62022CJ0603
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 5 de septiembre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Directiva (UE) 2016/800 — Garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales — Ámbito de aplicación — Artículo 2, apartado 3 — Personas que eran menores en la fecha de inicio de un proceso penal contra ellas pero que, durante su transcurso, cumplen dieciocho años — Artículo 4 — Derecho a la información — Artículo 6 — Derecho a asistencia letrada — Artículo 18 — Derecho a asistencia jurídica gratuita — Artículo 19 — Vías de recurso — Admisibilidad de las pruebas obtenidas vulnerando derechos procesales»
En el asunto C‑603/22,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunal de Distrito de Słupsk, Polonia), mediante resolución de 26 de agosto de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de septiembre de 2022, en el proceso penal contra
M. S.,
J. W.,
M. P.,
con intervención de:
Prokurator Rejonowy w Słupsku,
D. G., que actúa en calidad de curador de M. B. y B. B.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por la Sra. K. Jürimäe (Ponente), Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Tercera, y los Sres. N. Piçarra, N. Jääskinen y M. Gavalec, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretaria: Sra. N. Mundhenke, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de noviembre de 2023;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Prokurator Rejonowy w Słupsku, por la Sra. T. Rutkowska‑Szmydyńska, Prokurator Regionalny w Gdańsku;
–
en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y las Sras. J. Sawicka y S. Żyrek, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, la Sra. T. Suchá y el Sr. J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. S. Grünheid, K. Herrmann y J. Hottiaux y por el Sr. M. Wasmeier, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 22 de febrero de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»); de los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo; de la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO 2016, L 132, p. 1); de los artículos 12, apartado 2, y 13 de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO 2013, L 294, p. 1); del artículo 3 de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO 2012, L 142, p. 1), y de los artículos 7, apartados 1 y 2, y 10, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO 2016, L 65, p. 1), así como de los principios de primacía, efecto directo y efectividad del Derecho de la Unión.
2
Dicha petición se ha presentado en el contexto de un proceso penal incoado contra M. S., J. W. y M. P., tres menores de edad acusados por el allanamiento de un antiguo centro de vacaciones en desuso, perjudicando así a M. B. y B. B., representados por el curador designado, D. G.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2012/13
3
Los considerandos 19 y 26 de la Directiva 2012/13 establecen:
«(19)
Las autoridades competentes deben informar a las personas sospechosas o acusadas con prontitud, ya sea oralmente o por escrito, de los derechos [procesales], previstos con arreglo al Derecho nacional, que son esenciales para salvaguardar un proceso justo, con arreglo a lo establecido en la presente Directiva. Con objeto de que esos derechos puedan ejercerse de manera práctica y efectiva, dicha información debe proporcionarse con prontitud durante el proceso y, a más tardar, antes del primer interrogatorio oficial de la persona sospechosa o acusada por parte de la policía o de otra autoridad competente.
[…]
(26)
Al proporcionar a la persona sospechosa o acusada información con arreglo a lo establecido en la presente Directiva, las autoridades competentes deben prestar especial atención a las personas que no puedan comprender el contenido o el significado de la información, debido, por ejemplo, a su corta edad o a su condición mental o física.»
4
El artículo 2, apartado 1, de esta Directiva dispone:
«La presente Directiva se aplica desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro ponen en conocimiento de una persona que es sospechosa o que se le acusa de haber cometido una infracción penal, hasta la conclusión del proceso, es decir, hasta la decisión definitiva que determina si la persona sospechosa o acusada ha cometido o no la infracción penal, incluidas, cuando proceda, la imposición de la condena y la resolución de cualquier recurso.»
5
A tenor del artículo 3 de la citada Directiva:
«1.   Los Estados miembros garantizarán que las personas sospechosas o acusadas reciban con prontitud información acerca, como mínimo, de los siguientes derechos procesales según se apliquen con arreglo a la legislación nacional, a fin de permitir su ejercicio efectivo:
a)
el derecho a tener acceso a un abogado;
b)
el eventual derecho a recibir asistencia letrada gratuita y las condiciones para obtenerla;
c)
el derecho a ser informado de la acusación, de conformidad con el artículo 6;
d)
el derecho a interpretación y traducción;
e)
el derecho a permanecer en silencio.
2.   Los Estados miembros garantizarán que la información establecida en el apartado 1 se proporcione verbalmente o por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las personas sospechosas o acusadas que sean vulnerables.»
6
El artículo 8 de la misma Directiva, titulado «Verificación y recursos», preceptúa:
«1.   Los Estados miembros garantizarán que, cuando se proporcione a la persona sospechosa o acusada información de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 a 6, ello se haga constar mediante el procedimiento de registro conforme a la legislación del Estado miembro de que se trate.
2.   Los Estados miembros garantizarán que la persona sospechosa o acusada, o su abogado, tenga derecho a impugnar, de conformidad con los procedimientos previstos por la legislación nacional, el hecho de que las autoridades competentes no le hayan proporcionado la información de conformidad con la presente Directiva o se hayan negado a hacerlo.»
Directiva 2013/48
7
Los considerandos 15 y 50 de la Directiva 2013/48 establecen:
«(15)
En la presente Directiva se entiende por “letrado” cualquier persona que, con arreglo al Derecho nacional, esté cualificada y facultada, también mediante su acreditación por parte de un órgano autorizado, para prestar asesoramiento y asistencia jurídicos a sospechosos o acusados.
[…]
(50)
Los Estados miembros deben garantizar que se respeten los derechos de la defensa y el derecho a un juicio justo a la hora de sopesar las declaraciones que haga un sospechoso o acusado o las pruebas que se obtengan vulnerando su derecho a un letrado, o en aquellos casos para los que se establezca una excepción a este derecho de conformidad con la presente Directiva. En este contexto, debe tenerse presente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según la cual los derechos de la defensa se verán en principio irrevocablemente lesionados si se utilizan para la obtención de una condena declaraciones inculpatorias efectuadas durante los interrogatorios policiales sin posibilidad de acceso a un letrado. Ello debe entenderse sin perjuicio de la utilización de las declaraciones con otros fines permitidos por la normativa nacional, como la necesidad de llevar a cabo actos de instrucción urgentes o de evitar la perpetración de otros delitos o de graves consecuencias adversas para cualquier persona, o en relación con una necesidad urgente de evitar comprometer de modo grave el proceso penal en caso de que la instrucción en curso sobre un delito grave fuese a verse irremediablemente perjudicada por el hecho de que se permita la asistencia de letrado o se retrase la investigación. Por otro lado, ello se entiende sin perjuicio de las disposiciones o sistemas nacionales sobre la admisibilidad de pruebas, y no debe impedir que los Estados miembros mantengan un sistema con arreglo al cual puedan presentarse ante un tribunal o un juez todas las pruebas existentes, sin que se realice una valoración independiente o previa sobre la admisibilidad de dicha prueba.»
8
El artículo 3 de la citada Directiva, titulado «Derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales», dispone:
«1.   Los Estados miembros velarán por que los sospechosos y acusados tengan derecho a ser asistidos por un letrado en el momento y del modo que les permita ejercer sus derechos de defensa en la práctica y de manera efectiva.
2.   El sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado sin demora injustificada. En cualquier caso, el sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado a partir del momento que antes se produzca de entre los que se indican a continuación:
a)
antes de que el sospechoso o acusado sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales;
b)
en el momento en que las autoridades de instrucción u otras autoridades competentes realicen una actuación de investigación o de obtención de pruebas con arreglo al apartado 3, letra c);
c)
sin demora injustificada tras la privación de libertad;
d)
con la suficiente antelación antes de que el sospechoso o acusado citado a personarse ante el tribunal competente en materia penal se presente ante dicho tribunal.
3.   El derecho a la asistencia de letrado implicará lo siguiente:
a)
los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a entrevistarse en privado y a comunicarse con el letrado que lo represente, inclusive con anterioridad a que sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales;
b)
los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a que su letrado esté presente e intervenga de manera efectiva cuando lo interroguen. Esta intervención será acorde con los procedimientos previstos por la normativa nacional, a condición de que tales procedimientos no menoscaben el ejercicio efectivo ni el contenido esencial del derecho de que se trate. Cuando un abogado intervenga durante un interrogatorio, se hará constar así de conformidad con los procedimientos pertinentes de la normativa nacional;
c)
los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho al menos a que su letrado esté presente en las siguientes actuaciones de investigación o de obtención de pruebas, si dichas actuaciones están previstas en la normativa nacional y se exige o permite que el sospechoso o acusado asista a dicho acto:
i)
ruedas de reconocimiento,
ii)
careos,
iii)
reconstrucciones de los hechos.
[…]
5.   En circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de instrucción, los Estados miembros podrán dejar de aplicar temporalmente lo dispuesto en el apartado 2, letra c), en caso de que la lejanía geográfica de un sospechoso o acusado imposibilite el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado sin demora injustificada tras la privación de libertad.
6.   En circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de instrucción, los Estados miembros podrán dejar de aplicar temporalmente los derechos previstos en el apartado 3 en la medida en que esté justificado, en vista de las circunstancias específicas del caso, sobre la base de alguna o varias de las razones imperiosas siguientes:
a)
una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona;
b)
una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.»
9
El artículo 12 de la referida Directiva, titulado «Vías de recurso», dispone:
«1.   Los Estados miembros velarán por que los sospechosos o acusados en procesos penales y las personas reclamadas en el marco de procedimientos relativos a la orden judicial europea dispongan de vías de recurso efectivas conforme a la normativa nacional en los casos en que se hayan vulnerado los derechos que les confiere la presente Directiva.
2.   Sin perjuicio de las disposiciones y sistemas nacionales sobre admisibilidad de pruebas, los Estados miembros garantizarán que en los procesos penales se respeten los derechos de la defensa y las garantías de un juicio justo a la hora de sopesar las declaraciones que haga un sospechoso o acusado, o las pruebas que se obtengan vulnerando su derecho a un letrado, o en aquellos casos para los que el artículo 3, apartado 6, autorice que se establezca una excepción a este derecho.»
10
Con arreglo al artículo 13 de la misma Directiva:
«Los Estados miembros garantizarán que, cuando se aplique la presente Directiva, se tomen en consideración las necesidades específicas de los sospechosos y acusados que sean vulnerables.»
Directiva 2016/343
11
Los considerandos 31 y 44 de la Directiva 2016/343 establecen:
«(31)
Los Estados miembros deben examinar la posibilidad de que, cuando los sospechosos o acusados reciben información sobre sus derechos con arreglo al artículo 3 de la [Directiva 2012/13], se les proporcione igualmente información relativa al derecho a no declarar contra sí mismo, según se establezca en el Derecho nacional de conformidad con la presente Directiva.
[…]
(44)
El principio de eficacia del Derecho de la Unión exige que los Estados miembros implanten vías de recurso adecuadas y eficaces en caso de vulneración de algún derecho otorgado a las personas físicas por el Derecho de la Unión. Toda vía de recurso eficaz, de la que se pueda disponer en caso de vulneración de alguno de los derechos establecidos en la presente Directiva, debe surtir, en la medida de lo posible, el efecto de colocar a los sospechosos o acusados en la misma situación en que se hubiesen encontrado de no haberse producido tal vulneración, con miras a proteger el derecho a un juicio justo y el derecho de defensa.»
12
El artículo 2 de dicha Directiva dispone:
«La presente Directiva se aplica a las personas físicas que sean sospechosas o acusadas en procesos penales. Es aplicable a todas las fases del proceso penal, desde el momento en que una persona es sospechosa o acusada de haber cometido una infracción penal, o una presunta infracción penal, hasta que adquiera firmeza la resolución final sobre si la persona ha cometido o no la infracción penal en cuestión.»
13
El artículo 7 de la misma Directiva, titulado «Derecho a guardar silencio y derecho a no declarar contra sí mismo», dispone en sus apartados 1 y 2:
«1.   Los Estados miembros garantizarán que los sospechosos y acusados tengan derecho a guardar silencio en relación con la infracción penal de que sean sospechosos o se les acuse.
2.   Los Estados miembros garantizarán que los sospechosos y acusados tengan derecho a no declarar contra sí mismos.»
14
El artículo 10 de la Directiva referida, titulado «Vías de recurso», es del siguiente tenor:
«1.   Los Estados miembros velarán por que, en caso de vulneración de los derechos establecidos en la presente Directiva, los sospechosos y acusados dispongan de vías efectivas de recurso.
2.   Sin perjuicio de las disposiciones y sistemas nacionales en materia de admisibilidad de la prueba, los Estados miembros garantizarán que se respeten el derecho de defensa y las garantías de un juicio justo a la hora de valorar las declaraciones que haga un sospechoso o acusado, o las pruebas que se obtengan vulnerando su derecho a guardar silencio o a no declarar contra sí mismos.»
Directiva 2016/800
15
Los considerandos 1, 11, 16, 18, 19, 22, 25 a 27 y 29 a 32 de la Directiva 2016/800 enuncian:
«(1)
La presente Directiva tiene por objeto establecer garantías procesales para que los menores, es decir, las personas de menos de 18 años, sospechosos o acusados en procesos penales puedan comprender y seguir dichos procesos, a fin de permitirles ejercer su derecho a un juicio justo, prevenir su reincidencia y fomentar su inserción social.
[…]
(11)
La presente Directiva, o ciertas disposiciones de ella, también deben aplicarse a los sospechosos o acusados en procesos penales y a las personas buscadas que fueran menores en el momento en que quedaron sujetas a dichos procesos, pero hayan alcanzado posteriormente la edad de 18 años, y cuando la aplicación de la presente Directiva resulte adecuada habida cuenta de todas las circunstancias del caso, entre ellas la madurez y la vulnerabilidad de la persona de que se trate.
[…]
(16)
En algunos Estados miembros se consideran infracciones penales ciertas infracciones leves, en particular las infracciones de tráfico leves, las infracciones leves de las ordenanzas municipales generales y las infracciones leves del orden público. En tales situaciones, no sería razonable exigir que las autoridades competentes garanticen todos los derechos que reconoce la presente Directiva. Así pues, en los casos en que, con arreglo a la normativa de un Estado miembro, no puedan imponerse sanciones que conlleven privación de libertad para infracciones leves, la presente Directiva solo debe aplicarse a los procesos incoados ante órganos jurisdiccionales competentes en materia penal.
