Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
de 6 de mayo de 2026 (*)
« Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de prendas de vestir y accesorios para hombres, mujeres y niños con licencia Pierre Cardin — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE — Multa — Error de Derecho — Proporcionalidad — Competencia jurisdiccional plena »
En el asunto T‑87/25,
Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers Stiftung & Co. KG, con domicilio social en Herford (Alemania), representada por la Sra. U. Itzen y los Sres. N. Andree, A. Pliego Selie y S. Prüfer, abogados,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por los Sres. M. Domecq, A. Keidel e I. Naglis, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),
integrado por la Sra. K. Kowalik-Bańczyk, Presidenta, los Sres. R. da Silva Passos (Ponente) y H. Cassagnabère, Jueces;
Secretaria: Sra. I. Kurme, administradora,
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 11 de diciembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso, basado en el artículo
263 TFUE, la demandante, Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers Stiftung & Co. KG, solicita, con carácter principal, la anulación, en esencia, de los artículos
2, párrafo primero, letra b), y
3 de la Decisión C(2024) 8150 final de la Comisión, de 28 de noviembre de 2024, relativa a un procedimiento en virtud del artículo
101 [TFUE] y del artículo
53 del Acuerdo EEE (asunto AT.40642 — Pierre Cardin) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), y, con carácter subsidiario, la reducción del importe de la multa que se le impuso.
Antecedentes del litigio
2        A raíz de una denuncia presentada el 25 de marzo de 2019, la Comisión Europea, sobre la base del artículo
7 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), declaró en la Decisión impugnada que, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de marzo de 2021 (en lo sucesivo, «período de la infracción»), Pierre Cardin Evolution y Société de Gestion Pierre Cardin (en lo sucesivo, «sociedades Pierre Cardin») y la demandante habían participado en acuerdos o prácticas concertadas relativos a la comercialización de productos de la marca Pierre Cardin.
3        Durante el período de la infracción, la demandante era la sociedad matriz de un grupo de empresas (en lo sucesivo, «grupo Ahlers») y era de ese modo titular indirectamente de la mayoría del capital, con derecho a voto, de Ahlers AG, incluidas sus filiales (en lo sucesivo, «Ahlers AG»). Esta última era titular durante dicho período de la mayoría del capital de varias filiales.
4        La actividad principal del grupo Ahlers consistía, durante el período de la infracción, en la fabricación y distribución de prendas de vestir en Europa, principalmente bajo la marca Pierre Cardin.
5        A finales de abril de 2023, Ahlers AG solicitó la apertura de un procedimiento de insolvencia y se nombraron administradores provisionales en dicho procedimiento.
6        El 15 de julio de 2023, se abrió un procedimiento formal de insolvencia en relación con Ahlers AG y, de este modo, se transmitió el control de las entidades insolventes a los administradores de la insolvencia. Ese mismo día, dichos administradores vendieron las actividades mercantiles de Ahlers AG y las transmitieron de manera irreversible a un tercero, un inversor independiente.
7        Tras los contactos mantenidos entre los administradores de la insolvencia y los servicios de la Comisión, estos últimos comunicaron a dichos administradores, mediante escrito de 18 de julio de 2023, su intención de no imponer una posible multa al adquirente de Ahlers AG, en su calidad de sucesor económico de esta. No obstante, esos servicios indicaron que, en esta fase de la investigación, tal comunicación carecía de carácter formal y vinculante para la Comisión.
8        El 18 de marzo de 2024, la demandante presentó una solicitud de reducción del importe de la multa que la Comisión le había notificado previamente. En apoyo de esta solicitud, la demandante invocó el punto
35 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo
23, apartado
2, letra a), del Reglamento n.º 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2), alegando su falta de capacidad contributiva.
9        A raíz de esta solicitud, la Comisión estimó, en los considerandos 508 a 519 de la Decisión impugnada, en esencia, que el volumen de negocios que debía tomarse en consideración para el cálculo del límite máximo de la multa previsto en el artículo
23, apartado
2, del Reglamento n.º 1/2003 era el volumen de negocios consolidado de la demandante correspondiente al último ejercicio social anterior a la adopción de la Decisión impugnada, comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023. Así pues, el volumen de negocios utilizado por la Comisión para calcular el límite máximo incluía no solo el realizado por la demandante durante dicho período, sino también el realizado por Ahlers AG hasta el 15 de julio de 2023.
10      En la Decisión impugnada, la Comisión indicó a continuación, en el considerando 531, lo siguiente:
«Sobre la base de las pruebas descritas en el anexo I y con el fin de evitar la imposición de una multa que pondría en grave peligro la viabilidad económica de Ahlers, el importe final que debe imponerse a [la demandante] debe reducirse a 3 500 000 euros, con arreglo al punto
35 de las Directrices para el cálculo de las multas. Este importe representa una reducción de aproximadamente el 66,09 %.»
11      En el artículo
1 de la Decisión impugnada, la Comisión estimó que la demandante y las sociedades Pierre Cardin habían infringido el artículo 101 TFUE, apartado 1, y el artículo
53 del Acuerdo EEE, al participar en una infracción única y continuada que abarcaba todo el Espacio Económico Europeo (EEE), que consistía en acuerdos o prácticas concertadas que tenían por objeto falsear la competencia en el mercado interior.
