62022CC0517
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 7 de septiembre de 2023 (
1
)
Asunto C‑517/22 P
Eurobolt BV,
Fabory Nederland BV,
ASF Fischer BV
contra
Comisión Europea,
Stafa Group BV
«Recurso de casación — Dumping — Ampliación del derecho antidumping sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de China a las importaciones procedentes de Malasia — Restablecimiento de un derecho antidumping definitivo — Validez del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/611 — Base jurídica — Artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/1036 — Validez del Reglamento (CE) n.o 91/2009 — Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto APEX»
I. Introducción
1.
En su recurso de casación, Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, y ASF Fischer BV (en lo sucesivo, «recurrentes»), tres sociedades establecidas en los Países Bajos que importan y venden elementos de fijación de hierro y acero, solicitan al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General (
2
) por la que este desestimó su recurso de anulación del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/611 de la Comisión, de 30 de abril de 2020, (
3
) por el que se restablece el derecho antidumping definitivo impuesto por el Reglamento (CE) n.o 91/2009 (
4
) del Consejo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China para las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hayan sido declarados o no originarios de Malasia.
2.
Las recurrentes invocan siete motivos de casación. No obstante, de conformidad con la solicitud del Tribunal de Justicia, limitaré mi análisis en las presentes conclusiones al sexto motivo de casación, basado en que, al declarar que el Reglamento impugnado tiene una base jurídica adecuada, el Tribunal General interpretó y aplicó erróneamente el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea, (
5
) el artículo 5 TUE, apartados 1 y 2, y el principio de buena administración.
3.
En resumen, la cuestión que el Tribunal de Justicia deberá abordar para resolver este motivo de casación es la siguiente: ¿se opone la derogación de un reglamento por el que se impone un derecho antidumping sobre las importaciones procedentes de un tercer Estado, a causa de una posible incompatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a que la Comisión amplíe dicho derecho a las importaciones procedentes de otro tercer Estado, por motivos de elusión, aun cuando la ampliación se refiera al período anterior a la derogación del Reglamento, y las importaciones hayan sido registradas con arreglo a las normas antidumping aplicables?
II. Marco jurídico
4.
En el período pertinente para el presente procedimiento, la adopción de medidas antidumping estaba regulada, en un primer momento, por el Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, (
6
) a continuación, por el Reglamento (CE) n.o 384/96 del Consejo (
7
) y, por último, por el ya mencionado Reglamento 2016/1036 (en lo sucesivo, «Reglamento de base»). (
8
)
5.
El artículo 13 del Reglamento de base («Elusión») establece:
«1.   Los derechos antidumping establecidos con arreglo al presente Reglamento podrán ampliarse a las importaciones de productos […] procedentes de terceros países […] cuando exista elusión de las medidas en vigor.
[…]
3.   […] La apertura [de investigaciones] se hará mediante un Reglamento de la Comisión que podrá igualmente obligar a las autoridades aduaneras a registrar las importaciones con arreglo al artículo 14, apartado 5 […].
Cuando los hechos finalmente comprobados justifiquen la ampliación de las medidas, ello será decidido por la Comisión, de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15, apartado 3. La ampliación surtirá efecto a partir de la fecha en la se hubiese impuesto el registro con arreglo al artículo 14, apartado 5 […]».
6.
El artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base, relativo a las «Disposiciones generales», tiene el siguiente tenor:
«Tras haber informado a los Estados miembros con la debida antelación, la Comisión podrá instar a las autoridades aduaneras a adoptar las medidas adecuadas para registrar las importaciones de tal forma que posteriormente las medidas puedan ser aplicadas contra dichas importaciones a partir de la fecha de registro. […] Las importaciones no podrán estar sometidas a registro por un período superior a nueve meses.»
7.
El artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/278 de la Comisión, de 26 de febrero de 2016, por el que se deroga el derecho antidumping definitivo establecido en relación con las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China, y ampliado a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hubieran sido declarados o no originarios de Malasia (en lo sucesivo, «Reglamento de derogación»), (
9
) establece:
«La derogación de los derechos antidumping a la que se refiere el artículo 1 surtirá efecto a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 y no podrá servir como fundamento para el reembolso de los derechos percibidos con anterioridad a dicha fecha.»
8.
El considerando 14 del Reglamento de derogación está redactado de forma similar.
9.
El artículo 1, apartados 1 y 3, del Reglamento impugnado, en esencia, amplía los derechos antidumping establecidos por el artículo 1, apartado 2, del Reglamento original a «las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero […] procedentes de Malasia, hayan sido declaradas o no originarias de Malasia» y que hayan sido «registradas de conformidad al artículo 2 del Reglamento (UE) n.o 966/2010, y al artículo 13, apartado 3, y artículo 14, apartado 5, del Reglamento [n.o 1225/2009] […]».
10.
A tenor del artículo 2 del Reglamento impugnado:
«1.   Los derechos percibidos sobre la base del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 723/2011 no se reembolsarán.
2.   Cualquier reembolso que tuviera lugar a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Eurobolt, C‑644/17, EU:C:2019:555, será recuperado por las autoridades que efectuaron dicho reembolso.
III. Antecedentes de hecho
11.
