62021CC0259
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 22 de junio de 2022 (
1
)
Asunto C‑259/21
Parlamento Europeo
contra
Consejo de la Unión Europea
«Política pesquera común — Recurso de anulación — Artículos 15 a 17, 20 y 59, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 2021/92 — Ámbito de aplicación del artículo 43 TFUE, apartado 3 — Facultades del Consejo — Supuesta desviación de poder del Consejo — Procedimiento para la adopción de medidas técnicas en los artículos 10, apartado 4, y 15 del Reglamento (UE) 2019/1241 y en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/472 — Facultad de la Comisión de establecer las medidas técnicas por medio de actos delegados — Principio de cooperación leal»
I. Introducción
1.
A grandes rasgos, el presente asunto tiene por objeto el desacuerdo que existe entre las instituciones de la Unión acerca del papel que debe ejercer el Consejo de la Unión Europea en la adopción de determinadas medidas técnicas en el ámbito de la pesca.
2.
Antes de la entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo asumía el papel principal en la decisión de todos los aspectos de la política pesquera común (en lo sucesivo, «PPC»). Sin embargo, esto ya no es así. El procedimiento legislativo ordinario se aplica, en virtud del artículo 43 TFUE, apartado 2, a la PPC, mientras que el poder unilateral de toma de decisiones del Consejo queda confinado a los límites que se establecen en el apartado 3 de dicho artículo. Esta última disposición le permite adoptar medidas relativas, en particular, a «la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca».
3.
Mediante el presente recurso, el Parlamento Europeo solicita la anulación de determinadas medidas técnicas del Reglamento (UE) 2021/92, (
2
) que fue adoptado por el Consejo en aplicación de esta última disposición. Dichas medidas se recogen en los artículos 15, 16, 17, 20 y 59, párrafo segundo, del citado Reglamento (en lo sucesivo, «disposiciones impugnadas»).
4.
El Parlamento alega, en esencia, que el Consejo se ha extralimitado en el ejercicio de sus atribuciones al adoptar dichas disposiciones. A su juicio, estas están en conflicto con dos Reglamentos, en concreto, el Reglamento (UE) 2019/472 (
3
) y el Reglamento (UE) 2019/1241 (
4
) (en lo sucesivo, conjuntamente, «Reglamentos de base»), los cuales fueron adoptados por el Consejo y por el Parlamento con arreglo al artículo 43 TFUE, apartado 2. El Parlamento considera que estos dos Reglamentos imponían límites al poder de decisión del Consejo previsto en el artículo 43 TFUE, apartado 3, ya que facultaban específicamente a la Comisión para determinar, en actos delegados adoptados en virtud del artículo 290 TFUE, apartado 1, (
5
) las medidas técnicas correspondientes a las medidas establecidas en las disposiciones impugnadas.
II. Marco jurídico
A. Disposiciones pertinentes del TFUE
5.
El artículo 43 TFUE, apartados 2 y 3, dispone:
«2.   El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, la organización común de los mercados agrícolas prevista en el apartado 1 del artículo 40, así como las demás disposiciones que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de la política común de agricultura y [la PPC].
3.   El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará las medidas relativas a la fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas, así como a la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca.»
B. Reglamentos de base
1.
Reglamento 2019/472
6.
El artículo 9, apartado 1, del Reglamento 2019/472 establece:
«Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 18 del presente Reglamento y al artículo 18 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, [ (
6
)] con objeto de complementar el presente Reglamento en lo referente a las siguientes medidas técnicas:
a)
especificaciones de las características de los artes de pesca y las normas relativas a su utilización, para garantizar o mejorar la selectividad, reducir las capturas no deseadas o reducir al mínimo el impacto negativo sobre el ecosistema;
b)
especificaciones de las modificaciones o los dispositivos adicionales para los artes de pesca, para garantizar o mejorar la selectividad, reducir las capturas no deseadas o reducir al mínimo el impacto negativo sobre el ecosistema;
c)
limitaciones o prohibiciones aplicables a la utilización de determinados artes de pesca y a las actividades pesqueras, en determinadas zonas o durante determinados períodos, para proteger a los peces reproductores, los peces por debajo de las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación o las especies de peces no objetivo, o reducir al mínimo el impacto negativo sobre el ecosistema, así como
d)
el establecimiento de tallas mínimas de referencia a efectos de conservación respecto de cualquiera de las poblaciones a las que se aplica el presente Reglamento, con el fin de garantizar la protección de los juveniles de organismos marinos.»
2.
Reglamento 2019/1241
7.
El artículo 10, apartado 4, del Reglamento 2019/1241 establece:
«La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 29 a fin de modificar la lista establecida en el anexo I, si el mejor asesoramiento científico disponible [indica] que es necesaria una modificación [de] dicha lista.»
8.
Según el artículo 15, apartado 2, de dicho Reglamento:
«A fin de tener en cuenta las especificidades regionales de las pesquerías pertinentes, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 29 del presente Reglamento y el artículo 18 del Reglamento [n.o 1380/2013] a fin de modificar, completar, derogar o establecer excepciones a las medidas técnicas que figuran en [los anexos V a XI y XIII], incluida la aplicación de la obligación de desembarque en el contexto del artículo 15, apartados 5 y 6, del Reglamento [n.o 1380/2013]. La Comisión adoptará dichos actos delegados sobre la base de una recomendación conjunta presentada de conformidad con el artículo 18 del Reglamento [n.o 1380/2013] y con los artículos pertinentes del capítulo III del presente Reglamento.»
9.
Con arreglo al artículo 29, apartado 6, del mismo Reglamento:
«Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 2, apartado 2, el artículo 8, apartado 3, el artículo 10, apartado 4, el artículo 12, apartado 2, el artículo 15, apartado 2, el artículo 23, apartados 1 y 5, el artículo 27, apartado 7, y el artículo 31, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. Dicho plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.»
10.
En el anexo VI del Reglamento 2019/1241 figuran las medidas técnicas aplicables a las aguas noroccidentales. (
7
)
C. Reglamento 2021/92 (en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»)
11.
El artículo 15 del Reglamento controvertido, titulado «Medidas técnicas para el bacalao y el merlán del mar Céltico», establece una serie de medidas relativas, en particular, al tamaño de las mallas. Dichas medidas son de aplicación a los buques de la Unión que faenen con redes de arrastre de fondo o jábegas en el mar Céltico.
12.
El artículo 16 de dicho Reglamento, que lleva por título «Medidas técnicas en el mar de Irlanda», contiene obligaciones relativas a las opciones de artes de pesca en el caso de los buques pesqueros de la Unión que faenen con redes de arrastre de fondo o jábegas en el mar de Irlanda.
13.
El artículo 17 del mismo Reglamento, titulado «Medidas técnicas en el oeste de Escocia», también establece medidas relativas, en particular, a las dimensiones de las mallas, que se aplican a los buques pesqueros de la Unión que faenan con redes de arrastre de fondo o jábegas en las pesquerías de cigala (Nephrops norvegicus) del oeste de Escocia.
14.
Con arreglo al artículo 20 del Reglamento controvertido, cuyo epígrafe es «Especies prohibidas», se prohíbe a los buques pesqueros de la Unión pescar, mantener a bordo, transbordar o desembarcar determinadas especies en divisiones y subzonas concretas del CIEM (
8
) de las entonces aguas de la Unión. Dicha disposición indica, asimismo, que, en caso de que las especies mencionadas se capturen de forma accidental, no se les ocasionarán daños y todos los ejemplares serán liberados inmediatamente.
15.
El artículo 59 de este Reglamento, titulado «Disposición transitoria», dispone lo siguiente:
«Los artículos 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 y 57 seguirán aplicándose, mutatis mutandis, en 2022 hasta la entrada en vigor del Reglamento que establezca las posibilidades de pesca para 2022.
Los artículos 15, 16 y 17 se aplicarán hasta la fecha en que sea aplicable un acto delegado adoptado de conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento [2019/1241] y por el que se modifique el anexo VI de dicho Reglamento mediante la introducción de medidas técnicas correspondientes para las aguas noroccidentales.»
III. Antecedentes del procedimiento
16.
El 27 de octubre de 2020, la Comisión propuso adoptar el Reglamento por el que se establecen para 2021 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión (en lo sucesivo, «propuesta de la Comisión»).
17.
El 14 de diciembre de 2020, la Comisión actualizó dicha propuesta adoptando una serie de disposiciones idénticas a las impugnadas. Estos proyectos de disposiciones se incluyeron en un principio en un documento no oficial (en lo sucesivo, «documento oficioso») y, posteriormente, se publicaron en el sitio web de la Comisión.
