62018CJ0619_RES
Asunto C‑619/18
Comisión Europea
contra
República de Polonia
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de junio de 2019
«Incumplimiento de Estado — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión — Principios de inamovilidad y de independencia judicial — Reducción de la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo — Aplicación a los jueces en activo — Posibilidad de continuar ejerciendo la función jurisdiccional una vez alcanzada esa edad supeditada a la obtención de una autorización mediante decisión discrecional del Presidente de la República»
Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación mediante dictamen motivado — Plazo señalado al Estado miembro — Entrada en vigor de una ley de ese Estado miembro que hace desaparecer retroactivamente todos los efectos de las disposiciones nacionales impugnadas por la Comisión — Acontecimiento posterior a la finalización de dicho plazo — Recurso que no ha perdido su objeto
(Art. 258 TFUE)
(véanse los apartados 30 y 31)
Estados miembros — Obligaciones — Establecimiento de las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva — Alcance
(Arts. 2 TUE y 19 TUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 46 a 50, 54 y 55)
Estados miembros — Obligaciones — Establecimiento de las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva — Respeto de los principios de inamovibilidad e independencia judicial — Normativa nacional que reduce la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo — Aplicación a los jueces en activo — Infracción — Justificación — Uniformización de los límites de la edad de cese obligatorio de la actividad — Proporcionalidad — Inexistencia
(Arts. 2 TUE y 19 TUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 57, 58, 71 a 73, 78 a 96, 124 y el fallo)
Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho a la tutela judicial efectiva — Principio de independencia judicial — Alcance
(Art. 19 TUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47, párr. 2)
(véanse los apartados 74 a 77 y 108)
Estados miembros — Obligaciones — Establecimiento de las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva — Observancia del principio de independencia judicial — Normativa nacional que reduce la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo y reconoce al Presidente del Estado miembro la facultad discrecional para prorrogar la función jurisdiccional en activo de dichos jueces — Infracción en caso de dudas legítimas suscitadas, en el ánimo de los justiciables, en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces afectados frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses contrapuestos
(Arts. 2 TUE y 19 TUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 110 a 112,114 a 118, 123, 124 y el fallo)
Resumen
Las disposiciones de la normativa polaca relativas a la reducción de la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo son contrarias al Derecho de la Unión
En la sentencia Comisión/Polonia (C‑619/18), dictada el 24 de junio de 2019, el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, estimó el recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión contra la República de Polonia mediante el que se solicitaba que se declarase que dicho Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, por una parte, al reducir la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo y aplicar esta medida a los jueces de dicho Tribunal en ejercicio nombrados antes del 3 de abril de 2018 y, por otra parte, al atribuir al Presidente de la República la facultad discrecional para prorrogar la función jurisdiccional en activo de los jueces de ese Tribunal una vez alcanzada la nueva edad de jubilación.
La Comisión reprochaba a la República de Polonia haber incumplido —mediante tales medidas, y vulnerando el principio de independencia judicial y, en concreto, el principio de inamovilidad del juez— las obligaciones que resultan, para los Estados miembros, de la disposición citada anteriormente.
En su sentencia, el Tribunal de Justicia, en primer lugar, tomó posición sobre la aplicabilidad y alcance del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. A este respecto, recordó que la mencionada disposición obliga a todos los Estados miembros a establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva, especialmente en el sentido del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. Más concretamente, todo Estado miembro debe garantizar, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, que aquellos órganos que, en calidad de «órganos jurisdiccionales» —en el sentido definido por el ordenamiento jurídico de la Unión—, formen parte de su sistema de vías de recurso en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión y que, por ello, pueden verse abocados a resolver sobre cuestiones vinculadas a la aplicación o la interpretación de ese Derecho cumplan las exigencias de la tutela judicial efectiva, como ocurre, en el presente asunto, con el Tribunal Supremo polaco. Por otra parte, el Tribunal de Justicia señaló que, para garantizar que el mencionado órgano jurisdiccional pueda ofrecer dicha tutela, resulta primordial preservar su independencia, como así lo confirma el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales. La necesidad de independencia de los tribunales, inherente a la función jurisdiccional, está integrada en el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso equitativo, que reviste una importancia capital como garante de la protección del conjunto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables y de la salvaguarda de los valores comunes de los Estados miembros proclamados en el artículo 2 TUE, en particular el valor del Estado de Derecho.