Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 5 de marzo de 2026 (*)
« Recurso de casación — Política Agrícola Común (PAC) — Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) — Decisión de Ejecución (UE) 2021/2020 — Gastos excluidos de la financiación de la Unión Europea — Gastos efectuados por Rumanía — Reglamento (UE) n.º 1306/2013 — Artículo 52 — Procedimiento de liquidación de conformidad — Reglamento de Ejecución (UE) n.º 908/2014 — Artículo 34 — Modificación del fundamento jurídico de las propuestas de corrección financiera de la Comisión Europea — Posibilidad de que el Estado miembro de que se trate dé a conocer eficazmente su punto de vista sobre dichas propuestas — Concepto de “factor externo” — Reglamento (UE) n.º 1307/2013 — Artículo 44 — Requisitos de diversificación — Confusión entre tierras en barbecho y pastos temporales — Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 — Artículo 35 — Incremento del porcentaje de control — Concepto de “casos de incumplimiento significativos” »
En el asunto C‑457/24 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 26 de junio de 2024,
Rumanía, representada por las Sras. E. Gane, R. Antonie y M. Chicu, en calidad de agentes,
parte recurrente,
en el que la otra parte en el procedimiento
es:
Comisión Europea, representada por el Sr. A. Biolan y la Sra. M. Salyková, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, el Sr. F. Biltgen, Presidente de la Sala Primera, en funciones de Juez de la Sala Cuarta, y los Sres. M. Condinanzi y N. Jääskinen (Ponente) y la Sra. R. Frendo, Jueces;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretaria: Sra. R. Șereș, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 18 de junio de 2025;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso de casación, Rumanía solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 17 de abril de 2024, Rumanía/Comisión (T‑49/22, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2024:254), por la que este desestimó su recurso de anulación parcial de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/2020 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2021, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2021, L 413, p. 10; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), en la medida en que esta Decisión se refiere a los gastos efectuados por Rumanía con cargo al FEAGA y al Feader (en lo sucesivo, conjuntamente, «fondos») durante los ejercicios financieros 2018 y 2019, por un importe de 178 320 110,85 euros.
Marco jurídico
Reglamento (UE) n.º 1303/2013
2        El artículo 85 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 320; corrección de errores en DO 2016, L 200, p. 140), titulado «Correcciones financieras efectuadas por la Comisión», dispone en su apartado 3:
«Al determinar la corrección financiera conforme al apartado 1, la Comisión [Europea] respetará el principio de proporcionalidad teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad del incumplimiento del Derecho aplicable y sus repercusiones financieras para el presupuesto de la Unión [Europea]. La Comisión mantendrá informado al Parlamento Europeo sobre las decisiones adoptadas para aplicar correcciones financieras.»
Reglamento (UE) n.º 1306/2013
3        Los considerandos 36, 37 y 39 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 17), tienen el siguiente tenor:
«(36)      La Comisión es responsable de la ejecución del presupuesto de la Unión Europea en colaboración con los Estados miembros, de conformidad con el artículo 317 [TFUE]. La Comisión está facultada para decidir, mediante actos de ejecución, si los gastos efectuados por los Estados miembros se ajustan al Derecho de la Unión. Debe conferirse a los Estados miembros el derecho a justificar sus decisiones de pago y recurrir a la conciliación en caso de desacuerdo con la Comisión. […]
(37)      En lo que respecta al FEAGA, los importes recuperados deben reembolsarse a este Fondo ya que se trata de gastos no conformes con la legislación de la Unión y por los cuales no existe ningún derecho. Con el fin de otorgar el tiempo suficiente para todos los procedimientos administrativos necesarios, incluidos los controles internos, los Estados miembros deberán solicitar la recuperación de los importes al beneficiario dentro del plazo de los 18 meses siguientes a la aprobación y, si procede, la recepción por el organismo pagador u organismo responsable de la recuperación, de un informe de control o documento similar en el que se declare que se ha producido una irregularidad. Debe establecerse un sistema de responsabilidad financiera cuando se ha producido una irregularidad y no se ha producido la recuperación total del importe. A este respecto debe crearse un procedimiento que permita a la Comisión salvaguardar los intereses del presupuesto de la Unión mediante una imputación parcial al Estado miembro de que se trate de los importes perdidos como consecuencia de irregularidades y no recuperados en un plazo razonable. […]
[…]
(39)      Para proteger los intereses financieros del presupuesto de la Unión, los Estados miembros deben adoptar medidas encaminadas a garantizar que las operaciones financiadas por los Fondos se efectúen real y correctamente. Los Estados miembros también deben impedir, detectar y resolver eficazmente cualquier irregularidad o incumplimiento de obligaciones cometido por los beneficiarios.
[…]»
4        El artículo 52 del Reglamento n.º 1306/2013, titulado «Liquidación de conformidad», establece:
«1.      Cuando compruebe que algunos de los gastos a que se refieren el artículo 4, apartado 1, y el artículo 5 no se han efectuado de conformidad con la legislación de la Unión y, en el caso del Feader, con la legislación de la Unión y nacional aplicable contemplada en el artículo 85 del Reglamento [n.º 1303/2013], la Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan los importes que deban excluirse de la financiación de la Unión. […]
2.      La Comisión determinará los importes que deban excluirse basándose en la importancia de la disconformidad comprobada. Para ello, la Comisión tendrá en cuenta el carácter de la infracción y el perjuicio financiero causado a la Unión. Basará dicha exclusión en la determinación de los importes pagados indebidamente y, cuando estos no puedan determinarse mediante un esfuerzo proporcionado, podrá aplicar correcciones mediante extrapolación o a tanto alzado. Las correcciones a tanto alzado solo se aplicarán cuando, debido a la naturaleza del caso concreto o a que el Estado miembro no haya facilitado a la Comisión la información necesaria, no sea posible determinar con mayor precisión mediante un esfuerzo proporcionado el perjuicio financiero causado a la Unión.
3.      Antes de adoptar cualquier decisión de denegación de la financiación, los resultados de las comprobaciones de la Comisión y las respuestas del Estado miembro serán objeto de comunicaciones escritas, tras las cuales ambas partes intentarán ponerse de acuerdo sobre el curso que deba darse al asunto. Llegado este momento del procedimiento, los Estados miembros contarán con la posibilidad de demostrar que el alcance real del incumplimiento ha sido inferior al estimado por la Comisión.
Si no se llega a un acuerdo, el Estado miembro dispondrá de un plazo de cuatro meses para solicitar la apertura de un procedimiento para conciliar las respectivas posiciones; los resultados de dicho procedimiento serán objeto de un informe que se transmitirá a la Comisión. La Comisión tendrá en cuenta las recomendaciones del informe antes de adoptar una decisión de denegación de la financiación y expondrá sus motivos si decide no seguirlas.
[…]»
5        El artículo 53 del referido Reglamento, titulado «Competencias de la Comisión», dispone en su apartado 1:
«La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer normas para la aplicación de:
[…]
b)      la liquidación de conformidad prevista en el artículo 52 con respecto a las medidas que deban tomarse en relación con la adopción de la decisión y su ejecución, incluidos el intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros y los plazos que deben respetarse, así como el procedimiento de conciliación previsto en dicho artículo y la creación, funciones, composición y funcionamiento del órgano de conciliación.»
6        El artículo 58 del mencionado Reglamento, titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión», tiene el siguiente tenor:
«1.      Los Estados miembros adoptarán, en el contexto de la [Política Agrícola Común (PAC)], todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas y cualquier otra medida necesaria para garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión y, en concreto, para:
a)      cerciorarse de la legalidad y corrección de las operaciones financiadas por los Fondos;
[…]
2.      Los Estados miembros implantarán sistemas de gestión y control eficaces para garantizar el cumplimiento de la legislación que regula los regímenes de ayuda de la Unión con objeto de reducir al máximo el riesgo de perjuicio financiero para la Unión.
[…]»
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
7        El artículo
43 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 608; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 21) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1307/2013»), titulado «Normas generales», disponía en su apartado 1:
«Los agricultores con derecho a un pago en virtud del régimen de pago básico o del régimen de pago único por superficie respetarán en todas sus hectáreas admisibles en el sentido del artículo 32, apartados 2 al 5, las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, o las prácticas equivalentes a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.»
8        El artículo 44 del referido Reglamento, titulado «Diversificación de cultivos», establecía:
«1.      Cuando la tierra de cultivo del agricultor cubra entre 10 y 30 hectáreas y no esté completamente cultivada con cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o una parte significativa del ciclo de cultivo, habrá al menos dos tipos de cultivos diferentes en dicha tierra de cultivo. El cultivo principal no supondrá más del 75 % de dicha tierra de cultivo.
Cuando la tierra de cultivo del agricultor cubra más de 30 hectáreas y no esté completamente utilizada con cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o una parte significativa del ciclo de cultivo, habrá al menos tres tipos diferentes de cultivos en dicha tierra de cultivo. El cultivo principal no supondrá más del 75 % de dicha tierra de cultivo y los dos cultivos principales juntos no supondrán más del 95 % de dicha tierra de cultivo.
2.      Sin perjuicio del número de cultivos requeridos con arreglo al apartado 1, los umbrales máximos que en ellos se establecen no serán de aplicación a las explotaciones cuando más del 75 % de las tierras de cultivo esté cubierto por gramíneas u otros forrajes herbáceos o tierras en barbecho. En este caso, el cultivo principal de la superficie de cultivo restante no incluirá más del 75 % de las tierras de cultivo restantes, salvo cuando estas tierras estén cubiertas por gramíneas u otros forrajes herbáceos o tierras en barbecho.
3.      Los apartados
1 y 2 no serán de aplicación
en las explotaciones:
a)      cuando más del 75 % de las tierras de cultivo se utilice para producir gramíneas u otros forrajes herbáceos, o para barbechos o para una combinación de esos usos, siempre que la superficie de cultivo no cubierta por estos usos no exceda las 30 hectáreas;
b)      cuando más del 75 % de la superficie agrícola admisible sea utilizada como pasto permanente para la producción de gramíneas u otros forrajes herbáceos o para cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo, o esté sujeta a una combinación de estos usos, siempre que la superficie de cultivo no cubierta por estos usos no exceda las 30 hectáreas;
c)      cuando más del 50 % de las superficies de tierra de cultivo declaradas no hubiesen sido declaradas por el agricultor en la solicitud de ayuda del año anterior y cuando, basándose en la comparación de las solicitudes de ayuda geoespaciales, todas las tierras de cultivo se utilicen para cultivos diferentes a los del año natural anterior;
[…]»
9        El artículo 3 del Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017 (DO 2017, L 350, p. 15), modificó los apartados 2 y 3, letras a) y b), del artículo 44 del Reglamento n.º 1307/2013 del siguiente modo:
«2.      Sin perjuicio del número de cultivos requeridos con arreglo al apartado 1, los umbrales máximos que en ellos se establecen no serán de aplicación a las explotaciones cuando más del 75 % de las tierras de cultivo esté cubierto por hierbas u otros forrajes herbáceos o tierras en barbecho o utilizado con cultivos bajo agua durante una parte importante del año o durante una parte importante del ciclo de cultivo. En este caso, el cultivo principal de la superficie de cultivo restante no incluirá más del 75 % de las tierras de cultivo restantes, salvo cuando estas tierras estén cubiertas por hierbas u otros forrajes herbáceos o tierras en barbecho.
3.      Los apartados
1 y 2 no serán de aplicación
en las explotaciones:
a)      cuando más del 75 % de las tierras de cultivo se utilice para producir hierbas u otros forrajes herbáceos, se utilice para el cultivo de leguminosas, sea tierras en barbecho o esté sujeto a una combinación de esos usos;
b)      cuando más del 75 % de la superficie agrícola admisible sean pastos permanentes, se utilice para producir hierbas u otros forrajes herbáceos o para cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo, o esté sujeto a una combinación de estos usos».
10      De conformidad con el artículo
6 del Reglamento 2017/2393, la modificación del artículo
44 del Reglamento n.º 1307/2013 era aplicable a partir del 1 de enero de 2018.
Reglamento Delegado (UE) n.º 640/2014
11      El artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) n.º 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad (DO 2014, L 181, p. 48), en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2017/723 de la Comisión, de 16 de febrero de 2017 (DO 2016, L 107, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento Delegado n.º 640/2014), dispone:
«1.      A los efectos del sistema integrado contemplado en el artículo 67, apartado 1, del Reglamento [n.º 1306/2013], se aplicarán las definiciones del artículo 4, apartado 1, del Reglamento [n.º 1307/2013] y del artículo 67, apartado 4, del Reglamento [n.º 1306/2013].
Se aplicarán, asimismo, las siguientes definiciones:
[…]
(23)      “Superficie determinada”:
a)      en los regímenes de ayuda por superficie, la superficie que cumple todos los criterios de admisibilidad u otras obligaciones relativas a las condiciones para la concesión de la ayuda, independientemente del número de los derechos de pago de que disponga el beneficiario,
[…]
[…]»
12      El artículo
23 del referido Reglamento Delegado, titulado «Base de cálculo del pago por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente en relación con las hectáreas admisibles declaradas en virtud del régimen de pago básico o del régimen de pago único por superficie», establece en su apartado 2:
«Sin perjuicio de las sanciones administrativas aplicables con arreglo al artículo 28, si la superficie declarada en una solicitud única para el pago básico o el pago único por superficie supera la superficie determinada, esta superficie determinada se utilizará para calcular el pago de ecologización.
No obstante, si la superficie determinada para el régimen de pago básico o el régimen de pago único por superficie resulta ser mayor que la declarada en la solicitud de ayuda, el pago de ecologización se calculará sobre la base de la superficie declarada.»
13      El artículo
24 del mencionado Reglamento Delegado, titulado «Reducción del pago de ecologización en caso de incumplimiento de la obligación de diversificación de cultivos», dispone:
«1.      En el caso de las tierras de cultivo respecto de las que el artículo 44, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento
[n.º 1307/2013] exige que existan como mínimo dos cultivos diferentes y que el cultivo principal no ocupe más del 75 % de la superficie total de la tierra de cultivo, pero en las que la superficie determinada para el cultivo principal ocupa más del 75 % de la superficie total de la tierra de cultivo determinada, a la superficie que debe utilizarse para el cálculo del pago de ecologización con arreglo al artículo 23 del presente Reglamento se le restará dos veces la superficie del cultivo principal que sobrepase el 75 % de la superficie total de la tierra de cultivo determinada.
