61997CJ0061_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-61/97,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por Retten i Ålborg (Dinamarca), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Foreningen af danske Videogramdistributører, que actúa en representación de:
Egmont Film A/S,
Buena Vista Home Entertainment A/S,
Scanbox Danmark A/S,
Metronome Video A/S,
Polygram Records A/S,
Nordisk Film Video A/S,
Irish Video A/S,
Warner Home Video Inc.,
y
Laserdisken,
en el que participa: Sammenslutningen af Danske Filminstruktører,
Michael Viuf Christiansen,
Pioneer Electronics Denmark A/S,
Videoforhandler Ove Jensen,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30, 36, 85 y 86 del Tratado CE, así como de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann, M. Wathelet y R. Schintgen, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, J.-P. Puissochet (Ponente), G. Hirsch, L. Sevón y K.M. Ioannou, Jueces;
Abogado General: Sr. A. La Pergola;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- En nombre de Foreningen af danske Videogramdistributører, que actúa en representación de Egmont Film A/S y otros, por el Sr. Johan Schlüter, Abogado de Copenhague;
- en nombre de Warner Home Video Inc., por los Sres. Stephen Kon, Solicitor del bufete S.J. Berwin & Co., que la representa, y Strange Beck, Abogado de Copenhague;
- en nombre de Laserdisken, por su propietario, Sr. Hans Kristian Pedersen;
- en nombre de Sammenslutningen af Danske Filminstruktører y Michael Viuf Christiansen, por el Sr. Anders Hjulmand, Abogado de Ålborg;
- en nombre de Pioneer Electronics Denmark A/S, por el Sr. Leif Hansen, administrerende direktør;
- en nombre de Videoforhandler Ove Jensen, por el Sr. Per Mogensen, Abogado de Åbybro;
- en nombre del Gobierno danés, por el Sr. Peter Biering, Kontorchef del Udenrigsministeriet, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno francés, por la Sra. Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y el Sr. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères de la misma Dirección, en calidad de Agentes;
- en nombre del Gobierno finlandés, por el Sr. Holger Rotkirch, ulkoasiainministeriön oikendellisen osaston osastopäällikkö, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. Daniel Alexander, Barrister;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. Berend Jan Drijber y Hans Støvlbæk, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales de Foreningen af danske Videogramdistributører, que actúa en representación de Egmont Film A/S y otros; de Warner Home Video Inc.; de Laserdisken; del Gobierno danés, y de la Comisión de las Comunidades Europeas, expuestas en la vista de 31 de marzo de 1998;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de mayo de 1998;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 7 de febrero de 1997, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de febrero siguiente, Retten i Ålborg (Tribunal de Primera Instancia de Ålborg) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 30, 36, 85 y 86 del Tratado CE, así como de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61; en lo sucesivo, «Directiva»).
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Foreningen af danske Videogramdistributører (Asociación de los distribuidores daneses de videogramas; en lo sucesivo, «FDV»), que actuaba en representación de Egmont Film A/S y otros, y la empresa danesa Laserdisken, especializada en la comercialización de obras cinematográficas reproducidas en discos láser (en lo sucesivo, «discos láser»), en relación con el alquiler en Dinamarca de dichos productos importados del Reino Unido.
3 En Derecho danés, el alquiler de obras cinematográficas requiere la autorización del titular de los derechos de autor (apartado 3 del artículo 23 de la Ley sobre los Derechos de Autor, según fue completada en 1989). En la legislación inglesa se incorporó una norma de idéntica naturaleza, con efecto a 1 de agosto de 1989 (Ley de 1988 relativa a la Propiedad Intelectual en materia de Derechos de Autor, de Modelos de Utilidad y de Patentes, artículos 16 a 18).
4 El apartado 1 del artículo 1 de la Directiva obliga a los Estados miembros a reconocer el derecho a autorizar o prohibir el alquiler y préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor y demás objetos. En virtud del apartado 4 del mismo artículo, los derechos referidos no se agotan en caso de venta o de otro acto de difusión. Además, del artículo 9 de la Directiva se deriva que, sin perjuicio de las disposiciones específicas relativas al derecho de alquiler y de préstamo, y en particular, de las del apartado 4 del artículo 1, el derecho de distribución, que es un derecho exclusivo de poner a disposición del público, mediante venta u otros medios, uno de los objetos referidos, no se agota salvo en el caso de primera venta en la Comunidad de dicho objeto por parte del titular o con su consentimiento.
