61995TO0002_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto T-2/95 R,
Industrie des poudres sphériques, sociedad francesa, establecida en Annemasse (Francia), representada por Me Chantal Momège, Abogada de París, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,
parte demandante,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. Ramón Torrent y Jorge Monteiro, en calidad de Agentes, asistidos por el Sr. Philip Bentley, Barrister of Lincoln' s Inn, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Bruno Eynard, Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones,
parte demandada,
que tiene por objeto una demanda de suspensión de la ejecución, respecto de la demandante, del Reglamento (CE) nº 2557/94 del Consejo, de 19 de octubre de 1994, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de calcio metal originario de la República Popular de China y Rusia (DO L 270, p. 27),
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
dicta el siguiente
Auto
Motivación de la sentencia
Antecedentes de hecho
1 El 18 de septiembre de 1989, el Consejo adoptó el Reglamento (CEE) nº 2808/89, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de calcio metal, originarias de la República Popular de China y de la Unión Soviética, y se percibe definitivamente el derecho antidumping provisional establecido sobre dichas importaciones (DO L 271, p. 1; en lo sucesivo, "Reglamento nº 2808/89"). Este Reglamento preveía un derecho antidumping del 21,8 % sobre las importaciones de calcio metal originarias de la República Popular de China y del 22 % sobre las importaciones del mismo producto originarias de la Unión Soviética.
2 El Reglamento nº 2808/89 fue objeto de un recurso de anulación y de una demanda de medidas provisionales por parte de la demandante, que por entonces operaba con el nombre de "Extramet Industrie SA". Esta demanda fue desestimada mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1990, Extramet Industrie/Consejo (C-358/89 R, Rec. p. I-431), debido a que la demandante no pudo demostrar su alegación relativa a la inminencia del riesgo de no poder sobrevivir a la imposición del derecho antidumping.
3 Mediante sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 1991, Extramet Industrie/Consejo (C-358/89, Rec. p. I-2501), se declaró la admisibilidad del recurso de anulación interpuesto por dicha empresa. Mediante sentencia de 11 de junio de 1992, el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento nº 2808/89 (Extramet Industrie/Consejo, C-358/89, Rec. p. I-3813), por considerar que las Instituciones comunitarias no habían examinado si, mediante su negativa de venta, la propia Péchiney Electrométallurgie SA (en lo sucesivo, "Péchiney"), único productor comunitario del producto a que se refiere dicho Reglamento, contribuyó al perjuicio sufrido, y no habían comprobado si el perjuicio considerado resultaba de factores ajenos al dumping, como los alegados por la demandante.
4 Después de recibir de Péchiney nuevas informaciones, la Comisión reanudó la investigación y adoptó, el 21 de abril de 1994, el Reglamento (CE) nº 892/94, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de calcio metal originario de la República Popular de China y Rusia (DO L 104, p. 5; en lo sucesivo, "Reglamento nº 892/94"). El importe del derecho impuesto se elevaba a 2.074 ECU por tonelada, para el calcio metal originario de la República Popular de China, y a 2.120 ECU por tonelada para el calcio metal originario de Rusia. El 19 de noviembre de 1994, a propuesta de la Comisión, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 2557/94, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de calcio metal originario de la República Popular de China y Rusia (DO L 270, p. 27; en lo sucesivo, "Reglamento impugnado"). El importe del derecho se mantenía en el nivel fijado por el Reglamento nº 892/94.
5 De los considerandos del Reglamento impugnado resulta que la actividad de la demandante consiste, en particular, en transformar el calcio metal en gránulos. Por las particularidades del procedimiento para su transformación, que implica ciertas exigencias debidas al contenido de oxígeno del calcio metal utilizado, la demandante encuentra dificultades técnicas para utilizar el producto fabricado por Péchiney en la forma actualmente disponible. No obstante, también según los considerandos del Reglamento impugnado, a la vista de los esfuerzos realizados por dicho productor comunitario y de las inversiones por él efectuadas, tal circunstancia no permite concluir que el propio productor sea responsable del perjuicio sufrido, como había pretendido la demandante. Por último, los considerandos del Reglamento impugnado prevén que la Comisión lo revise "después de un plazo de seis meses, a partir de su entrada en vigor, cuando así lo justifiquen las condiciones de competencia en el sector de que se trate. Si no fuera así, la revisión se iniciará después de un año".
