61985J0021
INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto 21/85 (
*1
)
I. Hechos y procedimiento
En mayo de 1981, la empresa Maas, que en el marco del Reglamento no 588/81 de la Comisión, de 4 de marzo de 1981, relativo a la entrega de trigo tierno a Etiopía en concepto de ayuda alimentaria (DO L 60, p. 19), había sido declarada adjudicataria de un transporte de 5000 toneladas de trigo tierno procedente de las existencias de la parte demandada en el asunto principal, embarcó la mercancía en los buques SS «Polanica» y SS «Vingaren», inscritos ambos en la categoría superior de los registros de clasificación marítima, pero uno y otro con más de quince años de antigüedad.
El embarque concluyó el 5 de mayo de 1981, por lo que se refiere al SS «Polanica», y el 6 de mayo de 1981, por lo que respecta al SS «Vingaren».
El Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung declaró, sin embargo, incautada la fianza constituida por la empresa Maas, alegando que esta última no había respetado el período de embarque (del 1 al 30 de abril de 1981) previsto por el citado Reglamento no 588/81 y, además, había utilizado buques excesivamente antiguos, y que por lo tanto no había cumplido las condiciones de entrega a las que el segundo guión del apartado 1 del artículo 20 del citado Reglamento no 1974/80 subordina la liberación de la fianza constituida en el momento de la presentación de una oferta.
El Verwaltungsgericht de Frankfurt, ante el que la empresa Maas interpuso un recurso, tuvo dudas acerca de la compatibilidad de dicha decisión con el principio de proporcionalidad, especialmente porque estimaba que, según la regulación que se deriva del segundo guión del apartado 1 del artículo 20 del Reglamento no 1974/80, si por ejemplo un adjudicatario no entrega más que la mitad de la cantidad adjudicada únicamente perdería la mitad de la fianza, mientras que el adjudicatario que entrega toda la cantidad adjudicada pierde sin embargo la totalidad de la fianza si no ha respetado una condición relativa al plazo de embarque o a la antigüedad del barco, y ello con independencia de la gravedad del incumplimiento.
Por resolución de 15 de noviembre de 1984 decidió, pues, suspender el pronunciamiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión:
«¿Es compatible el segundo guión del apartado 1 del artículo 20 del Reglamento (CEE) no 1974/80 de la Comisión, de 22 de julio de 1980, sobre modalidades generales de aplicación para la ejecución de determinadas acciones de ayuda alimentaria en forma de cereales y arroz (DO L 192 de 26.7.1980), con el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que, de acuerdo con esta disposición, la fianza contemplada en el artículo 5 del Reglamento se declara totalmente incautada en su totalidad cuando:
primer caso:
el adjudicatario incumple la obligación que le impone la letra d) del apartado 4 del artículo 4, al realizar el transporte en buques que, a pesar de estar inscritos en la categoría superior de los registros de clasificación reconocidos, tienen más de quince años de antigüedad;
segundo caso:
el adjudicatario incumple la obligación que le incumbe de embarcar la mercancía en el transcurso de un período determinado [fijado, en este caso, en el apartado 16 del anexo A del Reglamento (CEE) no 588/81 de la Comisión, de 4 de marzo de 1981, DO L 60 de 6.3.1981], al embarcar la mercancía cinco o seis días más tarde?»
La resolución remisoria fue registrada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de enero de 1985.
De conformidad con el artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE, presentaron observaciones escritas, en nombre del Gobierno de la República italiana, el Sr. Arnaldo Squillante, Jefe del servicio contencioso-diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente, asesorado por el Sr. Osear Fiumara, avvocato dello Stato, y, en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, su Consejero Jurídico, el Sr. Dierk Booss, en calidad de Agente.
Previo informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral del procedimiento sin medidas de instrucción previas. No obstante, formuló determinadas preguntas a la Comisión, que ésta respondió mediante carta de fecha 15 de enero de 1986.
Mediante resolución de 25 de noviembre de 1985, adoptada en aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 95 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidió remitir el asunto a la Sala Primera.
II. Las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
El Gobierno de la República Italiana señala que, según las disposiciones del Reglamento no 1974/80, las condiciones de liberación de la fianza coinciden con las condiciones de pago y que el pago, y en consecuencia también la liberación de la fianza, tienen lugar después de que el adjudicatario ha cumplido correctamente sus obligaciones, es decir, de acuerdo con las condiciones previstas en el Reglamento sobre iniciación del procedimiento de la adjudicación, en este caso el Reglamento no 588/81, así como con observancia de los compromisos contemplados en las letras b), c), d) y e) del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento no 1974/80. En virtud de un principio general del Derecho de obligaciones, el cumplimiento incorrecto de una obligación justifica que no haya lugar a la contraprestación, salvo que dicha falta de cumplimiento no tenga más que una importada insignificante habida cuenta del interés de la otra parte contratante. Dado que en el caso de autos las obligaciones incumplidas estaban específicamente previstas e impuestas por los citados Reglamentos, habría que considerar que la inobservancia de dichas obligaciones constituye un incumplimiento importante.
Según el Gobierno italiano, si éste es el caso, no estaríamos en absoluto ante el problema de proporcionalidad de una sanción, sino más bien ante el del carácter razonable de las obligaciones impuestas al destinatario. Lo que resultaría importante no sería, en efecto, el buen fin de la operación, es decir, la llegada a destino de la mercancía, sino la incidencia de la observancia de las obligaciones asumidas por el adjudicatario a efectos de una ejecución correcta.
