62022CJ0541
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 4 de octubre de 2024 (
*1
)
Índice
I. Marco jurídico
A. Directiva 2014/59/UE
B. Reglamento MUR
C. Proyecto de normas técnicas de regulación
II. Antecedentes del litigio
A. Situación económica de Banco Popular durante los años 2016 y 2017
B. Desarrollo del procedimiento de resolución
C. Dispositivo de resolución controvertido
D. Hechos posteriores a la adopción del dispositivo de resolución controvertido
III. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
A. Procedimiento ante el Tribunal General
B. Sentencia recurrida
IV. Pretensiones de las partes en casación
V. Sobre el recurso de casación
A. Consideraciones preliminares
B. Sobre la quinta parte del segundo motivo de casación, basada en una infracción del artículo 90 del Reglamento MUR y de los artículos 17, 41 y 52 de la Carta, en relación con el artículo 1 del Protocolo n.o 1 del CEDH, y sobre la sexta parte de este motivo, basada en un incumplimiento de la obligación de motivación impuesta en el artículo 296 TFUE
1. Quinta parte del segundo motivo de casación
a) Alegaciones de las partes
b) Apreciación del Tribunal de Justicia
2. Sexta parte del segundo motivo de casación
a) Alegaciones de las partes
b) Apreciación del Tribunal de Justicia
1) Sobre la admisibilidad
2) Sobre el fondo
i) Motivación del dispositivo de resolución controvertido
ii) Motivación de la Decisión 2017/1246
C. Sobre la primera parte del primer motivo de casación, basada en la infracción del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento MUR
1. Alegaciones de las partes
2. Apreciación del Tribunal de Justicia
a) Sobre la admisibilidad
b) Sobre el fondo
D. Sobre la segunda parte del primer motivo de casación, basada en la infracción del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento MUR
1. Alegaciones de las partes
2. Apreciación del Tribunal de Justicia
E. Sobre la tercera parte del primer motivo de casación, basada en la infracción del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR
1. Alegaciones de las partes
2. Apreciación del Tribunal de Justicia
F. Sobre las partes primera a cuarta del segundo motivo de casación, basadas en la infracción del artículo 20 del Reglamento MUR
1. Primera parte del segundo motivo de casación
a) Alegaciones de las partes
b) Apreciación del Tribunal de Justicia
1) Primera alegación
2) Segunda alegación
3) Tercera alegación
4) Cuarta alegación
5) Quinta alegación
2. Segunda parte del segundo motivo de casación, basada en la infracción del artículo 20, apartado 5, del Reglamento MUR
a) Alegaciones de las partes
b) Apreciación del Tribunal de Justicia
1) Sobre la admisibilidad
2) Sobre el fondo
3. Tercera parte del segundo motivo de casación, basada en la infracción del artículo 20, apartados 7 y 9, del Reglamento MUR
a) Alegaciones de las partes
b) Apreciación del Tribunal de Justicia
4. Cuarta parte del segundo motivo de casación, basada en la infracción del artículo 20, apartados 10 y 11, del Reglamento MUR
a) Alegaciones de las partes
b) Apreciación del Tribunal de Justicia
G. Sobre el tercer motivo de casación, relativo a la pretensión de indemnización vinculada a la anulación del dispositivo de resolución controvertido y de la Decisión 2017/1246
H. Sobre la primera parte del cuarto motivo de casación, basada en el incumplimiento de la obligación de confidencialidad
1. Alegaciones de las partes
2. Apreciación del Tribunal de Justicia
a) Alegaciones primera a tercera, basadas en el incumplimiento de la obligación de confidencialidad
b) Cuarta alegación, basada en una supuesta filtración de información interna
c) Alegaciones quinta a octava de la primera parte del quinto motivo de casación
I. Sobre la segunda parte del cuarto motivo de casación, relativa a la existencia de una relación de causalidad
J. Sobre la tercera parte del cuarto motivo de casación, relativa a una pretensión de indemnización
Costas
«Recurso de casación — Política económica y monetaria — Unión bancaria — Reglamento (UE) n.o 806/2014 — Mecanismo único de resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Procedimiento de resolución aplicable en caso de que un ente esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo — Adopción de un dispositivo de resolución respecto de Banco Popular Español, S. A. — Artículo 14 — Objetivos de la resolución — Artículo 18, apartado 1 — Condiciones a las que se supedita la adopción de un dispositivo de resolución — Obligaciones de la Junta Única de Resolución (JUR) y de la Comisión Europea — Artículo 20 — Valoraciones a efectos de resolución — Requisitos — Artículos 88 a 91 — Obligación de confidencialidad — Derecho de acceso al expediente — Declaraciones a la prensa»
En el asunto C‑541/22 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 11 de agosto de 2022,
Araceli García Fernández, con domicilio en Villanueva de la Cañada (Madrid),
Faustino González Parra, con domicilio en Palma de Mallorca (Illes Balears),
Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, con domicilio en Sevilla,
Juan Antonio Galán Alcázar, con domicilio en Consuegra (Toledo),
Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, con domicilio en Madrid,
Macon, S. A., con domicilio social en Barcelona,
Marta Espejel García, con domicilio en Villanueva de la Cañada,
Memphis Investments Ltd, con domicilio social en Road Town (Islas Vírgenes Británicas),
Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, con domicilio en Madrid,
Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, con domicilio en Madrid,
Pedro Regalado Cuadrado Martínez, con domicilio en Salas de los Infantes (Burgos),
María Rosario Mari Juan Domingo, con domicilio en Salas de los Infantes,
representados por la Sra. S. Cajal Martín y por los Sres. B. M. Cremades Román, J. M. López Useros y P. Marrodán Lázaro, abogados,
partes recurrentes,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Eleveté Invest Group, S. L., con domicilio social en Madrid,
Antonio Bail Cajal, con domicilio en Sant Cugat del Vallès (Barcelona),
Carlos Sobrini Marín, con domicilio en Madrid,
Edificios 1326 de l’Hospitalet, S. L., con domicilio social en l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
Juan José Homs Tapias, con domicilio en Manresa (Barcelona),
Anna María Torras Giró, con domicilio en Manresa,
Marbore 2000, S. L., con domicilio social en l’Hospitalet de Llobregat,
Tristán González del Valle, con domicilio en Madrid,
partes demandantes en primera instancia,
Comisión Europea, representada por el Sr. L. Flynn, la Sra. P. Němečková, el Sr. A. Nijenhuis, la Sra. A. Steiblytė y el Sr. D. Triantafyllou, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. A. Manzaneque Valverde y el Sr. J. Rivas Andrés, abogados,
Junta Única de Resolución (JUR), representada por las Sras. H. Ehlers, M. S. Fernández Rupérez y A. R. Lapresta Bienz y por el Sr. J. M. Rius Riu, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. F. B. Fernández de Trocóniz Robles, abogado, y B. Meyring y S. Schelo, Rechstanwälte,
partes demandadas en primera instancia,
Reino de España, representado por el Sr. L. Aguilera Ruiz y la Sra. M. J. Ruiz Sánchez, en calidad de agentes,
Banco Santander, S. A., con domicilio social en Santander (Cantabria), representado por los Sres. J. Remón Peñalver y J. M. Rodríguez Cárcamo, la Sra. A. M. Rodríguez Conde y el Sr. D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados,
partes coadyuvantes en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. A. Arabadjiev, Presidente de Sala, y los Sres. T. von Danwitz (Ponente), P. G. Xuereb y A. Kumin y la Sra. I. Ziemele, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 14 de marzo de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso de casación, D.a Araceli García Fernández, D. Faustino González Parra, D. Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, D. Juan Antonio Galán Alcázar, D.a Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, Macon, S. A., D.a Marta Espejel García, Memphis Investments Ltd, D. Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, D. Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, D. Pedro Regalado Cuadrado Martínez y D.a María Rosario Mari Juan Domingo solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 1 de junio de 2022, Eleveté Invest Group y otros/Comisión y JUR (T‑523/17, en lo sucesivo, sentencia recurrida, EU:T:2022:313), en la que dicho Tribunal desestimó su recurso, por el que se solicitaba, en primer lugar, la anulación de la Decisión SRB/EES/2017/08 de la Sesión Ejecutiva de la Junta Única de Resolución (JUR), de 7 de junio de 2017, relativa a la adopción de un dispositivo de resolución respecto de Banco Popular Español, S. A. (en lo sucesivo, «dispositivo de resolución controvertido»), y de la Decisión (UE) 2017/1246 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, por la que se aprueba el régimen de resolución del Banco Popular Español, S. A. (DO 2017, L 178, p. 15; corrección de errores en DO 2017, L 320, p. 31, y en DO 2018, C 410, p. 7); en segundo lugar, la indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por las recurrentes a raíz de dichas Decisiones, y, en tercer lugar, la declaración de nulidad de la valoración provisional y una compensación.
I. Marco jurídico
A. Directiva 2014/59/UE
2
El artículo 36 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2020, L 378, p. 27), con la rúbrica «Valoración a efectos de resolución», establece en sus apartados 14 a 16 que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar los criterios y condiciones para llevar a cabo la valoración de la entidad o la sociedad que pueda ser objeto de una medida resolución. Esta disposición precisa que la ABE presentará a la Comisión Europea esos proyectos de normas técnicas, la cual está facultada para adoptarlos, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO 2010, L 331, p. 12).
3
Los artículos 38 y 39 de esta Directiva regulan la aplicación del instrumento de venta del negocio por las autoridades nacionales de resolución. El artículo 39 de esta Directiva, titulado «Instrumento de venta del negocio: requisitos de procedimiento», dispone:
«1.   Con sujeción a lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, al aplicar el instrumento de venta del negocio a una entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), la autoridad de resolución pondrá a la venta la mencionada entidad o los activos, derechos, pasivos, acciones u otros instrumentos de propiedad de dicha entidad que se proponga transmitir, o tomará las disposiciones oportunas para dicha venta. Podrán ponerse a la venta separadamente lotes de derechos, activos o pasivos.
2.   Sin perjuicio del marco de ayudas de estado de la Unión [Europea], cuando proceda, la venta mencionada en el apartado 1 se ajustará a los criterios siguientes:
a)
será tan transparente como sea posible y no [falseará] materialmente los activos, derechos, pasivos, acciones u otros instrumentos de propiedad de dicha entidad que la autoridad se proponga transmitir, habida cuenta de las circunstancias y, en particular, de la necesidad de mantener la estabilidad financiera;
b)
no favorecerá o discriminará indebidamente a ninguno de los posibles compradores;
c)
estará libre de todo conflicto de intereses;
d)
no concederá ventaja indebida alguna a ningún posible comprador;
e)
tendrá en cuenta la necesidad de aplicar rápidamente la medida de resolución;
f)
se propondrá maximizar, en la medida de lo posible, el precio de venta de las acciones u otros instrumentos de propiedad, así como de los activos, derechos o pasivos considerados.
Con sujeción a lo dispuesto en la letra b) del párrafo primero, los principios recogidos en el presente apartado no impedirán que la autoridad de resolución tome contacto con compradores potenciales concretos.
[…]
3.   La autoridad de resolución podrá aplicar el instrumento de venta del negocio sin necesidad de cumplir los requisitos de mercado establecidos en el apartado 1 cuando determine que el cumplimiento de tales requisitos podría perjudicar a uno o más de los objetivos de resolución, en particular si se cumplen las siguientes condiciones:
a)
que la autoridad de resolución considere que existe un peligro real para la estabilidad financiera provocado o agravado por la inviabilidad o por la futura posible inviabilidad de la entidad objeto de la resolución, y
b)
que considere que el cumplimiento de los citados requisitos pueda disminuir la eficacia de dicha venta a la hora de hacer frente a dicho peligro o perseguir el objetivo de resolución mencionado en el artículo 31, apartado 2, letra b).
[…]»
B. Reglamento MUR
4
Los considerandos 7, 13 a 15, 24, 26, 52, 53, 58, 89 y 116 del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento MUR»), están redactados en los siguientes términos:
«(7)
Como primer paso hacia una unión bancaria, el Mecanismo Único de Supervisión [(MUS)] creado por el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo[, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63)], debe garantizar que la política de la Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito se aplique de manera coherente y eficaz, que el código normativo único de los servicios financieros se aplique de manera homogénea a las entidades de crédito de los Estados miembros de la zona del euro y de los Estados miembros no pertenecientes a dicha zona que opten por participar en el MUS […] y que estas entidades de crédito sean objeto de una supervisión de la máxima calidad.
[…]
(13)
A fin de restablecer la confianza y la credibilidad del sector bancario, el Banco Central Europeo (BCE) realiza actualmente una evaluación exhaustiva de los balances de todos los bancos supervisados directamente. Dicha evaluación debe garantizar a todas las partes interesadas que los bancos que se adhieran al MUS y, por tanto, que entren dentro del ámbito de aplicación del [Mecanismo Único de Resolución (MUR)], son fundamentalmente sólidos y de confianza.
(14)
Desde el establecimiento del MUS en virtud del [Reglamento n.o 1024/2013], en cuyo marco los bancos en los Estados miembros participantes son objeto de supervisión, bien centralizada por el BCE, bien a cargo de las autoridades nacionales competentes en el marco del MUS, existe un desajuste entre la supervisión de esos bancos a nivel de la Unión y el tratamiento nacional que reciben dichos bancos en los procedimientos de resolución con arreglo a la [Directiva 2014/59], que se subsanará con la creación del MUR.
(15)
El presente Reglamento solo se aplica a los bancos cuyo supervisor de origen sea el BCE o la autoridad nacional competente en aquellos Estados miembros cuya moneda es el euro o en aquellos cuya moneda no es el euro pero que hayan establecido una cooperación estrecha de conformidad con el artículo 7 del [Reglamento n.o 1024/2013]. El ámbito de aplicación del presente Reglamento está vinculado al ámbito de aplicación del [Reglamento n.o 1024/2013]. En efecto, teniendo en cuenta el importante nivel de imbricación entre las funciones de supervisión atribuidas al MUS y la medida de resolución, el establecimiento de un sistema centralizado de supervisión operado en virtud del artículo 127 [TFUE], apartado 6, […] reviste una importancia fundamental en el proceso de armonización de la resolución para los Estados miembros participantes. El hecho de que determinadas entidades estén sujetas al MUS supone un atributo específico que las sitúa, dentro del ámbito de aplicación del [Reglamento n.o 1024/2013], en una posición objetiva y caracterizadamente diferente a efectos de resolución. Resulta necesario adoptar medidas para crear el MUR que se aplicará a todos los Estados miembros participantes en el MUS, a fin de facilitar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado interior.
[…]
(24)
Teniendo en cuenta que solo las instituciones de la Unión pueden establecer la política de resolución de la Unión y que sigue existiendo un margen de discreción para adoptar cada dispositivo de resolución específico, es necesario prever una intervención adecuada del Consejo [de la Unión Europea] y de la Comisión, en cuanto instituciones que, de conformidad con el artículo 291 [TFUE], pueden ejercer competencias de ejecución. La evaluación de los aspectos discrecionales de las decisiones de resolución tomadas por la Junta debe ser efectuada por la Comisión. Dada la considerable repercusión que las decisiones de resolución tienen sobre la estabilidad financiera de los Estados miembros y de la Unión como tal, así como sobre la soberanía presupuestaria de los Estados miembros, es importante que se confieran al Consejo competencias de ejecución para tomar determinadas decisiones en materia de resolución. Debe ser por tanto el Consejo quien, a propuesta de la Comisión, ejerza un control efectivo de la evaluación realizada por la Junta sobre la existencia de un interés público y quien evalúe cualquier modificación significativa del importe del [Fondo Único de Resolución (en lo sucesivo, “Fondo”)] que deba utilizarse en una medida de resolución concreta. Además, deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados que especifiquen en mayor medida los criterios o las condiciones que la Junta debe tener en cuenta en el ejercicio de sus distintas competencias. Dicha atribución de funciones de resolución no debe obstaculizar en modo alguno el funcionamiento del mercado interior de los servicios financieros. Por consiguiente, la ABE debe mantener su cometido y conservar todas sus prerrogativas y funciones actuales: debe desarrollar la legislación de la Unión aplicable a todos los Estados miembros y contribuir a una aplicación coherente de la misma, así como mejorar la convergencia de las prácticas de resolución en toda la Unión.
[…]
(26)
El BCE, como organismo supervisor en el marco del MUS, y la Junta deben estar en condiciones de evaluar si una entidad de crédito está en graves dificultades o existe la probabilidad de que lo esté y si no hay ninguna perspectiva razonable de que alguna medida de supervisión o del sector privado pueda impedir su inviabilidad en un plazo razonable. Si la Junta considera que se cumplen todos los criterios para poner en marcha una resolución, debe adoptar el dispositivo de resolución. El procedimiento relativo a la adopción del dispositivo de resolución, en el que intervienen tanto la Comisión como el Consejo, refuerza la necesaria independencia operativa de la Junta, al tiempo que respeta el principio de delegación de poderes en las agencias tal y como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea […].
[…]
(52)
El MUR debe basarse en los marcos establecidos por el [Reglamento n.o 1024/2013] y la [Directiva 2014/59]. Por tanto, la Junta debe estar facultada para actuar en una fase temprana cuando se esté deteriorando la situación financiera o la solvencia de un ente. La información que la Junta obtenga de las autoridades nacionales de resolución o del BCE en esa fase será esencial para determinar las medidas oportunas a fin de preparar la resolución del ente de que se trate.
(53)
Con el fin de garantizar la celeridad de los procedimientos de resolución cuando resulten necesarios, la Junta debe vigilar estrechamente, en cooperación con el BCE o la autoridad nacional competente correspondiente, la situación de los entes de que se trate y su conformidad con cualesquiera medidas de actuación temprana adoptadas en relación con ellos. Al determinar si una medida del sector privado podría evitar la inviabilidad de un ente en un plazo de tiempo razonable, la autoridad correspondiente debe tener en cuenta la eficacia de las medidas de actuación temprana tomadas en el plazo señalado por la autoridad competente.
[…]
(58)
La liquidación de un ente en graves dificultades en el marco del procedimiento de insolvencia ordinario podría poner en peligro la estabilidad financiera, interrumpir la prestación de los servicios básicos y afectar a la protección de los depositantes. En este caso, existe un interés público en la aplicación de instrumentos de resolución. Los objetivos de la resolución deben ser, por tanto, garantizar la continuidad de los servicios financieros básicos, mantener la estabilidad del sistema financiero, reducir el riesgo moral, minimizando la confianza en que habrá ayudas públicas para los entes en graves dificultades, y proteger a los depositantes.
[…]
(89)
A fin de aumentar la eficacia del MUR, la Junta debe cooperar estrechamente con la ABE en todas las circunstancias. […] Además, la Junta debe cooperar estrechamente con el BCE y las demás autoridades facultadas para supervisar los entes en el marco del MUS, en particular cuando se trate de grupos sujetos a la supervisión consolidada del BCE. Para gestionar eficazmente el proceso de resolución de los bancos en graves dificultades, la Junta debe cooperar con las autoridades nacionales de resolución en todas las fases del proceso de resolución. Así pues, esta cooperación no solo es necesaria durante la aplicación de las decisiones de resolución que adopte la Junta, sino también antes de la adopción de cualquier decisión de resolución, en la fase de planificación de la resolución o durante la fase de actuación temprana. La Junta debe tener la posibilidad de cooperar con las autoridades de resolución competentes y con los mecanismos de financiación de la aportación financiera pública directa o indirecta.
[…]
(116)
Las medidas de resolución deben notificarse oportunamente y, salvo en las contadas excepciones previstas en el presente Reglamento, hacerse públicas. Sin embargo, dado que es probable que la información obtenida por la Junta, las autoridades nacionales de resolución y sus asesores profesionales durante el procedimiento de resolución sea sensible, esta información debe estar sujeta a los requisitos del secreto profesional antes de que se haga pública la decisión sobre la resolución. Hay que tener en cuenta que la información sobre el contenido y los pormenores de los planes de resolución, así como el resultado de toda evaluación de dichos planes, pueden tener unos efectos de gran alcance, en particular para las entidades afectadas. Debe presumirse que cualquier información facilitada sobre una decisión antes de su adopción, ya sea sobre si se reúnen o no las condiciones para la resolución, sobre el uso de un instrumento específico o sobre cualquier medida del procedimiento, repercute en los intereses públicos y privados afectados por la medida. De hecho, la mera información de que la Junta y las autoridades nacionales de resolución están examinando un ente determinado podría, por sí misma, repercutir negativamente en este. De ahí que sea necesario garantizar que se dispone de los mecanismos adecuados para mantener la confidencialidad de tal información, como el contenido y los pormenores de los planes de resolución y el resultado de cualquier evaluación realizada en ese contexto.»
5
Con arreglo al artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento MUR, tanto la JUR como el Consejo y la Comisión estarán sujetos, por una parte, a las normas técnicas vinculantes de regulación y de ejecución elaboradas por la ABE y adoptadas por la Comisión de conformidad con el Reglamento n.o 1093/2010 y, por otra parte, a las directrices y recomendaciones adoptadas por la ABE de conformidad con este último Reglamento.
6
El artículo 14 de este Reglamento, titulado «Objetivos de la resolución», dispone:
«1.   Cuando actúen en el marco del procedimiento de resolución a que se refiere el artículo 18, la Junta, el Consejo y la Comisión y, cuando corresponda, las autoridades nacionales de resolución, ejerciendo sus respectivas responsabilidades, tendrán en cuenta los objetivos de esta y elegirán los instrumentos y competencias de resolución que, en su opinión, mejor se encaminen a los objetivos de la resolución fijados según las circunstancias del caso.
2.   Los objetivos de la resolución a que se refiere el apartado 1 son los siguientes:
a)
garantizar la continuidad de las funciones esenciales;
b)
evitar repercusiones negativas importantes sobre la estabilidad financiera, especialmente previniendo el contagio, incluidas las infraestructuras de mercado, y manteniendo la disciplina de mercado;
c)
proteger los fondos públicos minimizando la dependencia respecto de ayudas financieras públicas extraordinarias;
d)
proteger a los depositantes cubiertos por la [Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO 2014, L 173, p. 149)] y a los inversores cubiertos por la [Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores (DO 1997, L 84, p. 22)];
e)
proteger los fondos y los activos de los clientes.
Al perseguir los objetivos a que se refiere el párrafo primero, la Junta, el Consejo, la Comisión y, cuando proceda, las autoridades nacionales de resolución tratarán de minimizar el coste de la resolución y de evitar toda destrucción de riqueza que no sea necesaria para alcanzar los objetivos de la resolución.
3.   A reserva de las diferentes disposiciones del presente Reglamento, los objetivos de resolución son de importancia equivalente y se equilibrarán convenientemente según la naturaleza y las circunstancias de cada caso.»
7
El artículo 15 de dicho Reglamento, titulado «Principios generales que rigen la resolución», establece lo siguiente en su apartado 1:
«Cuando actúen en el marco del procedimiento de resolución a que se refiere el artículo 18, la Junta, el Consejo, la Comisión y, cuando proceda, las autoridades nacionales de resolución tomarán todas las medidas oportunas para garantizar que la medida de resolución se ajuste a los principios siguientes:
a)
que los accionistas de la entidad objeto de resolución asuman las primeras pérdidas;
[…]».
8
El artículo 18 del mismo Reglamento, titulado «Procedimiento de resolución», dispone:
«1.   La Junta adoptará un dispositivo de resolución de conformidad con el apartado 6 en relación con los entes y grupos mencionados en el artículo 7, apartado 2, y con los entes y grupos mencionados en el artículo 7, apartado 4, letra b), y apartado 5, siempre y cuando se cumplan las condiciones para la aplicación de dichos apartados, solo cuando considere, en sesión ejecutiva, después de recibir una comunicación con arreglo al párrafo cuarto, o por iniciativa propia, que se cumplen las siguientes condiciones:
a)
que el ente esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo;
b)
teniendo en cuenta el calendario y otras circunstancias pertinentes, que no existan perspectivas razonables de que otras medidas alternativas del sector privado, incluidas las medidas por parte del [sistema institucional de protección (SIP)], o de supervisión emprendidas en relación con el ente, incluidas las medidas de actuación temprana o la amortización o conversión de los instrumentos de capital de conformidad con el artículo 21, puedan impedir su inviabilidad en un plazo de tiempo razonable;
c)
que la medida de resolución sea necesaria para el interés público de conformidad con el apartado 5.
El BCE, previa consulta a la Junta, evaluará si se cumple la condición contemplada en el párrafo primero, letra a). La Junta, en sesión ejecutiva, podrá realizar esa evaluación únicamente después de informar al BCE de su intención y solo si el BCE no la ha realizado en un plazo de tres días naturales a partir de la recepción de dicha información. El BCE facilitará sin demora a la Junta toda la información pertinente que esta solicite con objeto de llevar a cabo su evaluación.
Cuando el BCE estime que se cumple la condición a que se refiere la letra a) del párrafo primero en relación con un ente o grupo contemplados en el párrafo primero, lo comunicará sin demora a la Comisión y a la Junta.
La Junta, en sesión ejecutiva, o, en su caso, las autoridades nacionales de resolución, en estrecha cooperación con el BCE, llevarán a cabo una evaluación de la condición contemplada en el párrafo primero, letra b). El BCE también podrá informar a la Junta o a las autoridades nacionales de resolución interesadas de si considera que se cumple la condición establecida en dicha letra.
2.   Sin perjuicio de los casos en que el BCE haya decidido ejercer directamente las funciones de supervisión relativas a entidades de crédito de conformidad con el artículo 6, apartado 5, letra b), del [Reglamento n.o 1024/2013], en caso de que se reciba una comunicación de conformidad con el apartado 1, o de que la Junta tenga la intención de hacer una evaluación con arreglo al apartado 1, por propia iniciativa, en relación con un ente o grupo mencionados en el artículo 7, apartado 3, la Junta deberá comunicar su evaluación sin demora al BCE.
[…]
4.   A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra a), se considerará que un ente tiene graves dificultades o que probablemente va a tenerlas si se produce una o varias de las siguientes circunstancias:
a)
que el ente haya incumplido o existan elementos objetivos que indiquen que incumplirá, en un futuro cercano, los requisitos necesarios para conservar su autorización, de forma tal que resulte justificada su retirada por parte del BCE, incluso, pero sin limitarse a ello, por haber incurrido el ente, o ser probable que incurra, en pérdidas que agoten o mermen significativamente sus fondos propios;
b)
que el activo del ente sea inferior a su pasivo, o existan elementos objetivos que indiquen que lo será en un futuro cercano;
c)
que el ente no pueda hacer frente al pago de sus deudas o demás pasivos a su vencimiento, o existan elementos objetivos que indiquen que no podrá en un futuro cercano;
d)
que se necesite ayuda financiera pública extraordinaria, excepto cuando, a fin de solventar perturbaciones graves de la economía de un Estado miembro y preservar la estabilidad financiera, esa ayuda financiera pública extraordinaria adopte alguna de las siguientes formas […].
