CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. TAMARA ĆAPETA
presentadas el 28 de abril de 2022(1)
Asuntos acumulados C‑164/21 y C‑318/21
SIA Baltijas Starptautiskā Akadēmija
contra
Latvijas Zinātnes padome (C‑164/21)
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Administratīvā rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo, Letonia)]
y
SIA Stockholm School of Economics in Riga
contra
Latvijas Zinātnes padome (C‑318/21)
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo, Letonia)]
«Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.o 651/2014 — Artículo 2, punto 83 — Ayudas de investigación y desarrollo e innovación — Concepto de “organismo de investigación” — Centro de educación superior que lleva a cabo actividades económicas y no económicas — Determinación de la actividad principal»
I.      Introducción
1.        ¿Puede considerarse a los centros de educación superior privados organismos de investigación y difusión de conocimientos? Esta es, en esencia, la cuestión planteada por la Administratīvā rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo, Letonia) y la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo, Letonia).
2.        Más concretamente, en ambos asuntos, se pide al Tribunal de Justicia que interprete el concepto de «organismo de investigación y difusión de conocimientos» tal y como figura en el artículo 2, punto 83, del Reglamento general de exención por categorías (en lo sucesivo, «RGEC»). (2)
II.    Marco jurídico
3.        El artículo 1, apartado 1, letra d), del RGEC establece que este resulta de aplicación, en particular, a las ayudas de investigación y desarrollo e innovación.
4.        Concretando más los conceptos relacionados con esta categoría de ayudas, el artículo 2, punto 83, del RGEC, define el concepto de «organismo de investigación y difusión de conocimientos» como «toda entidad (por ejemplo, universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación), independientemente de su personalidad jurídica (de Derecho público o privado) o su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos; cuando una entidad de este tipo lleve a cabo también actividades económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse por separado; las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en dichas entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, [no] podrán […] gozar de acceso preferente a los resultados que genere».
III. Hechos relevantes, cuestiones prejudiciales planteadas y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
5.        Los dos asuntos ante los órganos jurisdiccionales remitentes comparten hechos casi idénticos: ambos demandantes son centros de educación superior privados que se presentaron, respectivamente, a dos convocatorias distintas anunciadas por la Latvijas Zinātnes padome (Consejo Científico de Letonia) destinadas a financiar proyectos de investigación.
6.        En ambos casos, el Consejo Científico de Letonia rechazó las solicitudes por considerar que no eran admisibles debido a que las demandantes llevaban a cabo, en parte, actividades económicas.
7.        Ambas convocatorias para la presentación de propuestas de proyectos fueron elaboradas con arreglo al Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 «Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība» (Decreto n.o 725 del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2017, relativo a los procedimientos de evaluación de los proyectos de investigación fundamental y aplicada y de administración de su financiación) (en lo sucesivo, «Decreto n.o 725»).
8.        Con arreglo al Decreto n.o 725, para poder optar a la financiación de la investigación, el proyecto debe ser ejecutado por una institución científica inscrita en el Registro de Instituciones Científicas, que, independientemente de su personalidad jurídica (de Derecho público o privado), o de su forma de financiación conforme a las disposiciones normativas que regulen sus actividades (estatutos, reglamento interno o acto constitutivo), lleve a cabo actividades principales que no tengan carácter económico y responda a la definición de «organismo de investigación y difusión de conocimientos» conforme al artículo 2, punto 83, del RGEC.
A.      Asunto C‑164/21
9.        La demandante en el litigio principal, SIA Baltijas Starptautiskā Akadēmija, presta servicios de educación superior académicos y no académicos. Es un centro de educación superior acreditado, que opera de conformidad con el Komerclikums (Código de Comercio) en la medida en que este no sea contrario al Augstskolu likums (Ley de Centros de Educación Superior). Uno de los ámbitos de actividad definidos de la demandante es la actividad científica. La demandante figura inscrita en el Registro de Instituciones Científicas.
10.      Mediante decisión de 23 de enero de 2020, el Consejo Científico de Letonia aprobó el «Reglamento de la convocatoria general para proyectos de investigación fundamental y aplicada para 2020» (en lo sucesivo, «Reglamento de la convocatoria»), a la que la demandante presentó una propuesta de proyecto.
11.      Mediante decisión de 14 de abril de 2020, el Consejo Científico de Letonia rechazó esta propuesta de proyecto al considerar que la demandante no era una institución científica en el sentido del Decreto n.o 725.
12.      De conformidad con la propuesta de proyecto, en 2019, la proporción del volumen de negocio correspondiente a las actividades que no tenían carácter económico en comparación con las actividades económicas era del 95 % frente al 5 %. Sin embargo, el 84 % del volumen de negocio total estaba constituido por tasas de actividades académicas, las cuales, dada la naturaleza de las actividades de la demandante (una sociedad de responsabilidad limitada cuyo principal objetivo es obtener beneficios) constituyen actividades económicas. Por lo tanto, según el Consejo Científico de Letonia, la actividad principal de la demandante tiene carácter comercial.
13.      La demandante en el litigio principal impugnó el rechazo de su propuesta ante el órgano jurisdiccional remitente, alegando que su actividad principal es la investigación independiente. La demandante aduce que ni el RGEC ni el Reglamento de la convocatoria estipulan que el solicitante no pueda llevar a cabo actividades económicas y obtener un beneficio de las mismas; ni tampoco establecen qué proporción de la actividad debería ser económica y qué proporción debería tener carácter no económico. La demandante afirma que ella claramente separa sus actividades principales de carácter no económico de las que tienen carácter económico.
14.      En el contexto de este litigio, la Administratīvā rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo) planteó las siguientes cuestiones ante el Tribunal de Justicia:
«(1)      ¿Puede calificarse de entidad en el sentido del artículo 2, punto 83, del [RGEC] un organismo (de Derecho privado) que tiene varias actividades principales, entre las que se encuentra la actividad de investigación, pero cuyos ingresos proceden mayoritariamente de la prestación de servicios educativos a título oneroso?
