61994C0043
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PHILIPPE LÉGER
presentadas el 15 de junio de 1995 (
*1
)
1.
El Parlamento Europeo ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia dictada el 30 de noviembre de 1993 por el Tribunal de Primera Instancia, (
1
) en la cual se admite, conforme al Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»), la acumulación de las indemnizaciones diarias.
2.
La parte recurrida en el presente recurso de casación, el Sr. Vienne, es en la actualidad funcionario del Parlamento. Su situación administrativa en el seno de esta Institución ha conocido tres fases sucesivas: seleccionado en un primer momento como agente auxiliar (el 1 de noviembre de 1990), fue contratado después en calidad de agente temporal (el 1 de enero de 1991) antes de ser nombrado funcionario en prácticas (el 16 de diciembre de 1991) y de recibir su nombramiento definitivo como funcionario en octubre de 1992. Seleccionado inicialmente en el lugar de su residencia familiar, en Bruselas-Anderlecht, desde su primer contrato fijó su residencia en Messancy, cerca de la frontera entre Bélgica y Luxemburgo, para cumplir las obligaciones establecidas en el Estatuto, aun cuando, hasta su nombramiento definitivo, conservó su residencia familiar.
3.
La controversia que le opone al Parlamento se refiere al pago de las indemnizaciones diarias, previstas en el artículo 10 del Anexo VII del Estatuto (en lo sucesivo, «artículo 10»), hasta el final de su período de prueba, aumentado en un mes (15 de octubre de 1992). Este artículo dispone lo siguiente:
«El funcionario que justifique estar obligado a cambiar de residencia para cumplir lo dispuesto en el artículo 20 del Estatuto (
2
) tendrá derecho, durante el período que se establece en el apartado 2, a una indemnización diaria con las cuantías que se señalan a continuación [...]»
En el apartado 2 de este artículo, la duración de la percepción de las indemnizaciones diarias se fija en 120 o 180 días para los funcionarios, o en la duración del período de prueba, aumentada en un mes, para los funcionarios en prácticas.
La duración de la percepción de estas mismas indemnizaciones para los agentes temporales (artículo 25 del Régimen Aplicable a Otros Agentes de las Comunidades Europeas; en lo sucesivo, «RAA») y para los agentes auxiliares (artículo 69 del RAA) se limita en cada caso a un máximo de un año, remitiéndose, por lo demás, al artículo 10.
4.
Con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto, (
3
) el Parlamento pagó dichas indemnizaciones diarias al Sr. Vienne, a partir del 1 de noviembre de 1990, pero interrumpió todo pago a partir del 21 de abril de 1992, es decir, casi seis meses antes de que finalizara el período de prueba de éste. Efectivamente, el Parlamento consideró que debían acumularse los distintos períodos prestados por el beneficiario, sin que el pago de las indemnizaciones pudiera sobrepasar el límite máximo de doce meses previsto en el artículo 10.
5.
Ante la negativa del Parlamento a pagarle dichas indemnizaciones hasta el final de su período de prueba, aumentado en un mes (es decir, durante el período comprendido entre el 22 de abril de 1992 y el 15 de octubre de 1992), el Sr. Vienne interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia con objeto de que anulara la decisión denegatoria del Parlamento de fecha 2 de febrero de 1993. Se fundaba en particular en una infracción del artículo 10.
6.
En su sentencia de 30 de noviembre de 1993, el Tribunal de Primera Instancia estimó su recurso.
