Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 27 de noviembre de 2025 (1)
Asunto C‑421/24
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
contra
Google Ireland Limited
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia)]
« Petición de decisión prejudicial — Directiva 2000/31/CE — Artículo 1, apartado 5, letra d) — Publicidad de los juegos de azar — Artículo 14, apartado 1 — Exención de responsabilidad para los servicios intermediarios de alojamiento de datos — Contrato de asociación comercial entre un prestador de servicios de alojamiento de datos y un usuario »
I.      Introducción
1.        Un Estado miembro ha decidido prohibir toda forma de publicidad de juegos de azar en su territorio. Debido a la falta de armonización en este ámbito y al reconocimiento de las consecuencias nocivas del juego para las personas y la sociedad, en principio tal prohibición puede estar permitida con arreglo al Derecho de la Unión.
2.        Cuestión aparte es la relativa a la ejecución de dicha prohibición, en particular contra quién se dirige. La discrecionalidad conferida a los Estados miembros en el sector de los juegos de azar ha de ponderarse con la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información con arreglo a la Directiva 2000/31/CE. (2)
3.        ¿Puede aplicarse una prohibición total de publicidad de los juegos de azar a un proveedor de servicios de alojamiento de datos que explota una plataforma de intercambio de vídeos en la que se almacenan contenidos de terceros que contienen tal publicidad? Esta es la cuestión planteada en la presente petición de decisión prejudicial. A fin de dirimirla, se solicita al Tribunal de Justicia, en primer lugar,
que examine si la Directiva 2000/31 es aplicable a la actividad de tal proveedor de servicios de alojamiento de datos. De ser así, a continuación deberá determinar si tal proveedor está comprendido en el ámbito de aplicación de la exención de responsabilidad establecida en el artículo 14, apartado 1, de dicha Directiva. En caso de respuesta afirmativa, por último
se le solicita que aprecie si el proveedor de servicios cumple los requisitos para invocar dicha disposición.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
4.        Los considerandos 12, 21 y 42 de la Directiva 2000/31 están redactados de la siguiente manera:
«(12)      Es necesario excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva algunas actividades habida cuenta de que, en el momento presente, la libre circulación de servicios no puede quedar garantizar con arreglo al Tratado o al actual Derecho comunitario derivado. […]
[…]
(21)      […] El ámbito coordinado se refiere solo a los requisitos relacionados con las actividades en línea, como la información en línea, la publicidad en línea, las compras en línea o la contratación en línea […].
[…]
(42)      Las exenciones de responsabilidad establecidas en la presente Directiva solo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información se limita al proceso técnico de explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación mediante la cual la información facilitada por terceros es transmitida o almacenada temporalmente, con el fin de hacer que la transmisión sea más eficiente. Esa actividad es de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que el prestador de servicios de la sociedad de la información no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada.»
5.        El artículo 1, apartado 5, de esa Directiva dispone cuanto sigue:
«La presente Directiva no se aplicará:
a)      en materia de fiscalidad;
b)      a cuestiones relacionadas con servicios de la sociedad de la información incluidas en las Directivas 95/46/CE [(3)] y 97/66/CE; (4)
c)      a cuestiones relacionadas con acuerdos o prácticas que se rijan por la legislación sobre carteles;
d)      a las siguientes actividades de los servicios de la sociedad de la información;
–        las actividades de los notarios o profesiones equivalentes, en la medida en que impliquen una conexión directa y específica con el ejercicio de la autoridad pública,
–        la representación de un cliente y la defensa de sus intereses ante los tribunales,
–        las actividades de juegos de azar que impliquen apuestas de valor monetario incluidas loterías y apuestas.»
6.        A tenor del artículo 2, letra h), inciso i), de dicha Directiva:
«El ámbito coordinado se refiere a los requisitos que debe cumplir el prestador de servicios en relación con:
[…]
–        el ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, como los requisitos relativos al comportamiento del prestador de servicios, los requisitos en relación con la calidad o el contenido del servicio, incluidos los aplicables a publicidad y contratos, o los requisitos relativos a la responsabilidad del prestador de servicios.»
7.        Con arreglo al artículo 3, apartados 1 y 2, de esa misma Directiva:
«1.      Todo Estado miembro velará por que los servicios de la sociedad de la información facilitados por un prestador de servicios establecido en su territorio respeten las disposiciones nacionales aplicables en dicho Estado miembro que formen parte del ámbito coordinado.
2.      Los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito coordinado.»
8.        La sección 4 de la citada Directiva se titula «Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios». Su artículo 14, titulado «Alojamiento de datos», establece lo siguiente en sus apartados 1 y 2:
«1.      Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:
a)      el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad [o] la información es ilícita […], o de que,
b)      en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.
2.      El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios.»
B.      Derecho italiano
9.        El artículo 9 del decreto-legge n. 87 — Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (Decreto Ley n.º 87 — Disposiciones urgentes en materia de dignidad de los trabajadores y de las empresas), de 12 de julio de 2018 (GURI n.º 161 de 13 de julio de 2018; en lo sucesivo, «Decreto‑ley n.º 87/2018») prohíbe toda forma de publicidad, incluida la indirecta, de juegos o apuestas con premios en metálico, así como la publicidad de los juegos de azar, efectuada en cualquier forma y por cualquier medio. Asimismo, establece una sanción administrativa en caso de que se incumpla dicha prohibición, a cargo, entre otros, del «propietario del medio o del sitio de difusión», de un importe igual al 20 % del valor del patrocinio o de la publicidad y, en cualquier caso, no inferior a 50 000 euros. Además, atribuye a la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autoridad de Garantías en materia de Comunicaciones; en lo sucesivo, AGCOM) la facultad para aplicar dichas sanciones.
III. Litigio principal y cuestiones prejudiciales
10.      Mediante Decisión de 19 de julio de 2022 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la AGCOM impuso a Google Ireland Limited (en lo sucesivo, «Google») una multa de 750 000 euros por promocionar numerosos sitios de Internet de juegos con premios en metálico en la plataforma de intercambio de vídeos YouTube, en contravención del artículo 9 del Decreto‑ley n.º 87/2018. En particular, AGCOM constató que se habían subido 630 vídeos (en lo sucesivo, «vídeos en cuestión») a cinco canales pertenecientes al creador de contenido Spike, con el que Google había suscrito un contrato de asociación comercial dentro del YouTube Partnership Programme (Programa para Partners de YouTube; en lo sucesivo, «YPP»). En consecuencia, la AGCOM ordenó a Google retirar dichos vídeos de YouTube, así como cualquier otro vídeo compartido por Spike de contenido similar a los indicados en la Decisión impugnada. Google retiró de YouTube los vídeos en cuestión, conforme a la Decisión impugnada.
11.      Google impugnó la Decisión impugnada ante el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), que estimó su recurso. El tribunal consideró que las características de la actividad de Google descritas por la AGCOM no bastaban para impedir que Google gozara de la exención de responsabilidad contemplada en la legislación italiana que transpone el artículo 14 de la Directiva 2000/31.
12.      La AGCOM recurrió dicha sentencia ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), el órgano jurisdiccional remitente. Alegó, en primer lugar, que la Directiva 2000/31 no es de aplicación al caso de autos, ya que su artículo 1, apartado 5, letra d), excluye de su ámbito de aplicación «las actividades de juegos de azar» que impliquen apuestas de valor monetario. En consecuencia, cabe aplicar la prohibición establecida en el artículo 9 del Decreto‑ley n.º 87/2018 a los proveedores de servicios de alojamiento de datos. En segundo lugar, adujo que, aunque la actividad de Google no estuviese excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31, no entra en juego la exención de responsabilidad establecida en su artículo 14, apartado 1, debido al contrato de asociación comercial suscrito entre Google y el creador de contenido.
13.      Por su parte, Google alega ante el órgano jurisdiccional remitente que el artículo 1, apartado 5, letra d), de la Directiva 2000/31 solo se refiere a los proveedores de servicios de juegos de azar en línea. En cambio, no incluye a los proveedores de servicios de alojamiento de datos. Por lo que respecta a la aplicación del artículo 14, apartado 1, de dicha Directiva, Google afirma ser un proveedor «pasivo» de servicios de alojamiento de datos y que no tenía conocimiento de la ilegalidad de los vídeos en cuestión. En particular, alega que no existe ningún contrato ad personam con el creador de contenidos, pues este se adhiere el YPP simplemente aceptando un contrato estándar redactado unilateralmente por Google.
