsequio controvertido al demandante es un miembro del personal del Parlamento, el hecho es que el demandante no podía razonablemente considerar que el obsequio que se le había ofrecido procedía de la propia institución como empleador.
89
En segundo lugar, la circunstancia de que el obsequio que aceptó no tuviera por objeto recompensarle por su trabajo tampoco es pertinente. En efecto, la AFCC no se basó en esta consideración para llegar a la conclusión de que se había roto el vínculo de confianza.
90
En tercer lugar, dado que el procedimiento de resolución del contrato de un agente temporal con preaviso no tiene el mismo objeto que un procedimiento disciplinario, no es contradictorio concluir que los hechos en los que se basa la decisión impugnada están suficientemente acreditados para constatar la pérdida de confianza, considerando al mismo tiempo que procede suspender la adopción de una decisión con arreglo al artículo 3 del anexo IX del Estatuto para poder tener en cuenta las constataciones fácticas efectuadas por las autoridades belgas antes de decidir el curso que debe darse a la investigación administrativa iniciada en virtud del artículo 2 de dicho anexo.
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Habida cuenta de lo anterior, debe desestimarse el segundo motivo, basado en la existencia de errores manifiestos de apreciación.
Tercer motivo, basado en una violación del principio de proporcionalidad
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El demandante sostiene que la resolución de su contrato es una medida desproporcionada, habida cuenta de que actuó de buena fe informando rápidamente a sus superiores jerárquicos de los hechos y cooperando plenamente con las autoridades belgas.
93
El Parlamento rebate esta alegación.
94
A este respecto, basta recordar que, cuando el examen del comportamiento de un agente temporal lleva a la AFCC a considerar que se ha roto el vínculo de confianza indispensable para la continuación de la relación laboral, dicha autoridad tiene derecho a resolver su contrato de conformidad con el artículo 47, letra c), inciso i), del ROA [véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de abril de 2004, Parlamento/Reynolds, C‑111/02 P, EU:C:2004:265, apartado 56, y de 21 de junio de 2023, UG/Comisión, T‑571/17 RENV, EU:T:2023:351, apartado 384 (no publicado)].
95
Dado que la AFCC no incurrió en error manifiesto de apreciación ni en desviación de poder al estimar que el vínculo de confianza se había roto definitivamente, pudo resolver el contrato del demandante sin violar el principio de proporcionalidad.
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Por consiguiente, debe desestimarse el tercer motivo, basado en una violación del principio de proporcionalidad.
Sexto motivo, basado en un incumplimiento del deber de asistencia y protección
97
El demandante sostiene que la AFCC no tuvo en cuenta el impacto que la decisión impugnada iba a tener sobre sus perspectivas de empleo, su estado de salud, su reputación y su situación profesional y financiera.
98
El Parlamento rebate esta alegación.
99
En el caso de autos, aunque el interés de un agente en ser mantenido en sus funciones no pueda impedir, por sí mismo, la resolución de su contrato, no es menos cierto que el deber de asistencia y protección de la AFCC respecto de sus agentes le obliga a tener en cuenta el interés personal del interesado (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de octubre de 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, apartados 35 y 36).
100
A este respecto, de la decisión impugnada se desprende que la AFCC fue incluso más allá de lo que requiere su deber de asistencia y protección, puesto que examinó la propuesta formulada por el demandante en sus observaciones escritas de encontrar una solución alternativa a la resolución de su contrato evaluando si un cambio de destino a otro puesto dentro del grupo S&D podía restablecer el vínculo de confianza.
101
Dicho examen basta para demostrar que la AFCC tuvo en cuenta el interés personal del demandante en ser mantenido en sus funciones. De ese modo, la AFCC ponderó los intereses en juego que implicaba su deber de asistencia y protección para con el demandante.
102
Por consiguiente, procede desestimar el sexto motivo, basado en un incumplimiento del deber de asistencia y protección, y, en consecuencia, desestimar las pretensiones de anulación en su totalidad.
Sobre las pretensiones de indemnización
103
El demandante solicita la indemnización de los daños materiales y morales sufridos como consecuencia de la decisión impugnada.
104
El Parlamento rebate esta alegación.
105
Dado que el examen de las pretensiones de anulación no ha puesto de manifiesto que la AFCC cometiera ninguna ilegalidad al adoptar la decisión impugnada, no concurre el primer requisito para que se genere la responsabilidad del Parlamento, relativo a la ilegalidad del comportamiento que se le imputa. Por tanto, las pretensiones de indemnización deben desestimarse por infundadas, sin que sea necesario examinar su admisibilidad (véase el apartado 25 anterior) ni los demás requisitos para que se genere la responsabilidad del Parlamento relativos a la existencia de un daño y de una relación de causalidad entre dicho daño y la ilegalidad alegada.
106
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
107
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por otro lado, con arreglo al artículo 135, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General podrá imponer una condena en costas parcial o total a una parte, aunque sea la vencedora, si así lo justificase su actitud, incluso con anterioridad a la interposición del recurso, y en particular si hubiera causado a la otra parte gastos que el Tribunal General considere abusivos o temerarios.
108
En el caso de autos, se han desestimado las pretensiones del demandante y este no ha precisado cuál era el «comportamiento» del Parlamento que le obligó a interponer el presente recurso. Por consiguiente, procede condenarle en costas, conforme a lo solicitado por el Parlamento.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a EO.
Svenningsen
Mac Eochaidh
Stancu
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de junio de 2025.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.