62024CJ0020
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 6 de marzo de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.o 261/2004 — Artículo 2, letra g) — Artículo 3, apartados 2 y 3 — Derecho a compensación en caso de gran retraso de un vuelo — Ámbito de aplicación — Pasajeros con tarjeta de embarque — Prueba de una reserva confirmada por el transportista aéreo — Pasajeros que viajan gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público — Vuelo que forma parte de un viaje combinado financiado por un tercero — Carga de la prueba del pago»
En el asunto C‑20/24 [Cymdek], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunal de Distrito de la ciudad de Varsovia, Polonia), mediante resolución de 24 de noviembre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de enero de 2024, en el procedimiento entre
M1.R.,
M2.R.
y
AAA sp. z o.o.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por el Sr. M. Gavalec (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. Z. Csehi y F. Schalin, Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de M1.R. y M2.R., por el Sr. P. Mędygrał, radca prawny;
–
en nombre de AAA sp. z o.o., por la Sra. K. Bień, radca prawny;
–
en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. B. Sasinowska y N. Yerrell, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, letra g), y 3, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre M1.R. y M2.R., dos pasajeros aéreos (en lo sucesivo, «pasajeros de que se trata en el litigio principal»), y la sociedad AAA sp. z o.o., transportista aéreo, en relación con una demanda de compensación presentada por estos pasajeros sobre la base del Reglamento n.o 261/2004, a raíz de un gran retraso de un vuelo en la llegada a su destino final.
Marco jurídico
3
Con arreglo a los considerandos 1 y 5 del Reglamento n.o 261/2004:
«(1)
La actuación de la Comunidad [Europea] en el ámbito del transporte aéreo debe tener como objetivo, entre otros, garantizar un elevado nivel de protección de los pasajeros. Además, se deben tomar plenamente en consideración los requisitos de protección de los consumidores en general.
[…]
(5)
Dado que la distinción entre servicios aéreos regulares y no regulares tiende a difuminarse, el régimen de protección debe aplicarse no solo a los pasajeros de vuelos regulares, sino también a los de vuelos no regulares, incluidos los que forman parte de viajes combinados.»
4
El artículo 2 de este Reglamento, titulado «Definiciones», tiene la siguiente redacción:
«A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
f)
billete, todo documento válido que dé derecho al transporte, o su equivalente en forma no impresa, incluida la electrónica, expedido o autorizado por el transportista aéreo o por su agente autorizado;
g)
reserva, el hecho de que el pasajero disponga de un billete o de otra prueba que demuestre que la reserva ha sido aceptada y registrada por el transportista aéreo o el operador turístico;
[…]
j)
denegación de embarque, la negativa a transportar pasajeros en un vuelo, pese a haberse presentado al embarque en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 3, salvo que haya motivos razonables para denegar su embarque, tales como razones de salud o de seguridad o la presentación de documentos de viaje inadecuados;
[…]».
5
El artículo 3 de este Reglamento, que lleva por título «Ámbito de aplicación», establece lo siguiente:
«1.   El presente Reglamento será aplicable:
a)
a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado;
b)
a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en un tercer país con destino a otro situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado, a menos que disfruten de beneficios o compensación y de asistencia en ese tercer país, cuando el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo en cuestión sea un transportista comunitario.
2.   El apartado 1 se aplicará a condición de que los pasajeros:
a)
dispongan de una reserva confirmada en el vuelo de que se trate y, excepto en el caso de la cancelación mencionado en el artículo 5, se presenten a facturación:
–
en las condiciones requeridas y a la hora indicada previamente y por escrito (inclusive por medios electrónicos) por el transportista aéreo, el operador turístico o un agente de viajes autorizado,
o bien, de no indicarse hora alguna,
–
con una antelación mínima de cuarenta y cinco minutos respecto de la hora de salida anunciada, o
b)
hayan sido transbordados por un transportista aéreo u operador turístico del vuelo para el que disponían de una reserva a otro vuelo, independientemente de los motivos que haya dado lugar al transbordo.
3.   El presente Reglamento no se aplicará a los pasajeros que viajen gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público. No obstante, se aplicará a los pasajeros que posean billetes expedidos, dentro de programas para usuarios habituales u otros programas comerciales, por un transportista aéreo o un operador turístico.
