62022TJ0625_RES
Asunto T‑625/22
Republik Österreich
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Gran Sala) de 10 de septiembre de 2025
«Medio ambiente — Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 — Taxonomía — Actividades económicas relacionadas con el gas fósil y con la energía nuclear — Inclusión en las actividades económicas sostenibles — Inversiones — Contribución a la transición hacia una economía neutra en carbono de conformidad con el objetivo de 1_5o°C del Acuerdo de París — Objetivo de cero emisiones netas de aquí a 2050 — Contribución sustancial a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo — Artículos 10 y 11 del Reglamento (UE) 2020/852 — Concepto de “actividad con bajas emisiones de carbono” — Perjuicio significativo a objetivos medioambientales — Riesgos asociados a los accidentes graves de reactor — Riesgos asociados a los residuos radioactivos de alta intensidad — Riesgos asociados a las sequías y a los fenómenos climáticos — Principio de cautela — Criterios técnicos de selección — Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero — Artículo 290 TFUE — Concepto de “elementos esenciales” de un acto legislativo — Pruebas científicas — Margen de apreciación de la Comisión — Error manifiesto de apreciación»
Instituciones de la Unión Europea — Ejercicio de sus competencias — Competencia conferida a la Comisión para la adopción de actos delegados — Alcance — Apreciaciones y evaluaciones complejas — Amplio margen de apreciación — Reglamento que establece un marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Adopción por la Comisión de un reglamento delegado que establece criterios técnicos de selección — Control jurisdiccional — Límites — Error manifiesto de apreciación — Carga de la prueba
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión]
(véanse los apartados 32 a 37, 179, 204, 214, 225, 230, 276, 338, 383, 440, 469, 516, 536, 538, 567, 578, 590 y 604)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Adopción por la Comisión de un reglamento delegado que establece criterios técnicos de selección para las actividades relacionadas con el gas fósil y con la energía nuclear y que modifica un reglamento delegado existente — Evaluación de impacto y consulta pública referidas a dichas actividades efectuadas en el marco de la adopción del reglamento delegado existente — Inexistencia de obligación de la Comisión de llevar a cabo una evaluación de impacto y una consulta pública adicionales
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo; Reglamentos Delegados (UE) de la Comisión 2021/2139 y 2022/1214]
(véanse los apartados 72 a 74, 79 a 83 y 92)
Instituciones de la Unión Europea — Ejercicio de sus competencias — Competencia conferida a la Comisión para la adopción de actos delegados — Obligación de no modificar elementos esenciales del acto legislativo de base — Reglamento de base que establece criterios de sostenibilidad medioambiental — Reglamento delegado que establece criterios técnicos de selección para todos los tipos de actividades que cumplan dichos criterios de sostenibilidad — Procedencia
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3; Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión]
(véanse los apartados 100 a 126)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Adopción por la Comisión de un reglamento delegado que establece criterios técnicos de selección para las actividades relacionadas con el gas fósil y con la energía nuclear — Calificación de dichas actividades como actividades de transición para garantizar la seguridad del abastecimiento — Procedencia
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 10, ap. 2]
(véanse los apartados 160, 164 a 170 y 594 a 596)
Derecho de la Unión Europea — Interpretación — Métodos — Interpretación a la luz de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión — Interpretación del Reglamento (UE) 2020/852 a la luz del Acuerdo de París
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 10, ap. 2]
(véanse los apartados 188 a 195)
Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Apreciación de la obligación de motivación en función de las circunstancias del asunto — Necesidad de especificar todas las circunstancias de hecho y de Derecho pertinentes — Inexistencia
(Art. 296 TFUE)
(véanse los apartados 216 a 218, 241, 325 y 365)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Adopción por la Comisión de un reglamento delegado que establece criterios técnicos de selección para las actividades relacionadas con la energía nuclear — Evaluación previa de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente — Aplicación del principio de cautela — Alcance — Conceptos de riesgo y de peligro — Determinación del nivel de riesgo que se considera inaceptable para la sociedad — Competencia de la institución de la Unión designada por la normativa pertinente — Deber de garantizar un elevado nivel de protección de la salud pública, de la seguridad y del medio ambiente — Control jurisdiccional — Límites — Error manifiesto de apreciación
