62024CJ0509
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 27 de noviembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Directiva 93/13/CEE — Artículo 6, apartado 1 — Artículo 7, apartado 1 — Contrato de cuenta bancaria — Proceso monitorio — Control de oficio del carácter abusivo de las cláusulas contractuales — Propuesta, por parte del juez, de reducción del crédito en la cuantía derivada de la aplicación de una cláusula considerada abusiva — Aceptación por el profesional y posibilidad de reclamar dicha cuantía en un procedimiento posterior — Principio de efectividad — Participación del consumidor en el control del carácter potencialmente abusivo de una cláusula contractual»
En el asunto C‑509/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 3 de Arucas (Las Palmas), mediante auto de 30 de junio de 2024, recibido en el Tribunal de Justicia el 22 de julio de 2024, en el procedimiento entre
Investcapital Ltd.
y
M. H. S.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por el Sr. M. Condinanzi (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. N. Jääskinen y la Sra. R. Frendo, Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno español, por el Sr. A. Torró Molés, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por el Sr. M. Cherubini, avvocato dello Stato;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. I. Galindo Martín y el Sr. P. Kienapfel, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento iniciado por Investcapital Ltd., el cesionario de un crédito relativo a un contrato de cuenta corriente bancaria abierta a nombre de M. H. S., un consumidor, en el que solicita que se emita un requerimiento de pago de una deuda pecuniaria derivada de dicho contrato.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El vigesimocuarto considerando de la Directiva 93/13 tiene la siguiente redacción:
«Considerando que los órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.»
4
El artículo 6, apartado 1, de esta Directiva dispone lo siguiente:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
5
A tenor del artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva:
«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
Derecho español
LEC
6
El artículo 815, apartado 3, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE n.o 7, de 8 de enero de 2000, p. 575), en su versión aplicable al procedimiento principal (en lo sucesivo, «LEC»), establece lo siguiente:
«Si de la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado al juez o jueza, quien, en su caso, mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique.
Igualmente, si se considerase que la deuda se funda en un contrato celebrado entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el letrado o letrada de la Administración de Justicia, previamente a efectuar el requerimiento de pago, dará cuenta al juez o jueza, quien, si estimare que alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible pudiera ser calificada como abusiva, podrá plantear mediante auto una propuesta de requerimiento de pago por el importe que resultara de excluir de la cantidad reclamada la cuantía derivada de la aplicación de la cláusula.
En ambos casos, el demandante deberá aceptar o rechazar la propuesta formulada en el plazo de diez días, entendiéndose aceptada si dejara transcurrir el plazo sin realizar manifestación alguna. En ningún caso se entenderá la aceptación del demandante como renuncia parcial a su pretensión, pudiendo ejercitar la parte no satisfecha únicamente en el procedimiento declarativo que corresponda.
Si la propuesta fuera aceptada se requerirá de pago al demandado por dicha cantidad.
En otro caso se tendrá al demandante por desistido, pudiendo hacer valer su pretensión únicamente en el procedimiento declarativo que corresponda.
El auto que se dicte en este último caso será directamente apelable por la parte personada en el procedimiento.»
7
A tenor del artículo 818, apartado 1, párrafo primero, de la LEC:
«Si el deudor presentare escrito de oposición dentro de plazo, el asunto se resolverá definitivamente en juicio que corresponda, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada.»
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
8
El artículo 83 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE n.o 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181), en su versión aplicable al procedimiento principal, dispone lo siguiente:
«Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.
Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
9
El 16 de abril de 2024, Investcapital presentó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 3 de Arucas (Las Palmas), que es el órgano jurisdiccional remitente, una petición de proceso monitorio contra M. H. S., mediante la cual reclamaba el pago de 1234,01 euros, de los cuales 229,17 euros correspondían al principal, 38,73 euros a los intereses ordinarios, 39,68 euros a los intereses de demora y 921,15 euros a gastos y a comisiones, en relación con un crédito cedido por el banco B., S. A. Este crédito resulta de un contrato que M. H. S. celebró el 16 de marzo de 2018 con el banco B. para la apertura de una cuenta bancaria.
