61995CJ0052_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-52/95,
Comisión de las Comunidades Europeas,
representada por el Sr. G. Rozet, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,
parte demandante,
contra
República Francesa,
representada por la Sra. E. Belliard, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, por el Sr. G. Mignot y por la Sra. I. Latournarie, secrétaires des affaires étrangères de la misma Direccion, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
parte demandada,
que tiene por objeto que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 2 del artículo 11 y del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 2241/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras (DO L 207, p. 1), modificado por el Reglamento (CEE) nº 3483/88 del Consejo, de 7 de noviembre de 1988 (DO L 306, p. 2), en relación con el artículo 3 y los Anexos del Reglamento (CEE) nº 3926/90 del Consejo, de 20 de diciembre de 1990, por el que se fijan, para determinadas poblaciones o grupos de poblaciones de peces, los totales admisibles de capturas para 1991 y determinadas condiciones en las que pueden pescarse (DO L 378, p. 1), y del Reglamento (CEE) nº 3882/91 del Consejo, de 18 de diciembre de 1991, por el que se fijan, para determinadas poblaciones o grupos de poblaciones de peces, los totales admisibles de capturas para 1992 y determinadas condiciones en las que pueden pescarse (DO L 367, p. 1), al no prohibir provisionalmente la pesca por sus barcos pesqueros de la población de anchoas en la división CIEM VIII, de manera que garantizase el respeto de las cuotas que le habían sido asignadas en 1991 y 1992, así como al no incoar acciones penales o administrativas contra los responsables de las actividades de pesca de la referida población y de las actividades relacionadas con dicha pesca efectuadas con posterioridad a las prohibiciones de pescar dictadas por la Comisión en 1991 y 1992,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por los Sres.:
D.A.O. Edward (Ponente), Presidente de Sala;
J.-P. Puissochet,
J.C Moitinho de Almeida,
C. Gulmann, y
M. Wathelet, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Fennelly;
Secretario: Sr. R. Grass;
visto el informe del Juez Ponente;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de octubre de 1995;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de febrero de 1995, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE, con objeto de que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 2 del artículo 11 y del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 2241/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras (DO L 207, p. 1), modificado por el Reglamento (CEE) nº 3483/88 del Consejo, de 7 de noviembre de 1988 (DO L 306, p.2), en relación con el artículo 3 y los Anexos del Reglamento (CEE) nº 3926/90 del Consejo, de 20 de diciembre de 1990, por el que se fijan, para determinadas poblaciones o grupos de poblaciones de peces, los totales admisibles de capturas para 1991 y determinadas condiciones en las que pueden pescarse (DO L 378, p. 1), y del Reglamento (CEE) nº 3882/91 del Consejo, de 18 de diciembre de 1991, por el que se fijan para determinadas poblaciones o grupos de poblaciones de peces, los totales admisibles de capturas para 1992 y determinadas condiciones en las que pueden pescarse (DO L 367, p. 1) al no prohibir provisionalmente la pesca por sus barcos pesqueros de la población de anchoas en la división CIEM VIII (en lo sucesivo,
" división" ), a fin de garantizar el respeto de las cuotas que le habían sido asignadas en 1991 y 1992, así como al no incoar acciones penales o administrativas contra los responsables de las actividades de pesca de la referida población y de las actividades relacionadas con dicha pesca efectuadas con posterioridad a las prohibiciones de pescar dictadas por la Comisión en 1991 y 1992.
2. Los artículos 2, 3 y 4 del Reglamento (CEE) nº 170/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, por el que se constituye un régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos de la pesca (DO L 24, p. 1; EE 04/02, p. 56) permiten al Consejo limitar el volumen de las capturas por existencias, cuando se considere necesario. El volumen de las capturas disponibles será repartido entre los Estados miembros, en forma de cuotas. Sin embargo, con arreglo al apartado 1 del artículo 5 del mismo Reglamento, los citados Estados podrán intercambiar la totalidad o parte de las cuotas que les hayan sido atribuidas.
3. A tenor del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento nº 170/83, los Estados miembros determinarán, de conformidad con las disposiciones comunitarias aplicables, las modalidades de utilización de sus cuotas.
4. El control de dicho régimen de conservación se rige por el Reglamento nº 2241/87. Conforme al apartado 1 del artículo 1 de esta disposición, cada Estado miembro controlará, en su territorio y en sus aguas marítimas, los barcos de pesca y todas la actividades cuya inspección debería permitir comprobar la observancia de toda la normativa relativa a las medidas de conservación y de control.
