Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 30 de abril de 2026 (1)
Asunto C‑190/25 [Zelabrich] (i)
LS
contra
GT
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Stuttgart, Alemania)]
« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial — Reglamento (CE) n.º 2201/2003 — Artículo 19 — Litispendencia — Artículo 63 — Concordato lateranense celebrado entre Italia y la Santa Sede — Matrimonio celebrado de conformidad con el Derecho canónico — Procedimiento de divorcio ante un órgano jurisdiccional civil de un Estado miembro ante el que se interpuso la primera demanda — Nulidad de dicho matrimonio declarada por un tribunal eclesiástico en Italia — Procedimiento de reconocimiento de los efectos civiles de la resolución relativa a la nulidad ante un tribunal estatal italiano que conoce de la segunda demanda »
I.      Introducción
1.        Se interpuso ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro una primera demanda de divorcio. Se interpuso ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, en este caso Italia, una segunda demanda dirigida a que se reconozcan efectos civiles a una sentencia por la que se declara la nulidad de un matrimonio contraído en Italia con arreglo a las disposiciones del Derecho canónico, (2) que constituye una sentencia ejecutiva dictada por un tribunal eclesiástico cuya competencia está reconocida en el citado Estado miembro. ¿Constituyen estas circunstancias una situación de litispendencia?
2.        En el asunto sometido al Tribunal de Justicia, un órgano jurisdiccional alemán desea saber si de la interpretación del artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 (3) puede deducirse una respuesta afirmativa a esta pregunta, debido a que el artículo 63, apartados 2 y 3, letra a), de dicho Reglamento establece que cualquier resolución relativa a la nulidad de un matrimonio regulada por el Tratado celebrado entre Italia y la Santa Sede, a saber, el Concordato lateranense de 11 de febrero de 1929, modificado por el Acuerdo, y su Protocolo adicional, (4) se reconocerá de pleno derecho, como consecuencia de la remisión al capítulo III, sección 1, del referido Reglamento, como cualquier otra resolución dictada en materia matrimonial por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro.
3.        La cuestión de la aplicación de las normas de litispendencia previstas en el artículo 19 del Reglamento Bruselas II bis debe examinarse desde un punto de vista más amplio que el del litigio principal, limitado al Concordato lateranense. En efecto, el artículo 63 de dicho Reglamento contempla los Concordatos celebrados entre la Santa Sede, por una parte, y, respectivamente, Portugal, España y Malta, por otra. Estos dos últimos Acuerdos establecen un procedimiento análogo al procedimiento italiano de reconocimiento de las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos. Además, para las acciones ejercitadas desde el 1 de agosto de 2022, el artículo 99 del Reglamento (UE) 2019/1111, (5) que sustituye al mencionado artículo 63, se refiere al último Concordato celebrado entre la Santa Sede y Portugal, que prevé tal procedimiento.
4.        En las presentes conclusiones, que, conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, se centrarán en la primera cuestión prejudicial, expondré las razones por las que, en mi opinión, no es posible asimilar este procedimiento a un procedimiento de nulidad matrimonial en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento Bruselas II bis y, por tanto, considerar que existe una situación de litispendencia.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
5.        El artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento Bruselas II bis dispone:
«El presente Reglamento se aplicará, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, a las materias civiles relativas:
a)      al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial.»
6.        A tenor del artículo 19 de dicho Reglamento, titulado «Litispendencia y acciones dependientes»:
«1.      Cuando se presentaren demandas de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.
[…]
3.      Cuando se establezca que es competente el primer órgano jurisdiccional, el segundo se inhibirá en favor de aquel.
En este caso, la parte actora ante el segundo órgano jurisdiccional podrá presentar la acción ante el primero.»
7.        El artículo 63 del citado Reglamento, titulado «Tratados con la Santa Sede», dispone:
«1.      El presente Reglamento será aplicable sin perjuicio del Tratado internacional (Concordato) celebrado entre la Santa Sede y Portugal, firmado en el Vaticano el 7 de mayo de 1940.
2.      Cualquier resolución relativa a la nulidad de un matrimonio regulada por el Tratado indicado en el apartado 1 se reconocerá en los Estados miembros en las condiciones previstas en la sección 1 del capítulo III. [ (6)]
3.      Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán también aplicables a los siguientes Tratados (Concordatos) con la Santa Sede:
a)      [Concordato lateranense];
b)      Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y España sobre asuntos jurídicos;
c)      Acuerdo entre la Santa Sede y Malta sobre el reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios canónicos y las resoluciones de las autoridades y tribunales eclesiásticos sobre dichos matrimonios, de 3 de febrero de 1993, incluido el Protocolo de aplicación de la misma fecha, junto con el segundo Protocolo adicional de 6 de enero de 1995.
4.      El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere el apartado 2 podrá someterse en Italia, en España o en Malta a los mismos procedimientos y comprobaciones aplicables a las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos con arreglo a los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los que se refiere el apartado 3.
[…]»
B.      Concordato lateranense
8.        El artículo 8, apartados 1 y 2, del Concordato lateranense establece:
«1.      Se reconoce que los matrimonios contraídos de conformidad con las disposiciones del Derecho canónico tienen efectos civiles, siempre que el matrimonio, tras su publicación en el ayuntamiento, sea inscrito en el Registro Civil. Inmediatamente después de la ceremonia, el sacerdote o su delegado explicarán a los cónyuges los efectos civiles del matrimonio y les informarán de los artículos del codice civil [(Código Civil)] relativos a los derechos y obligaciones de los cónyuges. A continuación, redactarán, en dos ejemplares, el acta de matrimonio en la que pueden figurar las eventuales declaraciones de los cónyuges en virtud del Derecho civil.
[…]
2.      Las resoluciones relativas a la nulidad matrimonial dictadas por tribunales eclesiásticos, que dispongan del título ejecutivo del órgano eclesiástico superior de control, surtirán efectos en Italia, a instancia de las partes o de una de ellas, mediante resolución de la corte d’appello [(Tribunal de Apelación, Italia)] competente, cuando esta compruebe que:
a)      el juez eclesiástico era competente para conocer de un asunto relativo a un matrimonio celebrado de conformidad con los requisitos establecidos en el presente artículo;
b)      durante el procedimiento ante el tribunal eclesiástico, se han respetado los derechos de las partes a comparecer y defenderse, de conformidad con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico italiano; y
c)      se cumplen los demás requisitos exigidos por la legislación italiana para dar efecto a las resoluciones extranjeras.
En la resolución por la que se declare ejecutiva una sentencia canónica, la corte d’appello [(Tribunal de Apelación)] podrá adoptar medidas económicas provisionales en favor de uno de los cónyuges cuyo matrimonio haya sido declarado nulo, remitiendo a las partes al tribunal competente para pronunciarse en la materia.»
9.        El punto 4 del Protocolo adicional, relativo al artículo 8 del Concordato lateranense, dispone en su letra b):
«Por lo que respecta al apartado 2, a efectos de la aplicación de los artículos 796 y 797 del codice italiano di procedura civile [(Código de Enjuiciamiento Civil italiano)], (7) deberá tenerse en cuenta la especificidad del ordenamiento jurídico canónico en el que se ha constituido el vínculo matrimonial y al que dicho vínculo está sujeto. En particular:
1)      deberá tenerse en cuenta que las remisiones efectuadas por la ley italiana a la ley del lugar en el que se dictó la sentencia deben entenderse en el sentido de que se refieren al Derecho canónico;
2)      se considerará que ha adquirido fuerza de cosa juzgada la resolución que haya adquirido fuerza ejecutiva con arreglo al Derecho canónico;
3)      se entenderá que, en cualquier caso, no se procederá a una revisión en cuanto al fondo.»
III. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
10.      GT, nacional alemán e italiano, y LS, nacional rusa, ambos con residencia habitual en Alemania, celebraron el 16 de junio de 2017 un matrimonio concordatario en la iglesia de Santa Maria Apparente, en Nápoles (Italia), que fue debidamente inscrito ese mismo día en el Registro Civil de dicha ciudad.
