62023CJ0398
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 28 de noviembre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia penal — Delitos y penas aplicables en los ámbitos del tráfico ilícito de drogas y de la lucha contra la delincuencia organizada — Decisión Marco 2004/757/JAI — Artículos 4 y 5 — Decisión Marco 2008/841/JAI — Artículos 3 y 4 — Normativa nacional que no aplica el Derecho de la Unión — Articulo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a la información en los procedimientos penales — Directiva 2012/13/UE — Artículos 1 y 6 — Derecho a recibir información sobre la acusación — Tutela judicial efectiva — Artículos 47, párrafo primero, y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales — Proceso penal contra varias personas — Acuerdo de conformidad celebrado entre uno de los acusados y el Ministerio Fiscal — Consentimiento de los demás acusados»
En el asunto C‑398/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria), mediante resolución de 29 de junio de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de junio de 2023, en el proceso penal contra
PT,
con intervención de:
Sofiyska gradska prokuratura,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por el Sr. N. Jääskinen, Presidente de la Sala Novena, en funciones de Presidente de la Sala Octava, y los Sres. M. Gavalec y N. Piçarra (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. P. Pikamäe;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. Wasmeier e I. Zaloguin, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4, apartado 1, y 5 de la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas (DO 2004, L 335, p. 8), del artículo 4 de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO 2008, L 300, p. 42), del artículo 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO 2012, L 142, p. 1), y de los artículos 20, 47, párrafo primero, 48, apartado 2, y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un proceso penal seguido contra PT y otras personas, a quienes se acusa de haber dirigido las actividades de una organización criminal o de haber participado en ellas.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Carta
3
El artículo 47, párrafo primero, de la Carta está redactado en los siguientes términos:
«Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.»
4
El artículo 52, apartado 1, de la Carta tiene el siguiente tenor:
«Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión [Europea] o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.»
Decisión Marco 2004/757
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El artículo 4 de la Decisión Marco 2004/757, titulado «Sanciones», establece en su apartado 1:
«Cada uno de los Estados miembros adoptará las medidas necesarias para garantizar que los delitos considerados en los artículos 2 y 3 se castigan con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Cada uno de los Estados miembros adoptará las medidas necesarias para garantizar que los delitos indicados en el artículo 2 se castigan con penas máximas de uno a tres años de privación de libertad, como mínimo.»
6
El artículo 5 de esta Decisión Marco, titulado «Circunstancias particulares», dispone lo siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el artículo 4, cada Estado miembro podrá adoptar las medidas necesarias para que las penas contempladas en el artículo 4 puedan reducirse cuando el autor del delito:
a)
renuncie a sus actividades delictivas en el ámbito del tráfico de drogas y de precursores, y
b)
proporcione a las autoridades administrativas o judiciales información que estas no habrían podido obtener de otra manera, ayudándoles a:
i)
prevenir o atenuar los efectos del delito,
ii)
descubrir o procesar a los otros autores del delito,
iii)
encontrar pruebas, o
iv)
impedir que se cometan otros delitos de los considerados en los artículos 2 y 3.»
Decisión Marco 2008/841
7
El artículo 3 de la Decisión Marco 2008/841, titulado «Sanciones», establece en su apartado 1, letra a):
«Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que:
a)
el delito contemplado en el artículo 2, letra a), sea punible con una pena máxima de reclusión de al menos entre dos y cinco años […]».
8
El artículo 4 de esta Decisión Marco, titulado «Circunstancias especiales», dispone lo siguiente:
«Todos los Estados miembros podrán adoptar las medidas necesarias para que las sanciones previstas en el artículo 3 puedan reducirse o no aplicarse si, por ejemplo, el autor del delito:
a)
abandona sus actividades delictivas, y
b)
proporciona a las autoridades administrativas o judiciales información que estas no habrían podido obtener de otra forma, y que les ayude a:
i)
impedir, acabar o atenuar los efectos del delito,
ii)
identificar o procesar a los otros autores del delito,
iii)
encontrar pruebas,
iv)
privar a la organización delictiva de recursos ilícitos o beneficios obtenidos de sus actividades delictivas, o
v)
impedir que se cometan otros delitos mencionados en el artículo 2.»
