62018CC0798
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentadas el 29 de octubre de 2020 (
1
)
Asuntos acumulados C‑798/18 y C‑799/18
Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) y otros
(asunto C‑798/18),
Athesia Energy Srl y otros
(asunto C‑799/18),
contra
Ministero dello Sviluppo Economico,
Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA,
con intervención de:
Elettricità Futura — Unione delle Imprese Elettriche italiane,
Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana — Confagricoltura
[Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia)]
«Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 2009/28/CE — Fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables — Producción de energía eléctrica mediante instalaciones solares fotovoltaicas — Sistema de apoyo — Modificación de los incentivos ya concedidos pero cuyo pago aún no se ha devengado — Artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Libertad de empresa — Derecho a la propiedad — Concepto de “bien” — Confianza legítima — Tratado sobre la Carta de la Energía — Artículo 10»
I. Introducción
1.
En 2014, ante el auge del sector de la energía fotovoltaica, el legislador italiano trató de reducir los incentivos concedidos en su territorio a los operadores de este sector.
2.
Las presentes peticiones de decisión prejudicial, presentadas el 17 de diciembre de 2018 por el Tribunale ammistrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), tienen por objeto la compatibilidad de tal reforma regulatoria con el Derecho de la Unión y, más concretamente, las limitaciones que pueden suponer los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), relativos a la libertad de empresa y al derecho a la propiedad, respectivamente.
3.
Estas peticiones se presentaron en el marco de litigios entre, por una parte, un importante número de operadores de instalaciones fotovoltaicas en Italia y la Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (Federación Nacional de Empresas Electrónicas y Eléctricas) (Anie), (
2
) y, por otra parte, el Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerio de Desarrollo Económico, Italia) y Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (en lo sucesivo, «GSE»), una sociedad por acciones cuyo capital está íntegramente participado por el Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministerio de Economía y Hacienda, Italia).
4.
La particularidad de los presentes asuntos reside en el hecho de que GSE celebró con dichos operadores unos acuerdos que preveían el pago de incentivos durante un plazo de veinte años, en el marco de un sistema de apoyo que tenía por objeto la transposición al Derecho italiano de las sucesivas directivas europeas en materia de fomento del uso de energías renovables. (
3
)
5.
La reforma llevada a cabo por el legislador italiano vino a insertarse en este particular contexto legislativo, con el fin de modificar, en perjuicio de los referidos operadores, los incentivos cuyo pago, con arreglo a dichos acuerdos, estaba programado, pero aún no se había devengado.
6.
De conformidad con lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán en la interpretación de los artículos 16 y 17 de la Carta, así como del artículo 10 del Tratado sobre la Carta de la Energía, (
4
) en relación con el artículo 216 TFUE, apartado 2. (
5
)
7.
Al término de mi exposición, propondré al Tribunal de Justicia que declare que los artículos 16 y 17 de la Carta no se oponen a una reforma como la emprendida por el legislador italiano. Asimismo, expondré las razones por las cuales considero que el artículo 10 de la Carta de la Energía, en relación con el artículo 216 TFUE, apartado 2, no es aplicable en los presentes asuntos.
II. Marco jurídico
A. Derecho internacional
8.
A tenor del artículo 10, apartado 1, de la Carta de la Energía, cuyo epígrafe es «Promoción, protección y trato de las inversiones»:
«1.   De conformidad con las disposiciones del presente Tratado, las Partes contratantes fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores de otras Partes contratantes realicen inversiones en su territorio. Entre dichas condiciones se contará el compromiso de conceder en todo momento a las inversiones de los inversores de otras Partes contratantes un trato justo y equitativo. Estas inversiones gozarán asimismo de una protección y seguridad completas y ninguna Parte contratante perjudicará en modo alguno, mediante medidas exorbitantes o discriminatorias, la gestión, mantenimiento, uso, disfrute o liquidación de las mismas […]».
B. Derecho de la Unión
9.
El considerando 25 de la Directiva 2009/28 afirma lo siguiente:
«Los Estados miembros tienen distintos potenciales en cuanto a la energía renovable y cuentan con diferentes sistemas de apoyo a la energía procedente de fuentes renovables a escala nacional. […] Para que los sistemas nacionales de apoyo funcionen debidamente es imprescindible que los Estados miembros puedan controlar los efectos y los costes de sus sistemas nacionales de apoyo de acuerdo con sus distintos potenciales. Un medio importante para lograr el objetivo de la presente Directiva es garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas nacionales de apoyo con arreglo a la Directiva 2001/77/CE, a fin de mantener la confianza de los inversores y de permitir a los Estados miembros diseñar medidas nacionales efectivas para el cumplimiento de los objetivos […]».
10.
El artículo 3 de esta Directiva, que lleva por epígrafe «Objetivos globales nacionales obligatorios y medidas para el uso de energía procedente de fuentes renovables», dispone lo siguiente:
«1.   Cada Estado miembro velará por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables […] en su consumo final bruto de energía en 2020 sea equivalente como mínimo a su objetivo global nacional en cuanto a la cuota de energía procedente de fuentes renovables de ese año, tal como figura en la tercera columna del cuadro del anexo I, parte A […]
[…]
3.   A fin de alcanzar los objetivos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente artículo, los Estados miembros podrán aplicar, entre otras, las siguientes medidas:
a)
sistemas de apoyo;
[…]».
C. Derecho italiano
11.
El artículo 26 del Decreto-ley n.o 91/2014 (
6
) está redactado como sigue:
«1.   Con el fin de optimizar la gestión de los plazos de recaudación y de abono de los incentivos y promover una mayor sostenibilidad en la política de apoyo a las energías renovables, las tarifas de incentivación de la energía eléctrica producida mediante instalaciones solares fotovoltaicas […] se abonarán de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente artículo.
2.   A partir del segundo semestre del año 2014, [GSE] abonará las tarifas de incentivación previstas en el apartado 1, en mensualidades constantes, sobre la base del 90 % de la capacidad de producción anual media estimada de cada instalación, durante el año natural de producción y efectuará un ajuste, en función de la producción efectiva, antes del 30 de junio del siguiente año. GSE definirá los procedimientos operativos dentro del plazo de 15 días a partir de la publicación del presente Decreto, que se aprobarán mediante orden del Ministro de Desarrollo Económico.
3.   A partir del 1 de enero de 2015, la tarifa de incentivación para la energía generada por instalaciones con una potencia nominal de más de 200 kW se reajustará, a elección del operador, con arreglo a una de las opciones siguientes, que deberá notificarse a GSE a más tardar el 30 de noviembre de 2014:
a)
la tarifa se abonará durante un período de 24 años a partir de la fecha de entrada en funcionamiento de las instalaciones y, en consecuencia, se recalculará aplicando el porcentaje de reducción indicado en el cuadro del anexo 2 del presente Decreto;
b)
sin perjuicio del período de abono de 20 años, la tarifa se reajustará mediante la previsión de un primer período de disfrute de una tarifa reducida con respecto a la actual y de un segundo período de disfrute de una tarifa incrementada en igual medida. Los porcentajes de reajuste se establecerán mediante orden del Ministro de Desarrollo Económico, previa consulta a la autoridad reguladora de la electricidad, el gas y el sistema hídrico, que se deberá adoptar a más tardar el 1 de octubre de 2014 para permitir, en caso de que se inclinen por esta opción todos los operadores que tengan derecho a ella, un ahorro de al menos 600 millones de euros al año durante el período 2015‑2019, en comparación con el abono previsto mediante las tarifas en vigor;
c)
sin perjuicio del período de abono de 20 años, la tarifa se reducirá porcentualmente con respecto al incentivo reconocido en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, durante el período restante de aplicación de dicho incentivo, conforme a los valores siguientes:
1)
6 % para instalaciones con una potencia nominal superior a 200 kW pero inferior o igual a 500 kW;
2)
7 % para instalaciones con una potencia nominal superior a 500 kW pero inferior o igual a 900 kW;
3)
8 % para instalaciones con una potencia nominal superior a 900 kW.
A falta de notificación por parte del operador, GSE aplicará la opción mencionada en la letra c).
[…]»
III. Litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
12.
En el marco del sistema italiano de apoyo a la producción de energía renovable (establecido mediante los Decretos Legislativos nos 387/2003 (
7
) y 28/2011 (
8
)), GSE celebró acuerdos de Derecho privado con los operadores de instalaciones fotovoltaicas con una potencia nominal superior a 200 kW, que se redactaron sobre la base de un contrato tipo definido por la autoridad reguladora italiana de la energía eléctrica y el gas. (
9
) Estos acuerdos, destinados a aplicarse durante un período de veinte años, preveían el pago regular de tarifas de incentivación en beneficio de estos operadores.
13.
En este contexto se produjo, en 2014, una reforma dirigida a modificar los incentivos cuyo pago, con arreglo a dichos acuerdos, estaba programado, pero aún no se había devengado. Esta reforma, incluida en el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014, tenía dos aspectos. (
10
)
14.
