AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 8 de diciembre de 2025 (*)
« Procedimiento prejudicial — Artículos 53, apartado 2, y 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Obligación de exponer el contexto normativo del litigio principal — Obligación de indicar la relación entre las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita y la legislación nacional aplicable — Falta de precisiones suficientes — Inadmisibilidad manifiesta »
En el asunto C‑403/25, Vedrón, (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Elche (Alicante), mediante auto de 8 de mayo de 2025, recibido en el Tribunal de Justicia el 17 de junio de 2025, en el procedimiento entre
J.L.Q.
e
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por la Sra. I. Ziemele, Presidenta de Sala, y los Sres. A. Kumin y M. Bošnjak (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 53, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2 TUE y de los artículos 20, 21, 34 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, de una parte, J.L.Q., pensionista, y, de otra, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), en relación con la denegación por estos a aquel del complemento de pensión por maternidad (en lo sucesivo, «complemento de maternidad») en el marco de su pensión de jubilación anticipada.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        El artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia dispone:
«Junto al texto de las preguntas formuladas al Tribunal con carácter prejudicial, la petición de decisión prejudicial contendrá:
a)      una exposición concisa del objeto del litigio y de los hechos pertinentes, según se hayan constatado por el órgano jurisdiccional remitente, o al menos una exposición de los datos fácticos en que se basan las cuestiones;
b)      el texto de las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto y, en su caso, la jurisprudencia nacional pertinente;
c)      la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.»
Derecho español
4        El artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo texto refundido fue aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE n.º 261, de 31 de octubre de 2015, p. 103291) (en lo sucesivo, «antigua LGSS»), disponía:
«1.      Se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente.
[…]
4.      El complemento de pensión no será de aplicación en los casos de acceso anticipado a la jubilación por voluntad de la interesada ni en los de jubilación parcial, a los que se refieren, respectivamente, los artículos 208 y 215.»
5        Mediante el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (BOE n.º 29, de 3 de febrero de 2021, p. 12268), se modificó la antigua LGSS (en lo sucesivo, «LGSS modificada»). El artículo
60 de la LGSS modificada ya no excluye el derecho al complemento de maternidad en caso de jubilación anticipada voluntaria.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
6        Tras haber cotizado durante más de cuarenta y seis años, J.L.Q., padre de tres hijos, accedió a la jubilación anticipada voluntaria a la edad de sesenta y tres años y tres meses.
El INSS le reconoció de esta manera una pensión de jubilación con efectos desde el 2 de febrero de 2018. De conformidad con las disposiciones aplicables, se aplicó una reducción del 11,375 % sobre la base reguladora de la pensión.
7        El 26 de mayo de 2022, J.L.Q. formuló una solicitud de complemento de maternidad, contemplado en el Derecho nacional para las mujeres y hombres que hayan tenido al menos dos hijos.
8        La solicitud fue denegada por el INSS, en particular, por no reunirse los requisitos establecidos en el artículo 60 de la antigua LGSS, habida cuenta de que esta excluye del complemento a las personas que se hayan jubilado anticipadamente de manera voluntaria.
9        Tras desestimar el INSS su reclamación por los mismos motivos, J.L.Q. presentó demanda ante el Juzgado de lo Social n.º 2 de Elche (Alicante), órgano jurisdiccional remitente, por entender que la denegación de su solicitud vulnera el principio de igualdad y de no discriminación, al aplicar un criterio formal (tipo de jubilación) que no guarda proporción con la finalidad del referido complemento.
10      Dicho órgano jurisdiccional recuerda, con carácter preliminar, que, mediante la sentencia de 12 de diciembre de 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complemento de pensión para las madres) (C‑450/18, EU:C:2019:1075), el Tribunal de Justicia declaró que la limitación a la mujer de un complemento como el establecido en el artículo 60 de la antigua LGSS constituye una discriminación por razón de sexo. Añade que, con efectos de 1 de enero de 2016, el complemento de maternidad se viene reconociendo tanto a los hombres como a las mujeres que cumplan los requisitos establecidos en esta disposición.