6 Por considerar que la negativa de Péchiney a suministrarle un producto conforme a sus necesidades constituye un abuso de posición dominante a efectos del artículo 86 del Tratado CE, la demandante presentó una denuncia ante la Comisión el 12 de julio de 1994.
Procedimiento
7 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de enero de 1995, la demandante interpuso, en virtud del artículo 173 del Tratado CE, un recurso mediante el que solicita, con carácter principal, que se anule el Reglamento impugnado o, con carácter subsidiario, que se declare que este Reglamento no es oponible frente a la demandante.
8 Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el mismo día, la demandante interpuso, con arreglo al artículo 185 del Tratado CE, la presente demanda de suspensión de la ejecución del Reglamento impugnado, por lo que a dicha demandante se refiere.
9 El Consejo presentó sus observaciones sobre la presente demanda de medidas provisionales el 18 de enero de 1995. Se oyeron las explicaciones orales de las partes el 30 de enero de 1995. Durante la vista, el Presidente del Tribunal las invitó a iniciar negociaciones con el fin de llegar, en el plazo de cinco días, a un acuerdo que pudiera poner fin al litigio sometido. Una vez expirado este plazo, las partes comunicaron que sus negociaciones no habían conducido a tal acuerdo. Conforme a los plazos fijados por el Presidente del Tribunal, el Consejo presentó, el 1 de febrero de 1995, sus observaciones sobre los documentos incorporados en autos por la demandada durante la audiencia, observaciones a las que la demandante respondió mediante escritos presentados el 1 y el 3 de febrero siguientes, respectivamente.
10 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal el 1 y el 13 de febrero de 1995, respectivamente, Péchiney y la Comisión solicitaron que se las permitiera intervenir, en apoyo de las pretensiones del Consejo, en el presente procedimiento sobre medidas provisionales.
Fundamentos de Derecho
Sobre la demanda de suspensión de la ejecución
11 En virtud del artículo 185 del Tratado CE en relación con el artículo 186 de éste y con el artículo 4 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1), modificada por la Decisión 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consejo, de 8 de junio de 1993 (DO L 144, p. 21), y por la Decisión 94/149/CECA, CE del Consejo, de 7 de marzo de 1994 (DO L 66, p. 29), este Tribunal podrá, si estimare que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado o las medidas provisionales necesarias.
12 El apartado 2 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia prevé que las demandas relativas a las medidas provisionales previstas en los artículos 185 y 186 del Tratado deberán especificar las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada. Las medidas provisionales solicitadas deberán tener carácter provisional, en el sentido de que no deberán prejuzgar la decisión sobre el fondo (véanse los autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 21 de diciembre de 1994, Buchmann/Comisión, T-295/94 R, Rec. p. II-0000, apartado 9, y Laakmann Karton/Comisión, T-301/94 R, Rec. p. II-0000, apartado 10).