Por una parte, el artículo 26, apartado 2, de este Decreto tenía por objeto que, a partir del segundo semestre del año 2014, se abonaran esos incentivos en forma de mensualidades constantes, sobre la base del 90 % de la capacidad de producción anual media estimada de cada instalación, durante el año natural de producción. A partir de ese momento, el cálculo en función de la producción efectiva tan solo debía realizarse en una fecha posterior (a saber, a más tardar el 30 de junio del siguiente año), a los efectos de posibles rectificaciones.
15.
Por otra parte, el artículo 26, apartado 3, del referido Decreto impuso a dichos operadores el paso a un sistema tarifario diferente, organizado según tres opciones, todas ellas perjudiciales para aquellos, con efectos a partir del 1 de enero de 2015, es decir, antes de la expiración de los acuerdos celebrados con GSE.
16.
En este contexto, las demandantes en el litigio principal solicitaron al tribunal remitente la anulación de las Órdenes Ministeriales de los días 16 y 17 de octubre de 2014, por las que se daba ejecución al artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014. (
11
)
17.
El tribunal remitente indica que planteó a la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional, Italia) una cuestión de constitucionalidad sobre el artículo 26, apartado 3, de este Decreto. Mediante resolución de 24 de enero de 2017, (
12
) este órgano jurisdiccional declaró que la referida disposición no era contraria a la Constitución italiana.
18.
No obstante, el tribunal remitente estima que, en su resolución, la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) no dirimió determinadas cuestiones pertinentes para la resolución de los litigios de los que conoce. Más concretamente, considera que es preciso aclarar, a la luz del Derecho de la Unión, si el legislador nacional puede intervenir para reducir los importes de los incentivos concedidos en el marco de un sistema de apoyo que tiene por objeto el fomento del uso de las energías renovables, aun cuando el pago de dichos incentivos ya esté programado en los acuerdos celebrados con los beneficiarios.
19.
Este tribunal se pregunta, en particular, si el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014 es contrario a los artículos 16 y 17 de la Carta, en la medida en que puede representar una injerencia en el derecho de los beneficiarios a organizar y dirigir sus actividades económicas sobre la base de dichos acuerdos. Por estos mismos motivos, alberga dudas sobre la compatibilidad de esta disposición con la Carta de la Energía, cuyo artículo 10, apartado 1, según subraya el tribunal remitente, establece que las Partes contratantes «fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para [la realización de] inversiones».
20.
En estas condiciones, el Tribunale ammistrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, en cada uno de los asuntos acumulados, la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se opone el Derecho de la [Unión] a la aplicación de una disposición nacional, como el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley [n.o 91/2014], que reduce o retrasa significativamente el pago de los incentivos ya concedidos por la ley y definidos sobre la base de acuerdos específicos celebrados por los productores de electricidad procedente de la conversión de energía fotovoltaica con [GSE], que es la empresa pública competente al efecto?
En particular, ¿es compatible tal disposición nacional con los principios generales del Derecho de la Unión de protección de la confianza legítima, de seguridad jurídica, de cooperación leal y de efecto útil, con los artículos 16 y 17 de la [Carta], con la Directiva [2009/28] y con la regulación de los sistemas de apoyo que en ella se prevé, así como con el artículo 216 TFUE, apartado 2, en particular en relación con la [Carta de la Energía]?»
21.
Las demandantes en el litigio principal, las partes coadyuvantes en los presentes asuntos, a saber, Elettricità Futura — Unione delle Imprese Elettriche italiane, Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana — Confagricoltura, los Gobiernos italiano, checo, alemán, griego y español, así como la Comisión Europea, presentaron observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia.
22.
Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 2019, se ordenó acumular los presentes asuntos a los efectos de la fase escrita y de la resolución que ponga fin al procedimiento.
23.
Las partes respondieron por escrito a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia.
IV. Análisis
24.
Mediante las presentes peticiones de decisión prejudicial se solicita esencialmente al Tribunal de Justicia que determine si el Derecho de la Unión se opone a que un Estado miembro reduzca los importes de los incentivos previstos en el contexto de un sistema de apoyo cuyo objeto es la promoción del uso de las energías renovables, de conformidad con los objetivos establecidos por las directivas europeas adoptadas de forma sucesiva en este ámbito.
25.
Según las indicaciones proporcionadas por el tribunal remitente, los litigios de los que conoce se enmarcan en un amplio contencioso nacional. Tres peticiones de decisión prejudicial idénticas, (
13
) presentadas por este mismo órgano jurisdiccional, se encuentran actualmente pendientes ante el Tribunal de Justicia. Asimismo, al igual que la República Italiana, otros Estados miembros han revisado las medidas adoptadas en su territorio para promover el uso de las energías renovables. (
14
)
26.
En las siguientes secciones expondré los motivos por los cuales considero que una reforma como la llevada a cabo por el legislador italiano en las circunstancias de los asuntos principales no menoscaba la libertad de empresa ni el derecho a la propiedad, en el sentido de los artículos 16 y 17 de la Carta, y que, en todo caso, cualquier restricción de los derechos protegidos por estas disposiciones, aun suponiéndola acreditada, estaría justificada y sería proporcionada, en relación con los objetivos perseguidos por la Unión en materia de promoción del uso de energías renovables (sección A). Asimismo, tras realizar una interpretación literal y teleológica de la Carta de la Energía y, más concretamente, de su artículo 10, concluiré que esta disposición no resulta de aplicación en los asuntos principales (sección B).
A. Sobre los artículos 16 y 17 de la Carta
1.
Consideraciones preliminares
27.
El artículo 16 de la Carta establece que «se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales». La protección conferida por este artículo 16 implica la libertad para ejercer una actividad económica o mercantil, la libertad contractual y la libre competencia, como se deriva de las explicaciones relativas a dicho artículo, las cuales deben tenerse en cuenta, con arreglo al artículo 6 TUE, apartado 1, párrafo tercero, y al artículo 52, apartado 7, de la Carta, para la interpretación de esta. (
15
)
28.
En cuanto al artículo 17 de la Carta, prevé, en su apartado 1, que «toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general».
29.
Las explicaciones referidas a este artículo precisan que este corresponde al artículo 1 del Protocolo Adicional n.o 1 al CEDH. (
16
) De ello resulta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, apartado 3, de la Carta, que el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 17 de dicha Carta tiene el mismo sentido y alcance que los que le confiere el CEDH, en el bien entendido, no obstante, de que el Derecho de la Unión puede concederle una protección más extensa. (
17
)
30.
Sin embargo, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la libertad de empresa y el derecho a la propiedad no constituyen prerrogativas absolutas, sino que deben tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad (
18
) y pueden ser objeto de restricciones si estas son, dentro del respeto al principio de proporcionalidad, necesarias y están justificadas por objetivos de interés general perseguidos por la Unión. (
19
) Estas exigencias se desprenden del artículo 52, apartado 1, de la Carta, que establece, además, que cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la referida Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. (
20
)
31.
En el caso de autos, las demandantes en los litigios principales y las partes coadyuvantes alegan que el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014, que tiene por objeto modificar en perjuicio de los operadores de instalaciones fotovoltaicas los importes de los incentivos cuyo pago estaba programado, pero que, con arreglo a los acuerdos que estos habían celebrado con GSE, aún no se habían devengado, atenta contra su derecho a la propiedad. Destacan que este Decreto tiene un efecto de privación de la propiedad dado que los costes relativos a la construcción y a la puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas, sobre cuya base se fijaron esos importes, ya han sido íntegramente soportados por los referidos operadores. A este respecto, señalan que la Directiva 2009/28 (cuyos objetivos aspira a implementar el sistema de apoyo examinado) insiste, en sus considerandos 8, 14 y 25, en la necesidad de mantener «la confianza de los inversores» y de proporcionarles «seguridad». (
21
) Estas mismas consideraciones les llevan a concluir, en esencia, que dicho Decreto restringe la libertad de empresa de los referidos operadores.
32.
Por el contrario, los Gobiernos italiano, checo, griego y español consideran que el Decreto-ley n.o 91/2014 no priva, en modo alguno, de su propiedad a los operadores de instalaciones fotovoltaicas ni limita su libertad de empresa.
33.
Habida cuenta de estas diferencias de opinión, de entrada, me parece útil destacar, a la vista de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia, determinadas características del sistema de apoyo en cuestión, con el fin de precisar el contexto en el que se produjo la reforma prevista en el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014.
34.
