Edición provisional
ESSENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 26 de febrero de 2026 (*)
« Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del transporte aéreo de mercancías — Decisión de la Comisión Europea por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el Transporte Aéreo — Coordinación de elementos del precio de los servicios de transporte aéreo de mercancías (recargo por combustible, recargo por seguridad y negativa al pago de comisiones sobre los recargos) — Derecho de defensa — Derecho de acceso al expediente — Pruebas de cargo y de descargo — Servicios de transporte de mercancías entrantes — Competencia territorial de la Comisión — Efectos cualificados — Pliego de cargos — Derecho a ser oído — Infracción única y continua — Alcance geográfico de la práctica colusoria — Motivo de defensa basado en la existencia de una obligación impuesta por un Estado — Requisitos para su aplicación — Prueba de la participación en una infracción única y continua — Cálculo de la multa — Competencia jurisdiccional plena del Tribunal General — Desnaturalización »
En el asunto C‑403/22 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo
56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 17 de junio de 2022,
SAS Cargo Group A/S, con domicilio social en Kastrup (Dinamarca),
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, con domicilio social en Estocolmo (Suecia),
SAS AB, con domicilio social en Estocolmo,
representadas por los Sres. B. Creve y M. Kofmann, advokater, y la Sra. G. Forwood y el Sr. J. Killick, avocats,
partes recurrentes en casación,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Comisión Europea, representada por el Sr. A. Dawes y la Sra. C. Zois, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. B. Doherty, BL,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis (Ponente), Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. E. Regan y D. Gratsias, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretaria: Sra. R. Stefanova-Kamisheva, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 19 de abril de 2024;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de septiembre de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso de casación, SAS Cargo Group A/S (en lo sucesivo, «SAS Cargo»), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (en lo sucesivo, «SAS Consortium») y SAS AB (en lo sucesivo, conjuntamente, «SAS Cargo y otros») solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 30 de marzo de 2022, SAS Cargo Group y otros/Comisión (T‑324/17, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2022:175), mediante la que este último órgano jurisdiccional desestimó parcialmente el recurso por el que dichas empresas solicitaban, con carácter principal, la anulación total o parcial de la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el Transporte Aéreo (asunto AT.39258
— Transporte aéreo de mercancías) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), en la medida en que las afecta, y, con carácter subsidiario, la reducción del importe de la multa que les fue impuesta mediante la citada Decisión.
Marco jurídico
Acuerdo Aéreo CE-Suiza
2        El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el Transporte Aéreo, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2002/309/CE, Euratom del Consejo, y de la Comisión respecto al Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica, de 4 de abril de 2002 sobre la celebración de siete acuerdos con la Confederación Suiza (DO 2002, L 114, p. 1; corrección de errores en DO 2015, L 210, p. 38) (en lo sucesivo, «Acuerdo Aéreo CE-Suiza»), entró en vigor el 1 de junio de 2002. Los artículos 8 y 9 de este Acuerdo corresponden, mutatis mutandis, a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE respectivamente.
3        A tenor del artículo 11 del citado Acuerdo:
«1.      Las instituciones comunitarias aplicarán las disposiciones de los artículos 8 y 9 […] con arreglo a la legislación comunitaria indicada en el Anexo del presente Acuerdo, teniendo en cuenta la necesidad de que exista una estrecha colaboración entre las instituciones comunitarias y las autoridades suizas.
2.      Las autoridades suizas decidirán, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 y 9, sobre la admisibilidad de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas […] respecto a las rutas entre Suiza y terceros países.»
4        El Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1) fue declarado aplicable en el marco del mismo Acuerdo, con efectos a partir del 5 de diciembre de 2007, mediante la Decisión n.º 1/2007 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Comunidad/Suiza instituido por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el Transporte Aéreo, de 5 de diciembre de 2007, por la que se sustituye el anexo del Acuerdo Aéreo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el Transporte Aéreo (DO 2008, L 34, p. 19). Sustituyó, en dicha fecha, al Reglamento (CEE) n.º 3975/87 del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, por el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte aéreo (DO 1987, L 374, p. 1), que figuraba en el anexo del Acuerdo Aéreo CE-Suiza desde la entrada en vigor de este.
Tratado FUE
5        El artículo 101 TFUE, apartado 1, dispone que:
«Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:
a)      fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
b)      limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
c)      repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
[…]».
Acuerdo EEE
6        El artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), corresponde mutatis mutandis al artículo 101 TFUE.
7        El Reglamento n.º 1/2003, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 411/2004 del Consejo, de 26 de febrero de 2004 (DO 2004, L 68, p. 1), se integró en el Acuerdo EEE mediante, por un lado, la Decisión del Comité Mixto del EEE n.º 130/2004, de 24 de septiembre de 2004, por la que se modifican el anexo XIV (Competencia), el Protocolo 21 (sobre la aplicación de las normas de competencia relativas a las empresas) y el Protocolo 23 (relativo a la cooperación entre los órganos de vigilancia) del Acuerdo EEE (DO 2005, L 64, p. 57), que entró en vigor el 19 de mayo de 2005, y, por otro lado, la Decisión del Comité Mixto del EEE n.º 40/2005, de 11 de marzo de 2005, por la que se modifica el anexo XIII (Transporte) y el Protocolo 21 (sobre la aplicación de las normas de competencia relativas a las empresas) del Acuerdo EEE (DO 2005, L 198, p. 38), que entró en vigor el mismo día.
Directrices de 2006
8        Los puntos 13, 25, 28, 29 y 37 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006») tienen el siguiente tenor:
«13.      Con el fin de determinar el importe de base de la multa, la Comisión utilizará el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta con la infracción, en el sector geográfico correspondiente dentro del territorio del Espacio Económico Europeo (“EEE”). La Comisión utilizará normalmente las ventas de la empresa durante el último ejercicio social completo de su participación en la infracción
[…]
[…]
25.      Además, independientemente de la duración de la participación de una empresa en la infracción, la Comisión incluirá en el importe de base una suma comprendida entre el 15 % y el 25 % del valor de las ventas, […] con el fin de disuadir a las empresas incluso de participar en acuerdos horizontales de fijación de precios, de reparto de mercados y de limitación de la producción. La Comisión podrá aplicar también este importe adicional en el caso de otras infracciones. Para decidir la proporción del valor de las ventas que debe tenerse en cuenta en un caso determinado, la Comisión considerará una serie de factores
[…]
[…]
28.      El importe de base de la multa podrá reducirse cuando la Comisión constate la existencia de circunstancias atenuantes, por ejemplo:
–        persistencia o reincidencia en una infracción idéntica o similar tras haber constatado la Comisión o una autoridad nacional de competencia que la empresa ha vulnerado las disposiciones del artículo [101 TFUE] o del artículo [102 TFUE]; el importe de base se incrementará hasta en un 100 % por infracción probada;
[…]
29.      El importe de base de la multa podrá reducirse cuando la Comisión constate la existencia de circunstancias atenuantes, por ejemplo:
[…]
–        cuando el comportamiento anticompetitivo haya sido autorizado o fomentado por las autoridades públicas o la normativa.
[…]
37.      Aunque las presentes Directrices exponen la metodología general para la fijación de las multas, las características específicas de un determinado asunto o la necesidad de alcanzar un nivel disuasorio en un caso particular podrán justificar que la Comisión se aparte de esta metodología o de los límites fijados en el punto 21.»
Antecedentes del litigio y Decisión controvertida
9        Los antecedentes del litigio y la Decisión controvertida, expuestos en los apartados 1 a 63 de la sentencia recurrida, pueden resumirse, a efectos del presente procedimiento, del siguiente modo.
10      SAS Cargo y otros operan en el mercado de los servicios de transporte aéreo. SAS Cargo, que ofrece servicios de transporte de mercancías, es una filial de propiedad exclusiva indirecta de SAS. Hasta el 1 de junio de 2001, SAS Cargo no era una entidad jurídica separada, sino que constituía una unidad comercial de SAS Consortium. SAS Consortium pertenece a SAS.
11      En el sector del transporte de mercancías, las compañías aéreas realizan el transporte de cargas por vía aérea (en lo sucesivo, «transportistas»). Por regla general, los transportistas prestan servicios de transporte de mercancías a los transitarios, que organizan el envío de estas cargas por cuenta de los expedidores. Como contrapartida, los referidos transitarios pagan un precio a los transportistas que se compone, por un lado, de una tarifa en función de los kilogramos y, por otro, de diferentes recargos.
Procedimiento administrativo
12      El 7 de diciembre de 2005, la Comisión recibió, en virtud de su Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3), una solicitud de dispensa de pago presentada por Deutsche Lufthansa AG (en lo sucesivo, «Lufthansa») y dos sus filiales, Lufthansa Cargo AG y Swiss International Air Lines AG. Según dicha solicitud, existían contactos contrarios a la competencia entre diversos transportistas cuyo objeto eran algunos componentes del precio de los servicios prestados en el mercado del transporte aéreo de mercancías, a saber, el establecimiento de recargos por «combustible» y por «seguridad», así como la negativa de esos transportistas al pago de una comisión a los transitarios sobre los recargos (en lo sucesivo, «negativa al pago de comisiones»).
13      Los días 14 y 15 de febrero de 2006, la Comisión efectuó inspecciones sin previo aviso en los locales de varios transportistas.
14      A raíz de estas inspecciones, varios transportistas, entre ellos SAS Cargo y SAS Consortium, presentaron una solicitud de dispensa de pago con arreglo a la Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel, mencionada en al apartado 12 de la presente sentencia.
15      El 19 de diciembre de 2007, la Comisión remitió un pliego de cargos a veintisiete transportistas, entre los que figuraban SAS Cargo y otros, los cuales presentaron a continuación observaciones escritas. Se celebró una audiencia del 30 de junio al 4 de julio de 2008.
Decisión inicial
16      El 9 de noviembre de 2010, la Comisión adoptó la Decisión C(2010) 7694 final, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el Transporte Aéreo (asunto COMP/39258
— Transporte aéreo de mercancías) (en lo sucesivo, «Decisión inicial»). La citada Decisión tenía como destinatarios a veintiún transportistas, entre ellos SAS Cargo y otros.
17      Dicha Decisión exponía, en su motivación, que los transportistas implicados habían coordinado sus comportamientos en materia de precios para la prestación de servicios de transporte de mercancías, concertándose para fijar el recargo por combustible y el recargo por seguridad y para negarse al pago de comisiones, de manera que habían participado en una infracción única y continua del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo Aéreo CE-Suiza, que abarcaba el territorio del EEE y de Suiza.
Sentencias de 16 de diciembre de 2015
18      Mediante sentencia de 16 de diciembre de 2015, SAS Cargo Group y otros/Comisión (T‑56/11, EU:T:2015:990), el Tribunal General anuló la Decisión inicial en la medida en que se refería a SAS Cargo y otros. Mediante otras doce sentencias del mismo día, el Tribunal General anuló también, total o parcialmente, la referida Decisión en cuanto se refería a otros doce transportistas o grupos de transportistas.
19      El Tribunal General consideró que la citada Decisión adolecía de un vicio de motivación.
Decisión controvertida
20      El 20 de mayo de 2016, la Comisión remitió a los transportistas afectados por la Decisión inicial que habían interpuesto recurso contra esta ante el Tribunal General un escrito para hacerles saber que tenía intención de adoptar una nueva decisión por la que iba a declararse que habían participado en una infracción única y continua del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo Aéreo CE-Suiza respecto de todas las rutas mencionadas en dicha Decisión inicial. Se les concedió un plazo de un mes para presentar observaciones. Todos hicieron uso de esta facultad.
21      El 17 de marzo de 2017 la Comisión adoptó la Decisión controvertida, cuyos destinatarios son diecinueve transportistas, entre ellos SAS Cargo y otros.
22      En la Decisión controvertida se indica que los transportistas implicados coordinaron sus comportamientos en materia de precios para la prestación de servicios de transporte de mercancías en todo el mundo por medio del recargo por combustible, del recargo por seguridad y de la negativa al pago de comisiones (en lo sucesivo, «práctica colusoria controvertida»), incurriendo así en una infracción única y continua del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo Aéreo CE-Suiza.
23      En la sección 4 de esta Decisión, titulada «Descripción de los hechos», la Comisión indicó en particular que la investigación había revelado una práctica colusoria de alcance mundial basada en una red de contactos bilaterales y multilaterales mantenidos durante un período prolongado entre los competidores, relativos al comportamiento que habían decidido, previsto o proyectado adoptar en relación con diversos componentes del precio de los servicios de transporte de mercancías mencionados en el apartado anterior. Dicha institución recalcó que esa red de contactos tenía como objetivo común coordinar el comportamiento de los competidores en materia de precios o reducir la incertidumbre en todo lo relacionado con su política de precios. A continuación, describió los contactos que se referían al recargo por combustible, al recargo por seguridad y a la negativa al pago de comisiones, respectivamente, y valoró las pruebas de los hechos relativos, por un lado, a la práctica colusoria controvertida en su totalidad y, por otro, a cada uno de los destinatarios de la Decisión en cuestión.
24      En la sección 5 de la Decisión controvertida, titulada «Aplicación de las normas de competencia pertinentes», la Comisión aplicó el artículo 101 TFUE a los hechos en cuestión, precisando al mismo tiempo que las referencias a este artículo debían entenderse también como referencias al artículo 53 del Acuerdo EEE y al artículo 8 del Acuerdo Aéreo CE-Suiza, al ser dichas disposiciones aplicables mutatis mutandis, salvo estipulación en contrario.
25      A este respecto, por lo que a su competencia se refiere, la Comisión examinó los límites de su competencia territorial y temporal para constatar y sancionar una infracción de las normas de competencia en el caso de autos.
26      Por un lado, en los considerandos 822 a 832 de la Decisión controvertida, que componen la subsección 5.2 de esta, titulada «Competencia de la Comisión», señaló, en esencia, que no aplicaría, para empezar, el artículo 101 TFUE a los acuerdos y prácticas anteriores al 1 de mayo de 2004 en relación con las rutas entre aeropuertos dentro de la Unión Europea y aeropuertos situados fuera del EEE (en lo sucesivo, «rutas Unión-países terceros»), a continuación, tampoco el artículo 53 del Acuerdo EEE a los acuerdos y prácticas anteriores al 19 de mayo de 2005 relativos a las rutas Unión-países terceros y a las rutas entre aeropuertos situados en países que son partes contratantes del Acuerdo EEE y que no son miembros de la Unión y aeropuertos situados en países terceros (en lo sucesivo, «rutas EEE salvo Unión-países terceros») ni, por último, el artículo 8 del Acuerdo Aéreo CE-Suiza a los acuerdos y prácticas anteriores al 1 de junio de 2002 que afectasen a las rutas entre aeropuertos dentro de la Unión y aeropuertos situados en Suiza (en lo sucesivo, «rutas Unión-Suiza»). En el considerando 832 de la misma Decisión precisó que esta no tenía «en modo alguno la pretensión de revelar ninguna infracción del artículo 8 del Acuerdo [Aéreo CE-Suiza] referida a los servicios de transporte de mercancías entre Suiza y países terceros».
