62025CJ0195
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 20 de noviembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2001/55/CE — Protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas — Artículos 17 y 19 — Concepto de “solicitud de asilo” — Artículo 3, apartado 1 — Concesión del estatuto de protección subsidiaria a un beneficiario de protección temporal — Directiva 2011/95/UE — Artículo 18 — Directiva 2013/32/UE — Artículo 33, apartado 2 — Efecto directo»
En el asunto C‑195/25 [Framholm], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo de Gotemburgo, como Tribunal de Inmigración, Suecia), mediante resolución de 11 de marzo de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de marzo de 2025, en el procedimiento entre
AA,
BA,
CA,
DA,
EA,
FA
y
Migrationsverket,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei y los Sres. S. Rodin (ponente), N. Piçarra y N. Fenger, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de julio de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de AA, BA, CA, DA, EA y FA, por el Sr. E. Nygren, jurist;
–
en nombre de la Migrationsverket, por el Sr. C. Bexelius y la Sra. J. M. Edlund, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno sueco, por el Sr. O. Åbrink y la Sra. C. Meyer-Seitz, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno búlgaro, por la Sra. T. Mitova, en calidad de agente;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. F. Blanc y M. Debieuvre, el Sr. C. Faroghi y la Sra. A. Katsimerou, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de septiembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación:
–
de los artículos 3, apartado 1, 17, apartado 1, y 19, apartado 2, de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (DO 2001, L 212, p. 12);
–
de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9);
–
del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre seis nacionales de terceros países, beneficiarios de la protección temporal, y la Migrationsverket (Oficina de Inmigración, Suecia; en lo sucesivo, «Oficina») en relación con las resoluciones por las que esta última denegó las solicitudes de protección internacional de dichos nacionales para la concesión del estatuto de refugiado y del estatuto de protección subsidiaria.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2001/55
3
El artículo 1 de la Directiva 2001/55 dispone lo siguiente:
«La presente Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen y fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.»
4
El artículo 2 de dicha Directiva establece cuanto sigue:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a)
Protección temporal: un procedimiento de carácter excepcional por el que, en caso de afluencia masiva o inminencia de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no puedan volver a entrar en su país de origen, se garantiza a las mismas protección inmediata y de carácter temporal, en especial si el sistema de asilo también corre el riesgo de no poder gestionar este flujo de personas sin efectos contrarios a su buen funcionamiento, al interés de las personas afectadas y al de las otras personas que soliciten protección.
[…]
e)
Refugiados: los nacionales de terceros países o apátridas a tenor del artículo 1A de la Convención [sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.o 2545 [1954]), y completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967 (en lo sucesivo, “Convención de Ginebra”)].
[…]
g)
Permiso de residencia: cualquier permiso o autorización expedido por las autoridades de un Estado miembro y materializado según su legislación, por el que se permite a un nacional de un tercer país o a un apátrida residir en su territorio.
[…]»
5
Con arreglo al artículo 3 de la citada Directiva:
«1.   La protección temporal se entenderá sin perjuicio del reconocimiento del estatuto de refugiado de conformidad con la Convención de Ginebra.
2.   Los Estados miembros aplicarán la protección temporal respetando debidamente los derechos humanos y las libertades fundamentales y cumpliendo con sus obligaciones en materia de no devolución.
[…]
5.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la prerrogativa de los Estados miembros de establecer o mantener condiciones más favorables para las personas beneficiarias de protección temporal.»
6
El artículo 17 de la misma Directiva tiene el siguiente tenor:
«1.   Las personas acogidas a la protección temporal deberán poder presentar una solicitud de asilo en cualquier momento.
2.   El examen de una solicitud de asilo que no se haya tramitado antes de finalizar el período de protección temporal deberá completarse tras la finalización de dicho período.»
7
El artículo 19 de la Directiva 2001/55 dispone cuanto sigue:
«1.   Los Estados miembros podrán disponer que no pueda acumularse el beneficio de la protección temporal con el estatuto de solicitante de asilo cuando se esté estudiando la solicitud.
2.   Cuando, tras haberse procedido al examen de una solicitud de asilo o, en su caso, de otra forma de protección de una persona que pueda beneficiarse o que ya disfruta de la protección temporal, sea denegada dicha solicitud, los Estados miembros dispondrán, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 28, que dicha persona disfrute o pueda seguir disfrutando de la protección temporal durante el período de dicha protección que quede por transcurrir.»
Directiva 2011/95
8
La Directiva 2011/95, adoptada sobre la base del artículo 78 TFUE, apartado 2, letras a) y b), derogó la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO 2004, L 304, p. 12).
9
Según los considerandos 12, 23, 24, 33 y 39 de la Directiva 2011/95:
«(12)
El principal objetivo de la presente Directiva es, por una parte, asegurar que los Estados miembros apliquen criterios comunes para la identificación de personas auténticamente necesitadas de protección internacional y, por otra parte, asegurar que un nivel mínimo de prestaciones esté disponible para dichas personas en todos los Estados miembros.