2)      ¿Está justificado aplicar el requisito relativo a la proporción de la financiación (ingresos y gastos) de las actividades económicas y no económicas para determinar si la entidad cumple con el requisito establecido en el artículo 2, punto 83, del [RGEC] relativo a que el principal objetivo de las actividades de la entidad sea realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos? En caso de respuesta afirmativa, ¿cuál sería la proporción adecuada de financiación de las actividades económicas y no económicas para determinar el principal objetivo de las actividades de la entidad?
3)      ¿Está justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, punto 83, del [RGEC], aplicar el requisito relativo a que los ingresos obtenidos de la actividad principal se inviertan nuevamente (reinvertir) en la actividad principal de la entidad de que se trate, y es necesario evaluar otros aspectos para poder determinar justificadamente el principal objetivo de las actividades de la entidad que propone el proyecto? ¿Se vería modificada tal apreciación por el uso de los ingresos logrados (se reinvierten en la actividad principal o, por ejemplo, en el caso de un fundador privado, se pagan como dividendos a los accionistas), incluso en el supuesto de que la mayor parte de los ingresos sean tasas abonadas por los servicios de educación?
4)      ¿Es esencial la personalidad jurídica de los miembros de la entidad que propone el proyecto de que se trate para apreciar si dicha entidad responde a la definición recogida en el artículo 2, punto 83, del [RGEC], es decir, si se trata de una sociedad constituida con arreglo al Derecho mercantil para llevar a cabo una actividad económica (actividad a título oneroso) con ánimo de lucro [artículo 1 del Komerclikums (Código de Comercio)] o que sus miembros o accionistas sean personas físicas o jurídicas con ánimo de lucro (incluida la prestación de servicios educativos a título oneroso) o fueran creados sin ánimo de lucro (por ejemplo, una asociación o una fundación)?
5)      ¿Son esenciales a efectos de la valoración de la naturaleza económica de la actividad de la entidad que propone el proyecto la proporción de estudiantes nacionales y de Estados miembros de la Unión en comparación con la de estudiantes extranjeros (procedentes de Estados terceros) y la circunstancia de que el objetivo de la actividad principal realizada por dicha entidad sea proporcionar a los estudiantes una educación superior y una cualificación competitivas en el mercado laboral internacional en línea con los requisitos internacionales contemporáneos (apartado 5 de los estatutos de la demandante)?»
15.      Han presentado observaciones escritas las partes del litigio principal, el Gobierno de los Países Bajos y la Comisión Europea.
B.      Asunto C‑318/21
16.      El 22 de mayo de 2019, el Consejo Científico de Letonia aprobó las normas de una convocatoria de proyectos de investigación fundamental y aplicada para 2019 y anunció una convocatoria de proyectos, a la que la demandante, SIA Stockholm School of Economics in Riga, presentó una propuesta de proyecto.
17.      Mediante decisión del Consejo Científico de Letonia de 19 de setiembre de 2019, se rechazó la propuesta de proyecto por considerarse que no cumplía el criterio de admisibilidad establecido en el Decreto n.o 725. Esta decisión se basó en el hecho de que el 34 % de las actividades de la demandante era de carácter no económico frente al 66 %, que tenían carácter económico. El Consejo Científico de Letonia concluyó, en consecuencia, que la actividad principal de la demandante era de carácter mercantil y que no podía considerarse que su objetivo principal fuera realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos.
18.      La demandante impugnó dicha decisión alegando que cumplía los requisitos establecidos en el Decreto n.o 725, pues figuraba inscrita en el Registro de Instituciones Científicas y su actividad principal tenía carácter no económico. A este respecto, la demandante aportó documentos destinados a demostrar que las aportaciones financieras de la actividad principal estaban separadas de las actividades de carácter económico, y que los beneficios de las actividades económicas de la demandante se reinvertían en la actividad principal del organismo de investigación.
19.      Mediante sentencia de 8 de junio de 2020, la Administratīvā rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo) desestimó el recurso. A juicio de dicho tribunal, el informe relativo al volumen de negocios de 2018 muestra que las actividades económicas de la demandante generan una mayor proporción de ingresos y gastos que sus actividades no económicas. En consecuencia, consideró que la demandante no es una institución científica que pueda optar a la financiación estatal para investigación fundamental y aplicada.
20.      La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de la Administratīvā rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo) ante el órgano jurisdiccional remitente. En este contexto, las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia en este asunto por la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo) son las siguientes:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 2, punto 83, del [RGEC], en el sentido de que una entidad (por ejemplo, universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación) entre cuyos objetivos de funcionamiento se encuentra realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos, pero cuya financiación propia consiste en su mayor parte en ingresos procedentes de actividades económicas, puede considerarse un organismo de investigación y difusión de conocimientos?
2)      ¿Está justificado aplicar el requisito relativo a la proporción de la financiación (ingresos y gastos) de las actividades económicas y no económicas para determinar si la entidad cumple con el requisito establecido en el artículo 2, punto 83, del [RGEC], relativo a que el principal objetivo de las actividades de la entidad sea realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos?
3)      En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿cuál debe ser el porcentaje de financiación de las actividades económicas y no económicas para determinar si el objetivo principal de la entidad es realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos?
4)      ¿Debe entenderse la regla contenida en el artículo 2, punto 83, del [RGEC], con arreglo a la cual las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en la entidad que propone el proyecto, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros de esta, no podrán gozar de acceso preferente a los resultados que genere esta entidad, de tal modo que los miembros o accionistas de dicha entidad pueden ser o bien personas físicas o jurídicas con ánimo de lucro (incluida la prestación de servicios educativos a título oneroso) o bien personas constituidas sin ánimo de lucro (por ejemplo, una asociación o fundación)?»