11.      El 25 de enero de 2022, GT presentó una demanda de divorcio ante el Amtsgericht Stuttgart (Tribunal de lo Civil y Penal de Stuttgart, Alemania). Dicho órgano jurisdiccional también debe resolver de oficio sobre el reparto compensatorio de los derechos de pensión de jubilación y, en virtud de una solicitud de LS, sobre la pensión de alimentos.
12.      El 22 de julio de 2022, GT presentó una demanda de nulidad del matrimonio concordatario ante el Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Napoli (Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Nápoles, Italia). La nulidad de dicho matrimonio fue declarada con carácter firme mediante resolución de 28 de febrero de 2024, que fue declarada ejecutiva el 27 de mayo de 2024 por el Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, Italia).
13.      La Corte di appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles, Italia), (8) que desde el 31 de julio de 2024 conoce del procedimiento de reconocimiento de los efectos civiles de la sentencia canónica, aún no ha dictado sentencia.
14.      Mediante resolución de 20 de noviembre de 2024, el Amtsgericht Stuttgart (Tribunal de lo Civil y Penal de Stuttgart) suspendió el procedimiento sobre la demanda de divorcio, incluidas las consecuencias económicas vinculadas a este, por considerar que, si el órgano jurisdiccional italiano dictara una resolución de reconocimiento de la sentencia canónica, el procedimiento de divorcio carecería de objeto.
15.      LS interpuso recurso de apelación contra dicha resolución ante el Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Stuttgart, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, en el que alega que, en virtud del Reglamento Bruselas II bis, la obligación de suspender el procedimiento no incumbe al Amtsgericht Stuttgart (Tribunal de lo Civil y Penal de Stuttgart), sino al órgano jurisdiccional italiano.
16.      El órgano jurisdiccional remitente precisa que, mediante su primera cuestión prejudicial, solicita que se confirme su análisis, según el cual, habida cuenta del tenor del artículo 63, apartados 2 y 3, letra a), del Reglamento Bruselas II bis, el procedimiento de reconocimiento de los efectos de la sentencia canónica, pendiente ante el órgano jurisdiccional italiano, «forma parte de un procedimiento de nulidad matrimonial» en el sentido del artículo 19, apartado 1, de dicho Reglamento.
17.      Por lo que respecta a su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre las consecuencias de la declaración de una situación de litispendencia que debería llevar al órgano jurisdiccional italiano, ante el que se presentó la segunda demanda, a suspender el procedimiento, de conformidad con el artículo 19, apartado 1, del mismo Reglamento.
18.      En efecto, según el órgano jurisdiccional remitente, por una parte, la nulidad matrimonial, si el órgano jurisdiccional italiano reconociera la sentencia canónica, no tiene los mismos efectos que la declaración del divorcio en cuanto a la regulación de sus consecuencias por el órgano jurisdiccional alemán. Indica que, según la jurisprudencia alemana, no puede derivarse ninguna consecuencia económica de un matrimonio nulo. Por lo tanto, si no se respetasen las normas de litispendencia, existiría un riesgo de resoluciones inconciliables, lo que podría constituir un motivo de denegación del reconocimiento de la resolución por la que se declara la nulidad del matrimonio, de conformidad con el artículo 22, letra c), del Reglamento Bruselas II bis.
19.      El órgano jurisdiccional remitente subraya, por otra parte, que, debido al mecanismo de litispendencia, estaría obligado, en su caso, a examinar con carácter incidental el reconocimiento por el Estado italiano de la nulidad matrimonial declarada por la Iglesia, aun cuando no existan a este respecto tratados entre la República Federal de Alemania y la Santa Sede.
20.      Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si cabe la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales alemanes suspendan el procedimiento, pese a la existencia de una competencia internacional preferente en favor de dichos órganos jurisdiccionales.
21.      En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Stuttgart) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Constituye el procedimiento de reconocimiento de sentencias canónicas que se sigue ante la Corte di appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles, Italia) con arreglo al artículo 8, apartado 2, [del Concordato lateranense], un procedimiento de nulidad matrimonial en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento Bruselas II bis?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Le está permitido a un órgano jurisdiccional alemán ante el cual se ha presentado la primera demanda de divorcio suspender su procedimiento de conformidad con la legislación nacional y en contra de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento Bruselas II bis, a favor del tribunal ante el cual se ha presentado la segunda demanda, que ha de resolver un procedimiento sobre reconocimiento de sentencia canónica?»
22.      Han presentado observaciones escritas GT, el Gobierno italiano y la Comisión Europea. Todos ellos, así como el Gobierno español, participaron en la vista celebrada el 5 de febrero de 2026, en la que respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para su respuesta oral.
IV.    Apreciación
23.      Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si un procedimiento de reconocimiento, por un órgano jurisdiccional estatal, de una resolución ejecutiva dictada por un tribunal eclesiástico relativa a la nulidad (o invalidez) (9) de un matrimonio concordatario, pendiente en Italia, es o no un procedimiento de nulidad matrimonial, en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento Bruselas II bis, cuando las mismas partes han presentado ante un órgano jurisdiccional alemán una primera demanda de divorcio. Así pues, se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la interpretación de dicha disposición. (10)
24.      Dado que las decisiones adoptadas por una autoridad religiosa no están comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, (11) es necesario precisar el contexto particular en el que se inscribe esta solicitud de interpretación, a saber, el Concordato lateranense, que es uno de los Tratados celebrados por determinados Estados miembros citados en el artículo 63 de dicho Reglamento. (12)
A.      Contexto particular del litigio principal: el Concordato lateranense
25.      El Concordato lateranense de 11 de febrero de 1929 celebrado entre Italia y la Santa Sede fue modificado por el Acuerdo de 18 de febrero de 1984. (13) En el artículo 1 de dicho Acuerdo se consagra el principio rector de este Concordato, que es el de la plena independencia y soberanía de la Iglesia Católica y de la República Italiana, cada una en su propio ordenamiento. Con arreglo al artículo 2, apartado 1, (14) de dicho Concordato, la República Italiana garantiza a la Iglesia Católica que pueda ejercer libremente una jurisdicción autónoma en materia de Derecho canónico. Los requisitos de eficacia de las resoluciones relativas a la nulidad de un matrimonio dictadas por los tribunales eclesiásticos en el ordenamiento italiano, establecidos en el artículo 8, apartado 2, del citado Concordato, constituyen una aplicación del principio enunciado en su artículo 1. (15)
26.      El artículo 8, apartados 1 y 2, del Concordato lateranense regula los efectos civiles de los matrimonios concordatarios y de las resoluciones ejecutivas relativas a la nulidad de dichos matrimonios dictadas por tribunales eclesiásticos.
27.      En virtud del artículo 8, apartado 1, párrafo primero, del Concordato lateranense, tales matrimonios surten efectos civiles desde el momento en el que se inscriben en el Registro Civil. No obstante, esta inscripción podrá denegarse, según el párrafo segundo de la citada disposición, en caso de incumplimiento de las normas civiles fundamentales [edad de los cónyuges e impedimentos imperativos enumerados en el punto 4, letra a), del Protocolo adicional].
28.      Con arreglo al Derecho canónico, solo los tribunales eclesiásticos pueden declarar la nulidad del matrimonio concordatario, a instancia de al menos uno de los cónyuges, por motivos religiosos más numerosos (16) que los previstos en el Derecho civil en general.
29.      El artículo 8, apartado 2, del Concordato lateranense prevé dos etapas para que la nulidad de un matrimonio concordatario produzca efectos civiles. Por una parte, las resoluciones relativas a la nulidad de tal matrimonio dictadas por tribunales eclesiásticos (17) deben disponer de un título ejecutivo conferido por el órgano eclesiástico superior de control.
30.      Por otra parte, estas resoluciones, una vez declaradas ejecutivas por dicho órgano, deben ser objeto de examen por un órgano jurisdiccional estatal italiano.