[Arts. 11 TFUE, 168 TFUE, ap. 1, 169 TFUE, aps. 1 y 2, y 191 TFUE, aps. 1 y 2; Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3, letra b), 9 y 17]
(véanse los apartados 247 a 257, 262, 274, 297, 298, 307 a 309, 315 a 324, 326, 334, 345, 357, 360 y 373)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Adopción por la Comisión de un reglamento delegado que establece criterios técnicos de selección para las actividades relacionadas con el gas fósil y con la energía nuclear — Obligación de tener en cuenta el ciclo de vida de los productos o servicios — Alcance — Toma en consideración del ciclo de vida de las actividades económicas en las fases anteriores y posteriores — Exclusión
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 17, ap. 2, y 19, ap. 1, letra g)]
(véanse los apartados 429 a 438, 574 a 576)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Adopción por la Comisión de un reglamento delegado que establece criterios técnicos de selección para las actividades relacionadas con el gas fósil y con la energía nuclear — Falta de precisión respecto de determinados conceptos jurídicos y requisitos que deben cumplirse — Procedencia — Violación del principio de seguridad jurídica — Requisitos — Criterios técnicos de selección que presentan una ambigüedad tal que suscita dudas acerca de su alcance o su sentido
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 19, ap. 1, letra k)]
(véanse los apartados 484 a 486 y 676)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Adopción por la Comisión de un reglamento delegado que establece criterios técnicos de selección para las actividades relacionadas con el gas fósil — Procedencia — Requisito — Ausencia de fuentes alternativas con bajas emisiones de carbono que permitan garantizar la seguridad del abastecimiento
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 10, ap. 2]
(véanse los apartados 507 a 517)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Adopción por la Comisión de un reglamento delegado que establece criterios técnicos de selección para las actividades relacionadas con el gas fósil — Recurso a un enfoque gradual — Procedencia
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 10, ap. 2]
(véanse los apartados 535 y 538 a 540)
Procedimiento judicial — Pretensiones de la demanda — Adaptación durante el procedimiento — Acto que modifica en el curso del proceso el acto impugnado — Adaptación de las pretensiones y motivos iniciales — Procedencia — Requisitos
(Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 86)
(véanse los apartados 689 a 694)
Resumen
El Tribunal General desestima el recurso de anulación interpuesto por la República de Austria contra el Reglamento Delegado 2022/1214 (
1
) de la Comisión Europea por el que se completa el Reglamento 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (
2
) (en lo sucesivo, «Reglamento sobre la taxonomía»). Con esta ocasión, se pronuncia por primera vez sobre la aplicación de los criterios del Reglamento sobre la taxonomía a las actividades económicas vinculadas al gas fósil y a la energía nuclear.
El Reglamento sobre la taxonomía armoniza a escala de la Unión los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible a la luz de diversos objetivos medioambientales, como la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. (
3
)
En este contexto, la Comisión adoptó el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139, (
4
) por el que se completa el Reglamento sobre la taxonomía mediante el establecimiento de criterios técnicos de selección que permiten determinar las condiciones en las que cabe considerar que una actividad económica contribuye de forma sustancial a los objetivos medioambientales antes mencionados y evaluar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos medioambientales
En marzo de 2022, la Comisión adoptó el Reglamento impugnado, que modifica el Reglamento Delegado 2021/2139 estableciendo criterios técnicos de selección para incluir determinadas actividades de los sectores de la energía nuclear y del gas fósil en la categoría de actividades que se considera que contribuyen de forma sustancial a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo.
La República de Austria interpuso ante el Tribunal General un recurso de anulación contra el Reglamento impugnado, que, en su opinión, infringe varias disposiciones del Reglamento sobre la taxonomía.