2.      En el caso de las tierras de cultivo respecto de las que el artículo 44, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento
[n.º 1307/2013] exige que existan como mínimo tres cultivos diferentes y que el cultivo principal no ocupe más del 75 % de la superficie total de la tierra de cultivo, pero en las que la superficie determinada para el cultivo principal ocupa más del 75 % de la superficie total de la tierra de cultivo determinada, a la superficie que debe utilizarse para el cálculo del pago de ecologización con arreglo al artículo 23 del presente Reglamento se le restará la superficie del cultivo principal que sobrepase el 75 % de la superficie total de la tierra de cultivo determinada.
3.      En el caso de las tierras de cultivo respecto de las que el artículo 44, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento [n.º 1307/2013] exige que existan como mínimo tres cultivos diferentes y que los dos cultivos principales no ocupen más del 95 % de la superficie total de la tierra de cultivo, pero en las que la superficie determinada para los dos cultivos principales ocupa más del 95 % de la superficie total de la tierra de cultivo determinada, a la superficie que debe utilizarse para el cálculo del pago de ecologización con arreglo al artículo 23 del presente Reglamento se le restará cinco veces la superficie de los dos cultivos principales que sobrepase el 95 % de la superficie total de la tierra de cultivo determinada.
4.      En el caso de las explotaciones respecto de las que el artículo 44, apartado 2, del Reglamento [n.º 1307/2013] exige que el cultivo principal en las tierras de cultivo restantes no ocupe más del 75 % de las mismas, pero en las que la superficie determinada para el cultivo principal en las tierras de cultivo restantes ocupa más del 75 %, a la superficie que debe utilizarse para el cálculo del pago de ecologización con arreglo al artículo 23 del presente Reglamento se le restará dos veces la superficie del cultivo principal que sobrepase el 75 % de esa superficie restante de tierra de cultivo determinada.
5.      Cuando se compruebe que un beneficiario ha incumplido durante tres años la obligación de diversificar los cultivos prevista en el presente artículo, la superficie que habrá de deducirse los años siguientes de la utilizada para el cálculo del pago de ecologización con arreglo a los apartados 1 a 4 se multiplicará por dos.»
14      El artículo
25 del mismo Reglamento Delegado, titulado «Reducción del pago de ecologización en caso de incumplimiento de los requisitos relativos a los pastos permanentes», tiene el siguiente tenor:
«1.      En caso de que se descubra un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento [n.º 1307/2013], la superficie utilizada para el cálculo del pago de ecologización con arreglo al artículo 23 del presente Reglamento se reducirá en un valor igual al de la superficie determinada como no conforme con los requisitos del artículo 45, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento [n.º 1307/2013].
2.      En caso de que se descubra un incumplimiento de las obligaciones referidas en el artículo
44 del Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014 [de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y que modifica el anexo X de dicho Reglamento (DO 2014, L 181, p. 1),] la superficie considerada para el cálculo del pago de ecologización con arreglo al artículo 23 del presente Reglamento se reducirá en un valor igual al de la superficie determinada como no conforme con las obligaciones referidas en el artículo 44 del Reglamento Delegado [n.º 639/2014].
3.      Los incumplimientos se considerarán “determinados” si se detectan como resultado de controles realizados de acuerdo con el artículo 74 del Reglamento [n.º 1306/2013] o después de haber sido puestos en conocimiento de la autoridad de control competente o del organismo pagador por cualquier otro medio.»
15      El artículo
26 del Reglamento Delegado n.º 640/2014, titulado «Reducción del pago de ecologización en caso de incumplimiento de los requisitos relativos a las superficies de interés ecológico», dispone:
«1.      La superficie de interés ecológico exigida de conformidad con el artículo 46, apartado 1, del Reglamento [n.º 1307/2013], en lo sucesivo denominada “superficie de interés ecológico exigida”, se calculará sobre la base de la superficie total de tierra de cultivo determinada incluidas, llegado el caso con arreglo al artículo 46, apartado 2, del Reglamento [n.º 1307/2013], las superficies determinadas mencionadas en el artículo 46, apartado 2, párrafo primero, letras c), d), g) y h), de dicho Reglamento.
2.      Si la superficie de interés ecológico exigida supera la superficie de interés ecológico determinada habida cuenta de la ponderación de las superficies de interés ecológico prevista en el artículo 46, apartado 3, del Reglamento [n.º 1307/2013], a la superficie que debe utilizarse para el cálculo del pago de ecologización con arreglo al artículo 23 del presente Reglamento se le restará diez veces la superficie de interés ecológico no comprobada.
A los efectos del párrafo primero, la superficie de interés ecológico determinada no superará el porcentaje de las superficies de interés ecológico declaradas en la superficie total de la tierra de cultivo declarada.
3.      Cuando se compruebe que un beneficiario ha incumplido durante tres años los requisitos relativos a la superficie de interés ecológico previstos en el presente artículo, la superficie que habrá de deducirse los años siguientes de la utilizada para el cálculo del pago de ecologización con arreglo al apartado 2 se multiplicará por dos.»
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014
16      El artículo 35 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad (DO 2014, L 227, p. 69), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/746 de la Comisión, de 18 de mayo de 2018 (DO 2018, L 125, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución n.º 809/2014»), titulado «Incremento del porcentaje de control», tiene el siguiente tenor:
«Cuando los controles sobre el terreno pongan de manifiesto la existencia de casos de incumplimiento significativos en el marco de un régimen de ayuda o medida de ayuda determinados o en una región o parte de ella, la autoridad competente aumentará según considere oportuno el porcentaje de beneficiarios que deban ser sometidos a controles sobre el terreno el año siguiente.»
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 908/2014
17      El considerando 27 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia (DO 2014, L 255, p. 59; corrección de errores en DO 2015, L 114, p. 25), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/56 de la Comisión, de 12 de enero de 2018 (DO 2018, L 10, p. 9) (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución n.º 908/2014»), está redactado del siguiente modo:
«Con el fin de garantizar que, en casos normales, el procedimiento de liquidación de conformidad concluye en un período de tiempo razonable, procede fijar plazos específicos para las diferentes fases del procedimiento que deben ser respetados por la Comisión y los Estados miembros. Al mismo tiempo, no obstante, la Comisión debe poder prorrogar estos plazos cuando dicha prórroga sea necesaria debido a la complejidad del caso objeto de investigación. El procedimiento de liquidación de cuentas debe otorgar a los Estados miembros el derecho al procedimiento contradictorio y a estudiar adecuadamente la información necesaria para la evaluación del riesgo para los Fondos.»
18      El artículo 34 del referido Reglamento de Ejecución, titulado «Liquidación de conformidad», establece:
«1.      Con el fin de determinar qué importes deben ser excluidos de la financiación de la Unión, al constatar que los gastos no se han realizado de conformidad con la normativa de la Unión, la Comisión utilizará sus propias conclusiones y tendrá en cuenta la información facilitada por los Estados miembros, a condición de que esta información se facilite dentro de los plazos fijados por la Comisión en el marco del procedimiento de liquidación de conformidad efectuado con arreglo al artículo 52 del Reglamento [n.º 1306/2013] y de conformidad con el presente artículo.
2.      Cuando, a raíz de una investigación, la Comisión considere que los gastos no se han realizado de conformidad con la normativa de la Unión, comunicará sus conclusiones al Estado miembro de que se trate, especificando las medidas correctoras necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa en el futuro e indicando el nivel provisional de corrección financiera que en esa fase del procedimiento considera que corresponde a sus conclusiones. En esa comunicación también programará una reunión bilateral en los cinco meses siguientes a la expiración del plazo de respuesta por el Estado miembro. La comunicación hará referencia al presente artículo.
El Estado miembro responderá en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la comunicación. En su respuesta, el Estado miembro tendrá la oportunidad, en particular, de:
a)      demostrar a la Comisión que el alcance real del incumplimiento o del riesgo para los Fondos es inferior al indicado por la Comisión;
b)      notificar a la Comisión las medidas correctoras adoptadas para garantizar el cumplimiento de las normas de la Unión y la fecha efectiva de su aplicación.
En casos justificados, y previa solicitud motivada del Estado miembro, la Comisión podrá autorizar una prórroga del plazo de dos meses por un máximo de dos meses. La solicitud deberá presentarse a la Comisión antes de la expiración del plazo.
Si el Estado miembro considera innecesario celebrar una reunión bilateral, informará de ello a la Comisión en su respuesta a la comunicación antes mencionada.
3.      En la reunión bilateral ambas partes procurarán alcanzar un acuerdo sobre las medidas que deban tomarse, así como sobre la evaluación de la gravedad de la infracción y del perjuicio financiero causado al presupuesto de la Unión.
En el plazo de 30 días hábiles de la reunión bilateral, la Comisión elaborará las actas y las enviará al Estado miembro. El Estado miembro podrá enviar sus observaciones a la Comisión en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de las actas.
En un plazo de seis meses a partir del envío de las actas de la reunión bilateral, la Comisión comunicará oficialmente sus conclusiones al Estado miembro basándose en la información recibida en virtud del procedimiento de liquidación de conformidad. Esa comunicación evaluará los gastos que deban excluirse de la financiación de la Unión, en virtud del artículo 52 del Reglamento [n.º 1306/2013] y del artículo 12 del Reglamento Delegado (UE) n.º 907/2014 [de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro (DO 2014, L 255, p. 18)]. La comunicación hará referencia al artículo 40, apartado 1, del presente Reglamento.
[…]
6.      Al evaluar los gastos que deban excluirse de la financiación de la Unión, la información proporcionada por el Estado miembro tras la comunicación oficial de la Comisión a que se refiere el apartado 3, párrafo tercero, solo podrá tenerse en cuenta:
a)      cuando sea necesaria para evitar la sobreestimación bruta del perjuicio financiero causado al presupuesto de la Unión, y
b)      si la transmisión tardía de la información está debidamente justificada por factores externos y no pone en peligro la pronta adopción por parte de la Comisión de la decisión de conformidad con el artículo 52 del Reglamento [n.º 1306/2013].
[…]»
19      El artículo 40 del mencionado Reglamento de Ejecución, titulado «Procedimiento de conciliación», establece en su apartado 1:
«Los Estados miembros podrán recurrir al órgano de conciliación en un plazo de 30 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación oficial de la Comisión a que se refiere el artículo 34, apartado 3, párrafo tercero, mediante una solicitud motivada de conciliación dirigida a la secretaría del órgano de conciliación.
[…]»
Antecedentes del litigio y Decisión controvertida
20      Los antecedentes del litigio fueron expuestos por el Tribunal General en los apartados 2 a 30 de la sentencia recurrida y, a efectos del presente procedimiento, pueden resumirse de la siguiente manera.
Investigación de 2017
21      La Comisión inició la investigación AA/2017/002/RO (en lo sucesivo, «investigación de 2017») con respecto a Rumanía, sobre la base del artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013 y del artículo
34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, para comprobar si la administración y el control por parte de esta de los regímenes de ayudas por superficie abonados por los fondos se habían llevado a cabo de conformidad con la normativa de la Unión por lo que atañe a los ejercicios financieros 2015 y 2016.
22      Del 12 al 16 de junio de 2017, la Comisión llevó a cabo una auditoría in situ en Rumanía.
23      El 28 de agosto de 2017, a raíz de dicha auditoría, la Comisión notificó a Rumanía los resultados de sus comprobaciones, de conformidad con el artículo
34, apartado
2, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, y le solicitó información adicional.
24      El 20 de febrero de 2018, la Comisión organizó una reunión bilateral (en lo sucesivo, «reunión bilateral relativa a 2017»), de conformidad con el artículo
34, apartado
2, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014.
25      El 3 de abril de 2018, se comunicó a Rumanía el acta de la reunión bilateral relativa a 2017, junto con una invitación a aportar información adicional antes del 2 de julio de 2018.
26      El 25 de abril de 2018, Rumanía transmitió sus observaciones sobre el acta de la reunión bilateral relativa a 2017 y, el 2 de julio y el 11 de septiembre de 2018, sus respuestas a la solicitud de información adicional formulada en dicha acta, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución n.º 908/2014.
27      El 1 de marzo de 2019, la Comisión comunicó a Rumanía, de conformidad con los artículos
34, apartado
3, párrafo tercero, y 40, apartado
1, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, sus conclusiones basadas en la información recibida en el marco del procedimiento de liquidación de conformidad. En concreto, la Comisión, por una parte, indicó que mantenía su posición de que el sistema aplicado por Rumanía durante los ejercicios financieros 2015 y 2016, objeto de la investigación de 2017, presentaba deficiencias en el funcionamiento de cinco controles clave y, por otra parte, precisó el importe de la cantidad que tenía previsto excluir de la financiación de la Unión.
28      El 10 de abril de 2019, Rumanía presentó una solicitud de conciliación. A raíz de la conciliación, el 24 de junio de 2019 se le remitió un informe del órgano de conciliación.
29      El 10 de julio de 2019, a raíz de dicho informe, Rumanía comunicó a la Comisión un cálculo de impacto revisado basado en el artículo
34, apartado
6, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014.
30      A continuación, la Comisión transmitió su posición final a Rumanía, en la que indicó que mantenía parcialmente su posición expresada en sus conclusiones comunicadas el 1 de marzo de 2019 y que reducía el importe de la cantidad que proponía excluir de la financiación de la Unión, tras haber tomado en consideración el cálculo de impacto revisado transmitido por Rumanía (en lo sucesivo, «posición final para 2017»).
31      Posteriormente, se comunicó a Rumanía el informe de síntesis relativo a la investigación de 2017.
Investigación de 2018
32      La Comisión inició la investigación AA/2018/007/RO (en lo sucesivo, «investigación de 2018») con respecto a Rumanía, sobre la base del artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013 y del artículo
34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, para comprobar si la administración y el control por parte de esta de los regímenes de ayudas por superficie abonados por los fondos se habían llevado a cabo de conformidad con la normativa de la Unión por lo que atañe a los ejercicios financieros 2017 y 2018.