31.      En el asunto principal, están pendientes este examen por el órgano jurisdiccional estatal italiano que conoce de la demanda de GT y el procedimiento de divorcio que había iniciado anteriormente ante un órgano jurisdiccional alemán. La decisión de este último de suspender el procedimiento a la espera de la resolución del órgano jurisdiccional italiano ante el que se interpuso la segunda demanda se impugna ante el órgano jurisdiccional remitente. Este se pregunta sobre los requisitos de litispendencia previstos en el artículo 19 del Reglamento Bruselas II bis (18) en este marco procesal particular.
B.      Ámbito de aplicación de las normas relativas a la litispendencia
32.      El artículo 19 del Reglamento Bruselas II bis se titula «Litispendencia y acciones dependientes». El término «acciones dependientes» abarca los casos de «falsa litispendencia». (19) Esta distinción se abordó en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento Bruselas II. (20) Tenía en cuenta las diferencias entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros debido al hecho de que no todos contemplan la separación judicial, el divorcio y la nulidad matrimonial. (21)
33.      Al interpretar el artículo 19, apartados 1 y 3, del Reglamento Bruselas II bis, el Tribunal de Justicia ha declarado que, para determinar si existe una situación de litispendencia, resulta importante que las partes en las demandas sean las mismas. El hecho de que tengan distinto objeto es irrelevante, siempre que versen sobre una separación judicial, un divorcio o una nulidad matrimonial. Por consiguiente, puede existir una situación de litispendencia, en el sentido de dicho artículo 19, cuando ante dos órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos se inician sendos procedimientos de separación y de divorcio, o cuando ante ambos órganos jurisdiccionales se inicia un procedimiento de divorcio. (22)
34.      Por lo tanto, basta con que estén pendientes dos acciones que tengan por objeto un vínculo matrimonial. El legislador de la Unión no ha reservado una suerte particular al procedimiento de nulidad matrimonial, que se basa en la existencia de una causa de invalidez en el momento de la celebración del matrimonio, pese a que un vínculo matrimonial nulo no puede ser disuelto por divorcio. (23)
C.      Aplicación al presente asunto
35.      El procedimiento de divorcio del que conoce el órgano jurisdiccional alemán ante el que se presentó la primera demanda es paralelo al procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional italiano ante el que se presentó la segunda demanda con el fin de que surtiera efectos en Italia una resolución ejecutiva relativa a la nulidad de un matrimonio pronunciada por un tribunal eclesiástico.
36.      Es cierto que ambos procedimientos tienen por objeto el vínculo matrimonial de que se trata. Sin embargo, no se trata de demandas de la misma naturaleza. Una está destinada a declarar la disolución del vínculo matrimonial y la otra a reconocer en el ordenamiento jurídico italiano los efectos civiles de la nulidad matrimonial ya declarada por un órgano jurisdiccional eclesiástico, que es firme y ejecutiva. Estos tres requisitos se establecen en el artículo 8, apartado 2, del Concordato lateranense.
37.      Así pues, en primer lugar, de la mera lectura del tenor del artículo 19, apartado 1, del Reglamento Bruselas II bis se desprende que no se cumplen los requisitos de litispendencia. Esta disposición se refiere a la situación en la que «se presentaren demandas de divorcio
[…] o nulidad matrimonial entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros». (24) Tanto el tenor como el objetivo de dicho artículo 19 son claros. Regula el tratamiento de los asuntos que, sin sujeción a ninguna jerarquía, (25) debido a los múltiples criterios de competencia establecidos en el artículo 3 del Reglamento Bruselas II bis, se han sometido a dos órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes. (26) El objetivo es evitar resoluciones contradictorias en materia de disolución del matrimonio y garantizar la seguridad jurídica en el ELSJ, (27) al que se refiere el considerando 1 del citado Reglamento.
38.      Pues bien, en el presente asunto, el único procedimiento paralelo al del divorcio en Alemania, pendiente ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro (Italia), no es un procedimiento de «nulidad» del matrimonio concordatario, puesto que ya se ha declarado la nulidad de dicho matrimonio.  En efecto, la demanda (o procedimiento) de nulidad de dicho matrimonio se ha presentado (o iniciado) ante un tribunal eclesiástico, que la ha estimado mediante una resolución firme, que ha adquirido fuerza ejecutiva como consecuencia de una segunda resolución dictada por un órgano eclesiástico superior de control. Además, sin el reconocimiento por parte del órgano jurisdiccional estatal italiano competente, la resolución no estaría comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas II bis. (28)
39.      En segundo lugar, el procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional estatal italiano para reconocer en el ordenamiento jurídico italiano la nulidad del matrimonio ya pronunciada por un tribunal eclesiástico (29) tiene las características de un procedimiento de exequatur. (30) He observado que se utilizan otros términos o expresiones para calificar este procedimiento, como «homologación», (31) «control de legalidad»/«declaración de validez civil», (32) «reserva de deliberación» (33) o incluso «confirmación», (34) lo que, desde mi punto de vista, es irrelevante en cuanto al fondo.
40.      Antes de nada, el referido procedimiento está previsto en el Concordato lateranense, que es un tratado internacional, con el fin de que las resoluciones dictadas por tribunales eclesiásticos competentes en su ordenamiento jurídico (35) para declarar la nulidad de los matrimonios por motivos que les son propios (36) produzcan efectos civiles en Italia o, dicho de otro modo, pasen a formar parte del ordenamiento jurídico de dicho Estado miembro. (37)
41.      En España existe un procedimiento civil análogo. Así sucede también en Malta y, desde el Concordato de 18 de mayo de 2004, en Portugal. (38)
42.      A continuación, en el artículo 8, apartado 2, del Concordato lateranense, se enumeran los elementos de la sentencia canónica sujetos al control del órgano jurisdiccional estatal italiano competente. Dichos elementos son habituales en materia de exequatur (39) en cuanto se refieren a la competencia del juez eclesiástico que conoce del asunto y al respeto del ordenamiento público procesal italiano, sin que sea necesario buscar una correspondencia exacta con las causas de nulidad previstas en el Derecho civil italiano. (40) Asimismo, procede subrayar que el órgano jurisdiccional estatal italiano competente debe «comprobar» que «se cumplen los demás requisitos exigidos por la legislación italiana para dar efecto a las resoluciones extranjeras». (41)
43.      Por último, al igual que en otros acuerdos bilaterales celebrados, en particular, entre Estados miembros y Estados terceros que prevén un procedimiento de control a efectos del reconocimiento y, sobre todo, de la ejecución de las resoluciones dictadas en cada uno de esos Estados, la resolución dictada en un Estado produce sus efectos, mientras que, en el otro Estado, estos solo serán equivalentes al término de tal procedimiento.
44.      Así pues, en la relación entre la Santa Sede e Italia, el matrimonio declarado nulo por un tribunal eclesiástico permite celebrar otro matrimonio religioso, mientras que en Italia no puede celebrarse un nuevo matrimonio civil hasta que concluya el procedimiento ante el órgano jurisdiccional estatal italiano competente. Por lo tanto, esta situación es comparable en todos los aspectos a una situación ajena al ELSJ en la que se ha declarado un divorcio en un Estado A y no es posible un nuevo matrimonio en un Estado B sin que este lleve a cabo un control previo  de la resolución dictada en el Estado A. El hecho de que la resolución controvertida haya sido dictada por un tribunal eclesiástico no altera esta lógica.
45.      Por consiguiente, estoy de acuerdo con la Comisión en que «las normas de litispendencia previstas en el artículo 19 del Reglamento Bruselas II bis no se aplican cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conoce de una demanda dirigida a conferir efectos civiles a una resolución dictada por un tribunal religioso, del mismo modo que tampoco se aplican cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conoce de una demanda destinada a conferir efectos a una sentencia dictada en un tercer Estado».
