62020CJ0348_RES
Asunto C‑348/20 P
Nord Stream 2 AG
contra
Parlamento Europeo
y
Consejo de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de julio de 2022
«Recurso de casación — Energía — Mercado interior del gas natural — Directiva 2009/73/CE — Directiva (UE) 2019/692 — Ampliación de la aplicabilidad de la Directiva 2009/73 a los gasoductos entre Estados miembros y países terceros — Artículo 263 TFUE, párrafo cuarto — Recurso de anulación — Requisito de que la recurrente esté directamente afectada por la medida objeto de su recurso — Inexistencia de facultad de apreciación en cuanto a las obligaciones impuestas a la recurrente — Requisito de que la recurrente esté individualmente afectada por la medida objeto de su recurso — Adecuación de las exenciones a las que no puede acogerse la recurrente como único operador — Solicitud de que se retiren documentos de los autos — Normas en materia de presentación de pruebas ante el juez de la Unión Europea — Documentos internos de las instituciones de la Unión»
Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que las afectan directa e individualmente — Afectación directa — Criterios — Directiva de modificación que en principio somete la parte de las conducciones de transporte de gas situada entre un Estado miembro y un país tercero a las normas aplicables para el mercado interior del gas natural — Afectación directa de un propietario de gasoductos que puede estar comprendido en el ámbito de aplicación de las normas del Derecho de la Unión — Requisitos — Directiva que produce directamente efectos en la situación jurídica del propietario — Falta de margen de apreciación de los Estados miembros en cuanto a la aplicación de la directiva con respecto a él
[Art. 263 TFUE, párr. 4; Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2009/73/CE, arts. 2, punto 17, 9, 32, 36 y 49 bis, y (UE) 2019/692, art. 1]
(véanse los apartados 43, 44, 62 a 67, 70, 74 a 77, 95, 97 a 112, 114 y 164)
Procedimiento judicial — Incidente procesal — Solicitud de retirada de documentos de los autos — Criterios de apreciación — Documentos internos de las instituciones de la Unión — Obligación del juez de la Unión de ponderar los intereses de las partes con respecto a su derecho a un proceso justo — Alcance
[Art. 15 TFUE, ap. 3, párr. 1; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 42 y 47; Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 1]
(véanse los apartados 128 a 134 y 136 a 148)
Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que las afectan directa e individualmente — Afectación individual — Criterios — Directiva de modificación que en principio somete la parte de las conducciones de transporte de gas situada entre un Estado miembro y un país tercero a las normas aplicables para el mercado interior del gas natural — Recurso de un propietario de gasoductos que puede estar comprendido en el ámbito de aplicación de las normas del Derecho de la Unión — Directiva que permite la concesión de exenciones por las autoridades reguladoras nacionales — Afectación individual del propietario como único operador excluido por la Directiva del beneficio de dichas exenciones — Admisibilidad
[Art. 263 TFUE, párr. 4; Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2009/73/CE, arts. 2, punto 17, 36 y 49 bis, y (UE) 2019/692, art. 1]
(véanse los apartados 156 a 163)
Resumen
La recurrente, Nord Stream 2 AG, es una sociedad de Derecho suizo cuyo accionista único es la sociedad anónima rusa de Derecho público Gazprom. Le ha sido encomendada la planificación, construcción y explotación del gasoducto Nord Stream 2, destinado a garantizar la conducción de gas entre Vyborg (Rusia) et Lubmin (Alemania). Las obras de construcción se iniciaron en enero de 2017.
