61994TO0395(01)_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto T-395/94 R II,
Atlantic Container Line AB, sociedad sueca, con domicilio en Goeteborg (Suecia);
Cho Yang Shipping Company Ltd, sociedad coreana, con domicilio en Seúl;
DSR-Senator Lines GmbH, sociedad alemana, con domicilio en Bremen (Alemania);
Hapag Lloyd AG, sociedad alemana, con domicilio en Hamburgo (Alemania);
MSC Mediterranean Shipping Company SA, sociedad suiza, con domicilio en Ginebra (Suiza);
A.P. Moeller-Maersk Line, sociedad danesa, con domicilio en Copenhague;
Nedlloyd Lijnen BV, sociedad neerlandesa, con domicilio en Rotterdam (Países Bajos);
Neptune Orient Lines Ltd (NOL), sociedad de Singapur, con domicilio en Singapur;
Nippon Yusen Kaisha, (NYK Line), sociedad japonesa, con domicilio en Tokio;
Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, sociedad inglesa, con domicilio en Levington (Reino Unido);
P & O Containers Ltd, sociedad inglesa, con domicilio en Londres;
Polish Ocean Lines, sociedad polaca, con domicilio en Gdynia (Polonia);
Sea-Land Service Inc., sociedad del Estado de Delaware, con domicilio en Jersey City, New Jersey (Estados Unidos de América);
Tecomar SA de CV, sociedad mejicana, con domicilio en México;
Transportación Marítima Mexicana SA, sociedad mejicana, con domicilio en Méjico;
representadas por los Sres. John Pheasant, Nicholas Bromfield y Suyong Kim, Solicitors, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Loesch y Wolter, 11, rue Goethe,
partes demandantes,
apoyadas por
Japanese Shipowners' Association, asociación japonesa, con domicilio en Tokio, representada por los Sres. Nicholas J. Forwood, QC, Abogado de Inglaterra y del País de Gales, y Philip Ruttley, Solicitor, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Arendt y Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
y
European Community Shipowners' Associations ASBL, asociación belga, con domicilio en Bruselas, representada por Me Denis Waelbroeck, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
partes coadyuvantes,
contra
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Bernd Langeheine y Richard Lyal, miembros de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro de su Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,
parte demandada,
apoyadas por
Freight Transport Association Ltd, asociación inglesa, con domicilio en Turnbridge Wells (Reino Unido);
Association des utilisateurs de transport de fret, asociación francesa, con domicilio en París,
y
European Council of Transport Users ASBL, asociación belga, con domicilio en Bruselas,
representadas por el Sr. Mark Clough, Barrister en Inglaterra y País de Gales, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
partes coadyuvantes,
que tiene por objeto una demanda dirigida a impedir la entrada en vigor de una Decisión pendiente de la Comisión °destinada a retirar a las demandantes el beneficio de la exención de multas respecto de las prácticas que fueron prohibidas, conforme al artículo 85 del Tratado CE, mediante una Decisión de dicha Institución cuya ejecución ha sido suspendida con arreglo al artículo 185 del Tratado CE, y que se siguen realizando en el marco de un nuevo acuerdo notificado a la Comisión° hasta que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie definitivamente sobre un recurso que tiene por objeto la anulación de dicha Decisión,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
dicta el siguiente
Auto
Motivación de la sentencia
Hechos y procedimiento
1 Mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de diciembre de 1994, quince compañías de transporte marítimo de línea, partes en un acuerdo denominado Trans Atlantic Agreement (en lo sucesivo, "TAA") interpusieron, conforme al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en lo sucesivo, "Tratado CE"), un recurso que tiene por objeto la anulación de la Decisión 94/980/CE de la Comisión, de 19 de octubre de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/34.446 ° Trans Atlantic Agreement; DO L 376, p. 1; en lo sucesivo, "Decisión impugnada").
2 Mediante escrito separado registrado el mismo día en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, las demandantes formularon igualmente, al amparo de los artículos 185 y 186 del Tratado CE, una demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada.
3 Mediante escritos registrados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de enero de 1995, Freight Transport Association Ltd (en lo sucesivo, "FTA") y la Association des utilisateurs de transport de fret (en lo sucesivo, "AUTF") solicitaron que se admitiera su intervención en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Mediante escritos registrados el 20 de enero de 1995, Japanese Shipowners' Association (en lo sucesivo, "JSA") y European Community Shipowners' Associations ASBL (en lo sucesivo, "ECSA") solicitaron que se admitiera su intervención en apoyo de las pretensiones de las demandantes. Finalmente, mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de enero de 1995, European Council of Transport Users ASBL (en lo sucesivo, "ECTU") solicitó igualmente que se admitiera su intervención en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
4 Mediante auto de 10 de marzo de 1995, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia estimó las demandas de intervención antes mencionadas en el procedimiento de medidas provisionales y decidió suspender la ejecución de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión impugnada, hasta que se dicte la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ponga fin al procedimiento en el asunto principal, en la medida en que dichos artículos prohíben a las demandantes ejercer conjuntamente la facultad de fijar las tarifas aplicables a los segmentos terrestres, en el territorio de la Comunidad, en el marco de los servicios de transporte combinado (Atlantic Container y otros/Comisión, T-395/94 R, Rec. p. II-595). Este auto que estimaba la demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada, en lo relativo a la fijación de las tarifas aplicables a los segmentos terrestres en el territorio de la Comunidad, fue objeto de un recurso de casación y fue confirmado por un auto del Presidente del Tribunal de Justicia dictado el 19 de julio de 1995, Comisión/Atlantic Container Line y otros [C-149/95 P (R), Rec. p. I-2165].
