62004CJ0006_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C‑6/04,
que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto con arreglo al artículo 226 CE, el 9 de enero de 2004,
Comisión de las Comunidades Europeas,
representada por los Sres. M. van Beek y L. Flynn, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandante,
contra
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por la Sra. C. Jackson, en calidad de agente, asistida por la Sra. K. Smith, Barrister,
parte demandada,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y el Sr. R. Schintgen, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. G. Arestis y J. Klučka (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de mayo de 2005;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de junio de 2005;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1. Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7; en lo sucesivo, «Directiva sobre los hábitats»), al no haber adaptado correctamente su ordenamiento jurídico interno a las exigencias de dicha Directiva.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
2. Según su artículo 2, apartado 1, la Directiva sobre los hábitats tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales, así como de la fauna y de la flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros en los que se aplica el Tratado CE.
3. Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva, los Estados miembros deben designar zonas especiales de conservación (en lo sucesivo, «ZEC»), para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de interés comunitario. Dichas zonas deben formar parte de una red ecológica europea, denominada «Natura 2000».
4. El artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats se refiere a las medidas necesarias para garantizar la protección de las ZEC. La vigilancia del estado de conservación de las especies y de los hábitats naturales de interés comunitario está regulada por el artículo 11 de dicha Directiva. Sus artículos 12 y 13 se refieren a las medidas de protección de las especies animales y vegetales. El artículo 14 regula la recogida de especímenes de las especies de la fauna y de la flora silvestres. El artículo 15 prohíbe determinados medios no selectivos de captura o de sacrificio de algunas especies de fauna silvestre. En cuanto al artículo 16 de dicha Directiva, indica las circunstancias en las que los Estados miembros pueden establecer excepciones, con fines determinados, a alguna de sus disposiciones.
5. Con arreglo al artículo 23, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats, los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a ésta en un plazo de dos años a partir de su notificación e informar de ello inmediatamente a la Comisión. Dicha Directiva fue notificada a los Estados miembros el 10 de junio de 1992.
Normativa nacional
6. Las principales medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva sobre los hábitats en el Reino Unido, pertinente en el presente caso, son las siguientes:
– El Reglamento de 1994 sobre la conservación de los hábitats naturales [Conservation (Natural Habitats, etc.) Regulations 1994; en lo sucesivo, «Reglamento de 1994»], aplicable en Inglaterra, el País de Gales y Escocia.
– El Reglamento de 1995 sobre la conservación de los hábitats naturales en Irlanda del Norte [Conservation (Natural Habitats, etc.) Regulations (Northern Ireland) 1995; en lo sucesivo, «Reglamento de 1995»], aplicable en Irlanda del Norte.
– La Ordinance (Ley aprobada por el Parlamento de Gibraltar) de 1991 relativa a la protección de la naturaleza (Nature Protection Ordinance 1991), modificada en cuanto a su desarrollo por el Reglamento de 1995 sobre la protección de la naturaleza [Nature Protection Ordinance (Amendment) Regulations 1995; en lo sucesivo, «Ordinance de 1991»], aplicable en el territorio de Gibraltar.
– La Ley de 1970 relativa a la protección de las focas (Conservation of seals Act 1970; en lo sucesivo, «Ley sobre las focas»).
7. El artículo 3, apartado 2, del Reglamento de 1994 dispone que el Secretary of State, el Minister of Agriculture, Fisheries and Food y los organismos de protección de la naturaleza deben ejercer las funciones que les asigna la normativa en materia de protección de la naturaleza con el fin de asegurar el cumplimiento de las exigencias de la Directiva sobre hábitats.
8. El artículo 3, apartado 4, del mismo Reglamento establece que, sin perjuicio de la disposición mencionada en el apartado anterior, toda autoridad competente debe tener en cuenta, en el ejercicio de sus funciones, las exigencias de la Directiva sobre los hábitats en la medida en que puedan resultar afectadas por el ejercicio de tales funciones.
Procedimiento administrativo previo
9. El 6 de noviembre de 2000 la Comisión dirigió al Reino Unido un escrito de requerimiento en el que manifestaba que el Derecho interno de este Estado miembro no se había adaptado correctamente a determinadas disposiciones de la Directiva sobre los hábitats.
10. Las autoridades británicas respondieron a dicho requerimiento mediante un escrito de 27 de febrero de 2001. Reconocieron que el requerimiento era fundado sobre dos extremos, relativos a las actividades de extracción de petróleo y de gas en el mar y a la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre los hábitats fuera de las aguas territoriales. Sin embargo, refutaron la mayoría de las demás imputaciones en aquél formuladas.
11. Dado que las explicaciones dadas por el Reino Unido no la convencieron, el 18 de julio de 2001 la Comisión emitió un dictamen motivado en el que reiteró sus imputaciones e instó a éste Estado miembro a que adoptara las medidas necesarias para atenerse a dicho dictamen en un plazo de dos meses desde su notificación.
12. En respuesta a dicho dictamen motivado, mediante escrito de 27 de noviembre de 2001, el Reino Unido comunicó a la Comisión su intención de modificar su legislación con el fin de implantar una mayor seguridad jurídica y una mayor claridad sobre varios extremos contemplados en el dictamen motivado, aunque, en general, sostenía que las medidas vigentes cumplían lo dispuesto en la Directiva sobre los hábitats (en lo sucesivo, «escrito de 27 de noviembre de 2001») .
13. Por último, mediante escrito de 2 de diciembre de 2003, las autoridades británicas informaron a la Comisión de la evolución del proceso de adopción de las modificaciones de la normativa nacional con el fin de asegurar una mejor adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva sobre los hábitats.
14. En estas circunstancias la Comisión decidió interponer el presente recurso.
Sobre el recurso
Sobre el modo de adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva sobre los hábitats
Alegaciones de las partes
15. La Comisión reprocha al Reino Unido no haber adaptado adecuadamente su ordenamiento jurídico interno a la Directiva sobre los hábitats. Concretamente, considera que el Reino Unido adoptó indebidamente una disposición general con el fin de colmar las posibles lagunas de las disposiciones específicas destinadas a garantizar dicha adaptación.
