62024CJ0365
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 10 de julio de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva (UE) 2015/2436 — Libre circulación de mercancías — Artículos 34 TFUE y 36 TFUE — Nombre comercial — Denominación social — Normativa nacional que confiere un derecho exclusivo al titular de una denominación social»
En el asunto C‑365/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Svea hovrätt, Patent‑ och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia), mediante resolución de 16 de mayo de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de mayo de 2024, en el procedimiento entre
Purefun Group AB
y
Doggy AB,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por el Sr. S. Rodin, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente) y el Sr. N. Fenger, Jueces;
Abogado General: Sr. D. Spielmann;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Purefun Group AB, por la Sra. O. Lagergren, jur. kand, y los Sres. D. Tornberg y M. Zeitlin, advokater;
–
en nombre de Doggy AB, por los Sres. P. Hedberg y J. Sånglöf, advokater;
–
en nombre del Gobierno sueco, por la Sra. C. Meyer-Seitz, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. D. Lutostańska, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. P. Němečková e I. Söderlund, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1 y 5, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1), así como de los artículos 34 TFUE y 36 TFUE.
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Purefun Group AB y Doggy AB en relación con una violación de marca.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Tratado FUE
3
El artículo 34 TFUE dispone que:
«Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.»
4
A tenor del artículo 36 TFUE:
«Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.»
Directiva 2015/2436
5
El considerando 41 de la Directiva 2015/2436 tiene el siguiente tenor:
«Los Estados miembros están vinculados por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial[, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, n.o 11851, p. 305) (en lo sucesivo, “Convenio de París”)] y el Acuerdo sobre los [Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), que fue aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994) (DO 1994, L 336, p. 1) (en lo sucesivo, “Acuerdo sobre los ADPIC”)]. Es necesario que las disposiciones de la presente Directiva sean plenamente conformes con las de dichos Convenio y Acuerdo. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros derivadas de dichos Convenio y Acuerdo. Debe aplicarse, en su caso, el artículo 351 [TFUE], párrafo segundo […].»
6
El artículo 1 de esta Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone lo siguiente:
«La presente Directiva se aplica a las marcas de productos o de servicios que, en calidad de marca individual, de marca de garantía o de certificación o de marca colectiva, hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.»
7
El artículo 5 de dicha Directiva, que lleva por título «Motivos de denegación relativos o causas de nulidad relativa», establece lo siguiente en su apartado 4:
«Cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si esta está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:
a)
los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad reivindicada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior, y en que dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;
b)
el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior, distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra a) del presente apartado, y en particular de:
i)
un derecho al nombre,
ii)
un derecho a la propia imagen,
iii)
un derecho de autor,
iv)
un derecho de propiedad industrial;
c)
la marca pueda confundirse con una marca anterior protegida en el extranjero, siempre que, en la fecha de la solicitud, el solicitante hubiera actuado de mala fe.»
8
Con arreglo al artículo 10 de la misma Directiva, titulado «Derechos conferidos por la marca»:
«1.   El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre esta.
2.   Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando:
a)
el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b)
el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
c)
el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
3.   Podrá prohibirse en particular, en virtud del apartado 2:
a)
colocar el signo en los productos o en su embalaje;
b)
ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;
c)
importar o exportar los productos con el signo;
d)
utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social;
e)
utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;
f)
utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva 2006/114/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO 2006, L 376, p. 21)].
[…]»
9
El artículo 16 de la Directiva 2015/2436, que lleva por título «Uso de la marca», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 17, el artículo 19, apartado 1, el artículo 44, apartados 1 y 2, y el artículo 46, apartados 3 y 4, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.»
Derecho sueco
Ley de Marcas
10
La varumärkeslagen (2010:1877) [Ley de Marcas (2010:1877)] (en lo sucesivo, «Ley de Marcas») fue modificada con el fin de transponer al ordenamiento jurídico sueco la Directiva 2015/2436. El artículo 8 del capítulo 1 de la Ley de Marcas establece que el titular de una denominación social o de otro nombre comercial tiene derechos exclusivos sobre ese signo como signo comercial.
11
El artículo 10 del capítulo 1 de la Ley de Marcas dispone que el derecho exclusivo sobre un signo comercial con arreglo al artículo 8 del citado capítulo implica que ninguna persona distinta de su titular puede utilizar, sin el consentimiento de este, un signo para bienes y servicios en el tráfico económico si este es idéntico o similar al primero y se usa para bienes o servicios del mismo tipo o análogos, cuando exista riesgo de confusión, incluido el riesgo de que el uso de ese signo genere la impresión de que existe una asociación entre el usuario del signo y el titular del signo comercial.