Directiva 2012/13
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Los considerandos 14 y 41 de la Directiva 2012/13 enuncian lo siguiente:
«(14)
La presente Directiva [establece] normas mínimas comunes de aplicación en lo que se refiere a la información sobre los derechos y la acusación que se habrá de proporcionar a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal, con vistas a mejorar la confianza recíproca entre los Estados miembros. La presente Directiva se fundamenta en los derechos recogidos en la Carta, y en particular en sus artículos 6, 47 y 48, desarrollando lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del [Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950,] según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. […]
[…]
(41)
La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y se atiene a los principios reconocidos en la Carta. En particular, la presente Directiva aspira a promover el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y los derechos de la defensa. Debe ser aplicada en consecuencia.»
10
El artículo 1 de esta Directiva, titulado «Objeto», está redactado en los siguientes términos:
«La presente Directiva establece normas relativas al derecho de las personas sospechosas o acusadas a recibir información sobre sus derechos en los procesos penales y sobre las acusaciones formuladas contra ellas. […]»
11
El artículo 6 de la mencionada Directiva, titulado «Derecho a recibir información sobre la acusación», dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 3:
«1.   Los Estados miembros garantizarán que toda persona sospechosa o acusada reciba información sobre la infracción penal que se sospecha ha cometido o está acusada de haber cometido. Esta información se facilitará con prontitud y con el grado de detalle necesario para salvaguardar la equidad del proceso y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de defensa.
[…]
3.   Los Estados miembros garantizarán que, a más tardar en el momento en que el contenido de la acusación se presente a un tribunal, se facilite información detallada sobre la acusación, incluidas la naturaleza y la tipificación jurídica de la infracción penal, así como la naturaleza de la participación de la persona acusada.»
Derecho búlgaro
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Con el título «Acuerdo de conformidad en el procedimiento preliminar», el artículo 381 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (Código de Procedimiento Penal), en su versión aplicable al procedimiento principal (en lo sucesivo, «NPK») dispone lo siguiente:
«(1)   Al término de la investigación, el fiscal y el abogado podrán llegar a un acuerdo, a propuesta de cualquiera de ellos, para poner fin al proceso. […]
[…]
(5)   El acuerdo deberá formalizarse por escrito e incluir un consenso sobre las siguientes cuestiones:
1.
Comisión del acto, comisión del acto por el acusado, carácter culposo del acto, consideración de dicho acto como infracción penal y calificación jurídica del acto.
2.
Naturaleza y gravedad de la pena.
[…]
(6)   El acuerdo será firmado por el fiscal y por el abogado. Si lo acepta, el acusado firmará el acuerdo, tras declarar que renuncia a que su asunto sea juzgado conforme al procedimiento ordinario.
(7)   Cuando el procedimiento se dirija contra varias personas o tenga por objeto varias infracciones, el acuerdo podrá celebrarse por algunas de estas personas o respecto de algunas de tales infracciones.
[…]»
13
El artículo 383 del NPK, titulado «Consecuencias del acuerdo de conformidad», establece, en su apartado 1:
«El acuerdo aprobado por el tribunal producirá los efectos de una sentencia condenatoria con fuerza de cosa juzgada.»
14
A tenor del artículo 384 del NPK, titulado «Acuerdo de conformidad en el procedimiento judicial»:
«(1)   En las condiciones y con los requisitos previstos en el presente capítulo, el órgano jurisdiccional de primera instancia podrá aprobar un acuerdo de conformidad negociado después de iniciado el proceso judicial pero antes del cierre de la fase de instrucción.
[…]
(3)   En tales supuestos, el acuerdo [de conformidad] solo podrá aprobarse tras haber obtenido el consentimiento de todas las partes [procesales].»
15
El artículo 384 a del NPK, titulado «Resolución sobre un acuerdo celebrado con alguno o algunos de los acusados o sobre alguna o algunas de las infracciones», establece lo siguiente:
«(1)   Cuando se haya celebrado un acuerdo con uno de los acusados o sobre una de las infracciones después de iniciado el proceso judicial pero antes del cierre de la fase de instrucción, el tribunal deberá suspender el procedimiento.
(2)   Otra formación jurisdiccional deberá resolver sobre el acuerdo celebrado […].