14.      En primer lugar, en cuanto a la exclusión de las actividades de juegos de azar del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31, el órgano jurisdiccional remitente considera que, a la luz de su considerando 21, todas las actividades relativas al sector del juego, incluida la publicidad en línea, deben quedar excluidas de dicho ámbito de aplicación.
15.      En segundo lugar, en caso de que el Tribunal de Justicia llegue a la conclusión de que la Directiva 2000/31 sí es aplicable a las actividades de los servicios de alojamiento de datos, el órgano jurisdiccional remitente desea aclarar si, en las circunstancias del presente asunto, Google puede acogerse a la exención de responsabilidad establecida en el artículo 14, apartado 1, de dicha Directiva.
16.      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que dicho régimen solamente es aplicable a los proveedores «pasivos» de servicios de alojamiento de datos.
17.      Con estos antecedentes, el órgano jurisdiccional remitente resalta las siguientes características principales del contrato de asociación comercial suscrito entre Google y un creador de contenido dentro del programa YPP.
–        El contrato se celebra a petición de un creador de contenido y previo examen por parte de Google. Para empezar, Google comprueba si el creador de contenido cumple los requisitos necesarios para acceder al YPP: conseguir 1 000 suscriptores y 4 000 horas de visualización pública válidas en los últimos 12 meses o conseguir 1 000 suscriptores y 10 millones de visualizaciones de Shorts (vídeos de corta duración) públicas válidas en los últimos 90 días. (5) Además, Google valora si el creador de contenido vive en un país o territorio donde esté disponible el YPP y si el canal no tiene «faltas activas por incumplimiento de las Normas de la Comunidad». (6)
–        De igual manera, según la página de Internet «Resumen y requisitos del Programa para Partners de YouTube», sus «sistemas automatizados y revisores humanos harán una revisión de todo [el] canal para comprobar si sigue todas [las] políticas y normas [de Google]». Esta revisión puede tardar un mes. (7)
–        En particular, dentro de sus «Políticas de monetización de canales de YouTube», Google comprueba periódicamente si «los canales que ya tienen habilitada la monetización siguen estas políticas». (8) Esas comprobaciones las llevan a cabo revisores que examinan si el canal y el contenido cumplen las políticas de YouTube. Como los revisores no pueden revisar todos los vídeos, es posible que se centren en los siguientes elementos del canal: tema principal, vídeos más vistos, vídeos más recientes, vídeos con una mayor proporción del tiempo de visualización, metadatos de vídeos (incluidos títulos, miniaturas y descripciones) y la sección «Información» del canal. (9)
–        Una vez suscrito el contrato de asociación comercial, el creador de contenido adquiere la condición de «socio verificado». Como tal, percibe una parte de las ganancias obtenidas por Google de los anuncios emitidos a los espectadores de sus vídeos. Además, en virtud de la participación en las políticas de monetización de Google, los creadores de contenido pueden ofrecer la suscripción a su canal, y la correspondiente cuota es percibida directamente por Google. Los usuarios consiguen ventajas derivadas de dicha suscripción, que varían en función del tipo y el precio de la suscripción elegida. Estas ventajas pueden consistir, entre otras, en el acceso a contenidos exclusivos, emisiones en directo limitadas a los suscriptores o conversación en línea.
18.      Habida cuenta de las referidas características del YPP, el órgano jurisdiccional remitente considera que Google podría no ser meramente «neutral» o «pasivo» y, por lo tanto, podría quedar excluido del ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31.
19.      En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      Sobre la base del artículo 1, apartado 5, de la Directiva [2000/31], ¿es aplicable el régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios de alojamiento de datos establecido en el artículo 14 de la citada Directiva a las actividades de publicidad en línea de juegos o apuestas con premios en metálico, así como a la publicidad de los juegos de azar?
Si el Tribunal de Justicia responde afirmativamente a la primera cuestión […]:
2)      ¿Es aplicable el régimen de responsabilidad establecido en el artículo 14 de la Directiva [2000/31] a un proveedor de servicios de alojamiento de datos como Google respecto de los contenidos publicados por los propietarios de los canales de YouTube con los que Google haya suscrito el acuerdo de asociación comercial descrito anteriormente?»
20.      Han presentado observaciones escritas Google, los Gobiernos belga, checo, italiano y portugués y la Comisión Europea. Las mismas partes, salvo el Gobierno checo, asistieron a la vista celebrada el 10 de septiembre de 2025.
IV.    Análisis
A.      Primera cuestión prejudicial
1.      Observaciones preliminares
21.      Antes de nada, aunque el tenor de la primera cuestión prejudicial pueda sugerir lo contrario, YouTube es indudablemente una plataforma multitemática de intercambio de vídeos no especialmente dedicada a compartir contenidos relacionados con los juegos de azar.
22.      Además, ante el órgano jurisdiccional remitente Google invoca la naturaleza no publicitaria de los vídeos en cuestión y afirma que únicamente contienen información sobre juegos de azar. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente considera que los vídeos en cuestión sí contienen publicidad de juegos de azar. De hecho, tanto el tenor como los motivos de la primera cuestión prejudicial parecen partir de esta premisa. Habida cuenta del reparto de tareas entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, según el cual a estos últimos les corresponde en exclusiva la apreciación de los hechos que se les someten, (10) propongo que el Tribunal de Justicia se base también en dicha premisa.
23.      En consecuencia, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 1, apartado 5, letra d), de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva la actividad de un prestador de servicios de alojamiento de datos consistente en almacenar vídeos que contienen publicidad de juegos de azar.
2.      Apreciación
a)      Marco general de la Directiva  2000/31
24.      Para poder responder a la primera cuestión prejudicial, comenzaré describiendo brevemente los principios fundamentales en los que se basa la Directiva 2000/31.
25.      De conformidad con su artículo 1, apartado 1, el objetivo de la Directiva 2000/31 es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior garantizando la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información entre los Estados miembros. A tal fin, según se establece en su artículo 1, apartado 2, mediante esta Directiva se aproximan entre sí determinadas disposiciones nacionales aplicables a los servicios de la sociedad de la información relativas al mercado interior (artículo 3), el establecimiento de los prestadores de servicios (capítulo II, sección 1), las comunicaciones comerciales (capítulo II, sección 2), los contratos por vía electrónica (capítulo II, sección 3), la responsabilidad de los intermediarios (capítulo II, sección 4), y los códigos de conducta, los acuerdos extrajudiciales para la solución de litigios, los recursos judiciales y la cooperación entre Estados miembros (capítulo III).
26.      A este respecto, la «cláusula del mercado interior» consagrada en el artículo 3 de la Directiva 2000/31 se basa en la aplicación de los principios de control en el Estado miembro de origen y de reconocimiento mutuo, de modo que, en el ámbito coordinado definido en su artículo 2, letra h), los servicios de la sociedad de la información se regulan únicamente en el Estado miembro en cuyo territorio están establecidos los proveedores de tales servicios («principio del país de origen»). (11) Por su parte, los capítulos II y III de dicha Directiva pretenden armonizar determinados aspectos concretos del comercio electrónico. (12)
b)      Exclusión de las actividades de juegos de azar del ámbito de aplicación de la Directiva  2000/31
27.      El artículo 1, apartado 5, de la Directiva 2000/31 enumera determinadas «materias», «cuestiones» y «actividades» que se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva. Todos estos términos indican un amplio alcance. (13)
28.      Además, el uso del plural («las siguientes actividades») sugiere que el artículo 1, apartado 5, letra d), de la Directiva 2000/31 incluye más actividades aparte de la mera oferta de juegos de azar por internet. (14)
29.      En cambio, el sentido habitual de la expresión «actividades de juegos de azar» en el lenguaje ordinario no parece incluir las actividades de los servicios de alojamiento de datos. En efecto, este servicio consiste en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio y a petición de este. (15) El aspecto fundamental de dicha actividad es el almacenamiento de información, con independencia de si guarda relación con el juego. Esto significa que no se trata de una actividad específica del sector de los juegos de azar.