[…]
(23)
Deben fijarse normas sobre la definición y el contenido del estatuto de refugiado para guiar a los organismos nacionales competentes de los Estados miembros en la aplicación de la Convención de Ginebra.
(24)
Es necesario introducir criterios comunes para reconocer a los solicitantes de asilo la calidad de refugiados en el sentido del artículo 1 de la Convención de Ginebra.
[…]
(33)
Deben fijarse igualmente normas sobre la definición y el contenido del estatuto de protección subsidiaria. La protección subsidiaria debe ser complementaria y adicional a la protección de refugiados consagrada en la Convención de Ginebra.
[…]
(39)
Al mismo tiempo que se responde al llamamiento del Programa de Estocolmo para el establecimiento de un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria, y salvo las excepciones que sean necesarias y estén objetivamente justificadas, a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria se les deben conceder los mismos derechos y prestaciones a que tienen derecho los refugiados en virtud de la presente Directiva, y deben estar sujetos a las mismas condiciones.»
10
A tenor del artículo 1 de dicha Directiva, titulado «Objeto»:
«El objeto de la presente Directiva es el establecimiento de normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida.»
11
El artículo 2 de la citada Directiva, titulado «Definiciones», dispone cuanto sigue:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a)
“protección internacional”: el estatuto de refugiado y de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g);
[…]
f)
“persona con derecho a protección subsidiaria”: un nacional de un tercer país o un apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplica el artículo 17, apartados 1 y 2, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país;
g)
“estatuto de protección subsidiaria”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria;
h)
“solicitud de protección internacional”: petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y pueda solicitarse por separado;
[…]».
12
El artículo 18 de la misma Directiva, titulado “Concesión del estatuto de protección subsidiaria”, establece lo siguiente:
«Los Estados miembros concederán el estatuto de protección subsidiaria a los nacionales de terceros países o apátridas que puedan obtener la protección subsidiaria con arreglo a los capítulos II y V.»
Directiva 2013/32
13
La Directiva 2013/32, adoptada sobre la base del artículo 78 TFUE, apartado 2, letra d), derogó la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (DO 2005, L 326, p. 13).
14
Según los considerandos 4 y 13 de dicha Directiva:
«(4)
[…] un Sistema Europeo Común de Asilo debe incluir a corto plazo normas comunes para procedimientos justos y eficientes de asilo en los Estados miembros y, a más largo plazo, normas de la Unión que lleven a un procedimiento común de asilo en la Unión [Europea].
[…]
(13)
La aproximación de las normas sobre procedimientos para conceder y retirar la protección internacional debería contribuir a limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de protección internacional entre Estados miembros, cuando dichos movimientos estuvieran originados por diferencias entre los marcos jurídicos, y crear condiciones equivalentes para la aplicación de la Directiva [2011/95] en los Estados miembros.»
15
A tenor del artículo 1 de la Directiva 2013/32, titulado «Objeto»:
«La presente Directiva tiene por objeto establecer procedimientos comunes para conceder y retirar la protección internacional conforme a la Directiva [2011/95].»
16
El artículo 2 de la Directiva 2013/32, titulado «Definiciones», dispone cuanto sigue:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
b)
“solicitud” o “solicitud de protección internacional”, la petición de protección formulada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la Directiva [2011/95] que pueda solicitarse por separado;
[…]
f)
“autoridad decisoria”, cualquier organismo cuasi-judicial o administrativo de un Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de protección internacional y competente para dictar resoluciones en primera instancia en tales casos;
[…]
h)
“persona con derecho a protección subsidiaria”, un nacional de un tercer país o un apátrida que cumple los requisitos del artículo 2, letra f), de la Directiva [2011/95];
i)
“protección internacional”, el estatuto de refugiado y el estatuto de protección subsidiaria definidos en las letras j) y k);
j)
“estatuto de refugiado”, el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado;
k)
“estatuto de protección subsidiaria”, el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria;
[…]».
17
El artículo 3 de la Directiva 2013/32, titulado «Ámbito de aplicación», establece lo siguiente en su apartado 1:
«La presente Directiva se aplicará a todas las solicitudes de protección internacional presentadas en el territorio, con inclusión de la frontera, en las aguas territoriales o en las zonas de tránsito de los Estados miembros, y a la retirada de la protección internacional.»
18
El artículo 10 de esta Directiva, titulado «Requisitos para el examen de las solicitudes», está redactado, en su apartado 2, en los siguientes términos:
«Al examinar las solicitudes de protección internacional, la autoridad decisoria determinará en primer lugar si los solicitantes reúnen los requisitos para ser refugiados y, de no ser así, determinará si son personas con derecho a protección subsidiaria.»