Los hechos más relevantes, tal como se desprenden de la sentencia recurrida, pueden resumirse del siguiente modo:
A.
Adopción y derogación del Reglamento original
12.
En 2009, el Consejo constató que los elementos de fijación vendidos en el mercado de la Unión eran objeto de dumping por parte de productores exportadores chinos. Así pues, el 26 de enero de 2009, adoptó el Reglamento original.
13.
Tras la imposición del derecho antidumping definitivo, la Comisión Europea recibió pruebas de que dichas medidas se estaban eludiendo mediante el tránsito por Malasia. Por ello, el 27 de octubre de 2010, adoptó el Reglamento (UE) n.o 966/2010 de la Comisión por el que se abre una investigación relativa a la posible elusión de las medidas antidumping impuestas por el [Reglamento original] por las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hayan sido o no declarados originarios de este último país, y por el que se someten dichas importaciones a registro. (
10
) Como se desprende del considerando 18 y del artículo 2 de dicho Reglamento, se instó a las autoridades aduaneras a que adoptaran las medidas adecuadas para registrar las importaciones en la Unión Europea de conformidad con los artículos 13, apartado 3, y 14, apartado 5, del Reglamento de base, para garantizar que, en caso de que la investigación llevase a la conclusión de que existía elusión, pudieran recaudarse retroactivamente desde la fecha de registro los derechos antidumping por el importe adecuado correspondientes a las importaciones procedentes de Malasia.
14.
El 18 de julio de 2011, el Consejo adoptó, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento n.o 1225/2009, el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 723/2011 del Consejo, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento n.o 91/2009 a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hayan sido declarados o no originarios de Malasia. (
11
)
15.
A raíz de dos procedimientos ante los órganos decisorios de la OMC, y la adopción de los informes de dichos órganos por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (en lo sucesivo, «OSD»), (
12
) el 26 de febrero de 2016 la Comisión adoptó el Reglamento de derogación.
B.
Litigio ante los órganos jurisdiccionales neerlandeses y la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C‑644/17, Eurobolt
16.
Las recurrentes habían importado elementos de fijación de Malasia durante el período de la investigación antielusión llevada a cabo por la Comisión. Esas importaciones se registraron con arreglo al artículo 2 del Reglamento n.o 966/2010 y a los artículos 13, apartado 3, y 14, apartado 5, del Reglamento n.o 1225/2009.
17.
Entre enero de 2012 y octubre de 2013, las autoridades aduaneras neerlandesas practicaron liquidaciones relativas a los derechos antidumping adeudados por las recurrentes sobre las importaciones de elementos de fijación con arreglo al Reglamento de Ejecución n.o 723/2011. Las recurrentes impugnaron, dentro del plazo establecido por la legislación neerlandesa, estas liquidaciones con arreglo al artículo 243 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92. (
13
)
18.
El 17 de noviembre de 2017, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) planteó al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la validez del Reglamento de Ejecución n.o 723/2011, en el contexto de un recurso de casación nacional relativo a una cuestión de Derecho interpuesto por Eurobolt contra los derechos antidumping abonados con arreglo a dicho Reglamento de Ejecución.
19.
En su sentencia de 3 de julio de 2019, Eurobolt, (
14
) el Tribunal de Justicia declaró que dicho Reglamento de Ejecución adolecía de vicios sustanciales de forma. En esencia, el Tribunal de Justicia consideró que la adopción de la medida antidumping ampliada no fue precedida de una consulta válida al Comité Consultivo, como establece el artículo 15, apartado 2, del Reglamento de base. Esta disposición establecía que debía facilitarse toda la información pertinente al Comité Consultivo a más tardar diez días laborables antes de su reunión. Sin embargo, las observaciones presentadas por Eurobolt, que debían considerarse «información pertinente» en el sentido del artículo 15, apartado 2, del Reglamento de base, se habían comunicado a los Estados miembros solo dos días antes de la reunión del Comité Consultivo. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que el Reglamento de Ejecución n.o 723/2011 era inválido en la medida en que se adoptó infringiendo el artículo 15, apartado 2, del Reglamento de base.
C.
Adopción del Reglamento impugnado
20.
A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2019, Eurobolt, la Comisión reabrió, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1374, (
15
) la investigación antielusión con el fin de corregir la ilegalidad de procedimiento detectada por el Tribunal de Justicia. Del considerando 17 del Reglamento de Ejecución 2019/1374 se desprende que la reapertura de la investigación antielusión tenía por objeto garantizar el cumplimiento de todos los requisitos de forma del procedimiento ante el Comité Consultivo. A tal fin, el Comité de Examen recibió las observaciones de Eurobolt dentro del plazo establecido en las disposiciones pertinentes.
21.
Tras recibir la recomendación del Comité Consultivo, el 30 de abril de 2020 la Comisión adoptó el Reglamento impugnado y volvió a imponer los derechos antielusión.
IV. Sentencia recurrida y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
22.
El 28 de julio de 2020, las recurrentes interpusieron un recurso de anulación del Reglamento impugnado ante el Tribunal General. En su recurso, las recurrentes invocaron tres motivos.
23.