30.      El objetivo de excluir determinadas actividades del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31 corrobora esta interpretación. En efecto, de la propuesta de directiva correspondiente se deduce que «es imposible garantizar la libre circulación de los servicios entre los Estados miembros ante la falta de reconocimiento mutuo o de armonización suficiente para asegurar un nivel de protección equivalente de los objetivos de interés general». (16) La misma lógica se desprende del considerando 12 de la Directiva. (17)
31.      De lo anterior se desprende que el artículo 1, apartado 5, letra d), de la Directiva 2000/31 tiene por objeto evitar, en particular, la aplicación del principio del país de origen a las actividades que en él se enumeran, de modo que los Estados miembros de destino puedan seguir aplicando las exigencias que se derivan de su legislación sin quedar vinculados al principio de reconocimiento mutuo. (18)
32.      En el caso concreto de los juegos de azar, el Tribunal de Justicia ha subrayado que la normativa en esta materia se cuenta entre los ámbitos en los que existen considerables divergencias morales, religiosas y culturales entre los Estados miembros. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha reconocido las consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad que, desde un punto de vista moral y económico, llevan consigo los juegos y las apuestas. A falta de armonización en la materia en la Unión Europea, corresponde a cada Estado miembro determinar en estos ámbitos, conforme a su propia escala de valores, las exigencias que supone la protección de los consumidores y del orden social. (19) Estos son intereses claramente específicos del sector, que no guardan relación alguna con las actividades de los servicios de alojamiento de datos.
33.      Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha declarado que la publicidad forma parte de una política de expansión controlada de las actividades de juegos de azar, dirigida a canalizarlas hacia circuitos autorizados y regulados, combatiendo así el juego ilegal. (20) Esto puede interpretarse en el sentido de que la publicidad de los juegos de azar constituye una «actividad de juegos de azar» a efectos del artículo 1, apartado 5, letra d), de la Directiva 2000/31. Tal como subraya el órgano jurisdiccional remitente, esta interpretación puede venir respaldada por el artículo 2, letra h), inciso i), y el considerando 21 de dicha Directiva, conforme a los cuales los requisitos en relación con la calidad o el contenido de un servicio incluyen los aplicables a su publicidad. (21)
34.      No obstante, en mi opinión, para que los Estados miembros puedan llevar a cabo una política de expansión controlada del juego, no es adecuado ni necesario excluir del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31 la actividad de un proveedor de servicios de alojamiento de datos consistente en el almacenamiento de vídeos que contienen publicidad de juegos de azar. De forma análoga, el objetivo de la exclusión establecida en el artículo 1, apartado 5, letra d), de esta Directiva, mencionado en los puntos 30 a 32 de las presentes conclusiones, no se ve afectado por el hecho de que esta actividad quede incluida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.
35.      De lo anterior se deduce que, como observa la Comisión, mientras el artículo 1, apartado 5, letra d), de la Directiva 2000/31 excluye del ámbito de aplicación de dicha Directiva las actividades de juegos de azar, sus artículos 12 a 15 son aplicables también al alojamiento de contenidos relacionados con el juego. (22)
36.      La adopción del Reglamento de Servicios Digitales parece confirmar este enfoque. El artículo 89, apartado 1, de este Reglamento suprimió los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31. Al mismo tiempo, los artículos 4 a 6 y 8 del Reglamento de Servicios Digitales reproducen en esencia los artículos 12 a 15 de esa Directiva (como confirma el artículo 89, apartado 2, del Reglamento). Resulta significativo que dicho Reglamento no excluya de su ámbito de aplicación las actividades de juegos de azar, lo que da a entender que tales actividades siguen quedando excluidas del principio del país de origen, en virtud de la Directiva 2000/31. En cambio, los contenidos relacionados con el juego están sujetos al artículo 6 del Reglamento de Servicios Digitales, que se corresponde con el artículo 14 de dicha Directiva.
37.      En resumen, las actividades consistentes en la oferta de juegos de azar por Internet y, potencialmente, la publicidad de los juegos de azar figuran entre las contempladas en el artículo 1, apartado 5, letra d), de la Directiva 2000/31. Una plataforma de intercambio de vídeos no se dedica a ninguna de esas dos actividades, por lo que está comprendida en el ámbito de aplicación de esa Directiva.
38.      Lo anterior no impide que la disposición italiana que prohíbe la publicidad de los juegos de azar pueda aplicarse a los proveedores de servicios de la sociedad de la información que ofrecen una verdadera publicidad de servicios de juegos de azar. Esto se debe a que dichos servicios están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31 en virtud de su artículo 1, apartado 5, letra d), y, por ende, del principio del país de origen.
39.      Aún cabe hacer una observación metodológica. Considero que en este momento no se debe intentar determinar si, en la práctica, el proveedor de servicios de alojamiento de datos controla los contenidos que almacena. Esta apreciación se exige en virtud del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, pues el proveedor que controle la información que almacena no puede acogerse a dicha disposición. En cambio, a los efectos del artículo 1, apartado 5, letra d), de dicha Directiva, basta con concluir que la actividad en cuestión consiste en almacenar datos, cualquiera que sea su contenido, a petición del destinatario del servicio. (23)
40.      En consecuencia, propongo responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 5, letra d), de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva la actividad de un proveedor de servicios de alojamiento de datos consistente en almacenar vídeos que contienen publicidad de juegos de azar.
B.      Segunda cuestión prejudicial
1.      Régimen general del artículo 14, apartado  1, de la Directiva  2000/31
41.      En caso de que el Tribunal de Justicia responda afirmativamente a la primera cuestión prejudicial, deberá determinar si la actividad de un proveedor de servicios de alojamiento de datos como Google, que implica almacenar contenidos de terceros con los que ha suscrito un contrato de asociación comercial, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31.
42.      Dicha disposición establece una exención de responsabilidad para los proveedores de servicios de alojamiento de datos en relación con los contenidos almacenados en sus plataformas por terceros.
43.      Según la interpreta el Tribunal de Justicia, la referida disposición requiere esencialmente un examen en dos fases. (24)
44.      En primer lugar, para estar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, el proveedor de servicios debe prestar un servicio de la sociedad de la información que consista en un «alojamiento de datos» en el sentido del artículo 14 de dicha Directiva, (25) y, además, su intervención debe limitarse a la de un «prestador de servicios intermediario». (26)
45.      En segundo lugar, en el apartado 1, letras a) y b) de dicha disposición se determina si la exención de responsabilidad puede invocarse en un caso concreto. (27) Para que así sea, el prestador de servicios no debe tener conocimiento efectivo de que la actividad es ilícita [letra a)] o, en cuanto tenga conocimiento, actúa con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible [letra b)].
46.      A este respecto, como desarrollaré más adelante, a fin de determinar si la conducta del prestador de servicios se limita a la de un intermediario (primera fase), se ha de atender esencialmente a si controla los contenidos almacenados en su plataforma en función de la manera en que está concebido y funciona su modelo de negocio. De no ser así, procede pasar a la segunda fase, que requiere examinar el conocimiento que el prestador tenga de la ilicitud de contenidos específicos. (28)
47.      Eso tiene implicaciones relevantes.
48.      En primer lugar, según aclaró el Tribunal de Justicia en su sentencia YouTube y Cyando, los requisitos para considerar que no se cumplen las letras a) o b) del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 son especialmente estrictos, pues en último término determinan la posibilidad de que un proveedor de servicios de alojamiento de datos sea considerado responsable de un contenido ilícito específico subido por un usuario a su plataforma. (29) El listón no se sitúa tan alto cuando se valora si el proveedor controla el contenido subido a su plataforma por un tercero. Así pues, saltarse la primera fase conduciría a situaciones indeseables: determinados prestadores de servicios que por su propia naturaleza interfieren en el contenido y lo controlan debido a su modelo de negocio, podrían eludir no obstante su responsabilidad alegando que no tenían conocimiento efectivo de contenidos ilícitos específicos.
49.      En segundo lugar, y de forma similar, las letras a) y b) no parecen adecuadas para abordar las particularidades del modelo de negocio de una plataforma que pueden impedirle acogerse en última a la exención de responsabilidad. Por lo tanto, difuminar la distinción entre las dos fases podría hacer que el modelo de negocio de una plataforma determinada resultara prácticamente irrelevante.