[…]
5.   A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra c), del presente artículo una medida de resolución se considerará de interés público si resulta necesaria para alcanzar, de forma proporcionada, uno o varios de los objetivos de resolución expuestos en el artículo 14, mientras que una liquidación del ente a través de los procedimientos de insolvencia ordinarios no permitiría alcanzar en la misma medida los citados objetivos.
6.   Si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1, la Junta adoptará un dispositivo de resolución. El dispositivo de resolución:
a)
someterá al ente a un procedimiento de resolución;
b)
determinará la aplicación a la entidad objeto de resolución de los instrumentos de resolución a que se refiere el artículo 22, apartado 2, en particular las excepciones de la aplicación del instrumento de recapitalización interna de conformidad con el artículo 27, apartados 5 y 14;
c)
determinará la utilización del Fondo para apoyar la medida de resolución de conformidad con el artículo 76 y de conformidad con una decisión de la Comisión tomada de conformidad con el artículo 19.
7.   Inmediatamente después de la adopción del dispositivo de resolución, la Junta lo transmitirá a la Comisión.
En un plazo de 24 horas a partir de la transmisión del dispositivo de resolución por la Junta, la Comisión lo aprobará o lo rechazará teniendo en cuenta los aspectos discrecionales del dispositivo de resolución en los casos que no estén cubiertos por el párrafo tercero del presente apartado.
En un plazo de 12 horas a partir de la transmisión del dispositivo de resolución por la Junta, la Comisión propondrá al Consejo:
a)
que rechace el dispositivo de resolución en el caso de que el dispositivo de resolución adoptado por la Junta no cumpla los criterios de interés público mencionados en la letra c) del apartado 1;
b)
que apruebe o rechace una modificación significativa del importe del Fondo contemplado en el dispositivo de resolución de la Junta.
[…]
8.   Si el Consejo formula objeciones a que se someta a una entidad a un procedimiento de resolución por el motivo de que no se cumple el criterio de interés público a que hace referencia la letra c) del apartado 1, la entidad en cuestión será liquidada de manera ordenada de conformidad con la legislación nacional aplicable.
9.   La Junta velará por que se emprenda la medida de resolución necesaria para que las autoridades nacionales de resolución competentes lleven a cabo el dispositivo de resolución. El dispositivo de resolución irá dirigido a las autoridades nacionales de resolución competentes e impartirá instrucciones a estas, las cuales tomarán todas las medidas necesarias para aplicarlo de conformidad con el artículo 29, ejerciendo competencias de resolución. Cuando exista una ayuda de Estado o del Fondo, la Junta actuará de conformidad con la decisión tomada por la Comisión respecto de dicha ayuda.
10.   La Comisión estará facultada para recabar de la Junta cualquier información que considere pertinente para el desempeño de sus funciones con arreglo al presente Reglamento. La Junta estará facultada, con arreglo al capítulo 5 del presente título, para recabar de cualquier persona toda la información necesaria para decidir sobre una medida de resolución y prepararla, incluidas actualizaciones y complementos de la información proporcionada en los planes de resolución.»
9
El artículo 19 del Reglamento MUR, titulado «Ayudas estatales y ayudas del Fondo», preceptúa:
«1.   Cuando la medida de resolución conlleve la concesión de una ayuda de Estado en virtud del artículo 107 [TFUE], apartado 1, […] o de una ayuda procedente del Fondo con arreglo al apartado 3 del presente artículo, la adopción del dispositivo de resolución de conformidad con el artículo 18, apartado 6, del presente Reglamento no se verificará hasta que la Comisión haya adoptado una decisión positiva o condicionada relativa a la compatibilidad de la utilización de dicha ayuda con el mercado interior.
[…]
3.   En la medida en que la medida de resolución propuesta por la Junta implique la utilización del Fondo, la Junta notificará a la Comisión la propuesta de utilizar el Fondo. La notificación de la Junta incluirá toda la información necesaria para que la Comisión pueda llevar a cabo sus evaluaciones de conformidad con el presente apartado.
[…]»
10
El artículo 20 de este Reglamento, titulado «Valoración a efectos de resolución», dispone:
«1.   Antes de tomar una decisión sobre una medida de resolución o sobre el ejercicio de la competencia de amortización o conversión de instrumentos de capital pertinentes, la Junta velará por que una persona independiente tanto de las autoridades públicas, entre ellas la Junta y la autoridad nacional de resolución, como del ente contemplado en el artículo 2 de que se trate, realice una valoración razonable, prudente y realista de su activo y pasivo.
2.   A reserva de lo dispuesto en el apartado 15, cuando se cumplan todos los requisitos establecidos en los apartados 1 y 4 a 9, la valoración se considerará definitiva.
3.   Cuando no sea posible efectuar una valoración independiente de conformidad con el apartado 1, la Junta podrá realizar una valoración provisional del activo y pasivo del ente contemplado en el artículo 2, de conformidad con el apartado 10 del presente artículo.
4.   El objetivo de la valoración será evaluar el valor del activo y el pasivo de un ente contemplado en el artículo 2 que cumpla las condiciones para la resolución establecidas en los artículos 16 y 18.
5.   Las finalidades de la valoración serán las siguientes:
a)
informar la determinación de si se cumplen las condiciones para la resolución o las condiciones para la amortización o conversión de instrumentos de capital;
b)
si se cumplen las condiciones para la resolución, informar la decisión sobre la medida de resolución oportuna que deba adoptarse con respecto a un ente contemplado en el artículo 2;
c)
cuando se aplique la facultad de amortizar o convertir instrumentos de capital pertinentes, informar la decisión sobre el alcance de la cancelación o reajuste a la baja de instrumentos de propiedad, y el alcance de la amortización o conversión de instrumentos de capital pertinentes;
d)
cuando se aplique el instrumento de recapitalización interna, informar la decisión sobre el alcance de la amortización o conversión de los pasivos elegibles;
e)
cuando se aplique el instrumento de la entidad puente o el instrumento de segregación de activos, informar la decisión sobre los activos, derechos, pasivos o instrumentos de propiedad que habrán de transmitirse, así como la decisión sobre el valor de todo contravalor que haya de abonarse a la entidad objeto de la resolución o, en su caso, a los titulares de los instrumentos de propiedad;
f)
cuando se aplique el instrumento de venta del negocio, informar la decisión sobre los activos, derechos, pasivos o instrumentos de propiedad que habrán de transmitirse, e informar el concepto de la Junta en cuanto a lo que constituyen condiciones comerciales a efectos de lo dispuesto en el artículo 24, apartado 2, letra b);
g)
en todos los casos, garantizar que cualquier pérdida que afecte a los activos de un ente contemplado en el artículo 2 sea plenamente consignada en el momento en que se aplican los instrumentos de resolución o se ejerce la facultad de amortización o conversión de instrumentos de capital pertinentes.
6.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el marco de ayudas estatales de la Unión, en su caso, la valoración se basará en supuestos prudentes, por ejemplo, en lo relativo a las tasas de impago y a la magnitud de las pérdidas. La valoración no preverá ninguna potencial aportación futura de ayudas públicas extraordinarias o ayuda en forma de provisión urgente de liquidez del banco central, o ayuda en forma de liquidez del banco central atendiendo a criterios no convencionales […]
7.   La valoración se completará con la siguiente información según figure en la contabilidad y los registros contables de un ente contemplado en el artículo 2:
a)
un balance actualizado y un informe de la situación financiera de un ente contemplado en el artículo 2;
b)
un análisis y una estimación del valor contable de los activos;
c)
la lista de pasivos pendientes en el balance y no contabilizados en el balance que figura en la contabilidad y los registros de un ente contemplado en el artículo 2, indicando los créditos correspondientes y su orden de prelación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.
[…]
9.   La valoración recogerá la subdivisión de los acreedores por categorías según el orden de prelación de sus créditos con arreglo al artículo 17, así como una estimación del tratamiento que habría cabido esperar para cada categoría de accionistas y acreedores si un ente contemplado en el artículo 2 se hubiera liquidado en el marco de un procedimiento de insolvencia ordinario. Dicha estimación no afectará a la aplicación de la regla de evitar a los acreedores perjuicios superiores a los que habría generado el procedimiento de insolvencia ordinario, a la a que se refiere el artículo 15, apartado 1, letra g).
10.   Cuando, por la urgencia de las circunstancias del caso, bien no sea posible cumplir los requisitos establecidos en los apartados 7 y 9, bien se aplique el apartado 3, se efectuará una valoración provisional. La valoración provisional cumplirá los requisitos establecidos en el apartado 4 y, en la medida en que lo permitan las circunstancias, los requisitos establecidos en los apartados 1, 7 y 9.
La valoración provisional a que hace referencia el párrafo primero incluirá un colchón para pérdidas adicionales, con la justificación adecuada.
11.   Toda valoración que no cumpla todos los requisitos establecidos en los apartados 1 y 4 a 9 se considerará provisional hasta que una persona independiente según lo indicado en el apartado 1 haya llevado a cabo una valoración que cumpla plenamente dichos requisitos. Esta valoración definitiva a posteriori se efectuará tan pronto como sea posible. Podrá llevarse a cabo por separado o conjuntamente con la valoración a que se refieren los apartados 16, 17 y 18, y por la misma persona independiente, pero será distinta de dicha valoración.
Las finalidades de la valoración definitiva a posteriori serán las siguientes:
a)
garantizar que las eventuales pérdidas sobre los activos de un ente contemplado en el artículo 2 se consignan plenamente en la contabilidad del ente;
b)
informar la decisión de restablecer los derechos de los acreedores o de incrementar el valor del contravalor abonado, de conformidad con el apartado 12 del presente artículo.
12.   En caso de que la estimación del valor neto de los activos de un ente contemplado en el artículo 2 obtenida en la valoración definitiva a posteriori sea superior a la estimación [del] valor neto de los activos del ente obtenida en la valoración provisional, la Junta podrá pedir a la autoridad nacional de resolución:
a)
que ejerza su competencia de incrementar el valor de los derechos de los acreedores o de los titulares de los instrumentos de capital pertinentes que hayan sido amortizados con arreglo al instrumento de recapitalización interna;
b)
que ordene a una entidad puente o a una entidad de gestión de activos que abone un contravalor adicional, por los activos, derechos o pasivos, a una entidad objeto de resolución o, según los casos, por los instrumentos de propiedad, a los titulares de instrumentos de propiedad.
13.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una valoración provisional efectuada de conformidad con lo dispuesto en los apartados 10 y 11 se considerará una base válida para que la Junta decida adoptar medidas de resolución, incluso dando instrucciones a las autoridades nacionales de resolución para que asuman el control de una entidad en graves dificultades, o ejercer las competencias de amortización o conversión de instrumentos de capital pertinentes.
[…]
15.   La valoración formará parte integrante de la decisión sobre la aplicación de un instrumento de resolución o sobre el ejercicio de una facultad de resolución [o de la decisión de ejercer la competencia de amortización o conversión de los instrumentos de capital]. No se podrá ejercer un derecho de recurso específico contra la valoración propiamente dicha, pero sí cabrá recurso conjunto contra la valoración y la decisión de la Junta.
16.   A fin de evaluar si los accionistas y acreedores habrían recibido mejor tratamiento si la entidad objeto de resolución hubiera iniciado un procedimiento de insolvencia ordinario, la Junta velará por que una persona independiente, según lo indicado en el apartado 1, realice una valoración lo antes posible una vez que se hayan realizado la medida o medidas de resolución. Esta valoración será distinta de la efectuada de conformidad con los apartados 1 a 15.
[…]»
11
El artículo 21 de dicho Reglamento, titulado «Amortización y conversión de los instrumentos de capital», establece:
«1.   La Junta ejercerá la competencia de amortización y conversión de los instrumentos de capital pertinentes de conformidad con el procedimiento establecido en el [artículo] 18 en relación con los entes y grupos mencionados en el artículo 7, apartado 2, y con los entes y grupos mencionados en el artículo 7, apartados 4, letra b), y 5, cuando se cumplan las condiciones para la aplicación de dichos apartados, solo cuando considere, en sesión ejecutiva, después de recibir una comunicación con arreglo al párrafo segundo, o por iniciativa propia, que se cumple una o varias de las siguientes condiciones:
a)
que se ha determinado que se cumplen las condiciones de resolución especificadas en los artículos 16 y 18, antes de emprender ninguna medida de resolución;
b)
que el ente va a dejar de ser viable a menos que los instrumentos de capital pertinentes se amorticen o se conviertan en fondos propios ordinarios;
c)
que, en el caso de los instrumentos de capital pertinentes emitidos por una filial y si dichos instrumentos de capital pertinentes se reconocen a efectos de cumplimiento de los requisitos de fondos propios con carácter individual y en base consolidada, el grupo va a dejar de ser viable a menos que se ejerza respecto de dichos instrumentos la competencia de amortización o conversión;
d)
que, en el caso de los instrumentos de capital pertinentes emitidos por la empresa matriz y si dichos instrumentos se reconocen a efectos de cumplimiento de los requisitos de fondos propios con carácter individual a nivel de la empresa matriz o en base consolidada, el grupo va a dejar de ser viable a menos que se ejerza respecto de dichos instrumentos la competencia de amortización o conversión;
e)
que el ente o grupo necesite ayuda financiera pública extraordinaria, excepto en cualquiera de las circunstancias contempladas en el artículo 18, apartado 4, letra d), inciso iii).
El BCE, previa consulta a la Junta, determinará si se cumplen las condiciones a que se refiere el párrafo primero, letras a), c) y d). También podrá determinarlo la Junta en sesión ejecutiva.
2.   En cuanto a la evaluación de la viabilidad del ente o grupo, la Junta podrá llevarla a cabo, en sesión ejecutiva, solo después de informar al BCE de su intención y solo si el BCE no ha llevado a cabo tal evaluación en un plazo de tres días a partir de la recepción de dicha información. El BCE facilitará sin demora a la Junta toda la información pertinente que esta solicite para llevar a cabo su evaluación.
3.   A efectos del apartado 1 del presente artículo, se considerará que un ente contemplado en el artículo 2 o un grupo dejan de ser viables solo si se cumplen las dos condiciones siguientes:
a)
que dicho ente o grupo esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo;
b)
que, teniendo en cuenta el calendario y otras circunstancias pertinentes, no existan perspectivas razonables de que ninguna medida, incluidas medidas alternativas del sector privado o de supervisión (incluidas medidas de actuación temprana), aparte de la amortización o conversión de los instrumentos de capital pertinentes, por separado o en combinación con una medida de resolución, pueda impedir la inviabilidad del ente o el grupo en un plazo de tiempo razonable.
4.   A efectos del apartado 3, letra a), del presente artículo se considerará que el ente está en graves dificultades o que probablemente va a estarlo si concurren una o varias de las circunstancias a que se refiere el artículo 18, apartado 4.
5.   A efectos de lo dispuesto en el apartado 3, letra a), se considerará que un grupo está en graves dificultades o que probablemente va a estarlo cuando haya incumplido, o existan elementos objetivos que indiquen que incumplirá en un futuro cercano, sus requisitos prudenciales consolidados, de forma tal que resulte justificada la actuación del BCE o de la autoridad nacional competente, incluso, pero sin limitarse a ello, por haber incurrido el grupo, o ser probable que incurra, en pérdidas que agotarían o mermarían significativamente sus fondos propios.
[…]
9.   Cuando se cumpla alguna de las condiciones contempladas en el apartado 1[, así] como las condiciones mencionadas en el artículo 18, apartado 1, será de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 18, apartados 6, 7 y 8.
[…]»
12
El artículo 22 del mismo Reglamento, titulado «Principios generales de los instrumentos de resolución», dispone:
«1.   Cuando la Junta decida aplicar un instrumento de resolución a un ente o grupo de los contemplados en el artículo 7, apartado 2, o a un ente o grupo de los contemplados en el artículo 7, apartado 4, letra b), y apartado 5, por cumplirse las condiciones para la aplicación [de] dichos apartados, y esta medida de resolución suponga pérdidas a cargo de los acreedores o la conversión de sus créditos, la Junta dará instrucciones a las autoridades nacionales de resolución para que ejerzan la competencia de amortización y conversión de los instrumentos de capital pertinentes de conformidad con el artículo 21 inmediatamente antes de la aplicación del instrumento de resolución o de manera simultánea respecto a dicha aplicación.
2.   Los instrumentos de resolución a que se refiere el artículo 18, apartado 6, letra b), son los siguientes:
a)
el instrumento de venta del negocio;
b)
el instrumento de la entidad puente;
c)
el instrumento de segregación de activos;
d)
el instrumento de recapitalización interna.
3.   Al adoptar el dispositivo de resolución mencionado en el artículo 18, apartado 6, la Junta tomará en consideración los siguientes factores:
a)
los activos y pasivos de la entidad objeto de resolución a la luz de la valoración prevista en el artículo 20;
b)
la situación de liquidez de la entidad objeto de resolución;
c)
las posibilidades de comercialización del valor de la franquicia de la entidad objeto de resolución a la luz de las condiciones económicas y de competencia del mercado;
d)
el tiempo disponible.
4.   Los instrumentos de resolución se aplicarán para alcanzar los objetivos de la resolución especificados en el artículo 14, de conformidad con los principios de la resolución especificados en el artículo 15. Podrán aplicarse individualmente o en cualquier combinación, con excepción del instrumento de segregación de activos que solo podrá aplicarse conjuntamente con otro instrumento de resolución.
[…]»
13
El artículo 24 del Reglamento MUR, titulado «Instrumento de venta del negocio», tiene la siguiente redacción:
«1.   Dentro del dispositivo de resolución, el instrumento de venta del negocio consistirá en la transmisión de los siguientes elementos a un comprador que no sea una entidad puente:
a)
instrumentos de propiedad emitidos por una entidad objeto de resolución, o
b)
todos los activos, derechos o pasivos de una entidad objeto de resolución, o cualesquiera de ellos.
2.   En lo que respecta al instrumento de venta del negocio, el dispositivo de resolución establecerá:
a)
los instrumentos, activos, derechos y pasivos que serán transmitidos por la autoridad nacional de resolución de conformidad con el artículo 38, apartados 1 y 7, a 11, de la [Directiva 2014/59];
b)
las condiciones de mercado, teniendo en cuenta las circunstancias y los costes y gastos del proceso de resolución, conforme a las cuales la autoridad nacional de resolución realizará la transmisión con arreglo al artículo 38, apartados 2, 3 y 4, de la [Directiva 2014/59];
c)
si la autoridad nacional de resolución puede ejercer las facultades de transmisión más de una vez con arreglo al artículo 38, apartados 5 y 6, de la [Directiva 2014/59];
d)
las disposiciones para la venta de ese ente o esos instrumentos, activos, derechos y pasivos por parte de la autoridad nacional de resolución, con arreglo al artículo 39, apartados 1 y 2, de la [Directiva 2014/59];
e)
si el cumplimiento de los requisitos de venta por parte de la autoridad nacional de resolución puede ir en detrimento de los objetivos de resolución de conformidad con el apartado 3 del presente artículo.
3.   La Junta aplicará el instrumento de venta del negocio sin necesidad de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 2, letra e), cuando determine que el cumplimiento de tales requisitos podría perjudicar a uno o más de los objetivos de resolución y, en particular, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a)
que considere que existe un peligro real para la estabilidad financiera provocado o agravado por la inviabilidad o por la inviabilidad potencial de la entidad objeto de la resolución, y
b)
que considere que el cumplimiento de los citados requisitos puede disminuir la eficacia del instrumento de venta del negocio a la hora de hacer frente a dicho peligro o alcanzar el objetivo de resolución mencionado en el artículo 14, apartado 2, letra b).»
14
El artículo 29 de este Reglamento regula la aplicación, por las autoridades nacionales de resolución y la JUR, de las decisiones sujetas a dicho Reglamento y dispone, en su apartado 5, primera frase, que la JUR publicará en su sitio web oficial una copia del dispositivo de resolución o un anuncio en el que se resuman los efectos de la medida de resolución, en particular los efectos sobre los clientes minoristas.
15
El artículo 30 de dicho Reglamento, titulado «Obligación de cooperar e intercambio de información en el seno del MUR», dispone lo siguiente en su apartado 2:
«En el ejercicio de sus responsabilidades respectivas conforme al presente Reglamento, la Junta, el Consejo, la Comisión, el BCE y las autoridades nacionales de resolución y las autoridades nacionales competentes cooperarán estrechamente entre sí, en particular en las fases de planificación de la resolución, actuación temprana y resolución en aplicación de los artículos 8 a 29. Se facilitarán mutuamente toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.»
16
El artículo 76, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento dispone que, en el marco del dispositivo de resolución, la JUR podrá utilizar el Fondo, en la medida necesaria para la aplicación efectiva de los instrumentos de resolución, con el fin de realizar préstamos a la entidad objeto de resolución, a sus filiales, a una entidad puente o a una estructura de gestión de activos.
17
A tenor del artículo 88 del Reglamento MUR, titulado «Secreto profesional e intercambio de información»:
«1.   Los miembros de la Junta, el Vicepresidente, los miembros de la Junta a que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b), el personal de la Junta y el personal en régimen de intercambio o enviado en comisión de servicio por los Estados miembros participantes que desempeñen funciones de resolución estarán sujetos a los requisitos del secreto profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 [TFUE] y las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión, incluso después de haber cesado en sus funciones. En particular, les estará prohibido revelar información confidencial que hayan recibido en el curso de sus actividades profesionales o que les haya sido remitida por una autoridad competente o una autoridad de resolución, en relación con sus funciones en virtud del presente Reglamento, a ninguna persona o autoridad, a menos que sea en el ejercicio de sus funciones en virtud del presente Reglamento o en forma resumida o colectiva, de manera que los entes a que se refiere el artículo 2 no puedan ser identificados, o con el acuerdo expreso y previo de la autoridad o ente que proporcionó la información.
La información sujeta a los requisitos del secreto profesional no se comunicará a ninguna otra entidad pública o privada, salvo si tal divulgación resulta necesaria para los fines de un procedimiento judicial.
Los mencionados requisitos se aplicarán asimismo a los posibles compradores con quienes se establezca contacto para preparar la resolución de un ente de conformidad con el artículo 13, apartado 3.
2.   La Junta velará por que las personas que presten cualquier servicio, directa o indirectamente, de forma permanente u ocasional, en relación con el desempeño de sus funciones, incluidos los agentes de la Junta y otras personas acreditadas por ella o nombradas por las autoridades nacionales de resolución para llevar a cabo inspecciones in situ, estén sujetas a requisitos de secreto profesional equivalentes a los contemplados en el apartado 1.
[…]
5.   Antes de que se divulgue información alguna, la Junta se asegurará de que no contenga información confidencial, para lo cual evaluará, en particular, los efectos que la divulgación pueda tener en el interés público con respecto a la política financiera, monetaria o económica, en los intereses comerciales de personas físicas y jurídicas, en el objetivo de inspecciones, en las investigaciones y en las auditorías. El procedimiento de control de las consecuencias de la divulgación de información incluirá una evaluación específica de las consecuencias derivadas de cualquier divulgación del contenido y los pormenores de los planes de resolución a que se refieren los artículos 8 y 9, del resultado de cualquier evaluación llevada a cabo de conformidad con el artículo 10 o del dispositivo de resolución a que se refiere el artículo 18.
[…]».
18
El artículo 90 de este Reglamento, titulado «Acceso a documentos», está redactado en los siguientes términos:
«1.   El [Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43),] se aplicará a los documentos en poder de la Junta.
[…]
4.   Las personas sujetas a las decisiones de la Junta tendrán derecho a acceder a su expediente, a reserva del interés legítimo de terceros en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos preparatorios internos de la Junta.»
19
El artículo 91 de dicho Reglamento establece que, en relación con la información clasificada y la información sensible no clasificada, la JUR aplicará los principios de seguridad contenidos en las normas de seguridad de la Comisión para la protección de tal información.
C. Proyecto de normas técnicas de regulación
20
El 23 de mayo de 2017, la ABE adoptó, con fundamento en el artículo 36, apartados 14 y 15, de la Directiva 2014/59, el proyecto de normas técnicas de regulación EBA/RTS/2017/05, sobre la valoración a efectos de resolución (en lo sucesivo, «proyecto de normas técnicas de regulación»), a fin de especificar los criterios con arreglo a los cuales deben efectuarse las valoraciones realizadas en un procedimiento de resolución.
21
El artículo 2, apartado 3, de este proyecto de normas técnicas de regulación dispone:
«El valorador proporcionará la mejor estimación puntual del valor de un determinado activo, pasivo, o combinación de ambos. Cuando proceda, los resultados de la valoración se proporcionarán también en forma de intervalos de valores.»
22
El artículo 8 de dicho proyecto de normas técnicas de regulación, con la rúbrica «Ámbitos que requieren particular atención en la valoración», tiene la siguiente redacción:
«El valorador prestará especial atención a los ámbitos sujetos a una incertidumbre significativa en la valoración que tengan una incidencia sustancial en la valoración global. En relación con esos ámbitos, el valorador proporcionará los resultados de la valoración en forma de mejores estimaciones puntuales y, en su caso, intervalos de valores, según lo establecido en el artículo 2, apartado 3. Dichos ámbitos incluirán:
a)
Los préstamos o carteras de préstamos, cuyos flujos de efectivo esperados dependen de la capacidad, voluntad o alicientes de la contraparte para cumplir su obligación, cuando tales expectativas se deriven de hipótesis relativas a las tasas de morosidad, las probabilidades de impago, la pérdida en caso de impago, o las características de los instrumentos, en particular cuando los patrones de pérdidas respecto de una cartera de préstamos lo evidencien;
[…]».
II. Antecedentes del litigio
23
Banco Popular Español, S. A. (en lo sucesivo, «Banco Popular»), era una entidad de crédito que estaba sometida a la supervisión prudencial directa del BCE.
24
Las recurrentes eran accionistas o titulares de instrumentos de capital adicional de nivel 1 o de instrumentos de capital adicional de nivel 2 de Banco Popular antes de que se adoptara un dispositivo de resolución respecto de este.
A. Situación económica de Banco Popular durante los años 2016 y 2017
25
Los hechos relativos a la evolución de la situación económica de Banco Popular durante los años 2016 y 2017, que fueron expuestos en los apartados 25 a 46 de la sentencia recurrida, pueden resumirse del siguiente modo.
26
En 2016, Banco Popular llevó a cabo una ampliación de capital de 2500 millones de euros.
27
El 5 de diciembre de 2016, la Sesión Ejecutiva de la JUR adoptó un plan de resolución del grupo Banco Popular (en lo sucesivo, «plan de resolución de 2016»). El instrumento de resolución por el que se optó en dicho plan era el instrumento de recapitalización interna previsto en el artículo 27 del Reglamento MUR.