Declaró, en primer lugar «[...] que ninguna disposición del Estatuto o del RAA prevé expresamente una regulación restrictiva para el supuesto sobre el que versa el caso de autos. En particular, el texto del artículo 10 del Anexo VII del Estatuto no se opone a la percepción acumulativa de las indemnizaciones diarias, tal como solicita el demandante.» (
4
)
Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia consideró que un límite máximo de duración de la percepción de las indemnizaciones diarias, tal como el Parlamento pretende aplicarlo al período de prueba, resulta contrario a la precariedad de la relación de empleo que caracteriza la situación administrativa de un funcionario en prácticas. (
5
)
Efectivamente, el Tribunal de Primera Instancia entendió que, en una situación en la que persistió la precariedad de la relación de empleo «[...] la percepción de indemnizaciones diarias presenta una finalidad específica: parece razonable incitar al interesado a abstenerse de efectuar una mudanza que, en caso de no producirse el nombramiento definitivo, resultaría prematura y daría lugar, con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 9 del Anexo VII del Estatuto y en caso de cese en el servicio del interesado, a un doble reembolso de los gastos de mudanza. Ahora bien, teniendo en cuenta esta situación, el interesado debe tener derecho a percibir las indemnizaciones diarias, como contrapartida y, con arreglo al artículo 10 del Anexo VII del Estatuto, hasta que finalice este período precario, aumentado en un mes, y ello con independencia del hecho de que haya percibido tales indemnizaciones durante otros períodos anteriores, caracterizados igualmente por su precariedad.» (
6
)
Finalmente, recordando que el objetivo perseguido por la asignación de indemnizaciones diarias, tal como se analiza en sentencias anteriores, (
7
)«[...] a saber, el de compensar los gastos e inconvenientes ocasionados por la necesidad de trasladarse y de instalarse provisionalmente en el lugar de destino, aunque se conserve, igualmente con carácter provisional, la residencia anterior [...]», responde claramente a las circunstancias del presente caso (mantenimiento de dos residencias: una, familiar, en Bélgica y otra, cerca del lugar de destino), (
8
) el Tribunal de Primera Instancia dedujo que el Sr. Vienne tiene un derecho reconocido en el Estatuto a que se le paguen las indemnizaciones diarias hasta el final de su período de prueba, aumentado en un mes. (
9
)
7.
Por este motivo, la sentencia de 30 de noviembre de 1993 anula la decisión denegatoria del Parlamento de 2 de febrero de 1993 y condena a éste a pagar al demandante las indemnizaciones diarias no abonadas y a cargar con la totalidad de las costas.
8.
El Parlamento solicita al Tribunal de Justicia que anule esta sentencia.
9.
En apoyo de su recurso de casación, el Parlamento invoca básicamente dos motivos fundados en la infracción del Derecho comunitario:
—
la sentencia adolece de un error de Derecho en lo relativo a la interpretación del artículo 71 del Estatuto (en el apartado 32);
—
la sentencia contiene varios errores de Derecho en cuanto a la aplicación del artículo 10 (en los apartados 27, 31 y 34).
10.
Con carácter preliminar, (
10
) el Sr. Vienne pone de manifiesto que la admisibilidad del recurso de casación es dudosa, en la medida en que el Parlamento pretende que el Tribunal de Justicia examine los elementos de hecho zanjados por el Tribunal de Primera Instancia. Me pronunciaré, en su caso, sobre este extremo, al analizar cada uno de los motivos invocados, que examinaré sucesivamente.
I. ¿Ha interpretado erroneamente el Tribunal de Primera Instancia el artículo 71 del Estatuto?
11.
El artículo 71 del Estatuto (
11
) dispone:
«El funcionario tendrá derecho, en las condiciones fijadas en el Anexo VII, al reembolso de los gastos en que hubiere incurrido con ocasión de su incorporación al servicio [...]»
12.
El Parlamento considera que el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 32 de la sentencia, ha incurrido en un error al interpretar el concepto de «incorporación al servicio», que figura en el artículo 71 del Estatuto «[...] en el sentido de que se refiere únicamente a la incorporación al servicio como consecuencia del nombramiento formal para un puesto de funcionario». Entiende, por el contrario, que este concepto debe entenderse referido a toda incorporación al servicio de una Institución de la Comunidad, por cualquier título que sea, inclusive en calidad de agente temporal o auxiliar, en el sentido de que «la incorporación al servicio» sólo puede tener lugar una vez. (
12
)
13.
La lectura del artículo 71 del Estatuto y el contexto en el que se halla impiden absolutamente suscribir la tesis defendida por el Parlamento.