50.      Dicho esto, ambas fases están ciertamente relacionadas entre sí. La primera actúa esencialmente como un mecanismo de «filtrado» y es una condición previa para la aplicación de las letras a) y b). (30)
2.      Criterio pertinente para la calificación como prestador intermediario de servicios de alojamiento de datos
51.      Según la jurisprudencia, para que el prestador de servicios quede comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, es esencial que sea un prestador intermediario en el sentido que el legislador ha querido dar a esta expresión en la sección 4 del capítulo II de esta Directiva. (31)
52.      A este respecto, se desprende del considerando 42 de la Directiva 2000/31 que las exenciones de responsabilidad allí establecidas solo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información tiene naturaleza «meramente técnica, automática y pasiva», lo que implica que el prestador «no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada». (32)
53.      De esta manera, el Tribunal de Justicia dedujo de dicho considerando 42 la necesidad de examinar si el papel desempeñado por el operador es neutral, es decir, si su conducta es meramente técnica, automática y pasiva, lo que significa que no tiene conocimiento ni control de los contenidos que almacena, o si, por el contrario, desempeña un papel activo que le otorga conocimiento o control de dichos contenidos. (33)
54.      A este respecto quisiera señalar que, en sus conclusiones presentadas en el asunto L’Oréal y otros, el Abogado General Jääskinen sostuvo que el considerando 42 de la Directiva 2000/31 solo se referiría a los artículos 12 («mera transmisión») y 13 [«memoria tampón (caching)»], pues los criterios que establece no son adecuados para el artículo 14. (34) Asimismo, ya se ha adelantado que, en la sentencia L’Oréal y otros, el Tribunal de Justicia siguió implícitamente al enfoque del Abogado General, ya que no hizo referencia a dicho considerando 42. (35)
55.      A mi parecer, este debate es excesivo. En la sentencia L’Oréal y otros, el Tribunal de Justicia, pese a no mencionar expresamente el considerando 42 de la Directiva 2000/31, reafirmó el criterio desarrollado en el apartado 114 de la sentencia Google France. (36) Además, en su sentencia YouTube y Cyando, el Tribunal de Justicia se refirió expresamente a dicho considerando. (37) Por último, el considerando 18 del Reglamento de Servicios Digitales desarrolla y aclara el considerando 42 de dicha Directiva «codificando» precisamente la jurisprudencia basada en este considerando a efectos de la interpretación del artículo 14 de la citada Directiva. En consecuencia, queda claro que el criterio resultante de dicho considerando, según lo interpreta el Tribunal de Justicia, también es aplicable a los proveedores de servicios de alojamiento de datos.
56.      Dicho esto, coincido con el Abogado General Jääskinen en que, considerada aisladamente, la «neutralidad» puede no ser el criterio más adecuado para determinar si un proveedor de servicios de alojamiento de datos está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31. (38) En efecto, es discutible que un prestador de este tipo de servicios pueda considerarse totalmente «neutral» en algún supuesto. En principio, a un proveedor de servicios de alojamiento de datos que obtiene ingresos publicitarios con su plataforma le interesa incrementar el número de usuarios y de visualizaciones. De igual manera, la dicotomía del papel pasivo o activo no parece suficiente para abordar las actividades desarrolladas por un proveedor de servicios de alojamiento de datos, especialmente en un sector en constante evolución. En cualquier caso, entiendo que, de acuerdo con la jurisprudencia, tanto la neutralidad como la pasividad contemplan un modelo de negocio que, a priori, se basa en la falta de «conocimiento o control de los contenidos». (39) En esencia, la neutralidad y la pasividad se han de entender en referencia a los contenidos que los creadores suban a una plataforma.
57.      ¿Cuál es, pues, el tipo de intervención del proveedor de servicios de alojamiento de datos que puede excluirle del ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31? A fin de resolver esta cuestión, sugiero atender, en primer lugar, a los criterios de conocimiento o control de los contenidos, y de su ausencia, de conformidad con la jurisprudencia existente. Seguidamente, la vista de las circunstancias del presente asunto, propondré una aclaración del significado de algunos de esos criterios.
a)      Criterios de conocimiento o control de los contenidos
58.      El asunto que dio lugar a la sentencia Google France trataba de la actividad del servicio remunerado de referenciación «AdWords». Este servicio permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que se muestre un enlace promocional a su sitio, en el caso de que coincidan con las introducidas por un internauta en el motor de búsqueda de Google. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados. (40)
59.      Al examinar si esa actividad estaba cubierta por el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, el Tribunal de Justicia consideró que era pertinente el papel que desempeñaba Google en la redacción del mensaje comercial que acompañaba al enlace promocional o en el establecimiento o la selección de palabras clave. (41) En esencia, esto significa que un operador que participa en la redacción, creación y selección de contenidos queda excluido del ámbito de aplicación de dicha disposición.
60.      El asunto que dio lugar a la sentencia L’Oréal y otros trataba de un mercado electrónico explotado por eBay International AG (en lo sucesivo, «eBay»), en el que personas que han creado una cuenta de vendedor ofrecen a la venta listados de productos. eBay cobra un porcentaje sobre las transacciones llevadas a cabo y permite que los compradores potenciales pujen por los objetos ofrecidos por los vendedores y que los compren a un precio fijo. Los vendedores pueden, por otra parte, crear «tiendas en línea» en los sitios de Internet de eBay. En su caso, eBay también presta asistencia a los vendedores para optimizar sus ofertas, crear sus tiendas en línea y promover e incrementar sus ventas. Igualmente, hace publicidad de algunos de los productos que se ofrecen a la venta en su mercado electrónico mediante la presentación de anuncios a través de operadores de motores de búsqueda como Google. (42)
61.      En atención a estas características del mercado de eBay, el Tribunal de Justicia declaró que, cuando un operador presta una asistencia consistente, entre otras cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas, cabe considerar que no ha ocupado una posición neutra entre el cliente vendedor correspondiente y los potenciales compradores, sino que ha desempeñado un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas. De este modo y por lo que se refiere a esos datos, tal operador no puede acogerse a la excepción en materia de responsabilidad establecida en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31. (43)
62.      Por último, en la sentencia YouTube y Cyando el Tribunal de Justicia consideró, en particular, si el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 cubre la actividad de una plataforma en línea, como YouTube, a la que los usuarios pueden subir (upload) gratuitamente sus propios vídeos y ponerlos a disposición de otros internautas. (44) Quisiera señalar que ese asunto versaba esencialmente sobre la prestación «ordinaria» de servicios de alojamiento de datos por YouTube, es decir, fuera del programa YPP del que se trata en el presente procedimiento.
63.      En particular, el Tribunal de Justicia declaró que una plataforma de intercambio de vídeos que no interviene ni en la creación ni en la selección de los contenidos subidos a su plataforma por los usuarios y no procede ni al visionado ni al control de esos contenidos antes de su puesta en línea en ella, llevándose a cabo esta operación según un procedimiento automatizado, puede estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31. (45)
b)      Criterios de falta de conocimiento o control de los contenidos
64.      En la sentencia L’Oréal y otros, el Tribunal de Justicia declaró que el mero hecho de que un operador de un mercado electrónico almacene en su servidor ofertas de venta, determine las condiciones de su servicio, sea remunerado por el mismo y dé información general a sus clientes no puede implicar que se le excluya de las exenciones de responsabilidad previstas en la Directiva 2000/31. (46)
65.      En la sentencia YouTube y Cyando, el Tribunal de Justicia señaló que el hecho de que el operador de una plataforma de intercambio de vídeos, como YouTube, aplique medidas técnicas para detectar, entre los vídeos comunicados al público por medio de su plataforma, contenidos que puedan vulnerar los derechos de autor, no implica que, con ello, dicho operador desempeñe un papel activo que le confiera el conocimiento o el control del contenido de tales vídeos, y ello so pena de excluir del régimen de exención de responsabilidad previsto en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que adoptan medidas para, precisamente, luchar contra tales vulneraciones. (47)
66.      De igual manera, al interpretar el requisito establecido en el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/31, el Tribunal de Justicia declaró que el hecho de que el operador de una plataforma de intercambio de contenidos en línea proceda a una indexación automatizada de contenidos subidos a esa plataforma y de que esta contenga una función de búsqueda y recomiende vídeos en función del perfil o de las preferencias de los usuarios no puede bastar para concluir que YouTube tiene un conocimiento efectivo de una actividad o información ilícitas. (48) Con mayor razón, como expuse en mis conclusiones presentadas en el asunto Russmedia Digital e Inform Media Press, estos hechos tampoco pueden excluir a tal operador del ámbito de aplicación de la exención de responsabilidad contemplada en el artículo 14, apartado 1, de dicha Directiva. (49)
c)      Aclaración de determinados criterios y aplicación al presente asunto
67.      Como ya he expuesto, un proveedor de servicios de alojamiento de datos puede quedar excluido del ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31: i) al participar en la redacción, creación y selección de contenidos; ii) al supervisar o revisar los contenidos antes de que se suban, o iii) al optimizarlos.
