62024TJ0131_RES
Asunto T‑131/24
CR
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 2 de julio de 2025
«Función pública — Funcionarios — Pensión de jubilación — Reformas del Estatuto de 2004 y de 2014 — Disposiciones transitorias relativas a determinadas modalidades de cálculo de los derechos a pensión — Artículo 28 del anexo XIII del Estatuto — Agentes contractuales que han pasado a ser funcionarios — Tasa anual de acumulación de derechos a pensión — Edad de jubilación — Ámbito de aplicación de la ley — Igualdad de trato»
Funcionarios — Pensiones — Modalidades de cálculo de los derechos a pensión — Disposiciones transitorias del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013 — Aplicabilidad a los agentes en servicio a 31 de diciembre de 2013 — Limitación a los agentes cuya afiliación al régimen de pensiones de la Unión se ha visto interrumpida — Exclusión — Violación del principio de igualdad de trato por la asimilación de los agentes cuya afiliación se ha visto interrumpida a aquellos cuya afiliación no tuvo interrupción — Inexistencia
[Art. 13 TUE, ap. 2; Estatuto de los Funcionarios, en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013, considerando 29 y art. 83, ap. 2, y anexo XIII, arts. 21, 22 y 28; Régimen aplicable a los otros agentes, art. 1, ap. 1, y anexo; Reglamento (CE, Euratom) n.o 723/2004 del Consejo]
(véanse los apartados 37 a 42, 44, 45 y 108 a 114)
Funcionarios — Pensiones — Modalidades de cálculo de los derechos a pensión — Disposiciones transitorias del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013 — Aplicabilidad a los agentes en servicio a 31 de diciembre de 2013 — Aplicabilidad a un agente contractual nombrado funcionario después de esa fecha — Trato diferenciado de un agente en esa situación con respecto a un agente contractual que ha mantenido su condición o ha pasado a ser agente temporal — Justificación con respecto al objetivo de garantizar el equilibrio actuarial del régimen de pensiones de la Unión — Procedencia — Invocación de una práctica seguida por otra institución — Irrelevancia
[Arts. 310 TFUE y 317 TFUE; Estatuto de los Funcionarios, en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013, art. 77 y anexo XIII, arts. 21, 22 y 28; Régimen aplicable a los otros agentes, arts. 39, ap. 1, 83, ap. 2, y 109, ap. 1, y anexo, art. 1, ap. 1; Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 13]
(véanse los apartados 47 a 66, 77 a 88 y 91 a 104)
Recursos de funcionarios — Motivos — Motivo basado en la vulneración del principio de igualdad de trato — Impugnación de las disposiciones transitorias adoptadas para garantizar una transición justa de un régimen estatutario a un nuevo régimen — Control jurisdiccional — Límites
(véanse los apartados 69 a 73)
Resumen
A raíz de un recurso interpuesto por CR, antigua funcionaria de la Comisión Europea, contra la decisión de esta que fijaba sus derechos a pensión de jubilación (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), el Tribunal General desestima el recurso y aclara la aplicación de las disposiciones transitorias relativas a determinadas modalidades de cálculo de los derechos a pensión establecidas en el anexo XIII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»).
En junio de 2012, la demandante se incorporó a la Comisión como agente contractual. En agosto de 2015 fue nombrada funcionaria.
Entretanto, la reforma del Estatuto y del régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea aprobada en 2014 (
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) introdujo, por una parte, una nueva tasa anual de acumulación de derechos a pensión del 1,8 %, menos favorable que la tasa anterior del 1,9 %, y, por otra parte, fijó la edad de jubilación en 66 años, frente a los 63 años anteriores.
En mayo de 2023, la Oficina «Gestión y Liquidación de Derechos Individuales» (PMO) de la Comisión adoptó la decisión impugnada, aplicando, entre otros, el artículo 28 del anexo XIII del Estatuto, relativo a las modalidades de cálculo de la tasa anual de acumulación de derechos a pensión y de la edad de jubilación de los agentes contractuales nombrados funcionarios. La PMO informó a la demandante de que tenía derecho a pensión de jubilación a partir del 1 de julio de 2023, a la edad de 66 años. Le comunicó asimismo que la tasa anual de acumulación de sus derechos a pensión aplicable a su período de empleo como agente contractual era del 1,9 % y que la tasa anual de acumulación aplicable a su período de empleo como funcionaria era del 1,8 %.
En su reclamación, desestimada por la Comisión, la demandante alegaba que el artículo en cuestión no era aplicable a su situación, habida cuenta de que había estado afiliada y había contribuido ininterrumpidamente al régimen de pensiones de las instituciones de la Unión Europea (en lo sucesivo, «RPIUE»). Solicitó a la PMO que modificara la decisión impugnada, de manera que su edad de jubilación se fijara en 63 años y se aplicara la tasa anual de acumulación del 1,9 % a toda su carrera. Por otra parte, dado que había permanecido en activo hasta los 66 años y que consideraba que su edad de jubilación debería haberse fijado en 63 años, la demandante solicitó que se le concediera un incremento adicional del 2,5 % de su último sueldo base por cada año trabajado después de haber cumplido 63 años.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, el Tribunal General señala que, para determinar si el artículo 28 del anexo XIII del Estatuto es aplicable, ha de atenderse únicamente a si se cumplen los requisitos que exige dicho artículo.