5 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de octubre de 1995, las quince compañías demandantes en el asunto T-395/94, antes citado, presentaron una segunda demanda de medidas provisionales, al amparo del artículo 186 del Tratado CE, en este mismo asunto, con vistas a obtener que el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ordene que "la Comisión no [pueda], en su caso, hacer efectiva una Decisión dirigida a retirar a las demandantes el beneficio de la exención de multas, en lo relativo al ejercicio de la facultad de fijar las tarifas de los servicios de transporte combinado en Europa, hasta después de que el Tribunal de Primera Instancia [...] se pronuncie definitivamente sobre un recurso que tiene por objeto la anulación de esta Decisión, basado en los artículos 173 y 174 del Tratado CE, que las demandantes interpondrán con carácter urgente" (punto 1.26 de la demanda de medidas provisionales). Además, las demandantes solicitaban que se condenase en costas a la Comisión.
6 La Comisión presentó sus observaciones mediante escrito recibido en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de octubre de 1995. JSA y ECSA, que intervienen en apoyo de las pretensiones de las partes demandantes, así como FTA, AUTF y ECTU, que intervienen en apoyo de las pretensiones de la Comisión, presentaron igualmente sus observaciones mediante escrito recibido en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el mismo día.
7 Se oyeron las explicaciones orales de las partes el 18 de octubre de 1995, durante la vista en el marco del procedimiento de medidas provisionales.
8 Antes de examinar esta segunda demanda de medidas provisionales, procede recordar los hechos esenciales que dieron lugar al litigio, tal y como se exponen en los autos mencionados con anterioridad y se desprenden de las observaciones de las partes.
9 El TAA, que entró en vigor el 31 de agosto de 1992, era un acuerdo según el cual las demandantes realizaban en común los transportes marítimos de línea en contenedores a través del Atlántico, entre Europa del Norte y los Estados Unidos de América, en sentido este-oeste y oeste-este. Dicho acuerdo se aplicaba a varios aspectos del transporte marítimo.
10 El TAA fijaba, en particular, las tarifas aplicables al transporte marítimo y al transporte combinado, que comprende no sólo el transporte marítimo, sino también el traslado terrestre, hacia o desde las costas, de las mercancías procedentes de o con destino a un punto del interior. Las tarifas aplicables al transporte combinado, relativas a un sólo contrato de transporte para cada operación, cubren pues el segmento marítimo y el segmento terrestre.
11 La Comisión adoptó la Decisión impugnada el 19 de octubre de 1994. El artículo 1 de dicha Decisión declara que las disposiciones del TAA relativas a los acuerdos sobre precios y capacidad constituyen infracciones al apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. En su artículo 2, la Decisión impugnada deniega la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE y del artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 1017/68 del Consejo, de 19 de julio de 1968, por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (DO L 175, p. 1; EE 08/01, p. 106) a las disposiciones del TAA a las que se refiere el artículo 1. El artículo 3 ordena a los destinatarios de la Decisión impugnada poner fin a las infracciones consignadas en el artículo 1 y el artículo 4 los conmina a abstenerse en el futuro de celebrar acuerdos o prácticas concertadas que tengan objetos o efectos similares o idénticos a los acuerdos y prácticas objeto del artículo 1.
12 Entretanto, después de unas negociaciones con la Comisión durante el procedimiento administrativo previo que culminó en la adopción de la Decisión impugnada, las demandantes notificaron a dicha Institución, el 5 de julio de 1994, una versión modificada del TAA, el Trans Atlantic Conference Agreement (en lo sucesivo, "TACA"). Después de la introducción de varias modificaciones, el TACA entró en vigor el 24 de octubre de 1994, en sustitución del TAA. En esta fecha, la Comisión no había finalizado el análisis de este nuevo acuerdo.