21.      Han presentado observaciones escritas las partes del litigio principal y la Comisión.
IV.    Análisis
22.      Según lo solicitado por el Tribunal de Justicia, en mi análisis me centraré en las dos primeras cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente en el asunto C‑164/21 y en las tres primeras cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto C‑318/21.
23.      En esencia, mediante estas dos series de cuestiones prejudiciales se pide que se interprete el artículo 2, punto 83, del RGEC con el fin de ayudar a los órganos jurisdiccionales remitentes a decidir si un centro de educación superior privado, cuya financiación procede principalmente de las tasas abonadas por la prestación de servicios académicos puede considerarse un «organismo de investigación y difusión de conocimientos» en el sentido de dicha disposición. Los órganos jurisdiccionales remitentes también preguntan si la proporción de la financiación de actividades económicas en relación con la de actividades no económicas es relevante a los efectos de determinar el objetivo principal de tal organismo.
24.      Considero que el Tribunal de Justicia carece de competencia para contestar a estas cuestiones. Expondré mi posición en la parte A de la sección IV. En caso de que el Tribunal se pronuncie en sentido distinto, responderé a las cuestiones objeto de remisión en la parte B de la referida sección.
A.      Competencia del Tribunal de Justicia
1.      El RGEC no resulta aplicable en virtud del Derecho de la Unión
25.      El Tribunal de Justicia es competente para interpretar el Derecho de la Unión en un procedimiento prejudicial cuando su aplicación se plantee ante un órgano jurisdiccional nacional en virtud del Derecho de la Unión. (3)
26.      Las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales remitentes tratan sobre la interpretación del artículo 2, punto 83, del RGEC.
27.      Por lo tanto, en primer lugar, resulta necesario determinar los motivos por los que dicha disposición es relevante en los presentes asuntos.
28.      El objetivo del RGEC es determinar situaciones en las que las ayudas estatales pueden considerarse compatibles con el mercado interior, incluso cuando no hayan sido notificadas ni aprobadas individualmente por la Comisión. Sin embargo, los asuntos ante los órganos jurisdiccionales remitentes no guardan relación con la cuestión de si las ayudas de que se trata estaban o no sujetas a notificación como ayudas estatales. Parece más bien que el artículo 2, punto 83, resulta pertinente en los litigios nacionales con motivo del Decreto n.o 725, en el que se utiliza la definición del RGEC para determinar qué instituciones pueden optar a ayudas públicas a la investigación.
29.      Por lo tanto, el artículo 2, punto 83, del RGEC no resulta de aplicación en virtud del Derecho de la Unión, sino más bien como consecuencia de una elección del Consejo de Ministros letón, expresada en el Decreto n.o 725, de utilizar una definición de un acto jurídico de la Unión para fines puramente internos: determinar la posibilidad de optar a ayudas públicas para la investigación.
30.      En consecuencia, el artículo 2, punto 83, del RGEC se aplica en virtud del Derecho nacional, y no en virtud del Derecho de la Unión.
2.      La finalidad de la definición del concepto de «organismo de investigación y difusión de conocimientos» es distinta en el RGEC y en el Decreto n.o 725
31.      De las referencias y observaciones de las partes se desprende asimismo que el motivo por el que se eligió utilizar la definición del RGEC reside en los esfuerzos realizados por el Estado letón para garantizar la compatibilidad con las normas de la Unión sobre ayudas estatales.
32.      En cambio, tal y como expondré a continuación, el motivo para incluir la definición de «organismo de investigación y difusión de conocimientos» en el RGEC no tiene nada que ver con la legalidad o ilegalidad de las ayudas a la investigación otorgadas directamente a dichos organismos.
33.      El RGEC no excluye, en ninguna de sus disposiciones sobre ayudas a la investigación y al desarrollo, la obligación de notificar en función del tipo de entidad beneficiaria. El RGEC adopta más bien un enfoque funcional: son las ayudas a las actividades de investigación fundamental, investigación industrial, desarrollo experimental y estudios de viabilidad que cumplan otros criterios establecidos en el capítulo III, sección IV, del RGEC, las que están exentas de la obligación de notificación (4) y se presumen, por tanto, compatibles con el mercado interior.
34.      Tal y como expondré en breve, la implicación de entidades definidas como «organismos de investigación y difusión de conocimientos» en el artículo 2, punto 83, del RGEC juega un papel en la decisión de si la notificación es necesaria o no, pero dicha definición, en sí misma, no afecta a si la ayuda a la investigación otorgada al organismo de investigación es compatible con el mercado interior.
35.      La definición del artículo 2, punto 83, del RGEC solo es pertinente respecto de unas pocas disposiciones del capítulo III, sección IV, del RGEC. En primer lugar, la colaboración efectiva entre organismos de investigación y difusión de conocimientos y empresas puede conducir a incrementar la intensidad de ayuda estatal permitida a favor de ciertos proyectos de investigación. (5) En segundo lugar, las ayudas a la innovación para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) pueden cubrir los costes de comisiones de servicio de investigadores altamente cualificados de tales organismos para trabajar en el proyecto de una PYME beneficiaria. (6) Finalmente, las ayudas a la investigación y el desarrollo en el sector de la pesca o de la acuicultura solo pueden darse directamente a un «organismo de investigación y difusión de conocimientos». (7) Ahí se acaban los casos en los que la definición de «organismo de investigación y difusión de conocimientos» recogida en el artículo 2, punto 83, se utiliza en el RGEC.
36.      Por último, no existe indicación alguna en el RGEC de que el concepto de «organismo de investigación y difusión de conocimientos» guarde relación alguna con la definición de empresa a los efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1. (8) Si tal organismo lleva a cabo actividades económicas, se clasificará como empresa, y la ayuda a la investigación que reciba necesitará ser aprobada como compatible con el mercado interior, ya sea en cada caso individual mediando notificación, o bien automáticamente sin notificación, siempre y cuando cumpla con las condiciones del RGEC.