El 18 de mayo de 2022, el Tribunal General dictó la sentencia recurrida, por la que desestimó el recurso y condenó en costas a las recurrentes.
24.
En su recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, interpuesto el 2 de agosto de 2022, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que i) anule la sentencia recurrida; ii) estime el recurso en primera instancia y anule el Reglamento impugnado en la medida en que afecta a las recurrentes o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que lo reexamine, y iii) condene en costas a la Comisión.
25.
Por su parte, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso y condene en costas a las recurrentes.
26.
El 23 de mayo de 2023, el Tribunal de Justicia dirigió a las recurrentes determinadas preguntas para que respondieran por escrito, a las que las recurrentes respondieron mediante escrito de 9 de junio de 2023.
27.
Ambas partes expusieron sus puntos de vista en la vista celebrada en el Tribunal de Justicia el 6 de julio de 2023.
V. Apreciación del sexto motivo de casación
28.
Como se ha indicado en la introducción de las presentes conclusiones, mi análisis se limitará al sexto motivo de casación invocado por las recurrentes, que se dirige contra los apartados 123 a 155 de la sentencia recurrida.
29.
En esos apartados, el Tribunal General desestimó por infundado el segundo motivo de las recurrentes, mediante el cual estas habían alegado que el Reglamento impugnado infringía el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base y el artículo 5 TUE, apartados 1 y 2, y violaba el principio de buena administración en la medida en que el Reglamento impugnado carece de una base jurídica adecuada.
A.
Alegaciones de las partes
30.
Antes de nada, las recurrentes subrayan que, en su opinión, el Tribunal General no ha comprendido el núcleo de su pretensión: en la medida en que el Reglamento original era ilegal y, por ese motivo, fue derogado en 2016, no podía servir de base jurídica adecuada para adoptar el «meramente accesorio» Reglamento impugnado en 2020. En consecuencia, la Comisión no disponía de una base jurídica válida cuando adoptó el Reglamento impugnado. Las recurrentes formulan diversas alegaciones en apoyo de sus pretensiones.
31.
En primer lugar, las recurrentes alegan que el hecho de que el Tribunal General se haya basado en la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto APEX (
16
) para desestimar su pretensión es erróneo. En la sentencia dictada en el asunto APEX no se cuestionaba la legalidad de la base jurídica del acto impugnado. Por consiguiente, las recurrentes sostienen que la sentencia dictada en dicho asunto no ofrece orientación alguna en relación con la cuestión planteada por ellas en el marco del presente procedimiento. En su opinión, el elemento crucial en el presente asunto es que el Reglamento original, al haber sido declarado ilegal, no puede constituir la base jurídica del Reglamento impugnado.
32.
En segundo lugar, las recurrentes alegan que el Tribunal General erró al referirse al artículo 207 TFUE como base jurídica para adoptar, de manera general, medidas antidumping. Las recurrentes subrayan una vez más que el Reglamento impugnado requería, como base jurídica, un Reglamento válido por el que se impusieran los derechos antidumping supuestamente eludidos. A falta de una base jurídica adecuada, el Reglamento impugnado infringe, en opinión de las recurrentes, el artículo 5 TUE, apartados 1 y 2, que consagra el principio de atribución de competencias.
33.
En tercer lugar, según las recurrentes, el Tribunal General incurrió en error al considerar que la derogación del Reglamento original no afecta a su validez. Las recurrentes subrayan que la Comisión derogó dicho Reglamento porque era ilegal, ya que había sido declarado incompatible con los Acuerdos de la OMC. Por lo tanto, a su juicio, la adopción del Reglamento impugnado equivalía a restablecer un reglamento ilegal.
34.
En cuarto lugar, las recurrentes sostienen que las consideraciones del Tribunal General relativas a la imposibilidad para ellas de invocar las normas de la OMC como parámetro de validez del Derecho de la Unión carecen de pertinencia. Hacen hincapié en que, como reconoció el propio Tribunal General, no alegaron que las infracciones de las normas de la OMC en el Reglamento original viciaran el Reglamento impugnado. En su lugar, alegaron que el Reglamento original no puede servir de base jurídica al Reglamento impugnado.
35.
La Comisión aduce que la crítica formulada por las recurrentes contra la sentencia recurrida es infundada. En su opinión, el Tribunal General no incurrió en ningún error de Derecho al apreciar las alegaciones de las recurrentes relativas a una supuesta falta de base jurídica adecuada para adoptar el Reglamento impugnado. En particular, la Comisión arguye que el Reglamento original —que, en su opinión, no es en absoluto ilegal como alegan las recurrentes— no puede considerarse la base jurídica (o una de las bases jurídicas) del Reglamento impugnado. La Comisión subraya que el Reglamento impugnado se basó acertadamente en los artículos 13 y 14 del Reglamento de base.
B.
Análisis
36.
Las alegaciones formuladas por las recurrentes no me parecen convincentes.
37.
En primer lugar, no estoy convencido de que el Tribunal General no haya comprendido el núcleo de la pretensión de las recurrentes. En mi opinión, en sus apartados 123 a 155, la sentencia recurrida expuso con precisión y examinó correctamente las alegaciones formuladas en primera instancia. Concretamente, considero que las dos premisas en las que las recurrentes basan sus diferentes alegaciones (falta de base jurídica adecuada e ilegalidad del Reglamento original) son incorrectas.
