62021TO0449
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
de 20 de junio de 2022 (
*1
)
«Recurso de anulación — Incidente procesal — Falta de representación por un abogado facultado para ejercer únicamente ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido en uno de los supuestos establecidos taxativamente en el artículo 91, apartado 2, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión y de Euratom — Falta de representación por un abogado facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE — Artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea»
En el asunto T‑449/21,
Natixis, con domicilio social en París (Francia), representada por el Sr. J.‑J. Lemonnier y la Sra. L. Ghebali, abogados, por las Sras. J. Stratford y E. Neil, Barristers, y por la Sra. M. García, Solicitor,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por los Sres. M. Farley y T. Franchoo y la Sra. I. Söderlund, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),
integrado por el Sr. J. Svenningsen (Ponente), Presidente, y los Sres. R. Barents y C. Mac Eochaidh, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
vista la demanda presentada por la demandante, con arreglo al artículo 130, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el 14 de marzo de 2022, mediante la que solicita que el Tribunal General reconozca a los Sres. R. Howell, Barrister, y E. Davis, Solicitor, como sus representantes en el presente asunto, así como las observaciones de la Comisión sobre dicha demanda;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, Natixis, solicita la anulación de la Decisión C(2021) 3489 final de la Comisión, de 20 de mayo de 2021, relativa a un procedimiento conforme al artículo 101 TFUE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto AT.40324 — Obligaciones estatales europeas) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), en la medida en que le afecta.
Marco jurídico
2
El 1 de febrero de 2020, entró en vigor el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 2020, L 29, p. 7; en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»), conforme a su artículo 185. Por consiguiente, desde esa fecha, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ya no es un Estado miembro de la Unión Europea.
3
El Acuerdo de Retirada había previsto, en su artículo 126, un período transitorio, que concluyó el 31 de diciembre de 2020, durante el cual el Derecho de la Unión era aplicable en el Reino Unido, salvo disposición en contrario prevista en dicho Acuerdo.
4
Desde entonces, las relaciones entre la Unión y el Reino Unido están reguladas, en particular, por el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra (DO 2021, L 149, p. 10; en lo sucesivo, «Acuerdo de Comercio y Cooperación»).
Fundamentos de Derecho
5
En la demanda presentada, en el marco del presente recurso, el 30 de julio de 2021, la demandante indicó que estaba representada por la Sra. J. Stratford y el Sr. R. Howell, Barristers, el Sr. J.‑J. Lemonnier, abogado, y el Sr. E. Davis y la Sra. M. García, Solicitors.
6
Por lo que respecta a los Sres. Howell y Davis y a la Sra. García, el Tribunal recibió, como documentos de legitimación exigidos por el artículo 51, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, un certificado del General Council of the Bar of England and Wales (Consejo General del Colegio de Abogados de Inglaterra y País de Gales, Reino Unido) en el que se hacía constar la condición de Barrister del Sr. Howell, un certificado de la Solicitors Regulation Authority (Autoridad reguladora de los Solicitors, Reino Unido) en el que se declaraba la condición de Solicitor del Sr. Davis, así como un certificado de esa misma autoridad en el que se hacía constar la condición de Solicitor de la Sra. Garcia y un certificado del Colegio de Abogados de París haciendo constar la inscripción de esta en dicho Colegio con su título profesional de origen (Solicitor) con arreglo a la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título (DO 1998, L 77, p. 36).
7
Mediante escrito de 11 de octubre de 2021, la demandante solicitó al Tribunal explicaciones sobre las razones que justificaban la decisión del Presidente del Tribunal, de 7 de septiembre de 2021, por la que este se había negado a autorizar a los Sres. Howell y Davis y a la Sra. García a representarla en el presente procedimiento, debido a que, habida cuenta de los documentos de legitimación presentados, solo estaban facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido.
8
Mediante diligencias de ordenación del procedimiento, adoptadas sobre la base de los artículos 89 y 90 de su Reglamento de Procedimiento y del artículo 24, apartado 2, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General, por una parte, preguntó a las partes sobre la situación de la Sra. García, que invocaba un documento de legitimación expedido por el Colegio de Abogados de París con arreglo a la Directiva 98/5, y, por otra parte, solicitó al Gobierno francés información sobre la eventual facultad reconocida a un abogado habilitado para ejercer en el Reino Unido de cara a ejercer ante los órganos jurisdiccionales franceses.