37.      En consecuencia, para asegurar que la financiación pública de la investigación sea compatible con las normas de la Unión sobre ayudas estatales y evitar, por tanto, que decisiones del Consejo Científico de Letonia vulneren dichas normas, no es necesario excluir a los organismos de investigación que también llevan a cabo actividades económicas. En función de la situación, dichas ayudas podrían ser compatibles con el mercado interior.
38.      Procede añadir que la política de ayudas estatales de la Unión es favorable a las ayudas a la investigación. La investigación mejora el nivel de conocimiento de la sociedad y genera nuevas oportunidades económicas. (9) Sin embargo, incluso si los resultados de los proyectos de investigación son generalmente beneficiosos para la sociedad, algunos proyectos pueden tener una tasa de retorno poco atractiva a ojos de los inversores privados. Por lo tanto, tal y como explica la Comisión, las ayudas estatales pueden «contribuir a la ejecución de proyectos que aporten un beneficio general societal o económico y que, de otro modo, no se emprenderían». (10) Al abordar tales asimetrías o deficiencias del mercado en la información o coordinación entre distintos organismos de investigación, (11) las ayudas a la investigación y al desarrollo generalmente se consideran compatibles con el mercado interior.
39.      Considero que no hay duda alguna de que los centros de enseñanza superior privados tienen la capacidad de contribuir a la investigación, la innovación y el consiguiente crecimiento, del mismo modo que sus contrapartes públicas. No veo, por consiguiente, razón alguna para excluir a tales entidades como potenciales receptores de ayudas a la investigación.
40.      Los propios programas de financiación de la investigación de la Unión, como por ejemplo los fondos Horizon Europe, (12) incluidas las acciones Marie Skłodowska-Curie, no excluyen a los centros de educación superior privados de sus proyectos.
41.      Dicho lo anterior, tal y como señala el Gobierno de los Países Bajos, la elección de qué entidades pueden recibir ayudas a la investigación a través de recursos públicos radica, en última instancia, en el Estado letón. Este puede optar por excluir a los centros de investigación y enseñanza privados que presten servicios académicos a título oneroso. Dicha decisión, sin embargo, no viene dictada por el Derecho de la Unión, y desde luego no por el artículo 2, punto 83, del RGEC.
3.      Organismos de investigación y difusión de conocimientos y normas de la Unión sobre ayudas estatales
42.      Como beneficiarios de financiación pública de la investigación, los organismos de investigación pueden en efecto encontrarse en diversas posiciones a la luz de las normas de la Unión sobre ayudas estatales. Debe señalarse que dichas normas se aplican a los organismos de investigación del mismo modo que a cualquier otra entidad. Por lo tanto, los organismos de investigación quedarán sujetos a las normas sobre ayudas estatales siempre y cuando puedan calificarse de empresas. Por el contrario, si no pueden ser calificadas como tales, quedarán fuera del ámbito de aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1. Por lo tanto, las normas de la Unión sobre ayudas estatales no se aplicarán a ayudas a la investigación otorgadas a organismos de investigación que no sean calificados de empresas.
43.      Constituye jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia en el ámbito del Derecho de la competencia que una empresa es una entidad que lleva a cabo una actividad económica, en el sentido de ofrecer bienes o servicios en el mercado. (13) La calificación como empresa no depende de si la entidad es de Derecho público o de Derecho privado, o de si tiene ánimo de lucro. (14) Cabe decir lo mismo, en principio, en lo que concierne a los organismos de investigación. (15)
44.      La calificación de una entidad de empresa está relacionada con una actividad específica. Una entidad que lleva a cabo tanto actividades de carácter económico como no económico debe considerarse empresa únicamente en lo relativo a las primeras. (16) En consecuencia, las ayudas a las actividades de organismos de investigación que son consideradas de carácter económico quedarán sujetas a las normas sobre ayudas estatales, mientras que las ayudas destinadas a apoyar las actividades no económicas de tales organismos quedarán fuera del ámbito de dichas normas.
45.      Las universidades son, por lo general, instituciones que llevan a cabo tanto investigación como actividades de difusión de conocimientos a través de la enseñanza y las publicaciones.
46.      El Tribunal de Justicia ha excluido de la noción de prestación de servicios las actividades de enseñanza prestadas por entidades integradas en el sistema de educación público y financiadas principalmente mediante fondos públicos. (17) Por lo tanto, tales actividades se encuentran fuera del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales. En cambio, ha considerado que la actividad de ofrecer educación financiada a través de fondos privados (18) constituye una prestación de servicios. (19) Se trata, pues, de una actividad económica, (20) salvo que los fondos privados provengan del propio prestador de servicios. (21)
47.      Un organismo de investigación y enseñanza puede llevar a cabo, a la vez, actividades económicas y no económicas, por ejemplo, ofreciendo clases a título oneroso como su actividad económica, y llevando a cabo investigación fundamental como su actividad no económica. Esta parece ser la situación de las dos universidades que son las partes demandantes en el litigio principal.
48.      La cuestión que surge en tales situaciones es si cualquier ayuda concedida a partir de recursos estatales, o mediante estos, a una entidad que también lleva a cabo actividades económicas, la sitúa necesariamente dentro del ámbito de aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1.