28
El 3 de febrero de 2017, Banco Popular publicó su informe anual de 2016, en el que declaró que debían realizarse provisiones excepcionales por un importe de 5700 millones de euros, lo que generaba unas pérdidas consolidadas de 3485 millones de euros; en el mismo informe se anunciaba el nombramiento de un nuevo presidente.
29
El 10 de febrero de 2017, DBRS Ratings Ltd (DBRS) (convertida posteriormente en DBRS Morningstar) rebajó las calificaciones de Banco Popular, con una perspectiva negativa, habida cuenta del debilitamiento de la posición de capital de Banco Popular a raíz de unas pérdidas netas mayores que las previstas en su informe anual, mencionado en el apartado 28 anterior, y de los esfuerzos de Banco Popular para reducir su elevado stock de activos improductivos.
30
El 3 de abril de 2017, Banco Popular anunció los resultados de las auditorías internas e indicó que podría ser necesario llevar a cabo correcciones en su informe anual de 2016. Estos ajustes se realizaron en el informe financiero de Banco Popular correspondiente al primer trimestre de 2017.
31
A raíz de dicho anuncio, DBRS Morningstar rebajó, el 6 de abril, la calificación de Banco Popular, manteniendo una perspectiva negativa. Standard & Poor’s, el 7 de abril, y Moody’s Investors Service (en lo sucesivo, «Moody’s»), el 21 de abril de 2017, también rebajaron la calificación de Banco Popular con una perspectiva negativa.
32
El 10 de abril de 2017, en la Junta General de Accionistas de Banco Popular, el presidente del Consejo de Administración anunció que el banco tenía prevista una ampliación de capital o una operación societaria para hacer frente a la situación del grupo en lo referente a fondos propios y al nivel de activos improductivos. El presidente consejero delegado de Banco Popular fue sustituido después de menos de un año en el cargo.
33
En abril de 2017, Banco Popular inició un proceso de venta privada con el fin de realizar su venta a un competidor fuerte, lo cual restablecería su situación financiera. La fecha límite para que los eventuales compradores interesados en la adquisición de Banco Popular presentaran su oferta quedó fijada para el 10 de junio de 2017.
34
El 5 de mayo de 2017, Banco Popular presentó su informe financiero correspondiente al primer trimestre de 2017, en el que se reflejaban unas pérdidas por importe de 137 millones de euros.
35
El 12 de mayo de 2017, el requisito de cobertura de liquidez (Liquidity Coverage Requirement, LCR) de Banco Popular se redujo por debajo del umbral mínimo del 80 % fijado por el artículo 460, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1).
36
Mediante carta de 16 de mayo de 2017, Banco Santander, S. A., puso en conocimiento de Banco Popular que no podía formular una oferta vinculante en el proceso de venta privada.
37
El 16 de mayo de 2017, Banco Popular, en una comunicación de información sensible a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, indicó que compradores potenciales habían manifestado su interés en el proceso de venta privada, pero que no se había presentado ninguna oferta vinculante.
38
El 19 de mayo de 2017, la agencia Fitch Ratings Ltd degradó el rating a largo plazo de Banco Popular.
39
El 23 de mayo de 2017, la presidenta de la JUR, la Sra. Elke König, concedió una entrevista a la cadena de televisión Bloomberg, en la que se le preguntó, entre otros extremos, acerca de la situación de Banco Popular.
40
A lo largo del mes de mayo de 2017, diferentes artículos de prensa se hicieron eco de las dificultades de Banco Popular.
41
Durante los primeros días del mes de junio de 2017, Banco Popular tuvo que hacer frente a una masiva retirada de efectivo.
42
El 5 de junio de 2017, Banco Popular presentó por la mañana una primera petición de provisión urgente de liquidez ante el Banco de España y, posteriormente, una segunda petición por la tarde con una extensión del importe solicitado, debido a importantes movimientos de efectivo. El Consejo de Gobierno del BCE, a petición del Banco de España y a raíz de la evaluación llevada a cabo ese mismo día por el BCE en relación con la petición de provisión urgente de liquidez de Banco Popular, no formuló objeciones a una provisión urgente de liquidez a Banco Popular respecto del período que iba hasta el 8 de junio de 2017. Banco Popular recibió una parte de esa provisión urgente de liquidez. Posteriormente, el Banco de España indicó que no podía hacer una provisión urgente de liquidez adicional a Banco Popular.
B. Desarrollo del procedimiento de resolución
43
En los apartados 47 a 67 de la sentencia recurrida, el Tribunal General expuso los hechos relativos al desarrollo del procedimiento de resolución, que pueden resumirse del siguiente modo.
44
El 23 de mayo de 2017, la JUR instruyó al gabinete de auditorías Deloitte (en lo sucesivo, «Deloitte»), como experto independiente, para que llevase a cabo la valoración de Banco Popular a la que se refiere el artículo 20 del Reglamento MUR.
45
El 24 de mayo de 2017, la JUR solicitó a Banco Popular, con fundamento en el artículo 34 del Reglamento MUR, la información necesaria para efectuar la valoración. El 2 de junio de 2017, también pidió a Banco Popular que aportara información acerca del proceso de venta privada y que previera un acceso a la sala virtual de datos seguros que Banco Popular había creado en el marco de ese proceso.
46
El 3 de junio de 2017, la Sesión Ejecutiva de la JUR adoptó la decisión SRB/EES/2017/06, dirigida al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en relación con la venta de Banco Popular. La JUR aprobó el inicio inmediato del proceso de venta de Banco Popular por el FROB e indicó a este los requisitos relativos a la venta con arreglo al artículo 39 de la Directiva 2014/59. La JUR indicó, en particular, que el FROB debía ponerse en contacto con los cinco compradores potenciales que habían sido invitados a presentar una oferta en el marco del proceso de venta privada.
47
De los cinco compradores potenciales, dos decidieron no participar en el proceso de venta y uno fue excluido por el BCE por razones prudenciales.
48
El 4 de junio de 2017, los dos compradores potenciales que habían decidido participar en el proceso de venta, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., firmaron un acuerdo de confidencialidad y, el 5 de junio de 2017, tuvieron acceso a la sala virtual de datos.
49
El 5 de junio de 2017, la JUR redactó una primera valoración (en lo sucesivo, «valoración 1»), con arreglo al artículo 20, apartado 5, letra a), del Reglamento MUR, que tenía por objeto informar la determinación de si se cumplían las condiciones para la resolución, tal como quedan definidas en el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento.
50
El 6 de junio de 2017, el BCE, previa consulta a la JUR, llevó a cabo una evaluación para determinar si Banco Popular estaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo, con arreglo al artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, del mismo Reglamento.
51
Del apartado 61 de la sentencia recurrida se desprende que, tras esa evaluación, el BCE, a la luz de la evolución de la situación económica de Banco Popular durante los años 2016 y 2017, que se ha resumido en los apartados 26 a 42 de la presente sentencia, y, en particular, de las excesivas cancelaciones de depósitos, de la rapidez a la que el banco perdía liquidez y de la incapacidad de este para generar más liquidez, consideró que existían elementos objetivos que indicaban que Banco Popular probablemente no podría, en un futuro cercano, hacer frente a sus deudas o demás pasivos a su vencimiento. El BCE concluyó que Banco Popular estaba en graves dificultades o que, en todo caso, probablemente fuera a estarlo en un futuro cercano, con arreglo al artículo 18, apartados 1, párrafo primero, letra a), y 4, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR.
52
Ese mismo día, Banco Popular comunicó al BCE que su Consejo de Administración había llegado a la conclusión de que el banco probablemente iba a estar en graves dificultades.
53
Los hechos relativos al proceso de venta, tal como resultan de los apartados 63 a 67 de la sentencia recurrida, pueden resumirse del siguiente modo.
54
Mediante carta de 6 de junio de 2017, el FROB comunicó la información acerca del proceso de venta y fijó un plazo de presentación de ofertas que finalizaba el 6 de junio de 2017 a medianoche.
55
El mismo día, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, uno de los dos compradores potenciales de Banco Popular, puso en conocimiento del FROB que no presentaría ninguna oferta.
56
También el 6 de junio de 2017, Deloitte remitió a la JUR una segunda valoración (en lo sucesivo, «valoración 2»), elaborada en aplicación del artículo 20, apartado 10, del Reglamento MUR. La valoración 2 tenía por objeto estimar el valor del activo y del pasivo de Banco Popular, ofrecer una estimación del tratamiento que habrían recibido los accionistas y acreedores si Banco Popular hubiera iniciado un procedimiento de insolvencia ordinario e informar la decisión sobre las acciones y los instrumentos de propiedad que habían de transmitirse y el concepto de la JUR en cuanto a lo que constituían condiciones comerciales a efectos del instrumento de venta del negocio. En particular, esta valoración estimó el valor económico de Banco Popular en 1300 millones de euros en la hipótesis más optimista, en un valor negativo de 8200 millones de euros en la hipótesis más pesimista y en un valor negativo de 2000 millones de euros según un cálculo basado en la mejor estimación.
57
El 7 de junio de 2017, Banco Santander presentó una oferta vinculante.
58
Mediante carta de 7 de junio de 2017, el FROB informó a la JUR de que Banco Santander había presentado una oferta el 7 de junio a las 3.12 h y de que el precio ofrecido por este por las acciones de Banco Popular era de un euro. El FROB indicó que su Comisión Rectora había seleccionado a Banco Santander como adjudicatario en el proceso competitivo de venta de Banco Popular y que había decidido proponer a la JUR que designara a Banco Santander como comprador en la decisión de la JUR relativa a la adopción de un dispositivo de resolución respecto de Banco Popular.
C. Dispositivo de resolución controvertido
59
El 7 de junio de 2017, la JUR adoptó el dispositivo de resolución controvertido respecto de Banco Popular, con fundamento en el Reglamento MUR.
60
En los considerandos 19, 21 a 25, 26, letra c), 36 y 46 de dicho dispositivo, la JUR hizo constar que:
–
el 5 de diciembre de 2016, había adoptado un plan de resolución, había determinado una estrategia de resolución y había identificado el instrumento de resolución preferido (considerandos 19, 21 y 22);
–
se desprendía de la evaluación del BCE acerca de si Banco Popular estaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo que la situación de liquidez de Banco Popular se había deteriorado significativamente desde octubre de 2016, debido a la importante salida de efectivo en todos los segmentos de clientes y, en consecuencia, que dicha entidad no tenía suficientes opciones para restablecer su posición de liquidez y poder hacer frente a sus pasivos al vencimiento de estos (considerando 23);
–
varias circunstancias habían llevado al rápido deterioro de la situación de liquidez de Banco Popular, a saber:
–
en febrero de 2017, Banco Popular anunció la necesidad de provisiones excepcionales por un importe de 5700 millones de euros, lo que generaba unas pérdidas consolidadas de 3485 millones de euros, y nombró a un nuevo presidente,
–
el 10 de febrero de 2017, DBRS Morningstar rebajó la calificación de Banco Popular,
–
el 3 de abril de 2017, Banco Popular difundió una declaración pública específica en la que se informaba acerca del resultado de diferentes auditorías internas que podían tener una incidencia significativa en los estados financieros de la entidad y confirmó que su presidente consejero delegado sería sustituido tras ocupar el cargo durante menos de un año,
–
Standard & Poor’s, el 7 de abril de 2017, y Moody’s, el 21 de abril de 2017, rebajaron la calificación de Banco Popular,
–
el 12 de mayo de 2017, Banco Popular incumplió el requisito de cobertura de liquidez del 80 % y no logró restablecer la conformidad con el límite reglamentario posteriormente,
–
se registró una cobertura mediática negativa y continua sobre los resultados financieros de Banco Popular y sobre el riesgo supuestamente inminente de quiebra o de iliquidez como consecuencia del aumento de las retiradas de depósitos,
–
el 6 de junio de 2017, DBRS y Moody’s rebajaron la calificación de Banco Popular (considerando 24);
–
las circunstancias anteriores tuvieron como resultado importantes salidas de depósitos (considerando 25);
–
Banco Popular había recibido una primera provisión urgente de liquidez el 5 de junio de 2017, no mediando objeción del BCE, pero que el Banco de España no había podido concederle una provisión urgente de liquidez adicional [considerando 26, letra c)];
–
el 6 de junio de 2017, Banco Popular había comunicado al BCE que su Consejo de Administración había llegado a la conclusión de que el banco probablemente iba a estar en graves dificultades (considerando 36);
–
el instrumento de resolución previsto en el plan de resolución de 2016 no se adecuaba a las circunstancias existentes en la fecha de la resolución (considerando 46).
61
A tenor del artículo 1 del dispositivo de resolución controvertido, la JUR, al considerar que se cumplían las condiciones del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento MUR, decidió someter a Banco Popular a un procedimiento de resolución a partir de la fecha de la resolución.
62
A este respecto, como se desprende de los artículos 2 a 4 de dicho dispositivo de resolución, la JUR consideró, primero, que Banco Popular estaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo; a continuación, que no había medidas alternativas que pudieran corregir esta situación de Banco Popular en un período de tiempo razonable, y, por último, que era necesario adoptar una medida de resolución en forma de instrumento de venta del negocio de ese banco para garantizar la continuidad de las funciones esenciales de dicha entidad y evitar repercusiones negativas importantes sobre la estabilidad financiera, en particular en España.
63
En consecuencia, en el artículo 5, apartado 1, del dispositivo de resolución controvertido, la JUR decidió lo siguiente:
«El instrumento de resolución que se aplicará a [Banco Popular] consiste en la venta del negocio de conformidad con el artículo 24 del [Reglamento MUR] mediante la transferencia de acciones a un comprador. La amortización y la conversión de instrumentos de capital se ejercerán inmediatamente antes de la aplicación del instrumento de venta del negocio.»
64
El artículo 6 del dispositivo de resolución controvertido precisaba los detalles relativos a la amortización y a la venta del negocio. De este modo, en el artículo 6, apartado 1, de dicho dispositivo de resolución, la JUR decidió:
–
en primer lugar, amortizar el valor nominal del capital social de Banco Popular por importe de 2098429046 euros, con la consiguiente cancelación del 100 % de las acciones de Banco Popular;
–
en segundo lugar, convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la decisión relativa al dispositivo de resolución controvertido en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «acciones nuevas I»;
–
en tercer lugar, amortizar a cero el valor nominal de las «acciones nuevas I», con la consiguiente cancelación del 100 % de esas «acciones nuevas I»;
–
en cuarto y último lugar, convertir la totalidad del importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por Banco Popular y en circulación en la fecha de la decisión de resolución en acciones de nueva emisión de Banco Popular, las «acciones nuevas II».
65
El artículo 6, apartado 3, del dispositivo de resolución controvertido establece que estas medidas de amortización y de conversión se basan en la valoración 2, corroborada por los resultados de un proceso de venta transparente y abierto tramitado por el FROB.
66
En el artículo 6, apartado 5, de dicho dispositivo de resolución, la JUR indicó que ejercía las facultades que tenía atribuidas en virtud del artículo 24, apartado 1, letra a), del Reglamento MUR, relativo al instrumento de venta del negocio, y ordenó que las «acciones nuevas II» fueran transmitidas a Banco Santander libres y exentas de cualesquiera derechos o cargas de cualquier tercero como contrapartida del pago de un precio de compra de un euro. Se precisó que el comprador ya había aceptado la transmisión.
67
En el artículo 6, apartado 6, del mismo dispositivo, la JUR expuso que era necesario y adecuado ordenar la transmisión y precisó que, para llegar a esa conclusión, había constatado, primero, que el proceso de venta de Banco Popular iniciado por el FROB antes de la adopción de dicho dispositivo cumplía los requisitos establecidos en el artículo 24 del Reglamento MUR, en relación con el artículo 39 de la Directiva 2014/59; segundo, que el FROB, en definitiva, había invitado a dos compradores potenciales a presentar una oferta, y, tercero, que, finalmente, se había recibido una sola oferta válida.
68
La JUR también indicó que la transmisión de las «acciones nuevas II» debía realizarse sobre la base de la oferta vinculante del comprador de 7 de junio de 2017 y debía llevarse a cabo por el FROB.
69
El dispositivo de resolución controvertido fue sometido a la Comisión para su aprobación el 7 de junio de 2017.
70
Ese mismo día, la Comisión adoptó la Decisión 2017/1246, por la que se aprobó el régimen de resolución controvertido, y la notificó a la JUR. Como figura en el considerando 4 de dicha Decisión:
«La Comisión aprueba el régimen de resolución. En particular, está de acuerdo con las razones por las que es necesaria una resolución en aras del interés general, aducidas por la JUR de conformidad con el artículo 18, apartado 5, del [Reglamento MUR].»
71
Igualmente el 7 de junio de 2017, la JUR notificó el dispositivo de resolución controvertido al FROB y publicó en su sitio web un anuncio informando sobre la adopción de este dispositivo, acompañado de un documento en que se resumían los efectos de la resolución.
72
También en esa fecha, el FROB adoptó las medidas necesarias para ejecutar el dispositivo de resolución controvertido, con arreglo al artículo 29 del Reglamento MUR.
D. Hechos posteriores a la adopción del dispositivo de resolución controvertido
73
El 14 de junio de 2018, Deloitte remitió a la JUR la valoración de la diferencia de trato, contemplada en el artículo 20, apartados 16 a 18, del Reglamento MUR, realizada a fin de evaluar si los accionistas y acreedores habrían recibido mejor tratamiento si Banco Popular hubiera iniciado un procedimiento de insolvencia ordinario (en lo sucesivo, «valoración 3»). El 31 de julio de 2018, Deloitte envió a la JUR una adenda a esa valoración en la que se corregían algunos errores de forma.
74
El 11 de julio de 2017, la JUR publicó en su sitio web una versión no confidencial del dispositivo de resolución controvertido. En esa versión, la JUR censuró determinada información que figuraba en los considerandos 23 a 26 de tal dispositivo, relativa a la crisis de liquidez de Banco Popular, y partes significativas del artículo 6, apartados 3 y 4, de dicho dispositivo, relativas al ejercicio de la competencia de amortización y conversión.
75
En julio de 2017, el BCE publicó en su sitio web una versión no confidencial de su evaluación acerca de si Banco Popular estaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo.
76
Los días 2 de febrero y 31 de octubre de 2018, la JUR publicó versiones no confidenciales menos censuradas del dispositivo de resolución controvertido, en las que ya figuraba determinada información censurada con anterioridad, a la que se ha hecho referencia en el apartado 74 anterior, con excepción de algunos datos cuantitativos. En este contexto, publicó asimismo versiones no confidenciales de las valoraciones 1 y 2.
III. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
77
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 7 de agosto de 2017, las recurrentes interpusieron un recurso por el que se solicitaba, en primer lugar, la anulación del dispositivo de resolución controvertido y de la Decisión 2017/1246; en segundo lugar, la indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por las recurrentes a raíz de dichas Decisiones, y, en tercer lugar, la declaración de nulidad de la valoración provisional y una compensación.
A. Procedimiento ante el Tribunal General
78
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 31 de octubre de 2017, la JUR solicitó a dicho Tribunal, en aplicación del artículo 92, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, que acordara diligencias de prueba en relación con la aportación de determinados documentos mencionados en el anexo de esa solicitud. Mediante decisión de 28 de noviembre de 2017, el Tribunal General decidió no acoger esta solicitud de diligencias de prueba en esa fase del procedimiento.
79
El 16 de febrero de 2018, el Tribunal General, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento contempladas en el artículo 89 de su Reglamento de Procedimiento, instó a la JUR a aportar la última versión no confidencial del dispositivo de resolución controvertido y una versión no confidencial de la valoración 2, publicadas en el sitio web de esta. La JUR presentó esos documentos en el plazo señalado.
80
Mediante autos de 12 de abril de 2019, el Tribunal General admitió las intervenciones del Reino de España y de Banco Santander en apoyo de las pretensiones de la Comisión y de la JUR y accedió a las solicitudes de tratamiento confidencial con respecto a esas partes coadyuvantes presentadas por las recurrentes.
81
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 16 de abril de 2019, las recurrentes presentaron una petición de modificación de las solicitudes de diligencias de prueba contenidas en su demanda y en su réplica en primera instancia. Tanto la Comisión y la JUR como el Reino de España y Banco Santander presentaron sus observaciones sobre esa petición en el plazo señalado.
82
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 6 de mayo de 2019, las recurrentes presentaron una nueva proposición de prueba, con arreglo al artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. La Comisión y la JUR presentaron sus observaciones sobre esta nueva proposición de prueba en el plazo señalado.
83
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 9 de octubre de 2020, las recurrentes presentaron una nueva proposición de prueba, con arreglo a la misma disposición de ese Reglamento de Procedimiento. Tanto la Comisión y la JUR como el Reino de España y Banco Santander presentaron sus observaciones sobre esta nueva proposición de prueba en los plazos señalados.
84
El 16 de marzo de 2021, el Tribunal General, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento contempladas en el artículo 89 de su Reglamento de Procedimiento, instó a la JUR a presentar diferentes documentos. Mediante escrito de 30 de marzo de 2021, la JUR respondió que los documentos requeridos eran parcialmente confidenciales y que podrían presentarse si el Tribunal General adoptaba una diligencia de prueba con tal objeto.
85
Mediante auto de 12 de mayo de 2021, el Tribunal General instó a la JUR, con fundamento, por un lado, en el artículo 24, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por otro, en los artículos 91, letra b), 92, apartado 3, y 103 de su Reglamento de Procedimiento, a que aportara las versiones íntegras del dispositivo de resolución controvertido, de la valoración 2, de la evaluación del BCE de 6 de junio de 2017 acerca de si Banco Popular estaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo y de la carta del BCE a Banco Popular de 18 de mayo de 2017. El Tribunal General también ordenó a la JUR que presentara la versión no confidencial de la carta del BCE a Banco Popular de 18 de mayo de 2017.
86
Mediante auto de 9 de junio de 2021, el Tribunal General retiró del expediente las versiones confidenciales de los documentos presentados por la JUR en cumplimiento del auto de 12 de mayo de 2021.
B. Sentencia recurrida
87
Para fundamentar su primera pretensión, destinada a la anulación del dispositivo de resolución controvertido y de la Decisión 2017/1246, las recurrentes formularon cuatro motivos. El primer motivo se basaba en la infracción del artículo 18 del Reglamento MUR. El segundo motivo se basaba en la infracción del artículo 20 de dicho Reglamento. El tercer motivo se basaba en la violación del derecho a ser oído y del derecho de acceso al expediente, consagrados en el artículo 41, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). El cuarto motivo se basaba en el incumplimiento de la obligación de motivación. En sus observaciones sobre los escritos de formalización de la intervención, las recurrentes formularon asimismo un motivo nuevo, basado en la infracción del artículo 24 del citado Reglamento.
88
Mediante su segunda pretensión, las recurrentes solicitaron que se condenara a la JUR y a la Comisión a abonarles una indemnización en concepto de responsabilidad extracontractual. Las recurrentes formularon dos pretensiones de indemnización distintas: una basada en la anulación del dispositivo de resolución controvertido y de la Decisión 2017/1246 y otra independiente de esta anulación.
89
Mediante su tercera pretensión, las recurrentes solicitaron la anulación de la valoración 2 y alegaron el derecho a recibir una compensación.
90
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad.
91
En dicha sentencia, el Tribunal General desestimó igualmente las solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento y de diligencias de prueba de las recurrentes.
IV. Pretensiones de las partes en casación
92
Las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Estime su pretensión ante el Tribunal General relativa a la anulación del dispositivo de resolución controvertido y de la Decisión 2017/1246 y, en consecuencia, condene a la Comisión y a la JUR a que reintegren a las recurrentes las inversiones de estas en Banco Popular o, alternativamente, condene a aquellas a abonar a estas una indemnización en concepto de responsabilidad extracontractual.
–
Condene a la Comisión y a la JUR a abonar a las recurrentes una indemnización en concepto de responsabilidad extracontractual, con independencia de la anulación del dispositivo de resolución controvertido y de la Decisión 2017/1246.
–
Declare la nulidad de la valoración 2 y condene a la Comisión y a la JUR a compensar a las recurrentes.
–
Condene en costas a la Comisión y a la JUR en ambas instancias.
–
Ordene que todas las cantidades otorgadas a las recurrentes devenguen interés compensatorio desde el 23 de mayo de 2017 (o, subsidiariamente, desde el 7 de junio de 2017) hasta la fecha de pronunciamiento de la presente sentencia y, asimismo, intereses de demora desde la fecha de pronunciamiento de la presente sentencia, salvo las costas derivadas del presente procedimiento, las cuales solo devengarán interés de demora desde la fecha de pronunciamiento de la presente sentencia.
–
Conceda a las recurrentes cualquier otro remedio adicional que considere apropiado en Derecho.
93
La Comisión, la JUR, el Consejo, el Reino de España y Banco Santander solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a las recurrentes.
94
En el supuesto de que el Tribunal de Justicia estime el recurso de casación y decida, con arreglo al artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resolver él mismo el recurso de anulación, Banco Santander solicita que, de conformidad con el artículo 264 TFUE, párrafo segundo, limite el alcance de la sentencia que dicte, manteniendo los efectos de la venta de Banco Popular a Banco Santander.
V. Sobre el recurso de casación
95
En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan cuatro motivos. Los motivos de casación primero y segundo se basan en una infracción de los artículos 18 y 20 del Reglamento MUR, respectivamente. Mediante los motivos de casación tercero y cuarto, las recurrentes cuestionan la fundamentación de la desestimación por el Tribunal General de sus pretensiones de indemnización.
A. Consideraciones preliminares
96
Con carácter preliminar, debe señalarse que, mediante el recurso que da lugar al presente procedimiento de casación, las recurrentes solicitaban la anulación tanto del dispositivo de resolución controvertido como de la Decisión 2017/1246.
97
Si bien el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en su sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), apartados 102 y 103, que el dispositivo de resolución controvertido no constituye un acto impugnable a efectos del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, de modo que un recurso es inadmisible en la medida en que se refiera a tal dispositivo, la Decisión 2017/1246, mediante la que la Comisión aprobó el referido dispositivo, reúne, por su parte, las características de un acto que puede ser objeto de un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
98
Con todo, el Tribunal de Justicia ha puntualizado que, en el marco de un recurso de anulación interpuesto contra una decisión de la Comisión como la Decisión 2017/1246, las personas físicas o jurídicas afectadas pueden invocar la ilegalidad del dispositivo de resolución que dicha institución haya aprobado, confiriéndole así efectos jurídicos obligatorios, lo que les garantizará una tutela judicial suficiente. Además, se considera que, mediante tal aprobación, la Comisión hace suyos los elementos y los motivos contenidos en dicho dispositivo, de modo que debe, en su caso, responder de ellos ante el juez de la Unión (sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR, C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartado 96 y jurisprudencia citada).
99
Este es, por tanto, el contexto en el que procede examinar los motivos mediante los que se impugna la legalidad del dispositivo de resolución controvertido.