Alegaciones de las partes
13 Para demostrar el fundamento prima facie de sus pretensiones, la demandante se refiere a los siete motivos invocados en apoyo del recurso principal. Estos motivos se basan, respectivamente, en la infracción del Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 209, p. 1; en lo sucesivo, "Reglamento de base"), y en la violación del principio de seguridad jurídica, por cuanto la Comisión, a raíz de que la sentencia de 11 de junio de 1992, Extramet Industrie/Consejo, anulara el Reglamento nº 2808/89, "reanudó la investigación"; en la infracción de los artículos 7 y 8 del Reglamento de base y en la vulneración de los derechos de defensa; en la infracción del apartado 4 del artículo 4 y del apartado 12 del artículo 2 del Reglamento de base y en un error de apreciación manifiesto, por cuanto la Comisión dedujo la similitud entre el producto importado de la República Popular de China y de Rusia y el fabricado en la Comunidad; en la infracción del artículo 4 del Reglamento de base y en un error de apreciación manifiesto, por cuanto el Consejo dedujo que la industria comunitaria había sufrido un perjuicio importante; en la infracción del artículo 12 del Reglamento de base y en un error de apreciación manifiesto, por cuanto el Consejo dedujo que, en interés de la Comunidad, procedía establecer medidas definitivas; en la infracción del artículo 190 del Tratado, por cuanto el Consejo incumplió su obligación de motivar en relación con la denuncia por abuso de posición dominante, presentada por la demandante en la Comisión, y, por último, en la desviación de poder, por cuanto la Comisión se hizo cómplice de la utilización de un procedimiento antidumping con fines contrarios a la competencia.
14 Por lo que se refiere a la urgencia, la demandante, que alega que el sector del calcio representa una parte importante de su actividad global, afirma que corre el riesgo de sufrir un perjuicio grave e irreparable como consecuencia de la imposición del derecho antidumping fijado en el Reglamento impugnado. A este respecto, alega que, para cuando el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el fondo, el pago de los derechos la habrá eliminado del mercado.
15 En efecto, según la demandante, el derecho impuesto se eleva a casi el 70 % del precio del producto, mientras que, si tuviera que utilizar el calcio del productor comunitario, ello encarecería sus costes en un 77 %. Además, Péchiney no ha sabido suministrarle, hasta ahora, un producto conforme a sus necesidades, a pesar de los medios de que dispone, sino que, por el contrario, ha intentado excluirla del mercado. Por ello, la demandante no dispone de ninguna fuente de abastecimiento aparte de los productores rusos y chinos. A este respecto, la demandante recuerda que sólo existen cinco productores de calcio en el mundo, de los cuales sólo uno está establecido en la Comunidad, es decir, Péchiney. Después de examinar la naturaleza de la producción de dos sociedades establecidas, respectivamente, en los Estados Unidos de América y en Canadá, añade que la primera sólo podría cubrir la sexta parte de sus necesidades y en unos plazos de entrega de seis meses, y que la segunda, habida cuenta de su estrategia actual, no está en situación de suministrarla.
16 La demandante alega, además, que, desde que el Reglamento nº 892/94 estableció un derecho antidumping provisional, ha perdido a cuatro de sus principales clientes europeos, es decir, el 76 % de su mercado europeo, en beneficio de Péchiney, su principal competidor para el producto transformado, lo que ha reforzado la posición dominante de esta sociedad en todos los mercados del calcio. Para evitar desaparecer de estos mercados, la demandante debería, pues, fomentar la exportación de sus productos a países del exterior de Europa. Ahora bien, con el tiempo, también estos mercados le serían substraídos, ya que Péchiney, reforzada en su posición dominante, podría desarrollar una estrategia agresiva en los citados países.
17 La demandante considera asimismo que la cláusula de revisión que figura en los considerandos del Reglamento impugnado no descarta el riesgo que supone, para ella, la aplicación de este texto. Por una parte, los términos de esta cláusula dejan totalmente a discrecionalidad de la Comisión la apertura del procedimiento de revisión y, por otra parte, puesto que, en lo sucesivo, la demandante ya ha sufrido las pérdidas de cuotas de mercado arriba descritas, las condiciones de competencia ya fueron fundamentalmente modificadas en beneficio de Péchiney en el momento de insertar esta cláusula.
18 La demandante considera, por último, que la ponderación de los intereses contrapuestos se inclina en favor de conceder la medida de suspensión. A este respecto alega que Péchiney no sufre ningún perjuicio por el hecho de que ella importe calcio originario de la República Popular de China y Rusia, ya que Péchiney no ha conseguido, hasta ahora, suministrarle un producto similar. Suponiendo que Péchiney sufriera realmente un perjuicio a efectos del Reglamento de base, tal perjuicio se referiría a menos del 30 % de las importaciones de calcio ruso y chino en la Comunidad, ya que la demandante efectúa, por sí sola, entre el 62 % y el 97 % del total de estas importaciones. Además, la actividad de Péchiney en el sector de que se trata sólo representa el 0,05 % de la actividad del grupo al que esta sociedad pertenece.