12      En el artículo
2, párrafo primero, letra b), de la Decisión impugnada, la Comisión, habida cuenta de la infracción constatada, impuso a la demandante una multa de 3 500 000 euros.
13      Mediante escrito adjunto a la Decisión impugnada, la Comisión respondió a la solicitud de reducción de la multa (véase el apartado 8 de la presente sentencia). De este modo, decidió, en el artículo
3 de la Decisión impugnada, que la demandante estaba autorizada a pagar la multa de manera fraccionada, a condición de que la cantidad de 250 000 euros se pagara en los tres meses siguientes a la fecha de la Decisión. El importe restante debía abonarse en tres tramos anuales, a saber, 750 000 euros a más tardar el 30 de junio de 2026, 1 000 000 euros a más tardar el 30 de junio de 2027 y 1 500 000 euros a más tardar el 30 de junio de 2028, incluidos, para cada uno de dichos tramos, los intereses calculados sobre los importes pendientes de pago durante el período que finaliza el día del pago.
14      Según el artículo
5 de la Decisión impugnada, la demandante y las sociedades Pierre Cardin eran las únicas destinatarias de dicha Decisión. En cambio, dicha Decisión no se dirigió a Ahlers AG.
Pretensiones de las partes
15      La demandante solicita al Tribunal General que:
–        Con carácter principal, anule, en esencia, los artículos
2, párrafo primero, letra b), y
3 de la Decisión impugnada.
–        Con carácter subsidiario, reduzca el importe de la multa que se le ha impuesto.
–        Condene en costas a la Comisión.
16      La Comisión solicita al Tribunal General que:
–        Con carácter principal, desestime el recurso.
–        Con carácter subsidiario, fije el importe de la multa impuesta a la demandante en un importe que considere adecuado.
–        Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
17      Con carácter preliminar, debe precisarse que, mediante su recurso, la demandante no rebate las conclusiones de la Comisión, que figuran en la Decisión impugnada, según las cuales su comportamiento constituye una infracción de las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia. Tampoco cuestiona la apreciación realizada por la Comisión de su falta de capacidad contributiva que figura en el escrito adjunto a la Decisión impugnada (véanse los apartados 8 y 13 de la presente sentencia).
18      En efecto, mediante el presente recurso, la demandante pretende únicamente la anulación de la Decisión impugnada en lo que respecta al importe de la multa que se le impuso, tal como se prevé en los artículos
2, párrafo primero, letra b), y
3 de dicha Decisión. Así pues, la demandante solicita la anulación parcial de la Decisión impugnada o, con carácter subsidiario, que el Tribunal General reduzca el importe de la multa en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, de modo que la multa no supere el 10 % del volumen de negocios realizado durante su último ejercicio completo anterior a la adopción de la Decisión impugnada.
Sobre las pretensiones presentadas con carácter principal
19      En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único, basado en que la Comisión incurrió en errores de Derecho y de apreciación e infringió el artículo
23, apartado
2, del Reglamento n.º 1/2003, al aplicar indebidamente el límite del 10 % del volumen de negocios anual en la determinación del importe de la multa. Alega, en esencia, en una primera imputación, que la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que el límite máximo de la multa del 10 % del volumen de negocios se aplica individualmente a unidades económicas distintas. En una segunda imputación, sostiene que, en el momento de la adopción de la Decisión impugnada, Ahlers AG no formaba parte de la misma unidad económica que ella. En una tercera imputación, aduce que la Comisión cometió un error en la Decisión impugnada al tener en cuenta el volumen de negocios realizado por Ahlers AG al calcular el límite máximo de la multa que se le impuso. En una cuarta imputación, afirma que la jurisprudencia citada en la Decisión impugnada no respalda el enfoque de la Comisión y, en una quinta imputación, manifiesta que el enfoque de la Comisión conduce a un resultado inadecuado, en la medida en que tal enfoque conlleva un importe desproporcionado de la multa, que no puede justificarse por consideraciones relativas a la necesidad de garantizar la eficacia de las sanciones en materia de competencia.
Sobre las cuatro primeras imputaciones del motivo único, basadas en errores cometidos por la Comisión, por una parte, al considerar que la demandante y Ahlers AG pertenecían a una unidad económica única a efectos del cálculo del límite máximo de la multa impuesta y, por otra parte, al tener en cuenta, al calcular dicho límite máximo, el volumen de negocios realizado por Ahlers AG
20      Mediante las cuatro primeras imputaciones del motivo único, que procede examinar conjuntamente, la demandante alega, en esencia, que la Comisión no tuvo en cuenta, al calcular el límite máximo de la multa que se le impuso, el hecho de que, en el momento de la adopción de la Decisión impugnada, Ahlers AG y ella ya no formaban parte de la misma unidad económica. Afirma que, de este modo, la Comisión incurrió en error de Derecho al tener en cuenta, al calcular dicho límite máximo, el volumen de negocios consolidado de la demandante y, por ende, al tener en cuenta el volumen de negocios realizado por Ahlers AG en el cálculo del límite máximo de la multa previsto en el artículo
23, apartado
2, del Reglamento n.º 1/2003.