38.
A continuación, expondré las razones por las que soy de esta opinión.
1. El Tribunal General identificó correctamente la base jurídica
39.
En primer lugar, las alegaciones de las recurrentes parecen basarse en una comprensión equivocada del concepto de «base jurídica» en el ordenamiento jurídico de la Unión. En esencia, una base jurídica se deriva de la disposición jurídica de la Unión que confiere a la institución o instituciones pertinentes de la Unión la facultad de actuar en un determinado ámbito de competencia de la Unión, cuando se cumplan los correspondientes requisitos. El requisito de disponer de una base jurídica para cualquier actuación llevada a cabo por las instituciones de la Unión se deriva, en particular, del principio de atribución de competencias a las instituciones, consagrado en el artículo 13 TUE, apartado 2, que establece que «cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos». (
17
)
40.
En estas circunstancias, me resulta bastante evidente que la facultad de la Comisión de ampliar los derechos antidumping ya establecidos sobre las importaciones procedentes de un tercer país a las importaciones procedentes de otro tercer país, en caso de elusión, se desprende de las disposiciones del Reglamento de base. El legislador de la Unión (en este caso, el Parlamento y el Consejo) confiere esta facultad a la Comisión en el instrumento jurídico principal que regula la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de terceros países.
41.
De hecho, es el artículo 13 del Reglamento de base (titulado «Elusión») el que, en particular, i) dispone que «los derechos antidumping establecidos con arreglo [a dicho] Reglamento podrán ampliarse […] cuando exista elusión de las medidas en vigor» (apartado 1); ii) encomienda a la Comisión la realización de la investigación (apartado 3), y también iii) identifica a la Comisión como la institución encargada de ampliar los derechos, de conformidad con el procedimiento de adopción de un acto de ejecución contemplado en el mismo (apartado 3). (
18
) Además, el artículo 14, apartado 1, de dicho Reglamento (relativo a las «Disposiciones generales») precisa que todos los derechos antidumping —y, por lo tanto también los ampliados— deben establecerse «mediante Reglamento».
42.
Así pues, la referencia a esas dos disposiciones en los considerandos del Reglamento impugnado identifica correctamente las disposiciones jurídicas de las que la Comisión extrajo su facultad de ampliar los derechos en cuestión a importaciones como las efectuadas por las recurrentes.
43.
En consecuencia, las recurrentes sostienen erróneamente que el Reglamento impugnado se basa, o debería haberse basado, en el Reglamento original. Como señala acertadamente la Comisión, la existencia de un Reglamento original (válido) solo es uno de los requisitos que deben cumplirse para que sea posible la ampliación de tales derechos.
44.
Este requisito se desprende del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. (
19
) Después de todo, es evidente que los derechos antidumping solo pueden ampliarse si han sido válidamente establecidos en primer lugar. No obstante —puede ser útil subrayar este punto de nuevo—, no es el acto por el que se imponen los derechos antidumping (es decir, el Reglamento original) el que confiere a la Comisión la facultad de ampliarlos, sino, como se ha explicado, el Reglamento de base.
45.
Por lo tanto, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al declarar, en los apartados 126 a 128 de la sentencia recurrida, que los artículos 13 y 14, apartado 1, del Reglamento de base constituyen la base jurídica adecuada del Reglamento impugnado.
46.
En este contexto, es preciso añadir que el Tribunal General también resolvió acertadamente cuando, en el apartado 136 de la sentencia recurrida, no solo se refiere al artículo 13 del Reglamento de base, sino también al artículo 207 TFUE, como las disposiciones que confieren a la Comisión la competencia para adoptar reglamentos antielusión. De hecho, el artículo 207 TFUE, apartado 2, es la disposición de Derecho primario que faculta al Parlamento y al Consejo para adoptar «las medidas por las que se defina el marco de aplicación de la política comercial común». El Reglamento de base, que por su parte faculta a la Comisión para adoptar determinadas medidas antielusión, es indudablemente una de las medidas por las que se define el marco de aplicación de la política comercial común a que se refiere el artículo 207 TFUE.
47.
En consecuencia, la alegación de las recurrentes de que el Tribunal General incurrió en error al referirse al artículo 207 TFUE y, por lo tanto, no censuró una violación del principio de atribución de competencias, previsto en el artículo 5 TFUE, apartados 1 y 2, (
20
) es infundada.
48.
Las consideraciones anteriores me llevan al segundo punto que deseo abordar en relación con las premisas en las que las recurrentes basan sus alegaciones.
2. Validez del Reglamento original
49.
La segunda premisa en la que las recurrentes basan sus alegaciones es que el Reglamento original era ilegal.
50.
En mi opinión, esta alegación también es errónea.
51.
Como expondré a continuación, ni el hecho de que el Reglamento original fuera derogado por el legislador de la Unión ni su posible incompatibilidad con los Acuerdos de la OMC implican su ilegalidad.
52.