13 En la actualidad, el TACA es objeto de un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE.
14 El 21 de junio de 1995, la Comisión dirigió a las partes en el TACA un pliego de cargos que se refería únicamente a su acuerdo relativo a la fijación conjunta de las tarifas aplicables a los segmentos terrestres, en el territorio de la Comunidad Europea, en el marco de los servicios de transporte combinado, con objeto de exponerles los motivos por los cuales consideraba, después de un examen provisional, que se cumplían los requisitos para suprimir la exención de multas resultado de la notificación del TACA, por lo que respecta, precisamente, a dichas prácticas ("Statement of objections concerning Case nº IV/35.134 ° Trans-Atlantic Conference Agreement", Anexo 1 a la demanda de medidas provisionales, puntos 46 y 47; en lo sucesivo, "pliego de cargos"). Dicha Institución señalaba, en el pliego de cargos, que estaba dispuesta a adoptar una Decisión por la que se suprimía la exención de multas °que, según subrayaba, derivaba de la notificación de este nuevo acuerdo, siempre que se pudieran aplicar por analogía las disposiciones del artículo 15 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), que establece, en su apartado 5, esta inmunidad para las actuaciones posteriores a la notificación a la Comisión y anteriores a la decisión mediante la cual se acuerde o deniegue la exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE e instaura, en su apartado 6, un procedimiento de inaplicación de esta inmunidad° porque, tras un examen provisional, consideraba que el acuerdo relativo a los precios aplicables a los segmentos terrestres, en el territorio de la Comunidad, en el marco de los servicios de transporte combinado, infringía las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE, del artículo 2 del Reglamento nº 1017/68, de 19 de julio de 1968, antes citado, y del apartado 1 del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y que no reunía los requisitos para la exención enumerados en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE, en el artículo 5 del Reglamento nº 1017/68 y en el apartado 3 del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Fundamentos de Derecho
15 Conforme a las disposiciones de los artículos 185 y 186 del Tratado CE en relación con las del artículo 4 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1), en su versión modificada por la Decisión 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consejo, de 8 de junio de 1993 (DO L 144, p. 21) y la Decisión 94/149/CECA, CE del Consejo, de 7 de marzo de 1994 (DO L 66, p. 29), el Tribunal de Primera Instancia puede, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado o las medidas provisionales necesarias.
Sobre la admisibilidad de la presente demanda de medidas provisionales
Alegaciones de las partes
16 La Comisión, apoyada por las partes coadyuvantes FTA, AUTF y ECTU, opone una excepción de inadmisibilidad a la presente demanda de medidas provisionales. Invoca dos motivos, que suscriben las mencionadas partes coadyuvantes. El primer motivo se basa en que la demanda de medidas provisionales de las demandantes no hace referencia al procedimiento principal, que solicita la anulación de la Decisión impugnada, en el asunto T-395/94. El segundo se basa en el carácter prematuro de dicha demanda de medidas provisionales.
17 En el marco de su primer motivo de inadmisibilidad, la Comisión niega que la presente demanda de medidas provisionales esté relacionada con la Decisión impugnada por las demandantes en el marco del asunto T-395/94. Aduce que los argumentos expuestos por las demandantes para demostrar el fumus boni iuris no tienen ninguna relación con los que invocan en dicho asunto, sino que se refieren únicamente a una Decisión "esperada" de la Comisión.
18 A este respecto, la Comisión rechaza el argumento de las demandantes según el cual la Decisión esperada, cuyo objeto es suprimir la exención de multas, es incompatible con el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1995, por el que se suspende la ejecución de los artículos 1 a 4 de la Decisión impugnada en la medida en que prohíben a las demandantes ejercer conjuntamente la facultad de fijar las tarifas aplicables a los segmentos terrestres, en el territorio de la Comunidad, en el marco de los servicios de transporte combinado.
19 La Comisión alega que esta suspensión comprende únicamente la prohibición de las mencionadas prácticas y no tiene ninguna incidencia sobre su regularidad, como se deduce del auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 1974, Frubo/Comisión (71/74 R y RR, Rec. p. 1031), apartado 5. Admitir lo contrario equivaldría a prejuzgar la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el litigio principal.
20 Una Decisión que tenga por objeto suprimir la exención de multas tampoco tiene carácter conminatorio. En particular, la mera posibilidad de que se imponga una multa posteriormente, para el período de que se trata, no se opone a que prosigan las prácticas controvertidas (véase el auto de Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 1991, Vichy/Comisión, T-19/91 R, Rec. p. II-265, apartado 20). En estas circunstancias, la Decisión esperada no estaría en contradicción con la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada, en la medida en que prohíbe estas prácticas.
21 A mayor abundamiento, las partes coadyuvantes FTA, AUTF y ECTU alegaron en sus observaciones escritas y confirmaron, durante la vista, que, en cualquier circunstancia, aún suponiendo que el Tribunal de Primera Instancia acordara que la Decisión de suprimir la exención de multas prevista es incompatible con el auto del Presidente del Tribunal, de 10 de marzo de 1995 °a lo que se oponen°, correspondería entonces al Juez de medidas provisionales revocar o, por lo menos, modificar dicho auto conforme al artículo 108 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, de modo que se tenga en cuenta el cambio de circunstancias originado por el hecho de que las propias demandantes han modificado aspectos fundamentales del TACA después de que se hubiera dictado el auto.
22 Después de haber deducido de lo que antecede que la demanda de medidas provisionales examinada no presenta ningún vínculo con el recurso de anulación interpuesto por las demandantes ante el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-395/94, la Comisión sostiene, en el marco del segundo motivo de inadmisibilidad, que dicha demanda de medidas provisionales es, además, prematura y no tiene carácter necesario.
23 En apoyo de esta tesis, la Comisión señala que no ha adoptado ninguna medida que pueda afectar a la situación jurídica de las demandantes. Alega que el único acto adoptado en el marco del procedimiento relativo al TACA, que se está tramitando en la actualidad, es el pliego de cargos, que no puede ser objeto de recurso de anulación, ni de medidas provisionales, como decidió el Presidente del Tribunal de Justicia en su auto de 7 de julio de 1981, IBM/Comisión (asuntos acumulados 60/81 R y 190/81 R, Rec. p. 1857), apartados 9 y 10; véase, igualmente, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 1992, Cimenteries CBR y otros/Comisión (asuntos acumulados T-10/92, T-11/92, T-12/92 y T-15/92, Rec. p. II-2667), apartado 42.