[…]
(18)
La presente Directiva debe aplicarse teniendo en cuenta las disposiciones de las Directivas [2012/13] y [2013/48]. La presente Directiva establece nuevas garantías complementarias en lo relativo a la información que debe facilitarse al menor y al titular de la patria potestad a fin de tener en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas de los menores.
(19)
Los menores deben recibir información sobre los aspectos generales del desarrollo del proceso. Con este fin se les debe facilitar, en particular, una breve explicación de las posteriores fases procesales, en la medida en que sea posible en interés del proceso penal, y sobre la función de las autoridades que intervienen. La información que se facilite debe depender de las circunstancias de cada caso.
[…]
(22)
Los Estados miembros deben informar al titular de la patria potestad, por escrito, oralmente o de ambas formas, sobre los derechos procesales aplicables. Esta información debe facilitarse lo antes posible y con el grado de detalle necesario para salvaguardar la equidad del proceso y permitir el ejercicio efectivo de los derechos del menor.
[…]
(25)
Los menores sospechosos o acusados tienen derecho a la asistencia de un letrado de conformidad con la Directiva [2013/48]. Dado que los menores son vulnerables y no siempre son capaces de comprender y seguir plenamente un proceso penal, deben estar asistidos por un letrado en las situaciones previstas en la presente Directiva. En esas situaciones, los Estados miembros deben organizar la asistencia del menor por un letrado, cuando ni el menor ni el titular de la patria potestad hayan organizado dicha asistencia. Los Estados miembros deben proporcionar asistencia jurídica gratuita cuando resulte necesaria para que el menor sea asistido efectivamente por un letrado.
(26)
La asistencia letrada a efectos de la presente Directiva presupone que el menor tenga derecho a dicha asistencia con arreglo a la Directiva [2013/48]. Por consiguiente, cuando la aplicación de una disposición de la Directiva [2013/48] impida que el menor disponga de asistencia letrada en virtud de la presente Directiva, no debe aplicarse dicha disposición al derecho de los menores a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva [2013/48]. Por otra parte, las excepciones a la asistencia letrada previstas en la presente Directiva no deben afectar al derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva [2013/48,] al derecho a la asistencia jurídica gratuita con arreglo a la Carta y al [Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950], al Derecho nacional y al de la Unión.
(27)
Lo dispuesto en la presente Directiva en materia de asistencia letrada debe aplicarse sin demora indebida, en cuanto se ponga en conocimiento del menor su condición de sospechoso o acusado. A efectos de la presente Directiva, por asistencia letrada se entiende toda asistencia jurídica y representación por un letrado durante el proceso penal. Si, de conformidad con la presente Directiva, el menor debe recibir asistencia letrada durante el interrogatorio, debe estar presente un letrado. Sin perjuicio del derecho del menor a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva [2013/48], la asistencia letrada no exige que un letrado tenga que estar presente en cada acto de investigación o de obtención de pruebas.
[…]
(29)
En caso de que un menor que inicialmente no fuese sospechoso ni acusado, por ejemplo un testigo, se convierta en sospechoso o acusado, debe tener derecho a no declarar contra sí mismo y a guardar silencio, de conformidad con el Derecho de la Unión y el CEDH, tal como lo interpreta el [Tribunal de Justicia] y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, la presente Directiva hace referencia expresa a la situación concreta en que ese menor se convierte en sospechoso o acusado en el curso del interrogatorio realizado por la policía u otras autoridades policiales en el contexto de un proceso penal. Cuando, durante un interrogatorio, un menor que no sea sospechoso ni acusado se convierta en sospechoso o acusado, debe suspenderse el interrogatorio hasta que se ponga en conocimiento del menor su condición de sospechoso o acusado y disponga de asistencia letrada de conformidad con la presente Directiva.
(30)
Siempre que ello sea conforme con el derecho a un juicio justo, los Estados miembros deben poder establecer excepciones a la obligación de prestar asistencia letrada cuando no sea proporcionado, habida cuenta de las circunstancias del caso, partiendo de la base de que el interés superior del menor siempre debe constituir una consideración primordial. En cualquier caso, el menor debe disponer de asistencia letrada cuando se le presente ante el órgano jurisdiccional competente para decidir sobre su detención en cualquier fase del proceso dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva y durante su detención. Además, no se debe imponer una pena de privación de libertad a no ser que el menor haya contado con asistencia letrada de manera que haya podido ejercer su derecho de defensa de modo efectivo y, en cualquier caso, durante la vista oral del juicio ante un órgano jurisdiccional. Los Estados miembros deben poder establecer disposiciones prácticas a este respecto.
(31)
Debe permitirse a los Estados miembros establecer excepciones temporales a la obligación de prestar asistencia letrada en la fase prejudicial cuando existan razones imperiosas, por ejemplo, una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o cuando sea imperativa una actuación inmediata de las autoridades de investigación para evitar comprometer seriamente el proceso penal en relación con una infracción penal grave, por ejemplo con el fin de obtener información sobre los presuntos autores de una infracción penal grave o para evitar que se pierdan pruebas importantes relativas a una infracción penal grave. Durante la vigencia de una excepción temporal por una de esas razones imperiosas, las autoridades competentes deben poder interrogar a un menor sin la presencia del letrado, siempre que se le haya informado de su derecho a guardar silencio y de que pueda ejercer ese derecho, y que el interrogatorio no menoscabe el derecho de defensa, incluido el derecho a no declarar contra sí mismo. Solo debe poder llevarse a cabo el interrogatorio en la medida necesaria para obtener información que sea esencial para evitar graves consecuencias negativas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona o para evitar comprometer seriamente el proceso penal. En principio, el recurso abusivo a esta excepción temporal supondría un perjuicio irremediable para el derecho de defensa.
(32)
Los Estados miembros deben establecer con claridad en su Derecho nacional los motivos y los criterios de tal excepción temporal y deben hacer un uso restrictivo de ella. Toda excepción temporal debe ser proporcionada, estrictamente limitada en el tiempo, no basarse exclusivamente en el tipo o la gravedad de la presunta infracción penal y no ir en detrimento de la equidad general del proceso. Los Estados miembros deben velar por que, cuando una autoridad competente que no sea un órgano jurisdiccional haya autorizado una excepción temporal en virtud de la presente Directiva, un órgano jurisdiccional pueda examinar la decisión de autorizar la excepción temporal, al menos durante la fase del juicio.»
16
El artículo 1, letra a), de dicha Directiva establece:
«La presente Directiva establece una serie de normas mínimas comunes sobre determinados derechos de los menores:
a)
sospechosos o acusados en procesos penales […]».
17
A tenor del artículo 2 de dicha Directiva, que define su ámbito de aplicación:
«1.   La presente Directiva se aplicará a los menores sospechosos o acusados en procesos penales. Se aplicará hasta la decisión definitiva que determine si el sospechoso o acusado ha cometido una infracción penal, incluidas, cuando proceda, la imposición de la condena y la resolución de cualquier recurso.
2.   La presente Directiva se aplicará a los menores que sean personas buscadas, a partir del momento de su detención en el Estado miembro de ejecución de conformidad con el artículo 17.
3.   A excepción del artículo 5, letra b), del artículo 8, apartado 3, y del artículo 15, en la medida en que dichas disposiciones hacen referencia al titular de la patria potestad, la presente Directiva, o ciertas disposiciones de ella, se aplicará a las personas mencionadas en los apartados 1 y 2 del presente artículo, en el caso de que esas personas fueran menores en el momento en que quedaron sujetas a dichos procesos, pero hayan alcanzado posteriormente la edad de 18 años, y la aplicación de la presente Directiva, o de ciertas disposiciones de ella, resulte adecuada habida cuenta de todas las circunstancias del caso, incluidas la madurez y vulnerabilidad de la persona de que se trate. Los Estados miembros podrán decidir que la presente Directiva no se aplique cuando la persona de que se trate haya cumplido los 21 años de edad.
[…]»
18
El artículo 3, punto 1, de la misma Directiva define el «menor» como «toda persona de menos de dieciocho años».
19
A tenor del artículo 4 de la Directiva 2016/800, titulado «Derecho a la información»:
«1.   Los Estados miembros velarán por que, cuando se ponga en conocimiento de los menores su condición de sospechosos o acusados en un proceso penal, sean informados con prontitud acerca de sus derechos con arreglo a la Directiva [2012/13] y de los aspectos generales del desarrollo del proceso.
Los Estados miembros garantizarán asimismo que los menores sean informados sobre los derechos establecidos en la presente Directiva. Esta información se facilitará del siguiente modo:
a)
con prontitud cuando se ponga en conocimiento del menor su condición de sospechoso o acusado, por lo que respecta a los derechos siguientes:
i)
el derecho a que el titular de la patria potestad sea informado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5,
ii)
el derecho a asistencia letrada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6,
iii)
el derecho a la protección de la vida privada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14,
iv)
el derecho a estar acompañado por el titular de la patria potestad durante determinadas fases del proceso que no sean las vistas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 4,
v)
el derecho a asistencia jurídica gratuita con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18;
b)
en la fase más temprana del proceso en que ello resulte adecuado, por lo que respecta a los derechos siguientes:
i)
el derecho a una evaluación individual con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7,
ii)
el derecho a un reconocimiento médico, incluido el derecho a asistencia médica, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8,
iii)
el derecho a la limitación de la privación de libertad y al uso de medidas alternativas, incluido el derecho a la revisión periódica de la detención, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 y 11,
iv)
el derecho a estar acompañado por el titular de la patria potestad durante las vistas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1,
v)
el derecho a estar presente en el juicio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16,
vi)
el derecho a vías de recurso efectivas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19;
c)
en el momento de la privación de libertad, por lo que respecta al derecho a un trato específico durante la privación de libertad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12.
2.   Los Estados miembros garantizarán que la información a que se refiere el apartado 1 se facilite por escrito o verbalmente, o de ambos modos, en un lenguaje sencillo y accesible, y que quede constancia de la información facilitada de acuerdo con el procedimiento que prevea para ello el Derecho nacional.
3.   Los Estados miembros garantizarán que, cuando se facilite a los menores la declaración de derechos de conformidad con la Directiva [2012/13], dicha declaración incluya una referencia a los derechos que les reconoce la presente Directiva.»
20
El artículo 5 de la Directiva 2016/800, titulado «Derecho del menor a que el titular de la patria potestad sea informado», establece en su apartado 1:
«Los Estados miembros velarán por que se facilite cuanto antes al titular de la patria potestad la información que el menor tiene derecho a recibir de conformidad con el artículo 4.»
21
El artículo 6 de esta Directiva, titulado «Asistencia letrada», dispone:
«1.   Los menores que sean sospechosos o acusados en procesos penales tendrán derecho a la asistencia de letrado de conformidad con la Directiva [2013/48]. Ninguna disposición de la presente Directiva, y en particular del presente artículo, afectará a ese derecho.
2.   Los Estados miembros velarán por que los menores reciban asistencia letrada de conformidad con el presente artículo de modo que puedan ejercer de forma efectiva el derecho de defensa.
3.   Los Estados miembros velarán por que los menores reciban asistencia letrada sin demora indebida en cuanto se ponga en conocimiento de dichos menores su condición de sospechosos o acusados. En cualquier caso, los menores recibirán asistencia letrada a partir del momento que antes se produzca de entre los que se indican a continuación:
a)
antes de que sean interrogados por la policía u otras autoridades policiales o judiciales;
b)
en el momento en que las autoridades de investigación u otras autoridades competentes realicen una actuación de investigación o de obtención de pruebas con arreglo al apartado 4, letra c);
c)
sin demora indebida tras la privación de libertad;
d)
habiendo sido citados a personarse ante un órgano jurisdiccional competente en materia penal, con la suficiente antelación antes de que se presenten ante dicho órgano jurisdiccional.
4.   La asistencia letrada incluirá lo siguiente:
a)
los Estados miembros velarán por que los menores tengan derecho a entrevistarse en privado y a comunicarse con el letrado que los defienda, incluso con anterioridad a que sean interrogados por la policía u otras autoridades policiales o judiciales;
b)
los Estados miembros velarán por que los menores reciban asistencia letrada cuando sean interrogados y a que el letrado pueda intervenir de manera efectiva durante el interrogatorio. Esta intervención se desarrollará de acuerdo con los procedimientos previstos por el Derecho nacional, a condición de que tales procedimientos no menoscaben el ejercicio efectivo ni el contenido esencial del derecho de que se trate. Cuando un letrado intervenga durante el interrogatorio, se dejará constancia de este extremo de acuerdo con el procedimiento que prevea para ello el Derecho nacional;
c)
los Estados miembros velarán por que los menores reciban asistencia letrada, como mínimo, en los siguientes actos de investigación o de obtención de pruebas, si dichos actos están previstos en el Derecho nacional y si se requiere o permite que el sospechoso o acusado asista a dicho acto:
i)
ruedas de reconocimiento,
ii)
careos,
iii)
reconstrucciones de los hechos.
5.   Los Estados miembros respetarán la confidencialidad de las comunicaciones entre los menores y sus letrados, en el ejercicio del derecho a la asistencia letrada previsto en la presente Directiva. Dichas comunicaciones incluirán las reuniones, la correspondencia, las conversaciones telefónicas y otras formas de comunicación permitidas en el Derecho nacional.
6.   Siempre que se respete el derecho a un juicio justo, los Estados miembros podrán establecer excepciones al apartado 3 cuando la asistencia letrada no sea proporcionada en las circunstancias del caso, habida cuenta de la gravedad de la presunta infracción penal, la complejidad del caso o las medidas que podrían tomarse respecto de dicha infracción, sin perjuicio de que el interés superior del menor siempre debe constituir una consideración primordial.
En cualquier caso, los Estados miembros deben velar por que los menores reciban asistencia letrada:
a)
cuando se les ponga a disposición del órgano jurisdiccional competente para decidir sobre su detención en cualquier fase del proceso dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, y
b)
durante la detención.