El Reglamento original ha sido derogado por la Comisión de conformidad con el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2015/476. (
21
) En virtud de esta disposición, cuando el OSD adopte un informe referente a una medida de la Unión adoptada de conformidad, entre otros, con el Reglamento de base, «la Comisión podrá adoptar cualesquiera de las siguientes medidas que considere apropiadas […] a) derogación o modificación de la medida impugnada, o b) adopción de otras medidas especiales que se consideren adecuadas a las circunstancias para que la Unión pueda ajustarse a las recomendaciones y normas contenidas en el informe».
53.
Del tenor del artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento 2015/476 se desprende claramente que las conclusiones desfavorables del OSD sobre la posible incompatibilidad de una medida de la Unión con los Acuerdos de la OMC no dan lugar, ipso facto, a la invalidez del acto de la Unión en cuestión. Corresponde a las instituciones de la Unión extraer las consecuencias necesarias de tales conclusiones sobre qué debe hacerse para restablecer la compatibilidad y, a este respecto, disponen de cierto margen de maniobra. En efecto, el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento 2015/476 dispone que la Comisión «podrá» adoptar cualesquiera medidas, en función de las «que considere apropiadas».
54.
Lo anterior se ajusta a las disposiciones de los Acuerdos de la OMC. Con arreglo al artículo 19 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (en lo sucesivo, «ESD»), «cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a la conclusión de que una medida es incompatible con [los Acuerdos de la OMC], recomendarán que el Miembro afectado la ponga en conformidad con ese acuerdo». Estos órganos solo podrán «sugerir la forma en que el Miembro afectado podría [aplicar las recomendaciones]». En efecto, está bien asentado que «los Miembros disponen de capacidad discrecional para poner una medida que se ha constatado que es incompatible con la OMC en conformidad con las obligaciones que le corresponden en la OMC». (
22
) A este respecto, generalmente se concede a los Miembros de la OMC, con arreglo al artículo 21.3 del ESD, «un plazo prudencial» para restablecer la compatibilidad.
55.
En este contexto, debo decir que me producen cierta perplejidad las afirmaciones de las recurrentes —realizadas tanto en primera instancia (
23
) como en el marco del presente procedimiento— (
24
)según las cuales no alegan que la supuesta infracción de las normas de la OMC llevada a cabo por el Reglamento original vicie el Reglamento impugnado. De hecho, una de las principales alegaciones de las recurrentes es, en esencia, que la Comisión derogó el Reglamento original porque dicho Reglamento era ilegal debido a su incompatibilidad con los Acuerdos de la OMC y que esta ilegalidad afecta, a su vez, a la validez del Reglamento impugnado.
56.
Al ser interrogadas en la vista sobre esta aparente contradicción, las recurrentes afirmaron que no invocan las normas de la OMC para invalidar el Reglamento original, sino únicamente para alegar su ilegalidad. En mi opinión, las alegaciones de las recurrentes a este respecto rozan el sofisma: a mi modo de ver, la ilegalidad es la incompatibilidad de una medida con normas jurídicas de rango superior, y la invalidez es la consecuencia evidente que de ello se deriva para la medida en cuestión. Estos conceptos son las proverbiales «dos caras de la misma moneda».
57.
En cualquier caso, he de decir que no encuentro ningún error de Derecho en la sentencia recurrida en lo que respecta a las apreciaciones del Tribunal General de que, a la luz de las circunstancias del presente asunto, ni la legalidad del Reglamento original ni la del Reglamento impugnado podían apreciarse en relación con las normas y resoluciones de la OMC de que se trata. En particular, los apartados 144 y 150 de dicha sentencia reflejan y aplican correctamente los principios que se derivan de la reiterada jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión en la materia. De hecho, el Tribunal de Justicia ya ha confirmado, de forma más reciente en la sentencia Donex Shipping and Forwarding, que la validez del Reglamento original no puede apreciarse a la luz de los informes del OSD de 2011 y 2016 mencionados en el punto 15 anterior. (
25
)
58.
Dicho esto, pasaré ahora a examinar la afirmación de las recurrentes de que la derogación del Reglamento original por parte de la Comisión, al estar motivada por la exigencia de garantizar el cumplimiento de un acuerdo internacional, vicia de ilegalidad el Reglamento original.
59.
Esta alegación no es correcta. La mera derogación de un acto de la Unión —con independencia de los motivos que llevaron a tal derogación— no puede equipararse a la declaración de ilegalidad de ese acto. El acto derogado ya no está en vigor y, por consiguiente, no puede regular situaciones que surjan en el futuro. En cambio, su capacidad para regular situaciones que se produjeron en el pasado, durante el período en el que estuvo en vigor, no suele verse cuestionada por su derogación.
60.
Debe tenerse presente que, en el ordenamiento jurídico de la Unión, corresponde únicamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidir si un acto de la Unión es o no conforme a Derecho, en virtud de la competencia exclusiva que le confieren los Tratados. (
26
)
61.
Naturalmente, el hecho de que el Tribunal de Justicia hubiera declarado la invalidez del Reglamento original, debido a sus efectos ex tunc, también habría afectado a la validez del Reglamento impugnado. (
27
) Sin embargo, como subraya la Comisión, los órganos jurisdiccionales de la Unión no han declarado la ilegalidad de dicho Reglamento, ni siquiera cuando su validez ha sido impugnada ante ellos con arreglo al artículo 263 TFUE, (
28
) o cuando ha sido cuestionado en el marco de peticiones de decisión prejudicial. (
29
)
62.