18.
El 28 de enero de 2021, el Consejo adoptó el Reglamento controvertido sobre la base del artículo 43 TFUE, apartado 3. Este Reglamento se publicó el 29 de enero de 2021 en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entró en vigor el día siguiente al de su publicación.
19.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de abril de 2021, el Parlamento interpuso el presente recurso con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo segundo, en el que solicita la anulación de las disposiciones impugnadas.
IV. Hechos posteriores a la interposición del recurso
20.
El 23 de agosto de 2021, la Comisión adoptó su Reglamento Delegado (UE) 2021/2324, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las medidas técnicas para determinadas pesquerías demersales y pelágicas del mar Céltico, el mar de Irlanda y el oeste de Escocia. (
9
) Dicho Reglamento se adoptó sobre la base de los artículos 10, apartado 4, y 15, apartado 2, del Reglamento 2019/1241 (uno de los dos Reglamentos de base).
21.
El considerando 6 del Reglamento Delegado 2021/2324 aclara que dicho instrumento tiene por objeto «incorporar en un solo acto» las medidas técnicas correspondientes a las establecidas en los artículos 15 a 17 del Reglamento controvertido, además de otras medidas.
22.
Asimismo, el Consejo adoptó, el 27 de enero de 2022, un nuevo Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2022 (en lo sucesivo, «Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2022»). (
10
) Dicho Reglamento entró en vigor el 31 de enero de 2022, día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. (
11
)
V. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
23.
El Parlamento solicita al Tribunal de Justicia que:
Anule las disposiciones impugnadas.
Condene en costas al Consejo.
24.
El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:
Desestime el recurso por infundado, y preserve los efectos de las disposiciones impugnadas hasta que se adopten nuevas disposiciones que las sustituyan.
Condene en costas al Parlamento.
25.
Mediante resolución de 19 de agosto de 2021, el Presidente del Tribunal de Justicia admitió la intervención de la Comisión en apoyo de las pretensiones del Consejo.
VI. Sobre el recurso
26.
Por «medidas técnicas» en el sector pesquero se entienden «las medidas que regulan la composición de las capturas por especies y tallas y sus efectos en los ecosistemas como resultado de las actividades pesqueras, a través del establecimiento de condiciones relativas a la utilización y la estructura de los artes de pesca y restricciones de acceso a zonas de pesca». (
12
) En palabras del Parlamento y del Consejo, las medidas técnicas son «instrumentos» de apoyo a la aplicación de la PPC. (
13
) Sin ellas, los objetivos de conservación de los recursos pesqueros y de mantenimiento de la estabilidad relativa de las actividades de la pesca, que presiden toda la normativa de la Unión en esta materia, (
14
) son inalcanzables.
27.
Dichas medidas pueden, en teoría, decidirlas i) el Consejo y el Parlamento sobre la base del artículo 43 TFUE, apartado 2; ii) la Comisión, en virtud del artículo 290 TFUE, apartado 1, a condición de que la legislación adoptada con arreglo al apartado 2 del artículo 43 TFUE le delegue la facultad de hacerlo, o iii) el Consejo, actuando por iniciativa propia, en aplicación del artículo 43 TFUE, apartado 3. (
15
) El presente asunto se refiere a la interrelación y a los límites de esas respectivas competencias decisorias.
28.
Como he explicado en el punto 2 anterior, el apartado 3 del artículo 43 TFUE faculta al Consejo para adoptar medidas relativas a «la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca». El Reglamento controvertido se adoptó sobre la base de esta disposición. (
16
) Tiene por objeto fijar y repartir entre los Estados miembros los totales admisibles de capturas (TAC) y las cuotas comunes en el caso de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces para el año 2021.
29.
Además de las normas que establecen los TAC y las cuotas, dicho Reglamento contiene, en sus artículos 15 a 17, una serie de medidas técnicas aplicables a determinados buques de la Unión (los que faenan con redes de arrastre de fondo o jábegas) en ciertas partes de las entonces aguas de la Unión (el mar Céltico, el mar de Irlanda y el oeste de Escocia). La finalidad fundamental de estas disposiciones es reducir las capturas accesorias de determinadas especies mediante la imposición de obligaciones técnicas en relación con los artes de pesca (concretamente, los tamaños de malla). (
17
) Por otra parte, el artículo 20 del Reglamento controvertido establece una lista de especies cuya pesca está expresamente prohibida. El Parlamento solicita al Tribunal de Justicia que anule estas cuatro disposiciones, así como el artículo 59, párrafo segundo, del Reglamento controvertido, que limita el ámbito de aplicación temporal de sus artículos 15, 16 y 17.
30.
El Parlamento alega que la potestad del Consejo para adoptar medidas técnicas en aplicación del artículo 43 TFUE, apartado 3, ha sido limitada de manera expresa por tres disposiciones de los Reglamentos de base, a saber, los artículos 10, apartado 4, y 15, apartado 2, del Reglamento 2019/1241 y el artículo 9 del Reglamento 2019/472. Dichas disposiciones permiten a la Comisión establecer esas medidas técnicas por medio de actos delegados. (
18
) El Parlamento considera que, en consecuencia, el Consejo no podía actuar sobre la base del apartado 3 del artículo 43 TFUE ni adoptar las disposiciones impugnadas, ya que dichas medidas solo podía establecerlas válidamente la Comisión. (
19
)
31.
Más concretamente, según el Parlamento, al adoptar las disposiciones impugnadas de forma unilateral, el Consejo siguió un procedimiento decisorio que infringe las prerrogativas institucionales del primero, y le privó de su derecho a formular objeciones o a oponerse a las medidas técnicas recogidas en dichas disposiciones.
32.
A este respecto, procede recordar que tanto el Parlamento como el Consejo conservan, en virtud del artículo 29, apartado 3, del Reglamento 2019/1241, la potestad de revocar en cualquier momento la delegación de competencias a la que se hace referencia en los artículos 10, apartado 4, y 15, apartado 2, de dicho Reglamento. Asimismo, tienen atribuida la potestad de formular objeciones a los actos delegados adoptados de conformidad con esas disposiciones en un plazo de dos meses a partir de su notificación. (
20
) Lo mismo ocurre con los actos delegados adoptados por la Comisión en aplicación del artículo 9 del Reglamento 2019/472. (
21
)
33.
En cambio, si un acto es adoptado por el Consejo sobre la base del artículo 43 TFUE, apartado 3 (como ha sucedido en el caso del Reglamento controvertido), el Parlamento no puede formular objeciones. La adopción de tal acto corresponde al Consejo únicamente.
34.
Así pues, la esencia del presente asunto estriba ante todo en delimitar la línea de demarcación entre las funciones respectivas del Parlamento, el Consejo y la Comisión en la adopción de las medidas técnicas contenidas en las disposiciones impugnadas. En el supuesto de que el Tribunal de Justicia anulase dichas disposiciones (tal como solicita el Parlamento), se confirmaría el derecho del que goza el Parlamento a supervisar la adopción de las medidas técnicas que establecen dichas disposiciones, ya sea formulando objeciones, ya sea revocando las competencias de la Comisión para adoptar dichos actos delegados en el futuro. La desestimación del recurso, por el contrario, acarrearía que el Consejo pudiera decidir legítimamente estas cuestiones de forma unilateral sobre la base del artículo 43 TFUE, apartado 3.
35.
Las partes discrepan acerca de si el recurso carece de objeto tras la adopción del Reglamento Delegado 2021/2324 por la Comisión el 23 de agosto de 2021. (
22
) Examinaré en primer lugar dicha cuestión, junto con el efecto que tiene en el caso de autos el Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2022 (A). A continuación, me ocuparé del examen de los dos motivos invocados por el Parlamento en su recurso y explicaré las razones por las que considero que carecen de fundamento (B).
A. Efecto del Reglamento Delegado 2021/2324 y del Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2022 en la necesidad de resolver el recurso
1.
Reglamento Delegado 2021/2324
36.
Resulta evidente, a mi juicio, que tras la entrada en vigor del Reglamento Delegado 2021/2324, los artículos 15 a 17 del Reglamento controvertido ya no son de aplicación. Como ya he tenido ocasión de señalar en el punto 21 anterior, dicho Reglamento Delegado tenía por objeto «incorporar en un solo acto» las medidas técnicas correspondientes a las establecidas en los artículos 15 a 17 del Reglamento controvertido, además de otras medidas. Por otra parte, el artículo 59, párrafo segundo, de este último Reglamento establece de manera inequívoca que dichas disposiciones solo se aplicarán «hasta la fecha en que sea aplicable un acto delegado adoptado de conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento [2019/1241]».