27      Por otro lado, en los considerandos 1036 a 1046 de la Decisión controvertida, que componen la subsección 5.3.8 de esta, titulada «Aplicabilidad del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE a las rutas entrantes», la Comisión expuso las razones por las que rechazaba las alegaciones de diferentes transportistas implicados según las cuales esta institución se había extralimitado en el ejercicio de su competencia territorial a la vista de las normas del Derecho internacional público al constatar y sancionar una infracción de estas dos disposiciones en las rutas con salida en países terceros y con destino en el EEE (en lo sucesivo, «rutas entrantes» y, por lo que respecta a los servicios de transporte de mercancías ofrecidos en estas rutas, «servicios de transporte de mercancías entrantes»).
28      En particular, en el considerando 1045 de dicha Decisión, la Comisión señaló que las prácticas contrarias a la competencia en la prestación de los servicios de transporte de mercancías entrantes «pueden tener efectos inmediatos, sustanciales y previsibles dentro de la Unión y del EEE, dado que los mayores costes del transporte aéreo hacia el EEE y, en consecuencia, los precios más elevados de las mercancías importadas pueden, por su propia naturaleza, tener efectos sobre los consumidores en el EEE». Añadió que, en el presente caso, esas prácticas podían producir tales efectos también sobre los servicios de transporte aéreo de mercancías prestados por otros transportistas en el EEE, entre los centros de conexión (hubs) en el EEE utilizados por los transportistas de países terceros y los aeropuertos de destino de esos envíos dentro del EEE en los que no operaba el transportista del tercer país.
29      Por otra parte, en el considerando 1046 de la misma Decisión, la Comisión señaló que la práctica colusoria controvertida se había «implementado mundialmente», que los pactos relativos a las rutas entrantes formaban parte de la infracción única y continua del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE y que la aplicación uniforme de los recargos a escala mundial era un elemento clave de esta práctica colusoria.
30      La subsección 5.3 de la Decisión controvertida, relativa a la aplicación al presente asunto del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo Aéreo CE-Suiza, comprende los considerandos 833 a 1052 de aquella. En primer lugar, en el considerando 846 de esta Decisión, la Comisión estimó que los transportistas implicados habían coordinado su comportamiento o influido en los precios, «lo que equival[ía] en definitiva a la fijación de precios en relación con» el recargo por combustible, el recargo por seguridad y el pago a los transitarios de una comisión sobre los recargos. En el considerando 861 de la citada Decisión, entendió que el «sistema general de coordinación del comportamiento sobre precios para los servicios de transporte de mercancías», cuya existencia reveló su investigación, ponía de manifiesto una «infracción compleja compuesta por varias acciones que [podían] calificarse bien como acuerdos, bien como prácticas concertadas en cuyo marco los competidores ha[bían] sustituido conscientemente los riesgos de la competencia por la cooperación práctica entre ellos».
31      En segundo lugar, en el considerando 869 de la Decisión controvertida, la Comisión declaró que «el comportamiento en cuestión constitu[ía] una infracción única y continua del artículo 101 [TFUE]», y precisó, en los considerandos 870 a 902, que los pactos en cuestión perseguían un objetivo anticompetitivo único consistente en obstaculizar la competencia en el sector del transporte de mercancías dentro del EEE, se referían a la prestación de servicios de transporte de mercancías y su tarificación, afectaban a las mismas empresas, tenían una naturaleza única y continua y se referían a tres componentes, a saber, el recargo por combustible, el recargo por seguridad y la negativa al pago de comisiones. En este contexto, la Comisión indicó, en el considerando 882 de dicha Decisión, que SAS Cargo y otros estaban implicadas en dos de los tres componentes de la infracción única, a saber, el relativo al recargo por seguridad y el relativo al recargo por combustible, pero que, «habida cuenta de su implicación en los demás elementos de la infracción, pudieron razonablemente prever la existencia de intercambios entre las partes sobre una materia conexa como el pago de una comisión sobre los recargos y estuvieron dispuestas a asumir tal riesgo».
32      En tercer lugar, en el considerando 903 de la Decisión controvertida, la Comisión declaró que el comportamiento anticompetitivo en cuestión tenía por objeto restringir la competencia al menos dentro de la Unión, en el EEE y en Suiza. En el considerando 917 de esta Decisión añadió, en esencia, que, por consiguiente, no era necesario tomar en consideración los efectos concretos de este comportamiento.
33      En los considerandos 922 a 971 de la misma Decisión, la Comisión examinó la alianza WOW, que, en el momento de los hechos, reunía a Lufthansa, SAS Cargo, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd y Japan Airlines International Co. Ltd (en lo sucesivo, «Japan Airlines»). En ese considerando 971, la Comisión indicó que, «habida cuenta del contenido del acuerdo de alianza WOW y su aplicación, la Comisión considera que la coordinación de los recargos entre los miembros de [la alianza] WOW se desarrolló fuera del marco legítimo de la alianza, que no la justifica. En realidad, los miembros eran conscientes de la ilicitud de tal coordinación. Además, estaban al corriente de que la coordinación de los recargos implicaba a varios [transportistas] que no participaban en [la alianza] WOW. La Comisión considera, por tanto, que los elementos probatorios referidos a los contactos entre los miembros de [la alianza] WOW […] constituyen la prueba de su participación en la infracción del [artículo 101 TFUE] según se describe en la presente Decisión».
34      En cuarto lugar, en los considerandos 972 a 1021 de la Decisión controvertida, la Comisión examinó la normativa de siete países terceros, que diversos transportistas implicados sostenían que les obligaba a concertarse sobre los recargos, lo que obstaculizaba la aplicación de las normas en materia de competencia pertinentes. La Comisión consideró que estos transportistas no habían demostrado haber actuado forzados por la obligación impuesta por dichos países terceros.
35      En quinto lugar, en los considerandos 1024 a 1035 de la misma Decisión, la Comisión estimó que la infracción única y continua podía afectar de manera significativa a los intercambios comerciales entre Estados miembros, entre las partes contratantes del acuerdo EEE y entre las partes contratantes del Acuerdo Aéreo CE-Suiza.
36      La sección 7 de la Decisión controvertida, titulada «Duración de la infracción», contiene los considerandos 1146 a 1169. Como se desprende del considerando 1146 de dicha Decisión, la Comisión entendió que la práctica colusoria controvertida había comenzado el 7 de diciembre de 1999 y había continuado hasta el 14 de febrero de 2006. En el mismo considerando 1146, precisó que dicha práctica colusoria había infringido:
–        el artículo 101 TFUE, del 7 de diciembre de 1999 al 14 de febrero de 2006, en lo tocante al transporte aéreo entre aeropuertos dentro de la Unión;
–        el artículo 101 TFUE, del 1 de mayo de 2004 al 14 de febrero de 2006, en el transporte aéreo en las rutas Unión-países terceros;
–        el artículo 53 del Acuerdo EEE, del 7 de diciembre de 1999 al 14 de febrero de 2006, en el transporte aéreo entre aeropuertos dentro del EEE;
–        el artículo 53 del Acuerdo EEE, del 19 de mayo de 2005 al 14 de febrero de 2006, en lo que atañe al transporte aéreo en las rutas EEE salvo Unión-países terceros;
–        el artículo 8 del Acuerdo Aéreo CE-Suiza, del 1 de junio de 2002 al 14 de febrero de 2006, en el transporte aéreo en las rutas Unión-Suiza.
37      En el considerando 1169 de la misma Decisión, la Comisión señaló que la duración de la infracción se extendía, en el caso de SAS Cargo y otros, del 13 de diciembre de 1999 al 14 de febrero de 2006.
38      En la sección 8 de la Decisión controvertida, la Comisión examinó las medidas correctoras y las multas que se imponían, haciendo referencia a las Directrices de 2006. En particular, basándose en el punto 37 de estas, aplicó una reducción del 50 % a los importes de base de las multas, teniendo en cuenta que una parte de los servicios relativos a las rutas entrantes y a las rutas desde el EEE y hacia países terceros, a excepción de las rutas UE-Suiza, se prestaba fuera del territorio cubierto por el Acuerdo EEE y que, en consecuencia, una parte del perjuicio podía haberse producido fuera de dicho territorio. Además, con arreglo al punto 29 de las referidas Directrices, concedió a los transportistas implicados una reducción adicional de los importes de base de las multas del 15 %, debido a que algunos regímenes normativos habían fomentado la práctica colusoria controvertida.
39      La Comisión estimó asimismo, en los considerandos 1221, 1223 y 1227 a 1229 de la Decisión controvertida, que el importe adicional del 16 % del valor de las ventas, con arreglo al punto
25 de las Directrices de 2006, debía repartirse entre SAS Cargo y otros de modo que reflejara la duración de la participación de cada una de estas entidades en la infracción única y continua; impuso a SAS Cargo y a SAS Consortium, en aplicación del punto
28 de dichas Directrices, un incremento del 50 % del importe de base de la multa por reincidencia, y, en aplicación del punto
29 de esas Directrices, concedió a SAS Cargo y otros una reducción del 10 % del importe de base de la multa, debido a la participación limitada de estas en la infracción única y continua. Por otra parte, la Comisión aplicó a la multa de estas entidades una reducción del 15 % para tener en cuenta su contribución en el contexto de su solicitud de clemencia. De este modo, el importe de las multas impuestas a SAS, SAS Cargo y SAS Consortium se fijó, respectivamente, en 38 250 000 euros, 64 812 500 euros y 14 875 000 euros.
40      Los artículos 1, 3 y 4 de la parte dispositiva de la Decisión controvertida tienen el siguiente tenor:
«Artículo 1
Al coordinar su comportamiento en materia de precios para la prestación de servicios de transporte aéreo de mercancías en todo el mundo por lo que se refiere al recargo por combustible, al [recargo por seguridad] y al pago de una comisión sobre los recargos, las siguientes empresas han cometido la siguiente infracción única y continua del artículo 101 [TFUE], del artículo 53 del [Acuerdo EEE] y del artículo 8 del [Acuerdo Aéreo CE-Suiza] en lo que atañe a las siguientes rutas y durante los siguientes períodos.
1)      Las siguientes empresas han infringido el artículo 101 [TFUE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE en lo referente a las rutas entre aeropuertos dentro del EEE, durante los siguientes períodos:
[…]
o)      [SAS], del 17 de agosto de 2001 al 14 de febrero de 2006;
p)      [SAS Cargo], del 1 de junio de 2001 al 14 de febrero de 2006;
q)      [SAS Consortium], del 13 de diciembre de 1999 al 28 de diciembre de 2003;
[…]
2)      Las siguientes empresas han infringido el artículo 101 [TFUE] en lo referente a las [rutas Unión-países terceros], durante los siguientes períodos:
[…]
o)      [SAS], del 1 de mayo de 2004 al 14 de febrero de 2006;
p)      [SAS Cargo], del 1 de mayo de 2004 al 14 de febrero de 2006;
[…]
3)      Las siguientes empresas han infringido el artículo 53 del Acuerdo EEE en lo referente a las [rutas EEE salvo Unión-países terceros], durante los siguientes períodos:
[…]
o)      [SAS], del 19 de mayo de 2005 al 14 de febrero de 2006;
p)      [SAS Cargo], del 19 de mayo de 2005 al 14 de febrero de 2006;
[…]
4)      Las siguientes empresas han infringido el artículo 8 del [Acuerdo Aéreo CE-Suiza] en lo referente a las [rutas Unión-Suiza], durante los siguientes períodos:
[…]
d)      [SAS], del 1 de junio de 2002 al 14 de febrero de 2006;
p)      [SAS Cargo], del 1 de junio de 2002 al 14 de febrero de 2006;
q)      [SAS Consortium], del 1 de junio de 2002 al 28 de diciembre de 2003;
[…]
Artículo 3
Se imponen las siguientes multas por la infracción única y continua contemplada en el artículo 1 de la presente Decisión
[…]:
[…]
n)      [SAS Consortium]: 5 355 000 [euros];
o)      [SAS Cargo y SAS Consortium] conjunta y solidariamente: 4 254 250 [euros];
p)      [SAS Cargo y otros] conjunta y solidariamente: 5 265 750 [euros];
q)      [SAS Cargo y SAS] conjunta y solidariamente: 32 984 250 [euros];
r)      [SAS Cargo]: 22 308 250 [euros];
[…]
Artículo 4
Las empresas a las que se refiere el artículo 1 pondrán fin de forma inmediata a la infracción única y continua contemplada en dicho artículo, en la medida en que todavía no lo hubieran hecho.
Asimismo, se abstendrán de adoptar todo acto o comportamiento que pueda tener el mismo o similar objeto o efecto.»
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
41      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 29 de mayo de 2017, SAS Cargo y otros interpusieron un recurso por el que solicitaban que el Tribunal General acordara la práctica de diligencias de ordenación del procedimiento o de diligencias de prueba por las que se ordenara a la Comisión que les diera acceso a la totalidad del expediente del asunto o de cualquier otra diligencia que el Tribunal General considerara necesaria, que anulara, total o parcialmente, la Decisión controvertida, por cuanto se refiere a ellas y, con carácter subsidiario, que redujera el importe de la multa que se les impuso en la citada Decisión.
42      En apoyo de su recurso, SAS Cargo y otros invocaron cinco motivos de anulación. El primero se basaba en la vulneración del derecho de defensa y del principio de igualdad de armas debido a la negativa de acceso a elementos de prueba de cargo y de descargo. El segundo se basaba en la vulneración del derecho a ser oído y en la falta de competencia de la Comisión, por una parte, para aplicar el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE a los servicios de transporte de mercancías entrantes y, por otra parte, para aplicar el artículo 53 del Acuerdo EEE a los servicios de transporte de mercancías prestados en las rutas entre Suiza y los tres países miembros del EEE que no pertenecen a la Unión (en lo sucesivo, «rutas EEE salvo Unión-Suiza»). Mediante su tercer motivo, SAS Cargo y otros alegaban un error de apreciación de los comportamientos en los que estas empresas estaban implicadas y del hecho de que esos comportamientos probasen su participación en la infracción única y continua o su conocimiento de esta. El cuarto motivo se basaba en la infracción del artículo 266 TFUE, del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), debido a que la Decisión controvertida adolecía de inconsistencias internas. El quinto motivo se basaba en errores en la determinación del importe de la multa que se les impuso.
