62022CJ0255
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 26 de septiembre de 2024 (
*1
)
«Recurso de casación — Competencia — Mercados del gas de Europa central y oriental — Artículo 102 TFUE — Artículo 54 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) — Abuso de posición dominante — Suministro de gas en sentido ascendente en Europa central y oriental — Reglamento (CE) n.o 1/2003 — Artículo 9, apartado 1 — Decisión de la Comisión Europea que convierte en obligatorios los compromisos individuales propuestos por una empresa — Recurso de anulación — Adecuación de esos compromisos habida cuenta de las inquietudes en materia de competencia identificadas en el pliego de cargos — Naturaleza del control del juez de la Unión — Renuncia por parte de la Comisión a exigir compromisos en relación con algunas de las inquietudes iniciales — Principio de buena administración — Principio de proporcionalidad — Obligación de motivación — Objetivos de la política energética de la Unión — Artículo 194 TFUE — Principio de solidaridad energética»
En el asunto C‑255/22 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 8 de abril de 2022,
Orlen S.A., anteriormente Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., sucesora legal de Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., con domicilio social en Płock (Polonia), representada por la Sra. K. Karasiewicz, radca prawny, y los Sres. T. Kaźmierczak, K. Kicun y P. Moskwa, adwokaci,
parte recurrente,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Comisión Europea, representada por el Sr. G. Meessen, la Sra. I. Söderlund y el Sr. J. Szczodrowski, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
República de Lituania,
República
de Polonia, representada por el Sr. B. Majczyna y las Sras. K. Rudzińska y S. Żyrek, en calidad de agentes,
Gazprom PJSC, con domicilio social en Moscú (Rusia),
Gazprom export LLC, con domicilio social en San Petersburgo (Rusia),
representadas por los Sres. E. Borovikov y J. Venit, avocats, los Sres. J. T. Hainz, J. Karenfort y W. Murzin, Rechtsanwälte, y la Sra. N. Tuominen, avocată,
Overgas Inc., con domicilio social en Sofía (Bulgaria), representada por los Sres. S. Cappellari, S. Gröss y N. Jacobi, Rechtsanwälte, y el Sr. J. Sroczyński, radca prawny,
partes coadyuvantes en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por la Sra. A. Prechal, Presidenta de Sala, y los Sres. F. Biltgen, N. Wahl (Ponente) y J. Passer y la Sra. M. L. Arastey Sahún, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretaria: Sra. M. Siekierzyńska, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de febrero de 2024;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de junio de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso de casación, Orlen S.A., anteriormente Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., sucesora legal de Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 2 de febrero de 2022, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Comisión (Compromisos de Gazprom) (T‑616/18, en lo sucesivo, sentencia recurrida, EU:T:2022:43), mediante la que dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso de anulación de la Decisión C(2018) 3106 final de la Comisión, de 24 de mayo de 2018, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 102 [TFUE] y [el] artículo 54 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39816 — Suministro de gas en sentido ascendente en Europea Central y Oriental) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
I. Antecedentes del litigio
2
Los antecedentes del litigio se expusieron en los apartados 1 a 36 de la sentencia recurrida en los siguientes términos:
«I. Antecedentes del litigio y acontecimientos posteriores a la interposición del recurso
1
La demandante, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo […], es la sociedad matriz del grupo PGNiG, que opera en el sector del gas y del petróleo, principalmente en Polonia. Este grupo [ejerce], en particular, actividades de exploración y producción de gas y de petróleo crudo, así como de importación, venta y distribución de gas.
2
La demandante solicita la anulación de la Decisión [controvertida], que convirtió en obligatorios los compromisos presentados por Gazprom PJSC y Gazprom export LLC (en lo sucesivo, denominadas conjuntamente, “Gazprom”).
3
La Decisión [controvertida] cerró un procedimiento administrativo tramitado por la Comisión [Europea], que examinó, a la luz de la prohibición de los abusos de posición dominante establecida en el artículo 102 TFUE, la conformidad de determinadas prácticas de Gazprom que afectaban al sector del gas en algunos países de Europa central y oriental (en lo sucesivo, “PECO”), a saber, en Bulgaria, en la República Checa, en Estonia, en Letonia, en Lituania, en Hungría, en Polonia y en Eslovaquia (en lo sucesivo, conjuntamente denominados, “PECO afectados”).
A. Sobre el procedimiento administrativo que dio lugar a la Decisión [controvertida]
4
Entre 2011 y 2015, la Comisión adoptó varias medidas para investigar el funcionamiento de los mercados del gas en Europa central y oriental. En particular, en virtud de los artículos 18 y 20 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), envió solicitudes de información a varios representantes del mercado, incluidos Gazprom y algunos de sus clientes, entre ellos la demandante, y realizó una serie de inspecciones, una de ellas, en 2011, en las instalaciones de esta última. El procedimiento administrativo correspondiente a dicha investigación y sobre el que versa directamente el presente asunto se registró con la referencia “Asunto AT.39816 — Suministro de gas en sentido ascendente en Europa Central y Oriental” (en lo sucesivo, “asunto AT.39816”).
5
En el marco de dicho asunto, la Comisión incoó formalmente, el 31 de agosto de 2012, un procedimiento con vistas a la adopción, con arreglo al artículo 11, apartado 6, del Reglamento n.o 1/2003 y al artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2004, L 123, p. 18), de una decisión con arreglo al capítulo III del Reglamento n.o 1/2003.
6
El 22 de abril de 2015, la Comisión envió, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento n.o 773/2004, un pliego de cargos a Gazprom (en lo sucesivo, “pliego de cargos”). En dicho pliego, la Comisión concluyó, con carácter preliminar, que Gazprom ocupaba una posición dominante en los mercados nacionales de suministro de gas al por mayor en los PECO afectados y que, infringiendo el artículo 102 TFUE, abusaba de esta posición desarrollando una estrategia contraria a la competencia para fragmentar y aislar esos mercados y, de este modo, impedir la libre circulación del gas en los PECO afectados.
7
La Comisión había estimado que esa estrategia de Gazprom comprendía tres conjuntos de prácticas contrarias a la competencia que afectaban a sus clientes en los PECO afectados (en lo sucesivo, “clientes afectados”) y a sus contratos celebrados con ella (en lo sucesivo, “contratos afectados”):
–
en primer lugar, Gazprom había impuesto restricciones territoriales en sus contratos de suministro de gas con mayoristas y con determinados clientes industriales en los PECO afectados (en lo sucesivo, “reservas relativas a las restricciones territoriales”), restricciones que se derivaban de cláusulas contractuales que prohibían la exportación fuera del territorio de suministro o que obligaban a utilizar el gas suministrado en un determinado territorio; Gazprom también había recurrido a otras medidas que impedían los flujos transfronterizos de gas;
–
en segundo lugar, según la Comisión, esas restricciones territoriales permitieron a Gazprom llevar a cabo una política tarifaria desleal en cinco de los PECO afectados, a saber, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia (en lo sucesivo, “los cinco PECO afectados por las prácticas tarifarias”), imponiendo precios excesivos puesto que eran considerablemente superiores al nivel de sus costes o a ciertos precios considerados como precios de referencia (en lo sucesivo, “reservas relativas a las prácticas tarifarias”);
–
en tercer lugar, según la Comisión, en lo que se refiere a Bulgaria y Polonia, Gazprom supeditó su suministro de gas a la obtención de determinadas garantías por parte de los mayoristas, relativas a la infraestructura de transporte de gas; tales garantías tenían por objeto, por una parte, las inversiones realizadas por el mayorista búlgaro en el proyecto de gasoducto South Stream y, por otra parte, la aceptación por el mayorista polaco, a saber, la demandante, del refuerzo del control de Gazprom en la gestión del tramo polaco del gasoducto Yamal, uno de los principales gasoductos de tránsito en Polonia (en lo sucesivo, “reservas Yamal”).
8
El 29 de septiembre de 2015, Gazprom respondió al pliego de cargos rebatiendo las inquietudes en materia de competencia de la Comisión y, posteriormente, con arreglo al artículo 12 del Reglamento n.o 773/2004, fue oída en la audiencia que se celebró el 15 de diciembre de 2015.
9
El 14 de febrero de 2017, sin dejar de rebatir las inquietudes en materia de competencia [que figuraban en el] pliego de cargos, Gazprom presentó un proyecto formal de compromisos con arreglo al artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003 (en lo sucesivo, “compromisos iniciales”). Este proyecto había venido precedido de propuestas informales de compromisos.
10
El 16 de marzo de 2017, con el fin de recabar las observaciones de las partes interesadas sobre los compromisos iniciales, la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea una Comunicación de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento n.o 1/2003 (DO 2017, C 81, p. 9), que contenía un resumen del asunto AT.39816 y los aspectos esenciales del contenido de los compromisos iniciales. Con arreglo a dicha disposición, las partes interesadas disponían de un plazo de siete semanas a partir de la fecha de publicación de dicha Comunicación para presentar sus observaciones (en lo sucesivo, “consulta del mercado”). La Comisión recibió 44 series de observaciones de partes interesadas, entre ellas de la demandante, del Gobierno polaco, del Presidente de la Urząd Regulacji Energetyki (Oficina Reguladora de la Energía polaca; en lo sucesivo, “Oficina polaca”) y de Gaz-System S.A., el gestor del tramo polaco del gasoducto Yamal.
11
El 15 de marzo de 2018, tras haber recibido las versiones no confidenciales de las observaciones de las partes interesadas sobre los compromisos iniciales, Gazprom presentó un proyecto modificado de compromisos (en lo sucesivo, “compromisos finales”).
12
De conformidad con el artículo 14 del Reglamento n.o 1/2003, la Comisión consultó al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes (en lo sucesivo, “Comité consultivo”) y le comunicó, en particular, un anteproyecto de decisión. El 2 de mayo de 2018, el Comité consultivo emitió un dictamen favorable a dicho anteproyecto. Por otra parte, con arreglo al artículo 16 de la Decisión 2011/695/UE del Presidente de la Comisión Europea, de 13 de octubre de 2011, relativa a la función y el mandato del consejero auditor en determinados procedimientos de competencia (DO 2011, L 275, p. 29), el consejero auditor presentó su informe final el 2 de mayo de 2018.
13
El 24 de mayo de 2018, la Comisión adoptó la Decisión [controvertida], a la que se incorporaron como anexo los compromisos finales. Mediante esta Decisión, aprobó y convirtió en obligatorios dichos compromisos y dio por cerrado el procedimiento administrativo concluyendo que no debía adoptar actuaciones adicionales respecto de las prácticas potencialmente abusivas inicialmente identificadas en el pliego de cargos.
B. Sobre la Decisión [controvertida]
14
En la Decisión [controvertida], la Comisión expuso, para empezar, un análisis preliminar de las prácticas de Gazprom, para, a renglón seguido, presentar los compromisos iniciales, los resultados de la consulta del mercado y los compromisos finales. A continuación, presentó su análisis de los compromisos finales y las razones que la habían llevado a considerar que resultaban satisfactorios habida cuenta de sus inquietudes en materia de competencia.
1. Análisis preliminar de las prácticas controvertidas
15
En la sección 4 de la Decisión [controvertida], en la que figura el análisis preliminar, la Comisión definió los mercados pertinentes como los mercados nacionales de suministro de gas al por mayor en sentido ascendente. A este respecto, dicha institución también constató que Gazprom ocupaba una posición dominante en los mercados pertinentes en los PECO afectados.