5. El apartado 2 de dicho artículo establece que, si las autoridades competentes de un Estado miembro comprueban el incumplimiento de la normativa en vigor, ejercitarán una acción penal o administrativa contra el capitán de dicho barco o contra cualquier otra persona responsable.
6. Conforme al apartado 2 del artículo 9 del citado Reglamento, los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión, antes de 15 de cada mes, las cantidades de cada población o grupo de poblaciones, sujetas a cuotas, que hayan sido descargadas en el curso del mes precedente.
7. El apartado 1 del artículo 11 del propio Reglamento establece que todas las capturas de una población o de un grupo de poblaciones sujetas a cuotas y efectuadas por los barcos de pesca que enarbolan pabellón de un Estado miembro o registrados en un Estado miembro se imputarán a la cuota aplicable a dicho Estado.
8. A tenor del apartado 2 de esta misma disposición, los Estados miembros fijarán la fecha en la que se considerará que las capturas de una población o grupo de poblaciones sujetas a cuota y efectuadas por sus barcos han agotado la cuota que les es aplicable. A partir de dicha fecha, los Estados miembros deben prohibir provisionalmente la pesca de peces de esta población o grupo de poblaciones por sus barcos, así como su mantenimiento a bordo, transbordo y desembarco, cuando las capturas se hayan realizado después de esta fecha. Esta medida se notificará sin demora a la Comisión.
9. El apartado 3 del mismo artículo establece que, como consecuencia de una notificación efectuada en virtud del apartado 2 o por propia iniciativa, la Comisión fijará la fecha en la cual se considerará que las capturas de una población o grupo de poblaciones han agotado la cuota del Estado miembro interesado. Conforme al párrafo tercero de dicho apartado, después de esa fecha, los barcos del Estado miembro dejarán de pescar la especie de la población de que se trate; dichos barcos dejarán también de mantener a bordo, de transbordar, de desembarcar o de hacer transbordar o desembarcar las capturas de pescado de dicha población, cuando se hayan realizado después de esta fecha.
10. El artículo 11 ter
del citado Reglamento modificado, prevé que, cuando la autoridad competente de un Estado miembro haya comprobado que un buque pesquero de dicho Estado no ha cumplido con las normas de conservación o las medidas de control, dicho Estado miembro podrá adoptar, en relación con el citado buque, una medida de control suplementaria.
11. Basándose en el Reglamento nº 170/83, el Consejo adoptó los Reglamentos n os  3926/90 y 3882/91. Estos Reglamentos, tanto en sus artículos 3 como en sus Anexos, asignaron a la República Francesa cuotas para la población de anchoas en la citada división, que ascendían a 3.000 toneladas, tanto para 1991 como para 1992.
12. El apartado 1 del artículo 5 de dichos Reglamentos prohibía conservar a bordo o desembarcar las capturas procedentes de poblaciones de peces respecto de las que se hayan fijado cuotas, salvo si las capturas hubieran sido efectuadas por buques de un Estado miembro que disponga de una cuota y ésta no se hubiere agotado.
13. A tenor de las estadísticas facilitadas a la Comisión por las autoridades francesas, las capturas de poblaciones de anchoas realizadas en la división por barcos que enarbolan pabellón francés o registrados en Francia (en lo sucesivo,
" barcos franceses" ) durante los dos primeros meses del año 1991 ascendieron a 3.397,2 toneladas, sin que la República Francesa adoptara medidas de control.
14. La Comisión, por su propia iniciativa, prohibió dicha actividad pesquera a partir del 24 de mayo de 1991, mediante el párrafo segundo del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 1326/91, de 21 de mayo de 1991, relativo a la interrupción de la pesca de anchoa por parte de los barcos que naveguen bajo pabellón de Francia (DO L 127, p. 11).
15. Con arreglo a los datos reunidos al final del ejercicio 1991 por las autoridades francesas, el volumen total de dichas capturas realizadas por los barcos franceses antes de la prohibición dictada por la Comisión había alcanzado las 6.202,6 toneladas, en tanto que las capturas del resto de dicho año ascendían a 89 toneladas en junio, 116 toneladas en julio, 62 toneladas en agosto, 36 toneladas en septiembre, 63 toneladas en octubre y a cantidades más reducidas en noviembre y diciembre, de forma que el volumen total del año 1991 ascendió a 6.402 toneladas.