37.
El Reglamento Delegado 2021/2324 se adoptó en virtud de esta misma disposición el 23 de agosto de 2021, y entró en vigor el 30 de diciembre de 2021. (
23
) Ninguna de las partes en el presente recurso rebate el hecho de que las medidas contenidas en dicho Reglamento corresponden a las contempladas en los artículos 15 a 17 del Reglamento controvertido, y que, por tanto, han «sustituido» efectivamente a dichas disposiciones, como tampoco discuten que el artículo 20 del Reglamento controvertido no se ve afectado por la adopción del Reglamento Delegado 2021/2324, puesto que esa disposición no aparece citada en el artículo 59, párrafo segundo, del Reglamento controvertido ni en dicho Reglamento Delegado.
38.
En vista de ello, las partes discrepan sobre si el presente recurso ha quedado sin objeto en la medida en que el Parlamento solicita la anulación de los artículos 15 a 17 y 59, párrafo segundo, del Reglamento controvertido. (
24
)
39.
Por una parte, el Parlamento considera que, pese a la adopción por la Comisión del Reglamento Delegado 2021/2324, el Tribunal de Justicia debe igualmente pronunciarse sobre la validez de dichas disposiciones. En esencia, alega que, si bien determinadas disposiciones de dicho Reglamento Delegado reflejan el contenido de los artículos 15 a 17 del Reglamento controvertido, esas disposiciones siguen existiendo en el panorama legislativo, y que deben ser derogadas en interés de la seguridad jurídica. En consecuencia, afirma que su recurso no ha quedado sin objeto.
40.
En cambio, el Consejo sostiene que tras la adopción del Reglamento Delegado 2021/2324 ya no es necesario pronunciarse sobre esta cuestión. A su juicio, el artículo 59, párrafo segundo, del Reglamento controvertido deja patente que sus artículos 15 a 17 debían aplicarse solo hasta la fecha en que la Comisión adoptase un acto delegado sobre las materias contempladas en dichas disposiciones. Alega, además, que en ningún momento fue su propósito que estas disposiciones siguieran surtiendo efectos posteriormente a 2021.
41.
Admito que, a primera vista, comprendo la línea argumental del Consejo hasta cierto punto; si los artículos 15 a 17 del Reglamento controvertido ya no están en vigor, no resulta en absoluto evidente que el Parlamento aun pueda «sacar algún provecho» de la anulación por el Tribunal de Justicia de esas disposiciones. A este respecto, cabe señalar que tanto el Consejo como el Parlamento han solicitado ante el Tribunal de Justicia que se preserven los efectos pasados de las cuatro disposiciones impugnadas. Por lo tanto, con su recurso, el Parlamento no pretende ni siquiera modificar la «situación de hecho» resultante de la adopción de las disposiciones impugnadas por el Consejo.
42.
Ahora bien, dicho esto, entiendo que existen en este caso al menos tres razones concretas para concluir que el presente recurso no ha quedado sin objeto tras la adopción del Reglamento Delegado 2021/2324.
43.
En primer lugar, el presente recurso fue interpuesto por el Parlamento contra el Consejo sobre la base del artículo 263 TFUE, párrafo segundo. A este respecto, procede recordar que el Parlamento no tiene que demostrar un interés (
25
) en ejercitar la acción para interponer un recurso de anulación de decisiones o actos de, en particular, el Consejo. (
26
) Dicha disposición concede al Parlamento el derecho a impugnar, mediante ese recurso, la legalidad de cualquier reglamento del Consejo, sin que el ejercicio de ese derecho esté supeditado a la justificación de un interés para ejercitar la acción. (
27
)
44.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ya ha declarado la admisibilidad de un recurso que tiene por objeto la anulación de una disposición controvertida que ya había sido ejecutada o que ya no era aplicable en el momento de interponer el recurso. (
28
) Pues bien, lo mismo es cierto, con mayor motivo, a mi juicio, respecto a un recurso de anulación relativo a una medida que (como es el caso de los artículos 15 a 17 del Reglamento controvertido) estaba aún en vigor en el momento en el que se interpuso el recurso, pero que expiró en el transcurso del procedimiento ante el Tribunal de Justicia. De dichas circunstancias no resulta sin más que el recurso quede sin objeto desde el momento en que las disposiciones o instrumento controvertidos expiren.
45.
De hecho, lo importante, a mi juicio, es si la anulación del acto, por sí misma, puede tener consecuencias jurídicas.
46.
A este respecto, es preciso subrayar que, como ya se ha señalado en el punto 31 anterior, el Parlamento alega que la adopción unilateral de las disposiciones impugnadas por el Consejo le ha privado del derecho de examen y, en su caso, de formular objeciones a las medidas técnicas que recogen dichas disposiciones. Según alega, de haberse integrado dichas medidas en uno o varios actos delegados, adoptados por la Comisión en aplicación de los artículos 10, apartado 4, y 15, apartado 2, del Reglamento 2019/1241 y del artículo 9 del Reglamento 2019/472, y no por el Consejo sobre la base del artículo 43 TFUE, apartado 3, habría podido pronunciarse sobre su contenido.
47.
Entiendo que, con su recurso, el Parlamento pretende que el Consejo se abstenga en el futuro de hacer uso de su facultad decisoria derivada del artículo 43 TFUE, apartado 3, en situaciones en las que el ejercicio de dichas competencias se solape con determinadas competencias delegadas de la Comisión y con los procedimientos señalados en tales normas de Derecho derivado (en este caso, los artículos 10, apartado 4, y 15, apartado 2, del Reglamento 2019/1241 y el artículo 9 del Reglamento 2019/472). El propósito del Parlamento al interponer el presente recurso es, fundamentalmente, obtener una sentencia del Tribunal de Justicia que impida al Consejo adoptar en un futuro medidas técnicas análogas a las contempladas en las disposiciones impugnadas basándose para ello en el artículo 43 TFUE, apartado 3.
48.
De ello resulta que, aun cuando las disposiciones impugnadas ya no estén en vigor y no produzcan efectos jurídicos, su anulación puede tener por sí misma consecuencias jurídicas, en particular, al impedir que el Consejo reincida en la práctica legislativa denunciada. (
29
) Por ese motivo, considero que el presente recurso no ha quedado privado de objeto tras la adopción del Reglamento Delegado 2021/2324.
49.
Mi opinión a este respecto se ve corroborada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los procedimientos por incumplimiento. Por lo general, el recurso por incumplimiento queda sin objeto cuando la infracción denunciada ha dejado de producir efectos antes de que finalice el plazo fijado por la Comisión en su dictamen motivado. Sin embargo, en casos limitados, el Tribunal de Justicia ha considerado que la Comisión puede seguir estando facultada para incoar un procedimiento a pesar de que la propia infracción haya cesado. Normalmente, se trata de supuestos en los que existe un riesgo inminente de que se reincida en el incumplimiento alegado, (
30
) o en los que la infracción es temporal (
31
) y, por ello, de otro modo, estarían exentos de control judicial.
50.
En mi opinión, podrían establecerse paralelismos entre la mencionada jurisprudencia y el presente asunto, ya que, como sucede en el caso de autos, la intención del Parlamento al interponer el recurso es evitar que se repita la actuación del Consejo en el futuro. Además, el Reglamento controvertido está concebido para abarcar un período muy concreto (en este caso, muy breve: el año 2021), lo que dificulta no solo que el Parlamento interponga el recurso en tiempo y forma, sino también que dicho procedimiento concluya antes de que el mencionado Reglamento deje de ser aplicable.
51.
En tercer lugar, y desde el punto de vista práctico, debo añadir que me resultaría bastante desconcertante que un acto como el Reglamento controvertido, que está concebido para permanecer en vigor únicamente durante el período de un año (o incluso menos), solamente pudiera impugnarse durante ese período concreto, por no existir la oportunidad de hacerlo después de concluido dicho período. En mi opinión, sería poco realista y perjudicial para los demandantes que el Tribunal de Justicia exigiera invariablemente que i) su impugnación se produjera en el plazo máximo de un año (o, en su caso, incluso en un período aún más breve) tras la adopción del acto y ii) que el procedimiento ante el Tribunal de Justicia se sustanciara y cerrara también antes de esa fecha.