16. El Reino Unido sostiene que incorporó correctamente la Directiva sobre los hábitats al adoptar, para garantizar la adaptación de su Derecho interno a ésta, unas normas que no sólo establecen exigencias específicas, sino también obligaciones generales y regulan procedimientos administrativos. Considera que deben interpretarse dichas obligaciones generales en relación con las exigencias específicas de esta normativa, a la que completan, lo cual, a su juicio, garantiza una ejecución apropiada y efectiva de dicha Directiva.
17. Las autoridades británicas se basan, concretamente, en el artículo 3, apartados 2 y 4, del Reglamento de 1994, cuyas disposiciones equivalentes son, para Irlanda del Norte, el artículo 3, apartados 2 y 4, del Reglamento de 1995 y, para Gibraltar, el artículo 17 A de la Ordinance de 1991. En efecto, dichas disposiciones obligan a los ministros, a los organismos para la protección de la naturaleza, así como a todas las autoridades públicas competentes a ejercer sus funciones de forma que se cumplan las exigencias de la Directiva sobre los hábitats.
18. La Comisión considera, por el contrario, que las disposiciones generales invocadas por el Reino Unido no son lo suficientemente precisas para garantizar la adaptación del Derecho nacional a las obligaciones específicas que establece dicha Directiva.
19. Alega que, en efecto, para determinar el alcance de sus derechos y obligaciones los particulares deben remitirse cada vez a la Directiva sobre los hábitats, lo cual no se ajusta a las exigencias de seguridad jurídica ni cumple los requisitos de especificidad, de precisión y de claridad establecidos por la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
20. La Comisión añade que, si el Tribunal de Justicia debiera seguir la lógica del razonamiento del Reino Unido, tal disposición general probablemente habría podido adaptar el ordenamiento jurídico interno, a la totalidad de dicha Directiva, lo cual iría en contra de la exigencia de especificidad reiterada en múltiples ocasiones por la jurisprudencia relativa a la adaptación del ordenamiento jurídico nacional a las directivas.
Apreciación del Tribunal de Justicia
21. Con carácter preliminar, debe recordarse que, en virtud del artículo 249 CE, párrafo tercero, la directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios de ejecución en Derecho interno de la directiva de que se trate. No obstante, conforme a reiterada jurisprudencia, la adaptación del Derecho interno a una Directiva no exige necesariamente una reproducción formal y textual de su contenido en una disposición legal expresa y específica y, en función de su contenido, puede ser suficiente un contexto jurídico general, siempre que este último garantice efectivamente la plena aplicación de la Directiva de manera suficientemente clara y precisa (véanse, en particular, las sentencias de 9 de abril de 1987, Comisión/Italia, 363/85, Rec. p. 1733, apartado 7; de 30 de mayo de 1991, Comisión/Alemania, C‑361/88, Rec. p. I‑2567, apartado 15, y de 7 de enero de 2004, Comisión/España, C‑58/02, Rec. p. I‑621, apartado 26).
22. A este respecto, es necesario determinar en cada caso la naturaleza de la disposición, prevista en una directiva, que sea objeto del recurso de incumplimiento para medir la extensión de la obligación de adaptación del Derecho interno que incumbe a los Estados miembros (véase la sentencia de 26 de junio de 2003, Comisión/Francia, C‑233/00, Rec. p. I‑6625, apartado 77).
23. Pues bien, no puede acogerse la alegación del Reino Unido de que la manera más adecuada para ejecutar la Directiva sobre los hábitats sea conferir facultades específicas a los organismos de conservación de la naturaleza e imponerles la obligación general de ejercer sus funciones de tal manera que se cumplan las exigencias de dicha Directiva.
24. En efecto, debe recordarse, en primer lugar, que la existencia de normas nacionales sólo puede hacer superflua la adaptación del ordenamiento jurídico interno mediante medidas legales o reglamentarias específicas si tales normas garantizan efectivamente la aplicación plena de la Directiva por la Administración nacional.
25. En segundo lugar, debe señalarse que de los considerandos cuarto y undécimo de dicha Directiva se deduce que los hábitats y especies amenazados forman parte del patrimonio natural de la Comunidad y que las amenazas que pesan sobre ellos tienen a menudo carácter transfronterizo, de forma que la adopción de medidas de conservación constituye una responsabilidad común de todos los Estados miembros. Por consiguiente, como ha señalado la Abogado General en el punto 11 de sus conclusiones, la exactitud de la adaptación tiene una particular importancia en un caso como el de autos, en el que la gestión del patrimonio común está confiada, para sus respectivos territorios, a los Estados miembros [véanse, por analogía, respecto a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 103, p. 1), las sentencias de 8 de julio de 1987, Comisión/Italia, 262/85, Rec. p. 3073, apartado 39, y de 7 de diciembre de 2000, Comisión/Francia, C‑38/99, Rec. p. I‑10941, apartado 53].
26. De ello se deduce que, en virtud de la Directiva sobre los hábitats, la cual establece normas complejas y técnicas en el ámbito del Derecho del medio ambiente, los Estados miembros están especialmente obligados a velar por que su legislación, destinada a efectuar la adaptación del ordenamiento jurídico interno a dicha Directiva sea clara y precisa, incluso en lo que atañe a las obligaciones esenciales de vigilancia y control, como las que imponen a las autoridades nacionales los artículos 11, 12, apartado 4, y 14, apartado 2, de dicha Directiva.
27. Pues bien, del examen de la normativa invocada por el Reino Unido se desprende que ésta se caracteriza por una generalidad tal que no constituye una ejecución de las disposiciones de la Directiva sobre los hábitats con la precisión y la claridad requeridas para cumplir plenamente la exigencia de seguridad jurídica (véase, por analogía, la sentencia de 17 de septiembre de 1987, Comisión/Países‑Bajos, 291/84, Rec. p. 3483, apartado 15) ni tampoco instaura un marco legal preciso en el ámbito de que se trata, que pueda garantizar la aplicación de dicha Directiva de manera plena y completa, así como permitir una ejecución armonizada y eficaz de las normas que ésta establece (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2005, Comisión/Alemania, C‑531/03, no publicada en la Recopilación, apartado 19).