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia precisó el alcance de esa exigencia. A este respecto, señaló que las garantías de independencia y de imparcialidad que resultan del mismo postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de inhibición, recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio. En particular, esta indispensable libertad de los jueces frente a cualquier injerencia o presión externa exige ciertas garantías, como la inamovilidad, idóneas para proteger la persona de quienes tienen la misión de juzgar. Ese principio de inamovilidad exige, en particular, que los jueces puedan permanecer en el ejercicio de sus funciones en tanto no hayan alcanzado la edad de jubilación forzosa o hasta que termine su mandato cuando este tenga una duración determinada. Aunque no tiene carácter absoluto, este principio solo puede ser objeto de excepciones cuando existan motivos legítimos e imperiosos que lo justifiquen y siempre que se respete el principio de proporcionalidad. En el presente asunto, el Tribunal de Justicia declaró que la reforma impugnada entraña un cese anticipado del ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces en ejercicio dentro del Tribunal Supremo y que solamente puede admitirse tal aplicación si está justificada por un objetivo legítimo y es proporcionada en relación con este, y siempre que no permita suscitar, en el ánimo de los justiciables, dudas legítimas como las mencionadas anteriormente. Pues bien, el Tribunal de Justicia consideró que la aplicación de la medida de reducción de la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo a los jueces de ese Tribunal en ejercicio no cumplía dichos requisitos, a falta, en concreto, de estar justificada por un objetivo legítimo. El Tribunal de Justicia declaró, por lo tanto, que dicha aplicación violaba el principio de inamovilidad del juez, inherente a su independencia.
En último lugar, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la facultad discrecional, atribuida por la nueva Ley del Tribunal Supremo al Presidente de la República, de prorrogar la función jurisdiccional activa de los jueces del mencionado órgano jurisdiccional una vez alcanzada la nueva edad de jubilación fijada en esa Ley. El Tribunal de Justicia señaló que, si bien corresponde en exclusiva a los Estados miembros decidir si autorizan o no tal prórroga, no es menos cierto que, cuando optan por establecer un mecanismo de estas características, están obligados a velar por que las condiciones y las modalidades a las que se sujeta dicha prórroga no puedan menoscabar el principio de independencia judicial. A este respecto, la circunstancia de que un órgano como el Presidente de la República tenga atribuida la facultad para decidir si concede o no una prórroga ciertamente no basta, por sí sola, para concluir que se ha violado dicho principio. No obstante, es importante asegurarse de que las condiciones materiales y las normas de procedimiento que rigen la adopción de tales decisiones impiden que se susciten dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la independencia de los jueces de que se trate. A tal efecto, resulta importante, en particular, que dichas condiciones y normas se conciban de manera tal que esos jueces se encuentren protegidos frente a posibles tentaciones de ceder a intervenciones o a presiones externas que puedan amenazar su independencia. Así pues, dichas normas deben permitir excluir no solo cualquier influencia directa, en forma de instrucciones, sino también las formas de influencia más indirecta que pudieran orientar las decisiones de los jueces de que se trate. Pues bien, en lo que respecta a la nueva Ley del Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia señala que la mencionada Ley establece que la prórroga de la función jurisdiccional en activo de los jueces del citado órgano jurisdiccional queda sujeta a una decisión del Presidente de la República que tiene carácter discrecional, no debe estar motivada y contra la que no cabe interponer recurso judicial. En lo que se refiere a la intervención, prevista en dicha Ley, del Consejo Nacional del Poder Judicial antes de que el Presidente de la República adopte una decisión, el Tribunal de Justicia destaca que la intervención de un organismo como este, en el contexto de un proceso de prórroga del ejercicio de la función jurisdiccional una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación, puede contribuir, en principio, a objetivar ese proceso. Sin embargo, ello solamente es así cuando se reúnen ciertos requisitos, en particular, que dicho organismo sea independiente de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de la autoridad a la que debe remitir el dictamen, así como que este último se adopte sobre la base de criterios objetivos y pertinentes y esté debidamente motivado, de manera que sea apropiado para orientar objetivamente a esa autoridad en su toma de decisiones. En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera suficiente señalar que, habida cuenta en particular de su falta de motivación, los dictámenes emitidos por el Consejo Nacional del Poder Judicial no pueden contribuir a orientar de manera objetiva al el ejercicio de la facultad atribuida al Presidente de la República por la nueva Ley del Tribunal Supremo, de modo tal que esa facultad puede suscitar dudas legítimas, en particular en el ánimo de los justiciables, en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces afectados frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses contrapuestos en los litigios de que puedan conocer.