52.
Es cierto que, en esos supuestos, el Tribunal de Justicia cuenta con la posibilidad de resolver mediante el «procedimiento acelerado» (previsto en el artículo 133, apartados 1 y 3, de su Reglamento de Procedimiento). No obstante, no existe ninguna garantía en absoluto al respecto. (
32
) A mi entender, esta mera posibilidad no es, por tanto, suficiente para garantizar un acceso suficiente al Tribunal de Justicia. (
33
)
53.
A mi parecer, el enfoque pragmático que propongo que el Tribunal de Justicia siga se hace aún más necesario cuando, como ocurre en el presente asunto, el litigio sometido al Tribunal de Justicia reviste una trascendencia de índole constitucional y se refiere al reparto de las competencias legislativas entre las distintas instituciones de la Unión. No acierto a ver, en este contexto, los motivos por los que habría de excluirse de los asuntos del Tribunal de Justicia la impugnación por falta de fundamento jurídico o adopción indebida de un acto por la mera razón de que sus efectos jurídicos sean «efímeros». Tal resultado acabaría impidiendo al Tribunal de Justicia ejercer su poder de control jurisdiccional y, en su caso, que evitase la adopción en el futuro de actos similares.
54.
Por todas estas razones, considero que el Tribunal de Justicia debe resolver el presente recurso a pesar de la adopción del Reglamento Delegado 2021/2324.
2.
Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2022
55.
La adopción del Reglamento Delegado 2021/2324 no fue el único desarrollo posterior a la interposición del presente recurso por parte del Parlamento. Como ya se ha indicado en el punto 22 anterior, el Consejo adoptó, el 27 de enero de 2022, el Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2022, que sustituyó en la práctica al Reglamento controvertido. Dicho Reglamento entró en vigor el 31 de enero de 2022. Con arreglo al artículo 59, párrafo primero, del Reglamento controvertido, (
34
) su artículo 20 dejó de aplicarse en la misma fecha. Por lo tanto, si bien la entrada en vigor del Reglamento Delegado 2021/2324 supuso que ya no fuesen aplicables los artículos 15 a 17 del Reglamento controvertido, es el Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2022 el que hizo que esta disposición ya no fuese aplicable.
56.
En respuesta a una pregunta del Tribunal, adoptada sobre la base del artículo 62 del Reglamento de Procedimiento, el Parlamento y la Comisión explicaron que la adopción del Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2022 carece de incidencia en el presente recurso. El Parlamento observa que el artículo 18 de dicho Reglamento reproduce la lista de especies prohibidas que se recogía en el artículo 20 del Reglamento controvertido (con el resultado de que dicha disposición siga surtiendo efectos jurídicos). Además, el Parlamento aduce que, pese a la adopción del Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2022, existe el peligro de que la ilegalidad que se denuncia (es decir, la adopción por el Consejo de medidas técnicas que se corresponden con las recogidas en las disposiciones impugnadas) se volviera a producir en un futuro.
57.
El Consejo rebate las mencionadas alegaciones. Considera que, tras la adopción del Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2022, el presente recurso ha quedado privado de objeto en la medida en que se refiere al artículo 20 del Reglamento controvertido. A su entender, el artículo 59, párrafo primero, del Reglamento controvertido deja patente dicho resultado.
58.
A mi parecer, las consideraciones desarrolladas en la sección precedente en relación con los artículos 15 a 17 y 59, párrafo segundo, del Reglamento controvertido son de aplicación, mutatis mutandis, a su artículo 20 por lo que se refiere a las consecuencias de la adopción del Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2202.
59.
A la luz de las consideraciones anteriores, a mi juicio, aunque ninguna de las disposiciones impugnadas sigue vigente, es necesario resolver el presente recurso.
B. Fondo
60.
El Parlamento invoca dos motivos de anulación en apoyo de su recurso. En primer lugar, alega que el Consejo ha abusado del procedimiento establecido en los Reglamentos de base. En segundo lugar, alega la infracción, por parte del Consejo, del «principio de cooperación leal recíproca», en el sentido del artículo 13 TUE, apartado 2. (
35
) Paso a examinar sucesivamente estos dos motivos.
1.
Primer motivo, basado en un abuso del procedimiento establecido en los Reglamentos de base
a)
Principales alegaciones de las partes
1) Principales alegaciones del Parlamento
61.
En esencia, el Parlamento alega que la facultad atribuida al Consejo para adoptar medidas técnicas en virtud del artículo 43 TFUE, apartado 3, está limitada en la medida en que el Parlamento y el Consejo hayan acordado, en uno o varios actos legislativos adoptados con arreglo al artículo 43 TFUE, apartado 2, que corresponde a la Comisión, y no al Consejo, adoptar tales medidas.
62.
El Parlamento considera, en el presente asunto, que, habida cuenta de que los artículos 10, apartado 4, y 15, del Reglamento 2019/1241 y el artículo 9 del Reglamento 2019/472 (todos ellos adoptados con arreglo al artículo 43 TFUE, apartado 2) otorgaban expresamente a la Comisión la facultad de adoptar las medidas técnicas comprendidas en las disposiciones impugnadas, el Consejo no podía ampararse en el apartado 3 del artículo 43 TFUE para adoptar esas disposiciones unilateralmente. (
36
)
63.
El Parlamento alega que en el presente asunto se cumplen todos los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para determinar la existencia de una desviación de poder. Subraya que el Consejo admitió expresamente, en el considerando 59 y en el artículo 59, párrafo segundo, del Reglamento controvertido, que debió haber correspondido a la Comisión la adopción de las medidas técnicas que entran en el ámbito de aplicación de los artículos 15 a 17 del mencionado Reglamento. Además, considera que el Consejo no ha aportado justificación alguna sobre las razones de que haya sido este y no la Comisión quien adoptase las disposiciones controvertidas; por ejemplo, no ha explicado por qué su adopción por la Comisión era imposible en el caso de autos.
64.
El Parlamento alega asimismo que, si la adopción de las medidas técnicas contenidas en las disposiciones impugnadas hubiese estado justificada por motivos de urgencia imperiosa, la base jurídica adecuada para su adopción habrían sido los artículos 12 y 13 del Reglamento n.o 1380/2013. En virtud de esas disposiciones, las medidas «urgentes» (destinadas a dar respuesta a una amenaza grave para la conservación de los recursos biológicos marinos o para el ecosistema marino) pueden ser adoptadas bien por la Comisión, (
37
) bien por los Estados miembros, (
38
) pero no por el Consejo. El Parlamento observa que, a falta de tal situación de urgencia, el artículo 8, apartados 2 y 3, del Reglamento 2019/472 aclara que las medidas correctoras (cuya finalidad es garantizar que la población o la unidad funcional afectadas vuelvan a alcanzar rápidamente unos niveles allí concretados) solo pueden ser adoptadas por la Comisión, a través de actos delegados.
65.
Por último, el Parlamento apunta que, al igual que la facultad del Consejo para adoptar medidas técnicas relativas a «la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca» se deriva del apartado 3 del artículo 43 TFUE, la Comisión obtiene sus prerrogativas generales para adoptar actos delegados del artículo 290 TFUE, apartado 1, y, por tanto, también del Derecho primario.
2) Principales alegaciones del Consejo y de la Comisión
66.
El Consejo refuta las alegaciones del Parlamento. Considera que el primer motivo es infundado en cuanto el Parlamento yerra en su interpretación del concepto de «abuso de procedimiento», y ha interpretado erróneamente el objetivo y el contenido de las disposiciones impugnadas.
67.
Asimismo, alega que la adopción de las disposiciones impugnadas se ajusta plenamente al artículo 43 TFUE, apartado 3, dado que su finalidad está relacionada con la «fijación […] de las posibilidades de pesca». Al contrario, las medidas técnicas mencionadas en los Reglamentos de base están relacionadas con objetivos diferentes y más amplios que los de dichas disposiciones.
68.
El Consejo señala que no hay nada en los Reglamentos de base que indique que las facultades conferidas a la Comisión en virtud de los artículos 10, apartado 4, y 15 del Reglamento 2019/1241 y el artículo 9 del Reglamento 2019/472 estuvieran destinadas a ser exclusivas, en el sentido de impedir al Consejo adoptar medidas técnicas sobre cuestiones idénticas.
69.