El artículo 28 del anexo XIII del Estatuto establece dos requisitos distintos y acumulativos. El primer requisito es la entrada en funciones como agente, que debe haber tenido lugar a más tardar el 1 de mayo de 2004 o el 1 de enero de 2014, ya que, en una de esas fechas, el contrato del agente debía estar en vigor. El segundo requisito es el nombramiento del agente como funcionario, necesariamente posterior a su entrada en funciones, ya que, según el tenor literal del artículo 28 del anexo XIII del Estatuto, dicho nombramiento debe haber tenido lugar «después» del 1 de mayo de 2004 o «tras» el 1 de enero de 2014.
La limitación de la aplicabilidad de dicho artículo a los agentes cuya afiliación al RPIUE ha tenido una interrupción, tal como la defiende la demandante, no se desprende del claro tenor literal del artículo 28 del anexo XIII del Estatuto. Estimar la alegación de la demandante supondría, por tanto, limitar el alcance del artículo 28 del anexo XIII del Estatuto añadiendo un requisito no establecido por el legislador de la Unión.
Pues bien, cuando el sentido de una disposición del Derecho de la Unión se desprende sin ambigüedad de su propio tenor literal, el juez de la Unión no puede apartarse de este tenor. Por tanto, considerar que la aplicación de una disposición del Estatuto está supeditada a un requisito que no está definido en él constituiría una interpretación contra legem de dicha disposición, de manera que no puede aceptarse tal interpretación. En efecto, el juez de la Unión, conforme a los principios de equilibrio institucional y de atribución de competencias consagrados en el artículo 13 TUE, apartado 2, no es competente para establecer excepciones a las disposiciones del Estatuto, como el artículo 28 del anexo XIII, añadiendo un requisito actualmente inexistente.
El Tribunal General precisa que esta conclusión no ha sido invalidada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ni por la del propio Tribunal General. En ningún momento estos tribunales han pretendido cuestionar la regulación establecida por el legislador de la Unión y modificar el ámbito de aplicación del artículo 28 del anexo XIII del Estatuto reservando dicha disposición únicamente a los agentes temporales o contractuales cuyos contratos estuvieran en vigor el 1 de mayo de 2004 o el 1 de enero de 2014 y cuya afiliación al RPIUE se hubiera interrumpido antes de su nombramiento como funcionarios.
En segundo lugar, en lo que respecta al principio de igualdad de trato, el Tribunal General indica, por una parte, que el legislador de la Unión, habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que dispone, consideró justificadamente que los funcionarios nombrados después del 1 de mayo de 2004 o tras el 1 de enero de 2014 debían recibir un trato diferente del que se les habría dado si hubieran mantenido, durante al menos diez años, su condición de agentes temporales o de agentes contractuales. En efecto, el impacto global de las reformas de 2004 y de 2014 sobre el presupuesto de la Unión es necesariamente mayor para las pensiones de los funcionarios que para las pensiones de los otros agentes. Este razonamiento responde al objetivo de mantener el equilibrio actuarial del RPIUE, sin perjudicar, no obstante, a los derechos adquiridos y expectativas legítimas del personal en activo, que se añade a los objetivos más generales de disciplina presupuestaria y de saneamiento de las finanzas públicas en una coyuntura económica y social difícil.
Además, de lo dispuesto en el artículo 28 del anexo XIII del Estatuto no puede deducirse ninguna diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo perseguido por el legislador de la Unión de preservar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los funcionarios de que se trate, ya que, como en el caso de los demás miembros del personal en activo a 1 de mayo de 2004 o a 1 de enero de 2014, se respetan sus derechos adquiridos y sus expectativas legítimas.
Por otra parte, al examinar si sus situaciones respectivas son comparables, es irrelevante que la afiliación de estos funcionarios al RPIUE se haya o no interrumpido antes de su nombramiento. En efecto, esta circunstancia atañe a su período de actividad como agentes, mientras que la aplicación de las disposiciones del artículo 28 del anexo XIII del Estatuto depende de su nombramiento como funcionarios. Así pues, en la práctica, esta circunstancia supondrá, a lo sumo, que un funcionario cuya afiliación al RPIUE y, por consiguiente, el pago de sus cotizaciones se haya interrumpido antes de su nombramiento computará menos anualidades, correspondientes únicamente a su período de actividad como agente, que si no se hubiera producido tal interrupción.
(
1
)	El Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (DO 2013, L 287, p. 15), entró en vigor el 1 de noviembre de 2013 y es aplicable, en lo que respecta a las disposiciones pertinentes en el caso de autos, desde el 1 de enero de 2014.