68.      A la inversa, un proveedor de servicios de alojamiento de datos puede estar comprendido en el ámbito de aplicación de dicha disposición aunque: i) perciba una remuneración por dichos servicios; ii) aplique medidas técnicas para detectar contenidos ilegales, o iii) ofrezca determinadas funciones de visualización en su plataforma.
69.      Dos de estos criterios revistan especial importancia en el presente procedimiento: la optimización de la presentación de contenidos y la remuneración. Por lo tanto, voy a centrarme en ellos.
1)      Criterio de la «optimización»
70.      El de la «optimización» es un criterio oscuro que puede ser interpretado de diversas maneras. En particular, cabe argumentar que, al ofrecer funciones adicionales a los socios verificados para sus canales, como emisiones en directo, contenidos exclusivos y conversación en línea, (50) YouTube «optimiza» la oferta del creador de contenidos.
71.      Sin embargo, no creo que este fuera el sentido que el Tribunal de Justicia pretendiese dar al criterio en su sentencia L’Oréal y otros. Como ya señaló el Abogado General Saugmandsgaard Øe en sus conclusiones presentadas en el asunto YouTube y Cyando, (51) dicho criterio ha de entenderse teniendo en cuenta las características concretas de la actividad de eBay.
72.      De hecho, eBay prestaba asistencia selectiva y personalizada a determinados usuarios mejorando el contenido de sus ofertas de venta, ayudándoles a crear tiendas en línea y promocionando directamente sus ofertas a través de servicios de terceros. En este contexto se refirió el Tribunal de Justicia a la optimización y promoción de las ofertas en venta como indicio de control de los contenidos.
73.      En cambio, al considerar si la actividad de eBay estaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, el Tribunal de Justicia no otorgó importancia alguna al hecho de que el mercado en línea supuestamente definiese distintas categorías de vendedores en función de su historial de ventas. (52)
74.      Resulta así que, cuando utilizaba el término «optimización», el Tribunal de Justicia tenía en mente las actividades de los servicios de alojamiento de datos que interfiriesen directamente en los contenidos subidos por los usuarios. Mediante la asistencia prestada a determinados usuarios, el proveedor de servicios de alojamiento de datos inevitablemente ejerce un control de los contenidos.
75.      A reserva de la confirmación por parte del órgano jurisdiccional remitente, en particular por lo que se refiere a los términos del contrato que configuran el YPP y a la forma en que se negocian, no parece que se preste tal asistencia a los socios verificados. Simplemente se les ofrecen, en pie de igualdad, las mismas funcionalidades adicionales de la plataforma de intercambio de vídeos, (53) lo cual no influye directamente en los contenidos que crean y suben a dicha plataforma.
76.      Por consiguiente, considero que la definición de distintas categorías de creadores de contenidos no es, de por sí, problemática, siempre que dentro de cada categoría no se ofrezca un trato personalizado a creadores específicos. Al dispensar tal trato, el prestador de servicios necesariamente interactuaría con el contenido de una manera que va más allá de su mero almacenamiento. A su vez, esto confiere al prestador de servicios un control sobre dicho contenido.
77.      Por lo tanto, resulta conveniente diferenciar entre «optimización técnica o de la visualización» y «optimización de los contenidos», pues solo esta última excluye la aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31. (54)
78.      En mi opinión, esta diferenciación se deduce ya de la sentencia YouTube y Cyando. Como ya he señalado, de dicha sentencia se desprende claramente que la indexación de contenidos, la creación de una función de búsqueda y la recomendación de vídeos basada en el perfil o de las preferencias del usuario no bastan para excluir la aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31. (55)
79.      A mi parecer, no existe ninguna diferencia sustancial entre estas características de la actividad de YouTube consideradas por el Tribunal de Justicia en la sentencia YouTube y Cyando y las de la actividad de que aquí se trata. Por lo tanto, ambas pertenecen a la categoría de «optimización de la visualización».
80.      En efecto, las funcionalidades adicionales vinculadas al YPP se presentan como una evolución natural en el servicio de la sociedad de la información prestado por una plataforma de intercambio de vídeos como YouTube. (56) Mejoran la experiencia del usuario y con ello tienden a aumentar el número de clics, lo cual es inherente al modelo de negocio de cualquier plataforma de este tipo. Si esto no excede los límites de la optimización de la visualización, la actividad seguirá siendo la de un intermediario. El aumento del número de clics solo deviene problemático si, para conseguirlo, la plataforma influye en los contenidos.
81.      Esta interpretación es coherente con los objetivos de promover la innovación (57) y preservar la libertad de expresión y de información de los usuarios, (58) que llevaron a la adopción de las reglas sobre exención de responsabilidad contenidas en los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31.En efecto, una interpretación amplia del criterio de la optimización, como la expuesta en el punto 70 de las presentes conclusiones, probablemente desincentivaría a las plataformas para desarrollar nuevas formas de visualizar contenidos compartidos por creadores de contenido que pudieran interesar a los usuarios. (59)
82.      Por otro lado, cabe hacer tres observaciones sobre el contexto que apuntan hacia la inevitabilidad de un cierto grado de control de los contenidos.
83.      En primer lugar, con arreglo a los artículos 12, apartado 3; 13, apartado 2, y 14, apartado 3, de la Directiva 2000/31, las autoridades nacionales pueden exigir al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o la impida, (60) lo cual necesariamente implica un cierto grado de control del contenido, sin que con ello se pierda la posibilidad de invocar la exención de responsabilidad. (61)
84.      En segundo lugar, y a pesar de atender al considerando 42 de la Directiva 2000/31 para determinar las condiciones en que un proveedor de servicios de alojamiento de datos está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14 de dicha Directiva, el Tribunal de Justicia parece admitir que dicho servicio requiere, por naturaleza, un mayor grado de control de los contenidos (62) en comparación con la mera transmisión y la memoria tampón (caching). (63)
85.      En tercer lugar, el criterio del control de los contenidos debe aplicarse a la luz de lo que a menudo se denomina «cláusula del buen samaritano», mencionada por el Tribunal de Justicia en la sentencia YouTube y Cyando (64) y actualmente recogida en el artículo 7 del Reglamento de Servicios Digitales.
86.      Dicho esto, reconozco que, como subraya el órgano jurisdiccional remitente, la creciente complejidad de las actividades desarrolladas por las plataformas de intercambio de vídeos hace extremadamente difícil diferenciar entre las actividades que influyen en los contenidos y las que no lo hacen. (65)
87.      Para ayudar al órgano jurisdiccional remitente en esta tarea, conviene considerar algunas hipótesis diferentes.
88.      Una plataforma de intercambio de vídeos puede ayudar a los creadores de contenido a conseguir un determinado número de suscriptores, facilitándoles estadísticas sobre temas de interés para los usuarios, haciendo sugerencias sobre qué vídeos subir en función de dichas preferencias y asesorándoles sobre la manera de formular la descripción del canal. (66) A mi parecer, estos son claros ejemplos de «optimización» con control de contenidos, en el sentido de la jurisprudencia.
89.      Por último, quisiera abordar otra característica del YPP. De la resolución de remisión se desprende que los revisores de Google pueden examinar el canal del creador de contenido, concretamente revisando una muestra de los vídeos subidos a dicho canal. (67) Partiendo de la interpretación del criterio de la «optimización» que propongo, tales exámenes no reflejan, de por sí, influencia alguna de Google sobre los contenidos subidos por los socios verificados. Lo importante es lo que hacen los revisores a continuación: ¿sugieren cambios en los contenidos? ¿piden la supresión de vídeos concretos? ¿favorecen a unos socios sobre otros en función del contenido de sus canales? De ser así, la actividad de Google podría quedar fuera del ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31.
90.      En este contexto, de la información que obra en poder del Tribunal de Justicia resulta que Google no comprueba ni controla el contenido de los vídeos antes de que sean subidos por los usuarios. Google parece examinar solamente los vídeos ya existentes en el canal del creador, (68) lo cual, conforme a los criterios establecidos en la sentencia YouTube y Cyando, (69) indica una falta de control de dicho contenido.
91.      En conclusión, a reserva de la confirmación por el órgano jurisdiccional remitente, Google no parece llevar a cabo, dentro del YPP, optimización alguna de los contenidos subidos a su plataforma de intercambio de vídeos.