28. De lo anterior se deduce que las obligaciones generales previstas en la normativa del Reino Unido no pueden garantizar una adaptación satisfactoria del ordenamiento jurídico interno a las disposiciones de la Directiva sobre los hábitats mencionadas en el recurso de la Comisión y, por lo tanto, no pueden colmar las posibles lagunas de las disposiciones específicas destinadas a garantizar la adaptación del referido ordenamiento jurídico a dicha Directiva. Por consiguiente, no procede examinar las alegaciones del Reino Unido basadas en las obligaciones generales establecidas en dicha normativa al analizar las imputaciones concretas formuladas por la Comisión.
Sobre las imputaciones esgrimidas por la Comisión
Sobre la imputación relativa a la adaptación incompleta del ordenamiento jurídico interno al artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats
29. Habida cuenta de determinadas precisiones realizadas por el Reino Unido, en su réplica y en el acto de la vista la Comisión renunció a la imputación relativa a la infracción del artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats, por lo que respecta a Inglaterra, País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte, aunque la mantuvo en lo que a Gibraltar se refiere.
30. La Comisión sostiene que, al limitarse a preservar los lugares indicados de toda actividad susceptible de causar perturbaciones, sin esforzarse asimismo por evitar todo deterioro causado por negligencia u omisión, el Reino Unido no adaptó de manera completa, en relación con Gibraltar, el ordenamiento jurídico interno al artículo 6, apartado 2, de dicha Directiva.
31. El Gobierno del Reino Unido, sin realmente rebatir la argumentación de la Comisión, considera que únicamente deben evitarse los deterioros que no sean naturales.
32. Además, alega que la Ordinance de 1991 estableció un régimen de control completo y riguroso. Afirma que dicho régimen da cumplimiento de manera adecuada a la Directiva sobre los hábitats, en particular, si se interpreta en relación con la norma general prevista en el artículo 17 A de la misma Ordinance.
33. A este respecto, debe recordarse, en primer lugar, que el artículo 6, apartado 2, de dicha Directiva obliga a los Estados miembros a evitar los deterioros de los hábitats naturales y de los hábitats de especies.
34. Como señaló la Abogado General en el punto 19 de sus conclusiones, es evidente que, para dar cumplimiento al artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats, puede ser necesario adoptar tanto medidas destinadas a evitar daños y perturbaciones externos causados por el hombre, como medidas cuyo objeto sea detener los procesos naturales que puedan alterar el estado de conservación de las especies y de los hábitats naturales en las ZEC.
35. En segundo lugar, debe señalarse que, al término del plazo establecido en el dictamen motivado, lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats no se había recogido formalmente en la normativa aplicable en Gibraltar. En efecto, el artículo 17 G de la Ordinance de 1991, por el que se faculta a las autoridades competentes para celebrar con los propietarios o los poseedores de un lugar acuerdos relativos al mantenimiento de éste parece ser la única disposición aplicable en Gibraltar para evitar posibles deterioros.
36. Pues bien, debe observarse que esta disposición sólo confiere una competencia no vinculante a dichas autoridades y que no es suficiente para evitar deterioros, contrariamente a las exigencias del artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats.
37. Por consiguiente, en la medida en que el Derecho interno no contiene ninguna disposición expresa que obligue a las autoridades competentes a evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, implica un elemento de inseguridad jurídica en cuanto a las obligaciones que deben cumplir dichas autoridades.
38. De lo que precede se desprende que, en cualquier caso, el ordenamiento jurídico nacional no ha sido objeto de una adaptación clara, precisa y completa al artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats, en relación con Gibraltar.
39. En estas circunstancias, la imputación relativa a la adaptación incompleta del ordenamiento jurídico interno al artículo 6, apartado 2, de dicha Directiva debe considerarse fundada en lo que a Gibraltar se refiere.
Sobre la imputación relativa a la adaptación incompleta del ordenamiento jurídico interno al artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre los hábitats
40. La Comisión sostiene que la normativa vigente en el Reino Unido no incorpora correctamente dichas disposiciones en tres ámbitos concretos, a saber, los planes y proyectos de extracción de agua, los planes de ocupación de terrenos y, en lo que atañe a Gibraltar, el control de las licencias de obras existentes.
– Sobre los planes y proyectos de extracción de agua
41. Según la Comisión, ninguna disposición de Derecho interno establece que las autorizaciones de extracción de agua, concedidas con arreglo al capítulo II, sección II, de la Ley de 1991 sobre los recursos hidráulicos (Water Resources Act 1991), deben cumplir la obligación, establecida por el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, de tener en cuenta las repercusiones significativas que las extracciones de agua puedan tener sobre los lugares que forman parte de una ZEC. Tampoco existen tales disposiciones en Irlanda del Norte ni en Gibraltar. Por lo tanto, las extracciones de agua que puedan afectar de forma apreciable a las ZEC no se hallan íntegramente contempladas por las medidas de adaptación vigentes en el Reino Unido, ni éstas las regulan correctamente.
42. La Comisión agrega que, en su escrito de 27 de noviembre de 2001, el Reino Unido había indicado que las disposiciones pertinentes del Reglamento de 1994 serían modificadas a fin de aclarar la normativa sobre las actividades de extracción de agua.
43. El Reino Unido alega, en cambio, que, junto con las disposiciones generales estableció un sistema que permite determinar de antemano, para cada lugar, las actividades potencialmente perjudiciales.
44. A este respecto, procede recordar que, en virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva, cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de un lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a ese lugar, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, debe someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar de que se trate, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de éste.
45. Pues bien, en el caso de autos, no se niega que, al término del plazo fijado en el dictamen motivado, ninguna disposición legal estableciera expresamente que los planes y proyectos de extracción de agua debían ser objeto de tal evaluación.