9
En respuesta, la demandante comunicó al Tribunal que la Sra. García también estaba facultada para ejercer ante los órganos jurisdiccionales irlandeses y aportó el documento que lo acreditaba.
10
Habida cuenta de este hecho nuevo, se autorizó a la Sra. García a representar a la demandante en el presente procedimiento.
11
Mediante escrito de 14 de marzo de 2022, la demandante solicitó nuevamente al Tribunal que le diera explicaciones sobre las razones por las que los Sres. Howell y Davis no habían sido autorizados a representarla en el presente procedimiento.
12
En virtud del artículo 130, apartados 2, 5 y 7, del Reglamento de Procedimiento, si una parte solicita, mediante escrito separado, que el Tribunal se pronuncie sobre un incidente procesal, este decidirá con la mayor rapidez posible sobre dicha demanda, tras haber fijado un plazo a las demás partes para que presenten por escrito sus observaciones al respecto.
13
Al haber presentado la Comisión sus observaciones dentro del plazo señalado, procede pronunciarse sobre la demanda de la demandante mediante la que solicita ser representada por los Sres. Howell y Davis, respecto de los cuales únicamente se han presentado ante el Tribunal documentos que acreditan que están facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido.
14
Con carácter preliminar, procede señalar que, en el presente recurso, la demandante está válidamente representada por varios abogados, Barristers y un Solicitor.
15
Por ello, el presente incidente procesal carece de consecuencias sobre la admisibilidad del recurso.
16
En cuanto al fondo, procede recordar, por lo que respecta a la representación ante los órganos jurisdiccionales de la Unión de una parte no contemplada en el artículo 19, párrafos primero y segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el artículo 19, párrafos tercero y cuarto, de ese Estatuto, aplicable al procedimiento ante el Tribunal General conforme al artículo 56 de dicho Estatuto, establece dos requisitos distintos y acumulativos, a saber, por un lado, que las partes no contempladas en el artículo 19, párrafos primero y segundo, deben estar representadas por un abogado, y, por otro, que únicamente un abogado que esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) (DO 1994, L 1, p. 3) podrá representar o asistir a una parte ante los órganos jurisdiccionales de la Unión [véanse la sentencia de 24 de marzo de 2022, PJ y PC/EUIPO, C‑529/18 P y C‑531/18 P, EU:C:2022:218, apartado 58 y jurisprudencia citada, y el auto de 7 de diciembre de 2021, Daimler/EUIPO — Volkswagen (IQ), T‑422/21, EU:T:2021:888, apartado 15 y jurisprudencia citada].
17
Sin embargo, en el caso de un recurso como el presente, procede tener en cuenta, de entrada, las disposiciones eventualmente pertinentes de los acuerdos internacionales que vinculan al Reino Unido y a la Unión, a saber, el Acuerdo de Retirada y el Acuerdo de Comercio y Cooperación.
18
En primer lugar, procede señalar que los artículos 87, 90 a 92 y 95 del Acuerdo de Retirada, interpretados conjuntamente, prevén, en esencia, que un abogado facultado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido podrá representar o asistir a una parte ante el Tribunal en ciertos casos enumerados taxativamente.
19
En primer término, con arreglo al artículo 91, apartado 1, del Acuerdo de Retirada y habida cuenta del reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, un abogado de tales características que representase a una parte a 31 de diciembre de 2020 puede seguir representándola o asistiéndola en un recurso interpuesto ante el Tribunal General.
20
En segundo término, conforme al artículo 91, apartado 2, primera frase, del Acuerdo de Retirada, en relación con el artículo 95, apartados 1 y 3, de dicho Acuerdo, y habida cuenta del reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, un abogado facultado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido podrá representar o asistir a una parte ante el Tribunal General en recursos de anulación interpuestos contra las decisiones adoptadas por las instituciones, órganos y organismos de la Unión antes del 31 de diciembre de 2020 y dirigidas al Reino Unido o a personas físicas y jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino Unido.