16
La Comisión consideró que Gazprom podría haber abusado de su posición dominante, infringiendo el artículo 102 TFUE, al practicar una estrategia anticompetitiva para evitar el libre flujo de gas a través de los PECO afectados y fragmentar y aislar los mercados pertinentes de esos países. Más concretamente, estimó que esta estrategia comprendía tres conjuntos de prácticas contrarias a la competencia que correspondían fundamentalmente a las inquietudes en materia de competencia consignadas en el pliego de cargos y que se han expuesto en el apartado 7 anterior.
17
Por lo que se refiere a las reservas Yamal, mientras que, en el marco de la consulta del mercado, algunas de las partes interesadas habían puesto en entredicho la falta de compromisos que permitiesen poner remedio a estas reservas, la Comisión explicó, en el considerando 138 de la Decisión [controvertida], que, tras haber investigado en mayor profundidad, sus inquietudes en materia de competencia preliminares no se habían confirmado. Por una parte, indicó que, en una Decisión de 19 de mayo de 2015 que certificó a Gaz-System como gestor de red independiente (en lo sucesivo, “GRI”) para el tramo polaco del gasoducto Yamal (en lo sucesivo, “decisión de certificación”), la Oficina polaca había concluido, en particular, que Gaz-System ejercía un control determinante sobre las decisiones en materia de inversiones relativas a este tramo, así como sobre la ejecución de las mismas. Por lo tanto, ni System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. (en lo sucesivo, “EuRoPol”), como propietario [de dicho] gasoducto, ni Gazprom, como accionista de EuRoPol, estaban en condiciones de bloquear dichas decisiones. Por otra parte, la Comisión puso de relieve el carácter intergubernamental de las relaciones entre las partes activas en el sector del gas en Polonia, en particular por lo que se refiere a la construcción y gestión del tramo polaco del gasoducto Yamal, y concluyó que esta circunstancia podía haber determinado en gran medida el comportamiento de las partes implicadas.
2. Contenido de los compromisos finales
18
Los compromisos finales, que se incorporaron como anexo a la Decisión [controvertida], pretenden atender las inquietudes de la Comisión en materia de competencia.
19
En lo tocante, en primer lugar, a los compromisos destinados a atender las [reservas] relativas a las restricciones territoriales (en lo sucesivo, “compromisos relativos a las restricciones territoriales”), antes de nada, Gazprom se comprometió, esencialmente, a suprimir todas las estipulaciones contenidas en los contratos […] afectados que prohibían o impedían, directa o indirectamente, el libre flujo de gas en la región constituida por [los PECO afectados]
20
A continuación, a fin de permitir un flujo de gas entre, por una parte, Bulgaria y los países bálticos y, por otra parte, los demás PECO afectados, a pesar del aislamiento infraestructural de los primeros, Gazprom se comprometió a dar un paso para ofrecer a los clientes afectados la posibilidad de solicitar que todos o parte de sus volúmenes de gas contractuales suministrados en determinados puntos de Hungría, Polonia y Eslovaquia se entregasen en otro punto de suministro en Bulgaria o en los países bálticos. Tras la consulta del mercado, Gazprom, en los compromisos finales, reforzó en particular su propuesta relativa al cambio de los puntos de suministro.
21
Además, con miras a permitir al gestor de red de transporte búlgaro controlar los flujos en Bulgaria, Gazprom se comprometió en particular a adoptar medidas para modificar los contratos pertinentes de suministro y de transporte de gas a fin de permitir la celebración de acuerdos de interconexión entre Bulgaria y otros Estados miembros, especialmente Grecia, así como el ajuste del método de asignación de gas.
22
En lo que atañe, en segundo lugar, a los compromisos destinados a dar respuesta a las [reservas relativas a las prácticas tarifarias] (en lo sucesivo, “compromisos relativos a las prácticas tarifarias”), Gazprom se comprometió a introducir cláusulas de revisión de precios o, en su caso, a modificar las cláusulas existentes en los contratos con sus clientes afectados en Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Estas cláusulas nuevas o modificadas de revisión de precios prevén, en particular, que, si las partes no acuerdan un nuevo precio en un plazo de 120 días, podrán remitir la disputa a un tribunal arbitral, que deberá basarse en las orientaciones tarifarias incluidas en estas cláusulas y crearse en el seno de la Unión Europea. Además, los precios revisados se aplicarán retroactivamente a partir de la fecha de notificación de la solicitud de revisión de precios.
23
Por lo que se refiere, en tercer lugar, a los compromisos relacionados con las inquietudes en materia de competencia relativas a la supeditación del suministro de gas a un precio determinado a la obtención, por el mayorista búlgaro, de una garantía relativa a las inversiones en el proyecto de gasoducto South Stream, Gazprom se comprometió a permitir a los socios búlgaros que participaban en ese proyecto retirarse del mismo sin exigirles responsabilidad civil y sin recuperar los descuentos en los precios del gas que había concedido a cambio de su participación en dicho proyecto. Por otra parte, a la vista de la renuncia anunciada del tramo búlgaro de este proyecto de gasoducto, Gazprom también se comprometió a no reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, en concepto de compensación específica relacionada con tal renuncia.
3. Análisis y ejecución de los compromisos finales
24
En la Decisión [controvertida], la Comisión concluyó, en esencia, que los compromisos finales eran eficaces y necesarios para responder a sus inquietudes en materia de competencia, y que no eran desproporcionados, e indicó haber tenido en cuenta, a este respecto, la evolución de los mercados del gas a partir de la notificación del pliego de cargos. En particular, dicha institución señaló, en primer lugar, que Gazprom ya había adoptado una serie de medidas para ajustar en mayor medida su comportamiento a las normas del Derecho de la competencia; en segundo lugar, que la situación en términos de infraestructuras de gas había mejorado en algunos de los PECO afectados, a saber, en la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, a los fines de posibilitar los flujos transfronterizos de gas, aunque los mercados del gas de los países bálticos y de Bulgaria seguían estando aislados de los demás mercados del gas de la Unión[,] y, en tercer lugar, que, a raíz de la caída de los precios del petróleo, algunos de los precios a largo plazo del gas, resultantes de fórmulas que incluyen una indexación por referencia a los precios de productos petrolíferos, también habían bajado.
25
En consecuencia, la Comisión decidió convertir en obligatorios los compromisos finales, con arreglo al artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003. En cuanto a su período de aplicación, la Decisión [controvertida] prevé que serán aplicables durante un período de ocho años a partir de la fecha de notificación a Gazprom de dicha Decisión, con excepción de los compromisos relativos al proyecto de gasoducto South Stream, mencionados en el apartado 23 anterior, que serán obligatorios durante un período de quince años a partir de esa fecha.
26
La parte dispositiva de la Decisión [controvertida] tiene el siguiente tenor:
“Artículo 1
Los Compromisos enumerados en el anexo serán vinculantes para [Gazprom], así como para todas las entidades jurídicas controladas directa o indirectamente por ella, durante un período de ocho años, a excepción de los compromisos identificados en el punto 21 del anexo, cuyo período de vinculatoriedad será de quince años, a partir de la fecha fijada en los compromisos.
Artículo 2
Ya no hay motivos [para la intervención de la Comisión] en el presente asunto […]”.
C. Sobre la denuncia
27
El 9 de marzo de 2017, paralelamente al procedimiento administrativo incoado por la Comisión que dio lugar a la Decisión [controvertida], la demandante presentó, con arreglo al artículo 5 del Reglamento n.o 773/2004, una denuncia en la que señalaba supuestas prácticas abusivas de Gazprom (en lo sucesivo, “denuncia”). Estas prácticas, que coincidían en gran medida con las inquietudes ya expuestas en el pliego de cargos, incluían, en particular, alegaciones relativas a los abusos de Gazprom relacionados con el tramo polaco del gasoducto Yamal.
28
El 29 de marzo de 2017, la Comisión acusó recibo de la denuncia, registrándola seguidamente con la referencia “Asunto AT.40497 — Precio polaco del gas” (en lo sucesivo, “asunto AT.40497”).
29
Mediante escrito de 31 de marzo de 2017 dirigido a la demandante, la Comisión señaló que parecía que las prácticas expuestas en la denuncia y las prácticas objeto de los compromisos iniciales se solapaban y la invitó a presentar observaciones sobre estos compromisos en el marco de la consulta del mercado organizada el 16 de marzo de 2017. Tras haber obtenido una prórroga del plazo aplicable, la demandante presentó sus observaciones el 19 de mayo de 2017.
30
El 15 de mayo de 2017, Gazprom transmitió a la Comisión sus observaciones sobre la denuncia.
31
Mediante carta dirigida a la demandante el 23 de enero de 2018 (en lo sucesivo, “carta de intenciones de desestimación”), la Comisión, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 773/2004, indicó que tenía previsto desestimar la denuncia y la instó a dar a conocer su punto de vista en un plazo de cuatro semanas a partir de la recepción de dicha carta. La Comisión transmitió también una versión no confidencial del pliego de cargos y una versión no confidencial de las observaciones de Gazprom sobre dicha denuncia, mencionadas en el apartado 30 anterior.
32
El 2 de marzo de 2018, la demandante presentó sus observaciones en respuesta a la carta de intenciones de desestimación. Además de expresar su insatisfacción respecto a las conclusiones contenidas en dicha carta, la demandante criticó la realización de la investigación por parte de la Comisión y observó que esta última había vulnerado sus derechos como denunciante en el asunto AT.39816, especialmente porque, a pesar de sus numerosas solicitudes, la Comisión no le había permitido acceder al pliego de cargos durante casi un año ni presentar sus observaciones sobre dicho pliego.
33
El 5 de septiembre de 2018, es decir, con posterioridad a la adopción de la Decisión [controvertida], la demandante remitió al consejero auditor una solicitud motivada, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra b), de la Decisión 2011/695, en la que solicitaba acceso a todos los documentos en los que la Comisión había basado su apreciación provisional contenida en la carta de intenciones de desestimación, en particular acceso a una versión del pliego de cargos que omitiese menos información. El 17 de septiembre de 2018, el consejero auditor transmitió a la Dirección General (DG) de Competencia de la Comisión las solicitudes de acceso formuladas en esa [c]omunicación de 5 de septiembre de 2018. Mediante escrito de 25 de septiembre de 2018, la Comisión denegó las solicitudes de acceso a los documentos formuladas por la demandante en sus cartas de 2 de marzo y de 5 de septiembre de 2018.
34
El 24 de enero de 2019, la demandante envió un escrito a la miembro de la Comisión responsable de la competencia en el que invitaba a la Comisión, con arreglo al artículo 265 TFUE, párrafo segundo, a actuar, bien adoptando una decisión desestimatoria de la denuncia, bien continuando el procedimiento en el asunto AT.40497. El 8 de febrero de 2019, la Comisión respondió a dicho escrito recordando que la denuncia ya había dado lugar a varios intercambios entre ellas. La Comisión indicó, asimismo, por lo que se refiere al asunto AT.39816, que había adoptado la Decisión [controvertida], que, en particular, tenía en cuenta las observaciones presentadas por la demandante en el marco de la consulta del mercado[,] y, por lo que se refiere al asunto AT.40497, que había enviado la carta de intenciones de desestimación —a la cual había respondido la demandante— y finalizado su análisis de la denuncia.
35
El 17 de abril de 2019, la Comisión adoptó la Decisión C(2019) 3003 final, relativa a la desestimación de una denuncia (asunto AT.40497 — Precio polaco del gas).
36
El 25 de junio de 2019, la demandante interpuso recurso ante el Tribunal [General] contra esta decisión desestimatoria de la denuncia, registrado con el número de asunto T‑399/19.»
II. Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida
3
Mediante demanda presentada ante la Secretaría del Tribunal General el 15 de octubre de 2018, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de la Decisión controvertida.
4
Mediante escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal General el 26 de febrero de 2019, Gazprom solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Mediante escritos presentados ante la Secretaría del Tribunal General los días 25, 27 y 28 de febrero de 2019, respectivamente, Overgas Inc., la República de Lituania y la República de Polonia solicitaron intervenir en apoyo de las pretensiones de Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
5
Mediante resolución de 5 de abril de 2019, la Presidenta de la Sala Primera del Tribunal General, oídas las partes principales, admitió la intervención de la República de Polonia. Mediante autos de 17 de mayo de 2019, oídas las partes principales, admitió la intervención de la República de Lituania, de Gazprom y de Overgas.
6
El 4 de octubre de 2019, al haberse modificado la composición de las Salas del Tribunal General, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Octava, a la que en consecuencia se atribuyó el asunto T‑616/18.
7
Mediante sendos escritos de la Secretaría del Tribunal General de 17 de diciembre de 2019, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, se invitó a Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo a presentar varios documentos y se invitó a la Comisión a responder por escrito a una cuestión relativa a la confidencialidad de cierta información que figuraba en la versión confidencial del pliego de cargos.
8
Mediante auto del mismo día, el Tribunal General ordenó a la Comisión, con arreglo, por una parte, al artículo 24, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por otra parte, a los artículos 91, letra b), y 92, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de dicho Reglamento, que presentase una copia íntegra de la versión confidencial del pliego de cargos.
9
Las partes dieron cumplimiento, en los plazos señalados, a las diligencias de ordenación del procedimiento adoptadas el 17 de diciembre de 2019 y a dicho auto.
10
El 8 de junio de 2020, a propuesta de la Sala Octava del Tribunal General, este decidió remitir el asunto T‑616/18 a la Sala Octava ampliada. Por impedimento de un miembro de la Sala ampliada para participar en la vista y deliberación del asunto, el Presidente del Tribunal General fue designado para completar dicha Sala ampliada mediante resolución de 15 de junio de 2020.
11
Por lo que se refiere a la copia íntegra de la versión confidencial del pliego de cargos presentada por la Comisión, el Tribunal General decidió poner este documento en conocimiento de los representantes de Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a condición de que firmasen previamente unos compromisos de confidencialidad, a fin de que dicha sociedad pudiera formular observaciones al respecto. Una vez que estos representantes hubieron presentado los compromisos de confidencialidad firmados, se les notificó dicho documento y Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo presentó sus observaciones el 8 de diciembre de 2020.
12
En la vista celebrada los días 18 y 19 de mayo de 2021, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal General. En ella, el Tribunal General indicó asimismo que había tomado nota de las observaciones sobre el informe para la vista presentadas por la Comisión el 27 de abril de 2021.
13
Además, en el marco de las cuestiones planteadas por el Tribunal General en relación con la admisibilidad del recurso, la Comisión reexaminó su posición en cuanto a dicha admisibilidad y sostuvo que Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo no había demostrado su interés en ejercitar la acción en el presente asunto, por lo que entendía que el recurso no era admisible.
14
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo presentó solicitudes de tratamiento confidencial en relación con la República de Lituania, la República de Polonia, Gazprom y Overgas, relativas a determinada información contenida en varios escritos del procedimiento. Estas no formularon objeciones en relación con dichas solicitudes.
15
En apoyo de su recurso, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo formuló seis motivos, basados, fundamentalmente:
–
el primero, en la infracción del artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003, en relación con el artículo 102 TFUE, y en la violación del principio de proporcionalidad, en la medida en que, en su opinión, la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación al concluir que las reservas Yamal carecían de fundamento y al aceptar compromisos que no dan en modo alguno respuesta a estas reservas;
–
el segundo, en la infracción del artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003, en relación con el artículo 102 TFUE, y en la violación del principio de proporcionalidad, en la medida en que la Comisión aceptó los compromisos finales aun cuando, en su opinión, no respondían adecuadamente a las reservas relativas a las prácticas tarifarias;
–
el tercero, en la infracción del artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003, en relación con el artículo 102 TFUE, y en la violación del principio de proporcionalidad, en la medida en que la Comisión aceptó los compromisos finales aun cuando, en su opinión, no respondían adecuadamente a las reservas relativas a las restricciones territoriales;
–
el cuarto, en la infracción del artículo 194 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 7 TFUE, en la medida en que, en su opinión, la Decisión controvertida resulta incompatible con los objetivos de la política energética de la Unión y la Comisión pasó por alto la incidencia negativa de dicha Decisión en el mercado europeo de suministro de gas;
–
el quinto, en la infracción del artículo 18 TFUE, apartado 1, y en la violación del principio de igualdad de trato, en la medida en que, en su opinión, la Comisión discriminó entre los clientes de Gazprom activos en los Estados miembros de Europa occidental y aquellos activos en los PECO afectados, y
–
el sexto, en una desviación de poder y en la existencia de vicios sustanciales de forma, en la medida en que, en su opinión, mediante la Decisión controvertida, la Comisión contravino el objetivo del artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003 y rebasó los límites de sus facultades en la tramitación del procedimiento administrativo.
16
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó todos los motivos y, por lo tanto, el recurso en su totalidad.
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes en el recurso de casación y en la adhesión a la casación
17
En su recurso de casación, Orlen solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Anule la Decisión controvertida.
–
Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que resuelva el litigio de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia.
–
Condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento y del procedimiento ante el Tribunal General.
18
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a la recurrente.
19
Gazprom solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a la recurrente.
20
Overgas y la República de Polonia solicitan al Tribunal de Justicia que estime el recurso de casación.
21
Mediante su adhesión a la casación, Overgas solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Condene en costas a la Comisión.
22
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime la adhesión a la casación.
–
Condene a Overgas a cargar con las costas relativas a dicha adhesión.
23
Gazprom solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime la adhesión a la casación.
–
Condene a Overgas a cargar con las costas relativas a dicha adhesión.
24
Orlen solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Estime el primer motivo de adhesión a la casación.
–
Anule la sentencia recurrida.
IV. Sobre el recurso de casación principal
25
En apoyo de su recurso de casación, Orlen invoca cuatro motivos basados, el primero, en la infracción del artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003; el segundo, en la infracción del artículo 194 TFUE, en relación con el artículo 9 de dicho Reglamento; el tercero, en la infracción del artículo 9, apartado 1, del citado Reglamento, y, el cuarto, en la infracción del artículo 9, apartado 2, del mismo Reglamento.
A. Sobre la admisibilidad
1.
Alegaciones de las partes
26
Gazprom sostiene, sin proponer formalmente una excepción de inadmisibilidad, que el recurso de casación es inadmisible.
27
En su opinión, Orlen no tiene un interés real y actual en la anulación de la sentencia recurrida, ya que dicho interés no puede tener por objeto una situación futura e hipotética. Según afirma, la pretendida anulación de esa sentencia no beneficiaría a Orlen, puesto que, desde noviembre de 2019, esta había informado a Gazprom de que no tenía intención de renovar el contrato de suministro de gas más allá del año 2022. Asimismo, afirma que Orlen llevó a cabo las gestiones necesarias para poner fin a las relaciones comerciales con ella antes de que finalizara ese año. Por consiguiente, sostiene que Orlen y la República de Polonia ya no están interesadas en que ella les suministre gas, por lo que ni el resultado más favorable del recurso de casación procuraría un beneficio a Orlen.
28
Gazprom considera, asimismo, que el Tribunal de Justicia debe declarar la inadmisibilidad de las imputaciones expuestas en los apartados 154 y 161 del recurso de casación debido a su falta de claridad suficiente.
29
La Comisión, por su parte, sostiene que son en parte inadmisibles tanto la primera parte del primer motivo de casación, en la medida en que Orlen cuestiona en ella el control de legalidad efectuado por el Tribunal General en relación con operaciones económicas complejas sin, no obstante, haber alegado que existieran errores manifiestos de apreciación, como la segunda parte del tercer motivo de dicho recurso de casación, debido a la falta de claridad de las alegaciones que se exponen en ella.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
30
En primer lugar, como se desprende de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, toda persona física o jurídica que interponga un recurso de casación, al igual que cuando interponga un recurso de anulación, debe tener interés en ejercitar la acción, cuya existencia ha de apreciarse atendiendo al objeto de dicho recurso de casación o de anulación, por un lado, y a la fecha en que se interpone, por otro. La inobservancia de este requisito esencial constituye una causa de inadmisión por motivos de orden público que en todo momento puede ser declarada de oficio por el juez de la Unión (sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 81 y jurisprudencia citada).
31
Además, ese interés en ejercitar la acción debe perdurar, al igual que el propio objeto del litigio, hasta que se dicte la resolución judicial. En consecuencia, la desaparición del citado interés o de dicho objeto durante el procedimiento puede llevar al juez de la Unión a declarar, en su caso de oficio, su sobreseimiento (sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 82 y jurisprudencia citada).
32
Con carácter general, tanto la existencia como la persistencia del interés en ejercitar la acción suponen que el recurso de anulación o de casación puedan procurar, por su resultado, un beneficio a la persona física o jurídica que los haya interpuesto. En todos los casos, esta cuestión debe apreciarse específicamente (sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 83 y jurisprudencia citada).
33
En el presente asunto, Gazprom se opone a la admisibilidad del recurso de casación alegando que Orlen no tiene un interés real y actual en la anulación de la sentencia recurrida, debido, en particular, a que las relaciones contractuales entre ambas cesaron el 31 de diciembre de 2022. A este respecto, es pacífico que, hasta esa fecha, y por lo tanto tras la interposición del recurso de casación, el 8 de abril de 2022, existían relaciones contractuales que vinculaban a Gazprom y a Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
34
Dado que, durante el período comprendido entre el 8 de abril de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, la Decisión controvertida produjo efectos jurídicos en el mercado del gas y del petróleo polaco en el que opera Orlen y puesto que su predecesora jurídica era socia contractual de Gazprom, Orlen podría invocar, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las consecuencias de las ilegalidades que alega y la naturaleza del perjuicio que afirma haber sufrido (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P, EU:C:2023:630, apartado 160 y jurisprudencia citada) con el fin de obtener una indemnización por ese perjuicio.
35
Por otra parte, Orlen precisó en su escrito de réplica, sin que se la contradijera, que existían varios procedimientos de arbitraje en curso entre ella y Gazprom en relación con la ejecución del contrato relativo al gasoducto Yamal, incluidas cuestiones de precios. Además, tras la interposición del recurso de casación, se inició un procedimiento relativo a la interrupción de los suministros de gas por parte de Gazprom desde el 27 de abril de 2022.
36
De lo anterior se desprende que Gazprom niega erróneamente que Orlen tenga un interés real y actual en solicitar la anulación de la sentencia recurrida.
37
En segundo lugar, del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate (sentencia de 11 de enero de 2024, Foz/Consejo, C‑524/22 P, EU:C:2024:23, apartado 26 y jurisprudencia citada).
38
En el presente asunto, contrariamente a las alegaciones de la Comisión en relación con la falta de suficiente claridad de la segunda parte del tercer motivo del recurso de casación y a las de Gazprom, de la misma naturaleza, relativas a las imputaciones expuestas en los apartados 154 y 161 del recurso de casación, en el recurso se identifican con suficiente precisión, en cada uno de los pasajes mencionados, los elementos impugnados de la sentencia recurrida y se exponen las razones por las que se afirma que ponen de manifiesto que esta pasa por alto la jurisprudencia relativa al concepto de error manifiesto de apreciación y de error de Derecho en la interpretación del artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003.