12
De conformidad con el artículo 3 del capítulo 8 de la Ley de Marcas, a petición del titular de un signo comercial, los tribunales pueden prohibir a cualquier persona que haya cometido una violación de marca que siga haciéndolo so pena de multa.
Ley de Denominaciones Sociales
13
El artículo 1 del capítulo 1 de la lag (2018:1653) om företagsnamn [Ley de Denominaciones Sociales (2018:1653)] (en lo sucesivo, «Ley de Denominaciones Sociales») define la denominación social como el nombre bajo el que el empresario desarrolla su actividad, al tiempo que el «nombre comercial» designa la mención común para denominaciones sociales y signos secundarios.
14
El artículo 2 del capítulo 1 de la Ley de Denominaciones Sociales establece que un operador adquiere derechos exclusivos sobre una denominación social mediante su registro o su uso. Con arreglo al artículo 3 de este capítulo 1, el titular de una marca u otro signo comercial también tiene un derecho exclusivo sobre dicho signo como nombre comercial.
15
El artículo 1 del capítulo 2 de la Ley de Denominaciones Sociales dispone que solo pueden registrarse denominaciones sociales que permitan distinguir la actividad de su titular de la actividad de otras personas. Esta disposición precisa que, a la hora de apreciar el carácter distintivo de una denominación social, es necesario tener en cuenta la duración y alcance de su uso. Además, la referida disposición establece que, si la denominación social consiste exclusivamente en una designación general de la naturaleza de la actividad o de un producto o servicio que se ofrece en relación con esa actividad o si la denominación social consiste únicamente en un nombre de un lugar de uso común u otra indicación similar, no se considerará que la denominación social tiene, por sí misma, carácter distintivo. Cuando la denominación social incluya una mención tal como «sociedad de responsabilidad limitada», «sociedad personalista» o «asociación comercial», o una abreviatura de esas menciones, esta deberá ignorarse a la hora de apreciar el carácter distintivo.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
16
La sociedad sueca Doggy fabrica, en particular, comida para perros. Tiene como objeto social fabricar y comercializar alimentos y otros productos para animales y desarrollar actividades conexas. Es titular de la denominación social «Doggy AB» y de la marca denominativa DOGGY, registrada en Suecia para alimentos de animales en la clase 31 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
17
Purefun Group AB (en lo sucesivo, «Purefun») es una sociedad sueca cuya actividad consiste en la venta al por menor, en particular, de comida y chucherías para perros. Vende sus productos a través de la página web de la sociedad, cuyo nombre de dominio es «doggie.se», y usa el signo «DOGGIE» en el desarrollo de sus actividades.
18
En noviembre de 2021, Doggy emplazó a Purefun con vistas a obtener, por una parte, una orden conminatoria que prohibiera a esta última usar el signo «DOGGIE» y, por otra parte, el pago de 150000 coronas suecas (SEK) (unos 13000 euros) en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Doggy alegó que Purefun utilizaba dicho signo, así como la marca y la denominación social de las que es propietaria, sin su consentimiento.
19
El tribunal de primera instancia estimó las pretensiones de Doggy por considerar que existía riesgo de confusión entre, por una parte, la marca y la denominación social de esta última y, por otra parte, el signo «DOGGIE» utilizado por Purefun.
20
Purefun recurrió en apelación la referida resolución ante el Svea hovrätt, Patent‑ och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia), que es el tribunal remitente.
21
Ese tribunal indica que, en Suecia, por un lado, la Ley de Denominaciones Sociales establece que la denominación social de un operador confiere a este derechos exclusivos sobre la denominación, siempre que el signo que constituye dicha denominación permita distinguir las actividades de su titular de las de otras personas. Señala que el alcance de ese derecho es comparable al del derecho exclusivo que una marca confiere a su titular. Añade que, por otro lado, en virtud de la Ley de Marcas, se confiere asimismo al titular de una marca o de otro signo comercial usado como denominación social un derecho exclusivo sobre esta última. Así, concluye que el titular de una denominación social disfruta, en virtud de las disposiciones nacionales citadas, de una «protección cruzada» que le permite prohibir a cualquier tercero utilizar un signo para bienes y servicios en el tráfico económico si es idéntico o similar a esa denominación social y se usa para bienes o servicios del mismo tipo o análogos, cuando exista riesgo de confusión, incluido el riesgo de que el uso de ese signo genere la impresión de que existe una asociación entre el usuario del signo y el titular de dicha denominación social.