[…]
5.   El presente Reglamento será aplicable a cualquier transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que proporcione transporte a los pasajeros a los que se hace referencia en los apartados 1 y 2. Cuando un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que no tenga contrato con el pasajero dé cumplimiento a obligaciones en virtud del presente Reglamento, se considerará que lo hace en nombre de la persona que tiene un contrato con el pasajero.
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
6
AAA, transportista aéreo que ofrece vuelos chárter, celebró con BBB sp. z o.o., operador turístico, un contrato en virtud del cual AAA le facilitó vuelos específicos en fechas específicas, para los que BBB vendió a continuación billetes a pasajeros aéreos. BBB pagó el precio de los vuelos a AAA.
7
Los pasajeros de que se trata en el litigio principal tomaron parte en un viaje combinado, que incluía un vuelo con salida desde Tenerife (España) y destino a Varsovia (Polonia), realizado el 20 de mayo de 2021 y operado por AAA. El contrato relativo al viaje combinado se había celebrado entre CCC sp. z o.o., en nombre de dichos pasajeros, y BBB. Ese vuelo sufrió un retraso en la llegada de más de veintidós horas.
8
Con el fin de acreditar su legitimación para ejercitar una acción de compensación por el retraso del vuelo en cuestión, los pasajeros de que se trata en el litigio principal presentaron copias de las tarjetas de embarque para el referido vuelo. Sin embargo, AAA se negó a compensar a esos pasajeros, alegando que no habían demostrado estar en posesión de una reserva confirmada y pagada para tal vuelo. En opinión de AAA, el viaje combinado de dichos pasajeros fue pagado por CCC en condiciones preferentes, de modo que esos pasajeros viajaron gratuitamente o con un billete de precio reducido, en el sentido del artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004, lo que excluye el derecho a una compensación en virtud de ese Reglamento.
9
Los pasajeros de que se trata en el litigio principal estiman que, al presentar las tarjetas de embarque para obtener la compensación, demostraron que disponían de una reserva confirmada, puesto que en caso contrario dichas tarjetas no les habrían sido expedidas. Además, aducen que corresponde a AAA demostrar que viajaron gratuitamente, y no a ellos probar que pagaron el precio del vuelo operado por aquel. Añaden que, de cualquier modo, en la medida en que AAA recibió un pago de BBB por la ejecución de ese vuelo y que BBB obtuvo un pago de CCC —que financió el viaje combinado de esos pasajeros— por ese viaje, incluido ese vuelo, ellos no viajaron gratuitamente. Sostienen que, desde el punto de vista del artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004, resulta irrelevante que fueran ellos quienes pagaran por el vuelo o que asumiese el coste un tercero, siempre que no sea el transportista aéreo.
10
El Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunal de Distrito de la ciudad de Varsovia, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente, alberga dudas acerca de si la presentación de una tarjeta de embarque por un pasajero constituye «otra prueba», en el sentido del artículo 2, letra g), del Reglamento n.o 261/2004, que demuestre que la reserva ha sido aceptada y registrada por el transportista aéreo o el operador turístico.
11
Dicho órgano jurisdiccional indica, a este respecto, que las conclusiones extraídas de la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Azurair y otros (C‑146/20, C‑188/20, C‑196/20 y C‑270/20, EU:C:2021:1038), no permiten responder a la cuestión de si el Derecho de la Unión autoriza, en una situación como la que se le ha planteado, a aportar «otra prueba», en el sentido de la referida disposición, que demuestre que un pasajero dispone de una reserva confirmada para un vuelo, cuando la tarjeta de embarque presentada por ese pasajero no contiene todos los datos mencionados en la citada sentencia, como la hora de llegada del vuelo.
12
Por otra parte, aun cuando AAA y algunas formaciones de tribunales de apelación polacos consideran que los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 2, letra a), de ese Reglamento deben interpretarse de manera restrictiva, el órgano jurisdiccional remitente estima que no se expide una tarjeta de embarque a una persona al azar, sino a un pasajero titular de una reserva confirmada en el vuelo de que se trate, y ello después de la facturación de ese pasajero para ese vuelo, debiendo indicarse el número del billete o de la reserva en el momento de la facturación. Así pues, sostiene que, salvo en determinadas situaciones extraordinarias, no existe otro medio racional para explicar cómo podría ese pasajero obtener esa tarjeta sin disponer de tal reserva.