39
Por consiguiente, procede desestimar estas excepciones de inadmisibilidad.
40
Por lo que se refiere a la inadmisibilidad, alegada por la Comisión, de la primera parte del primer motivo de casación, basada en que Orlen no ha invocado la existencia de un error manifiesto de apreciación en relación con operaciones económicas complejas, dicha alegación debe desestimarse. En efecto, Orlen ha formulado esta primera parte en un motivo basado en la infracción, por el Tribunal General, del artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003. En ella ha sostenido, ciertamente de forma sucinta, que el Tribunal General debería haber verificado si la Comisión, al aceptar los compromisos de Gazprom, los había analizado correctamente a la luz del pliego de cargos, «es decir, sin incurrir en error manifiesto». De este modo, Orlen permite adecuadamente al Tribunal de Justicia que determine el alcance de esa primera parte y que se pronuncie sobre si el análisis que se realiza a este respecto en la sentencia recurrida está bien fundado.
41
De cuanto precede resulta que procede admitir el recurso.
B. Sobre el fondo
1.
Observaciones preliminares
42
El artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003 establece que, cuando la Comisión se disponga a adoptar una decisión que ordene el cese de una infracción, esta podrá convertir en obligatorios los compromisos propuestos por las empresas afectadas si responden a las inquietudes que haya manifestado la Comisión en su análisis preliminar.
43
Este artículo pretende garantizar una aplicación eficaz de las normas sobre la competencia establecidas por el Tratado FUE a través de la adopción de decisiones que conviertan en obligatorios los compromisos propuestos por las partes, si la Comisión los estima apropiados para resolver los problemas de competencia detectados por ella con más rapidez que si actuase siguiendo la vía de la constatación formal de la existencia de una infracción. Más concretamente, dicho artículo, inspirado en consideraciones de economía procedimental, permite que las empresas participen plenamente en el procedimiento, proponiendo las soluciones que les parezcan más apropiadas y adecuadas para responder a las inquietudes de la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, apartado 35).
44
Si bien es cierto que el artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003, a diferencia de su artículo 7, no contiene una referencia expresa a la proporcionalidad, no es menos cierto que el principio de proporcionalidad, como principio general del Derecho de la Unión, constituye un criterio para valorar la legalidad de toda actuación de las instituciones de la Unión, incluidas las decisiones de la Comisión en su calidad de autoridad de la competencia (sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, apartado 36).
45
Puesto que el artículo 9 de este Reglamento dispone únicamente que, en los procedimientos incoados con arreglo a dicho artículo, como confirma el considerando 13 del referido Reglamento, la Comisión queda dispensada de la obligación de calificar la infracción y de constatar su existencia, su papel se reduce a examinar y eventualmente aceptar los compromisos propuestos por las empresas afectadas, tomando en consideración los problemas detectados por ella en su análisis preliminar y los objetivos que persigue. La aplicación del principio de proporcionalidad, por parte de la Comisión, en el contexto del artículo 9 no tiene por objeto más que una verificación de que los compromisos en cuestión responden a las inquietudes de las que ella informó a las empresas afectadas y de que estas últimas no han propuesto compromisos menos gravosos que respondan de un modo igualmente adecuado a tales inquietudes (sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, apartados 40 y 41).
46
Al llevar a cabo esta verificación, la Comisión debe no obstante tomar en consideración los intereses de terceros, ya que el hecho de que la Comisión haya convertido en obligatorios los compromisos individuales propuestos por una empresa no significa que las demás empresas queden privadas de la posibilidad de proteger sus eventuales derechos en sus relaciones con la primera empresa (sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, apartados 41 y 49). Cuando la Comisión verifica los compromisos, no desde la perspectiva de su idoneidad para responder a sus inquietudes en materia de competencia, sino en relación con su incidencia en los intereses de terceros, el principio de proporcionalidad exige, al menos, que los derechos de los que estos sean titulares no sean vaciados de contenido (sentencia de 9 de diciembre de 2020, Groupe Canal +/Comisión, C‑132/19 P, EU:C:2020:1007, apartado 106).
47
De las consideraciones anteriores resulta que, debido a la naturaleza específica del artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003, por una parte, como ha manifestado el Abogado General en el punto 39 de sus conclusiones, el criterio apropiado, habida cuenta de las inquietudes de la Comisión expresadas en su análisis preliminar, consiste en saber si los compromisos bastan para responder de manera adecuada a dichas inquietudes sin que la Comisión esté obligada a buscar por sí misma soluciones menos rigurosas o más moderadas que los compromisos que se le han propuesto y, por otra parte, el control jurisdiccional del análisis de estos por la Comisión se dirige únicamente a averiguar si dicha institución incurrió en un error manifiesto de apreciación (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2010:377, apartado 42).
48
Por consiguiente, como ha indicado el Abogado General en el punto 97 de sus conclusiones, un control de este tipo no pretende que el análisis de la Comisión esté exento de toda irregularidad, ya que se le ha concedido un cierto margen de apreciación, siempre que no se supere el umbral de lo manifiesto.
49
Por otro lado, desde un punto de vista procedimental, es preciso subrayar que el artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003 da libertad a la Comisión para definir la forma que debe revestir el «análisis preliminar» mencionado en el apartado 1 de dicho artículo. En la práctica, como ha confirmado la Comisión en la vista, este análisis con frecuencia se plasma en un pliego de cargos dirigido a la empresa a la que se reprochan comportamientos contrarios a los artículos 101 TFUE o 102 TFUE, en virtud del artículo 7 de dicho Reglamento. Cuando así sucede, como ocurre en el presente asunto, es de aplicación la jurisprudencia relativa a tales actos de procedimiento, ya que ninguna disposición del mencionado Reglamento justifica tratar de manera diferente un pliego de cargos en función de que sirva de fundamento a una decisión adoptada en virtud del artículo 7 o del artículo 9 del mencionado Reglamento, ya que este último artículo no contempla, en particular, el supuesto de una revisión del análisis preliminar.
50
A este respecto, resulta de reiterada jurisprudencia que el pliego de cargos es un acto preparatorio del procedimiento que, con el fin de garantizar el ejercicio eficaz del derecho de defensa, circunscribe el objeto del procedimiento administrativo incoado por la Comisión, impidiendo así a esta última formular otras imputaciones en la decisión que pone fin al procedimiento de que se trate. Por tanto, el pliego de cargos, por su propia naturaleza, es intrínsecamente provisional y está sujeto a modificaciones durante la apreciación que realiza posteriormente la Comisión a la luz de las observaciones presentadas por las partes y de otras constataciones fácticas. En efecto, la Comisión debe tomar en consideración los elementos que resulten del procedimiento administrativo en su conjunto, bien para abandonar los cargos que hubieran resultado mal fundados, bien para adaptar o completar, tanto fáctica como jurídicamente, su argumentación en apoyo de los cargos que formule (sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, apartado 66 y jurisprudencia citada).
51
Así pues, la Comisión no está obligada a explicar, en las decisiones que adopte en virtud del artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003, las razones por las que ha retirado una o varias imputaciones relativas a determinadas inquietudes iniciales, bien con respecto a la empresa cuyos compromisos se convierten en obligatorios, única destinataria del pliego de cargos y, más en general, del análisis preliminar contemplado en ese artículo 9, o bien con respecto a terceros interesados (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, apartado 67 y jurisprudencia citada).
52
Naturalmente, ello no impide que la Comisión estime útil proporcionar, por iniciativa propia, indicaciones a este respecto que permitan una mejor comprensión de la decisión.
2.
Sobre la pretensión de la Comisión de sustitución de los fundamentos jurídicos
53
En el apartado 83 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que «en las circunstancias del presente asunto y, en concreto, al no existir un análisis preliminar revisado, el artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003 exigía a la Comisión, contrariamente a lo que afirma esta institución, tener razones que justificasen la falta de compromisos que respondieran a las reservas Yamal». En el apartado 85 de esta sentencia añadió que, «en el presente asunto, en cualquier caso, procede constatar que la Comisión expuso el razonamiento por el que no adoptó compromisos que respondiesen a las reservas Yamal, razonamiento que adopta la forma de las dos razones que figuran en el considerando 138 de la Decisión [controvertida]», a saber, la decisión de certificación y el carácter intergubernamental de las relaciones entre las partes activas en el sector del gas en Polonia.
54
En su escrito de contestación, la Comisión ha señalado que este análisis constituía un error de Derecho, pero que no afectaba al fallo de la sentencia recurrida y que, por tanto, no podía dar lugar a la anulación de esta. A continuación, ha solicitado al Tribunal de Justicia que llevase a cabo una sustitución de los fundamentos jurídicos a este respecto.
55
Procede estimar esta pretensión y declarar, a la luz de las consideraciones expuestas en los apartados 49 a 52 de la presente sentencia, que el Tribunal General se equivocó al afirmar que existía la necesidad de que, en caso de retirada de determinadas reservas del pliego de cargos, que hizo las veces de análisis preliminar, en el sentido del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003, la Comisión enviara un análisis preliminar revisado.
56
Dicho esto, ese error no afectó en realidad al fallo de la sentencia recurrida, ya que, como el Tribunal General señaló acertadamente, la Comisión había motivado la Decisión controvertida en lo relativo a las razones de la retirada de las reservas Yamal, como se ha recordado en el apartado 53 de la presente sentencia, y estaba facultada para ello.
57
Se debe añadir que Orlen solo podría cuestionar la regularidad de la Decisión controvertida debido a la retirada de esas reservas si demostrase que ello convirtió en manifiestamente insuficientes los compromisos asumidos por Gazprom y aprobados por la Comisión.
3.
Sobre el primer motivo de casación
58
El primer motivo del recurso de casación principal, basado en la infracción del artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003, consta de tres partes.
a)
Sobre la primera parte del primer motivo de casación
1) Alegaciones de las partes
59
Mediante la primera parte de su primer motivo de casación, Orlen sostiene que el Tribunal General infringió el artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003 en la medida en que consideró que la Comisión había apreciado correctamente el carácter adecuado de los compromisos propuestos por Gazprom, pese a que estos no respondían a las inquietudes que la propia Comisión había manifestado en el pliego de cargos y no eran prospectivos, es decir, que, por su propia naturaleza, no podían prevenir futuras infracciones similares. Orlen alega que, en el presente asunto, el Tribunal General debería haber verificado si la Comisión había analizado el carácter adecuado de esos compromisos a la luz de los problemas de competencia que la propia Comisión había identificado en el pliego de cargos.
60
En particular, Orlen afirma que, en los apartados 208, 209 y 237 de la sentencia recurrida, el Tribunal General analizó el carácter adecuado de dichos compromisos disociándolos completamente del pliego de cargos.
61
Entiende que, al actuar de este modo, el Tribunal General vulneró el principio de protección de la confianza legítima, es decir, la confianza de Orlen en que la Decisión que convertía en obligatorios esos compromisos, pese a no tener el mismo carácter que una decisión basada en el artículo 7 del Reglamento n.o 1/2003, respondía a todas las inquietudes de la Comisión y ponía fin a las infracciones de Gazprom.
62
La Comisión se opone a esta alegación.
2) Apreciación del Tribunal de Justicia
63
No cabe estimar la alegación de Orlen.
