Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 29 de enero de 2026 (*)
« Recurso de casación — Función pública — Régimen aplicable a los otros agentes — Agentes temporales — Decisión de no reclasificación — Facultad de la Administración de completar la motivación de la decisión de no reclasificación ante el juez de la Unión Europea — Requisitos — Casos excepcionales — Principio de concordancia entre la reclamación administrativa y el recurso posterior — Recurso de anulación »
En el asunto C‑727/23 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 28 de noviembre de 2023,
PB, representado por la Sra. N. de Montigny, abogada,
parte recurrente en casación,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Junta Única de Resolución (JUR), representada por la Sra. H. Ehlers y el Sr. L. Forestier, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. A. Duron y el Sr. D. Waelbroeck, abogados,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por el Sr. F. Schalin, Presidente de Sala, y los Sres. M. Gavalec y Z. Csehi (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso de casación, PB solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2023, PB/JUR (T‑293/22, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:577), mediante la que se desestimó su recurso al amparo del artículo 270 TFUE por el que solicitaba la anulación de la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), de 16 de julio de 2021, de no reclasificarlo al término del ejercicio de reclasificación correspondiente al año 2021 (en adelante, «decisión de no reclasificación controvertida»).
Marco jurídico
Estatuto
2        El artículo 45, apartado 1, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), aplicable por analogía a los agentes temporales de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en adelante, «ROA»), está redactado en los siguientes términos:
«La promoción se concederá por decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2. A menos que se aplique el procedimiento establecido en el artículo 4 y en el artículo 29, apartado 1, los funcionarios solo podrán ser promovidos si ocupan una plaza que corresponde a uno de los tipos de puestos establecidos en el anexo I, sección A, para el grado inmediatamente superior. La promoción consistirá en el nombramiento del funcionario en el grado inmediatamente superior del grupo de funciones al que pertenezca. Las promociones se efectuarán únicamente mediante libre designación entre funcionarios con una antigüedad mínima en su grado de dos años y previo examen comparativo de los méritos de los candidatos. A efectos del examen comparativo de los méritos, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos tomará en consideración, en particular, los informes de los funcionarios, la utilización, en el desempeño de sus funciones, de lenguas distintas de aquella de la que hayan justificado tener un conocimiento en profundidad, de conformidad con el artículo 28, letra f), y las responsabilidades por ellos desempeñadas.»
3        El artículo 90, apartado 2, del Estatuto dispone:
«Las personas a las que se aplique el presente Estatuto podrán presentar ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos reclamaciones dirigidas contra los actos que les sean lesivos, bien se hayan producido por resolución de la citada autoridad o por la falta de adopción por esta de medidas que hubieran debido tomarse según el Estatuto. Las reclamaciones deberán presentarse en un plazo de tres meses. […]»
ROA
4        A tenor del artículo 2 del ROA:
«Tendrá la consideración de agente temporal, a efectos del presente régimen:
[…]
f)      los agentes contratados para ocupar un puesto de trabajo comprendido en la relación de puestos anexa a la sección del presupuesto correspondiente a una agencia según lo indicado en el artículo 1 bis, apartado 2, del Estatuto, y al que las autoridades en materia presupuestaria hayan conferido un carácter temporal, a excepción de los directores y directores adjuntos de agencias conforme al acto de la Unión Europea por el que se crea la agencia y los funcionarios destinados a una agencia en interés del servicio.»
5        El artículo 54 del ROA establece:
«Por lo que respecta al personal temporal mencionado en el artículo 2, letra f), la clasificación en el grado inmediatamente superior se efectuará únicamente mediante libre designación entre los agentes temporales que hayan completado un período mínimo de dos años en su grado, previo examen comparativo de sus méritos y de los informes sobre ellos. La última frase del artículo 45, apartado 1, y del artículo 45, apartado 2, del Estatuto se aplicará por analogía. Los factores de multiplicación de referencia para la equivalencia de la carrera media, según lo establecido para los funcionarios en la sección B del anexo I del Estatuto, no podrán rebasarse.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Estatuto, cada agencia adoptará las disposiciones generales para la aplicación del presente artículo.»