(3)   La formación jurisdiccional mencionada en el apartado 1 continuará con el examen del asunto una vez que se haya dictado una resolución sobre el acuerdo.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
16
El 25 de marzo de 2020, a instancia de la Spetsializirana prokuratura (Fiscalía Especial, Bulgaria), se inició ante el Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial, Bulgaria) un proceso penal contra cuarenta y una personas, entre ellas SD y PT, acusadas de dirigir las actividades de una organización criminal dedicada a la distribución de drogas con ánimo de lucro o de participar en dichas actividades. A PT se le imputa la participación en dicha organización criminal y la posesión de estupefacientes con fines de distribución, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Nakazatelen kodeks (Código Penal).
17
El 19 de agosto de 2020, el asunto fue devuelto a la Fiscalía Especial para subsanar los vicios de procedimiento de que adolecía el escrito de acusación.
18
El 26 de agosto de 2020, durante la fase preliminar del procedimiento, el fiscal y el abogado de SD celebraron un acuerdo en virtud del cual se impondría a SD una pena menos grave que la prevista por la ley, al haber reconocido este su culpabilidad respecto de las acusaciones formuladas en su contra. Este acuerdo de conformidad fue aprobado el 1 de septiembre de 2020 por una formación jurisdiccional distinta de la que conoció inicialmente del asunto.
19
El 28 de agosto de 2020, la Fiscalía Especial presentó una versión corregida del escrito de acusación y se inició la fase judicial del procedimiento.
20
El 17 de noviembre de 2020, el fiscal y el abogado de PT celebraron un acuerdo de conformidad en virtud del cual se impondría a este acusado, al haber reconocido su culpabilidad por las acusaciones que le concernían, una pena privativa de libertad de tres años, con suspensión de la ejecución de la pena durante un plazo de cinco años.
21
El 21 de enero de 2021, la formación jurisdiccional designada, con arreglo al artículo 384 a del NPK, para pronunciarse sobre este acuerdo, denegó la aprobación de este, por el motivo de que algunos acusados no habían prestado su consentimiento, tal y como exigía el artículo 384, apartado 3, del NPK.
22
El 10 de mayo de 2022, el fiscal y el abogado de PT celebraron un nuevo acuerdo de conformidad, de idéntico contenido, y solicitaron a la formación jurisdiccional que conocía del asunto que se pronunciara sobre dicho acuerdo sin solicitar el consentimiento de los demás acusados.
23
El 18 de mayo de 2022, la formación jurisdiccional designada con arreglo al artículo 384 a del NPK denegó la aprobación del acuerdo de conformidad al que se refiere el apartado anterior, por el motivo de que dicha aprobación requería el consentimiento de los otros treinta y nueve acusados, de conformidad con el artículo 384, apartado 3, del NPK.
24
A raíz de esta denegación, el fiscal, PT y el abogado de este reiteraron, ese mismo día, su voluntad de celebrar un acuerdo de conformidad y de que fuera el órgano jurisdiccional ante el que se habían presentado todas las pruebas el que aprobara dicho acuerdo sin solicitar el consentimiento de los demás acusados.
25
Mediante resolución de 28 de junio de 2022, a los efectos de la apreciación de la compatibilidad con el Derecho de la Unión no solo del artículo 384, apartado 3, del NPK, sino también del artículo 384 a del NPK, en la medida en que este último artículo exige que un acuerdo de conformidad sea aprobado por una formación jurisdiccional ad hoc, el Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial) planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales que constituyen el objeto de la sentencia dictada hoy en el asunto C‑432/22, PT (Acuerdo entre el fiscal y el autor de una infracción).
26
El Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria), que es el sucesor jurídico del Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial) y que es asimismo el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, precisa, con carácter preliminar, que pretende plantear la cuestión de la compatibilidad del artículo 384, apartado 3, del NPK no solo con los artículos 4, apartado 1, y 5 de la Decisión Marco 2004/757 y el artículo 4 de la Decisión Marco 2008/841, sino también con el artículo 20 de la Carta, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 6 de junio de 2023, O. G. (Orden de detención europea contra un nacional de un tercer Estado) (C‑700/21, EU:C:2023:444), y con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2012/13, en la medida en que dicho artículo 384, apartado 3, exige el consentimiento de los demás acusados cuando se celebra un acuerdo de conformidad durante la fase judicial de un proceso penal incoado contra varias personas, pero no durante la fase preliminar de tal procedimiento.