14.
Efectivamente, debemos recordar que esta disposición forma parte del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas. Este sólo se aplica, en principio, a los funcionarios, como expone el Tribunal de Primera Instancia. Ciertamente, este principio admite numerosas excepciones, ya que el RAA se remite con frecuencia al Estatuto en diversas disposiciones. Cuando se efectúa dicha remisión, es preciso leer paralelamente tanto lo dispuesto en el Estatuto como el RAA, asimilando a los demás agentes de las Comunidades a los funcionarios. Ahora bien, el artículo 71 no se encuentra en este caso. Por el contrario, cada una de las disposiciones relativas a los funcionarios, a los agentes temporales y a los agentes auxiliares, respectivamente, comprende un Capítulo relativo a las «Retribuciones y [al] reembolso de los gastos». (
13
) El artículo 71 del Estatuto forma parte de uno de estos capítulos. Pues bien, sin aludir directamente a este artículo, encontramos en el RAA disposiciones muy similares. De esta forma, el artículo 22 dispone: «[...] el agente temporal tendrá derecho, en las condiciones determinadas en los artículos 5 al 15 del Anexo VII del Estatuto, al reembolso de gastos que haya realizado con motivo de su incorporación [...]» Entiendo, pues, que la yuxtaposición de cada una de estas disposiciones pone de manifiesto que el reembolso de los gastos debe concederse con motivo de cada una de las incorporaciones al servicio, bien sea en calidad de agente o de funcionario. Por consiguiente, dado que el Tribunal de Primera Instancia ha recordado que «[...] las funciones que ejerce un funcionario pueden distinguirse, desde el punto de vista jurídico, de las funciones que ejerce un agente temporal o auxiliar, habida cuenta de que los interesados se encuentran en situaciones estatutarias distintas (véase la sentencia Sperber/Tribunal de Justicia, 37/87, Rec. p. 1943, apartado 8)», (
14
) no ha interpretado erróneamente el artículo 71 del Estatuto al señalar a continuación que «Así pues, el mencionado concepto de “incorporación al servicio” [a efectos de este artículo] puede interpretarse en el sentido de que se refiere únicamente a la incorporación al servicio como consecuencia del nombramiento formal para un puesto de funcionario.»
15.
A continuación, debe rechazarse el argumento sobre el cual el Parlamento cree poder apoyar dicho motivo, fundado en la sentencia de 15 de julio de 1960, Campolongo/Alta Autoridad. (
15
)
16.
En esta sentencia, el Tribunal de Justicia se fundó en el principio de «[...] unidad funcional de las Comunidades Europeas y de las Instituciones anexas [...]» para denegar «[...] la acumulación de una indemnización por cese en el servicio de una Institución a una indemnización de incorporación al servicio de otra [...]». (
16
) De ello deduce el Parlamento que «no cabe pagar dos veces la misma indemnización, a la misma persona por el mismo motivo». (
17
) Pues bien, no acierto a ver de qué forma la interpretación que efectuó el Tribunal de Primera Instancia del artículo 71 del Estatuto resulta incompatible con esta jurisprudencia. Efectivamente, como señala el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 37, «[...] aquella sentencia del Tribunal de Justicia se refiere a un supuesto de todo punto diferente del caso de autos». Por una parte, mientras que en este caso se trata de un funcionario que ha conocido distintas situaciones estatutarias sucesivas en el seno de una misma Institución, el Tribunal de Justicia debía pronunciarse entonces acerca de la situación de un funcionario que simplemente pasaba del servicio de una Institución (la Alta Autoridad) de una Comunidad Europea (la CECA) al servicio de otra Institución (el Banco Europeo de Inversiones) de una Comunidad Europea distinta (la CEE). Por otra parte, no se trataba en aquel caso de la acumulación de indemnizaciones diarias, sino de la acumulación de una indemnización por cese en funciones y de una indemnización de incorporación al servicio. Finalmente, señalaré que los textos de referencia son distintos de un asunto a otro, dado que, en la época en que se dictó la sentencia en el asunto Campolongo/Alta Autoridad, antes citada, no existía un «[...] Estatuto válido para los funcionarios de todas las Instituciones de las Comunidades Europeas». (
18
)
17.
