62016TJ0643_RES
(Asunto T‑643/16)
Al-Gama’a al — Islamiyya Egypt
contra
Consejo de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 10 de abril de 2019
«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas, grupos y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Congelación de fondos — Posibilidad de considerar a una autoridad de un Estado tercero una autoridad competente en el sentido de la Posición común 2001/931/PESC — Fundamento de hecho de las decisiones de congelación de fondos — Obligación de motivación — Autenticación de los actos del Consejo»
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de congelación de fondos — Adopción o mantenimiento sobre la base de una decisión nacional de congelación de fondos — Autoridad competente para adoptar dicha decisión nacional — Concepto — Autoridad de un Estado tercero — Inclusión
(Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, art. 1, ap. 4)
(véanse los apartados 81 y 82)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de congelación de fondos — Adopción o mantenimiento sobre la base de una decisión nacional de congelación de fondos adoptada por un Estado tercero — Procedencia — Requisito — Decisión nacional adoptada con observancia de los derechos de la defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva — Obligación de verificación que incumbe al Consejo — Obligación de motivación — Alcance
(Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, art. 1, ap. 4)
(véanse los apartados 85 a 88 y 133)
Derecho de la Unión — Principios — Derecho de defensa — Decisión de congelación de fondos adoptada contra determinadas personas y entidades sospechosas de realizar actividades terroristas — Obligaciones del Consejo — Comunicación al interesado de las pruebas de cargo y derecho a ser oído — Alcance
(Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, art. 1, ap. 4)
(véanse los apartados 93 y 94)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de congelación de fondos — Adopción o mantenimiento sobre la base de una decisión nacional de apertura de investigaciones o de procedimientos o de condena — Autoridad competente para adoptar dicha decisión nacional — Concepto — Autoridad administrativa — Inclusión — Requisitos
(Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, art. 1, ap. 4)
(véanse los apartados 110 a 116)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de congelación de fondos — Adopción o mantenimiento sobre la base de una decisión nacional de apertura de investigaciones o de procedimientos o de condena — Inexistencia de obligación de que la decisión nacional se adopte en el marco de un proceso penal stricto sensu — Requisitos
(Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, art. 1, ap. 4)
(véanse los apartados 119 a 121)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Obligación de cooperación leal entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea — Decisión de congelación de fondos — Justificación — Respeto de los derechos fundamentales — Control jurisdiccional — Alcance
(Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, art. 1, ap. 4)
(véanse los apartados 129 a 132)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Obligación de cooperación leal entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea — Decisión de congelación de fondos — Adopción o mantenimiento sobre la base de una decisión nacional de apertura de investigaciones o de procedimientos o de condena — Obligación de motivación — Alcance — Decisión nacional de condena — Inexistencia de obligación de indicar las pruebas o los indicios serios y creíbles que fundamenten la decisión nacional
(Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, art. 1, ap. 4)
(véanse los apartados 140 a 146 y 148)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de congelación de fondos — Mantenimiento sobre la base de una orden nacional de congelación — Decisión nacional que no permite concluir por sí misma la persistencia del riesgo de implicación en actos terroristas — Obligación del Consejo de tener en cuenta la información fáctica más reciente que demuestre la persistencia de dicho riesgo
(Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, art. 1, ap. 6)
(véanse los apartados 154 a 157 y170)
Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de congelación de fondos adoptada contra determinadas personas y entidades sospechosas de actividades terroristas — Requisitos mínimos
(Art. 296 TFUE)
(véanse los apartados 160 a 163 y 173)
Unión Europea — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de congelación de fondos — Mantenimiento sobre la base de una orden nacional de congelación — Alcance del control — Control que se extiende a todos los datos utilizados para demostrar la persistencia del riesgo de participación en actos terroristas
(Artículo 296 TFUE; Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, artículo 1, aps. 4 y 6)
(véanse los apartados 160, 185 y 186)
Recurso de anulación — Motivos — Vicios sustanciales de forma — Vulneración de las disposiciones del Reglamento interno del Consejo relativas a la autenticación de sus actos — Necesidad de invocar un perjuicio u otros vicios distintos de la falta de autenticación — Inexistencia
(Art. 297 TFUE, ap. 2, párr. 1; Reglamento interno del Consejo, art. 15)
(véanse los apartados 196 a 204, 209, 210, 218, 219, 228 y229)
Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de congelación de fondos adoptada contra determinadas personas y entidades sospechosas de actividades terroristas — Decisión y exposición de motivos que figuran en documentos distintos — Publicación separada justificada por consideraciones imperiosas de interés general — Presunción de autenticación de la exposición de motivos no firmada — Inexistencia — Obligación de autenticar la decisión y la exposición de motivos
(Art. 296 TFUE; Reglamento interno del Consejo, artículo 15)
(véanse los apartados 214 a 216, 222, y 223)
Resumen
En la sentencia Al-Gama’a al — Islamiyya Egypt/Consejo (T‑643/16), dictada el 10 de abril de 2019, el Tribunal ha anulado varias decisiones (PESC) del Consejo por las que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, (
1
) y varios Reglamentos de Ejecución (UE) del Consejo por los que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, (
2
) adoptados entre julio de 2016 y julio de 2018, en la medida en que estos actos afectan a la organización Al-Gama’a al — Islamiyya Egypt. (
3
) De las exposiciones de motivos de los actos impugnados se desprende que la inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas se basaba en cuatro decisiones nacionales, a saber, una decisión adoptada por una autoridad británica (en lo sucesivo, decisión del «Home Secretary», Ministerio del Interior del Reino Unido) y tres decisiones adoptadas por autoridades estadounidenses.