19
El artículo 33 de la citada Directiva, titulado «Solicitudes inadmisibles», dispone cuanto sigue en su apartado 2:
«Los Estados miembros podrán considerar inadmisible una solicitud de protección internacional solo si:
a)
otro Estado miembro ha concedido la protección internacional;
b)
un país que no sea un Estado miembro se considera primer país de asilo del solicitante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35;
c)
un país que no sea un Estado miembro se considera tercer país seguro para el solicitante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38;
d)
se trata de una solicitud posterior, cuando no hayan surgido ni hayan sido aportados por el solicitante nuevas circunstancias o datos relativos al examen de la cuestión de si el solicitante cumple los requisitos para ser beneficiario de protección internacional en virtud de la Directiva [2011/95];
e)
una persona a cargo del solicitante presenta una solicitud, una vez que, con arreglo al artículo 7, apartado 2, haya consentido en que su caso se incluya en una solicitud presentada en su nombre, y no haya datos relativos a la situación de la persona a cargo que justifiquen una solicitud por separado.»
Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 y decisiones de ejecución subsiguientes
20
Sobre la base de la Directiva 2001/55 se adoptó la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie la protección temporal (DO 2022, L 71, p. 1).
21
El artículo 2, apartados 1 a 3, de dicha Decisión de Ejecución dispone lo siguiente:
«1.   La presente Decisión se aplica a las siguientes categorías de personas desplazadas desde Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 en adelante, como consecuencia de la invasión militar por parte de las fuerzas armadas rusas que comenzó en dicha fecha:
a)
nacionales ucranianos que residieran en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022;
b)
apátridas y nacionales de terceros países distintos de Ucrania que gozaran de protección internacional o de una protección nacional equivalente en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022, y
c)
miembros de las familias de las personas a que se refieren las letras a) y b).
2.   Los Estados miembros aplicarán la presente Decisión o una protección adecuada en virtud de su Derecho interno a las personas apátridas y a los nacionales de terceros países distintos de Ucrania que puedan demostrar que residían legalmente en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022 sobre la base de un permiso de residencia permanente válido expedido de conformidad con el Derecho ucraniano y que no puedan regresar a su país o región de origen en condiciones seguras y duraderas.
3.   De conformidad con el artículo 7 de la Directiva [2001/55], los Estados miembros podrán aplicar asimismo la presente Decisión a otras personas, incluidas las personas apátridas y los nacionales de terceros países distintos de Ucrania, que residieran legalmente en Ucrania y que no puedan regresar a su país o región de origen en condiciones seguras y duraderas.»
22
La protección temporal concedida a las personas desplazadas procedentes de Ucrania a que se refiere el artículo 2 de la Decisión de Ejecución 2022/382 fue prorrogada en varias ocasiones, la última de ellas mediante el artículo 1 de la Decisión de Ejecución (UE) 2025/1460 del Consejo, de 15 de julio de 2025, por la que se prorroga la protección temporal introducida por la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 (DO L, 2025/1460), hasta el 4 de marzo de 2027.
Derecho sueco
23
Las disposiciones que regulan el derecho de residencia de los extranjeros en Suecia y la concesión de protección internacional figuran en la Utlänningslag (2005:716) [Ley de Extranjería (2005:716); en lo sucesivo, «Ley de Extranjería»].
24
El capítulo 21 de dicha Ley tiene por objeto transponer al Derecho nacional las disposiciones relativas a la protección temporal establecidas en la Directiva 2001/55. Este capítulo fue objeto de modificaciones en el marco de la transposición de las Directivas 2004/83 y 2005/85, pero no con ocasión de la entrada en vigor de las Directivas 2011/95 y 2013/32, que las sustituyeron respectivamente.
25
El artículo 5 del capítulo 21 de la citada Ley dispone lo siguiente:
«El hecho de que se haya concedido a un extranjero un permiso de residencia con protección temporal no impide que se examine una solicitud de permiso de residencia como refugiado con arreglo al artículo 1 del capítulo 4. Lo mismo cabe afirmar respecto de la solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado a que hace referencia el capítulo 4, artículo 3, y de la solicitud de documento de viaje, con arreglo al capítulo 4, artículo 4.
Solo podrá aplazarse el examen de una solicitud con arreglo al párrafo primero cuando existan motivos especiales para ello. Si la solicitud no se hubiera examinado antes de la finalización de la protección temporal, deberá examinarse lo antes posible después de esa fecha.»
26
La Oficina, que es la autoridad competente para expedir permisos de residencia en virtud de la protección temporal, emite dictámenes jurídicos con instrucciones para sus administradores.
27
De conformidad con el dictamen jurídico titulado «Ordningen för prövningen enligt 21 kap. utlänningslagen» (Régimen de examen de las solicitudes presentadas con arreglo al capítulo 21 de la Ley de Extranjería), el artículo 5 de dicho capítulo no se opone a que una persona que disfruta de la protección temporal solicite la concesión del estatuto de refugiado. Sin embargo, según este dictamen, conforme a la redacción del citado artículo 5, no es posible examinar las solicitudes de protección subsidiaria.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
28
AA, nacional nigeriano titular de un permiso de residencia permanente en Ucrania, BA, nacional ucraniana, y los cuatro hijos de estos, CA, DA, EA y FA, nacionales ucranianos, son beneficiarios, en Suecia, de la protección temporal, en el sentido de la Directiva 2001/55. Esta protección les fue concedida sobre la base de la Decisión de Ejecución 2022/382, cuyos efectos se prorrogaron, por última vez, mediante la Decisión de Ejecución 2025/1460. Por otra parte, los demandantes en el litigio principal presentaron sendas solicitudes de protección internacional.