DGA
6        El artículo 4 de la Decisión de la JUR, de 24 de abril de 2017, relativa a las disposiciones generales de aplicación del artículo 54 del ROA (en lo sucesivo, «DGA»), titulado «Base del procedimiento de reclasificación», está redactado en los siguientes términos:
«1.      El examen comparativo de los méritos de los agentes temporales promocionables constituirá la base del procedimiento de reclasificación. El sistema electrónico protegido a través del cual se gestionará el ejercicio contendrá la información necesaria para este examen comparativo. A los efectos de este examen, [la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo (en lo sucesivo, “AFCC”)] tomará en consideración, en particular:
a)      los informes de los que hayan sido objeto los agentes temporales desde su última reclasificación o, en su defecto, desde su contratación y, en particular, los informes de evaluación emitidos de conformidad con las disposiciones generales de aplicación del artículo 43 del Estatuto;
b)      la utilización por los agentes temporales, en el ejercicio de sus funciones, de lenguas distintas de aquella de la que hayan justificado poseer un conocimiento en profundidad de conformidad con el artículo 12, apartado 2, [punto 5], del ROA;
c)      el nivel de las responsabilidades desempeñadas.
2.      En caso de igualdad de méritos entre los agentes temporales promocionables sobre la base de los tres elementos referidos en el apartado 1, la AFCC podrá, supletoriamente, tomar en consideración otros elementos.»
7        De acuerdo con el artículo 5 de las DGA, el procedimiento de reclasificación de la JUR debe desarrollarse según las siguientes fases:
–        en primer lugar, el Departamento de Recursos Humanos publica una nota administrativa en la que se anuncia la conclusión del ejercicio de evaluación (artículo 5, apartado 1, de las DGA);
–        en segundo lugar, los miembros de la junta de directores consultan a los evaluadores de los agentes promocionables (artículo 5, apartado 3, párrafo primero, de las DGA) y, a continuación, llevan a cabo un primer examen comparativo de los méritos de estos últimos (artículo 5, apartado 3, párrafo segundo, de las DGA);
–        en tercer lugar, el presidente de la JUR se entrevista con el comité de personal y, a instancia de este último, le comunica los criterios supletorios tenidos en cuenta en caso de igualdad de méritos (artículo 5, apartado 4, de las DGA);
–        en cuarto lugar, el presidente de la JUR elabora una lista de los agentes propuestos para la reclasificación (artículo 5, apartado 5, de las DGA) que comunica al conjunto del personal de la JUR y al comité paritario de reclasificación (en lo sucesivo, «comité paritario») (artículo 5, apartado 6, de las DGE);
–        en quinto lugar, los agentes no incluidos en esta lista pueden impugnar la exclusión de su nombre de la propuesta de reclasificación ante el comité paritario. Este último procede a un examen comparativo de los méritos de los agentes promocionables y presenta a la AFCC una lista de los agentes que recomienda para la reclasificación (artículo 5, apartado 7, de las DGA);
–        en sexto lugar, la AFCC lleva a cabo a su vez un examen comparativo de los méritos de los agentes promocionables y adopta la lista de los agentes que serán reclasificados (artículo 5, apartado 8, de las DGA). Esta lista se publica para su acceso por parte del personal de la JUR (artículo 5, apartado 9, de las DGA).
Antecedentes del litigio
8        Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 2 a 10 de la sentencia recurrida en los siguientes términos:
«2.      El 1 de noviembre de 2016, el demandante fue contratado por la JUR como agente temporal con arreglo al artículo 2, letra f), del [ROA] y se le clasificó en el grado AD 6, escalón 2. A continuación, fue destinado, como jurista, a la Unidad 01 de la Secretaría de la JUR.
3.      Tras haber participado con éxito en un procedimiento de selección externo organizado por la JUR, el demandante suscribió un nuevo contrato de servicios, en la misma Unidad, que lo reclasificaba en el grado AD 7 a partir del 1 de octubre de 2017.
4.      Mediante una nota de servicio de la presidenta de la JUR (en lo sucesivo, “presidenta”) de 11 de mayo de 2021 dirigida al personal de la JUR […], la JUR convocó el ejercicio de reclasificación de los agentes temporales correspondiente al año 2021 […].
5.      La presidenta no incluyó al demandante en la lista de agentes propuestos para la reclasificación, publicada el 14 de junio de 2021.
6.      El 22 de junio de 2021, el demandante impugnó la exclusión de su nombre de la propuesta de reclasificación ante el [comité paritario]. El 9 de julio de 2021, este comité, por tres votos contra dos, acordó no recomendar su reclasificación a la [AFCC].
7.      El 16 de julio de 2021, la presidenta, como AFCC, notificó al personal la lista de agentes reclasificados en el ejercicio 2021, en la que no figuraba el nombre del demandante.
8.      Entre el 19 de julio y el 19 de septiembre de 2021, el demandante presentó varias solicitudes de acceso a documentos relativos, en particular, a los ejercicios de reclasificación de 2019 a 2021 […]. El 1 de octubre de 2021, la JUR concedió al demandante un acceso parcial a los documentos solicitados.