64
En primer término, parece, al menos implícitamente, que, al reprochar al Tribunal General que este no tuviera en cuenta de manera exhaustiva, al apreciar la suficiencia de los compromisos asumidos por Gazprom, las reservas expresadas en el pliego de cargos, Orlen incluye las reservas Yamal, que la Comisión retiró antes de la adopción de la Decisión controvertida, como resulta del apartado 17 de la sentencia recurrida, reproducido en el apartado 2 de la presente sentencia. Por lo tanto, esta alegación es, en parte, inoperante.
65
En segundo término, como ha observado acertadamente la Comisión, Orlen no acredita, en la primera parte de su primer motivo, que la Comisión cometiera un error manifiesto de apreciación al examinar el carácter adecuado de los compromisos propuestos por Gazprom para responder a las inquietudes que había manifestado en el pliego de cargos ni que el Tribunal General no censurara ese error manifiesto de apreciación. A este respecto, Orlen se limita a realizar meras afirmaciones. Pues bien, como se ha recordado en los apartados 47 y 48 de la presente sentencia, el control jurisdiccional de una decisión adoptada con arreglo al artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003 se dirige únicamente a averiguar si la Comisión cometió un error de esas características, lo que debe demostrar de forma concreta la parte que lo alega.
66
En tercer término, las críticas de Orlen relativas a la falta de un análisis prospectivo dirigido a apreciar la adecuación de los compromisos propuestos por Gazprom, por un lado, no permiten acreditar la existencia de un error manifiesto de apreciación a este respecto y, por otro, se refieren a conclusiones extraídas por el Tribunal General de constataciones de hecho que Orlen no ha cuestionado, a saber, que no podía considerarse, al menos en relación con un determinado número de contratos afectados, que estos incluyeran remisiones, en las cláusulas de determinación o de revisión de los precios, a precios de referencia competitivos y claramente definidos. El Tribunal General dedujo de manera soberana de ello que el hecho de que en las cláusulas de revisión de precios no hubiera un precio de referencia claramente definido, competitivo y públicamente disponible, como los precios de los centros de negociación de gas competitivos, era uno de los principales factores que podían dar lugar a precios no equitativos en los cinco PECO afectados por las prácticas tarifarias.
67
En cuarto término, la afirmación de que el Tribunal General confirmó la decisión de la Comisión de permitir la corrección posterior de los compromisos propuestos procede de una interpretación errónea tanto de la sentencia recurrida como de la Decisión controvertida. En primer lugar, la mera mención, en el apartado 423 de dicha sentencia, de que las instituciones de la Unión o las autoridades reguladoras nacionales en el sector del gas pueden intervenir para modificar la normativa en ese sector o, en su caso, para garantizar su cumplimiento no se refiere, contrariamente a las afirmaciones de Orlen, a la posibilidad de corregir esos compromisos. En segundo lugar, el mero hecho de que la Comisión recuerde que los compromisos de que se trata pueden dar lugar, si la empresa afectada no los cumple, a la reapertura del procedimiento, con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003, no refleja una voluntad de completar ex post esos compromisos, sino la de velar por su cumplimiento.
68
En quinto término, debe recordarse que, en virtud de muy reiterada jurisprudencia, el principio de protección de la confianza legítima forma parte de los principios fundamentales de la Unión y que todo particular tiene el derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima cuando se encuentre en una situación de la que se desprende que una institución de la Unión, al darle seguridades concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas (sentencia de 12 de enero de 2017, Timab Industries y CFPR/Comisión, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, apartado 134 y jurisprudencia citada).
69
Pues bien, un operador económico no puede basarse en el contenido de un pliego de cargos, cuyo carácter preparatorio y provisional se ha recordado en el apartado 50 de la presente sentencia, aun cuando haga las veces de análisis preliminar, cuya denominación refleja su carácter no definitivo, para considerar que la Comisión le dio garantías concretas de que todas las inquietudes que figuraban en tales documentos correspondían a compromisos que figurarían en la decisión final (véase, por analogía, la sentencia de 12 de enero de 2017, Timab Industries y CFPR/Comisión, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, apartado 135 y jurisprudencia citada).
70
En consecuencia, se debe desestimar la primera parte del primer motivo de casación.
b)
Sobre la segunda parte del primer motivo de casación
1) Alegaciones de las partes
71
Mediante la segunda parte de su primer motivo de casación, Orlen sostiene que el Tribunal General desnaturalizó manifiestamente los hechos en numerosas ocasiones, lo que le llevó a aplicar de forma incorrecta el artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003 y a considerar erróneamente que la Comisión no había incurrido en error manifiesto al apreciar el carácter adecuado de los compromisos propuestos por Gazprom.
72
Orlen señala, para empezar, que el Tribunal General consideró erróneamente que la práctica de Gazprom consistía esencialmente en impedir las importaciones de gas, cuando, según afirma, dichas prácticas tenían principalmente por objeto, tal como se describe explícitamente en el pliego de cargos, impedir la reexportación de gas por los operadores de los PECO afectados, lo que repercutió directamente en la fluidez del mercado del gas al por mayor. En su opinión, de este modo, el Tribunal General obvió el núcleo de la cuestión de las restricciones territoriales aplicadas por Gazprom, es decir, que estas, indicadas en el pliego de cargos, no consistían en impedir las importaciones de gas a los PECO, sino su reventa por parte de estos. Afirma que, de no haberse producido esta desnaturalización, el Tribunal General habría estado obligado a admitir que Gazprom no había respondido de manera adecuada a las reservas relativas a las restricciones territoriales formuladas en el pliego de cargos.
73
A continuación, Orlen sostiene que el Tribunal General consideró erróneamente que la Comisión había identificado, en el pliego de cargos, cuatro tipos de procedimientos extracontractuales y omitió la amenaza de represalias de diversa índole por parte de Gazprom, lo que dio lugar, según alega, a que considerara erróneamente que el compromiso de esta última, aunque no respondía a todas las inquietudes de la Comisión enunciadas en el pliego de cargos, era adecuado.
74
Por último, Orlen sostiene que el Tribunal General afirmó erróneamente que el hecho de que los órganos jurisdiccionales nacionales pudieran estimar un recurso de anulación de un laudo arbitral cuando consideraran que ese laudo es contrario al artículo 102 TFUE o a una decisión adoptada en virtud del artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003 podía dar lugar a que los tribunales arbitrales se aseguraran de que sus laudos respetan las disposiciones del Tratado FUE, cuando, en realidad, esta afirmación es especulativa y no está fundada.
75
La Comisión se opone a esta alegación.
2) Apreciación del Tribunal de Justicia
76
Procede, de nuevo, señalar que el objetivo perseguido por la Comisión cuando adopta una decisión que convierte en obligatorios los compromisos de una empresa, con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003, es responder a las inquietudes que haya manifestado en relación con la existencia de comportamientos contrarios a la competencia y, en aras de una economía procedimental, lograr rápidamente, gracias a esos compromisos, un funcionamiento satisfactorio de la competencia en el mercado de que se trate. Dicho esto, en el presente asunto, no cabe excluir que, tras la adopción de la Decisión controvertida, las medidas objetivas aprobadas por la Comisión para restablecer en el mercado polaco, en el que opera Orlen, condiciones de abastecimiento y de distribución de gas plenamente competitivas no tuvieran de entrada este efecto o no cumplieran las expectativas subjetivas de un operador económico particular, en el presente asunto Orlen. Sin embargo, de lo anterior no se puede inferir que esa Decisión adolezca de errores manifiestos de apreciación que el Tribunal General no sancionó.
77
En particular, como alega la Comisión, el Tribunal General evaluó correctamente las importaciones de gas de Alemania a Polonia al apreciar la obligación de modificar los puntos de suministro, lo que ya se mencionaba en el considerando 170 de la Decisión controvertida. Así pues, no se discute que, desde la adopción del pliego de condiciones, al ser posibles las importaciones sin modificar el punto de entrega, Polonia se benefició en gran medida de la mejora de la infraestructura transfronteriza de transporte de gas. Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno en su control de la apreciación, por la Comisión, de la cuestión las importaciones de gas a Polonia en relación con la evaluación del carácter adecuado de la falta de un compromiso de Gazprom respecto del establecimiento de un mayor número de puntos de suministro susceptibles de modificación que afectaran a Polonia.
78
Si bien Orlen alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta, en relación con la evaluación del carácter adecuado de los compromisos de Gazprom, actos como las diversas amenazas de represalia por parte de esta, tal alegación carece de fundamento, ya que el Tribunal General mencionó, en particular, estos comportamientos en el apartado 95 de la sentencia recurrida.
79
Por último, el Tribunal General señaló acertadamente que los tribunales arbitrales tienden a asegurarse de que el laudo arbitral que adoptan respeta el artículo 102 TFUE y esta consideración en ningún caso puede dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida.
80
Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del primer motivo de casación.
c)
Sobre la tercera parte del primer motivo de casación
81
Mediante la tercera parte de su primer motivo de casación, Orlen alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta la obligación de la Comisión de actuar, en el marco del ejercicio de su facultad legal de apreciación de cuestiones económicas y técnicas complejas, respetando las disposiciones del Tratado FUE y los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión. Afirma que el principio de solidaridad energética, basado en el artículo 194 TFUE, que tiene la naturaleza de principio general del Derecho de la Unión, forma parte de estos principios fundamentales. Entiende que, por lo tanto, la facultad discrecional de que dispone la Comisión en la materia está limitada por la obligación que recae sobre esta de actuar de conformidad con las disposiciones del Tratado FUE y los principios generales del Derecho de la Unión.
82
Orlen sostiene que, al limitar los criterios que deben guiar a la Comisión a la hora de examinar los compromisos de que se trata, el Tribunal General infringió el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003, ya que la Comisión, al basarse en una interpretación demasiado restrictiva de las directrices derivadas de la sentencias de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2010:377), y de 15 de septiembre de 2016, Morningstar/Comisión (T‑76/14, EU:T:2016:481), no solo no tuvo en cuenta el principio de solidaridad energética, sino que también ignoró el hecho de que la naturaleza del asunto se enmarca en el ámbito energético.
83
La Comisión se opone a estas alegaciones.
84
El Tribunal de Justicia considera oportuno examinar la tercera parte del primer motivo de casación conjuntamente con el segundo motivo de casación.
4.
Sobre el segundo motivo de casación
a)
Alegaciones de las partes
85
El segundo motivo de casación de Orlen se basa en la infracción del artículo 194 TFUE, en relación con el artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003. Según afirma, el Tribunal General incurrió en numerosos errores al interpretar el artículo 194 TFUE.
86
Orlen afirma que, de la jurisprudencia más reciente, que ilustra la sentencia de 15 de julio de 2021, Alemania/Polonia (C‑848/19 P, EU:C:2021:598), apartados 43, 44, 47, 50 y 51, se desprende que el principio de solidaridad que figura en el artículo 194 TFUE subyace al conjunto de los objetivos de la política energética de la Unión en materia de energía, agrupándolos y dándoles coherencia, y que, por consiguiente, los actos adoptados por las instituciones de la Unión, incluida la Comisión en el marco de dicha política, deben interpretarse a la luz de este principio, que debe orientar también la apreciación de su legalidad, sin que la aplicabilidad de ese principio dependa de la invocación de cuestiones relativas al ámbito energético durante el procedimiento tramitado por la Comisión. Entiende que dicho principio no puede asimilarse ni limitarse a la exigencia de garantizar la seguridad del suministro.