5 Laserdisken, que desde 1985 vende en Dinamarca discos láser importados del Reino Unido, empezó asimismo a alquilar tales obras cinematográficas a partir de 1987, como medida para promover las ventas de dichos productos, que son mucho más caros que las obras cinematográficas grabadas en cintas de vídeo y son adquiridos principalmente por consumidores que ya conocen las obras. De la resolución de remisión se desprende, que, si bien los titulares de los derechos de autor habían aceptado tácitamente que estos discos láser fueran ofrecidos en alquiler en el Reino Unido, no habían autorizado tal alquiler fuera de dicho Estado miembro.
6 En 1992 se siguió un proceso penal contra Laserdisken por alquiler ilegal contrario al apartado 3 del artículo 23 de la Ley sobre los Derechos de Autor y se le prohibió, con prestación de una fianza por FDV para responder de los perjuicios que pudieran resultar de tal prohibición, el alquiler de obras cinematográficas cuyos derechos de producción y distribución en Dinamarca pertenecieran a los miembros de dichas asociación. Dicha prohibición fue impuesta por el fogedret (Juez competente para resolver sobre la materia en procedimientos de medidas cautelares) y fue confirmada en apelación por el Vestre Landsret.
7 En el marco de la «oposición» contra la demanda de prohibición, el Tribunal de Primera Instancia de Ålborg, por considerar que la solución del litigio dependía de la interpretación del Derecho comunitario, decidió plantear al Tribunal de Justicia algunas cuestiones prejudiciales, decisión confirmada en apelación por el Vestre Landsret, el cual, no obstante, modificó ligeramente el texto de las cuestiones. Según su última versión, las cuestiones planteadas rezan del siguiente modo:
«¿El artículo 30, en relación con el artículo 36, así como los artículos 85 y 86 del Tratado CE se oponen a que una persona, a quien el titular de los derechos exclusivos sobre una obra cinematográfica ha cedido un derecho exclusivo de fabricación y de distribución de copias de dicha obra en un Estado miembro, pueda autorizar el alquiler de sus propios productos y, al mismo tiempo, prohibir el alquiler de productos importados, comercializados en otro Estado miembro en el que el titular de los derechos exclusivos de fabricación y distribución de copias haya transmitido la propiedad de esas copias, aceptando tácitamente el alquiler de las mismas en el Estado miembro referido en último lugar?
Habida cuenta de la entrada en vigor de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, se plantea la misma cuestión para el caso de que se considere que esta Directiva sea pertinente para la respuesta.»
8 Mediante estas dos cuestiones el órgano jurisdiccional remitente pide al Tribunal de Justicia que dilucide si los artículos del Tratado citados y la Directiva se oponen a que un titular de un derecho exclusivo de alquiler prohíba en un Estado miembro el alquiler de copias de una obra cinematográfica a pesar de que se haya autorizado el alquiler de esas copias en el territorio de otro Estado miembro.
9 Con carácter preliminar procede señalar que, si bien la resolución de remisión menciona los artículos 85 y 86 del Tratado entre las disposiciones comunitarias que el Juez nacional solicita que se interpreten, no precisa en modo alguno las razones que le han llevado a plantearse el alcance de dichos artículos en el marco de los elementos de hecho y de Derecho del litigio principal. A falta de tal especificación, como ha señalado el Abogado General en el punto 17 de sus conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente no ha dado al Tribunal de Justicia la posibilidad de proporcionarle una interpretación útil de dichos artículos.
10 En estas circunstancias, conforme a reiterada jurisprudencia, cuya doctrina es aplicable de modo particular en el ámbito del Derecho de la competencia, caracterizado por complejas situaciones de hecho y de Derecho (véanse, especialmente, la sentencia de 26 de enero de 1993, Telemarsicabruzzo y otros, asuntos acumulados C-320/90 a C-322/90, Rec. p. I-393, apartados 6 y 7, y el auto de 19 de marzo de 1993, Banchero, C-157/92, Rec. p. I-1085, apartados 4 y 5), debe considerarse que no procede admitir las cuestiones planteadas por el Juez nacional en la medida en que se refieren a la interpretación de los artículos 85 y 86 del Tratado. En consecuencia, dichas cuestiones sólo pueden examinarse en lo que respecta a la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado, así como de la Directiva.