13
Además, a diferencia de AAA y de algunas formaciones de tribunales de apelación polacos, el órgano jurisdiccional remitente considera que corresponde al transportista aéreo probar que el vuelo en cuestión era gratuito, y no limitarse a deducir efectos jurídicos favorables para él de una mera afirmación en este sentido.
14
Por otra parte, ese órgano jurisdiccional se pregunta acerca de la interpretación de la expresión «viaj[ar] gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público», prevista en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004. Considera que, en el caso de los viajes combinados, si un viaje que ha sido pagado al operador turístico, bien directamente por los pasajeros, bien por otra entidad en su nombre, incluye un vuelo pagado por dicho operador al transportista aéreo, esos pasajeros no viajarían «gratuitamente», en el sentido de esa disposición.
15
Por lo que respecta, más concretamente, al concepto de «billete de precio reducido», a efectos de dicha disposición, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si procede interpretarlo en el sentido de que se trata de un descuento ofrecido al pasajero por el transportista aéreo o si comprende también una situación en la que dicho transportista percibe del operador turístico una remuneración conforme con las condiciones de mercado, pero en la que este último u otra entidad permite a los pasajeros participar en el viaje combinado en condiciones preferentes. Para ese órgano jurisdiccional, esta última interpretación parece contraria al objetivo de dicho Reglamento y sería difícilmente aplicable habida cuenta de la falta de criterios que permitan determinar qué se entiende por condiciones preferentes de participación en un viaje combinado.
16
En esas circunstancias, el Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunal de Distrito de la ciudad de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Puede la tarjeta de embarque de un pasajero constituir otra prueba que demuestre que la reserva ha sido aceptada y registrada por el transportista aéreo o el operador turístico, en el sentido del artículo 2, letra g), del Reglamento [n.o 261/2004]?
2)
¿Debe considerarse, a los efectos del artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento [n.o 261/2004], que, cuando no se acredite ninguna circunstancia anómala, los pasajeros que dispongan de una tarjeta de embarque para un vuelo determinado tienen una reserva confirmada en el vuelo de que se trate?
3)
¿Recae en el pasajero la carga de la prueba del pago del vuelo, o bien en el transportista que, para quedar exento de responsabilidad, deberá acreditar que el pasajero viajaba gratuitamente o con un billete de precio reducido, a los efectos del artículo 3, apartado 3, del Reglamento [n.o 261/2004]?
4)
¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, del Reglamento [n.o 261/2004] en el sentido de que, cuando un pasajero haya comprado un viaje combinado a un operador turístico y esa entidad haya pagado al transportista el precio por el vuelo, este vuelo tiene carácter oneroso?
5)
¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, del Reglamento [n.o 261/2004] en el sentido de que, cuando sea un tercero quien compre a favor de los pasajeros un viaje combinado, en el marco del cual el operador turístico pague al transportista aéreo de vuelos chárter un precio de mercado, no se da el supuesto de “pasajeros que viajen […] con un billete de precio reducido”, con independencia de las liquidaciones entre el tercero y los pasajeros?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
17
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 2, letra g), y 3, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 261/2004 deben interpretarse en el sentido de que una tarjeta de embarque puede constituir «otra prueba», a efectos de la primera de estas disposiciones, que demuestre que la reserva ha sido aceptada y registrada por el transportista aéreo o el operador turístico, de modo que se considere que un pasajero que disponga de tal tarjeta tiene una «reserva confirmada», a efectos de la segunda de dichas disposiciones, para el vuelo de que se trate, en una situación en la que no se ha demostrado ninguna circunstancia extraordinaria particular.
18
Del artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 261/2004 se desprende que este Reglamento solo es aplicable a condición, en primer lugar, de que los pasajeros dispongan de una reserva confirmada en el vuelo de que se trate y, en segundo lugar, de que se presenten con la debida antelación a facturación, excepto en caso de cancelación, contemplada en el artículo 5 de dicho Reglamento. Dado que ambos requisitos son acumulativos, la presentación de un pasajero a facturación no puede presumirse por el hecho de que dicho pasajero disponga de una reserva confirmada para el vuelo de que se trate [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2024, Laudamotion (Renuncia a un vuelo retrasado), C‑474/22, EU:C:2024:73, apartado 21 y jurisprudencia citada].