16. Por lo que se refiere al año 1992, las autoridades francesas, mediante nota de 2 de abril de 1992, informaron a la Comisión de que, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 29 de marzo, las capturas de anchoas en dicha división habían ascendido a 3.473 toneladas.
17. Al no haber adoptado la República Francesa medida de control alguna, la Comisión prohibió la citada actividad de pesca a partir del 16 de abril de 1992, mediante el párrafo segundo del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 942/92 de la Comisión, de 13 de abril de 1992, relativo a la interrupción de la pesca de anchoa por parte de los barcos que naveguen bajo pabellón de Francia (DO L 101, p. 42).
18. Las cifras definitivas facilitadas por las autoridades francesas pusieron de manifiesto que las capturas controvertidas habían ascendido a 5.213,9 toneladas a finales de mayo de 1992 y a 5.559,4 toneladas a finales del mes de julio de 1992.
19. El 3 de julio de 1992, la República Francesa consiguió del Reino de España una transferencia de 6.000 toneladas de dicha cuota, con lo cual su cuota anual pasó a ser de 9.000 toneladas. Dicha transferencia permitió a la Comisión derogar el Reglamento nº 942/92 mediante el Reglamento (CEE) nº 2265/92, de 31 de julio de 1992 (DO L 220, p. 5) y, por lo tanto, pudo reanudarse la citada actividad pesquera.
20. A finales del mes de septiembre de 1992, las capturas ascendían a 8.995,4 toneladas, en tanto que llegaron a 12.781 toneladas a finales del mes de noviembre del mismo año y a 14.013 toneladas a finales de año. Ello no obstante, las autoridades francesas no adoptaron medida alguna de interrupción de la citada pesca durante ese año.
21. La Comisión considera, por todo ello, que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 2 del artículo 11 y del artículo 1 del Reglamento nº 2241/87, al no adoptar las medidas necesarias para prohibir la pesca de la población de anchoas en la citada división en 1991 y 1992 así como al no incoar acciones penales o administrativas contra los responsables de las actividades de pesca de dichas poblaciones, realizadas con posterioridad a la prohibición dictada por la Comisión.
Sobre la primera imputación
22. En apoyo de su primera imputación, la Comisión alega que el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento nº 2241/87 exige que los Estados miembros prevean cuándo se agotarán sus cuotas y que adopten las medidas necesarias para prohibir provisionalmente toda actividad de pesca, antes incluso de que se haya agotado una cuota.
23. Por lo que se refiere al año 1991, considera que la República Francesa habría debido prohibir provisionalmente la pesca de la población afectada por la actividad de sus buques, a más tardar durante el mes de febrero de 1991.
24. En lo relativo al año 1992, la República Francesa habría debido adoptar, antes de que finalizara el mes de febrero, medidas de control con el fin de garantizar que no se rebasaría su cuota inicial. De la misma forma, cuando era inminente el agotamiento de la cuota incrementada, habría debido prohibir dicha pesca por sus barcos.
25. El Gobierno francés no niega que dichas capturas rebasaron las cuotas asignadas a la República Francesa ni que las autoridades francesas competentes no adoptaron medida alguna de control como las exigidas por el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento nº 2241/87 para el año 1991 ni para el año 1992.
26. Por lo que se refiere al año 1991, señala, sin embargo, que el retraso en prohibir la pesca se debió a las imperfecciones del sistema estadístico que entonces se utilizaba.
27. No puede acogerse esta alegación.
28. En primer lugar, en lo relativo al sistema estadístico utilizado en 1991, es jurisprudencia reiterada (véase la sentencia de 20 de marzo de 1990, Comisión/Francia, C-62/89, Rec. p. I-925, apartado 23), que un Estado miembro no puede invocar dificultades prácticas para justificar la no adopción de medidas de control adecuadas. Al contrario, corresponde a los Estados miembros encargados de la ejecución de las normativas comunitarias en el sector de los productos de la pesca, superar dichas dificultades tomando las medidas oportunas.