10
Al tratarse de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la letrada de la Administración de Justicia dio cuenta de ello al órgano jurisdiccional remitente, con arreglo al artículo 815, apartado 3, de la LEC, para que examinara el posible carácter abusivo de las cláusulas que constituían el fundamento de la petición de proceso monitorio.
11
En el contexto del examen del posible carácter abusivo de estas cláusulas, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la conformidad del artículo 815, apartado 3, de la LEC con el Derecho de la Unión, en particular con la Directiva 93/13, interpretada a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
12
El citado órgano jurisdiccional señala que, en caso de que se declare el carácter abusivo de una cláusula contractual, a tenor del artículo 815, apartado 3, de la LEC, el juez que conoce de la petición de proceso monitorio debe limitarse a proponer una reducción del importe del crédito, excluyendo la cuantía derivada de la aplicación de tal cláusula. Esta disposición establece que la aceptación de esta propuesta por parte del peticionario del requerimiento de pago no supone una renuncia a la cantidad excluida por el juez y que el peticionario siempre puede reclamar su pago en un procedimiento declarativo.
13
Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 815 de la LEC no permite pronunciarse sobre la nulidad de las cláusulas que se consideran abusivas, cuando en realidad, según el artículo 83 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, tales cláusulas son nulas de pleno derecho y se tienen por no puestas. Estima que el consumidor seguirá así vinculado por cláusulas contractuales que, tras el examen realizado por el juez que conoce de la petición de proceso monitorio, habrán sido, no obstante, calificadas de abusivas.
14
En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 3 de Arucas decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Deben interpretarse los artículos 6 y 7 de la Directiva [93/13] en el sentido de que un mecanismo de control judicial que se limita a excluir de la reclamación formulada por el empresario o profesional aquellos conceptos que se fundamentan en cláusulas abusivas, pudiendo el empresario o profesional reclamar esos mismos conceptos en otro procedimiento, puede constituir “un medio adecuado y eficaz” para evitar que el consumidor o usuario quede vinculado por tales cláusulas abusivas?
2)
¿Deben interpretarse los artículos 6 y 7 de la Directiva [93/13] en el sentido de que se oponen a una norma nacional, como la contenida en el artículo 815.3 de la [LEC], que limita las consecuencias del control de abusividad en el procedimiento monitorio a excluir de la reclamación formulada por un empresario o profesional aquellos conceptos que se fundamentan en cláusulas abusivas, sin extraer de dicho examen todas las consecuencias que del Derecho nacional se derivan de la apreciación de dicho carácter abusivo como es la declaración de nulidad?
3)
¿Deben interpretarse los artículos 6 y 7 de la Directiva [93/13] en el sentido de que se oponen a una norma nacional, como la contenida en el artículo 815.3 de la [LEC], que no contempla la participación del consumidor o usuario en el control de abusividad llevado a cabo por parte del órgano judicial?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
Sobre la admisibilidad
15
El Gobierno español alberga dudas acerca de la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales primera y segunda debido a su carácter hipotético, ya que se refieren, a su parecer, a un procedimiento distinto del monitorio, concretamente a un eventual procedimiento declarativo que permite, según el Derecho nacional, examinar pretensiones distintas de las formuladas en el proceso monitorio.
16
Es preciso recordar que corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto principal, la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación o a la validez de una norma del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. De ello se deduce que una cuestión prejudicial relativa al Derecho de la Unión disfruta de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre tal cuestión cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado [sentencia de 2 de febrero de 2023, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contratos tipo de seguro engañosos), C‑208/21, EU:C:2023:64, apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada].
17
Pues bien, no ocurre así en el presente asunto.
18
En efecto, el auto de remisión describe de manera suficientemente precisa el marco jurídico y fáctico del procedimiento principal, que se refiere a una petición de proceso monitorio en relación con un crédito pecuniario derivado de un contrato de apertura de una cuenta corriente bancaria. Los elementos aportados por el órgano jurisdiccional remitente permiten determinar tanto el alcance de las cuestiones prejudiciales planteadas como su relación con el objeto de dicho proceso. En particular, mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la conformidad con los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 de una normativa nacional en virtud de la cual el juez que conoce de una petición de proceso monitorio puede plantear una propuesta de requerimiento de pago por un importe del que se excluya la cuantía derivada de la aplicación de una cláusula contractual que el juez haya considerado abusiva (sin poder anularla) y el acreedor puede reclamar posteriormente, en un procedimiento judicial declarativo, la parte del crédito excluida.