33      Del 2 al 6 de julio de 2018, la Comisión llevó a cabo una auditoría in situ en Rumanía (en lo sucesivo, «auditoría de 2018»).
34      Mediante escrito de 28 de agosto de 2018, la Comisión notificó a Rumanía los resultados de sus comprobaciones, de conformidad con el artículo 34, apartado 2, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014.
35      El 29 de octubre de 2018, Rumanía remitió a la Comisión sus observaciones sobre los resultados de las comprobaciones.
36      El 23 de enero de 2019, la Comisión invitó a Rumanía a una reunión bilateral, de conformidad con el artículo
34, apartado
2, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014.
37      El 5 de marzo de 2019, la Comisión y las autoridades rumanas celebraron una reunión bilateral (en lo sucesivo, «reunión bilateral relativa a 2018»).
38      El 10 de abril de 2019, la Comisión remitió a Rumanía el acta de la reunión bilateral relativa a 2018 (en lo sucesivo, «acta de la investigación de 2018»).
39      El 3 de mayo de 2019, Rumanía comunicó a la Comisión sus observaciones sobre el acta de la investigación de 2018.
40      Mediante escrito de 10 de junio de 2019, Rumanía presentó sus respuestas a la solicitud de información adicional formulada en el acta de la investigación de 2018.
41      A continuación, el 19 de diciembre de 2019, la Comisión envió a Rumanía las conclusiones preliminares de la investigación de 2018 (en lo sucesivo, «comunicación relativa a los gastos excluidos para 2018»), de conformidad con el artículo
34, apartado
3, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, en las que comunicó su propuesta de excluir de la financiación de la Unión una cantidad de 178 846 662,94 euros y confirmó su punto de vista de que, en Rumanía, durante los ejercicios financieros 2017 y 2018, la aplicación del régimen de ayudas por superficie había infringido la normativa de la Unión.
42      Más concretamente, la Comisión señaló que los motivos de exclusión de los gastos en cuestión de los fondos guardaban relación con las deficiencias observadas en cuatro controles clave, a saber, los controles administrativos por lo que respecta a la definición de las tierras en barbecho en relación con la de los pastos temporales, la realización de controles cruzados para determinar la admisibilidad de las parcelas declaradas, la realización de un número suficiente de controles sobre el terreno y la realización de controles sobre el terreno de calidad suficiente.
43      El 5 de febrero de 2020, Rumanía presentó una solicitud de conciliación (en lo sucesivo, «solicitud de conciliación para 2018»).
44      El 15 de diciembre de 2020, Rumanía participó en una reunión de conciliación.
45      El 4 de enero de 2021, el órgano de conciliación comunicó su informe, en el que concluyó que no era posible la conciliación.
46      El 5 de julio de 2021, la Comisión comunicó a Rumanía su posición final, adoptada a raíz del informe de conciliación. En esta posición, en esencia, la Comisión mantuvo su apreciación de que el sistema aplicado en Rumanía durante los ejercicios financieros 2017 y 2018 presentaba deficiencias en el funcionamiento de cuatro controles clave. Además, la Comisión redujo las correcciones a tanto alzado propuestas a un importe de 178 320 110,85 euros.
47      Posteriormente, la Comisión remitió a Rumanía un informe de síntesis en el que recordó las diferentes etapas de la investigación de 2018, el alcance de las observaciones formuladas por Rumanía durante el procedimiento de liquidación de conformidad y la motivación de sus conclusiones finales.
48      El 17 de noviembre de 2021, la Comisión adoptó la Decisión controvertida.
49      Por lo que respecta a los gastos efectuados por Rumanía con cargo a los fondos correspondientes a los ejercicios financieros 2017 y 2018, la Comisión constató las infracciones del Derecho de la Unión mencionadas en el apartado
42 de la presente sentencia y decidió imponerle una corrección a tanto alzado por importe de 178 320 110,85 euros.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
50      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 27 de enero de 2022, Rumanía interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación parcial de la Decisión controvertida, en la medida en que se atañía a los gastos que había efectuado con cargo a los fondos, durante los ejercicios financieros 2018 y 2019, por un importe de 178 320 110,85 euros.
51      En apoyo de su recurso, Rumanía alegó tres motivos.
52      En la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó esos motivos por infundados y, en consecuencia, desestimó el recurso en su totalidad.
53      En primer lugar, en los apartados
34 a 173 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó y desestimó el primer motivo, basado en el ejercicio inadecuado, por parte de la Comisión, de su competencia para excluir importes de la financiación de la Unión sobre la base del artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013, que se articulaba en cinco partes.
54      En primer término, en los apartados
37 a 52 de la referida sentencia, el Tribunal General analizó y desestimó, por infundada, la primera parte del mencionado motivo, basada en errores supuestamente cometidos por la Comisión en la constatación de deficiencias en los controles administrativos por lo que respecta a la relación entre la investigación de 2017 y la investigación de 2018, así como en el plazo aplicable a la información transmitida por Rumanía en el marco de la investigación de 2018.
55      A este respecto, el Tribunal General señaló, en particular en los apartados
41 y 42 de la citada sentencia, que la investigación de 2017 y la investigación de 2018 se solapaban en cuanto a los cuatro controles clave respecto de los cuales la Comisión había constatado infracciones. No obstante, señaló que, por una parte, estas infracciones se referían a dos períodos diferentes, ya que la investigación de 2017 atañía a los ejercicios financieros 2015 y 2016 y la investigación de 2018 a los ejercicios financieros 2017 y 2018, y, por otra parte, que la decisión adoptada a raíz de la investigación de 2017 no había sido objeto de recurso y, por tanto, había adquirido firmeza. El Tribunal General consideró que el recurso se había interpuesto contra la Decisión controvertida, que había sido adoptada al término de la investigación de 2018 y que se refería a los ejercicios financieros 2017 y 2018. Por consiguiente, según el Tribunal General, Rumanía solo podía cuestionar, por lo que respecta a la investigación de 2017, las referencias a dicha investigación efectuadas por la Comisión durante la investigación de 2018 y sobre cuya base esta última había adoptado la Decisión controvertida.
56      Por lo que respecta al plazo aplicable a la comunicación de información por parte de Rumanía en el marco de la investigación de 2018, el Tribunal General señaló, en el apartado
47 de la sentencia recurrida, que los dos requisitos establecidos a este respecto en el artículo
34, apartado
6, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014 tenían carácter acumulativo, de modo que, si no se cumplía uno de ellos, no procedía examinar el otro.
57      A continuación, el Tribunal General declaró, en el apartado
49 de la referida sentencia, que el solapamiento parcial de la investigación de 2017 y de la investigación de 2018 no afectaba a la legalidad de la Decisión controvertida, de modo que el comportamiento reprochado a la Comisión por Rumanía, que alegó que se había visto imposibilitada de facilitar la información esencial para la investigación de 2018 debido al comportamiento de la Comisión en el marco de la investigación de 2017, no podía considerarse un factor externo en el sentido del artículo
34, apartado
6, letra b), del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014.
58      Además, en el apartado
50 de la citada sentencia, el Tribunal General señaló que, en el marco del procedimiento de liquidación de conformidad, el Estado miembro afectado debía presentar una explicación que permitiera considerar que factores externos habían justificado la presentación tardía de información, tras la comunicación oficial enviada por la Comisión, y que correspondía a esta última evaluar si dicha explicación era satisfactoria, dado que, en el supuesto de que la Comisión hubiera rechazado tal explicación y no hubiera aplicado el artículo
34, apartado
6, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, dicho Estado miembro habría podido impugnar, ante el Tribunal General, la negativa a tomar en consideración la información transmitida de ese modo.
59      En el apartado
51 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló, por una parte, que, en la investigación de 2018, el único factor externo invocado por Rumanía se refería a la información sobre los porcentajes de error utilizados para calcular el riesgo para el FEAGA. Por otra parte, Rumanía no había impugnado el comportamiento de la Comisión durante el procedimiento de liquidación de conformidad, sino únicamente ante el Tribunal General, de modo que no podía reprocharse válidamente a la Comisión no haber examinado correctamente el concepto de «factor externo», en el sentido del artículo
34, apartado
6, letra b), del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014.
60      En segundo término, en los apartados
53 a 99 de la mencionada sentencia, el Tribunal General examinó y desestimó, por infundada, la segunda parte del primer motivo, basada en errores de apreciación supuestamente cometidos por la Comisión en la constatación de
deficiencias en los controles administrativos por lo que respecta a la definición de las tierras en barbecho en relación con la definición de pastos temporales.
61      A este respecto, el Tribunal General desestimó para empezar, en el apartado
77 de la citada sentencia, una primera imputación, basada en las referencias a la investigación de 2017 hechas por la Comisión en el marco de la investigación de 2018.
62      Por lo que respecta a la alegación de Rumanía según la cual, en el caso de tierras de cultivo cuya superficie está comprendida entre 10 y 30 hectáreas (ha), el hecho de que las tierras en barbecho se confundan con pastos temporales no implica ningún riesgo para los fondos y que, por consiguiente, en el presente asunto se ha respetado el artículo
44, apartado
1, del Reglamento n.º 1307/2013, el Tribunal General consideró, en particular, en el apartado
70 de la sentencia recurrida, que, al afirmar que, en casi todos los casos, si uno de los dos cultivos, pasto temporal o tierra en barbecho, se declara en una de las dos categorías necesarias para garantizar la diversificación (cultivo principal o secundario), otros cultivos se declaran en la otra categoría, Rumanía reconoció implícitamente que no estaba en condiciones de garantizar que no existía riesgo para los fondos.
63      En el apartado
71 de la referida sentencia, el Tribunal General precisó que esta argumentación equivalía a admitir la eventual existencia de casos en los que los dos cultivos exigidos en el artículo
44, apartado
1, párrafo primero, del Reglamento n.º 1307/2013 fueran tierras en barbecho y pastos temporales. Así pues, contrariamente a lo que había alegado Rumanía, habría sido necesario distinguir entre tierras en barbecho y pastos temporales para garantizar el cumplimiento del requisito establecido en la antedicha disposición según el cual debe haber dos cultivos en las tierras de cultivo del agricultor que cubran entre 10 y 30
ha, en la medida en que podría existir una situación en la que, en realidad, las tierras de cultivo estuvieran totalmente cubiertas por tierras en barbecho o pastos temporales.
64      En cuanto a la alegación de Rumanía según la cual, si bien, en principio, el cultivo principal no debe cubrir más del 75 % de las tierras de cultivo, la superación de dicho umbral está permitida tanto en el caso de las tierras en barbecho como en el de los pastos temporales, de conformidad con el artículo
44, apartado
3, del Reglamento n.º 1307/2013, de modo que, aun cuando se confundan ambos cultivos, no existe ningún riesgo para los fondos, el Tribunal General declaró, en el apartado
72 de dicha sentencia, que Rumanía no había aportado la prueba de que se cumpliera el requisito previo para la aplicación de la excepción prevista en el artículo
44, apartado
3, letra a), de este Reglamento, a saber, que los pastos temporales, las tierras en barbecho o su combinación representen más del 75 % de las tierras de cultivo de una explotación.
65      Por lo que respecta a la alegación de Rumanía de que sus inspectores habían controlado las tierras declaradas en barbecho durante dos años consecutivos para sancionar posibles irregularidades, el Tribunal General señaló, en el apartado
76 de la sentencia recurrida, que la auditoría de 2018 había puesto de relieve un problema diferente, a saber, el hecho de que, sobre el terreno, se había cometido un error en la calificación de las tierras y había tenido consecuencias en cadena, lo que había puesto en entredicho la aplicación de los umbrales de ecologización basados en la diversificación de cultivos de conformidad con el artículo
44 del Reglamento n.º 1307/2013.
66      A continuación, el Tribunal General desestimó, en el apartado
87 de la referida sentencia, la segunda imputación, basada en la supuesta falta de claridad de la base jurídica de la investigación de 2018.
67      El Tribunal General se basó, en los apartados
83 a 86 de la mencionada sentencia, en el hecho de que Rumanía había tenido conocimiento de la base jurídica de la investigación de 2018 como muy tarde el 10 de abril de 2019, día de la comunicación del acta de la investigación de 2018. Además, en su opinión, Rumanía no podía sostener válidamente que la referencia al artículo
44 del Reglamento n.º 1307/2013, que se refiere a la diversificación de cultivos con vistas a acogerse al régimen de pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, no era suficiente para comprender la naturaleza y el alcance de la impugnación de la Comisión.
68      Por último, el Tribunal General desestimó, en el apartado
99 de la sentencia recurrida, la tercera imputación, basada en supuestos errores en el cálculo de la corrección a tanto alzado aplicada por la Comisión en el marco de la investigación de 2018.
69      A tal fin, señaló, en particular, por una parte, en el apartado
95 de la referida sentencia, que la excepción prevista en el artículo
34, apartado
6, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014 no era aplicable en el caso de autos. Por otra parte, declaró, en el apartado
97 de la mencionada sentencia, que Rumanía no había demostrado que la Comisión hubiera incurrido en un error de apreciación al considerar que la corrección, alegada por Rumanía en apoyo de su alegación de que la irregularidad señalada por la Comisión era de escasa gravedad y tenía un alcance reducido, no se había producido.
70      En tercer término, en los apartados
100 a 152 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó y desestimó por infundada la tercera parte del primer motivo, basada en supuestos errores de apreciación cometidos por la Comisión al constatar la existencia de deficiencias en la realización de los controles cruzados para determinar la admisibilidad de la parcela declarada.
71      Por lo que respecta a la primera imputación, basada en supuestos errores de apreciación cometidos por la Comisión al constatar la existencia de deficiencias en la realización de los controles en el marco del FEAGA, el Tribunal General la desestimó en el apartado
143 de la referida sentencia.