De lo que se derivaría que, si la inobservancia de tales obligaciones constituyese un caso importante de incumplimiento, debería retenerse la fianza.
Sin embargo, lo absurdo de semejante rigidez del sistema, de ser éste interpretado literalmente, es evidente, dado que se podría uno preguntar si dichas obligaciones, tal y como están establecidas, son razonables, habida cuenta de que no parece que la antigüedad del buque pueda incrementar el riesgo cuando el estado de ese mismo buque es tan bueno que está inscrito en la categoría superior, ni que el respeto del plazo de embarque garantice que la mercancía llegará a su destinatario en un momento determinado. El establecimiento de condiciones de adjudicación tan rígidas es, sobre todo, incompatible con el principio enunciado en el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento no 2750/75 del Consejo, según el cual «las condiciones de adjudicación deberán asegurar la igualdad de acceso y de tratamiento a todo interesado, cualquiera que sea el lugar de su establecimiento en la Comunidad»(traducción provisional). Es, en efecto, notorio que los puertos mediterráneos no ofrecen, en lo relativo a los medios de transporte y a los plazos de carga, un abanico de posibilidades comparable al ofrecido por los puertos de la Europa del Norte. No se ve, por consiguiente, por qué razón habría que mantener condiciones estrictas pero no razonables.
El Gobierno italiano sugiere, en consecuencia, contestar a las cuestiones planteadas en el sentido de que la inobservancia de la obligación que impone la utilización de un buque de menos de quince años de antigüedad y la inobservancia de la obligación de embarcar la mercancía en un plazo determinado no pueden oponerse al pago del importe de la oferta y a la liberación de la fianza.
La Comisión se refiere, en sus observaciones, a la distinción efectuada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia entre el cumplimiento de obligaciones principales, cuyo respeto es de fundamental importancia para el buen funcionamiento del sistema comunitario, y el incumplimiento de obligaciones secundarias.
En el primer caso, la pérdida de la fianza no sería contraria al principio de proporcionalidad, aun cuando se tratare de un incumplimiento menor. Ahora bien, las dos obligaciones de que se trata son —según la Comisión— obligaciones principales. En efecto, el plazo de carga determina las condiciones de adjudicación al igual que las restantes características mencionadas en el anexo A del Reglamento no 588/81 y es indispensable a efectos de la adjudicación.
Además, el respeto de dicho plazo es importante para garantizar la entrega de la mercancía en buenas condiciones en el marco de la ayuda alimentaria. No se puede, en efecto, sobrepasar dicho plazo sin que ello repercuta sobre la fecha de llegada de la mercancía a destino.
Incluso, de admitirse semejante excepción en cuanto al plazo, se violaría el principio de igualdad de trato de todos los interesados en la adjudicación, ya que aquellos que a priori se planteasen no respetar el plazo de carga podrían obtener condiciones más favorables que aquellos que se propusieran respetarlo y, en consecuencia, podrían presentar ofertas más ventajosas que las de estos últimos.
Según la Comisión, hay que precisar finalmente que, en contra de lo que estima el tribunal a quo, la regulación comunitaria no prevé un trato distinto para el adjudicatario que no entrega más que una parte de la mercancía. Éste perdería igualmente la totalidad de la fianza que hubiera prestado, excepto cuando se tratase de cantidades no entregadas a causa del beneficiario o cuando las cantidades entregadas no sobrepasaren un umbral de tolerancia de un 2 % sobre el peso a entregar.
En cuanto al requisito de antigüedad del buque, no cabe duda de que los buques de más de quince años de antigüedad presentan un riesgo mayor, como se confirma por las primas más elevadas que la mayoría de los aseguradores exigen para estos buques y por la práctica de ciertos Estados de Oriente Medio que someten estos buques a controles más severos cuando navegan por aguas de su jurisdicción. Finalmente, en este caso, de admitirse la posibilidad de no respetar estas condiciones, también se violaría el principio de igualdad de trato, al favorecer a los adjudicatarios que pensasen utilizar buques más antiguos, y en consecuencia a precios inferiores, y que por este hecho pudieran presentar ofertas más ventajosas.
La Comisión señala, por último, que la autorización de utilizar buques de más de quice años de antigüedad, dada a los adjudicatarios de una ayuda alimentaria a Lesotho por el Reglamento no 75/84, no constituye más que una excepción puntual, justificada por la necesidad de imponer condiciones menos estrictas para un transporte mucho más difícil que el normal por razón de la situación geográfica de este país y, en consecuencia, menos atractivo para los agentes económicos.
III. Respuestas de la Comisión a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia
La Comisión, en su respuesta de 15 de enero de 1986 a las preguntas que le había formulado el Tribunal, afirmó que, por lo que ella sabe, todos los aseguradores marítimos de los Estados miembros exigen una prima suplementaria para el seguro de los buques de más de quince años de antigüedad. Indicó, igualmente, que no es posible medir o escalonar el incremento del riesgo para un buque de más antigüedad de la señalada, pero que la experiencia demuestra que dichos buques tienen un mayor número de accidentes. Por otra parte, un armador que hace navegar un barco viejo está demostrando con dicho proceder que no dispone de medios financieros demasiado abundantes, lo que permite pensar que también va a limitar los trabajos de mantenimiento necesarios para el buque y, por consiguiente, ello permite concluir que existe un incremento del riesgo del transporte.
La Comisión señala, finalmente, que, de acuerdo con sus informaciones, son especialmente Arabia Saudita y Jordania quienes someten a controles más severos a los buques de más de quince años de antigüedad.
G. Bosco
Juez Ponente
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.