Por lo tanto, deduzco de ello que el principio de unidad funcional de las Comunidades no tiene aplicación en el supuesto que ahora nos ocupa.
18.
Por lo tanto, este primer motivo no está fundado.
II. ¿Ha interpretado erroneamente el Tribunal de Primera Instancia el artículo 10 del Anexo VII del Estatuto?
19.
El Parlamento considera, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 27 de la sentencia recurrida, (
19
) ha pasado por alto un aspecto fáctico del cual deriva una infracción del artículo 10; en dicho apartado se declara: «[...] el objeto del presente litigio se limita a la cuestión de determinar si el demandante, en su condición de funcionario en prácticas que no ha efectuado todavía su mudanza ni percibido la indemnización por gastos de instalación, tiene derecho [...]». (
20
) Efectivamente, a juicio del Parlamento, esta afirmación es incorrecta dado que «[...] el Sr. Vienne, cuando era agente temporal, solicitó y obtuvo del Parlamento una indemnización por gastos de instalación». (
21
)
20.
A este respecto, debo señalar, como lo pone de manifiesto la parte recurrida en casación, (
22
) que el extremo de si recibió realmente una indemnización por gastos de instalación constituye un elemento de hecho cuya apreciación no es competencia del Tribunal de Justicia. Efectivamente, debo recordar que, en el marco de un recurso de casación, el artículo 51 del Estatuto CE establece que la competencia del Tribunal de Justicia se limitará a las cuestiones de Derecho. (
23
)
21.
Debo señalar, además, que este motivo tiene su origen en una lectura superficial de la sentencia recurrida. Efectivamente, si bien el Parlamento afirma en su recurso de casación que «[...] el Sr. Vienne, cuando era agente temporal, solicitó y obtuvo del Parlamento una indemnización por gastos de instalación», (
24
) el Tribunal de Primera Instancia, por su parte, se contenta con exponer que «[...] el demandante, en su condición de funcionario en prácticas que no ha efectuado todavía su mudanza ni percibido la indemnización por gastos de instalación, tiene derecho [...]». (
25
) Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia ha querido precisar, con carácter preliminar, que «[...] el objeto del presente litigio se limita a la cuestión de determinar si el demandante, en su condición de funcionario en prácticas [...] tiene derecho a percibir, en lo que atañe a la última parte de la duración de su período de prueba aumentada en un mes, las indemnizaciones diarias [...]». (
26
) De esta forma, dado que el Parlamento alude, en su recurso de casación, a un período de empleo que no es objeto de la sentencia recurrida, no puede imputarse al Tribunal de Primera Instancia ninguna apreciación de los hechos errónea de la cual pudiera derivar una infracción del artículo 10.
22.
Por lo tanto, la primera parte de este motivo carece de fundamento.
23.
En segundo lugar, el Parlamento estima que, en el apartado 31 de la sentencia, el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error al rechazar la tesis defendida por el Parlamento, conforme a la cual el Sr. Vienne no tiene derecho a las indemnizaciones diarias en la medida en que no cumple el requisito establecido en el artículo 10, relativo a la obligación de justificar el cambio de residencia. En respuesta a esta objeción, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que «[...] dicha tesis pasa por alto el carácter continuo y duradero de la obligación de conceder indemnizaciones diarias que la referida disposición impone a las Instituciones en favor de sus funcionarios». (
27
) En su recurso de casación, el Parlamento considera que el Tribunal de Primera Instancia llega así a la conclusión de que «no es preciso tener en cuenta el requisito imperativo establecido por el artículo 10 y, por consiguiente, cabe pasar por alto el hecho de que el interesado no ha cambiado de residencia [...]», (
28
) y deduce de ello que «esta conclusión [...] es manifiestamente contraria a la letra y al espíritu del artículo 10 del Estatuto [...]». (
29
)
24.