En primer término, este sistema de apoyo tiene por objeto la transposición al Derecho italiano de la Directiva 2009/28. Pues bien, se desprende del artículo 3, apartado 3, de esta Directiva que los Estados miembros pueden adoptar sistemas de apoyo, con el fin de lograr los «objetivos globales nacionales obligatorios […] para el uso de energía procedente de fuentes renovables». A este respecto, el considerando 25 de dicha Directiva señala que «los Estados miembros tienen distintos potenciales en cuanto a la energía renovable» y que es imprescindible que puedan controlar los efectos y los costes de sus sistemas nacionales de apoyo de acuerdo con sus distintos potenciales.
35.
El Tribunal de Justicia ya ha declarado que los Estados miembros no están en absoluto obligados, para fomentar el uso de energía procedente de fuentes renovables, a adoptar sistemas de apoyo y que, por tanto, disponen de un margen de apreciación respecto a las medidas que consideren adecuadas para alcanzar los objetivos de fomento establecidos por la Directiva 2009/28. Dicho margen de apreciación implica que tienen libertad para adoptar, modificar o suprimir sistemas de apoyo, siempre que tales objetivos se alcancen. (
22
)
36.
A la vista de esta jurisprudencia, considero que la Directiva 2009/28, en sí misma, no obsta a una reforma como la llevada a cabo por el legislador italiano en las circunstancias de los asuntos principales.
37.
Estas consideraciones me serán útiles para evaluar, en la siguiente fase de mi apreciación, si los operadores de instalaciones fotovoltaicas pueden invocar la confianza legítima en el disfrute, sin modificaciones, de los incentivos previstos en los acuerdos con GSE durante toda la vigencia de estos y, por ello, estar legitimados para sostener que tal reforma menoscaba su derecho a la propiedad.
38.
En segundo término, el artículo 7, apartado 2, letra d), del Decreto Legislativo n.o 387/2003 ya establecía que los incentivos concedidos debían tener un importe decreciente, previsto durante un plazo determinado. Por lo que respecta al Decreto Legislativo n.o 28/2011, en virtud del cual se adoptaron los acuerdos celebrados entre GSE y estos operadores, del artículo 24, apartado 2, letra d), de tal Decreto se desprende que estos se redactaron sobre la base de un contrato tipo definido por la autoridad reguladora de la energía eléctrica y el gas italiana. Pues bien, según las demandantes en el litigio principal, este contrato establecía que GSE disponía de un derecho unilateral para modificar su contenido con el fin de tener en cuenta los cambios en el marco legislativo de referencia. (
23
) En mi opinión, estos elementos sugieren que las formas de abono correspondientes a estos incentivos podían modificarse y que su importe era susceptible de reducción.
39.
En tercer término, la reforma llevada a cabo mediante el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014, consistente en modificar los importes de los incentivos establecidos en dichos acuerdos, solo estaba destinada a aplicarse a los importes cuyo pago ya estaba programado pero aún no se había devengado, sin afectar a los pagos ya efectuados. (
24
)
40.
Continuando con las presentes conclusiones, analizaré en primer lugar la cuestión de si tal reforma vulnera la libertad de empresa y el derecho a la propiedad protegidos por las disposiciones de la Carta. Responderé en sentido negativo. Para el caso de que el Tribunal de Justicia no comparta mi punto de vista, indicaré, con carácter subsidiario, los motivos por los cuales estimo, a la vista de la jurisprudencia citada en el punto 30 de las presentes conclusiones, que una vulneración de estos derechos estaría, en todo caso, justificada y sería proporcionada, en relación con los objetivos perseguidos por la Unión en materia de promoción del uso de las energías renovables.
2.
Sobre la existencia de una posible vulneración de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad en el sentido de los artículos 16 y 17 de la Carta
a)
Derecho a la propiedad
41.
Debo señalar que los presentes asuntos afectan a dos aspectos distintos de la propiedad, a saber, por una parte, al derecho a disfrutar de los incentivos a que pueden dar lugar los acuerdos celebrados entre los operadores de instalaciones fotovoltaicas y GSE y, por otra parte, al derecho a utilizar y explotar esas instalaciones.
1) Primer aspecto: la posible vulneración del derecho alegado a disfrutar de los incentivos
42.
Por lo que respecta a los requisitos materiales establecidos en el artículo 17, apartado 1, de la Carta, el Tribunal de Justicia ha declarado que la protección que confiere esta disposición tiene por objeto derechos que tengan un valor patrimonial de los que derive, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico de que se trate, una posición jurídica adquirida que permita un ejercicio autónomo de tales derechos y en beneficio de su titular. (
25
)
43.
En mis conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Hungría (Usufructos sobre terrenos agrícolas), (
26
) indiqué que, en esencia, es preciso comprobar si concurren dos requisitos, a saber, por una parte, si los derechos invocados tienen un valor patrimonial y, por otra parte, si se deriva de los mismos una posición jurídica adquirida que permite que el titular de tales derechos los ejercite autónomamente y en su propio beneficio.
44.
En lo tocante al primer requisito, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que el concepto de «propiedad» no se limita a la propiedad de los bienes corporales, dado que algunos otros derechos e intereses que constituyen activos también pueden considerarse «derechos patrimoniales». (
27
) En determinadas circunstancias, incluso las perspectivas legítimas de realización futura de derechos de propiedad pueden quedar bajo la protección del artículo 1 del Protocolo Adicional n.o 1 al CEDH. (
28
) Así pues, las medidas que establecen el pago futuro de una prestación social (
29
) o de subvenciones (
30
) pueden, al igual que los derechos contractuales (
31
) o los derechos de crédito, (
32
) generar, para los beneficiarios, un interés patrimonial que entra en el ámbito de aplicación de esta disposición.
45.
En las circunstancias de los asuntos principales, me inclino a considerar que el derecho a percibir los incentivos en virtud de los acuerdos celebrados con GSE constituye, para sus beneficiarios, un elemento de riqueza que puede tener una naturaleza patrimonial. En particular, dado que estos últimos han suscrito estos acuerdos ad hoc y en su propio nombre, me parece que este derecho presenta un carácter exclusivo.
46.
Sin embargo, se plantea la duda de si este derecho constituye una posición jurídica adquirida en el sentido del segundo requisito mencionado en el punto 43 de las presentes conclusiones.
47.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha considerado, de conformidad con la jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 1 del Protocolo Adicional n.o 1 al CEDH, que el ingreso futuro solo puede considerarse un «bien» que pueda gozar de la protección de esta disposición si ya ha sido obtenido, si ya es objeto de un crédito cierto o si existen circunstancias específicas que puedan fundamentar una confianza legítima en el interesado de obtener un valor patrimonial. (
33
)
48.
En el presente asunto, me parece que el derecho al pago futuro de los incentivos previstos en los acuerdos celebrados entre los operadores de instalaciones fotovoltaicas y GSE no puede considerarse suficientemente definitivo, (
34
) como para entender que la reducción de los importes de estos incentivos y la modificación de las formas de abono de aquellos equivale a la expropiación de un «bien» que ya esté integrado en el patrimonio (
35
) de estos operadores. En efecto, tal como he señalado en el punto 39 de las presentes conclusiones, el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014 se refiere únicamente a la modificación de los incentivos cuyo pago, con arreglo a esos acuerdos, ya estaba programado pero aún no se había devengado, sin afectar a los pagos ya efectuados.
49.
Por añadidura, considero que los operadores de instalaciones fotovoltaicas no pueden invocar la confianza legítima en el disfrute de los referidos incentivos, sin modificaciones, durante toda la vigencia de los acuerdos celebrados con GSE.
50.
Sobre este extremo, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la posibilidad de invocar el principio de protección de la confianza legítima está abierta a todo operador económico en relación con el cual una autoridad nacional haya infundido fundadas esperanzas. No obstante, cuando un operador económico prudente y diligente puede prever la adopción de una medida que pueda afectar a sus intereses, no puede invocar ese principio si se adopta esa medida. Además, los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el ejercicio de la facultad discrecional de las autoridades nacionales. (
36
)
51.
En las circunstancias de los asuntos principales, incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar si una disposición nacional como el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014 es conforme a dicho principio. (
37
) No obstante, con el fin de proporcionar una respuesta útil a este órgano jurisdiccional, creo que pueden tenerse en cuenta de forma particular los siguientes elementos, que se desprenden de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia.
52.
En primer lugar, entiendo que, en el contexto de los Decretos Legislativos n.os 387/2003 y 28/2011, de los que se deriva el Decreto-ley n.o 91/2014, ya no era posible considerar imprevisible una modificación desfavorable de los importes de los incentivos para los operadores de instalaciones fotovoltaicas. (
38
)
53.
En efecto, por un lado, del artículo 7, apartado 2, letra d), del Decreto Legislativo n.o 387/2003 se desprende que los incentivos concedidos a los operadores de instalaciones fotovoltaicas debían tener, tal como he indicado en el punto 38 de las presentes conclusiones, un importe decreciente, previsto durante un plazo determinado.
54.