21
Lo mismo sucede con las decisiones de las instituciones, órganos y organismos de la Unión dirigidas al Reino Unido o a personas físicas y jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino Unido que hayan sido adoptadas después del 31 de diciembre de 2020, bien en el marco de procedimientos que apliquen los artículos 107 TFUE y 108 TFUE a ayudas concedidas antes del 31 de diciembre de 2020 y que se hayan iniciado antes del 31 de diciembre de 2024, bien, como en el caso de autos, en el marco de procedimientos que apliquen los artículos 101 TFUE o 102 TFUE iniciados antes del 31 de diciembre de 2020, bien en el marco de procedimientos que apliquen el Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO 2004, L 24, p. 1), iniciados antes del 31 de diciembre de 2020, bien en el marco de investigaciones de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) relativas a determinadas infracciones enumeradas taxativamente e iniciadas antes del 31 de diciembre de 2020, bien en el marco de investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) iniciadas antes del 31 de diciembre de 2024.
22
En tercer término, de conformidad con el artículo 91, apartado 2, segunda frase, del Acuerdo de Retirada, en relación con su artículo 90, y habida cuenta del reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, un abogado facultado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido podrá representar o asistir a dicho Estado ante el Tribunal General en los procedimientos en los que ese Estado haya decidido intervenir de conformidad con el artículo 90, párrafo segundo, letra c), del Acuerdo de Retirada.
23
Pues bien, contrariamente a lo que sostiene la demandante, el presente recurso no corresponde a ninguno de los supuestos taxativamente previstos por el Acuerdo de Retirada y recordados en los apartados 18 a 22 anteriores.
24
Es cierto que este recurso se interpuso con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 y se dirige contra una decisión adoptada al término de un procedimiento en curso a 31 de diciembre de 2020 en el que se aplica el artículo 101 TFUE.
25
Sin embargo, tanto de la Decisión impugnada como de los documentos aportados por la demandante de conformidad con el artículo 78, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento se desprende que esta es una sociedad anónima francesa establecida en Francia.
26
Por consiguiente, no puede considerarse, en lo que respecta a la demandante, que la Decisión impugnada esté dirigida a una persona jurídica establecida en el Reino Unido, como exige el artículo 91, apartado 2, primera frase, del Acuerdo de Retirada, en relación con el artículo 95, apartados 1 y 3, de dicho Acuerdo.
27
Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que otros destinatarios de la misma Decisión, a saber, NatWest Group plc y Nomura International plc, estén, por su parte, establecidos en el Reino Unido, ya que, según reiterada jurisprudencia, una decisión adoptada por la Comisión sobre la base del artículo 101 TFUE, aunque esté redactada y publicada como una sola decisión, debe considerarse como un haz de decisiones individuales que, en relación con cada una de las empresas destinatarias, aprecia la existencia de la o las infracciones que se le imputan y le imponen, en su caso, una multa (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582, apartado 100 y jurisprudencia citada).
28
Lo mismo puede decirse del hecho alegado por la demandante de que está «establecida» en el Reino Unido como «overseas company», puesto que de los documentos aportados por esta y, en particular, del expedido por el Companies House (Registro Mercantil, Reino Unido) resulta que solo está registrada y no establecida en dicho Estado.
29
Además, contrariamente a lo que sostiene la demandante, no se desprende en modo alguno del auto de 7 de diciembre de 2021, Daimler/EUIPO — Volkswagen (IQ) (T‑422/21, EU:T:2021:888), que abogados únicamente facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido puedan representarla en el presente recurso. En efecto, el recurso en el asunto que dio lugar a dicho auto fue declarado manifiestamente inadmisible debido a que la demandante no estaba representada por un abogado facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE.
30
Por último, suponiendo que la demandante invoque el artículo 94, apartado 2, del Acuerdo de Retirada, basta con señalar, como se desprende del título en el que figura dicho artículo, que el derecho de representación o de asistencia reconocido por esta disposición a los abogados facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido solo es válido en el marco de los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 92 y 93 del Acuerdo de Retirada, con exclusión de los posibles procedimientos judiciales subsiguientes, regulados por el artículo 91 de este mismo Acuerdo [véase, por analogía, el auto de 7 de diciembre de 2021, Daimler/EUIPO — Volkswagen (IQ), T‑422/21, EU:T:2021:888, apartado 23].
31
En consecuencia, tal y como ha alegado la Comisión, la demandante no puede sostener válidamente que, en virtud del Acuerdo de Retirada, los Sres. Howell y Davis, facultados únicamente para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido, tengan derecho a representarla ante el Tribunal en el presente recurso.