9.      El 15 de octubre de 2021, el demandante presentó una reclamación contra la decisión de no reclasificación al amparo del artículo 90, apartado 2, del [Estatuto], aplicable por analogía a los agentes temporales en virtud del artículo 46 del ROA. Esta reclamación fue desestimada mediante resolución de la JUR el 14 de febrero de 2022 (en lo sucesivo, “resolución desestimatoria”).
10.      Con posterioridad a la presentación de la demanda, la JUR no renovó el contrato del demandante y puso fin a sus funciones.»
Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida
9        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 19 de mayo de 2022, el recurrente interpuso el recurso referido en el apartado 1 de la presente sentencia.
10      En el apartado 31 de la sentencia recurrida, el Tribunal General constató que, en apoyo de su recurso, el recurrente formulaba, en esencia, seis motivos:
–        el primero, basado en la omisión de un examen comparativo de los méritos de todos los agentes promocionables;
–        el segundo, basado en el incumplimiento del deber de motivación y en un error de cálculo de la antigüedad en el grado;
–        el tercero, relativo a la apreciación de los niveles de responsabilidad;
–        el cuarto, relativo a las irregularidades que viciaron el procedimiento de reclasificación;
–        el quinto, basado en la infracción de la media fijada como objetivo que se contempla en el anexo II de las DGA;
–        el sexto, basado, con carácter subsidiario, en un error manifiesto de apreciación de los méritos del recurrente y de su antigüedad en el grado.
11      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General rechazó todos los motivos y, por consiguiente, desestimó el recurso de anulación del recurrente.
Pretensiones de las partes en el recurso de casación
12      El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Anule la decisión de no reclasificación controvertida.
–        Condene a la JUR al pago de las costas por él soportadas en el procedimiento de casación y en el procedimiento en primera instancia.
13      La JUR solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Declare el recurso inadmisible y, en cualquier caso, lo desestime por infundado.
–        Condene en costas al recurrente.
Sobre el recurso de casación
14      En apoyo de su recurso de casación, el recurrente formula, en esencia, ocho motivos. En efecto, además de los seis motivos enumerados en el recurso de casación, el recurrente invoca, a título preliminar, un motivo denominado «introductorio», de carácter transversal, identificado como su primer motivo en el escrito de réplica y relativo a la admisibilidad de los anexos y de los motivos, así como, a modo de conclusión, un motivo basado en el reparto erróneo de las costas en la sentencia recurrida. Los motivos enumerados en el recurso de casación se basan, el segundo, en la omisión del examen comparativo de los méritos de todos los agentes promocionables; el tercero, en la falta de motivación; el cuarto, en la apreciación de los niveles de responsabilidad; el quinto, en vicios del procedimiento, el sexto, en la inobservancia de las medias fijadas como objetivo en el Estatuto y reproducidas en las DGA y, el séptimo, en un error manifiesto de apreciación.
Sobre la admisibilidad del recurso de casación
Alegaciones de las partes
15      La JUR aduce, con carácter principal, que el recurso de casación es inadmisible en su totalidad debido a que es confuso y repetitivo, de manera que algunas partes y alegaciones carecen de una estructura coherente.
16      El recurrente considera infundada esta alegación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
17      Del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia o del auto cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica esta pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate (sentencia de 3 de marzo de 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, apartado 44 y jurisprudencia citada).
18      En particular, no cumple estos requisitos y debe declararse inadmisible el motivo cuya argumentación no sea suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad, concretamente porque los elementos esenciales en los que se basa el motivo no resultan de manera suficientemente coherente y comprensible del texto de dicho recurso de casación, formulado de manera oscura y ambigua a este respecto. El Tribunal de Justicia también ha estimado que debe declararse la inadmisibilidad manifiesta del recurso de casación que carezca de estructura coherente, que se limite a formular afirmaciones generales y que no incluya indicaciones precisas sobre los extremos de la decisión impugnada que supuestamente adolecen de un error de Derecho (sentencia de 3 de marzo de 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, apartado 45 y jurisprudencia citada).
19      En el caso de autos, si bien la presentación de las alegaciones formuladas en apoyo del recurso de casación debería haber sido más clara a fin de facilitar la comprensión de este, no es menos cierto que dicho recurso de casación indica los apartados de la sentencia recurrida que se impugnan y contiene una serie de fundamentos jurídicos que se refieren específicamente a elementos claramente identificados de dicha sentencia. Por consiguiente, las alegaciones de la JUR no pueden conducir a declarar inadmisible el recurso de casación en su totalidad.