19 Con carácter preliminar, el Consejo expresa sus dudas sobre la admisibilidad del recurso en el asunto principal. En opinión del Consejo, la admisión de tal recurso vulneraría la coherencia del sistema jurídico comunitario. En efecto, si se admitiera el recurso de anulación del Reglamento impugnado interpuesto por la demandante únicamente por lo que a ella respecta, los demás importadores podrían, llegado el caso, eludir los derechos comprando el producto que ella importa. Por el contrario, si se admitiera su recurso de anulación de la totalidad del Reglamento, ello podría conducir a anular, equivocadamente, una medida de alcance general a petición de un particular que sólo resulta afectado en su calidad objetiva de importador.
20 En respuesta a los motivos invocados por la demandante, el Consejo alega, con carácter preliminar, que la demandante se limita a referirse, de forma global, a los motivos invocados en su recurso en el asunto principal, sin especificar los elementos que podrían justificar, a primera vista, la concesión de la medida solicitada. Por lo que se refiere al primer motivo invocado por la demandante, el Consejo considera que, puesto que la sentencia de 11 de junio de 1992, Extramet Industrie/Consejo, anuló el Reglamento nº 2808/89 como medida que ponía fin a la investigación, ésta no podía considerarse finalizada. Por lo demás, después de dictarse la sentencia, la Comisión recibió del productor comunitario de que se trataba los datos que probaban el dumping y el perjuicio, por lo que estaba obligada a reanudar la investigación. Respecto al segundo motivo, el Consejo rebate la afirmación de la demandante según la cual ésta no pudo defender sus derechos. En respuesta a los motivos tercero, cuarto y quinto, el Consejo aduce que los hechos alegados por la demandante no bastan para considerar acreditado el carácter manifiesto de los errores que se hayan podido cometer. Por lo que se refiere al sexto motivo, mediante el que la demandante imputa al Consejo el haber incumplido su obligación de motivar en relación con su denuncia por abuso de posición dominante, el Consejo considera que las cuestiones relativas a tal abuso son competencia de la Comisión. Respecto al séptimo motivo, basado en la desviación de poder, el Consejo indica que las alegaciones de la demandante no se apoyan en ninguna prueba.
21 Respecto a la urgencia, el Consejo considera que la demandante no ha probado sus alegaciones según las cuales le es imposible obtener suministros de las dos sociedades establecidas, respectivamente, en los Estados Unidos de América y en Canadá y se le ha impedido ampliar sus exportaciones a otros países del exterior de Europa. El Consejo señala, además, que tampoco ha sido probada la supuesta pérdida de clientes y de cuotas de mercado que, al parecer, han sido recuperadas por el productor comunitario. Por lo demás, aun suponiéndolas probadas, tales circunstancias constituyen consecuencias inherentes a la imposición de un derecho antidumping, al igual que el hecho de que éste entraña un aumento de los costes de producción del operador afectado. Este análisis no queda invalidado por las alegaciones de la demandante sobre la supuesta negativa del productor comunitario a suministrarle, alegaciones que, por lo demás, el Consejo descartó en los considerandos del Reglamento impugnado. Para demostrar el carácter urgente de su demanda, no basta con que la demandante invoque efectos de este tipo, sino que debería probar que sufre un perjuicio que le es particular. Ahora bien, la demandante no ha aportado la prueba de que ello es así. El Consejo recuerda, por último, que, sea como fuere, en el caso de que Péchiney abuse de su posición dominante, corresponde a la Comisión imponer sanciones y adoptar las medidas provisionales al respecto.