No obstante, me parece que dicho motivo tiene su origen en una extrapolación de la conclusión a la que ha llegado el Tribunal de Primera Instancia. Efectivamente, el Tribunal, en este considerando, no niega el hecho de que, para tener derecho a las indemnizaciones diarias previstas en el artículo 10, el funcionario se halla obligado a cambiar de residencia, contrariamente a lo que pretende hacer creer el Parlamento. Por el contrario, lo que niega el Tribunal de Primera Instancia, en respuesta a un argumento expuesto por el Parlamento, es el hecho de que, en el presente caso, el funcionario no se haya visto obligado a cambiar de residencia. Ahora bien, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia sobre este particular no puede cuestionarse.
25.
Ciertamente, la obtención de las indemnizaciones diarias se halla supeditada al requisito de que el funcionario justifique hallarse obligado a cambiar de residencia para cumplir las exigencias del artículo 20 del Estatuto, que le obliga a residir en el lugar de su destino. No obstante, es preciso dejar claro este concepto de residencia. No se trata forzosamente de la que ocupaba el interesado inmediatamente antes de su nombramiento. Efectivamente, el Tribunal de Justicia ha venido interpretando reiteradamente este concepto de residencia en el sentido de que es el lugar en el cual el interesado ha establecido el centro de sus intereses permanente o habitual, con la intención de conferirle un carácter estable. (
30
) Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia consideró con razón que el domicilio del Sr. Vienne en Messancy no constituía una «residencia», a efectos del artículo 10, dado que éste sólo lo ocupaba para cumplir las obligaciones estatutarias nacidas de una relación de empleo precaria, como el Tribunal de Primera Instancia señala después. (
31
) Por el contrario, lo que debe considerarse como «residencia» a efectos del Estatuto es la vivienda del Sr. Vienne en Bruselas, en la cual continuaba establecida su familia. Ahora bien, está acreditado que, no obstante los sucesivos destinos dentro de la misma Institución, la parte recurrida en casación tuvo que «cambiar de residencia» en cada ocasión, para cada uno de dichos destinos. Si cumple este último requisito, no puede negársele el derecho a las indemnizaciones diarias previstas en el artículo 10.
26.
El apartado 31 de la sentencia recurrida ha de interpretarse a la luz de estas consideraciones; en dicho apartado el Tribunal de Primera Instancia no ha ignorado en modo alguno la obligación relativa al cambio de residencia prevista en el artículo 10. Por este motivo, tampoco puede estimarse la segunda parte de dicho motivo.
27.
En el tercer lugar, el Parlamento alega que, en el apartado 34 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error, al considerar que la concesión de indemnizaciones diarias a los funcionarios en prácticas presenta una finalidad específica consistente en «[...] incitar al interesado a abstenerse de efectuar una mudanza que, en caso de no producirse el nombramiento definitivo, resultaría prematura y daría lugar, con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 9 del Anexo VII del Estatuto y en caso de cese en el servicio del interesado, a un doble reembolso de los gastos de mudanza». Efectivamente, a juicio del Parlamento, en tal supuesto sería imposible un doble reembolso, dado que únicamente el funcionario titular tendría derecho a dicho reembolso, en virtud del apartado 3 del artículo 9 del Anexo VII del Estatuto. (
32
)
28.
Recordemos los términos de este precepto. Los dos primeros apartados del artículo 9 antes citado prevén respectivamente el reembolso de los gastos de mudanza del funcionario, desde el lugar de origen al de su destino, así como el reembolso de los mismos gastos al cesar en sus funciones, desde el lugar de destino al de origen. El tercer apartado de este artículo fija los plazos dentro de los cuales deben efectuarse estas mudanzas. De esta forma, «el funcionario titular deberá efectuar la mudanza (desde el lugar de origen al de destino) dentro del año siguiente a la terminación del período de prueba [...]». (
33
)
29.
Esta última disposición se presta a dos interpretaciones distintas.
30.
