62023TJ0494_RES
Asunto T‑494/23
HG
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Décima ampliada) de 16 de octubre de 2024
«Función pública — Funcionarios — Reparación del perjuicio sufrido por la Unión — Cobro de un crédito por compensación — Plazo de prescripción — Derecho aplicable — Artículo 98, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 — Concepto de “circunstancias normales” — Resolución formal previa por la que se determina el crédito objeto de recurso»
Presupuesto de la Unión Europea — Reglamento financiero — Cobro de créditos de la Unión exigibles frente a terceros — Plazo de prescripción — Inicio del cómputo — Entrada en vigor de nuevas normas entre la determinación del crédito mediante decisión previa y la comunicación de la nota de adeudo — Aplicación inmediata a falta de disposiciones transitorias
[Reglamentos (UE, Euratom) del Parlamento Europeo y del Consejo, n.o 966/2012, art. 81, ap. 1, y 2018/1046, arts. 98, ap. 2, 279, 281 y 282]
(véanse los apartados 20 a 25)
Presupuesto de la Unión Europea — Reglamento financiero — Cobro de créditos de la Unión exigibles frente a terceros — Plazo de prescripción — Inicio del cómputo — Determinación del crédito al término de un procedimiento particular antes de su devengo — Impugnación por el funcionario deudor de la decisión previa por la que se determina el crédito — Envío de la nota de adeudo con posterioridad a la resolución definitiva del litigio
[Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 98, ap. 2]
(véanse los apartados 27 a 32)
Presupuesto de la Unión Europea — Reglamento financiero — Cobro de créditos de la Unión exigibles frente a terceros — Procedimiento de cobro mediante compensación — Aplicación del procedimiento con posterioridad a la desestimación de la solicitud de retirada de la nota de adeudo formulada por el funcionario deudor y tras no haberse puesto en contacto el deudor con los servicios competentes — Vulneración del principio de buena administración e incumplimiento del deber de asistencia y protección — Inexistencia
[Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 102, ap. 1]
(véase el apartado 40)
Resumen
Mediante su sentencia, el Tribunal General, constituido en Sala ampliada, desestima el recurso interpuesto por HG, funcionario de la Comisión Europea, contra varias decisiones de dicha institución relativas a la compensación de créditos que se refieren a él. De este modo, el Tribunal General se pronuncia sobre la cuestión inédita del inicio del cómputo del plazo de prescripción del cobro de los créditos de la Unión Europea, en virtud del Reglamento financiero de 2018. (
1
)
En el caso de autos, mediante decisión de 10 de febrero de 2015, la Comisión impuso una sanción disciplinaria a HG y le condenó a reparar el perjuicio sufrido por la Unión por importe de 108596,35 euros sobre la base del artículo 22, párrafo primero, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea. Esta decisión, impugnada por el demandante, entró en vigor el 1 de marzo de 2015.
Mediante la sentencia HG/Comisión (T‑693/16 P RENV RX), (
2
) el Tribunal General redujo el importe de la indemnización solicitada a HG a 80000 euros el día en que se dictó la sentencia, basándose en que la Comisión había contribuido a la realización del perjuicio.
El ordenador competente de la Comisión envió a HG una nota de adeudo con fecha de 3 de marzo de 2022, por un importe de 80000 euros, indicando el 19 de abril de 2022 como fecha límite para el pago. Alegando la existencia de una prescripción quinquenal, HG presentó una solicitud de retirada de dicha nota de adeudo, que fue desestimada por el ordenador.
A partir del 10 de octubre de 2022, le fueron notificadas a HG varias decisiones sucesivas del contable dirigidas a la compensación entre la deuda que tenía con la Comisión y su salario u otros créditos respecto de esta. HG presentó varias reclamaciones contra esas decisiones, que fueron desestimadas mediante decisión de 5 de mayo de 2023. En dicha decisión, la Comisión indica, en particular, que el plazo de prescripción quinquenal invocado por HG sobre la base del Reglamento financiero de 2018 no es aplicable a la situación, que se rige por el Reglamento financiero de 2012, (
3
) que no establece un plazo para la comunicación de una nota de adeudo.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, el Tribunal General señala que las disposiciones del artículo 98, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento financiero de 2018, que prevén la prescripción quinquenal invocada por el demandante, son aplicables a partir del día de la entrada en vigor de dicho Reglamento, es decir, el 2 de agosto de 2018, con arreglo al artículo 282, apartado 2, de este mismo Reglamento. En efecto, las disposiciones transitorias previstas en el artículo 279 del mismo Reglamento y las fechas de aplicabilidad retroactivas o diferidas para determinadas disposiciones, previstas en su artículo 282, apartado 3, no les afectan. Por otra parte, el artículo 281 del Reglamento financiero de 2018 dispone que, salvo una excepción que no es pertinente en el caso de autos, el Reglamento financiero de 2012 queda derogado con efecto a partir del 2 de agosto de 2018.