B. Sobre la quinta parte del segundo motivo de casación, basada en una infracción del artículo 90 del Reglamento MUR y de los artículos 17, 41 y 52 de la Carta, en relación con el artículo 1 del Protocolo n.o 1 del CEDH, y sobre la sexta parte de este motivo, basada en un incumplimiento de la obligación de motivación impuesta en el artículo 296 TFUE
100
Mediante las partes quinta y sexta del segundo motivo de casación, que procede examinar en primer lugar, las recurrentes aducen, en esencia, que el acceso a la versión íntegra, en particular, del dispositivo de resolución controvertido y de las valoraciones 1 y 2 era necesario para poder ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva (quinta parte de ese motivo) y que la motivación del dispositivo de resolución controvertido, de la valoración 2 y de la Decisión 2017/1246 era insuficiente habida cuenta de la información que se censuró en esos documentos (sexta parte de dicho motivo).
1.
Quinta parte del segundo motivo de casación
101
Mediante la quinta parte del segundo motivo de casación, las recurrentes invocan una violación de su derecho de acceso al expediente en virtud del artículo 90 del Reglamento MUR y una infracción de los artículos 17, 41 y 52 de la Carta, en relación con el artículo 1 del Protocolo adicional n.o 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en París el 20 de marzo de 1952 (en lo sucesivo, «primer protocolo adicional al CEDH»). Esta parte se divide en cuatro alegaciones.
a)
Alegaciones de las partes
102
En primer lugar, las recurrentes alegan que, en los apartados 503 y 504 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error en la interpretación del artículo 90 del Reglamento MUR al considerar que el derecho de acceso al expediente garantizado por este artículo corresponde únicamente al ente objeto de la decisión de resolución. Las recurrentes opinan que las versiones en lengua española («personas sujetas a las decisiones»), inglesa («persons who are the subject of») y portuguesa («pessoas sujeitas às decisões») de esta disposición no hacen referencia al objeto de la decisión de resolución, sino a las personas sujetas a tal decisión. Además, consideran que el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta garantiza igualmente el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna.
103
En segundo lugar, las recurrentes argumentan que una violación del derecho de acceso al expediente cometida durante el procedimiento administrativo previo a la adopción de una decisión no queda subsanada durante el procedimiento judicial y, si se ha violado el derecho de defensa, esto puede conllevar la anulación de dicha decisión. Alegan, pues, que el hecho de haber tenido que aventurarse en un procedimiento judicial sin conocer el expediente menoscabó el derecho de defensa de las recurrentes, máxime cuando en la fecha de interposición del recurso de casación seguían sin tener acceso al expediente completo.
104
En tercer lugar, las recurrentes señalan que, en los apartados 505 y 515 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, basándose, entre otras disposiciones, en el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta y en el artículo 90, apartado 4, del Reglamento MUR, negó el acceso a determinada información que figuraba en el dispositivo de resolución controvertido, en la valoración 2 y en otros documentos preparatorios, considerando que dicha información era confidencial. Sin embargo, las recurrentes alegan que el acceso al expediente es exigible incluso cuando la normativa aplicable no establezca expresamente tal formalidad.
105
En cuarto y último lugar, según la jurisprudencia recordada en el apartado 475 de la sentencia recurrida, limitar el derecho a ser oído de las personas interesadas solo constituye una intervención desmesurada e intolerable si se priva a los interesados de la posibilidad de recurrir contra dichas medidas en un procedimiento posterior, en el que puedan defender adecuadamente su punto de vista. Las recurrentes opinan que, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en el citado apartado, dicha posibilidad implica que se tenga un acceso completo al expediente. Además, consideran que de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que el artículo 1 del primer protocolo adicional al CEDH exige la posibilidad de un debate contradictorio respetuoso del principio de igualdad de armas en cualquier procedimiento por el que se obligue a la renuncia del derecho de propiedad.
106
La Comisión alega la inadmisibilidad de la quinta parte del segundo motivo de casación, aduciendo que la argumentación presentada en el recurso de casación no es suficientemente clara y precisa. La JUR estima que el argumento basado en la divergencia entre las diferentes versiones lingüísticas del artículo 90, apartado 4, del Reglamento MUR es inadmisible. En cualquier caso, sostiene que la quinta parte de ese segundo motivo es infundada.
107
La JUR, el Reino de España y Banco Santander consideran que esta parte es infundada.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
108
En cuanto a la admisibilidad de la quinta parte del segundo motivo de casación, procede señalar que, pese a un cierto grado de imprecisión, la argumentación invocada permite comprender que las recurrentes invocan, en virtud del artículo 90, apartado 4, del Reglamento MUR y de los artículos 17, 41 y 52 de la Carta, en relación con el artículo 1 del primer protocolo adicional al CEDH, el derecho a acceder a las versiones íntegras del dispositivo de resolución controvertido, de la valoración 2 y de otros documentos preparatorios.
109
Más concretamente, impugnan las consideraciones que figuran, por una parte, en los apartados 497 a 504 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General rechazó su alegación en el sentido de que no habían tenido derecho a acceder al expediente de resolución de Banco Popular y, por otra, en los apartados 505 y 515 de dicha sentencia, en los que el Tribunal General apreció que, en contra de lo sostenido por las recurrentes, el hecho de que el expediente contuviera información confidencial se oponía a que pudiera accederse íntegramente a este.
110
Por lo que respecta al argumento basado en la divergencia entre las diferentes versiones lingüísticas del artículo 90, apartado 4, del Reglamento MUR, dicho argumento hace referencia específicamente a los apartados 503 y 504 de la sentencia recurrida y ha de considerarse que critica la apreciación del Tribunal General que figura en dichos apartados. Pues bien, un recurrente puede interponer un recurso de casación alegando motivos derivados de la propia sentencia recurrida y por los que se pretenda criticar los fundamentos jurídicos de esta (sentencia de 25 de enero de 2022, Comisión/European Food y otros, C‑638/19 P, EU:C:2022:50, apartado 77 y jurisprudencia citada).
111
Por lo tanto, procede rechazar la excepción de inadmisibilidad de la quinta parte del segundo motivo de casación propuesta por la Comisión y por la JUR.
112
En cuanto al fondo, de las consideraciones expuestas en los apartados 497 a 504 de la sentencia recurrida se desprende que, para desestimar la argumentación relativa a la violación del derecho de acceso a la totalidad de la información contenida en el expediente, el Tribunal General se basó tanto en la inaplicabilidad ratione personae del artículo 90, apartado 4, del Reglamento MUR como en la existencia de información confidencial en dicho expediente. Cabe señalar que cada una de estas consideraciones puede, por sí sola, justificar la apreciación del Tribunal General.
113
Por lo que respecta a la cuestión de si el Tribunal General declaró acertadamente que la obligación de confidencialidad podía oponerse al acceso a las versiones íntegras del dispositivo de resolución controvertido, de la valoración 2 y de otros documentos preparatorios, procede recordar que el artículo 90, apartado 4, del Reglamento MUR dispone que las personas sujetas a las decisiones de la JUR tendrán derecho a acceder a su expediente y especifica, por un lado, que esas personas gozan de ese derecho a reserva del interés legítimo de terceros en la protección de sus secretos comerciales y, por otro lado, que dicho derecho no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos preparatorios internos de la JUR. Además, es preciso subrayar la obligación que incumbe a toda institución de que se trate de ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión, en particular con el principio de buena administración, actualmente consagrado expresamente en el artículo 41 de la Carta, cuyo apartado 2, letra b), garantiza el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2022, Klein/Comisión, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, apartado 87).
114
Del propio tenor de estas disposiciones se desprende que el derecho de acceso al expediente está limitado por la necesidad de proteger información confidencial. Los límites así impuestos a este derecho reflejan la obligación de confidencialidad consagrada en el artículo 339 TFUE. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las instituciones, órganos y organismos de la Unión están obligados en principio, con arreglo al imperativo de la protección del secreto comercial, que constituye un principio general del Derecho de la Unión, concretado en particular en el artículo 339 TFUE, a no revelar a los competidores de un operador privado la información confidencial que este les haya facilitado (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 109 y jurisprudencia citada).
115
En el marco del régimen instaurado por el Reglamento MUR, el respeto de los requisitos de secreto profesional establecidos en el artículo 339 TFUE viene especificado no solo por la reserva expresada en el artículo 90, apartado 4, del reglamento MUR, sino también por el artículo 88, apartado 1, párrafo segundo, de este Reglamento, que prohíbe a la JUR comunicar la información sujeta a esos requisitos a cualquier otra entidad pública o privada, salvo si tal divulgación resulta necesaria para los fines de un procedimiento judicial. Como precisa el artículo 88, apartado 5, de dicho Reglamento, la JUR está obligada a cerciorarse, antes de divulgar información, de que esta no contenga información confidencial.
116
En el presente asunto, el Tribunal General declaró en el apartado 525 de la sentencia recurrida, apartado que no se impugna en el recurso de casación, que el hecho de que el Tribunal General ordene que se aporten documentos no garantiza a las recurrentes el acceso a la versión íntegra de tales documentos si estos contienen datos confidenciales.
117
En estas circunstancias, cabe considerar que el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho al declarar, en los apartados 505, 506, 515 y 527 de la sentencia recurrida, que las recurrentes no podían invocar un derecho de acceso a las versiones íntegras del dispositivo de resolución controvertido, de la valoración 2 y de otros documentos preparatorios, puesto que esas versiones íntegras contenían información confidencial.
118
Contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, el derecho a la tutela judicial efectiva no obliga, cuando exista información confidencial, a dar acceso al expediente íntegro.
119
A este respecto, es reiterada jurisprudencia que la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta exige que el interesado pueda conocer los motivos de la decisión adoptada con respecto a él, bien mediante la lectura de la propia decisión, bien mediante la notificación de la motivación de esta efectuada a petición del interesado, sin perjuicio de la facultad del juez competente para exigir a la autoridad en cuestión que comunique tal motivación, a fin de permitir que el interesado defienda sus derechos en las mejores condiciones posibles y decida con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de someter el asunto al juez competente, así como para poner a este último en condiciones de ejercer plenamente el control de la legalidad de la decisión de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de junio de 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, apartado 53 y jurisprudencia citada, y de 24 de noviembre de 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 y C‑226/19, EU:C:2020:951, apartado 43).
120
No obstante, el Tribunal de Justicia también ha declarado, en varios ámbitos del Derecho de la Unión, que es posible limitar de alguna forma la motivación de un acto lesivo para un justiciable adoptado sobre la base de una apreciación de la posición relativa de operadores privados, si con ello se protege la información relativa a esos operadores que esté cubierta por el secreto comercial. Sin embargo, la obligación de respetar el secreto comercial no puede vaciar la obligación de motivación de su contenido esencial. Por lo tanto, si bien, a la luz de la obligación de respetar el secreto comercial, tal acto puede estar suficientemente motivado sin que deba incluir la totalidad de los datos cuantitativos en que se basa el razonamiento, la motivación tendrá que mostrar de todos modos de manera clara e inequívoca dicho razonamiento y la metodología empleada (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de julio de 2008, Chronopost y La Poste/UFEX y otros, C‑341/06 P y C‑342/06 P, EU:C:2008:375, apartados 108 a 111; de 21 de diciembre de 2016, Club Hotel Loutraki y otros/Comisión, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, apartado 48, y de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartados 110, 111 y 120).
121
Así pues, cuando exista información confidencial, el artículo 47 de la Carta no confiere a la persona afectada un derecho de acceso al expediente íntegro, siempre que se respeten las exigencias recordadas en los apartados 119 y 120 de la presente sentencia.
122
Pues bien, en el apartado 526 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló, sin que este extremo haya sido rebatido en el recurso de casación, que la información que no aparecía en las versiones no confidenciales del dispositivo de resolución controvertido, de la valoración 2 y de otros documentos preparatorios no era pertinente para resolver el litigio.
123
Por último, por lo que respecta a los artículos 17 y 52 de la Carta y al artículo 1 del primer protocolo adicional al CEDH, procede recordar que, si bien los derechos fundamentales reconocidos por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 forman parte del Derecho de la Unión como principios generales —conforme al artículo 6 TUE, apartado 3— y el artículo 52, apartado 3, de la Carta exige dar a los derechos contenidos en ella que correspondan a derechos garantizados por ese Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales el mismo sentido y alcance que les confiere dicho Convenio, este no constituye, dado que la Unión no se ha adherido a él, un instrumento jurídico integrado formalmente en el ordenamiento jurídico de la Unión. Así pues, el control de legalidad de los actos de la Unión debe basarse únicamente en los derechos fundamentales garantizados por la Carta, en particular, en el artículo 17 de esta (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de febrero de 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, apartados 45 y 46 y jurisprudencia citada).
124
Pues bien, el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta, en relación con el artículo 51, apartado 1, de esta, no puede interpretarse en el sentido de que conceda a la persona afectada un acceso a la información contenida en el expediente que vaya más allá de las exigencias que se derivan de la jurisprudencia recordada en los apartados 119 y 120 de la presente sentencia.
125
A la luz de las consideraciones anteriores, cabe constatar que el Tribunal General declaró acertadamente que las recurrentes no tenían derecho a acceder a las versiones íntegras del dispositivo de resolución controvertido, de la valoración 2 y de otros documentos preparatorios.
126
Como resulta del apartado 112 de la presente sentencia, la alegación de las recurrentes en el sentido de que, en su condición de accionistas del ente objeto de resolución, podían invocar el derecho garantizado en el artículo 90, apartado 4, del Reglamento MUR, suponiéndola fundada, no permite cuestionar la legalidad de la apreciación del Tribunal General mencionada en el anterior apartado, de modo que esta alegación debe rechazarse por ser inoperante.
127
De ello se sigue que la quinta parte del segundo motivo de casación es, en parte, infundada y, en parte, inoperante.
2.
Sexta parte del segundo motivo de casación
128
Mediante la sexta parte del segundo motivo de casación, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al examinar si el dispositivo de resolución controvertido, la valoración 2 y la Decisión 2017/1246 cumplían la obligación de motivación consagrada en el artículo 296 TFUE.
a)
Alegaciones de las partes
129
En primer lugar, las recurrentes impugnan la insuficiencia de la motivación del dispositivo de resolución.
130
Las recurrentes comienzan aduciendo que, en los apartados 543 y 545 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró erróneamente que la motivación de dicho dispositivo era suficiente por lo que respecta a la apreciación de la existencia o probabilidad de graves dificultades, aun cuando, según las recurrentes, la JUR no había analizado otras alternativas viables. Además, las recurrentes opinan que la JUR se limitó a afirmar, sin mayor explicación, que otras alternativas no permitirían solucionar los problemas de liquidez de Banco Popular. Por otra parte, estiman que la JUR tampoco motivó la elección del instrumento de venta ni explicó las razones por las que este instrumento era la mejor solución. En este contexto, las recurrentes sostienen asimismo que, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en los apartados 556 y 557 de la sentencia recurrida, la JUR debería haber motivado las razones por las que consideraba que ya no se abonaría el resto de la provisión urgente de liquidez mencionada en dichos apartados.
131
A continuación, indican que el Tribunal General erró al declarar, en los apartados 536 a 540 de la sentencia recurrida, que los hechos expuestos en el artículo 6, apartado 6, del dispositivo de resolución controvertido podían justificar el proceso de venta pública de Banco Popular. A este respecto, critican esencialmente la falta de indicaciones sobre las razones por las que todas las partes interesadas, a excepción de Banco Santander, se abstuvieron de presentar una oferta. Además, opinan que la JUR debería haber precisado en el dispositivo de resolución controvertido la razón por la que el FROB no concedió a una de esas partes un nuevo plazo para presentar oferta. Por otra parte, señalan que tampoco se explicó cómo se fijó el precio de venta de Banco Popular.
132
Asimismo, las recurrentes consideran que, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en el apartado 553 de la sentencia recurrida, la motivación relativa al plan de resolución de 2016 contenida en los considerandos 44 a 46 del dispositivo de resolución controvertido era insuficiente, porque estos considerandos obviaban mecanismos tales como el plan de contingencia previsto para obtener liquidez rápidamente y el escenario para sobrevivir a una crisis de liquidez durante cuatro meses, que podrían haber solucionado problemas de liquidez.
133
Por último, las recurrentes opinan que el dispositivo de resolución controvertido también debería haber explicado, contrariamente a las consideraciones expuestas en el apartado 551 de la sentencia recurrida, las razones por las que Deloitte cumplía los requisitos de independencia e imparcialidad.
134
En segundo lugar, las recurrentes alegan que la valoración 2 no cumple los requisitos resultantes del artículo 296 TFUE. Aducen que, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en el apartado 558 de la sentencia recurrida, del apartado 82, incisos iv) y viii), de la réplica en primera instancia se desprende que ya impugnaron censuras específicas, relativas a la valoración de las contingencias legales y de las sinergias.
135
Pues bien, a su juicio, la versión no confidencial de la valoración 2 censura pasajes que son esenciales para comprender la valoración de Banco Popular, a saber, en la primera parte, algunos cálculos y el valor total de las partidas de contingencias legales, joint ventures y sinergias; en la segunda parte, los subtotales de cada partida valorada y las cifras totales de recuperación para acreedores en el mejor y peor escenario en caso de insolvencia, y, en los anexos, partes sustanciales. Según las recurrentes, el alcance de estas censuras sobrepasa ampliamente los límites de la obligación de motivación, tal como resulta de la jurisprudencia recordada en el apartado 565 de la sentencia recurrida, y no puede justificarse por la obligación de confidencialidad invocada en el apartado 566 de dicha sentencia.
136
En tercer lugar, las recurrentes alegan que la Decisión 2017/1246 de la Comisión tampoco respeta la obligación de motivación. Por un lado, opinan que el Tribunal General consideró erróneamente, en los apartados 576 y 577 de la sentencia recurrida, que una decisión mediante la cual, como sucede en el presente caso, la Comisión se limita a manifestar su acuerdo con el contenido de la decisión de la JUR está suficientemente motivada habida cuenta del plazo muy breve de que disponía la Comisión.
137
Por otro lado, las recurrentes critican los apartados 580 a 583 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General consideró que la alegación de aquellas basada en la vulneración de los principios relativos a la delegación de poderes, sentados en la sentencia de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7), constituía una alegación nueva, que debía declararse inadmisible. A este respecto, las recurrentes indican que, en el apartado 153 de su demanda en primera instancia, invocaron claramente la doctrina Meroni en relación con la obligación de control de la Comisión y la falta de motivación en una decisión meramente tácita de la Comisión.
138
La Comisión y Banco Santander sostienen que la sexta parte del segundo motivo de casación es inadmisible porque las recurrentes se limitan a repetir las alegaciones formuladas en primera instancia y no identifican con precisión los apartados criticados de la sentencia recurrida. En cualquier caso, estiman que esta sexta parte carece de fundamento.
139
La JUR y el Reino de España consideran que esta parte es infundada.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
1) Sobre la admisibilidad
140
En cuanto a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión y Banco Santander, procede comenzar recordando que, conforme a jurisprudencia reiterada, del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión, pudiendo, en caso contrario, declararse la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate. No cumple los requisitos de motivación establecidos en dichas disposiciones el recurso de casación que, sin contener siquiera alegaciones destinadas específicamente a identificar el error de Derecho de que supuestamente adolece la sentencia recurrida, se limita a repetir o a reproducir textualmente los motivos y alegaciones ya formulados ante el Tribunal General, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por ese órgano jurisdiccional. Tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal General, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 11 de enero de 2024, Planistat Europe y Charlot/Comisión, C‑363/22 P, EU:C:2024:20, apartados 40 y 41 y jurisprudencia citada).
141
No obstante, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal General, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal General, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido (sentencias de 12 de septiembre de 2006, Reynolds Tobacco y otros/Comisión, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, apartado 51, y de 9 de julio de 2020, Haswani/Consejo, C‑241/19 P, EU:C:2020:545, apartado 50 y jurisprudencia citada).
142
Pues bien, en el presente asunto, la sexta parte del segundo motivo de casación tiene sustancialmente por objeto impugnar la apreciación del Tribunal General sobre varias cuestiones de Derecho que le fueron planteadas en primera instancia en lo que atañe, concretamente, a la obligación de motivación que incumbe a las instituciones en virtud del artículo 296 TFUE. Además, en la medida en que la sexta parte de ese motivo contiene tanto indicaciones precisas sobre los apartados impugnados de la sentencia recurrida como las alegaciones en que se apoya, no puede declararse la inadmisibilidad de dicha parte en su totalidad.
143
Con todo, la primera alegación es parcialmente inadmisible, toda vez que las recurrentes ponen en entredicho la suficiencia de la motivación relativa al plan de resolución de 2016. En efecto, si bien las recurrentes alegaron, como se desprende del apartado 552 de la sentencia recurrida, la falta de motivación en relación, por un lado, con la estrategia de resolución y el instrumento de resolución previstos por ese plan y, por otro lado, con las razones por las que no se siguió ese plan, ahora sostienen que dicho plan preveía mecanismos que habrían permitido evitar la inviabilidad de Banco Popular. Con ello, formulan un argumento nuevo que, por revestir este carácter, debe declararse inadmisible en la fase de casación.
144
En cuanto a la segunda alegación, los argumentos de las recurrentes relativos a la valoración 2 constituyen, como señaló la Abogada General en el punto 61 de sus conclusiones presentadas en el asunto Aeris Invest/Comisión y JUR (C‑535/22 P, EU:C:2024:233) que, según lo indicado en el punto 4 de las mismas, deben interpretarse conjuntamente con sus conclusiones en el presente asunto, un motivo nuevo invocado en la fase de casación, puesto que el Tribunal General afirmó, en el apartado 558 de la sentencia recurrida, que las recurrentes no habían especificado las partes de la valoración 2 que no estaban en condiciones de entender.
145
Aunque las recurrentes impugnan esa afirmación aduciendo que, en el apartado 82, incisos iv) y viii), de la réplica en primera instancia, indicaron censuras específicas de los documentos, relativas a la valoración de las contingencias legales y de las sinergias, procede señalar que, mediante la argumentación expuesta en el citado apartado 82 de esa réplica, las recurrentes alegaban una infracción del artículo 20 del Reglamento MUR y no un incumplimiento de la obligación de motivación. Esto viene corroborado por el hecho de que esa argumentación ponía de manifiesto que las recurrentes estaban en condiciones de entender y de impugnar la valoración 2. Pues bien, en el apartado 558 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó la argumentación de las recurrentes basada en el incumplimiento de la obligación de motivación.
146
Por lo tanto, la segunda alegación de la sexta parte del segundo motivo de casación constituye un motivo nuevo en la medida en que impugna la motivación de la valoración 2 y, por tanto, debe ser declarada inadmisible.
2) Sobre el fondo
147
Mediante las alegaciones primera y tercera de la sexta parte del segundo motivo de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber incumplido los requisitos resultantes del artículo 296 TFUE en relación con el examen de la motivación contenida en el dispositivo de resolución controvertido y en la Decisión 2017/1246.
148
A este respecto, procede recordar que la obligación de motivación constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues este pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo (sentencia de 18 de enero de 2024, Jenkinson/Consejo y otros, C‑46/22 P, EU:C:2024:50, apartado 130 y jurisprudencia citada).
149
Además, según reiterada jurisprudencia, si bien la motivación exigida por el artículo 296 TFUE debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que el interesado pueda conocer las razones de las medidas adoptadas y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control, esa motivación debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y al contexto en el cual este se adopte. Desde esta perspectiva, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que el carácter suficiente de la motivación debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate y, en particular, con el interés que los destinatarios del acto puedan tener en recibir explicaciones (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de mayo de 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, apartados 85 y 87, y de 29 de septiembre de 2022, ABLV Bank/JUR, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, apartado 193 y jurisprudencia citada).
150
Asimismo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el grado de precisión de la motivación de una decisión debe ser proporcionado a las posibilidades materiales y a las circunstancias técnicas o de plazo en las que debe dictarse dicha decisión. Así pues, al redactar un acto, las instituciones de la Unión no están obligadas a definir su postura sobre elementos claramente secundarios ni a prever potenciales objeciones (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, apartado 167 y jurisprudencia citada, y de 6 de noviembre de 2012, Éditions Odile Jacob/Comisión, C‑551/10 P, EU:C:2012:681, apartado 48).
151
Por otra parte, como se ha señalado en los apartados 114 y 115 de la presente sentencia, las instituciones, órganos y organismos de la Unión están obligados en principio, con arreglo al imperativo de la protección del secreto comercial, que está concretado en particular en el artículo 339 TFUE y en los artículos 88, apartado 1, párrafo segundo, y 90, apartado 4, del Reglamento MUR, en relación con el considerando 116 de este Reglamento, a no comunicar información confidencial sujeta a los requisitos del secreto profesional.
152
Pues bien, según la jurisprudencia recordada en el apartado 120 de la presente sentencia, es posible limitar de alguna forma la motivación de un acto lesivo para un justiciable adoptado sobre la base de una apreciación de la posición relativa de operadores privados, si con ello se protege la información relativa a esos operadores que esté cubierta por el secreto comercial. Sin embargo, la obligación de respetar el secreto comercial no puede vaciar la obligación de motivación de su contenido esencial. Por lo tanto, si bien, a la luz de la obligación de respetar el secreto comercial, tal acto puede estar suficientemente motivado sin que deba incluir la totalidad de los datos cuantitativos en que se basa el razonamiento, la motivación tendrá que mostrar de todos modos de manera clara e inequívoca dicho razonamiento y la metodología empleada.
i) Motivación del dispositivo de resolución controvertido
153
En primer lugar, las recurrentes alegan que es insuficiente la motivación relativa a las condiciones de resolución establecidas en el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letras a) y b), del Reglamento MUR.
154
Por lo que respecta a la condición establecida en el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra a), de dicho Reglamento, la crítica formulada en relación con el apartado 543 de la sentencia recurrida se basa en la premisa de que la JUR debería haber examinado si había otras alternativas viables antes de concluir que Banco Popular estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo.
155
Sin embargo, tal exigencia no se desprende del artículo 18, apartados 1, párrafo primero, letra a), y 4, letra c), del Reglamento MUR, según el cual se considerará que un ente tiene graves dificultades o probablemente va a tenerlas si no puede hacer frente al pago de sus deudas o demás pasivos a su vencimiento, o existen elementos objetivos que indiquen que no podrá en un futuro cercano. En estas circunstancias, el Tribunal General declaró acertadamente, en los apartados 542 a 544 de la sentencia recurrida, que las indicaciones relativas al deterioro de la situación de liquidez de Banco Popular que figuraban en los considerandos 23 y 24 del dispositivo de resolución controvertido justificaban de modo suficiente en Derecho la existencia o la probabilidad de graves dificultades respecto de ese banco.