29
La Oficina denegó la solicitud presentada por AA por infundada respecto de la parte que versaba sobre el estatuto de refugiado y por inadmisible respecto de la parte referente al estatuto de protección subsidiaria. La solicitud presentada por BA y sus cuatro hijos fue denegada por infundada respecto de la parte que versaba sobre el estatuto de refugiado y denegada, sin examen en cuanto al fondo, respecto de la parte referente al estatuto de protección subsidiaria. En las resoluciones denegatorias de dichas solicitudes, la Oficina indicó, en particular, que la normativa nacional que regula el derecho de residencia de los extranjeros y la concesión de protección internacional, más concretamente el artículo 5 del capítulo 21 de la Ley de Extranjería, no permitía a los beneficiarios de la protección temporal, en el sentido de la Directiva 2001/55, presentar una solicitud para obtener el estatuto de protección subsidiaria, en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2011/95 y del artículo 2 de la Directiva 2013/32.
30
Los demandantes en el litigio principal interpusieron un recurso contra dichas resoluciones ante el Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo de Gotemburgo, como Tribunal de Inmigración, Suecia), que es el tribunal remitente.
31
En apoyo de su recurso, los demandantes en el litigio principal sostienen que las Directivas 2011/95 y 2013/32, que regulan los requisitos y el procedimiento de concesión de protección internacional, son aplicables a los beneficiarios de la protección temporal, en el sentido de la Directiva 2001/55. A este respecto, alegan que el derecho a presentar una solicitud de asilo contemplado en el artículo 17 de la Directiva 2001/55 debe entenderse como el derecho a solicitar el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, con arreglo a las Directivas 2011/95 y 2013/32. En su opinión, el concepto de «solicitud de asilo», a efectos del artículo 17 de la Directiva 2001/55, debe entenderse como sinónimo de solicitud de «protección internacional», tal como se define en las Directivas 2011/95 y 2013/32. Los demandantes afirman que, habida cuenta de la finalidad de la Directiva 2001/55 y de la lógica interna de sus artículos 17 y 19, que tienen efecto directo, el artículo 5 del capítulo 21 de la Ley de Extranjería es incompatible con el Derecho de la Unión y, además, debía haberse modificado para incluir el derecho a presentar una solicitud de concesión del estatuto de protección subsidiaria.
32
La Oficina sostiene que el artículo 5 del capítulo 21 de la Ley de Extranjería no permite examinar las solicitudes de concesión del estatuto de protección subsidiaria presentadas por nacionales extranjeros que disfruten de la protección temporal. Puntualiza que, tras la transposición de las Directivas 2004/83 y 2005/85, que fueron sustituidas por las Directivas 2011/95 y 2013/32, el artículo 5 del capítulo 21 de la Ley de Extranjería, que permite a los nacionales extranjeros beneficiarios de la protección temporal solicitar el estatuto de refugiado, no fue modificado en el sentido de que dichos nacionales puedan solicitar el estatuto de protección subsidiaria. En su opinión, tal elección es conforme con el Derecho de la Unión. La Directiva 2001/55 constituye, a su entender, un régimen especial que prevalece sobre las normas generales relativas a la tramitación de las solicitudes de protección internacional dirigidas a la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria. La Oficina afirma que la concesión de la protección temporal implica la no aplicación parcial de las disposiciones de las Directivas 2011/95 y 2013/32. Considera que la única excepción a esa regla la constituye el derecho a presentar una solicitud de asilo, es decir, una solicitud de concesión del estatuto de refugiado. Pues bien, en su opinión, la fundamentación de las solicitudes de concesión de dicho estatuto presentadas por los demandantes en el litigio principal fue examinada antes de que se denegaran dichas solicitudes.
33
El tribunal remitente, para empezar, se pregunta sobre la interpretación de los artículos 3, 17 y 19 de la Directiva 2001/55 y sobre su articulación con las Directivas 2011/95 y 2013/32. Considera que estas dos últimas Directivas son aplicables tanto a la solicitud de concesión del estatuto de refugiado como a la de concesión del estatuto de protección subsidiaria presentada por beneficiarios de protección temporal con arreglo a la Directiva 2001/55, puesto que la concesión de esos dos primeros estatutos, el segundo a falta del primero, es objeto de una única solicitud.
34
Según el tribunal remitente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende, en particular, que la Directiva 2001/55 tiene por objeto permitir una gestión rápida de una afluencia masiva de personas con derecho a protección subsidiaria y que la protección temporal que se prevé no impide presentar posteriormente una solicitud completa de protección internacional (sentencia de 19 de diciembre de 2024, Kaduna, C‑244/24 y C‑290/24, EU:C:2024:1038, apartados 125 a 127).