46. Por otra parte, debe señalarse que el sistema implantado por la normativa del Reino Unido, en la medida en que establece, esencialmente, que todos los planes y proyectos de extracción de agua que cumplan los requisitos previstos en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats deben a priori reputarse potencialmente perjudiciales para el lugar de que se trate, no puede garantizar el respeto a las exigencias de dicha disposición.
47. En efecto, como señaló la Abogado General en el punto 33 de sus conclusiones, si bien tal evaluación previa de los riesgos potenciales puede apoyarse en hechos concretos referidos al lugar, no es así en lo tocante a los propios proyectos, contrariamente a lo que exige el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, en virtud del cual debe procederse a una evaluación adecuada de las repercusiones del proyecto sobre el lugar de que se trate. Por consiguiente, el hecho de limitarse a determinar las actividades potencialmente perjudiciales para cada lugar afectado entraña el riesgo de que no se contemplen determinados proyectos que pueden causar daños a ese lugar debido a sus características específicas.
48. Tampoco puede acogerse la alegación del Reino Unido de que, en lo que atañe a Escocia, la Ley de 2003 sobre el medio ambiente y los servicios hidráulicos (Water Environment and Water Services Act 2003) instaurara, en el contexto de la adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327, p. 1), la estructura de un nuevo sistema completo de extracción de agua que establece unos controles que corresponden a los previstos en el artículo 6, apartados 2 y 3, de la Directiva sobre los hábitats.
49. En efecto, según jurisprudencia reiterada, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo señalado en el dictamen motivado y los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias de 30 de enero de 2002, Comisión/Grecia, C‑103/00, Rec. p. I‑1147, apartado 23, y de 30 de mayo de 2002, Comisión/Italia, C‑323/01, Rec. p. I‑4711, apartado 8).
50. Habida cuenta de que lo que antecede, procede declarar que el Reino Unido no ha adaptado correctamente su ordenamiento jurídico interno al artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre los hábitats, en lo que a los planes y proyectos de extracción de agua se refiere.
– Sobre los planes de ocupación de terrenos
51. La Comisión considera que la normativa en vigor en el Reino Unido no establece claramente la obligación de someter los planes de ocupación de terrenos a una evaluación adecuada de sus repercusiones en las ZEC, de conformidad con el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre los hábitats.
52. Según la Comisión, aunque los planes de ocupación de terrenos, en sí, no autoricen los proyectos de desarrollo y aunque éstos deban ser objeto de un permiso otorgado según el procedimiento habitual, influyen considerablemente sobre las decisiones en la materia. Por lo tanto, estima que tales planes deben ser objeto igualmente de una evaluación adecuada en cuanto a sus repercusiones en el lugar de que se trate.
53. El Reino Unido admite que los planes de ocupación de terrenos pueden considerarse planes y proyectos en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, pero niega que puedan tener un efecto apreciable sobre los lugares protegidos en virtud de ésta. Sostiene que dichos planes no permiten, por sí solos, la realización de un programa determinado y que, por consiguiente, únicamente una autorización posterior podría causar daños a tales lugares. Por lo tanto, según dicho Gobierno, basta con someter únicamente esa autorización al procedimiento que rige los planes y proyectos.
54. Al respecto, debe recordarse que el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats supedita la exigencia de una evaluación adecuada de las repercusiones de un plan o proyecto al requisito de que exista una probabilidad o una posibilidad de que dicho plan o proyecto afecte de forma significativa al lugar de que se trate. Teniendo en cuenta especialmente el principio de cautela, tal posibilidad existe desde el momento en que no cabe excluir, sobre la base de datos objetivos, que dicho plan o proyecto afecte al lugar en cuestión de forma apreciable (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, Rec. p. I‑7405, apartados 43 y 44).
55. Pues bien, como señaló acertadamente la Comisión, el artículo 54 A de la Ley de 1990 relativa a la ordenación del territorio (Town and Country Planning Act 1990), que dispone que deben examinarse las solicitudes de licencias de obras a la luz de los planes de ocupación de los terrenos pertinentes, implica necesariamente que tales planes pueden influir considerablemente en las decisiones adoptadas en la materia y, por consiguiente, afectar a los lugares de que se trate.
56. En consecuencia, de lo que precede se desprende que, al no someter los planes de ocupación de terrenos a una evaluación adecuada de sus repercusiones en las ZEC, no se adaptó el ordenamiento jurídico del Reino Unido de manera suficientemente clara y precisa al artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre los hábitats y, por lo tanto, el recurso interpuesto por la Comisión debe considerarse fundado sobre este extremo.
– Sobre el control de las licencias de obras existentes en Gibraltar
57. La Comisión sostiene que, por lo que respecta a Gibraltar, las autoridades competentes no se atienen a las exigencias del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats en la medida en que, según afirma, no están obligadas a controlar si las licencias de obras existentes afectan a lugares protegidos con arreglo a dicha Directiva.
58. Al respecto, debe señalarse que, como recuerda acertadamente la Abogado General en el punto 55 de sus conclusiones, si bien es cierto que tal obligación de control a posteriori
puede basarse en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats, no es menos cierto que el artículo 6, apartado 3, de dicha Directiva no contiene ninguna disposición que obligue a los Estados miembros a realizar tal control.
59. Por el contrario, del propio texto de dicha disposición se desprende que debe seguirse el procedimiento previsto antes de que los Estados miembros autoricen la realización de planes o de proyectos que puedan afectar al lugar de que se trate.
60. De ello se deduce que no puede acogerse esta parte de la imputación relativa a la adaptación incompleta del ordenamiento jurídico interno al artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre los hábitats.
Sobre la imputación relativa a la no adaptación del ordenamiento jurídico interno a los artículos 11 y 14, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats
61. La Comisión reprocha al Reino Unido no haber adaptado su Derecho interno a las obligaciones de vigilancia establecidas en dichas disposiciones. Sostiene que hasta tanto no se hayan impuesto claramente dichas obligaciones a las autoridades competentes, no podrá determinar si realmente se efectúa la vigilancia requerida.