Además, toma nota de que el artículo 59, párrafo segundo, del Reglamento controvertido indica expresamente que sus artículos 15 a 17 dejarían de estar en vigor una vez que la Comisión adoptara un acto delegado relativo a las mismas materias que cubren las mencionadas disposiciones. Ello dejaría patente que el Consejo no pretendía sobrepasar los límites de sus atribuciones. De modo análogo, el artículo 20 del Reglamento controvertido tendría como objeto preservar plenamente la facultad de la Comisión de adoptar actos delegados con arreglo al artículo 10, apartado 2, del Reglamento 2019/1241. Debe tenerse presente a ese respecto que las disposiciones impugnadas fueron adoptadas poco después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en un contexto en el que seguía habiendo mucha incertidumbre respecto a la «fijación de las posibilidades de pesca» para 2021, y en el que resultaba evidente que la Comisión debía aún añadir algo a su propia propuesta antes de adoptar cualquier acto delegado sobre estas cuestiones.
70.
La Comisión comparte en términos generales las alegaciones formuladas por el Consejo. Subraya que ningún elemento en el tenor de los Reglamentos de base la obliga a adoptar medidas técnicas relativas a las materias contempladas en las disposiciones impugnadas.
71.
La Comisión explica asimismo que, dado que las medidas correctoras previas [las recogidas en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2020/123] (
39
) solo habían estado en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020, fue necesario que el Consejo adoptase nuevas medidas técnicas al inicio de 2021. (
40
) La Comisión podría haber adoptado esas nuevas medidas en un acto delegado si se hubiera presentado a tiempo una recomendación conjunta de los Estados miembros; (
41
) no obstante, no se presentó formalmente ninguna recomendación conjunta (en su forma final) a la Comisión hasta el 14 de diciembre de 2020. (
42
) El documento oficioso de la Comisión (que dio lugar a la adopción por el Consejo de las disposiciones impugnadas) sirvió para cubrir esa laguna.
b)
Análisis
72.
Conforme a reiterada jurisprudencia, un acto adolece de desviación de poder cuando existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes de que dicho acto ha sido adoptado exclusivamente o, al menos, de modo determinante para alcanzar fines distintos de aquellos para los que se ha conferido la facultad de que se trate o para eludir un procedimiento específicamente establecido por los Tratados para hacer frente a las circunstancias del caso. (
43
)
73.
En el presente asunto, el primer motivo del Parlamento se basa, en esencia, en la alegación de que el Consejo, al adoptar las disposiciones impugnadas, eludió el procedimiento establecido para la adopción de medidas técnicas en 1os Reglamentos de base, que situaría la facultad de adoptar tales medidas únicamente en manos de la Comisión.
74.
No obstante, considero que deben desestimarse las alegaciones del Parlamento. No ha probado que las disposiciones impugnadas se adoptaran exclusivamente o, al menos, de modo determinante para alcanzar fines distintos de aquellos para los que se confirió al Consejo la potestad del artículo 43 TFUE, apartado 3, o para eludir un procedimiento específicamente establecido por el TFUE para hacer frente a las circunstancias del caso.
75.
Debe recordarse a este respecto que el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de aclarar los respectivos ámbitos de aplicación del artículo 43 TFUE, apartado 3, que establece que el Consejo está facultado para adoptar medidas relativas, en particular, a la «fijación […] de las posibilidades de pesca», y del artículo 43 TFUE, apartado 2. El Tribunal de Justicia ha declarado que una decisión autónoma adoptada sobre la base de los intereses políticos de la Unión pertenece al ámbito de competencia del legislador de la Unión (es decir, al ámbito del apartado 2 del artículo 43 TFUE). En cambio, el artículo 43 TFUE, apartado 3, se aplica en relación con las medidas de carácter principalmente técnico que se adoptan para ejecutar tales decisiones. (
44
)
76.
En sus conclusiones presentadas en los asuntos acumulados en los que recayó la sentencia Parlamento y Comisión/Consejo, (
45
) el Abogado General Wahl explicó que de esta jurisprudencia se desprende que el procedimiento legislativo ordinario existente en virtud del artículo 43 TFUE, apartado 2, debe aplicarse a una categoría de medidas más general, es decir, a aquellas que son necesarias para alcanzar los objetivos de la PPC, mientras que el procedimiento no legislativo existente en virtud del artículo 43 TFUE, apartado 3, debe reservarse para un determinado tipo de medidas reglamentarias. Por consiguiente, las medidas adoptadas en virtud del artículo 43 TFUE, apartado 3, deben limitarse a aquellas que están estrictamente relacionadas con la definición de quiénes pueden pescar qué y dónde, y de los requisitos vinculados funcionalmente a estas cuestiones, (
46
) sin que incluyan toda medida técnica que esté de alguna manera relacionada con las posibilidades de pesca. El factor decisivo es, como confirmó el Tribunal de Justicia, si la medida de que se trata conlleva una elección política que está reservada al legislador de la Unión porque resulta necesaria para la consecución de los objetivos relativos a la política agrícola común y la PPC. (
47
)
77.
En el presente asunto, me parece evidente que las disposiciones impugnadas están relacionadas funcionalmente con la «fijación […] de las posibilidades de pesca» en el sentido del artículo 43 TFUE, apartado 3, y no con una elección política reservada al legislador de la Unión. (
48
)
78.
En efecto, como afirman el Consejo y la Comisión, las disposiciones impugnadas tienen por objeto mejorar la selectividad de los artes de pesca (artículos 15 a 17) y la protección de determinadas especies (artículo 20). Dichas disposiciones se adoptaron como alternativa a una reducción de los TAC aún más de lo que ya se había decidido para ese año. Así lo confirma el considerando 3 del Reglamento Delegado 2021/2324, que declara que las medidas establecidas en las disposiciones impugnadas estaban relacionadas «funcionalmente con los niveles de TAC para las especies objetivo capturadas», puesto que, «sin las medidas, los niveles de TAC se tendrían que haber reducido para permitir que se recuperasen las poblaciones de las capturas accesorias». (
49
)
79.
Por otra parte, a diferencia de las modificaciones introducidas por el Consejo sobre la base del artículo 43 TFUE, apartado 3, que constituían el núcleo de la sentencia Parlamento y Comisión/Consejo, (
50
) las disposiciones impugnadas están limitadas a aplicarse únicamente en circunstancias específicas (dado que están destinadas a aplicarse a tipos específicos de buques, que operan únicamente en determinadas zonas y que se dirigen únicamente a determinados tipos de especies) y con una limitación anual (el año 2021). Su objeto no es adaptar el mecanismo general de fijación de los TAC y de las limitaciones del esfuerzo pesquero para eliminar los defectos que resultan de la aplicación de las normas anteriores, ni definir el marco jurídico en el que se establecen dichos TAC y las limitaciones del esfuerzo pesquero. (
51
)
80.
Así pues, en mi opinión, las disposiciones impugnadas están comprendidas en el ámbito de las facultades atribuidas al Consejo por el artículo 43 TFUE, apartado 3.
81.
Volviendo a la cuestión específica de si correspondía al Consejo utilizar válidamente esa base jurídica para adoptar las medidas técnicas contenidas en las disposiciones impugnadas pese a que los Reglamentos de base preveían la adopción de tales medidas por la Comisión, recuerdo que el Tribunal de Justicia ha dictaminado que el artículo 43 TFUE, apartado 3, puede ser utilizado por el Consejo como base jurídica para adoptar medidas concretas en el marco de la PPC, con la condición de que el Consejo actúe dentro de los límites de sus competencias y, en su caso, dentro del marco jurídico ya establecido en el artículo 43 TFUE, apartado 2. (
52
) En este sentido, el margen de discrecionalidad del que dispone el Consejo para adoptar medidas sobre la base del artículo 43 TFUE, apartado 3, depende del margen de apreciación que el legislador de la Unión haya decidido concederle. Resulta pues necesario examinar ahora si el marco jurídico ya establecido en los Reglamentos de base fue concebido por el legislador de la Unión con el propósito de limitar la facultad de actuación del Consejo en aplicación del artículo 43 TFUE, apartado 3.
82.
A este respecto, considero que no hay ningún elemento en los dos Reglamentos de base que sugiera que la potestad atribuida a la Comisión por, respectivamente, los artículos 10, apartado 4, y 15 del Reglamento 2019/1241 y el artículo 9 del Reglamento 2019/472 hubiera sido concebida para impedir al Consejo adoptar medidas técnicas relativas a las mismas materias en casos, como el presente, en que la Comisión no haya intervenido y adoptado ella misma actos delegados. Coincido con el Parlamento en que el Consejo no puede privar a la Comisión de la potestad que le atribuyen dichas disposiciones, pues de lo contrario estas quedarían desprovistas de objeto y el Consejo no respetaría el marco establecido en ellas. No obstante, me parece evidente que el Consejo no hizo tal cosa al adoptar las disposiciones impugnadas.