35
A continuación, el tribunal remitente manifiesta que la Directiva 2001/55 debe interpretarse teniendo en cuenta el hecho de que la protección subsidiaria no formaba parte del régimen de asilo de la Unión en el momento en el que se adoptó dicha Directiva, puesto que la protección subsidiaria se introdujo en el Derecho de la Unión mediante la Directiva 2004/83, que fue sustituida por la Directiva 2011/95. En particular, del tenor del artículo 19, apartado 2, de la Directiva 2001/55 y de la Comunicación de la Comisión relativa a las directrices operativas para la aplicación de la Decisión de Ejecución 2022/382 del Consejo por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania, en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie la protección temporal (DO 2022, C 126 I, p. 1), se desprende que es preciso interpretar el concepto de «solicitud de asilo», que figura en el artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2001/55, en el sentido de que se refiere tanto a una solicitud de concesión del estatuto de refugiado como a una solicitud de concesión del estatuto de protección subsidiaria.
36
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, el tribunal remitente se pregunta, asimismo, si los artículos 17, apartado 1, y 19, apartado 2, de la Directiva 2001/55, en relación con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2013/32, tienen efecto directo. Por último, dicho tribunal alberga dudas en cuanto a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la normativa sueca controvertida en el litigio principal y en cuanto a las consecuencias que deben extraerse de una eventual incompatibilidad.
37
En estas circunstancias, el Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo de Gotemburgo, como Tribunal de Inmigración), decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Son aplicables la Directiva [2011/95] y la Directiva [2013/32] a las solicitudes de concesión de un estatuto de protección presentadas tras la concesión de una protección temporal con arreglo a la Directiva [2001/55]?
2)
a)
¿Deben interpretarse los artículos 17, apartado 1, y 19, apartado 2, de la Directiva [2001/55] en el sentido de que la posibilidad de presentar una “solicitud de asilo” se refiere tanto a la posibilidad de presentar una solicitud de concesión del estatuto de refugiado como a la de presentar una solicitud de concesión del estatuto de protección subsidiaria? ¿Debe examinarse tal solicitud de conformidad con la Directiva [2011/95] y la Directiva [2013/32]?
b)
¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva [2001/55] en el sentido de que la protección temporal concedida en virtud de esa Directiva impide el reconocimiento del estatuto de protección subsidiaria, con arreglo a la Directiva [2011/95], a las personas con derecho a protección temporal o que disfrutan de ella en virtud de la citada Directiva?
3)
Si los artículos 17, apartado 1, y 19, apartado 2, de la Directiva [2001/55] también incluyen el derecho a solicitar la concesión del estatuto de protección subsidiaria con arreglo a la Directiva [2011/95], ¿son dichos artículos, en relación con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva [2013/32], suficientemente claros y precisos para tener efecto directo?
4)
¿Una norma nacional, como […] el artículo 5 del capítulo 21 de la Ley de Extranjería, que restringe el derecho a solicitar la concesión de un estatuto de protección de modo que solo permite la solicitud de concesión del estatuto de refugiado, es compatible con el Derecho de la Unión?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
38
En su petición de decisión prejudicial, el tribunal remitente solicitó al Tribunal de Justicia que tramitara el presente asunto mediante el procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
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El 27 de marzo de 2025, la Sala Tercera del Tribunal de Justicia decidió, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, que no procedía acceder a dicha solicitud, debido a que en el presente asunto no se había acreditado la urgencia requerida en la citada disposición.
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Mediante auto de 22 de mayo de 2025, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió sustanciar el presente asunto mediante el procedimiento acelerado contemplado en el artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
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Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si los artículos 3, 17 y 19 de la Directiva 2001/55, a la luz de las Directivas 2011/95 y 2013/32, deben interpretarse en el sentido de que autorizan a un Estado miembro a denegar una solicitud de protección internacional, en la medida en que tenga por objeto obtener el estatuto de protección subsidiaria, por el único motivo de que el solicitante disfruta de la protección temporal con arreglo a la Directiva 2001/55.
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Según reiterada jurisprudencia, las disposiciones del Derecho de la Unión que, como los artículos 3, 17 y 19 de la Directiva 2001/55, no contengan una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente deben ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión, que ha de buscarse teniendo en cuenta no solo su tenor, sino también el contexto de dichas disposiciones y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar (véase, en particular, la sentencia de 16 de julio de 2020, AFMB y otros, C‑610/18, EU:C:2020:565, apartado 50).
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Por lo que se refiere, en primer lugar, al tenor de las disposiciones cuya interpretación solicita el tribunal remitente, procede subrayar, por un lado, que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/55 precisa que la protección temporal se entiende sin perjuicio del reconocimiento del estatuto de refugiado de conformidad con la Convención de Ginebra, mientras que el artículo 17 de dicha Directiva establece que las personas acogidas a la protección temporal deben poder presentar una solicitud de asilo en cualquier momento y que el examen de una solicitud que no se haya tramitado antes de finalizar el período de protección temporal debe completarse con posterioridad.