46.      Sin embargo, siguiendo la opinión del órgano jurisdiccional remitente, la Comisión estima que el artículo 63, apartado 3, letra a), del Reglamento Bruselas II bis podría interpretarse en el sentido de que crea, con carácter excepcional, una situación de litispendencia, dado que esta disposición obliga a los demás Estados miembros a reconocer las resoluciones relativas a la nulidad de un matrimonio dictadas sobre la base de tratados celebrados con la Santa Sede y que la resolución del órgano jurisdiccional estatal italiano competente que confiere efectos civiles a una sentencia dictada por un tribunal eclesiástico por la que se declara la nulidad de un matrimonio produce los mismos efectos jurídicos que una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional civil italiano que declara la nulidad del matrimonio.
47.      En mi opinión, tal propuesta de interpretación, que combina los artículos 19 y 63 del Reglamento Bruselas II bis, debe descartarse debido a que entra en conflicto con el ámbito de aplicación de este último artículo y es contraria a los principios rectores de los Tratados a los que se refiere. Así lo demuestran también las consecuencias de la aplicación del artículo 19 de dicho Reglamento si se interpretara en relación con su artículo 63.
D.      Propuesta interpretativa que combina los artículos 19 y 63 del Reglamento Bruselas II bis
1.      Artículo 63 del Reglamento Bruselas II bis
48.      El artículo 63 del Reglamento Bruselas II bis se encuentra en el capítulo V, titulado «Relaciones con otros actos». El legislador de la Unión enunció el principio de primacía del Derecho de la Unión en el artículo 59, apartado 1, de dicho Reglamento, según el cual este sustituirá, en el momento de su entrada en vigor, a los convenios existentes celebrados entre dos o más Estados miembros y relativos a materias reguladas en el mencionado Reglamento «sin perjuicio» de lo dispuesto, en particular, en su artículo 63.
49.      El artículo 63 del Reglamento Bruselas II bis reserva, en las relaciones entre los Estados miembros, los efectos de los Tratados bilaterales celebrados respectivamente entre Portugal, Italia, España y Malta, por una parte, y la Santa Sede, por otra, previstos por remisión al capítulo III de dicho Reglamento, relativo al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro, tal como se definen en el artículo 2, punto 4, del referido Reglamento. Por lo tanto, son aplicables el artículo 21, apartado 1, del Reglamento Bruselas II bis, que enuncia el principio de reconocimiento de pleno derecho, y el artículo 22 del mismo Reglamento, que enumera de manera exhaustiva los motivos de denegación del reconocimiento de las resoluciones dictadas en un Estado miembro.
50.      De este modo, el artículo 63 del Reglamento Bruselas II bis crea, como consecuencia de los Concordatos a los que se refiere, un nuevo supuesto de reconocimiento simplificado de resoluciones dictadas en el ELSJ. El ámbito de aplicación de las normas sobre reconocimiento de pleno Derecho de las resoluciones dictadas en materia de nulidad matrimonial en los Estados miembros se ha ampliado para dar pleno efecto a los Concordatos celebrados entre algunos Estados miembros y la Santa Sede. (42)
51.      Por consiguiente, el citado artículo 63 solo es aplicable en caso de resoluciones relativas a la nulidad de un matrimonio dictadas en los Estados miembros (Portugal, Italia, España y Malta) en virtud de los Concordatos celebrados entre dichos Estados y la Santa Sede. Debe subrayarse que se trata únicamente de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales estatales relativas al reconocimiento de los efectos civiles de las sentencias de nulidad matrimonial dictadas por los tribunales eclesiásticos. (43)
52.      Procede señalar que no se ha establecido ningún vínculo entre el mencionado artículo 63 y el capítulo II del Reglamento Bruselas II bis, dedicado a las normas de competencia (44) y, en particular, a la litispendencia. Corrobora esta conclusión el hecho de que de las disposiciones de los Reglamentos sucesivos equivalentes al artículo 63 de dicho Reglamento (45) se desprende que la competencia concurrente (46) de los tribunales eclesiásticos es tenida excepcionalmente en cuenta por el legislador de la Unión (47) en el estricto marco de los Concordatos celebrados entre la Santa Sede y los Estados miembros afectados, que reconocen los efectos civiles de las sentencias canónicas, como ocurriría en el caso de cualquier otra resolución civil.
53.      El objetivo es facilitar la circulación de las resoluciones adoptadas en el ELSJ y no resolver conflictos de competencia, tanto más cuanto que, en virtud de dichos Concordatos, en materia de nulidad matrimonial, las normas de competencia de las autoridades religiosas en un Estado laico no están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas II bis. (48) Lo mismo sucede con el procedimiento de reconocimiento de los efectos civiles de la sentencia canónica de nulidad matrimonial. Por ejemplo, en Italia, el órgano jurisdiccional estatal competente es designado por el Concordato lateranense. Si dicho procedimiento debiera asimilarse a un procedimiento de nulidad matrimonial, debería estar sujeto a las normas de competencia establecidas en el referido Reglamento.
54.      Habida cuenta de lo anterior, considero que, si el artículo 19 del Reglamento Bruselas II bis se interpretase en relación con el artículo 63 de dicho Reglamento, se vulnerarían el objeto y la finalidad de los Concordatos celebrados con la Santa Sede. Pues bien, con arreglo al artículo 31, apartado 1, del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, (49) «un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin».
55.      También deben observarse otros límites derivados del Convenio de Viena cuando se contemplan las consecuencias de tal asimilación de los procedimientos en materia de nulidad matrimonial en el marco del mecanismo de litispendencia.
2.      Aplicación de las normas de litispendencia previstas en el artículo 19 del Reglamento Bruselas II bis
56.      La Comisión, en línea con su opinión sobre la asimilación del procedimiento de reconocimiento ante el órgano jurisdiccional estatal italiano competente a un procedimiento de nulidad matrimonial, sostiene que dicho órgano jurisdiccional debería suspender el procedimiento.
57.      En efecto, como establece el artículo 19, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento Bruselas II bis, «cuando se establezca que es competente el primer órgano jurisdiccional, el segundo se inhibirá en favor de aquel». No se prevé ninguna excepción a esta regla.
58.      Sin embargo, el artículo 19, apartado 3, párrafo segundo, de dicho Reglamento precisa que «la parte actora ante el segundo órgano jurisdiccional podrá presentar la acción ante el primero». (50)
59.      En el asunto principal, si GT ejerce esta facultad, deberá ejercitar ante el órgano jurisdiccional alemán que conoce de su demanda de divorcio la acción que ha entablado ante el órgano jurisdiccional estatal italiano ante el que se presentó la segunda demanda para el reconocimiento de la sentencia canónica.
60.      Pues bien, este procedimiento de reconocimiento, basado en el artículo 8, apartado 2, del Concordato lateranense, que solo vincula a Italia y a la Santa Sede, tiene por objeto que se incluyan en el ordenamiento jurídico italiano resoluciones de otro ordenamiento jurídico en un marco particular. (51)
61.      Por lo tanto, en primer lugar, procede oponer el principio del efecto relativo de los tratados, al que, por otra parte, se ha referido la Comisión, a la tesis de la aplicabilidad del artículo 19 del Reglamento Bruselas II bis interpretado en relación con el artículo 63 de este.
62.      Este principio de Derecho internacional general, según el cual los tratados no deben perjudicar ni beneficiar a terceros (pacta tertiis nec nocent nec prosunt), que debe tenerse en cuenta para la interpretación de los tratados, (52) encuentra una expresión particular en el artículo 34 del Convenio de Viena, en virtud del cual un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento. (53)
63.      Por consiguiente, dicho principio exige que no se interpreten disposiciones de Derecho derivado a la luz de una obligación impuesta por un acuerdo internacional que no vincule a todos los Estados miembros. De lo contrario, la interpretación equivaldría a extender el alcance de esa obligación a aquellos Estados miembros que deben considerarse «terceros Estados» si no son parte contratante en tal acuerdo. (54)
64.      Ahora bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el propio Tribunal está obligado a respetar el principio del efecto relativo de los tratados porque este constituye una norma de Derecho consuetudinario internacional, que como tal vincula a las instituciones de la Unión y forma parte del ordenamiento jurídico de esta. (55)
65.      En segundo lugar, cabría plantearse la cuestión del alcance de una interpretación que combine los artículos 19 y 63 del Reglamento Bruselas II bis, aun cuando los instrumentos internacionales a los que se refiere este último artículo no son los únicos que pueden producir efectos en el ELSJ. Este podría ser el caso del Acuerdo al que se refiere el artículo 59, apartado 2, letras a) y d), de dicho Reglamento, así como de los acuerdos celebrados por un Estado miembro, antes de su adhesión a la Unión, con uno o varios terceros Estados, a los que se aplica el artículo 351 TFUE y que no están expresamente contemplados en el Reglamento Bruselas II bis, (56) a diferencia de los Concordatos. Desde mi punto de vista, las consecuencias son difícilmente mensurables, lo que crea obstáculos de todo punto incomparables con los invocados para justificar la aplicabilidad del artículo 19 de dicho Reglamento.