83.
En efecto, del artículo 59, párrafo segundo, del Reglamento controvertido se desprende claramente que los artículos 15 a 17 debían dejar de aplicarse en el momento en que la Comisión adoptase uno o varios actos delegados sobre esas mismas medidas técnicas. Por tanto, al igual que el Consejo y la Comisión, yo entiendo que las disposiciones impugnadas tenían carácter temporal, y que el Consejo no invadió la facultad de la Comisión de adoptar actos delegados, sino que trató expresamente de preservarla.
84.
De hecho, esta facultad de la Comisión se reconoce no solo en el artículo 59, párrafo segundo, del Reglamento controvertido, sino también en su considerando 59, que señala que las medidas técnicas que la Comisión decidirá sobre la base del Reglamento 2019/1241 son «más exhaustivas y se aplicarán de forma más estable» que las medidas técnicas contenidas en las disposiciones impugnadas.
85.
Habida cuenta de lo anterior, no me resulta difícil concluir que el Consejo no solo actuó dentro de los límites de las facultades que le confiere el artículo 43 TFUE, apartado 3, sino también dentro del marco jurídico concreto ya establecido en virtud del apartado 2 del mismo artículo.
86.
No invalida esta conclusión la alegación del Parlamento, que ya se ha expuesto en el punto 63 anterior, de que las disposiciones impugnadas debieron haber sido adoptadas bien como medidas «urgentes» destinadas a dar respuesta a una amenaza grave para la conservación de los recursos biológicos marinos, bien, a falta de tales circunstancias imperiosas, por la Comisión, a través de actos delegados, ya que solo estas dos opciones estaban contempladas en el artículo 8, apartados 2 y 3, del Reglamento 2019/472.
87.
Estoy de acuerdo con el Parlamento en que las disposiciones impugnadas no son «medidas urgentes» destinadas a dar respuesta a una amenaza grave para la conservación de los recursos biológicos marinos. Dicho esto, y en la medida en que ello pueda resultar relevante, entiendo que existen circunstancias particulares que explican que el Consejo interviniese y adoptase las disposiciones impugnadas para un período provisional durante el cual la Comisión aún no había hecho uso de la otra opción que deja expresamente abierta el artículo 8, apartados 2 y 3, del Reglamento 2019/472 y, en virtud de dichas disposiciones, adoptase uno o varios actos delegados.
88.
Tal como explicó la Comisión, las medidas correctoras previas (las recogidas en el artículo 13 del Reglamento 2020/123) solo habían permanecido vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020 y, dado que los esfuerzos en ese momento se centraban en que la Unión Europea y el Reino Unido llegasen a un acuerdo sobre medidas técnicas alineadas y vinculadas funcionalmente tras el Brexit, no se presentó ninguna recomendación conjunta con suficiente antelación para que la Comisión pudiera adoptar un acto delegado a principios de 2021. Así lo confirma el considerando 2 del Reglamento Delegado 2021/2324, según el cual, aunque Bélgica, España, Francia, Irlanda y los Países Bajos presentaron una primera recomendación conjunta en mayo de 2020, no presentaron una recomendación conjunta revisada hasta el 14 de diciembre de 2020.
89.
En estas circunstancias, es evidente que la adopción de las disposiciones impugnadas por el Consejo sirvió para colmar un vacío que, de otro modo, se habría prolongado durante parte, si no la totalidad, del año 2021.
90.
A la luz de lo anterior, no existe ningún indicio de que el Consejo, al adoptar las disposiciones impugnadas, se haya extralimitado en sus atribuciones o haya incurrido en desviación de poder.
91.
Puesto que ninguna de las alegaciones formuladas por el Parlamento en apoyo de su primer motivo ha prosperado, procede desestimar dicho motivo.
2.
Segundo motivo, basado en la infracción del principio de cooperación leal
a)
Principales alegaciones de las partes
92.
El Parlamento afirma que, al no observar el procedimiento previsto en los Reglamentos de base, el Consejo ha infringido el principio de cooperación leal.
93.
Dicha institución señala que, en virtud del artículo 13 TUE, apartado 2, tal como lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este principio exige que cada institución ejerza sus competencias sin invadir las de las demás instituciones. Además, recuerda que el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, (
53
) que fue adoptado sobre la base del artículo 295 TFUE, tiene efectos vinculantes para el Parlamento, el Consejo y la Comisión. El apartado 25 de dicho Acuerdo exige que estas tres instituciones intercambien opiniones «cuando se prevea una modificación de la base jurídica que implique un cambio del procedimiento legislativo ordinario a un procedimiento legislativo especial o a un procedimiento no legislativo». El apartado 2 del anexo del mismo Acuerdo (
54
) obliga a dichas instituciones a cooperar a lo largo de todo el procedimiento con miras a un ejercicio fluido de los poderes delegados y un control efectivo de dichos poderes por el Parlamento. A juicio del Parlamento, en el presente asunto, el Consejo le ha privado en la práctica de la facultad de ejercer dicho control.
94.
Según el Parlamento, el Consejo debería haberle consultado sobre su intención de adoptar las disposiciones impugnadas sobre la base del artículo 43 TFUE, apartado 3, en contra de lo establecido en los Reglamentos de base.
95.
El Consejo, apoyado por la Comisión, rebate estas alegaciones, remitiéndose a lo ya alegado en relación con el primer motivo. En su opinión, de la ausencia de abuso de procedimiento (en relación con el primer motivo) se deduce que no se ha infringido el principio de cooperación leal en el presente asunto.
96.
El Consejo añade que el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación no es pertinente en el caso de autos. Según alega, el Reglamento controvertido fue adoptado sobre la misma base jurídica que la propuesta de la Comisión y, por consiguiente, la actuación del Consejo no supuso una «modificación de la base jurídica» en el sentido del apartado 25 de dicho Acuerdo.
b)
Análisis
97.
En virtud del artículo 13 TUE, apartado 2, las instituciones deben mantener entre sí una cooperación leal. Con todo, esta cooperación leal debe ejercerse respetando los límites de las facultades que los Tratados confieren a cada institución. La obligación dimanante del artículo 13 TUE, apartado 2, no tiene, pues, entidad suficiente para modificar esas facultades. (
55
)
98.
Por lo que se refiere a la posible vulneración por el Consejo del principio de cooperación leal al adoptar las disposiciones impugnadas, debe observarse que el Parlamento formula tal motivo en la línea ya expuesta en sus anteriores alegaciones en relación con el primer motivo.
99.
En la sección anterior ha quedado patente que el primer motivo del Parlamento debe desestimarse porque el Consejo no ha abusado de sus atribuciones en el presente asunto. En consecuencia, y dado que las alegaciones del Parlamento en apoyo de sus dos motivos están relacionadas íntimamente entre sí, concuerdo con el Consejo y la Comisión en que no se ha vulnerado el principio de cooperación leal en este caso. Por consiguiente, en mi opinión, debe desestimarse el segundo motivo por infundado.
100.
Las alegaciones del Parlamento en relación con el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación no afectan a mi conclusión a este respecto.
101.
En efecto, de la sección anterior resulta que de ningún modo se ha impedido a la Comisión que adopte un acto delegado en aplicación de los Reglamentos de base (concretamente, los artículos 10, apartado 4, y 15, apartado 2, del Reglamento 2019/1241 y el artículo 9 del Reglamento 2019/472). Por lo tanto, la adopción por el Consejo de las disposiciones impugnadas no ha supuesto una «modificación de la base jurídica» en el sentido del apartado 25 del mencionado Acuerdo.
102.
Además, y de nuevo teniendo en cuenta que la Comisión seguía estando plenamente facultada para adoptar el Reglamento Delegado 2021/2324 (y, de hecho, así lo hizo en última instancia), a mi entender, el Parlamento no ha sido en modo alguno privado de su potestad de examinar la adopción de actos delegados en el sentido del apartado 2 del citado Acuerdo y, de hecho, ha podido ejercer plenamente esa potestad de control en el caso de autos.
103.
De cuanto antecede resulta, en mi opinión, que el presente recurso debe desestimarse por infundado.
3.
Pretensión de mantenimiento de los efectos de las disposiciones impugnadas
104.