Los Estados miembros velarán asimismo por que no se imponga una pena de privación de libertad, a menos que el menor haya contado con asistencia letrada, de modo que haya podido ejercer el derecho de defensa de modo efectivo y, en cualquier caso, durante la vista oral del juicio ante el órgano jurisdiccional.
7.   Cuando el menor deba recibir asistencia letrada con arreglo al presente artículo, pero no haya presente ningún letrado, las autoridades competentes aplazarán el interrogatorio del menor, u otros actos de investigación o de obtención de pruebas de los contemplados en el apartado 4, letra c), durante un período razonable, para dar tiempo a que llegue el letrado o a organizar la asistencia letrada del menor, cuando este no haya designado a un letrado.
8.   En circunstancias excepcionales y únicamente antes de llegar a juicio, los Estados miembros podrán dejar de aplicar temporalmente los derechos previstos en el apartado 3, en la medida en que esté justificado en las circunstancias específicas del caso, sobre la base de alguna o varias de las razones imperiosas siguientes:
a)
una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona;
b)
una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de investigación para evitar comprometer seriamente el proceso penal en relación con una infracción penal grave.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes, al aplicar el presente apartado, tengan en cuenta el interés superior del menor.
La decisión de proceder al interrogatorio en ausencia del letrado con arreglo al presente apartado solo podrá adoptarse caso por caso bien por una autoridad judicial o bien por otra autoridad competente cuyas decisiones puedan ser objeto de control jurisdiccional.»
22
El artículo 7 de dicha Directiva se refiere al derecho a una evaluación individual.
23
En virtud del artículo 13, apartado 2, de la misma Directiva:
«Los Estados miembros tomarán medidas adecuadas para velar por que los menores sean tratados siempre de manera que se proteja su dignidad y de un modo que sea adecuado a su edad, madurez y nivel de comprensión, y teniendo en cuenta cualesquiera necesidades especiales que puedan tener, incluidas las posibles dificultades de comunicación.»
24
El artículo 15 de la Directiva 2016/800, titulado «Derecho del menor a estar acompañado por el titular de la patria potestad durante el proceso», establece en su apartado 4:
«Además del derecho contemplado en el apartado 1, los Estados miembros velarán por que los menores tengan derecho a estar acompañados por el titular de la patria potestad u otro adulto adecuado según lo previsto en el apartado 2 durante fases del proceso en que esté presente el menor y que no sean las vistas, cuando la autoridad competente considere que:
a)
redunda en interés superior del menor estar acompañado por dicha persona, y
b)
la presencia de dicha persona no perjudica al curso normal del proceso penal.»
25
El artículo 18 de esta Directiva reza:
«Los Estados miembros velarán por que la normativa nacional en materia de asistencia jurídica gratuita garantice el ejercicio efectivo del derecho de asistencia letrada en virtud del artículo 6.»
26
El artículo 19 de dicha Directiva dispone:
«Los Estados miembros velarán por que los menores sospechosos o acusados en procesos penales y los menores que sean personas buscadas dispongan de alguna vía de recurso efectiva en el Derecho nacional en caso de que se vulneren los derechos que les confiere la presente Directiva.»
Derecho polaco
27
El artículo 6 de la ustawa — Kodeks postępowania karnego (Ley por la que se establece el Código de Enjuiciamiento Criminal), de 6 de junio de 1997 (Dz. U. de 2022, posición 1375), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «CEC»), dispone:
«La persona acusada de un delito gozará de los derechos de la defensa, en particular del derecho a la asistencia de un defensor, del que debe ser informada.»
28
El artículo 79 de la CEC dispone:
«1.   En un proceso penal, el acusado deberá ser defendido:
1)
si tiene menos de dieciocho años;
[…]
2.   El acusado también debe ser defendido si el órgano jurisdiccional lo considera necesario a la vista de otras circunstancias que pudieran obstaculizar su defensa.
3.   En los casos establecidos en los apartados 1 y 2, la presencia del letrado será obligatoria en la vista y en las sesiones en las que deba participar el acusado.
[…]»
29
A tenor del artículo 168a de la CEC:
«Las pruebas no podrán declararse inadmisibles por el mero hecho de haberse obtenido infringiendo normas procesales o mediante la comisión de una infracción, en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Código Penal, a menos que las pruebas se hayan obtenido por un funcionario público en el marco del ejercicio de sus funciones tras un homicidio doloso, lesiones dolosas o privación de libertad.»
30
El artículo 301 de la CEC dispone lo siguiente:
«El sospechoso será interrogado, a petición propia, en presencia del letrado designado. La ausencia de este último no impedirá la práctica del interrogatorio.»
31
En virtud del artículo 9 de la ustawa — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios), de 27 de julio de 2001 (Dz. U. de 2001, n.o 98, posición 1070), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios»), el ministro de Justicia ejerce el control administrativo sobre la actividad de los tribunales.
32
A tenor del artículo 130 de esta Ley:
«1. Cuando un juez sea detenido cometiendo un delito doloso flagrante distinto de un delito leve o cuando, habida cuenta del tipo de acto cometido por el juez, la autoridad del tribunal o los intereses esenciales del servicio exijan que sea inmediatamente destituido, el presidente del tribunal o el ministro de Justicia podrán ordenar la suspensión inmediata de las actividades del juez a la espera de que el tribunal disciplinario resuelva en un plazo inferior a un mes.
2. Si el juez mencionado en el apartado 1 ejerce las funciones de presidente del tribunal, corresponderá al ministro de Justicia ordenar la suspensión temporal de sus actividades.
3. En el plazo de tres días a partir de la fecha de la decisión a que se refiere el apartado 1, el presidente del tribunal o el ministro de Justicia informará de ella al tribunal disciplinario, que adoptará sin demora, a más tardar antes de la expiración del plazo fijado por la decisión de suspensión temporal, una resolución relativa a la suspensión de las funciones del juez o a la anulación de la decisión de suspensión temporal. El tribunal disciplinario informará al juez de la celebración de la sesión si lo considera oportuno.»
33
Varias disposiciones de la ustawa — Prawo o prokuraturze (Ley del Ministerio Fiscal), de 28 de enero de 2016 (Dz. U. de 2016, posición 177), en su versión aplicable al litigio principal, relativas a la organización y la estructura del Ministerio Fiscal y a las competencias de los fiscales, se enumeran en la petición de decisión prejudicial. Estas disposiciones establecen, en particular, que la función de Prokurator Generalny (Fiscal General) será ejercida por el ministro de Justicia. Además, los fiscales ejercen sus funciones, en principio, con total independencia. No obstante, están obligados a aplicar los reglamentos, circulares e instrucciones adoptadas por el fiscal de rango superior.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
34
El Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunal de Distrito de Słupsk, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, conoce de un proceso penal incoado contra M. S., J. W. y M. P. (en lo sucesivo, «menores sospechosos») por haber allanado un antiguo centro de vacaciones en desuso situado en Ustka (Polonia) (en lo sucesivo, «hechos controvertidos»), perjudicando así a M. B. y a B. B., representados por el curador designado, D. G. Dicho allanamiento constituye un delito en virtud del Kodeks karny (Código Penal), castigado con una pena de hasta un año de prisión.
35
Se acusa a M. S. de haber entrado en varias ocasiones, entre los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, en el lugar allanado, y a J. W. y a M. P. de haber entrado en aquel una sola vez. En el momento de los hechos controvertidos, M. S., J. W. y M. P. tenían diecisiete años.
36
M. S. fue citado por la policía el 26 de enero de 2022 para ser interrogado como sospechoso. El agente de policía que le interrogó sabía que, en esa fecha, M. S. aún no tenía dieciocho años. Sus padres no fueron informados previamente de este interrogatorio. La citación no indicaba que M. S. podía designar un letrado. M. S. acudió a la comisaría de policía con su madre quien, a pesar de haberlo solicitado, no pudo asistir al interrogatorio de su hijo debido a que, según los policías, este respondía como adulto de los hechos controvertidos. Además, se denegó a la madre cualquier información relativa al desarrollo de la fase de investigación y tampoco se informó a M. S. de su derecho a tomar conocimiento del expediente del procedimiento antes de que se presentara el escrito de acusación ante el tribunal.
37
Durante este primer interrogatorio, M. S. reconoció haber cometido los hechos controvertidos y relató detalladamente cómo se habían desarrollado los acontecimientos, realizando declaraciones que podían incriminarlo. A raíz de estas declaraciones, se modificaron los cargos formulados contra él, ya que, en lugar de ser acusado de haber entrado una sola vez en el centro de vacaciones de que se trata, fue acusado de haber entrado en este en varias ocasiones.
38
Se leyó y entregó a M. S. la decisión de procesamiento. Firmó dicha decisión. El documento relativo a la información general sobre los derechos y obligaciones del sospechoso en el marco de un proceso penal también le fue entregado, sin que tal documento contuviera ninguna mención específica en relación con los derechos y obligaciones de los menores. La información facilitada incluía, entre otras cosas, información relativa al derecho a declarar o a guardar silencio, o incluso a negarse a responder a preguntas sin necesidad de motivar dicha negativa, al derecho a ser asistido por un letrado de su elección y al derecho a solicitar la designación de un letrado de oficio si el sospechoso careciera de los medios económicos necesarios para elegir a su letrado, así como al derecho a solicitar la asistencia del letrado designado durante el interrogatorio, aunque su ausencia no constituye un obstáculo para el interrogatorio. Dado que el documento era voluminoso y complejo, M. S. no tomó conocimiento de su contenido. No obstante, lo firmó en señal de aceptación.
39
M. S. también fue informado de su derecho a solicitar la comunicación oral de la fundamentación de los cargos que se le imputaban, así como una exposición escrita de los motivos de la decisión de procesamiento, que debían ser notificadas, a él o a su letrado, en un plazo de catorce días. Ni renunció a ese derecho ni presentó tales solicitudes. Ni M. S. ni sus padres designaron letrado para su defensa. M. S. tampoco se benefició de un letrado de oficio.
40
M. S. fue interrogado en dos ocasiones. Ninguno de estos interrogatorios fue objeto de grabación audiovisual. Sobre la base de la información facilitada por M. S. durante sus interrogatorios, los agentes de policía identificaron a otras personas sospechosas de haber allanado con él el centro de vacaciones en cuestión, entre ellas los otros menores sospechosos, J. W. y M. P.
41
Estos dos menores fueron citados en la comisaría de policía de Ustka para ser interrogados como sospechosos. Ni los padres de J. W. ni los de M. P. fueron informados de ese interrogatorio, pese a que el agente de policía encargado de este sabía que los dos sospechosos tenían menos de dieciocho años.
42
Los interrogatorios de J. W. y de M. P. se desarrollaron de forma similar al de M. S. Las citaciones de J. W. y de M. P. al interrogatorio no contenían información alguna sobre su derecho a designar letrado o a ser asistidos por un letrado de oficio. Ni J. W., ni M. P. ni los padres de estos sabían o habían sido informados de que tenían derecho a obtener información sobre el desarrollo del proceso o, en el caso de estos últimos, de acompañar a sus hijos en el marco de la fase prejudicial. J. W. y M. P. recibieron el mismo documento que se entregó a M. S., mencionado en el apartado 38 de la presente sentencia, y omitieron, como este último, tomar conocimiento del contenido del documento a causa de su volumen y de la complejidad del lenguaje utilizado.
43
Durante la fase de instrucción no se llevó a cabo ninguna evaluación individual de los menores sospechosos con arreglo al artículo 7 de la Directiva 2016/800.
44
El 31 de mayo de 2022, el Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupsku (Fiscal del Distrito de Słupsk, Polonia) firmó el escrito de acusación relativo a los menores sospechosos y lo remitió al Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunal de Distrito de Słupsk). Dado que los menores sospechosos no tenían letrado designado, dicho tribunal designó de oficio un letrado para cada uno de ellos.
45
En la vista celebrada el 23 de agosto de 2022, en la que los menores sospechosos se declararon no culpables, M. S. prestó declaración, pero J. W. y M. P. se negaron a declarar, respondiendo únicamente a las preguntas de sus letrados. Los abogados de los menores sospechosos solicitaron para cada uno de ellos que no se tuvieran en cuenta las declaraciones prestadas en la fase prejudicial, ya que dichas pruebas se habían obtenido vulnerando sus derechos procesales, a saber, en el curso de interrogatorios llevados a cabo por la policía sin asistencia letrada, a su juicio siendo preceptiva su participación. Los letrados alegaron que los elementos de prueba así obtenidos no podían servir de base para las apreciaciones de hecho.
46
El Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunal de Distrito de Słupsk) declaró que la solicitud del Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupsku (Fiscal del Distrito de Słupsk) de poder tener en cuenta los elementos de prueba basados en las declaraciones realizadas por los menores sospechosos durante la fase de instrucción, en el curso de los interrogatorios llevados a cabo sin asistencia letrada, era inadmisible. Por lo tanto, estas declaraciones fueron retiradas del expediente.
47
En la vista de 26 de agosto de 2022, el referido órgano jurisdiccional declaró de oficio que M. P. había cumplido la edad de dieciocho años y que, habida cuenta del artículo 79, apartado 1, punto 1, de la CEC, la obligación de ser asistido por letrado ya no le atañía. No obstante, el letrado de M. P. solicitó que se mantuviera su designación de oficio sobre la base de que este último era menor de edad en el momento de la incoación del proceso penal y de que resultaba de las circunstancias del asunto que su grado de madurez requería que le asistiera un letrado de oficio. Dicho órgano jurisdiccional estimó esta solicitud.
48
En su petición de decisión prejudicial, el Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunal de Distrito de Słupsk) señala también que el superior jerárquico del Prokurator Rejonowy w Słupsku (Fiscal del Distrito de Słupsk), parte en el proceso penal incoado contra los menores sospechosos, es el Prokurator Generalny (Fiscal General), que es también el ministro de Justicia. Este dirige la actividad del Ministerio Fiscal, personalmente o a través del Prokurator Krajowy (Fiscal Nacional) y de otros sustitutos del Prokurator Generalny (Fiscal General), adoptando decisiones, directrices e instrucciones.