19
El Reglamento n.o 261/2004 no define el concepto de «reserva confirmada». Sin embargo, el concepto de «reserva», por su parte, se define en el artículo 2, letra g), de dicho Reglamento como el «hecho de que el pasajero disponga de un billete o de otra prueba que demuestre que la reserva ha sido aceptada y registrada por el transportista aéreo o el operador turístico». Además, el concepto de «billete», en el sentido del artículo 2, letra f), de dicho Reglamento, incluye cualquier documento o su equivalente en forma no impresa que confiera al pasajero el derecho a un transporte [véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2022, flightright (Transporte aéreo de Stuttgart a Kansas City), C‑436/21, EU:C:2022:762, apartado 21 y jurisprudencia citada, y de 21 de diciembre de 2021, Azurair y otros, C‑146/20, C‑188/20, C‑196/20 y C‑270/20, EU:C:2021:1038, apartado 40].
20
Por otra parte, por lo que respecta al concepto de «otra prueba», en el sentido del artículo 2, letra g), del Reglamento n.o 261/2004, si el pasajero aéreo dispone de tal prueba emitida por el transportista aéreo o por el operador turístico, esa otra prueba equivale a una «reserva», en el sentido de esta disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Azurair y otros, C‑146/20, C‑188/20, C‑196/20 y C‑270/20, EU:C:2021:1038, apartado 42).
21
Estos conceptos deben interpretarse ampliamente, en aras de un elevado nivel de protección de los pasajeros, al que se hace referencia en el considerando 1 de dicho Reglamento [sentencia de 6 de octubre de 2022, flightright (Transporte aéreo de Stuttgart a Kansas City), C‑436/21, EU:C:2022:762, apartado 22 y jurisprudencia citada].
22
En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que los pasajeros de que se trata en el litigio principal disponían de tarjetas de embarque expedidas por el transportista aéreo, lo que les permitió efectuar un vuelo de Tenerife con destino a Varsovia, operado por dicho transportista, tras presentarse a facturación.
23
Como han alegado los pasajeros de que se trata en el litigio principal, el Gobierno polaco y la Comisión Europea, en esencia, en sus observaciones escritas, se expide una tarjeta de embarque a un pasajero para un vuelo determinado, que le confiere un derecho al transporte y le autoriza a embarcarse en el avión y a tomar ese vuelo una vez que dicho pasajero haya efectuado la facturación indicando, en particular, el número del billete o de la reserva.
24
De ello se deduce que una tarjeta de embarque puede constituir «otra prueba», en el sentido del artículo 2, letra g), del Reglamento n.o 261/2004, que demuestre que la reserva ha sido aceptada y registrada por el transportista aéreo o el operador turístico para el vuelo de que se trate.
25
Esta conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia invocada por el órgano jurisdiccional remitente de que la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Azurair y otros (C‑146/20, C‑188/20, C‑196/20 y C‑270/20, EU:C:2021:1038), no permite responder a la cuestión de si una tarjeta de embarque puede estar comprendida en el concepto de «otra prueba», en el sentido del artículo 2, letra g), del Reglamento n.o 261/2004, en la medida en que dicha tarjeta no contiene todos los elementos mencionados en esa sentencia, como, en particular, la hora de llegada del vuelo de que se trate.
26
Ciertamente, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 51 de esa sentencia, que el artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que el pasajero dispone de una «reserva confirmada», en el sentido de dicha disposición, cuando el operador turístico transmite a ese pasajero, con el que ha celebrado un contrato, «otra prueba», en el sentido del artículo 2, letra g), del Reglamento, en la que se le promete transportarlo en un vuelo determinado, individualizado mediante la indicación de los lugares de salida y de llegada, de las horas de salida y de llegada, así como del número de vuelo, incluso en el supuesto de que el operador turístico no haya recibido una confirmación por parte del transportista aéreo de que se trate respecto de las horas de salida y de llegada de ese vuelo.