62. En apoyo de esta imputación, la Comisión alude al escrito de 27 de noviembre de 2001, en el que el Reino Unido había señalado, por una parte, que se imponía implícitamente un deber de vigilancia a las autoridades competentes y, por otra, que se harían modificaciones al Reglamento de 1994, al Reglamento de 1995 y a la Ordinance de 1991, con el fin de reforzar la seguridad jurídica gracias a disposiciones más precisas que las de dicha normativa.
63. Según el Reino Unido, los artículos 11 y 14, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats establecen simplemente que los Estados miembros deben encargarse de la vigilancia, sin imponer ninguna exigencia concreta en cuanto a la forma como debe realizarse ni en cuanto a la forma como la legislación nacional debe regular tal vigilancia. Alega, además, que la lista de las actividades de vigilancia desarrolladas con arreglo a su normativa nacional demuestra que en el Reino Unido está garantizada una vigilancia eficaz, de conformidad con los artículos 11 y 14, apartado 2, de dicha Directiva.
64. La Comisión replica que nunca ha afirmado que en el Reino Unido no se efectuara ninguna vigilancia sobre el estado de conservación de las especies y de los hábitats naturales. Sostiene, en cambio, que en dicho Estado miembro no se aplica claramente la obligación de vigilancia ni se atribuye ésta claramente a una autoridad concreta del mismo Estado.
65. A este respecto, debe recordarse, en primer lugar, como ya se ha indicado en el apartado 26 de la presente sentencia, que la obligación de vigilancia es esencial para la eficacia de la Directiva sobre los hábitats y que el ordenamiento jurídico interno debe ser adaptado a ésta de forma detallada, clara y precisa.
66. Pues bien, debe observarse que, al término del plazo señalado en el dictamen motivado, ninguna disposición de Derecho interno obligaba a las autoridades nacionales a vigilar las especies y los hábitats naturales.
67. En segundo lugar, no puede acogerse la alegación del Reino Unido de que la lista de las actividades de vigilancia desarrolladas prueba que se lleva a cabo una vigilancia eficaz. En efecto, como ya declaró el Tribunal de Justicia, la conformidad de una práctica, aun suponiendo que esté acreditada, con los imperativos de protección de una directiva no puede constituir una razón para no adaptar el Derecho interno del Estado miembro afectado a dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de mayo de 1991, Comisión/Alemania, antes citada, apartado 24).
68. Por consiguiente, en la medida en que consta que el Derecho interno del Reino Unido no impone a las autoridades nacionales ninguna obligación legal de vigilar el estado de conservación de las especies y de los hábitats naturales, implica un elemento de inseguridad jurídica. Por lo tanto, no está garantizado que se lleve a cabo una vigilancia sistemática y permanente de dicho estado de conservación.
69. De ello se desprende que el ordenamiento jurídico interno del Reino Unido no se ha adaptado de una manera completa, clara y precisa a los artículos 11 y 14, apartado 2, de la Directiva.
70. En consecuencia, procede considerar que la imputación relativa a la no adaptación de dicho ordenamiento jurídico a los artículos 11 y 14, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats es fundada.
Sobre la imputación relativa a la adaptación incorrecta del ordenamiento jurídico interno al artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva sobre los hábitats
71. La Comisión sostiene que el Reino Unido no ha adaptado correctamente su Derecho interno a la obligación de adoptar las medidas necesarias para establecer un sistema de protección rigurosa de determinadas especies animales, prohibiendo el deterioro o la destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso de éstas. Señala que la normativa nacional utiliza el verbo «perjudicar» («to damage») en lugar del término «deterioration» contenido en el artículo 12, apartado 1, letra d), de la versión inglesa de la Directiva sobre los hábitats.
72. Pues bien, en primer lugar, la Comisión alegaba, en su demanda, que el uso del verbo «to damage» implica que no se contemplan los efectos de un deterioro resultante de la negligencia o de la inactividad de las autoridades competentes. No obstante, en su réplica, la Comisión rectificó esta alegación, reconociendo que dicha disposición no exige que los lugares de reproducción y las zonas de descanso de las especies de que se trata se hallen protegidas contra un deterioro debido a la negligencia o a la inactividad de dichas autoridades. En estas circunstancias ya no procede pronunciarse sobre este extremo.
73. En segundo lugar, la Comisión sostiene que, al limitarse a tipificar como infracción los actos cuyo efecto sea perjudicar o deteriorar los lugares de reproducción o las zonas de descanso de las especies de que se trata, sin prohibir el deterioro de éstas, las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva sobre los hábitats establecen un requisito vinculado con el carácter intencional del acto perjudicial no previsto en el artículo 12, apartado 1, letra d), de ésta.
74. El Reino Unido no niega que el artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva sobre los hábitats exige la prohibición de las actividades que conduzcan al deterioro o a la destrucción de los lugares afectados. En cambio, rebate la interpretación que hace la Comisión de la normativa nacional, según la cual la adaptación del ordenamiento jurídico interno del Reino Unido, con la excepción de Gibraltar, a dicha Directiva se limita a los actos deliberados o intencionales.
75. A este respecto, según reiterada jurisprudencia, en el marco de un procedimiento por incumplimiento entablado con arreglo al artículo 226 CE, corresponde a la Comisión probar la existencia del incumplimiento alegado, sin que ésta pueda basarse en cualquier presunción (véanse, en particular, las sentencias de 25 de mayo de 1982, Comisión/Países-Bajos, 96/81, Rec. p. 1791, apartado 6, y de 29 de abril de 2004, Comisión/Austria, C‑194/01, Rec. p. I‑4579, apartado 34).
76. Por consiguiente, en la medida en que el Reino Unido alega que su Derecho interno en vigor es acorde con el artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva sobre los hábitats, a fin de demostrar que ese Derecho no ha sido completamente adaptado a dicha disposición corresponde a la Comisión aportar al Tribunal de Justicia los elementos necesarios para que éste compruebe la existencia de tal incumplimiento.