27
Además, el órgano jurisdiccional remitente considera que un acuerdo de conformidad es una «vía jurídica» que permite no solo aplicar una pena que sea efectiva, proporcionada y disuasoria, así como poner fin a la actividad delictiva del acusado que celebra el acuerdo, sino también facilitar al órgano jurisdiccional que conoce del asunto elementos de prueba sobre la actividad delictiva de los demás acusados. En consecuencia, según dicho órgano jurisdiccional, tal acuerdo aplica, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, las disposiciones de las Decisiones Marco 2004/757 y 2008/841 mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia, de modo que la Carta le resulta aplicable.
28
Por lo que respecta, en primer lugar, a la sentencia de 6 de junio de 2023, O. G. (Orden de detención europea contra un nacional de un tercer Estado) (C‑700/21, EU:C:2023:444), de su apartado 43 se desprende, según el órgano jurisdiccional remitente, que la postura del acusado durante la fase preliminar del proceso penal es análoga a la del acusado durante la fase judicial de dicho procedimiento, aun cuando la acusación se formule de manera más detallada en esta última fase. El referido órgano jurisdiccional considera que el «trato desfavorable del acusado» que resulta de la exigencia del consentimiento de los demás acusados para la aprobación judicial del acuerdo de conformidad celebrado por este acusado durante dicha fase judicial «no responde a la exigencia de igualdad que enuncia el artículo 20 de la Carta», por cuanto tal exigencia no se aplica a los acuerdos de conformidad celebrados durante la fase preliminar del procedimiento.
29
En segundo lugar, según el órgano jurisdiccional remitente, «solo el Tribunal de Justicia puede apreciar si el acuerdo [de conformidad], tal como está regulado en el ordenamiento jurídico búlgaro», forma parte de los derechos de defensa a que se refiere al artículo 48, apartado 2, de la Carta y, en caso afirmativo, apreciar si el artículo 384, apartado 3, del NPK limita la efectividad de tal derecho y si dicha limitación «está justificada por una razón válida», de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta. Dicho órgano jurisdiccional añade, por una parte, que dicho artículo 384, apartado 3, priva a un acusado como PT del derecho a que se examine, en cuanto al fondo, el acuerdo de conformidad que celebró con el fin de obtener una pena más leve y, por otra parte, que la limitación para celebrar tal acuerdo resultante del citado artículo 384, apartado 3, «no debería estar justificada por la necesidad de proteger los intereses de los demás acusados», sino que únicamente debería admitirse «en caso de ser necesaria para la protección de los intereses de la víctima».
30
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la compatibilidad del artículo 384, apartado 3, del NPK con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2012/13, en la medida en que dicha disposición de Derecho nacional «limita el efecto útil de este artículo de la Directiva [2012/13]», impidiendo que el acusado que ha ejercido «su derecho a acceder al texto completo de la acusación en virtud del artículo 6, apartado 3, de [dicha] Directiva» celebre un acuerdo de conformidad sin solicitar el consentimiento de los demás acusados. A juicio de dicho órgano jurisdiccional, dado que el acceso a información detallada sobre la acusación solo es posible durante la fase judicial del proceso penal, el artículo 384, apartado 3, del NPK sitúa al acusado que ha obtenido tal información en una situación en la que «depende del consentimiento de los demás acusados y de sus abogados para que [un acuerdo de conformidad] sea examinado sobre el fondo […], y, en su caso, aprobado». De ello deduce que, en el caso de autos, esta disposición impide a PT «disfrutar del efecto útil de la comunicación de información detallada sobre la acusación, derecho que le reconoce expresamente el artículo 6, apartado 3, de la Directiva [2012/13]».
31
En estas circunstancias, el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Es compatible con los artículos 4, apartado 1, y 5 de la Decisión Marco 2004/757 y con el artículo 4 de la Decisión Marco 2008/841, en relación con el artículo 20 de la Carta, una ley nacional con arreglo a la cual la aprobación de un acuerdo por el que se pone fin al proceso penal que se sigue contra un acusado requiere el consentimiento de los demás acusados y de sus abogados defensores si el procedimiento se halla en la fase judicial, requisito que no existe en la fase preliminar?