43      En apoyo de sus pretensiones de modificación del importe de la multa, SAS Cargo y otros formularon todas las alegaciones presentadas en apoyo de su quinto motivo de anulación.
44      Mediante auto de 7 de enero de 2021, el Tribunal General ordenó la reapertura de la fase oral del procedimiento por considerar que procedía instar a las partes a presentar sus observaciones sobre una alegación que no habían debatido. En este contexto, el Tribunal formuló preguntas escritas a la Comisión los días 12 de enero, 2 de marzo y 12 de abril de 2021. La Comisión respondió a esta última pregunta el 22 de abril de 2021 (en lo sucesivo, «respuesta de 22 de abril de 2021»). SAS Cargo y otros presentaron sus observaciones sobre las respuestas de la Comisión a todas esas preguntas el 14 de mayo de 2021. El 26 de julio de 2021, el Tribunal General concluyó de nuevo la fase oral del procedimiento.
45      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General:
–        anuló el artículo 1, apartados 1, letras o), p) y q), 2, letras o)
y p), 3, letras o)
y p), y 4, letras o), p) y q), de la Decisión controvertida, en la medida en que establece que SAS Cargo y otros participaron en el componente de la infracción única y continua relativo a la negativa al pago de comisiones;
–        anuló:
–        por un lado, el artículo 1, apartado 2, letras o)
y p), de dicha Decisión en la medida en que establece que se infringió el artículo 101 TFUE en relación con las rutas procedentes de Tailandia y con destino a la Unión entre el 20 de julio de 2005 y el 14 de febrero de 2006 por lo que se refiere al componente relativo al recargo por combustible, y
–        por otro lado, el artículo 1, apartado 3, letras o)
y p), de la citada Decisión en la medida en que establece que se infringió el artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con las rutas procedentes de Tailandia y con destino al EEE entre el 20 de julio de 2005 y el 14 de febrero de 2006 por lo que se refiere al componente relativo al recargo por combustible;
–        anuló el artículo 3, letras n) a r), de la misma Decisión;
–        fijó el importe de la multa impuesta:
–        a SAS Consortium en 7 030 618 euros;
–        a SAS Cargo y a SAS Consortium, conjunta y solidariamente, en 5 937 909 euros;
–        a SAS Cargo y otros, conjunta y solidariamente, en 6 314 572 euros;
–        a SAS Cargo y SAS, conjunta y solidariamente, en 29 045 427 euros; y
–        a SAS Cargo en 21 687 090 euros;
–        desestimó el recurso en todo lo demás, y
–        condenó a la Comisión a cargar con sus propias costas y con tres cuartas partes de las costas de SAS Cargo y otros, mientras que estas últimas fueron condenadas a cargar con una cuarta parte de sus propias costas.
46      El Tribunal General, en particular, estimó parcialmente el primer motivo. A este respecto, consideró que la Comisión había incurrido en error al negarse a conceder a SAS Cargo y otros el acceso a determinados pasajes de las respuestas al pliego de cargos mencionados en la Decisión controvertida. No obstante, el Tribunal General estimó que esto no afectaba a la constatación de la Comisión relativa a la aplicabilidad del artículo
101 TFUE y del artículo
53 del Acuerdo EEE a los comportamientos reprochados que se produjeron en Hong Kong y en Japón.
47      En lo que atañe al segundo motivo, el Tribunal General declaró que, en el artículo 1, apartado
3, de la Decisión controvertida, la Comisión no había considerado a SAS Cargo y otros responsables de una infracción del artículo
53 del Acuerdo EEE respecto de las rutas EEE salvo Unión-Suiza. Declaró, no obstante, que la Comisión había admitido no haber excluido del valor de las ventas un importe de 262 084 euros en concepto de las ventas de servicios de transporte de mercancías que SAS Cargo y otros habían obtenido durante el año 2005 en las rutas EEE salvo Unión-Suiza. Sin embargo, al estimar que esta circunstancia se refería exclusivamente a los ingresos que han de tenerse en cuenta a los efectos del cálculo del importe de base de la multa, desestimó este segundo motivo.
48      En el tercer motivo, que estimó parcialmente, el Tribunal General consideró, en particular, que el hecho de que determinadas pruebas utilizadas contra SAS Cargo y otros en la Decisión controvertida debieran desestimarse, como estas alegaban, no permitía cuestionar los conjuntos de indicios invocados por la Comisión para demostrar la participación de dichas empresas en el componente de la infracción única y continua relativo al recargo por combustible ni al relativo al recargo por seguridad. No obstante, declaró, por lo que respecta a la normativa aplicable en Tailandia, que SAS Cargo y otros habían logrado demostrar que, a partir del 20 de julio de 2005, las autoridades de ese país habían creado un marco jurídico que eliminaba cualquier posibilidad de comportamiento competitivo entre los transportistas en lo tocante a la determinación de la cuantía del recargo por combustible aplicable a los vuelos desde dicho país. Asimismo, el Tribunal General declaró que la Comisión había incurrido en error al considerarles responsables del componente de la infracción única y continua relativo a la negativa al pago de comisiones.
49      En el quinto motivo, el Tribunal General declaró, en particular, que, dado que la Comisión se equivocó al imputar a SAS Cargo y otros la responsabilidad por el componente de la infracción única y continua relativo a la negativa al pago de comisiones, dicha institución había sobreestimado el grado de participación de aquellas en la infracción única y continua. Consideró que, por consiguiente, la Comisión había viciado de ilegalidad la Decisión controvertida al no conceder a SAS Cargo y otros, por mor de su participación limitada en la infracción única y continua, una reducción del importe de base de la multa superior al 10 %.
50      Como consecuencia de estas apreciaciones, anuló la Decisión controvertida en la medida indicada en el apartado
45 de la presente sentencia y desestimó el resto de las pretensiones de anulación.
51      Por lo que respecta a las pretensiones de modificación del importe de la multa, el Tribunal General excluyó del valor de las ventas los ingresos obtenidos en las rutas EEE salvo Unión-Suiza, ya que estas rutas no estaban comprendidas en el ámbito de la infracción única y continua.
52      Dicho esto, consideró, a la vista de lo que había respondido la Comisión a una de sus preguntas escritas y con el fin de garantizar la igualdad de trato de los transportistas implicados que habían interpuesto recursos contra la Decisión controvertida, que era preciso reintegrar, en el valor de las ventas que debían tenerse en cuenta con respecto a SAS Cargo y otros, el volumen de negocios que estas habían obtenido en las rutas en las que operaban exclusivamente en el interior de Dinamarca, Suecia y Noruega, respectivamente (en lo sucesivo, «rutas domésticas»), que ascendía a 7 991 282 euros.
53      Por otra parte, teniendo en cuenta que había estimado parcialmente determinados motivos de anulación, el Tribunal General redujo el coeficiente de gravedad de la infracción con respecto al establecido en la Decisión controvertida, aplicó un importe adicional ligeramente inferior al fijado por la Comisión y aplicó un porcentaje de reducción por la participación limitada de las recurrentes en la infracción única y continua más elevado que el fijado por la Comisión. En cambio, consideró que la exclusión de determinadas pruebas no justificaba una reducción adicional en atención a la participación limitada en la infracción única y continua.
54      Al calcular la multa sobre la base de los elementos anteriores, el Tribunal General declaró que las multas impuestas a las recurrentes debían quedar fijadas en los importes indicados en el apartado
45 de la presente sentencia.
55      El Tribunal General desestimó el recurso en todo lo demás.
Pretensiones de las partes en el recurso de casación
56      SAS Cargo y otros solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida, en la medida en que desestimó su recurso de anulación.
–        Anule en todo o en parte la Decisión recurrida, en la medida en que se refiere a ellas.
–        Anule o reduzca sustancialmente la multa que se les impuso.
–        Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.
–        Condene en costas a la Comisión, tanto las del procedimiento de casación como las del procedimiento ante el Tribunal General.
57      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación y condene en costas a las recurrentes.
–        Con carácter subsidiario, si se estima el recurso de casación, devuelva el asunto al Tribunal General y reserve la decisión sobre las costas.
Sobre el recurso de casación
58      En apoyo de su recurso de casación, SAS Cargo y otros invocan cinco motivos. El primer motivo de casación de SAS Cargo y otros se basa en errores de Derecho cometidos por el Tribunal General al apreciar la vulneración de su derecho de defensa y de su derecho a acceder al expediente. Su segundo motivo de casación se basa en errores de Derecho relativos a su derecho a ser oídas en relación con la aplicación del criterio basado en los efectos cualificados de las prácticas contrarias a la competencia en la Unión (en lo sucesivo, «criterio de los efectos cualificados») y de las rutas entrantes. Mediante su tercer motivo de casación, SAS Cargo y otros alegan que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho en relación con la aplicación del citado criterio. Su cuarto motivo de casación se basa en errores de Derecho en la apreciación de la existencia de una infracción única y continua. Mediante su quinto motivo de casación, SAS Cargo y otras alegan errores de Derecho en el ejercicio, por el Tribunal General, de la competencia jurisdiccional plena que a este corresponde.
Primer motivo de casación, relativo al derecho de defensa y al derecho de acceso al expediente
59      El primer motivo de casación de SAS Cargo y otros consta de dos partes. Mediante la primera parte, alegan que el Tribunal General vulneró su derecho de defensa y su derecho a acceder al expediente administrativo de la Comisión al no haberse sancionado la negativa de esta a darles acceso a pruebas de cargo. Mediante la segunda parte, SAS Cargo y otros alegan idénticas infracciones por lo que respecta al acceso a pruebas de descargo.
Primera parte del primer motivo de casación, relativa a las pruebas de cargo
–       Alegaciones de las partes
60      SAS Cargo y otros indican que habían invocado ante el Tribunal General la vulneración de su derecho de defensa en la medida en que la Decisión controvertida se basó en descripciones de marcos normativos y de prácticas administrativas de terceros países que derivan, en particular, de las respuestas de otros transportistas al pliego de cargos y de documentos que remitían a esas respuestas. Pues bien, estos documentos no les fueron comunicados, pese a tratarse de una prueba de cargo. Aunque, como se desprende de los apartados
104 a 109, 115 y 124 de la sentencia recurrida, el Tribunal General ciertamente acogió sus alegaciones en relación con determinadas respuestas al pliego de cargos, SAS Cargo y otros consideran que el Tribunal General incurrió en error al denegarles el acceso a otras categorías de documentos inculpatorios.
61      En primer lugar, consideran que, en el apartado
110 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al estimar que la Comisión no se había basado en documentos no divulgados sobre el recargo por seguridad en Japón. En tal sentido, indican que, de los considerandos 1008 y 1012 de la Decisión controvertida se desprende, por un lado, que algunas partes habían afirmado que era necesaria una coordinación en lo que respecta al recargo por combustible, pero no en lo respecta al recargo por seguridad y, por otro lado, que otros transportistas le habían presentado pruebas, pese a ser insatisfactorias. SAS Cargo y otros
—que
a su vez habían presentado observaciones sobre el recargo por seguridad que demostraban que el citado considerando 1008 era incorrecto— deberían haber tenido acceso a las respuestas al pliego de cargos ofrecidas por esos otros transportistas, a fin de comprobar las constataciones de la Comisión a este respecto.
62      En segundo lugar, sostienen que, en los apartados
112 a 114 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al estimar que no era necesario que las propias SAS Cargo y otros accedieran a los documentos utilizados por la Comisión para evaluar los regímenes normativos de Japón y de otros países terceros, amparándose en que la Decisión controvertida se limitaba a describir las disposiciones aplicables y en que la información sobre el marco legislativo de los terceros países en cuestión era, en principio, pública y accesible.
63      En primer término, afirman las recurrentes en casación que el contenido del Derecho nacional es una cuestión de hecho y debe acreditarse mediante pruebas. Por lo tanto, las conclusiones de la Comisión relativas a los marcos normativos de estos países terceros tendrían que haberse basado necesariamente en documentos que obrasen en el expediente, pero que no se hubieran divulgado. Además, se trata de pruebas de cargo, ya que fueron utilizadas contra SAS Cargo y otros. En segundo término, consideran que la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2006, Jungbunzlauer/Comisión (T‑43/02, EU:T:2006:270), citada en ese apartado
114, no se refiere al Derecho nacional, sino a la jurisprudencia del juez de la Unión, por lo que no es pertinente. En tercer término, afirman que de ningún elemento de los autos se desprende que las normativas en cuestión fueran accesibles al público. En cuarto término, como a su entender se desprende de los apartados
558 a 661 de la sentencia recurrida, la Decisión controvertida menciona también los requisitos administrativos aplicables en los demás países terceros cuyos regímenes normativos son tratados en esa Decisión. Pues bien, consideran que estos requisitos no están disponibles públicamente.
64      En tercer lugar, SAS Cargo y otros afirman que el Tribunal General no respondió a la alegación que ellas mismas plantearon según la cual la Comisión tendría que haberles dado acceso a las respuestas de los demás destinatarios del pliego de cargos que afectaban a la normativa japonesa. De este modo, según señalan, el Tribunal General no respondió, en particular, a su alegación sobre el considerando 1011 de la Decisión controvertida, del que, sin embargo, el propio Tribunal General tomó nota en el apartado
103 de la sentencia recurrida. Consideran las recurrentes en casación que, como mínimo, el Tribunal General tendría que haber indicado las razones por las que no tuvo en cuenta las alegaciones que ellas mismas plantearon en relación con las pruebas de cargo que habrían podido conducir a la anulación parcial o total de la Decisión controvertida.
65      A juicio de SAS Cargo y otros, las conclusiones que el Tribunal General extrajo en los apartados
115 y 124 de la sentencia recurrida son, como consecuencia de lo anterior, igualmente erróneas.
66      La Comisión replica que esta primera parte del primer motivo de casación es infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
67      En cuanto que corolario del principio de respeto del derecho de defensa, el derecho a acceder al expediente implica que la Comisión debe dar a la empresa afectada la posibilidad de examinar todos los documentos que figuran en el expediente de la instrucción que puedan ser pertinentes para su defensa. Ello comprende tanto las pruebas de cargo como las de descargo, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales (sentencia de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, apartado
22 y jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, el auto de 1 de julio de 2021, NKT Verwaltungs y NKT/Comisión, C‑607/18 P‑OST, EU:C:2021:537, apartado 262).