72      En particular, distinguió, en los apartados
121 y 122 de la mencionada sentencia, la actualización del sistema de información sobre parcelas agrícolas (en lo sucesivo, «SIPA») del bajo porcentaje de incumplimientos detectados en la investigación de 2018 y estimó que la Comisión no había incurrido en error de apreciación al considerar en la Decisión controvertida que, por lo que atañe a esa actualización, no existía un umbral aplicable a los errores.
73      Por lo que respecta a dicha actualización, el Tribunal General consideró, en los apartados
130 y 131 de la sentencia recurrida, que la cuestión del fundamento jurídico de la actualización trienal del SIPA no tenía incidencia alguna en las deficiencias que la Comisión había constatado. En efecto, por una parte, del acta de la reunión bilateral de 8 de septiembre de 2017 sobre el plan de acción de 2017 citada por la propia Rumanía se desprendía que ningún Estado miembro había sido sancionado por no haber procedido a una actualización del SIPA cada tres años, pero que los errores derivados de la falta de actualización creaban un riesgo para los fondos y podían dar lugar a correcciones financieras. Por otra parte, como ya había declarado el Tribunal General en relación con otras alegaciones de Rumanía, era la antigüedad de las imágenes del SIPA la que originaba el riesgo para el FEAGA.
74      Por lo que se refiere a la segunda imputación, basada en supuestos errores de apreciación cometidos por la Comisión al constatar la existencia de deficiencias en la realización de los controles en el marco del Feader, el Tribunal General la desestimó en el apartado
152 de la referida sentencia.
75      El Tribunal General consideró, por una parte, en el apartado
149 de la mencionada sentencia, que la Comisión había explicado acertadamente, en la comunicación relativa a los gastos excluidos para 2018, que no había tenido en cuenta los cálculos presentados por Rumanía debido a que no se ajustaban a lo acordado en la reunión bilateral referente a 2018. Por otra parte, declaró, en el apartado
150 de la misma sentencia, que la Comisión no incurrió en error de apreciación al considerar que la excepción prevista en el artículo
34, apartado
6, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014 no era aplicable en el caso de autos.
76      El Tribunal General también indicó, en el apartado
151 de la sentencia recurrida, que, en cualquier caso, no correspondía a la Comisión probar que los cálculos de un Estado miembro eran erróneos, sino que incumbía a este último demostrar que los elementos en los que se había basado la Comisión para expresar sus dudas eran erróneos, lo que, a su juicio, Rumanía no había hecho en el presente asunto.
77      En cuarto término, en los apartados
153 a 169 de la referida sentencia, el Tribunal General examinó y desestimó, por infundada, la cuarta parte del primer motivo, basada en supuestos errores de apreciación cometidos por la Comisión al constatar la existencia de deficiencias en la realización de un número suficiente de controles sobre el terreno.
78      Por lo que respecta al desacuerdo entre Rumanía y la Comisión sobre el porcentaje de beneficiarios que deben ser objeto de control en el marco de las medidas de ayuda en favor de la ecologización cuando se constatan incumplimientos significativos, el Tribunal General observó, para empezar, en el apartado
162 de la sentencia recurrida, que ese desacuerdo estaba relacionado con la determinación del porcentaje resultante del cálculo destinado a establecer uno de los dos valores necesarios para determinar dicho porcentaje.
79      Por lo que atañe al documento de trabajo DS/CDP/2015/19, al que había hecho referencia Rumanía, el Tribunal General señaló, en el apartado
163 de la referida sentencia, que dicho documento indicaba que el pago de ecologización solo podía efectuarse para la superficie que, en principio, era admisible, es decir, la que cumplía los criterios de admisibilidad del régimen de pago único por superficie (en lo sucesivo, «RPUS»). En el apartado
164 de la mencionada sentencia, el Tribunal General señaló que el citado documento precisaba, por lo que respecta a la fórmula que debe utilizarse para determinar el porcentaje de control de la ecologización que debería incrementarse el año siguiente al de los incumplimientos significativos, que el numerador, es decir, la reducción total por ecologización en hectáreas, debía entenderse como la reducción total del número de hectáreas de la región controlada, incluida la reducción por todas los requisitos en materia de ecologización. Ello implicaba, según el Tribunal General, que debía tenerse en cuenta no solo la reducción resultante de todos los requisitos en materia de ecologización, sino también la reducción del número de hectáreas de la región controlada.
80      En quinto término, en los apartados
170 a 173 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó y desestimó, por infundada, la quinta parte del primer motivo, basada en supuestos errores cometidos por la Comisión al constatar la existencia de deficiencias en la realización de controles sobre el terreno de calidad suficiente, en la medida en que el fundamento de esta parte estaba vinculado al de las partes segunda y tercera del primer motivo.
81      En segundo lugar, en los apartados
174 a 181 de la referida sentencia, el Tribunal General examinó y desestimó, por infundado, el segundo motivo, basado en una supuesta violación del principio de proporcionalidad.
82      A este respecto, el Tribunal General señaló, en el apartado
180 de la mencionada sentencia, que, en el marco de este motivo, Rumanía había invocado de nuevo, por una parte, el hecho de no haber podido presentar cálculos adecuados en el plazo previsto en el artículo
34, apartado
3, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014 debido al solapamiento de la investigación de 2017 y de la investigación de 2018 y, por otra parte, el hecho de que la Comisión no había aplicado el artículo
34, apartado
6, de dicho Reglamento de Ejecución ni, por tanto, había tenido en cuenta los cálculos que había presentado en la solicitud de conciliación para 2018. Por consiguiente, el Tribunal General consideró, en el apartado
181 de la misma sentencia, que, en la medida en que había declarado, por una parte, que la presentación de cálculos adecuados en el marco de la investigación de 2018 no dependía de los cálculos de la investigación de 2017 y, por otra parte, que en el caso de autos no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo
34, apartado
6, del citado Reglamento de Ejecución, procedía desestimar el segundo motivo.
83      En tercer lugar, en los apartados
182 a 209 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó y desestimó, por infundado, el tercer motivo, basado en un supuesto incumplimiento de la obligación de motivación.
Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
84      Rumanía solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Declare la admisibilidad del recurso de casación y anule la sentencia recurrida en su totalidad.
–        Resuelva definitivamente el litigio estimando el recurso de anulación parcial de la Decisión controvertida.
–        Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie de nuevo estimando el recurso de anulación parcial de la Decisión controvertida interpuesto por Rumanía.
–        Condene en costas a la Comisión.
85      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene en costas a Rumanía.
Sobre el recurso de casación
86      En apoyo de su recurso de casación, Rumanía invoca cuatro motivos.
Primer motivo de casación, basado en una infracción del artículo 52 del Reglamento n.º 1306/2013, en relación con el artículo 34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014 y con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»)
87      El primer motivo de casación comprende cuatro partes.
Primera parte del primer motivo de casación, relativa a la modificación de la base jurídica de las propuestas de corrección financiera de la Comisión durante el procedimiento de liquidación de conformidad
–       Alegaciones de las partes
88      En el marco de la primera parte del primer motivo de casación, Rumanía impugna los apartados 85 y 86 de la sentencia recurrida.
89      Por un lado, según Rumanía, el Tribunal General declaró erróneamente que la Comisión podía modificar la base jurídica de sus propuestas de corrección financiera durante el procedimiento de liquidación de conformidad, incluso en el marco de la reunión bilateral. Por otro lado, a su entender, el Tribunal General consideró erróneamente que Rumanía había sido informada del fundamento jurídico de dichas propuestas como muy tarde el 10 de abril de 2019, a saber, el día de la comunicación del acta de la investigación de 2018, y que este Estado miembro había tenido la oportunidad de presentar eficazmente sus observaciones antes de que la Comisión le enviara la comunicación relativa a los gastos excluidos.
90      En efecto, según Rumanía, el procedimiento de liquidación supone, de conformidad con el artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013, en relación con el artículo
34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, que, desde la primera fase de dicho procedimiento, la Comisión indique las normas de la Unión que considera que se han infringido, las medidas necesarias y la corrección prevista al respecto.
91      Rumanía recuerda, refiriéndose a la sentencia de 3 de mayo de 2012, España/Comisión (C‑24/11 P, EU:C:2012:266), apartados
26 a 28, que, a raíz de una investigación y en caso de que considere que los gastos no se han realizado de conformidad con la normativa de la Unión, la Comisión está obligada a comunicar al Estado miembro de que se trate los resultados de sus comprobaciones y a indicar las medidas correctoras que deban adoptarse para garantizar el cumplimiento de la normativa en el futuro. Señala que, para que dicha comunicación pueda cumplir una función de advertencia al Estado miembro, la Comisión debe proporcionarle un pleno conocimiento de sus reservas de la Comisión y, en particular, indicar con la suficiente precisión la irregularidad que se le reprocha.
92      La Comisión considera que la primera parte del primer motivo de casación debe desestimarse por infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
93      Con carácter preliminar, procede recordar, por una parte, que la liquidación de conformidad se regula en el artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013.
94      Con arreglo al apartado
1 de dicho artículo
52, se llevará a cabo una liquidación de conformidad cuando la Comisión compruebe que algunos de los gastos a que se refieren el artículo
4, apartado
1, y el artículo
5 del mencionado Reglamento no se han efectuado de conformidad con la legislación de la Unión y, en el caso del Feader, con la legislación de la Unión y nacional aplicable contemplada en el artículo 85 del Reglamento n.º 1303/2013. A continuación, la Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan los importes que deben excluirse de la financiación de la Unión.
95      El apartado 3 del artículo 52 del Reglamento n.º 1306/2013 define, por su parte, el procedimiento que debe seguirse antes de adoptar cualquier decisión de denegación de la financiación. De ello se desprende que la adopción de una decisión de este tipo se supedita a la existencia de un intercambio, entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate, de notificaciones escritas sobre el resultado de las verificaciones efectuadas por la Comisión con el objetivo de alcanzar a un acuerdo sobre las medidas que deban adoptarse. A falta de acuerdo, el Estado miembro de que se trate puede solicitar la apertura de un procedimiento de conciliación, al término del cual se presenta a la Comisión un informe con recomendaciones que esta tiene en cuenta antes de pronunciarse sobre la denegación de financiación [véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de 2025, Bulgaria/Comisión (Gastos indebidos financiados por el FEAGA), C‑294/23 P, EU:C:2025:823, apartado 56].
96      Este procedimiento instaura así un diálogo entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate y tiene por objeto, en esencia, en primer término, permitirles intercambiar información, en segundo término, brindar a ese Estado miembro la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, en tercer término, permitir a este demostrar la inexactitud de las constataciones de la Comisión y, por último, en cuarto término, permitir al citado Estado miembro informar a la Comisión acerca de las medidas correctoras aplicadas para garantizar el cumplimiento de la normativa de la Unión [véase, por analogía, la sentencia de 13 de febrero de 2020, Grecia/Comisión (Pastos permanentes), C‑252/18 P, EU:C:2020:95, apartado 84].
97      Por otra parte, con arreglo al artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 1306/2013, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, cuyo artículo 34 establece las modalidades del procedimiento de liquidación de conformidad previsto en el artículo 52 del Reglamento n.º 1306/2013.
98      Tal como se desprende del artículo 34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, interpretado a la luz del considerando 27 de este, se trata de un procedimiento contradictorio cuyas diferentes fases están sujetas al respeto de plazos específicos a fin de garantizar que se concluya en un plazo razonable [véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de 2025, Bulgaria/Comisión (Gastos indebidos financiados por el FEAGA), C‑294/23 P, EU:C:2025:823, apartado 58].
99      En la primera fase, de conformidad con el artículo
34, apartado
2, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, la Comisión comunicará sus constataciones al Estado miembro de que se trate, especificando las medidas correctoras que estime que debe adoptar e indicando el nivel provisional de corrección financiera que considere adecuado.
100    De la jurisprudencia se desprende que esta comunicación debe identificar de manera suficientemente precisa todas las irregularidades reprochadas al Estado miembro interesado que, en definitiva, hayan fundamentado la corrección financiera prevista. Solo tal comunicación puede garantizar un perfecto conocimiento de las reservas de la Comisión [véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de 2025, Bulgaria/Comisión (Gastos indebidos financiados por el FEAGA), C‑294/23 P, EU:C:2025:823, apartado
59 y jurisprudencia citada].
101    Además, con arreglo al artículo 34, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, la referida comunicación ha de programar la celebración de una reunión bilateral en los cinco meses siguientes a la expiración del plazo de respuesta de que dispone el Estado miembro de que se trate. Asimismo, del artículo
34, apartado
3, párrafo segundo, de dicho Reglamento de Ejecución se desprende que la Comisión, en el plazo de 30 días hábiles a partir de la reunión bilateral, elaborará el acta de esta y la enviará al Estado miembro de que se trate, que podrá remitir sus observaciones a la Comisión en el plazo de 15 días hábiles a partir de su recepción.
102    Pues bien, aunque la comunicación a la que se refiere el apartado
99 de la presente sentencia debe proporcionar al Estado miembro de que se trate un pleno conocimiento de las reservas de la Comisión, de modo que pueda cumplir una función de advertencia [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2020, Grecia/Comisión (Pastos permanentes), C‑252/18 P, EU:C:2020:95, apartado
82 y jurisprudencia citada], de ello no se desprende que todas las disposiciones jurídicas potencialmente infringidas por la irregularidad inicialmente constatada deban necesariamente mencionarse en dicha comunicación.
103    En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en la medida en que la citada comunicación pueda cumplir una función de advertencia, la mera omisión en el mencionado documento de una referencia jurídica no constituye un vicio sustancial de forma
(véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de enero de 2002, Finlandia/Comisión, C‑170/00, EU:C:2002:51, apartado 34, y de 7 de octubre de 2004, España/Comisión, C‑153/01, EU:C:2004:589, apartado 93).