22
El tribunal remitente se pregunta sobre la compatibilidad de esta protección derivada de las disposiciones de la Ley de Marcas y de la Ley de Denominaciones Sociales con la Directiva 2015/2436 y, más genéricamente, con el principio de libre circulación de mercancías. Considera, en esencia, que, si bien esta «protección cruzada» ofrece al titular de una denominación social una protección análoga a la de la marca, no está sujeta, en cambio, a requisitos tan estrictos como los aplicables en esta materia. El tribunal remitente señala dos diferencias a este respecto.
23
En primer lugar, menciona que, mientras que la falta de uso efectivo de una marca en relación con los bienes o servicios para los que está registrada podría dar lugar a la caducidad del derecho exclusivo de su titular, el Derecho sueco no establece ninguna disposición equivalente en cuanto a las denominaciones sociales.
24
En segundo lugar, indica que, para determinar si se utiliza un signo con productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, habrá que referirse al sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza, mientras que, en materia de denominación social, la apreciación del riesgo de confusión se realizará refiriéndose a las actividades contempladas en el objeto social de la empresa, el cual puede definirse de modo amplio.
25
Habida cuenta de estas diferencias, el tribunal remitente considera posible que la protección concedida a las denominaciones sociales por el Derecho sueco sea más extensa que la prevista por la Directiva 2015/2436 en relación con las marcas, lo que podría afectar a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios. En efecto, estima que tal protección podría crear obstáculos a la venta transfronteriza de productos o servicios.
26
En estas circunstancias, el Svea hovrätt, Patent‑ och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
A la luz del Tratado FUE y del principio fundamental de libre circulación de bienes y servicios con arreglo al Derecho de la Unión ¿es compatible con las disposiciones de la Directiva [2015/2436], en particular con sus artículos 1 y 5, apartado 4, un sistema establecido por el Derecho nacional en virtud del cual un derecho anterior sobre una denominación social puede servir de base para prohibir la utilización de un signo comercial posterior en todo el ámbito de actividad para que el que se ha registrado la denominación social, sin que se exija que esa denominación social haya sido utilizada para diferenciar productos o servicios?
2)
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿es compatible con la Directiva [2015/2436] y con el Derecho de la Unión en general que una denominación social que, en sí misma, se utiliza como signo para diferenciar determinados tipos de bienes y servicios en el ámbito de actividad para el que se registró la denominación social sirva como fundamento para prohibir el uso de un signo comercial posterior en relación con tipos de bienes o servicios distintos de aquellos para los que se utiliza la denominación social como signo?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
27
Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido en el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular, en su caso, las cuestiones prejudiciales que se le han planteado (sentencias de 17 de julio de 1997, Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, apartados 22 y 23, y de 29 de abril de 2025, Prezydent Miasta Mielca, C‑453/23, EU:C:2025:285, apartado 38 y jurisprudencia citada).
28
En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el tribunal remitente se pregunta si los requisitos establecidos por el Derecho sueco para la protección de una denominación social, en la medida en que son menos estrictos que los aplicables en materia de marcas, son compatibles con la Directiva 2015/2436 y con los principios de libre circulación de mercancías y de libre prestación de servicios.
29
A este respecto, de lo indicado por el tribunal remitente se desprende, por una parte, que el uso que hace Purefun del signo que desea prohibir el titular de la denominación social registrada, esto es, la empresa Doggy, versa, en particular, sobre la venta de comida y chucherías para perros, y, por otra parte, que el objeto social de dicha empresa incluye la comercialización de alimentos y otros productos para animales y el desarrollo de actividades conexas. De tales indicaciones resulta que el uso del signo al que se opone el titular de la denominación social registrada no afecta a más tipos de bienes y servicios que aquellos para los que se ha registrado la denominación social.
30
Por consiguiente, hay que considerar que, mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 2015/2436 y los artículos 34 TFUE y 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un sistema nacional en virtud del cual el derecho exclusivo conferido por una denominación social permite a su titular prohibir que un tercero use, como nombre comercial o como nombre de dominio, un signo idéntico o similar, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos comprendidos en las actividades para las que está registrada su denominación social, aun cuando tal sistema no establezca que la falta de uso de esa denominación social puede conllevar la caducidad del derecho exclusivo ni exija, para el registro de dicha denominación social, que se concreten los productos o los servicios incluidos en el objeto social de su titular.
31
Para responder a esta cuestión, es preciso recordar que la Directiva 2015/2436 tiene por objeto aproximar las legislaciones nacionales en materia de marcas, pero no las relativas al nombre comercial, categoría a la que puede pertenecer una denominación social. A falta de armonización en la Unión Europea, la protección del nombre comercial es competencia del Derecho nacional.