E.      Sobre las consecuencias de la inaplicabilidad del artículo 19 del Reglamento Bruselas II bis
66.      La Comisión alegó en la vista, siguiendo la misma lógica que en sus observaciones escritas relativas a la exclusión recíproca de los efectos jurídicos de las sentencias de divorcio y de nulidad matrimonial, que su propuesta de interpretación estaba motivada por el deseo de paliar dos inconvenientes mayores de un procedimiento de nulidad matrimonial, a saber, su «efecto torpedo» y las consecuencias patrimoniales distintas de las del divorcio. El órgano jurisdiccional remitente también las menciona en caso de que se declare el carácter inconciliable de una resolución de divorcio con una resolución de nulidad matrimonial.
67.      En mi opinión, el primer inconveniente es inherente a la naturaleza del procedimiento de nulidad matrimonial y no puede subsanarse, a falta de una jerarquía entre las demandas en el artículo 19 del Reglamento Bruselas II bis. (57) En cambio, por lo que respecta al segundo inconveniente, a la luz de las explicaciones dadas tanto por los Gobiernos italiano y español como por la doctrina sobre la evolución de la jurisprudencia nacional en esos Estados miembros, me parece oportuno recordar cuál es la normativa europea relativa a las consecuencias económicas de la disolución matrimonial, así como las soluciones adoptadas en España e Italia en caso de procedimientos paralelos de divorcio y de reconocimiento de los efectos civiles de la sentencia de nulidad matrimonial dictada por un tribunal eclesiástico.
1.      Reglamentos de la Unión aplicables relativos a las consecuencias económicas de la disolución matrimonial
68.      En primer lugar, el artículo 1, apartado 3, letra e), del Reglamento Bruselas II bis establece expresamente que este no se aplica a las obligaciones de alimentos. En segundo lugar, de la definición de «materia matrimonial» que figura en el artículo 1, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento se deduce que este no se aplica a las consecuencias de las resoluciones relativas al vínculo matrimonial. (58) Estas dos áreas están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 4/2009 (59) y del Reglamento (UE) 2016/1103 respectivamente. (60) Estos Reglamentos son aplicables en caso de anulación del matrimonio, en particular para designar al órgano jurisdiccional competente. (61) Habida cuenta del ámbito de aplicación del Reglamento Roma III, que se limita a los conflictos de leyes en materia de divorcio y separación judicial, la admisión de los efectos que puede producir el matrimonio anulado depende de la ley aplicable determinada por el Derecho internacional de cada Estado miembro. (62)
69.      A este respecto, procede recordar que el artículo 8, apartado 2, último párrafo, del Concordato lateranense establece que el órgano jurisdiccional estatal italiano competente podrá, «en la resolución por la que se declare ejecutiva una sentencia canónica, adoptar medidas económicas provisionales en favor de uno de los cónyuges cuyo matrimonio haya sido declarado nulo, remitiendo a las partes al tribunal competente para pronunciarse en la materia».
2.      Jurisprudencia italiana y española
70.      El Gobierno italiano, en sus observaciones escritas, alegó que la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) se ha pronunciado sobre la relación entre la validación de la sentencia canónica por la que se declara la nulidad del matrimonio religioso y la continuación del proceso de divorcio a efectos de la determinación de la pensión alimenticia. (63) Dicho Tribunal resolvió lo siguiente:
–        El reconocimiento de los efectos de la sentencia canónica por la que se declara la nulidad del matrimonio religioso, que se produce después de que la sentencia de cesación de los efectos civiles haya adquirido firmeza, pero antes de que la resolución sobre las consecuencias económicas haya adquirido firmeza, no implica la desaparición del objeto del procedimiento civil relativo a la disolución del vínculo conyugal. Por lo tanto, dicho procedimiento puede continuar a efectos de la determinación del derecho a la obligación de alimentos y de su pago. (64)
–        Se declara la permanencia de las medidas económicas accesorias al divorcio, incluso en caso de nulidad reconocida del matrimonio. (65)
71.      El Gobierno español precisó en la vista que el Tribunal Supremo español también ha declarado que una sentencia de divorcio no es incompatible con el reconocimiento posterior de los efectos civiles de una sentencia canónica de nulidad matrimonial porque dicha sentencia, cuando se reconoce, no modifica ni altera los efectos civiles del divorcio. (66)
72.      En el litigio principal, por lo que respecta a las consecuencias económicas del matrimonio, el órgano jurisdiccional remitente hizo constar su conocimiento de la sentencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) n.º 9004, de 31 de marzo de 2021, y de la facultad de recurrir al mecanismo de adaptación. (67)
73.      Por último, en cuanto al carácter inconciliable de la sentencia de divorcio con la que reconoce efectos civiles a la nulidad matrimonial invocada por el órgano jurisdiccional remitente, (68) debo señalar que se contempla como una hipótesis, lo que justifica que no sea objeto de una cuestión prejudicial. En cualquier caso, he de precisar que, por las razones expuestas en los puntos 57 y 61 de las presentes conclusiones, es inconcebible interpretar el artículo 19 del Reglamento Bruselas II bis en relación con el artículo 63, apartado 3, letra a), de dicho Reglamento y modificar la orden de suspensión y de inhibición prevista en ese primer artículo para paliar este riesgo de no reconocimiento (69) de la resolución de reconocimiento de los efectos civiles de una sentencia canónica de nulidad de un matrimonio concordatario, dictada por un órgano jurisdiccional estatal italiano en virtud del Concordato lateranense.
74.      Al término de mi análisis, propongo al Tribunal de Justicia que declare, en respuesta a la primera cuestión prejudicial, que no se cumplen los requisitos de litispendencia establecidos en el artículo 19 del Reglamento Bruselas II bis y, por consiguiente, no procede responder a la segunda cuestión prejudicial, que se planteó en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión.
V.      Conclusión
75.      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Stuttgart, Alemania):
«El artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de 2004,
debe interpretarse en el sentido de que
el procedimiento italiano de reconocimiento de una resolución relativa a la nulidad matrimonial dictada por un tribunal eclesiástico ante una corte d’appello (Tribunal de Apelación, Italia), competente en virtud del artículo 8, apartado 2, del Concordato lateranense, de 11 de febrero de 1929, celebrado entre Italia y la Santa Sede, modificado por el Acuerdo, y su Protocolo adicional, firmado en Roma el 18 de febrero de 1984, no constituye un procedimiento de nulidad matrimonial en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003, en su versión modificada.»
1      Lengua original: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      En lo sucesivo, «matrimonio concordatario».
3      Reglamento del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de 2004 (DO 2004, L 367, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas II bis»).
4      Firmado en Roma el 18 de febrero de 1984; en lo sucesivo, «Concordato lateranense». Este Tratado fue ratificado por la legge n. 121 — Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (Ley n.º 121, por la que se ratifica y ejecuta el Tratado, con el Protocolo adicional, que modifica los Pactos de Letrán de 11 de febrero de 1929, entre Italia y la Santa Sede), de 25 de marzo de 1985 (GURI n.º 85, de 10 de abril de 1985, p. 3 — suplemento ordinario de la GURI n.º 28).
5      Reglamento del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (DO 2019, L 178, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas II ter»). Sobre las disposiciones transitorias, véase el artículo 100 de dicho Reglamento.