21      Con carácter preliminar, la demandante subraya que de la jurisprudencia se desprende que la fijación del límite máximo de la multa en el 10 % del volumen de negocios tiene como objetivo evitar que una multa sea desproporcionada habida cuenta de la importancia de la empresa sancionada, con el fin de impedir que se comprometa gravemente la viabilidad económica de esta, que correría el riesgo de ser excluida del mercado.
22      Además, en primer término, la demandante aduce que del tenor del artículo
23, apartado
2, del Reglamento n.º 1/2003 se desprende, sin que la Comisión disponga de ninguna facultad de apreciación a este respecto, que el límite máximo de la multa del 10 % del volumen de negocios debe calcularse individualmente para cualquier empresa afectada por lo que respecta a la unidad económica tal como se presenta en el momento de la adopción de la decisión por la que se impone la multa. Basándose, en particular, en las sentencias de 26 de noviembre de 2013, Kendrion/Comisión (C‑50/12 P, EU:C:2013:771), y de 25 de noviembre de 2020, Comisión/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955), la demandante sostiene que, cuando, antes de la adopción de una decisión por la que se impone una multa, se ha modificado una unidad económica que ha existido previamente, el límite máximo de la multa debe aplicarse individualmente a cada una de las unidades económicas y calcularse en función del volumen de negocios que cada una de ellas haya realizado. Añade que así sucede en el caso de autos, dado que, el 15 de julio de 2023, es decir, antes de la adopción de la Decisión impugnada, se abrió un procedimiento formal de insolvencia y, en esa misma fecha, las actividades mercantiles de Ahlers AG fueron cedidas a un tercero. Por consiguiente, sostiene que al tener en cuenta, al determinar dicho límite máximo, un importe erróneo de volumen de negocios, la Decisión impugnada infringió el artículo
23, apartado
2, del Reglamento n.º 1/2003.
23      En segundo término, la demandante alega que, con arreglo al Derecho alemán en materia de insolvencia, no tenía, en su condición de accionista de Ahlers AG, la facultad de influir en el procedimiento de insolvencia y en el proceso de venta. Indica que los administradores de la insolvencia deben vender los bienes de la sociedad para satisfacer los créditos de los acreedores. En el presente caso, según la demandante, no se cubrieron plenamente los créditos de los acreedores de Ahlers AG, por lo que no hubo ningún excedente que pudiera abonársele en su condición de accionista de Ahlers AG. Por otra parte, añade que la Comisión estuvo estrechamente implicada en el proceso de venta de Ahlers AG, al tiempo que confirma que no se atribuyó ninguna responsabilidad en relación con la multa ni a los activos transmitidos ni al adquirente de los mismos.
24      En tercer término, la demandante sostiene que de la jurisprudencia se desprende que la venta de una filial por parte de una sociedad matriz puede romper la unidad económica que existía hasta entonces entre ambas. A este respecto, afirma que, en el presente caso, aunque la venta se haya realizado mediante una cesión combinada de activos y acciones y Ahlers AG, como sociedad inscrita en liquidación, siga existiendo jurídicamente, hay que constatar que los activos y las acciones que poseía en dicha sociedad, así como sus participaciones en las filiales que no eran insolventes y, por lo tanto, las actividades mercantiles de Ahlers AG, se transmitieron definitivamente al adquirente, de modo que quedó irremediablemente desposeída de ellos.
25      En cuarto término, la demandante sostiene que la jurisprudencia citada en el punto
10.3.5 de la Decisión impugnada, en particular la sentencia de 22 de octubre de 2020, Silver Plastics y Johannes Reifenhäuser/Comisión (C‑702/19 P, EU:C:2020:857), no es aplicable en el caso de autos, ya que solo se refiere a la determinación del ejercicio social pertinente para el cálculo del límite máximo de la multa. La demandante afirma que, de esta manera, la Comisión incurrió en error al basarse en dicha jurisprudencia para justificar, de modo contrario a Derecho, la toma en consideración del volumen de negocios realizado por una unidad económica distinta, Ahlers AG, a efectos del cálculo del límite máximo de la multa que se le impuso. En otras palabras, según la demandante, el límite máximo del 10 % debe determinarse en función, por una parte, de la unidad económica pertinente y, por otra parte, del año de referencia pertinente relativo a esa unidad económica. Añade que la jurisprudencia no autoriza la amalgama de estas dos etapas consecutivas, so pena de infringir lo dispuesto en el artículo
23, apartado
2, del Reglamento n.º 1/2003.
26      La Comisión rebate estas alegaciones.
27      Procede señalar que, mediante las cuatro primeras imputaciones del motivo único, la demandante impugna, en esencia, el hecho de que, en la Decisión impugnada, la Comisión no calculara el límite del 10 % del volumen de negocios realizado individualmente por cada una de las sociedades del grupo, sino que lo hiciera en función de su volumen de negocios consolidado, que incluía el realizado por Ahlers AG, mientras que, en el momento de la adopción de la Decisión impugnada, ambas empresas ya no formaban parte de la misma unidad económica. Así pues, sostiene que, al considerar que el «ejercicio social anterior» pertinente, en el sentido del artículo
23, apartado
2, del Reglamento n.º 1/2003, era el comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023, la Comisión incurrió en error al calcular el límite máximo de la multa que se le impuso. En ese sentido, alega que la Comisión solo habría debido tener en cuenta el volumen de negocios de la demandante realizado durante dicho período, sin incluir en él el realizado por Ahlers AG.