32
Sin embargo, el nombre comercial, como derecho de propiedad intelectual, no es ajeno al Derecho de la Unión. Así, determinadas disposiciones del Convenio de París, que fue celebrado por el conjunto de los Estados miembros, pero no por la Unión, están incorporadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que sí fue celebrado por la Unión, de modo que esas disposiciones producen, en el ordenamiento jurídico de la Unión, los mismos efectos que los producidos por el Acuerdo sobre los ADPIC (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2024:172, apartados 59 a 62).
33
Entre las disposiciones incorporadas de este modo al Acuerdo sobre los ADPIC figura el artículo 8 de dicho Convenio, que establece que «el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio».
34
Estos elementos se reflejan en la Directiva 2015/2436, cuyo considerando 41 subraya que es «necesario» que las disposiciones de la Directiva sean «plenamente conformes» con las de dichos Convenio y Acuerdo sobre los ADPIC. Así, entre los derechos conferidos por la marca, el artículo 10, apartado 3, letra d), de esta Directiva permite al titular de una marca utilizar su derecho exclusivo para prohibir «utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social». En efecto, esta disposición es la expresión del principio de la primacía del título de exclusividad anterior, que constituye uno de los pilares del Derecho de marcas y, con carácter más general, de todo el Derecho de la propiedad industrial (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de junio de 2022, Classic Coach Company, C‑112/21, EU:C:2022:428, apartado 40 y jurisprudencia citada).
35
Este principio también regula determinados conflictos entre un nombre comercial anterior y una marca posterior. Así, del artículo 5, apartado 4, letra a), de la Directiva 2015/2436 se desprende que «cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si esta está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que […] los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos […], y en que dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior».
36
En el caso de autos, en el asunto principal, el conflicto entre el signo «Doggy», utilizado en una denominación social anterior, y el signo «DOGGIE», utilizado como nombre comercial o como nombre de dominio, no implica ninguna marca. Pues bien, cuando se trata de resolver un conflicto entre dos nombres comerciales, no es pertinente la Directiva 2015/2436, en la medida en que se circunscribe a la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de marcas. Por tanto, la compatibilidad de las medidas nacionales que regulan tales conflictos no debe apreciarse a la luz de dicha Directiva, sino del Derecho primario.
37
A este respecto, el tribunal remitente duda de la compatibilidad del sistema sueco de protección de las denominaciones sociales resultante de las disposiciones de la Ley de Marcas y de la Ley de Denominaciones Sociales, en relación con los principios de libre circulación de mercancías y de libre prestación de servicios.
38
Según indica dicho tribunal, tal sistema se aplica a las denominaciones sociales de todas las empresas suecas, cualesquiera que sean los bienes o servicios comprendidos en sus actividades.
39
De las indicaciones del citado tribunal también se desprende que el litigio principal pone en entredicho el derecho del titular de una denominación social, cuya actividad consiste en fabricar y comercializar determinados alimentos y productos para animales, a prohibir a otra sociedad que venda mercancías de ese tipo bajo un nombre comercial similar o idéntico a dicha denominación social. Dado que este litigio guarda mayormente relación con la libre circulación de mercancías y que no hay indicaciones por parte del tribunal remitente relativas a la libre circulación de servicios, no procede examinar de manera autónoma la compatibilidad del citado sistema con el artículo 56 TFUE.
40
La libre circulación de mercancías entre los Estados miembros es un principio fundamental del Tratado FUE que se manifiesta en el artículo 34 TFUE, que prohíbe a los Estados miembros que adopten entre sí restricciones cuantitativas a la importación, así como cualesquiera medidas de efecto equivalente. Según reiterada jurisprudencia, esta disposición afecta a cualquier medida nacional que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio en la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 1974, Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, apartado 5, y de 29 de julio de 2024, BP France, C‑624/22, EU:C:2024:640, apartado 61). No obstante, una normativa o una práctica nacional que constituya una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas puede estar justificada por alguna de las razones de interés general enumeradas en el artículo 36 TFUE, entre las que figura la protección de la propiedad industrial y comercial.
41
A falta de armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre el nombre comercial, la prohibición impuesta a una empresa de utilizar, en la comercialización de determinados productos en un Estado miembro, los mismos nombres comerciales que utiliza en otros Estados miembros puede, ciertamente, constituir una restricción a la libre circulación de mercancías contraria al artículo 34 TFUE. Sin embargo, tal restricción está justificada por razones imperiosas de interés general relacionadas con la protección de la propiedad industrial y comercial, a saber, la protección de los nombres comerciales contra los riesgos de confusión (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de mayo de 1999, Pfeiffer, C‑255/97, EU:C:1999:240, apartados 26 a 29).