11      El referido órgano jurisdiccional considera que la exclusión del complemento de maternidad a las personas que hayan decidido jubilarse anticipadamente de manera voluntaria no tiene justificación cuando se aplica a personas (con independencia de que se trate de mujeres u hombres) con largas carreras de cotización, en particular cuando la duración de la carrera de cotización real es muy superior a la de la mayor parte de las personas que se han jubilado a la edad ordinaria. Así, observa que, conforme al Derecho nacional, una persona que acredite el período mínimo de cotización (quince años) y se jubile a la edad ordinaria tendría derecho al complemento de maternidad, mientras que el demandante, que acredita más de cuarenta y seis años de cotización, no tendría derecho a él.
12      El órgano jurisdiccional remitente señala a este respecto que la seguridad social es una materia que es competencia de los Estados miembros, aunque apunta que el litigio se refiere al respeto del principio de igualdad ante la ley y al derecho a la protección social, valores y derechos fundamentales protegidos por el Derecho de la Unión, concretamente en el artículo 2 TUE y en los artículos 20, 21 y 34 de la Carta. Por otra parte, según dicho órgano jurisdiccional, la diferencia de trato que la normativa controvertida introduce debe ser sometida a control de proporcionalidad a la luz del artículo
52, apartado
1, de la Carta.
13      En estas circunstancias, el Juzgado de lo Social n.º 2 de Elche decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, en relación con los artículos 20, 21, 34 y 52.1 de la [Carta], en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye del complemento por aportación demográfica, vinculado a la pensión contributiva, a quienes acceden voluntariamente a la jubilación anticipada, aun cuando acreditan una carrera de cotización significativamente más extensa y un número de hijos igual o superior al de quienes, accediendo a la jubilación ordinaria, sí perciben dicho complemento?
2)      En caso de respuesta afirmativa ¿qué requisitos deben cumplirse para que una diferencia de trato basada en el tipo de acceso a la jubilación sea compatible con el principio de igualdad ante la ley (art. 2 del TUE y artículo 20 de la Carta) y con el principio de proporcionalidad (artículo 52.1 de la Carta)?»
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
14      Conforme al artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, cuando sea manifiestamente incompetente para conocer de un asunto o cuando una petición o demanda sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
15      Procede aplicar esta disposición en el presente asunto.
16      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2 TUE, en relación con los artículos
20, 21, 34 y 52, apartado
1, de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye del complemento de maternidad vinculado a la pensión contributiva a quienes acceden voluntariamente a la jubilación anticipada. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, dicho órgano jurisdiccional pregunta al Tribunal de Justicia, mediante la segunda cuestión prejudicial, por los requisitos que habría de cumplir una normativa nacional que establece tal diferencia de trato, basada en el tipo de acceso a la jubilación, para ser compatible con el principio de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 2 TUE y el artículo 20 de la Carta y con el principio de proporcionalidad recogido en el artículo 52, apartado 1, de la Carta.
17      Según reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir (sentencia de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny, C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234, apartado 44 y jurisprudencia citada).
18      Como la resolución de remisión sirve de fundamento a este procedimiento, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a hacer explícito, en esa resolución, el marco fáctico y normativo del litigio principal y a facilitar las explicaciones necesarias sobre los motivos de la elección de las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita y sobre la relación que establece entre esas disposiciones y la normativa nacional aplicable al litigio del que conoce [véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 4 de junio de 2020, C.F. (Inspección fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, apartado 23 y jurisprudencia citada].
19      A este respecto, es preciso subrayar asimismo que la información recogida en las resoluciones de remisión debe permitir, por un lado, que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional nacional y, por otro lado, que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas ejerzan el derecho a presentar observaciones que les confiere el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Incumbe al Tribunal de Justicia velar por que se salvaguarde este derecho, habida cuenta de que, con arreglo a esta disposición, a las partes interesadas solo se les notifican las resoluciones de remisión (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, apartado 134 y jurisprudencia citada).
20      Estas exigencias acumulativas que se refieren al contenido de la resolución de remisión figuran de manera explícita en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento, que el órgano jurisdiccional remitente, en el marco de la cooperación establecida en el artículo 267 TFUE, debe conocer y respetar escrupulosamente (auto de 3 de julio de 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, apartado 21, y sentencia de 9 de septiembre de 2021, Toplofikatsia Sofia y otros, C‑208/20 y C‑256/20, EU:C:2021:719, apartado 20 y jurisprudencia citada). Tales exigencias se recuerdan, además, en los apartados 13, 15 y 16 de las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO C, C/2024/6008).