68      Con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la falta de comunicación de un documento solo constituye una vulneración del derecho de defensa cuando la empresa afectada demuestra, por una parte, que la Comisión se ha apoyado en ese documento para fundamentar su imputación relativa a la existencia de una infracción y, por otra, que dicha imputación únicamente puede acreditarse mediante el citado documento. Si existieran otras pruebas documentales de las que las partes hubieran tenido conocimiento durante el procedimiento administrativo que apoyen específicamente las pretensiones de la Comisión, la supresión como medio de prueba del documento de cargo que no se ha comunicado no desvirtuaría el fundamento de las imputaciones que se formulan en la Decisión controvertida. De este modo, incumbe a la empresa afectada demostrar que el resultado al que llegó la Comisión en su decisión habría sido diferente si hubiera tenido que descartar como medio de prueba de cargo un documento no comunicado en el que la Comisión se basó para imputar a dicha empresa comportamientos contrarios a la competencia (sentencia de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, apartado 13, y jurisprudencia citada).
69      En el asunto que nos ocupa, por lo que respecta, en primer término, a la imputación dirigida contra el apartado
110 de la sentencia recurrida, debe señalarse, por un lado, que, en ese apartado, el Tribunal General indicó que del fragmento o pasaje citado del considerando 1012 de la Decisión controvertida, según el cual «no se afirma que las partes tuvieran la obligación de concertarse sobre el [recargo por seguridad] o sobre [la negativa al pago de comisiones]», no se desprendía que la Comisión se hubiera basado en pruebas de cargo no divulgadas. A este respecto, el Tribunal General señaló que, mediante esta constatación, la Comisión se limitaba a puntualizar que no se había aportado ninguna prueba que acreditara tal obligación en respuesta al pliego de cargos.
70      Pues bien, al sostener, en esencia, que constituye en sí mismo una prueba de cargo el hecho de que la Comisión se basara en una supuesta falta de alegaciones sobre la obligación de concertarse sobre el recargo por seguridad, SAS Cargo y otros se están limitando, en realidad, a cuestionar la interpretación de ese considerando 1012 efectuada por el Tribunal General en la sentencia recurrida.
71      Sin embargo, con arreglo al artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho.
72      El Tribunal General es, por tanto, el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y para valorar las pruebas. En efecto, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y de aportación de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal General apreciar el valor que debe atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. Así pues, la apreciación de esos hechos y pruebas no constituye
—salvo en el supuesto de desnaturalización de estos— una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el contexto de un recurso de casación (sentencias de 28 de mayo de 1998, Deere/Comisión, C‑7/95 P, EU:C:1998:256, apartado 22, y de 18 de marzo de 2021, Pometon/Comisión, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, apartado 50 y jurisprudencia citada).
73      En consecuencia, esta alegación es inadmisible, ya que SAS Cargo y otros no alegan que el Tribunal General, en ese apartado
110 de la sentencia recurrida, haya desnaturalizado la Decisión controvertida.
74      Por otro lado, en la medida en que SAS Cargo y otros alegan que el considerando 1008 de la Decisión controvertida era incorrecto, baste con señalar que esta alegación se dirige no ya contra la sentencia recurrida, cuyos fragmentos impugnados ni siquiera mencionan específicamente aquel considerando, sino contra la Decisión controvertida. Por consiguiente, procede declarar su inadmisibilidad (véase, por analogía, la sentencia de 29 de junio de 2023, TUIfly/Comisión, C‑763/21 P, EU:C:2023:528, apartado 53 y jurisprudencia citada).
75      En segundo término, es necesario señalar que, como indica el apartado
111 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se dedicó, en los apartados
112 a 114 de esta, a responder a la alegación de SAS Cargo y otros sobre documentos no divulgados en los que supuestamente se basó la Comisión, sin que tales documentos procedan necesariamente de otros transportistas destinatarios del pliego de cargos. Las recurrentes en casación se referían, a estos efectos, a los documentos que supuestamente se emplearon para el análisis de la legislación japonesa y los acuerdos relativos a los servicios aéreos (en lo sucesivo, «ASA») aplicables en países terceros distintos de Hong Kong y Japón, mencionados en los considerandos 998 a 1001, 1009, 1010 y 1013 a 1019 de la Decisión controvertida.
76      En el apartado
112 de la citada sentencia, el Tribunal General constató que esos considerandos 998 a 1001, 1009, 1010 y 1013 a 1019 no se remitían a ningún documento del expediente de instrucción y que la Comisión se había limitado a describir en ellos las disposiciones aplicables de la legislación japonesa y de los ASA en los que son partes los terceros países afectados y a constatar que no estaba demostrado que esas disposiciones exigieran a los transportistas que aplicaran una coordinación en materia de precios. El Tribunal General señaló, asimismo, que las disposiciones en cuestión eran aquellas a las que hacían referencia algunos de los transportistas destinatarios del pliego de cargos en su argumentación en respuesta a este, tal como se desprende de los considerandos 1002, 1003 y 1013 de la Decisión controvertida.
77      En el apartado
113 de la misma sentencia, el Tribunal General indicó que SAS Cargo y otros no habían explicado de qué manera los pasajes en cuestión de la Decisión controvertida revelaban la existencia de uno o varios documentos de cargo no divulgados en los que se hubiera basado la Comisión.
78      En el apartado
114 de la sentencia recurrida, el Tribunal General añadió que, aun suponiendo que SAS Cargo y otros pretendieron reprochar a la Comisión no haberles dado acceso al texto de las disposiciones jurídicas en cuestión, el marco jurídico aplicable en Japón y en los demás países terceros afectados en materia de recargos no podía constituir, en sí mismo, una prueba de cargo y que, en cualquier caso, esta información es, en principio, pública y accesible. El Tribunal General también añadió que, por lo demás, el pliego de cargos había permitido a SAS Cargo y otros dar a conocer efectivamente, durante el procedimiento administrativo, su punto de vista sobre las disposiciones jurídicas en cuestión.
79      De los anteriores elementos se desprende, para empezar, que, en esos apartados
112 y 113, el Tribunal General no declaró que no era necesario que SAS Cargo y otros accedieran a los documentos que la Comisión había utilizado para evaluar los regímenes normativos de Japón y de otros países terceros, como sostienen las recurrentes en casación en la presente imputación, sino que los pasajes de la Decisión controvertida a los que ellas se referían no revelaban la existencia de documentos de cargo no divulgados en los que se hubiera basado la Comisión en esa Decisión. Por consiguiente, en la medida en que se basa en esta interpretación errónea de la sentencia recurrida, procede desestimar por infundada la crítica contra esos apartados 112 y 113.
80      Seguidamente, en la medida en que SAS Cargo y otros mencionan el apartado
114 de la sentencia recurrida arguyendo que se trata efectivamente de documentos de cargo, que la jurisprudencia citada en ese apartado
114 no es pertinente y que no se ha demostrado el carácter público de las normativas en cuestión, baste con señalar que esta argumentación se refiere a consideraciones del Tribunal General formuladas a mayor abundamiento o con carácter reiterativo, como se desprende de los apartados
75 a 78 de la presente sentencia. Por consiguiente, procede desestimar por inoperante esa argumentación, de conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual las alegaciones dirigidas contra fundamentos jurídicos reiterativos de una resolución del Tribunal General no pueden dar lugar a la anulación de dicha resolución y son, por tanto, inoperantes (sentencias de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a
C‑252/99 P
y C‑254/99 P, EU:C:2002:582, apartado 537, y de 4 de octubre de 2024, thyssenkrupp/Comisión, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, apartado 263 y jurisprudencia citada).
81      Por último, dado que SAS Cargo y otros impugnan los apartados
558 a 561 de la sentencia recurrida, baste con señalar que, en esos apartados, el Tribunal General se refirió a una instrucción del Departamento de Aviación Civil de Tailandia contenida en un escrito presentado por SAS Cargo y otros tanto durante el procedimiento administrativo como ante el Tribunal General. Ahora bien, SAS Cargo y otros no exponen ningún argumento jurídico que explique de qué modo esa constatación puede revelar un error de Derecho en el que habría incurrido el Tribunal General en la apreciación, realizada en los apartados
103 a 115 de la sentencia recurrida, de la argumentación que le habían presentado SAS Cargo y otros a propósito de supuestas pruebas de cargo.
82      Pues bien, conforme al artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, un recurso de casación debe indicar de manera precisa los pronunciamientos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, pudiendo, en caso contrario, declararse la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate. Así pues, los elementos del recurso de casación que no contienen ninguna argumentación dirigida específicamente a identificar el error de Derecho del que supuestamente adolece la sentencia recurrida no responden a esta exigencia y deben declararse inadmisibles (sentencia de 4 de octubre de 2024, Ferriere Nord/Comisión, C‑31/23 P, EU:C:2024:851, apartados 51 y 52 y jurisprudencia citada).
83      Por consiguiente, es inadmisible la imputación contra esos apartados
558 a 561.
84      En tercer término, es necesario recordar que la obligación de motivación, que incumbe al Tribunal General en virtud del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con el artículo 53, párrafo primero, de este, lo obliga a mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento que ha seguido, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional (sentencias de 11 de abril de 2013, Mindo/Comisión, C‑652/11 P, EU:C:2013:229, apartado 29, y de 26 de septiembre de 2024, Covestro Deutschland y Alemania/Comisión, C‑790/21 P
y C‑791/21 P, EU:C:2024:792, apartado 113 y jurisprudencia citada).
85      No obstante, esta obligación no exige al Tribunal General exponer exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos articulados por las partes del litigio. Así pues, la motivación puede ser implícita, siempre que permita que los interesados conozcan las razones en las que se basó el Tribunal General y que el Tribunal de Justicia disponga de datos suficientes para ejercer su control en el marco de la casación (sentencias de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P
y C‑219/00 P, EU:C:2004:6, apartado 372, y de 26 de septiembre de 2024, Covestro Deutschland y Alemania/Comisión, C‑790/21 P
y C‑791/21 P, EU:C:2024:792, apartado 114 y jurisprudencia citada).
86      Pues bien, de los apartados
103 a 109 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General respondió a la alegación de SAS Cargo y otros según la cual la Comisión tendría que haberles dado acceso a las respuestas de los demás destinatarios del pliego de cargos invocadas y que se refieren a la normativa japonesa. Como indica ese apartado
103, esta alegación se refería, en particular, al considerando 1011 de la Decisión controvertida, que se refiere precisamente a las respuestas de Japan Airlines y de otros transportistas al pliego de cargos a propósito del recargo por combustible con respecto a vuelos con salida desde Japón. Habida cuenta de la jurisprudencia recordada en los apartados
84 y 85 de la presente sentencia, no se ha demostrado el alegado incumplimiento por el Tribunal General de su obligación de motivación.
87      De ello se infiere que procede desestimar la primera parte del primer motivo de casación por ser, en parte, inadmisible y, en parte, infundada.
Segunda parte del primer motivo de casación, relativa a las pruebas de descargo
–       Alegaciones de las partes
88      SAS Cargo y otros indican que habían defendido ante el Tribunal General una vulneración de su derecho de defensa puesto que la Comisión no les había proporcionado documentos potencialmente de descargo recibidos por dicha institución tras el pliego de cargos, en particular las respuestas a este pliego de otros transportistas y las observaciones de otros destinatarios del pliego de cargos presentadas ante el Tribunal General en el contexto de sus recursos contra la Decisión inicial. Al desestimar esta alegación, el Tribunal General incurrió, según SAS Cargo y otros, en errores de Derecho.
89      En primer lugar, el Tribunal General consideró, en el apartado
123 de la sentencia recurrida, que el principio derivado de su sentencia de 29 de junio de 1995, Solvay/Comisión (T‑30/91, EU:T:1995:115), según el cual no corresponde a la Comisión decidir por sí sola si un documento es útil para la defensa, no se aplica a las pruebas posteriores al pliego de cargos. Pues bien, la sentencia que el Tribunal General citó a este respecto, a saber, la sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2011, Heineken Nederland y Heineken/Comisión (T‑240/07, EU:T:2011:284), no excluye, según SAS Cargo y otras, que se conceda el acceso cuando ello sea necesario para respetar el principio de igualdad de armas. A su entender, el derecho a una buena administración y el derecho a un proceso equitativo, consagrados en los artículos
41 y 47 de la Carta, exigen que las autoridades encargadas de perseguir las infracciones comuniquen todas las pruebas pertinentes que obren en su poder. Para determinar si debe concederse el acceso a las pruebas, la cuestión esencial, a juicio de SAS Cargo y otros, no es cuándo fueron incluidas en el expediente de la Comisión, sino únicamente si habrían podido ser útiles para la defensa. Las recurrentes en casación invocan, a este respecto, que a los derechos reconocidos por la Carta se les ha de conceder el mismo alcance que a los derechos equivalentes garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige, según SAS Cargo y otros, que las autoridades encargadas de perseguir las infracciones comuniquen todas las pruebas pertinentes que obren en su poder, tanto de cargo como de descargo, incluso si no las consideran pertinentes.
90      En segundo lugar, la remisión a la sentencia del Tribunal General, Hitachi y otros/Comisión (T‑112/07, EU:T:2011:342), efectuada en el apartado
117 de la sentencia recurrida, no es pertinente, a juicio de las recurrentes en casación, ya que esa sentencia trata de las «alegaciones» presentadas por otros destinatarios del pliego de cargos, mientras que SAS Cargo y otros solicitaron el acceso a los «datos» de otros transportistas. Según afirman, es muy probable que las pruebas de descargo de un transportista exculparan también a otros transportistas, como, a su entender, reconoció la Comisión al divulgar determinadas pruebas posteriores a ese pliego.
91      En tercer lugar, SAS Cargo y otros consideran que, en los apartados
118 a 122 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas y se abstuvo de responder a las alegaciones de dichas empresas al estimar que estas no habían aportado ningún indicio razonable sobre la utilidad para el procedimiento de los documentos solicitados. Sin embargo, SAS Cargo y otros afirman que esos indicios razonables se expusieron en la demanda y en el escrito de réplica ante el Tribunal General por lo que se refiere al comportamiento de la alianza WOW, a las prácticas en terceros países, a las especulaciones internas de los demás transportistas acerca de SAS Cargo y otros y a las prácticas locales heterogéneas, así como a los acuerdos verticales de provisión de capacidad y a los correos electrónicos referidos a estos acuerdos, denominados «“Estimados socios”». A juicio de las recurrentes en casación, una parte muy importante de estos elementos no fue examinada por el Tribunal General.