49.      En el contexto de la educación superior, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha aclarado que esto no es así. En el supuesto de que las actividades no económicas de un organismo de investigación y de difusión de conocimientos puedan distinguirse de sus actividades económicas, y pueda probarse que la ayuda se refiere únicamente a las actividades no económicas, tal transferencia de recursos estatales no se considera una ayuda estatal con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 1. (22)
50.      En términos más generales, el Tribunal de Justicia ha considerado que la «calificación de actividad vinculada al ejercicio de prerrogativas de poder público o de actividad económica debe hacerse de manera separada para cada actividad ejercida por una determinada entidad». (23)
51.      La Comisión aceptó el mismo razonamiento en el Marco. Así, explicó que «cuando la misma entidad desempeña actividades tanto de carácter económico como no económico, no se aplicará a la financiación pública de las actividades no económicas lo dispuesto en el artículo [107 TFUE], apartado 1, siempre y cuando quepa distinguir con claridad entre ambos tipos de actividades y entre sus respectivos costes, financiación e ingresos, de manera que se evite efectivamente la subvención indirecta de la actividad económica». (24)
52.      En consecuencia, en el supuesto de que un organismo de investigación lleve a cabo tanto actividades económicas como no económicas, la financiación pública solo caerá dentro del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales en la medida en que cubra costes vinculados a las actividades económicas. La Comisión determina esto mediante la evaluación de si la financiación pública asignada a una entidad durante un período contable específico supera los costes de las actividades no económicas en que se haya incurrido en dicho período. (25)
53.      Asimismo, si un organismo de investigación presta servicios académicos a cambio de una remuneración, pero todos los beneficios procedentes de dichas actividades vuelven a invertirse en actividades primarias de investigación, sus actividades se considerarían actividades de carácter no económico en su totalidad. (26)
54.      Por lo tanto, el que la ayuda otorgada a un organismo de investigación constituya o no una ayuda estatal depende de la calificación de la actividad financiada como económica o no económica. Si la actividad financiada es de carácter no económico, las normas sobre ayudas estatales no se aplican, aunque la entidad en cuestión también lleve a cabo actividades económicas, que estén, no obstante, claramente separadas de las actividades financiadas. Si las actividades financiadas son actividades económicas, dicha financiación se considerará ayuda estatal con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 1. Dicha ayuda puede sin embargo considerarse, en última instancia, compatible con el mercado interior y, por ende, permitida.
55.      Un lector cuidadoso habrá notado que en ningún lugar de esta sección se ha mencionado al artículo 2, punto 83, del RGEC. Esto se debe a que no es relevante a los efectos de la aplicabilidad de las normas sobre ayudas estatales a las ayudas a la investigación concedidas a los organismos de investigación.
4.      Conclusión provisional: el Tribunal de Justicia carece de competencia
56.      Con base en lo anterior, dado que la disposición de la Unión cuya interpretación se solicita se aplica únicamente en virtud del Derecho nacional, y puesto que se aplica con una finalidad distinta de la que cumple bajo el Derecho de la Unión, considero que el Tribunal de Justicia carece de competencia para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas.
57.      Ciertamente, con base en la jurisprudencia Dzodzi, el Tribunal de Justicia ha considerado que tiene competencia en situaciones en las que la legislación interna adopta las mismas soluciones en situaciones equivalentes a las reguladas por el Derecho de la Unión. El legislador nacional decide, en tal caso, utilizar el Derecho de la Unión para regular una situación interna equivalente. En un escenario de tales características, el Tribunal de Justicia ha considerado que existe un manifiesto interés de la Unión en que, con el fin de evitar futuras divergencias de interpretación, las disposiciones o los conceptos tomados del Derecho de la Unión reciban una interpretación uniforme, cualesquiera sean las condiciones en las que se tengan que aplicar. (27)
58.      Por ejemplo, en el propio asunto Dzodzi, el legislador belga decidió hacer extensiva la aplicación de las normas de la Unión sobre situaciones transfronterizas a situaciones equivalentes puramente internas. (28)
59.      Otro ejemplo en el que el Tribunal de Justicia basó su competencia en la necesidad de una interpretación uniforme en asuntos que quedaban fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión se refiere a situaciones en las que los Estados miembros hicieron extensiva la aplicabilidad de la Directiva sobre agentes comerciales, aplicable únicamente a la venta de bienes, también a la prestación de servicios. (29)
60.      El tercer ejemplo en el que se utilizó la lógica Dzodzi guarda relación con la interpretación de los acuerdos mixtos. En el asunto Hermès, a pesar de que una disposición de un acuerdo mixto (30) se aplicaba a una situación que quedaba fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia consideró que era competente para interpretarla debido a su potencial aplicación a situaciones equivalentes reguladas por el Derecho de la Unión. (31) En otras palabras, existía un interés de la Unión en la interpretación uniforme de disposiciones aplicables a situaciones equivalentes.
61.      Por último, el Tribunal de Justicia razonó de un modo similar en varios asuntos relativos al Derecho de la competencia en los que las normas del Derecho de la Unión habían sido transpuestas por el legislador nacional a situaciones puramente internas sin ninguna incidencia en el comercio entre Estados miembros. (32)
62.      Una razón significativa que justificaba la competencia del Tribunal de Justica en todos los asuntos mencionados anteriormente era la equivalencia entre, por una parte, situaciones puramente internas para cuya regulación el Derecho nacional se remitía al Derecho de la Unión, y, por otra parte, situaciones de la Unión para las cuales se había designado la norma pertinente del Derecho de la Unión. En cambio, en situaciones en las que la finalidad de la norma de la Unión carecía de relación con la finalidad para la que se había utilizado en el contexto nacional, el Tribunal de Justicia declaró que carecía de competencia. (33)
63.      Según lo expuesto en la sección IV, parte A, punto 2, anterior, la definición prevista en el artículo 2, punto 83, tiene una finalidad totalmente distinta en el contexto del RGEC de la que tiene en el Decreto n.o 725. Por lo tanto, es manifiesto que los casos ante los órganos jurisdiccionales remitentes no constituyen una situación interna equivalente a la que pueda surgir con arreglo al RGEC.