21      En el presente caso, el auto de remisión manifiestamente no cumple las exigencias fijadas en el artículo 94, letras b)
y c), del Reglamento de Procedimiento.
22      Por lo que respecta, en primer lugar, a las exigencias a que se refiere el artículo
94, letra b), de dicho Reglamento, ha de señalarse que el auto de remisión no contiene una descripción suficientemente precisa del marco jurídico nacional en el que se inscribe el litigio del que conoce el órgano jurisdiccional nacional. Por un lado, existe incertidumbre sobre la versión de la LGSS aplicable en el litigio principal. Así, el órgano jurisdiccional remitente se refiere tanto a la antigua LGSS, que era aplicable en la fecha en que el demandante se jubiló, como a la LGSS modificada, aplicable en la fecha de la solicitud del demandante.
23      Por otro lado, aun suponiendo que la antigua LGSS sea aplicable en el presente caso, es preciso declarar que el auto de remisión no contiene los elementos necesarios para comprender el conjunto de la normativa nacional pertinente que puede aplicarse en el litigio principal, en tanto en cuanto se limita a reproducir el artículo
60, apartado
4, de la antigua LGSS. En particular, aunque el órgano jurisdiccional remitente indica que una persona que se jubile a la edad ordinaria tras haber cotizado durante el período mínimo de quince años tiene derecho al complemento de maternidad, no cita las disposiciones jurídicas aplicables en tal situación.
24      En segundo lugar, por lo que se refiere a la exigencia que figura en el artículo
94, letra c), del Reglamento de Procedimiento, ha de señalarse que, en lo tocante a la interpretación del artículo 2 TUE, a tenor del cual la Unión Europea se fundamenta, entre otros valores, en el valor de la igualdad, el órgano jurisdiccional remitente se limita a realizar consideraciones de orden general, sin exponer la relación que a su juicio existe entre dicho artículo 2 TUE y la normativa nacional aplicable en el litigio principal, de suerte que el Tribunal de Justicia no está en condiciones de apreciar si la interpretación de dicha disposición es necesaria para que dicho órgano jurisdiccional pueda resolver.
25      Por otra parte, en lo que atañe a la interpretación de los artículos
20, 21, 34 y
52, apartado
1, de la Carta, es preciso recordar que el artículo
51, apartado
1, de la Carta establece que las disposiciones de esta se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.
26      Según reiterada jurisprudencia, el concepto de «aplicación del Derecho de la Unión», a efectos del artículo 51, apartado 1, de la Carta, presupone la existencia de un vínculo de conexión entre un acto del Derecho de la Unión y la medida nacional de que se trate de un grado superior a la proximidad de las materias consideradas o a las incidencias indirectas de una de ellas en la otra. El Tribunal de Justicia ha declarado, en particular, la inaplicabilidad de los derechos fundamentales de la Unión en relación con una normativa nacional cuando las disposiciones del Derecho de la Unión en la materia considerada no imponen a los Estados miembros ninguna obligación específica concerniente a la situación objeto del asunto principal. Por tanto, el mero hecho de que una medida nacional esté comprendida en
una materia en la que la Unión dispone de competencias
—como ocurre con la política social— no permite
incluirla en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión ni, por ende, da lugar a la aplicabilidad de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de julio de 2022, Coca-Cola European Partners Deutschland, C‑257/21 y C‑258/21, EU:C:2022:529, apartados 40 y 41).
27      Pues bien, habida cuenta de que el órgano jurisdiccional remitente no ha indicado por qué está comprendida la situación objeto del litigio principal en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el auto de remisión no permite determinar si una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal debe examinarse a la luz de las disposiciones de la Carta.
28      En vista de las consideraciones que anteceden, la presente petición de decisión prejudicial es, de conformidad con el artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, manifiestamente inadmisible.
29      Ha de recordarse, no obstante, que el órgano jurisdiccional remitente conserva la facultad de plantear una nueva petición de decisión prejudicial proporcionando al Tribunal de Justicia la totalidad de los elementos que permitan a este pronunciarse (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, apartado
41 y jurisprudencia citada).
Costas
30      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
La petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Elche (Alicante) mediante auto de 8 de mayo de 2025 es manifiestamente inadmisible.
Dictado en Luxemburgo, a 8 de diciembre de 2025.
El Secretario
La Presidenta de Sala
A. Calot Escobar
I. Ziemele
*      Lengua de procedimiento: español.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.