Por otro lado, en lo que atañe al Decreto Legislativo n.o 28/2011, en la sentencia Agrenergy y Fusignano Due, (
39
) el Tribunal de Justicia declaró que las disposiciones normativas relativas al «quinto plan de energía» adoptado en virtud de este Decreto (
40
) eran «adecuadas para indicar desde un primer momento a los operadores económicos prudentes y diligentes que el sistema de incentivos aplicable a las instalaciones solares fotovoltaicas podía ser adaptado, o incluso suprimido, por las autoridades nacionales a fin de tener en cuenta la evolución de ciertas circunstancias».
55.
En segundo lugar, debo señalar que las propias demandantes en el litigio principal admiten que, a partir del año 2011, ya se han introducido reducciones progresivas del importe de los incentivos concedidos, mediante órdenes ministeriales anteriores a la adopción del Decreto-ley n.o 91/2014.
56.
En tercer lugar, opino que el derecho que se reservaba GSE, en los acuerdos celebrados con los operadores de instalaciones fotovoltaicas, a modificar unilateralmente el contenido de dichos acuerdos con el fin de tener en cuenta los cambios en el marco legislativo de referencia (
41
) indicaba claramente que estos incentivos podían ser adaptados, o incluso suprimidos, en función, precisamente, de modificaciones legislativas. Tales modificaciones eran tanto más previsibles cuanto que, como señaló el tribunal remitente, estos acuerdos estaban vigentes durante un plazo de veinte años. Habida cuenta de la extensión de este plazo, en mi opinión, un operador económico prudente y diligente tendría que haber podido prever que las condiciones del mercado o las prioridades presupuestarias de la República Italiana podían cambiar.
57.
En último lugar, debo recordar que, tal como ya he señalado en el punto 35 de las presentes conclusiones, el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia Agrenergy y Fusignano Due, (
42
) que los Estados miembros no están en absoluto obligados, para fomentar el uso de energía procedente de fuentes renovables, a adoptar sistemas de apoyo con arreglo a la Directiva 2009/28. Esta conclusión se ve corroborada por el considerando 25 de esta Directiva, que vincula, en esencia, la consecución de este objetivo al potencial de cada Estado miembro.
58.
A la vista de estos elementos, y contrariamente a lo que afirman las demandantes en el litigio principal y las partes coadyuvantes, no me cabe la menor duda de que, en unas circunstancias como las de los asuntos principales, un operador prudente y diligente no puede invocar el principio de protección de la confianza legítima, ni en virtud del marco legislativo en el que se inscribe el sistema de apoyo en cuestión, ni en virtud de la Directiva 2009/28. Si se llegara a una conclusión diferente, opino, tal como señala acertadamente el Gobierno italiano, que el poder de los Estados miembros para llevar a cabo sus elecciones políticas y modificar su legislación, habida cuenta del interés general y de la finalidad de la Directiva 2009/28, se vería excesivamente limitado en relación con el margen de apreciación que el legislador de la Unión les ha concedido para que puedan adaptar los sistemas de apoyo adoptados con arreglo a esta Directiva a las condiciones del mercado y a sus prioridades presupuestarias.
59.
Por estos motivos, considero que el derecho que invocan los operadores de instalaciones fotovoltaicas a disfrutar de los incentivos, sin modificaciones, durante toda la vigencia de los acuerdos que celebraron con GSE no entra dentro de la protección prevista en el artículo 17 de la Carta.
2) Segundo aspecto: la posible vulneración del derecho de los operadores de instalaciones fotovoltaicas a la propiedad sobre esas instalaciones
60.
A continuación, expondré los motivos por los cuales considero que el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014 tampoco supone una regulación del uso de las instalaciones por sus operadores, que pueda, como tal, menoscabar su derecho a la propiedad.
61.
A este respecto, debo recordar que, tal como se desprende del punto 28 de las presentes conclusiones, el artículo 17, apartado 1, tercera frase, de la Carta dispone, en esencia, que, si bien esta disposición protege el uso de los bienes, (
43
) dicho uso puede regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general.
62.
Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el concepto de «regulación del uso de los bienes» debe entenderse como una medida que, si bien no supone transmisión de la propiedad, tiene por objeto «limitar o controlar» el uso de la propiedad. (
44
)
63.
En los casos que nos ocupan, las demandantes en el litigio principal alegan que los beneficiarios de dichos incentivos invirtieron en las instalaciones fotovoltaicas que explotan previendo que se les abonarían. Habida cuenta de la reforma introducida mediante el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014, según afirman, se encuentran actualmente en la imposibilidad de reembolsar los préstamos bancarios que suscribieron para financiar esas inversiones.
64.
Sin embargo, me parece que estos elementos no permiten declarar que el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014 tenga por objeto limitar o controlar el uso de esas instalaciones. En efecto, esta disposición no hace sino reducir el importe de las ayudas previstas en favor de estos beneficiarios, sin imponerles restricciones u obligaciones adicionales. A mi entender y tal como sostiene por lo demás la Comisión, de ello se deduce que los referidos beneficiarios siguen siendo libres de explotar sus instalaciones y de invertir en ellas como deseen.
65.
En estas condiciones, considero, al igual que la Comisión, que una disposición como el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014 no limita el uso de las instalaciones fotovoltaicas por parte de sus operadores.
66.
Habida cuenta del conjunto de las consideraciones precedentes, considero que es preciso constatar que tal disposición no menoscaba el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta.
b)
Libertad de empresa
67.
Por lo que respecta a la libertad de empresa, cuya protección garantiza el artículo 16 de la Carta, las demandantes en los litigios principales sostienen que el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014 atenta tanto contra la libertad contractual de los beneficiarios de los incentivos, como contra su derecho a disponer libremente de sus recursos económicos y financieros.
68.
No comparto esta postura.
69.
En primer lugar, con respecto a la libertad contractual, debo recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que esta incluye, en particular, la libre elección de clientes y proveedores, así como la libertad para determinar el precio de las prestaciones. (
45
)
70.
Huelga decir que, aunque el artículo 16 de la Carta pretende, principalmente, salvaguardar la autonomía contractual de las partes en un contrato, esta disposición, en cambio, no tiene por objeto crear a favor de estos derechos que vayan más allá de los ya establecidos por dicho contrato, ni permitirles exigir otros términos distintos de los que ya contenga este. Cuando se trata de un contrato tipo establecido por la otra parte contratante, la libertad contractual consiste, en esencia, en decidir si se aceptan o no los términos del contrato.
71.
En los casos de autos, considero que no cabe la menor duda de que los acuerdos celebrados entre GSE y los operadores de instalaciones fotovoltaicas no establecen en modo alguno un derecho a la inmutabilidad de los incentivos en beneficio de estos.
72.
Al contrario, de esos acuerdos se desprende que el importe de dichos incentivos depende de la normativa nacional que permite su abono. (
46
) Tal como ya he señalado en los puntos 38 y 56 de las presentes conclusiones, los referidos acuerdos contienen una cláusula que permite a GSE tener en cuenta la evolución del marco legislativo vigente.
73.
De lo anterior se desprende que cuando se modificó ese importe en virtud del artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014, los operadores de instalaciones fotovoltaicas simplemente quedaron vinculados, a mi juicio, por los términos contractuales que libremente decidieron aceptar cuando suscribieron dichos acuerdos.
74.
En estas condiciones, a mi entender, su libertad contractual no se ha visto vulnerada en absoluto.
75.
En segundo lugar, debo recordar que la libertad de empresa incluye también el derecho de toda empresa a poder utilizar libremente, dentro de los límites de la responsabilidad que asume por sus propios actos, los recursos económicos y financiero de los que dispone. (
47
)
76.
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la libre utilización de los recursos que una empresa tiene a su disposición se ve restringida, en concreto, cuando una obligación fuerza a esta última a adoptar medidas que pueden suponerle un coste importante, tener un impacto considerable en la organización de sus actividades o requerir soluciones técnicas difíciles y complejas. (
48
)
77.
Sujeto a la apreciación que realice el tribunal remitente del conjunto de los elementos fácticos de los que dispone, me parece que los operadores de instalaciones fotovoltaicas no se han visto sometidos, en virtud del artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014, a ninguna obligación específica en el sentido de esta jurisprudencia.
78.
En todo caso, opino que no cabe considerar que los importes de los incentivos previstos en los acuerdos entre GSE y estos operadores formen parte de los recursos económicos, técnicos y financieros de los que disponen estos últimos, dado que, como he indicado en los puntos 48 a 58 de las presentes conclusiones, estos importes no se han abonado todavía y que dichos operadores no pueden invocar la confianza legítima en obtener su pago.
79.
Por todos estos motivos, considero que una disposición como el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014 no atenta contra la libertad de empresa consagrada en el artículo 16 de la Carta.
3.
Con carácter subsidiario, sobre la posibilidad de justificar una eventual vulneración de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad y la proporcionalidad de tal vulneración
80.