22 Por lo que se refiere a si la ponderación de los intereses contrapuestos se inclina en favor de la concesión de las medidas de suspensión, el Consejo considera que la demandante no ha aportado la prueba de tal afirmación. A este respecto, el Consejo reitera las comprobaciones recogidas en el Reglamento impugnado, relativas al perjuicio sufrido por el productor comunitario y al interés de la Comunidad en la adopción de medidas antidumping. Por otra parte, el bajo porcentaje que, según la demandante, representa la producción de calcio metal de Péchiney respecto del total de la actividad del grupo al que pertenece esta sociedad carece de pertinencia, ya que la normativa antidumping tiene por objeto proteger los diferentes sectores de producción.
23 El Consejo añade que, si el Juez de medidas provisionales considerase, en contra de la tesis defendida por el Consejo, que procede adoptar medidas provisionales, tales medidas deberían supeditarse a dos condiciones esenciales. Se trataría, por una parte, de un mecanismo que evite que la demandante revenda, sin transformación, las mercancías importadas de China y de Rusia y, por otra parte, de una garantía bancaria que asegure el pago de los derechos antidumping en caso de desestimación del recurso principal, ya que esta garantía es esencial para respetar el equilibrio entre los correspondientes intereses de la demandante y del productor comunitario.
Apreciación del Juez de medidas provisionales
24 Por lo que se refiere a la admisibilidad del recurso principal, procede señalar que, a primera vista, no puede considerarse que el recurso sea manifiestamente inadmisible. En efecto, en la citada sentencia de 16 de mayo de 1991, Extramet Industrie/Consejo, el Tribunal de Justicia declaró la admisibilidad del recurso de anulación del Reglamento nº 2808/89 interpuesto por la demandante. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia reconoció, por una parte, que los Reglamentos que establecen derechos antidumping, aun teniendo efectivamente carácter normativo, pueden no obstante, en circunstancias precisas, afectar individualmente a determinados operadores económicos. Por otra parte, consideró que la demandante resultaba afectada individualmente por el citado Reglamento, debido a elementos constitutivos de una situación particular que la caracterizaba, respecto a este Reglamento, frente a cualquier otro operador económico. Pues bien, a primera vista estos elementos, resumidos en el apartado 17 de la sentencia citada, no han sufrido desde entonces ninguna modificación sustancial.
25 Por lo que se refiere al fundamento prima facie del recurso principal, debe admitirse, como ha indicado el Consejo, que la demandante, en apoyo del fumus boni iuris de sus pretensiones, se ha limitado a enunciar los motivos formulados en el marco de su recurso principal. Aunque el Juez de medidas provisionales no puede examinar atentamente la totalidad de los motivos y argumentos desarrollados en el recurso principal, le corresponde, sin embargo, tomar en consideración los argumentos expuestos por las demandantes en su demanda de medidas provisionales y en sus observaciones orales, a fin de verificar la existencia de elementos que puedan poner en duda las conclusiones a las que llegó la autoridad comunitaria (véase el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 16 de julio de 1992, SPO y otros/Comisión, T-29/92 R, Rec. p. II-2161, apartado 34).
26 A este respecto, procede señalar que la demandante, en su demanda de medidas provisionales y durante la vista, ha negado las conclusiones a las que la Comisión y el Consejo llegaron respecto al perjuicio, en el sentido del artículo 4 del Reglamento de base, y sus causas. Según la demandante, puesto que Péchiney no estuvo en situación de suministrarle un producto conforme a sus necesidades, no fue correcto considerar que esta empresa había sufrido un perjuicio. Sea como fuere, la importancia del perjuicio se sobreestimó. Por lo demás, la demandante ha insistido particularmente en el hecho de que, en su opinión, Péchiney no tomó las medidas necesarias para poderla suministrar, sino que, por el contrario, intentó excluirla del mercado. Estas alegaciones, que corresponden a las dos primeras partes del cuarto motivo invocado en apoyo del recurso principal, presentan un carácter serio y, por consiguiente, no puede considerarse, a primera vista, que carezcan de todo fundamento. Por otra parte, el Consejo, en respuesta a estas alegaciones, se ha limitado a reiterar las afirmaciones contenidas en el Reglamemto impugnado y, durante la vista, a aludir de modo abstracto a posibles imperfecciones técnicas imputables a la demandante y que impiden a ésta utilizar el producto fabricado por Péchiney.