El 17 de abril de 2019, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron la Directiva 2019/692, (
1
) por la que se modifica la Directiva 2009/73 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. La Directiva 2019/692, que entró en vigor el 23 de mayo de 2019, tiene por objeto garantizar que las normas aplicables a las conducciones de transporte de gas que conectan dos o más Estados miembros también sean aplicables dentro de la Unión Europea a las que tienen destino u origen en terceros países, como el gasoducto Nord Stream 2. Así, a partir de la entrada en vigor de esta Directiva, los propietarios de gasoductos entre un Estado miembro y un país tercero, como la recurrente, están, en principio, sujetos a las obligaciones establecidas por la Directiva 2009/73 en lo que se refiere a la parte de sus conducciones de transporte de gas situada en territorio de los Estados miembros, en este caso la parte del gasoducto Nord Stream 2 situada en territorio de la República Federal de Alemania. En particular, ello implica que esos operadores tienen la obligación de separar las redes de transporte y los gestores de estas últimas en lo referente a las estructuras de producción y suministro, (
2
) así como la obligación de instaurar un sistema de acceso a las redes de transporte de gas no discriminatorio para los terceros sobre la base de tarifas publicadas y aprobadas. (
3
)
Mediante auto de 20 de mayo de 2020, (
4
) el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la recurrente, en el que esta solicitaba la anulación de la Directiva controvertida, por el motivo de que esta no afectaba directamente a la recurrente. En particular, consideró que una directiva no podía, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular a falta de adopción de medidas de transposición con carácter previo. En estas circunstancias, el Tribunal General renunció a examinar la admisibilidad del recurso con respecto a la afectación individual de la recurrente. Con ocasión del recurso, el Tribunal General también ordenó la retirada de los autos de determinados documentos presentados por la recurrente en el marco de su recurso sin autorización de las autoridades interesadas.
El Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, pronunciándose sobre el recurso de casación interpuesto por la recurrente, anula el auto del Tribunal General y declara admisible el recurso. En esta ocasión, el Tribunal de Justicia precisa su jurisprudencia relativa a la admisibilidad de los recursos directos contra directivas presentados por particulares. También precisa la función del Reglamento n.o 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos, (
5
) a los efectos del examen de las solicitudes de retirada de documentos internos de un expediente judicial.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Para empezar, el Tribunal de Justicia recuerda que, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, segunda parte de la frase, toda persona física o jurídica podrá interponer recurso contra los actos que la afecten directa e individualmente. Para que un particular esté directamente afectado por el acto en cuestión, deben cumplirse acumulativamente dos criterios. La medida impugnada debe, por una parte, surtir efectos directamente en su situación jurídica y, por otra parte, no dejar ningún margen de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación.
En cuanto al primer requisito, relativo a la producción de efectos directos en la situación jurídica de un particular, el Tribunal de Justicia recuerda que la capacidad de un acto para producir tales efectos no puede apreciarse únicamente a la luz de su forma y que procede atenerse a la esencia de ese acto. De ello resulta que todo acto puede, en principio, afectar directamente la situación jurídica de un particular, con independencia de si incluye medidas de ejecución, lo que comprende, cuando se trata de una directiva, medidas de transposición. En efecto, estas no cuestionan el carácter directo de la relación existente entre dicha directiva y tales efectos, siempre que la directiva no deje a los Estados miembros ninguna facultad de apreciación en cuanto a la imposición de dichos efectos a ese particular.
En el presente asunto, al ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/73 a las conducciones de gas entre los Estados miembros y países terceros, la Directiva controvertida tiene como consecuencia someter a la recurrente, como propietaria de una conducción de gas de ese tipo, a las obligaciones derivadas de aquella. A este respecto, la necesidad de que el Estado miembro afectado, en este caso la República Federal de Alemania, adopte medidas de transposición para aplicar estas obligaciones carece de pertinencia, siempre que dicho Estado miembro no disponga de un margen de apreciación que pudiera impedir la imposición de dichas obligaciones a la recurrente.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia concluye que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que la Directiva controvertida no producía efectos directos en la situación jurídica de la recurrente.
En cuanto al segundo requisito, relativo al margen de apreciación que se deja a los destinatarios de un acto para la aplicación de este, el Tribunal de Justicia precisa que la existencia de tal margen de apreciación debe examinarse también atendiendo a la esencia de ese acto y, además, debe examinarse necesariamente en relación con los efectos jurídicos concretos a los que se refiere el recurso y que pueden efectivamente producirse en la situación jurídica del interesado.