Si bien estoy convencido de que, en las circunstancias de los asuntos principales, no procede declarar la existencia de una vulneración de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad, en virtud de los artículos 16 y 17 de la Carta, formularé, con carácter subsidiario, las siguientes observaciones.
81.
Considero, habida cuenta de las circunstancias de los asuntos principales, que la posible vulneración de estos derechos satisfaría, en cualquier caso, las exigencias planteadas por el artículo 52, apartado 1, de la Carta, de las que se desprende que cualquier limitación del ejercicio de estos derechos y libertades reconocidos debe estar establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades (
49
) y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, ser necesaria y responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.
82.
A este respecto, debo señalar que, según el Gobierno italiano, el objetivo del Decreto-ley n.o 91/2014 es, en esencia, impulsar la competitividad del sistema de generación eléctrica nacional, mediante la redistribución de los costes generales de dicho sistema y haciéndolos recaer en mayor medida en los operadores de instalaciones fotovoltaicas. En particular, este Gobierno sostiene que la modificación de los importes de los incentivos se explica por la necesidad de reequilibrar el sistema de apoyo en cuestión y repartir los costes para los consumidores finales de electricidad, habida cuenta de la limitación de los recursos disponibles.
83.
Dicho Gobierno insiste asimismo en el rápido crecimiento que ha experimentado el sector de las energías renovables en Italia y que, según ese Gobierno, ha dado como resultado que este Estado miembro se convierta en uno de los productores de energía fotovoltaica más importantes del mercado europeo.
84.
A la vista de estas consideraciones, considero que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia decida, apartándose del enfoque que propongo, que la modificación de los importes de los incentivos que se deriva del artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014 atenta contra su libertad de empresa y el derecho a la propiedad consagrados en los artículos 16 y 17 de la Carta, debe considerarse, en todo caso, que dicha vulneración es necesaria y está justificada por objetivos de interés general que se corresponden con los perseguidos por la Directiva 2009/28. (
50
)
85.
Asimismo, a mi juicio y con sujeción a las comprobaciones que deberá efectuar el tribunal remitente, debe considerarse que esta modificación respeta el principio de proporcionalidad. Tal como señala acertadamente el Gobierno italiano, los operadores de instalaciones fotovoltaicas pudieron elegir entre las diferentes opciones previstas en el artículo 26, apartado 3, del Decreto-ley n.o 91/2014. Además, parecen haberse previsto medidas compensatorias en favor de estos operadores, como el acceso a préstamos bancarios en condiciones preferentes, con el fin de compensar los perjuicios sufridos debido a la adopción de esta disposición. (
51
)
86.
Por el conjunto de motivos antes mencionados, considero, a la vista de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia, que el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014 es compatible con los derechos protegidos por los artículos 16 y 17 de la Carta.
B. Sobre la Carta de la Energía
87.
Tal como se desprende del punto 19 de las presentes conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente cuestiona también la compatibilidad del artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014 con el artículo 10 de la Carta de la Energía (en relación con el artículo 216 TFUE, apartado 2).
88.
Esta cuestión implica dirimir, previamente, si puede invocarse esta disposición en los litigios entre particulares y su Estado miembro.
89.
A este respecto, las demandantes en el litigio principal señalan que la Carta de la Energía ha establecido un sistema para la resolución de disputas entre las «Partes contratantes» y los «inversores de otras Partes contratantes». (
52
) Las partes coadyuvantes añaden que del preámbulo de esta Carta se deduce que esta se adoptó con vistas al establecimiento de mejores condiciones de inversión en el sector de la energía y al desarrollo de la cooperación energética. Con el fin de poner en práctica estos objetivos, el artículo 10 de dicha Carta impone a todas las Parte contratantes la obligación de fomentar y crear «condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores de otras Partes contratantes realicen inversiones en su territorio».
90.
Debo recordar que la Unión se adhirió a la Carta de la Energía y que, en consecuencia, es una de las «Partes contratantes» en el sentido del artículo 1, punto 2), de dicha Carta. Con arreglo al artículo 216 TFUE, apartado 2, los acuerdos internacionales celebrados por la Unión vinculan a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros.
91.
Asimismo, debo precisar, tal como han señalado, acertadamente, los Gobiernos alemán y griego, así como la Comisión, que el artículo 10 de la Carta de la Energía se refiere a las condiciones establecidas por las Partes contratantes de dicha Carta para las inversiones realizadas por los inversores de las demás Partes contratantes.
92.
En mi opinión, de ello se deduce que, como atinadamente ha alegado el Gobierno alemán, el artículo 10 de la Carta de la Energía tiene por objeto proteger, en el ordenamiento jurídico de la Unión, a los inversores de las demás Partes contratantes —es decir, de los Estados terceros que también son partes en dicha Carta— en el conjunto del territorio de la Unión. (
53
) En cambio, a mi entender los inversores de la Unión no pueden invocar esta disposición contra las instituciones de la Unión o los Estados miembros.
93.
En cuanto a los Estados miembros que se han adherido por sí mismos a la Carta de la Energía como «Partes contratantes» (que no es el caso de la República Italiana), (
54
) las partes han planteado la cuestión de si, en los litigios que involucren a uno de estos Estados miembros, los inversores de otros Estados miembros pueden invocar también el artículo 10 de esta Carta y no únicamente los inversores procedentes de Estados terceros. Sin embargo, no es necesario examinar esta cuestión en los presentes asuntos. (
55
) En efecto, considero que, en cualquier caso, esta disposición no puede aplicarse en asuntos como los examinados en los procedimientos principales, en los que los inversores se enfrentan a su propio Estado miembro. (
56
)
94.
Esta solución me parece evidente en relación con el propio tenor de dicha disposición. Asimismo, entiendo que se ajusta a los límites establecidos en las restantes disposiciones de esta Carta y, en particular, en el artículo 26 de la referida Carta, que se refiere únicamente a la solución de las controversias entre una Parte contratante y los inversores de otra Parte contratante. (
57
)
95.
En todo caso, opino que, aun cuando, contrariamente a la interpretación literal y contextual que propongo, se considerara que el artículo 10 de la Carta de la Energía es aplicable en litigios que enfrenten a determinados inversores con su propio Estado miembro, el mero hecho de que esta disposición mencione, de manera general, la necesidad de establecer unas «condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes» no puede dar como resultado que se prohíba la modificación o supresión por parte de dicho Estado miembro de un sistema de apoyo adoptado en su territorio, en virtud del artículo 3, apartado 3, letra a), de la Directiva 2009/28. (
58
)
96.
En particular, no creo que esta disposición tenga por objeto conferir a los inversores que se opongan a tal reforma una protección que vaya más allá de las garantías ya establecidas por el Derecho de la Unión y, más concretamente, en los artículos 16 y 17 de la Carta [de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea]. (
59
)
V. Conclusión
97.
Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, propongo que el Tribunal de Justicia responda de la siguiente manera a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia):
«1)
Los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se oponen a una disposición nacional, como la controvertida en los litigios principales, que tiene por objeto la reducción por parte de un Estado miembro de los incentivos cuyo pago está programado en virtud de un sistema de apoyo dirigido a promover, en su territorio, el uso de la energía procedente de fuentes renovables y, más concretamente, con arreglo a acuerdos de Derecho privado celebrados entre los beneficiarios de aquel sistema y una sociedad íntegramente participada por dicho Estado miembro, cuando esos beneficiarios no pueden esperar legítimamente que los importes de los referidos incentivos permanezcan sin modificación durante el plazo de vigencia de dichos acuerdos, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente.
2)
El artículo 10 del Tratado sobre la Carta de la Energía, celebrado en Lisboa el 17 de diciembre de 1994, aprobado en nombre de las Comunidades Europeas por la Decisión 98/181/CE, CECA, Euratom del Consejo y de la Comisión, de 23 de septiembre de 1997, relativa a la conclusión, por parte de las Comunidades Europeas, del Tratado sobre la Carta de la Energía y el Protocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia energética y los aspectos medioambientales relacionados, en relación con el artículo 216 TFUE, apartado 2, no es aplicable a los litigios entre inversores en el sector energético y su propio Estado miembro.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	Anie representa a las empresas que realizan, en Italia, «actividades dirigidas a la producción de bienes o la prestación de servicios en el sector electrotécnico y electrónico o en sectores conexos». En lo sucesivo en las presentes conclusiones, los términos «las demandantes en el litigio principal» harán referencia a Anie, así como al conjunto de los operadores de instalaciones fotovoltaicas que son parte en los litigios de los que conoce el órgano jurisdiccional remitente.
(
3
)	La primera directiva en materia de fomento del uso de las energías renovables fue la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad (DO 2001, L 283, p. 33). Esta fue derogada por la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DO 2009, L 140, p. 16).