En este contexto, he de añadir que precisamente por esta razón la situación de las recurrentes es fundamentalmente diferente de la controvertida en el asunto Vitol, (
30
) una sentencia reciente del Tribunal de Justicia a la que las recurrentes se refirieron extensamente en la vista. En su opinión, dicha sentencia confirma que pueden invocar con éxito la ilegalidad de un acto de la Unión (en el presente asunto, el Reglamento original) para impugnar la validez de otro acto de la Unión conexo (en el presente asunto, el Reglamento impugnado).
63.
Sin embargo, no veo cómo las apreciaciones del Tribunal de Justicia en la sentencia Vitol podrían ser relevantes en el presente asunto. En dicho asunto, un órgano jurisdiccional nacional había preguntado al Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento prejudicial, sobre la validez de un Reglamento por el que se establecían derechos antidumping cuya invalidez ya había sido declarada por el Tribunal General en una sentencia dictada con arreglo al artículo 263 TFUE que, en ese momento, había adquirido firmeza. Aunque las partes que interpusieron el recurso ante el órgano jurisdiccional remitente no eran las que habían solicitado la anulación con éxito ante el Tribunal General, el Tribunal de Justicia consideró que debían extraerse todas las consecuencias de las consideraciones realizadas por el Tribunal General sobre el hecho de que el Reglamento recurrido había infringido una determinada disposición del Reglamento de base. Dado que las infracciones de que se trata afectaban también a la situación jurídica de las partes que habían actuado ante el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia no tuvo ninguna dificultad para declarar la invalidez del Reglamento recurrido. (
31
)
64.
Sin embargo, en el presente asunto los órganos jurisdiccionales de la Unión no han realizado ninguna declaración previa en relación con la supuesta invalidez del Reglamento original. De hecho, lo cierto es lo contrario, como he explicado en el punto 61 anterior.
65.
He de añadir que las recurrentes tampoco se basan en las disposiciones del artículo 277 TFUE para alegar la inaplicabilidad del Reglamento original por su supuesta ilegalidad. En la vista, las recurrentes parecían sugerir que invocaban implícitamente la excepción de ilegalidad propuesta en primera instancia o en el presente procedimiento. Sin embargo, considero que los dos pasajes de las observaciones a que se refieren las recurrentes a este respecto no permiten fundamentar esta afirmación.
66.
Por estas razones, el Tribunal General declaró acertadamente en el apartado 138 de la sentencia recurrida que la derogación del Reglamento original no afecta a la validez de dicho Reglamento.
3. Derogación del Reglamento original con efectos ex nunc
67.
Es evidente que si el legislador de la Unión hubiera decidido derogar el Reglamento original con efectos ex tunc —es decir, eliminar sus efectos con carácter retroactivo— la ampliación de los derechos llevada a cabo por el Reglamento impugnado ya no habría sido posible.
68.
Sin embargo, esto no es lo que hizo el legislador de la Unión cuando decidió derogar el Reglamento original. Del propio tenor del Reglamento de derogación se desprende que el Reglamento original fue derogado con efectos ex nunc. El artículo 2 del Reglamento de derogación establece que «la derogación de los derechos antidumping [en cuestión] surtirá efecto a partir de la fecha de la entrada en vigor [de este] Reglamento […] y no podrá servir como fundamento para el reembolso de los derechos percibidos con anterioridad a dicha fecha». El considerando 14 de dicho Reglamento, que se hace eco de esta disposición, tiene el siguiente tenor: «la derogación de las medidas controvertidas debe surtir efecto a partir de la fecha de su entrada en vigor y, en consecuencia, no puede servir de fundamento para el reembolso de los derechos percibidos con anterioridad a dicha fecha».
69.
La elección realizada por el legislador de la Unión a este respecto se ajusta a los principios codificados en el Reglamento 2015/476. Su artículo 3 dispone que «las medidas adoptadas en virtud [de dicho] Reglamento surtirán efecto a partir de la fecha de su entrada en vigor y no podrán servir de fundamento para el reembolso de los derechos percibidos antes de esa fecha, a no ser que se disponga otra cosa». El considerando 7 de dicho Reglamento reitera las disposiciones del artículo 3 y explica su justificación. Este considerando dispone que: «[…] por lo tanto, las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por el OSD no tienen efecto retroactivo. Así pues, es conveniente especificar que, salvo indicación contraria, cualquier medida adoptada con arreglo al presente Reglamento tendrá efecto a partir de la fecha de su entrada en vigor y, en consecuencia, no podrá servir de fundamento para el reembolso de los derechos percibidos con anterioridad a dicha fecha».
70.
La consecuencia de lo anterior es que todas las situaciones que estaban reguladas ratione temporis por las disposiciones del Reglamento original no se han visto afectadas por su derogación. Por consiguiente, en la medida en que el legislador de la Unión confirmó la correcta percepción de los derechos antidumping recaudados entre la fecha en que entró en vigor el Reglamento original y la fecha en que dicho Reglamento fue derogado, no hay justificación para considerar inválida la ampliación de esos derechos a importaciones que hayan intentado eludir la medida comercial de la Unión.