156
Por lo que respecta a la condición establecida en el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento MUR, las recurrentes sostienen que la JUR se limitó a afirmar, sin mayor explicación, que otras alternativas no permitirían solucionar los problemas de liquidez de Banco Popular.
157
No obstante, es preciso señalar que este argumento parte de una lectura manifiestamente equivocada tanto de la sentencia recurrida como del dispositivo de resolución controvertido. En efecto, en el apartado 545 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se basó en las apreciaciones que figuran en los apartados 188 a 192 de dicha sentencia, de los que se desprende que el artículo 3 del dispositivo de resolución controvertido exponía detalladamente las razones que llevaron a la JUR a concluir que no existían medidas alternativas que permitieran solucionar los problemas de liquidez de Banco Popular.
158
Por lo que se refiere, en este contexto, a una provisión urgente de liquidez, del apartado 153 de la sentencia recurrida se desprende que la JUR había indicado, en el considerando 26, letra c), del dispositivo de resolución controvertido, que tal provisión no estaba disponible en el momento de la resolución. Por ende, sobre la base de esa indicación, el Tribunal General declaró, sin incurrir en error de Derecho, en los apartados 556 y 557 de la sentencia recurrida, que la JUR no estaba obligada a precisar las razones de la indisponibilidad de una provisión urgente de liquidez.
159
En segundo lugar, las recurrentes impugnan la motivación relativa a la determinación y la aplicación del instrumento de venta del negocio como instrumento de resolución.
160
Por lo que respecta al apartado 545 de la sentencia recurrida, en la medida en que las recurrentes alegan que la JUR no puntualizó las razones por las que se eligió el instrumento de venta del negocio como instrumento de resolución, debe señalarse que, por el contrario, el Tribunal General apreció en dicho apartado que el artículo 5 del dispositivo de resolución controvertido contenía explicaciones acerca de la elección del citado instrumento y de los motivos por los que la JUR había considerado que los demás instrumentos enumerados en el artículo 22, apartado 2, del Reglamento MUR no permitían alcanzar en la misma medida los objetivos de resolución. Habida cuenta de estas consideraciones del Tribunal General, este argumento relativo a la falta de motivación no puede prosperar.
161
Por lo que respecta al proceso de venta pública de Banco Popular, el Tribunal General consideró, en los apartados 536 y 537 de la sentencia recurrida, que las indicaciones que figuraban en el artículo 6, apartado 6, del dispositivo de resolución controvertido permitían comprender el desarrollo de dicho proceso y que, al término de este, solo se había presentado una oferta válida, que la JUR juzgó prudente aceptar para evitar una insolvencia incontrolada de Banco Popular.
162
Teniendo en cuenta estas indicaciones, el Tribunal General consideró acertadamente que la JUR no estaba obligada a precisar las razones por las que todas las partes interesadas, a excepción de Banco Santander, se habían abstenido de presentar una oferta. Asimismo, del apartado 540 de la sentencia recurrida se desprende que el precio de venta no fue fijado por la JUR, sino que fue el resultado del proceso competitivo de venta llevado a cabo por el FROB y del precio ofrecido por Banco Santander.
163
Además, las recurrentes sostienen equivocadamente que la JUR debería haber incluido en el dispositivo de resolución controvertido un motivo particular explicando la razón por la que el FROB no concedió a una de las partes interesadas un nuevo plazo para presentar oferta. Como señaló el Tribunal General en el apartado 540 de dicha sentencia, dado que esa parte interesada había informado al FROB el 6 de junio de 2017 de que había decidido no presentar una oferta, tal precisión no era necesaria.
164
En tercer y último lugar, en cuanto al argumento de las recurrentes de que el dispositivo de resolución controvertido también debería haber puntualizado que el valorador independiente contratado para realizar la valoración 2 cumplía los requisitos de independencia e imparcialidad, el Tribunal General consideró acertadamente, en el apartado 551 de la sentencia recurrida, que tal puntualización no era necesaria para comprender el dispositivo de resolución controvertido.
165
De ello se sigue que debe desestimarse la primera alegación, basada en la infracción del artículo 296 TFUE en lo referente al dispositivo de resolución controvertido.
ii) Motivación de la Decisión 2017/1246
166
En primer lugar, las recurrentes aducen que el Tribunal General declaró erróneamente, en los apartados 576 y 577 de la sentencia recurrida, que la Decisión 2017/1246, mediante la que la Comisión se limitó a manifestar su acuerdo con el contenido del dispositivo de resolución controvertido, cumple los requisitos resultantes del artículo 296 TFUE habida cuenta del plazo muy breve de que disponía la Comisión.
167
A este respecto, procede señalar que los considerandos 2 a 5 de la Decisión 2017/1246 enuncian los motivos que llevaron a la Comisión a adoptar dicha Decisión. Tras apreciar, fundamentalmente, en los considerandos 2 y 3 de dicha Decisión que, según las indicaciones que figuran en el dispositivo de resolución controvertido, se cumplían todas las condiciones para la resolución establecidas en el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento MUR en relación con Banco Popular y que dicho dispositivo sometía a ese banco a un procedimiento de resolución y determinaba la aplicación del instrumento de venta del negocio, la Comisión precisó, en el considerando 4 de la misma Decisión, que «apr[obaba] el régimen de resolución» y, «en particular, est[aba] de acuerdo con las razones por las que es necesaria una resolución en aras del interés general, aducidas por la JUR de conformidad con el artículo 18, apartado 5, del Reglamento [MUR]». De lo anterior, la Comisión concluyó, en el considerando 5 de la Decisión 2017/1246, que debía aprobarse el dispositivo de resolución controvertido, lo que hizo mediante el artículo 1 de esa Decisión.
168
Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, mediante tal aprobación, la Comisión hace suyos los elementos y los motivos contenidos en dicho dispositivo, de modo que debe, en su caso, responder de ellos ante el juez de la Unión (sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR, C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartado 96). En estas circunstancias, debe considerarse que las razones que llevaron a la JUR a adoptar dicho dispositivo forman parte integrante de la Decisión de aprobación y pueden, por tanto, servir también de motivación a esa aprobación.
169
Por lo tanto, el Tribunal General apreció acertadamente, en el apartado 576 de la sentencia recurrida, que no cabe exigir que la Comisión aporte una justificación adicional de su aprobación, puesto que tal justificación solo podría consistir en una reproducción de los datos ya contenidos en el dispositivo de resolución controvertido. Además, en virtud del artículo 18, apartado 7, del Reglamento MUR, la Comisión no está obligada a efectuar un segundo análisis con respecto al de la JUR, sino únicamente a aprobar o no la decisión de esta.
170
El Tribunal General tampoco incurrió en un error de Derecho al tener en cuenta, en el apartado 577 de la sentencia recurrida, el plazo muy corto de que disponía la Comisión para aprobar el dispositivo de resolución controvertido. Como se ha recordado en el apartado 150 de la presente sentencia, según reiterada jurisprudencia, el grado de precisión de la motivación de una decisión debe ser proporcionado a las posibilidades materiales y a las circunstancias técnicas o de plazo en las que debe dictarse dicha decisión. Pues bien, las circunstancias en las que se adoptó y aprobó el dispositivo de resolución controvertido se caracterizaban por una urgencia cierta.
171
De ello se sigue que el Tribunal General declaró acertadamente, en el apartado 578 de la sentencia recurrida, que la motivación de la Decisión 2017/1246 respetaba los requisitos resultantes del artículo 296 TFUE.
172
En segundo lugar, las recurrentes aducen que, en los apartados 580 a 583 de dicha sentencia, el Tribunal General erró al rechazar por tratarse de una nueva alegación el argumento de las recurrentes basado en la vulneración de los principios relativos a la delegación de poderes, sentados en la sentencia de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7). A este respecto, aducen que, en el apartado 153 de su demanda en primera instancia, ya habían invocado esa alegación.
173
No obstante, de ese apartado de su demanda en primera instancia se desprende que las recurrentes no invocaron la vulneración de los principios relativos a la delegación de poderes, sino que se limitaron a mencionar que la Comisión no había motivado el control que había ejercido sobre los aspectos discrecionales del dispositivo de resolución controvertido.
174
En estas circunstancias, cabe concluir que el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho al considerar que dicha alegación era nueva. Por lo tanto, procede desestimar por infundado este argumento.
175
A luz de estas consideraciones, debe desestimarse en su totalidad la sexta parte del segundo motivo de casación.
C. Sobre la primera parte del primer motivo de casación, basada en la infracción del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento MUR
176
Mediante la primera parte del primer motivo de casación, las recurrentes invocan la infracción del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento MUR. Esta primera parte se divide en tres alegaciones.
1.
Alegaciones de las partes
177
En primer lugar, las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar, en los apartados 133 y 145 de la sentencia recurrida, que la crisis de liquidez a la que se enfrentaba Banco Popular constituía una circunstancia suficiente para justificar la medida de resolución respecto de ese banco, sin necesidad de comprobar previamente si la inviabilidad de este banco podría haberse evitado mediante una provisión urgente de liquidez.
178
Aducen que, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en los apartados 152, 158 y 165 de dicha sentencia, se desprende del artículo 18, apartados 1, párrafo primero, letra a), y 4, letra c), del Reglamento MUR, en relación con el apartado 20 de las directrices de la ABE, de 6 de agosto de 2015, sobre la interpretación de las distintas circunstancias en las que se considera que una entidad es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser de conformidad con el artículo 32, apartado 6, de la Directiva 2014/59 (EBA/GL/2015/07) y con el artículo 41 de la Carta, que la provisión urgente de liquidez debe concederse prioritariamente cuando se constata la existencia o probabilidad de graves dificultades. En su opinión, desde abril de 2017, la JUR debería haber impulsado la concesión de una provisión urgente de liquidez a través del Banco de España o del BCE.
179
En segundo lugar, las recurrentes alegan que el Tribunal General declaró erróneamente, en los apartados 163 a 169 de la sentencia recurrida, que el supuesto incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad por parte de la JUR antes de la adopción del dispositivo de resolución controvertido no era pertinente a efectos de la aplicación del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento MUR. Comienzan aduciendo que el Tribunal General debería haber comprobado cómo habría evolucionado la situación de no haberse producido esa irregularidad. A continuación, señalan que la sentencia recurrida contiene una motivación contradictoria, ya que, por un lado, afirma que el acto impugnado podría anularse si se acredita un impacto suficiente de la irregularidad y, por otro, declara que las razones que condujeron a la resolución son irrelevantes. Además, indican que, en los apartados 168 y 169 de dicha sentencia, el Tribunal General concluyó erróneamente que no era aplicable el principio nemo auditur propiam turpitudinem allegans, explicando que la JUR y la Comisión no obtuvieron ventaja de su conducta ilícita. Según las recurrentes, la ventaja de la JUR en este caso consistió en que se obviaron y se pasaron por alto las declaraciones de su presidenta y las filtraciones de información. Por último, las recurrentes opinan que el considerando 116 del Reglamento MUR establece una presunción iuris tantum según la cual, en opinión de las recurrentes, el incumplimiento de la obligación de confidencialidad constituye la causa de las graves dificultades de Banco Popular.
180
En tercer lugar, las recurrentes alegan que, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en los apartados 173 a 176 de la sentencia recurrida, la JUR y la Comisión, habida cuenta del supuesto incumplimiento de la obligación de confidencialidad, estaban obligadas, en virtud del artículo 41 de la Carta, a actuar con el fin de evitar el perjuicio causado por el incumplimiento de la obligación de confidencialidad y, por tanto, a comprobar la posibilidad de otorgar una provisión urgente de liquidez con la debida antelación o de proponer soluciones alternativas menos gravosas.
181
La JUR y Banco Santander alegan que la primera parte del primer motivo de casación es inadmisible porque las recurrentes se limitan a repetir o a reproducir textualmente los motivos y alegaciones que formularon ante el Tribunal General. La JUR añade que, por lo que se refiere a la ventaja exigida para poder aplicar el principio nemo auditur propiam turpitudinem allegans, las recurrentes formulan un argumento nuevo. Consideran, en todo caso, que esta primera parte carece de fundamento.
182
La Comisión y el Reino de España consideran que la primera parte del primer motivo de casación es infundada.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
a)
Sobre la admisibilidad
183
En cuanto a la excepción de inadmisibilidad basada en la repetición de las alegaciones formuladas ante el Tribunal General, procede señalar que, mediante la primera parte del primer motivo de casación, las recurrentes pretenden impugnar la interpretación del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento MUR y dan indicaciones precisas sobre los apartados impugnados de la sentencia recurrida y las alegaciones en que basan su crítica. Por consiguiente, no puede declararse la inadmisibilidad en su totalidad de la primera parte de este motivo.
184
En cuanto a la afirmación de la JUR de que las recurrentes formulan un argumento nuevo en relación con la aplicación del principio nemo auditur propiam turpitudinem allegans al especificar lo que, según ellas, constituyó la ventaja de que disfrutaron la JUR y la Comisión, basta con señalar que, en su recurso de casación, las recurrentes han expuesto, en esencia, la misma argumentación que en la demanda y en la réplica en primera instancia.
185
Por lo tanto, la primera parte del primer motivo de casación es admisible.
b)
Sobre el fondo
186
Mediante la primera parte del primer motivo de casación, las recurrentes alegan, en esencia, que las causas de la crisis de liquidez de Banco Popular son pertinentes para apreciar la legalidad del dispositivo de resolución controvertido a la luz del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento MUR. Sostienen que de los apartados 133, 145, 152, 158, 163 a 169 y 173 a 176 de la sentencia recurrida se desprende que la JUR incumplió tanto su obligación de confidencialidad como su obligación de intentar evitar la inviabilidad, en particular promoviendo la aportación de una provisión urgente de liquidez a Banco Popular.
187
A este respecto, cabe recordar que las letras a) a c) del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento MUR supeditan, respectivamente, la adopción de un dispositivo de resolución a tres condiciones acumulativas, a saber, primero, que el ente esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo; segundo, que, teniendo en cuenta el calendario y otras circunstancias pertinentes, no existan perspectivas razonables de que otras medidas alternativas del sector privado emprendidas en relación con la entidad puedan impedir su inviabilidad en un plazo de tiempo razonable, y, tercero, que la medida de resolución sea necesaria para el interés público.
188
La primera parte del primer motivo de casación se refiere únicamente a la primera de esas condiciones, esto es, que el ente de que se trate esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo. Por lo que se refiere a esta condición, el artículo 18, apartado 4, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR precisa que se considerará que un ente tiene graves dificultades o probablemente va a tenerlas si no puede hacer frente al pago de sus deudas o demás pasivos a su vencimiento, o existen elementos objetivos que indiquen que no podrá en un futuro cercano.
189
En primer término, debe deducirse del hecho de que el tenor del artículo 18, apartados 1, párrafo primero, letra a), y 4, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR no hace referencia alguna a las circunstancias que puedan originar una situación de graves dificultades que estas disposiciones permiten concluir que el ente en cuestión se encontraba en esa situación, con independencia de que concurran esas eventuales circunstancias.
190
Además, tener en cuenta esas circunstancias sería incompatible con los objetivos del Reglamento MUR, cuya finalidad, como se desprende especialmente de su considerando 58, es mantener la estabilidad financiera, garantizar la continuidad de los servicios financieros básicos y proteger a los depositantes. En particular, las circunstancias que causaron la inviabilidad del banco de que se trata no podían impedir que la JUR adoptara una medida de resolución cuando se daban todas las condiciones establecidas en el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento MUR, por cuanto dicho banco estaba en graves dificultades, no existía solución alternativa y, sobre todo, la resolución respondía al interés público.
191
En estas condiciones, el Tribunal General declaró, sin incurrir en error de Derecho, en los apartados 163 a 166 de la sentencia recurrida, que un dispositivo de resolución se adopta válidamente cuando se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 18 del Reglamento MUR, con independencia de las razones que hayan llevado al ente de que se trate a estar o probablemente ir a estar en graves dificultades.
192
De ello se sigue igualmente que el Tribunal General podía considerar, sin contradecirse, que el dispositivo de resolución controvertido se habría adoptado aun cuando se hubiera acreditado que la existencia o la probabilidad de graves dificultades fue causada por el supuesto incumplimiento de la obligación de confidencialidad. De ello se desprende, por otra parte, que debe desestimarse por inoperante el argumento de las recurrentes basado en una supuesta vulneración por parte del Tribunal General del principio nemo auditur propiam turpitudinem allegans, incluso suponiendo que quepa considerar que la JUR obtuvo o intentó obtener, al adoptar el dispositivo de resolución controvertido, una «ventaja» en el sentido de este principio.
193
En segundo término, el tenor del artículo 18, apartados 1, párrafo primero, letra a), y 4, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR tampoco hace referencia a la existencia o no de soluciones alternativas a la resolución.
194
Como señaló el Tribunal General, en esencia, en los apartados 133, 145 y 147 de la sentencia recurrida, para concluir que un ente está en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo en el sentido del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra a), de dicho Reglamento, basta con que la JUR y la Comisión constaten la existencia de una crisis de liquidez como la contemplada en el artículo 18, apartado 4, párrafo primero, letra c), de dicho Reglamento. En cambio, habida cuenta de las consideraciones que figuran en los apartados 189 a 191 de la presente sentencia, el mero hecho de que las graves dificultades hubieran podido evitarse, en su caso, en el pasado no es un motivo que impida a la JUR y a la Comisión constatar la existencia de esas dificultades.
195
Por otra parte, en cuanto a la supuesta obligación que recae sobre la JUR y la Comisión, en el momento en que se plantean adoptar un dispositivo de resolución respecto de la entidad de que se trate, de comprobar si no existen otras soluciones diferentes de la consistente en tomar tal medida para evitar la situación de graves dificultades, del propio tenor del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento MUR se desprende que tal apreciación guarda relación con la segunda condición a la que está supeditada la adopción de un dispositivo de resolución. De este modo, la eventual disponibilidad de soluciones alternativas no puede poner en entredicho la legalidad de tal dispositivo basándose en la primera condición, establecida en la letra a) de ese artículo 18, apartado 1, párrafo primero.
196
En estas circunstancias, carece de fundamento la alegación de que incumbía a la Comisión y a la JUR, con arreglo al artículo 18, apartados 1, párrafo primero, letra a), y 4, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR, examinar si no existían soluciones alternativas a la adopción del dispositivo de resolución controvertido y, como consecuencia de esa obligación, promover la concesión de una provisión urgente de liquidez a favor de Banco Popular.
197
De ello se sigue que la primera parte del primer motivo de casación es infundada.
D. Sobre la segunda parte del primer motivo de casación, basada en la infracción del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento MUR
198
Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, las recurrentes impugnan la apreciación realizada por el Tribunal General, en los apartados 180 a 229 de la sentencia recurrida, sobre la segunda condición a la que está supeditada la adopción de un dispositivo de resolución establecida en el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento MUR.
1.
Alegaciones de las partes
199
En primer lugar, las recurrentes alegan que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación al afirmar, en los apartados 182 a 184 de la sentencia recurrida, que las alegaciones de aquellas relativas a la concesión de una provisión urgente de liquidez adicional a favor a Banco Popular se basaban en meras conjeturas o eran meras suposiciones. Según las recurrentes, si se le hubiera desembolsado la provisión urgente de liquidez adicional por un importe de 6000 millones de euros, Banco Popular habría podido continuar sus actividades por lo menos hasta el 21 de junio de 2017.
200
En segundo lugar, las recurrentes alegan que la sentencia recurrida adolece de insuficiente motivación en la medida en que, en el apartado 194 de dicha sentencia, el Tribunal General dio por sentado que no había tiempo para suplir la falta de liquidez mediante una ampliación de capital. Aducen que, según los cálculos internos de Banco Popular, una ampliación de capital podía realizarse en el plazo de un mes y la posibilidad se barajaba ya desde antes de junio de 2017.
201
Las recurrentes añaden que, contrariamente a lo considerado por el Tribunal General en los apartados 200 a 203 de la sentencia recurrida, habían acreditado que la ampliación de capital de Banco Popular era viable y podía solucionar los problemas de liquidez de esta entidad. A este respecto, sostienen que el Tribunal General apreció de manera manifiestamente errónea y desnaturalizó el contenido de una carta de Barclays Bank de 3 de junio de 2017 y de una carta de Deutsche Bank de 5 de junio de 2017. Según las recurrentes, dichas cartas demostraban que estos dos bancos habían manifestado un compromiso real de llevar a cabo una ampliación de capital. Consideran que una ampliación de capital habría restaurado la confianza de los accionistas en Banco Popular y, de esta forma, se habrían reducido o eliminado prácticamente las retiradas de depósitos.
202
En tercer lugar, las recurrentes alegan que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas al afirmar, en el apartado 208 de la sentencia recurrida, que las alegaciones relativas a la segregación de activos formuladas por las recurrentes se basaban en meras suposiciones. Las recurrentes indican haber constatado sólidamente que Banco Popular estaba trabajando desde hacía tiempo en la venta de activos inmobiliarios improductivos por valor de 6000 millones de euros en el marco del proyecto «Sunrise». Además, señalan que, tras la resolución, varios fondos presentaron ofertas para los activos improductivos en el marco del proyecto «Nuevo Sunrise», lo que demostraba que existía un interés real por dichos activos.
203
Según las recurrentes, este interés se vio corroborado por ofertas en firme que Banco Popular recibió para activos no estratégicos. Indican que, en el apartado 211 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó sus alegaciones sobre este extremo basándose en que tales alegaciones se apoyaban únicamente en artículos de prensa. Ahora bien, en opinión de las recurrentes, no existe ningún fundamento jurídico para rechazar una prueba porque se basa en artículos de prensa.
204
En cuarto lugar, las recurrentes alegan que la sentencia recurrida adolece de insuficiente motivación y parte de una apreciación sustancialmente errónea de los hechos por cuanto el Tribunal General consideró, en los apartados 223 y 224 de dicha sentencia, que una venta privada a un tercero no constituía una solución alternativa a la adopción del dispositivo de resolución controvertido. Consideran que las ofertas que mencionaron en la demanda en primera instancia permitían acreditar que la eventual adquisición de Banco Popular había suscitado un interés real, contrariamente a lo apreciado por el Tribunal General. Además, en su opinión, la venta privada no fracasó el 29 de mayo de 2017, sino el 6 de junio de 2017, porque la JUR exigió a los interesados que presentasen ofertas en apenas seis horas.
205
En quinto lugar, las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al sostener, en el apartado 229 de la sentencia recurrida, que las ayudas de Estado y la utilización del Fondo son contrarias a los objetivos de la resolución y que la JUR no puede obligar a un Estado miembro a conceder una ayuda a un ente. Aducen que esas ayudas están previstas expresamente en los artículos 18, apartados 4, párrafo primero, letra d), inciso iii), y 6, letra c), y 19, apartados 1 y 3, del Reglamento MUR. Además, consideran que resulta del considerando 52 de dicho Reglamento que la JUR, aun cuando no pueda obligar a los Estados miembros a conceder una ayuda a un ente, estaba facultada, no obstante, para proponer la concesión de una ayuda o impulsar la utilización del Fondo, lo que podría haber hecho en combinación con cualquier otra solución.
206
La Comisión, la JUR, el Reino de España y Banco Santander alegan que esta argumentación es inadmisible porque las recurrentes se limitan a repetir o a reproducir textualmente los motivos y alegaciones formulados en primera instancia, sin explicar cómo incurrió en error de Derecho el Tribunal General.
207
En cuanto al fondo, consideran, en esencia, que las alegaciones formuladas en apoyo de la segunda parte del primer motivo de casación no demuestran que el Tribunal General incurriera, en los apartados 182 a 229 de la sentencia recurrida, en un error de Derecho al examinar las cinco medidas alternativas que las recurrentes invocan ahora.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
208
Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, las recurrentes alegan, en esencia, que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación o desnaturalizó las pruebas al desestimar, en los apartados 179 a 229 de la sentencia recurrida, la alegación de aquellas de que la JUR había infringido el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento MUR.
209
A este respecto, procede señalar que, ante el Tribunal General, las recurrentes sostuvieron que, contrariamente a lo que la JUR había constatado en el dispositivo de resolución controvertido, existían al menos seis medidas viables que constituían sendas alternativas a una medida de resolución. Mediante las cinco alegaciones formuladas en apoyo de esta segunda parte del primer motivo de casación, impugnan las apreciaciones del Tribunal General relativas, respectivamente, a cinco de esas medidas, a saber, en primer lugar, la provisión urgente de liquidez adicional; en segundo lugar, la ampliación de capital; en tercer lugar, la segregación de activos; en cuarto lugar, la venta privada a un tercero, y, en quinto lugar, la financiación a través del Fondo o mediante una ayuda de Estado.
210
Pues bien, por lo que respecta a las alegaciones primera a cuarta formuladas en apoyo de la segunda parte del primer motivo de casación, procede señalar que, con la argumentación resumida en los apartados 199, 200 y 204 de la presente sentencia, las recurrentes no precisan la forma en que la motivación expuesta en los apartados 182 a 184, 194, 223 y 224 de la sentencia recurrida no permite comprender el razonamiento del Tribunal General, sino que impugnan, en realidad, la fundamentación de dicho razonamiento e instan, por tanto, al Tribunal de Justicia a volver a examinar elementos de hecho que ya invocaron ante el Tribunal General.
211
Pues bien, según reiterada jurisprudencia, del artículo 256 TFUE, apartado 1, y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho y que el Tribunal General es, por tanto, el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y las pruebas. La apreciación de los hechos y de las pruebas no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en sede de casación, salvo cuando tales hechos o pruebas hayan sido desnaturalizados (sentencia de 25 de enero de 2022, Comisión/European Food y otros, C‑638/19 P, EU:C:2022:50, apartado 71 y jurisprudencia citada).
212
Por lo que respecta a la desnaturalización invocada por las recurrentes, procede señalar que, mediante las alegaciones resumidas en los apartados 201 y 202 de la presente sentencia, solo invocan tal desnaturalización con respecto a las consideraciones que figuran en los apartados 200 a 203 y 208 de la sentencia recurrida. Sin embargo, con arreglo a reiterada jurisprudencia, cuando un recurrente alega una desnaturalización, el artículo 256 TFUE, el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento lo obligan a indicar con precisión los elementos que, a su juicio, han sido desnaturalizados por el Tribunal General y a demostrar los errores de análisis que lo llevaron, en su apreciación, a incurrir en esa desnaturalización. Por otra parte, la desnaturalización debe resultar manifiesta a la vista de los documentos que obran en autos, sin necesidad de efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de noviembre de 2022, Comisión/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, apartado 55 y jurisprudencia citada).