6      Dentro del capítulo III del Reglamento Bruselas II bis, titulado «Reconocimiento y ejecución», la sección 1, relativa al «reconocimiento», contiene, en particular, los artículos 21 y 22. Véase el punto 49 y la nota 9 de las presentes conclusiones.
7      En sus observaciones escritas, el Gobierno italiano declaró que, según la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), los artículos 796 y 797 del Código de Enjuiciamiento Civil, que figuraban en el título VII del libro IV de dicho Código, dedicado en particular a los efectos de las resoluciones extranjeras, aunque derogados por el artículo 73 de la legge n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (Ley n.º 218 de reforma del sistema italiano de Derecho internacional privado) de 31 de mayo de 1995 (suplemento ordinario de la GURI n.º 128, de 3 de junio de 1995), siguen surtiendo efectos en relación con el reconocimiento de las sentencias canónicas de nulidad matrimonial en virtud del principio concordatario reconocido por el artículo 7 de la Costituzione (Constitución) [véanse las sentencias de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) de 25 de mayo de 2005, n.º 11020, y de 14 de octubre de 2010, n.º 24990).
8      En lo sucesivo, «órgano jurisdiccional italiano».
9      [Nota no pertinente para la versión española de estas conclusiones].
10      El procedimiento de divorcio se inició el 25 de enero de 2022. Por lo tanto, se rige por el Reglamento Bruselas II bis. Véanse la nota 5 de las presentes conclusiones y la sentencia de 16 de febrero de 2023, Rzecznik Praw Dziecka y otros (Suspensión de la resolución de restitución) (C‑638/22 PPU, EU:C:2023:103), apartado 55.
11      Véase la definición del artículo 2, punto 4, del Reglamento Bruselas II bis, que se refiere a cualquier resolución de divorcio o de nulidad matrimonial dictada por una autoridad que ejerza funciones jurisdiccionales en un Estado miembro, tal como ha precisado el Tribunal de Justicia. En efecto, por lo que respecta al ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (DO 2010, L 343, p. 10), comúnmente denominado «Reglamento Roma III», el Tribunal de Justicia declaró que el legislador de la Unión solo tuvo en mente las situaciones en las que el divorcio es pronunciado por un órgano jurisdiccional estatal o bien por una autoridad pública o bajo el control de esta y que, por lo tanto, no están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento los divorcios que se basan en «una declaración unilateral de voluntad de carácter privado» manifestada ante un tribunal religioso. Véase la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Sahyouni (C‑372/16, EU:C:2017:988), apartado 45.
12      Véase el artículo 1, apartado 20, parte B, del Informe explicativo del Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial (DO 1998, C 221, p. 27) (en lo sucesivo, «Informe Borrás»). Fue aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 28 de mayo de 1998. Procede recordar que el Consejo había establecido dicho Convenio, mediante acto de 28 de mayo de 1998 (DO 1998, C 221, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas II»). No entró en vigor. Su contenido se recoge en gran medida en el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes (DO 2000, L 160, p. 19; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas II»). Este Reglamento fue derogado por el Reglamento Bruselas II bis, aplicable, en particular, a las acciones judiciales ejercitadas a partir del 1 de marzo de 2001. En la medida en que el Convenio de Bruselas II inspiró el contenido de los Reglamentos que le sucedieron, el Informe Borrás continúa aclarando la interpretación de las disposiciones equivalentes del Reglamento Bruselas II bis.
13      Véase el punto 2 de las presentes conclusiones.
14      Véase Gaudemet, J.: «L’Accord du 18 février 1984 entre l’Italie et le Saint Siège», Annuaire français de droit international, CNRS, París, 1984, pp. 209 a 220, en particular, pp. 211, 212 y 216.
15      Véase, a este respecto, en lo que atañe al artículo 8 del Concordato lateranense, el punto 4, letra b), del Protocolo adicional. El carácter de orden público del principio de separación de los dos ordenamientos jurídicos, laico y religioso, se desprende también del artículo 63, apartado 4, del Reglamento Bruselas II bis, en la medida en que establece que el control de las resoluciones portuguesas relativas a la nulidad de un matrimonio por los tribunales civiles de España, Italia y Malta se extenderá dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia (en lo sucesivo, «ELSJ»), más allá de los concordatos celebrados entre dichos Estados miembros y la Santa Sede (véase la nota 53 de las presentes conclusiones).
16      En sus observaciones escritas, el Gobierno italiano recuerda que los principios del Derecho canónico en materia de nulidad matrimonial son diferentes de los del Derecho civil italiano, en la medida en que reconocen la reserva mental, relativa, por ejemplo, al bonum sacramenti (indisolubilidad del vínculo matrimonial) y al bonum prolis (objetivo de procreación del matrimonio), así como el temor reverencial.
17      La expresión «sentencia canónica» se utiliza en el artículo 8, apartado 2, último párrafo, del Concordato lateranense.
18      Dado que el artículo 20, apartados 1 y 3, del Reglamento Bruselas II ter está redactado en términos sustancialmente idénticos a los del artículo 19, apartados 1 y 3, del Reglamento Bruselas II bis, procede considerar que la interpretación que se dé a este último artículo será válida también para el primero.
19      Esta expresión se utiliza en el Informe Borrás, punto 54.
20      El supuesto de «falsa litispendencia» no figura en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento Bruselas II bis, que se refiere a las «demandas de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial». El apartado 2 de dicho artículo se mantuvo para tratar específicamente las «demandas relativas a la responsabilidad parental sobre un menor que tengan el mismo objeto y la misma causa», que estaban incluidas en las acciones contempladas en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Bruselas II. Véase el Informe Borrás, punto 54.
21      Véase el Informe Borrás, punto 52.
22      Véanse las sentencias de 6 de octubre de 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654), apartado 33, y de 16 de enero de 2019, Liberato (C‑386/17, EU:C:2019:24), apartado 35.
23      Véase, a este respecto, el Informe Borrás, punto 54. En él se precisa que no se adoptó la solución, «consistente en mantener la fuerza atractiva de la jurisdicción de los mayores efectos para dar seguridad y evitar los problemas para aquellos Estados que no conocen ni la separación legal ni la nulidad».
24      El subrayado es mío. Ha de observarse que, en la versión francesa del artículo 20, apartado 1, del Reglamento Bruselas II ter, el término «demandas» ha sido sustituido, en algunas versiones lingüísticas, por el término «procedimientos», lo que es irrelevante. Véase, a este respecto, la sentencia de 9 de noviembre de 2010, Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665), apartado 64.
25      Véase la sentencia de 16 de julio de 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474), apartados 48 y 49.
26      Véase la sentencia de 25 de noviembre de 2021, IB (Residencia habitual de un cónyuge — Divorcio) (C‑289/20, EU:C:2021:955), apartado 45.
27      Véase la sentencia de 13 de octubre de 2016, Mikołajczyk (C‑294/15, EU:C:2016:772), apartado 33 y jurisprudencia citada. En el Informe Borrás [punto 5, letra c)], se precisa incluso que la decisión de establecer reglas sobre litispendencia en un Convenio europeo constituye una «novedad importante que por sí sola justificaría el Convenio [de Bruselas II], y que tiende a evitar la existencia de resoluciones contradictorias». Sin embargo, no se encuentra ni en este Convenio ni en los Reglamentos que siguieron una disposición equivalente a la introducida, en materia civil y mercantil, en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), comúnmente denominado «Reglamento Bruselas I bis». Con arreglo a la referida disposición, a instancia de un órgano jurisdiccional al que se haya sometido el litigio, cualquier otro órgano jurisdiccional al que se haya sometido el litigio informará sin demora al primero de la fecha en que se interpuso la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de dicho Reglamento.
28      Véase el punto 24 de las presentes conclusiones. Véase también Leborgne, F.: «Article 63. Traités conclus avec le Saint-Siège», en Corneloup, S., Droit européen du divorce, Lexis Nexis, París, 2013, pp. 471 a 476, en particular, punto 2 (p. 474).