87
Orlen alega que, por lo tanto, la interpretación correcta del artículo 194 TFUE consiste en la aplicación de un criterio que consta de tres etapas. En primer lugar, debe apreciarse si se trata de un acto en materia energética. En segundo lugar, con independencia de que las partes hayan invocado o no cuestiones relativas a esta materia, los órganos de la Unión están obligados a verificar si la adopción de dicho acto perjudica los intereses de los distintos actores afectados. En tercer lugar, es preciso evaluar si las ventajas que procura la adopción de ese acto prevalecen sobre sus efectos negativos.
88
En el presente asunto, Orlen alega que la Decisión controvertida se enmarca, de forma indiscutible, en el ámbito energético, puesto que, mediante dicha Decisión, la Comisión obligó a Gazprom a modificar sus condiciones de colaboración con los clientes afectados y, por lo tanto, esa Decisión produjo efectos en el mercado del gas de la Unión y en las condiciones que prevalecieron en él durante, al menos, los ocho años siguientes a su adopción. Por otra parte, Orlen sostiene que la Comisión presentó el procedimiento que resultó en la adopción de la citada Decisión como un elemento esencial de las medidas para la promoción de un mercado abierto e integrado de gas. Sin embargo, según afirma, el Tribunal General, al igual que la Comisión, omitió completamente el hecho de que la Decisión controvertida se enmarcaba en el ámbito energético, sugiriendo erróneamente, en particular, que la Comisión, a la hora de examinar los compromisos de Gazprom, no estaba sujeta al principio de solidaridad energética. No obstante, en opinión de Orlen, nada permite sostener que la aplicación de este principio esté excluida o limitada cuando la Comisión actúa con arreglo al Reglamento n.o 1/2003, incluido su artículo 9, y se puede considerar que dicha actuación se enmarca en el ámbito energético.
89
Orlen alega que el enfoque del Tribunal General priva al artículo 194 TFUE de todo efecto útil en relación con la actuación de la Comisión dirigida a aplicar a la vez los objetivos del Derecho de la competencia en sentido amplio y los relativos al funcionamiento del mercado energético de la Unión. Afirma que la falta de un análisis de esos compromisos a través del prisma de dicho principio priva asimismo de efecto útil al artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003.
90
La Comisión se opone a esta alegación.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
91
Procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, nada permite considerar que el principio de solidaridad que figura en el artículo 194 TFUE, apartado 1, no pueda, como tal, producir efectos jurídicos vinculantes para los Estados miembros y las instituciones de la Unión. Por el contrario, este principio, como se desprende del tenor y de la estructura propios de esta disposición, subyace al conjunto de los objetivos de la política de la Unión en materia de energía, agrupándolos y dándoles coherencia (sentencia de 15 de julio de 2021, Alemania/Polonia, C‑848/19 P, EU:C:2021:598, apartado 43).
92
De ello se deduce, en particular, que los actos adoptados por las instituciones de la Unión, incluida la Comisión en el marco de dicha política, deben interpretarse a la luz del principio de solidaridad energética, que debe orientar también la apreciación de su legalidad (sentencia de 15 de julio de 2021, Alemania/Polonia, C‑848/19 P, EU:C:2021:598, apartado 44).
93
Este principio, al igual que los principios generales del Derecho de la Unión, constituye un criterio para apreciar la legalidad de las medidas adoptadas por las instituciones de la Unión (sentencia de 15 de julio de 2021, Alemania/Polonia, C‑848/19 P, EU:C:2021:598, apartado 45).
94
Así pues, el principio de solidaridad energética, contemplado en el artículo 194 TFUE, debe ser tenido en cuenta por las instituciones de la Unión y por los Estados miembros en lo que respecta a la creación y al funcionamiento del mercado interior, en particular el del gas natural, velando por garantizar la seguridad del suministro energético en la Unión, lo que implica no solo hacer frente a situaciones de emergencia cuando se producen, sino también adoptar medidas destinadas a prevenir las situaciones de crisis. Para ello, es necesario evaluar si existen riesgos para los intereses energéticos de los Estados miembros y de la Unión, y en especial para la seguridad del suministro de energía (sentencia de 15 de julio de 2021, Alemania/Polonia, C‑848/19 P, EU:C:2021:598, apartado 69).
95
En el presente asunto, en primer término, en el apartado 420 de la sentencia recurrida, el Tribunal General subrayó que los compromisos contraídos a raíz de un procedimiento conforme al artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 no pueden dar lugar a un resultado que resulte incompatible con las disposiciones específicas de los Tratados. De ello se deduce que el Tribunal General consideró acertadamente, por un lado, que, aunque la Comisión actuó en virtud de esta disposición, debía cumplir la obligación de hacerlo de conformidad con las disposiciones del Tratado FUE y los principios generales del Derecho de la Unión y, por otro lado, que le correspondía verificar si los compromisos propuestos en el marco de ese procedimiento infringían las disposiciones del Tratado FUE propiamente dichas, incluido el artículo 194 TFUE, apartado 1.
96
Estas obligaciones implican que, como ha expuesto el Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, la Comisión no podría aceptar compromisos que pudieran resultan contrarios al artículo 194 TFUE y poner así en peligro los objetivos perseguidos por el principio de solidaridad energética o la seguridad del abastecimiento energético en la Unión, aun cuando estos compromisos pudieran dar respuesta a las inquietudes en materia de competencia de la Comisión en el mercado pertinente. No obstante, esto no significa que la Comisión, actuando como regulador de la competencia en el marco del procedimiento establecido en el Reglamento n.o 1/2003, sea competente para imponer obligaciones independientes que vayan más allá de las dirigidas a solucionar los problemas de competencia constatados durante su investigación, exigiendo sobre esta base compromisos más gravosos.
97
Por lo tanto, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al negarse, en el apartado 422 de la sentencia recurrida, a equiparar la aplicación del principio de solidaridad energética por parte de la Comisión con la imposición de obligaciones positivas imputables a esta última, que fueran más allá de las reservas formuladas frente Gazprom, o con la imposición a esta de obligaciones más gravosas.
98
Por otra parte, Orlen no indica de qué modo la Decisión controvertida no tiene en cuenta los objetivos específicos de la política energética de la Unión.
99
A este respecto, el hecho de que la Comisión no mencionara expresamente el principio de solidaridad energética en la Decisión controvertida no significa que no lo tuviera en cuenta ni que esta Decisión no lo respetara.
100
Por el contrario, la Decisión controvertida incluye elementos que indican claramente que la Comisión, en el momento en que adoptó la Decisión, tuvo en cuenta, al apreciar el carácter adecuado de los compromisos de Gazprom, los objetivos de la política de la Unión en el ámbito de la energía, al velar, en particular, por garantizar la libre circulación transfronteriza del gas y por ofrecer a los consumidores de los PECO afectados suministros alternativos desde los países vecinos, así como por garantizar que los precios no se aparten de los índices de competencia de Europa occidental.
101
Por consiguiente, procede desestimar la tercera parte del primer motivo y, en consecuencia, desestimar el primer motivo de casación en su totalidad, así como el segundo motivo de casación.
5.
Sobre el tercer motivo de casación
102
Mediante su tercer motivo de casación, basado en la infracción del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003, Orlen sostiene que el Tribunal General interpretó erróneamente el concepto de «error manifiesto de apreciación» en su examen de la apreciación, por la Comisión, de cuestiones económicas y técnicas complejas relativas al análisis del carácter adecuado de los compromisos de Gazprom. Orlen afirma que este concepto se corresponde, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con cuatro supuestos, a saber, que no se hayan apreciado correctamente los hechos pertinentes en los que se basa el análisis del autor de la decisión, que este no haya tenido en cuenta elementos esenciales, que ese análisis se haya basado en un elemento no pertinente y que se haya incumplido el nivel de prueba. Según Orlen, en estas circunstancias, el Tribunal General está obligado, en particular, a apreciar si las pruebas en las que se basó la Comisión son suficientemente precisas, fiables y coherentes, si constituyen toda la información pertinente que debe tenerse en cuenta para evaluar una situación compleja, si pueden sustentar las conclusiones que de ellas extrae la Comisión y, por último, si permiten, por su naturaleza, proceder a un análisis prospectivo.
103
Este motivo consta de dos partes.
a)
Sobre la primera parte del tercer motivo de casación
1) Alegaciones de las partes
104
Mediante la primera parte de su tercer motivo de casación, basada en que el Tribunal General no tuvo en cuenta el efecto acumulativo de los errores de la Comisión en su análisis global del carácter adecuado de los compromisos de Gazprom, Orlen alega, en particular, que la necesidad de tener en cuenta ese efecto acumulativo resulta de reiterada jurisprudencia del juez de la Unión. Orlen sostiene que el Tribunal General consideró erróneamente, en la sentencia recurrida, que podía evaluar esos errores de forma independiente, es decir, analizar por separado cualquier potencial medida y cualquier potencial error de la Comisión, renunciando así a llevar a cabo una apreciación global de la actuación de dicha institución. Para Orlen, el Tribunal General concluyó que no existía error manifiesto de apreciación sobre la base de estos análisis realizados por separado, pese a que, si los hubiese tenido en cuenta en su conjunto, habría estado obligado a reconocer la existencia de ese error manifiesto, ya que los diferentes elementos de los compromisos de Gazprom no eran elementos aislados entre sí ni irrelevantes los unos para los otros. Según Orlen, los compromisos de Gazprom relativos a las prácticas tarifarias y a las restricciones territoriales son mecanismos complejos que constan de elementos que son en gran medida interdependientes.
105
Afirma que esa aplicación errónea de los criterios de control del error manifiesto de apreciación está presente, en particular, en la apreciación, por parte del Tribunal General, de la retirada de las reservas Yamal por parte de la Comisión.
106
Orlen afirma que, en cualquier caso, el Tribunal General también debería haber anulado la Decisión controvertida por no responder a todas las inquietudes en materia de competencia que había manifestado la Comisión.
107
La Comisión se opone a esta alegación.
2) Apreciación del Tribunal de Justicia
108
En primer término, por lo que se refiere a las alegaciones relativas a la retirada de las reservas Yamal y a que no se dio respuesta a la totalidad de las inquietudes iniciales de la Comisión que expresaban dichas reservas, procede desestimarlas mediante remisión a los apartados 57 y 64 de la presente sentencia.
109
En segundo término, incumbe a la parte demandante que solicita la anulación de una decisión adoptada por la Comisión con arreglo al artículo 9 del Reglamento n.o 1/2003 demostrar que esta ha incurrido en error manifiesto de apreciación. Pues bien, en el presente asunto, Orlen se limita a realizar un razonamiento abstracto basado en la idea de la acumulación de errores, sin demostrar su incidencia concreta. A este respecto, la Comisión precisa que Orlen, en realidad, tampoco sostuvo ante el Tribunal General que debiera haberse llevado a cabo una evaluación de conjunto de todos los errores reprochados a la Comisión. En efecto, del apartado 398 de la sentencia recurrida se desprende que únicamente Overgas formuló esta alegación, y que esta fue examinada y posteriormente desestimada acertadamente por el Tribunal General.
110
En tercer término, contrariamente a lo que sostiene Orlen, ni de la Decisión controvertida ni de la sentencia recurrida se desprende que la Comisión o el Tribunal General renunciaran a realizar un análisis global de los compromisos suscritos por Gazprom.
111
Así pues, por lo que se refiere a la Comisión, el enfoque global que esta adoptó en el examen de los compromisos queda acreditado en los considerandos 160 a 164 de la Decisión controvertida. A este respecto, el hecho de que esta institución optara por presentar por separado la proporcionalidad de cada compromiso a las inquietudes que había manifestado no basta para cuestionar que adoptase dicho enfoque global.