20      En estas circunstancias, el recurso de casación debe ser declarado admisible.
Sobre el fondo
21      Mediante la primera parte del tercer motivo de casación y la primera parte de su séptimo motivo de casación, que procede examinar conjuntamente y en primer lugar, el recurrente alega que el Tribunal General, por una parte, incurrió en error de Derecho al considerar que la JUR estaba facultada para completar la motivación de la decisión de no reclasificación controvertida durante el procedimiento judicial y, por otra parte, violó el principio de concordancia entre la reclamación administrativa y el recurso judicial, al haber declarado inadmisible el motivo relativo al error de apreciación de los méritos del recurrente.
Primera parte del tercer motivo de casación
Alegaciones de las partes
22      Mediante la primera parte de su tercer motivo de casación, el recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General cometió un error de Derecho, en los apartados 238 y 240 a 245 de la sentencia recurrida, al considerar que la JUR estaba facultada para completar la motivación de la decisión de no reclasificación controvertida durante el procedimiento judicial. A este respecto, el recurrente indica que el Tribunal General, por una parte, debió tener en cuenta el carácter excepcional de tal facultad y, por otra, no podía considerar válidamente que la información que se le comunicó el 1 de octubre de 2021, en respuesta a sus solicitudes de acceso, constituía un principio de motivación acorde con el requisito impuesto por la jurisprudencia a la que ese órgano jurisdiccional se refirió. Además, en el marco de esta parte del motivo de casación, el recurrente formula alegaciones que están en estrecha relación con el examen de la primera parte del séptimo motivo de casación, respecto a las consecuencias de la insuficiencia de motivación de la decisión de no reclasificación controvertida para la admisibilidad del séptimo motivo de la demanda, basado, con carácter subsidiario, en un error manifiesto de apreciación de sus méritos.
23      La JUR sostiene que la primera parte del tercer motivo de casación es inadmisible y, en cualquier caso, infundada. A este respecto, por una parte, la JUR alega que el recurrente se limita, en esta parte, a reproducir la alegación basada en el incumplimiento del deber de motivación que ya había invocado ante el Tribunal General, de manera que invita al Tribunal de Justicia a reexaminar esta alegación, lo que excede de la competencia de este último. Por otra parte, la JUR estima que se desprende de la jurisprudencia del Tribunal General, a la que este se refiere en el apartado 238 de la sentencia recurrida, que la insuficiencia de la motivación proporcionada en la fase administrativa previa no puede justificar la anulación de la resolución en cuestión, cuando la AFCC proporcione precisiones complementarias durante el procedimiento judicial, y que, antes de la interposición del recurso, el interesado ya disponía de elementos que constituían un principio de motivación. Desde esta perspectiva, según afirma la JUR, el hecho de que algunos elementos pertinentes solo se aportaran en respuesta a las preguntas del Tribunal General no tiene importancia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
24      Por lo que respecta a la admisibilidad de la primera parte del tercer motivo de casación, es preciso recordar que, mediante esta parte, el recurrente reprocha al Tribunal General, en esencia, haber aceptado que la JUR completara, durante el procedimiento judicial, la motivación de la decisión de no reclasificación controvertida. Por tanto, esta alegación no puede constituir una simple repetición de la alegación formulada en el recurso ante el Tribunal General, puesto que la JUR proporcionó esa motivación complementaria tras la presentación de dicho recurso. Es preciso, en consecuencia, desestimar la excepción de inadmisibilidad de la primera parte del tercer motivo de casación planteada por la JUR.
25      En cuanto a si esta primera parte del tercer motivo de casación está fundada, es preciso señalar, para empezar, que la motivación debe, en principio, comunicarse al interesado al mismo tiempo que la decisión que le resulta lesiva, y que la falta de motivación no puede quedar subsanada por el hecho de que el interesado conozca los motivos de esta decisión en el procedimiento ante el juez de la Unión. En efecto, conforme a reiterada jurisprudencia, en caso no de inexistencia, sino de insuficiencia de motivación, y solo en este último supuesto, los motivos proporcionados durante el procedimiento pueden, en casos excepcionales, privar de objeto a un motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación de la decisión en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de febrero de 2008, Neirinck/Comisión, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, apartados 50 y 51, y de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartados 51 y 52.
26      En consecuencia, la facultad de subsanar a posteriori una insuficiencia de motivación como vicio del procedimiento proporcionando nuevos motivos en la fase judicial no es absoluta. En efecto, tal posibilidad debe limitarse a los «casos excepcionales», en los que conste que al menos se han expuesto de manera clara e inequívoca al destinatario de la decisión administrativa lesiva los motivos principales que han dado lugar a la adopción de esta.