24 En estas circunstancias, la Comisión se opone a la alegación de las demandantes según la cual el Tribunal de Primera Instancia está facultado para conceder una medida provisional como la que se solicita, dado que se espera un acto jurídico impugnable con arreglo al artículo 173 del Tratado CE (punto 4.4 de la demanda de medidas provisionales). Alega que los asuntos invocados por las demandantes se referían ambos a medidas que habrían creado inmediatamente derechos respecto a terceros y de este modo habrían producido efectos que no hubiera sido posible remediar mediante una demanda posterior de medidas provisionales, presentada al día siguiente.
25 Por lo tanto, en el caso de autos, la única vía apropiada para obtener la medida provisional solicitada consiste en esperar a que la Comisión adopte una Decisión de suprimir la exención de multas y luego interponer recurso contra ésta, presentando, el mismo día, una demanda de suspensión de la ejecución de dicha Decisión, conforme al artículo 185 del Tratado CE.
26 Por su parte, las demandantes, apoyadas por las partes coadyuvantes, que coinciden con sus alegaciones, consideran que se cumplen los requisitos de admisibilidad enumerados en el apartado 1 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Aducen que su demanda de medidas provisionales hace referencia al recurso de anulación de la Decisión impugnada, relativa al TAA, en el marco del asunto T-395/94. El objeto de esta demanda es permitirles continuar fijando conjuntamente las tarifas aplicables a los segmentos terrestres, en el territorio de la Comunidad, en el marco de los servicios de transporte combinado y mantener de este modo la protección que ya les ha concedido el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1995, antes citado, que acordó la suspensión de la ejecución de los artículos 1 a 4 de la Decisión impugnada, en la medida en que prohibían dichas prácticas establecidas por el TAA, y que prosiguen en el marco del TACA. Durante la audiencia, las demandantes confirmaron, al contestar a una pregunta, que la presente demanda de medidas provisionales tiene precisamente por objeto privar de efecto a la Decisión esperada por la que se suprimiría la exención de multas, en el marco del procedimiento relativo al TACA, mientras el Tribunal de Primera Instancia no se haya pronunciado acerca del recurso de anulación de dicha Decisión, de modo que la citada suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada siga siendo efectiva. A este respecto, las demandantes recuerdan que, en su auto de 19 de julio de 1995, antes citado (apartado 33), el Presidente del Tribunal de Justicia declaró que el artículo 4 de la Decisión impugnada relativa al TAA, que prohíbe en el futuro, en particular, cualquier acuerdo sobre precios relativo a los segmentos terrestres, en el territorio de la Comunidad, de los transportes combinados, comprende indiscutiblemente el TACA, que era una versión modificada del TAA.
27 En apoyo de la admisibilidad de su demanda, las demandantes recuerdan que el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 15 de marzo de 1967, Cimenteries CBR y otros/Comisión (asuntos acumulados 8/66 a 11/66, Rec. pp. 92 y ss., especialmente pp. 118 y 135), subrayó, conforme a las conclusiones del Abogado General Sr. Roemer, la importancia del derecho a someter lo más pronto posible al control jurisdiccional una Decisión por la que se suprime la exención de multas, a fin de evitar que dicha Decisión obligue a las partes en un acuerdo a renunciar al mismo, sin importar el eventual fundamento de sus derechos, debido al "riesgo de una grave amenaza de multa" que pende sobre ellas.
28 Además, las demandantes alegan que, si se espera un acto jurídico que puede ser objeto de un recurso de anulación con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE, el Tribunal está facultado para ordenar, con carácter de medida provisional, que dicho acto futuro no produzca efectos antes de que su legalidad haya sido objeto de un control jurisdiccional apropiado. Invocan los autos de 16 de marzo de 1974, Miles Druce/Comisión (asuntos acumulados 160/73 R II, 161/73 R II y 170/73 R II, Rec. p. 281), y de 15 de agosto de 1983, CMC y otros/Comisión (118/83 R, Rec. p. 2583), en los cuales el Presidente del Tribunal de Justicia decidió que el Tribunal de Justicia podía, con carácter provisional, dirigir las órdenes oportunas a la Comisión para prevenir la adopción de un acto o retrasar los efectos de una Decisión de dicha Institución, con la finalidad de permitir a las personas afectadas solicitar una resolución judicial efectiva, de modo que no se cause ningún daño irreparable.
29 En el caso de autos, se deduce del pliego de cargos dirigido a las demandantes en el marco del procedimiento administrativo relativo al TACA, así como de varias declaraciones públicas del miembro de la Comisión responsable de los asuntos de competencia, que la Comisión desea adoptar y hacer efectiva una Decisión por la que se suprime la exención de multas, sin esperar a que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el recurso principal interpuesto contra la Decisión impugnada, relativa al TAA. Es evidente que la Decisión prevista, combinada con el "anuncio de la imposición segura de fuertes multas", es contradictoria con la suspensión de la ejecución de los artículos 1 a 4 de la Decisión impugnada, en la medida en que pretende obligar a las demandantes a renunciar inmediatamente al ejercicio de la facultad de fijar las tarifas de los segmentos terrestres, en el territorio de la Comunidad, en el marco de los servicios de transporte combinado. Ahora bien, una renuncia así ocasionaría un perjuicio grave e irreparable, como reconoció el Presidente del Tribunal de Primera Instancia cuando decidió, en su auto de 10 de marzo de 1995, antes citado, suspender la ejecución de los mencionados artículos de la Decisión impugnada.