104    Del mismo modo, si bien la Comisión está obligada a respetar, en las relaciones con los Estados miembros, las condiciones que ella misma se ha impuesto mediante los reglamentos de desarrollo, los Estados miembros no pueden adoptar, en sus relaciones con la Comisión, posiciones puramente formalistas, si de los hechos del caso se deduce que sus derechos han quedado totalmente protegidos (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de enero de 2002, Finlandia/Comisión, C‑170/00, EU:C:2002:51, apartado 34, y de 7 de octubre de 2004, España/Comisión, C‑153/01, EU:C:2004:589, apartado 93). Así sucede, en particular, cuando el Estado miembro de que se trate ha podido comprender el fundamento de las propuestas de corrección financiera de la Comisión y ha podido expresar eficazmente su punto de vista durante el procedimiento de liquidación de conformidad (véase, por analogía, la sentencia de 19 de enero de 2006, Comunità montana della Valnerina/Comisión, C‑240/03 P, EU:C:2006:44, apartado
129 y jurisprudencia citada).
105    Procede añadir que, contrariamente a lo que sostiene Rumanía, la interpretación del artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013, en relación con el artículo
34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, según la cual no puede realizarse ninguna modificación de la base jurídica relativa a las propuestas de corrección financiera de la Comisión tras la comunicación mencionada en el apartado
99 de la presente sentencia, que constituye la primera fase del procedimiento de liquidación de conformidad, equivaldría a admitir, contrariamente a la jurisprudencia citada en el apartado
104 de esta sentencia, que los Estados miembros pueden impedir el desarrollo del citado procedimiento. Esta interpretación supondría no tener en cuenta el carácter evolutivo del mencionado procedimiento, que se basa en el intercambio de información entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate y obligar a la Comisión a reiniciar dicho procedimiento, aun cuando de las circunstancias del caso de autos se desprenda que ese Estado miembro comprendió las propuestas de corrección financiera de la Comisión y pudo presentar eficazmente sus observaciones sobre ellas antes de que tal institución le comunicara, de conformidad con el artículo
34, apartado
3, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, las conclusiones a las que llegó sobre la base de la información recibida en el marco del procedimiento de liquidación de conformidad. Por consiguiente, tal interpretación sería contraria al objetivo de salvaguardar los intereses financieros del presupuesto de la Unión, enunciado en los considerandos 37 y 39 del Reglamento n.º 1306/2013, en la medida en que podría menoscabar la eficacia de la recuperación de los importes indebidamente gastados.
106    Así pues, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado
85 de la sentencia recurrida, que la Comisión puede modificar la base jurídica de sus propuestas de corrección financiera durante el procedimiento de liquidación de conformidad, siempre que dicha modificación tenga lugar en un momento de ese procedimiento que permita al Estado miembro pronunciarse sobre esas propuestas.
107    Por lo que atañe a la cuestión de si el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado
86 de la sentencia recurrida, que Rumanía había sido informada, como muy tarde el 10 de abril de 2019, de la base jurídica de las alegaciones de la Comisión, y que, por ello, había podido pronunciarse eficazmente sobre dichas propuestas, de la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal General, en los apartados
83 y 84 de la sentencia recurrida, no rebatida por Rumanía, se desprende que, en el acta de la investigación de 2018 que se había comunicado a Rumanía el 10 de abril de 2019, la Comisión había precisado que la base jurídica de las deficiencias que se le reprochaban estaba constituida por los artículos
4 y 44 a 46 del Reglamento n.º 1307/2013. En el apartado
84 de la referida sentencia, el Tribunal General señaló, además, que dicho Estado miembro tenía conocimiento de las deficiencias detectadas en el marco de la auditoría de 2018 relativas a la cuestión de la definición de las tierras en barbecho con respecto a la de los pastos temporales, de modo que no podía sostener válidamente que la referencia al artículo
44 de dicho Reglamento, relativo a la diversificación de cultivos con el fin de acogerse al régimen de pago en favor de la ecologización, no era suficiente para comprender la naturaleza y el alcance de las alegaciones de la Comisión.
108    En estas circunstancias, habida cuenta de que Rumanía tuvo así la posibilidad de presentar sus observaciones sobre el referido documento, tal como exigen las disposiciones mencionadas en el apartado
101 de la presente sentencia, el Tribunal General pudo considerar, en el apartado
86 de la sentencia recurrida, que Rumanía había sido informada de la base jurídica de las propuestas de corrección financiera de la Comisión como muy tarde el 10 de abril de 2019, día de la comunicación del acta de la investigación de 2018, de modo que había tenido la oportunidad de presentar eficazmente sus observaciones antes de que la Comisión le enviara sus conclusiones sobre los gastos excluidos para 2018.
109    De las consideraciones anteriores se desprende que procede desestimar por infundada la primera parte del primer motivo de casación.
Segunda parte del primer motivo de casación, relativa a la aplicabilidad del artículo 52 del Reglamento n.º 1306/2013, en relación con el artículo 34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, a la transmisión de información relativa a la inexistencia de infracción del Derecho de la Unión
–       Alegaciones de las partes
110    En el marco de la segunda parte del primer motivo de casación, Rumanía impugna los apartados 50 y 51 de la sentencia recurrida.
111    A su entender, el Tribunal General incurrió en error al declarar en esos apartados que el artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013, en relación con el artículo
34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, no solo es aplicable a la transmisión de información relativa al cálculo de la corrección financiera, sino también a la transmisión de información relativa a la inexistencia de infracción del Derecho de la Unión.
112    Según Rumanía, el Tribunal General se refirió, en los mencionados apartados, a los requisitos establecidos en el artículo
34, apartado
6, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2004 para validar, en esencia, la conclusión de la Comisión según la cual la información transmitida por Rumanía tras la comunicación relativa a los gastos excluidos para 2018 y destinada a demostrar la inexistencia de infracción del Derecho de la Unión no debería haberse tomado en consideración.
113    Pues bien, a juicio de Rumanía, el requisito establecido en el artículo
34, apartado
6, letra a), del citado Reglamento de Ejecución hace referencia a la toma en consideración de la información facilitada tardíamente por el Estado miembro, con el fin de evitar una sobreestimación bruta del perjuicio financiero causado al presupuesto de la Unión. En su opinión, esta disposición constituye, por tanto, una excepción que debe ser objeto de una interpretación y una aplicación estrictas. En consecuencia, a su entender, no se aplica a la transmisión de información relativa a la inexistencia de infracción del Derecho de la Unión.
114    La Comisión estima, con carácter principal, que la segunda parte del primer motivo de casación es inadmisible. Recuerda que, en el marco de un recurso de casación, el control del Tribunal de Justicia queda limitado a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos y alegaciones objeto de debate ante el Tribunal General. Pues bien, a su juicio, Rumanía no sostuvo ante el Tribunal General que el artículo
34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014 no era aplicable al procedimiento de liquidación de conformidad que dio lugar a la Decisión controvertida, sino que sostuvo lo contrario. Además, la Comisión considera que las alegaciones formuladas por Rumanía no permiten determinar claramente cuál es la infracción del Derecho de la Unión cometida en el marco del procedimiento de liquidación de conformidad llevado a cabo en el presente asunto, que dicho Estado miembro considera, por otra parte, «inexistente».
115    Con carácter subsidiario, la Comisión alega que la segunda parte del primer motivo de casación debe desestimarse por infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
116    Con carácter preliminar, la Comisión aduce la inadmisibilidad de la segunda parte del primer motivo de casación debido, por un lado, a que Rumanía no ha formulado la alegación relativa a la inaplicabilidad del artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013, en relación con el artículo
34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, a la transmisión de información relativa a la inexistencia de infracción del Derecho de la Unión ante el Tribunal General y, por otra lado, a que, a su entender, esta alegación carece de claridad.
117    A este respecto, basta señalar que, según reiterada jurisprudencia, en el procedimiento de casación, la competencia del Tribunal de Justicia se limita a la apreciación de la solución jurídica dada a los motivos debatidos ante los jueces que conocieron del asunto en primera instancia. Por lo tanto, una parte no puede invocar por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no haya invocado ante el Tribunal General, ya que ello equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. No obstante, un recurrente puede interponer un recurso de casación invocando, ante el Tribunal de Justicia, motivos y alegaciones derivados de la propia sentencia recurrida y mediante los que se pretenda criticar los fundamentos jurídicos de esta (sentencia de 6 de octubre de 2021, Sigma Alimentos Exterior/Comisión, C‑50/19 P, EU:C:2021:792, apartado 39 y 40 y jurisprudencia citada).
118    En el caso de autos, Rumanía critica, de manera clara y detallada los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida, que figuran en sus apartados 50 y 51. Si, como sostiene Rumanía, el artículo 52 del Reglamento n.º 1306/2013, en relación con el artículo 34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, no fuera aplicable a la transmisión de información relativa a la inexistencia de infracción del Derecho de la Unión, la apreciación formulada por el Tribunal General en esos apartados sobre la presentación tardía de dicha información sería errónea. Así pues, no puede considerarse que la segunda parte del primer motivo de casación modifique el objeto del litigio planteado ante el Tribunal General ni que carezca de claridad, circunstancias que tendrían como consecuencia la inadmisibilidad de dicha parte del motivo.
119    Habida cuenta de estas consideraciones, procede desestimar la causa de inadmisión dirigida contra la segunda parte del primer motivo de casación.
120    En cuanto al fondo, del artículo
34, apartado
6, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014 se desprende que esta disposición se refiere a la evaluación de los gastos que deben excluirse de la financiación de la Unión.
121    Pues bien, la apreciación de si existe una infracción del Derecho de la Unión que dé lugar a tal exclusión y la determinación del importe de la corrección financiera resultante están intrínsecamente vinculadas. Por consiguiente, no puede considerarse, como alega en esencia Rumanía, que la presentación de información adicional por el Estado miembro de que se trate para demostrar la inexistencia de infracción del Derecho de la Unión pueda realizarse después de la comunicación de las conclusiones oficiales de la Comisión sin tener en cuenta el marco establecido en el artículo
34, apartado
6, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, que fija las condiciones en las que el Estado miembro puede comunicar tal información.
122    En efecto, si esta disposición no fuera aplicable a la transmisión de dicha información, los Estados miembros podrían facilitar a la Comisión, tras la comunicación de las conclusiones oficiales de esta última, información adicional que la obligara a revisar continuamente sus propias conclusiones por lo que atañe a la supuesta inexistencia de infracción del Derecho de la Unión.
123    Además, como se desprende del apartado
98 de la presente sentencia, el procedimiento de liquidación de conformidad constituye un procedimiento contradictorio cuyas diferentes fases están sujetas al respeto de plazos específicos a fin de garantizar que se concluya en un plazo razonable.
124    Pues bien, la interpretación del artículo
34, apartado
6, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014 propuesta por Rumanía tendría como consecuencia prolongar este procedimiento y vaciaría de contenido los plazos específicos que la Comisión y los Estados miembros están obligados a respetar de conformidad con el artículo
34, apartado
3, de dicho Reglamento de Ejecución.
125    Tal interpretación, en la medida en que permitiría a los Estados miembros prolongar el procedimiento de recuperación de los importes indebidamente gastados, sería, por otra parte, difícilmente conciliable con el objetivo de salvaguarda de los intereses financieros del presupuesto de la Unión, enunciado en los considerandos 37 y 39 del Reglamento n.º 1306/2013. En efecto, como se ha señalado en el apartado
105 de la presente sentencia, una prolongación del procedimiento de liquidación de conformidad puede menoscabar la eficacia de la recuperación de esos importes.
126    Por tanto, procede desestimar por infundada la segunda parte del primer motivo de casación.
Tercera parte del primer motivo de casación, relativa al concepto de «factor externo», en el sentido del artículo 34, apartado 6, letra b), del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014
–       Alegaciones de las partes
127    En el marco de la tercera parte del primer motivo de casación, Rumanía impugna el apartado 49 de la sentencia recurrida.
128    En su opinión, el Tribunal General incurrió en error al declarar que un comportamiento de la Comisión, a saber, un solapamiento parcial de dos investigaciones y la aclaración tardía, en la primera investigación, de elementos pertinentes para la segunda investigación, no podía constituir un «factor externo» a esa segunda investigación, en el sentido del artículo
34, apartado
6, letra b), del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014.
129    Pues bien, según Rumanía, cualquier elemento externo que impida a un Estado miembro conocer los elementos que se le reprochan constituye un «factor externo» en el sentido de esa disposición. Este sería, a su entender, el caso, en particular, de la aclaración tardía, por parte de la Comisión, de la deficiencia reprochada o de la adopción, por parte de esta última, de un enfoque diferente en dos investigaciones llevadas a cabo al mismo tiempo.
130    Además, Rumanía subraya que no invocó el solapamiento de las dos investigaciones para impugnar la legalidad de la investigación de 2017, relativa a los años 2015 y 2016, contrariamente a lo que se desprende de los apartados
41 y 42 de la sentencia recurrida. Según Rumanía, este solapamiento afectó a la legalidad de la investigación de 2018, ya que no pudo conocer a tiempo los hechos que se le imputaban en dicha investigación.
131    La Comisión alega, con carácter principal, que la tercera parte del primer motivo de casación es inadmisible. Recuerda que, según reiterada jurisprudencia, con arreglo al artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Pues bien, a su entender, Rumanía se limita en realidad a impugnar la apreciación fáctica realizada por el Tribunal General en el apartado
49 de la sentencia recurrida. Con carácter subsidiario, la Comisión rebate el fundamento de la argumentación de Rumanía.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
132    Con carácter preliminar, la Comisión alega que, mediante la tercera parte del primer motivo de casación, Rumanía impugna en realidad la apreciación fáctica realizada por el Tribunal General en el apartado
49 de la sentencia recurrida y que, por tanto, esta parte debe declararse inadmisible.
133    A este respecto, basta señalar que Rumanía no impugna la apreciación fáctica efectuada por el Tribunal General, sino la interpretación del concepto de «factor externo», en el sentido del artículo
34, apartado
6, letra b), del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, realizada en el apartado
49 de la sentencia recurrida, según la cual un comportamiento de la Comisión, a saber, un solapamiento parcial de dos investigaciones y la aclaración por parte de esta, en la primera investigación, de elementos pertinentes para la segunda investigación no constituye un «factor externo» a esta segunda investigación que pueda justificar que se tenga en cuenta en el marco de esta. de conformidad con la mencionada disposición, la información comunicada por el Estado miembro de que se trate tras la comunicación oficial de la Comisión a que se refiere el artículo
34, apartado
3, párrafo tercero, del citado Reglamento de Ejecución.