19
En estas circunstancias, no resulta evidente que la interpretación de la Directiva 93/13 solicitada en las cuestiones prejudiciales primera y segunda no guarde relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal ni que el problema planteado sea de naturaleza hipotética.
20
Por consiguiente, estas cuestiones deben considerarse admisibles.
Sobre el fondo
21
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece, por una parte, que el juez ante el que un profesional ha presentado una petición de proceso monitorio contra un consumidor puede proponer una reducción del importe del crédito que excluya las cantidades derivadas de la aplicación de una cláusula contractual que el juez haya considerado abusiva, sin poder declarar su nulidad por este motivo, y, por otra parte, que dicho profesional, tras aceptar la citada propuesta, tiene la posibilidad de iniciar otro procedimiento judicial para reclamar al consumidor el importe del crédito excluido por ese juez.
22
Antes de nada, es preciso recordar que el sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación como al nivel de información (sentencia de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19, EU:C:2022:394, apartado 35 y jurisprudencia citada).
23
El artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva obliga a los Estados miembros a garantizar que las cláusulas contractuales abusivas no vinculen al consumidor, sin que este deba interponer una demanda u obtener una sentencia que confirme el carácter abusivo de dichas cláusulas [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de junio de 2023, Getin Noble Bank (Suspensión de la ejecución de un contrato de crédito), C‑287/22, EU:C:2023:491, apartado 37].
24
Esta disposición debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen la naturaleza de normas de orden público. Por otro lado, se trata de una norma imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980 apartados 54 y 55).
25
Por tanto, en primer lugar, incumbe al órgano jurisdiccional nacional, en las condiciones establecidas por su Derecho, apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y abstenerse de aplicarla con el fin de que no produzca efectos vinculantes para el consumidor de que se trate, salvo si el consumidor se opone a ello [sentencia de 30 de junio de 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensación de oficio en caso de cláusula abusiva), C‑170/21, EU:C:2022:518, apartado 31 y jurisprudencia citada].
26
En segundo lugar, según reiterada jurisprudencia, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 no exige que el juez nacional deje sin aplicación, además de la cláusula declarada abusiva, aquellas cláusulas que no hayan sido calificadas como tales. En efecto, el objetivo de esta disposición, y en particular de su segunda parte, no consiste en anular todos los contratos que contengan cláusulas abusivas, sino en restablecer el equilibrio entre las partes al excluir la aplicación de las cláusulas consideradas abusivas, manteniendo, como regla general, la validez de las demás cláusulas del contrato en cuestión. Dicho contrato debe, en principio, subsistir sin ninguna otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas. Así pues, el contrato de que se trate puede mantenerse en la medida en que, con arreglo a las normas del Derecho interno, tal persistencia del mismo contrato sin las cláusulas abusivas sea jurídicamente posible [sentencia de 30 de junio de 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensación de oficio en caso de cláusula abusiva), C‑170/21, EU:C:2022:518, apartados 34 y 35 y jurisprudencia citada].
27
Además, en vista de la naturaleza y de la importancia del interés público que supone la protección de los consumidores, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con su vigesimocuarto considerando, impone a los Estados miembros la obligación de establecer medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, apartado 68, y de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19, EU:C:2022:394, apartado 38 y jurisprudencia citada).
28
Aun cuando el Tribunal de Justicia ya ha delimitado, en repetidas ocasiones, la manera en que el juez nacional debe garantizar la protección de los derechos que esta Directiva confiere a los consumidores, no es menos cierto que, en principio, y así se desprende del tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual y que, por consiguiente, corresponde a cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía procesal, establecer en su ordenamiento jurídico interno tales procedimientos, a condición, no obstante, de que no sean menos favorables que los que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y de que no hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el Derecho de la Unión (principio de efectividad) (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Investcapital, C‑724/22, EU:C:2024:182, apartado 30 y jurisprudencia citada).