30 A este respecto, las demandantes y las partes que intervienen en apoyo de sus pretensiones señalaron, al contestar a las preguntas formuladas durante la audiencia, que la presión derivada del anuncio, por parte de la Comisión, de su intención de suprimir la exención de multas, estaba más particularmente vinculada a la incertidumbre jurídica que rodea, a la vista del auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia, Vichy/Comisión, antes citado, a la cuestión de si, llegado el momento, la Decisión de suprimir la exención de multas podría ser objeto de una medida de suspensión de la ejecución con arreglo al artículo 185 del Tratado. Esta es la razón por la que las demandantes han optado por solicitar sin tardanza las medidas provisionales al amparo del artículo 186 del Tratado CE.
31 En estas circunstancias, las demandantes se encuentran en una situación inédita y excepcional, dado que la Comisión no ha suprimido nunca la exención de multas, respecto de una práctica, para el período durante el cual está pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia el recurso que tiene por objeto anular la Decisión que prohíbe dicha práctica. A fortiori, la Comisión no puede suprimir la exención de multas cuando esta Decisión ha sido objeto de una suspensión de la ejecución con arreglo al artículo 185 del Tratado CE.
32 A este respecto, la parte coadyuvante ECSA subraya que, cuando el Tribunal de Primera Instancia decide suspender la ejecución de una Decisión de la Comisión por la que se ordena a una empresa que ponga fin a determinadas prácticas, respecto de las cuales considera que la demandante aduce, a primera vista, alegaciones que permiten considerar que no son contrarias a la competencia, la demandante disfruta automáticamente de la exención de multas en relación con estas prácticas, hasta que se dicte la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el litigio principal.
33 En el caso de autos, no sería pues necesario que las demandantes esperen a que la Comisión adopte la Decisión por la que se suprime la exención de multas y la impugnen en el marco de un procedimiento separado. ECSA recuerda que, al pronunciarse acerca de una demanda de suspensión de la ejecución de una convocatoria para proveer plaza vacante relativa al puesto que ocupaba con anterioridad, presentada por un funcionario que había impugnado la decisión de la Comisión que le transfería de Ispra a Bruselas, el Presidente del Tribunal de Justicia desestimó la excepción de inadmisibilidad aducida por dicha Institución debido a que "supondría exigir un formalismo excesivo, en un procedimiento sobre medidas provisionales, obligar a las partes a multiplicar las actuaciones y escritos procesales cuando en el presente asunto se deduce de los autos que los objetos del recurso principal y de la demanda de medidas provisionales están vinculados por un nexo causal, de modo que el segundo de estos objetos se presenta como una consecuencia inevitable del primero" (auto de 8 de abril de 1965, Gutmann/Comisión, 18/65 R, Rec. 1966, pp. 195 y ss., especialmente p. 197).
34 La parte coadyuvante JSA añade que, en la medida en que conculca el citado auto de 10 de marzo de 1995, la intención declarada de la Comisión de suprimir la exención de multas está en contradicción no sólo con el artículo 176 del Tratado CE, que le impone la obligación de abstenerse de adoptar cualquier medida incompatible con este auto, sino igualmente con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, así como con el principio non bis in idem, consagrado en particular en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. En efecto, estos principios se oponen al inicio de un nuevo procedimiento relativo a las mismas prácticas que ya se pusieron en tela de juicio en el marco del TAA y cuya prohibición fue objeto de una decisión de suspensión de la ejecución en el auto antes mencionado.
35 Además, JSA sostiene que no existe, concretamente, ninguna diferencia entre las prácticas protegidas por el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1995, antes citado, y las que se discuten en el marco del asunto T-86/95 R, Compagnie générale maritime y otros/Comisión, pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia, en la que la Comisión aceptó una suspensión voluntaria del procedimiento. Por tanto, la intención de la Comisión de suprimir la exención de multas en lo referente al TACA reviste un carácter incoherente, arbitrario y discriminatorio, a la vista de su actitud en el asunto T-86/95 R.
Apreciación del Juez de medidas provisionales
36 En las circunstancias del presente asunto y habida cuenta de las alegaciones de las partes, procede examinar la admisibilidad de la presente demanda de medidas provisionales.
37 A estos efectos, es necesario recordar con carácter preliminar que, conforme a las disposiciones de los artículos 185 y 186 del Tratado CE que facultan al Juez comunitario para ordenar medidas provisionales en los asuntos de que esté conociendo, el apartado 1 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia condiciona la admisibilidad de las demandas de medidas provisionales a los siguientes requisitos. Dispone que una demanda de suspensión de la ejecución de un acto de una Institución, con arreglo al artículo 185 del Tratado CE, sólo será admisible si el demandante hubiera impugnado dicho acto mediante recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. Además, las demandas relativas a las demás medidas provisionales previstas en el artículo 186 del Tratado CE sólo serán admisibles si se formulan por una de las partes de un asunto sometido al Tribunal de Primera Instancia y guardan relación con dicho asunto (véase, por ejemplo, el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 2 de diciembre de 1994, Union Carbide Corporation/Comisión, T-322/94 R, Rec. p. II-1159, apartado 28).