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Por otro lado, conforme al artículo 19 de la Directiva 2001/55, cuando, tras haberse procedido al examen de una solicitud de asilo o, en su caso, de otra forma de protección de una persona que pueda beneficiarse o que ya disfruta de la protección temporal, sea denegada dicha solicitud, los Estados miembros dispondrán, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 28 de esta Directiva, que dicha persona disfrute o pueda seguir disfrutando de la protección temporal durante el período de dicha protección que quede por transcurrir.
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Por consiguiente, si bien los citados artículos solo mencionan expresamente la posibilidad de que una persona que disfruta de la protección temporal solicite y obtenga el estatuto de refugiado, de su mero tenor no puede inferirse que autoricen a los Estados miembros a negarse a examinar si un solicitante de protección internacional reúne los requisitos para obtener el estatuto de beneficiario de protección subsidiaria mientras dicho solicitante disfruta de la protección temporal prevista en la Directiva 2001/55.
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En efecto, por un lado, del propio texto del artículo 19 de la Directiva 2001/55 se desprende que puede reconocerse a los beneficiarios de la protección temporal una protección distinta del asilo. Por otro lado, ni los artículos 3, 17 y 19 ni ninguna otra disposición de dicha Directiva hacen referencia a la forma de aplicar el procedimiento para obtener la protección subsidiaria a una persona que disfruta de la protección temporal con arreglo a la citada Directiva. Como señaló, en esencia, el Abogado General en los puntos 45 y 46 de sus conclusiones, la inexistencia, en esa misma Directiva, de toda regulación al respecto se explica tanto por el hecho de que la Directiva 2001/55 fue adoptada con anterioridad a la Directiva 2004/83, que estableció el estatuto de beneficiario de protección subsidiaria, como por el hecho de que la primera de estas Directivas nunca fue modificada.
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Por lo que se refiere, en segundo lugar, al objetivo perseguido por la Directiva 2001/55, de su artículo 1 resulta que uno de los objetivos de esta Directiva es establecer normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen. Según se desprende del artículo 2, letra a), de la citada Directiva, la aplicación de esta protección persigue, en particular, evitar que el sistema de concesión de protección internacional se vea saturado por la presentación masiva y simultánea de solicitudes para obtener el estatuto de refugiado, en interés tanto de las personas desplazadas como de las demás personas solicitantes de protección internacional. De ello se deduce que el mecanismo de protección temporal, establecido en esa misma Directiva, tiene por objeto preservar el buen funcionamiento del sistema de protección internacional en los Estados miembros (sentencia de 19 de diciembre de 2024, Kaduna, C‑244/24 y C‑290/24, EU:C:2024:1038, apartados 81 y 125).
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De lo anterior se deriva que la Directiva 2001/55 vela, en particular, por preservar la posibilidad efectiva de los nacionales de terceros países y los apátridas acogidos a la protección temporal de obtener protección internacional al término de un examen adecuado de su situación individual, garantizándoles de forma inmediata una protección de menor amplitud (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2024, Kaduna, C‑244/24 y C‑290/24, EU:C:2024:1038, apartado 127).
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Pues bien, tal objetivo aboga en favor de una interpretación de los artículos 3, 17 y 19 de la Directiva 2001/55 en el sentido de que impiden que los Estados miembros consideren que un beneficiario de la protección temporal no puede solicitar, mientras dure dicha protección, la protección subsidiaria.
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En tercer lugar, el contexto en el que se inscribe la Directiva 2001/55 también tiende a favorecer dicha interpretación, entendiéndose que, en esta materia, debe prestarse especial atención a las Directivas 2011/95 y 2013/32, que, al igual que la Directiva 2001/55, forman parte de la política común en materia de protección internacional establecida por el legislador de la Unión sobre la base del actual artículo 78 TFUE.
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A este respecto, en primer término, cabe poner de manifiesto que, al igual que la Directiva 2004/83 a la que sustituye, la Directiva 2011/95 establece dos regímenes distintos de protección internacional, a saber, el estatuto de refugiado y el de protección subsidiaria (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, apartado 38).
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Como se deduce de los considerandos 6 y 33 de la Directiva 2011/95, la protección subsidiaria tiene por objeto ser complementaria y adicional a la protección de refugiados consagrada en la Convención de Ginebra (sentencia de 13 de septiembre de 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, apartado 39).
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Asimismo, es preciso señalar que, de los artículos 13 y 18 de la Directiva 2011/95, en relación con las definiciones de los términos «refugiado» y «persona con derecho a protección subsidiaria» recogidas en las letras d) y f) del artículo 2 de aquella, se desprende que la protección internacional a que hace referencia dicha Directiva debe concederse, en principio, a todo nacional de un tercer país o apátrida que albergue temores fundados a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social, o que corra un riesgo real de sufrir daños graves, en el sentido del artículo 15 de la misma Directiva (sentencia de 29 de julio de 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, apartado 49).