Por lo que se refiere a estas últimas decisiones, el Tribunal ha recordado que, aunque el concepto de «autoridad competente» utilizado en el artículo 1, apartado 4, de la Posición Común 2001/931 (
4
) no se limita a las autoridades de los Estados miembros, sino que en él también tienen cabida, en principio, las autoridades de Estados terceros, cuando el Consejo se basa en una decisión de un Estado tercero debe comprobar, previamente, si en la adopción de esa decisión se respetaron el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva. En el caso de autos, el Tribunal ha declarado, en relación con dos de estas decisiones, que, dado que las autoridades estadounidenses no estaban obligadas, vistas las exposiciones de motivos relativas a los actos impugnados, a comunicar a los interesados la motivación que fundamentaba sus decisiones, ni siquiera a publicarlas, no se garantizaba el respeto del principio del derecho de defensa en relación con dichas decisiones y que, por lo tanto, estas no podían servir de base para los actos impugnados. A continuación, por lo que se refiere a la primera decisión de los Estados Unidos, el Tribunal ha observado que la mera mención de que la decisión se había publicado en el diario oficial de los Estados Unidos era insuficiente para establecer que el Consejo había llevado a cabo la verificación requerida en relación con el cumplimiento, en ese tercer Estado, del principio del derecho de defensa. Así pues, el Tribunal ha considerado que la motivación relativa a las decisiones de los Estados Unidos es insuficiente, de manera que no podían servir de fundamento a los actos impugnados.
Sin embargo, el Tribunal ha indicado que, puesto que el artículo 1, apartado 4, de la Posición Común 2001/931 no exige que los actos del Consejo se basen en una pluralidad de decisiones de autoridades competentes, los actos impugnados pudieron, por lo que se refiere a la inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas, referirse únicamente a la decisión del Home Secretary, de manera que era preciso proseguir el examen del recurso limitándolo a los actos impugnados, en la medida en que se basaran, inicialmente, en esta última decisión.
A continuación, el Tribunal ha anulado los actos impugnados, por un lado, en la medida en que los hechos mencionados por el Consejo en las exposiciones de motivos relativas a los actos impugnados no justificaban que se mantuviera el nombre de la demandante en las listas impugnadas, bien por ser insuficiente su motivación, bien por ser insuficientes para justificar tal medida, en particular en razón de su antigüedad. Por otro lado, el Tribunal ha declarado que las exposiciones de motivos relativas a los actos impugnados, que fueron comunicadas a la organización de que se trata, no fueron autenticadas por el Consejo con arreglo al artículo 297 TFUE, apartado 2, párrafo primero, y al artículo 15 de su Reglamento interno. (
5
) En efecto, la autenticación de los actos del Consejo es un requisito de forma sustancial que permite a terceros comprobar que la versión que se les ha remitido corresponde a la adoptada por esta institución y que garantiza de este modo el respeto del principio de seguridad jurídica. Dado que este principio de seguridad jurídica afecta también a los actos del Consejo, estos deben ser autenticados aunque el Consejo no sea un órgano colegiado. Además, dado que la motivación y la parte dispositiva de un acto del Consejo constituyen un todo inseparable e indivisible, es importante que ambos sean autenticados aunque figuren en documentos separados. Por último, dado que la autenticación constituye un requisito sustancial de forma, procede anular los actos impugnados, sin que sea necesario examinar si los documentos notificados a la demandante se corresponden plenamente con los adoptados por el Consejo.
(
1
)	Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO 2001, L 344, p. 93).
(
2
)	Reglamento (CE) n.o 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO 2001, L 344, p. 70).
(
3
)	En el presente asunto, se solicitaba la anulación de la Decisión (PESC) 2016/1136 del Consejo, de 12 de julio de 2016 (DO 2016, L 188, p. 21) y del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1127 del Consejo, de 12 de julio de 2016 (DO 2016, L 188, p. 1); de la Decisión (PESC) 2017/154 del Consejo, de 27 de enero de 2017 (DO 2017, L 23, p. 21) y del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/150 del Consejo, de 27 de enero de 2017 (DO 2017, L 23, p. 3); de la Decisión (PESC) 2017/1426 del Consejo, de 4 de agosto de 2017 (DO 2017, L 204, p. 95), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1420 del Consejo, de 4 de agosto de 2017 (DO 2017, L 204, p. 3); de la Decisión (PESC) 2018/475 del Consejo, de 21 de marzo de 2018 (DO 2018, L 79, p. 26), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/468 del Consejo, de 21 de marzo de 2018 (DO 2018, L 79, p. 7), y de la Decisión (PESC) 2018/1084 del Consejo, de 30 de julio de 2018 (DO 2018, L 194, p. 144) y del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1071 del Consejo, de 30 de julio de 2018 (DO 2018, L 194, p. 23).
(
4
)	En virtud de esta disposición, las listas de congelación de fondos se confeccionarán sobre la base de informaciones concretas o de elementos del expediente que muestren que una autoridad competente ha adoptado una decisión respecto de las personas y entidades mencionadas, tanto si se trata de la apertura de investigaciones o de procedimientos en relación con un acto terrorista, como de la tentativa de cometer, o de participar, o de facilitar dicho acto, basada en pruebas o en indicios serios y creíbles, o si se trata de una condena por dichos hechos.
(
5
)	Reglamento interno del Consejo, adoptado mediante la Decisión 2009/937/UE de 1 de diciembre de 2009 (DO 2009, L 325, p. 35).