42
Es preciso, además, que esa restricción no vaya más allá de lo necesario para lograr tal objetivo.
43
Sin referirse expresamente al principio de proporcionalidad, el tribunal remitente considera, en esencia, que, al ofrecer al titular de la denominación social de una empresa establecida con arreglo al Derecho sueco un nivel de protección comparable al de una marca, sin exigir requisitos equivalentes a los previstos por la Directiva 2015/2436 en cuanto al uso efectivo de la marca y a la descripción de los productos o servicios para los que está registrada, el sistema controvertido en el litigio principal perjudica a los titulares de nombres comerciales de otros Estados miembros.
44
Pues bien, como se ha recordado en el apartado 31 de la presente sentencia, la Directiva 2015/2436 no persigue aproximar las legislaciones sobre el nombre comercial. Sin esa armonización y habida cuenta de las distintas funciones de la marca y del nombre comercial, los artículos 34 TFUE y 36 TFUE no pueden interpretarse en el sentido de que establecen que la protección del nombre comercial esté sometida a los mismos requisitos que los que resultan aplicables en materia de marcas.
45
De los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, en la Ley de Marcas, la falta de uso efectivo de una denominación social no está sometida a límites o sanciones idénticos a los previstos en el artículo 16 de la Directiva 2015/2436. Además, de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia por el Gobierno sueco y por la Comisión Europea resulta que, con arreglo a la Ley de Denominaciones Sociales, la falta de uso de una denominación social puede conllevar, en determinadas circunstancias, la caducidad del derecho exclusivo que confiere, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente.
46
Por lo que respecta al riesgo, mencionado por el tribunal remitente, de que las denominaciones sociales gocen de una protección contra el riesgo de confusión más amplia que la aplicable a las marcas, como consecuencia de una mayor laxitud en la definición de las actividades comprendidas en el objeto social de una empresa que en la delimitación de las clases de productos o de servicios para los que está registrada una marca con arreglo a la Directiva 2015/2436, procede señalar, en primer lugar, que el objeto social de una empresa no persigue describir con precisión o exhaustividad todos los productos o servicios que pueden incluirse en las actividades de dicha empresa. En cambio, para una marca se exige esa precisión, con la finalidad de apreciar eventuales causas de nulidad, absolutas o relativas, y de aplicar el derecho exclusivo que confiere dicha marca, derecho que permite a su titular monopolizar el signo registrado como marca para unos productos o servicios determinados.
47
En segundo lugar, de las explicaciones facilitadas por el tribunal remitente se desprende que, si bien el derecho exclusivo del titular de una denominación social registrada es, en Derecho sueco, válido en los ámbitos de las actividades contemplados en su objeto social, tal derecho obliga al titular a describir y delimitar la naturaleza de esas actividades con la suficiente precisión, a efectos de que los terceros puedan ser informados eficazmente de ellas.
48
En estas circunstancias, se constata, sin perjuicio de las comprobaciones que incumben al tribunal remitente, que no parece que el sistema controvertido en el litigio principal, que confiere un derecho exclusivo al titular de una denominación social, vaya más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de interés general relativo a la protección de la propiedad industrial y comercial.
49
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que la Directiva 2015/2436 y los artículos 34 TFUE y 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a un sistema nacional que establece, por una parte, que el derecho exclusivo conferido por una denominación social permite a su titular prohibir que un tercero use, como nombre comercial o como nombre de dominio, un signo idéntico o similar, para productos o servicios idénticos o similares a los comprendidos en las actividades para las que está registrada su denominación social, y, por otra parte, que la falta de uso de esa denominación social puede conllevar, en determinadas circunstancias, la caducidad del derecho exclusivo y que dicho titular está obligado a describir y delimitar la naturaleza de las actividades comprendidas en su objeto social con suficiente precisión, a efectos de que los terceros puedan ser informados eficazmente de ella.
Costas
50
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, así como los artículos 34 TFUE y 36 TFUE,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a un sistema nacional que establece, por una parte, que el derecho exclusivo conferido por una denominación social permite a su titular prohibir que un tercero use, como nombre comercial o como nombre de dominio, un signo idéntico o similar, para productos o servicios idénticos o similares a los comprendidos en las actividades para las que está registrada su denominación social, y, por otra parte, que la falta de uso de esa denominación social puede conllevar, en determinadas circunstancias, la caducidad del derecho exclusivo y que dicho titular está obligado a describir y delimitar la naturaleza de las actividades comprendidas en su objeto social con suficiente precisión, a efectos de que los terceros puedan ser informados eficazmente de ella.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: sueco.