2)      «Remuneración»
92.      Los Gobiernos belga, italiano y portugués han alegado en el presente procedimiento, en esencia, que el mero hecho de que Google comparta con los socios verificados los ingresos generados por la publicidad y por la suscripción a sus canales excluye la aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31. Entienden que, al compartir los ingresos con los creadores de contenido, Google no es neutral.
93.      No comparto esta opinión.
94.      Para empezar, quisiera recordar que el Tribunal de Justicia ya ha descartado expresamente que la remuneración excluya automáticamente la actividad del prestador de servicios de alojamiento de datos del ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31. (70)
95.      Para apreciar si existen motivos que justifiquen un enfoque diferente en el presente procedimiento, propongo examinar las condiciones en que se remuneraba a los operadores de que se trataba en las sentencias Google France, L’Oréal y otros y YouTube y Cyando. Sostendré que no parece haber ninguna diferencia sustancial entre aquellos casos y el de autos.
96.      Por lo que respecta al servicio de referenciación AdWords, los anunciantes debían abonar una cantidad cada vez que se pulsaba en su enlace promocional. (71)
97.      En cuanto al mercado electrónico eBay, era pacífico que eBay percibía una remuneración consistente en un porcentaje de las operaciones realizadas a partir de ofertas de venta. Por lo tanto, era inherente a su modelo de negocio compartir los ingresos con los usuarios.
98.      En el asunto que dio lugar a la sentencia YouTube y Cyando, era pacífico que YouTube obtenía ingresos publicitarios de su plataforma y permitía a los creadores de contenido y a los titulares de contenidos protegidos por los derechos de autor participar de esos ingresos. (72) No se hacía referencia alguna a los ingresos resultantes de las suscripciones a canales. (73)
99.      En el caso de Cyando, su plataforma de alojamiento de datos y de intercambio de archivos ofrecía a todos los internautas espacio de almacenamiento gratuito para la puesta en línea de archivos. Para cada archivo puesto en línea Cyando establecía automáticamente un enlace de descarga que permitía acceder directamente al archivo de que se tratase, y comunicaba automáticamente tal enlace al usuario que lo había subido. Los usuarios podían intercambiar en Internet dichos enlaces de descarga, permitiendo así a otros internautas acceder a los archivos almacenados en la plataforma de Cyando. La descarga de archivos desde la plataforma de Cyando era gratuita. Sin embargo, la cantidad y la velocidad de las descargas variaban en función de la clase de suscripción (de pago o gratuita). Cabe señalar que, dentro de un denominado programa de asociación, Cyando abonaba a los usuarios que hubiesen subido archivos una remuneración en función del número de descargas efectuadas por otros usuarios. (74)
100. Por lo tanto, el hecho de que una plataforma comparta ingresos con algunos de sus usuarios no parece ser nada nuevo. Resulta de interés observar que el modelo económico de la plataforma Cyando era similar al YPP de que se trata en el presente procedimiento. No obstante, eso no llevó al Tribunal de Justicia a la conclusión de que Cyando quedase fuera del ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31. (75)
101. De lo anterior se deduce que, de por sí, compartir ingresos con los creadores de contenido no excluye a un proveedor de servicios de alojamiento de datos del ámbito de aplicación de la citada disposición.
102. Dicho esto, no se puede descartar que la posibilidad de compartir el éxito y los beneficios de los canales alojados en una plataforma pueda incentivarla a influir en el contenido de dichos canales. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si sucede así, atendiendo a factores como los expuestos, en particular, en los puntos 75 a 80 y 88 a 90 de las presentes conclusiones.
d)      Conclusión
103. Se ha de recordar que el órgano jurisdiccional remitente llamó la atención del Tribunal de Justicia sobre las siguientes características del YPP: la suscripción de un contrato de asociación comercial solo con determinados usuarios; el examen de una muestra de los vídeos subidos por los creadores de contenido; las funcionalidades adicionales de la plataforma disponibles solo para los socios verificados y el reparto de ingresos.
104. Teniendo en cuenta los criterios examinados en la presente sección, soy del parecer de que ninguna de esas características llega a proporcionar a Google el control de los contenidos subidos a YouTube por los creadores de contenido, en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31.
3.      Artículo 14, apartado 2, de la Directiva  2000/31
105. No desvirtúa la anterior conclusión el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2000/31, conforme al cual «el apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios».
106. Según las explicaciones facilitadas por la Comisión en el procedimiento legislativo, «la autoridad y el control del prestador de servicios se referían a la relación contractual». (76)
107. No obstante, a mi parecer, la mera existencia de una relación contractual entre un prestador de servicios y un usuario es manifiestamente insuficiente para excluir la aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31. A fin de determinar si el usuario actúa bajo la autoridad o el control del prestador de servicios, se han de examinar los términos específicos del contrato.
108. En particular, debe comprobarse si, en virtud del contrato, se crea una relación individual entre el prestador de servicios y cada uno de sus usuarios.
109. Tal parece suceder, «por ejemplo, cuando el prestador de una plataforma en línea que permite a los consumidores celebrar contratos a distancia con comerciantes determine el precio de los productos o servicios ofertados por el comerciante». En tal supuesto, «se podría considerar que el comerciante actúa bajo la autoridad o el control de dicha plataforma en línea» (considerando 23 del Reglamento de Servicios Digitales).
110. En cambio, como ya he señalado en el punto 75 de las presentes conclusiones, no parece ser este el caso del contrato de asociación comercial suscrito por Google y todos sus socios verificados.
4.      Artículo 14, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva  2000/31
111. Si se determina que la actividad de Google está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, Google solo quedará exenta de responsabilidad si cumple uno de los dos requisitos establecidos en las letras a) y b) de dicho artículo.
112. Depende por completo de los hechos que se cumpla alguno de dichos requisitos. Por lo tanto, se trata de un aspecto que compete a los órganos jurisdiccionales nacionales, ateniéndose a las orientaciones interpretativas impartidas por el Tribunal de Justicia.
113. Respecto al requisito establecido en el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/31, el Tribunal de Justicia ha aclarado, en particular, que no puede considerarse incumplido por el mero hecho de que dicho operador sea consciente, con carácter general, de que su plataforma también se utiliza para intercambiar contenidos ilícitos. Así, el Tribunal de Justicia ha concluido que el «conocimiento efectivo de que la actividad [o] la información es ilícita» se refiere a actividades y a informaciones ilícitas concretas. (77)
114. En mi opinión, a la hora de determinar si Google tiene conocimiento efectivo de información ilícita concreta, el órgano jurisdiccional remitente ha de prestar especial atención a los exámenes efectuados por los revisores de Google. En efecto, en la sentencia L’Oréal y otros el Tribunal de Justicia declaró que el prestador puede obtener dicho conocimiento del carácter ilícito de los contenidos, entre otras vías, a través de investigaciones realizadas por iniciativa propia. (78) Además, procede señalar que en el asunto que dio lugar a la sentencia YouTube y Cyando, donde no se trataba de comprobaciones de este tipo, Google parecía tener un mero conocimiento abstracto de la puesta a disposición ilícita de contenidos protegidos en su plataforma.
115. Al llevar a cabo tal apreciación, una de las circunstancias pertinentes es el tipo de contenido ilícito en cuestión. Sobre este particular, quisiera observar que el asunto que dio lugar a la sentencia YouTube y Cyando versaba sobre contenidos que vulneraban derechos de propiedad intelectual. En cambio, el presente asunto se refiere a contenidos que contienen publicidad de juegos de azar, lo que está prohibido en el Derecho italiano. Teniendo en cuenta este tipo concreto de contenido ilícito, debe valorarse también si, al examinar, entre otras cosas, el tema del canal, los vídeos más recientes y los más visualizados, Google tiene conocimiento de esos contenidos ilícitos concretos. A este respecto, el hecho de que el canal en cuestión esté íntegramente dedicado a los juegos de azar, como señaló el Gobierno italiano en la vista, puede ser indicativo de que, mediante los exámenes efectuados por sus revisores, Google tuvo conocimiento de contenidos ilícitos concretos. Esto es tanto más cierto cuanto que Google ha desarrollado directrices detalladas para los usuarios en relación con los juegos de azar y los contenidos que los promocionan en las que se incluyen recomendaciones específicas por país, incluida Italia. (79) Por último, puede ser oportuno determinar si los vídeos efectivamente examinados por los revisores en el presente asunto permitieron a Google tener conocimiento específico de contenidos ilícitos.