92      Por lo que respecta, en particular, a esos correos electrónicos, SAS Cargo y otros consideran que el Tribunal General rechazó, en los apartados
476 a 487 de la sentencia recurrida, la explicación plausible de SAS Cargo y otros según la cual estos habían sido enviados de manera no solicitada y no recíproca por Lufthansa a las compañías aéreas que eran sus clientes, de modo que el Tribunal General trató esos correos electrónicos como pruebas de cargo. Sin embargo, en el asunto conexo que dio lugar a la sentencia del Tribunal General de 30 de marzo de 2022, Latam Airlines Group y Lan Cargo/Comisión (T‑344/17, EU:T:2022:185), el Tribunal General, en el apartado
512 de dicha sentencia, trató esos correos electrónicos como pruebas de descargo. De esa forma, según SAS Cargo y otros, el Tribunal General vulneró el principio según el cual una sentencia, incluidos sus fundamentos jurídicos, debe ser aplicable erga omnes. A juicio de las recurrentes en casación, unas pruebas que son idénticas deben apreciarse de la misma manera, con independencia del asunto.
93      En cuarto lugar, por lo que respecta a las pruebas aportadas por transportistas no implicados, el Tribunal General, en el apartado
121 de la sentencia recurrida, incurrió, según SAS Cargo y otros, en error de Derecho o, con carácter subsidiario, no motivó su resolución al considerar que la alegación de estas se basaba en «conjeturas extremadamente generales». Lo cierto es, según SAS Cargo y otros, que presentaron pruebas específicas de que las respuestas de Air Canada y de otro transportista contenían, por lo que a ellas respecta, pruebas de descargo o, en otras palabras, indicios razonables de que dichos documentos habrían sido útiles para su defensa. Por lo tanto, el Tribunal General vulneró, a juicio de las recurrentes en casación, el principio de igualdad de armas y el derecho de defensa. SAS Cargo y otros se remiten, en particular, a los apartados
477 y 478 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General se basó en los correos electrónicos intercambiados entre Lufthansa y otro transportista como pruebas de cargo contra las propias SAS Cargo y otros. Ahora bien, Lufthansa no fue incriminada. Además, SAS Cargo y otros no pudieron acceder a los medios de defensa y a las pruebas presentadas por esta, lo que de modo evidente sugiere una negativa a dar acceso a las pruebas de descargo. Según las recurrentes en casación, el Tribunal General no explicó las razones por las que este indicio razonable era insuficiente ni se pronunció sobre el conjunto de los indicios probatorios presentados.
94      En quinto lugar, afirman las recurrentes en casación que en el apartado
118 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho cuando estimó que el acceso a pruebas potencialmente exculpatorias posteriores al pliego de cargos permitiría a SAS Cargo y otros beneficiarse de los esfuerzos y recursos más significativos dedicados, en su caso, por otros transportistas. Los recursos de una persona no deben afectar, según SAS Cargo y otros, a sus derechos de defensa. Según afirman, la jurisprudencia únicamente establece que no cabe presumir que sean exculpatorias las alegaciones que figuran en las demás respuestas al pliego de cargos.
95      La Comisión aduce que esta segunda parte del primer motivo de casación es parcialmente inadmisible y parcialmente infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
96      Por lo que respecta a la falta de comunicación de un documento supuestamente de descargo, según reiterada jurisprudencia, para demostrar que se ha vulnerado su derecho de defensa, la empresa afectada únicamente debe probar que el hecho de no divulgarlo pudo influir, en su perjuicio, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la decisión de la Comisión. De este modo, basta con que la empresa demuestre que habría podido utilizar esos documentos de descargo en su defensa, en el sentido de que, si hubiera podido valerse de ellos durante el procedimiento administrativo, habría podido invocar datos que no concordaban con las deducciones efectuadas por la Comisión en esa fase y, por tanto, influir, de una manera o de otra, en las apreciaciones formuladas por dicha institución en la eventual decisión, al menos por lo que se refiere a la gravedad y a la duración del comportamiento que se le imputaba y, en consecuencia, al importe de la multa. Así pues, la empresa afectada debe demostrar, por un lado, que no tuvo acceso a determinadas pruebas de descargo y, por otro lado, que habría podido utilizarlas para su defensa (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, apartados
23 y 24, y de 14 de mayo de 2020, NKT Verwaltungs y NKT/Comisión, C‑607/18 P, EU:C:2020:385, apartado
265 y jurisprudencia citada).
97      En el asunto que nos ocupa, es necesario señalar, en primer término, que, como sostienen SAS Cargo y otros, el Tribunal General indicó, en el apartado
123 de la sentencia recurrida, que las entonces demandantes invocaban en vano la sentencia del Tribunal General de 29 de junio de 1995, Solvay/Comisión (T‑30/91, EU:T:1995:115), dado que el propio Tribunal General ya había declarado, en el apartado
254 de su sentencia de 16 de junio de 2011, Heineken Nederland y Heineken/Comisión (T‑240/07, EU:T:2011:284), que la consideración según la cual no puede corresponder únicamente a la Comisión determinar cuáles son los documentos útiles para la defensa de la empresa afectada se refería a los documentos del expediente de la Comisión y no puede aplicarse a las contestaciones dadas por otras partes afectadas a las imputaciones comunicadas por la Comisión.
98      Ahora bien, cuando afirman que el Tribunal General erró al considerar que la Comisión estaba facultada para proceder a una primera apreciación de los elementos potencialmente de descargo contenidos en las respuestas dadas al pliego de cargos por los demás participantes en la práctica colusoria, SAS Cargo y otros están reclamando, en esencia, el derecho a un acceso completo y automático a esas respuestas. Pues bien, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, tal derecho no existe. En efecto, dado que corresponde a la empresa que invoca una vulneración de su derecho de defensa aportar un primer indicio de la utilidad para su defensa de esos documentos que no le habían sido comunicados por la Comisión, no cabe considerar que, por el simple hecho de no haber dado un acceso completo y automático a las respuestas al pliego de cargo dadas por los demás participantes en una práctica colusoria, la Comisión haya vulnerado el derecho de defensa de una empresa (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de noviembre de 2019, Brugg Kabel y Kabelwerke Brugg/Comisión, C‑591/18 P, EU:C:2019:1026, apartado
40, y de 14 de mayo de 2020, NKT Verwaltungs y NKT/Comisión, C‑607/18 P, EU:C:2020:385, apartados
259, 260 y 265).
99      A este respecto, es necesario subrayar que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos invocada por SAS Cargo y otros no establece un derecho de acceso completo y automático al expediente de un procedimiento administrativo. En cualquier caso, SAS Cargo y otros no explican de qué forma puede esta jurisprudencia poner en entredicho el enfoque seguido por la Comisión, que consiste precisamente, por lo que respecta a los documentos recibidos por ella tras el pliego de cargos, en permitir el acceso a esos documentos cuando estos puedan constituir nuevas pruebas, ya sean de cargo o de descargo (véase, por analogía, la sentencia de 14 de mayo de 2020, NKT Verwaltung y NKT/Comisión, C‑607/18 P, EU:C:2020:385, apartados
268 y 269).
100    Por consiguiente, la primera imputación de esta segunda parte del primer motivo de casación es infundada.
101    En segundo término, por lo que respecta a la imputación contra el apartado
117 de la sentencia recurrida, es necesario puntualizar que el Tribunal General señaló en él que SAS Cargo y otros se limitaban en gran medida a invocar el hecho de que ciertos transportistas implicados o destinatarios del pliego de cargos habían formulado las mismas alegaciones que ellas en sus respuestas al pliego de cargos o en sus observaciones ante el Tribunal General. El Tribunal General indicó que esas consideraciones no eran aptas para acreditar la existencia de medios de prueba de descargo, remitiéndose, a este respecto, a los apartados
43 y 44 de su sentencia de 12 de julio de 2011, Hitachi y otros/Comisión (T‑112/07, EU:T:2011:342).
102    Pues bien, de la jurisprudencia ya recordada en el apartado
96 de la presente sentencia se desprende que, por lo que respecta a la falta de comunicación de un documento de descargo, la empresa afectada debe probar que el hecho de no divulgarlo pudo influir, en su perjuicio, en el desarrollo del procedimiento y en el contenido de la decisión de la Comisión. Por lo tanto, no cabe considerar que, mediante las afirmaciones generales formuladas por SAS Cargo y otros ante el Tribunal General, según este las evocó en el apartado
117 de la sentencia recurrida, SAS Cargo y otros hayan cumplido la anterior obligación.
103    Consiguientemente, la imputación dirigida contra el apartado
117 de la sentencia recurrida carece de fundamento.
104    En tercer término, en la medida en que SAS Cargo y otros alegan que, en los apartados
118 a 122 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas y no respondió a sus alegaciones, es necesario señalar que SAS Cargo y otros están criticando no ya el criterio jurídico enunciado en ese apartado
118 —recordado, en esencia, en el apartado anterior de la presente sentencia—, sino la aplicación que de él hizo el Tribunal General.
105    A este respecto, en el apartado
119 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se refirió a los documentos en que se sustentaba la declaración de la Comisión sobre la alianza WOW que figuraba en su Decisión de 4 de julio de 2005 en el asunto COMP/M.3770
— Lufthansa/Swiss (DO 2005, C 204, p. 3) y destacó que la Comisión no se había basado en ellos en el procedimiento que dio lugar a la Decisión controvertida. En el apartado
120 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó también las pruebas que supuestamente demostraban la existencia de acuerdos de capacidad entre Lufthansa y los destinatarios de varios correos electrónicos enviados por la citada compañía sobre una adaptación de su nivel de recargo por combustible. En este contexto, el Tribunal General señaló que SAS Cargo y otros ya habían formulado, en su respuesta al pliego de cargos, una alegación a este respecto, que estas ya disponían, gracias a datos que figuraban en el expediente de instrucción, de una enumeración de los transportistas que eran parte en un acuerdo de adquisición de capacidad con Lufthansa y que la Comisión ya había desestimado la alegación de dichas empresas en el considerando 797 de la Decisión controvertida. De lo anterior, el Tribunal General dedujo que SAS Cargo y otros no habían demostrado que la comunicación de esos elementos hubiera podido serles de utilidad en el marco de su defensa.
106    En el apartado
121 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó también la alegación de SAS Cargo y otros sobre las pruebas que aportaron los transportistas no implicados, según la cual estas habrían podido aportarse en su descargo, ya que esos transportistas se vieron afectados por contactos controvertidos que se invocaron contra SAS Cargo y otros en el marco de la Decisión controvertida. A este respecto, el Tribunal General estimó que SAS Cargo y otros actuaban «mediante conjeturas extremadamente generales» y que, debido a su generalidad, la hipótesis que formulaban no podía constituir una indicación suficientemente precisa de la existencia de pruebas de descargo en las respuestas de los citados transportistas. En el apartado
122 de la sentencia recurrida, el Tribunal General añadió que lo mismo sucedía con la alegación de SAS Cargo y otros de que, dado que sus empleados solo habían participado en «una parte mínima» de los comportamientos examinados, los elementos justificativos relativos a la mayoría de los referidos comportamientos estaban en posesión de los demás transportistas implicados.
107    Por lo tanto, es preciso señalar que, mediante su crítica de los apartados
119 a 122 de la sentencia recurrida, SAS Cargo y otros pretenden en realidad cuestionar las apreciaciones de los hechos y de las pruebas efectuadas por el Tribunal General en esos apartados. En efecto, la eventual pertinencia y el valor probatorio de supuestas pruebas de descargo revisten manifiestamente naturaleza fáctica, de modo que no están sujetos, como tales, al control del Tribunal de Justicia (sentencia de 19 de diciembre de 2012, Heineken Nederland y Heineken/Comisión, C‑452/11 P, EU:C:2012:829, apartado
28 y jurisprudencia citada). Por lo tanto, la referida crítica es inadmisible.
108    A este respecto, no cabe considerar, como también sostienen SAS Cargo y otros, que, en esos apartados
119 a 122, el Tribunal General desnaturalizara las pruebas y se abstuviera de responder a sus alegaciones. Por un lado, existe desnaturalización cuando, sin practicar nuevas pruebas, la valoración de las pruebas que constan en autos es manifiestamente errónea o manifiestamente contraria a su tenor. Sin embargo, esa desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. Por otra parte, cuando un recurrente alega la desnaturalización de los elementos de prueba por parte del Tribunal General, está obligado a indicar de manera precisa los elementos que han sido desnaturalizados por este y a demostrar los errores de análisis que llevaron al Tribunal General, en su apreciación, a dicha desnaturalización (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de septiembre de 2024, JCDecaux Street Furniture Belgium/Comisión, C‑710/22 P, EU:C:2024:787, apartado
63, y de 22 de mayo de 2025, Luossavaara-Kiirunavaara/Comisión, C‑621/23 P, EU:C:2025:368, apartado
108 y jurisprudencia citada).
109    Pues bien, la alegación expuesta en el apartado
91 de la presente sentencia es, a la luz de las anteriores exigencias, insuficiente para demostrar las desnaturalizaciones alegadas, ya que SAS Cargo y otros no indican, en particular, por qué la apreciación realizada por el Tribunal General en la sentencia recurrida es manifiestamente errónea.
110    Por otro lado, habida cuenta de la jurisprudencia ya recordada en los apartados
84 y 85 de la presente sentencia, no puede considerarse que, al rechazar como hizo, en los apartados
119 a 122 de la sentencia recurrida, las alegaciones que SAS Cargo y otros le presentaron, el Tribunal General haya incumplido su obligación de motivación.
111    En cuarto término, baste con señalar que, mediante la argumentación expuesta en el apartado
93 de la presente sentencia, SAS Cargo y otros están impugnado de nuevo el apartado
121 de la sentencia recurrida, formulando alegaciones análogas a las ya desestimadas en los apartados
104 a 110 de la presente sentencia. Por consiguiente, también debe desestimarse por ser, en parte, inadmisible y, en parte, infundada.
112    En quinto término, dado que la argumentación expuesta en el apartado
94 de la presente sentencia solo se refiere a la segunda frase del apartado
118 de la sentencia recurrida, que, como indica la expresión «a mayor abundamiento», constituye un fundamento de Derecho reiterativo, es una argumentación inoperante, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado
80 de la presente sentencia.
113    De cuanto antecede se infiere, que procede desestimar la segunda parte del primer motivo de casación por ser, en parte, inadmisible, en parte, inoperante y, en parte, infundada, al igual que procede desestimar, en consecuencia, este primer motivo de casación en su totalidad.
Segundo motivo de casación, relativo al derecho a ser oído en relación con el criterio de los efectos cualificados
114    El segundo motivo de casación de SAS Cargo y otros se compone de tres partes. Mediante la primera parte, SAS Cargo y otros alegan que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al considerar que la circunstancia de que la Comisión se hubiera basado en el criterio de los efectos cualificados en la Decisión controvertida, sin que dicho criterio hubiera sido mencionado en el pliego de cargos, no implicaba una vulneración del derecho de aquellas a ser oídas. Mediante la segunda parte, las recurrentes en casación sostienen que el Tribunal General erró cuando consideró que las pruebas invocadas en dicha Decisión para fundamentar la aplicación del referido criterio ya habían sido expuestas suficientemente en el pliego de cargos. Mediante la tercera parte, SAS Cargo y otros defienden que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al estimar que la respuesta de estas empresas al pliego de cargos demostraba que se había respetado el derecho de defensa de estas.