Según la primera, el legislador comunitario se limitó a prever un plazo máximo (un año después de terminar el período de prueba), después del cual no puede ya efectuarse el reembolso. De esta forma, esta disposición debe entenderse en el sentido de que prevé que la mudanza debe efectuarse a más tardar en la citada fecha para que haya derecho al reembolso. Si se siguiera esta interpretación, el funcionario en prácticas tendría evidentemente derecho a dicho reembolso siempre que respetara el plazo máximo establecido. Es muy posible que haya sido esta interpretación del artículo 9 del Anexo VII del Estatuto la seguida por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 34 de la sentencia recurrida.
31.
Sin embargo considero que, como señala el Parlamento, esta disposición debe entenderse de una forma completamente distinta, lo que, por otra parte, no discute la parte recurrida en casación. (
34
) Efectivamente, si bien es cierto, conforme a la primera interpretación antes expuesta, que el legislador comunitario ha fijado un plazo después del cual queda excluido el reembolso, no es éste el único requisito exigido. De esta forma, el apartado 3 del artículo 9 prevé también el momento a partir del cual«debe» efectuarse la mudanza para que sea reembolsada; se trata de «la terminación del período de prueba». Pues bien, puesto que el plazo comienza, pues, al terminar el período de prueba, debe deducirse que los funcionarios en prácticas, que por definición no han llegado al final de dicho período, no tienen derecho al reembolso de los gastos de mudanza. Por lo demás, esta interpretación se ve reforzada por el término «funcionario titular», que utiliza el apartado 3 del artículo 9. El Servicio Jurídico de la Comisión Europea se inclina asimismo por esta interpretación. (
35
)
32.
Por consiguiente, conforme a esta última interpretación, que considero la vínica posible, debo admitir que el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error al apreciar la finalidad específica perseguida por la concesión de las indemnizaciones diarias en el presente caso.
33.
Ello no obstante, percibo en el apartado 3 del artículo 9, antes citado, una confirmación del carácter precario de la situación estatutaria del funcionario en prácticas, señalado, por lo demás, por el Tribunal de Primera Instancia, (
36
) que justifica por sí solo el derecho a las indemnizaciones diarias. Efectivamente, al establecer que, para ser reembolsada, la mudanza debe haberse efectuado dentro del año siguiente a la «terminación del período de prueba», el legislador comunitario ha puesto de manifiesto que tan sólo a partir de ese momento se encuentra consolidada la relación contractual del funcionario, cesando la precariedad del vínculo que une a éste con la Institución. Por lo demás, se observa que ni los agentes auxiliares ni los agentes temporales contratados para un período inferior a doce meses (
37
) no tienen derecho al reembolso de los gastos de mudanza, lo cual pone de manifiesto una vez más que el legislador ha querido tener en cuenta lo precario de su contrato.
34.
Por todo ello, el Tribunal de Primera Instancia ha considerado con pleno fundamento, que la situación del Sr. Vienne, caracterizada, en cada una de sus sucesivas relaciones de empleo, por una persistente precariedad, «[...] se ajust(a) plenamente al objetivo que persigue la asignación de indemnizaciones diarias, a saber, el de compensar los gastos e inconvenientes ocasionados por la necesidad de trasladarse y de instalarse provisionalmente en el lugar de destino, aunque se conserve, igualmente con carácter provisional, la residencia anterior (véase la sentencia Mouzourakis/Parlamento, 280/85, Rec. p. 589, apartado 9, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 1992, Benzler/Comisión, T-63/91, Rec. p. II-2095, apartado 20)». (
38
)
35.
Esta certeza de que las circunstancias del presente caso se corresponden con la ratio legis del artículo 10, en la forma recordada por una jurisprudencia reiterada, (
39
) basta así para considerar que el Tribunal de Primera Instancia no ha efectuado una interpretación errònea del artículo 10 del Anexo VII del Estatuto, abstracción hecha de la pretendida «finalidad específica» que persigue dicha disposición en el presente caso, expuesta en el apartado 34 de la sentencia recurrida y que, personalmente, considero redundante.
36.
Por todo ello, concluyo señalando que la última parte de este motivo, si bien fundada, no permite anular la sentencia recurrida.