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Por lo tanto, cuando, por reunir los requisitos previstos, respectivamente, en los capítulos II y III o en los capítulos II y V de la Directiva 2011/95, una persona cumpla las normas mínimas establecidas por el Derecho de la Unión para ser beneficiario de alguno de los estatutos de que se trata, los Estados miembros estarán obligados, sin perjuicio de las causas de exclusión que la propia Directiva prevé y de las causas de inadmisibilidad de la solicitud previstas en la Directiva 2013/32, a conceder la protección internacional solicitada, sin que dispongan de facultades discrecionales al respecto (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, apartado 50).
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En cambio, ninguna disposición de la Directiva 2011/95 establece que no pueda reconocerse la protección subsidiaria a los beneficiarios de la protección temporal, constatación que concuerda con la realizada en los apartados 45 y 46 de la presente sentencia respecto de los artículos 3, 17 y 19 de la Directiva 2001/55.
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En segundo término, la Directiva 2013/32 define, en su artículo 2, la solicitud de protección internacional como la petición formulada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria.
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En cuanto al artículo 10, apartado 2, de esta Directiva, establece que, al examinar las solicitudes de protección internacional, corresponde a la autoridad nacional competente determinar, en primer lugar, si los solicitantes reúnen los requisitos para ser refugiados y, en caso negativo, si son personas con derecho a protección subsidiaria. De ello se deduce que, como ha subrayado la Comisión Europea, una solicitud de protección internacional solo puede denegarse por infundada si la autoridad competente ha llegado a la conclusión de que no puede reconocerse al solicitante ni el estatuto de refugiado ni el estatuto de protección subsidiaria.
58
El Tribunal de Justicia también ha declarado que el artículo 33, apartado 2, de la Directiva 2013/32, relativo a las solicitudes inadmisibles, debe ser objeto de una interpretación estricta y, por ende, no puede aplicarse a una situación no comprendida en su tenor. Esta disposición enumera así de forma exhaustiva las situaciones en las que los Estados miembros pueden denegar por inadmisible una solicitud de protección internacional sin realizar ningún examen en cuanto al fondo de dicha solicitud [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de marzo de 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, apartado 30, y de 1 de agosto de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Hijo de refugiados, nacido fuera del Estado de acogida), C‑720/20, EU:C:2022:603, apartado 51].
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Pues bien, el hecho de ser beneficiario de la protección temporal no figura entre las causas de inadmisibilidad de las solicitudes de protección internacional mencionados en el artículo 33, apartado 2, de la Directiva 2013/32.
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Por consiguiente, tanto de la Directiva 2011/95 como de la Directiva 2013/32 se desprende, por un lado, que un Estado miembro no puede denegar por inadmisible una solicitud de protección internacional por el único motivo de que haya sido presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida que es beneficiario de la protección temporal prevista en la Directiva 2001/55 y, por otro lado, que, antes de denegar dicha solicitud por infundada, es preciso examinar si dicho solicitante reúne los requisitos exigidos para acogerse tanto al estatuto de refugiado como, en su defecto, al estatuto de protección subsidiaria, siendo irrelevante a este respecto el hecho de que ya disfrute de la protección temporal.
61
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las dos primeras cuestiones prejudiciales, que los artículos 3, 17 y 19 de la Directiva 2001/55, a la luz de las Directivas 2011/95 y 2013/32, deben interpretarse en el sentido de que no autorizan a un Estado miembro a denegar una solicitud de protección internacional, en la medida en que tenga por objeto obtener el estatuto de protección subsidiaria, por el único motivo de que el solicitante disfruta de la protección temporal con arreglo a la Directiva 2001/55.
Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta
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Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si los artículos 17, apartado 1, y 19, apartado 2, de la Directiva 2001/55, en relación con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2013/32, deben interpretarse en el sentido de que tienen efecto directo.
63
A este respecto, debe recordarse con carácter preliminar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, establecido en el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular, en su caso, la cuestión que se le ha planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial (véase, en particular, la sentencia de 4 de septiembre de 2025, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș y otros, C‑489/23, EU:C:2025:651, apartado 63 y jurisprudencia citada).
64
En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que, mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, el tribunal remitente pretende que se dilucide si debe abstenerse de aplicar la normativa sueca en virtud de la cual la autoridad nacional competente está obligada a considerar que un nacional de un tercer país o un apátrida no puede obtener protección subsidiaria, en el sentido de las Directivas 2011/95 y 2013/32, mientras disfrute de la protección temporal con arreglo a la Directiva 2001/55, por ser dicha normativa contraria a una disposición del Derecho de la Unión dotada de efecto directo.
65
Pues bien, de los apartados 45 y 46 y de los apartados 53 a 60 de la presente sentencia se desprende, por un lado, que el artículo 18 de la Directiva 2011/95 y el artículo 33, apartado 2, de la Directiva 2013/32 se oponen a que un Estado miembro deniegue la concesión del estatuto de protección subsidiaria a un nacional de un tercer país o a un apátrida por el único motivo de que este disfrute de la protección temporal con arreglo a la Directiva 2001/55 y, por otro lado, que los artículos 17 y 19 de la Directiva 2001/55 no desvirtúan tal conclusión.