49
Pues bien, la jueza que conoce del litigio principal como órgano jurisdiccional unipersonal del Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunal de Distrito de Słupsk) fue cesada en sus funciones durante el período comprendido entre el 9 de febrero de 2022 y el 8 de marzo de 2022, mediante resolución del Prokurator Generalny (Fiscal General), con arreglo al artículo 130, apartado 1, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, debido a que, en un asunto distinto del litigio principal, había cometido un acto de tal naturaleza que la autoridad del Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunal de Distrito de Słupsk) y los intereses esenciales del servicio exigían que fuera inmediatamente relevada de sus funciones.
50
En efecto, en ese otro asunto, dicha jueza había dictado un auto en el que, accediendo a la solicitud de una parte, recusaba a un juez que había sido nombrado a raíz de un procedimiento en el que estaba involucrado el Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia), creado después del año 2018, porque tal nombramiento no era conforme con el Derecho de la Unión ni con el CEDH.
51
Entonces, el Prokurator Rejonowy w Słupsku (Fiscal del Distrito de Słupsk) informó al Prokurator Regionalny w Gdańsku (Fiscal Regional de Gdansk, Polonia) de esta situación, quien transmitió esa información al ministro de Justicia con arreglo a instrucciones emitidas por el Ministerio Fiscal, que obligan a los fiscales a informar inmediatamente al Fiscal Regional territorialmente competente de los casos en los que los jueces ponen en tela de juicio el estatuto de otro juez de un tribunal ordinario o el estatuto de los jueces que componen el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia). En esencia, estas instrucciones obligan a notificar cualquier situación en la que un juez invoque directamente disposiciones del Derecho de la Unión, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, inaplicando el Derecho nacional.
52
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente tiene dudas sobre la interpretación del Derecho de la Unión en relación con varias cuestiones.
53
En primer lugar, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, las circunstancias en las que se desarrolló el proceso penal impidieron a los menores sospechosos disfrutar de las normas mínimas de protección aplicables a los «menores», en el sentido del artículo 3, punto 1, de la Directiva 2016/800, desde el momento en que son sospechosos o acusados, así como de los derechos de los que son titulares todos los sospechosos en virtud de las Directivas 2013/48 y 2012/13, lo que a su juicio pone de manifiesto una transposición inadecuada de estas Directivas al Derecho polaco.
54
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre las consecuencias que deben extraerse de que no se aplique correctamente el Derecho de la Unión, habida cuenta del efecto directo de las disposiciones relativas al derecho a la información y al derecho a asistencia letrada. Subraya que las normas procesales vigentes en Polonia contienen disposiciones que no solo no son suficientemente precisas para garantizar los derechos de los menores enunciados en la Directiva 2016/800, sino que también impiden interpretar estas disposiciones de manera conforme con el Derecho de la Unión.
55
En tercer lugar, las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren a las vías de recurso efectivas para garantizar a los menores sospechosos o acusados que se neutralizan los efectos de la vulneración de sus derechos derivados de la Directiva 2016/800, así como de las Directivas 2012/13 y 2013/48, interpretadas a la luz del principio del juicio justo. El artículo 19 de la Directiva 2016/800 estipula que los menores sospechosos o acusados deben disponer de alguna vía de recurso efectiva en el Derecho nacional en caso de que se vulneren los derechos que les confiere dicha Directiva. Sin embargo, esta última no precisa cuáles son esas vías de recurso, lo que da a entender al órgano jurisdiccional remitente que su determinación se deja a la discreción de los Estados miembros.
56
Además, de las Directivas 2012/13 y 2013/48 se desprende que no existen, en el Derecho de la Unión, disposiciones claras sobre la posibilidad de utilizar como prueba las declaraciones realizadas por un menor sospechoso o acusado sin asistencia letrada. Sin embargo, el artículo 12 de la Directiva 2013/48, interpretado a la luz de su considerando 50, establece una cláusula de exclusión de las pruebas obtenidas vulnerando el derecho a asistencia letrada.
57
Además, el órgano jurisdiccional remitente subraya que ni el CEDH ni la Carta establecen las modalidades de ejercicio del derecho de defensa o las consecuencias de una vulneración de ese derecho, sino que dejan a los Estados miembros elegir los medios para que sus sistemas judiciales garanticen esos derechos, siempre que tales medios cumplan los requisitos del juicio justo. A este respecto, es necesario remitirse al CEDH para determinar el nivel mínimo de protección que las vías de recurso deben garantizar. A juicio del órgano jurisdiccional remitente, en su jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha definido la importancia del derecho a la asistencia letrada a efectos de evaluar la equidad de los procedimientos y ha resuelto acerca de la facultad de utilizar, en el marco del proceso penal, pruebas obtenidas vulnerando el derecho del sospechoso a la asistencia letrada en la fase inicial del proceso penal.
58
En cuarto lugar, el órgano jurisdiccional remitente formula una última serie de consideraciones relativas al estatuto del fiscal en el marco de la investigación penal y a la independencia judicial. Según aquel, el principio de protección efectiva de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión se basa necesariamente en la independencia e imparcialidad de todas las autoridades del Estado miembro de que se trate. Pues bien, un mecanismo que permita a los órganos del poder ejecutivo interferir en el proceso de decisión de las autoridades investigadoras, al igual que en el de los órganos jurisdiccionales, sería problemático en la medida en que permitiría al poder ejecutivo influir en las calificaciones formuladas y cuestionar las sentencias dictadas, inmiscuyéndose en el proceso de aplicación directa del Derecho de la Unión tanto en la fase de la investigación penal como en la del procedimiento judicial.
59
En particular, el órgano jurisdiccional remitente manifiesta su preocupación con respecto a la facultad del ministro de Justicia de ordenar, con arreglo al artículo 130, apartado 1, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, la suspensión inmediata de un juez en sus funciones cuando toma decisiones directamente basadas en el Derecho de la Unión o decisiones destinadas a garantizar la independencia y la imparcialidad de un órgano jurisdiccional.
60
En estas circunstancias, el Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunal de Distrito de Słupsk) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 6, apartados 1, 2, 3, letra a), y 7, así como el artículo 18, en relación con los considerandos 25, 26 y 27 de la [Directiva 2016/800], en el sentido de que, desde el momento en que resulte imputada una persona sospechosa que no haya cumplido los 18 años de edad, las autoridades actuantes estarán obligadas a garantizar al menor el derecho a la asistencia letrada de oficio, cuando no tenga un defensor de su elección (cuando ni el menor, ni el titular de la patria potestad hayan procurado dicha asistencia), así como la prestación de asistencia letrada en las actuaciones de la fase de instrucción del procedimiento, como la toma de declaración al menor en calidad de sospechoso, y de que impide[n] llevar a cabo actuaciones consistentes en el interrogatorio de un menor sin asistencia letrada?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 6, apartados 6 y 8, en relación con los considerandos 16, 30, 31 y 32 de la [Directiva 2016/800], en el sentido de que la excepción al derecho a recibir asistencia letrada sin demora indebida no es admisible en ningún caso en procedimientos sobre infracciones sancionadas con una pena privativa de libertad, mientras que la excepción temporal del ejercicio del derecho a la asistencia letrada en el sentido del artículo 6, apartado 8, de [esa] Directiva solo será posible en la fase de instrucción del procedimiento y solo cuando concurran las circunstancias mencionadas en el artículo 6, apartado 8, letras a) y b) [de dicha Directiva], circunstancias que deben hacerse constar expresamente en la decisión, en principio impugnable, de proceder al interrogatorio en ausencia de abogado?
3)
En caso de respuesta afirmativa a, al menos, una de las dos primeras cuestiones prejudiciales, ¿deben interpretarse, por consiguiente, las disposiciones de la Directiva citada anteriormente en el sentido de que se oponen a unas disposiciones nacionales, como:
a)
el artículo 301 de la [CEC], segunda frase, con arreglo al cual el sospechoso será interrogado con asistencia letrada exclusivamente cuando lo solicite y la incomparecencia del letrado al interrogatorio no suspenderá dicho interrogatorio;
b)
el artículo 79 de la [CEC], apartado 3, con arreglo al cual, en el supuesto de una persona que no haya cumplido los 18 años de edad (artículo 79 de la [CEC], apartado 1, punto 1), solo será preceptiva la asistencia letrada en la vista del juicio oral y en aquellas comparecencias en las que sea preceptiva la asistencia del acusado, es decir, en el procedimiento judicial?
4)
¿Deben interpretarse las disposiciones señaladas en las cuestiones prejudiciales primera y segunda, así como los principios de primacía y de efecto directo de las directivas en el sentido de que facultan (en su caso, obligan) al órgano jurisdiccional nacional que conozca de una causa penal comprendida en el ámbito de aplicación de la [Directiva 2016/800], así como a todas las autoridades estatales, a inaplicar las disposiciones del Derecho nacional incompatibles con la Directiva, como las enumeradas en la tercera cuestión prejudicial y, en consecuencia —habida cuenta de la expiración del plazo de transposición— a reemplazar la norma nacional con las normas de la Directiva, dotadas de eficacia directa?
5)
¿Deben interpretarse los artículos 6, apartados 1, 2, 3 y 7, así como 18, en relación con el artículo 2, apartados 1 y 2, y con los considerandos 11, 25 y 26 de la [Directiva 2016/800], en relación con el artículo 13 y el considerando 50 de la [Directiva 2013/48], en el sentido de que el Estado miembro garantizará a los sospechosos o acusados la asistencia jurídica de oficio en un procedimiento penal en el que, en el momento en que quedaron sujetos al procedimiento, eran menores de edad y cumplieron posteriormente los 18 años de edad, siendo preceptiva dicha asistencia hasta la conclusión final del procedimiento?
6)
En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión prejudicial, ¿deben por tanto interpretarse las disposiciones de la Directiva en el sentido de que se oponen a disposiciones nacionales como el artículo 79 de la [CEC], apartado 1, punto 1, conforme al cual en el procedimiento penal el acusado deberá estar asistido por un letrado hasta que cumpla los 18 años?
7)
¿Deben interpretarse las disposiciones mencionadas en la quinta cuestión prejudicial, así como los principios de primacía y de efecto directo de las directivas, en el sentido de que facultan (en su caso, obligan) al órgano jurisdiccional nacional que conozca de una causa penal comprendida en el ámbito de aplicación de la [Directiva 2016/800], así como a todas las autoridades estatales, a inaplicar las disposiciones del Derecho nacional incompatibles con la Directiva, como las mencionadas en la [sexta] cuestión prejudicial, y a aplicar las disposiciones del Derecho nacional, como el artículo 79 de la [CEC], apartado 2, con arreglo a una interpretación conforme con la Directiva (interpretación favorable a la Unión), es decir, a mantener la designación del letrado de oficio para el acusado que, en el momento en que resultó imputado, tenía menos de 18 años pero que, posteriormente, durante el procedimiento, cumplió los 18 años, y contra el que sigue tramitándose el procedimiento, hasta la conclusión final del procedimiento, suponiendo que ello es necesario debido a las circunstancias que dificultan la defensa, o bien —habida cuenta de la expiración del plazo de transposición— a reemplazar la norma nacional con las normas de la Directiva, dotadas de eficacia directa?
8)
¿Debe interpretarse el artículo 4, apartados 1 a 3, en relación con los considerandos 18, 19 y 22 de la [Directiva 2016/800], así como el artículo 3, apartado 2, en relación con los considerandos 19 y 26 de la [Directiva 2012/13], en el sentido de que las autoridades competentes (el ministerio fiscal, la policía), a más tardar antes del primer interrogatorio oficial de la persona sospechosa o acusada por parte de la policía o de otra autoridad competente, deberán informar sin demora tanto a la persona sospechosa como, simultáneamente, al titular de la patria potestad, de los derechos que son esenciales para garantizar un juicio justo, así como de las etapas procesales del procedimiento, en particular sobre el deber de designar un letrado para el menor sospechoso y sobre las consecuencias de la falta de designación de un letrado de libre elección para el menor acusado (designación de un abogado de oficio), si bien, respecto de los menores sospechosos, esa información deberá proporcionarse en un lenguaje sencillo y accesible, adecuado a la edad del menor?
9)
¿Debe interpretarse el artículo 7, apartados 1 y 2, en relación con el considerando 31 de la [Directiva 2016/343], en relación con el artículo 3, apartados 1, letra e), y 2, de la [Directiva 2012/13], en el sentido de que las autoridades de un Estado miembro que tramiten un procedimiento penal en el que un sospechoso/acusado sea menor de edad, están obligadas a informar al menor sospechoso, de forma comprensible y adecuada a su edad, acerca del derecho a permanecer en silencio y del derecho a no declarar contra sí mismo?
10)
¿Deben interpretarse el artículo 4, apartados 1 a 3, en relación con los considerandos 18, 19 y 22 de la [Directiva 2016/800], así como el artículo 3, apartado 2, en relación con los considerandos 19 y 26 de la [Directiva 2012/13], en el sentido de que no cumple los requisitos indicados en las disposiciones citadas la comunicación, justo antes del interrogatorio del menor sospechoso, de información general, sin tener en cuenta los derechos específicos resultantes del ámbito de aplicación de la Directiva 2016/800 y, a este respecto, la comunicación de dicha información solamente al sospechoso, que comparece sin letrado, sin contar con el titular de la patria potestad y cuando dicha información esté redactada en un lenguaje inadecuado para la edad del sospechoso?