29
En lo que atañe, por una parte, al principio de equivalencia, debe señalarse que el Tribunal de Justicia no cuenta con ningún elemento que suscite dudas en cuanto a la conformidad con dicho principio de la normativa nacional controvertida en el litigio principal.
30
Por otra parte, en lo que se refiere al principio de efectividad, ha de señalarse que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa la citada disposición dentro del conjunto del procedimiento, así como el desarrollo y las peculiaridades de este y, en su caso, los principios en que se basa el sistema jurisdiccional nacional, como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento. Ahora bien, las características específicas de los procedimientos no pueden constituir un factor que afecte a la protección jurídica de la que deben disfrutar los consumidores en virtud de las disposiciones de la Directiva 93/13 (sentencia de 17 de mayo de 2022, Impuls Leasing România, C‑725/19, EU:C:2022:396, apartado 45 y jurisprudencia citada).
31
Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que la obligación de los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular en relación con los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de tutela judicial efectiva, reafirmada en el artículo 7, apartado 1, de esa Directiva y consagrada también en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es aplicable, entre otros aspectos, a la definición de la regulación procesal relativa a las acciones judiciales basadas en tales derechos (sentencia de 24 de junio de 2025, GR REAL, C‑351/23, EU:C:2025:474, apartado 53 y jurisprudencia citada).
32
A este respecto, debe recordarse que la protección efectiva de los derechos que se derivan de la Directiva 93/13 solo podría garantizarse en caso de que el sistema procesal nacional permita, en el marco del proceso monitorio o en el del procedimiento de ejecución del requerimiento de pago, un control de oficio, por un juez, del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato de que se trate (sentencia de 20 de septiembre de 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, apartado 45 y jurisprudencia citada).
33
En el presente asunto, del auto de remisión se desprende que, en el Derecho procesal español, el proceso monitorio constituye un procedimiento no contradictorio, limitado al cobro de créditos pecuniarios y que tiene por objeto garantizar el cobro rápido y eficaz de los créditos vencidos, líquidos y exigibles.
34
Así, con arreglo al artículo 815, apartado 3, de la LEC, el letrado de la Administración de Justicia da cuenta al juez de una petición de proceso monitorio en relación con una deuda que se funde en un contrato entre un profesional y un consumidor, para que controle de oficio el posible carácter abusivo de cualquier cláusula contractual que constituya el fundamento de la petición o que determine la cantidad exigible. Si el juez estima que alguna de las cláusulas de que se trate puede ser calificada de abusiva, puede, mediante auto, plantear una propuesta para reducir el importe del crédito, excluyendo las cantidades resultantes de la aplicación de tal cláusula.
35
Según la información de que dispone el Tribunal de Justicia, las cláusulas contractuales abusivas que constituyan el fundamento de la petición de proceso monitorio o que determinen la cantidad exigible del crédito invocado no surtirán efecto alguno en el proceso monitorio, ya que serán descartadas por el juez incluso antes de que el consumidor sea requerido, en su caso, para pagar su deuda. Corresponde al profesional recurrir, eventualmente, a un procedimiento declarativo posterior para obtener el cobro íntegro de su crédito.
36
Sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, es preciso señalar, a este respecto, que, como ha destacado el Gobierno español en sus observaciones escritas, en este procedimiento declarativo, el juez que conozca del asunto podrá controlar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor y, en su caso, declarar nulas las cláusulas contractuales abusivas.
37
Además, a todos los efectos útiles, ha de señalarse que la Comisión Europea ha indicado, en sus observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia, que, de conformidad con el artículo 818 de la LEC, cuando un consumidor formula oposición al requerimiento de pago dentro del plazo establecido, el letrado de la Administración de Justicia da por terminado el proceso monitorio y este se sustituye por un procedimiento en el que tanto el consumidor como el profesional tienen derecho a ser oídos y el juez que conoce del asunto puede llevar a cabo, de oficio o a instancia del consumidor, un control del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que puede dar lugar no solo a la exclusión del importe basado en una cláusula considerada abusiva, sino también a la declaración de nulidad de esta. Ahora bien, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar el contenido preciso de dicha disposición nacional.