116. En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que, por medio de los exámenes efectuados por sus revisores, Google tuvo conocimiento efectivo de contenidos ilícitos concretos, tampoco se cumplirá el requisito establecido en el artículo 14, apartado 1, letra b), de la Directiva 2000/31. En efecto, en tal caso, al tener conocimiento de los contenidos ilícitos (mediante dichos exámenes), Google no «[actuó] con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible».
117. Por consiguiente, propongo que se responda a la segunda cuestión prejudicial que la actividad de un prestador de servicios de alojamiento de datos, que implica el almacenamiento de contenidos de terceros con los que ha suscrito un contrato de asociación comercial, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 siempre que los términos exactos en que se negoció dicho contrato, así como sus cláusulas, no sean de naturaleza tal que permitan a dicho prestador conocer o controlar los contenidos almacenados en su plataforma. En caso de que, mediante los exámenes efectuados por sus revisores, el prestador de servicios de alojamiento de datos tenga conocimiento efectivo de contenidos ilícitos concretos, extremo que corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, no pueden cumplirse los requisitos establecidos en las letras a) y b) de dicha disposición.
V.      Conclusión
118. A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) de la siguiente forma:
«1)      El artículo 1, apartado 5, letra d), de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico),
debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva la actividad de un prestador de servicios de alojamiento de datos consistente en almacenar vídeos que contienen publicidad de juegos de azar.
2)      La actividad de un prestador de servicios de alojamiento de datos, que implica el almacenamiento de contenidos de terceros con los que ha suscrito un contrato de asociación comercial, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva
2000/31 siempre que los términos exactos en que se negoció dicho contrato, así como sus cláusulas, no sean de naturaleza tal que permitan a dicho prestador conocer o controlar los contenidos almacenados en su plataforma. En caso de que, mediante los exámenes efectuados por sus revisores, el prestador de servicios de alojamiento de datos tenga conocimiento efectivo de contenidos ilícitos concretos, extremo que corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, no pueden cumplirse los requisitos establecidos en las letras a) y b) de dicha disposición.»
1      Lengua original: inglés.
2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO 2000, L 178, p. 1).
3      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31).
4      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (DO 1998, L 24, p. 1).
5      Véase la siguiente página de Internet: https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=es-GB&co=GENIE.Platform%3DAndroid&sjid=14318423154464006262-EU.
6      Véase la siguiente página de Internet: https://support.google.com/youtube/answer/2802032.
7      Véase la siguiente página de Internet: https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=es-GB&co=GENIE.Platform%3DAndroid&sjid=14318423154464006262-EU.
8      A este respecto, en su página de Internet titulada «Políticas de monetización de canales de YouTube» (https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=es-GB&ref_topic=9153642&sjid=14318423154464006262-EU), Google especifica que «tanto los usuarios que ya forman parte del Programa para Partners de YouTube como los que quieran participar en él deben adherirse a dichas políticas»; véase también en: https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=es-GB&co=GENIE.Platform%3DAndroid&sjid=14318423154464006262-EU.
9      Véase la siguiente página de Internet: https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=es-GB&ref_topic=9153642&sjid=14318423154464006262-EU.
10      Sentencia de 16 de marzo de 1978, Oehlschläger (104/77, EU:C:1978:69), apartado 4. Véase también la sentencia de 1 de agosto de 2025, Daka y otros (C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 y C‑493/23, EU:C:2025:592), apartado 121.
11      Sentencias de 9 de noviembre de 2023, Google Ireland y otros (C‑376/22, EU:C:2023:835), apartado 42, y de 30 de mayo de 2024, Airbnb Ireland y Amazon Services Europe (C‑662/22 y C‑667/22, EU:C:2024:432), apartado 55. Véase también Crabit, E., «La directive sur le commerce électronique: le projet “Méditerranée”», Revue du Droit de l’Union européenne, vol. 4, Bruylant, Bruselas, 2000, pp. 749 a 833, especialmente p. 759.
12      Véanse, a este respecto, mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados WebGroup Czech Republic y otros (C‑188/24 y C‑190/24, EU:C:2025:709), puntos 54 y 55.
13      Véase, respecto a la «materia de fiscalidad», la sentencia de 27 de abril de 2022, Airbnb Ireland (C‑674/20, EU:C:2022:303), apartado 29 y jurisprudencia citada. El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior (DO 2006, L 376, p. 36), también enumera determinadas «actividades» a las que no se aplica esta Directiva. Véase, a este respecto, la sentencia de 15 de octubre de 2015, Grupo Itevelesa y otros (C‑168/14, EU:C:2015:685), apartado 45.
14      El Tribunal de Justicia parece utilizar indistintamente los términos «juegos de azar», «juegos y apuestas» y otras expresiones similares. Véase a este respecto, entre otras, la sentencia de 8 de septiembre de 2010, Stoß y otros (C‑316/07, C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 y C‑410/07, EU:C:2010:504; en lo sucesivo, «sentencia Stoß y otros»), apartados 77, 79, 80 y 82. En aras de la claridad, aplicaré el mismo método.
15      Artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 y artículo 3, letra g), inciso iii), del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31 (Reglamento de Servicios Digitales) (DO 2022, L 277, p. 1).
16      Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior COM(1998) 586 final, p. 33.
17      El artículo 2, apartado 2, letra h), de la Directiva 2006/123 excluye de su ámbito de aplicación, de forma similar, las actividades de juegos de azar. En ese contexto, en su considerando 25 se indica que «procede excluir las actividades de juego por dinero, incluidas las loterías y apuestas, del ámbito de aplicación de la presente Directiva, habida cuenta de la especificidad de dichas actividades, que entrañan por parte de los Estados la aplicación de políticas relacionadas con el orden público y la protección de los consumidores». Véanse también mis conclusiones presentadas el asunto AUTOTECHNICA FLEET SERVICES (C‑278/22, EU:C:2023:401), punto 38, nota 11.
18      Quisiera señalar que las actividades enumeradas en el artículo 1, apartado 5, letra d), están excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31 en su totalidad, también del principio del país de origen recogido en el artículo 3 y en los capítulos II y III de dicha Directiva. Sin embargo, tal como resulta de la propuesta de directiva (véase el punto 30 de las presentes conclusiones), el principal objetivo de dicha exclusión es preservar la discrecionalidad de los Estados miembros de destino en actividades donde no hay reconocimiento mutuo, como los juegos de azar.
19      Sentencia de 2 de marzo de 2023, Recreatieprojecten Zeeland y otros (C‑695/21, EU:C:2023:144), apartado 14 y jurisprudencia citada. Véase también la sentencia Stoß y otros, apartado 76 y jurisprudencia citada.
20      Sentencia Stoß y otros, apartado 101 y jurisprudencia citada. Respecto a las prohibiciones de la publicidad de juegos de azar que los Estados miembros imponen a los establecimientos de juego, véase la sentencia de 2 de marzo de 2023, Recreatieprojecten Zeeland y otros (C‑695/21, EU:C:2023:144).
21      Véase, a este respecto, la sentencia de 1 de octubre de 2020, A (Publicidad y venta de medicamentos en línea) (C‑649/18, EU:C:2020:764), apartados 53 y 59.
22      Documento de trabajo de los servicios de la Comisión — «Online gambling in the Internal Market Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Towards a comprehensive framework for online gambling», SWD(2012) 345 final, p. 17.
23      Reconozco que, en sus observaciones, la Comisión aduce implícitamente que el concepto de «almacenar» a efectos del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 presupone una ausencia de control sobre el contenido almacenado. Sin embargo, considero que este requisito solo es pertinente a fin de determinar si se aplica la exención de responsabilidad establecida en dicha disposición.
24      Véanse, a este respecto, las sentencias de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros (C‑324/09; en lo sucesivo, «sentencia L’Oréal y otros», EU:C:2011:474), apartados 118 y 119, y de 22 de junio de 2021, YouTube y Cyando (C‑682/18 y C‑683/18; en lo sucesivo, «sentencia YouTube y Cyando», EU:C:2021:503), apartados 109 y 110. Véanse también mis conclusiones presentadas en el asunto Russmedia Digital e Inform Media Press (C‑492/23, EU:C:2025:68), punto 53, y en los asuntos acumulados WebGroup Czech Republic y otros (C‑188/24 y C‑190/24, EU:C:2025:709), punto 236.