Apreciación del Tribunal General
Con carácter preliminar, el Tribunal General recuerda que la Comisión dispone, en el ejercicio de sus competencias vinculadas a un poder delegado en el sentido del artículo 290 TFUE, de una amplia facultad de apreciación cuando debe llevar a cabo, en particular, apreciaciones y evaluaciones complejas. El control jurisdiccional que el juez de la Unión debe ejercer sobre la fundamentación de un acto adoptado en ejercicio de esa facultad no debe llevarlo a sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia, sino que tiene la finalidad de comprobar que dicho acto no está basado en hechos materialmente inexactos ni está viciado de ningún error manifiesto de apreciación o de desviación de poder.
A este respecto, incumbe al juez de la Unión no solo verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de ellos. En efecto, cuando una institución dispone de una amplia facultad de apreciación, reviste especial importancia la observancia de las garantías procedimentales, entre las que figura la obligación de esta de examinar minuciosa e imparcialmente todas las circunstancias pertinentes de la situación de que se trate.
En cambio, en lo que respecta a las cuestiones de Derecho, el Tribunal General ejerce un control completo y es competente para interpretar las disposiciones jurídicas sobre la base de elementos objetivos y al comprobar si concurren o no los requisitos de aplicación de tal disposición.
Por otra parte, para demostrar que una institución ha incurrido en un error manifiesto en la apreciación de hechos complejos, las pruebas aportadas por la parte demandante deben ser suficientes para que resulten inverosímiles las apreciaciones de los hechos tenidos en cuenta en dicho acto.
A la luz de estas consideraciones, el Tribunal General desestima, en primer lugar, los motivos basados, en particular, en la infracción de las disposiciones de procedimiento previstas por el Reglamento sobre la taxonomía para adoptar el Reglamento impugnado.
En este sentido, señala que el Reglamento impugnado mantiene una línea de continuidad con el Reglamento Delegado 2021/2139. En particular, en el marco del procedimiento que condujo a la adopción de este último, el Grupo de Expertos Técnicos sobre Finanzas Sostenibles (en lo sucesivo, «TEG») había tenido en cuenta las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear y había recomendado la realización de otros estudios, los cuales fueron llevados a cabo.
Por consiguiente, para aprobar el Reglamento impugnado, la Comisión podía basarse válidamente en los dictámenes de expertos realizados con vistas a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139. En efecto, los dos reglamentos delegados completan el Reglamento sobre la taxonomía y los procedimientos que dieron lugar a su adopción se complementan en lo que respecta al examen de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear. Así, en particular, la Comisión no estaba obligada a efectuar una evaluación de impacto y una consulta pública adicionales y específicas.
Lo mismo sucede con los umbrales de emisiones de las actividades vinculadas al gas fósil, puesto que los dictámenes de expertos y las consultas públicas relativas a este sector ya se habían realizado con vistas a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139.
En segundo lugar, el Tribunal General desestima el motivo basado en la infracción del artículo 290 TFUE derivada del hecho de que la calificación de las actividades vinculadas a la energía nuclear como actividades sostenibles constituye un elemento esencial del Reglamento sobre la taxonomía que no podía ser objeto de un acto delegado, debido al carácter político y controvertido de la inclusión de la energía nuclear en dicho Reglamento.
En relación con este punto, el Tribunal General aprecia que, habida cuenta del objetivo y del contenido del Reglamento sobre la taxonomía, los elementos esenciales del mismo consisten, en particular, en la definición de los objetivos medioambientales, de los criterios de sostenibilidad medioambiental y de los requisitos aplicables a los criterios técnicos de selección. De ello resulta que no forman parte de los elementos esenciales de dicho Reglamento la determinación de las actividades económicas como tales, así como el establecimiento de los criterios técnicos de selección para cada actividad económica en aplicación de los criterios de sostenibilidad, a excepción de los combustibles fósiles expresamente excluidos.