Primera parte del segundo motivo de casación, relativa a la necesidad de presentar el criterio de los efectos cualificados en el pliego de cargos
–       Alegaciones de las partes
115    SAS Cargo y otros alegan que, en el apartado
140 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho cuando declaró que, al basarse en el criterio de los efectos cualificados para establecer su competencia, la Comisión no había formulado nuevos cargos ni había modificado el contenido de los cargos incluidos en el pliego de cargos. A juicio de las recurrentes en casación, la jurisprudencia exige que el pliego de cargos contenga los hechos imputados a su destinatario, pero también la calificación de estos. Pues bien, dado que el Tribunal General admitió, en ese apartado
140, que el pliego de cargos no hacía referencia al criterio de los efectos cualificados, no podía concluir, sin incurrir en error, que el hecho de que ese criterio no hubiera sido específicamente debatido en el procedimiento administrativo era irrelevante y no implicaba una vulneración del derecho de defensa de las recurrentes en casación. A juicio de estas, la Comisión tendría, como mínimo, que haber redactado un pliego de cargos adicional al del año 2007 y haber organizado una nueva vista, toda vez que había efectuado importantes correcciones a su análisis.
116    En contra de lo que sostiene la Comisión, SAS Cargo y otros formularon, en el apartado
34 de su demanda ante el Tribunal General, una alegación basada en un error de «calificación de los hechos», a saber, la alegación de que el pliego de cargos no indicaba que la Comisión tuviera la intención de basarse en los hechos para acreditar «efectos inmediatos, sustanciales o previsibles» o para aplicar el criterio de los efectos cualificados. SAS Cargo y otros aducen también que no están obligadas a formular su recurso de casación en los mismos términos que su demanda.
117    La Comisión responde que, con arreglo al artículo
170 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la presente parte del segundo motivo de casación es inadmisible. En tal sentido, la Comisión afirma que SAS Cargo y otros no sostuvieron ante el Tribunal General que la Comisión tendría que haber presentado a estas, en el pliego de cargos, el criterio de los efectos cualificados «mediante una calificación de hechos», sino simplemente que el análisis de la Comisión se basaba en constataciones fácticas que no habían sido comunicadas a dichas empresas, que el pliego de cargos no mencionaba que la Comisión tuviera previsto basarse en los hechos especificados posteriormente en el considerando 1045 de la Decisión controvertida y que esas empresas no habían tenido la posibilidad de responder a tales alegaciones. En cualquier caso, considera la Comisión que esta parte primera parte del segundo motivo de casación es infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
118    A tenor del artículo 170, apartado 1, segunda frase, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el recurso de casación no podrá modificar el objeto del litigio planteado ante el Tribunal General. De este modo, la competencia del Tribunal de Justicia cuando examina un recurso de casación se limita a la apreciación jurídica de la solución dada a los motivos y las alegaciones debatidos ante los jueces que conocieron del asunto en primera instancia. Por lo tanto, una parte no puede invocar por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no haya invocado ante el Tribunal General, ya que ello equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General (sentencias de 14 de octubre de 2010, Deutsche Telekom/Comisión, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, apartado 34, y de 2 de febrero de 2023, España y otros/Comisión, C‑649/20 P, C‑658/20 P
y C‑662/20 P, EU:C:2023:60, apartado 29 y jurisprudencia citada).
119    Sin embargo, un recurrente puede interponer un recurso de casación invocando, ante el Tribunal de Justicia, motivos y alegaciones derivados de la propia sentencia recurrida y mediante los que se pretenda criticar los fundamentos jurídicos de esta (sentencias de 29 de noviembre de 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall y otros/Comisión, C‑176/06 P, EU:C:2007:730, apartado 17, y de 2 de febrero de 2023, España y otros/Comisión, C‑649/20 P, C‑658/20 P
y C‑662/20 P, EU:C:2023:60, apartado 30 y jurisprudencia citada).
120    En el asunto que nos ocupa, es cierto que, de la sentencia recurrida, en particular de su apartado
133, no se desprende que SAS Cargo y otros formularan ante el Tribunal General una imputación basada en la falta de calificación jurídica, en el pliego de cargos, del criterio de los efectos cualificados. Además, las citadas empresas no alegan que, en esa sentencia, el Tribunal General desnaturalizara la argumentación que ellas habían presentado ante este.
121    No obstante, como alegan en esta primera parte del segundo motivo de casación, del apartado
34 de su demanda en primera instancia se desprende que SAS Cargo y otros habían alegado, ante el Tribunal General, que el pliego de cargos no indicaba que la Comisión tuviera la intención de basarse en las constataciones fácticas que figuraban en él
—al que por otra parte se oponían—, a fin «de acreditar “efectos inmediatos, sustanciales o previsibles”» o «de aplicar el criterio de los efectos».
122    Es cierto que, al actuar de este modo, SAS Cargo y otros no adujeron expresamente que la Comisión no hubiera calificado jurídicamente el fundamento de su competencia internacional. Sin embargo, el Tribunal General declaró, en el apartado
140 de la sentencia recurrida, que era pacífico entre las partes que, a diferencia de la Decisión controvertida, el pliego de cargos no hacía referencia al criterio de los efectos cualificados y, en el apartado
145 de dicha sentencia, que el hecho de que ese criterio no hubiera sido específicamente debatido durante el procedimiento administrativo era irrelevante a efectos de la apreciación del respeto del derecho de defensa de aquellas, habida cuenta de los elementos que había señalado en los apartados
140 a 144 de aquella.
123    En estas circunstancias, y habida cuenta de la jurisprudencia recordada en el apartado
119 de la presente sentencia, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión y es necesario examinar en cuanto al fondo la presente parte del segundo motivo de casación.
124    A este respecto, de reiterada jurisprudencia se infiere que el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda llevar a la imposición de sanciones, especialmente de multas sancionadoras o de multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión que debe ser plenamente observado (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, EU:C:1979:36, apartado
9, y de 16 de junio de 2022, Quanta Storage/Comisión, C‑699/19 P, EU:C:2022:483, apartado
61 y jurisprudencia citada).
125    En este sentido, el Reglamento n.º 1/2003 establece el envío a las partes de un pliego de cargos en el que deben constar de manera clara todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento. Este pliego de cargos constituye la garantía procedimental por la que se aplica el principio fundamental del Derecho de la Unión que exige el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda llevar a la imposición de una sanción. Este principio exige, en particular, que el pliego de cargos dirigido por la Comisión a una empresa a la que pretende imponer una sanción por infracción de las normas sobre la competencia contenga los elementos esenciales de las imputaciones formuladas contra dicha empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos, la gravedad y la duración de la supuesta infracción y las pruebas en las que se basa la Comisión, a fin de que la referida empresa pueda invocar eficazmente sus alegaciones en el procedimiento administrativo incoado en su contra (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de junio de 2006, Showa Denko/Comisión, C‑289/04 P, EU:C:2006:431, apartado
69, y de 16 de junio de 2022, Quanta Storage/Comisión, C‑699/19 P, EU:C:2022:483, apartado
62 y jurisprudencia citada).
126    En el presente asunto, el Tribunal General estimó, en el apartado
141 de la sentencia recurrida,
que la Comisión ya había indicado, en el pliego de cargos, que pretendía constatar la existencia de una infracción del artículo
101 TFUE y del artículo
53 del EEE por lo que a las rutas entrantes se refiere. A este respecto, el Tribunal General señaló, que, en el apartado 129 del pliego de cargos, la Comisión había observado, de este modo, que la «infracción abarcaba los servicios de transporte de mercancías […] en la [Unión]/EEE y en Suiza y en las rutas entre los aeropuertos de la [Unión]/EEE y de terceros países en el mundo entero, en ambas direcciones». Asimismo, el Tribunal General puntualizó que, en el apartado 1430 del pliego de cargos, la Comisión había señalado que «todas las actividades contrarias a la competencia que implicaban a cada uno de los participantes se integraban en un objetivo global, a saber, llegar a acuerdos sobre el precio o, como mínimo, eliminar la incertidumbre sobre los precios en el mercado del transporte de mercancías del EEE, incluso en las rutas entre los aeropuertos del EEE y los países terceros».
127    En el apartado
142 de la sentencia recurrida, el Tribunal General añadió que la Comisión también había justificado su competencia para constatar una infracción del artículo
101 TFUE y del artículo
53 del Acuerdo EEE en las rutas entrantes desde la fase del pliego de cargos. A este respecto, el Tribunal General declaró que, en el apartado 1390 de ese pliego de cargos, la Comisión había, de esa forma, indicado que era «competente para aplicar el artículo [101 TFUE] a los pactos relativos al transporte aéreo entre los aeropuertos de la [Unión] y los países terceros que pudieran haber afectado al comercio entre Estados miembros». Además, el Tribunal General afirmó que, en el apartado 1394 del citado pliego de cargos, la Comisión había añadido que también era «competente para aplicar el artículo 53 del Acuerdo EEE […] a los pactos relativos al transporte aéreo entre los aeropuertos del [EEE] y los países terceros que pudieran haber afectado al comercio entre los Estados miembros y partes contratantes del Acuerdo EEE o entre partes contratantes del Acuerdo EEE».
128    Por otra parte, el Tribunal General declaró, en el apartado
147 de la sentencia recurrida, que todos los elementos de hecho en los que se basan los considerandos 1045 y 1046 de la Decisión controvertida figuraban en el pliego de cargos.
129    De ello se sigue que, al constatar, en la Decisión controvertida, que la práctica colusoria controvertida abarcaba comportamientos vinculados con ventas en países que no pertenecen ni a la Unión ni al EEE, la Comisión no basó esa Decisión controvertida en imputaciones respecto de las cuales SAS Cargo y otros no habían podido formular sus alegaciones, incumpliendo la obligación recordada en el apartado
125 de la presente sentencia. En efecto, habida cuenta de los elementos indicados por la Comisión en el pliego de cargos, según los expuso el Tribunal General en los apartados
141, 142 y 147 de la sentencia recurrida, sobre los que SAS Cargo y otros no defienden alegan que desnaturalizaran dicho pliego, SAS Cargo y otros no podían ignorar que la Comisión les reprocharía una infracción del artículo
101 TFUE y del artículo
53 del Acuerdo EEE en conexión con esos mismos comportamientos.
130    Por lo demás, la calificación del criterio jurídico concreto sobre el que la Comisión considera que puede fundamentar su competencia internacional para aplicar el artículo
101 TFUE y el artículo
53 del Acuerdo EEE a comportamientos contrarios a la competencia adoptados fuera de esos territorios no influye en el contenido de los elementos esenciales en los que la Comisión estima poder fundamentar esa competencia y que pretende utilizar en contra de una empresa a la que prevé sancionar por una infracción de aquellas disposiciones.
131    Por lo tanto, no cabe considerar que la Comisión vulnere el derecho de defensa de las empresas destinatarias de un pliego de cargos y, en particular, el derecho de estas a ser oídas en relación con la competencia internacional de la Comisión para sancionar comportamientos contrarios a la competencia adoptados fuera del territorio de la Unión o del EEE por el simple hecho de no indicar expresamente en ese pliego que pretende fundamentar su competencia para sancionar esos comportamientos en «el criterio de lugar de aplicación» o incluso en el «criterio de los efectos cualificados» o, acaso, en otro criterio jurídico que, según las circunstancias, pudiera considerar idóneo para justificar tal competencia, con tal de que indique, como en el caso de autos, en ese pliego que pretende sancionar a las empresas destinatarias de este por una infracción del artículo
101 TFUE y del artículo
53 del Acuerdo EEE a causa de esos comportamientos y de que exponga los elementos esenciales que pretende utilizar a tal efecto.
132    De lo anterior se infiere que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho cuando consideró, en los apartados
140 a 142 y 146 de la sentencia recurrida, que, invocando, en la Decisión controvertida, el criterio de los efectos cualificados para establecer su competencia para constatar y sancionar una infracción del artículo
101 TFUE y del artículo
53 del Acuerdo EEE en las rutas entrantes, la Comisión no estaba imputando contra SAS Cargo y otros nuevos cargos ni estaba modificando el contenido de los que había formulado con carácter provisional en el pliego de cargos. En efecto, la Comisión ya había indicado en el pliego de cargos, por un lado, que tenía la intención de sancionar a las empresas por cometer tal infracción en esas rutas y, por otro lado, había expuesto los elementos esenciales que justificaban su competencia para hacerlo.
133    De cuanto antecede se deduce que procede desestimar por infundada la primera parte del segundo motivo de casación.
Segunda parte del segundo motivo de casación, relativa al contenido del pliego de cargos
–       Alegaciones de las partes
134    SAS Cargo y otros alegan que, en los apartados
141 y 142 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó erróneamente que el pliego de cargos había proporcionado a estas empresas suficiente información relativa al criterio de los efectos cualificados y que, por tanto, se había respetado su derecho de defensa. Los pasajes de dicho pliego mencionados en los apartados
141 y 142 de la citada sentencia son, a juicio de SAS Cargo y otros, meras afirmaciones no respaldadas por pruebas. Según afirman, la sección
5.2 del referido pliego, relativa a la competencia de la Comisión, no menciona ni este criterio, ni sus elementos constitutivos, ni las pruebas que demuestren que, en el asunto que nos ocupa, tal criterio se cumplía.
135    Además, consideran que en el apartado
147 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó erróneamente que las pruebas invocadas en la Decisión controvertida para demostrar el criterio de los efectos cualificados estaban suficientemente expuestas en el pliego de cargos, sin mayores precisiones. De este modo, SAS Cargo y otro consideran que el enfoque del Tribunal General exigió de ellas que adivinaran el criterio jurídico adoptado por la Comisión y que investigaran en el conjunto de dicho pliego si este contenía elementos que permitieran fundamentar tal criterio. A su juicio, los pasajes del pliego de cargos citados en ese apartado
147 ni siquiera contienen los hechos pertinentes.
136    La Comisión defiende que esta segunda parte del segundo motivo de casación es infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
137    En primer término, en la medida en que SAS Cargo y otros alegan, en esencia, que el Tribunal General consideró erróneamente que el pliego de cargos contenía los elementos suficientes como para permitirles comprender que la Comisión pretendía constatar una infracción del artículo
101 TFUE y del artículo
53 del Acuerdo EEE en las rutas entrantes y que, por consiguiente, se había respetado su derecho de defensa, baste con señalar que esta alegación no se distingue, en su esencia, de la que SAS Cargo y otros ya expusieron en apoyo de la primera parte del presente motivo de casación. Por consiguiente, procede desestimarla por infundada por las mismas razones que las expuestas en los apartados
124 a 133 de la presente sentencia.