77. Pues bien, de los autos no se desprende que la Comisión haya aportado algún elemento que pueda probar que la adaptación del ordenamiento jurídico interno a dicha disposición se limite a los actos deliberados o de carácter intencional. Por el contrario, resulta patente que la infracción penal establecida en el Derecho interno del Reino Unido, que castiga los actos consistentes en perjudicar o en destruir un lugar, es una infracción material que en modo alguno exige que el perjuicio o la destrucción sea deliberada o de carácter intencional.
78. En estas circunstancias, dado que la Comisión no ha probado que el Reino Unido, a excepción de Gibraltar, haya incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva sobre los hábitats, no puede acogerse esta parte de la imputación.
79. Por lo que respecta a Gibraltar, baste señalar que, al prohibir únicamente el deterioro o la destrucción intencional de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso de las especies afectadas, el Reino Unido reconoce que la normativa aplicable a Gibraltar no se ajusta a las exigencias de dicho artículo 12, apartado 1, letra d). Por lo tanto, esta parte de la imputación debe considerarse fundada.
80. En tercer lugar, la Comisión señala que la normativa del Reino Unido, en su versión actual, sólo protege los lugares de reproducción y las zonas de descanso contra las actividades que tengan una repercusión directa sobre éstos, sin tener en cuenta los atentados indirectos, de conformidad con las exigencias del artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva sobre los hábitats.
81. No puede acogerse esta alegación. En efecto, la Comisión no ha presentado ningún elemento probatorio del incumplimiento del Reino Unido sobre el particular.
82. De lo que precede se desprende que debe acogerse en parte la imputación relativa a la adaptación incorrecta del ordenamiento jurídico interno al artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva sobre los hábitats.
Sobre la imputación relativa a la adaptación incompleta del ordenamiento jurídico interno a los artículos 12, apartado 2, y 13, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats
83. La Comisión considera que las medidas nacionales cuyo objeto es la adaptación del ordenamiento jurídico interno a la prohibición de poseer, transportar, vender o cambiar especímenes de especies animales y vegetales no respetan el plazo establecido por dichos artículos.
84. A este respecto, baste señalar que, en la fase descrita y en la vista, el Reino Unido reconoció que las excepciones vigentes en su Derecho interno son más amplias que las previstas en la Directiva sobre los hábitats y que, por consiguiente, no se ha adaptado correctamente el ordenamiento jurídico interno de dicho Estado miembro a las disposiciones de que se trata.
85. En consecuencia, la imputación relativa a la adaptación incompleta del ordenamiento jurídico interno a los artículos 12, apartado 2, y 13, apartado 1, de dicha Directiva debe considerarse fundada.
Sobre la imputación relativa a la adaptación incorrecta del ordenamiento jurídico interno al artículo 12, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats
86. La Comisión considera que las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno adoptadas por el Reino Unido no contienen ninguna disposición que exija el establecimiento de un sistema de control como el previsto en dicho artículo 12, apartado 4, en lo que atañe a las capturas y sacrificios accidentales de determinadas especies animales. A falta de información más precisa, la Comisión no puede determinar si dicho control queda efectivamente garantizado.
87. Al respecto, baste señalar que el Reino Unido, por una parte, reconoció que la normativa nacional no contiene ninguna disposición cuyo objetivo sea establecer tal sistema de control y, por otra, en su escrito de 27 de noviembre de 2001, admitió que dicha normativa debía modificarse para procurar que se estableciera expresamente tal control.
88. En todo caso, no resulta acreditado que tal medida se adoptara dentro del plazo fijado en el dictamen motivado.
89. Por consiguiente, la imputación relativa a la adaptación incorrecta del ordenamiento jurídico interno al artículo 12, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats debe considerarse fundada.
Sobre la imputación relativa a la adaptación incorrecta del ordenamiento jurídico interno al artículo 15 de la Directiva sobre los hábitats
90. La Comisión imputa al Reino Unido no haber cumplido las obligaciones que le impone el artículo 15 de la Directiva sobre los hábitats. En primer lugar, reprocha a dicho Estado miembro haber prohibido únicamente los métodos expresamente enumerados en el anexo VI, letras a) y b), de dicha Directiva, sin establecer una prohibición general de utilizar medios no selectivos. En segundo lugar, la Comisión considera que los artículos 1 y 10 de la Ley sobre las focas se limitan a prohibir la utilización de dos medios de sacrificio de las focas, estableciendo, en forma de autorizaciones concedidas por el Secretary of State, excepciones que parecen trascender a las permitidas por dicha Directiva.
– Sobre la falta de prohibición general de todos los medios no selectivos
91. La Comisión alega que la normativa del Reino Unido no contiene ninguna prohibición general de utilización de todos los medios no selectivos que pueden implicar la desaparición en algunos lugares o perturbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de especies de fauna silvestre afectadas. Afirma que, por lo tanto, esta normativa nacional no permite evitar la aparición de métodos aún desconocidos de captura y de sacrificio no selectivos.
92. El Reino Unido sostiene que los artículos 41 del Reglamento de 1994, 36, apartado 2, del Reglamento de 1995 y 17 V, apartado 2, de la Ordinance de 1991 adaptaron su ordenamiento jurídico interno al artículo 15 de la Directiva. Alega que dichos artículos contienen listas de todos los medios no selectivos de captura y de sacrificio de especies protegidas objeto actualmente de inventario en ese Estado miembro y que tales listas son examinadas constantemente para su actualización en caso necesario.
93. A este respecto, debe recordarse que, en virtud del artículo 15 de la Directiva sobre los hábitats, para la captura o el sacrificio de las especies de fauna silvestre enumeradas en el anexo V, letra a), de dicha Directiva y en el caso de que, con arreglo a su artículo 16, se apliquen excepciones para la recogida, la captura o el sacrificio de las especies enumeradas en el anexo IV, letra a), de la Directiva, los Estados miembros deben prohibir la utilización de todos los medios no selectivos que puedan provocar la desaparición en el plano local de las poblaciones de una especie o perjudicar gravemente su tranquilidad.