Por lo demás, al optar por conceder a la Comisión la posibilidad de establecer criterios técnicos de selección para todos los tipos de actividades que cumplen los criterios de sostenibilidad, el legislador de la Unión también permite a la Comisión adaptar los criterios técnicos de selección a la evolución de las tecnologías. Además, no puede obligarse al legislador a enumerar todas las tecnologías existentes o previstas, ya que ello no permitiría a la legislación estar preparada para el futuro y la haría tecnológicamente obsoleta, porque no podría tener en cuenta el carácter inevitable y deseable de la innovación tecnológica.
En cuanto a la circunstancia de que la inclusión de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear forma parte de un aspecto político, controvertido entre los Estados miembros, esta no desvirtúa dicha conclusión, puesto que el legislador de la Unión no ha optado por excluir esta actividad, a diferencia de lo que sucede con la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles sólidos. En cualquier caso, esa circunstancia no es pertinente a efectos del artículo 290 TFUE, que reserva a los actos legislativos los elementos esenciales de un ámbito, y no los elementos políticos y controvertidos de este.
En tercer lugar, el Tribunal General desestima el motivo basado en la infracción del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía derivada, de una parte, del hecho de que esta disposición no es aplicable a las actividades económicas de bajas emisiones de carbono y, de otra parte, de la circunstancia de que no se cumplen los requisitos para la aplicación de dicha disposición.
La misma disposición define los requisitos para que actividades económicas para las que no existe una alternativa ni tecnológica ni económicamente viable de bajas emisiones de carbono se consideren «de transición», es decir, como actividades que contribuyen de forma sustancial a la mitigación del cambio climático porque apoyan la transición hacia una economía climáticamente neutra coherente con un plan para limitar el aumento de la temperatura a 1_5o C respecto de los niveles preindustriales.
A este respecto, el Tribunal General recuerda que la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión requiere tomar en consideración no solamente su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte.
Así pues, de una interpretación literal, teleológica y sistemática del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía se desprende que las actividades de transición pueden incluir actividades que no tienen bajas emisiones de carbono y para las que no existe una alternativa ni tecnológica ni económicamente viable de bajas emisiones de carbono, sino también, y a fortiori, actividades con bajas emisiones en carbono que no cumplan los requisitos de aplicación del apartado 1 de dicho artículo, (
5
) siempre que se cumplan los requisitos específicos de su apartado 2.
Por otra parte, al apreciar, en el Reglamento impugnado, la falta de disponibilidad «a una escala suficiente» de soluciones alternativas a la energía nuclear con bajas emisiones de carbono «para satisfacer la demanda de energía de manera continua y fiable», la Comisión no amplió el ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía.
En efecto, el Tribunal General recuerda, en primer término, que las medidas adoptadas por la Comisión en el marco del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, como el Reglamento impugnado, deben atenerse al principio de solidaridad energética, consagrado en el artículo 194 TFUE, apartado 1, y velar, en particular, por garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión.
En segundo término, el Reglamento sobre la taxonomía tiene por objeto promover la transición hacia una economía segura, sin efectos sobre el clima y resiliente al cambio climático, más eficiente en el uso de los recursos y circular. Pues bien, este objetivo se vería comprometido si la utilización de fuentes de energía que se considera que contribuyen de manera sustancial a la mitigación del cambio climático no permitiera un abastecimiento de energía suficiente para cubrir la demanda.
En tercer término, el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía se refiere a la inexistencia de una alternativa «tecnológica [y] económicamente viable» de bajas emisiones de carbono. Pues bien, el legislador de la Unión ha hecho énfasis en la viabilidad y la disponibilidad de estas alternativas, lo cual es acorde con el imperativo de seguridad del abastecimiento y la satisfacción de las necesidades energéticas de la Unión. Así pues, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que se refiere a actividades de transición para las que no existen alternativas realistas y viables que permitan a la Unión seguir cubriendo sus necesidades energéticas.