71.
Como se señala acertadamente en el apartado 129 de la sentencia recurrida, lo que se requiere para que tal ampliación sea conforme a Derecho, en circunstancias como las controvertidas en el presente asunto, es i) que la ampliación se refiera exclusivamente al período anterior a la expiración de dichas medidas, y ii) que se haya ordenado el registro de las importaciones de que se trata con arreglo a los artículos 13, apartado 3 y 14, apartado 5 del Reglamento de base. No cabe duda de que estos requisitos se cumplen en el presente asunto. (
32
)
72.
A la vista de lo anterior, considero que el Tribunal General también resolvió acertadamente al basarse en la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto APEX para desestimar las alegaciones formuladas por las recurrentes sobre este punto.
4. Sobre el hecho de que el Tribunal General se haya basado en la sentencia APEX
73.
En la sentencia APEX —una petición de decisión prejudicial sobre la validez de otro Reglamento por el que se ampliaban derechos antidumping por elusión— una de las partes que presentaron observaciones alegó que el Reglamento impugnado debía considerarse inválido porque se adoptó cuando el Reglamento por el que originalmente se establecían esos derechos ya no estaba en vigor.
74.
El Tribunal de Justicia rechazó esta tesis declarando que el artículo 13 del Reglamento de base permitía la adopción de una decisión de ampliación de las medidas antidumping por elusión, aun cuando el Reglamento original por el que se establecían los derechos hubiese expirado. El Tribunal de Justicia señaló que el tenor de la disposición no descartaba tal interpretación y, lo que es más que importante, que una interpretación contextual y teleológica de esta la corroboraban. En ese contexto, el Tribunal de Justicia también desestimó la alegación de que el carácter accesorio de la medida de ampliación de los derechos por elusión —elemento en que el Tribunal de Justicia había hecho hincapié en una sentencia anterior (
33
)— fuera en contra de esta interpretación. El Tribunal de Justicia declaró que, «si bien se desprende de esta apreciación que las medidas ampliadas no pueden prolongarse después de la expiración de las medidas que amplían, no se podría deducir del vínculo que une las unas con las otras que la decisión de establecer las primeras deba producirse antes de que las segundas expiren». (
34
)
75.
No obstante, las recurrentes discrepan sobre la relevancia de la sentencia APEX en el presente asunto, debido a que en dicha sentencia no se cuestionaba la validez del Reglamento original. Sin embargo, como he explicado en las secciones anteriores de las presentes conclusiones, en el asunto que nos ocupa tampoco hay indicios de que el Reglamento original sea ilegal.
76.
El mero hecho de que la Comisión haya decidido, en el ejercicio de la facultad discrecional de que dispone en la materia, derogar dicho Reglamento antes de su expiración inicialmente prevista (
35
) carece de importancia. Las apreciaciones del Tribunal de Justicia en el asunto APEX siguen siendo muy pertinentes en el presente asunto.
77.
Sin embargo, las recurrentes alegaron en la vista que, incluso si el Tribunal de Justicia considerara válido el Reglamento original, los dos asuntos seguirían siendo diferentes, dado que el período transcurrido entre la expiración del Reglamento original y el establecimiento (o restablecimiento) de los derechos antielusión sería más significativo en el presente asunto que el que se tuvo en consideración en el asunto APEX. Debo decir que, a falta de cualquier otra explicación al respecto, no veo por qué ese elemento fáctico (la mayor o menor extensión del período mencionado) pondría en entredicho la apreciación jurídica realizada anteriormente.
78.
Después de todo, sería extraño llegar a la conclusión de que, en un período determinado (el correspondiente a la duración real del Reglamento original), las instituciones de la Unión podían establecer válidamente un derecho antidumping sobre las importaciones procedentes de un tercer país, pero no sobre las importaciones que se realizaban a través de otro tercer país en un intento de eludir una medida comercial de la Unión. Esta constatación incitaría de facto a los operadores a intentar eludir las medidas comerciales de la Unión en el futuro, puesto que penaliza a los importadores honrados y favorece a los deshonestos. (
36
) Ello sería contrario a la propia finalidad del artículo 13 del Reglamento de base.
79.
Así pues, no encuentro ningún error de Derecho en los apartados 129 y 134 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General se refirió a la sentencia APEX en apoyo de sus apreciaciones.
80.
Por último, considero que no procede examinar específicamente la violación del principio de buena administración alegada por las recurrentes. No han expuesto ninguna alegación específica y autónoma a este respecto.
81.
En conclusión, el sexto motivo de casación de las recurrentes planteaba la cuestión de si la derogación de un reglamento por el que se impone un derecho antidumping sobre las importaciones procedentes de un tercer Estado, a causa de una posible incompatibilidad con las normas de la OMC, se opone a que la Comisión amplíe dicho derecho a las importaciones procedentes de otro tercer Estado, por motivos de elusión, aun cuando la ampliación se refiera al período anterior a la derogación, y las importaciones hayan sido registradas con arreglo a las normas antidumping aplicables.
82.