28      En primer lugar, por lo que respecta a la responsabilidad de la demandante en la infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, y del artículo
53 del Acuerdo EEE, sancionada por la Decisión impugnada, procede recordar que el artículo
23, apartado
2, del Reglamento n.º 1/2003 dispone que la Comisión podrá imponer multas a las empresas que infrinjan el artículo
101 TFUE siempre que, por cada empresa que participe en la infracción, la multa no supere el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior.
29      No obstante, ni el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1/2003 ni la jurisprudencia determinan cuál es la persona jurídica o física que la Comisión debe considerar responsable de la infracción y sancionar mediante la imposición de una multa (véase la sentencia de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, apartado 51 y jurisprudencia citada).
30      Según reiterada jurisprudencia, el comportamiento infractor de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica distinta, esa filial no determine de manera autónoma su conducta en el mercado, sino que aplique, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos personas jurídicas. Esto se debe a que, en una situación como la descrita, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y constituyen, por tanto, una sola empresa a efectos del Derecho de la competencia de la Unión (véase la sentencia de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, apartados 52 y 53 y jurisprudencia citada).
31      Además, según reiterada jurisprudencia, la sociedad matriz a la que se le imputa el comportamiento infractor de su filial es condenada personalmente por una infracción de las normas sobre competencia de la Unión que se considera que cometió ella misma, debido a la influencia determinante que ejercía sobre la filial y que le permitía determinar el comportamiento de esta última en el mercado (véase la sentencia de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, apartado 56 y jurisprudencia citada).
32      En efecto, el Derecho de la Unión en materia de competencia se funda en el principio de responsabilidad personal de la entidad económica que haya cometido la infracción. De este modo, en el supuesto de que la sociedad matriz forme parte de esa unidad económica, se considera que es personal y solidariamente responsable de las infracciones cometidas junto con las demás personas jurídicas que integran dicha unidad (véase la sentencia de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, apartado 57 y jurisprudencia citada).
33      De la jurisprudencia también se desprende que, cuando existen varias personas físicas o jurídicas, como una sociedad matriz y una sociedad filial, que pueden ser consideradas responsables del comportamiento infractor de la empresa de que se trate, la Comisión puede optar libremente por imputar dicho comportamiento a una de ellas o a cada una de ellas al mismo tiempo (véase, en ese sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2011, Uralita/Comisión, T‑349/08, no publicada, EU:T:2011:622, apartados 58 a 60 y jurisprudencia citada).
34      En el caso de autos, debe recordarse que, en el considerando 474 de la Decisión impugnada, la Comisión estimó, sin que la demandante negara este extremo, que Ahlers AG y otra empresa no habían decidido de modo independiente su conducta en los negocios relativos a los productos de la marca Pierre Cardin, sino que habían aplicado, en todos los aspectos sustanciales, instrucciones recibidas de la demandante. Según la Comisión, dichas empresas formaban una única unidad económica con la demandante, a efectos de la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, y del artículo
53 del Acuerdo EEE.
35      En consecuencia, procede declarar, por un lado, que la demandante participó en la infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, y del artículo
53 del Acuerdo EEE, sancionada en la Decisión impugnada (véase el apartado
2 de la presente sentencia), y, por otro, que, durante todo el período de la infracción y también durante una parte del ejercicio social tomado en consideración por la Comisión para el cálculo de la multa que se le impuso, es decir, entre el 1 de diciembre de 2022 y el 15 de julio de 2023, la demandante era la sociedad matriz del grupo Ahlers y, por ello, era titular indirectamente de la mayoría del capital de Ahlers AG (véanse los apartados 3 y 9
de la presente sentencia).
36      A este respecto, la demandante no niega que la apertura de un procedimiento formal de insolvencia relativo a Ahlers AG y la cesión de las actividades mercantiles de esta última, el 15 de julio de 2023, a un tercero (véase el apartado
6 de la presente sentencia) no eliminan su responsabilidad en la infracción declarada y sancionada en la Decisión impugnada.
37      En efecto, con independencia de la apertura de un procedimiento de insolvencia y de la cesión de las actividades mercantiles que la siguió, que tuvieron como consecuencia que, en el momento de la adopción de la Decisión impugnada, la demandante y Ahlers AG ya no formaran parte de la misma unidad económica, la demandante no impugna el hecho de que la Comisión la considerara responsable, en la Decisión impugnada, de la infracción constatada, sin declararla, no obstante, solidariamente responsable con Ahlers AG.