213
Pues bien, es preciso señalar que, por lo que respecta a los apartados 200 a 203 y 208 de la sentencia recurrida, las recurrentes se limitan a alegar la desnaturalización refiriéndose a una multitud de documentos adjuntos al recurso de casación, sin precisar en modo alguno los errores de análisis en que supuestamente incurrió el Tribunal General en el marco de su apreciación. Además, por lo que respecta a los extractos de los documentos a que se refieren los apartados 200 a 203 de dicha sentencia, debe señalarse que dichos extractos no solo distan mucho de evidenciar una desnaturalización manifiesta, sino que, por el contrario, confirman la apreciación realizada por el Tribunal General por lo que respecta a la inexistencia de un compromiso firme de los bancos de que se trata. Así pues, resulta que las recurrentes pretenden, en esencia, obtener una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas por parte del Tribunal de Justicia. En consecuencia, las anteriores alegaciones deben desestimarse por ser inadmisibles.
214
Por otra parte, en cuanto al argumento resumido en el apartado 203 de la presente sentencia, la crítica formulada con respecto al apartado 211 de la sentencia recurrida parte de una lectura manifiestamente equivocada de este último apartado. En efecto, de ese apartado se desprende que el Tribunal General precisó en el mismo las razones por las que consideraba que las ventas de activos a que se referían los artículos de prensa en cuestión no podían, a su juicio, impedir la inviabilidad de Banco Popular, sin apreciar por ello que, por principio, los artículos de prensa no pueden ser tomados en consideración como elementos de prueba.
215
Por lo que se refiere a la quinta alegación, dirigida contra el apartado 229 de la sentencia recurrida, las recurrentes sostienen, por un lado, que la financiación por el Fondo habría constituido una medida alternativa en el sentido del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento MUR. Sin embargo, el Tribunal General rechazó esa argumentación no en el apartado 229 de esa sentencia, sino en su apartado 227 por la razón, no rebatida por las recurrentes en su recurso de casación, de que, en virtud del artículo 76, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, la JUR solo puede acceder a la financiación del Fondo en el marco de una medida de resolución. Esta interpretación se ve corroborada por los artículos 18, apartado 6, letra c), y 19, apartado 3, de dicho Reglamento, que detallan las condiciones de utilización del Fondo en un dispositivo de resolución y presuponen, por tanto, que se cumpla la condición establecida en el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra b). Por consiguiente, una financiación por parte del Fondo no puede considerarse una medida alternativa a la resolución en el sentido de esta última disposición. Las anteriores consideraciones no adolecen de error de Derecho alguno.
216
Por otro lado, las recurrentes aducen que la JUR habría podido «proponer» al Reino de España que concediera una ayuda de Estado a Banco Popular. Pues bien, este argumento no desvirtúa la apreciación del Tribunal General que figura en el apartado 228 de la sentencia recurrida, según la cual ni la JUR ni la Comisión estaban en condiciones de obligar a un Estado miembro a aportar una ayuda a un ente.
217
Además, como acertadamente señaló en esencia el Tribunal General en el apartado 229 de la sentencia recurrida, el hecho de considerar, como hacen las recurrentes, que la concesión de una ayuda de Estado podría constituir una «medida alternativa», en el sentido del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento MUR, sería contrario al objetivo de la resolución contemplado en el artículo 14, apartado 2, letra c), de este Reglamento, que indica que deben protegerse los fondos estatales minimizando la dependencia respecto de ayudas financieras públicas extraordinarias. Tal «solución» sería también incompatible con la circunstancia de que, según el artículo 18, apartado 4, párrafo primero, letra d), de dicho Reglamento, la concesión de una ayuda financiera pública extraordinaria tiene como consecuencia, en principio, que se considere que el ente de que se trate tiene graves dificultades o probablemente va a tenerlas.
218
Así pues, debe rechazarse la quinta alegación de la segunda parte del primer motivo de casación por ser infundada.
219
De ello se sigue que la segunda parte del primer motivo de casación es, parcialmente, inadmisible y, parcialmente, infundada.
E. Sobre la tercera parte del primer motivo de casación, basada en la infracción del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR
220
Mediante la tercera parte del primer motivo de casación, las recurrentes invocan la infracción del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR. Esta parte se divide en tres alegaciones.
1.
Alegaciones de las partes
221
En primer lugar, las recurrentes alegan que, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en los apartados 243 a 245 y 247 de la sentencia recurrida, los intereses de los accionistas y acreedores deben ponderarse en relación con el interés público para minimizar el coste de la resolución y evitar una «destrucción de riqueza», en el sentido del artículo 14, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento MUR, que resultaría inútil. Consideran que esta exigencia de proporcionalidad se deriva tanto de las disposiciones del Reglamento MUR, a saber, del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra c), de este Reglamento, en relación con sus artículos 18, apartado 5, 6, apartado 3, letra b), 14 y 15, apartado 2, interpretados a la luz de sus considerandos 45 y 46, como de los artículos 17 y 52 de la Carta y del artículo 1 del primer protocolo adicional al CEDH.
222
Según las recurrentes, la ponderación exigida no debe efectuarse solo con respecto al escenario de liquidación, sino también con respecto a otros instrumentos. Pues bien, a su juicio, el Tribunal General no tuvo en cuenta estas exigencias al declarar, sin haber analizado otras alternativas, que la venta de Banco Popular era la mejor solución.
223
En segundo lugar, las recurrentes alegan que el Tribunal General declaró erróneamente, en los apartados 253 y 254 de la sentencia recurrida, que Banco Popular no había sido discriminado con respecto a entidades de crédito italianas respecto de las cuales, por un lado, la Comisión había aprobado la concesión de una ayuda de Estado y, por otro lado, la JUR se había negado a adoptar un dispositivo de resolución. Las recurrentes aducen que, contrariamente a lo que el Tribunal General consideró en los apartados 253 y 254 de la sentencia recurrida, la concesión de tal ayuda es pertinente para la aplicación del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR. Además, la diferencia de trato no puede justificarse por el hecho de que a diferencia de lo que sucede con Banco Popular, dichas entidades no ejerzan funciones esenciales.
224
En tercer lugar, las recurrentes alegan que, en el apartado 261 de la sentencia recurrida, el Tribunal General inadmitió erróneamente la alegación de las recurrentes relativa al carácter desproporcionado del proceso de venta por considerarla extemporánea. En este sentido, las recurrentes sostienen que, en su réplica en primera instancia, justificaron la formulación de esta alegación remitiéndose a la publicación de nueva documentación sobre dicho proceso con posterioridad a la presentación del escrito de demanda.
225
La Comisión, la JUR y Banco Santander alegan que la tercera parte del primer motivo de casación es inadmisible porque las recurrentes se limitan a repetir o a reproducir textualmente los motivos y alegaciones ya formulados ante el Tribunal General. En todo caso, sostienen que esta tercera parte es infundada.
226
El Reino de España sostiene que esta parte carece de fundamento.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
227
En cuanto a la admisibilidad de la tercera parte del primer motivo de casación, la Comisión, la JUR y Banco Santander sostienen equivocadamente que las recurrentes se limitan a reiterar las alegaciones ya formuladas ante el Tribunal General. En efecto, mediante las tres alegaciones de esta parte, las recurrentes impugnan, en particular, la fundamentación de la interpretación y la aplicación por el Tribunal General del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR y del principio de proporcionalidad y dan indicaciones precisas sobre los apartados impugnados de la sentencia recurrida y las alegaciones en que se apoyan.
228
En cuanto al fondo, las recurrentes muestran su disconformidad, en primer lugar, con los apartados 243 a 245 y 247 de la sentencia recurrida. Sostienen, en esencia, que, en el marco de la aplicación del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR, la JUR está obligada a ponderar los intereses de los accionistas y acreedores en relación con el interés público para minimizar el coste de la resolución y evitar una destrucción innecesaria de riqueza. Según las recurrentes, la ponderación exigida no debe efectuarse solo con respecto al escenario de liquidación, sino también con respecto a otros instrumentos.
229
Esta alegación no puede prosperar.
230
El artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR dispone que la adopción de una medida de resolución debe ser necesaria para el interés público, lo que, de conformidad con el apartado 5 de dicho artículo, se producirá cuando dicha medida resulte necesaria para alcanzar, de forma proporcionada, uno o varios de los objetivos de resolución expuestos en el artículo 14 de dicho Reglamento. Se desprende claramente de la redacción de ese artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra c), que no es preciso tener en cuenta soluciones alternativas a la resolución y a la liquidación de la entidad en cuestión, lo que queda corroborado por el contexto en el que se inscribe esta última disposición.
231
En efecto, como se ha recordado en el apartado 187 de la presente sentencia, el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letras a) a c), del Reglamento MUR supedita la adopción de un dispositivo de resolución a tres condiciones acumulativas, la última de las cuales tiene por objeto el hecho de que la medida de resolución sea necesaria para el interés público, mientras que la segunda de ellas atañe, precisamente, a la falta de soluciones alternativas a la resolución y a la liquidación. Así pues, el examen de si existen soluciones alternativas a la resolución y a la liquidación debe realizarse en el marco de la comprobación de la segunda de estas condiciones, establecida en el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra b), de dicho Reglamento.
232
Por lo que respecta a la consideración de los intereses de los accionistas y acreedores, procede señalar que, si bien el examen de la tercera condición, relativa al interés público, debe, en virtud del artículo 18, apartados 1, párrafo primero, letra c), y 5, del Reglamento MUR, tener en cuenta los objetivos de resolución expuestos en el artículo 14, apartado 2, párrafo primero, de este Reglamento, no puede sino constatarse que la protección de los intereses de los accionistas y acreedores no figura entre tales objetivos, como tampoco figuran la limitación del coste de la resolución o la prevención de destrucción de riqueza. Efectivamente, si bien, según el párrafo segundo de la última disposición citada, la JUR, el Consejo, la Comisión y, cuando proceda, las autoridades nacionales de resolución deberán procurar tomar en consideración estos dos últimos aspectos para alcanzar los objetivos de la resolución contemplados en el artículo 14, apartado 1, párrafo primero, de ese mismo Reglamento, no quedan sujetos a esta obligación de medios en lo que respecta a la protección de los intereses de los accionistas y los acreedores.
233
Además, en el apartado 246 de la sentencia recurrida, el Tribunal General subrayó acertadamente que la «destrucción de riqueza», en el sentido del artículo 14, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento MUR no se refiere únicamente a los intereses patrimoniales de los accionistas y de los titulares de instrumentos de capital del ente, sino también a los de los depositantes de este, sus empleados y demás acreedores. En particular, del propio tenor de ese párrafo segundo se desprende que la JUR y la Comisión solo tratarán de minimizar el coste de la resolución y de evitar toda destrucción de riqueza que no sea necesaria para alcanzar los objetivos de la resolución.
234
En estas circunstancias, el Tribunal General declaró, sin incurrir en error de Derecho, en el apartado 243 de la sentencia recurrida, que el cumplimiento de la condición de resolución establecida en el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR no obliga a ponderar, específicamente, el interés público que reviste la resolución del ente de que se trate y los derechos de los accionistas y acreedores.
235
Contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, la necesidad de tener en cuenta únicamente los intereses privados de los accionistas y acreedores tampoco se impone a la luz del principio de proporcionalidad, tal como este está consagrado en las disposiciones del Reglamento MUR mencionadas en el apartado 221 de la presente sentencia, ni a la luz de los artículos 17 y 52, apartado 1, de la Carta.
236
Como se desprende de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al principio de proporcionalidad, no puede perseguirse un objetivo de interés general sin tener en cuenta que tal objetivo debe conciliarse con los derechos fundamentales a los que afecta la medida, efectuando una ponderación equilibrada entre, por un lado, el objetivo de interés general, y, por otro, los derechos en cuestión [véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de diciembre de 2022, Orde van Vlaamse Balies y otros, C‑694/20, EU:C:2022:963, apartado 41 y jurisprudencia citada, y de 23 de marzo de 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Excepción al principio non bis in idem), C‑365/21, EU:C:2023:236, apartado 59]. Ahora bien, como se ha señalado en el apartado 233 de la presente sentencia, los derechos de los accionistas y acreedores no son los únicos derechos que deben tenerse en cuenta en el contexto de la resolución.
237
Por lo tanto, la primera alegación formulada en apoyo de la tercera parte del primer motivo de casación debe desestimarse por ser infundada.
238
Por lo que respecta a la segunda alegación, basada en una supuesta discriminación de Banco Popular respecto de entidades de crédito italianas que se habrían beneficiado de ayudas de Estado aunque no desempeñaban funciones esenciales, se desprende, por un lado, de las consideraciones expuestas en los apartados 230 y 231 de la presente sentencia que la existencia de eventuales soluciones alternativas carece de pertinencia para apreciar la condición establecida en el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento MUR, pues tales soluciones están contempladas en la letra b) de esa disposición. De este modo, el Tribunal General declaró acertadamente, en el apartado 253 de la sentencia recurrida, que las alegaciones relativas a soluciones alternativas no guardaban relación alguna con el respeto del criterio del interés público.
239
Por otro lado, en cuanto al argumento de las recurrentes de que la discriminación de Banco Popular con respecto a entidades de crédito italianas no puede justificarse por el hecho de que estas no ejercían funciones esenciales, la argumentación de las recurrentes parte de una lectura manifiestamente equivocada del apartado 254 de la sentencia recurrida. En efecto, según las indicaciones que figuran en ese apartado, la JUR no solo se basó en la inexistencia de funciones esenciales de dichas entidades de crédito, sino también en la consideración de que la liquidación de esas entidades no tendría repercusiones negativas importantes sobre la estabilidad financiera. Así pues, resulta que la JUR se basó precisamente en el criterio establecido en el artículo 18, apartados 1, párrafo primero, letra c), y 5, del Reglamento MUR, que puede justificar una diferencia de trato.
240
Mediante su tercera alegación, las recurrentes sostienen que, en el apartado 261 de la sentencia recurrida, el Tribunal General inadmitió erróneamente la alegación de aquellas relativa al carácter desproporcionado del proceso de venta por considerarla extemporánea, pese a que las recurrentes, en la réplica en primera instancia, habían justificado la presentación de dicha alegación por la publicación de nueva documentación sobre dicho proceso.
241
A este respecto, es cierto que de la lectura conjunta de los apartados 1, 47 y 48 de esta réplica se desprende que la alegación de las recurrentes basada en la irregularidad del proceso de venta se basaba, en parte, en documentos que no estaban disponibles en el momento de la interposición del recurso en primera instancia.
242
No obstante, esta circunstancia no permite demostrar, por sí sola, que el Tribunal General considerara erróneamente, en el apartado 261 de la sentencia recurrida, que las recurrentes no habían justificado por qué no habían cuestionado la regularidad del proceso de venta en su escrito de demanda.
243
En efecto, puesto que la argumentación de las recurrentes se basaba también en documentos disponibles en el momento de la presentación de esta demanda, les incumbía justificar por qué el hecho de no haber tenido a su disposición esos documentos publicados posteriormente les había impedido cuestionar, desde ese momento, tal regularidad, recurriendo, en su caso, a una ampliación de esta argumentación en un momento posterior mediante estos últimos documentos.
244
Pues bien, es preciso señalar que, en el marco del presente recurso de casación, las recurrentes tampoco aportan tal prueba.
245
De ello se sigue que debe desestimarse la tercera alegación de la tercera parte del primer motivo de casación por ser infundada y, en consecuencia, debe desestimarse esta parte en su totalidad.
F. Sobre las partes primera a cuarta del segundo motivo de casación, basadas en la infracción del artículo 20 del Reglamento MUR
246
Mediante las partes primera a cuarta del segundo motivo de casación, las recurrentes invocan errores de Derecho supuestamente cometidos por el Tribunal General al interpretar y aplicar el artículo 20 del Reglamento MUR en relación con las valoraciones 1 y 2.
247
Con carácter preliminar, procede recordar que, en virtud del artículo 20, apartado 1, del Reglamento MUR, la JUR velará por que una persona independiente realice una valoración razonable, prudente y realista del activo y del pasivo del ente de que se trate antes de tomar una decisión sobre una medida de resolución o sobre el ejercicio de la competencia de amortización o conversión de instrumentos de capital pertinentes.
248
Por lo que respecta a esa valoración, los apartados 2, 3, 10 y 11 de dicho artículo 20 distinguen entre valoraciones definitivas, a saber, aquellas que cumplen todos los requisitos establecidos en los apartados 1 y 4 a 9 de este artículo, y valoraciones provisionales, que no cumplen todos esos requisitos. Dicho esto, en virtud del artículo 20, apartado 13, del Reglamento MUR, una valoración provisional, efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartados 10 y 11, de dicho Reglamento, se considerará una base válida para que la JUR decida adoptar medidas de resolución o ejercer las competencias de amortización o conversión de instrumentos de capital pertinentes.
249
En el presente asunto, las valoraciones 1 y 2 fueron adoptadas como valoraciones provisionales. La valoración 1, redactada el 5 de junio de 2017 por la JUR con arreglo al artículo 20, apartado 5, letra a), del Reglamento MUR, tenía por objeto informar la determinación de si se cumplían las condiciones para la resolución, tal como quedan definidas en el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento.
250
El 6 de junio de 2017, Deloitte remitió a la JUR la valoración 2, que tenía por objeto realizar las evaluaciones previstas en el artículo 20, apartados 4, 5, letra f), y 9, del citado Reglamento.
251
Ese mismo día, el BCE, previa consulta a la JUR, llevó a cabo una evaluación de la primera condición de resolución para determinar si Banco Popular estaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo, con arreglo al artículo 18, apartado 1, párrafo primero, del mismo Reglamento.
252
Mediante las partes primera a tercera del segundo motivo de casación, las recurrentes aducen, entre otras cosas, que las valoraciones 1 y 2 no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 20, apartados 1, 4, 5, 7 y 9, del Reglamento MUR, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en la sentencia recurrida. Mediante la cuarta parte de este motivo, basada en la infracción del artículo 20, apartados 10 y 11, de dicho Reglamento, las recurrentes sostienen, en esencia, que las valoraciones provisionales solo pueden considerarse una base válida para la adopción de una medida de resolución si van seguidas de una valoración definitiva a posteriori.
1.
Primera parte del segundo motivo de casación
253
Mediante la primera parte del segundo motivo de casación, las recurrentes afirman que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General, las valoraciones 1 y 2 no cumplían los requisitos del artículo 20, apartados 1 y 4, del Reglamento MUR.
a)
Alegaciones de las partes
254
Mediante la primera alegación de esta parte, las recurrentes aducen que, habida cuenta de las reservas expresadas en las valoraciones 1 y 2, estas valoraciones no pueden considerarse razonables, prudentes y realistas. En cuanto a la valoración 1, las recurrentes sostienen que el Tribunal General consideró erróneamente, en los apartados 347 y 294 de la sentencia recurrida, que dicha valoración había quedado obsoleta a raíz de la evaluación del BCE acerca de si Banco Popular estaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo, puesto que, en opinión de las recurrentes, la JUR no puede delegar dicha valoración en el BCE. En cuanto a la valoración 2, las recurrentes invocan una contradicción entre, por un lado, lo recordado por el Tribunal General en el apartado 353 de dicha sentencia, a saber, que la valoración debe basarse en hipótesis justas, prudentes y realistas, y, por otro lado, la conclusión de dicho Tribunal, en el apartado 357 de la misma sentencia, según la cual esas exigencias se satisfacían pese a las reservas expresadas por Deloitte.
255
La segunda alegación se basa en la infracción del artículo 20, apartados 1 y 4, del Reglamento MUR, interpretado a la luz de las precisiones contenidas en el artículo 8 del proyecto de normas técnicas de regulación. Las recurrentes consideran que, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en los apartados 359 y 360 de la sentencia recurrida, de esas disposiciones del Reglamento MUR se desprende que, incluso en el caso de las valoraciones provisionales, la evaluación debe referirse a todos los elementos del activo y del pasivo de la entidad en cuestión.
256
Mediante su tercera alegación, las recurrentes aducen que el Tribunal General declaró erróneamente, en el apartado 392 de la sentencia recurrida, que la valoración de determinados activos en la valoración 2 no constituía una infravaloración contraria al artículo 20, apartado 1, del Reglamento RMUR. En cuanto a los préstamos y partidas por cobrar mencionados en los apartados 370 y 371 de dicha sentencia, las recurrentes alegan que el artículo 8 del proyecto de normas técnicas de regulación se aplica únicamente a los activos que requieren una atención particular en el momento de la valoración. En cuanto a los apartados 378 y 379 de la misma sentencia, sostienen que la diferencia entre el valor de los activos fiscales establecido en la valoración 2 y el establecido en los cálculos de Banco Santander después de la resolución no puede justificarse por las bases imponibles negativas. Sostienen también que, en los apartados 386 y 387 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró erróneamente que la atribución de un valor nulo al fondo de comercio estaba justificada, puesto que, como señalan, Banco Popular continuó con sus operaciones como entidad independiente de Banco Santander hasta el 4 de octubre de 2018. Además, en cuanto a la incidencia del escaso rendimiento de Banco Popular en materia de activos intangibles, las recurrentes opinan que la motivación de la sentencia recurrida es puramente especulativa.
257
Mediante su cuarta alegación, las recurrentes aducen que la amplia horquilla de valoración establecida por Deloitte en la valoración 2 es imprudente, irrazonable e irrealista. A este respecto, opinan que el Tribunal General señaló erróneamente, en el apartado 396 de la sentencia recurrida, que las recurrentes habían cuestionado la credibilidad de dicha horquilla sin formular ninguna alegación específica. Por otra parte, consideran que, a pesar de que el artículo 2, apartado 3, del proyecto de normas técnicas de regulación permite presentar la valoración en forma de intervalos de valores, el amplio intervalo de valores de Deloitte no puede obedecer al criterio de una valoración razonable, prudente y realista.
258
Mediante su quinta alegación, las recurrentes sostienen que, en los apartados 404 a 409 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó erróneamente las alegaciones por las que las recurrentes cuestionaban el cálculo del valor del activo neto en las valoraciones 1 y 2 y en la evaluación del BCE para determinar si Banco Popular estaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo. Aducen que las dos valoraciones, habida cuenta de que realizaron una estimación del valor de Banco Popular, son comparables, con independencia de que sus objetivos y bases jurídicas fuesen diferentes. Además, por las razones expuestas en el marco de su primera alegación, resumidas en el apartado 254 de la presente sentencia, opinan que el Tribunal General consideró erróneamente que la valoración 1 había quedado obsoleta a raíz de esa evaluación del BCE. En cuanto a las contradicciones entre la valoración 2 y dicha evaluación del BCE, estiman que es irrelevante que se utilice un valor económico o contable, porque la valoración 2 contiene cálculos relativos a los activos improductivos contrarios a los contenidos en la evaluación del BCE para determinar si Banco Popular estaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo. En cualquier caso, el valor negativo que arroja la valoración 2 implica que Banco Popular era insolvente, lo que contradice manifiestamente esa evaluación del BCE.
259
Según la Comisión y Banco Santander, la primera parte del segundo motivo de casación es inadmisible porque las recurrentes se limitan a reproducir las alegaciones que ya formularon ante el Tribunal General. En todo caso, consideran que esta primera parte es infundada.
260
La JUR y el Reino de España consideran que esta parte es infundada.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
261
En cuanto a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión y Banco Santander, procede señalar que, mediante la primera parte del segundo motivo de casación, las recurrentes pretenden, en esencia, impugnar la interpretación hecha por el Tribunal General del artículo 20, apartados 1 y 4, del Reglamento MUR. Además, el recurso de casación contiene tanto indicaciones precisas sobre los apartados impugnados de la sentencia recurrida como las alegaciones en que las recurrentes basan su crítica. En estas circunstancias, no puede declararse la inadmisibilidad de la primera parte de este motivo.
262
En cuanto al fondo, las recurrentes formulan cinco alegaciones en apoyo de la primera parte del segundo motivo de casación.
1) Primera alegación
263
Mediante esta primera alegación, las recurrentes impugnan los apartados 347 y 357 de la sentencia recurrida, aduciendo que las reservas expresadas en las valoraciones 1 y 2 sobre la fiabilidad y suficiencia de la información verificada y la exactitud de los resultados expresados podían poner en entredicho el carácter razonable, prudente y realista de dichas evaluaciones.
264
Por lo que respecta a la valoración 1, de los apartados 296 y 347 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General consideró que esta alegación era inoperante, puesto que dicha valoración había quedado obsoleta a raíz de la evaluación del BCE acerca de si existían respecto de Banco Popular graves dificultades o probablemente fueran a existir. Si bien las recurrentes sostienen que la JUR no puede «delegar» esta valoración en el BCE, no tienen en cuenta que, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, el artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento MUR confiere al BCE una competencia prioritaria para proceder a esa evaluación, basada en los conocimientos especializados de que dispone como organismo supervisor, ya que, al tener acceso, como tal, a toda la información prudencial sobre la entidad de que se trate, el BCE es quien está en mejores condiciones para determinar si se cumple esa condición, a la vista de la definición de ente que tiene graves dificultades o que probablemente va a tenerlas que figura en el artículo 18, apartado 4, párrafo primero, del citado Reglamento, que se refiere, en particular, a elementos vinculados a la situación prudencial, como los requisitos de autorización, el importe del activo comparado con el del pasivo o el endeudamiento actual o futuro (sentencia de 6 de mayo de 2021, ABLV Bank y otros/BCE, C‑551/19 P y C‑552/19 P, EU:C:2021:369, apartado 62). En el presente asunto, es preciso añadir que la evaluación del BCE acerca de si existían respecto de Banco Popular graves dificultades o probablemente fueran a existir se basaba, además, en datos más recientes que la valoración 1.
265
De ello resulta que el Tribunal General apreció sin incurrir en error de Derecho, en los apartados 294 a 296 y 347 de la sentencia recurrida, que la evaluación del BCE acerca de si existían respecto de Banco Popular graves dificultades o probablemente fueran a existir tornó obsoleta la valoración 1, relativa a esa misma situación.
266
Por lo que respecta a la valoración 2, debe indicarse que la argumentación de las recurrentes parte de una lectura manifiestamente errónea del apartado 353 de la sentencia recurrida. Contrariamente a lo que sostienen, el Tribunal General no se limitó a señalar que la valoración de la entidad de que se trate debe basarse en hipótesis justas, prudentes y realistas, sino que subrayó que el valorador también debía tener en cuenta diferentes factores y circunstancias. Pues bien, según las constataciones fácticas del Tribunal General que figuran en el apartado 356 de esa sentencia, la valoración 2 se basaba en hipótesis, había tomado en consideración múltiples factores y se apoyaba en estimaciones y evaluaciones prospectivas. Además, en el apartado 357 de dicha sentencia, el Tribunal General consideró acertadamente que, habida cuenta de las restricciones temporales y de la información disponible, determinadas incertidumbres y aproximaciones son inherentes a cualquier valoración provisional efectuada con arreglo al artículo 20, apartado 10, del Reglamento MUR.