27      En el caso de autos, el Tribunal General constató, en los apartados 232 y 235 de la sentencia recurrida, que el motivo individual y pertinente que había justificado la decisión de no reclasificación controvertida no figuraba claramente en la resolución desestimatoria, dado que la JUR no se pronunció sobre el nivel de los méritos del recurrente. Más concretamente, el Tribunal General señaló, en los apartados 233 y 234 de dicha sentencia, que esa resolución no indicaba de manera explícita cuál había sido el resultado individual del recurrente en el examen comparativo de los méritos de todos los agentes promocionables de manera sucesiva, a pesar de que la AFCC debería haberle indicado, al menos, si sus méritos habían resultado ser inferiores o, en su caso, iguales a los de los agentes del mismo grado que el suyo que habían sido reclasificados y haberle señalado, en caso de igualdad, el criterio o criterios supletorios aplicados para determinar qué agentes debían ser reclasificados.
28      Sin embargo, en los apartados 239 a 245 de dicha sentencia, el Tribunal General consideró, en esencia, que el recurrente pudo deducir del dictamen del comité paritario, que se le comunicó el 1 de octubre de 2021 en respuesta a su solicitud de acceso, que la causa de su no reclasificación podía ser la insuficiencia de sus méritos, de forma que las indicaciones proporcionadas por la JUR durante el procedimiento judicial permitieron completar los motivos de la resolución desestimatoria y dotar de motivación suficiente a la decisión de no reclasificación controvertida.
29      A este respecto, en primer lugar, es preciso recordar que la exigencia de motivación, por una parte, debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución o del organismo de la Unión del que emane el acto, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control y, por otra parte, debe apreciarse en función de todas las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. En consecuencia, la motivación de una decisión puede declararse inexistente o insuficiente habida cuenta de la finalidad de esa exigencia y de todos esos elementos (sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo,
C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 54).
30      Es preciso distinguir, por tanto, entre dos supuestos diferentes, a saber, por una parte, la inexistencia de motivación de un acto y, por otra, la insuficiencia de motivación de este, que están sujetos a sus propias normas. En efecto, en el supuesto de inexistencia de motivación de la decisión discutida, la institución o el organismo que la adoptó no puede subsanar un vicio de este tipo exponiendo esa motivación ante el juez de la Unión, mientras que la decisión que adolece de un vicio derivado de una motivación insuficiente puede ser eventualmente subsanada a posteriori, pero únicamente si lo justifican circunstancias excepcionales (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo,
C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartados 52 y 60).
31      Además, la inexistencia de motivación puede declararse incluso aunque la decisión controvertida incluya determinadas explicaciones. Así pues, una motivación contradictoria o incomprensible equivale a la inexistencia de motivación. Lo mismo ocurre cuando las explicaciones que figuran en esta decisión son tan deficientes que en modo alguno permiten a su destinatario, en el contexto en el que se adoptó dicha decisión, entender el razonamiento de su autor (sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo,
C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 55 y jurisprudencia citada).
32      Pues bien, en el presente asunto, consta que ni la decisión de no reclasificación controvertida, que se presentó en forma de una tabla que enumeraba los agentes reclasificados y hacía referencia a un análisis comparativo de los méritos de todos los agentes promocionables, ni la resolución desestimatoria contenían el motivo individual que justificaba que no se reclasificara al recurrente.
33      En cuanto al dictamen del comité paritario, que se comunicó al recurrente en respuesta a su solicitud de acceso, resulta de los apartados 138, 157, 240 y 388 de la sentencia recurrida que este dictamen se limita a indicar que dicho comité presentó su recomendación de no reclasificar al recurrente tras haber procedido al examen de su expediente y al análisis comparativo de los méritos de él y de los otros agentes promocionables del mismo grado que el suyo. De ello se deriva que la motivación del dictamen del comité paritario con respecto al examen comparativo de los méritos fue formulada en términos generales, equivalentes desde este punto de vista a los que figuran en la decisión de no reclasificación controvertida, de modo que esta motivación no permite discernir, de manera clara e inequívoca, si los méritos del recurrente habían resultado ser inferiores o iguales a los de los agentes de su grado que fueron reclasificados.
34      Por consiguiente, a falta de un principio de motivación de la decisión de no reclasificación controvertida en cuanto a las razones concretas por las que el recurrente, a título individual, debía ser objeto de una decisión en ese sentido, es preciso considerar que este dictamen adolece de «inexistencia» de motivación, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 31 de la presente sentencia, que el organismo implicado, en el caso de autos la JUR, no puede subsanar a posteriori añadiendo motivos durante el procedimiento judicial (véase, por analogía, la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo,
C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 60).