38      De este modo, la Comisión estimó, en el artículo
1 de la Decisión impugnada, que la demandante y otras dos sociedades, a saber, las sociedades Pierre Cardin, habían infringido el artículo 101 TFUE, apartado 1, y el artículo
53 del Acuerdo EEE y, por tanto, consideró a la demandante responsable de la infracción, sin incluir no obstante a Ahlers AG en dicha declaración de responsabilidad. Por otra parte, procede señalar que, mediante el presente recurso, la demandante no niega ni su responsabilidad en la infracción de que se trata, y, por ende, no solicita la anulación del artículo
1 de la Decisión impugnada, ni el hecho de que Ahlers AG no haya sido mencionada en ese artículo de la Decisión impugnada y no haya sido destinataria de esa Decisión (véanse los apartados 18 y 19
de la presente sentencia).
39      En segundo lugar, se plantea si, en primer término, la Comisión tuvo en cuenta acertadamente, en la Decisión impugnada, como «ejercicio social anterior» pertinente, en el sentido del artículo
23, apartado
2, del Reglamento n.º 1/2003, el ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023 y si, en segundo término, al calcular el límite máximo de la multa, la Comisión debería haber tomado en consideración únicamente el volumen de negocios de la demandante durante dicho período o, como hizo en la Decisión impugnada, también el volumen de negocios de Ahlers AG.
40      A este respecto, por un lado, procede señalar que, en el considerando 515 de la Decisión impugnada, la Comisión señaló que, durante el período de la infracción, la demandante, Ahlers AG y otra empresa formaban una unidad económica única y que, durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023, Ahlers AG había realizado la mayor parte del volumen de negocios de la demandante. La Comisión consideró que, para la aplicación del límite del 10 % del volumen de negocios, la toma en consideración del volumen de negocios de Ahlers AG hasta el 15 de julio de 2023, fecha de la cesión de las actividades mercantiles de esta última a un tercero, podía garantizar el carácter proporcionado de la multa habida cuenta de la situación económica de la demandante durante el período de la infracción. En este contexto, la Comisión observó además que el menor volumen de negocios realizado por las empresas distintas de Ahlers AG, a saber, esencialmente la demandante a partir del 16 de julio de 2023, tras la cesión de las actividades mercantiles de Ahlers AG a un tercero, representaba la situación económica de la demandante durante los meses restantes del ejercicio social comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023, pero no reflejaba fielmente la situación de esta última en el conjunto de dicho ejercicio social o durante el período de la infracción. La Comisión también observó que, si se hubiera excluido del cálculo de la multa la totalidad del volumen de negocios anual de Ahlers AG correspondiente a 2023, ello le habría llevado a fijar el importe de la multa en un nivel excesivamente bajo, privándola así de todo efecto disuasorio.
41      Por otro lado, por lo que respecta al volumen de negocios que debe tenerse en cuenta para el cálculo del límite máximo de la multa impuesta a la demandante, de la jurisprudencia se desprende que el límite superior del importe de la multa, previsto en el artículo
23, apartado
2, del Reglamento n.º 1/2003, cuyo contenido se ha recordado en el apartado
28 de la presente sentencia, pretende evitar que se impongan multas que las empresas
—dadas sus dimensiones, determinadas, aunque sea de forma aproximada e imperfecta, por su volumen de negocios global—
probablemente no podrán pagar. Se trata, por tanto, de un límite, aplicable uniformemente a todas las empresas y ajustado a la dimensión de cada una, que pretende evitar las multas cuyo importe sea excesivo y desproporcionado (véase la sentencia de 26 de noviembre de 2013, Groupe Gascogne/Comisión, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, apartado 48 y jurisprudencia citada).
42      Tal finalidad debe, no obstante, combinarse con el objetivo de garantizar que la multa sea lo suficientemente disuasoria, el cual justifica que se tomen en consideración el tamaño y el poder económico de la empresa de que se trate, es decir, los recursos globales del autor de la infracción (véase la sentencia de 26 de noviembre de 2013, Groupe Gascogne/Comisión, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, apartado 49 y jurisprudencia citada).
43      En efecto, es el impacto deseado sobre la empresa de que se trate lo que justifica que se tomen en consideración el tamaño y los recursos globales de dicha empresa para garantizar que la multa tenga un efecto disuasorio suficiente, ya que la sanción no debe ser insignificante, especialmente en relación con la capacidad financiera de dicha empresa (véase la sentencia de 26 de noviembre de 2013, Groupe Gascogne/Comisión, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, apartado 50 y jurisprudencia citada). Así pues, a la hora de evaluar los recursos económicos de una empresa a la que se imputa una infracción de las normas de la Unión en materia de competencia, resulta justificado tomar en consideración el volumen de negocios del conjunto de las sociedades con respecto a las cuales la empresa en cuestión tiene la posibilidad de ejercer una influencia determinante (véase la sentencia de 26 de noviembre de 2013, Groupe Gascogne/Comisión, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, apartado 51 y jurisprudencia citada). Además, como alega la Comisión, no está obligada, al determinar el importe de la multa,
a tomar en consideración la frágil situación financiera de una empresa, ya que el reconocimiento de tal obligación equivaldría a procurar una ventaja competitiva injustificada a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado (véase, en ese sentido, la sentencia de 28
de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, EU:C:2005:408, apartado
327 y jurisprudencia citada).
