61988J0209
INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto C-209/88 (
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)
I. Marco normativo
Mediante el Reglamento (CEE) n° 3796/81 del Consejo, de 29 de diciembre de 1981, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca (DO L 379, p. 1; EE 04/01, p. 185; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), el Consejo implantó un régimen de precios (título III) y un régimen de intercambios con terceros países (título IV), cuyas modalidades de aplicación la Comisión fijó en un determinado número de Reglamentos.
Todas las disposiciones reglamentarias de que se trata en el presente caso obligan a los Estados miembros a suministrar determinada información sobre precios a la Comisión a fin de que pueda aplicar los regímenes de precios y de intercambios con terceros países instaurados por el Reglamento de base.
a) Sobre el régimen de precios
1. Información en materia de precios de retirada
Con arreglo al apartado 1 del artículo 5 del Reglamento de base, los productores pueden constituir asociaciones para organizar conjuntamente la venta del producto de su actividad pesquera. Estas asociaciones se denominan «organizaciones de productores». El apartado 1 del artículo 9 del Reglamento de base establece que dichas organizaciones podrán fijar precios de retirada, es decir, precios por debajo de los cuales no venderán los productos aportados por sus miembros. Esta posibilidad se les concede en relación con todos los productos de la pesca cubiertos por el Reglamento de base. Por otra parte, el artículo 12 del mismo Reglamento establece que la Comisión fijará precios de retirada comunitarios para algunos de estos productos, a saber, los que figuran en las letras A (tales como arenques congelados, sardinas y bacalaos frescos y refrigerados) y D (quisquillas frescas, refrigeradas o cocidas en agua) del anexo I de este Reglamento. En caso de retirada de estos productos, las organizaciones de productores gozarán de una compensación financiera cuando sus precios de retirada (denominados autónomos) no sean inferiores a los precios de retirada comunitarios. Ello se desprende del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento de base.
El apartado 4 del artículo 9 del mismo Reglamento obliga a las organizaciones de productores a notificar a las autoridades nacionales la lista de productos a los cuales pretenden aplicar los precios de retirada, el nivel de dichos precios, así como su período de validez. Esta misma norma ordena a los Estados miembros transmitir dicha información a la Comisión. El artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 3599/83 de la Comisión, de 20 de diciembre de 1983, relativo a la comunicación de informaciones referentes a los precios de retirada aplicados por las organizaciones de productores (DO L 357, p. 22; EE 04/02, p. 249; en lo sucesivo, «Reglamento relativo a los precios de retirada»), precisa que esta información deberá ser comunicada, a más tardar, un mes después del comienzo de la campaña pesquera durante la que se apliquen los precios de retirada. El artículo 3 del mismo Reglamento establece que los Estados miembros comunicarán a la Comisión mensualmente, a más tardar al final de la sexta semana siguiente al mes de que se trate, las cantidades de productos retirados del mercado, distinguiendo los que hayan sido retirados al precio de retirada comunitario y los que hayan sido retirados al precio de retirada autónomo.
El artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 1501/83 de la Comisión, de 9 de junio de 1983, relativo a la comercialización de determinados productos de la pesca que hayan sido sometidos a medidas para estabilizar el mercado (DO L 152, p. 22; EE 04/02, p. 116; en lo sucesivo, «Reglamento relativo a la comercialización de productos retirados»), obliga, por otra parte, a los Estados miembros a comunicar a la Comisión, cada seis meses, las cantidades de productos retirados del mercado que hayan sido destruidos o comercializados según las modalidades indicadas en este Reglamento.
2. Información en materia de precios de orientación
— Productos incluidos en las letras A y D del anexo I del Reglamento de base Con arreglo a los apartados 1 y 3 del artículo 10 del Reglamento de base, el Consejo fijará el precio de orientación para los productos de la pesca que figuran en las letras A y D del anexo I de este Reglamento. De acuerdo con el apartado 2 de esta misma disposición, dicho precio se calculará «basándose en la media de los precios observados en los mercados al por mayor o en los puertos representativos en el curso de las tres últimas campañas de pesca precedentes a aquélla para la que se fije el precio [...]».
El apartado 1 del artículo 11 del mismo Reglamento ordena a los Estados miembros comunicar a la Comisión los precios observados en los mercados al por mayor o en los puertos representativos. El artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 3598/83 de la Comisión, de 20 de diciembre de 1983, relativo a la comunicación de las cotizaciones registradas y a la fijación de la lista de mercados y puertos representativos (DO L 357, p. 17; EE 04/02, p. 244; en lo sucesivo, «Reglamento relativo a los precios al por mayor»), precisa que estas comunicaciones deberán comprender el precio medio del día de mercado y ser transmitidas dos veces al mes.
— Productos incluidos en el anexo II del Reglamento de base
Con arreglo al apartado 1 del artículo 15 del Reglamento de base, se fijará, además, un precio de orientación para los productos de la pesca que figuran en el anexo II (como sardinas y cigalas congeladas), precio que también se calcula con arreglo a la media de los precios observados en los mercados al por mayor o en los puertos representativos.
El apartado 2 del artículo 15 obliga a los Estados miembros a comunicar dichos precios a la Comisión. De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento relativo a los precios al por mayor, estas comunicaciones comprenderán el precio medio establecido para dos semanas determinadas y se transmitirán el primer día laborable siguiente a la semana de que se trate.
3. Información en materia de precios de producción
Con arreglo a los apartados 4 y 5 del artículo 17 del Reglamento de base, el Consejo fijará un precio a la producción comunitaria para los productos de la pesca incluidos en el anexo III (a saber, atunes frescos, refrigerados o congelados, destinados a la fabricación de conservas de pescado). Este precio se calcula, al igual que el precio de orientación, en función de los precios observados en los mercados al por mayor o en los puertos representativos.