35      En segundo lugar, aun suponiendo que el Tribunal General considerara fundadamente que el dictamen del comité paritario constituía efectivamente un principio de motivación de la decisión de no reclasificación controvertida, no es menos cierto que las instituciones y organismos de la Unión no disponen, en principio, de un derecho a subsanar sus decisiones insuficientemente motivadas ante el juez de la Unión y que este último no tiene ninguna obligación, a efectos de apreciar el cumplimiento de la obligación de motivación, de tener en cuenta las explicaciones complementarias facilitadas durante el procedimiento judicial por la institución o por el organismo de que se trate (sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo,
C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 58).
36      De este modo, únicamente en «casos excepcionales», como los que caracterizan las circunstancias vinculadas a la organización de una oposición en la que participan muchos candidatos, en los cuales la institución u organismo de la Unión de que se trate no puede ofrecer, desde un punto de vista práctico, una motivación suficiente a cada candidato oportunamente, puede completarse la motivación mediante explicaciones facilitadas por el autor del acto durante el procedimiento judicial (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de febrero de 2008, Neirinck/Comisión, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, apartado 57, y de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo,
C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartados 53 y 59).
37      Pues bien, en el presente asunto, el Tribunal General, como alega fundadamente el recurrente, no comprobó de ningún modo si la JUR podía invocar la existencia de tales circunstancias excepcionales, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 30 de la presente sentencia.
38      A este respecto, es preciso añadir que la JUR ni siquiera ha aducido, y menos aún probado, que no pudo, desde un punto de vista práctico, proporcionar, oportunamente, una motivación suficiente a cada agente que no fue reclasificado. En cualquier caso, suponiendo que el dictamen del comité paritario, comunicado al recurrente en respuesta a su solicitud de acceso, constituyera un principio de motivación de la decisión de no reclasificación controvertida, el hecho de comunicar una respuesta detallada al recurrente tras su impugnación ante dicho comité o, con mayor motivo, en la resolución desestimatoria, no habría generado una carga de trabajo excesiva para la JUR, en la medida en que el examen comparativo de las impugnaciones solo concernía al recurrente y a otros dos agentes del mismo grado que el suyo (véase, por analogía, la sentencia de 28 de febrero de 2008, Neirinck/Comisión, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, apartado 58).
39      Por otra parte, los «casos excepcionales», mencionados en el apartado 36 de la presente sentencia, incluyen los supuestos en los que la institución u organismo de la Unión de que se trate no puede ofrecer, desde un punto de vista práctico, una motivación suficiente a cada persona afectada oportunamente. Pues bien, en el caso de autos, no se ha demostrado en modo alguno que a la JUR le resultara imposible en la práctica motivar de manera suficiente en Derecho la decisión de no reclasificación controvertida. Así, las simples afirmaciones hechas por la JUR en los escritos procesales que presentó en primera instancia o en respuesta a las preguntas del Tribunal General no pueden paliar la insuficiencia de motivación de la que desde el principio adolecía esta decisión.
40      En tercer lugar, es preciso señalar que el Tribunal General tampoco verificó que su decisión de aceptar, con carácter excepcional, que la JUR completara la motivación de esta resolución durante el procedimiento judicial no vulnerara el derecho de defensa del recurrente, y, en particular, violara el principio de igualdad de armas.
41      En efecto, aun cuando el juez de la Unión constate la existencia de un «caso excepcional» en el que puede autorizar a la institución u organismo de que se trate a completar la motivación del acto lesivo, tal autorización no presenta carácter automático. Habida cuenta del desequilibrio entre las partes que puede crear la comunicación extemporánea de la motivación de este acto, el juez de la Unión debe verificar también que la decisión de autorizar la aportación de una motivación complementaria no vulnera el derecho de defensa. A este respecto, le corresponde tener en cuenta, en particular, la fase del procedimiento en la que la institución u organismo de la Unión de que se trate aportó las explicaciones y asegurarse de que el interesado pudo efectivamente darles respuesta (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 59).
42      Pues bien, en el presente asunto, el Tribunal General, al decidir que la JUR debía estar facultada para completar la motivación de la decisión de no reclasificación controvertida debido a que, en esencia, el recurrente había «podido» deducir de un documento preparatorio de esta decisión cuál «podía» ser la causa de su falta de reclasificación, no observó estos principios y, en particular, no se cercioró de que no se vulnerara el derecho de defensa del recurrente.