27
No obstante, procede señalar que, a diferencia del presente asunto, en los asuntos que dieron lugar a la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Azurair y otros (C‑146/20, C‑188/20, C‑196/20 y C‑270/20, EU:C:2021:1038), el operador turístico había transmitido a los pasajeros información sobre los horarios de los vuelos que difería de la que el transportista aéreo había transmitido, en último lugar, a este, información esta última que no se había transmitido a dichos pasajeros, de modo que estos solo disponían de la información contenida en el documento transmitido por el operador turístico.
28
Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en la medida en que un transportista aéreo ha embarcado a los pasajeros que poseen una reserva confirmada en el vuelo de que se trate y los transporta a su destino, debe considerarse que estos han cumplido el requisito de presentarse a facturación con anterioridad a dicho vuelo (véase, en este sentido, el auto de 24 de octubre de 2019, easyJet Airline, C‑756/18, EU:C:2019:902, apartado 28).
29
A la inversa, en la medida en que los pasajeros, como los pasajeros de que se trata en el litigio principal, han cumplido adecuadamente la exigencia de presentarse a facturación y han realizado el vuelo de que se trata con una tarjeta de embarque para este, debe considerarse que han cumplido la exigencia de estar en posesión de una reserva confirmada para dicho vuelo.
30
Por otra parte, tal conclusión se ve corroborada por el objetivo, enunciado en el considerando 1 del Reglamento n.o 261/2004, de garantizar un elevado nivel de protección de los pasajeros.
31
En efecto, los pasajeros que sufren un gran retraso de su vuelo tienen, pues, la posibilidad de ejercer su derecho a compensación sin estar sujetos a la exigencia, no adaptada a su situación, de tener que probar posteriormente, cuando presentan su reclamación dirigida a obtener la compensación, que estaban en posesión de una reserva para el vuelo retrasado, en el que, en cualquier caso, fueron transportados (véase, en este sentido, el auto de 24 de octubre de 2019, easyJet Airline, C‑756/18, EU:C:2019:902, apartado 32).
32
A este respecto, y por lo que concierne a la hipótesis, mencionada por AAA, de que una tarjeta de embarque podría ser utilizada, en caso de pérdida por una persona titular de esta, por otra persona con datos similares, basta con señalar que, como se desprende del artículo 2, letra j), del Reglamento n.o 261/2004, este permite al transportista aéreo denegar el embarque, en particular, por la presentación de documentos de viaje inadecuados.
33
De lo anterior se desprende que procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que los artículos 2, letra g), y 3, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 261/2004 deben interpretarse en el sentido de que una tarjeta de embarque puede constituir «otra prueba», a efectos de la primera de estas disposiciones, que demuestre que la reserva ha sido aceptada y registrada por el transportista aéreo o el operador turístico, de modo que se considere que un pasajero que disponga de tal tarjeta tiene una «reserva confirmada», a efectos de la segunda de dichas disposiciones, para el vuelo de que se trate, en una situación en la que no se ha demostrado ninguna circunstancia extraordinaria particular.
Cuestiones prejudiciales tercera a quinta
34
Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera a quinta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que no se considera que un pasajero viaja gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público, a efectos de dicha disposición, cuando, por una parte, el operador turístico abona el precio del vuelo al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo conforme a las condiciones de mercado y, por otra parte, el precio del viaje combinado es abonado a dicho operador no por ese pasajero, sino por un tercero. Ese órgano jurisdiccional pregunta también si incumbe a ese transportista aéreo probar que tal pasajero ha viajado gratuitamente o con un billete de precio reducido o si le corresponde a este probar que pagó el precio del vuelo.
35
A tenor del artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004, este Reglamento no se aplicará a los pasajeros que viajen gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público.
36
A este respecto, es preciso señalar que la inaplicabilidad de tal Reglamento prevista en la referida disposición constituye una excepción a la regla según la cual este Reglamento se aplica, como se desprende de su artículo 3, apartado 1, por una parte, a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado y, por otra parte, a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en un país tercero y con destino a otro situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado, a menos que disfruten de beneficios o compensación y asistencia en ese tercer país, cuando el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo sea un transportista establecido en la Unión Europea, en las condiciones establecidas en el apartado 2 de dicho artículo 3.