27 Sea como fuere, el examen exhaustivo, de hecho y de Derecho, que merecen tales alegaciones de la demandante, al igual que los demás motivos y alegaciones contenidos en el recurso principal, exceden el ámbito del presente procedimiento sobre medidas provisionales.
28 Por consiguiente, procede examinar el requisito de la urgencia, que debe apreciarse, según reiterada jurisprudencia, según la necesidad que haya de pronunciarse con carácter provisional para evitar que se ocasione un perjuicio grave e irreparable a la parte que solicita la medida provisional (véase el auto de 14 de febrero de 1990, Extramet Industrie/Consejo, antes citado, apartado 17). Es jurisprudencia reiterada que un perjuicio de índole puramente económica no puede considerarse, en principio, como irreparable, ni siquiera como difícilmente reparable, si puede ser objeto de una compensación económica posterior (véase el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 7 de julio de 1994, Geotronics/Comisión, T-185/94 R, Rec. p. II-519, apartado 22). Por consiguiente, para probar la urgencia en el marco de una demanda de suspensión de la ejecución de un Reglamento antidumping, no basta con alegar efectos que son inherentes al establecimiento del derecho impuesto, a saber, el alza del precio del producto gravado por tal derecho y una correlativa disminución de las cuotas del mercado comunitario. En efecto, la propia finalidad de un derecho antidumping es incrementar el precio del producto de que se trata para compensar el margen de dumping comprobado (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 1994, Descom/Consejo, C-6/94 R, Rec. p. I-867, apartado 16).
29 A este respecto, procede señalar que, a la vista de los criterios arriba enunciados, los datos proporcionados por la demandante no justifican, en la presente fase, la concesión de la medida de suspensión solicitada.
30 Por lo que se refiere al riesgo, alegado por la demandante, de ser eliminada del mercado antes de que el Tribunal se pronuncie sobre el recurso principal, la propia demandante ha reconocido, durante la vista, que se trata de una simple hipótesis. A este respecto, debe señalarse que la demandante también ha admitido que sólo una parte de su producción resulta afectada por el derecho antidumping establecido por el Reglamento impugnado, ya que el resto se importa en régimen de perfeccionamiento activo, que está exento de dicho derecho.
31 Sobre la supuesta pérdida de clientes y de cuotas de mercado como consecuencia del establecimiento del derecho antidumping, la demandante ha alegado que este perjuicio se debe al aumento de precio al que el establecimiento de tal derecho la obliga. A este respecto, durante la vista ha explicado que sus clientes aceptan, hasta cierto límite, pagar por el producto que ella fabrica un precio superior al pedido por Péchiney por su producto competidor, debido a una ventaja cualitativa del primer producto con respecto al segundo. No obstante, como los precios que se ve obligada a aplicar como consecuencia del derecho antidumping superan dicho límite, sus clientes prefieren adquirir sus suministros a Péchiney.
32 Ahora bien, como ha señalado acertadamente el Consejo, esta alegación constituye un indicio que permite concluir, a primera vista, que el perjuicio alegado en términos de pérdida de clientes y de cuotas de mercado no tiene un carácter irreparable. Por lo que respecta, en primer lugar, al período que transcurrirá hasta la supresión, en su caso, del derecho antidumping, en el supuesto de que se estimase el recurso principal, el perjuicio alegado no podría ser sino de índole puramente pecuniaria, inherente al establecimiento de dicho derecho y, por consiguiente, en principio reparable, puesto que no ha quedado probado, a primera vista, que la demandante se arriesgue a desaparecer del mercado (véase el apartado 30 supra). Por lo que se refiere, en segundo lugar, al período posterior a la anulación, en su caso, del Reglamento impugnado, nada impediría, en principio, a la demandante proceder a una reducción de sus precios de venta que corresponda a la que habrán experimentado los precios del producto importado a raíz de la supresión del derecho antidumping, de forma que recupere los clientes y cuotas de mercado perdidos entre tanto. Los documentos incorporados a autos y los debates celebrados ante este Juez de medidas provisionales no han revelado ningún dato que permita considerar que tal restablecimiento de la situación anterior a la imposición de los derechos sea imposible.