11)
¿Deben interpretarse los artículos 18 y 19, en relación con el considerando 26 de la [Directiva 2016/800], así como el artículo 12, apartado 2, en relación con el considerando 50 de la [Directiva 2013/48], en conexión con el artículo 7, apartados 1 y 2, en relación con el artículo 10, apartado 2, y con el considerando 44 de la [Directiva 2016/343], así como el derecho a un juicio justo, en el sentido de que —respecto de las declaraciones prestadas por el sospechoso durante el interrogatorio policial practicado sin tener acceso a letrado y sin haber informado adecuadamente al sospechoso acerca de sus derechos, sin haber informado al titular de la patria potestad acerca de los derechos y los aspectos generales del desarrollo del procedimiento, que el menor tiene derecho a recibir con arreglo al artículo 4 de la Directiva— obligan (en su caso, facultan) al órgano jurisdiccional nacional que conozca de una causa penal comprendida en el ámbito de aplicación de las Directivas citadas, así como a todas las autoridades estatales, a garantizar el efecto consistente en poner a los sospechosos/acusados en la misma situación en la que se encontrarían si no hubieran tenido lugar dichas infracciones y, por tanto, a inadmitir dicha prueba, sobre todo cuando la información incriminatoria obtenida en ese interrogatorio se utilice para condenar a dicha persona?
12)
¿Deben interpretarse las disposiciones señaladas en la undécima cuestión prejudicial, así como los principios de primacía y de efecto directo, en el sentido de que exigen que un órgano jurisdiccional nacional que conozca de una causa penal comprendida en el ámbito de aplicación de las Directivas citadas, así como todas las autoridades estatales, inapliquen las disposiciones del Derecho nacional incompatibles con las Directivas citadas, como es el artículo 168a de la [CEC], conforme al cual no podrá considerarse inadmisible una prueba solo por el hecho de que se haya obtenido infringiendo las disposiciones de procedimiento o mediante la infracción penal mencionada en el artículo 1, apartado 1, del Código penal, a no ser que la prueba se haya obtenido con ocasión del ejercicio por un funcionario público de las obligaciones inherentes al cargo, a raíz de: un homicidio, lesiones dolosas o privación de libertad?
13)
¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, de la [Directiva 2016/800], en relación con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo 2, y con el principio de efectividad del Derecho de la Unión, en el sentido de que el ministerio fiscal, como autoridad que interviene en la administración de justicia, que vela por la legalidad, siendo el anfitrión de la fase de instrucción del procedimiento, debe garantizar en la fase de instrucción la tutela judicial efectiva en el ámbito de aplicación de la citada Directiva, debiendo garantizar su independencia e imparcialidad en la aplicación efectiva del Derecho de la Unión?
14)
En caso de respuesta afirmativa a cualquiera de las cuestiones prejudiciales primera [a duodécima], aunque especialmente en caso de respuesta afirmativa a la decimotercera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo 2 (principio de la tutela judicial efectiva), en relación con el artículo 2 TUE, especialmente en relación con el principio del respeto del Estado de Derecho, conforme a su interpretación efectuada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 21 de diciembre de 2021[, Euro Box Promotion y otros, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034]), y también con el principio de independencia judicial, establecido en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y en el artículo 47 de la Carta, conforme a su interpretación efectuada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117), en el sentido de que dichos principios, habida cuenta de que puede ejercerse una presión indirecta sobre los jueces y de que es posible que se dicten instrucciones por el Prokurator Generalny (Fiscal General) que vinculen a los fiscales de inferior rango, se oponen a una normativa nacional que establece la dependencia de la fiscalía de una autoridad ejecutiva como es el ministro de Justicia, y se oponen también a la existencia de reglas nacionales que limitan la independencia del órgano jurisdiccional y la independencia del fiscal al aplicar el Derecho de la Unión, en particular:
a)
el artículo 130, apartado 1, de la [Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios], que permite al ministro de Justicia —en relación con la obligación de que el fiscal comunique el hecho de que un órgano jurisdiccional resuelva aplicando el Derecho de la Unión— acordar la suspensión inmediata de las funciones públicas de un juez hasta que se dicte una resolución por el tribunal disciplinario, por un plazo no superior a un mes, cuando, debido a la naturaleza del acto efectuado por el juez, que se concreta en la aplicación directa del Derecho de la Unión, el ministro de Justicia considere que lo requiere la dignidad del órgano jurisdiccional o los intereses esenciales del servicio;
b)
los artículos 1, apartado 2; 3, apartado 1, puntos 1 y 3; 7, apartados 1 a 6 y 8, y 13, apartados 1 y 2, de la [Ley del Ministerio Fiscal, de 28 de enero de 2016], cuyo contenido, examinado de forma conjunta, establece que el ministro de Justicia, que es simultáneamente Prokurator Generalny y autoridad superior de la fiscalía, puede dictar instrucciones vinculantes a los fiscales de inferior rango, también en la medida en que limite o dificulte la aplicación directa del Derecho de la Unión?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
61
El órgano jurisdiccional remitente solicitó que la presente remisión prejudicial se tramitase por el procedimiento acelerado del artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. En apoyo de su solicitud, dicho órgano jurisdiccional alega, en primer lugar, que las cuestiones prejudiciales planteadas exceden del marco del litigio principal, habida cuenta del elevado número de asuntos que involucran a menores sospechosos o acusados que los tribunales polacos deben tramitar cada mes, y que los actos procesales irregulares vulneran de manera irremediable los principios fundamentales del proceso penal. En segundo lugar, indica que estos órganos jurisdiccionales se pronuncian sobre la base de las disposiciones que regulan el procedimiento penal polaco que, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, no garantizan las normas mínimas de protección derivadas del Derecho de la Unión. En tercer lugar, considera que es necesario aportar una respuesta rápida a las cuestiones prejudiciales para disipar las dudas sobre la posibilidad de que un órgano del poder ejecutivo, como el ministro de Justicia, influya en la aplicación del Derecho de la Unión en los procesos penales que involucran a menores sospechosos o acusados.
62
El artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento establece que, a instancia del órgano jurisdiccional remitente o, excepcionalmente, de oficio, el Presidente del Tribunal de Justicia podrá, tras oír al Juez Ponente y al Abogado General, decidir tramitar una petición de decisión prejudicial mediante un procedimiento acelerado que establezca excepciones a las disposiciones de dicho Reglamento cuando la naturaleza del asunto exija resolverlo en breve plazo.
63
A este respecto, ha de recordarse que tal procedimiento acelerado constituye un instrumento procesal destinado a dar respuesta a una situación de extraordinaria urgencia [sentencia de 9 de enero de 2024, G. y otros (Nombramiento de los jueces ordinarios en Polonia), C‑181/21 y C‑269/21, EU:C:2024:1, apartado 54 y jurisprudencia citada].
64
En el presente asunto, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió, el 21 de octubre de 2022, tras oír a la Juez Ponente y a la Abogada General, que no procedía estimar la solicitud mencionada en el apartado 61 de la presente sentencia.
65
En efecto, de reiterada jurisprudencia se desprende que el gran número de personas o de situaciones jurídicas potencialmente afectadas por la resolución que un órgano jurisdiccional remitente debe dictar después de haber planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia no puede, como tal, constituir una circunstancia excepcional que pueda justificar el recurso a un procedimiento acelerado [sentencia de 8 de diciembre de 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Órdenes de transferencia falsificadas), C‑584/19, EU:C:2020:1002, apartado 36 y jurisprudencia citada]. Lo mismo cabe decir de la circunstancia de que un importante número de justiciables se vean potencialmente afectados por las resoluciones que adoptan los órganos jurisdiccionales polacos sobre la base de las disposiciones que regulan el procedimiento penal polaco cuya validez se cuestiona a la luz del Derecho de la Unión [véase, por analogía, la sentencia de 9 de enero de 2024, G. y otros (Nombramiento de los jueces ordinarios en Polonia), C‑181/21 y C‑269/21, EU:C:2024:1, apartado 55].
66
Además, ni el hecho de que la petición de decisión prejudicial suscite cuestiones de Derecho penal ni el mero interés de los justiciables en que se determine lo más rápidamente posible el alcance de los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico de la Unión, interés que es ciertamente legítimo, son suficientes para que pueda considerarse que existe una circunstancia excepcional (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de abril de 2024, Sapira y otros, C‑114/23, C‑115/23, C‑132/23 y C‑160/23, EU:C:2024:290, apartado 23 y jurisprudencia citada).
67
Por último, en cuanto a las dudas sobre la posibilidad de que un órgano del poder ejecutivo, como el ministro de Justicia, influya en la aplicación del Derecho de la Unión, la solicitud mencionada en el apartado 61 de la presente sentencia no contiene ningún elemento concreto que permita concluir que tal posibilidad podría ser evitada tramitando el procedimiento acelerado.
68
No obstante, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió que se diese prioridad a este asunto, de conformidad con el artículo 53, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la admisibilidad
69
El Gobierno polaco sostiene que las cuestiones prejudiciales son inadmisibles.
70
Por una parte, a su juicio, las cuestiones prejudiciales primera a duodécima no son necesarias para la resolución del litigio principal. En efecto, afirma que de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente declaró inadmisibles, con arreglo al Derecho nacional, las solicitudes del Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupsku (Fiscal del Distrito de Słupsk) dirigidas a obtener las pruebas derivadas de las declaraciones efectuadas por los menores sospechosos en el marco de la investigación penal de que se trata en el litigio principal. Así, dicho órgano jurisdiccional retiró de los autos las declaraciones realizadas por los menores sospechosos durante la investigación penal. Además, prosigue, cada uno de los menores sospechosos fue asistido por un letrado de oficio y, en lo que respecta a uno de ellos, que cumplió dieciocho años durante el proceso, el órgano jurisdiccional remitente confirmó la designación de oficio de tal letrado, pues era necesaria sobre la base de circunstancias que dificultaban su defensa.
71
Por otra parte, las cuestiones prejudiciales decimotercera y decimocuarta son puramente hipotéticas según el Gobierno polaco, ya que no tienen relación alguna con los hechos o con el objeto del litigio principal.
72
En efecto, tanto la decimotercera como la decimocuarta cuestión prejudicial, letra b), se refieren, con carácter general, a la facultad que tiene el ministro de Justicia, que ejerce también las funciones de Prokurator Generalny (Fiscal General), de dar instrucciones vinculantes a los fiscales de rango inferior, instrucciones que también pueden restringir o impedir la aplicabilidad directa del Derecho de la Unión. A este respecto, en su opinión, el órgano jurisdiccional remitente no ha precisado de qué manera se aplicaron las disposiciones nacionales pertinentes al procedimiento principal.
73
En cuanto a la decimocuarta cuestión, letra a), se refiere, según el Gobierno polaco, a la posibilidad de suspender temporalmente las funciones de la juez encargada del litigio principal. En el caso de autos, la suspensión de que se trata surtió efecto el 9 de febrero y finalizó el 8 de marzo de 2022 y, por tanto, ya no está vigente. Además, según afirma el Gobierno polaco, dicha suspensión se produjo en el marco de un procedimiento que no tiene relación alguna con el asunto principal. La impugnación, por parte de la juez en cuestión, de la existencia de la relación de trabajo de otro juez y de la validez de su nombramiento con el concurso del Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial) fundamentó la medida de suspensión controvertida. Sin embargo, prosigue, tal supuesto no puede presentarse en el litigio principal, ya que el órgano jurisdiccional remitente se pronuncia como órgano jurisdiccional unipersonal. En cualquier caso, en la motivación de la petición de decisión prejudicial no figura ningún elemento relativo al nombramiento de los jueces en Polonia.
74
Por su parte, la Prokurator Regionalny w Gdańsku (Fiscal Regional de Gdansk) considera que las cuestiones prejudiciales undécima a decimocuarta son inadmisibles, ya que no es necesaria una respuesta del Tribunal de Justicia a las mismas para resolver el litigio principal.
75
A la vista de lo anterior, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el procedimiento instituido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre él y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir, y que la justificación de la remisión prejudicial no radica en la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino en su necesidad para la resolución efectiva de un litigio [sentencia de 9 de enero de 2024, G. y otros (Nombramiento de los jueces ordinarios en Polonia), C‑181/21 y C‑269/21, EU:C:2024:1, apartado 62 y jurisprudencia citada].
76
En virtud del artículo 267 TFUE, la decisión prejudicial solicitada debe ser «necesaria» para que el órgano jurisdiccional remitente pueda «emitir su fallo» en el asunto de que conoce [sentencia de 9 de enero de 2024, G. y otros (Nombramiento de los jueces ordinarios en Polonia), C‑181/21 y C‑269/21, EU:C:2024:1, apartado 63 y jurisprudencia citada].
77
En efecto, tanto del tenor como del sistema del artículo 267 TFUE se desprende que los órganos jurisdiccionales nacionales solo están habilitados para plantear cuestiones prejudiciales en la medida en que ante ellos penda un litigio en el que proceda adoptar una decisión que pueda tener en cuenta la sentencia prejudicial [sentencia de 9 de enero de 2024, G. y otros (Nombramiento de los jueces ordinarios en Polonia), C‑181/21 y C‑269/21, EU:C:2024:1, apartado 64 y jurisprudencia citada].
78
En este procedimiento, debe existir un vínculo de conexión entre el litigio y las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita, de manera que esa interpretación responda a una necesidad objetiva para la decisión que el órgano jurisdiccional remitente debe adoptar [sentencia de 9 de enero de 2024, G. y otros (Nombramiento de los jueces ordinarios en Polonia), C‑181/21 y C‑269/21, EU:C:2024:1, apartado 65 y jurisprudencia citada].
79
Las cuestiones prejudiciales primera a duodécima versan, en esencia, sobre la interpretación de varias disposiciones de la Directiva 2016/800, en relación con las Directivas 2012/13, 2013/48 y 2016/343, en la medida en que estas disposiciones regulan los derechos procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales.
80
De la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la conformidad con dichas disposiciones de la legislación polaca que regula el proceso penal y sobre las consecuencias que deben extraerse, en el marco del procedimiento principal, de la incompatibilidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que la respuesta a las cuestiones prejudiciales primera a duodécima es indispensable para que pueda pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas derivadas de las declaraciones realizadas por los menores sospechosos sin asistencia letrada en el marco de la fase de instrucción.
81
Es cierto que el órgano jurisdiccional remitente indica que denegó las solicitudes del Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupsku (Fiscal del Distrito de Słupsk) de obtener pruebas basadas en las declaraciones inculpatorias que los menores sospechosos realizaron sin asistencia letrada en la fase de instrucción, decidiendo así excluir dichas pruebas. Asimismo, por lo que respecta a uno de los menores sospechosos, que ha alcanzado la edad de dieciocho años durante el proceso pendiente ante él, ese mismo órgano jurisdiccional precisa que prorrogó la designación de oficio del letrado en favor de ese sospechoso.