267
En estas circunstancias, debe considerarse que, en el apartado 357 de la misma sentencia, el Tribunal General declaró, acertadamente y sin contradecir la constatación que figura en el apartado 353 de la referida sentencia, que las reservas formuladas por Deloitte no podían poner en entredicho el carácter razonable, prudente y realista de la valoración 2.
268
Por consiguiente, la primera alegación debe desestimarse por ser infundada.
2) Segunda alegación
269
Las recurrentes sostienen que, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en los apartados 359 y 360 de la sentencia recurrida, del artículo 20, apartados 1 y 4, del Reglamento MUR y del artículo 8 del proyecto de normas técnicas de regulación se desprende que incluso las valoraciones provisionales deben contener una evaluación de todos los elementos del activo y del pasivo, y no pueden centrarse en algunos de esos elementos.
270
A este respecto, procede señalar que el artículo 20, apartado 1, del Reglamento MUR dispone que la valoración del activo y del pasivo debe ser «razonable, prudente y realista», sin exigir, no obstante, que se determinen de forma exhaustiva todos los elementos del activo y del pasivo. Tal exigencia tampoco se desprende del artículo 20, apartado 4, de dicho Reglamento, que se limita a señalar que «el objetivo de la valoración será evaluar el valor del activo y el pasivo».
271
Pues bien, como se puntualiza en el artículo 20, apartado 10, segunda frase, del Reglamento MUR, si bien, en una situación de urgencia, la valoración provisional deberá incluir una estimación del activo y del pasivo, solo deberá cumplir la exigencia de ser razonable, prudente y realista en la medida en que lo permitan las circunstancias. En efecto, una determinación exhaustiva de todos los elementos del activo y del pasivo puede resultar imposible en una situación de urgencia, como la que caracteriza la adopción de valoraciones provisionales.
272
En el mismo orden de ideas, el artículo 8 del proyecto de normas técnicas de regulación establece que el valorador prestará especial atención a los ámbitos sujetos a una incertidumbre significativa en la valoración que tengan una incidencia sustancial en la valoración global.
273
En estas circunstancias, el Tribunal General declaró acertadamente, en los apartados 359 y 360 de la sentencia recurrida, que, habida cuenta del poco tiempo disponible, Deloitte podía ceñirse a priorizar el examen de la información disponible, centrándose únicamente en los elementos clave del activo y del pasivo de Banco Popular cuya valoración fuese muy incierta.
274
De ello se sigue que debe desestimarse la segunda alegación.
3) Tercera alegación
275
En relación con la tercera alegación, cabe recordar que, en la medida en que la JUR y la Comisión deben tomar decisiones de carácter técnico y efectuar previsiones y apreciaciones complejas al adoptar un dispositivo de resolución, debe reconocérseles un cierto margen de apreciación. Habida cuenta de este margen de apreciación, el control jurisdiccional que el juez de la Unión debe ejercer en cuanto a si están fundadas las razones de un dispositivo de resolución no debe llevarlo a sustituir la apreciación de la JUR y de la Comisión por la suya propia, sino que tiene la finalidad de comprobar que dicha decisión no esté basada en hechos materialmente inexactos ni esté viciada de ningún error manifiesto de apreciación o de desviación de poder (véase, por analogía, la sentencia de 4 de mayo de 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368 apartado 55 y jurisprudencia citada). Estos principios se aplican a la valoración del pasivo y del activo de una entidad bancaria prevista en el artículo 20, apartados 1, 3, 10, 11 y 13, del Reglamento MUR, ya sea realizada dicha valoración por la JUR o, a petición de esta, por un experto independiente.
276
Por lo que respecta a los préstamos y las partidas por cobrar mencionados en los apartados 370 y 371 de la sentencia recurrida, las recurrentes se limitan a señalar que, en su opinión, el artículo 8 del proyecto de normas técnicas de regulación se aplica únicamente a los activos que requieren una especial atención en el momento de la valoración. No obstante, en el apartado 370 de dicha sentencia, el Tribunal General declaró que los préstamos y partidas por cobrar forman parte de los ámbitos a los que se refiere dicha disposición, sujetos a una incertidumbre significativa y a los que el valorador debe prestar especial atención. Pues bien, en su recurso de casación, las recurrentes no exponen ningún argumento que ponga en entredicho específicamente esa apreciación, sino que solicitan, en esencia, al Tribunal de Justicia que efectúe una nueva apreciación de los hechos, lo cual no resulta posible en el marco de un recurso de casación. Por lo tanto, tal alegación es inadmisible.
277
Por lo que respecta a los apartados 378 y 379 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró en ellos que la valoración de los activos fiscales efectuada por Banco Santander a raíz de la resolución de Banco Popular no permitía acreditar que Deloitte hubiera infravalorado dichos activos. A este respecto, señaló, en particular, que el valor dado a esos activos por Banco Santander dependía, entre otras cosas, de las sinergias entre esta entidad bancaria y Banco Popular, mientras que Deloitte debía determinar el valor de las diferentes categorías de activos no para un comprador determinado, sino para cualquier comprador potencial. Pues bien, las recurrentes cuestionan la fundamentación de estas apreciaciones fácticas y solicitan, por tanto, al Tribunal de Justicia que efectúe una nueva apreciación de los hechos, de modo que su pretensión en este sentido debe ser declarada inadmisible.
278
Por último, en los apartados 386 y 387 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó las explicaciones proporcionadas por Deloitte sobre el método de evaluación de los bienes intangibles, que puntualizaba que, en su opinión, el escaso rendimiento de Banco Popular era una indicación del posible deterioro de los activos intangibles. En el recurso de casación, las recurrentes impugnan estas apreciaciones e invocan el carácter supuestamente especulativo de esta última constatación, basándose en hechos posteriores a la resolución. De ello se deduce que, una vez más, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que efectúe una nueva apreciación de los hechos, lo cual es inadmisible en la fase de casación.
279
De ello se sigue que debe desestimarse la tercera alegación por ser inadmisible.
4) Cuarta alegación
280
Por lo que respecta a la horquilla de valores establecida en la valoración 2, de los apartados 395 a 400 de la sentencia recurrida se desprende que, según las indicaciones facilitadas por Deloitte, la diferencia entre los valores estimados para los distintos escenarios se justificaba por el método utilizado en dicha valoración, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del proyecto de normas técnicas de regulación.
281
Ahora bien, aunque las recurrentes sostienen en su recurso de casación que la horquilla establecida era demasiado amplia para que pudiera considerarse razonable, prudente y realista, reconocen que el método de valoración elegido era conforme con dicha disposición. Así pues, otra vez, las recurrentes están solicitando al Tribunal de Justicia que efectúe una nueva apreciación de los hechos, lo cual es inadmisible en la fase de casación.
282
Por lo tanto, la cuarta alegación es inadmisible.
5) Quinta alegación
283
Mediante su quinta alegación, las recurrentes aducen que, en los apartados 404 a 409 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó erróneamente la alegación de aquellas de que existía una contradicción entre el valor del activo de la valoración 2, situado en una horquilla comprendida entre 1300 millones de euros y menos 8200 millones de euros, y el valor del activo que arrojaban la valoración 1 y la evaluación del BCE para determinar si Banco Popular estaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo, que concluyeron que Banco Popular era solvente.
284
En primer lugar, las recurrentes sostienen, en esencia, que la circunstancia de que tanto la JUR como Deloitte procedieran a una valoración de Banco Popular basta, por sí sola, para hacer que las valoraciones 1 y 2 sean comparables, con independencia de que sus objetivos y bases jurídicas fuesen diferentes.
285
No obstante, el Tribunal General apreció fundadamente, en el apartado 406 de la sentencia recurrida, que los objetivos diferentes perseguidos por las valoraciones 1 y 2 implicaban que dichas valoraciones debían basarse en criterios de evaluación diferentes, establecidos en el proyecto de normas técnicas de regulación de la ABE. El Tribunal General recordó, más concretamente, que, según dicho proyecto de normas técnicas de regulación, la valoración 1 tiene por objeto principal determinar si el valor total de los elementos del activo de la entidad supera el de los elementos de su pasivo, es decir, determinar su solvencia de acuerdo con su balance, mientras que la valoración 2 debe basarse, no en el valor contable, sino en el valor económico de la entidad.
286
Habida cuenta de estas diferencias, el Tribunal General podía desestimar, sin incurrir en error de Derecho, el argumento basado en una supuesta contradicción entre esas valoraciones.
287
En segundo lugar, en vista de las consideraciones que figuran en el apartado 264 de la presente sentencia, el Tribunal General declaró acertadamente que la evaluación del BCE acerca de si existían respecto de Banco Popular graves dificultades o probablemente fueran a existir tornó obsoleta la valoración 1, relativa a esa misma situación.
288
Por lo que respecta, en tercer lugar, a las supuestas contradicciones entre la valoración 2 y esa evaluación del BCE, las recurrentes no rebaten la afirmación que figura en el apartado 409 de la sentencia recurrida, según la cual la valoración 2 debía tener en cuenta el valor económico y no el valor contable de Banco Popular, lo que permite excluir la existencia de una contradicción manifiesta entre el valor económico negativo que arrojaba dicha valoración y la constatación, que figura, en particular, en dicha evaluación del BCE, de que Banco Popular era solvente.
289
Por otra parte, a falta de cualquier precisión sobre las supuestas contradicciones relativas al cálculo de los activos improductivos, el argumento basado en tales contradicciones no basta para acreditar un error de Derecho cometido por el Tribunal General.
290
De ello se sigue que debe desestimarse la quinta alegación y, en consecuencia, en su totalidad, la primera parte del segundo motivo de casación por ser infundadas.
2.
Segunda parte del segundo motivo de casación, basada en la infracción del artículo 20, apartado 5, del Reglamento MUR
291
Mediante la segunda parte del segundo motivo de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en varios errores de Derecho al examinar la conformidad de las valoraciones 1 y 2 con el artículo 20, apartado 5, del Reglamento MUR.
a)
Alegaciones de las partes
292
En primer lugar, las recurrentes alegan que, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en los apartados 292 y 293 de la sentencia recurrida, el análisis previsto en el artículo 20, apartado 5, letra a), del Reglamento MUR debe ser efectuado por una persona independiente y no por la JUR. En segundo lugar, alegan que, en el apartado 298 de dicha sentencia, el Tribunal General indicó erróneamente que las recurrentes no habían formulado alegaciones en relación con el artículo 20, apartado 5, letra c), de ese Reglamento, pese a que, en su réplica en primera instancia, las recurrentes habían sostenido que las valoraciones 1 y 2 no habían analizado la finalidad contemplada en esta última disposición. En tercer término, las recurrentes alegan que el Tribunal General declaró, sin aportar ninguna prueba ni fundamentarlo, en los apartados 299 y 301 de la sentencia recurrida, que la valoración 2 incluía el análisis previsto en el artículo 20, apartado 5, letras b), f) y g), de dicho Reglamento.
293
Banco Santander alega la inadmisibilidad de la segunda parte del segundo motivo de casación, aduciendo que las recurrentes se limitan a reproducir las alegaciones que ya formularon ante el Tribunal General. Estima que, en cualquier caso, esta parte carece de fundamento.
294
La Comisión, la JUR y el Reino de España consideran que la segunda parte del segundo motivo de casación es infundada.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
1) Sobre la admisibilidad
295
En cuanto a la excepción de inadmisibilidad propuesta por Banco Santander, procede señalar que, mediante la segunda parte del segundo motivo de casación, las recurrentes pretenden impugnar la interpretación hecha por el Tribunal General del artículo 20, apartado 5, del Reglamento MUR y dan indicaciones precisas sobre los apartados impugnados de la sentencia recurrida y las alegaciones en que basan su crítica. Por consiguiente, no puede declararse la inadmisibilidad en su totalidad de la segunda parte de este motivo.
296
Dicho esto, por lo que respecta a la tercera alegación formulada en apoyo de esta parte, el Tribunal General declaró, basándose en el dispositivo de resolución controvertido y en el informe de Deloitte, que este valorador había tenido en cuenta las finalidades fijadas en el artículo 20, apartado 5, letras b), f) y g), del Reglamento MUR a efectos de su análisis. Habida cuenta de que las recurrentes invocan ahora una falta de análisis de esas finalidades en la valoración 2, están impugnando con ello las apreciaciones fácticas del Tribunal General, sin invocar, no obstante, una desnaturalización. Por consiguiente, la tercera alegación de la segunda parte del segundo motivo es inadmisible.
2) Sobre el fondo
297
Por lo que respecta a la primera alegación, cabe recordar que el artículo 20, apartado 5, del Reglamento MUR precisa las finalidades que debe perseguir la valoración del activo y del pasivo prevista en el artículo 20, apartado 1, de este Reglamento. Si bien esta última disposición dispone que esta valoración debe ser realizada por una persona independiente tanto de las autoridades públicas, entre ellas la JUR y la autoridad nacional de resolución, como del ente de que se trate, el artículo 20, apartado 3, de dicho Reglamento establece expresamente que la JUR podrá realizar una valoración provisional del activo y del pasivo, cuando no sea posible efectuar una valoración independiente.
298
Así pues, el Tribunal General declaró acertadamente, en los apartados 292 y 293 de la sentencia recurrida, que el análisis de la finalidad prevista en el artículo 20, apartado 5, letra a), del Reglamento MUR no siempre debe ser realizado por un experto independiente.
299
Por lo tanto, la primera alegación de la segunda parte del segundo motivo de casación es infundada.
300
Por lo que respecta a la segunda alegación, las recurrentes impugnan acertadamente la exactitud de la afirmación que figura en el apartado 298 de la sentencia recurrida, según la cual no formularon, ni en su demanda ni en su réplica en primera instancia, ninguna alegación específica relativa a la finalidad contemplada en el artículo 20, apartado 5, letra c), del Reglamento MUR, porque, efectivamente, en la réplica invocaron la inexistencia de valoración a la luz de dicha finalidad.
301
Con todo, como señaló la Abogada General en el punto 48 de sus conclusiones, el Tribunal General pudo, pese a ello, apreciar sin incurrir en error de Derecho, en los apartados 302 y 303 de la sentencia recurrida, que la valoración 1 era conforme con las disposiciones del Reglamento MUR, basándose en el artículo 20, apartados 10 y 11, de dicho Reglamento.
302
A este respecto, procede señalar que el artículo 20, apartado 10, de dicho Reglamento precisa que, en caso de urgencia, si bien algunos de los requisitos de la valoración deben cumplirse, otros solo deben cumplirse en la medida de lo posible. Pues bien, en relación con estos dos tipos de exigencias, esta disposición no menciona el análisis de las finalidades de la valoración enumeradas en el artículo 20, apartado 5, del citado Reglamento.
303
Además, el artículo 20, apartado 11, del Reglamento MUR dispone explícitamente que toda valoración que no cumpla todos los requisitos establecidos en los apartados 1 y 4 a 9 de dicho artículo se considerará provisional hasta que una persona independiente haya llevado a cabo una valoración que cumpla plenamente dichos requisitos. De conformidad con el artículo 20, apartado 13, de dicho Reglamento, tal valoración provisional se considerará una base válida para que la JUR decida adoptar medidas de resolución. Así pues, la supuesta falta de consideración de la finalidad contemplada en el artículo 20, apartado 5, letra c), del mismo Reglamento no tiene como consecuencia que dicha valoración sea ilegal, sino únicamente que tiene carácter provisional.
304
Por lo tanto, la segunda alegación de la segunda parte del segundo motivo de casación es inoperante.
305
De ello se sigue que la segunda parte del segundo motivo de casación es, parcialmente, inadmisible y, parcialmente, infundada.
3.
Tercera parte del segundo motivo de casación, basada en la infracción del artículo 20, apartados 7 y 9, del Reglamento MUR
306
Mediante la tercera parte del segundo motivo de casación, las recurrentes invocan una infracción del artículo 20, apartados 7 y 9, del Reglamento MUR. Esta parte se divide en dos alegaciones.
a)
Alegaciones de las partes
307
Mediante la primera alegación, las recurrentes sostienen que, en los apartados 417 y 418 de la sentencia recurrida, el Tribunal General infringió el artículo 20, apartado 7, del Reglamento MUR al declarar que las deficiencias en la documentación contable mencionadas en la valoración 2 no eran pertinentes, ya que figuraban en la parte del informe dedicada al análisis del escenario de liquidación. Sin embargo, las recurrentes consideran que la valoración 2, sobre la base de esa misma disposición, evaluaba precisamente si los inversores hubieran quedado en peor o mejor situación en un escenario de liquidación.
308
Mediante su segunda alegación, basada en la infracción del artículo 20, apartado 9, del Reglamento MUR, las recurrentes aducen que el Tribunal General no tuvo en cuenta el propio tenor de dicha disposición al declarar, en los apartados 421 a 423 de la sentencia recurrida, que la cuestión del tratamiento de las diferentes categorías de accionistas y acreedores en un escenario de liquidación no forma parte de la valoración 2, sino de la valoración 3.
309
Según Banco Santander, la tercera parte del segundo motivo de casación es inadmisible porque las recurrentes se limitan a reproducir las alegaciones que ya formularon ante el Tribunal General. En todo caso, considera que esta parte del segundo motivo de casación es infundada.
310
La Comisión, la JUR y el Reino de España consideran que la tercera parte de este motivo de casación es infundada.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
311
En cuanto a la excepción de inadmisibilidad, procede señalar que, mediante la tercera parte del segundo motivo de casación, las recurrentes aducen que, en los apartados 417, 418 y 421 a 423 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó erróneamente varias alegaciones que impugnaban la conformidad de la valoración 2 con el artículo 20, apartados 7 y 9, del Reglamento MUR.
312
Así pues, en contra de lo sostenido por Banco Santander, las recurrentes no se limitan a reiterar las alegaciones formuladas en primera instancia, de modo que esas alegaciones son admisibles.
313
Con todo, la tercera parte del segundo motivo de casación debe desestimarse por ser inoperante.
314
Por lo que respecta a la primera alegación de esta parte, basada en la infracción del artículo 20, apartado 7, del Reglamento MUR, debe indicarse que los apartados impugnados de la sentencia recurrida atañen al examen realizado por el Tribunal General de la alegación de las recurrentes según la cual la valoración 2 debía completarse con un balance actualizado y con un informe sobre la situación financiera de cada uno de los entes que conformaban el grupo Banco Popular.
315
Pues bien, para desestimar esa alegación, en los apartados 416 a 419 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se basó solo a mayor abundamiento en la falta de pertinencia de los documentos presentados ante él En efecto, en el apartado 415 de dicha sentencia, ya había señalado que la citada exigencia no resultaba del artículo 20, apartado 7, del Reglamento MUR. Además, en el apartado 414 de la misma sentencia, había recordado que, en virtud del artículo 20, apartado 10, de dicho Reglamento, una valoración provisional como la valoración 2 únicamente debía cumplir los requisitos establecidos en el artículo 20, apartados 7 y 9, del mismo Reglamento en la medida en que lo permitan las circunstancias.
316
Estas consideraciones, que las recurrentes no impugnan en el recurso de casación, fundamentan de modo suficiente en Derecho la desestimación de su alegación basada en la infracción del artículo 20, apartado 7, del Reglamento MUR.
317
Por lo que respecta a la segunda alegación de la tercera parte del segundo motivo de casación, basada en la infracción del artículo 20, apartado 9, del Reglamento MUR, las recurrentes se limitan a impugnar los apartados 421 a 423 de la sentencia recurrida, por cuanto el Tribunal General consideró en ellos que la cuestión del tratamiento de las diferentes categorías de accionistas y acreedores en un escenario de liquidación no forma parte de la valoración 2, sino de la valoración 3.
318
Sin embargo, de los apartados 420, 421 y 423, in fine, de dicha sentencia se desprende que, para desestimar la alegación de las recurrentes basada en la infracción del artículo 20, apartado 9, del Reglamento MUR, el Tribunal General se basó también en la constatación de que la valoración 2 había satisfecho las exigencias que se derivan de dicha disposición en la medida en que lo permitieron las circunstancias, de conformidad con el artículo 20, apartado 10, de dicho Reglamento. Las recurrentes no rebaten esta constatación, de modo que la segunda alegación también es inoperante.
319
Por lo tanto, debe desestimarse la tercera parte del segundo motivo de casación.
4.
Cuarta parte del segundo motivo de casación, basada en la infracción del artículo 20, apartados 10 y 11, del Reglamento MUR
a)
Alegaciones de las partes
320
Mediante la cuarta parte del segundo motivo de casación, las recurrentes sostienen que el Tribunal General infringió el artículo 20, apartados 10 y 11, del Reglamento MUR al declarar, en los apartados 277 a 284 de la sentencia recurrida, que el hecho de no adoptar una valoración definitiva a posteriori no podía afectar a la validez del dispositivo de resolución controvertido.
321
Las recurrentes opinan que, si bien en virtud del artículo 20, apartado 13, de ese Reglamento, una valoración provisional debe efectuarse de conformidad con lo dispuesto en los apartados 10 y 11 de dicho artículo para que se la pueda considerar una base válida de las medidas de resolución antes de que esta se produzca, del artículo 20, apartado 11, de dicho Reglamento se desprende que una valoración provisional debe ir seguida de una valoración definitiva a posteriori; en caso contrario, la obligación de llevar a cabo valoraciones definitivas carecería de pertinencia.
322
Por otra parte, las recurrentes consideran que, si bien en virtud del artículo 20, apartado 10, del Reglamento MUR, los requisitos establecidos en los apartados 1, 7 y 9 de dicho artículo solo deben cumplirse siempre que ello sea razonablemente posible habida cuenta de las circunstancias, esta disposición no exime expresamente a la JUR de observar las exigencias que se derivan del artículo 20, apartado 5, de dicho Reglamento. En este contexto, las recurrentes añaden que, en los apartados 283 y 284 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó erróneamente la alegación de aquellas de que la no emisión de valoraciones definitivas demostraba la inexactitud de las versiones provisionales de esas valoraciones.
323
La Comisión, la JUR, el Reino de España y Banco Santander consideran infundada esta argumentación.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
324
Mediante la cuarta parte del segundo motivo de casación, las recurrentes impugnan los apartados 277 a 284 de la sentencia recurrida, aduciendo que, en su opinión, una valoración provisional solo puede ser considerada una base válida para decidir las medidas de resolución si va seguida de una valoración definitiva a posteriori.
325
A este respecto, es cierto que el artículo 20, apartado 13, del Reglamento MUR se refiere a valoraciones provisionales efectuadas «de conformidad con lo dispuesto en los apartados 10 y 11 [de dicho artículo]», lo que parece indicar que una valoración provisional debe cumplir los requisitos establecidos en los apartados 10 y 11 de ese artículo para poder ser considerada una base válida a efectos de la adopción de una medida de resolución. No obstante, el artículo 20, apartado 11, de dicho Reglamento dispone que una valoración que no cumpla todos los requisitos establecidos en los apartados 1 y 4 a 9 de dicho artículo 20 se considerará provisional «hasta que una persona independiente […] haya llevado a cabo una valoración […] definitiva a posteriori […] tan pronto como sea posible». De los propios términos, en particular de la expresión «hasta que», se desprende que la realización de una valoración definitiva a posteriori no constituye un requisito para que una valoración pueda considerarse provisional.
326
Las recurrentes aducen erróneamente que esta interpretación puede privar de todo efecto útil a la valoración definitiva a posteriori prevista en el artículo 20, apartado 11, del Reglamento MUR. A tenor de esta disposición, las finalidades de tal valoración son garantizar que las eventuales pérdidas del ente de que se trate se consignen plenamente en la contabilidad de este e informar la decisión de restablecer los derechos de los acreedores o de incrementar el valor del contravalor abonado, de conformidad con el artículo 20, apartado 12, de dicho Reglamento.
327
Además, como la valoración definitiva a posteriori se adopta, teniendo en cuenta dichas finalidades, necesariamente después de la aprobación del dispositivo de resolución, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto (sentencia de 3 de septiembre de 2015, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, apartado 22 y jurisprudencia citada).
328
Por lo tanto, el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho al declarar, en los apartados 277 a 284 de la sentencia recurrida, que el hecho de no adoptar una valoración definitiva a posteriori no podía afectar a la validez del dispositivo de resolución controvertido.
329
Por lo que respecta a la alegación de que el hecho de que no se emitieran valoraciones definitivas a posteriori demuestra la inexactitud de las versiones provisionales de las valoraciones, el Tribunal General señaló acertadamente que esta alegación es puramente especulativa y, en cualquier caso, no impugna la inexistencia de una valoración definitiva a posteriori, sino la valoración 2.
330
Por otra parte, si bien las recurrentes indican que el artículo 20, apartado 10, del Reglamento MUR no hace referencia a las exigencias que se derivan del apartado 5 de dicho artículo, procede señalar que esta alegación se refiere a los errores de Derecho invocados en el marco de la segunda alegación de la segunda parte del segundo motivo y debe ser desestimada por los mismos motivos que los que figuran en los apartados 300 a 303 de la presente sentencia.
331
De ello se sigue que la cuarta parte de este motivo es infundada.
G. Sobre el tercer motivo de casación, relativo a la pretensión de indemnización vinculada a la anulación del dispositivo de resolución controvertido y de la Decisión 2017/1246
332
Mediante su tercer motivo de casación, las recurrentes sostienen que, en los apartados 590 y 591 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó erróneamente la pretensión de indemnización de aquellas vinculada a la anulación del dispositivo de resolución controvertido y de la Decisión 2017/1246.
333
Como señaló la Abogada General en el punto 60 de sus conclusiones, las recurrentes se limitan a este respecto a identificar los apartados criticados de la sentencia recurrida y a afirmar que mantienen sus alegaciones relativas a la ilegalidad de dichas Decisiones y su pretensión de indemnización basada en esa ilegalidad, sin especificar el error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General.
334
Ahora bien, de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en el apartado 140 de la presente sentencia, un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia o del auto cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión, pudiendo, en caso contrario, declararse la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate.
335
En estas condiciones, debe declararse la inadmisibilidad del tercer motivo de casación.
H. Sobre la primera parte del cuarto motivo de casación, basada en el incumplimiento de la obligación de confidencialidad
336
Mediante la primera parte del cuarto motivo de casación, las recurrentes sostienen que el Tribunal General, al examinar la pretensión de aquellas relativa a la responsabilidad extracontractual por incumplimiento de la obligación de confidencialidad, incurrió en errores de Derecho al interpretar el artículo 339 TFUE y los artículos 88 y 91 del Reglamento MUR, en relación con el considerando 116 de este. Esta parte se divide en ocho alegaciones.
1.
Alegaciones de las partes
337
En primer lugar, las recurrentes alegan que el Tribunal General no tuvo en cuenta las exigencias de diligencia y prudencia que se derivan de los artículos 88 y 91 del Reglamento MUR, en relación con el considerando 116 de este, y del artículo 339 TFUE al declarar, en los apartados 613 y 616 a 618 de la sentencia recurrida, que la presidenta de la JUR no había vulnerado ni el principio de confidencialidad ni la obligación de secreto profesional en la entrevista que concedió a la cadena de televisión Bloomberg, cuando, según las recurrentes, en esa entrevista, la presidenta de la JUR confirmó que la JUR estaba supervisando a Banco Popular, en contra de lo que habría hecho una administración normalmente prudente y diligente.