Pues bien, en el presente asunto, si bien los Estados miembros destinatarios de la Directiva controvertida disponen de un cierto margen de maniobra en cuanto a la concretización de las obligaciones que impone, el Estado miembro interesado no tiene ningún margen de apreciación en lo referente a la imposición de esas obligaciones a la recurrente. En particular, no tiene la posibilidad de concederle una de las exenciones establecidas en la Directiva 2009/73. (
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) En efecto, a pesar del margen de apreciación de los Estados miembros en cuanto a la concesión de las exenciones que establece la Directiva 2009/73 a las empresas del sector del gas que cumplan los requisitos para su concesión, ninguna de esas exenciones puede aplicarse a la situación de la recurrente, que no cumple dichos requisitos. Así pues, existe un vínculo directo entre la entrada en vigor de la Directiva controvertida y la imposición a la recurrente de las obligaciones que en ella se enuncian.
Por tanto, el Tribunal de Justicia estima que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que la Directiva controvertida dejaba un margen de apreciación a los Estados miembros, sin tener en cuenta la situación de la recurrente y el hecho de que la entrada en vigor de la Directiva controvertida había tenido como consecuencia directa someter a aquella a obligaciones a las que no puede sustraerse.
A la vista de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia concluye que la Directiva controvertida afecta directamente a la recurrente.
Seguidamente, el Tribunal de Justicia examina la solicitud del Consejo consistente en que se retiren de los autos determinados documentos internos presentados de manera ilícita por la recurrente durante el procedimiento. Se trataba, más concretamente, de una recomendación de la Comisión Europea al Consejo para la apertura de negociaciones entre la Unión y un Estado tercero con vistas a la celebración de un acuerdo internacional, de un dictamen del servicio jurídico del Consejo relativo a dicha recomendación y de las observaciones de la República Federal de Alemania formuladas en el procedimiento legislativo de adopción de la Directiva controvertida.
El Tribunal de Justicia señala, de entrada, que la admisibilidad de las pruebas presentadas de manera ilícita, como los documentos internos de las instituciones de la Unión cuya presentación no ha sido autorizada, depende de la ponderación de los intereses de las partes, en particular a la luz del objetivo de garantizar el derecho de las partes a un proceso justo. A este respecto, si bien el Reglamento n.o 1049/2001 reviste un cierto valor indicativo en la ponderación de dichos intereses, no regula esta de manera exhaustiva.
Así, en cuanto al dictamen del servicio jurídico del Consejo, el Tribunal de Justicia considera, al igual que el Tribunal General, que la ponderación se inclina en favor de la protección de los intereses del Consejo, cuyo derecho a un proceso justo y su interés en recibir dictámenes sinceros, objetivos y completos se verían vulnerados por el mantenimiento de dicho dictamen en los autos, sin que el solo interés de la recurrente en apoyar su argumentación mediante este dictamen baste, en el presente asunto, para justificar tal mantenimiento, máxime cuando el fundamento de esta argumentación no depende en modo alguno de la presentación de tal dictamen. En cambio, en lo que se refiere a la recomendación de la Comisión y a las observaciones de la República Federal de Alemania, el Tribunal de Justicia señala que el Tribunal General, en realidad, aplicó exclusivamente las disposiciones del Reglamento n.o 1049/2001, sin ponderar los intereses afectados y sin examinar, en este contexto, si el mantenimiento de esos documentos en los autos podía concreta y efectivamente menoscabar el interés invocado para justificar su retirada, a saber, el interés público relativo a la protección de las relaciones internacionales. (
7
)
Por último, tras estimar el recurso, y haciendo uso de su facultad de avocación, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la afectación individual de la recurrente por la Directiva controvertida. A este respecto, declara que la recurrente está individualmente afectada por las condiciones de exención que dicha Directiva establece, ya que es el único operador que se encuentra, y que puede encontrarse, en situación de ser excluido del beneficio de dicha exención.
A la vista de cuanto antecede, el Tribunal de Justicia declara admisible el recurso de anulación de la recurrente y devuelve el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre el fondo.
(
1
)	Directiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (DO 2019, L 117, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva controvertida»).
(
2
)	Artículo 9 de la Directiva 2009/73.
(
3
)	Artículo 32 de la Directiva 2009/73.
(
4
)	Auto de 20 de mayo de 2020, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo (T‑526/19, EU:T:220:210).
(
5
)	Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43). Debe señalarse que este Reglamento no es aplicable al presente asunto.
(
6
)	Artículos 36 y 49 bis de la Directiva 2009/73.
(
7
)	Artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 1049/2001.