82
No obstante, por una parte, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que dicho órgano jurisdiccional no ha dictado una resolución firme en lo que respecta a la admisibilidad de tales pruebas. Así pues, la respuesta que se dé a las cuestiones prejudiciales planteadas influirá en esa resolución, con el objetivo de permitir al órgano jurisdiccional remitente pronunciarse sobre el fondo del asunto principal. Por otra parte, en cuanto a la decisión de prorrogar la designación de oficio del letrado de uno de los sospechosos de que se trata en el litigio principal, resulta que se adoptó en una fase posterior del proceso y que, por consiguiente, no puede subsanar las eventuales vulneraciones ocurridas en la fase de instrucción.
83
De ello se deduce que, en el caso de autos, una respuesta del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales primera a duodécima resulta necesaria para que el órgano jurisdiccional remitente pueda resolver las cuestiones que se plantean in limine litis, antes de que este último órgano jurisdiccional pueda, en su caso, pronunciarse sobre el fondo del asunto principal [véase, por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798, apartado 94 y jurisprudencia citada].
84
Por tanto, al cumplirse los requisitos enunciados en los apartados 76 a 78 de la presente sentencia, las cuestiones prejudiciales primera a duodécima son admisibles.
85
En cambio, las cuestiones prejudiciales decimotercera y decimocuarta no cumplen estos requisitos.
86
En primer lugar, las cuestiones prejudiciales decimotercera y decimocuarta, letra b), versan sobre si, en la fase de instrucción, el fiscal debe inaplicar las disposiciones nacionales contrarias al Derecho de la Unión para garantizar la efectividad de los derechos de los menores sospechosos y si, a tal fin, deben preservarse su independencia e imparcialidad en relación con posibles injerencias del poder ejecutivo.
87
En el caso de autos, a la vista de los elementos señalados en los apartados 80 a 83 de la presente sentencia, no parece que sea necesaria una respuesta del Tribunal de Justicia a estas cuestiones para que el órgano jurisdiccional remitente pueda resolver dudas que se plantean in limite litis. En efecto, de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que, en el marco del litigio principal, la fase de instrucción ha concluido y que actualmente corresponde a este la facultad de excluir las pruebas que se hayan obtenido vulnerando derechos procesales o de pronunciarse sobre el derecho de los sospechosos a ser asistidos por un letrado.
88
En estas circunstancias, la cuestión de si, en el marco de la fase de instrucción, el Derecho de la Unión impone al fiscal una obligación de inaplicar las disposiciones nacionales contrarias al Derecho de la Unión para garantizar la efectividad de los derechos de los menores sospechosos no busca la interpretación del Derecho de la Unión para las necesidades objetivas de la solución del litigio principal, sino que tiene carácter general e hipotético.
89
En segundo lugar, la decimocuarta cuestión prejudicial, letra a), se refiere a si los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, así como el artículo 47 de la Carta, se oponen a una normativa nacional que permite al ministro de Justicia ordenar la suspensión inmediata de las funciones de un juez.
90
Ciertamente, en el caso de autos, resulta que la jueza encargada del litigio principal ha sido objeto de una suspensión de funciones con arreglo a dicha normativa.
91
Sin embargo, de los elementos contenidos en la petición de decisión prejudicial se desprende claramente que esa suspensión, que, por lo demás, ya no está vigente, se decidió en el marco de un asunto distinto del litigio principal. Además, como señaló la Abogada General en el punto 56 de sus conclusiones, el temor de dicha jueza a quedar de nuevo sujeta a tal suspensión en el marco del litigio principal es meramente hipotético.
92
Por lo tanto, esta cuestión no responde a una necesidad objetiva inherente a la solución del litigio principal, sino que pretende obtener del Tribunal de Justicia una apreciación general de la normativa nacional desligada de dicho asunto [véase, por analogía, la sentencia de 9 de enero de 2024, G. y otros (Nombramiento de los jueces ordinarios en Polonia), C‑181/21 y C‑269/21, EU:C:2024:1, apartado 78].
93
Por consiguiente, las cuestiones prejudiciales decimotercera y decimocuarta son inadmisibles.
Sobre el fondo
94
Habida cuenta de la articulación del conjunto de las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, procede examinar conjuntamente, primero, las cuestiones prejudiciales primera a cuarta; segundo, las cuestiones prejudiciales quinta a séptima; tercero, las cuestiones prejudiciales octava a décima, y posteriormente, en cuarto lugar, las cuestiones prejudiciales undécima y duodécima, debiendo precisarse que estas últimas deben examinarse únicamente a la luz de las disposiciones de la Directiva 2016/800, que se refiere específicamente a los menores.
Cuestiones prejudiciales primera a cuarta
95
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartados 1 a 3, de la Directiva 2016/800, en relación con el artículo 18 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, por un lado, no establece que los menores sospechosos o acusados sean asistidos por letrado, en su caso, de oficio, antes de ser interrogados por la policía o por otra autoridad policial o judicial y, a más tardar, antes de su primer interrogatorio y, por otro lado, permite que tales menores sean interrogados en su condición de sospechosos sin asistencia de tal letrado durante el interrogatorio. Además, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si, en caso de respuesta afirmativa a estas cuestiones, un órgano jurisdiccional que conoce de un asunto penal debe abstenerse de aplicar tal normativa nacional.
96
En primer término, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2016/800, los menores sospechosos o acusados en procesos penales tendrán derecho, en primer lugar, a la asistencia de letrado de conformidad con la Directiva 2013/48, debiendo precisarse que, según el considerando 15 de esta última Directiva, se entiende por «letrado», en el marco de esta, cualquier persona que, con arreglo al Derecho nacional, esté cualificada y facultada, también mediante su acreditación por parte de un órgano autorizado, para prestar asesoramiento y asistencia jurídicos a sospechosos o acusados.
97
Para determinar el alcance del derecho de un menor a ser asistido por un letrado, es preciso tener en cuenta el alcance del derecho de que dispone cualquier sospechoso o acusado con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2013/48.
98
En efecto, como se desprende de los considerandos 18 y 26 de la Directiva 2016/800, procede tener en cuenta la Directiva 2013/48 al interpretar las disposiciones de la Directiva 2016/800. No obstante, esta última establece garantías complementarias para tener en cuenta las necesidades específicas y vulnerabilidades de los menores.
99
En segundo lugar, el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2016/800 obliga a los Estados miembros a velar por que los menores reciban asistencia letrada de conformidad con lo dispuesto en ese artículo, de modo que puedan ejercer de forma efectiva el derecho de defensa.
100
Como se desprende, en esencia, de los considerandos 1, 25 y 29 de la Directiva 2016/800, esta tiene por objeto tener en cuenta la vulnerabilidad específica de los menores en el marco de los procesos penales y pretende así fomentar que ejerzan su derecho a hacerse aconsejar, defender y representar, enunciado en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, así como los derechos de la defensa garantizados por el artículo 48, apartado 2, de esta (véase, por analogía, la sentencia de 5 de junio de 2018, Kolev y otros, C‑612/15, EU:C:2018:392, apartado 104).
101
En tercer lugar, el principio fundamental según el cual los menores tienen derecho a recibir asistencia letrada se precisa en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2016/800 en lo que respecta al momento a partir del cual debe concederse ese derecho [véase, por analogía, la sentencia de 12 de marzo de 2020, VW (Derecho a la asistencia de letrado cuando el sospechoso no comparece tras ser citado), C‑659/18, EU:C:2020:201, apartado 31].
102
Así, en virtud de dicho apartado 3, los menores sospechosos o acusados deben recibir asistencia letrada sin demora indebida y, en cualquier caso, a partir del momento que antes se produzca de entre los cuatro momentos específicos enumerados en las letras a) a d) de tal apartado.
103
Por lo que respecta, en particular, a la fase de instrucción, los menores serán asistidos por un letrado, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, letra a), de la Directiva 2016/800, «antes de que sean interrogados por la policía u otras autoridades policiales o judiciales» y, de conformidad el artículo 6, apartado 3, letra b), de la misma, «en el momento en que las autoridades de investigación u otras autoridades competentes realicen una actuación de investigación o de obtención de pruebas».
104
En cuarto lugar, el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2016/800 concreta el alcance del derecho a asistencia letrada de los menores.
105
Así, del artículo 6, apartado 4, letra a), de esta Directiva se desprende que esos menores tienen derecho a reunirse en privado con el letrado que los represente y a comunicarse con él, incluso antes de que sean interrogados por la policía o por otra autoridad represiva o judicial. El citado artículo 6, apartado 4, letra b), establece además que dichos menores recibirán asistencia letrada cuando sean interrogados y que el letrado podrá intervenir de manera efectiva durante el interrogatorio.
106
A este respecto, como señaló la Abogada General en el punto 70 de sus conclusiones, contrariamente al artículo 9 de la Directiva 2013/48, que se refiere a los sospechosos o acusados que no sean menores, la Directiva 2016/800 no establece la posibilidad de que estos renuncien a su derecho a ser asistidos por letrado.
107
Además, el artículo 18 de dicha Directiva establece que los Estados miembros deben velar por que su normativa nacional en materia de asistencia jurídica gratuita garantice el ejercicio efectivo del derecho de asistencia letrada en virtud del artículo 6 de la misma.
108
De las consideraciones anteriores se desprende que el Derecho nacional debe ofrecer a los menores sospechosos o acusados la posibilidad concreta y efectiva de disponer de asistencia letrada antes del primer interrogatorio por la policía u otra autoridad policial o judicial y, a más tardar, a partir de dicho interrogatorio.
109
Cuando el menor o el titular de la patria potestad no hayan designado a un letrado antes de que el primero sea interrogado por la policía o por otra autoridad policial o judicial, ese menor debe poder beneficiarse de la presencia de un letrado de oficio que lo asista durante el interrogatorio.
110
En segundo término, como señaló la Abogada General en el punto 68 de sus conclusiones, del carácter imperativo de la necesidad de garantizar que los menores sean asistidos por un letrado antes del primer interrogatorio por la policía o por cualquier otra autoridad policial o judicial encargada de ese interrogatorio se desprende que estas no pueden llevar a cabo el interrogatorio cuando el menor de que se trate no reciba efectivamente tal asistencia.
111
En efecto, el artículo 6, apartado 7, de la Directiva 2016/800 precisa que, cuando el menor deba recibir asistencia letrada con arreglo a tal artículo 6, pero no haya presente ningún letrado, las autoridades competentes aplazarán el interrogatorio del menor, u otros actos de investigación o de obtención de pruebas, durante un período razonable, para dar tiempo a que llegue el letrado o a organizar la asistencia letrada del menor, cuando este no haya designado a un letrado.
112
Es cierto que el artículo 6 de la Directiva 2016/800 establece, en sus apartados 6 y 8, determinadas excepciones al derecho a asistencia letrada consagrado en dicha Directiva. Como se desprende de estas disposiciones, tales excepciones deben ser decididas por las autoridades competentes, caso por caso, para determinar si, habida cuenta de las circunstancias particulares de cada caso y teniendo en cuenta el interés superior del menor, la excepción planteada está justificada, respetando los estrictos requisitos establecidos por dichas disposiciones.
113
Por consiguiente, estas disposiciones permiten que se establezcan excepciones, de manera general y abstracta, en el marco de una normativa nacional, al derecho a asistencia letrada de los menores sospechosos o acusados en el marco de la fase de instrucción.
114
En el caso de autos, de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que las disposiciones pertinentes del Derecho nacional, en particular los artículos 79, apartado 3, y 301 de la CEC, no establecen que la presencia de un letrado en beneficio de los menores sospechosos sea obligatoria durante su interrogatorio ni, más en general, durante la fase de instrucción. En efecto, con arreglo a estas disposiciones, cuando tales menores no están detenidos, solo pueden recibir asistencia letrada en el marco de su interrogatorio si han solicitado expresamente tal asistencia. Además, la ausencia de tal letrado no impide que se interrogue a dichos menores.
115
En estas circunstancias, parece desprenderse que tal normativa nacional no es compatible con el artículo 6, apartados 1 a 3, de la Directiva 2016/800, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
116
En cuanto a ello, a la vista de las preguntas que se plantea el órgano jurisdiccional remitente, procede recordar que, para garantizar la efectividad del conjunto de las disposiciones del Derecho de la Unión, el principio de primacía obliga, en particular, a los órganos jurisdiccionales nacionales a interpretar, en la medida de lo posible, su Derecho interno de manera conforme con el Derecho de la Unión [sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg‑Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 35 y jurisprudencia citada].
117
No obstante, la obligación de interpretación conforme del Derecho nacional tiene determinados límites y no puede, en particular, servir de fundamento para una interpretación contra legem del Derecho nacional [sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg‑Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 36 y jurisprudencia citada].
118
También es preciso recordar que el principio de primacía obliga al juez nacional encargado de aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones del Derecho de la Unión, cuando no resulte posible interpretar la normativa nacional conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, a garantizar la plena eficacia de las exigencias de este Derecho en el litigio de que conozca, dejando inaplicada si fuera necesario, y por su propia iniciativa, cualquier normativa o práctica nacional, aun posterior, contraria a una disposición del Derecho de la Unión que tenga efecto directo, sin que deba solicitar o esperar a su previa eliminación por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional [sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg‑Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 37 y jurisprudencia citada].
119
En el caso de autos, habida cuenta del tenor claro, preciso e incondicional del artículo 6, apartados 1 a 3, de la Directiva 2016/800, procede considerar que tiene efecto directo.
120
Así pues, le corresponde al órgano jurisdiccional remitente interpretar, en la medida de lo posible, las disposiciones nacionales, mencionadas en particular en el apartado 114 de la presente sentencia, de manera conforme con el Derecho de la Unión para garantizar su plena efectividad. Si no puede proceder a tal interpretación, le corresponderá inaplicar, por su propia iniciativa, las disposiciones nacionales que resulten incompatibles con este.