El apartado 2 del artículo 17 obliga a los Estados miembros a comunicar estos precios a la Comisión. Con arreglo al artículo 4 del Reglamento relativo a los precios al por mayor, estas comunicaciones comprenderán el precio medio mensual y se realizarán, a más tardar, al final de la primera semana siguiente al mes de que se trate.
b) Sobre el régimen de intercambios con terceros países
De los apartados 1 y 6 del artículo 21 del Reglamento de base se desprende que la Comisión fijará los precios de referencia para los productos de la pesca que figuran en los anexos I, II, III, letra B del IV y V cuando éstos procedan de terceros países. Esta misma disposición establece, en su apartado 2, el método de cálculo de dicho precio para cada tipo de producto e indica, en su apartado 4, las medidas que la Comisión puede adoptar cuando el precio franco frontera de los citados productos resulte inferior al precio de referencia.
El apartado 3 del artículo 21 obliga a los Estados miembros a comunicar a la Comisión los precios franco frontera de que se trate. De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3191/82 de la Comisión, de 29 de noviembre de 1982, por el que se fijan las modalidades de aplicación del régimen de los precios de referencia (DO L 338, p. 13; EE 04/02, p. 31; en lo sucesivo, «Reglamento relativo a los precios de referencia»), estas comunicaciones se efectuarán, sin demora, por télex.
II. Desarrollo del procedimiento
Censurando a la República Italiana el hecho de no haberle suministrado toda la información requerida por la normativa anteriormente citada, la Comisión invitó a ésta, mediante carta de 1 de julio de 1986, a presentar sus observaciones. Al no responder a dicha carta, la Comisión le dirigió un dictamen motivado el 9 de diciembre de 1987.
Mediante carta de 28 de enero de 1988, la República Italiana respondió que el Ministerio italiano de la Marina Mercante había adoptado cierto número de medidas para superar, lo antes posible, las dificultades derivadas de la falta de infraestructura y de personal que le habían impedido suministrar la información sobre los precios de que se trata.
El 22 de julio de 1988, la Comisión interpuso el presente recurso.
Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba.
III. Pretensiones de las partes
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia:
— Declare que la República Italiana ha infringido el apartado 4 del artículo 9, el apartado 1 del artículo 11, el apartado 2 del artículo 15, el apartado 2 del artículo 17 y el apartado 3 del artículo 21 del Reglamento n° 3796/81 del Consejo; el artículo 2 del Reglamento n° 3191/82 de la Comisión, el artículo 4 del Reglamento n° 1501/83 de la Comisión, los artículos 1, 3 y 4 del Reglamento n° 3598/83 de la Comisión, así como el artículo 3 del Reglamento n° 3599/83 de la Comisión.
— Condene a la República Italiana al pago de las costas del procedimiento.
La República Italiana solicita al Tribunal de Justicia que declare que el mal funcionamiento que se critica en el recurso no puede calificarse de incumplimiento del Tratado CEE y, por tanto, no puede afirmarse así en una sentencia dictada con arreglo al artículo 169 del Tratado.
IV. Motivos y alegaciones de las partes
Según la Comisión, al no transmitir la información sobre precios requerida por la normativa comunitaria de que se trata, o al no transmitirla, en cualquier caso, dentro de los plazos o en la forma establecida, la República Italiana ha incumplido sus obligaciones de información en materia de pesca. Además, el Gobierno italiano no ha negado dicho incumplimiento.
El Gobierno italiano pone de manifiesto, en primer lugar, las dificultades de orden práctico con las que se ha enfrentado para la recogida de información sobre los precios de que se trata. Reprocha al legislador comunitario el no haber tenido en cuenta estas dificultades. A este respecto, sostiene fundamentalmente que, en determinadas regiones italianas, el sector pesquero sólo posee una importancia limitada, que no justifica la creación de una costosa infraestructura para recabar la información requerida por la normativa comunitaria. Por otra parte, señala que otros Estados miembros también han experimentado dificultades prácticas para la recogida de tal información.
El Gobierno italiano considera, a continuación, que la Comisión debería haber explicado cómo la inobservancia de dichas obligaciones de información perjudicó el buen funcionamiento de la organización común de mercados para el sector de los productos de la pesca o provocó distorsiones en las corrientes de intercambios. Ni en su dictamen motivado ni en el recurso la Comisión precisó este punto.
En su escrito de réplica, la Comisión responde brevemente a las observaciones del Gobierno italiano.
En lo que se refiere a las dificultades de orden práctico para recabar información sobre los precios de que se trata, recuerda que todos los Reglamentos que dictó en ejecución del Reglamento de base fueron aprobados por unanimidad por el Comité de gestión. Por tanto, ningún Estado miembro se opuso a la adopción de dichos Reglamentos porque su aplicación pudiera generar problemas de orden práctico.
La Comisión, seguidamente, considera que no es oportuno saber si el hecho de que la República Italiana haya incumplido sus obligaciones de información ha perjudicado el buen funcionamiento de la organización común de mercado. Se trata, en efecto, de obligaciones de resultado. La Comisión afirma, además, que sus servicios han experimentado problemas para la aplicación de la normativa, al no disponer de toda la información necesaria sobre precios. La propia República Italiana fue víctima de ello cuando solicitó a la Comisión autorización para adoptar determinadas medidas de salvaguardia respecto de la importación de atún procedente de terceros países. Efectivamente, a falta de determinados datos estadísticos, a la Comisión le resultó difícil pronunciarse sobre la legitimidad de tales solicitudes.
El Gobierno italiano no presentó escrito de duplica.
R. Joliét
Juez Ponente
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*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.