138    En segundo término, por lo que respecta a la alegación que SAS Cargo y otros dirigen contra el apartado
147 de la sentencia recurrida, es necesario señalar que, en ese apartado, el Tribunal General indicó que dichas empresas no tenían razones para sostener que la aplicación del criterio de los efectos cualificados en los considerandos 1045 y 1046 de la Decisión controvertida se basaba en hechos que la Comisión no había recogido en el pliego de cargos.
139    A este respecto, el Tribunal General indicó que todos los elementos de hecho en los que se basan esos considerandos 1045 y 1046 figuraban en el pliego de cargos. De este modo, el Tribunal General puntualizó que el fundamento mencionado en el considerando 1045 y referido al efecto del comportamiento controvertido en los consumidores del EEE se apoyaba en las consideraciones relativas a la estructura de los precios de los servicios de transporte de mercancías, en el papel de intermediario de los transitarios entre los transportistas y los expedidores y en la naturaleza de la infracción única y continua, que ya figuraban en los apartados 7, 104, 1396 a 1411 y 1434 a 1438 del pliego de cargos. El Tribunal General también señaló que el fundamento relativo a los efectos sobre la competencia de los servicios interlínea recogido en el propio considerando 1045 se basaba en las consideraciones relativas al funcionamiento del sector del transporte de mercancías contempladas en los apartados 7, 9, 102 y 105 del pliego de cargos. En cuanto al alcance geográfico de la práctica colusoria controvertida y a la inclusión de los servicios de transporte de mercancías entrantes en la infracción única y continua, mencionados en el considerando 1046 de la Decisión controvertida, el Tribunal General declaró que estos se habían abordado en los apartados 3, 125, 129, 1045, 1390, 1394 y 1430 del citado pliego de cargos.
140    Así pues, al sostener que el Tribunal General concluyó erróneamente que las pruebas invocadas en la Decisión controvertida para demostrar que se cumplía el criterio de los efectos cualificados habían sido suficientemente expuestas en el pliego de cargos y que los pasajes mencionados de este no contenían los hechos pertinentes, SAS Cargo y otros pretenden obtener del Tribunal de Justicia una nueva apreciación del contenido del pliego de cargos, según había sido expuesto por el Tribunal General en la sentencia recurrida, sin invocar siquiera una desnaturalización. Pues bien, una nueva apreciación de los hechos de esta índole escapa a la competencia del Tribunal de Justicia en casación, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado
72 de la presente sentencia.
141    De cuanto antecede se infiere que procede desestimar la segunda parte del segundo motivo de casación por ser, en parte, inadmisible y, en parte, infundada.
Tercera parte del segundo motivo de casación, relativa a las respuestas de SAS Cargo y otros al pliego de cargos
–       Alegaciones de las partes
142    SAS Cargo y otros sostienen que el Tribunal General indicó erróneamente, en el apartado
143 de la sentencia recurrida, que las respuestas que estas empresas dieron al pliego de cargos acreditaban el respeto de su derecho de defensa. En tal sentido, señalan que estas respuestas no pudieron colmar las lagunas de dicho pliego de cargos en relación con el criterio de los efectos cualificados. Consiguientemente, consideran que el apartado
144 de la sentencia recurrida es también erróneo dado que el Tribunal General afirma en él que los considerandos 1042 a 1046 de la Decisión controvertida se limitaban a responder a las alegaciones de SAS Cargo y otros, pese a que estas nunca abordaron ese último criterio. Aunque es cierto que los argumentos expuestos en un pliego de cargos pueden ser revisados o completados, no está permitido modificar los elementos esenciales de la infracción alegada. En consecuencia, SAS Cargo y otros estiman que son también erróneos el apartado
145 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General estimó que el hecho de que no se debatiera el criterio de los efectos cualificados era irrelevante, y el apartado
146 de aquella, en el que el Tribunal General consideró que, por lo tanto, no se había vulnerado el derecho de defensa de SAS Cargo y otros.
143    La Comisión replica que esta tercera parte del segundo motivo de casación carece de fundamento.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
144    Baste con señalar que la presente parte del segundo motivo de casación se basa en la premisa de que el pliego de cargos adolecía de lagunas puesto que, en él, la Comisión no había indicado expresamente que pretendía basar en el criterio de los efectos cualificados su competencia para constatar y sancionar una infracción del artículo
101 TFUE y del artículo
53 del Acuerdo EEE por lo que respecta a las rutas entrantes. Pues bien, del análisis de la primera parte del presente motivo de casación se deduce que esta premisa es errónea.
145    De lo anterior se sigue que procede desestimar por infundada la tercera parte del segundo motivo de casación y que, consiguientemente, procede desestimar el segundo motivo de casación por ser, en parte, inadmisible y, en parte, infundado.
Tercer motivo de casación, relativo a la aplicación del criterio de los efectos cualificados
146    El tercer motivo de casación de SAS Cargo y otros consta de cinco partes. Mediante la primera parte, las recurrentes en casación alegan que la sentencia recurrida adolece de incoherencias y de aplicaciones erróneas del criterio de los efectos cualificados. Mediante la segunda parte, alegan que el Tribunal General sustituyó ilegalmente el razonamiento expuesto por la Comisión en la Decisión controvertida por el suyo propio. Mediante la tercera parte, SAS Cargo y otros invocan una inversión contraria a Derecho de la carga de la prueba. Mediante la cuarta parte, sostienen que el Tribunal General aplicó un criterio erróneo en lo que atañe al carácter inmediato del efecto que apreció. Mediante la quinta parte, las recurrentes en casación defienden que el Tribunal General incurrió en error de Derecho cuando concluyó que la competencia de la Comisión para aplicar el artículo
101 TFUE y el artículo
53 del Acuerdo EEE a las rutas entrantes podía establecerse sobre la base de la infracción única y continua.
Primera parte del tercer motivo de casación, basada en incoherencias y en errores en la aplicación del criterio de los efectos cualificados
–       Alegaciones de las partes
147    SAS Cargo y otros aducen que los apartados
167 a 171, 179 a 181, 197, 198, 203, 221, 222 y 226 de la sentencia recurrida adolecen de incoherencias y de aplicaciones erróneas del criterio de los efectos cualificados. Como indicó el Tribunal General en los apartados
161 y 165 de esa sentencia, la aplicación de este criterio exige que la Comisión acredite efectos probables, previsibles, inmediatos y sustanciales. Ahora bien, las referencias del Tribunal General a las infracciones por el objeto y a la prueba de los efectos concretos, que figuran en los apartados
167, 170 y 171 de aquella sentencia, no abordan, según SAS Cargo y otros, la cuestión de si la Comisión demostró que se cumplían esos cuatro requisitos. Las recurrentes en casación afirman que el concepto de restricción de la competencia «por el objeto» no guarda relación con la competencia internacional de la Comisión, salvo que se admita que nunca es necesario demostrar los efectos contrarios a la competencia para establecer esa competencia internacional.
148    A su juicio, incumbía al Tribunal General, por lo que respecta a los efectos sobre los consumidores que identificó
—a saber, por un lado, un aumento del precio de los servicios adquiridos por los expedidores establecidos en el EEE (en lo sucesivo, «efecto sobre los expedidores»), mencionado en los apartados
179 y 181 de la sentencia recurrida, y, por otro lado, un aumento del precio de las mercancías adquiridas por los consumidores finales en el EEE (en lo sucesivo, «efecto sobre las mercancías»), mencionado en los apartados
181 y 226 de dicha sentencia—, examinar si cada uno de esos efectos era probable, previsible, sustancial e inmediato, constituyendo la probabilidad y la previsibilidad criterios distintos, como indica el apartado
51 de la sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión (C‑413/14 P, EU:C:2017:632). Según afirman SAS Cargo y otros, no había justificación para que el Tribunal General modificara, en el curso de su análisis, la descripción del efecto que estaba examinando con el propósito de cumplir más fácilmente el criterio de los efectos cualificados.
149    No obstante, fue así como obró el Tribunal General. Según SAS Cargo y otros, el Tribunal General ni siquiera menciona el término «probable» en los apartados
166 a 237 de la sentencia recurrida, a excepción de los apartados
188 y 189 de esa sentencia, en los que, a su juicio, las obliga a soportar la carga de la prueba. Además, el Tribunal General no demostró, según afirman SAS Cargo y otros, que el efecto sobre los expedidores y el efecto sobre las mercancías cumplieran, respectivamente, los otros tres requisitos del criterio de los efectos cualificados, sino que se refirió de forma fluctuante a uno u otro de aquellos efectos y a uno u otro de los referidos requisitos. SAS Cargo y otros se remiten, a este respecto, a los apartados
179, 198, 203, 221 y 222 de la sentencia recurrida. A su entender, este enfoque redujo considerablemente la carga de la prueba que recae sobre la Comisión, como ilustra el apartado
180 de la citada sentencia.
150    Ese apartado
179 adolece, por otra parte, de falta de examen de todos los hechos pertinentes o, con carácter subsidiario, de falta de motivación, lo que, a juicio de las recurrentes en casación, lleva a una aplicación errónea del criterio de los efectos cualificados y a una vulneración de la presunción de inocencia. Estiman que el Tribunal General no tuvo en cuenta ni las pruebas en contrario de SAS Cargo y otros relativas al efecto sobre los expedidores establecidos en el EEE, que son escasos en las rutas entrantes, ni el mínimo sobrecoste que suponía el importe de los recargos para los compradores establecidos en el EEE, a pesar de que estos elementos excluyen el carácter sustancial del efecto sobre los expedidores. Además, consideran SAS Cargo y otros que el apartado
226 de la sentencia recurrida es erróneo en la medida en que el Tribunal General se basó en una afirmación fáctica relativa a un efecto sobre las mercancías que era puramente hipotético y, por lo tanto, no apto para demostrar la existencia de un efecto sustancial e inmediato sobre los expedidores. Dado que el Tribunal General se basó en una mera suposición del carácter sustancial del efecto sobre los expedidores, habría bastado a SAS Cargo y otros con presentar una explicación que arrojara una luz diferente sobre los hechos invocados por la Comisión.
151    La Comisión arguye que esta primera parte del tercer motivo de casación es parcialmente inadmisible y parcialmente infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
152    Con carácter preliminar, es necesario señalar que, en el apartado
156 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, en la Decisión controvertida, la Comisión se había basado, en esencia, en tres fundamentos autónomos para concluir que se había cumplido el criterio de los efectos cualificados en el presente asunto. En el apartado
157 de dicha sentencia, el Tribunal General señaló que los dos primeros fundamentos figuraban en el considerando 1045 de la Decisión controvertida y que ambos versaban sobre los efectos de la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes considerada de forma aislada. De este modo, en ese apartado
157, el Tribunal General declaró que el primer fundamento consistía en que los «mayores costes del transporte aéreo hacia el EEE y, en consecuencia, los precios más elevados de las mercancías importadas p[odían], por su propia naturaleza, surtir efectos sobre los consumidores en el EEE» (en lo sucesivo, «efecto sobre los precios de las mercancías importadas») y que el segundo fundamento se refería a los efectos de la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes «también sobre la prestación de servicios de [transporte de mercancías] por otros transportistas en el EEE, entre los centros de conexión (hubs) en el EEE utilizados por los transportistas de países terceros y los aeropuertos de destino de esos envíos dentro del EEE en los que no opera el transportista del tercer país». En el apartado
158 de la citada sentencia, el Tribunal General señaló que el tercer fundamento figuraba en el considerando 1046 de la Decisión controvertida y se refería a los efectos de la infracción única y continua considerada en su conjunto. En el apartado
159 de la misma sentencia, el Tribunal General indicó que consideraba oportuno examinar los fundamentos primero y tercero, cosa que hizo, respectivamente, en los apartados
160 a 227 y 228 a 236 de la sentencia recurrida.
153    De lo anterior se deriva que, contrariamente a lo que aducen SAS Cargo y otros, el Tribunal General, en los apartados de la sentencia recurrida a los que estas se refieren, no se ciñó a comprobar si concurrían los requisitos que caracterizan la existencia de efectos cualificados en lo que atañe tanto a un supuesto «efecto sobre los expedidores» como a un supuesto «efecto sobre las mercancías». En efecto, el Tribunal General llevó a cabo esa comprobación en lo que atañe únicamente al efecto sobre los precios de las mercancías importadas, con respecto al cual, según se desprende del apartado
162 de la sentencia recurrida, SAS Cargo y otros sostenían que no figuraba entre los efectos provocados por el comportamiento controvertido que estaba justificado que la Comisión tuviera en cuenta para la aplicación del criterio de los efectos cualificados.
154    Por lo tanto, deben desestimarse de entrada, por basarse en una interpretación errónea de la sentencia recurrida, las alegaciones de SAS Cargo y otros según las cuales dicha sentencia adolece de incoherencias atendiendo a que el efecto respecto del cual el Tribunal General examinó si este permitía fundamentar la competencia internacional de la Comisión a la luz del criterio de los efectos cualificados varió en el curso del análisis llevado a cabo por el propio Tribunal General, al igual que debe desestimarse la alegación que se basa en la premisa según la cual el Tribunal General identificó dos efectos en la sentencia recurrida que fueron analizados de forma fluctuante, incurriendo de ese modo en errores de Derecho, en inversiones contrarias a Derecho de la carga de la prueba y en vulneraciones de su obligación de motivación.
155    Por otra parte, en la medida en que, mediante esta primera parte del tercer motivo de casación, SAS Cargo y otros alegan también, en primer lugar, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al referirse al concepto de restricción de la competencia «por el objeto» en los apartados
167, 170 y 171 de la sentencia recurrida por más que este concepto, según las recurrentes en casación, no guardara relación con la competencia internacional de la Comisión y, en consecuencia, al no comprobar si en el presente asunto concurrían los requisitos que permiten demostrar el criterio de los efectos cualificados, es necesario subrayar que esos apartados se inscriben dentro del análisis del Tribunal General, incluido en los apartados
163 a 185 de aquella sentencia, sobre la apreciación de la pertinencia del efecto sobre los precios de las mercancías importadas, a saber, como ya se ha señalado en el apartado
152 de la presente sentencia, el primero de los tres fundamentos en los que se basó la Comisión en los considerandos 1045 y 1046 de la Decisión controvertida para sustentar su constatación de que, en el caso de autos, se cumplía el criterio de los efectos cualificados.