121
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a cuarta que el artículo 6, apartados 1 a 3, de la Directiva 2016/800, en relación con el artículo 18 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, por un lado, no establece que los menores sospechosos o acusados sean asistidos por letrado, en su caso, de oficio, antes de ser interrogados por la policía o por otra autoridad policial o judicial y, a más tardar, antes de su primer interrogatorio y, por otro lado, permite que dichos menores sean interrogados en su condición de sospechosos sin asistencia de tal letrado durante el interrogatorio.
Cuestiones prejudiciales quinta a séptima
122
Con carácter preliminar, procede señalar que, mediante sus cuestiones prejudiciales quinta a séptima, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que interprete varias disposiciones de la Directiva 2016/800, en particular los artículos 2, apartados 1 y 2, y 6, apartados 1 a 3 y 7, en relación con el artículo 18 de dicha Directiva.
123
De la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si el derecho a ser asistido por un letrado de oficio, objeto de las cuestiones prejudiciales primera a cuarta, que se reconoce a las personas que tenían la condición de menores en el momento en que se incoó el proceso penal contra ellas, cesa cuando cumplen dieciocho años.
124
Así pues, ha de entenderse que estas dudas se refieren esencialmente al artículo 2 de la Directiva 2016/800, que define el ámbito de aplicación de la misma, y, en particular, a los apartados 1 y 3 de tal artículo.
125
En estas circunstancias, debe considerarse que, mediante sus cuestiones prejudiciales quinta a séptima, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 2, apartados 1 y 3, de la Directiva 2016/800 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que el derecho a ser asistido por un letrado de oficio cesa automáticamente para las personas que tenían la condición de menores cuando se incoó el proceso penal contra ellas, pero que, posteriormente, han alcanzado la edad de dieciocho años, en la medida en que tal normativa no permite determinar si la aplicación de dicha Directiva o de algunas de sus disposiciones y, por consiguiente, de los derechos que contiene, es adecuada a la luz de todas las circunstancias del asunto, incluidas la madurez y vulnerabilidad de dichas personas. Además, el órgano jurisdiccional pregunta si, en caso de respuesta afirmativa a estas cuestiones, un órgano jurisdiccional que conoce de un asunto penal debe abstenerse de aplicar tal normativa nacional.
126
A tenor del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2016/800, esta se aplica a los menores sospechosos o acusados en procesos penales, hasta la decisión definitiva que determine si el sospechoso o acusado ha cometido una infracción penal, incluidas, cuando proceda, la imposición de la condena y la resolución de cualquier recurso. A este respecto, el artículo 3, punto 1, de dicha Directiva define el concepto de «menor» como toda persona de menos de dieciocho años.
127
Por lo que respecta a las personas que eran menores en el momento en que se incoó un proceso penal contra ellas pero que, posteriormente, alcanzaron la edad de dieciocho años, el artículo 2, apartado 3, primera frase, de la Directiva 2016/800 precisa que, a excepción de los artículos mencionados en esta disposición, que hacen referencia al titular de la responsabilidad parental, esta Directiva se aplicará a tales personas en caso de que su aplicación resulte adecuada habida cuenta de todas las circunstancias del caso, incluidas la madurez y vulnerabilidad de dichas personas.
128
De ello se deduce que las personas que eran menores cuando se incoó un proceso penal contra ellas siguen disfrutando de los derechos establecidos en la Directiva 2016/800 y, en particular, del derecho a asistencia letrada, de conformidad con el artículo 6 de dicha Directiva, cuando esas personas hayan cumplido dieciocho años durante el proceso y se haya considerado que la aplicación de esta Directiva es adecuada a la luz de todas las circunstancias del caso, incluidas la madurez y vulnerabilidad de dichas personas.
129
Procede precisar que, en el supuesto de que se constate, en el marco de un proceso penal, que la aplicación de la Directiva 2016/800 o de algunas de sus disposiciones no resulta adecuada, la persona que haya alcanzado la edad de dieciocho años estará comprendida en el ámbito de aplicación de las Directivas 2012/13, 2013/48 y 2016/343, aplicables a los sospechosos y acusados en los procesos penales con independencia de su edad. En tal caso, disfrutará de los derechos contenidos en esas Directivas, en las condiciones que establezcan.
130
Como se desprende del propio tenor del artículo 2, apartado 3, primera frase, de la Directiva 2016/800, la cuestión de la aplicación de esta Directiva o de algunas de sus disposiciones a las personas que hayan alcanzado la edad de dieciocho años durante el proceso del que son objeto depende de todas las circunstancias del asunto de que se trate y, por tanto, debe ser evaluada caso por caso.
131
En estas circunstancias, el requisito según el cual la aplicación de la Directiva 2016/800 o de algunas de sus disposiciones debe resultar adecuada no permite en ningún caso que un Estado miembro impida, de manera general y abstracta, a todas las personas que hayan cumplido dieciocho años durante el proceso del que son objeto disfrutar de los derechos establecidos por la Directiva 2016/800 y, en particular, del de ser asistido por un letrado de conformidad con el artículo 6 de dicha Directiva.
132
La interpretación según la cual los Estados miembros no pueden fijar por vía reglamentaria el límite de edad absoluto para disfrutar de los derechos conferidos por esta Directiva en la edad de dieciocho años se ve corroborada por el artículo 2, apartado 3, segunda frase, de la Directiva 2016/800, que establece que los Estados miembros podrán decidir que esta Directiva no se aplique a las personas que hayan cumplido la edad de veintiún años.
133
El artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2016/800 se opone, por consiguiente, a una normativa nacional que establece, de manera automática, que el derecho a ser asistido por un letrado de oficio, de conformidad con el artículo 6, apartados 1 a 3, de la Directiva 2016/800, interpretado a la luz del artículo 18 de la misma, cesa para las personas que hayan alcanzado la edad de dieciocho años durante el proceso penal de que son objeto, pero que tenían la condición de menores en el momento en que se inició dicho proceso contra ellas, en la medida en que tal normativa no permite determinar si la aplicación de dicha Directiva o de algunas de sus disposiciones y, por consiguiente, de los derechos que contiene, es adecuada a la luz de todas las circunstancias del asunto, incluidas la madurez y vulnerabilidad de dichas personas.
134
Pues bien, en el caso de autos, de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que las disposiciones del Derecho nacional, en particular el artículo 79, apartado 1, punto 1, de la CEC, establecen que, en el marco de un proceso penal, la persona acusada solo debe ser asistida por letrado si tiene menos de dieciocho años. En la práctica, los órganos jurisdiccionales polacos consideran, sobre esta base legal, que la participación de un letrado en el proceso deja de ser obligatoria una vez que el acusado o sospechoso ha cumplido dieciocho años, lo que tiene como consecuencia la desvinculación automática del letrado de oficio de su designación previa.
135
De acuerdo con la jurisprudencia recordada en los apartados 116 a 118 de la presente sentencia, corresponde al órgano jurisdiccional remitente interpretar, en la medida de lo posible, las disposiciones nacionales que regulan el derecho a la asistencia letrada de conformidad con el Derecho de la Unión, a fin de garantizar la plena efectividad de ese derecho. A falta de poder realizar tal interpretación, le corresponderá, a la vista de que el artículo 2, apartados 1 y 3, de la Directiva 2016/800 cumple los requisitos recordados en el apartado 119 de la presente sentencia y tiene efecto directo, excluir por su propia iniciativa las disposiciones nacionales que resulten incompatibles con este.
136
A la vista de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales quinta a séptima que el artículo 2, apartados 1 y 3, de la Directiva 2016/800 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que el derecho a ser asistido por un letrado de oficio cesa automáticamente para las personas que tenían la condición de menores cuando se incoó el proceso penal contra ellas, pero que, posteriormente, han alcanzado la edad de dieciocho años, en la medida en que tal normativa no permite determinar si la aplicación de dicha Directiva o de algunas de sus disposiciones y, por consiguiente, de los derechos que contiene, es adecuada a la luz de todas las circunstancias del asunto, incluidas la madurez y vulnerabilidad de dichas personas.
Cuestiones prejudiciales octava a décima
137
Mediante sus cuestiones prejudiciales octava a décima, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/800, en relación con su artículo 5, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no establece que los menores sospechosos o acusados en los procesos penales deben recibir, junto con el titular de la patria potestad, a más tardar antes del primer interrogatorio de dichos menores por la policía u otra autoridad policial o judicial, en un lenguaje sencillo y accesible, que tenga en cuenta las necesidades específicas y vulnerabilidades de dichos menores, información sobre sus derechos de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2012/13 y sobre los derechos establecidos por la Directiva 2016/800.
138
Como se desprende del considerando 1 de la Directiva 2016/800, esta tiene por objeto establecer garantías procesales para que los menores sospechosos o acusados en procesos penales puedan comprender y seguir dichos procesos. A tenor del artículo 1 de dicha Directiva, esta define, así, normas mínimas comunes relativas, en particular, al derecho a la información, que se rige específicamente por las disposiciones que figuran en el artículo 4 de la misma Directiva.
139
En primer lugar, con arreglo al artículo 4, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2016/800, los Estados miembros velarán por que, cuando se ponga en conocimiento de los menores su condición de sospechosos o acusados en un proceso penal, sean informados con prontitud acerca de sus derechos con arreglo a la Directiva 2012/13 y de los aspectos generales del desarrollo del proceso.
140
Por lo que respecta al derecho a ser informado, establecido en el artículo 1 de la Directiva 2012/13, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que del artículo 3 de esta se desprende que tal derecho se refiere, en particular, al derecho de las personas sospechosas o acusadas a ser informadas, como mínimo, de determinados derechos procesales mencionados en esta disposición, que comprenden el derecho a tener acceso a un abogado, el eventual derecho a recibir asistencia letrada gratuita y las condiciones para obtenerla, el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a interpretación y traducción y el derecho a permanecer en silencio [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2023, BK (Nueva calificación del delito), C‑175/22, EU:C:2023:844, apartado 33 y jurisprudencia citada].
141
A este respecto, como se desprende del considerando 31 de la Directiva 2016/343, la información que las personas acusadas reciben sobre sus derechos procesales en virtud del artículo 3 de la Directiva 2012/13 no solo se refiere al derecho a guardar silencio, sino también al derecho a no declarar contra sí mismo, dos derechos que los Estados miembros deben garantizar a esas personas, de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2016/343.
142
Además, el artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2016/800 establece que se informará a los menores de los derechos establecidos más específicamente por dicha Directiva y, en particular, de los derechos enumerados en su artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, letra a).
143
Esta información se refiere, en particular, por un lado, al derecho de tales menores a la asistencia letrada, como dispone el artículo 6 de dicha Directiva, en su caso, de oficio, de acuerdo con el artículo 18 de la misma.
144
Por otro lado, dicha información se refiere también al derecho a que el titular de la patria potestad sea informado, como establece el artículo 5 de la Directiva 2016/800, y al derecho a estar acompañado por ese titular durante fases del proceso que no sean las vistas, como establece el artículo 15, apartado 4, de dicha Directiva. Como se desprende del tenor del artículo 5, apartado 1, de esta, el titular de la patria potestad recibirá cuanto antes la información que el menor tenga derecho a recibir de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2016/800.
145
En segundo lugar, procede señalar que, a tenor del artículo 4, apartado 1, párrafos primero y segundo, de la Directiva 2016/800, se debe facilitar a los menores «con prontitud» la información que deben recibir sobre sus derechos con arreglo a esta disposición cuando se les informe de que son sospechosos o acusados.
146
A este respecto, por lo que respecta a la Directiva 2012/13, a la que se refiere este artículo 4, apartado 1, párrafos primero y segundo, el Tribunal de Justicia ha declarado que, para poder ser efectiva, la información sobre los derechos debe producirse en una fase temprana del proceso. Del artículo 2 de esta Directiva resulta que esta se aplica «desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro ponen en conocimiento de una persona que es sospechosa o que se le acusa de haber cometido una infracción penal». Así, el artículo 3 de dicha Directiva establece que los «Estados miembros garantizarán que las personas sospechosas o acusadas reciban con prontitud información acerca […] de los […] derechos procesales […] a fin de permitir su ejercicio efectivo» (sentencia de 19 de septiembre de 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, apartado 50).
147
El derecho a la información sobre los derechos pretende salvaguardar la equidad del proceso penal y garantizar la efectividad del derecho de defensa desde las primeras fases del proceso. A este respecto, el considerando 19 de la Directiva 2012/13 pone de relieve que el derecho del interesado a ser informado de sus derechos debe cumplirse «a más tardar, antes del primer interrogatorio oficial de la persona sospechosa o acusada por parte de la policía». Además, durante el período inmediatamente posterior a la privación de libertad se produce el mayor riesgo de obtención abusiva de confesiones, de tal modo que «es esencial informar con prontitud de sus derechos a los sospechosos o acusados, es decir, sin demora tras su detención y del modo más eficaz», como resulta del apartado 24 de la propuesta de Directiva de la Comisión, de 20 de julio de 2010 [COM(2010) 392 final], que precedió a la Directiva 2012/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, apartados 51 y 52).
148
Habida cuenta de la referencia que hace el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/800 a la Directiva 2012/13, de la primera de estas disposiciones se desprende que los menores deben recibir información sobre sus derechos lo más rápidamente posible a partir del momento en que se les informe de que son sospechosos o acusados en un proceso penal. La información sobre estos derechos debe entregarse, a más tardar, antes del primer interrogatorio de dichos menores por la policía u otra autoridad policial o judicial (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, apartado 53).
149
Además, procede señalar que la comunicación de esta información, a más tardar, antes de su primer interrogatorio es la única que puede garantizar la efectividad de los derechos sobre los que debe informarse a los menores, en particular, del derecho a asistencia letrada con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2016/800 y, por tanto, permitirles ejercer su derecho de defensa de manera efectiva, como se desprende de la respuesta a las cuestiones prejudiciales primera a cuarta.
150
En tercer lugar, del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2016/800 se desprende que la información a que se refiere el artículo 4, apartado 1, de esta se facilitará por escrito o verbalmente, en un «lenguaje sencillo y accesible».