64.      La «competencia Dzodzi» se apoya esencialmente en dos requisitos: el interés de la Unión en una interpretación uniforme y la equivalencia entre las situaciones internas y las situaciones de la Unión de las que se trate. (34)
65.      Aunque sea un poco excesivo, cabría alegar que interpretar el artículo 2, punto 83, del RGEC en los presentes asuntos va en interés de la uniformidad del Derecho de la Unión. En efecto, es posible concebir situaciones en las que autoridades nacionales competentes y los órganos jurisdiccionales competentes utilicen dicha interpretación en la aplicación del capítulo III, sección 4 del RGEC.
66.      Sin embargo, la situación en la que va a utilizarse el artículo 2, punto 83, del RGEC en los asuntos que nos ocupan no es equivalente a su uso en el contexto de dicho Reglamento. En consecuencia, dado que el Tribunal de Justicia solo puede interpretar dicho artículo en el contexto del propio RGEC y con arreglo a su objetivo específico, la interpretación que el Tribunal de Justicia podría dar en el presente asunto no puede, a mi parecer, resultar de utilidad para los órganos jurisdiccionales remitentes. Sería mezclar peras con manzanas.
67.      Por último, debe añadirse que los órganos jurisdiccionales remitentes no han explicado, como exige el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, de qué modo la interpretación del artículo 2, punto 83, del RGEC podría ser pertinente en un contexto de Derecho nacional funcional y legalmente diferente. (35)
68.      Considero, por lo tanto, que el Tribunal de Justicia no puede declarase competente en los presentes asuntos, al no cumplirse el segundo requisito de que exista una situación interna equivalente exigido por la línea jurisprudencial Dzodzi.
69.      Para el supuesto de que el Tribunal de Justicia decida, no obstante, que es competente, me centraré a continuación en la interpretación del artículo 2, punto 83, del RGEC.
B.      ¿Qué es un organismo de investigación y difusión de conocimientos con arreglo al artículo 2, punto 83, del RGEC?
70.      El artículo 2, punto 83, del RGEC describe a los «organismos de investigación y difusión de conocimientos» como entidades cuyo principal objetivo es realizar de manera independiente investigación (fundamental, industrial o experimental)(36)o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación u otro tipo de transferencia de conocimientos.
71.      La «o» subrayada crea confusión.
72.      ¿Puede una entidad llevar a cabo solo o principalmente investigación? ¿Puede llevar a cabo solo o principalmente difusión de conocimientos? ¿Debe llevar a cabo investigación? ¿Debe llevar a cabo difusión de conocimientos? Alternativamente, ¿debe llevar a cabo ambos, esto es, tanto investigación como difusión de conocimientos tal y como la expresión «investigación y difusión de conocimientos» parece sugerir?
73.      A mi entender, la expresión «objetivo principal» debería, comprenderse como aquellas actividades para cuya ejecución se creó desde un inicio la entidad. Por supuesto, puede existir más de una actividad principal.
74.      Por ejemplo, entidades tales como universidades frecuentemente se crean tanto para difundir conocimientos como para llevar a cabo investigación. Tanto la enseñanza como la investigación constituyen sus actividades principales. Los centros de investigación pueden constituirse exclusivamente para llevar a cabo investigación y es posible que difundan sus resultados en publicaciones externas. Por lo tanto, la investigación constituye su única actividad principal. Finalmente, algunas entidades, tales como escuelas de idiomas o centros de formación profesional, pueden crearse únicamente para la enseñanza, pero pueden también llevar a cabo investigación sobre, por ejemplo, la mejora de su metodología de enseñanza. Sin embargo, ese tipo de investigación no constituye el objetivo principal de tales entidades; en tal supuesto, la investigación es solo instrumental y por lo tanto secundaria respecto al objetivo principal de la institución, que es enseñar.
75.      En vista de que la definición del artículo 2, punto 83, del RGEC figura en la sección de dicho artículo titulada «Definiciones aplicables a las ayudas de investigación y desarrollo e innovación», considero que la investigación debe ser uno de los objetivos principales de los «organismos de investigación y difusión de conocimientos».
76.      Si una entidad tiene la investigación como objetivo principal, es un «organismo de investigación y difusión de conocimientos», con independencia de si es de Derecho Público o de Derecho privado y de su modo de financiación. Considero que esto último significa que un «organismo de investigación y difusión de conocimientos» puede llevar a cabo tanto actividades económicas como no económicas. (37) Solo resulta relevante que la investigación independiente figure entre sus actividades principales.
77.      Sin embargo, aunque una entidad de estas características puede, por lo tanto, llevar a cabo actividades económicas, de la segunda frase del artículo 2, punto 83, del RGEC, cabe deducir que algunas de sus actividades de investigación deben ser de carácter no económico. La segunda frase de dicho artículo dispone: «cuando una entidad de este tipo lleve a cabo también actividades económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse por separado». (38)
78.      La conclusión de que una actividad de investigación debe ser no económica, al menos parcialmente, viene también corroborada por el componente de difusión de conocimientos de la definición recogida en el artículo 2, punto 83, del RGEC. Es inherente a la investigación de carácter no económico el que sus resultados se difundan amplia y públicamente. La última frase de esta disposición apoya esta interpretación, dado que el organismo de investigación puede no proporcionar acceso preferente a los resultados de la investigación, por ejemplo, a sus accionistas o miembros.
79.      Mi conclusión de que la investigación, como una de las actividades principales, debe ser al menos parcialmente no económica, también deriva del papel que el RGEC otorga a los «organismos de investigación y difusión de conocimientos». La participación de tales organismos en proyectos colaborativos o su papel de primera importancia en ciertos tipos de investigación incrementa la probabilidad de que la ayuda a la investigación sea compatible con el mercado interior sin mediar notificación.