134    En estas circunstancias, procede declarar la admisibilidad de la tercera parte del primer motivo de casación.
135    En cuanto al fondo, Rumanía alega que el Tribunal General declaró erróneamente, en el apartado
49 de la sentencia recurrida, que el comportamiento reprochado a la Comisión por Rumanía en el marco de la investigación de 2017 no puede considerarse un factor externo, en el sentido de dicho artículo
34, apartado
6, letra b), del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014.
136    Sin embargo, como señaló acertadamente el Tribunal General en el apartado
50 de la sentencia recurrida, en el marco del procedimiento de liquidación de conformidad, el Estado miembro de que se trate debe presentar una explicación que permita considerar que factores externos justificaron la presentación tardía de información tras la comunicación oficial, enviada por la Comisión, del acta de la reunión bilateral y corresponde a esta última evaluar si dicha explicación es satisfactoria, dado que, en el supuesto de que la Comisión rechazara su explicación y no aplicara el artículo
34, apartado
6, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, el Estado miembro podría impugnar la negativa a tomar en consideración la información transmitida ante el Tribunal General.
137    A este respecto, del apartado
51 de la sentencia recurrida se desprende, por una parte, que la Comisión había sostenido ante el Tribunal General, sin que Rumanía la contradijera, que, en la investigación de 2018, el único factor externo invocado por Rumanía se refería a la información sobre los porcentajes de error utilizados para calcular el riesgo para el FEAGA. Por otra parte, Rumanía no había impugnado el comportamiento de la Comisión durante el procedimiento de liquidación de conformidad, sino únicamente ante el Tribunal General.
138    Pues bien, estas razones pueden, por sí solas, fundamentar la desestimación por el Tribunal General, en el apartado
52 de la sentencia recurrida, de la argumentación de Rumanía relativa al plazo aplicable a la información transmitida por esta en el marco de la investigación de 2018.
139    Por tanto, la argumentación dirigida contra el apartado
49 de la sentencia recurrida no puede poner en entredicho la desestimación, por parte del Tribunal General, en el apartado
52 de la sentencia recurrida, de la primera parte del primer motivo del recurso de anulación. En consecuencia, dicha argumentación es inoperante.
140    Por consiguiente, procede desestimar la tercera parte del primer motivo de casación por ser, en parte, inoperante y, en parte, infundada.
Cuarta parte del primer motivo de casación, relativa al derecho del Estado miembro a la tutela judicial efectiva
–       Alegaciones de las partes
141    En el marco de la cuarta parte del primer motivo de casación, Rumanía considera que el Tribunal General limitó su derecho a la tutela judicial efectiva, infringiendo el artículo
47 de la Carta. En efecto, a su entender, los tres errores de Derecho identificados en el marco de las tres primeras partes de este motivo de casación tienen como consecuencia limitar la posibilidad de que dicho Estado miembro invoque eficazmente ante la Comisión, y posteriormente ante el Tribunal General, aspectos esenciales relativos a la existencia de una infracción del Derecho de la Unión, que constituye un requisito previo para la imposición de correcciones financieras.
142    La Comisión alega que la cuarta parte del primer motivo de casación debe declararse inadmisible debido a su falta de claridad. En efecto, a su juicio, Rumanía no explicó suficientemente de qué modo la Comisión o el Tribunal General infringieron el artículo
47 de la Carta. En cualquier caso, según la Comisión, esta parte del motivo de casación debe desestimarse por infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
143    En cuanto a la objeción de la Comisión según la cual las alegaciones de Rumanía basadas en la infracción del artículo
47 de la Carta son inadmisibles debido a su falta de claridad, es preciso señalar, de entrada, que del recurso de casación se desprende claramente que estas alegaciones, invocadas por Rumanía en el marco de la cuarta parte del primer motivo de casación, constituyen, a su juicio, la consecuencia de los supuestos errores identificados por esta en el marco de las tres primeras partes de dicho motivo.
144    En estas circunstancias, procede declarar la admisibilidad de la cuarta parte del primer motivo de casación.
145    Dicho esto, en la medida en que Rumanía considera que la infracción del artículo
47 de la Carta invocada en el marco de este motivo resulta de los supuestos errores identificados por ella en el marco de las tres primeras partes del mismo motivo de casación, basta señalar que de los apartados
93 a 109, 120 a 126 y 135 a 140 de la presente sentencia se desprende que el examen de estas tres primeras partes no ha revelado ningún error de Derecho en la apreciación realizada por el Tribunal General.
146    En estas circunstancias, la cuarta parte del primer motivo de casación tampoco puede prosperar.
147    Por consiguiente, el primer motivo de casación debe desestimarse en su totalidad.
Segundo motivo de casación, basado en una infracción del artículo 52 del Reglamento n.º 1306/2013, en relación con el artículo 44, apartados 1 a 3, del Reglamento n.º 1307/2013 y el principio de proporcionalidad
148    El segundo motivo de casación está dividido en cinco partes.
Primera parte del segundo motivo de casación, relativa a las normas aplicables a la diversificación de cultivos, en el caso de las tierras de cultivo comprendidas entre 10 y 30 ha
–       Alegaciones de las partes
149    En el marco de la primera parte del segundo motivo de casación, Rumanía critica, en esencia, la aplicación que hace el Tribunal General, en los apartados
69 a 72 y 76 de la sentencia recurrida, del artículo
44, apartados
1 a 3, del Reglamento n.º 1307/2013, sobre las normas aplicables a la diversificación de cultivos, en el caso de que las tierras de cultivo declaradas estén comprendidas entre 10 y 30 ha.
150    Más concretamente, esta parte del segundo motivo de casación se refiere al examen efectuado por el Tribunal General en los apartados
69 a 72 de la mencionada sentencia, a raíz del cual desestimó la alegación de Rumanía según la cual, en el caso de tierras cuya superficie está comprendida entre 10 y 30 ha, el hecho de que las tierras en barbecho se confundan con pastos temporales no implica ningún riesgo para los fondos. A este respecto, Rumanía considera que es imposible concebir una situación en la que la confusión entre las tierras en barbecho y los pastos temporales pueda dar lugar, en el caso de tierras de cultivo cuya superficie está comprendida entre 10 y 30 ha, a una infracción del artículo
44, apartados
1 a 3, del Reglamento n.º 1307/2013.
151    Además, Rumanía sostiene que, a su vez, el Tribunal General declaró erróneamente, en el apartado
76 de la referida sentencia, que la confusión entre las tierras en barbecho y los pastos temporales había tenido consecuencias en cadena, que ponían en entredicho la aplicación de los umbrales de ecologización basados en la diversificación de cultivos, prevista en el artículo
44 del Reglamento n.º 1307/2013.
152    La Comisión considera que procede desestimar esta argumentación.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
153    Por lo que respecta, para empezar, a la argumentación de Rumanía con la que impugna, en esencia, el razonamiento del Tribunal General, que figura en los apartados
70 a 72 de la sentencia recurrida, en virtud del cual este desestimó la alegación de Rumanía dirigida a demostrar que, en el caso de tierras cuya superficie está comprendida entre 10 y 30 ha, una confusión entre las tierras en barbecho y los pastos temporales no suponía ningún riesgo para los fondos, es preciso señalar que, con arreglo al artículo
44, apartado
1, párrafo primero, del Reglamento n.º 1307/2013, cuando la tierra de cultivo del agricultor cubra entre 10 y 30 ha y no esté completamente cultivada con cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o una parte significativa del ciclo de cultivo, habrá al menos dos tipos de cultivos diferentes en dicha tierra de cultivo y el cultivo principal no supondrá más del 75 % de esa tierra de cultivo.
154    Así, en virtud de esta disposición, para garantizar la diversificación de cultivos, en principio, debe haber al menos dos cultivos diferentes en las tierras de cultivo cuya superficie esté comprendida entre 10 y 30 ha.
155    Por consiguiente, es preciso señalar que una confusión entre las tierras en barbecho y los pastos temporales puede dar lugar a una infracción de esta norma.
156    En efecto, como señaló acertadamente el Tribunal General en los apartados
70 y 71 de la sentencia recurrida, si uno de los dos cultivos, pastos temporales o tierras en barbecho, se declara en una de las dos categorías necesarias para garantizar la diversificación de conformidad con el artículo
44, apartado
1, del Reglamento n.º 1307/2013, a saber, cultivo principal o secundario, otros cultivos se declaran en la otra categoría. En tal supuesto, no puede excluirse que exista una situación en la que, en realidad, las tierras de cultivo estén totalmente cubiertas por tierras en barbecho o pastos temporales, de modo que no se cumpliría el requisito de que haya al menos dos cultivos en las tierras de cultivo cuya superficie esté comprendida entre 10 y 30 ha, previsto en el artículo
44, apartado
1, párrafo primero, del Reglamento n.º 1307/2013.
157    Por tanto, no puede reprocharse al Tribunal General haber considerado que es necesaria una distinción entre las tierras en barbecho y los pastos temporales para garantizar la diversificación de cultivos de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo
44, apartado
1, párrafo primero, del Reglamento n.º 1307/2013.
158    A continuación, por lo que respecta a la alegación de Rumanía de que una confusión entre las tierras en barbecho y los pastos temporales no supone un riesgo para los fondos en lo que atañe a las tierras de cultivo cuya superficie está comprendida entre 10 y 30 ha, dado que la superación del umbral del 75 % está permitida tanto en el caso de las tierras en barbecho como en el de los pastos temporales, procede señalar que el artículo
44, apartado
3, letra a), del Reglamento n.º 1307/2013, tanto en su versión anterior al 1 de enero de 2018 como en la posterior a dicha fecha tras la modificación introducida por el Reglamento 2017/2393, establece que los apartados
1 y 2 del referido artículo
44 no son de aplicación a las explotaciones cuando más del 75 % de las tierras de cultivo se utilice para producir gramíneas u otros forrajes herbáceos, o para barbechos o para una combinación de esos usos.
159    Como señaló el Tribunal General en el apartado
72 de la sentencia recurrida, la aplicación de esta excepción exige, por tanto, que se cumpla un requisito previo, a saber, que los pastos temporales, las tierras en barbecho o su combinación representen más del 75 % de las tierras de cultivo de una explotación.
160    Por consiguiente, en la medida en que el Tribunal General consideró, en el apartado
72 de la sentencia recurrida, en el marco de la constatación y de la apreciación de los hechos y de los elementos de prueba, que Rumanía no había aportado la prueba de que se cumpliera este requisito en el caso de autos, el Tribunal General también pudo desestimar fundadamente las alegaciones de Rumanía relativas a la posible aplicación del artículo
44, apartado
3, letra a), del Reglamento n.º 1307/2013.
161    Por último, en la medida en que la interpretación del artículo
44, apartados
1 a 3, del Reglamento n.º 1307/2013, relativo a las normas aplicables a la diversificación de cultivos, realizada por el Tribunal General, en el caso de las tierras de cultivo cuya superficie está comprendida entre 10 y 30 ha, no adolece de error de Derecho, tampoco puede prosperar la alegación de Rumanía según la cual el Tribunal General declaró erróneamente, en el apartado
76 de la sentencia recurrida, que la confusión entre las tierras en barbecho y los pastos temporales había tenido consecuencias en cadena, que habían puesto en entredicho la aplicación de los umbrales de ecologización basados en la diversificación de cultivos, prevista en el artículo
44 del Reglamento n.º 1307/2013.
162    Por tanto, debe desestimarse por infundada la primera parte del segundo motivo de casación.
Segunda parte del segundo motivo de casación, relativa a la desnaturalización de la argumentación de Rumanía
–       Alegaciones de las partes
163    La segunda parte del segundo motivo de casación tiene por objeto los apartados 58 y 69 a 71 de la sentencia recurrida. Según Rumanía, el Tribunal General mezcló las afirmaciones que figuran en el apartado
63 del escrito de demanda y las contenidas en el apartado
64 de dicho escrito. A su entender, al actuar de este modo, el Tribunal General desnaturalizó el contenido de la argumentación de Rumanía relativa al caso específico de las tierras de cultivo cuya superficie está comprendida entre 10 y 30 ha.
164    Según Rumanía, esta desnaturalización tuvo como consecuencia que el Tribunal General considerara erróneamente, en el apartado
70 de la sentencia recurrida, que las autoridades rumanas habían reconocido implícitamente que no estaban en condiciones de garantizar que no existiera riesgo para los fondos en lo que respecta a las tierras de cultivo cuya superficie está comprendida entre 10 y 30 ha.
165    Rumanía afirma que, en realidad, sostuvo que, en el caso de estas tierras de cultivo, la confusión entre las tierras en barbecho y los pastos temporales no implica un incumplimiento de los requisitos en materia de diversificación.
166    La Comisión rebate estas alegaciones.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
167    Procede observar que las alegaciones basadas en la desnaturalización de la argumentación de Rumanía, de la que adolecería, en particular, el apartado
70 de la sentencia recurrida, no pueden prosperar.
168    A este respecto, es preciso señalar que el apartado 70 de dicha sentencia forma parte de un razonamiento mediante del que el Tribunal General respondió a un conjunto de alegaciones de Rumanía dirigidas a demostrar que, en el caso de tierras de cultivo cuya superficie está comprendida entre 10 y 30 ha, el hecho de que las tierras en barbecho se confundan con pastos temporales no supone ningún riesgo para los fondos.
169    Como se desprende de los apartados
153 a 162 de la presente sentencia, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados
71 y 72 de la sentencia recurrida, que, en el caso de dichas tierras de cultivo, una confusión entre las tierras en barbecho y los pastos temporales podía dar lugar a una infracción de las normas relativas a la diversificación de cultivos y suponer un riesgo de perjuicio para el presupuesto de la Unión. Pues bien, al afirmar que, en el caso de las referidas tierras de cultivo, la confusión entre las tierras en barbecho y los pastos temporales no implica un incumplimiento de los requisitos en materia de diversificación, Rumanía reconoció implícitamente que no podía distinguir entre las tierras en barbecho y los pastos temporales a efectos de la aplicación de las normas previstas a tal fin en el artículo
44 del Reglamento n.º 1307/2013.