151
A este respecto, por lo que respecta al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2012/13, el legislador de la Unión ha impuesto a los Estados miembros la obligación de garantizar que la información facilitada en virtud del derecho a la información sobre los derechos «se proporcione verbalmente o por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las personas sospechosas o acusadas que sean vulnerables» (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, apartado 47).
152
Del considerando 18 de la Directiva 2016/800 se desprende que la información que debe facilitarse a los menores, de conformidad con el artículo 4 de esta Directiva, debe facilitarse teniendo en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas de los menores.
153
De ello se desprende que estos menores deben recibir la información referida en un lenguaje suficientemente sencillo y accesible, que les permita comprender efectivamente, habida cuenta, en particular, de las necesidades específicas y de la vulnerabilidad de tales menores, antes de que sean interrogados por la policía u otra autoridad policial o judicial, que disfrutan de los derechos contemplados en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/800. Entre estos derechos figuran, en particular, la asistencia letrada, como establece el artículo 6 de dicha Directiva, el derecho a que el titular de la patria potestad también sea informado de esos derechos, de conformidad con el artículo 5 de la misma, y el derecho, para este último, a acompañar a esos menores durante las fases del proceso que no sean las vistas, de conformidad con el artículo 15, apartado 4, de la Directiva 2016/800.
154
En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente indica que, de conformidad con el Derecho polaco, los menores sospechosos reciben, antes de ser interrogados, un formulario de información dedicado a los adultos, que no contiene ninguna información específica para los menores. Además, no se prevé que dicho formulario se comunique a quienes son titulares de la patria potestad sobre esos menores.
155
Pues bien, de los requisitos que figuran en el apartado 153 de la presente sentencia se desprende que, cuando el Derecho nacional establezca un documento normalizado para informar por escrito de sus derechos a los sospechosos o acusados con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2012/13, dicho documento no podrá utilizarse para informar a los menores que se encuentren en la misma situación, de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2016/800.
156
Tal documento, en la medida en que está destinado a adultos, por una parte, no responde a la necesidad de que la información sobre los derechos de que disfrutan estos menores se facilite por escrito o verbalmente, en un lenguaje sencillo y accesible para ellos, y, por otra, no pretende informar a dichos menores de los derechos específicamente establecidos en esta última Directiva.
157
De conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados 116 a 118 de la presente sentencia, corresponde al órgano jurisdiccional remitente interpretar de conformidad con el Derecho de la Unión, en la medida de lo posible, las disposiciones nacionales que regulan la información de las personas sospechosas o acusadas, a fin de garantizar su plena efectividad. A falta de poder realizar tal interpretación, le corresponderá, a la vista de que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/800 cumple los requisitos recordados en el apartado 119 de la presente sentencia y tiene efecto directo, excluir por su propia iniciativa las disposiciones nacionales que resulten incompatibles con este.
158
A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales octava a décima que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/800, en relación con su artículo 5, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no establece que los menores sospechosos o acusados en los procesos penales deben recibir, junto con el titular de la patria potestad, a más tardar antes del primer interrogatorio de dichos menores por la policía u otra autoridad policial o judicial, en un lenguaje sencillo y accesible, que tenga en cuenta las necesidades específicas y vulnerabilidades de dichos menores, información sobre sus derechos de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2012/13 y sobre los derechos establecidos por la Directiva 2016/800.
Cuestiones prejudiciales undécima y duodécima
159
Con carácter preliminar, procede señalar, por una parte, que la undécima cuestión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 18 y 19 de la Directiva 2016/800, con el fin de determinar, en esencia, si estas disposiciones obligan al órgano jurisdiccional que conoce de un proceso penal a no tener en cuenta las declaraciones inculpatorias efectuadas por menores sospechosos o acusados durante un interrogatorio realizado por la policía vulnerando los derechos que esta Directiva confiere a los menores.
160
En la medida en que dicho artículo 18 se refiere al derecho a la asistencia jurídica gratuita y que está vinculado, como se desprende del apartado 107 de la presente sentencia, al ejercicio del derecho a asistencia letrada, procede considerar que esta cuestión prejudicial se refiere esencialmente a la interpretación del artículo 19 de la citada Directiva, relativo a las vías de recurso.
161
Por otra parte, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que el órgano jurisdiccional remitente excluyó las pruebas basadas en las declaraciones inculpatorias que, en el caso de autos, realizaron los menores sospechosos en la fase de instrucción sin asistencia letrada, pese a que no se cumplían los requisitos establecidos a tal efecto en el artículo 168a de la CEC.
162
Por lo tanto, debe entenderse que, mediante sus cuestiones prejudiciales undécima y duodécima, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 de la Directiva 2016/800 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, en el marco de un proceso penal, no permite que un órgano jurisdiccional declare inadmisibles las pruebas inculpatorias derivadas de declaraciones realizadas por un menor durante un interrogatorio llevado a cabo por la policía vulnerando el derecho a asistencia letrada establecido en el artículo 6 de la Directiva 2016/800. Además, ese órgano jurisdiccional pregunta si, en caso de respuesta afirmativa a estas cuestiones, un órgano jurisdiccional que conoce de un asunto penal debe abstenerse de aplicar tal normativa.
163
En virtud del artículo 19 de la Directiva 2016/800, los Estados miembros velarán por que los menores sospechosos o acusados en procesos penales dispongan de alguna vía de recurso efectiva en el Derecho nacional en caso de que se vulneren los derechos que les confiere tal Directiva.
164
Así pues, con arreglo a este artículo, los menores sospechosos o acusados deben poder impugnar de manera efectiva la vulneración de tales derechos, entre los que figuran, como se desprende de las respuestas dadas a las cuestiones prejudiciales primera a décima, los derechos garantizados en los artículos 4 a 6 de la Directiva 2016/800.
165
Sin embargo, el artículo 19 de esta Directiva no regula las eventuales consecuencias que el órgano jurisdiccional que conoce del fondo del asunto debe extraer, a falta de tal impugnación, de dicho incumplimiento acerca de la admisibilidad de las pruebas obtenidas vulnerando los derechos conferidos por la referida Directiva.
166
Lo mismo sucede con la Directiva 2012/13, a la que se remite el artículo 4 de la Directiva 2016/800, y con la Directiva 2013/48, a la que remite el artículo 6 de la Directiva 2016/800, y que contienen disposiciones análogas a las del artículo 19 de la Directiva 2016/800.
167
Es cierto que el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2013/48 establece que los Estados miembros garantizarán que se respeten los derechos de la defensa y las garantías de un juicio justo a la hora de sopesar las declaraciones que haga un sospechoso o acusado, o las pruebas que se obtengan vulnerando su derecho a un letrado, o en aquellos casos para los que el artículo 3, apartado 6, autorice que se establezca una excepción a este derecho. El artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2016/343 contiene una disposición similar en relación con las declaraciones y pruebas obtenidas vulnerando el derecho a guardar silencio o el derecho a no declarar contra sí mismo.
168
Sin embargo, estas disposiciones no pretenden regular las disposiciones y los regímenes nacionales relativos a la admisibilidad de las pruebas, ya que, como se desprende de sus propios términos, se aplican «sin perjuicio» de dichas disposiciones y sistemas nacionales.
169
De ello resulta que, en el estado actual del Derecho de la Unión, corresponde, en principio, exclusivamente al Derecho nacional determinar las normas relativas a la admisibilidad, en el marco de un proceso penal, de las pruebas obtenidas vulnerando los derechos conferidos por la Directiva 2016/800 [sentencia de 30 de abril de 2024, M. N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, apartado 128].
170
En efecto, ante la inexistencia de normas de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía procesal, configurar la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, a condición, sin embargo, de que no sea menos favorable que la que rige situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión (principio de efectividad) [sentencia de 30 de abril de 2024, M. N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, apartado 129 y jurisprudencia citada].
171
En cuanto a ello, por lo que respecta, más concretamente, al principio de efectividad, es preciso recordar que las normas nacionales relativas a la admisibilidad y al uso de la información y las pruebas tienen como objetivo, en virtud de las elecciones efectuadas por el Derecho nacional, evitar que la información y las pruebas que se han obtenido de manera ilegal perjudiquen indebidamente a una persona sospechosa de haber cometido delitos. Pues bien, con arreglo al Derecho nacional, este objetivo puede alcanzarse, además de mediante una prohibición de utilizar dicha información y dichas pruebas, mediante normas y prácticas nacionales que regulen la apreciación y la ponderación de la información y las pruebas, o incluso mediante la consideración de su carácter ilegal en el marco de la determinación de la pena [sentencia de 2 de marzo de 2021, Prokuratuur (Condiciones de acceso a los datos relativos a las comunicaciones electrónicas), C‑746/18, EU:C:2021:152, apartado 43 y jurisprudencia citada].
172
La necesidad de excluir la información y las pruebas obtenidas incumpliendo lo dispuesto en el Derecho de la Unión debe apreciarse atendiendo, en particular, al riesgo que la admisibilidad de dicha información y de dichas pruebas supone para el respeto del principio de contradicción y, por lo tanto, del derecho a un juicio justo [sentencia de 2 de marzo de 2021, Prokuratuur (Condiciones de acceso a los datos relativos a las comunicaciones electrónicas), C‑746/18, EU:C:2021:152, apartado 44].
173
Pues bien, a este respecto, procede señalar que el derecho a la información establecido en el artículo 4 de la Directiva 2016/800 y el derecho a asistencia letrada dispuesto en el artículo 6 de dicha Directiva concretan precisamente los derechos fundamentales a un proceso justo y al respeto del derecho de defensa, tal como se consagran, en particular, en los artículos 47 y 48, apartado 2, de la Carta [véase, por analogía, la sentencia de 1 de agosto de 2022, TL (Ausencia de intérprete y omisión de traducción), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, apartado 42].
174
De ello se deduce que el Derecho de la Unión no obliga a los Estados miembros a prever la posibilidad de que un órgano jurisdiccional declare inadmisibles pruebas inculpatorias basadas en declaraciones realizadas por un menor durante un interrogatorio llevado a cabo por la policía vulnerando los derechos establecidos en la Directiva 2016/800, a condición, no obstante, de que en el marco del proceso penal, dicho órgano jurisdiccional pueda, por una parte, comprobar si se han respetado esos derechos, interpretados a la luz de los artículos 47 y 48, apartado 2, de la Carta, y, por otra parte, extraer todas las consecuencias que se deriven de esa vulneración, en particular en lo atinente al valor probatorio de las pruebas obtenidas en esas condiciones.
175
De conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados 116 a 118 de la presente sentencia, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las disposiciones nacionales pertinentes son conformes con las exigencias mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia y, en su caso, interpretar, en la medida de lo posible, dichas disposiciones de manera conforme con el Derecho de la Unión con el fin de garantizar su plena efectividad. A falta de poder proceder a tal interpretación, habida cuenta de que, como se ha señalado en el apartado 119 de la presente sentencia, el artículo 6, apartados 1 a 3, de la Directiva 2016/800 tiene efecto directo, deberá excluir, por su propia iniciativa, las disposiciones nacionales que resulten incompatibles con él.
176
A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales undécima y duodécima que el artículo 19 de la Directiva 2016/800 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, en el marco de un proceso penal, no permite que un órgano jurisdiccional declare inadmisibles las pruebas inculpatorias derivadas de declaraciones realizadas por un menor durante un interrogatorio llevado a cabo por la policía vulnerando el derecho a asistencia letrada establecido en el artículo 6 de la Directiva 2016/800, a condición de que, no obstante, en el marco del proceso penal, dicho órgano jurisdiccional pueda, por una parte, comprobar si se ha respetado ese derecho, interpretado a la luz de los artículos 47 y 48, apartado 2, de la Carta, y, por otra parte, extraer todas las consecuencias que se deriven de esa vulneración, en particular en lo atinente al valor probatorio de las pruebas obtenidas en esas condiciones.
Costas
177
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
1)
El artículo 6, apartados 1 a 3, de la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales, en relación con su artículo 18,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que, por un lado, no establece que los menores sospechosos o acusados sean asistidos por letrado, en su caso, de oficio, antes de ser interrogados por la policía o por otra autoridad policial o judicial y, a más tardar, antes de su primer interrogatorio y, por otro lado, permite que dichos menores sean interrogados en su condición de sospechosos sin asistencia de tal letrado durante el interrogatorio.
2)
El artículo 2, apartados 1 y 3, de la Directiva 2016/800
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que establece que el derecho a ser asistido por un letrado de oficio cesa automáticamente para las personas que tenían la condición de menores en el momento en que se incoó el proceso penal contra ellas, pero que, posteriormente, han alcanzado la edad de dieciocho años, en la medida en que tal normativa no permite determinar si la aplicación de dicha Directiva o de algunas de sus disposiciones y, por consiguiente, de los derechos que contiene, es adecuada a la luz de todas las circunstancias del asunto, incluidas la madurez y vulnerabilidad de dichas personas.
3)
El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/800, en relación con su artículo 5, apartado 1,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que no establece que los menores sospechosos o acusados en los procesos penales deben recibir, junto con el titular de la patria potestad, a más tardar antes del primer interrogatorio de dichos menores por la policía u otra autoridad policial o judicial, en un lenguaje sencillo y accesible, que tenga en cuenta las necesidades específicas y vulnerabilidades de dichos menores, información sobre sus derechos de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, y sobre los derechos establecidos por la Directiva 2016/800.
4)
El artículo 19 de la Directiva 2016/800
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que, en el marco de un proceso penal, no permite que un órgano jurisdiccional declare inadmisibles las pruebas inculpatorias derivadas de declaraciones realizadas por un menor durante un interrogatorio llevado a cabo por la policía vulnerando el derecho a asistencia letrada establecido en el artículo 6 de la Directiva 2016/800, a condición de que, no obstante, en el marco del proceso penal, dicho órgano jurisdiccional pueda, por una parte, comprobar si se ha respetado ese derecho, interpretado a la luz de los artículos 47 y 48, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y, por otra parte, extraer todas las consecuencias que se deriven de esa vulneración, en particular en lo atinente al valor probatorio de las pruebas obtenidas en esas condiciones.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.