29      El término italiano es «delibazione». Designa el procedimiento judicial especial mediante el cual, en un Estado determinado, se reconoce fuerza jurídica, a petición de una de las partes, a una resolución dictada por la autoridad judicial de otro Estado. Véase De Gregorio, T.: «La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni», Ius in Itinere, Rivista Giuridica (en línea), 2025.
30      Este término es utilizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 20 de julio de 2001, Pellegrini c. Italia, en particular, en el apartado 31, que contiene la cita del artículo 8, apartado 2, del Concordato lateranense. Véase también Cesarini, A.: «Libertà e responsabilità nella convivenza coniugale: la stabilità dell’assegno divorzile a seguito di “delibazione” della nullità canonica», Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale (en línea), n.º 11, 7 de junio de 2021. En la vista, el Gobierno español expuso que el Tribunal Supremo español ha declarado que las sentencias canónicas se asimilan, a efectos del reconocimiento, a las sentencias extranjeras, lo que obliga al juez que las reconoce a actuar conforme a los principios de plena jurisdicción del juez español para pronunciarse sobre los efectos civiles de dichas sentencias. Véase, en el mismo sentido, Ramos, R. M. M.: Estudos de Direito Internacional Privado e de Direito Processual Civil Internacional, II, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, especialmente la parte titulada «A Concordata de 2004 e o direito internacional privado português», pp. 335 a 388, en particular, p. 361. Por una parte, procede recordar que un procedimiento de exequatur tiene por objeto otorgar fuerza ejecutiva en el Estado miembro requerido a una resolución de otro Estado, que tiene carácter ejecutivo. Por otra parte, tal procedimiento se ha simplificado progresivamente o suprimido en el ELSJ, partiendo del principio de que una resolución dictada en un Estado miembro debe ser tratada como si se hubiera dictado en el Estado miembro requerido. Véase, en particular, la sentencia de 26 de abril de 2012, Health Service Executive (C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255), apartados 100 a 103, 116 y 118.
31      Véanse Joubert, N.: «Article 1er — Champ d’application», en Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V. y Jault-Seseke, F., Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international: commentaire du règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter), Bruylant, Bruselas, 2023, pp. 37 a 56, en particular, p. 43, y, en la misma obra, Corneloup, S.: «Article 30 — Reconnaissance d’une décision», pp. 399 a 413, en particular, p. 404. El Gobierno español también utilizó este término en la vista en relación con el procedimiento establecido por el Concordato celebrado por España, que es análogo al del Concordato lateranense [véase el artículo 63, apartado 3, letra b), del Reglamento Bruselas II bis]. Véase también Guzmán Altuna, M.: «La homologación civil de resoluciones matrimoniales canónicas. Efectos derivados de su reconocimiento», Diario de Jurisprudencia, El Derecho Editores, 7 de mayo de 2001, n.º 1382, p. 1, y artículo de la misma autora «Reconocimiento de eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas», Diario de Jurisprudencia, El Derecho Editores, 5 de octubre de 2005, n.º 2181, p. 5.
32      Véase el primer artículo de Guzmán Altuna, M., op. cit. (p. 1) y su segundo artículo op. cit. (p. 5), citados en la nota 31 de las presentes conclusiones (traducción libre).
33      En relación con el artículo 63, apartado 4, del Reglamento Bruselas II bis, véase Rauscher, T.: «Artikel 63: Verträge mit dem Heiligen Stuhl», en Europäisches Zivilprozeß- und Kollisionsrecht, Kommentar Brüssel IIa-VO, EG-UntVO, HUntVerfÜbk 2007, EU-EheGüterVO-E, EU-LP-GüterVO-E, EU-SchutzMVO, Otto Schmidt, Colonia, 2015, pp. 390 a 393, en particular, punto 8 (p. 392).
34      Véase Spellenberg, U.: «Art. 63», en von Staudingers, J., Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR— Internationales Verfahrensrecht in Ehesachen 1 (Europäisches Recht, Brüssel IIa-VO), Sellier, Berlín, 2015, pp. 345 a 348, en particular, pp. 346 y 347.
35      El Gobierno italiano precisa en sus observaciones escritas que los tribunales eclesiásticos «pertenecen a un ordenamiento jurídico extranjero».
36      Véase el punto 28 de las presentes conclusiones.
37      Véanse los puntos 9 y 25 de las presentes conclusiones. Véase también Gaudemet, J., op. cit., p. 216. Este autor subraya que, como sucede en cuanto a «la aplicación en un Estado de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de otro Estado», «la República Italiana solo reconoce efectos a las sentencias canónicas si responden a las exigencias del ordenamiento italiano, aun cuando se respete la jurisdicción eclesiástica “en su propio ordenamiento”».
38      Véase el punto 3 de las presentes conclusiones. Sobre el nuevo régimen resultante del Concordato celebrado entre la Santa Sede y Portugal el 18 de mayo de 2004, mencionado en el artículo 99, apartado 1, del Reglamento Bruselas II ter, que sustituyó el antiguo procedimiento que servía para conceder un exequatur a las resoluciones eclesiásticas, automáticamente y sin control alguno, por un control que se asemeja al procedimiento de los demás Estados (España e Italia), así como sobre la constatación de que este cambio habría pasado a ser indispensable a la luz de la sentencia del TEDH de 20 de julio de 2001, Pellegrini c. Italia (CE:ECHR:2001:0720JUD003088296), véase Ramos, R. M., op. cit., en particular, p. 365. Véanse también, en lo que atañe a este nuevo procedimiento, Leborgne, F., op. cit., apartado 2 (p. 473) y, en relación con esta sentencia del TEDH, apartado 3 (p. 476).
39      Véase Gaudemet-Tallon, H.: «La désunion du couple en droit international privé», Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, Nijhoff, Dordrecht, 1991, vol. 226, pp. 185 a 198, en particular, puntos 26 y 27 (p. 196).
40      Véase, sobre la aplicación de criterios análogos por los órganos jurisdiccionales españoles, Guzmán Altuna, M.: «La homologación civil de resoluciones matrimoniales canónicas. Efectos derivados de su reconocimiento», op. cit., p. 1, y «Reconocimiento de eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas», op. cit., p. 1.
41      Véase el artículo 8, apartado 2, letra c), del Concordato lateranense. El subrayado es mío. Véase, a este respecto, el punto 9 de las presentes conclusiones. Véase, sobre la génesis de estas disposiciones resultantes del Acuerdo de 18 de febrero de 1984, por el que se modifica el Concordato lateranense de 11 de febrero de 1929, introducidas tras la sentencia de la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional, Italia) n.º 18, de 2 de febrero de 1982, Gaudemet-Tallon, H., op. cit., apartado 20 (p. 192), y De Gregorio, T., op. cit. Véase también Leborgne, F., op. cit., apartado 3 (pp. 475 y 476). Sobre la cuestión del respeto del derecho de defensa en España, Italia y Malta, véase García Ruiz, Y.: «Artículo 99. Tratados con la Santa Sede», en Palao Moreno, G., El nuevo marco europeo en materia matrimonial, responsabilidad parental y sustracción de menores: comentarios al Reglamento (UE) n.º 2019/1111, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 777 a 782, en particular, pp. 781 y 782.
42      Véase el Informe Borrás, puntos 120 a 123, en particular, el punto 120, sobre el hecho de que Portugal habría incumplido sus obligaciones internacionales si hubiera aceptado un texto que atribuyera competencia a los órganos jurisdiccionales civiles.
43      Véanse el Informe Borrás, punto 120, párrafo quinto, y Leborgne, F., op. cit., apartado 2 (p. 474). Desde el Concordato celebrado entre la Santa Sede y Portugal el 18 de mayo de 2004, al que se refiere el artículo 99 del Reglamento Bruselas II ter, los procedimientos son análogos. Véase la nota 38 de las presentes conclusiones.
44      Véase, a título comparativo, el artículo 59, apartado 2, letra d), del Reglamento Bruselas II bis, relativo al Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia que contiene determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y tutela, firmado en Estocolmo el 6 de febrero de 1931 [Serie de Tratados de la Liga de las Naciones, vol. 126, p. 141, n.º 2877 (1931-1932)], al que se refiere el artículo 59, apartado 2, letra a).