En cuanto a las alegaciones basadas en el hecho de que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear no cumplen los requisitos previstos en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, el Tribunal General recuerda que, en la interpretación de un tratado habrá de tenerse en cuenta, en particular, todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o la aplicación de sus disposiciones y toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación de dicho tratado. (
6
)
En el presente asunto, del Acuerdo de París se desprende que, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (en lo sucesivo, «GEI»), las partes en dicho Acuerdo se comprometieron a contribuir a los esfuerzos mundiales, en particular acelerando el despliegue de tecnologías de emisión cero o de bajas emisiones de carbono, como la energía nuclear.
Así pues, una interpretación del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía conforme con dicho Acuerdo tiende a confirmar que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear pueden constituir actividades de transición en el sentido de dicha disposición.
Además, de dicha disposición, cuya legalidad no se discute, se desprende que estos objetivos climáticos se cumplen cuando la actividad económica en cuestión apoya la transición hacia una economía climáticamente neutra a través, en particular, de la eliminación de las emisiones de GEI. En el presente asunto, la Comisión efectivamente indicó, sobre la base de los dictámenes recabados durante el procedimiento de adopción del Reglamento impugnado, que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear son actividades con bajas emisiones de carbono, que la generación de energía nuclear tiene prácticamente cero emisiones de GEI y que los datos sobre la contribución sustancial potencial de la energía nuclear a los objetivos de mitigación del cambio climático son abundantes y claros.
En cuarto lugar, al incluir las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear en las actividades de transición y establecer los criterios técnicos de selección para dichas actividades, la Comisión no vulneró el principio de cautela, ni infringió el artículo 19, apartado 1, letras f) y g), del Reglamento sobre la taxonomía, ni obvió el criterio DNSH, esto es, el criterio según el cual la actividad económica de que se trate no debe causar un perjuicio significativo a ninguno de los objetivos medioambientales perseguidos por dicho Reglamento, previsto en su artículo 17.
Con carácter preliminar, el Tribunal General recuerda que la aplicación del principio de cautela supone una evaluación científica de los riesgos, la determinación de un nivel de riesgo considerado aceptable y la adopción, en su caso, de medidas de protección adecuadas.
En el presente asunto, el Tribunal General comienza desestimando la alegación de la República de Austria según la cual, en el marco de la comprobación del respeto del principio de cautela, el criterio de la falta de pruebas científicas de un perjuicio significativo no constituye un criterio pertinente, ya que lo único relevante es la posibilidad de excluir cualquier duda razonable referida a tal perjuicio. En efecto, el principio de cautela no exige que se excluya toda duda científica razonable sobre la existencia de un perjuicio para el medio ambiente, ya que ello equivaldría a imponer a la Comisión un nivel de riesgo cero, en contradicción con la jurisprudencia. Así pues, el criterio de la falta de pruebas científicas de un perjuicio importante es conforme con el artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía, que solo obliga a la Comisión a basarse en pruebas científicas concluyentes.
Seguidamente, en cuanto a la alegación de que la Comisión no tuvo en cuenta las consecuencias que los accidentes graves de reactor pueden tener sobre los objetivos medioambientales definidos en el Reglamento sobre la taxonomía, el Tribunal General precisa que el cumplimiento del criterio DNSH no puede verificarse in abstracto, sino a la luz de los criterios técnicos de selección establecidos en el Reglamento impugnado.
Pues bien, las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear están reguladas de modo estricto en el Derecho de la Unión, con el fin de reducir la probabilidad de accidentes graves de reactor y la gravedad de tales accidentes para la salud humana y el medio ambiente. A este respecto, los criterios técnicos de selección se refieren expresamente al conjunto de normas de seguridad nuclear de la Unión y a las orientaciones internacionales más recientes del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la Asociación de Reguladores Nucleares de Europa Occidental.