38 En el caso de autos, las demandantes solicitan una medida provisional cuyo objeto es impedir la aplicación de una Decisión °por la que se suprime la exención de multas derivada de la notificación del TACA, en lo referente a su acuerdo relativo a la fijación conjunta de las tarifas aplicables a los segmentos terrestres, en el territorio de la Comunidad, en el marco de los servicios de transporte combinado° que la Comisión tiene la intención de adoptar, como ha declarado a las demandantes y confirmado durante la audiencia al contestar a una pregunta, si éstas últimas no modifican el TACA en este punto y no le notifican su nuevo acuerdo, después de haberlo adaptado a los requisitos de exención enumerados en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE.
39 A este respecto, resulta obligado señalar que la comunicación, por parte de la Comisión, de su intención de adoptar, en su caso, una Decisión por la que se suprime la exención de multas, no tiene carácter vinculante para las demandantes. Por tanto, hasta el momento en que se adopte una Decisión por la que se suprima la exención y produzca efectos jurídicos, las demandantes no están facultadas para hacer uso del derecho que les otorga el artículo 185 del Tratado CE de solicitar al Tribunal de Primera Instancia la suspensión de la ejecución de dicha Decisión (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de junio de 1980, National Panasonic/Comisión, 136/79, Rec. p. 2033, apartado 22, relativa a una Decisión de la Comisión por la que ordenaban verificaciones conforme al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 17). En principio, y salvo circunstancias excepcionales, sucede lo mismo con su derecho a solicitar la adopción de otras medidas provisionales con arreglo al artículo 186 del Tratado, cuando la demanda por la que se solicitan dichas medidas provisionales tiene por objeto, fundamentalmente, el mismo resultado, esto es, la suspensión de una Decisión futura, como es el caso de la presente demanda de medidas provisionales. En efecto, una medida por la que se suprime la exención de multas, dirigida a una empresa que ha notificado un acuerdo, constituye una Decisión que puede ser objeto de un recurso de anulación con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE (sentencias del Tribunal de Justicia Cimenteries CBR y otros/Comisión, antes citada, pp. 116 y ss., y del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 1992, Vichy/Comisión, T-19/91, Rec. p. II-415, apartados 15 y 16). Por lo tanto, los intereses legítimos de las empresas de que se trata están protegidos por la posibilidad de interponer, llegado el momento, un recurso contra una Decisión de esta naturaleza y presentar, paralelamente, ante el Juez de medidas provisionales una demanda de suspensión de la ejecución de esta misma Decisión.
40 De ello se deduce que, habida cuenta de los requisitos de admisibilidad a que están sujetas las demandas de medidas provisionales, definidos por los artículos 185 y 186 del Tratado CE y el apartado 1 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento, antes citados, las demandantes no están facultadas, al menos en principio, para solicitar, anticipadamente, la suspensión de una Decisión futura de supresión de la exención de multas antes de que ésta haya sido adoptada y que los interesados hayan interpuesto un recurso dirigido a su anulación, conforme al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE.
41 Por lo tanto, procede comprobar si, en las circunstancias específicas del caso de autos, los elementos invocados por las demandantes en apoyo de la admisibilidad de su demanda de medidas provisionales permiten, no obstante, declarar la admisibilidad de esta demanda, incluso antes de que se adopte la Decisión de suprimir la exención de multas, supuestamente esperada. En el marco de este análisis, corresponde al Juez de medidas provisionales examinar sucesivamente las alegaciones expuestas por las demandantes con vistas, por una parte, a demostrar que la presente demanda está relacionada, realmente, con el recurso que ya han interpuesto contra la Decisión impugnada, relativa al TAA, y, por otra, a justificar la presentación de dicha demanda, con carácter preventivo, incluso antes de la aparición de la Decisión esperada, debido al riesgo de que se les ocasione un perjuicio grave e irreparable si se dilata la adopción de las medidas provisionales solicitadas.
42 En primer lugar, es necesario verificar si la presente demanda de medidas provisionales se refiere al recurso de anulación interpuesto por las demandantes contra la Decisión impugnada, relativa al TAA, en el marco del asunto T-395/94, como estas sostienen. A este respecto, procede señalar en primer lugar que, según los escritos obrantes en autos, corroborados por las observaciones concordantes de las partes, la Decisión esperada, que tendría por objeto, si llegase a ser adoptada, suprimir la exención de multas otorgada a las demandantes por la notificación del TACA, se referirá a una práctica °la fijación conjunta de las tarifas aplicables a los segmentos terrestres, en el territorio de la Comunidad, en el marco de los transportes combinados° cuya prohibición en el marco del TAA ha sido objeto de una decisión de suspensión de la ejecución con arreglo al artículo 185 del Tratado CE, mediante el citado auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1995. En particular, la Comisión ha admitido, tanto en sus observaciones escritas como durante la audiencia, que el TACA comprende determinadas cláusulas relativas a las mencionadas prácticas cuya ilegalidad ya ha sido probada, en el marco del TAA, por la Decisión impugnada. Durante la audiencia, las demandantes confirmaron, al contestar a una pregunta que les había sido formulada, que no se había modificado este punto concreto del TAA y que el TACA retomaba, sustancialmente, el mecanismo y las modalidades de fijación de los precios para estos segmentos terrestres, prohibidos en el contexto del TAA por los citados artículos 1 a 4 de la Decisión impugnada.