25      Parece pacífico que estas dos condiciones se cumplen en el caso de autos. Véanse, en este sentido, las sentencias YouTube y Cyando, apartados 103 y 104, y de 26 de abril de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑401/19, EU:C:2022:297), apartado 28.
26      Véase, a este respecto, Wilman, F., The Responsibility of Online Intermediaries for Illegal User Content in the EU y the US, Edward Elgar Publishing, 2020, p. 35, y Wilman, F., Kalėda y S., Loewenthal, P‑J., The EU Digital Services Act, Oxford University Press, 2024, pp. 52 y 53 (con comentarios a los artículos 4 a 6 del Reglamento de Servicios Digitales; a este respecto, véase el punto 36 de las presentes conclusiones). Véanse también, en la misma línea, las conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe presentadas en los asuntos acumulados YouTube y Cyando (C‑682/18 y C‑683/18, EU:C:2020:586; en lo sucesivo, «conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe in el asunto YouTube y Cyando»), puntos 141 y 148.
27      Véase Wilman, F., Kalėda y S., Loewenthal, P‑J., nota 26, op. cit., p. 52.
28      Véase, en particular, sobre la distinción entre la primera y la segunda fase, Wilman, F., nota 26, op. cit., p. 35. Véase también Van Eecke, P., «Online service providers and liability: A plea for a balanced aproach», Common Market Law Review, vol. 48, 2011, pp. 1455 a 1502, especialmente p. 1472, que diferencia entre «conocimiento general» y «conocimiento específico». En aras de la claridad, en las presentes conclusiones me referiré principalmente al «control de contenidos» cuando examine si Google está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31.
29      Véase el punto 113 de las presentes conclusiones. A este respecto, quisiera recordar que el artículo 14 de la Directiva 2000/31 se refiere a todo tipo de responsabilidad, incluida la penal.
30      La segunda cuestión prejudicial parece versar solamente sobre el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, es decir, sobre el papel de intermediario del proveedor de servicios de alojamiento de datos (primera fase del examen). Sin embargo, a fin de proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil, examinaré también el posible cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las letras a) y b) de dicha disposición (segunda fase).
31      Véanse la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C‑236/08 a C‑238/08; en lo sucesivo, «sentencia Google France», EU:C:2010:159), apartado 112, y la sentencia L’Oréal y otros, apartado 112.
32      Véanse las sentencias Google France, apartado 113, y YouTube y Cyando, apartado 105.
33      Véase la sentencia de 11 de septiembre de 2014, Papasavvas (C‑291/13, EU:C:2014:2209), apartado 41. Véase también la sentencia YouTube y Cyando, apartado 106 y la jurisprudencia citada.
34      Conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto L’Oréal y otros (C‑324/09, EU:C:2010:757), puntos 138 a 141.
35      Véase, entre otros, William F., nota 26, op. cit., p. 30.
36      Véase la sentencia L’Oréal y otros, apartado 113.
37      Véase la sentencia YouTube y Cyando, apartado 105.
38      Conclusiones del Abogado General Jääskinen en el asunto L’Oréal y otros (C‑324/09, EU:C:2010:757), punto 146.
39      Véase, a este respecto, Kuczerawy, A., «Active vs. passive hosting in the EU intermediary liability regime: time for a change?», KU Leuven Centre for IT & IP Law (blog), 2018, y Riordan, J., The Liability of Internet Intermediaries, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 404.
40      Véase la sentencia Google France, apartado 23. Son resultados naturales, en esencia, los que se muestran en un motor de búsqueda por orden decreciente de pertinencia tras una búsqueda iniciada por un internauta a partir de una o varias palabras (véase esa sentencia, apartado 22).
41      Véase la sentencia Google France, apartado 118.
42      Véase la sentencia L’Oréal y otros, apartados 28, 29 y 31. Respecto al uso del servicio AdWords de Google por eBay para promocionar los productos que se venden en su sitio de Internet, véanse también los apartados 39, 84 y 85.
43      Véase la sentencia L’Oréal y otros, apartado 116.
44      Véase la sentencia YouTube y Cyando, apartado 19.
45      Véase la sentencia YouTube y Cyando, apartados 92 y 109.
46      Véase la sentencia L’Oréal y otros, apartado 115. En cuanto a la remuneración, véase también la sentencia Google France, apartado 116.
47      Véase la sentencia YouTube y Cyando, apartado 109.
48      Véase la sentencia YouTube y Cyando, apartado 114.
49      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Russmedia Digital y Inform Media Press (C‑492/23, EU:C:2025:68), punto 53.
50      Véase el punto 17 de las presentes conclusiones.
51      Véanse los puntos 158 y 159 de esas conclusiones.
52      Véanse, a este respecto, las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto L’Oréal y otros (C‑324/09, EU:C:2010:757), punto 26.
53      A este respecto, según Google, existen en torno a tres millones de socios verificados.
54      Conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe presentadas en el asunto YouTube y Cyando, puntos 160 y 162. Véase también Riordan, J., nota 39, op. cit., p. 409.
55      Véase el punto 66 de las presentes conclusiones. Véanse también las conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe presentadas en el asunto YouTube y Cyando, punto 157.
56      Véase, a este respecto, el considerando 40 de la Directiva 2000/31.
57      Propuesta de directiva COM(1998) 586 final, p. 6. Véase también el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Primer informe sobre la aplicación de la Directiva 2000/31, COM/2003/0702 final, p. 14.
58      Véanse los considerandos 9 y 46 de la Directiva 2000/31. Véase también la sentencia YouTube y Cyando, apartado 113.
59      Véase el considerando 16 del Reglamento de Servicios Digitales. Véase también Wilman, F., Kalėda y S., Loewenthal, P‑J., nota 26, op. cit., p. 72, y Husovec, M., Injunctions against Intermediaries in the European Union, Cambridge University Press, 2017, p. 55.
60      Véase, en relación con el artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2000/31, la sentencia YouTube y Cyando, apartado 131.
61      Véase, a este respecto, Stalla-Bourdillon y S., Thorburn, R., «The scandal of intermediary: acknowledging the both/and dispensation for regulating hybrid actors», en Petkova y B., Ojanen, T. (eds.), Fundamental Rights Protection Online: the Future Regulation of Intermediaries, Edward Elgar, 2019, p. 157.
62      Véase la sentencia Google France, apartados 26 y 115, donde no se prestó atención al hecho de que, respecto al servicio de referenciación AdWords, el orden de aparición de los enlaces promocionales dependiese, entre otras cosas, del precio máximo por clic y de la calidad que Google atribuyese al anuncio.
63      Considerando 43 de la Directiva 2000/31; véase también la sentencia de 15 de septiembre de 2016, Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689), apartados 60 a 63, y Van Eecke, P., nota 28, op. cit., p. 1463.
64      Véase el punto 65 de las presentes conclusiones.
65      Véase también, a este respecto, Stalla-Bourdillon y S., Thorburn, R., nota 61, op. cit., p. 149.
66      Véase, a este respecto, el punto 59 de las presentes conclusiones, que se refiere a la sentencia Google France, apartado 118. Véase también Van Eecke, P., nota 28, op. cit., p. 1472.
67      Véase el punto 17 de las presentes conclusiones.
68      Véanse, a este respecto, mis conclusiones presentadas en el asunto Facebook Ireland y Schrems (C‑492/23, EU:C:2025:68), punto 60.
69      Véase el punto 63 de las presentes conclusiones.
70      Véanse las sentencias Google France, apartado 116, y L’Oréal y otros, apartado 115.
71      Véase la sentencia Google France, apartado 25.
72      Véase la sentencia YouTube y Cyando, apartado 96.
73      Conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe in YouTube y Cyando, punto 142.
74      Véase la sentencia YouTube y Cyando, apartados 41 a 43. Véanse también las conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe en el asunto YouTube y Cyando, punto 31.
75      Véase, a este respecto, la sentencia YouTube y Cyando, apartado 109.
76      Véase «Outcome of proceedings» del Grupo “Cuestiones Económicas” (servicios de la sociedad de información), 15-25 de febrero de 1999, documento del Consejo 6251/99 (1999), p. 4.
77      Véase la sentencia YouTube y Cyando, apartados 111 y 112.
78      Véase el apartado 122 de esa sentencia.
79      Véase la siguiente página de Internet: https://support.google.com/adspolicy/answer/15132179?hl=es-GB&sjid=5810413720643412243-EU.