37
Pues bien, como ha declarado el Tribunal de Justicia, habida cuenta del objetivo del Reglamento n.o 261/2004, contemplado en su considerando 1 y consistente en garantizar un elevado nivel de protección de los pasajeros, toda excepción a las disposiciones que conceden derechos a los pasajeros debe interpretarse de modo estricto (sentencia de 16 de enero de 2025, Qatar Airways, C‑516/23, EU:C:2025:21, apartado 23 y jurisprudencia citada).
38
Además, conforme a reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, ha de tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte (sentencia de 21 de noviembre de 2024, Mesto Rimavská Sobota, C‑370/23, EU:C:2024:972, apartado 25 y jurisprudencia citada).
39
Es cierto que el tenor del artículo 3, apartado 3, primera frase, del Reglamento n.o 261/2004 no permite, por sí solo, determinar si el ámbito de aplicación de esta disposición se limita a las situaciones en las que es únicamente el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo quien ofrece a los pasajeros la posibilidad de viajar gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público.
40
Por lo que respecta al contexto en el que se inscribe dicha disposición, del artículo 3, apartado 3, de ese Reglamento se desprende, en particular, que los pasajeros que viajen mediante billetes emitidos gratuitamente por un transportista aéreo no están comprendidos en el ámbito de aplicación de ese Reglamento, a menos que tales billetes hayan sido expedidos dentro de programas para usuarios habituales u otros programas comerciales (véase, en este sentido, el auto de 26 de noviembre de 2020, SATA International — Azores Airlines, C‑316/20, EU:C:2020:966, apartado 15).
41
El Tribunal de Justicia ya ha declarado a este respecto que el artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que dicho Reglamento no se aplica a un pasajero que viaja con un billete de precio preferente emitido por un transportista aéreo en el marco de una operación de patrocinio de un acontecimiento, cuyo beneficio se limita a determinadas personas y cuya emisión requiere la autorización previa e individualizada de ese transportista aéreo (auto de 26 de noviembre de 2020, SATA International — Azores Airlines, C‑316/20, EU:C:2020:966, apartado 19).
42
Además, en virtud del artículo 3, apartado 5, del citado Reglamento, este se aplica a todo transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que proporcione transporte a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro o con destino a él. La misma disposición precisa que, cuando un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que no tenga contrato con el pasajero dé cumplimiento a obligaciones en virtud de dicho Reglamento, se considerará que lo hace en nombre de la persona que tiene un contrato con el pasajero (sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, apartado 28 y jurisprudencia citada).
43
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que un pasajero de un vuelo que haya sido retrasado tres o más horas puede interponer una demanda de compensación con arreglo a los artículos 6 y 7 del Reglamento n.o 261/2004 contra el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, aun cuando ese pasajero y ese transportista aéreo no hayan celebrado un contrato entre ellos y el vuelo en cuestión forme parte de un viaje combinado (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, apartado 38).
44
Por lo tanto, habida cuenta de la responsabilidad del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo de compensar a los pasajeros en caso de gran retraso en la llegada, procede señalar que la excepción prevista en el artículo 3, apartado 3, primera frase, del Reglamento n.o 261/2004 comprende únicamente las situaciones en las que es el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo quien autoriza a los pasajeros a viajar gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público.
45
Tal interpretación resulta conforme con el objetivo del Reglamento n.o 261/2004, que es garantizar un elevado nivel de protección de los pasajeros aéreos.
46
A este respecto, a tenor del considerando 5 de dicho Reglamento, esta protección debe aplicarse no solo a los pasajeros de vuelos regulares, sino también a los de vuelos no regulares, incluidos los que forman parte de viajes combinados.
47
En efecto, de los trabajos preparatorios del citado Reglamento se desprende que el legislador de la Unión no tuvo la intención de excluir a los pasajeros cuyo vuelo forma parte de un viaje combinado del ámbito de aplicación del mismo Reglamento, sino, por el contrario, de atribuirles los derechos que este reconoce (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, apartado 36).