43 No obstante, aun cuando la Decisión esperada, por la que se suprime la exención de multas, se refiriera, en caso de que se adopte, a una práctica prohibida por la Decisión impugnada, no es menos cierto que la Decisión esperada trataría únicamente de esta práctica en la forma en que se aplica en el marco del TACA y, de este modo, estaría comprendida en un procedimiento totalmente distinto del que ha conducido a la adopción de la Decisión impugnada, relativa al TAA. En efecto, tendría por objeto suprimir la exención de multas resultante de la notificación del TACA, que en la actualidad es objeto de un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE, totalmente independiente del procedimiento anterior relativo al TAA.
44 Además y en cualquier circunstancia, es importante subrayar que, como ya se ha recordado (véase el apartado 39 supra), incluso si pudiera considerarse que la Decisión esperada, cuya suspensión solicitan las demandantes con carácter preventivo, está relacionada igualmente con el TAA, constituye no obstante una decisión separable del procedimiento de declaración de la existencia de una infracción, que concluyó con la adopción de la Decisión impugnada. En efecto, conforme a una jurisprudencia consolidada, una Decisión por la que se suprime la exención de multas se adopta al término de un procedimiento específico y puede ser objeto de un recurso de anulación con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE, con independencia de la Decisión final que cierra el procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE.
45 De ello se deduce que no puede considerarse que la demanda dirigida a la suspensión, con carácter preventivo, de la Decisión esperada se refiere al recurso de anulación de la Decisión impugnada. A este respecto, la circunstancia de que esta última Decisión haya sido objeto de una suspensión de la ejecución, en la medida en que prohíbe que prosiga el acuerdo relativo a la fijación conjunta de las tarifas aplicables a los segmentos terrestres, no modifica en nada este análisis.
46 Desde este punto de vista, la alegación de las demandantes, según la cual una posible Decisión de suprimir la exención de multas sería contradictoria con la decisión de suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada, no es pertinente para apreciar la admisibilidad de la presente demanda de medidas provisionales. En efecto, en virtud de la totalidad de los motivos que se acaban de exponer, la cuestión de la compatibilidad de la Decisión esperada con el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1995 °que, al decidir la suspensión de la ejecución de los artículos 1 a 4 de la Decisión impugnada, autoriza a las demandantes a continuar la aplicación del acuerdo relativo a la fijación conjunta de las tarifas aplicables a los segmentos terrestres, prohibido por dichos artículos° incumbe únicamente a la apreciación sobre el fondo de la regularidad de la Decisión esperada. No presenta ningún vínculo con la demanda de anulación de la Decisión impugnada por la que finaliza el procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE respecto del TAA. Sólo puede ser examinada en el marco de un recurso de anulación presentado, en su caso, contra la Decisión de suprimir la exención de multas, si ésta se adoptase. En estas circunstancias, la protección jurisdiccional de los intereses legítimos de las demandantes quedaría asegurada plenamente por la posibilidad de interponer, en su caso, un recurso de esta naturaleza, que podría acompañarse de una demanda de suspensión de la ejecución de dicha Decisión, al amparo del artículo 185 del Tratado CE.
47 Por todos estos motivos, no puede considerarse que la presente demanda de medidas provisionales se refiere a la pretensión de anulación de la Decisión impugnada, relativa al TAA, cuyos artículos 1 a 4 han sido objeto de una decisión de suspensión de la ejecución.
48 Por lo tanto, procede examinar, en segundo lugar, si la presente demanda reúne no obstante, como sostienen las demandantes, los requisitos conforme a los cuales los particulares pueden presentar, con carácter preventivo, una demanda de medidas provisionales que tenga por objeto impedir la aplicación de una Decisión esperada, aunque las medidas solicitadas no se refieran a una Decisión impugnada por ellas ante el Tribunal de Primera Instancia.
49 A este respecto, se deduce claramente de la jurisprudencia invocada por las demandantes que la posibilidad de estimar dichas demandas sólo ha sido admitida en casos en los que las Decisiones controvertidas, no identificables o futuras, habrían creado inmediatamente derechos respecto de terceros y producido efectos irreversibles, como sostiene la Comisión. En particular, el auto Miles Druce/Comisión, antes citado, se refería a una oferta pública de adquisición que habría supuesto la absorción de la sociedad afectada antes de que se hubiera podido obtener medida judicial alguna. Igualmente, en su auto CMC y otros/Comisión, antes citado, el Presidente del Tribunal de Justicia no acogió la excepción de inadmisibilidad planteada por la Comisión, que alegaba la imposibilidad de identificar una decisión que pudiera ser objeto de recurso. Decidió que las demandantes tenían un interés legítimo en solicitar la adopción de una medida provisional a la mayor brevedad, con la finalidad de evitar que se creara una situación de hecho irreversible (apartados 45 y 52).