2)
¿Es compatible con el artículo 4, apartado 1, de la Decisión Marco 2004/757, en relación con los artículos 48, apartado 2, y 52, apartado 1, de la Carta, una ley nacional que limita la posibilidad de que un acusado solicite el control judicial del contenido de un acuerdo por él mismo celebrado (por el cual se le impone una pena más leve), limitación consistente en la necesidad de obtener el consentimiento de los demás acusados?
3)
¿Es compatible con el artículo 6, apartado 3, en relación con el apartado 1, de la Directiva 2012/13, y en relación con los artículos 47, [párrafo primero], y 52, apartado 1, de la Carta, una ley nacional que impone la referida limitación también como consecuencia de que al acusado se le haya facilitado información detallada sobre la acusación?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
32
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 4, apartado 1, y 5 de la Decisión Marco 2004/757, así como el artículo 4 de la Decisión Marco 2008/841, en relación con los artículos 20, 48, apartado 2, y 52, apartado 1, de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición de Derecho nacional que, en un proceso penal en el que hay varios acusados, supedita la aprobación judicial de un acuerdo celebrado entre uno de los acusados y el Ministerio Fiscal durante la fase judicial de dicho procedimiento al consentimiento de los demás acusados, que no han admitido su culpabilidad, mientras que no se exige tal consentimiento para la aprobación de un acuerdo idéntico celebrado durante la fase preliminar de dicho procedimiento.
33
El artículo 4, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión Marco 2004/757 obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los delitos considerados en sus artículos 2 y 3 se castiguen con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, mientras que el artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, de dicha Decisión Marco obliga específicamente a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los delitos indicados en su artículo 2 se castigan con penas máximas de uno a tres años de privación de libertad, como mínimo. El artículo 3, apartado 1, letra a), de la Decisión Marco 2008/841 contiene disposiciones análogas a las que figuran en el artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, de la Decisión Marco 2004/757.
34
El artículo 5 de la Decisión Marco 2004/757 y el artículo 4 de la Decisión Marco 2008/841 establecen, en esencia, la facultad de los Estados miembros de adoptar, en circunstancias particulares, las medidas necesarias para que las penas contempladas, respectivamente, en el artículo 4 de la primera Decisión Marco y en el artículo 3 de la segunda puedan reducirse y, en este último caso, para que el autor de la infracción pueda beneficiarse de una exención de pena.
35
Con carácter preliminar, es preciso determinar si, como sostiene el órgano jurisdiccional remitente, la legislación búlgara que regula el acuerdo de conformidad aplica el Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, y si, por tanto, el Tribunal de Justicia es competente para interpretar las disposiciones de la Carta que son objeto de las cuestiones prejudiciales primera y segunda.
36
El artículo 51, apartado 1, de la Carta establece que las disposiciones de esta están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. El apartado 2 de este mismo artículo precisa que las disposiciones de la Carta no amplían en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados.
37
Dichas disposiciones confirman la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas. Por consiguiente, en el marco de la remisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia solo puede interpretar el Derecho de la Unión dentro de los límites de las competencias que tiene atribuidas (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartados 30 y 31 y jurisprudencia citada).
38
El concepto de «aplicación del Derecho de la Unión», a efectos del artículo 51, apartado 1, de la Carta, presupone la existencia de un vínculo de conexión entre un acto del Derecho de la Unión y la medida nacional en cuestión de un grado superior a la proximidad de las materias consideradas o a las incidencias indirectas de una de ellas en la otra (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de marzo de 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, apartado 24, y de 29 de julio de 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, apartado 42).
39
El Tribunal de Justicia ya ha afirmado la inaplicabilidad de los derechos fundamentales de la Unión en relación con una normativa nacional por el hecho de que las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la materia considerada no imponían a los Estados miembros ninguna obligación específica concerniente a la situación objeto del litigio principal (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de marzo de 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, apartado 26, y de 10 de julio de 2014, Julián Hernández y otros, C‑198/13, EU:C:2014:2055, apartado 35).
40
Estas son las consideraciones que han de tenerse en cuenta a la hora de examinar las disposiciones de los actos de la Unión a la luz de las cuales el órgano jurisdiccional remitente pretende apreciar las disposiciones de Derecho nacional controvertidas en el litigio principal.