Habida cuenta de que, en mi opinión, deben desestimarse los dos motivos invocados por el Parlamento y, por tanto, el presente recurso por infundado, considero que no es necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la solicitud de las partes de mantener los efectos de las disposiciones impugnadas.
105.
Quisiera únicamente añadir a este respecto que la decisión de mantener los efectos de un acto anulado suele estar justificada cuando lo exigen motivos de relevancia que atañen a la seguridad jurídica, o cuando el mantenimiento de los efectos es necesario para evitar graves consecuencias negativas en el ámbito afectado, o cuando se impugna la legalidad del acto en cuestión no por su finalidad o su contenido, sino por razones de falta de competencia de su autor o por vicios sustanciales de forma. (
56
)
106.
En este caso, tengo la impresión de que todas las partes en el presente procedimiento discrepan únicamente en cuanto a la base jurídica empleada, pero no en cuanto al contenido sustancial de las disposiciones impugnadas. Además, no cabe duda de que anular con carácter retroactivo los efectos de las disposiciones impugnadas no solo iría en detrimento de la seguridad jurídica; además, podría acarrear graves consecuencias para el sector pesquero, ya que tendría como efecto que no pudiera aplicarse efectivamente para el año 2021 ninguna de las restricciones contenidas en las disposiciones impugnadas en relación con las artes de pesca o las especies prohibidas. A este respecto, debo añadir que ninguna de las partes en el presente procedimiento cuestiona que las medidas contenidas en dichas disposiciones tengan por objeto promover los objetivos de la PPC de conservar los recursos pesqueros y de lograr la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos. Observaré, además, que los dos actos adoptados posteriormente al Reglamento controvertido, concretamente, el Reglamento Delegado 2021/2324 y el Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2022, en realidad intentan reproducir el contenido de las disposiciones impugnadas. (
57
)
107.
Por tanto, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia no coincidiese conmigo en que el Consejo se hallaba facultado a adoptar las disposiciones impugnadas, considero que deben mantenerse los efectos de dichas disposiciones.
VII. Conclusión
108.
A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso del Parlamento Europeo en el que solicita la anulación de los artículos 15 a 17, 20 y 59, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 2021/92 del Consejo, de 28 de enero de 2021, por el que se establecen para 2021 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión.
–
Condene en costas al Parlamento.
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	Reglamento del Consejo, de 28 de enero de 2021, por el que se establecen para 2021 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión (DO 2021, L 31, p. 31).
(
3
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones pescadas en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones, se modifican los Reglamentos (UE) 2016/1139 y (UE) 2018/973 y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007 y (CE) n.o 1300/2008 del Consejo (DO 2019, L 83, p. 1).
(
4
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1967/2006 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) n.o 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 y (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 894/97, (CE) n.o 850/98, (CE) n.o 2549/2000, (CE) n.o 254/2002, (CE) n.o 812/2004 y (CE) n.o 2187/2005 del Consejo (DO 2019, L 198, p. 105).
(
5
)	Con arreglo al artículo 290 TFUE, apartado 1, «un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo».
(
6
)	Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO 2013, L 354, p. 22).
(
7
)	Antes de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, las aguas noroccidentales formaban parte plenamente de las aguas de la Unión e incluían, en particular, el mar Céltico, el mar de Irlanda y el oeste de Escocia [véase el anexo I de la Decisión del Consejo, de 19 de julio de 2004, por la que se crean consejos consultivos regionales en virtud de la política pesquera común (DO 2004, L 256, p. 17); véase también el mapa que se encuentra en el sitio web del Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales a través del enlace siguiente: https://www.nwwac.org/_fileupload/Structure%20of%20NWWAC/NWWAC_Area_Map%20incl%20EU%20zone.pdf].
(
8
)	Consejo Internacional para la Exploración del Mar.
(
9
)	DO 2021, L 465, p. 1.
(
10
)	Véase el Reglamento (UE) 2022/109 del Consejo, de 27 de enero de 2022, por el que se establecen para 2022 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión (DO 2022, L 21, p. 1).
(
11
)	Véase el artículo 60 del Reglamento 2022/109.
(
12
)	Véase el artículo 4, apartado 1, punto 20, del Reglamento n.o 1380/2013.
(
13
)	Véase el considerando 2 del Reglamento 2019/1241.
(
14
)	Véase la sentencia de 15 de mayo de 2008, España/Consejo (C‑442/04, EU:C:2008:276), apartado 42. Ha de señalarse que en el considerando 7 del Reglamento 2019/1241 se hace referencia a «la consecución de los objetivos de la PPC de pescar a unos niveles acordes con el rendimiento máximo sostenible, reducir las capturas no deseadas y eliminar los descartes y contribuir a la consecución de un buen estado medioambiental».
(
15
)	Procede señalar a este respecto que en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1380/2013 se establece una lista no exhaustiva de lo que pueden incluir las «medidas técnicas». Sin embargo, ninguna de las disposiciones de ese Reglamento indica qué institución de la Unión tiene la atribución de adoptar esas medidas.
(
16
)	Véase el considerando 1 del Reglamento controvertido.
(
17
)	Según las explicaciones de la Comisión en el considerando 3 del Reglamento Delegado 2021/2324. Las especies de peces a las que se refieren los artículos 15 a 17 del Reglamento controvertido son el bacalao, el merlán y los gádidos.
(
18
)	En virtud del texto de dichas disposiciones, la Comisión está facultada para modificar la lista de especies de peces o de crustáceos y moluscos cuya captura, mantenimiento a bordo, transbordo o desembarque estén prohibidas (véase el artículo 10, apartado 4, del Reglamento 2019/1241); modificar, completar, derogar o establecer excepciones a las medidas técnicas destinadas a tener en cuenta las especificidades regionales de determinadas pesquerías (es decir, las medidas técnicas regionales) (véase el artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2019/1241), y completar las medidas técnicas relativas a los artes de pesca, los dispositivos adicionales para los artes de pesca, las actividades pesqueras y el establecimiento de tallas mínimas de referencia a efectos de conservación (véase el artículo 9 del Reglamento 2019/472).
(
19
)	En concreto, el Parlamento considera que los artículos 15 a 17 del Reglamento controvertido fueron adoptados por el Consejo infringiendo el artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2019/1241 o, en su defecto, el artículo 9 del Reglamento 2019/472. Afirma que el artículo 20 del Reglamento controvertido infringe lo dispuesto en el artículo 10, apartado 4, del Reglamento 2019/1241.
(
20
)	Véase el artículo 29, apartado 6, del Reglamento 2019/1241.
(
21
)	Véase el artículo 18, apartados 3 y 6, del Reglamento 2019/472.
(
22
)	Véanse los puntos 20 y 21 de las presentes conclusiones.
(
23
)	Véase el artículo 3 del Reglamento Delegado 2021/2324.
(
24
)	Como se indica en el punto anterior, el artículo 59, párrafo segundo, del Reglamento controvertido se refiere al ámbito de aplicación temporal de los artículos 15 a 17 de ese mismo instrumento. Por lo tanto, si el Tribunal de Justicia considerase que el recurso ha quedado sin objeto en la medida en que el Parlamento solicita la anulación de estas tres disposiciones, también debería desestimar las alegaciones del Parlamento relativas al artículo 59, párrafo segundo, de dicho Reglamento.
(
25
)	Con el término «interés», me refiero aquí a un interés como el que deben acreditar las personas físicas o jurídicas para poder interponer recursos sobre la base del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
(
26
)	Véase, a ese respecto, la sentencia de 1 de octubre de 2009, Comisión/Consejo (C‑370/07, EU:C:2009:590), apartado 16 y jurisprudencia citada.
(
27
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 1987, Comisión/Consejo (45/86, EU:C:1987:163), apartado 3.
(
28
)	Véase la sentencia de 1 de octubre de 2009, Comisión/Consejo (C‑370/07, EU:C:2009:590), apartado 17 y jurisprudencia citada. En aquel asunto, el Tribunal de Justicia anuló una decisión del Consejo por la que se establecía la posición que debía adoptarse en nombre de la Comunidad Europea en una reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), aun cuando tal decisión ya había producido todos sus efectos jurídicos, puesto que dicha posición ya había sido expresada en la Conferencia en cuestión.
(
29
)	Dado que, como ya se ha señalado en el punto 22 anterior, el Consejo adoptó, el 27 de enero de 2022, el Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2022, no cabe duda de que las conclusiones del Tribunal de Justicia en el presente asunto podrían repercutir directamente en si dicho Reglamento debe ser anulado también, en parte o en su totalidad (si se impugnara ante el Tribunal de Justicia), en función de si contiene disposiciones análogas a las impugnadas. Además, si el Tribunal de Justicia anulase las disposiciones impugnadas, la consecuencia natural sería que el Consejo no pudiera adoptar disposiciones similares en el futuro.