(
4
)	Firmado en Lisboa el 17 de diciembre de 1994 (DO 1994, L 380, p. 24) y aprobado en nombre de la Unión Europea mediante la Decisión 98/181/CE, CECA, Euratom, del Consejo y de la Comisión, de 23 de septiembre de 1997, relativa a la conclusión, por parte de las Comunidades Europeas, del Tratado sobre la Carta de la Energía y el Protocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia energética y los aspectos medioambientales relacionados (DO 1998, L 69, p. 1) (en lo sucesivo, «Carta de la Energía»). Debo precisar que, en cada uno de los presentes asuntos, la cuestión prejudicial menciona la Carta de la Energía sin citar ninguna de sus disposiciones concretas. No obstante, en vista de las indicaciones proporcionadas por el órgano jurisdiccional remitente, me parece que este cuestiona, más concretamente, la compatibilidad de la reforma llevada a cabo por el legislador italiano con el artículo 10 de la referida Carta. En las presentes conclusiones, por tanto, limitaré mi interpretación de dicha Carta a esta única disposición.
(
5
)	Cabe recordar que el artículo 216 TFUE, apartado 2, dispone que los acuerdos celebrados por la Unión vinculan a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros.
(
6
)	Decreto-legge n. 91 — Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (Decreto-ley n.o 91 por el que se establecen disposiciones urgentes para el sector agrícola, la protección del medio ambiente y la eficacia energética de los establecimientos escolares y universitarios, el relanzamiento y el desarrollo de las empresas, la limitación de los costes que gravan las tarifas eléctricas, así como para la definición inmediata de las formalidades derivadas de la normativa europea), de 24 de junio de 2014 convalidado, con enmiendas, mediante la Ley n.o 116, de 11 de agosto de 2014 (suplemento ordinario n.o 72 de la GURI n.o 193, de 20 de agosto de 2014; en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 91/2014»).
(
7
)	Decreto Legislativo n. 387 — Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elletricità (Decreto Legislativo n.o 387 por el que se transpone la Directiva 2001/77), de 29 de diciembre de 2003 (suplemento ordinario de la GURI n.o 25, de 31 de enero de 2004, p. 5; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 387/2003»).
(
8
)	Decreto Legislativo n. 28 — Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Decreto Legislativo n.o 28 por el que se transpone la Directiva 2009/28), de 3 de marzo de 2011 (suplemento ordinario de la GURI n.o 71, de 28 de marzo de 2011; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 28/2011»).
(
9
)	A tenor del artículo 24, apartado 2, letra d), del Decreto Legislativo n.o 28/2011, se establecía que, para las instalaciones fotovoltaicas que entraran en funcionamiento a partir del 31 de diciembre de 2012, «los incentivos [se concederían] mediante contratos de Derecho privado celebrados entre GSE y la entidad responsable de las instalaciones sobre la base de un contrato tipo definido por la autoridad reguladora de la energía eléctrica y el gas […]». Debo añadir que, en sus peticiones de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solo menciona los acuerdos celebrados entre GSE y los operadores de instalaciones fotovoltaicas comprendidos en el ámbito de aplicación de esta disposición. Por consiguiente, en las presentes conclusiones partiré de la premisa de que los acuerdos controvertidos son todos ellos acuerdos de Derecho privado, relativos a instalaciones puestas en servicio a partir del 31 de diciembre de 2012.
(
10
)	Con arreglo al artículo 26, apartado 1, del Decreto-ley n.o 91/2014, el objetivo de esa reforma era «optimizar la gestión de los plazos de captación y de concesión de los incentivos y promover una mayor sostenibilidad en la política de apoyo a las energías renovables».
(
11
)	Según su denominación completa, se trata, por un lado, de la Orden Ministerial de 16 de octubre de 2014, por la que se lleva a cabo la «aprobación de los procedimientos operativos para el pago por parte de [GSE], de las tarifas de incentivación para la producción de energía eléctrica generada mediante instalaciones fotovoltaicas con arreglo al artículo 26, apartado 2, del [Decreto-ley n.o 91/2014]» y, por otro lado, de la Orden Ministerial de 17 de octubre de 2014, por la que se establecen los «procedimientos para el reajuste de las tarifas de incentivación para la producción de energía eléctrica generada mediante instalaciones fotovoltaicas con arreglo al artículo 26, apartado 3, letra b), del [Decreto-ley n.o 91/2014]».
(
12
)	Sentencia de la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) n.o 16, de 24 de enero de 2017.
(
13
)	Se trata de los asuntos C‑306/19, Milis Energy, C‑512/19, Go Sun y Malby Energy 4, y C‑595/19, Fototre, que se han suspendido hasta que se dicte la resolución que ponga fin al proceso en los presentes asuntos. Debo señalar que también se ha planteado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la cuestión de la compatibilidad de la reforma examinada en el litigio principal con el artículo 1 del Protocolo Adicional n.o 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en París el 20 de marzo de 1952 (en lo sucesivo, «CEDH») (véanse las demandas n.os 20445/15, Salento Energy Srl c. Italia, y 59246/17, Nuovo Sole Srl c. Italia, presentadas los días 17 de abril de 2015 y 4 de agosto de 2017, respectivamente).
(
14
)	Como ha señalado el Gobierno italiano, varios Estados miembros han adoptado normas dirigidas a revisar a la baja los incentivos relativos al uso de las energías renovables aplicados hasta entonces en su territorio. A modo de ejemplo, el asunto C‑366/19, BOSOLAR, actualmente pendiente ante el Tribunal de Justicia y que se encuentra suspendido hasta que se dicte la resolución que ponga fin al proceso en los presentes asuntos, se refiere a una medida que tiene por objeto la reducción, en Bulgaria, del precio de compra de la electricidad generada mediante instalaciones fotovoltaicas.
(
15
)	Véase la sentencia de 22 de enero de 2013, Sky Österreich (C‑283/11, EU:C:2013:28), apartado 42 y jurisprudencia citada. Véase también, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Adusbef y Federconsumatori (C‑686/18, EU:C:2020:567), apartado 82.
(
16
)	Véanse las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 23).
(
17
)	A este respecto, debo precisar, en virtud también del artículo 52, apartado 3, de la Carta, que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al artículo 1 del Protocolo Adicional n.o 1 al CEDH debe tomarse en consideración a efectos de la interpretación del artículo 17 de la Carta [véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de septiembre de 2015, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, apartado 61, así como de 21 de mayo de 2019, Comisión/Hungría (Usufructos sobre terrenos agrícolas), C‑235/17, EU:C:2019:432, apartado 72 y jurisprudencia citada].
(
18
)	Véanse las sentencias de 15 de enero de 2013, Križan y otros (C‑416/10, EU:C:2013:8), apartado 113 y jurisprudencia citada, así como de 22 de enero de 2013, Sky Österreich (C‑283/11, EU:C:2013:28), apartado 45 y jurisprudencia citada. Véase también, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Adusbef y Federconsumatori (C‑686/18, EU:C:2020:567), apartados 83 y 85.
(
19
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de junio de 2016, Lidl (C‑134/15, EU:C:2016:498), apartado 31, así como de 13 de junio de 2017, Florescu y otros (C‑258/14, EU:C:2017:448), apartado 51 y jurisprudencia citada. En particular, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, habida cuenta del tenor del artículo 16 de la Carta, la libertad de empresa puede quedar sometida a un amplio abanico de intervenciones del poder público que establezcan limitaciones al ejercicio de la actividad económica en aras del interés general (véanse las sentencias de 22 de enero de 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, apartado 46, así como de 30 de junio de 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, apartado 34).
(
20
)	A los efectos oportunos, quisiera señalar que la libertad de empresa y el derecho a la propiedad también están sometidos a las limitaciones derivadas del propio tenor literal de las disposiciones de la Carta en las que se consagran esta libertad y este derecho. De esta manera, con arreglo al artículo 16 de la Carta, la libertad de empresa se reconoce únicamente «de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales» (el subrayado es mío). Del mismo modo, las frases segunda y tercera del artículo 17, apartado 1, de la Carta limitan el alcance del derecho reconocido en la primera frase de esa disposición [véase, a este respecto, Oliver, P., «What Purpose Does Article 16 of the Charter Serve?», en Bernitz, U. y otros (editor), General Principles of EU Law and European Private Law, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2013, p. 293, y Jaeger, M., «La protection du droit de propriété dans l’ordre juridique de l’Union européenne à la lumière de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux», en De Rome à Lisbonne: les juridictions de l’Union européenne à la croisée des chemins — Mélanges en l’honneur de Paolo Mengozzi, Bruselas, Bruylant, 2013, p. 167].
(
21
)	Cabe recordar que el considerando 8 de la Directiva 2009/28 destaca en particular que la necesidad de establecer «un marco que prevea objetivos obligatorios» debería «proporcionar al sector la estabilidad a largo plazo que necesita para poder realizar inversiones razonables y sostenibles en el campo de las energías renovables». El considerando 14 de esta Directiva, por su parte, dispone que «el principal propósito de los objetivos nacionales obligatorios es proporcionar seguridad a los inversores».