50 Ahora bien, en el caso de autos, aún suponiendo que la Comisión adopte la Decisión de suprimir la exención de multas, dicha Decisión no puede en ningún caso, habida cuenta de su propia naturaleza, producir efectos irreversibles respecto de terceros o respecto de las demandantes, antes de que haya podido obtenerse ninguna decisión judicial.
51 En particular, no están fundadas las alegaciones de las demandantes, según las cuales el riesgo de que se adopte dicha Decisión por la que se suprime la exención de multas, asociado a la intención anunciada por la Comisión de imponer multas muy elevadas, les obligaría a renunciar a la aplicación de su acuerdo.
52 En efecto, como ya se ha recordado (véanse los apartados 39 y 44 supra), las demandantes dispondrían del derecho a solicitar inmediatamente la anulación de una Decisión de esta naturaleza si fuese adoptada. Además, estarían facultadas para presentar ante el Tribunal de Primera Instancia, mediante escrito separado, una demanda de suspensión de la ejecución de esa misma Decisión, con arreglo al artículo 185 del Tratado CE. Al examinar esta demanda de medidas provisionales, corresponde al Presidente del Tribunal de Primera Instancia apreciar, a la vista, en particular, del hecho de que la prohibición de la práctica controvertida que contenía la Decisión impugnada había sido suspendida, con arreglo al artículo 185 del Tratado CE, si, a primera vista, la decisión de suprimir la exención de multas tiene como efecto inducir, o incluso obligar, a las demandantes a poner fin a esta práctica consistente en fijar conjuntamente las tarifas aplicables a los segmentos terrestres, en el territorio de la Comunidad, en el marco de los servicios de transporte combinado.
53 Desde este punto de vista, la incertidumbre vinculada, según las demandantes, a la cuestión de si el Juez de medidas provisionales estimaría o no dicha demanda de suspensión de la ejecución, no puede en modo alguno justificar que las interesadas estén facultadas para anticipar esta demanda. Concretamente, la Decisión esperada de la Comisión, por la que se suprime la exención de multas, sólo puede producir efectos durante el período posterior a la fecha de su notificación a los interesados. Hasta que no se haya adoptado efectivamente dicha Decisión, la mera intención por parte de la Comisión de suprimir la exención de multas que se deriva de la notificación del TACA, si las demandantes no le notifican un nuevo acuerdo, no hace gravitar sobre estas riesgo alguno de que se les imponga una multa correspondiente al período consecutivo a la notificación del TACA. Por lo tanto, contrariamente a las alegaciones de las demandantes, el anuncio por parte de la Comisión de una posible Decisión de supresión de la exención de multas no puede tener el efecto de obligarles a poner termino a la práctica controvertida. De esto se deduce que las demandantes no han justificado interés legítimo alguno en obtener una decisión anticipada relativa a la suspensión de la Decisión esperada.
54 De lo expuesto se infiere que la presente demanda dirigida a aplazar la aplicación de una Decisión esperada de suprimir la exención de multas, hasta que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie acerca de la regularidad de esta Decisión, no reúne los requisitos de admisibilidad establecidos en el apartado 1 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento y resulta, en cualquier caso, prematura.
55 A mayor abundamiento, procede señalar que, a la vista de las negociaciones que se desarrollan en la actualidad entre las partes, no parece inminente una Decisión de supresión de la exención de multas. En efecto, se deduce de las observaciones escritas de la Comisión, confirmadas durante la audiencia, que dicha Institución ha declarado estar dispuesta a conceder la exención a un acuerdo de cooperación, incluyendo la cuestión de la fijación de las tarifas aplicables a los segmentos terrestres en el marco de los servicios de transporte combinados, modificado por las demandantes de modo que se atenga a los objetivos que definió en un informe presentado al Consejo de la Unión Europea, el 8 de junio de 1994, en el que propone un nuevo enfoque que conciliaría los intereses de los cargadores y los de los armadores al favorecer una organización más eficaz de los transportes terrestres en contenedores. Unicamente si no se efectuaran dichas modificaciones al TACA y no se notificara este acuerdo, modificado de forma que resulte compatible con el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE, la Comisión adoptaría, según ha señalado, una Decisión por la que se suprime la exención de multas. Ahora bien, de la respuesta de las demandantes al pliego de cargos (Anexo 2 a la demanda de medidas provisionales, punto 54), así como de la correspondencia entre las partes que obra en autos y, en particular, de la propuesta dirigida por las demandantes a la Comisión, el 17 de octubre de 1995, presentada durante la audiencia, se deduce que estas aceptan modificar el TACA conforme a los objetivos definidos en el informe de 8 de junio de 1994, antes mencionado, y notificar el nuevo acuerdo a la Comisión, según unas modalidades a determinar de común acuerdo entre las partes.
56 De la totalidad de las consideraciones que anteceden se deduce que debe declararse la inadmisibilidad de la presente demanda de medidas provisionales.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
resuelve:
1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
2) Reservar la decisión sobre las costas.
Dictado en Luxemburgo, a 22 de noviembre de 1995.