Además, la República de Austria no ha demostrado que la Comisión haya incurrido en error manifiesto de apreciación al considerar que, en el marco de las normas de seguridad nuclear de la Unión mencionadas en el Reglamento impugnado, se cumplía el criterio DNSH y, en particular, que no se había demostrado que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear fueran perjudiciales para el buen estado medioambiental de las masas de agua o de las aguas marinas, provocando un aumento significativo de las emisiones contaminantes al agua, al aire o al suelo.
Lo mismo sucede con los riesgos derivados de los residuos radiactivos de alta actividad, ya que la República de Austria no ha demostrado que adolezca de un error manifiesto la apreciación, por parte de la Comisión, de la inexistencia de un perjuicio significativo para el medio ambiente derivado de la gestión de los residuos relacionados con la energía nuclear.
A este respecto, por una parte, el Tribunal General señala que la Directiva 2011/70 Euratom (
7
) establece un marco destinado a garantizar, en el ámbito del Derecho de la Unión, la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos. Asimismo, esa Directiva vela por que los Estados miembros establezcan medidas nacionales adecuadas para lograr un alto nivel de seguridad en la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos. Pues bien, el Reglamento impugnado hace referencia a esa Directiva.
Por otra parte, no cabe exigir a la Comisión que se base en elementos científicos que no dejen lugar a duda y que demuestren que el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos de alta actividad no perjudicará significativamente a los objetivos medioambientales contemplados en el artículo 17, apartado 1, letras c) a f), del Reglamento sobre la taxonomía, ya que, de este modo, se le impondría un nivel de riesgo cero contrario a la jurisprudencia.
Por último, en cuanto a la alegación de que la Comisión no tuvo en cuenta la totalidad del ciclo de vida de la energía nuclear, a saber, la extracción y el tratamiento de mineral de uranio, el refinado, la conversión y el enriquecimiento del uranio, la fabricación de conjuntos combustibles, el transporte y los conflictos armados potenciales, el Tribunal General observa que estas actividades se sitúan en las fases anteriores o posteriores a las actividades vinculadas a la energía nuclear a las que se refiere el Reglamento impugnado. Pues bien, del tenor tanto del artículo 17, apartado 2, como del artículo 19, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre la taxonomía se desprende que la exigencia de tomar en consideración el ciclo de vida de una actividad no se extiende necesariamente a las actividades anteriores o posteriores a la actividad económica de que se trate.
En quinto y último lugar, por lo que respecta a las actividades relacionadas con el gas fósil, la República de Austria sostiene que no se cumple el requisito previsto en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, según el cual no debe existir una solución de bajas emisiones de carbono, ya que las energías renovables, las redes inteligentes y las técnicas de almacenamiento de energía y de reducción del consumo son otras tantas soluciones de bajas emisiones de carbono que pueden sustituir a las actividades económicas vinculadas al gas fósil.
A este respecto, el Tribunal General subraya que este requisito implica tener en cuenta los aspectos relacionados con la seguridad del suministro. Pues bien, del Reglamento impugnado se desprende que, en determinados sectores, aún no existen suficientes alternativas de bajas emisiones de carbono que permitan garantizar el suministro de energía necesario.
Así pues, la Comisión consideró que debía adoptarse un enfoque que no consistiera en la limitación directa de las emisiones de GEI, que debiera producir resultados similares durante un período de veinte años. Según este otro enfoque, por una parte, las instalaciones pueden limitar el número de horas de funcionamiento o pasar más rápidamente a la plena utilización de gases renovables o de bajo contenido en carbono. Por otra parte, los criterios técnicos de selección para el uso de gas fósil también deben garantizar que se disponga de pruebas sólidas que demuestren que la misma capacidad energética no puede generarse con fuentes renovables y que se han establecido planes eficaces para cada instalación, en consonancia con los mejores resultados del sector, para pasar completamente a los gases renovables de bajas emisiones de carbono en una fecha determinada.
De ello se desprende que el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía debe interpretarse en el sentido de que, para excluir la calificación de sostenible desde el punto de vista medioambiental, no basta con que existan fuentes alternativas, sino que es preciso que estas tengan además la misma capacidad que las fuentes existentes.