El Tribunal General recuerda que, de conformidad con los principios de sucesión de las normas en el tiempo, una norma nueva se aplica, en principio, inmediatamente a los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de la antigua norma. Los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma antigua deben entenderse en el sentido de que se refieren a los efectos actuales de dicha situación en el momento en que se aplica la nueva norma. La aplicación de una norma nueva a los efectos actuales de una situación nacida bajo la vigencia de la norma antigua no constituye una aplicación retroactiva de la nueva norma.
Así, una norma jurídica nueva se aplica a partir de la fecha de aplicabilidad fijada en el acto que la contiene y si bien, en principio, esta norma no se aplica a las situaciones jurídicas nacidas y definitivamente consolidadas bajo el imperio de la antigua norma, sí se aplica a los efectos futuros de tales situaciones y a las situaciones jurídicas nuevas. Más concretamente, las normas de procedimiento son aplicables en la fecha en que entran en vigor, a diferencia de las normas sustantivas, que habitualmente se interpretan en el sentido de que solo contemplan situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor en la medida en que de sus términos, finalidad o sistema se desprenda claramente que debe atribuírseles dicho efecto.
En el caso de autos, el crédito de la Unión frente a HG no se había consolidado definitivamente el 2 de agosto de 2018, puesto que este había impugnado dicho crédito y el recurso contencioso a este respecto aún estaba pendiente, y, por tanto, tampoco puede reconocerse que, en vísperas de esa fecha, habida cuenta de esas circunstancias, la Comisión hubiera perdido definitivamente el derecho a cobrar ese crédito debido a un retraso en ejercitar ese derecho. En efecto, por una parte, el Reglamento financiero de 2012 no fijaba un plazo particular para el envío de una nota de adeudo y, por otra, el plazo razonable que una institución de la Unión debe, no obstante, respetar en ese tipo de situación para ejercer sus facultades no había sido rebasado, habida cuenta de las circunstancias. Por consiguiente, el artículo 98, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento financiero de 2018 se aplica al crédito en cuestión.
Pues bien, aunque el artículo 98, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento financiero de 2018 establece que el plazo de prescripción de cinco años para el envío de la nota de adeudo al deudor se empezará a contar «desde el momento en que la institución de la Unión hubiera debido, en circunstancias normales, estar en condiciones de reclamar su deuda», la Comisión pudo considerar fundadamente que las circunstancias del caso de autos, caracterizadas en particular por un crédito impugnado que podía ser posteriormente anulado o reducido, solo fueron normales, en el sentido de dicha disposición, una vez que la sentencia HG/Comisión (T‑693/16 P RENV RX) adquirió firmeza.
A este respecto, en una situación procesal en la que el crédito tuvo que ser determinado, en primer lugar, al término de un procedimiento particular, mediante una decisión formal previa a su devengo, tal interpretación del artículo 98, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento financiero de 2018 redunda en interés de una buena administración. En efecto, es favorable tanto para los intereses de las instituciones acreedoras como para los de sus deudores o eventuales terceros afectados, ya que no obliga en todo caso al ordenador competente a exigir el cobro de créditos impugnados en cuanto a su existencia o a su importe por parte de los deudores antes de conocer qué sucederá definitivamente con dichos créditos y sin tener en cuenta los intereses antes mencionados. En particular, cuando hay un título de crédito frente a un funcionario y este lo impugna tanto en cuanto a su existencia como en cuanto a su importe, solicitando la anulación o la modificación de la decisión previa que lo establece, el ordenador puede, para determinar el momento oportuno para establecer el devengo del crédito, para ordenar su cobro y para enviar la nota de adeudo, en particular, tomar en consideración, habida cuenta del deber de asistencia y protección de la administración frente a sus agentes, que le obliga a tener en cuenta no solo el interés del servicio, sino también el del funcionario afectado, la importancia de la cantidad en juego en relación con los ingresos del funcionario y su apreciación de la posibilidad de que dicha cantidad, en particular si se deriva de la exigencia de la responsabilidad del funcionario, sea modificada por el juez en el ejercicio de una competencia jurisdiccional plena.
En segundo lugar, el Tribunal General señala que, al adoptar las decisiones impugnadas, el contable de la Comisión no violó ni el principio de buena administración ni incumplió el deber de asistencia y protección de las instituciones para con sus funcionarios, ya que procedió mediante compensación con el salario del funcionario deudor o con reembolsos de gastos, como obliga a ello el artículo 102, apartado 1, del Reglamento financiero de 2018, y adoptó de oficio un plan de pago escalonado que dejaba a disposición de dicho funcionario unos ingresos adecuados habida cuenta de su nivel de remuneración.
(
1
)	Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento financiero de 2018»).
(
2
)	Sentencia de 15 de diciembre de 2021, HG/Comisión (T‑693/16 P RENV RX, EU:T:2021:895).
(
3
)	Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento financiero de 2012»).