(
22
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2019, Agrenergy y Fusignano Due (C‑180/18, C‑286/18 y C‑287/18, EU:C:2019:605), apartado 27 y jurisprudencia citada.
(
23
)	Más concretamente, según las demandantes en el litigio principal, los acuerdos relativos a las instalaciones puestas en servicio a partir del 31 de diciembre de 2012 incluyen, en su artículo 17.3, la siguiente cláusula: «[…] GSE se reserva el derecho de modificar unilateralmente las cláusulas […] que, a consecuencia de posibles cambios normativos y reglamentarios, sean contrarias al marco de referencia en vigor». Corresponderá al tribunal remitente verificar que, efectivamente, figure tal cláusula en todos los acuerdos controvertidos.
(
24
)	Contrariamente a lo que sostienen las demandantes en el litigio principal y las partes coadyuvantes, considero que el artículo 26, apartados 2 y 3, del Decreto-ley n.o 91/2014 no tiene un efecto retroactivo propiamente dicho, dado que únicamente se refiere a los pagos futuros y no a los ya efectuados.
(
25
)	Véase la sentencia de 21 de mayo de 2019, Comisión/Hungría (Usufructos sobre terrenos agrícolas) (C‑235/17, EU:C:2019:432), apartado 69 y jurisprudencia citada.
(
26
)	C‑235/17, EU:C:2018:971, apartado 135.
(
27
)	Véase TEDH, sentencia de 22 de junio de 2004, Broniowski c. Polonia, CE:ECHR:2004:0622JUD003144396, § 129. Debo mencionar, a modo de ejemplo, que debe considerarse que una sociedad es titular de un interés patrimonial constitutivo de un «bien», en el sentido del artículo 1 del Protocolo Adicional n.o 1 al CEDH, en la medida en que disponga del derecho a obtener el reembolso de un impuesto pagado de forma indebida (TEDH, sentencia de 9 de marzo de 2006, Eko-Elda Avee c. Grecia, CE:ECHR:2006:0309JUD001016202, § 27).
(
28
)	Véase TEDH, sentencia de 14 de febrero de 2012, Arras y otros c. Italia, CE:ECHR:2012:0214JUD001797207, § 75. Me remito también a las conclusiones presentadas por la Abogada General Kokott en el asunto Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión (C‑398/13 P, EU:C:2015:190), punto 76, así como a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos citada.
(
29
)	El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que puede considerarse que existe una injerencia en el sentido del artículo 1 del Protocolo Adicional n.o 1 al CEDH cuando se reduzca o anule el importe de una prestación social (véanse, en este sentido, TEDH, sentencia de 28 de abril de 2009, Rasmussen c. Polonia, CE:ECHR:2009:0428JUD003888605, § 71, así como TEDH, sentencia de 7 de julio de 2011, Stummer c. Austria, CE:ECHR:2011:0707JUD003745202, § 82). Debo precisar que esta última resolución se citó en la sentencia de 13 de junio de 2017, Florescu y otros (C‑258/14, EU:C:2017:448), apartado 50, en la que el Tribunal de Justicia consideró que una medida que tenía por objeto la suspensión del pago de las pensiones de jubilación cuando las personas afectadas hubieran escogido ejercer paralelamente una actividad profesional remunerada en el seno de una institución pública restringía el derecho a la propiedad de esas personas en el sentido del artículo 17 de la Carta.
(
30
)	Véase TEDH, sentencia de 18 de mayo de 2010, Plalam s.p.a. c. Italia, CE:ECH:2010:0818:JUD001602102, § 38.
(
31
)	Los particulares, en concreto, pueden ser titulares de un «bien» en el sentido del artículo 1 del Protocolo Adicional n.o 1 al CEDH, cuando son titulares de derechos de construcción de conformidad con contratos de compraventa y tienen una expectativa legítima de poder ejercer esos derechos con arreglo a las condiciones contractuales (véase TEDH, sentencia de 18 de noviembre de 2010, Consorts Richet y Le Ber c. Francia, CE:ECHR:2010:1118JUD001899007, § 98).
(
32
)	Véanse TEDH, sentencia de 9 de diciembre de 1994, Refinerías griegas Stran y Stratis Andreadis c. Grecia (CE:ECHR:1994:1209JUD001342787), § 59, así como TEDH, sentencia de 9 de junio de 2009, Nicola Silvestri c. Italia (CE:ECHR:2009:0609JUD001686102), § 70.
(
33
)	Sentencia de 3 de septiembre de 2015, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión (C‑398/13 P, EU:C:2015:535), apartado 61.
(
34
)	A modo de ejemplo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en esencia, que el pago anual de ayudas por un Estado miembro no puede tener la consideración de definitivo en la medida en que dichas ayudas puedan ser susceptibles de reembolso por parte del beneficiario si no respetara en su conjunto los requisitos para su pago (sentencia de 26 de mayo de 2016, Ezernieki, C‑273/15, EU:C:2016:364, apartados 45 y 49).
(
35
)	Se trata de la expresión adoptada por el Abogado General Campos Sánchez-Bordona en sus conclusiones presentadas en el asunto ArcelorMittal Rodange y Schifflange (C‑321/15, EU:C:2016:516), punto 97.
(
36
)	Véanse las sentencias de 10 de septiembre de 2009, Plantanol (C‑201/08, EU:C:2009:539), apartado 53 y jurisprudencia citada, así como de 11 de julio de 2019, Agrenergy y Fusignano Due (C‑180/18, C‑286/18 y C‑287/18, EU:C:2019:605), apartado 31. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha declarado, en lo que atañe al artículo 1 del Protocolo Adicional n.o 1 al CEDH, que las «expectativas legítimas» resultaban del hecho de que la persona de que se trata se basa de forma razonablemente justificada en un acto jurídico que tenga un fundamento jurídico sólido y afecte a los derechos a la propiedad (véase TEDH, sentencia de 28 de septiembre de 2004, Kopecký c. Eslovaquia, CE:ECHR:2004:0928JUD004491298, § 47).
(
37
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2019, Agrenergy y Fusignano Due (C‑180/18, C‑286/18 y C‑287/18, EU:C:2019:605), apartado 33 y jurisprudencia citada.
(
38
)	Por lo demás, esta es la conclusión a la que llegó, en esencia, la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) en la sentencia n.o 16, de 24 de enero de 2017 (§ 9).
(
39
)	Sentencia de 11 de julio de 2019 (C‑180/18, C‑286/18 y C‑287/18, EU:C:2019:605), apartado 44.
(
40
)	Por «quinto plan de energía», debe entenderse el decreto ministeriale — Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo del 3 de marzo de 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (Decreto Ministerial de aplicación del artículo 25 del Decreto Legislativo n.o 28, de 3 de marzo de 2011, por el que se adoptan medidas de fomento de la producción de energía eléctrica a partir de instalaciones solares fotovoltaicas), de 5 de julio de 2012 (suplemento ordinario de la GURI n.o 159, de 10 de julio de 2012).
(
41
)	Como he puntualizado en la nota a pie de página 23 de las presentes conclusiones, incumbirá al órgano jurisdiccional remitente verificar que el conjunto de los acuerdos controvertidos reserve efectivamente tal derecho a GSE.
(
42
)	Sentencia de 11 de julio de 2019 (C‑180/18, C‑286/18 y C‑287/18, EU:C:2019:605), apartado 27.
(
43
)	Cabe recordar que el artículo 17, apartado 1, de la Carta distingue dos tipos de limitaciones al derecho a la propiedad: la privación de la propiedad (segunda frase) y la regulación del uso de los bienes (tercera frase) (véase, a este respecto, Wollenschläger, F. «Article 17 — Right to Property» en Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., y Ward, A., The EU Charter of Fundamental Rights — A commentary, Hart Publishing, 2014, p. 476). También me remito a mis conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Hungría (Usufructos sobre terrenos agrícolas) (C‑235/17, EU:C:2018:971), punto 154, en las que destaqué la existencia de estos dos tipos de limitación, así como de la norma general («toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes»), contenida en el artículo 17, apartado 1, primera frase, de la Carta.
(
44
)	Véanse, a este respecto, TEDH, sentencia de 23 de septiembre de 1982, Sporrong y Lönnroth c. Suecia, CE:ECHR:1982:0923JUD00715175, § 65, así como TEDH, sentencia de 19 de diciembre de 1989, Mellacher y otros c. Austria, CE:ECHR:1989:1219JUD001052283, § 44.
(
45
)	Véase la sentencia de 22 de enero de 2013, Sky Österreich (C‑283/11, EU:C:2013:28), apartado 43 y jurisprudencia citada.