41
En primer lugar, el artículo 4, apartado 1, de la Decisión Marco 2004/757 y el artículo 3 de la Decisión Marco 2008/841 figuran en actos adoptados sobre la base del artículo 31 TUE, apartado 1, cuyas disposiciones se reprodujeron en el artículo 83 TFUE, apartado 1, párrafo primero. Contienen disposiciones mínimas relativas a las sanciones aplicables a los delitos comprendidos en los ámbitos delictivos a los que, respectivamente, son aplicables, a saber, el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada.
42
Como subrayó el Tribunal de Justicia en el apartado 39 de la sentencia dictada hoy en el asunto PT (Acuerdo entre el fiscal y el autor de una infracción) (C‑432/22), la aplicación de estas disposiciones implica la adopción, por parte de los Estados miembros, de medidas legislativas en el ámbito del Derecho penal sustantivo. En cambio, en el ámbito del Derecho procesal penal, en el que están comprendidas, en esencia, las disposiciones del Derecho búlgaro relativas al acuerdo de conformidad, a saber, el artículo 384, apartado 3, del NPK, no se ha adoptado, en relación con este tipo de acuerdo, ningún acto legislativo de la Unión sobre la base del artículo 31 TUE o del artículo 82 TFUE, que define la competencia de la Unión en el ámbito del Derecho procesal penal.
43
De ello se deduce que la relación entre las disposiciones de Derecho penal sustantivo de la Unión mencionadas en el apartado 41 de la presente sentencia y las disposiciones del Derecho procesal penal búlgaro que regulan el acuerdo de conformidad sobre el que versa el litigio principal no tiene un grado superior a la proximidad o a las incidencias indirectas de las primeras en las segundas. En estas circunstancias, no puede establecerse entre ellas un vínculo de conexión, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 38 de la presente sentencia.
44
En segundo lugar, el artículo 5 de la Decisión Marco 2004/757 y el artículo 4 de la Decisión Marco 2008/841, titulados «Circunstancias particulares» y «Circunstancias especiales», respectivamente, se limitan a establecer que los Estados miembros podrán adoptar las medidas necesarias para que las penas a que se refieren estas Decisiones Marco puedan reducirse cuando el autor de la infracción renuncie a sus actividades delictivas en los ámbitos de aplicación de dichos actos legislativos y proporcione a las autoridades administrativas o judiciales información que, de otro modo, estas no habrían podido obtener, ayudándoles, en particular, a identificar o a enjuiciar a los demás autores de la infracción o a encontrar pruebas. Estas disposiciones del Derecho de la Unión no precisan ni las modalidades ni los requisitos que rigen la celebración de un acuerdo de conformidad, ni obligan a los Estados miembros a legislar en ese ámbito, al contrario de lo que exige la jurisprudencia mencionada en el apartado 39 de la presente sentencia para que pueda establecerse un vínculo de conexión entre dichas disposiciones del Derecho de la Unión y las que regulan el acuerdo de conformidad en el ordenamiento jurídico búlgaro.
45
De las consideraciones anteriores se desprende que las disposiciones del NPK relativas a la celebración y aprobación de un acuerdo de conformidad, en particular el artículo 384, apartado 3, del NPK, no constituyen una «aplicación», en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, de las disposiciones de las Decisiones Marco 2004/757 y 2008/841.
46
De ello se deduce que el Tribunal de Justicia no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas.
Tercera cuestión prejudicial
47
Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13, a la luz de los artículos 47, párrafo primero, y 52, apartado 1, de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que, en un proceso penal en el que hay varios acusados, supedita la aprobación judicial de un acuerdo de conformidad celebrado entre el Ministerio Fiscal y uno de los acusados al consentimiento de los demás acusados únicamente en el caso de que tal acuerdo se celebre durante la fase judicial de dicho procedimiento.
48
Como resulta del artículo 1 de la Directiva 2012/13, esta Directiva, que fue adoptada sobre la base del artículo 82 TFUE, apartado 2, establece normas mínimas comunes en lo que se refiere a la información sobre los derechos y la acusación que se habrá de proporcionar a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal. Esta Directiva, como indican sus considerandos 14 y 41, se fundamenta en los derechos recogidos, en particular, en los artículos 47 y 48 de la Carta y aspira a promover tales derechos.