112
En lo que atañe al Tribunal General, de los apartados 195 a 202 y 310 a 319 de la sentencia recurrida se desprende, respectivamente, que el Tribunal General llevó a cabo una apreciación global tanto de los compromisos relativos a las prácticas tarifarias como de los relativos a las restricciones territoriales. El apartado 398 de la sentencia recurrida, ya mencionado en el apartado 109 de la presente sentencia, constituye otro ejemplo de evaluación de conjunto al apreciar la existencia de un eventual error manifiesto de apreciación.
113
En cuarto término, debe refutarse la afirmación de Orlen de que el Tribunal General debería haber constatado que, en el presente asunto, la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al acumular meros errores. Esto solo podría ser cierto si el Tribunal General hubiera constatado que al menos uno de los compromisos aceptados por la Comisión era inadecuado y que esa inadecuación permitía cuestionar otros compromisos y si, a continuación, se hubiese demostrado que estos presentaban una relación entre sí. Pero este no es el caso.
114
Si bien es cierto que, en el marco de su análisis del carácter adecuado de los compromisos relativos a los puntos de suministro, el Tribunal General observó determinadas irregularidades que viciaban la apreciación de dichos compromisos por parte de la Comisión, no consideró que estas circunstancias pudieran afectar de algún modo a la eficacia de esos compromisos. Como ha señalado el Abogado General en el punto 96 de sus conclusiones, las consideraciones críticas del Tribunal General con respecto a la apreciación de la Comisión se refieren más al enfoque metodológico adoptado por la Comisión en su análisis que al carácter insuficiente de los compromisos.
115
Asimismo, procede recordar, como se ha señalado en el apartado 48 de la presente sentencia, que la existencia de un error manifiesto de apreciación no puede inferirse de la existencia de una mera irregularidad u omisión por parte de la Comisión, sino que debe alcanzarse un determinado umbral de gravedad que pueda poner en entredicho el fundamento del análisis realizado por esta.
116
En consecuencia, debe desestimarse la primera parte del tercer motivo de casación.
b)
Sobre la segunda parte del tercer motivo de casación
1) Alegaciones de las partes
117
Mediante la segunda parte de su tercer motivo de casación, basada en que no se tuvo en cuenta el carácter prospectivo de los compromisos de Gazprom al analizar el carácter adecuado de sus diferentes elementos, Orlen sostiene que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en lo que se refiere a los compromisos dirigidos a eliminar las inquietudes en materia de competencia (a saber, poner fin a las prácticas contrarias a la competencia detectadas por la Comisión en el análisis preliminar, restablecer la competencia en el mercado y evitar que se repitan las infracciones), la Comisión debe abordar con especial prudencia los supuestos que prevén una evolución negativa de la situación. En este contexto, Orlen afirma que el Tribunal General está obligado a verificar si la Comisión realizó correctamente este análisis, basándose a la vez en la «experiencia histórica aplicable» y en la «verificación de la probabilidad de que se cumplan todos los requisitos, que deben concurrir acumulativamente».
118
En el presente asunto, el análisis del carácter adecuado del compromiso consistente en introducir una cláusula de revisión de precios únicamente en relación con la situación que existía en el mercado en la fecha de adopción de la Decisión controvertida, ignorando completamente el elemento prospectivo, es, según Orlen, un primer ejemplo de error cometido por Tribunal General.
119
Un segundo ejemplo de fallo en el control por el Tribunal General de la existencia de un análisis prospectivo suficiente por la Comisión lo constituye, en opinión de Orlen, la falta de verificación de los requisitos que deben concurrir de forma acumulativa para alcanzar el objetivo del compromiso tarifario, enunciado en el apartado 135 de la Decisión controvertida, que tiene por objeto garantizar a los clientes de Gazprom un derecho contractual claro que asegure que sus precios del gas sigan siendo equitativos y competitivos en el futuro.
120
Por consiguiente, Orlen sostiene que el Tribunal General no apreció correctamente los hechos pertinentes en los que basa su análisis y que cada uno de los errores mencionados tuvo una incidencia directa en la Decisión controvertida.
121
La Comisión se opone a esta alegación.
2) Apreciación del Tribunal de Justicia
122
Tanto el tenor de la Decisión controvertida como el de la sentencia recurrida contradicen las afirmaciones de Orlen.
123
Así pues, contrariamente a lo que sostiene Orlen, la Comisión y el Tribunal General tuvieron en cuenta claramente la posible evolución del mercado en el futuro, como se desprende del apartado 158 de la sentencia recurrida, razón por la cual, en el apartado 155 de dicha sentencia, el Tribunal General consideró suficiente que los compromisos finales incluyeran una cláusula de revisión de precios y no una modificación inmediata de las fórmulas tarifarias prescritas en las cláusulas existentes.
124
Orlen interpreta de forma errónea este apartado 155 de la sentencia recurrida al sostener que el Tribunal General solo apreció la adecuación de la cláusula de revisión de precios propuesta por Gazprom a la luz de la situación del mercado que existía en el momento de la adopción de la Decisión controvertida. En dicho apartado, el Tribunal General se limitó a confirmar que la Comisión también había tenido correctamente en cuenta, en su apreciación, la situación del mercado que existía en el momento de la adopción de dicha Decisión. Por otra parte, de los apartados 156 a 158 de la sentencia recurrida se desprende claramente que el Tribunal General llevó a cabo de forma efectiva el control de la exactitud de la apreciación prospectiva de la Comisión. A este respecto, el hecho de que los precios fueran competitivos cuando se adoptó la Decisión debía entenderse en relación con la concesión a Gazprom de un plazo de diez semanas para modificar todos los contratos e introducir en ellos una cláusula de revisión de precios.
125
Además, el Tribunal General también apreció de manera suficiente la manera en que, gracias a las cláusulas de revisión de precios introducidas por los compromisos, se podía evitar la repetición de una situación en la que los precios hubieran sido excesivos.
126
Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del tercer motivo de casación y, en consecuencia, desestimar dicho motivo de casación.
6.
Sobre el cuarto motivo de casación
127
El cuarto motivo de casación se basa en la infracción del artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003.
128
Este motivo consta de dos partes.
a)
Sobre la primera parte del cuarto motivo de casación
1) Alegaciones de las partes
129
Mediante la primera parte de su cuarto motivo de casación, Orlen sostiene que el Tribunal General basó la facultad, prevista en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003, de reabrir el procedimiento en el incumplimiento de un compromiso cuyo contenido interpretó a partir de la motivación de la Decisión controvertida y no de su parte dispositiva.
130
A juicio de Orlen, de dicho artículo 9, apartado 2, letra b), se desprende claramente que, en caso de incumplimiento, por parte de la empresa afectada, de los compromisos aceptados por la Comisión, esta puede reabrir el procedimiento. Orlen afirma que, por lo tanto, es crucial determinar sin ambigüedad el contenido del compromiso de que se trata.
131
A este respecto, Orlen alega que la interpretación de la parte dispositiva de la Decisión controvertida no debe consistir en completar el contenido de los compromisos que figuran en ella, como hizo el Tribunal General, sino en interpretarlos, especialmente si existen dudas sobre la interpretación literal de dicha parte dispositiva. Según Orlen, así lo corrobora la jurisprudencia, según la cual, en principio, un recurso debe dirigirse contra la parte dispositiva de un acto jurídico y no contra su motivación, a menos que el contenido de esta última incida en la esencia de la decisión que figura en la parte dispositiva de dicho acto o constituya su soporte necesario.
132
Pues bien, Orlen sostiene que el Tribunal General no solo interpretó el contenido de los compromisos relativos a las prácticas tarifarias que forman parte de la parte dispositiva de la Decisión controvertida a la luz de la motivación de esta, sino que además, por un lado, amplió erróneamente dicho contenido al englobar elementos que, a todas luces, no figuraban en dicha parte dispositiva y, por otro lado, hizo referencia, basándose en esta Decisión ampliada, a la facultad de reabrir el procedimiento, en particular, en caso de incumplimiento por parte de los tribunales arbitrales de los datos relativos a los «precios de las plataformas» que permiten determinar la revisión de precios. Afirma que, dado que la Comisión no aclaró con precisión lo que entendía por incumplimiento de un compromiso a la luz de los motivos para la reapertura del procedimiento, el Tribunal General no podía legalmente deducir de ello un argumento a favor del carácter adecuado del compromiso de que se trata.
133
Por otra parte, Orlen alega que la Comisión no está obligada a reabrir el procedimiento en caso de incumplimiento por parte de Gazprom de sus compromisos, ya que dispone, a este respecto, de una amplia facultad discrecional. Por tanto, la alegación de que la facultad de reabrir el procedimiento de que dispone la Comisión en caso de incumplimiento de los compromisos prueba el carácter adecuado de estos carece, en su opinión, de fundamento.
134
La Comisión se opone a esta alegación.
2) Apreciación del Tribunal de Justicia
135
Como ya se ha mencionado en el apartado 67 de la presente sentencia, el mero hecho de recordar que los compromisos pueden dar lugar, si la empresa afectada no los cumple, a la reapertura del procedimiento, con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003, no refleja la voluntad de completar ex post esos compromisos, sino la de velar por su cumplimiento. En la misma línea, el Tribunal General evocó la posibilidad de reabrir el procedimiento e imponer una multa, en virtud del artículo 23, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1/2003, en caso de que Gazprom incumpliera sus compromisos. Se trata de un mero recordatorio destinado a que Gazprom se atuviera a ellos.
136
Por otra parte, es perfectamente lógico que el Tribunal General interpretara el contenido de la parte dispositiva de la Decisión controvertida a la luz de su motivación. El hecho de que se basara en la motivación de dicha Decisión para apoyar la interpretación correcta de su parte dispositiva no es un error de Derecho, sino una técnica interpretativa habitual. Al hacer esto, contrariamente a lo que afirma Orlen, el Tribunal General no completó la parte dispositiva con elementos que no figuraban en él, sino que simplemente la interpretó a la luz del contenido de dicha motivación. En particular, el Tribunal General se limitó a explicar, en respuesta a las alegaciones de Orlen, cómo debía entenderse el compromiso descrito en el punto 19, inciso iv), de los compromisos finales, sin contradecir ni exceder el tenor de dicho punto, sino realizando una interpretación razonable de ese compromiso sobre la base de su contenido y de su objetivo.
137
En consecuencia, se debe desestimar la primera parte del cuarto motivo de casación.
b)
Sobre la segunda parte del cuarto motivo de casación
1) Alegaciones de las partes
138
Mediante la segunda parte de su cuarto motivo de casación, Orlen aduce que el Tribunal General basó la facultad, prevista en el artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003, de reabrir el procedimiento en la invocación de circunstancias en las que la Decisión controvertida no se fundó y que no guardaban relación alguna con su objeto.
139
Orlen afirma que la interpretación exacta de esa disposición permite a la Comisión reabrir el procedimiento si se modifica la situación de hecho respecto de un elemento esencial de la decisión. Por lo tanto, dicha disposición se refiere, según Orlen, a hechos que existían en el momento en que la Comisión adoptó su Decisión y que, por consiguiente, esta había examinado. Afirma que, sin embargo, el Tribunal General no tuvo en cuenta esta interpretación al aplicarla, en particular, en relación con dos tipos de circunstancias.
140
Por un lado, Orlen afirma que el Tribunal General consideró que, aunque la convergencia de los precios del gas y del petróleo fuera un hecho de breve duración, cualquier falta de convergencia en el futuro constituiría un cambio de las circunstancias existentes en el momento de la adopción de la Decisión controvertida, lo que autorizaría a la Comisión a actuar en virtud de esa misma disposición.