(
46
)	A este respecto, debo precisar que en la sentencia n.o 16, de 24 de enero de 2017 (§ 8.3), la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) consideró, en esencia, que, habida cuenta del contexto legislativo particular en el que se enmarcaban, los acuerdos celebrados entre los operadores de instalaciones fotovoltaicas y GSE no podían considerarse como meros contratos en beneficio de aquellos.
(
47
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel Wien (C‑314/12, EU:C:2014:192), apartado 49.
(
48
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel Wien (C‑314/12, EU:C:2014:192), apartado 50. A modo de ejemplo, el Tribunal de Justicia ha declarado que la posibilidad de exigir a un operador actualizar anualmente sus tarifas y someterlas a un control periódico constituye una injerencia en el ejercicio del derecho garantizado por el artículo 16 de la Carta (véase la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Polkomtel, C‑277/16, EU:C:2017:989, apartado 51). Del mismo modo, ha apreciado que la obligación de etiquetado que recae en una empresa de venta al por menor puede limitar el ejercicio de su libertad de empresa (véase la sentencia de 30 de junio de 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, apartado 29). Debo señalar que una prohibición referida a una empresa también puede constituir una injerencia en el ejercicio de la libertad de empresa (véase, en particular, la sentencia de 17 de diciembre de 2015, Neptune Distribution, C‑157/14, EU:C:2015:823, apartado 67).
(
49
)	En el presente caso, en mi opinión, no cabe la menor duda de que debe considerarse que toda limitación del ejercicio de los derechos y libertades consagrados en los artículos 16 y 17 de la Carta, aun suponiendo que esté acreditada, está establecida por la ley dentro del respeto del contenido esencial de estos derechos y libertades. Debo recordar, tal como se desprende de la sección anterior, que los operadores de instalaciones fotovoltaicas siguen siendo libres de utilizar sus instalaciones y de organizar sus actividades como deseen y que no se les ha privado de los incentivos ya abonados en virtud de los acuerdos celebrados con GSE.
(
50
)	En lo referente al contenido de los objetivos perseguidos por la Directiva 2009/28, me remito al punto 34 de las presentes conclusiones.
(
51
)	Quisiera precisar que, en la sentencia n.o 16, de 24 de enero de 2017 (§ 8.4), la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) concluyó, en esencia, que estas medidas compensatorias tienen por objeto proteger las inversiones realizadas por los operadores de instalaciones fotovoltaicas. Este tribunal también destacó el carácter progresivo de la reforma llevada a cabo mediante el Decreto-ley n.o 91/2014, habida cuenta del hecho de que las tres opciones previstas en el artículo 26, apartado 3, de dicho Decreto, se escalonan durante un plazo relativamente largo.
(
52
)	Con arreglo al artículo 1, punto 2, de la Carta de la Energía, los términos «Parte contratante» designan a un Estado u organización regional de integración económica que han acordado vincularse mediante dicho Tratado y para los cuales el Tratado está en vigor.
(
53
)	A este respecto, debo precisar que, en lo referente a las organizaciones regionales de integración económica, como la Unión, el término «territorio» se define en el artículo 1, punto 10, de la Carta de la Energía como «los territorios de los Estados miembros de dicha[s] organización[es]».
(
54
)	En sus conclusiones presentadas en el asunto Achmea (C‑284/16, EU:C:2017:699), punto 43, el Abogado General Wathelet recordó que todos los Estados miembros y la Unión han ratificado la Carta de la Energía. No obstante, quisiera precisar que, tal como han indicado las demandantes en el litigio principal y las partes coadyuvantes, el 31 de diciembre de 2014 la República Italiana dio inicio al procedimiento de denuncia de la Carta de la Energía y que tal denuncia surtió efecto a partir del 1 de enero de 2016. Por lo tanto, actualmente este Estado miembro únicamente está vinculado por esta Carta en virtud de su artículo 47, apartado 3, que establece que las disposiciones de la propia Carta «continuarán siendo de aplicación para las inversiones realizadas en el territorio de una Parte contratante por inversores de otras Partes contratantes […] durante un período de veinte años a partir de la fecha en que surta efecto la denuncia por dicha parte […]», así como del artículo 216 TFUE, apartado 2, es decir, en la medida en que la referida Carta forma parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión.
(
55
)	Aun destacando que no es necesario dirimir esta cuestión en los presentes asuntos, debo señalar que, en la sentencia de 6 de marzo de 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), el Tribunal de Justicia declaró que los artículos 267 TFUE y 344 TFUE debían interpretarse en el sentido de que se oponían a una disposición de un tratado internacional celebrado entre Estados miembros, conforme a la cual un inversor de uno de esos Estados miembros podía, en caso de controversia sobre inversiones realizadas en el otro Estado miembro, iniciar un procedimiento contra este último Estado miembro ante un tribunal arbitral cuya competencia se había comprometido a aceptar. A la vista de esta sentencia, me parece que, en la medida en que el artículo 26 de la Carta de la Energía, cuyo epígrafe es «Solución de controversias entre un inversor y una parte contratante», prevé la posibilidad de que estas controversias se resuelvan ante tribunales arbitrales, esta disposición no puede aplicarse a los litigios dentro de la Unión. En mi opinión, incluso es posible, habida cuenta de las menciones realizadas por el Tribunal de Justicia en esta sentencia, en lo tocante, en particular, a la preservación del carácter propio del Derecho establecido por los Tratados y el principio de confianza mutua entre los Estados miembros, que esta Carta sea completamente inaplicable en tales litigios. Por lo demás, es la conclusión a la que parecen haber llegado también los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros en el documento titulado «Declaración de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 15 de enero de 2019, sobre las consecuencias jurídicas de la sentencia Achmea dictada por el Tribunal de Justicia y sobre la protección de las inversiones en la Unión Europea» (disponible en la página web de la Comisión, en la siguiente dirección: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190117-bilateral-investment-treaties_en.pdf), cuyo apartado 5 establece que, a la luz de dicha sentencia, «los Estados miembros denunciarán todos los tratados bilaterales de inversión celebrados entre ellos».
(
56
)	Quisiera recordar que, de conformidad con el artículo 1, punto 7, letra a), inciso i) de la Carta de la Energía, por «inversor» debe entenderse «la persona física que posea la ciudadanía o nacionalidad de [una] Parte contratante o resida permanentemente en esta, con arreglo a la legislación nacional aplicable». En el caso de autos, no se discute que las empresas que son parte en los litigios planteados ante el órgano jurisdiccional remitente son todas italianas.
(
57
)	A todos los efectos, debo precisar que, a mi entender, se desprende también claramente de las declaraciones de Canadá y de los Estados Unidos de América relativos al artículo 10 de la Carta de la Energía que, cuando la Parte contratante sea un Estado, los términos «inversores de otras Partes contratantes» designan únicamente a los inversores que sean extranjeros respecto de dicha Parte contratante y no a sus homólogos nacionales.
(
58
)	De manera general, parece que la jurisprudencia arbitral relativa a la interpretación del artículo 10 de la Carta de la Energía ha interpretado de manera restrictiva la obligación de la proteger las expectativas legítimas de los inversores (véase Montanaro, F., «Les politiques en matière d’énergie photovoltaïque en Europe, au carrefour entre le droit de l’Union européenne et le Traité sur la Charte de l’énergie», Revue belge de droit international, vol. 1, Bruselas, Bruylant, 2016, p. 416).
(
59
)	Debo señalar que, en sus conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Eslovaquia (C‑264/09, EU:C:2011:150), punto 63, el Abogado General Jääskinen consideró, en esencia, que, en cuanto al disfrute y la protección de las inversiones, el nivel general de protección de los derechos fundamentales que otorga el Derecho de la Unión protegía a los inversores de una manera que satisfacía las normas derivadas, en particular, del artículo 10, apartado 1, de la Carta de la Energía. Debo añadir, a todos los efectos, que, en el asunto Electrabel S.A. c. Hungría (CIRDI, asunto n.o ARB/07/19, 30 de noviembre de 2012, §§ 7.77‑78), el tribunal arbitral (International Centre for Settlement of Investment Disputes, Washington, D.C.) apreció que esta disposición no impedía a las Partes contratantes modificar su marco legislativo, sujeto a determinadas condiciones [«While the investor is promised protection against unfair changes, it is well established that the host State is entitled to maintain a reasonable degree of regulatory flexibility to respond to changing circumstances in the public interest. Consequently, the requirement of fairness must not be understood as the immutability of the legal framework, but as implying that subsequent changes should be made fairly, consistently and predictably, taking into account the circumstances of the investment […]. Fairness and consistency must be assessed against the background of information that the investor knew and should reasonably have known at the time of the investment and of the conduct of the host State» (el subrayado es mío)]. Este mismo tribunal destacó que, en caso de conflicto, el Derecho de la Unión prevalece sobre la Carta de la Energía (§ 4189).