80.      En consecuencia, puedo concluir del tenor del artículo 2, punto 83, del RGEC que un «organismo de investigación y difusión de conocimientos» debería llevar a cabo investigación cuyos resultados estén públicamente disponibles y puede transmitir los resultados de la investigación mediante la enseñanza, las publicaciones u otros medios. Siempre y cuando la investigación (o una parte de ella) se lleve a cabo como una actividad no económica, la enseñanza se puede prestar a cambio de una remuneración.
81.      A los efectos de valorar las actividades principales de un organismo, resultan de utilidad varios factores: los estatutos o documento fundacional similar de la entidad de la que se trate, sus informes anuales, si cumple los requisitos de Derecho interno para adquirir el estatuto de centro de educación superior o de centro de investigación (como, por ejemplo, una acreditación), (39) y los informes de la autoridad nacional de acreditación. Dado que las acreditaciones de educación superior se suelen conceder por un período de tiempo limitado y están sujetas a renovación, las decisiones de renovar la acreditación también pueden verse como una ocasión para determinar la actividad principal de una entidad.
82.      En la resolución de remisión del asunto C‑164/21 se indica que la actividad mercantil de la demandante en el litigio principal se permite en la medida en que no sea contraria a la Ley de Centros de Educación Superior. Esto también podría ser relevante a los efectos de revelar la actividad principal de la entidad en cuestión.
83.      Si el organismo lleva a cabo investigación y enseñanza como sus actividades principales, resulta irrelevante a efectos de su calificación como «organismo de investigación y difusión de conocimientos» qué porcentaje de estas actividades es de carácter económico y qué porcentaje es de carácter no económico. Una separación clara de los costes de las actividades económicas y de las no económicas solo es relevante para determinar si una ayuda a la investigación otorgada a dicha organización entra dentro del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales.
V.      Conclusión
84.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que declare que carece de competencia para responder a las cuestiones prejudiciales remitidas por la Administratīvā rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo, Letonia) y la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo, Letonia).
85.      Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia se declare competente, propongo que responda del modo siguiente:
«(1)      Una entidad cuyas actividades consisten en la investigación y la enseñanza puede calificarse de “organismo de investigación y difusión de conocimientos” en el sentido del artículo 2, punto 83, del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] si una de sus actividades principales es la investigación independiente, que sea, al menos en parte, de carácter no económico, aun cuando algunas de sus actividades sean económicas o, en otras palabras, aunque parte de sus ingresos provenga de prestar servicios a título oneroso.
(2)      La proporción de financiación procedente de actividades económicas y no económicas no es relevante a los efectos de determinar si una entidad es un “organismo de investigación y difusión de conocimientos” con arreglo al artículo 2, punto 83, del Reglamento n.o 651/2014.»
1      Lengua original: inglés.
2      Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] (DO 2014, L 187, p. 1). Una versión consolidada no vinculante legalmente está disponible aquí: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/2021‑08‑01.
3      Sentencias de 19 de diciembre de 2013, Fish Legal y Shirley (C‑279/12, EU:C:2013:853), apartados 29 y 30, y de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny (C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234), apartado 44; auto de 21 de febrero de 2022, Leonardo (C‑550/21, no publicado, EU:C:2022:139), apartado 11.
4      En el caso de estar dentro de los umbrales de notificación establecidos por el artículo 4, apartado 1, letra i), inciso i), del RGEC.
5      Artículo 25, apartado 6, letra b), inciso i), del RGEC. La intensidad de las ayudas estatales es un porcentaje de financiación mediante recursos estatales al que se puede optar para determinados tipos de proyectos. Por ejemplo, la intensidad de la ayuda a la investigación industrial que, conforme al RGEC, no ha de notificarse, es del 50 %. Sin embargo, en el caso de que un organismo de investigación y difusión de conocimientos participe en dicho proyecto, la intensidad de la ayuda puede verse incrementada en un 15 %, esto es, hasta un 65 % del coste global del proyecto.
6      Artículo 28, apartado 2, letra b), del RGEC.
7      Artículo 30, apartado 5, del RGEC.
8      Véase la sección IV, parte A, punto 3, infra.
9      La importancia de la investigación se reconoce en el artículo 179 TFUE, apartado 1, así como en distintos programas de la Unión. Así, por ejemplo, la investigación ocupó un lugar importante en la estrategia de crecimiento «Europa 2020» [Comunicación de la Comisión — Europa 2020 — Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Bruselas, 3 de marzo de 2010, COM(2010) 2020] y se promueve en la estrategia de Investigación e innovación 2020-2024 (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024_en). Véase también von Wendland, B.: «New Rules for State Aid for Research, Development and Innovation: “Not a Revolution but a Silent Reform”», European State Aid Law Quarterly, Vol. 14(1), 2015, p. 25.
10      Comunicación de la Comisión — Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (DO 2014, C 198, p. 1) (en lo sucesivo, «Marco»), punto 49.
11      Ibídem.
12      Artículo 2, apartado 16, del Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1290/2013 y (UE) n.o 1291/2013 (DO 2021, L 170, p. 1).
13      Sentencia de 16 de junio de 1987, Comisión/Italia (118/85, EU:C:1987:283), apartado 7; de 18 de junio de 1998, Comisión/Italia  (C‑35/96, EU:C:1998:303), apartado 36, y de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98), apartado 46.
14      Sentencia de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98), apartados 46 y 47, y de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496), apartado 41.
15      Marco (nota 10 de las presentes conclusiones), punto 17.
16      Sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496), apartado 44. Véase también, Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2016, C 262, p. 1) (en lo sucesivo, «Comunicación»), punto 10.
17      Sentencia de 27 de septiembre de 1988, Humbel y Edel (263/86, EU:C:1988:451), apartados 17 a 19, y de 7 de diciembre de 1993, Wirth  (C‑109/92, EU:C:1993:916), apartados 15 y 16.