94. Del propio texto de dicha disposición se desprende que establece una obligación general cuyo objeto es prohibir la utilización de todos los medios no selectivos de captura o de sacrificio de las especies de fauna silvestres afectadas.
95. Ahora bien, en el caso de autos no se niega que, al término del plazo señalado en el dictamen motivado, el Derecho interno no estableciera tal prohibición general.
96. Por otra parte, debe señalarse, como hizo la Abogado General en el punto 89 de sus conclusiones, que la posibilidad de actualizar una lista de métodos prohibidos es menos efectiva que una prohibición general. En efecto, según puntualiza, los retrasos en la actualización de dichas listas dan lugar inevitablemente a lagunas en la protección que la prohibición general establecida en el artículo 15 de la Directiva sobre los hábitats pretende precisamente evitar. Esta interpretación es fundada, máxime si se considera que el Derecho interno no prevé ninguna obligación legal de revisar las referidas listas.
97. En estas circunstancias, en modo alguno queda garantizado que todos los medios no selectivos que pueden provocar la desaparición en el plano local de las poblaciones de especies protegidas o perjudicar gravemente su tranquilidad estén prohibidos en el Reino Unido.
98. Por consiguiente, debe considerarse que este Estado miembro no ha adaptado correctamente su ordenamiento jurídico interno al artículo 15 de la Directiva sobre los hábitats en lo tocante a la prohibición de todos los medios no selectivos de captura o de sacrificio de las especies de fauna silvestre afectadas.
– Sobre la Ley relativa a las focas
99. Con carácter preliminar, debe precisarse que, en su réplica, la Comisión retiró la imputación relativa a la Ley sobre las focas, basándose en la circunstancia de que, en su contestación, el Reino Unido se comprometió a adoptar una normativa modificadora sobre el particular. No obstante, en su dúplica, este Estado estimó necesario informar a la Comisión de que esperaría que se resolviera el presente procedimiento para efectuar dicha modificación. En estas circunstancias, en el acto de la vista la Comisión deseó mantener dicha imputación, a lo cual no se opuso el Reino Unido.
100. La Comisión alega que, al prohibir únicamente dos métodos de sacrificio de las focas y al permitir la concesión de autorizaciones en condiciones que trascienden a las excepciones previstas en la Directiva sobre los hábitats, la Ley sobre las focas no se atiene al artículo 15 de dicha Directiva.
101. Según el Reino Unido, tal interpretación de la Ley sobre las focas es incorrecta. Sostiene que dicha Ley no hace sino completar el artículo 41 del Reglamento de 1994, que adapta el ordenamiento jurídico interno al artículo 15 de la referida Directiva, y que, por lo tanto, dispensa una protección adicional para las diferentes especies de focas.
102. A este respecto, debe recordarse, en primer lugar, que, como se ha declarado en el apartado 98 de la presente sentencia, el artículo 41 del Reglamento de 1994 no adapta correctamente el ordenamiento jurídico interno al artículo 15 de la Directiva sobre los hábitats. Por lo tanto, no puede acogerse la alegación del Reino Unido de que la Ley sobre las focas completa el artículo 41 del Reglamento de 1994.
103. En segundo lugar, aun cuando la Ley sobre las focas complete el Reglamento de 1994, podría interpretarse esta Ley en el sentido de que sólo están prohibidos los dos métodos expresamente mencionados en ella.
104. En estas circunstancias, la Ley sobre las focas contiene un elemento de inseguridad jurídica en cuanto a los métodos de sacrificio de las focas prohibidos en el Reino Unido y, por lo tanto, no puede garantizar la adaptación del ordenamiento jurídico interno al artículo 15 de la Directiva sobre los hábitats.
105. De lo que precede se desprende que debe acogerse la imputación relativa a la adaptación incorrecta del ordenamiento jurídico interno al artículo 15 de la Directiva.
Sobre la imputación relativa a la adaptación incorrecta del ordenamiento jurídico interno al artículo 16 de la Directiva sobre los hábitats
106. En primer lugar, la Comisión considera que todas las disposiciones nacionales que establecen excepciones a los artículos 12 a 15, letras a) y b), de la Directiva sobre los hábitats, las cuales se enumeran, en particular, en los artículos 40 del Reglamento 1995, 35 del Reglamento de 1995 y 17 U de la Ordinance de 1991, no cumplen los dos requisitos establecidos en el artículo 16 de dicha Directiva. Recuerda que, a tenor de esta última disposición, pueden establecerse excepciones siempre que no exista ninguna otra solución satisfactoria y que ello no suponga perjudicar el mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de las poblaciones de la especie de que se trate en su área de distribución natural.
107. A este respecto, baste señalar que, por una parte, el Reino Unido reconoció que toda excepción establecida en virtud de dicho artículo 16 debe cumplir obligatoriamente los dos requisitos mencionados y que, por otra, aunque dicho Estado miembro admitiera que éstos no se recogen en la normativa nacional, al término del plazo fijado en el dictamen motivado, no se había hecho ninguna modificación cuyo objeto fuera paliar dicho incumplimiento.
108. En consecuencia, procede acoger esta parte de la imputación.
109. En segundo lugar, la Comisión considera que las excepciones específicas enumeradas en los artículos 40, apartado 3, letra c), y 43, apartado 4, del Reglamento de 1994, así como en las disposiciones equivalentes del Reglamento de 1995 y de la Ordinance de 1991, exceden del ámbito de aplicación del artículo 16 de la Directiva sobre los hábitats. Al respecto, alega que las prohibiciones establecidas en relación con la adaptación del ordenamiento jurídico interno a los artículos 12, 13 y 16 de ésta no son aplicables en el caso de que el acto controvertido sea el resultado de una actividad legal.
110. Según el Reino Unido, teniendo en cuenta que adaptó su ordenamiento jurídico interno a las exigencias de los artículos 12 y 13 de la Directiva sobre los hábitats, dado que tipificó como infracción penal el incumplimiento de tales exigencias, es necesario excluir la aplicación de dicha infracción en los supuestos en que las personas actúen sin ánimo de delinquir.