11 Sobre este extremo, FDV, Warner Home Video Inc., los Gobiernos danés, francés, finlandés y del Reino Unido, así como la Comisión, proponen al Tribunal de Justicia que responda de modo negativo a las cuestiones del órgano jurisdiccional remitente. Alegan, esencialmente, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 17 de mayo de 1988, Warner Brothers y Metronome Video, 158/86, Rec. p. 2605) y la Directiva, el derecho a autorizar o prohibir el alquiler de una película se parece al derecho de representación pública y que, contrariamente al derecho de distribución, no se agota mediante su primer ejercicio.
12 Por el contrario, Laserdisken y las partes que intervienen en apoyo de sus pretensiones en el procedimiento principal, estiman que el consentimiento para el alquiler supone el agotamiento del derecho exclusivo a prohibir el alquiler de copias de una obra cinematográfica y que el ejercicio de tal derecho en las circunstancias descritas es incompatible con los artículos 30 y 36 del Tratado, así como con el objetivo de la Directiva, que consiste, particularmente, en establecer un espacio sin fronteras interiores.
13 Como el Tribunal de Justicia recordó en el apartado 14 de la sentencia de 28 de abril de 1998, Metronome Musik (C-200/96, Rec. p. I-1953), el principio del agotamiento de los derechos de distribución en caso de venta, por el titular del derecho o con su consentimiento, de obras protegidas por el derecho de autor, resulta de reiterada jurisprudencia según la cual, si bien el artículo 36 del Tratado permite excepciones a la libre circulación de mercancías en aras de la protección de la propiedad industrial y comercial, tales excepciones sólo se admiten en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de esta propiedad. Ahora bien, el derecho de exclusiva garantizado por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial agota sus efectos cuando un producto ha sido comercializado legalmente en el mercado de otro Estado miembro por el propio titular del derecho o con su consentimiento (véanse, especialmente, las sentencias de 20 de enero de 1981, Musik-Vertrieb membran y K-tel International, asuntos acumulados 55/80 y 57/80, Rec. p. 147, apartados 10 y 15, y de 22 de enero de 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Rec. p. 181, apartado 11).
14 Sin embargo, como igualmente recordó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 17 de mayo de 1988, Warner Brothers y Metronome Video, antes citada, las obras literarias y artísticas pueden ser objeto de explotación comercial, bien mediante representaciones públicas, bien a través de la reproducción y puesta en circulación de los soportes materiales en que se concretan. Tal es el caso, por ejemplo, en el alquiler de casetes de vídeo, que interesa a un público distinto del de la venta y que constituye una importante fuente potencial de ingresos para los autores de películas.
15 A este respecto, el Tribunal de Justicia señaló que, al autorizar la percepción de derechos de autor solamente por las ventas realizadas tanto a simples particulares como a los que alquilan las casetes de vídeo, no es posible garantizar a los autores de películas una remuneración proporcional al número de alquileres efectivamente realizados y que reserve a dichos autores una parte satisfactoria del mercado del alquiler. Por lo tanto, las legislaciones que hayan establecido una protección específica del derecho de alquilar casetes de vídeo parecen justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, en el sentido del artículo 36 del Tratado (sentencia de 17 de mayo de 1988, Warner Brothers y Metronome Video, antes citada, apartados 15 y 16).
16 En esta misma sentencia, apartados 17 y 18, el Tribunal de Justicia, además, rechazó la argumentación basada en el hecho de que un autor que haya puesto a la venta la casete de vídeo de una película en un Estado miembro en el que la legislación no le reconoce ningún derecho exclusivo de alquiler debería aceptar las consecuencias de su decisión y el agotamiento de su derecho a oponerse al alquiler de esa casete de vídeo en cualquier otro Estado miembro. En efecto, cuando una legislación nacional reconoce a los autores un derecho específico de alquilar las casetes de vídeo, tal derecho quedaría vacío de contenido si su titular no estuviera en condiciones de autorizar los alquileres.
17 La puesta en circulación de un soporte de imagen y de sonido, no convierte, pues, por definición, en lícitos otros actos de explotación de la obra protegida, tales como el alquiler, que tengan una naturaleza distinta de la de la venta o de cualquier otro acto de distribución lícito. Al igual que el derecho de representación mediante ejecución pública de una obra (véase al respecto la sentencia de 13 de julio de 1989, Tournier, 395/87, Rec. p. 2521, apartados 12 y 13), el derecho de alquiler sigue siendo una de las prerrogativas del autor y del productor a pesar de la venta del soporte material que contenga la obra (sentencia de 28 de abril de 1998, Metronome Musik, antes citada, apartado 18).