43      Resulta de todo lo anterior, por tanto, que el Tribunal General erró al declarar que semejante motivación complementaria podía ser proporcionada por la JUR durante el procedimiento judicial. Por consiguiente, al declarar que la decisión de no reclasificación controvertida no adolecía de insuficiencia de motivación, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
44      De ello sigue que la primera parte del tercer motivo de casación resulta fundada.
Primera parte del séptimo motivo de casación
Alegaciones de las partes
45      Mediante la primera parte de su séptimo motivo de casación, que se refiere a los apartados 365 a 373 de la sentencia recurrida, el recurrente reprocha al Tribunal General, en esencia, haber violado el principio de concordancia entre la reclamación administrativa y el recurso judicial, en la medida en que declaró inadmisible su motivo basado en un error de apreciación de sus méritos por parte de la JUR.
46      En apoyo de esta parte, el recurrente aduce, por un lado, que las alegaciones formuladas en el marco de este motivo en su recurso en primera instancia se correspondían con las presentadas en su reclamación. El recurrente también recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal General, siempre que los elementos fácticos expuestos y la alegación planteada sigan siendo los mismos, el demandante puede modificar, ante el Tribunal General, el título del motivo que formuló en su reclamación, motivo que no puede ser, por lo tanto, declarado inadmisible por esta razón. Por otro lado, el recurrente indica que, habida cuenta de que presentó él mismo su reclamación y reprodujo las mismas alegaciones en su recurso en primera instancia, el Tribunal General interpretó de manera particularmente estricta el principio de concordancia. El recurrente señala que, en cambio, el Tribunal General permitió a la JUR no proporcionar el motivo individual para no reclasificarlo hasta el procedimiento judicial. En el presente asunto, el recurrente afirma que formuló el motivo basado en el error de apreciación de sus méritos con carácter subsidiario, para el caso de que la decisión de no reclasificación controvertida se basara efectivamente en esta evaluación. Pues bien, en su opinión, no fue hasta que la JUR facilitó la motivación complementaria durante el procedimiento judicial cuando se puso de manifiesto que esa decisión se basaba efectivamente en dicha evaluación.
47      La JUR alega la inadmisibilidad de la primera parte del séptimo motivo de casación debido a que, en realidad, mediante esta, el recurrente solicita al Tribunal de Justicia reexaminar el motivo ya formulado ante el Tribunal General. A su entender, esta parte es, en cualquier caso, infundada.
Apreciación del Tribunal de Justicia
48      Por lo que respecta a la admisibilidad de la primera parte del séptimo motivo de casación, mediante la que el recurrente reprocha al Tribunal General haber violado el principio de concordancia entre la reclamación administrativa y el recurso judicial, es preciso señalar que tal motivo no se podía formular en el recurso en primera instancia, puesto que el Tribunal General solo examinó esa concordancia en la sentencia recurrida. Procede, en consecuencia, desestimar la excepción de inadmisibilidad de esta parte del séptimo motivo invocada por la JUR.
49      En cuanto a si esta primera parte está fundada, resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, para que el procedimiento administrativo previo pueda lograr su objetivo, a saber, permitir una solución amistosa de las divergencias, por una parte, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos debe poder conocer de forma suficientemente precisa las críticas que los interesados formulan con respecto a la decisión que les resulta lesiva. Por otra parte, la Administración no debe interpretar las reclamaciones de forma restrictiva, sino que, por el contrario, debe examinarlas con espíritu abierto. De lo anterior se deriva que si bien, en los recursos de funcionarios, las pretensiones presentadas ante el órgano jurisdiccional de la Unión deben tener el mismo objeto que las expuestas en la reclamación y solo pueden contener motivos de impugnación que se apoyen en la misma causa que los alegados en la reclamación, estos motivos de impugnación pueden desarrollarse en la fase contenciosa mediante la formulación de motivos y alegaciones que no figuren necesariamente en la reclamación, siempre que se relacionen estrechamente con
ella (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2002, Campogrande/Comisión, C‑62/01 P, EU:C:2002:248, apartados 33
y 34).
50      De este modo, puesto que el procedimiento administrativo previo tiene un carácter informal y los interesados intervienen en este estadio en general sin la asistencia de abogado, el artículo 91 del Estatuto no tiene por objeto vincular, de forma rigurosa y definitiva, la eventual fase contenciosa, siempre que el recurso jurisdiccional no modifique ni la causa ni el objeto de la reclamación (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de mayo de 1986, Rihoux y otros/Comisión, 52/85, EU:C:1986:199, apartado 12, y de 23 de abril de 2002, Campogrande/Comisión, C‑62/01 P, EU:C:2002:248, apartado 35).