141
Por otro lado, Orlen sostiene que el Tribunal General estimó que también debía tenerse en cuenta que, en el momento de la adopción de la Decisión, no concurrían determinadas circunstancias, como el carácter inoperativo del gasoducto Nord Stream 2, la falta de restricciones de suministro o la falta de nuevas condiciones en el suministro de gas por parte de Gazprom, porque tales hechos, si se dieran en el futuro, podrían dar lugar a que la Comisión reabriera el procedimiento con arreglo al artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003.
142
En consecuencia, según Orlen, el Tribunal General consideró que acontecimientos futuros e indeterminados en cuanto a su alcance y a su carácter, que, por su naturaleza, no constituían hechos subyacentes a la Decisión controvertida, podían justificar esa reapertura, lo que es contrario a la interpretación correcta de dicha disposición.
143
La Comisión se opone a esta alegación.
2) Apreciación del Tribunal de Justicia
144
Como ha señalado la Comisión en su escrito de contestación, el artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003 ilustra el hecho de que los compromisos aprobados por esta institución solo tienen razón de ser mientras las circunstancias que llevaron a su adopción no sufran cambios sustanciales, y de lo contrario es necesario reabrir el procedimiento con el fin de ajustar los compromisos de que se trate a las nuevas circunstancias.
145
En primer término, contrariamente a lo que sostiene Orlen, el Tribunal General se limitó a recordar, en el apartado 426 de la sentencia recurrida, que la Comisión podría, en su caso, hacer uso de la posibilidad, prevista en dicha disposición, de reabrir el procedimiento si se modificaba la situación de hecho respecto de un elemento esencial de la Decisión, en particular en caso de evolución de los mercados del gas.
146
En segundo término, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al interpretar la expresión «si se produce la modificación de la situación de hecho respecto de un elemento esencial de la decisión», que figura en dicha disposición. En particular, no señaló que todos los hechos futuros a los que se referían los temores de Orlen, en particular, en relación con el gasoducto Nord Stream 2, constituyeran una modificación en ese sentido.
147
Por consiguiente, el Tribunal General no amplió de forma excesiva el ámbito de aplicación del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1/2003.
148
Procede, por consiguiente, desestimar la segunda parte del cuarto motivo de casación.
149
De todo lo anterior se desprende que procede desestimar aquel y, en consecuencia, el recurso de casación en su totalidad.
V. Sobre la adhesión a la casación
150
Mediante su adhesión a la casación, Overgas solicita la anulación de la sentencia recurrida.
A. Sobre la admisibilidad de la adhesión a la casación
1.
Alegaciones de las partes
151
Gazprom alega que Overgas no tiene ningún interés en adherirse a la casación. Además, sostiene que la sentencia recurrida no la afecta directamente. Por consiguiente, a su juicio, procede declarar inadmisible esta adhesión a la casación.
152
Por un lado, entiende que los compromisos finales no perjudican los intereses económicos o jurídicos de Overgas. Afirma que, aunque reconoce que probablemente debieran existir compromisos mejores, ello no demuestra que los compromisos finales perjudiquen a Overgas.
153
Por otro lado, la anulación de los compromisos finales, según Gazprom, no conferiría ninguna ventaja a Overgas. Por el contrario, aunque estos hubieran debido anularse, ello no habría implicado con seguridad que la Comisión hubiera convertido en obligatorios compromisos más estrictos o que Gazprom hubiera estado dispuesta a asumirlos. Afirma que la mera posibilidad hipotética y teórica de que existan compromisos supuestamente «mejores» no basta para determinar la admisibilidad de la adhesión a la casación.
154
En su escrito de réplica, Overgas alega que la adhesión a la casación es admisible, puesto que la Decisión controvertida la afecta directamente en el sentido del artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Afirma que resulta evidente que su interés económico reside en obtener una decisión más favorable de la Comisión, consistente en medidas jurídicas eficaces. Entiende que este resultado no puede alcanzarse de iure mientras no se anule la Decisión controvertida.
155
Orlen solicita, asimismo, que se admita la adhesión a la casación.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
156
Basta señalar que el interés de Overgas en adherirse a la casación ha quedado acreditado, aunque opere en el mercado del gas en Bulgaria, que no es directamente objeto de los compromisos finales convertidos en obligatorios por la Decisión controvertida, puesto que era parte coadyuvante en primera instancia en apoyo de las pretensiones de Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo y puesto que, mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso de esta.
B. Sobre el fondo
157
Overgas invoca dos motivos en apoyo de la adhesión a la casación.
1.
Sobre el primer motivo
a)
Alegaciones de las partes
158
Mediante su primer motivo, Overgas sostiene que el Tribunal General infringió el artículo 40, apartado 2, en relación con el artículo 53, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la medida en que consideró que las alegaciones formuladas por la propia Overgas en el escrito de formalización de su intervención eran inadmisibles, puesto que se referían al sistema de gas búlgaro.
159
A su juicio, el Tribunal General consideró erróneamente que dichas alegaciones excedían el objeto del litigio. No corresponde, en su opinión, al Tribunal General, sino únicamente a la demandante, es decir, en el presente asunto, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, determinar el objeto del litigio en el marco de un recurso de anulación. Pues bien, Overgas sostiene que Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo definió el objeto del litigio de manera amplia, incluso en lo que respecta a las restricciones territoriales. Entiende que, por lo tanto, los compromisos relativos a Bulgaria se incluyen en él. Por otro lado, afirma que la interpretación por el Tribunal General del enfoque adoptado por Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, en particular en lo que respecta a las potenciales limitaciones del objeto del litigio, es parcialmente contradictoria, en gran medida ambigua y, en general, irreconciliable con la posición clara de Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, tal como la expuso en su demanda.
160
En apoyo de este análisis, Overgas declara que los motivos invocados en primera instancia por Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo se referían a una serie de problemas y errores del texto de la Decisión controvertida que puso de relieve, respecto de los cuales el mercado polaco, del que esta última sociedad tenía mejor conocimiento, solo era un ejemplo entre otros con el que no se pretendía excluir del objeto del litigio el mercado de gas búlgaro.
161
Orlen sostiene que procede estimar el primer motivo y la pretensión de Overgas de que se anule en su totalidad la sentencia recurrida.
162
La Comisión, por su parte, solicita que se desestime el primer motivo.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
163
Antes de nada, procede recordar que, en el marco del compromiso relativo a Bulgaria, Gazprom se comprometió a modificar los contratos de suministro y de transporte de gas con el fin de suprimir los obstáculos contractuales para el gestor búlgaro de la red de transporte y adaptar así dicha red a las exigencias del Derecho derivado de la Unión. Estas exigencias se refieren, en particular, a la aplicación de un sistema de entrada y salida, a la celebración de acuerdos de interconexión entre gestores de redes de países vecinos y a las normas de reparto de los volúmenes de gas entre varios usuarios de la red en los puntos de interconexión. Estas exigencias facilitan el comercio transfronterizo de gas, favorecen la competencia y garantizan la integración del mercado interior.
164
A continuación, en su recurso ante el Tribunal General, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo solo hizo referencia al compromiso relativo a Bulgaria una sola vez y no formuló ningún motivo relativo a la adecuación de dicho compromiso. Por el contrario, alegó que Gazprom debería haber propuesto, y que la Comisión debería haber convertido en obligatorio, para otros mercados de gas en los PECO, incluida Polonia, un compromiso análogo al relativo a Bulgaria. Así pues, no cabe duda de que este último compromiso excedía del objeto del litigio planteado ante el Tribunal General.
165
Por último, es cierto que, en el apartado 409 de la sentencia recurrida, el Tribunal General respondió al motivo de Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo basado en el carácter inadecuado de los compromisos relativos a las restricciones territoriales en su conjunto declarando, a este respecto, que la Comisión no había incurrido en error manifiesto de apreciación. Sin embargo, el Tribunal General tuvo en cuenta, en su apreciación, el hecho de que Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo no había cuestionado en modo alguno el carácter adecuado del compromiso relativo a Bulgaria.
166
Por lo tanto, ha quedado acreditado que el compromiso relativo a Bulgaria no formaba parte del objeto del litigio tal como se delimitó en la demanda presentada ante el Tribunal General, de modo que este declaró acertadamente que las alegaciones formuladas por Overgas en el escrito de formalización de su intervención eran inadmisibles, puesto que se referían al sistema de gas búlgaro.
167
En consecuencia, procede desestimar el primer motivo.
2.
Sobre el segundo motivo
a)
Alegaciones de las partes
168
Mediante su segundo motivo, Overgas sostiene que el Tribunal General incumplió la obligación de motivación que le incumbe con arreglo al artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con su artículo 53, apartado 1.
169
En particular, afirma que el Tribunal General no especificó los métodos de cálculo de los cuatro factores que limitaban el ámbito de aplicación de los compromisos relativos a los puntos de suministro, la forma en que se debían medir los efectos acumulados de esos cuatro factores ni la referencia utilizada para llegar a la conclusión de que ni siquiera esos efectos acumulados se traducían en un error manifiesto de apreciación de la Comisión en el momento de la aceptación de dichos compromisos. Entiende que el Tribunal General no dio explicaciones en relación con el método que aplicó a estos efectos y menos aún en relación con su aplicación a las circunstancias concretas del presente asunto.
170
Orlen no se pronuncia sobre este segundo motivo. La Comisión considera que es inadmisible por ser demasiado impreciso.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
171
Es preciso recordar que la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General le exige únicamente dar a conocer de manera clara e inequívoca el razonamiento que ha seguido, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional (sentencia de 26 de julio de 2017, Staatliche Porzellan‑Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, EU:C:2017:602, apartado 28 y jurisprudencia citada), pero no proporcionar una motivación que responda exhaustivamente a todas las alegaciones formuladas por las partes en el litigio (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 2021, Liaño Reig/JUR, C‑947/19 P, EU:C:2021:172, apartado 27 y jurisprudencia citada).
172
En el presente asunto, en particular de los apartados 77 y 114 de la presente sentencia se desprende que el Tribunal General llevó a cabo el control y motivó su análisis de la apreciación, por parte de la Comisión, de los compromisos relativos a los puntos de suministro. El hecho de que los pasajes de que se trata de la sentencia recurrida no sean tan detallados como hubiera deseado Overgas no implica que el Tribunal General motivara insuficientemente la mencionada sentencia a este respecto.
173
Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo y, en consecuencia, la adhesión a la casación en su totalidad.
VI. Costas
174
El artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establece que el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
175
De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, aplicable en virtud de su artículo 184, apartado 1, al procedimiento del recurso de casación, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
176
En el presente asunto, al haber sido desestimadas las pretensiones de Orlen en lo que respecta al recurso de casación, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión y las de Gazprom en relación con dicho recurso de casación, conforme a lo solicitado por estas últimas. Al haber sido desestimada la adhesión a la casación de Overgas, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión y las de Gazprom en relación con la adhesión a la casación, conforme a lo solicitado por estas últimas.
177
Por otro lado, el artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable también al procedimiento en casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este Reglamento, establece que los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por lo tanto, la República de Polonia, parte coadyuvante en primera instancia, cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación y la adhesión a la casación.
2)
Orlen S.A. cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea, Gazprom PJSC y Gazprom export LLC en relación con el recurso de casación.
3)
Overgas Inc. cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea, Gazprom PJSC y Gazprom export LLC en relación con la adhesión a la casación.
4)
La República de Polonia cargará con sus propias costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.