18 Debe seguirse el mismo razonamiento en lo que atañe a los efectos del alquiler. Como ha señalado el Abogado General en el punto 15 de sus conclusiones, debido a su naturaleza, el derecho exclusivo de alquilar diferentes copias de la obra incorporada a un videograma puede ejercitarse mediante operaciones repetidas y potencialmente ilimitadas, cada una de las cuales lleva consigo un derecho de remuneración. El derecho específico a autorizar o prohibir el alquiler quedaría vacío de contenido si se agotara por el mero hecho de la primera oferta de alquilar el objeto de que se trate.
19 Con respecto a la Directiva, procede señalar que los hechos que originaron el litigio principal son anteriores a la fecha de su adopción. No obstante, dado que el procedimiento nacional se sustanció después de que la Directiva comenzara a producir efectos jurídicos en los Estados miembros interesados y que, precisamente, el órgano jurisdiccional nacional ha preguntado al Tribunal de Justicia sobre este extremo, la respuesta a su petición de interpretación debe asimismo referirse a la Directiva.
20 A este respecto, debe recordarse que, si bien en su tercer considerando, para justificar la eliminación de diferencias entre las legislaciones nacionales, la Directiva se refiere al objetivo enunciado en el artículo 8 A del Tratado, que es el de establecer un espacio sin fronteras interiores, como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 22 de la sentencia de 28 de abril de 1998, Metronome Musik, antes citada, la Directiva tiene por objeto introducir una protección jurídica armonizada en la Comunidad en lo que atañe al derecho de alquiler y de préstamo, así como a algunos derechos afines al derecho de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. En este contexto, distingue entre el derecho específico de alquiler y de préstamo, tal como se prevé en su artículo 1, y el derecho de distribución, regulado por su artículo 9 y definido como un derecho exclusivo de poner a disposición del público, principalmente mediante la venta, uno de los objetos que en él se contemplan. Mientras que el derecho de alquiler no se agota mediante la venta o cualquier otro acto de difusión de ese objeto, por el contrario, el derecho de distribución se agota en caso de primera venta en la Comunidad por parte del titular del derecho o con su consentimiento (sentencia de 28 de abril de 1998, Metronome Musik, antes citada, apartado 19).
21 Por consiguiente, la Directiva excluye expresamente la posibilidad de que, al contrario que el derecho de distribución, el derecho de alquiler pueda agotarse mediante un acto cualquiera de difusión del objeto de que se trate. Como se ha señalado en el apartado 18 de la presente sentencia, tal exclusión está justificada por la propia naturaleza del derecho de alquiler, que quedaría vacío de contenido si se agotara por el mero hecho de la primera oferta de alquilar ese objeto.
22 Así, en contra de lo que sostienen la demandada en el procedimiento principal y las partes intervinientes, tanto de la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado, en lo que a la protección de los derecho de autor se refiere, como de la de la Directiva, se desprende que el derecho exclusivo a autorizar o prohibir el alquiler de una película no se agota por su primer ejercicio en uno de los Estados miembros de la Comunidad. Por lo tanto, el ejercicio de tal derecho en circunstancias como las descritas en la resolución de remisión no infringe dichas disposiciones.
23 Por consiguiente, procede responder al órgano jurisdiccional nacional que los artículos 30 y 36 del Tratado y la Directiva no se oponen a que el titular de un derecho exclusivo de alquiler prohíba en un Estado miembro el alquiler de copias de una obra cinematográfica a pesar de que el alquiler de esas copias haya sido autorizado en el territorio de otro Estado miembro.
Decisión sobre las costas
Costas
24 Los gastos efectuados por los Gobiernos danés, francés, finlandés y del Reino Unido, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por Retten i Ålborg mediante resolución de 7 de febrero de 1997, declara:
Los artículos 30 y 36 del Tratado CE, así como la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, no se oponen a que el titular de un derecho exclusivo de alquiler prohíba en un Estado miembro el alquiler de copias de una obra cinematográfica a pesar de que el alquiler de esas copias haya sido autorizado en el territorio de otro Estado miembro.