33 De estas consideraciones resulta que, en la presente fase, no se ha probado el riesgo de un perjuicio grave e irreparable y, por consiguiente, el requisito de la urgencia no se cumple.
34 Debe, no obstante, admitirse que una modificación ulterior de los datos económicos, en particular una degradación de la situación de la demandante, podría poner en peligro la supervivencia de ésta antes de que se fallara en el asunto principal. A este respecto debe recordarse que tal evolución podrá ser tenida en cuenta, bien por la Comisión al efectuar la revisión prevista en los considerandos del Reglamento impugnado, o bien por el Juez de medidas provisionales en el marco de una demanda formulada conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
35 Procede añadir que, aun suponiendo que en la presente fase pudiese considerarse cumplido el requisito de la urgencia, este Juez de medidas provisionales, por no poder realizar una apreciación suficientemente exacta sobre la legalidad del Reglamento impugnado, sólo puede conceder la suspensión solicitada siempre y cuando la demandante constituya garantías que cubran los importes que ésta adeuda en virtud de este Reglamento (véase el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1977, NTN Toyo/Consejo, 113/77 R y 113/77 R-Int., Rec. p. 1721, apartado 9). Ahora bien, durante la vista, un representante de la demandante ha declarado que, si ésta tuviera que constituir tales garantías, no podría evitar incluir en sus precios los importes correspondientes a los derechos antidumping, ya que tendría que tener en cuenta la posible percepción a posteriori de tales derechos. Por consiguiente, según afirmaciones de la propia demandante, la única medida de suspensión que el Juez de medidas provisionales podría adoptar, dadas las circunstancias del caso, carecería de interés para la demandante y, por consiguiente, no puede adoptarse.
36 Por lo demás, y sea como fuere, procede señalar que la obligación de la demandante de tomar en consideración la posible percepción a posteriori de los derechos antidumping devengados no depende de que el Juez de medidas provisionales ordene, o no, la constitución de garantías apropiadas, como condición para conceder la suspensión, sino que está ligada al carácter necesariamente provisional de las medidas que este Juez puede adoptar, que impide cualquier "suspensión definitiva" de los derechos, ya que tales medidas no deben prejuzgar la decisión sobre el fondo. Por consiguiente, tales medidas no pueden remediar el perjuicio pecuniario que implica para la demandante la necesidad de tener en cuenta dicha posibilidad. Por lo demás, en su escrito de 1 de febrero de 1995, la demandante alega que la única solución que podría remediar su perjuicio consiste en la modificación del Reglamento impugnado, por lo que solicita que se declare que el Reglamento le es inaplicable. A este respecto, basta con señalar que cualquier modificación del Reglamento impugnado es competencia del Consejo, Institución de la que este acto procede. Por consiguiente, el Juez de medidas provisionales no puede estimar tal pretensión.
37 De estas consideraciones resulta que procede desestimar la presente demanda de suspensión de la ejecución.
Sobre las demandas de intervención
38 A la vista de lo anterior, no procede pronunciarse sobre las demandas de intervención formuladas por la Comisión y Péchiney en apoyo de las pretensiones del Consejo, que procede estimar considerando sólo las alegaciones de las partes principales.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
resuelve:
1) Desestimar la demanda de suspensión de la ejecución.
2) No procede pronunciarse sobre las demandas de intervención.
3) Reservar la decisión sobre las costas.
Dictado en Luxemburgo, a 24 de febrero de 1995.