32
La demandante tampoco puede invocar ninguna disposición del Acuerdo de Comercio y Cooperación.
33
Es cierto que el artículo 194, apartado 1, del Acuerdo de Comercio y Cooperación establece que una Parte de dicho Acuerdo permitirá a un abogado de la otra Parte prestar en su territorio servicios jurídicos designados en virtud del título profesional de la jurisdicción de origen, de conformidad con los artículos 128, 129, 135, 137 y 143 de ese mismo Acuerdo. No obstante, el artículo 193, letras a) y g), de dicho Acuerdo establece que quedan excluidos de ese régimen los servicios jurídicos relativos al Derecho de la Unión, del que forma parte el artículo 101 TFUE objeto de la Decisión impugnada, y la representación legal ante, en particular, los órganos jurisdiccionales y otros tribunales oficiales debidamente constituidos por una Parte del referido Acuerdo, entre los que se cuenta el Tribunal.
34
Tras excluir la posibilidad de que la demandante invoque el Acuerdo de Retirada o el Acuerdo de Comercio y Cooperación, procede verificar, en segundo lugar, si, con arreglo al artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que remite el artículo 51, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, es posible, no obstante, autorizar a los Sres. Howell y Davis, Barrister y Solicitor, respectivamente, a representar a la demandante.
35
A tal efecto, debe reconocérseles la condición de «abogado» en el sentido del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
36
En lo que atañe a su habilitación para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE, debe señalarse que el presente recurso se interpuso el 30 de julio de 2021, es decir, con posterioridad a la expiración, el 31 de diciembre de 2020, del período transitorio previsto en el artículo 126 del Acuerdo de Retirada y durante el cual, salvo disposición en contrario de dicho Acuerdo, el Derecho de la Unión siguió aplicándose en el Reino Unido y en su territorio a pesar de su condición de Estado tercero.
37
De ello se desprende que la cuestión de si debe considerarse que los abogados designados por la demandante que únicamente están facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido están facultados para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE a efectos del artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya no puede examinarse a la luz de las disposiciones o actos del Derecho de la Unión, incluidos los aplicables a la profesión de abogado, como la Directiva 98/5 o la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados (DO 1977, L 78, p. 17).
38
Por ello, tal examen debe realizarse a la luz de una eventual normativa específica de un Estado miembro que faculte unilateralmente a esos abogados a ejercer ante sus órganos jurisdiccionales (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2022, PJ y PC/EUIPO, C‑529/18 P y C‑531/18 P, EU:C:2022:218, apartado 59).
39
Pues bien, la demandante no ha mencionado ninguna normativa de esta naturaleza.
40
A este respecto, cabe señalar, a la luz de la respuesta del Gobierno francés a la diligencia de ordenación del procedimiento, que tal normativa no existe en Francia.
41
En efecto, el Derecho francés permite a tal abogado representar a una parte ante los órganos jurisdiccionales franceses si ha sido inscrito, antes de la expiración del período transitorio, en el registro de un colegio de abogados francés con el título de abogado francés, si ha presentado, antes de la expiración de dicho período, una solicitud de reconocimiento de sus cualificaciones profesionales y dicha solicitud está en trámite, o si ha superado, con posterioridad a la expiración del período transitorio, el examen de control de los conocimientos de Derecho francés que prevé la normativa francesa y está válidamente inscrito en el registro de un colegio de abogados francés con el título de abogado francés.
42
En consecuencia, no puede reconocerse al Sr. Howell ni al Sr. Davis la condición de representante de la demandante en el recurso interpuesto por esta contra la Decisión impugnada, ya sea con arreglo al Acuerdo de Retirada o al Acuerdo de Comercio y Cooperación, ya sea en virtud del artículo 51, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en relación con el artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
43
De ello resulta que debe desestimarse la presente demanda.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
resuelve:
1)
Desestimar la demanda mediante la que se solicita que el Tribunal General reconozca a los Sres. R. Howell y E. Davis la condición de representantes de Natixis.
2)
Reservar la decisión sobre las costas.
Dictado en Luxemburgo, a 20 de junio de 2022.
El Secretario
E. Coulon
El Presidente
J. Svenningsen
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.