170    Por tanto, la segunda parte del segundo motivo de casación no puede poner en entredicho el análisis del Tribunal General y, en consecuencia, debe desestimarse por inoperante.
Tercera parte del segundo motivo de casación, relativa a la supuesta obligación de la Comisión de tomar en consideración la información referente a la inexistencia de infracción del Derecho de la Unión en el caso de las tierras de cultivo cuya superficie está comprendida entre 10 y 30 ha
–       Alegaciones de las partes
171    La tercera parte del segundo motivo de casación se refiere a la constatación realizada en el apartado
95 de la sentencia recurrida según la cual los servicios de la Comisión no estaban obligados a tener en cuenta la información transmitida por Rumanía relativa a la inexistencia de infracción del Derecho de la Unión en el caso de las tierras de cultivo cuya superficie está comprendida entre 10 y 30 ha.
172    La Comisión rebate las alegaciones de Rumanía.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
173    En el marco de la tercera parte de su segundo motivo de casación, Rumanía reitera una parte de las alegaciones ya formuladas en apoyo del primer motivo de casación. En efecto, si bien es cierto que esta parte del segundo motivo de casación se refiere al apartado
95 de la sentencia recurrida, y no a los apartados
50 y 51 de dicha sentencia, como la segunda parte del primer motivo de casación, es preciso señalar que, en ese apartado
95, el Tribunal General se limitó a recordar que, en virtud del examen efectuado en los apartados
49 a 51 de la referida sentencia, la excepción prevista en el artículo
34, apartado
6, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014 no era aplicable en el caso de autos.
174    Pues bien, como se desprende del apartado
126 de la presente sentencia, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho en su interpretación del artículo
34, apartado
6, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014.
175    Por tanto, procede desestimar por infundada la tercera parte del segundo motivo de casación.
Cuarta parte del segundo motivo de casación, relativa a la infracción del artículo 52 del Reglamento n.º 1306/2013, en relación con el artículo 34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014
–       Alegaciones de las partes
176    En el marco de la cuarta parte del segundo motivo de casación, Rumanía impugna la interpretación del artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013, en relación con el artículo
34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, realizada por el Tribunal General en los apartados
83 a 87 de la sentencia recurrida.
177    La Comisión considera que esta parte del segundo motivo de casación debe desestimarse por infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
178    Procede señalar que, en el marco de la cuarta parte del segundo motivo de casación, Rumanía aduce, refiriéndose a las alegaciones que figuran en la primera parte del primer motivo de casación, que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en la interpretación del artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013, en relación con el artículo
34 del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, que se desprende de los apartados
83 a 87 de la sentencia recurrida.
179    Pues bien, como se desprende del examen efectuado en los apartados
93 a 108 de la presente sentencia, el Tribunal General no incurrió en ningún error de Derecho en la interpretación de esas disposiciones.
180    Por consiguiente, procede desestimar por infundada la cuarta parte del segundo motivo de casación.
Quinta parte del segundo motivo de casación, relativa al principio de proporcionalidad en la aplicación de la corrección a tanto alzado del 5 %
–       Alegaciones de las partes
181    En el marco de la quinta parte del segundo motivo de casación, Rumanía sostiene que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en los apartados
95 a 99 de la sentencia recurrida al declarar, tras un análisis que califica de sumario, que la Comisión había respetado el principio de proporcionalidad cuando aplicó una corrección a tanto alzado del 5 % para los ejercicios financieros 2017 y 2018.
182    A su juicio, para justificar tal corrección financiera, debería existir una deficiencia significativa en la aplicación de normas explícitas de la Unión que exponga a los fondos a un riesgo real de pérdida o irregularidad.
183    Rumanía considera, en esencia, que el análisis sumario realizado por el Tribunal General en los apartados
95 a 99 de la sentencia recurrida no respalda su apreciación de que la aplicación de la corrección a tanto alzado del 5 % respeta el principio de proporcionalidad, tal como exige el artículo
85, apartado
3, del Reglamento n.º 1303/2013 y el artículo
52, apartado
1, del Reglamento n.º 1306/2013.
184    Según Rumanía, en su análisis de la gravedad y del alcance del incumplimiento constatado que figura en el apartado
97 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no aborda las razones que justificaron la aplicación de correcciones a tanto alzado cuyo importe es considerablemente superior al doble de las aplicadas por lo que atañe a los ejercicios financieros 2015 y 2016.
185    A su entender, por lo que respecta a la duración y a la reiteración del incumplimiento alegado, en el apartado
98 de la referida sentencia, el Tribunal General hizo declaraciones generales que no permitían comprender las razones por las que estaba justificado sancionar el comportamiento de Rumanía debido a su carácter reiterado, cuando, en un primer momento, dicho comportamiento no se consideró definitivamente contrario al Derecho de la Unión. En este contexto, Rumanía recuerda que la posición final para 2017 fue transmitida a las autoridades rumanas el 20 de diciembre de 2019, es decir, después de la comunicación relativa a los gastos excluidos para 2018. Pues bien, Rumanía señala que en esa fecha, no había podido, objetivamente, modificar su comportamiento por lo que atañe a los ejercicios financieros a los que se refería la investigación de 2018.
186    La Comisión considera que la quinta parte del segundo motivo de casación debe desestimarse por infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
187    Por lo que respecta, en primer lugar, a la argumentación de Rumanía basada en una motivación insuficiente de la sentencia recurrida, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, la motivación de una sentencia debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional (sentencia de 19 de septiembre de 2019, Polonia/Comisión, C‑358/18 P, EU:C:2019:763, apartado
74 y jurisprudencia citada).
188    Sin embargo, la obligación de motivación no exige al Tribunal General que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio. Por lo tanto, la motivación puede ser implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General haya desestimado sus alegaciones y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (sentencia de 19 de septiembre de 2019, Polonia/Comisión, C‑358/18 P, EU:C:2019:763, apartado 75 y jurisprudencia citada).
189    En el caso de autos, basta señalar que, para responder a la alegación de Rumanía de que debería haberse tenido en cuenta el cálculo presentado en la solicitud de conciliación para 2018, el Tribunal General señaló, para empezar, en el apartado
95 de la sentencia recurrida, refiriéndose al examen efectuado en los apartados
49 a 51 de dicha sentencia, según el cual no concurrían los dos requisitos establecidos en el artículo
34, apartado
6, del Reglamento de Ejecución n.º 908/2014, que la excepción prevista en esa disposición no era aplicable en el caso de autos. A continuación, el Tribunal General respondió, en el apartado
97 de la referida sentencia, a las alegaciones de Rumanía según las cuales la irregularidad señalada por la Comisión era de escasa gravedad y tenía un alcance reducido. A este respecto, se remitió a la apreciación que figura en los apartados
73 a 75 de la misma sentencia, según la cual Rumanía no había demostrado que las irregularidades constatadas se hubieran corregido durante los controles administrativos. En el apartado
98 de la sentencia recurrida, el Tribunal General respondió a las alegaciones de Rumanía dirigidas a demostrar que estas irregularidades no eran de naturaleza duradera y reiterada, explicando que los elementos presentados por Rumanía se referían a la investigación de 2017, y no a la investigación 2018.
190    Además, es preciso señalar que es en los apartados 174 a 181 de la sentencia recurrida, no impugnados por Rumanía, donde el Tribunal General respondió al segundo motivo de dicho Estado miembro, basado en la violación del principio de proporcionalidad en la aplicación de correcciones a tanto alzado del 5 % para el FEAGA y del 2 % para el Feader. Por consiguiente, no puede reprocharse válidamente al Tribunal General no haber expuesto, en los apartados
95 a 99 de la referida sentencia, una motivación específica relativa al respeto de dicho principio, más allá de una respuesta al conjunto de las alegaciones formuladas por Rumanía en el marco de la tercera imputación de la segunda parte del primer motivo, basada en errores en el cálculo de la corrección a tanto alzado aplicada por la Comisión en el marco de la investigación de 2018.
191    De ello se deduce que el Tribunal General no incumplió su obligación de motivación, ya que la motivación expuesta en los apartados
95 a 99 de la sentencia recurrida muestra de manera clara e inequívoca las razones por las que el Tribunal General desestimó las alegaciones de Rumanía basadas en los supuestos errores cometidos en el cálculo de la corrección a tanto alzado aplicada por la Comisión en el marco de la investigación de 2018.
192    Por consiguiente, la imputación basada en una motivación insuficiente debe desestimarse por infundada.
193    En segundo lugar, por lo que atañe a la argumentación mediante la cual Rumanía sostiene, en esencia, que el Tribunal General violó el principio de proporcionalidad al no constatar la no conformidad de la corrección a tanto alzado aplicada por la Comisión en la Decisión controvertida, es preciso señalar que Rumanía se limita a afirmar que la motivación sumaria del Tribunal General no respalda la apreciación de que la aplicación de una corrección a tanto alzado del 5 % en el marco de la investigación de 2018 respeta el principio de proporcionalidad, sin indicar, no obstante, de manera precisa los argumentos jurídicos que sustentan esta afirmación. Pues bien, no corresponde al Tribunal de Justicia investigar qué error de Derecho ha podido cometer el Tribunal General (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, Vnesheconombank/Consejo, C‑731/18 P, EU:C:2020:500, apartado 82 y jurisprudencia citada).
194    De las consideraciones anteriores resulta que procede desestimar la quinta parte del segundo motivo de casación por ser, en parte, infundada y, en parte, inadmisible.
Tercer motivo de casación, basado en una infracción del artículo 52 del Reglamento n.º 1306/2013 y de las Directrices para calcular las correcciones financieras
195    Mediante su tercer motivo de casación, Rumanía sostiene que el Tribunal General infringió el artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013 y la Comunicación C(2015) 3675 final de la Comisión, de 8 de junio de 2015, titulada «Directrices para calcular las correcciones financieras en el marco de los procedimientos de liquidación de conformidad y de liquidación financiera de cuentas (en lo sucesivo, «Directrices para calcular las correcciones financieras»). En el marco de este motivo de casación, Rumanía impugna los apartados
121, 122, 130 y 131 de la sentencia recurrida.
Alegaciones de las partes
196    Rumanía alega que el Tribunal General infringió el artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013 y las Directrices para calcular las correcciones financieras, por lo que atañe a la deficiencia relacionada con la actualización del «SIPA-calidad», al considerar, en los apartados
121 y 122 de la sentencia recurrida, que la alegación de Rumanía relativa al bajo porcentaje de casos de incumplimiento constatados no era pertinente a este respecto y, en los apartados
130 y 131 de dicha sentencia, que las alegaciones de Rumanía relativas al plan de acción establecido en octubre de 2017 tampoco podían prosperar.
197    A su entender, al pronunciarse de este modo, el Tribunal General definió la deficiencia relacionada con la falta de actualización del SIPA cada tres años de manera contradictoria.
198    En efecto, según Rumanía, al haber comprobado que no existía un umbral aplicable a los errores resultantes de la actualización del SIPA y que cualquier error podía acarrear consecuencias financieras, el Tribunal General debería haber considerado también que la falta de «actualización del SIPA-calidad» cada tres años constituye objetivamente la deficiencia que subyace a la aplicación de la corrección financiera.
199    Además, a su juicio, si los errores resultantes de la antigüedad de las imágenes crearan un riesgo para los fondos y la cuestión del fundamento jurídico de la actualización trienal del SIPA no fuera pertinente, de ello se deduciría que los errores resultantes de la falta de actualización del SIPA constituyen la deficiencia que subyace a la aplicación de la corrección financiera.
200    A este respecto, Rumanía alega que el artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013 establece la regla de que cualquier deficiencia, incumplimiento o irregularidad que constituya la base de una corrección financiera debe ser consecuencia de una infracción del Derecho de la Unión y, por tanto, debe fundarse en una base jurídica claramente identificada. Además, en su opinión, según las Directrices para calcular las correcciones financieras, cuando hay controles efectuados de manera imperfecta, solo pueden aplicarse correcciones financieras en caso de infracción grave de normas del Derecho de la Unión claramente identificadas.
201    Pues bien, según Rumanía, no se había identificado el fundamento jurídico para la actualización trienal del SIPA, ya que la Comisión había indicado en el acta de la reunión bilateral de 8 de septiembre de 2017 sobre el plan de acción de 2017, que dicha actualización no era una obligación legal, sino simplemente una buena práctica. Además, afirma que el Tribunal General concluyó que existía una deficiencia caracterizada por errores derivados de la falta de actualización del SIPA, sin que se constatara ningún error de este tipo en la investigación de 2018. Según Rumanía, el Tribunal General rechazó erróneamente las alegaciones de Rumanía relativas al bajo porcentaje de casos de incumplimiento. A su juicio, tal apreciación contradice las constataciones de la Comisión relativas a la actualización del SIPA en la investigación de 2018. En su opinión, la hipótesis de trabajo de la Comisión en esta investigación se basa más bien en el problema general preexistente de la antigüedad de las imágenes del SIPA.
202    A este respecto, Rumanía alega que los errores derivados de la falta de actualización del SIPA no se corresponden con la deficiencia denominada «actualización del SIPA-calidad», tal como fue descrita por la Comisión en sus constataciones relativas a la calidad de la actualización del SIPA. Pues bien, este Estado miembro recuerda que, conforme a reiterada jurisprudencia, la comunicación escrita debe proporcionar al Estado miembro de que se trate un pleno conocimiento de las reservas de la Comisión, de modo que dicha comunicación pueda cumplir una función de advertencia. Sin embargo, según Rumanía, al referirse a una deficiencia distinta, el Tribunal General «anuló» la función de advertencia de las constataciones de la Comisión efectuadas en el procedimiento de liquidación de conformidad.