51      En el presente asunto, ha quedado acreditado que la reclamación del recurrente contra la decisión de no reclasificación controvertida fue redactada por él mismo, sin que formulara explícitamente en ella un motivo basado en el error de apreciación de sus méritos por parte de la JUR. En efecto, en esta fase, el recurrente interpuso la reclamación a pesar de que únicamente tenía conocimiento de la lista de agentes temporales reclasificados. En esta reclamación, el recurrente, como alega fundadamente en su recurso de casación, consideraba, por tanto, que sus méritos habían sido infravalorados por la JUR e ignoraba las razones por las que su experiencia profesional se había estimado insuficiente, al comparar su situación, a estos efectos, con la de otros compañeros del mismo grado que el suyo que habían sido reclasificados. Pues bien, las mismas alegaciones fueron reproducidas, en idénticos términos, en el marco del sexto motivo del recurso en primera instancia. En estas circunstancias, ha de considerarse que el motivo basado en el error de apreciación de los méritos del recurrente se relaciona de manera suficientemente estrecha con la reclamación que había interpuesto en el marco del procedimiento administrativo previo.
52      Asimismo, es preciso señalar que dado que de los apartados 232 a 235 de la sentencia recurrida se desprende que, aun después de la resolución desestimatoria, el recurrente seguía sin disponer de toda la información pertinente que le permitiera conocer la razón individual en la que se basaba la decisión de no reclasificación controvertida, no es cierto, a fortiori, que, en la fase de la reclamación administrativa, estuviera en condiciones de formular este motivo (véase, por analogía, la sentencia de 25 de junio de 2020, Schneider/EUIPO, C‑116/19 P, EU:C:2020:501, apartado 36).
53      Además, esta primera parte del séptimo motivo de casación debe ser analizada a la luz de una situación procesal específica, en la que el Tribunal General autorizó a la Administración a proporcionar una motivación complementaria a la decisión de no reclasificación controvertida, sin comprobar de modo suficiente en Derecho que tal autorización no comportaría una vulneración del derecho de defensa del recurrente. Pues bien, puede reputarse que se ha producido tal vulneración cuando los motivos complementarios alegados por la Administración tienen por efecto modificar la propia esencia del acto lesivo, obligando así a su destinatario a adaptar de forma sustancial su argumentación para responder adecuadamente a las nuevas alegaciones.
54      Resulta de todo lo anterior que, al declarar inadmisible el motivo del recurrente basado en un error de apreciación de sus méritos por la JUR, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
55      De ello sigue que la primera parte del séptimo motivo de casación resulta fundada.
56      Habida cuenta de todas estas consideraciones, procede acoger la primera parte del tercer motivo y la primera parte del séptimo motivo del recurso de casación y anular la sentencia recurrida, sin que sea necesario examinar las otras partes de los motivos de casación tercero y séptimo ni los demás motivos de casación.
Sobre el recurso ante el Tribunal General
57      De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este podrá, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, o bien devolver el asunto a este para que resuelva, o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.
58      Dado que el estado del litigio permite resolverlo, procede pronunciarse sobre las pretensiones del recurso de anulación de la decisión de no reclasificación controvertida.
59      Debe constatarse, a este respecto, que la JUR, al no haber indicado en esta decisión si los méritos del recurrente habían resultado ser inferiores o, en su caso, iguales a los de los otros agentes del mismo grado que el suyo que habían sido reclasificados, o precisado, en caso de igualdad entre el recurrente y otros agentes, el criterio o criterios supletorios que se habían aplicado para determinar qué agentes debían ser reclasificados, incumplió el deber de motivación que le incumbía. Procede, por tanto, anular dicha decisión por este motivo.
Costas
60      De acuerdo con el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea fundado y el Tribunal de Justicia resuelva él mismo definitivamente el litigio, este decidirá sobre las costas.
61      De conformidad con el artículo 138, apartado 1, de este Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
62      En el presente asunto, al haber solicitado el recurrente que se condene en costas a la JUR y al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por esta, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las del recurrente tanto en el presente procedimiento de casación como en el procedimiento en primera instancia.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) decide:
1)      Anular la sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2023, PB/JUR (T‑293/22, EU:T:2023:577).
2)      Anular la decisión de la Junta de Resolución Única (JUR), de 16 de julio de 2021, de no reclasificar a PB al término del ejercicio de reclasificación correspondiente al año 2021.
3)      La JUR cargará, además de con sus propias costas, con las de PB tanto en el presente procedimiento de casación como en el procedimiento en primera instancia.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: francés.