En las presentes conclusiones he tratado de explicar por qué —a diferencia de las recurrentes— considero que debe darse una respuesta negativa a esta cuestión.
VI. Conclusión
83.
Habida cuenta de lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el sexto motivo de casación de Eurobolt BV, Fabory Nederland BV y ASF Fischer BV.
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	Sentencia de 18 de mayo de 2022, Eurobolt y otros/Comisión (T‑479/20, en lo sucesivo, «sentencia recurrida, EU:T:2022:304).
(
3
)	DO 2020, L 141, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado».
(
4
)	Reglamento del Consejo, de 26 de enero de 2009, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China (DO 2009, L 29, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento original»).
(
5
)	DO 2016, L 176, p. 21.
(
6
)	Reglamento, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 2009, L 343, p. 51).
(
7
)	Reglamento, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1).
(
8
)	Dado que las disposiciones jurídicas pertinentes para el presente procedimiento están formuladas de manera muy similar, a lo largo de las presentes conclusiones me referiré a las disposiciones del Reglamento 2016/1036, como han hecho ambas partes en sus observaciones.
(
9
)	DO 2016, L 52, p. 24.
(
10
)	DO 2010, L 282, p. 29.
(
11
)	DO 2011, L 194, p. 6.
(
12
)	Véanse, con más detalle, los apartados 7 a 11 de la sentencia recurrida.
(
13
)	Reglamento del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1), en su versión modificada.
(
14
)	C‑644/17, EU:C:2019:555.
(
15
)	Reglamento de Ejecución de la Comisión, de 26 de agosto de 2019, por el que se reabre la investigación a raíz de la sentencia de 3 de julio de 2019, en el asunto C‑644/17, Eurobolt, en relación con el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 723/2011 del Consejo (DO 2019, L 223, p. 1).
(
16
)	Sentencia de 17 de diciembre de 2015 (C‑371/14, en lo sucesivo, «sentencia APEX, EU:C:2015:828).
(
17
)	Véase, a este respecto, la sentencia de 1 de octubre de 2009, Comisión/Consejo (C‑370/07, EU:C:2009:590), apartado 52.
(
18
)	El artículo 13, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento de base se refiere al procedimiento de comité previsto en el artículo 15, apartado 3, de dicho texto. A su vez, esta última disposición remite al «procedimiento de examen» previsto en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO 2011, L 55, p. 13).
(
19
)	Véanse los anteriores puntos 5 y 41 de las presentes conclusiones.
(
20
)	En resumen, en virtud de este principio, la Unión Europea solo puede actuar dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados. Por lo tanto, toda competencia no atribuida a la Unión Europea por los Tratados corresponde a los Estados miembros.
(
21
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, relativo a las medidas que podrá adoptar la Unión a partir del informe sobre medidas antidumping y antisubvención aprobado por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (DO 2015, L 83, p. 6).
(
22
)	Véanse, por ejemplo, el Informe del Grupo Especial de 31 de julio de 2002, Estados Unidos — Medidas compensatorias que afectan a determinados productos originarios de las Comunidades Europeas (WT/DS212/R), párrafo 6.43, y el Informe del Grupo Especial de 22 de diciembre de 1999, Estados Unidos — Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 (WT/DS152/R), párrafo 7.102.
(
23
)	Véanse los apartados 139 a 144 de la sentencia recurrida.
(
24
)	Véase el punto 34 anterior de las presentes conclusiones.
(
25
)	Sentencia de 9 de julio de 2020 (C‑104/19, EU:C:2020:539), apartado 48.
(
26
)	En este sentido, véanse, entre otras, las sentencias de 19 de diciembre de 2018, Berlusconi y Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023), apartado 44, y de 22 de octubre de 1987, Foto-Frost (314/85, EU:C:1987:452), apartado 17.
(
27
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 15 de marzo de 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187), apartado 62 y jurisprudencia citada.
(
28
)	Véanse, entre otras, las sentencias de 11 de septiembre de 2014, Gem-Year y Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consejo (C‑602/12 P, EU:C:2014:2203), y de 27 de febrero de 2014, Ningbo Yonghong Fasteners/Consejo (C‑601/12 P, EU:C:2014:115).
(
29
)	Véanse, entre otras, las sentencias de 9 de julio de 2020, Donex Shipping and Forwarding (C‑104/19, EU:C:2020:539); de 15 de noviembre de 2018, Baby Dan (C‑592/17, EU:C:2018:913), y de 18 de octubre de 2018, Rotho Blaas (C‑207/17, EU:C:2018:840).
(
30
)	Sentencia de 22 de junio de 2023 (C‑268/22, EU:C:2023:508).
(
31
)	Ibidem, apartados 60 a 78.
(
32
)	Véanse también los apartados 133 y 134 de la sentencia recurrida.
(
33
)	Sentencia de 6 de junio de 2013, Paltrade (C‑667/11, EU:C:2013:368), apartado 28.
(
34
)	Sentencia APEX, apartados 39 a 55.
(
35
)	A este respecto, véase el artículo 11 del Reglamento de base, titulado «Duración, reconsideración y devoluciones».
(
36
)	Véanse, en el mismo sentido, las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto APEX (C‑371/14, EU:C:2015:507), punto 39.