29. Debe recordarse, a continuación que, en su sentencia de 8 de junio de 1993, Comisión/Países Bajos (C-52/91, Rec. p. I-3069), apartado 26, el Tribunal de Justicia declaró que el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) nº 2057/82 del Consejo, de 29 de junio de 1982, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras ejercidas por los barcos de los Estados miembros (DO L 220, p. 1), actualmente derogado, pero cuyo tenor literal era idéntico al del apartado 2 del artículo 11 del Reglamento nº 2241/87, obliga a los Estados miembros a tomar medidas coercitivas para prohibir provisionalmente toda actividad pesquera antes incluso de que se agotaran las cuotas.
30. Debe considerarse que el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento nº 2241/87 impone la misma obligación a los Estados miembros.
31. Procede, pues, declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 2 del artículo 11 del Reglamento nº 2241/87, al no prohibir provisionalmente dicha actividad pesquera, tanto en 1991 como en 1992, antes de que se agotara la cuota que le había sido asignada para dichos años.
Sobre la segunda imputación
32. Por lo que se refiere a su segunda imputación, la Comisión considera que el hecho de que los buques franceses prosiguieran las actividades de pesca de la referida población y otras actividades relacionadas con dicha pesca después de que los Reglamentos n os  1326/91 y 942/92 dictaran prohibiciones al respecto, constituye una infracción por parte de los responsables de dichos barcos tanto del párrafo tercero del apartado 3 del artículo 11 del Reglamento nº 2241/87 como de los artículos 5 de los Reglamentos n os  3926/90 y 3882/91. Alega, en este sentido, que con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento nº 2241/87, las autoridades francesas debían incoar una acción penal o administrativa contra los responsables de dichas infracciones.
33. El Gobierno francés reconoce que sus autoridades competentes no incoaron acciones contra los responsables de las actividades objeto del presente recurso.
34. Con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento nº 2241/87, si las autoridades competentes de un Estado miembro comprueban el incumplimiento de la normativa relativa a las medidas de conservación y control de la pesca, ejercitarán una acción penal o administrativa.
35. Si las autoridades competentes de un Estado miembro se abstuvieran sistemáticamente de ejercitar acciones de esta índole contra los responsables de dichas infracciones, correrían grave peligro tanto la conservación y la gestión de los recursos de la pesca como la ejecución uniforme de la política pesquera común.
36. De lo anterior se desprende que, a partir de las fechas fijadas por la Comisión para la prohibición de la citada actividad de pesca, la República Francesa estaba obligada a ejercitar una acción penal o administrativa contra los responsables de que prosiguieran dichas actividades pesqueras y las actividades relacionadas con éstas, en la forma en que se hallan definidas en el párrafo tercero del apartado 3 del artículo 11 del Reglamento nº 2241/87, así como en el artículo 5 de los Reglamentos n os  3926/90 y 3882/91, antes citados.
37. Por lo que se refiere al año 1992, el Gobierno francés alega, sin embargo, que la campaña de pesca de la anchoa se desarrolló en un ambiente socioeconómico de tal dificultad que cabía temer graves desórdenes que darían lugar a serias dificultades económicas. Por lo tanto, las autoridades competentes se vieron obligadas a abstenerse de incoar acciones contra los responsables de las infracciones.
38. No puede acogerse esta alegación. Efectivamente, el mero temor de que puedan surgir dificultades internas no puede justificar que no se aplicara el citado régimen.
39. Procede, pues, declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1 del Reglamento nº 2241/87 al no ejercitar acciones penales o administrativas contra los responsables de las actividades de pesca de la referida población y de las actividades relacionadas con dicha pesca efectuadas con posterioridad a las prohibiciones de pescar dictadas por la Comisión en 1991 y 1992.
Decisión sobre las costas
Costas
40. A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la República Francesa y al haber formulado la Comisión una solicitud a tal respecto, procede condenar en costas a la primera.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
decide:
1) Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 2 del artículo 11 del Reglamento (CEE) nº 2241/87 del Coonsejo, de 23 de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras al no prohibir provisionalmente la pesca por sus barcos pesqueros de la población de anchoas en la división CIEM VIII de manera que se garantizara el respeto de las cuotas que le habían sido asignadas en 1991 y 1992.
2) Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1 del Reglamento nº 2241/87, antes citado, al no ejercitar acciones contra los responsables de las actividades de pesca de la referida población y de actividades relacionadas con dicha pesca realizadas con posterioridad a la prohibición de pescar dictada por la Comisión en 1991 y 1992.
3) Condenar en costas a la República Francesa.