38
Así pues, resulta, por una parte, que el artículo 815, apartado 3, de la LEC prevé un control de oficio, por parte del juez, del carácter abusivo de las cláusulas contractuales, cuyos efectos se limitan al objeto preciso de la petición de proceso monitorio, de conformidad con la naturaleza y la finalidad de dicho proceso, ya que conduce a una posible reducción del importe del crédito reclamado, sin declaración de la nulidad de las cláusulas consideradas abusivas. Por otra parte, el procedimiento iniciado a raíz de la oposición al requerimiento de pago formulada por el consumidor con arreglo al artículo 818 de la LEC, así como el procedimiento declarativo que, en su caso, entable el profesional-demandante en virtud del artículo 815, apartado 3, de la LEC, pueden dar lugar a un control del carácter abusivo de la cláusula en cuestión, en el marco de un debate contradictorio entre las partes, y, en su caso, a una declaración de nulidad de dicha cláusula, o incluso del contrato, por el órgano jurisdiccional que conozca del asunto.
39
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece, por una parte, que el juez ante el que un profesional ha presentado una petición de proceso monitorio contra un consumidor puede proponer una reducción del importe del crédito que excluya las cantidades derivadas de la aplicación de una cláusula contractual que el juez haya considerado abusiva, sin poder declarar su nulidad por este motivo, y, por otra parte, que dicho profesional, tras aceptar la citada propuesta, tiene la posibilidad de iniciar otro procedimiento judicial para reclamar al consumidor el importe del crédito excluido por ese juez, siempre que este consumidor pueda obtener, en otros procedimientos judiciales, la declaración de nulidad de la cláusula contractual considerada abusiva.
Tercera cuestión prejudicial
40
Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponen a una normativa nacional que no contempla la participación del consumidor en el control, por el órgano jurisdiccional que conoce de una petición de proceso monitorio presentada por un profesional contra ese consumidor, del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales que constituyen el fundamento de dicha petición o que determinan el importe del crédito invocado.
41
A este respecto, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que, con carácter general, el principio de contradicción no confiere solo a cada parte en un procedimiento el derecho a conocer y a discutir los documentos y observaciones presentados al juez por la parte contraria, sino que también implica el derecho de las partes a conocer y a discutir los elementos jurídicos examinados de oficio por el juez sobre los cuales este tenga intención de fundamentar su decisión. El Tribunal de Justicia ha subrayado que, en efecto, para cumplir los requisitos vinculados al derecho a un proceso equitativo, procede que las partes tengan conocimiento y puedan debatir de forma contradictoria los elementos tanto de hecho como de Derecho decisivos para la resolución del procedimiento (sentencia de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, apartado 30 y jurisprudencia citada).
42
De ello se infiere que, en el supuesto de que el juez nacional, después de haber determinado —sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho de que disponga o que se le hayan comunicado a raíz de las diligencias de prueba que haya acordado de oficio a tal efecto— que una cláusula está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva, compruebe, tras una apreciación efectuada de oficio, que dicha cláusula presenta un carácter abusivo, está obligado, por regla general, a informar de ello a las partes procesales y a darles la posibilidad de que debatan de forma contradictoria según las formas previstas al respecto por las reglas procesales nacionales (sentencia de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, apartados 31 y 36).
43
Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional nacional que conoce de una petición de emisión de un requerimiento de pago, cuando el deudor-consumidor no participa en el procedimiento hasta la expedición de dicho requerimiento de pago, está obligado a dejar inaplicada de oficio una cláusula abusiva del contrato celebrado entre ese consumidor y el profesional de que se trate en la que se base una parte del crédito invocado. En este supuesto, dicho órgano jurisdiccional dispone de la facultad de denegar parcialmente tal petición, siempre que el contrato pueda subsistir sin ninguna otra modificación, revisión o complemento, extremo que corresponde comprobar a ese órgano jurisdiccional [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de junio de 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensación de oficio en caso de cláusula abusiva), C‑170/21, EU:C:2022:518 apartado 38].