18      La financiación puede ser proporcionada por alumnos o por sus padres, pero también por terceros, ya que el carácter económico de la actividad de enseñanza no depende de que sea pagado por sus beneficiarios. Sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496), apartado 49.
19      Sentencia de 11 de septiembre de 2007, Comisión/Alemania (C‑318/05, EU:C:2007:495), apartado 69; y de 20 de mayo de 2010, Zanotti (C‑56/09, EU:C:2010:288), apartado 32.
20      Sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496), apartados 45 a 48.
21      Sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496), apartado 48.
22      Sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496), apartado 51. Véase, también Buts, C., Nicolaides P., y Pirlet H.: «Puzzles of the State Aid Rules on RDI», European State Aid Law Quarterly, Vol. 18(4), 2019, pp. 489 a 494.
23      Sentencia de 1 de julio de 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376), apartado 25.
24      Marco (nota 10 de las presentes conclusiones), punto 18.
25      El Marco (nota 10 de las presentes conclusiones), punto 20 y la nota 6 que le acompaña.
26      El Marco (nota 10 de las presentes conclusiones), punto 19, letra b). Véase también, la Comunicación (nota 17 de las presentes conclusiones), punto 32.
27      Sentencia de 18 de octubre de 1990, Dzodzi (C‑297/88 y C‑197/89, EU:C:1990:360), apartado 41, y de 18 de noviembre de 2021, Visma Enterprise (C‑306/20, EU:C:2021:935), apartado 45. Para un análisis claro y detallado de la jurisprudencia Dzodzi, véanse las Conclusiones del Abogado General Bobek en el asunto J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649), puntos 27 a 50.
28      Sentencia de 18 de octubre de 1990, Dzodzi (C‑297/88 y C‑197/89, EU:C:1990:360), apartado 43. La situación trataba del derecho derivado de un nacional de un tercer país, cónyuge de un nacional belga que trabajaba en Bélgica, a residir en dicho país. Para evitar la discriminación inversa de sus propios nacionales, Bélgica contemplaba que el Derecho de la Unión relativo al libre movimiento de trabajadores se aplicase también a situaciones meramente internas.
29      Sentencias de 16 de marzo de 2006, Poseidon Chartering (C‑3/04, EU:C:2006:176), apartados 11 a 19; 28 de octubre de 2010, Volvo Car Germany (C‑203/09, EU:C:2010:647), apartados 23 a 28; de 3 de diciembre de 2015, Quenon K. (C‑338/14, EU:C:2015:795), apartados 17 a 19, y 17 de mayo de 2017, ERGO Poist’ovňa (C‑48/16, EU:C:2017:377), apartados 29 a 32.
30      Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994) (DO 1994, L 336, p. 1) (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»).
31      Sentencia de 16 de junio de 1998, Hermès (C‑53/96, EU:C:1998:292), apartado 32. El asunto trataba de una medida provisional prevista por el Acuerdo ADPIC en relación con una marca del Benelux. A pesar de que dichas marcas no se regían por el Derecho de la Unión, la misma disposición del Acuerdo ADPIC era potencialmente aplicable a marcas de la Unión.
32      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 26 de noviembre de 2015, Maxima Latvija (C‑345/14, EU:C:2015:784), apartados 12 a 14; de 21 de julio de 2016, VM Remonts y otros (C‑542/14, EU:C:2016:578), apartados 16 a 19, y de 18 de noviembre de 2021, Visma Enterprise (C‑306/20, EU:C:2021:935), apartados 41 a 49.
33      Véase, por ejemplo, la sentencia de 10 de diciembre de 2020, J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:1011), apartados 44 a 49.
34      El Abogado General Bobek ha propuesto tres condiciones para determinar si la jurisprudencia Dzodzi puede aplicarse para establecer la competencia en asuntos que no entren dentro del ámbito de aplicación del Derecho de Unión. En primer término, el Derecho nacional debe contener una remisión directa e incondicional a la disposición del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita. A continuación, las disposiciones de la Unión objeto de extensión por el Derecho nacional deben en todo caso pertenecer a un contexto funcional y jurídicamente comparable, en el que exista un interés por preservar la uniformidad conceptual y en el que la interpretación de las disposiciones de Derecho de la Unión pueda ser de alguna utilidad práctica para el órgano jurisdiccional remitente. Por último, el órgano jurisdiccional remitente está obligado a explicar con claridad cómo se cumplen los dos requisitos anteriores en el asunto concreto, exponiendo las disposiciones pertinentes del Derecho nacional. Véanse las Conclusiones del Abogado General Bobek en el asunto J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649), puntos 43 a 45, 54 a 61 y 71 a 73).
35      Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874), apartado 55. Algunos estiman que tal explicación por el órgano jurisdiccional nacional debería imponerse como un requisito procesal para determinar la competencia del Tribunal de Justicia en situaciones como las del asunto Dzodzi. Véanse, por ejemplo, las conclusiones del Abogado General Wahl en los asuntos acumulados Venturini y otros (C‑159/12 a C‑161/12, EU:C:2013:529), puntos 54 a 62, y del Abogado General Bobek en el asunto J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649), punto 57.
36      El artículo 2, punto 84, del RGEC define la «investigación fundamental»; su artículo 2, punto 85, define la «investigación industrial»; su artículo 2, punto 86, define el «desarrollo experimental», y su artículo 2, apartado 87, define el «estudio de viabilidad».
37      El Marco (nota 10 de las presentes conclusiones) también prevé que un organismo de investigación puede llevar a cabo actividades económicas y no económicas al mismo tiempo. Véase, por ejemplo, el punto 20 de dicho texto.
38      Cursiva añadida.
39      Véase también, Kleiner, T.; «The new Framework for Research, Development and Innovation, 2007-2013», European State Aid Law Quarterly, Vol.6(2), 2007, pp. 231 y ss. especialmente pp. 238 y 239.