44      De este modo, para determinar el «ejercicio social anterior», en el sentido del artículo
23, apartado
2, del Reglamento n.º 1/2003, la Comisión debe apreciar, en cada caso concreto y teniendo en cuenta su contexto y los objetivos perseguidos por el régimen de sanciones establecido por el Reglamento n.º 1/2003, el efecto que se pretenda alcanzar sobre la empresa afectada, en particular teniendo en cuenta el volumen de negocios que refleje la situación económica real de esta durante el período en el que se cometió la infracción (véase la sentencia de 22 de octubre de 2020, Silver Plastics y Johannes Reifenhäuser/Comisión, C‑702/19 P, EU:C:2020:857, apartado 102 y jurisprudencia citada).
45      En el caso de autos, por lo que respecta, en primer lugar, al «ejercicio social anterior» pertinente, en el sentido del artículo
23, apartado
2, del Reglamento n.º 1/2003, y a su determinación entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023 (primera cuestión mencionada en el apartado
39 de la presente sentencia), procede señalar que, en la nota 827 de la Decisión impugnada, la Comisión indicó que ese período de referencia correspondía al ejercicio social de Ahlers AG y de la demandante, extremo que, por lo demás, no discute.
46      Pues bien, en la medida en que la Decisión impugnada fue adoptada el 28 de noviembre de 2024, procede indicar que la Comisión señaló correctamente, en el considerando 511 de la Decisión impugnada, que el «ejercicio social anterior», en el sentido del artículo
23, apartado
2, del Reglamento n.º 1/2003, se extendía del 1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023. Por otra parte, la propia demandante confirma que en el caso de autos no se cuestiona la decisión de la Comisión de tener en cuenta este año como año de referencia a efectos de la aplicación del límite del 10 % del volumen de negocios.
47      Por lo que atañe, en segundo lugar, a la cuestión de si, al calcular el límite máximo de la multa, la Comisión debería haber tenido en cuenta únicamente el volumen de negocios de la demandante o, como hizo en la Decisión impugnada, también el de Ahlers AG (segunda cuestión mencionada en el apartado
39 de la presente sentencia), debe señalarse que la demandante no cuestiona el importe de los volúmenes de negocios tomados en consideración en la Decisión impugnada, sino únicamente el hecho de que, al calcular el límite máximo de la multa, la Comisión tuvo en cuenta su volumen de negocios consolidado, que incluía el realizado por Ahlers AG entre el 1 de diciembre de 2022 y el 15 de julio de 2023, y no se basó únicamente en su volumen de negocios.
48      Además, procede recordar que, como mencionó la Comisión en los considerandos 511 y 512 de la Decisión impugnada, sin que la demandante negara este extremo, durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 15 de julio de 2023, fecha de la cesión de las actividades mercantiles de Ahlers AG a un tercero, el volumen de negocios generado por Ahlers AG formaba parte del volumen de negocios consolidado de la demandante.
49      A este respecto, las normas de consolidación contable vigentes en el Derecho de la Unión tienen por objeto ofrecer una imagen fiel del patrimonio, de la situación económica y de los resultados del conjunto de las sociedades que forman parte de un grupo. El artículo
22, apartado
1, letras a) a c), de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO 2013, L 182, p. 19), impone la obligación de elaborar estados financieros a toda empresa matriz que, en particular, tenga la mayoría de los derechos de voto en una empresa filial, tenga derecho a designar o cesar a la mayoría de los miembros del órgano de dirección o de supervisión de tal empresa o tenga derecho a ejercer una «influencia dominante» sobre tal empresa (véase, por analogía, la sentencia de 26 de noviembre de 2013, Groupe Gascogne/Comisión, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, apartado 54).
50      Por consiguiente, cuando ha demostrado suficientemente con arreglo a Derecho la imputabilidad de una infracción a una sociedad que se encuentra a la cabeza de un grupo, como en el caso de autos, la Comisión puede, a efectos de evaluar la capacidad económica de dicha sociedad, tomar como referencia sus cuentas consolidadas, toda vez que estas pueden considerarse un elemento pertinente de apreciación (sentencia de 26 de noviembre de 2013, Groupe Gascogne/Comisión, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, apartado 55).
51      Además, procede recordar que, según la jurisprudencia, si se admitiera que una empresa que hubiera cometido una infracción de las normas de la Unión en materia de competencia pudiera logar que se redujera considerablemente, mediante la transmisión a un tercero de un sector de sus actividades unos días antes de la adopción de la decisión que le impone una multa, el límite que dicha multa no debe superar en ningún caso, la eficacia de las sanciones previstas en el Reglamento n.º 1/2003 se vería gravemente comprometida (sentencia de 22 de octubre de 2020, Silver Plastics y Johannes Reifenhäuser/Comisión, C‑702/19 P, EU:C:2020:857, apartado 104).
52      En el caso de autos, dado que, con arreglo a la jurisprudencia mencionada en el apartado
44 de la presente sentencia, el volumen de negocios realizado durante el ejercicio social anterior, en el sentido del artículo
23, apartado
2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1/2003, debe reflejar la situación económica real de la empresa durante el período en el que se cometió la infracción, no puede reprocharse a la Comisión haber tenido en cuenta el volumen de negocios consolidado de la demandante como sociedad matriz, que incluía, por tanto, el de su filial, Ahlers AG, entre el 1 de diciembre de 2022 y el 15 de julio de 2023. En efecto, la demandante no niega que, durante el período de la infracción y hasta esta última fecha, formaba una unidad económica única con Ahlers AG, sobre la que ejercía una influencia determinante.