111. Al respecto, procede señalar que el artículo 16 de la Directiva establece con precisión las circunstancias en las que los Estados miembros pueden establecer excepciones a los artículos 12 a 15, letras a) y b), de la Directiva sobre los hábitats, de forma que dicho artículo 16 debe interpretarse en sentido restrictivo.
112. Además, como señaló la Abogado General en el punto 113 de sus conclusiones, los artículos 12, 13 y 16 de la Directiva sobre los hábitats forman un conjunto coherente de normas cuyo objeto es garantizar la protección de las poblaciones de las especies afectadas, de modo que toda excepción que sea incompatible con dicha Directiva infringe tanto las prohibiciones establecidas en sus artículos 12 o 13 como la regla según la cual pueden establecerse excepciones con arreglo al artículo 16 de la misma Directiva.
113. Pues bien, debe declararse que la excepción controvertida en el presente asunto autoriza los actos que llevan al sacrificio de especies protegidas, al deterioro o a la destrucción de sus zonas de reproducción y de descanso, en la medida en que, como tales, dichos actos son legales. Por lo tanto, semejante excepción, basada en la legalidad del acto, es contraria tanto al espíritu y a la finalidad de la Directiva sobre los hábitats como a la letra del artículo 16 de ésta.
114. Teniendo en cuenta lo que precede, debe considerarse que el recurso es fundado sobre este extremo.
Sobre la no aplicación de la Directiva sobre los hábitats más allá de las aguas territoriales del Reino Unido
115. La Comisión reprocha al Reino Unido haber limitado la aplicación de las disposiciones aprobadas para la adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva sobre los hábitats únicamente al territorio nacional y a las aguas territoriales de este Estado miembro. Sostiene que, en sus zonas económicas exclusivas, los Estados miembros deben ate nerse al Derecho comunitario en los ámbitos en los que ejercen sus derechos de soberanía y que, por lo tanto, dicha Directiva se aplica más allá de las aguas territoriales. Concretamente, la Comisión censura al Reino Unido que no cumpliera, en su zona económica exclusiva, su obligación de designar ZEC, con arreglo al artículo 4 de dicha Directiva, ni la de garantizar la protección de las especies establecida en el artículo 12 de ésta.
116. Sin refutar la procedencia de esta imputación, el Reino Unido alega, por una parte, que en 2001 adoptó normas apropiadas en lo que a la industria petrolera se refiere, a saber, el Reglamento de 2001 sobre las actividades de extracción de petróleo en alta mar [Offshore Petroleum Activities (Conservation of Habitats) Regulations 2001], y, por otra, que ha preparado una normativa adecuada que amplía el ámbito de aplicación de las exigencias de la Directiva sobre los hábitats a la zona marítima situada más allá de sus aguas territoriales.
117. Al respecto, como señaló acertadamente la Abogado General en los puntos 131 y 132 de sus conclusiones, no existe desacuerdo entre las partes acerca de que el Reino Unido ejerce derechos de soberanía dentro de su zona económica exclusiva y sobre la plataforma continental ni que en esta medida la Directiva sobre los hábitats puede aplicarse más allá de las aguas territoriales de los Estados miembros. De ello se desprende que ésta debe ejecutarse en dicha zona económica exclusiva.
118. Además, ha quedado acreditado que la normativa a la que se refiere el Reino Unido en su escrito de 27 de noviembre de 2001, que amplía el ámbito de aplicación de las medidas destinadas a adaptar el ordenamiento jurídico interno a las exigencias de la Directiva sobre los hábitats más allá de las aguas territoriales de este Estado miembro, aún no se había adoptado al término del plazo fijado en el dictamen motivado.
119. En consecuencia, la única normativa nacional vigente al término de dicho plazo es el Reglamento de 2001 sobre las actividades de extracción del petróleo en alta mar. Pues bien, debe señalarse que éste afecta únicamente a la industria petrolera y que, por lo tanto, por sí solo no garantiza la adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva sobre los hábitats más allá de las aguas territoriales del Reino Unido.
120. En estas circunstancias, debe considerarse que sobre este punto el recurso de la Comisión es fundado.
121. Teniendo en cuenta todas las consideraciones que preceden, debe declararse que el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva sobre los hábitats, al no haber adoptado, dentro del plazo establecido, todas las medidas necesarias para dar cumplimiento de forma completa y correcta a las exigencias de la Directiva sobre los hábitats y, en particular, del:
– artículo 6, apartado 2, por lo que respecta a Gibraltar,
– artículo 6, apartados 3 y 4 en lo que atañe a los planes y proyectos de extracción de agua y a los planes de ocupación de terrenos,
– artículo 11,
– artículo 12, apartado 1, letra d), por lo que respecta a Gibraltar,
– artículo 12, apartado 2,
– artículo 12, apartado 4,
– artículo 13, apartado 1,
– artículo 14, apartado 2,
– artículo 15,
– artículo 16,
– y de la totalidad de la Directiva sobre los hábitats más allá de sus aguas territoriales.
Costas
122. A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión que se condene en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y al haber sido desestimados en lo fundamental los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
1) Declarar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al no haber adoptado, dentro del plazo establecido, todas las medidas necesarias para dar cumplimiento de forma completa y correcta a las exigencias de dicha Directiva y, en particular, del:
– artículo 6, apartado 2, por lo que respecta a Gibraltar,
– artículo 6, apartados 3 y 4 en lo que atañe a los planes y proyectos de extracción de agua y a los planes de ocupación de terrenos,
– artículo 11,
– artículo 12, apartado 1, letra d), por lo que respecta a Gibraltar,
– artículo 12, apartado 2,
– artículo 12, apartado 4,
– artículo 13, apartado 1,
– artículo 14, apartado 2,
– artículo 15,
– artículo 16,
– y de la totalidad de la Directiva sobre los hábitats más allá de sus aguas territoriales.
2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
3) Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.