48
En el caso de autos, en la medida en que el operador turístico obtuvo la contrapartida del viaje combinado efectuado por los pasajeros de que se trata en el litigio principal y pagó el precio del vuelo al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo y en que este recibió una remuneración conforme a las condiciones de mercado, procede considerar que esos pasajeros no viajaron gratuitamente o con un billete de precio reducido que no estuviera directa o indirectamente a disposición del público, en el sentido del artículo 3, apartado 3, primera frase, del Reglamento n.o 261/2004.
49
Como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 43 de la presente sentencia, para que los pasajeros de que se trata en el litigio principal invoquen derechos frente al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, carece de pertinencia el hecho de que el precio del viaje combinado no fuera pagado por ellos, que no celebraron un contrato con dicho transportista, sino por un tercero, al operador turístico que, a su vez, pagó a ese transportista el precio del vuelo.
50
Por lo que respecta a la carga de la prueba de que un pasajero ha viajado gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público, en el sentido del artículo 3, apartado 3, primera frase, del Reglamento n.o 261/2004, procede señalar que esta disposición, sin regular expresamente la atribución de esa carga, establece, como se desprende del apartado 37 de la presente sentencia, una excepción a las disposiciones que conceden derechos a los pasajeros, excluyendo a tal pasajero del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
51
Por consiguiente, para quedar liberado de su obligación de compensar a ese pasajero, incumbe al transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo demostrar, según las modalidades previstas por el Derecho nacional, que ese pasajero ha viajado gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público, en el sentido del artículo 3, apartado 3, primera frase, del citado Reglamento, y que, por tanto, no está comprendido en su ámbito de aplicación.
52
Pues bien, es preciso señalar que una interpretación consistente en hacer recaer sobre los pasajeros la carga de la prueba no solo resultaría contraria al objetivo del Reglamento n.o 261/2004, que es garantizar un elevado nivel de protección de los pasajeros aéreos, sino también difícil de aplicar, en particular en el contexto específico del presente asunto, en el que los pasajeros de que se trata en el litigio principal reservaron un viaje combinado con un operador turístico.
53
En efecto, como han alegado, en esencia, los pasajeros de que se trata en el litigio principal y la Comisión en sus observaciones escritas, cuando un pasajero no reserva su viaje combinado directamente con el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, sino a través de un operador turístico, es generalmente este último, como en el caso de autos, quien efectúa el pago del precio del vuelo a dicho transportista, mientras que el pasajero abona un precio por la totalidad del viaje combinado, incluido el del vuelo. Además de que tal pasajero ignora el precio exacto del vuelo pagado por el organizador, tal pasajero tiene posibilidades limitadas para aportar la prueba de que ha pagado el precio del vuelo.
54
De las consideraciones anteriores se desprende que procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera a quinta que el artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que no se considera que un pasajero viaja gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público, a efectos de dicha disposición, cuando, por una parte, el operador turístico abona el precio del vuelo al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo conforme a las condiciones de mercado y, por otra parte, el precio del viaje combinado es abonado a dicho operador no por ese pasajero, sino por un tercero. Incumbe a ese transportista aéreo probar, según las modalidades previstas por el Derecho nacional, que tal pasajero ha viajado gratuitamente o con un billete de precio reducido.
Costas
55
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
1)
Los artículos 2, letra g), y 3, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91,
deben interpretarse en el sentido de que
una tarjeta de embarque puede constituir «otra prueba», a efectos de la primera de estas disposiciones, que demuestre que la reserva ha sido aceptada y registrada por el transportista aéreo o el operador turístico, de modo que se considere que un pasajero que disponga de tal tarjeta tiene una «reserva confirmada», a efectos de la segunda de dichas disposiciones, para el vuelo de que se trate, en una situación en la que no se ha demostrado ninguna circunstancia extraordinaria particular.
2)
El artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004
debe interpretarse en el sentido de que
no se considera que un pasajero viaja gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público, a efectos de dicha disposición, cuando, por una parte, el operador turístico abona el precio del vuelo al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo conforme a las condiciones de mercado y, por otra parte, el precio del viaje combinado es abonado a dicho operador no por ese pasajero, sino por un tercero. Incumbe a ese transportista aéreo probar, según las modalidades previstas por el Derecho nacional, que tal pasajero ha viajado gratuitamente o con un billete de precio reducido.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.