45      Véanse el artículo 40 del Reglamento Bruselas II y el artículo 99 del Reglamento Bruselas II ter.
46      En Portugal, desde el Concordato celebrado entre este Estado y la Santa Sede el 18 de mayo de 2004. Anteriormente la competencia era exclusiva. Véase el Informe Borrás (puntos 120 y 121) y Gaudemet-Tallon, H., «Le Règlement n.º 1347/2000 deu Conseil du 29 mai 2000: “Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs”», Journal du droit international (Clunet), LexisNexis, París, 2001, n.º 2, pp. 381 a 445, en particular, apartado 111 (p. 425).
47      Véase el punto 24 de las presentes conclusiones.
48      Véase el punto 24 de las presentes conclusiones.
49      Firmado el 23 de mayo de 1969 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1155, p. 331, n.º 18232 (1980)] y que entró en vigor el 27 de enero de 1980; en lo sucesivo, «Convenio de Viena». El Derecho internacional de los tratados fue codificado, en esencia, en dicho Convenio. Según su artículo 1, este se aplica a los tratados entre Estados. Véase la sentencia de 25 de febrero de 2010, Brita (C‑386/08, EU:C:2010:91), apartado 40.
50      El subrayado es mío.
51      Véase el punto 25 de las presentes conclusiones.
52      Véase, en este sentido, el artículo 31, apartado 3, letra c), del Convenio de Viena.
53      Véase la sentencia de 25 de febrero de 2010, Brita (C‑386/08, EU:C:2010:91), apartados 43 y 44. El artículo 63, apartado 4, del Reglamento Bruselas II bis es un ejemplo interesante del principio del efecto relativo de los tratados. Ciertamente, el Concordato celebrado entre Portugal y la Santa Sede no surte efectos directos en España, Italia ni Malta. A este respecto, véase Gaudemet-Tallon, H.: «Le Règlement n.º 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: “Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs”», op. cit., en particular, punto 112 (p. 426). Esta autora declaró que el Reglamento Bruselas II, en cuyo artículo 40, apartado 4, se había incluido
la misma regla que la enunciada en el citado artículo 63, apartado 4, «respetó cuidadosamente los imperativos que eran tanto de Derecho internacional público como de orden religioso, salvaguardando los mecanismos establecidos por el Concordato y las disposiciones de Derecho interno adoptadas para su aplicación». Este principio se mantuvo en el artículo 99, apartado 4, del Reglamento Bruselas II ter, aunque el artículo 16 del Concordato celebrado entre Portugal y la Santa Sede el 18 de mayo de 2004 prevé, como en España, Italia o Malta, un procedimiento idéntico de reconocimiento de los efectos de las sentencias canónicas.
54      Véase la sentencia de 23 de enero de 2014, Manzi y Compagnia Naviera Orchestra (C‑537/11, EU:C:2014:19), apartado 47.
55      Véase la sentencia de 23 de enero de 2014, Manzi y Compagnia Naviera Orchestra (C‑537/11, EU:C:2014:19), apartado 48 y jurisprudencia citada.
56      Véase la sentencia de 6 de marzo de 2025, Anikovi (C‑395/23, EU:C:2025:142), apartados 42, 44 a 47 y 49.
57      Véase el punto 34 de las presentes conclusiones.
58      Véase, asimismo, el considerando 8 del Reglamento Bruselas II bis, que precisa que este no debe referirse a los efectos patrimoniales del matrimonio.
59      Reglamento del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO 2009, L 7, p. 1), aplicable a partir del 18 de junio de 2011, de conformidad con su artículo 76, párrafo tercero.
60      Reglamento del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales (DO 2016, L 183, p. 1), aplicable a los procedimientos iniciados a partir del 29 de enero de 2019, de conformidad con su artículo 69.
61      Véase Borrás, A: «Introduction générale», en Corneloup, S., Droit européen du divorce, op. cit., pp. 1 a 25, en particular, punto 9 (pp. 11 y 12). Véase Bonomi, A.: «Remarques liminaires et détermination du champ d’application des règles et compétence en matière matrimoniale», en Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V. y Jault-Seseke, F., Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international: commentaire du règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter), op. cit., pp. 82 a 106, en particular, p. 92. Este comentario sobre el Reglamento Bruselas II ter también es válido para el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas II bis que derogó.
62      Véase Gaudemet-Tallon, H.: «La désunion du couple en droit international privé», op. cit., p. 121, puntos 96 y ss. Según esta autora, «en Derecho internacional privado se observa una tendencia favorable a la aplicación de una ley que admite el carácter putativo del matrimonio, lo que permite, en cierto modo, “salvar” el matrimonio en cuanto a sus efectos pasados». Expone, sobre la base de la jurisprudencia francesa, las diferentes opciones de elección de una vinculación objetiva, más bien en favor de los efectos putativos del matrimonio anulado cuando al menos uno de los cónyuges, de buena fe, creyó que el matrimonio era válido. Véase también Bonomi, A., op. cit., punto 23 (p. 92).
63      Véanse, en particular, el artículo titulado «Nullità del matrimonio e assegno di divorzio — Ufficio nazionale per i problemi giuridici», disponible en la siguiente dirección de Internet: https://giuridico.chiesacattolica.it/nullita-del-matrimonio-e-determinazione-dellassegno-di-divorzio/; Siciliano, V.: «Le Sezioni Unite sugli effetti della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario nel giudizio di divorzio», Cammino Diritto, Diritto Ecclesiastico e Canonica (en línea), n.º 5, 2021, y Cesarini, A., op. cit.
64      Véase, en particular, la sentencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), Salas reunidas, n.º 9004, de 31 de marzo de 2021. Según Cesarini, A., op. cit., esta resolución se inscribe en la línea de las sentencias de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), Salas reunidas, n.º 16379, de 17 de julio de 2014, y n.º 18287, de 11 de julio de 2018, destinadas a reforzar la eficacia de la vida en común conyugal y las responsabilidades mutuas conexas.
65      Véase, en particular, la sentencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), n.º 21331, de 18 de septiembre de 2013.
66      Véase Guzmán Altuna, M.: «Reconocimiento de eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas», op. cit., pp. 4 y 5. Esta autora comenta, en particular, la sentencia del Tribunal Supremo n.º 227/2001, de 5 de marzo de 2001, en la que se declara que los efectos civiles del divorcio no se ven modificados ni alterados por la posterior declaración eclesiástica de su nulidad, por considerar que «nos movemos entre dos ámbitos jurisdiccionales diversos: el eclesiástico y el civil que discurren, en paralelo, sin posibles interferencias que conduzcan a la pérdida de eficacia de la sentencia civil obtenida en otro proceso matrimonial articulado ante la jurisdicción civil una vez declarada ajustada al Derecho del Estado la sentencia canónica».
67      Véase, asimismo, en relación con los derechos a una pensión alimenticia de separación durante el matrimonio, en virtud del artículo 1361 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil), aun cuando, en Italia, la nulidad del matrimonio religioso debería ser declarada por un órgano jurisdiccional civil, dado que, en Derecho alemán, una declaración de nulidad de un matrimonio por parte de la Iglesia no tiene ninguna incidencia en el derecho a una pensión alimenticia de separación, Flindt, J. O.: «Kein Vorrang des italienischen Delibationsverfahrens vor deutschem Trennungsunterhaltsverfahren», Neue Zeitschrift für Familienrecht, C. H. Beck, Múnich, n.º 5, 2026, p. 266. Este autor considera convincente la resolución del Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Stuttgart) 17 WF‑14/25, de 30 de julio de 2025, que afecta a las partes del litigio principal, habiendo autorizado este órgano jurisdiccional el recurso de casación.
68      Véase el punto 18 de las presentes conclusiones.
69      Véase el artículo 22 del Reglamento Bruselas II bis, relativo a los «motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial». Esta disposición establece, en su letra c), que las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial no se reconocerán si son inconciliables con una resolución dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado miembro requerido.