37.
En consecuencia, a la luz de las consideraciones antes expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación interpuesto por el Parlamento y que condene en costas a éste, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 122 y en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento.
(
*1
)	Lengua original: francés.
(
1
)	Sentencia Vienne/Parlamento (T-15/93, Rec. p. II-1327).
(
2
)	El artículo 20 del Estatuto está redactado en los siguientes términos: «Los funcionarios estarán obligados a residir en la localidad de su destino o a una distancia de la misma que no entorpezca el ejercicio de sus funciones.»
(
3
)	Artículos 25 y 69 del RAA.
(
4
)	Apartado 30 de la sentencia recurrida.
(
5
)	Ibidem, apartado 33.
(
6
)	Ibidem, apartado 34.
(
7
)	Sentencias de 5 de febrero de 1987, Mouzourakis/Parlamento (280/85, Rec. p. 589), apartado 9, y de 10 de julio de 1992, Benzlcr/Comisión (T-63/91, Rec. p. II-2095), apartado 20.
(
8
)	Apartado 35 de la sentencia recurrida.
(
9
)	ìbidem, apartado 36.
(
10
)	Apartados 1 a 3 del escrito de contestación.
(
11
)	El artículo 71 figura en la Sección 2 («Reembolso de los gastos») del Capítulo 1 («Retribuciones y reembolso de los gastos») del Título V («Régimen retributivo y prestaciones sociales del funcionario») del Estatuto.
(
12
)	Apartados 43 a 46 del recurso de casación.
(
13
)	Se trata, respectivamente, de los Capítulos: 1 del Título V del Estatuto, 5 del Título II del RAA y 5 del Título III del-RAA.
(
14
)	Apartado 32 de la sentencia recurrida
(
15
)	Asuntos acumulados 27/59 y 39/59, Rec. p. 795.
(
16
)	Ibidem, p. 824.
(
17
)	Apartado 47 del recurso de casación.
(
18
)	Página 802 de la sentencia.
(
19
)	Apartados 40 a 42 del recurso de casación.
(
20
)	El subrayado es mío.
(
21
)	Apartado 33 del recurso de casación; el subrayado es mío.
(
22
)	Apartados 60 y ss. del escrito de contestación.
(
23
)	Véase la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia y, por ejemplo, las sentencias de 8 de abril de 1992, E/Comisión (C-346/90 P, Rec. p. I-2691), apartados 7 y 10, y de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros (C-136/92 P, Rec. p. I-1981), apartado 66.
(
24
)	Apartado 33 del recurso de casación; el subrayado es mío.
(
25
)	Apartado 27 de la sentencia recurrida; el subrayado es mío.
(
26
)	Ibidem.
(
27
)	Ibidem, apartado 31.
(
28
)	Apartado 50 de! recurso de casación.
(
29
)	Ibidem, apartado 51.
(
30
)	Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia en el asunto Benzler, antes citada, en la nota 7 supra, apartado 25, y del Tribunal de Justicia de 15 de septiembre de 1994, Magdalena Fernández/Comisión (C-452/93 P, Ree. p. I-4395), apartado 22.
(
31
)	Apartados 33 γ 34 de la sentencia recurrida.
(
32
)	Apartados 52 y ss. del recurso de casación.
(
33
)	Apartado 3 del artículo 9 del Anexo VII del Estatuto; el subrayado es mío.
(
34
)	Apartados 72 y 73 del escrito de contestación.
(
35
)	Víase el documento presentado por las partes: Anexo del escrito de contestación y Anexo IV del recurso de casación, nota 1, p. 3.
(
36
)	Apartado 33 de la sentencia recurrida.
(
37
)	Artículo 23 del RAA.
(
38
)	Apartado 35 de la sentencia recurrida.
(
39
)	Véase asimismo, además de las sentencias citadas por el Tribunal de Primera Instancia, la sentencia de 30 de enero de 1974, Louwage/Comisión (148/73, Rec. p. 81), considerando 25.