49
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2012/13 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar que toda persona sospechosa o acusada reciba, con prontitud y con el grado de detalle necesario, información sobre la infracción penal que se sospecha ha cometido o está acusada de haber cometido. El apartado 3 de este artículo precisa que se debe facilitar información detallada sobre la acusación, incluidas la naturaleza y la tipificación jurídica de la infracción penal, así como la naturaleza de la participación de la persona acusada, a más tardar en el momento en que el contenido de la acusación se presente al tribunal nacional competente que deba pronunciarse sobre la fundamentación de la acusación.
50
En cualquier caso, y sea cual sea el momento en que se facilite la información detallada sobre la acusación, con arreglo al artículo 6, apartado 3, es preciso otorgar a la persona acusada y a su abogado, con arreglo a los principios de contradicción y de igualdad de armas, un plazo suficiente para tomar conocimiento de esa información y ofrecerles la oportunidad de preparar eficazmente su defensa, de presentar sus eventuales observaciones y, en su caso, de solicitar la práctica de diligencias, en particular de prueba, que tengan derecho a solicitar en virtud del Derecho nacional [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de junio de 2018, Kolev y otros, C‑612/15, EU:C:2018:392, apartado 96, y de 21 de octubre de 2021, ZX (Subsanación del escrito de acusación), C‑282/20, EU:C:2021:874, apartado 38 y jurisprudencia citada].
51
La comunicación al acusado de información detallada sobre la acusación, incluidas la naturaleza y la tipificación jurídica de la infracción penal, con la debida antelación, en un momento que le permita preparar eficazmente su defensa, es indispensable para que pueda comprender lo que se le imputa, organizar su defensa en consecuencia y, en su caso, refutar su culpabilidad tratando de demostrar la inexistencia de uno o varios de los elementos constitutivos del delito imputado, o bien optar por reconocer su culpabilidad, de manera voluntaria y con pleno conocimiento de los hechos que se le imputan y de los efectos jurídicos inherentes a dicha elección [véase, por analogía, la sentencia de 9 de noviembre de 2023, BK (Nueva calificación del delito), C‑175/22, EU:C:2023:844, apartado 40].
52
No obstante, la efectividad del derecho a ser informado de la acusación, con el grado de detalle necesario y con la debida antelación, tal como se garantiza en el artículo 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13, no se desvirtúa si la aprobación, por parte del órgano jurisdiccional nacional competente, de un acuerdo de conformidad celebrado entre uno de los acusados y el Ministerio Fiscal está supeditada al consentimiento de los otros acusados que no han reconocido su culpabilidad.
53
En efecto, aunque, como afirma el órgano jurisdiccional remitente, la exigencia de tal consentimiento durante la fase judicial del proceso penal es una consecuencia —deseada por el legislador nacional— de la comunicación a dicho acusado de información detallada sobre la acusación formulada contra él, habida cuenta de la incidencia que esa información más detallada que la comunicada durante la fase preliminar de tal proceso puede tener en el ejercicio, por parte de los acusados que no han reconocido su culpabilidad, del derecho de estos a un proceso equitativo y de sus derechos de defensa, no se ha demostrado que tal exigencia de consentimiento vulnere o impida el ejercicio por el acusado de los derechos garantizados por el artículo 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13, interpretado a la luz de los artículos 47, párrafo primero, y 52, apartado 1, de la Carta.
54
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13, a la luz de los artículos 47, párrafo primero, y 52, apartado 1, de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición de Derecho nacional que, en un proceso penal en el que hay varios acusados, supedita la aprobación judicial de un acuerdo de conformidad celebrado entre el Ministerio Fiscal y uno de los acusados al consentimiento de los demás acusados únicamente en el caso de que tal acuerdo se celebre durante la fase judicial de ese procedimiento.
Costas
55
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El artículo 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, a la luz de los artículos 47, párrafo primero, y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una disposición de Derecho nacional que, en un proceso penal en el que hay varios acusados, supedita la aprobación judicial de un acuerdo de conformidad celebrado entre el Ministerio Fiscal y uno de los acusados al consentimiento de los demás acusados únicamente en el caso de que tal acuerdo se celebre durante la fase judicial de ese procedimiento.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: búlgaro.