53      Además, procede señalar que, en las circunstancias del caso de autos y como se ha indicado en el apartado
40 de la presente sentencia, si la Comisión hubiera calculado el importe de la multa basándose únicamente en el volumen de negocios realizado por la demandante, dicho importe habría sido irrisorio habida cuenta de la gravedad de la infracción, de su duración y de las ganancias ilícitas generadas por esa infracción mientras duró su comisión.
54      A este respecto, y en cualquier caso, hay que señalar que, tal como alega la Comisión, esta podría incluso haber tomado como período de referencia para el cálculo del límite máximo de la multa impuesta a la demandante el ejercicio social comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022, lo que habría resultado más desfavorable para esta. En efecto, la Comisión estaba facultada para considerar que, tal como se menciona en el apartado 44 de la presente sentencia, dicho ejercicio social era el que mejor reflejaba la situación económica real de la empresa durante el período de comisión de la infracción, ya que era el último ejercicio social completo en el que Ahlers AG y la demandante formaban una misma unidad económica, como había sucedido durante el tiempo en que duró la infracción.
55      Además, procede desestimar las alegaciones de la demandante, incluidas las expuestas en la vista, según las cuales, en el caso de autos, el cálculo del límite máximo de la multa que se le impuso en la Decisión impugnada es contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resultante, en particular, de las sentencias de 26 de noviembre de 2013, Kendrion/Comisión (C‑50/12 P, EU:C:2013:771), y de 25 de noviembre de 2020, Comisión/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955).
56      En efecto, en los apartados 53, 57 y 58 de la sentencia de 26 de noviembre de 2013, Kendrion/Comisión (C‑50/12 P, EU:C:2013:771), el Tribunal de Justicia consideró que, en el supuesto de que una sociedad matriz y su filial ya no constituyeran una empresa en el sentido del artículo 101 TFUE en la fecha de adopción de una decisión por la que se les imponía una multa por infracción de las normas de competencia, cada una de ellas tenía derecho a que se le aplicara individualmente el límite máximo del 10 % del volumen de negocios y, en tales circunstancias, la sociedad matriz no podía pretender beneficiarse del límite máximo aplicable a su antigua filial. El Tribunal de Justicia rechazó así la alegación según la cual del concepto de responsabilidad solidaria se derivaba que una sociedad matriz no podía ser condenada al pago de una multa de cuantía superior a la de la multa impuesta a su filial.
57      Asimismo, en los apartados
75, 77, 79 y 80 de la sentencia de 25 de noviembre de 2020, Comisión/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955), el Tribunal de Justicia, basándose además en la jurisprudencia derivada de la sentencia de 26 de noviembre de 2013, Kendrion/Comisión (C‑50/12 P, EU:C:2013:771), recordó, de entrada, que, cuando dos personas jurídicas distintas, como una sociedad matriz y su filial, ya no constituyen una empresa en el sentido del artículo
101 TFUE en la fecha de adopción de una decisión por la que se les impone una multa, tienen derecho a que se les aplique individualmente el límite máximo del 10 % del volumen de negocios. A continuación, el Tribunal de Justicia validó el cálculo de ese límite máximo para cada una de estas dos personas jurídicas, efectuado por separado por la Comisión sobre la base del volumen de negocios realizado durante el ejercicio social que precedió a la adopción de la decisión controvertida en dicho asunto y del que resultaba que la sociedad matriz era la única responsable de una parte de la multa impuesta.
58      En cambio, en el presente asunto, además de las sociedades Pierre Cardin, se consideró que únicamente la sociedad matriz, a saber, la demandante, había infringido el artículo 101 TFUE, apartado 1, y el artículo
53 del Acuerdo EEE (véase el apartado 11 de la presente sentencia). Por lo tanto, solo la demandante como sociedad matriz, con exclusión de Ahlers AG como antigua filial, fue objeto en la Decisión impugnada de una multa por infracción de las normas de competencia de la Unión y solo a ella se dirigió dicha Decisión (véanse los apartados 12 y 14
de la presente sentencia).
59      Por tanto, de lo anterior resulta que la demandante no puede afirmar que la Comisión únicamente debería haber tenido en cuenta, para calcular el volumen de negocios realizado entre el 1 de diciembre de 2022 y el 15 de julio de 2023, el realizado por ella en dicho período, sin tener en cuenta el volumen de negocios realizado por su filial, Ahlers AG.
60      De ello se deduce que, para calcular el límite máximo de la multa impuesta a la demandante, la Comisión no incurrió en error de Derecho al tener en cuenta el volumen de negocios consolidado de esta correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023, que incluía, por tanto, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado
44 de la presente sentencia, el volumen de negocios realizado por Ahlers AG hasta el 15 de julio de 2023, fecha de la cesión de las actividades mercantiles de esta a un tercero (véase el apartado 6 de la presente sentencia). En efecto, ese volumen de negocios reflejaba la situación económica real de la demandante durante el período de la infracción.