338
Las recurrentes indican que, habida cuenta del considerando 116 del Reglamento MUR, debe presumirse que la mera información de que la JUR está examinando un ente determinado podría repercutir negativamente en este. A este respecto, opinan que la existencia de prensa negativa previa sobre Banco Popular, lejos de eximir a la JUR de responsabilidad, evidencia que hubieran debido extremarse las precauciones respecto a cualquier mención de Banco Popular. Por otra parte, entienden que el mercado interpretó que las afirmaciones realizadas en dicha entrevista eran un indicio de que podía adoptarse una medida de resolución.
339
En segundo lugar, las recurrentes alegan, en esencia, que se aplicaron criterios jurídicos diferentes. Aducen que, en el marco del examen de la responsabilidad de la JUR, el Tribunal General limitó, en los apartados 615 y 616 de la sentencia recurrida, el alcance del considerando 116 del Reglamento MUR a las situaciones en las que se haya revelado específicamente que un banco iba a ser objeto de un procedimiento de resolución. En cambio, en el marco del examen relativo al derecho a ser oído, que figura en los apartados 485 a 488 de dicha sentencia, el Tribunal General consideró que la mera comunicación de información sobre el hecho de que un ente está en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo puede tener efectos negativos.
340
En tercer lugar, las recurrentes alegan que el Tribunal General, en los apartados 613 y 616 de la sentencia recurrida, minimizó la importancia del impacto de las declaraciones de la presidenta de la JUR sobre la situación de Banco Popular, comparando esas declaraciones con un artículo anterior aparecido en el periódico El Confidencial, de 15 de mayo de 2017, que ponía de manifiesto que Banco Popular estaba siendo inspeccionado por el BCE. Sin embargo, las recurrentes consideran que el examen del BCE, en su calidad de supervisor bancario, al que se refería ese artículo de periódico no es comparable en modo alguno con el hecho de ser vigilado por la JUR, como tampoco consideran comparable la publicación de un artículo en prensa no financiera con las declaraciones de la presidenta de la JUR en la cadena de televisión Bloomberg. Por otra parte, las recurrentes aducen que, a diferencia de lo que sucede con la fecha de dichas declaraciones, la fecha de publicación del artículo de prensa de 15 de mayo de 2017 no aparece en ningún documento oficial como una fecha en la que se constataron fugas de depósitos o el desplome de la acción.
341
En cuarto lugar, por lo que respecta al artículo de prensa publicado el 31 de mayo de 2017 por la agencia Reuters, las recurrentes alegan que, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en el apartado 625 de la sentencia recurrida, la filtración de información interna recogida en dicho artículo daba a entender al mercado que Banco Popular iba a ser objeto de una medida de resolución, a pesar del desmentido de la JUR en un comunicado de prensa posterior. En cuanto a las consideraciones que figuran en los apartados 627 a 632 de dicha sentencia, las recurrentes sostienen que, si bien otros artículos de prensa, publicados los días 11 y 15 de mayo de 2017 en el periódico El Confidencial, ya habían mencionado un riesgo de quiebra de Banco Popular, ninguno de esos artículos mencionaba fuentes de la Unión, a diferencia del artículo publicado por la agencia Reuters. En cualquier caso, consideran que el Tribunal General no tuvo en cuenta que, en realidad, se estableció un vínculo entre el artículo publicado por la agencia Reuters el 31 de mayo de 2017 y las declaraciones de 23 de mayo de 2017 hechas por la presidenta de la JUR, lo que provocó un pánico generalizado en el mercado.
342
En quinto lugar, las recurrentes exponen que el considerando 116 y el artículo 88 del Reglamento MUR establecen una presunción iuris tantum en cuanto a la existencia de una relación de causalidad entre, por un lado, las declaraciones, filtraciones y otras comunicaciones al público efectuadas incumpliendo la obligación de confidencialidad y, por otro lado, el perjuicio causado. Consideran que, en caso de incumplimiento de esta obligación, la carga de la prueba se invierte y corresponde a los organismos de la Unión probar la inexistencia de tal relación. En consecuencia, las recurrentes alegan que, en los apartados 636 a 641 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta dicha presunción.
343
En sexto lugar, las recurrentes indican que los dos correos electrónicos internos de 10 y 18 de agosto de 2017, relativos a una potencial filtración de información, que aportaron ante el Tribunal General demuestran que la JUR no había establecido ningún mecanismo automático eficaz de control o de alerta de las filtraciones y de las declaraciones de su presidenta. Alegan que, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en los apartados 644 y 645 de la sentencia recurrida, la falta de tal mecanismo era pertinente para apreciar un incumplimiento de la obligación de confidencialidad.
344
En séptimo lugar, las recurrentes alegan que el Tribunal General se abstuvo erróneamente, en los apartados 609 y 610 de la sentencia recurrida, de pronunciarse sobre las alegaciones de las recurrentes relativas a las filtraciones de información a las Administraciones españolas, que cuentan con un miembro en la JUR.
345
En octavo y último lugar, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber desestimado, en los apartados 647 a 651 de la sentencia recurrida, la alegación de aquellas relativa a la supuesta actitud pasiva de la JUR y de la Comisión, basándose en que las recurrentes no explicaron qué reprochaban a la Comisión y a la JUR ni indicaron cuál era la disposición cuya infracción invocaban, y en que, en el supuesto de que las recurrentes se refirieran a las alegaciones formuladas en el marco de la pretensión de anulación, dichas alegaciones ya habían sido desestimadas.
346
Sin embargo, las recurrentes señalan que, en el apartado 169, incisos ii) y iii), de su demanda presentada en primera instancia, invocaron, en relación con las declaraciones y filtraciones de la JUR y el proceso de toma de decisiones, la vulneración de los principios de buena administración y de diligencia, del principio nemo auditur, de la obligación de motivación, del principio de proporcionalidad, en relación con el artículo 17 de la Carta, y del principio de no discriminación. A su juicio, estos principios y derechos fundamentales pueden generar la responsabilidad extracontractual de la JUR y de la Comisión por la infracción del artículo 88 del Reglamento MUR y por la falta de prudencia y cuidado al aplicar el artículo 18 de dicho Reglamento, por cuanto adoptaron una medida de resolución respecto de Banco Popular de forma atropellada y se incurrió en una serie de omisiones y actuaciones contrarias a Derecho que causaron perjuicio a las recurrentes. Las recurrentes alegan que mantienen esas alegaciones e invocan los errores de Derecho ya señalados en el marco de los motivos de casación primero y segundo.
347
La JUR alega que la primera parte del cuarto motivo de casación es inadmisible porque el recurso de casación, en esta parte, se limita a reiterar las alegaciones ya formuladas en primera instancia. La Comisión alega, por las mismas razones, la inadmisibilidad de la octava alegación formulada en apoyo de esta parte del motivo, señalando que los argumentos presentados son genéricos e imprecisos, lo que impide a la parte contraria defenderse eficazmente.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
348
Con carácter preliminar, y en cuanto la JUR alega que la primera parte del cuarto motivo de casación se limita a reiterar las alegaciones ya formuladas en primera instancia, procede señalar que, en esta parte, el recurso de casación pretende impugnar esencialmente la fundamentación de la motivación del Tribunal General en relación con varias cuestiones de Derecho que se le plantearon en relación con el incumplimiento de la obligación de confidencialidad por parte de la JUR o de la Comisión. Además, habida cuenta de que esta parte contiene tanto indicaciones precisas sobre los apartados impugnados de la sentencia recurrida como las alegaciones en que se apoya, no puede declararse la inadmisibilidad de esta parte en su totalidad.
349
Por lo demás, las excepciones de inadmisibilidad se limitan a determinadas alegaciones invocadas en apoyo de la primera parte del cuarto motivo. Procede abordarlas en el marco del análisis de la correspondiente alegación.
a)
Alegaciones primera a tercera, basadas en el incumplimiento de la obligación de confidencialidad
350
Mediante las alegaciones primera a tercera de la primera parte del cuarto motivo de casación, las recurrentes sostienen, en esencia, que los apartados 611 a 618 de la sentencia recurrida reflejan una interpretación y una aplicación erróneas de la obligación de confidencialidad que resulta del artículo 339 TFUE y de los artículos 88 y 91 del Reglamento MUR, a la luz del considerando 116 de este, habida cuenta de las declaraciones de la presidenta de la JUR en la entrevista que concedió a la cadena de televisión Bloomberg el 23 de mayo de 2017.
351
Por lo que respecta, en primer lugar, a la interpretación de la obligación de confidencialidad, las recurrentes reprochan al Tribunal General no haber considerado que el mero hecho de indicar que la JUR supervisa un ente particular puede representar un incumplimiento de dicha obligación.
352
En virtud del artículo 339 TFUE, los miembros de las instituciones de la Unión y los funcionarios y agentes de esta estarán obligados, incluso después de haber cesado en sus cargos, a no divulgar las informaciones que, por su naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional, en especial, los datos relativos a las empresas y que se refieran a sus relaciones comerciales o a los elementos de sus costes.
353
En lo referente a la JUR, el artículo 88, apartado 1, del Reglamento MUR establece que los miembros de la JUR y, en concreto, el personal de este organismo estarán sujetos a los requisitos del secreto profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 TFUE y las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión. A tal efecto, en particular, les estará prohibido revelar información confidencial que hayan recibido en el curso de sus actividades profesionales a ninguna persona o autoridad, a menos que sea en el ejercicio de sus funciones o en forma resumida o colectiva que impida la identificación del ente de que se trate. Sin embargo, el artículo 88, apartado 1, del Reglamento MUR no especifica lo que constituye información confidencial.
354
A este respecto, el considerando 116 de dicho Reglamento comienza precisando que «la información sobre el contenido y los pormenores de los planes de resolución, así como el resultado de toda evaluación de dichos planes, pueden tener unos efectos de gran alcance, en particular para las entidades afectadas» y que «debe presumirse que cualquier información facilitada sobre una decisión antes de su adopción, ya sea sobre si se reúnen o no las condiciones para la resolución, sobre el uso de un instrumento específico o sobre cualquier medida del procedimiento, repercute en los intereses públicos y privados afectados por la medida».
355
A continuación, dicho considerando señala que «la mera información de que la [JUR] y las autoridades nacionales de resolución están examinando un ente determinado podría, por sí misma, repercutir negativamente en este», por lo que es «necesario garantizar que se dispone de los mecanismos adecuados para mantener la confidencialidad de tal información».
356
Por último, ese mismo considerando especifica a qué información se refiere, a saber, «el contenido y los pormenores de los planes de resolución y el resultado de cualquier evaluación realizada en ese contexto». Pues bien, esta información atañe, al igual que la mencionada en el apartado 354 de la presente sentencia, a una medida de resolución.
357
De ello se desprende que la mera información de que la JUR y las autoridades nacionales de resolución están examinando un ente particular en el marco o en previsión de un procedimiento o de una medida de resolución podría repercutir negativamente en dicho ente y, por tanto, ha de considerarse que esa información está comprendida en la obligación de confidencialidad establecida en el artículo 88, apartado 1, del Reglamento MUR.
358
Por otra parte, de los considerandos 15 y 89 de dicho Reglamento se desprende el importante nivel de imbricación entre las funciones de supervisión atribuidas en el marco del MUS al BCE, entre otros, y la misión encomendada a la JUR por el Reglamento MUR. De lo anterior resulta que, a fin de aumentar la eficacia del MUR, la JUR debe cooperar estrechamente con el BCE y las demás autoridades facultadas para supervisar los entes en el marco del MUS, en particular cuando se trate de grupos sujetos a la supervisión consolidada del BCE. En estas condiciones, el artículo 30, apartado 2, del Reglamento MUR establece que —en particular, pero no exclusivamente, en las fases de planificación de la resolución, actuación temprana y resolución— la JUR y el BCE deberán cooperar estrechamente entre sí y facilitarse mutuamente toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.
359
Así pues, la JUR, al igual que el BCE, también está obligada a seguir la evolución de los mercados financieros y, especialmente, a supervisar a las entidades cubiertas por el Reglamento MUR, para poder intervenir de manera eficaz y rápida en caso de que una entidad de crédito esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo.
360
Por consiguiente, en principio, no puede considerarse que la mera información de que la JUR supervisa junto con el BCE a una entidad de crédito, entre otras entidades cubiertas por el Reglamento MUR, esté comprendida en la obligación de confidencialidad establecida en el artículo 88, apartado 1, del Reglamento MUR, si no concurren elementos adicionales que indiquen que la JUR actúa en el marco o en previsión de un procedimiento o de una medida de resolución.
361
En el presente asunto, de los apartados 613 y 615 a 617 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General se basó precisamente en que la información controvertida no se refería a la situación particular del ente de que se trata o no permitía relacionar a este con un procedimiento o una medida de resolución.
362
En efecto, en cuanto al extracto de la entrevista reproducido en el apartado 612 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló, en los apartados 613, 615 y 616 de esta, que las declaraciones transcritas eran de alcance general, no mencionaban la hipótesis de una medida de resolución respecto de Banco Popular y, sobre todo, no permitían extraer de ellas ninguna conclusión en cuanto a una aplicación cercana en el tiempo de tal medida y aún menos en lo que respecta al instrumento de resolución que podría aplicar la JUR. En cuanto a otro extracto de esa entrevista, reproducido en el apartado 617 de la misma sentencia, el Tribunal General se limitó a señalar que dicho extracto no se refería a la situación particular de Banco Popular.
363
En estas circunstancias, las recurrentes sostienen erróneamente, en el marco de las alegaciones primera y tercera, que el Tribunal General se basó en una interpretación errónea del artículo 88, apartado 1, del Reglamento MUR, interpretado a la luz del considerando 116 de este.
364
Además, debe desestimarse la segunda alegación, relativa a una supuesta contradicción en la motivación. En efecto, tanto en los apartados 615 y 616 como en los apartados 485 a 488 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó, en términos casi idénticos, si la información de que se trataba podía revelar que Banco Popular podría ser objeto de un procedimiento de resolución. En consecuencia, el Tribunal General se basó en el mismo criterio jurídico para examinar un eventual incumplimiento de la obligación de confidencialidad.
365
En segundo lugar, por lo que respecta a la aplicación del artículo 88, apartado 1, del Reglamento MUR, en relación con el considerando 116 de este, las recurrentes impugnan esencialmente la apreciación del extracto de la entrevista reproducido en el apartado 612 de la sentencia recurrida. En ese extracto, la presidenta de la JUR respondía lo siguiente a una pregunta referida específicamente a la situación de Banco Popular:
«Nunca hablo de bancos concretos. Hay más de un banco en nuestra pantalla de radar y, por supuesto, Banco Popular es también un caso que vigilamos, pero no es el único» (Well, I am never talking about individual banks. There are more banks than just one on our radar screen and of course, Banco Popular is also a case we are watching but it is not the only one we are watching).
366
Las recurrentes aducen, en esencia, que la presidenta de la JUR desveló implícitamente un posible procedimiento de resolución respecto de Banco Popular al indicar que ese organismo estaba vigilando dicho banco.
367
A este respecto, procede señalar que, en el apartado 613 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se basó en que las declaraciones citadas en el apartado 612 de dicha sentencia y reproducidas en el apartado 365 de la presente sentencia no se referían a un examen individual de Banco Popular por la JUR en previsión de un procedimiento o de una medida de resolución, sino, de manera general, «de las» entidades, esto es, del conjunto de aquellas cuya supervisión tiene encomendada la JUR en cooperación con el BCE, en el contexto del MUS.
368
Pues bien, puesto que las recurrentes no invocan ninguna desnaturalización a este respecto, el examen del Tribunal de Justicia en el marco del presente recurso de casación debe basarse en esta apreciación del Tribunal General.
369
De ello se sigue que, habida cuenta de las consideraciones que figuran en los apartados 358 a 360 de la presente sentencia, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 613 de la sentencia recurrida, que el hecho de que Banco Popular, como entidad de crédito cubierta por el MUS, fuera supervisado por la JUR en cooperación con el BCE no es una información confidencial en el sentido del artículo 339 TFUE y de los artículos 88 y 91 del Reglamento MUR, a la luz del considerando 116 de este Reglamento.
370
En este contexto, las recurrentes aducen además que, por un lado, la presidenta de la JUR debería haber dado muestras de extrema prudencia habida cuenta de la cobertura mediática negativa de Banco Popular y, por otro, que el mercado interpretó que las manifestaciones realizadas con ocasión de la entrevista concedida a la cadena de televisión Bloomberg de 23 de mayo de 2017 apuntaban a una posible medida de resolución bancaria respecto de ese banco.
371
A este respecto, basta con señalar que, al no haberse comunicado en esa entrevista una información confidencial, tales circunstancias no permiten concluir que la presidenta de la JUR incumpliera la obligación de confidencialidad.
372
Por lo tanto, deben desestimarse las alegaciones primera a tercera de la primera parte del cuarto motivo de casación por ser infundadas.
b)
Cuarta alegación, basada en una supuesta filtración de información interna
373
Mediante la cuarta alegación de la primera parte del cuarto motivo de casación, las recurrentes sostienen que el Tribunal General declaró erróneamente que el artículo de prensa publicado el 31 de mayo de 2017 por la agencia Reuters no permitía acreditar una filtración de información confidencial que constituyera un incumplimiento de la obligación de confidencialidad por parte de la JUR y de la Comisión.
374
A este respecto, de los apartados 619 a 633 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General rechazó la existencia de un incumplimiento de dicha obligación, explicando, por un lado, que las filtraciones de información recogidas en ese artículo contenían información que, o bien había sido desmentida por la JUR, o bien ya era pública. Por otro lado, señaló, en los apartados 634 a 643 de dicha sentencia, que no se había probado ante él que las filtraciones que dieron lugar a esa información tuvieran su origen en la JUR o en la Comisión.
375
En el marco de esta cuarta alegación de la primera parte del cuarto motivo de casación, las recurrentes se limitan a criticar los apartados 625 y 627 a 632 de la sentencia recurrida. Sostienen que, contrariamente a lo que el Tribunal General declaró en esos apartados, la filtración interna recogida en el artículo de prensa publicado el 31 de mayo de 2017 por la agencia Reuters daba a entender que Banco Popular iba a ser objeto de una medida de resolución y esta información no era pública porque, a pesar de que ya había artículos previos que habían referido anteriormente la misma información, dichos artículos no mencionaban fuentes internas de la Unión.
376
En cambio, las recurrentes no impugnan las constataciones que figuran en los apartados 634 a 639 de la sentencia recurrida, según las cuales las recurrentes no acreditaron ante el Tribunal General que la supuesta filtración interna de información fuera imputable a un funcionario de la Comisión o a un miembro del personal de la JUR.
377
Habida cuenta de que, sobre la base de estas últimas constataciones, el Tribunal General podía concluir, sin incurrir en error de Derecho, que no se había demostrado que la Comisión o la JUR hubiesen incumplido la obligación de confidencialidad, la cuarta alegación es inoperante.
c)
Alegaciones quinta a octava de la primera parte del quinto motivo de casación
378
Las alegaciones quinta y sexta de la primera parte del cuarto motivo de casación parten de una lectura manifiestamente equivocada de la sentencia recurrida.
379
En cuanto a la quinta alegación, procede señalar que, en los apartados 637 a 641 de esa sentencia, el Tribunal General no se pronunció en modo alguno sobre la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación de confidencialidad y el perjuicio causado, sino que examinó la cuestión previa de si el incumplimiento de esta obligación, en caso de que se supusiese que estaba acreditado, podía imputarse a la Comisión o a la JUR.
380
Por lo que respecta a la sexta alegación, basta con señalar que el Tribunal General declaró, en los apartados 643 a 645 de dicha sentencia, que una investigación interna carece de pertinencia para apreciar una actuación supuestamente ilícita que pueda haber originado el daño que se invoca en concepto del dispositivo de resolución controvertido, cuando tal investigación se lleva a cabo con posterioridad a la adopción de dicho dispositivo. En cambio, el Tribunal General no se pronunció en modo alguno sobre la pertinencia de mecanismos de control o de alerta que pudieran evitar que se produjera tal daño.
381
Mediante la séptima alegación, se impugnan los apartados 609 y 610 de la sentencia recurrida. En esos apartados, el Tribunal General constató que, aparte de la entrevista a la presidenta de la JUR de 23 de mayo de 2017 y del artículo publicado por la agencia Reuters el 31 de mayo de 2017, las recurrentes no habían identificado otras supuestas declaraciones de la JUR que, en opinión de aquellas, incumplieran la obligación de confidencialidad.
382
En el recurso de casación, las recurrentes invocan «filtraciones de información» a las Administraciones españolas, que cuentan con un miembro en la JUR, limitándose a remitirse a los apartados de la demanda y de la réplica que presentaron en primera instancia. Sin embargo, en la fase de casación, no han demostrado que el Tribunal General desnaturalizara la información relativa a dichas filtraciones que figuraba en esa demanda y esa réplica y se abstuviera de tener en cuenta dichas «filtraciones de información» como declaraciones de la JUR.
383
Por lo tanto, la séptima alegación es inadmisible.
384
Por último, en lo referente a la octava alegación, el Tribunal General desestimó, en los apartados 647 a 650 de la sentencia recurrida, la alegación basada en una supuesta actitud pasiva de la JUR y de la Comisión, aduciendo que las recurrentes no explicaban qué les reprochan, cuáles eran las medidas que deberían haber adoptado o en virtud de qué normas la JUR y la Comisión tenían la obligación de actuar.
385
Si bien las recurrentes rebaten la fundamentación de estas constataciones, es preciso señalar que su argumentación, tal como se ha resumido en el apartado 346 de la presente sentencia, no demuestra que el Tribunal General desnaturalizara su demanda.
386
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe desestimarse la primera parte del cuarto motivo de casación por ser, parcialmente, inadmisible y, parcialmente, infundada.
I. Sobre la segunda parte del cuarto motivo de casación, relativa a la existencia de una relación de causalidad
387
Mediante la segunda parte del cuarto motivo de casación, las recurrentes aducen que el Tribunal General declaró erróneamente, en los apartados 653 a 674 de la sentencia recurrida, que no existía una relación de causalidad entre el supuesto incumplimiento de la obligación de confidencialidad y la crisis de liquidez de Banco Popular.
388
A este respecto, basta con señalar que el Tribunal General solo examinó con carácter subsidiario la supuesta existencia de una relación de causalidad, tras haber concluido que no se había incumplido la obligación de confidencialidad. Además, del análisis de la primera parte del cuarto motivo de casación se desprende que debe desestimarse el conjunto de alegaciones que impugnan esta conclusión del Tribunal General.
389
Por lo tanto, la segunda parte del cuarto motivo de casación es inoperante.
J. Sobre la tercera parte del cuarto motivo de casación, relativa a una pretensión de indemnización
390
Mediante la tercera parte del cuarto motivo de casación, las recurrentes sostienen que el Tribunal General desestimó erróneamente, en los apartados 678 a 698 de la sentencia recurrida, la pretensión de indemnización de aquellas vinculada a la anulación de la valoración 2, aduciendo que era inadmisible.
391
A este respecto, procede señalar que dicha pretensión tenía por objeto, por un lado, la anulación de la valoración 2, con independencia de la eventual anulación del dispositivo de resolución controvertido y de la Decisión 2017/1246, y, por otro lado, que se concediera a las recurrentes una indemnización en relación con dicha valoración.
392
Por lo que respecta a la primera parte de la pretensión, procede recordar que el artículo 20, apartado 15, del Reglamento MUR establece que una valoración como la valoración 2 forma parte integrante del dispositivo de resolución y hace constar explícitamente que no se podrá ejercer un derecho de recurso específico contra tal valoración, y que solamente cabrá recurso conjunto contra la valoración y la decisión de la JUR. Esta disposición refleja de este modo la reiterada jurisprudencia relativa al alcance del artículo 263 TFUE, según la cual las medidas intermedias que tienen por objeto preparar la decisión final carecen, por sí solas, de efectos jurídicos obligatorios y, por ende, no pueden ser objeto de un recurso de anulación distinto del interpuesto contra la decisión final (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de mayo de 2021, ABLV Bank y otros/BCE, C‑551/19 P y C‑552/19 P, EU:C:2021:369, apartado 39 y jurisprudencia citada).
393
Así pues, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al declarar la inadmisibilidad de esta primera parte de la pretensión.
394
Por lo que respecta a la segunda parte de la pretensión, como señaló la Abogada General en el punto 86 de sus conclusiones, el Tribunal General acertó al declararla inadmisible. Así, se deduce de los apartados 689 a 698 de la sentencia recurrida, que el Tribunal General consideró, en efecto, que la demanda en primera instancia no permitía comprender el fundamento jurídico de esa pretensión de indemnización formulada en el marco de la impugnación de la valoración 2, ya que no existía ninguna relación comprensible entre las disposiciones del Derecho de la Unión invocadas y la indemnización solicitada.
395
Pues bien, la argumentación presentada en apoyo del recurso de casación tampoco permite comprender el fundamento jurídico de esta pretensión.
396
Por consiguiente, el Tribunal General declaró acertadamente la inadmisibilidad de la segunda parte de la pretensión de indemnización.
397
De las anteriores consideraciones se sigue que debe desestimarse la tercera parte del cuarto motivo de casación.
398
Al haber sido rechazados todos los motivos formulados por las recurrentes para fundamentar su recurso de casación, debe desestimarse este recurso en su conjunto.
Costas
399
Según el artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
400
El artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, dispone que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
401
En el presente asunto, al haber sido desestimadas las pretensiones de las recurrentes, procede, habida cuenta de lo solicitado por la Comisión, la JUR y Banco Santander, condenar a las recurrentes a cargar, además de con sus propias costas, con las costas en que hayan incurrido la Comisión, la JUR y Banco Santander.
402
En virtud del artículo 140, apartado 1, del mismo Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas.
403
Por consiguiente, el Reino de España cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar a D.a Araceli García Fernández, D. Faustino González Parra, D. Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, D. Juan Antonio Galán Alcázar, D.a Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, Macon, S. A., D.a Marta Espejel García, Memphis Investments Ltd, D. Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, D. Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, D. Pedro Regalado Cuadrado Martínez y D.a María Rosario Mari Juan Domingo a cargar, además de con sus propias costas, con las costas en que hayan incurrido la Comisión Europea, la Junta Única de Resolución (JUR) y Banco Santander, S. A.
3)
El Reino de España cargará con sus propias costas.
Arabadjiev
von Danwitz
Xuereb
Kumin
Ziemele
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de octubre de 2024.
El Secretario
A. Calot Escobar
El Presidente de Sala
A. Arabadjiev
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.