62000CC0151_ES
Conclusiones del abogado general
Conclusiones del abogado general
1. Mediante el presente recurso por incumplimiento, la Comisión imputa a la República Francesa la no adaptación del Derecho interno a lo dispuesto en la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (en lo sucesivo, «Directiva»).
2. El artículo 15 de la Directiva tiene el siguiente tenor:
«1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 24 de octubre de 1998.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al artículo 5 de la presente Directiva a más tardar el 24 de octubre de 2000.
[...]
4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho nacional que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.»
3. La Comisión no recibió ninguna comunicación de la República Francesa relativa a la adaptación de su Derecho interno a la Directiva. En consecuencia, conforme al artículo 226 CE, el 3 de febrero de 1999 envió al Gobierno francés un escrito de requerimiento en el que le instaba a presentar sus observaciones en el plazo de dos meses.
4. Mediante escrito recibido el 16 de abril de 1999, la República Francesa comunicó que el Derecho interno había sido ya parcialmente adaptado a la Directiva, y que la adaptación al resto de sus disposiciones tendría lugar en un futuro próximo mediante procedimientos legislativos ya avanzados.
5. Al no recibir ninguna otra comunicación de las autoridades francesas, el 23 de julio de 1999 la Comisión envió a la República Francesa un dictamen motivado. En él, la Comisión le reprochaba haber incumplido su obligación de adaptar el Derecho interno a las disposiciones de la Directiva mencionadas en el recurso dentro del plazo establecido al efecto. La Comisión concedió a la República Francesa un último plazo de dos meses para atenerse a sus obligaciones.
6. Las autoridades francesas solicitaron una prórroga del plazo y, mediante escrito de 22 de octubre de 1999, volvieron a anunciar que las medidas necesarias para la adaptación del Derecho interno a las citadas disposiciones se encontraban en fase de elaboración.
7. Al no haber recibido entretanto ninguna otra comunicación, la Comisión interpuso el 19 de abril de 2000 el presente recurso contra la República Francesa.
8. La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:
1) Declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15 de la Directiva 97/66/CE, al no haber adoptado ni comunicado a la Comisión, dentro del plazo señalado, las medidas nacionales de adaptación del Derecho interno a los artículos 4, apartado 2, 6, apartados 1, 3 y 4, 7, 8, apartados 2, 3, 4 y 6, 11, apartado 2, y 12 de dicha Directiva.
2) Condene en costas a la República Francesa.
Alegaciones de las partes
9. La Comisión señala que, con arreglo al artículo 249 CE, apartado 3, y al artículo 10 CE, los Estados miembros están obligados a adoptar las medidas necesarias para adaptar su Derecho interno a las Directivas antes de que expire el plazo en ellas establecido. Los Estados miembros están obligados asimismo a comunicar inmediatamente dichas medidas a la Comisión. El plazo fijado en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva expiró el 24 de octubre de 1998, sin que la República Francesa hubiera adoptado las medidas de adaptación del Derecho interno a las disposiciones mencionadas en el recurso. Las autoridades francesas tampoco habían comunicado a la Comisión que se hubiera efectuado la adaptación del Derecho interno a dichas disposiciones al expirar, el 23 de septiembre de 1999, el plazo fijado en el dictamen motivado.
10. La Comisión, remitiéndose a la sentencia dictada en el asunto 52/75, subraya que los Estados miembros son responsables, independientemente de cuál sea el órgano del Estado cuya actuación ha originado el incumplimiento, y que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por las Directivas comunitarias.
11. La República Francesa señala una vez más que la normativa necesaria para la adaptación del Derecho interno a las citadas disposiciones se encuentra en fase de elaboración.
Apreciación
12. El recurso es fundado. Ha quedado acreditado que, en la fecha pertinente a efectos del procedimiento por incumplimiento, al expirar el plazo de dos meses a partir del 23 de julio de 1999 fijado en el dictamen motivado, la imputación formulada en el recurso seguía existiendo, aun cuando se tengan en cuenta las eventuales ampliaciones del plazo como consecuencia de la distancia. En consecuencia, procede condenar a la República Francesa conforme a las pretensiones formuladas en el recurso.
13. La decisión sobre las costas ha de adoptarse conforme al artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.
14. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que:
1) Declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 15 de la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones, al no haber adoptado ni comunicado a la Comisión, dentro del plazo señalado, las medidas nacionales de adaptación del Derecho interno a los artículos 4, apartado 2, 6, apartados 1, 3 y 4, 7, 8, apartados 2, 3, 4 y 6, 11, apartado 2, y 12 de dicha Directiva.
2) Condene en costas a la República Francesa.