61      Por lo tanto, procede desestimar las imputaciones primera, segunda, tercera y cuarta del motivo único.
Sobre la quinta imputación del motivo único, basada en el carácter desproporcionado de la multa
62      Mediante la quinta imputación del motivo único, la demandante alega que el enfoque de la Comisión en la Decisión impugnada conduce a un importe de multa desproporcionado que no puede justificarse por consideraciones relativas a la necesidad de garantizar la eficacia de las sanciones en materia de competencia.
63      En primer término, la demandante alega que la Comisión fijó un importe máximo de la multa en aproximadamente 10,4 millones de euros durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023, mientras que obtuvo un volumen de negocios de aproximadamente 3,7 millones de euros, lo que, en su opinión, justifica una multa máxima inferior a 400 000 euros. Considera que el importe máximo de la multa fijado por la Comisión supera el 10 % de su volumen de negocios y resulta desproporcionado en relación con su tamaño como empresa afectada en el momento de la adopción de la Decisión impugnada.
64      En segundo término, según la demandante, tal resultado no puede justificarse por consideraciones relativas a la efectividad de las sanciones en materia de prácticas contrarias a la competencia. La demandante alega que la línea jurisprudencial relativa al año de referencia pertinente a efectos de la aplicación del límite máximo del 10 % tiene por objeto, en particular, garantizar la efectividad de las sanciones impuestas en materia de prácticas contrarias a la competencia, es decir, evitar que las empresas afectadas puedan reducir arbitrariamente el importe máximo de una multa, por ejemplo, mediante una reestructuración deliberada o una venta de activos a terceros. Pues bien, la demandante estima que en el caso de autos no se plantea ningún problema de efectividad de este tipo, en la medida en que, por una parte, la insolvencia de Ahlers AG se debió a diversos factores, ajenos a dichas empresas, y a condiciones de mercado desfavorables y, por otra parte, la venta y la transmisión de las actividades mercantiles de Ahlers AG a un tercero son una consecuencia normal del procedimiento de insolvencia.
65      La Comisión rebate estas alegaciones.
66      A este respecto, procede observar que, mediante la quinta imputación, la demandante cuestiona, en esencia, la proporcionalidad de la multa que se le impuso, limitándose a alegar sobre este punto que el límite máximo de esta última se calculó erróneamente sobre la base del volumen de negocios consolidado que realizó en el ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023, como sociedad matriz de Ahlers AG, y hasta el 15 de julio de 2023, fecha de la cesión a un tercero de las actividades mercantiles de dicha sociedad.
67      Pues bien, es preciso señalar que, en estas circunstancias, no cabe sino desestimar la quinta imputación como consecuencia de lo declarado en los apartados
27 a 61 de la presente sentencia.
68      Por lo tanto, procede desestimar la quinta imputación del motivo único y, en consecuencia, este motivo en su totalidad.
Sobre la pretensión formulada con carácter subsidiario
69      Por otra parte, en cuanto a la segunda pretensión de la demandante, formulada con carácter subsidiario (véase el apartado
15 de la presente sentencia), que tiene por objeto la reducción del importe de la multa, procede recordar que, según la jurisprudencia, la competencia jurisdiccional plena, reconocida al juez de la Unión en el artículo
31 del Reglamento n.º 1/2003 conforme al artículo
261 TFUE, faculta al juez, más allá del mero control de la legalidad de la sanción, para sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia y, en consecuencia, para suprimir, reducir o aumentar la multa o la multa coercitiva impuesta (véase la sentencia de 11 de julio de 2019, Silver Plastics y Johannes Reifenhäuser/Comisión, T‑582/15, no publicada, EU:T:2019:497, apartado 361 y jurisprudencia citada).
70      Además, el ejercicio de esta competencia jurisdiccional plena no equivale a un control de oficio y el procedimiento es contradictorio. En principio, corresponde a la parte demandante alegar los motivos contra la decisión controvertida y aportar las pruebas en apoyo de dichos motivos (véase la sentencia de 11 de julio de 2019, Silver Plastics y Johannes Reifenhäuser/Comisión, T‑582/15, no publicada, EU:T:2019:497, apartado 362 y jurisprudencia citada).
71      En el caso de autos, procede señalar que, mediante su segunda pretensión, formulada con carácter subsidiario
(véase el apartado 15 de la presente sentencia), la demandante se limita a solicitar que se reduzca el importe de la multa, sin formular, no obstante, ninguna argumentación específica en apoyo de esta pretensión. En estas circunstancias, ninguna de las alegaciones presentadas en apoyo de la pretensión formulada con carácter principal está fundada y la demandante no cumple la exigencia, recordada en la jurisprudencia citada en el apartado
70 de la presente sentencia, de invocar motivos y aportar pruebas en apoyo de su pretensión.
72      Así pues, la segunda pretensión de la demandante, consistente en la reducción de la multa, debe desestimarse.
73      En consecuencia, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
74      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla al pago de las costas conforme ha solicitado la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
decide:
1)      Desestimar el recurso.
2)      Condenar en costas a Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers Stiftung & Co. KG.
Kowalik-Bańczyk
da Silva Passos
Cassagnabère
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de mayo de 2026.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: inglés.