(
30
)	Véase la sentencia de 25 de octubre de 2001, Alemania/Comisión (C‑276/99, EU:C:2001:576), apartado 32.
(
31
)	Véase la sentencia de 11 de octubre de 2007, Comisión/Grecia (C‑237/05, EU:C:2007:592), apartados 36 a 39.
(
32
)	En efecto, el artículo 133, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento dispone que el Presidente del Tribunal de Justicia «podrá» (el subrayado es mío), cuando la naturaleza del asunto así lo exija, decidir tramitar un asunto mediante un procedimiento acelerado.
(
33
)	Procede añadir a ese respecto que el procedimiento acelerado exige que el Tribunal de Justicia movilice sus recursos de tal manera que, desde el punto de vista logístico, dicho procedimiento apenas se aplique a unos pocos asuntos al año. Que el recurso quede o no sin objeto en un asunto como el presente no puede depender, en mi opinión, de que se conceda o no dicho procedimiento acelerado.
(
34
)	El artículo 59, párrafo primero, del citado Reglamento establece que el artículo 20 (junto con la mayor parte del resto de las disposiciones del Reglamento controvertido que no forman parte del presente recurso) «seguirán aplicándose […] hasta la entrada en vigor del Reglamento que establezca las posibilidades de pesca para 2022».
(
35
)	Con arreglo a esta disposición, «cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal».
(
36
)	En particular, el Parlamento considera que los artículos 15 a 17 y 20 del Reglamento controvertido modifican las normas establecidas en el anexo VI, partes B, punto 1, y C, y el anexo I del Reglamento 2019/1241, respectivamente. Al hacerlo así, infringen los artículos 10, apartado 4, y 15, apartado 2, de este último Reglamento, que dejan claro que corresponde a la Comisión, y no al Consejo, acometer la modificación de dichas normas.
(
37
)	Véase el artículo 12 del Reglamento n.o 1380/2013 (titulado «Medidas de la Comisión en caso de amenaza grave para los recursos biológicos marinos»).
(
38
)	Véase el artículo 13 del Reglamento n.o 1380/2013 (titulado «Medidas de urgencia de los Estados miembros»).
(
39
)	Reglamento del Consejo, de 27 de enero de 2020, por el que se establecen para 2020 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión (DO 2020, L 25, p. 1).
(
40
)	De otro modo, los propios TAC habrían tenido que reducirse (a fin de compensar la ausencia de esas medidas técnicas).
(
41
)	Véanse el artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2019/1241 y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento 2019/472 (véanse también el artículo 18 del Reglamento n.o 1380/2013 y, en particular, el artículo 15, apartado 3, del Reglamento 2019/1241). Sin embargo, no existe esa obligación en el caso de los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 10, apartado 4, de dicho Reglamento.
(
42
)	Véase el considerando 2 del Reglamento Delegado 2021/2324.
(
43
)	Véanse, en particular, las sentencias de 15 de mayo de 2008, España/Consejo (C‑442/04, EU:C:2008:276), apartado 49 y jurisprudencia citada, y de 16 de abril de 2013, España e Italia/Consejo (C‑274/11 y C‑295/11, EU:C:2013:240), apartado 33.
(
44
)	Véase, a este respecto, la sentencia de 26 de noviembre de 2014, Parlamento y Comisión/Consejo (C‑103/12 y C‑165/12, EU:C:2014:2400), apartados 79 y 81.
(
45
)	C‑124/13 y C‑125/13, EU:C:2015:337, punto 61.
(
46
)	Ibidem, punto 66.
(
47
)	Véase la sentencia de 1 de diciembre de 2015, Parlamento y Comisión/Consejo (C‑124/13 y C‑125/13, EU:C:2015:790), apartado 59.
(
48
)	Debe señalarse que las alegaciones del Parlamento a este respecto son en cierta medida contradictorias. Por una parte, afirma de manera inequívoca que no pretende impugnar la cuestión de si el Consejo habría podido invocar el artículo 43 TFUE, apartado 3, para adoptar las disposiciones impugnadas en caso de no haberse llegado a adoptar los Reglamentos de base. Por otra, da la impresión de que no acepta que los artículos 15 a 17 del Reglamento controvertido están relacionados con la «fijación […] de las posibilidades de pesca». En efecto, alega, en esencia, que, si se aceptase el razonamiento del Consejo de que los artículos 15 a 17 están relacionados con la «fijación […] de las posibilidades de pesca» (en el sentido del apartado 3 del artículo 43 TFUE), dicha institución podría en la práctica adoptar todo tipo de medidas técnicas recurriendo a este razonamiento y alterar el procedimiento «habitual» de adopción de medidas técnicas en materia de pesca (que debería consistir, en primer lugar, en la adopción de un acto legislativo en aplicación del artículo 43 TFUE, apartado 2, y, a continuación, en la adopción de actos delegados por la Comisión en aplicación de dicho acto).
(
49
)	Como ya se ha explicado en el punto 26 anterior, el acrónimo «TAC» se refiere a «total admisible de capturas». Es pacífico que la fijación de los TAC constituye una de las vías por las que el Consejo puede acometer la «fijación y el reparto de las posibilidades de pesca» en el sentido del artículo 43 TFUE, apartado 3.
(
50
)	En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia estimó que las modificaciones controvertidas tenían por objeto «reformar de manera importante» el procedimiento especial para determinar anualmente los TAC de las poblaciones de bacalao y sustituir las reducciones automáticas de los TAC previstas inicialmente al respecto (véase la sentencia de 1 de diciembre de 2015, Parlamento y Comisión/Consejo, C‑124/13 y C‑125/13, EU:C:2015:790), apartado 73. El Tribunal de Justicia concluyó que en dicho caso la base jurídica adecuada era el artículo 43 TFUE, apartado 2, y no el apartado 3 de ese mismo artículo.
(
51
)	Ibidem, apartados 79 y 80. En lo sustancial, una medida que, a diferencia de las disposiciones impugnadas, establezca el marco o constituya un requisito previo para la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca y que no esté meramente destinada a aplicar una disposición adoptada a un nivel superior estará normalmente comprendida en el ámbito de aplicación del apartado 2, y no en el del apartado 3, del artículo 43 TFUE (véase la explicación dada por el Abogado General Wahl en sus conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Parlamento y Comisión/Consejo, C‑124/13 y C‑125/13, EU:C:2015:337, punto 66).
(
52
)	Ibidem, apartado 58. Disiento, a ese respecto, del razonamiento del Consejo según el cual los actos decididos con arreglo al artículo 43 TFUE, apartado 3 (como es el caso del Reglamento controvertido), prevalecen en todo caso sobre los actos delegados adoptados por la Comisión en virtud de la legislación adoptada sobre la base del artículo 43 TFUE, apartado 2. En mi opinión, el Consejo solo puede hacer uso de su facultad decisoria derivada de la primera disposición si tal uso es compatible con la delegación de competencias instaurada por los actos adoptados con arreglo a la segunda disposición, ya que el Tribunal de Justicia ha dejado claro que existe una jerarquía entre esas dos disposiciones del TFUE (véase la sentencia de 26 de noviembre de 2014, Parlamento y Comisión/Consejo, C‑103/12 y C‑165/12, EU:C:2014:2400, apartados 79 y 81).
(
53
)	Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (DO 2016, L 123, p. 1).
(
54
)	Que lleva por título «Acuerdo común entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre los actos delegados».
(
55
)	Véase, a este respecto, la sentencia de 12 de febrero de 2015, Parlamento/Consejo (C‑48/14, EU:C:2015:91), apartados 57 y 58.
(
56
)	Véanse, por ejemplo, las sentencias de 3 de septiembre de 2009, Parlamento/Consejo (C‑166/07, EU:C:2009:499), apartados 74 y 75; de 5 de septiembre de 2012, Parlamento/Consejo (C‑355/10, EU:C:2012:516), apartados 89 y 90, y de 6 de mayo de 2014, Comisión/Parlamento y Consejo (C‑43/12, EU:C:2014:298), apartados 54 a 56.
(
57
)	Véanse el artículo 2 del Reglamento Delegado 2021/2324 y el artículo 18 del Reglamento por el que se establecen las posibilidades de pesca para 2022.