203    La Comisión rebate las alegaciones de Rumanía.
204    Considera que la alegación de que, al referirse a una deficiencia distinta de la descrita en las constataciones que la Comisión efectuó en el procedimiento de liquidación de conformidad, el Tribunal General «anuló» la función de advertencia de dichas constataciones, es inadmisible porque Rumanía no había formulado esta alegación en primera instancia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
205    Es preciso recordar, para empezar, que, para garantizar el respeto de la buena gestión financiera de los fondos de la Unión y proteger los intereses financieros de la Unión, el Reglamento n.º 1306/2013 impone determinadas obligaciones a los Estados miembros. Así, de conformidad con el artículo
58, apartado
1, de dicho Reglamento, incumbe a los Estados miembros adoptar, en el contexto de la PAC, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas y cualquier otra medida necesarias para garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión. Además, del apartado 2 de dicho artículo 58 se desprende que los Estados miembros están obligados a implantar sistemas de gestión y control eficaces para garantizar el cumplimiento de la legislación que regula los regímenes de ayuda de la Unión con objeto de reducir al máximo el riesgo de perjuicio financiero para la Unión.
206    Por tanto, aunque el Derecho de la Unión no especifica la frecuencia con la que debe actualizarse el SIPA, corresponde en cualquier caso a los Estados miembros, de conformidad con las obligaciones mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia, velar por que el SIPA permita garantizar eficazmente el cumplimiento de la normativa que regula los regímenes de ayuda de la Unión y reducir al máximo el riesgo de perjuicio financiero para la Unión.
207    Precisado lo anterior, es preciso señalar que ni de la sentencia recurrida ni, más concretamente, de sus apartados
121, 122, 130 y 131 se desprende en modo alguno que el Tribunal General haya constatado la existencia de una deficiencia caracterizada por la falta de actualización del SIPA cada tres años.
208    En particular, contrariamente a lo que sostiene Rumanía, en el apartado
122 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, recordando el carácter previo de la actualización del SIPA con respecto a cualquier control sobre el terreno, desestimó la alegación de dicho Estado miembro según la cual el bajo porcentaje de incumplimientos constatados en los controles debería haberse tenido en cuenta al imponer la corrección financiera. El Tribunal General no hizo en ese apartado referencia alguna a la obligación del citado Estado miembro de actualizar el SIPA cada tres años. En cuanto al apartado
131 de la mencionada sentencia, el Tribunal General señaló en él que, dado que era la antigüedad de las imágenes del SIPA, a saber, la calidad de las imágenes registradas, lo que originaba el riesgo para el FEAGA, y no la frecuencia de actualización del SIPA, la cuestión del fundamento jurídico del ciclo de actualización de esas imágenes no tenía incidencia alguna en la aplicación de las correcciones establecidas en el marco de la investigación de 2018.
209    Además, por lo que respecta a la imputación de Rumanía, basada en el carácter contradictorio de la apreciación del Tribunal General y de las constataciones de la Comisión en lo que atañe a la existencia de una nueva deficiencia relacionada con la falta de actualización del SIPA, procede desestimar la alegación de la Comisión según la cual es inadmisible debido a que dicho Estado miembro no la invocó en primera instancia.
210    A este respecto, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado
117 de la presente sentencia, un recurrente puede interponer un recurso de casación invocando, ante el Tribunal de Justicia, motivos y alegaciones derivados de la propia sentencia recurrida y mediante los que se pretenda criticar los fundamentos jurídicos de esta.
211    Esto es lo que sucede en el caso de autos, dado que Rumanía sostiene, en esencia, que el Tribunal General se apartó, al definir la deficiencia relacionada con la actualización del SIPA, de la constatada por la Comisión en la investigación de 2018 y que, por tanto, consideró que existía una nueva irregularidad, que no había sido observada por la Comisión durante el procedimiento de liquidación de conformidad. Por tanto, esta imputación es admisible.
212    Sin embargo, por lo que respecta al fondo de la argumentación de Rumanía, es preciso señalar que, contrariamente a lo que sostiene dicho Estado miembro, de los apartados
121, 122, 131 y 133 de la sentencia recurrida no se desprende que el Tribunal General haya considerado que existiera una nueva deficiencia relacionada con la falta de actualización del SIPA, en contradicción con las constataciones de la Comisión.
213    En efecto, como se ha señalado en el apartado
208 de la presente sentencia, el Tribunal General se limitó a recordar que la causa del riesgo para el FEAGA era la antigüedad de las imágenes del SIPA, y no la frecuencia de actualización de este.
214    Por tanto, no puede reprocharse al Tribunal General haber infringido el artículo
52 del Reglamento n.º 1306/2013 y las Directrices para calcular las correcciones financieras en los apartados
121, 122, 130 y 131 de la sentencia recurrida o haber definido, en este contexto, una supuesta deficiencia relacionada con la actualización del SIPA cada tres años en términos contradictorios.
215    En consecuencia, procede desestimar el tercer motivo de casación por infundado.
Cuarto motivo de casación, basado en una infracción de los artículos 31, 34 y 35 del Reglamento de Ejecución n.º 809/2014, de los artículos 23 a 26 del Reglamento Delegado n.º 640/2014 y del documento de trabajo DS/CDP/2015/19
216    Mediante su cuarto motivo de casación, Rumanía sostiene que el Tribunal General infringió los artículos
31, 34 y 35 del Reglamento de Ejecución n.º 809/2014, los artículos
23 a 26 del Reglamento Delegado n.º 640/2014 y el documento de trabajo DS/CDP/2015/19. Este motivo de casación está dirigido contra los apartados
163 y 164 de la sentencia recurrida.
Alegaciones de las partes
217    Según Rumanía, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que la superficie que no puede acogerse al RPUS debía tenerse en cuenta en el cálculo de la reducción total para la ecologización en hectáreas, con el fin de aumentar la muestra (porcentaje) para los controles sobre el terreno. A su entender, tal interpretación, que asimila la superficie que no puede acogerse al RPUS a un caso de reducción del pago por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (en lo sucesivo, «pago de ecologización»), es contraria a los artículos
31, 34 y 35 del Reglamento de Ejecución n.º 809/2014, a los artículos
23 a 26 del Reglamento Delegado n.º 640/2014 y al documento de trabajo DS/CDP/2015/19.
218    Rumanía subraya que el anexo I de este documento fija el porcentaje de incremento del porcentaje de control para el pago de ecologización, con referencia a dos valores. El primer valor denominado «A» incluye el porcentaje de hectáreas de tierras controladas sobre el terreno a las que se han aplicado reducciones por ecologización. El valor «B» incluye el porcentaje de agricultores controlados sobre el terreno con respecto a los que se han detectado uno o varios incumplimientos en materia de ecologización.
219    Según Rumanía, el porcentaje representado por el valor «A», cuando el control sobre el terreno en relación con el pago de ecologización incluye una muestra aleatoria y una muestra seleccionada sobre la base de un análisis de riesgos efectuado de conformidad con el artículo
34, apartado
2, letras b) y c), del Reglamento de Ejecución n.º 809/2014, se determina por separado para cada una de las dos muestras. La media de los dos porcentajes resultantes constituye el valor «A», utilizado para determinar el incremento del porcentaje de controles sobre el terreno con respecto al pago de ecologización.
220    Además, Rumanía señala que, para determinar la reducción total del pago de ecologización en hectáreas que debe aplicarse a efectos de determinar el incremento del porcentaje de controles sobre el terreno con respecto al pago de ecologización, deben respetarse los artículos
24 a 26 del Reglamento Delegado n.º 640/2014. Pues bien, a su entender, estos artículos se refieren a la reducción del pago de ecologización en tres casos, a saber, en caso de incumplimiento de la obligación de diversificación de cultivos, en caso de incumplimiento de los requisitos en materia de pastos permanentes y en caso de incumplimiento de los requisitos aplicables a la superficie de interés ecológico. Sin embargo, a juicio de Rumanía, contrariamente a lo que consideró el Tribunal General, la superficie que no puede acogerse al RPUS no constituye un caso de reducción del pago de ecologización.
221    Rumanía recuerda, asimismo, que, en virtud del artículo
2, apartado
1, punto
23, del Reglamento Delegado n.º 640/2014, la superficie determinada solo incluye las hectáreas que reúnan las condiciones necesarias para optar al pago.
222    Por otra parte, señala que por lo que respecta a las reducciones de los pagos de ecologización en caso de incumplimiento de la obligación de diversificación de cultivos y en caso de incumplimiento de los requisitos aplicables a la superficie de interés ecológico, el perímetro o la superficie objeto de la reducción se calculan tomando como referencia la misma superficie determinada. De ello se deduce, a su entender, que no todas las hectáreas admisibles al RPUS pueden optar al pago de ecologización.
223    Rumanía señala, asimismo, que, como se desprende de lo dispuesto en el artículo
35 del Reglamento de Ejecución n.º 809/2014 y como confirma el documento de trabajo DS/CDP/2015/19, un incumplimiento significativo debe determinarse tomando como referencia los resultados de los controles sobre el terreno por lo que respecta al pago de ecologización.
224    La Comisión considera que este motivo de casación debe desestimarse por infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
225    En el marco del cuarto motivo de casación, Rumanía reprocha al Tribunal General haber infringido los artículos
31, 34 y 35 del Reglamento de Ejecución n.º 809/2014, los artículos
23 a 26 del Reglamento Delegado n.º 640/2014 y el documento de trabajo DS/CDP/2015/19, al considerar, en los apartados
163 y 164 de la sentencia recurrida, que la superficie que no puede acogerse al RPUS debía tenerse en cuenta en el cálculo de la reducción total para la ecologización en hectáreas, con el fin de aumentar la muestra (porcentaje) para los controles sobre el terreno.
226    En primer lugar, por lo que respecta a la alegación de Rumanía de que la superficie que no puede acogerse al RPUS no debe tenerse en cuenta en ese cálculo, procede recordar que, de conformidad con el artículo
35 del Reglamento de Ejecución n.º 809/2014, cuando los controles sobre el terreno pongan de manifiesto la existencia casos de incumplimiento significativos en el marco de un régimen de ayuda o medida de ayuda o en una región o parte de ella, la autoridad competente aumentará según considere oportuno el porcentaje de beneficiarios que deban ser sometidos a controles sobre el terreno el año siguiente.
227    A este respecto, procede señalar que el cumplimiento de los criterios de admisibilidad al RPUS forma parte de los requisitos que deben cumplirse para que el agricultor pueda beneficiarse del pago de ecologización.
228    En efecto, en primer término, el artículo
2, apartado
1, punto
23, letra a), del Reglamento Delegado n.º 640/2014 define el concepto de «superficie determinada», en los regímenes de ayuda por superficie, como la superficie que cumplen todos los criterios de admisibilidad u otras obligaciones relativas a las condiciones para la concesión de la ayuda, independientemente del número de derechos de pago de que disponga el beneficiario.
229    En segundo término, el artículo 23, apartado 2, del citado Reglamento Delegado establece que, sin perjuicio de las sanciones administrativas aplicables con arreglo al artículo 28 del mencionado Reglamento Delegado, si la superficie declarada en una solicitud única para el pago básico o el pago único por superficie supera la superficie determinada, esta superficie determinada se utilizará para calcular el pago de ecologización.
230    En tercer término, el artículo
43, apartado
1, del Reglamento n.º 1307/2013 se refiere a las hectáreas que pueden acogerse al régimen de pago básico o al RPUS. De él se desprende, más concretamente, que los agricultores con derecho a un pago en virtud de alguno de esos regímenes respetarán, en todas sus hectáreas admisibles en el sentido del artículo
32, apartados
2 a 5, de dicho Reglamento, las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente a que se refiere el apartado
2 de dicho artículo
43 o las prácticas equivalentes a que se refiere el apartado
3 del mencionado artículo 43.
231    Por consiguiente, de lo anterior resulta que los criterios del RPUS forman parte de las condiciones cuyo respeto debe comprobarse para constatar la posible existencia de casos de incumplimiento significativos en el marco de un régimen de ayuda o medida de apoyo, en el sentido del artículo
35 del Reglamento de Ejecución n.º 809/2014. De ello se desprende que la circunstancia de que una superficie no pueda acogerse al RPUS debe tenerse en cuenta en el porcentaje de error relativo a la ecologización utilizado para aumentar los controles sobre el terreno durante el año siguiente.
232    Por consiguiente, no puede reprocharse al Tribunal General haber señalado, en los apartados
163 y 164 de la sentencia recurrida, que la superficie que no puede acogerse al RPUS debía tenerse en cuenta en el cálculo de la reducción total para la ecologización en hectáreas, con el fin de aumentar el porcentaje de beneficiarios que debían ser objeto de control.
233    En segundo lugar, por lo que respecta a la argumentación de Rumanía de que no existe ningún riesgo de que se concedan pagos de ecologización por las hectáreas que no pueden acogerse al RPUS, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo
23, apartado
2, del Reglamento Delegado n.º 640/2014, basta señalar que esta constatación es cierta, sin duda, en el caso de un beneficiario concreto que haya sido debidamente controlado sobre el terreno y para el que se haya determinado correctamente la eventual inadmisibilidad al RPUS.
234    Sin embargo, como ha señalado acertadamente la Comisión, no sucede lo mismo con todos los demás beneficiarios afectados, que no fueron debidamente controlados sobre el terreno.
235    En tercer lugar, es preciso señalar que la imputación de Rumanía de que el Tribunal General consideró erróneamente que la superficie que no puede acogerse al RPUS constituye un caso de reducción del pago de ecologización contemplado en los artículos
24 a 26 del Reglamento Delegado n.º 640/2014 se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida.
236    En efecto, de los apartados
163 y 164 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General únicamente considero que la superficie que no puede acogerse al RPUS debía tenerse en cuenta en el porcentaje de error relacionado con la ecologización utilizado para aumentar la muestra de los controles sobre el terreno. Contrariamente a lo que parece sostener Rumanía, el eventual incremento del porcentaje de beneficiarios que deben ser objeto de controles sobre el terreno durante el año siguiente no da lugar, en sí mismo, a una reducción del pago de ecologización en el sentido de los artículos
24 a 26 del Reglamento Delegado n.º 640/2014.
237    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el cuarto motivo de casación no puede prosperar.
238    Al no haberse estimado ninguno de los motivos invocados en apoyo del presente recurso de casación, procede desestimarlo en su totalidad.
Costas
239    De conformidad con el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
240    Con arreglo al artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
241    Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de Rumanía y haber sido desestimados los motivos formulados por esta, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:
1)      Desestimar el recurso de casación.
2)      Rumanía cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: rumano.