66
En estas circunstancias, procede reformular las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta y considerar que, mediante ellas, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 18 de la Directiva 2011/95 y el artículo 33 de la Directiva 2013/32 deben interpretarse en el sentido de que tienen efecto directo y que, por lo tanto, de no ser posible interpretar la normativa nacional de manera conforme con las exigencias derivadas de dichos artículos, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales abstenerse de aplicar esa normativa.
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En primer lugar, es preciso recordar que, para garantizar la efectividad del conjunto de las disposiciones del Derecho de la Unión, el principio de primacía obliga, en particular, a los órganos jurisdiccionales nacionales a interpretar, en la medida de lo posible, su Derecho interno de manera conforme con el Derecho de la Unión (sentencia de 24 de junio de 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, apartado 57).
68
No obstante, la obligación de interpretación conforme del Derecho nacional tiene determinados límites y no puede, en particular, servir de fundamento a una interpretación contra legem del Derecho nacional (sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, apartado 72 y jurisprudencia citada).
69
En consecuencia, corresponde al tribunal remitente apreciar si el artículo 5 del capítulo 21 de la Ley de Extranjería puede interpretarse en el sentido de que la obtención de un permiso de residencia, sobre la base de la Directiva 2001/55, no impide examinar la fundamentación de una solicitud de protección internacional que tenga por objeto la concesión del estatuto de protección subsidiaria. El hecho de que la Oficina sostenga, en su dictamen, una interpretación de esta disposición nacional incompatible con el Derecho de la Unión es irrelevante a este respecto.
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En segundo lugar, en el supuesto de que el tribunal remitente llegue a la conclusión de que la normativa nacional no puede interpretarse de manera conforme con el Derecho de la Unión, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, en aquellos casos en que las disposiciones de una directiva, desde el punto de vista de su contenido, no estén sujetas a condición alguna y sean suficientemente precisas, los particulares están legitimados para invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales frente al Estado, bien cuando este no haya adaptado el Derecho nacional a la directiva dentro de los plazos señalados, bien cuando haya hecho una adaptación incorrecta (sentencia de 6 de noviembre de 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, apartado 63 y jurisprudencia citada).
71
En el presente asunto, el artículo 18 de la Directiva 2011/95, que recoge el derecho de todo nacional de un tercer país o apátrida a que se le reconozca el estatuto de protección subsidiaria si reúne los requisitos establecidos en los capítulos II y V de dicha Directiva, enuncia una norma cuyo contenido es incondicional y suficientemente preciso para que se le reconozca efecto directo.
72
Del mismo modo, dado que el artículo 33 de la Directiva 2013/32 enumera de forma exhaustiva, como se ha recordado en el apartado 58 de la presente sentencia, los casos en los que cabe denegar una solicitud de protección internacional por inadmisible, ese artículo 33 enuncia una norma cuyo contenido es incondicional y suficientemente preciso para poder considerar que tiene efecto directo (sentencia de 14 de mayo de 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU y C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, apartado 182).
73
Por consiguiente, si el tribunal remitente llegara a la conclusión de que no es posible interpretar su Derecho nacional de conformidad con el artículo 18 de la Directiva 2011/95 y con el artículo 33 de la Directiva 2013/32, estaría obligado a garantizar, en el marco de sus competencias, la protección jurídica que para los justiciables se deriva de dichos artículos 18 y 33 y a garantizar su plena eficacia dejando, en caso necesario, sin aplicar el artículo 5 del capítulo 21 de la Ley de Extranjería (véase, por analogía, la sentencia de 3 de junio de 2025, Kinsa, C‑460/23, EU:C:2025:392, apartado 72).
74
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que el artículo 18 de la Directiva 2011/95 y el artículo 33 de la Directiva 2013/32 deben interpretarse en el sentido de que tienen efecto directo y que, por lo tanto, de no ser posible interpretar la normativa nacional de manera conforme con las exigencias derivadas de dichos artículos 18 y 33, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales abstenerse de aplicar esa normativa.
Costas
75
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el tribunal remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
1)
Los artículos 3, 17 y 19 de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, a la luz de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, y de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional,
deben interpretarse en el sentido de que
no autorizan a un Estado miembro a denegar una solicitud de protección internacional, en la medida en que tenga por objeto obtener el estatuto de protección subsidiaria, por el único motivo de que el solicitante disfruta de la protección temporal con arreglo a la Directiva 2001/55.
2)
El artículo 18 de la Directiva 2011/95 y el artículo 33 de la Directiva 2013/32
deben interpretarse en el sentido de que
tienen efecto directo y que, por lo tanto, de no ser posible interpretar la normativa nacional de manera conforme con las exigencias derivadas de dichos artículos 18 y 33, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales abstenerse de aplicar esa normativa.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: sueco.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.