A continuación, el Tribunal General desestima la alegación según la cual, por una parte, los umbrales de emisiones previstos para las actividades vinculadas al gas fósil en el Reglamento impugnado no son compatibles, en particular, con el objetivo de 1_5o C fijado por el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía y, por otra parte, los demás criterios técnicos de selección no permiten contribuir a la mitigación del cambio climático.
A este respecto, el Tribunal General observa que la Comisión aplicó un umbral superior a 100 gramos (g) del equivalente CO2 (CO2eq) por kilovatio hora (kWh) (
8
) porque el umbral de 100 g no es factible actualmente para las centrales de gas que no disponen de un sistema de captura de CO2. Así pues, al aplicar un umbral más elevado a este tipo de instalación, la Comisión se aseguró de que tales instalaciones estuvieran comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento impugnado y estuvieran sujetas a los demás criterios técnicos de selección. Pues bien, tal enfoque es conforme con el objetivo del Reglamento sobre la taxonomía de evitar la falta de acciones o el retraso en las mismas.
Ello es tanto más cierto cuanto que las actividades en cuestión también deben sustituir a una actividad existente de generación de electricidad con elevadas emisiones que utiliza combustibles fósiles sólidos o líquidos y dar lugar a una reducción de las emisiones de GEI de al menos un 55 % a lo largo de la vida útil de la capacidad de generación de nueva instalación, y que el Estado miembro debe haberse comprometido a eliminar progresivamente la generación de energía a partir del carbón.
Por último, la Comisión tampoco incurrió en error al tener en cuenta las emisiones directas de GEI procedentes de la actividad, y no las emisiones de GEI a lo largo de todo el ciclo de vida. En efecto, del Reglamento sobre la taxonomía (
9
) se desprende que la exigencia de tener en cuenta el ciclo de vida de una actividad no se extiende necesariamente a las actividades anteriores o posteriores a la actividad económica de que se trate. Así pues, la obligación de tener en cuenta la producción, la utilización y el final de la vida útil de los productos y servicios prestados por las actividades económicas vinculadas al gas fósil no implica tomar en consideración la extracción y la distribución del gas fósil, antes de la combustión, ya que estas actividades no forman parte, como tales, de la generación de electricidad.
Por lo demás, el Reglamento sobre la taxonomía tiene por objeto establecer un sistema de clasificación unificado de las actividades económicas consideradas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, esta clasificación o taxonomía se refiere a actividades económicas específicas. Así pues, el establecimiento, por parte de la Comisión, de criterios técnicos de selección que permitan determinar si puede considerarse que una actividad contribuye de manera sustancial a la mitigación del cambio climático y no causa un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales tiene por objeto, caso por caso, una actividad económica concreta.
Al haberse inadmitido también los demás motivos formulados, el Tribunal General desestima el recurso en su totalidad.
(
1
)	Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión, de 9 de marzo de 2022, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 en lo que respecta a las actividades económicas en determinados sectores energéticos y el Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 en lo que respecta a la divulgación pública de información específica sobre esas actividades económicas (DO 2022, L 188, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»).
(
2
)	Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO 2020, L 198, p. 13).
(
3
)	Artículos 3 y 9 del Reglamento sobre la taxonomía.
(
4
)	Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales (DO 2021, L 442, p. 1).
(
5
)	Esta disposición define las actividades económicas que se considera que contribuyen de forma sustancial a mitigar el cambio climático.
(
6
)	Artículo 31, apartado 3, letras a) y b), Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1155, p. 331).
(
7
)	Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos (DO 2011, L 199, p. 48).
(
8
)	El TEG estima que el umbral de 100 g de CO2eq/kWh es científicamente coherente con el cumplimiento del requisito consistente en favorecer la transición hacia una economía climáticamente neutra y que ese umbral debería reducirse cada cinco años.
(
9
)	Artículos 17, apartado 2, y 19, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre la taxonomía.