44
En el presente asunto, a la vista de las normas procesales nacionales que regulan el desarrollo del proceso monitorio descrito en los apartados 34 a 38 de la presente sentencia, el hecho de que el artículo 815, apartado 3, de la LEC no prevea la participación del consumidor en el control del carácter abusivo de una cláusula contractual que pueda fundamentar la petición de proceso monitorio, sino que confiera al juez que conoce del asunto la facultad de proponer un requerimiento de pago por un importe del crédito invocado reducido en la cuantía derivada de la aplicación de una cláusula considerada abusiva, no afecta al derecho de defensa de los consumidores ni, en particular, al principio de contradicción.
45
A este respecto, por una parte, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, resulta que el auto dictado por el juez que conoce del asunto a raíz de la aceptación de esta propuesta por el profesional-peticionario ofrece a cada una de las partes el conocimiento y la posibilidad de debatir de forma contradictoria los elementos tanto de hecho como de Derecho decisivos para que se dicte dicho auto, sin producir el efecto vinculante de la fuerza de cosa juzgada ni otros efectos preclusivos. Por otra parte, el artículo 815, apartado 3, de la LEC se enmarca en un proceso monitorio de naturaleza sumaria, concebido como un instrumento de celeridad procesal destinado a garantizar el cobro rápido de los créditos vencidos, líquidos y exigibles. La participación del consumidor en el control del carácter abusivo de las cláusulas contractuales sigue estando garantizada, ya que el Derecho procesal español parece establecer la posibilidad de que, en un procedimiento contradictorio posterior, el consumidor haga valer plenamente sus derechos y medios de defensa.
46
En efecto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, por un lado, el referido auto puede ser objeto de revisión en procedimientos ordinarios sobre el fondo que respetan plenamente el principio de contradicción entre las partes, ya que el consumidor tiene la posibilidad de oponerse a dicho auto de conformidad con las normas previstas en el artículo 818 de la LEC. Por otro lado, dado que, en virtud del artículo 815, apartado 3, de la LEC, la aceptación por el profesional-peticionario no puede entenderse en ningún caso como renuncia parcial a su pretensión, este puede reclamar la parte del crédito no satisfecha en un procedimiento declarativo en el que participa el consumidor y en el que se respeta plenamente el principio de contradicción.
47
Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que no contempla la participación del consumidor en el control, por el órgano jurisdiccional que conoce de una petición de proceso monitorio presentada por un profesional contra ese consumidor, del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales que constituyen el fundamento de dicha petición o que determinan el importe del crédito invocado, siempre que, por una parte, el proceso monitorio no dé lugar a una resolución con fuerza de cosa juzgada y, por otra parte, se garantice el principio de contradicción en posibles procedimientos posteriores que enfrenten a dicho consumidor y a ese profesional en relación con las mismas pretensiones formuladas por este último.
Costas
48
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
1)
Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz del principio de efectividad,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una normativa nacional que establece, por una parte, que el juez ante el que un profesional ha presentado una petición de proceso monitorio contra un consumidor puede proponer una reducción del importe del crédito que excluya las cantidades derivadas de la aplicación de una cláusula contractual que el juez haya considerado abusiva, sin poder declarar su nulidad por este motivo, y, por otra parte, que dicho profesional, tras aceptar la citada propuesta, tiene la posibilidad de iniciar otro procedimiento judicial para reclamar al consumidor el importe del crédito excluido por ese juez, siempre que este consumidor pueda obtener, en otros procedimientos judiciales, la declaración de nulidad de la cláusula contractual considerada abusiva.
2)
Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una normativa nacional que no contempla la participación del consumidor en el control, por el órgano jurisdiccional que conoce de una petición de proceso monitorio presentada por un profesional contra ese consumidor, del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales que constituyen el fundamento de dicha petición o que determinan el importe del crédito invocado, siempre que, por una parte, el proceso monitorio no dé lugar a una resolución con fuerza de cosa juzgada y, por otra parte, se garantice el principio de contradicción en posibles procedimientos posteriores que enfrenten a dicho consumidor y a ese profesional en relación con las mismas pretensiones formuladas por este último.
Condinanzi
Jääskinen
Frendo
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de noviembre de 2025.
El Secretario
A. Calot Escobar
El Presidente de Sala
M. Condinanzi
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.