156    A este respecto, es cierto que, en este contexto, el Tribunal General indicó, en el apartado 167 de la sentencia recurrida, que, ante un comportamiento que, como en el presente asunto, la Comisión consideró que revelaba tal grado de nocividad para la competencia en el mercado interior o en el EEE que podía calificarse de restricción de la competencia «por el objeto», en el sentido del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, la aplicación del criterio de los efectos cualificados no puede exigir la demostración de los efectos concretos que supone la calificación de un comportamiento de restricción de la competencia «por el efecto», en el sentido de dichas disposiciones.
157    De manera similar, el Tribunal General indicó, en el apartado
170 de la sentencia recurrida, que, como había afirmado la Comisión en el considerando 917 de la Decisión controvertida, es superfluo tomar en consideración los efectos concretos del comportamiento controvertido cuando quede acreditado el objeto contrario a la competencia de este.
158    De lo anterior, el Tribunal General dedujo, en el apartado 171 de la sentencia recurrida, que interpretar el criterio de los efectos cualificados en el sentido de que exige la prueba de los efectos concretos del comportamiento controvertido incluso en presencia de una restricción de la competencia «por el objeto» equivaldría a supeditar la competencia de la Comisión para constatar y sancionar una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE a un requisito que carece de fundamento en el texto de dichas disposiciones.
159    No obstante, de esos apartados 167, 170 y 171 no cabe inferir que el Tribunal General haya considerado que la calificación de la infracción en cuestión como infracción «por el objeto» determinaba que cualquier valoración de la eventual producción de efectos, dentro del EEE, que permitiera establecer la competencia de la Comisión para aplicar el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE a comportamientos adoptados fuera del EEE resultase superflua.
160    En efecto, de una lectura conjunta de los apartados
163 a 181 de la sentencia recurrida se desprende que, en los apartados impugnados de esa misma sentencia, el Tribunal General se limitó a explicar que el hecho de que, en el considerando 917 de la Decisión controvertida, la Comisión hubiera indicado no proceder a ninguna apreciación de los efectos anticompetitivos de las prácticas contrarias a la competencia en cuestión no significaba que, debido a la naturaleza de esas prácticas, la Comisión se hubiera abstenido de apreciar si estas habían tenido, en la competencia en el seno de la Unión o del EEE, un efecto que permitiera fundamentar la competencia de la Comisión para aplicar el artículo
101 TFUE y el Acuerdo 53 del Acuerdo EEE a los servicios de transporte de mercancías entrantes a la luz del criterio de los efectos cualificados.
161    Además, como aducen SAS Cargo y otros y como recordó el Tribunal General, en esencia, en los apartados
161 y 165 de la sentencia recurrida, de la jurisprudencia se infiere que el criterio de los efectos cualificados permite justificar con arreglo al Derecho internacional público la aplicación del Derecho de competencia de la Unión o del EEE cuando sea previsible que el comportamiento controvertido produzca un efecto inmediato y sustancial en el mercado interior o en el EEE. A este respecto, basta con tener en cuenta los efectos probables de una conducta sobre la competencia para que el requisito de la previsibilidad quede satisfecho. Asimismo, basta con que la conducta en cuestión «pueda» tener un efecto inmediato en la Unión o en el EEE para que se cumpla el requisito de inmediatez (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, apartado 49, apartados 49, 51 y 52).
162    Pues bien, como anunció en el apartado
182 de la sentencia recurrida, el Tribunal General comprobó si el efecto sobre los precios de las mercancías importadas cumplía esos requisitos en los apartados
183 a 227 de la sentencia recurrida
—refiriéndose los apartados
183 a 200 de dicha sentencia al carácter previsible de ese efecto, los apartados
201 a 216 de aquella al carácter sustancial de este y los apartados
217 a 226 de la misma sentencia a su carácter inmediato—.
163    De los anteriores elementos se deduce que, de modo infundado, SAS Cargo y otros reprochan, en esencia, al Tribunal General, por un lado, haber invocado el concepto de restricción de la competencia «por el objeto» para demostrar que se cumplía el criterio de los efectos cualificados en el presente asunto y, por otro lado, haberse abstenido de comprobar si se había demostrado que el efecto sobre los precios de las mercancías importadas cumplía los requisitos que permitían considerar que se cumplía ese criterio. Por consiguiente, carece de fundamento la argumentación en tal sentido expuesta en el apartado
147 de la presente sentencia.
164    En segundo lugar, en la medida en que SAS Cargo y otros reprochan al Tribunal General no haber examinado el carácter «probable» del efecto sobre los precios de las mercancías importadas, es necesario hacer constar que, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado
161 de la presente sentencia, basta con tener en cuenta los efectos probables de una conducta sobre la competencia para que el requisito de la previsibilidad quede satisfecho. Por lo tanto, el requisito de probabilidad no se diferencia del de previsibilidad. Pues bien, como ya se ha señalado en el apartado
162 de la presente sentencia, el Tribunal General examinó efectivamente, en la sentencia recurrida, el carácter previsible del efecto sobre los precios de las mercancías importadas. Esta alegación se basa, consiguientemente, en una interpretación errónea de la jurisprudencia por parte de estas.
165    En tercer lugar, en la medida en que SAS Cargo y otros critican el apartado
179 de la sentencia recurrida, es necesario subrayar que, en ese apartado, el Tribunal General indicó que, si bien los transitarios compran servicios de transporte de mercancías entrantes, lo hacen concretamente como intermediarios, para consolidarlos en un lote de servicios cuyo objeto es, por definición, organizar el transporte integrado de mercancías hacia el territorio del EEE en nombre de los expedidores. El Tribunal General añadió que, del considerando 70 de la Decisión controvertida, se desprendía que estos expedidores pueden ser, en particular, los compradores o los propietarios de las mercancías transportadas y que, por lo tanto, era cuando menos probable que estuvieran establecidos dentro del EEE.
166    Así pues, es necesario poner de manifiesto que ese apartado 179 solo contiene apreciaciones de naturaleza fáctica, las cuales, a falta de alegación de desnaturalización, escapan al control del Tribunal de Justicia en el contexto de un recurso de casación, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado
72 de la presente sentencia. Por consiguiente, es inadmisible la alegación de SAS Cargo y otros dirigida a demostrar el carácter erróneo de este apartado 179.
167    Por otra parte, en la medida en que SAS Cargo y otros aducen también que el propio apartado 179 es expresión de un incumplimiento, por el Tribunal General, de su obligación de motivación, procede señalar que, en el apartado
178 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, en particular, que de los considerandos 14, 17 y 70 de la Decisión controvertida y de las respuestas de las partes a las diligencias de ordenación del procedimiento que el Tribunal General adoptó se desprendía que los transportistas venden exclusivamente, o casi exclusivamente, sus servicios de transporte de mercancías a transitarios y que, en cuanto a los servicios de transporte de mercancías entrantes, la práctica totalidad de esas ventas se efectuaba en el punto de origen de las rutas en cuestión, fuera del EEE, donde están establecidos esos transitarios. A este respecto, el Tribunal General declaró que, de la demanda de SAS Cargo y otros, se desprendía que, entre el 1 de mayo de 2004 y el 14 de febrero de 2006, estas únicamente habían obtenido un porcentaje insignificante de sus ventas de servicios de transporte de mercancías entrantes a clientes establecidos en el EEE. Habida cuenta de estos elementos y de la jurisprudencia ya recordada en los apartados
84 y 85 de la presente sentencia, no cabe secundar a SAS Cargo y otros cuando sostienen que el Tribunal General no tuvo en cuenta los elementos que dichas empresas le habían presentado e incumplió su obligación de motivar la sentencia recurrida.
168    Es más, en la medida en que, mediante esta imputación, SAS Cargo y otros impugnan la apreciación de esos elementos que efectuó el Tribunal General, procede recordar que la obligación de motivación constituye un requisito sustancial de forma que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, que pertenece al ámbito de la legalidad material del acto controvertido [sentencias de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, apartado 67, y de 4 de octubre de 2024,
UPL Europe e Indofil Industries (Netherlands)/Comisión, C‑262/23 P, EU:C:2024:862, apartado 134 y jurisprudencia citada]. Por lo tanto, SAS Cargo y otros están impugnando, nuevamente y sin que sea admisible, las apreciaciones de carácter fáctico realizadas por el Tribunal General en el apartado
179 de la sentencia recurrida, sin reprochar a este la más mínima desnaturalización.
169    Otro tanto ocurre con la alegación de vulneración de la presunción de inocencia. En efecto, so pretexto de reprochar al Tribunal General haber vulnerado este principio, SAS Cargo y otros pretenden, en realidad, obtener una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas sobre el carácter sustancial del efecto sobre el precio de las mercancías importadas, sin invocar que aquellos hayan sido desnaturalizados. Por consiguiente, esta alegación es igualmente inadmisible de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 72 de la presente sentencia.
170    En cuarto lugar, de una lectura conjunta de los apartados
217 a 226 de la sentencia recurrida se desprende que, en ese apartado
226, el Tribunal General se limitó a exponer los motivos por los cuales consideraba errónea la segunda premisa en la que SAS Cargo y otros sustentaban su alegación formulada en la vista, dirigida a demostrar que el efecto sobre los precios de las mercancías importadas no tenía el carácter inmediato requerido y, según la cual, para afectar a los «consumidores en el EEE», el sobrecoste debía pasar por una «larga cadena de intermediarios», incluidos los expedidores, los transitarios y los importadores. De este modo, en el citado apartado
226, el Tribunal General indicó que esta segunda premisa consistía en que, aun cuando la referencia a los «consumidores en el EEE» que consta en el considerando 1045 de la Decisión controvertida solo englobe a los consumidores finales, estos últimos únicamente podrían adquirir las mercancías importadas tras la intervención de una «larga cadena de intermediarios». A este respecto, el Tribunal General estimó que los consumidores finales también pueden adquirir estas mercancías directamente del expedidor.
171    De los anteriores elementos se infiere que, so pretexto de una invocación de errores de Derecho, SAS Cargo y otros pretenden, en realidad, obtener del Tribunal de Justicia una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas, lo que escapa al control del Tribunal de Justicia en un recurso de casación, de conformidad con la jurisprudencia ya recordada en el apartado
72 de la presente sentencia.
172    De cuanto antecede se deriva que procede desestimar la primera parte del tercer motivo de casación por ser, en parte, inadmisible y, en parte, infundada.
Segunda parte del tercer motivo de casación, relativa a una sustitución de motivos
–       Alegaciones de las partes
173    SAS Cargo y otros alegan que, en los apartados
173, 179 a 181, 185 a 188, 191, 193, 195, 198, 199, 204, 205, 208 a 210, 220, 224 a 226 y 233 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al sustituir el razonamiento de la Comisión por el suyo propio. Según la jurisprudencia del juez de la Unión, a este no se le permite colmar una laguna en la motivación de una decisión de la Comisión, ni desnaturalizar el contenido de esa decisión, ni tomar en consideración o aportar hechos nuevos con respecto a los que figuran en tal decisión.
174    Pues bien, en primer lugar, el efecto sobre los expedidores no aparece, según SAS Cargo y otros, en la Decisión controvertida, la cual, por tanto, fue desnaturalizada en los apartados
173, 179 a 181, 225 y 226 de la sentencia recurrida, en parte mediante la aportación de hechos nuevos. En particular, ese apartado
173 expone que el considerando 1045 de la Decisión controvertida versa exclusivamente sobre el efecto sobre los expedidores, a pesar de que versa claramente sobre el efecto sobre las mercancías. Es más, según SAS Cargo y otros, para colmar las lagunas de esta Decisión, el mencionado apartado
179 contiene un hecho nuevo, a saber, el de que es cuando menos probable que los expedidores estén establecidos dentro del EEE. Este hecho nuevo, según las recurrentes en casación, permitió al Tribunal General omitir una etapa en la cadena de intermediarios entre los recargos y los consumidores en el EEE, permitiéndole declarar, en los apartados
180 y 181 de la citada sentencia, que los transitarios repercutirían directamente los sobrecostes a una entidad establecida en el EEE. Además, ese hecho nuevo, según SAS Cargo y otros, se utilizó en los apartados
198 y 225 de la mencionada sentencia para demostrar que se cumplían los requisitos de previsibilidad y de inmediación.
175    En segundo lugar, consideran las recurrentes en casación que el Tribunal General introdujo, en el apartado
226 de la sentencia recurrida, un hecho nuevo relativo al efecto sobre las mercancías, a saber, que los consumidores finales también pueden, en opinión del Tribunal General, adquirir las mercancías directamente de un expedidor. Se trata, a juicio de SAS Cargo y otros, del único fundamento que permitió al Tribunal General rechazar la alegación de las propias SAS Cargo y otros según el cual el efecto sobre las mercancías no era inmediato, y ello, añaden, a pesar de que el Tribunal General, además, nunca concluyera que la Comisión hubiera demostrado esa inmediatez. La definición del efecto sobre las mercancías en la sentencia recurrida es, por otra parte, diferente de la acogida en la Decisión controvertida, lo que, a juicio de las recurrentes en casación, constituye una nueva sustitución de motivos.
176    En tercer lugar, SAS Cargo y otros estiman que el Tribunal General colmó erróneamente, en los apartados
185 a 187, 193, 196, 204, 205, 209 y 210 de la sentencia recurrida, las lagunas del razonamiento de la Comisión combinando pruebas basadas en considerandos ajenos a la sección de la Decisión controvertida referida a los efectos cualificados con el fin de elaborar un nuevo razonamiento. Además, afirman que el Tribunal General ni siquiera llevó a cabo el examen crítico de esas pruebas, como muestra, a juicio de las recurrentes en casación, el apartado
209 de esa sentencia, que menciona el considerando 1031 de aquella Decisión, pese a que la constatación que figura en él se basa en una prueba no pertinente.
177    En cuarto lugar, en el apartado
208 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se basó, según SAS Cargo y otros, en pruebas relativas al carácter sustancial del efecto que analizó, las cuales no figuraban, según dichas empresas, en la Decisión controvertida. Pues bien, consideran que el Tribunal General no puede basarse en un motivo que no figura en la Decisión controvertida, ni siquiera si las pruebas que subyacen a aquel se encuentran en la demanda o en sus anexos.
178    La Comisión arguye que esta segunda parte del tercer motivo de casación es parcialmente inadmisible y parcialmente infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
179    De la jurisprudencia se desprende que, ciertamente, el alcance del control de legalidad previsto en el artículo 263 TFUE se extiende a todos los elementos de las decisiones de la Comisión relativos a los procedimientos de aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, cuyo control en profundidad, tanto de hecho como de Derecho, garantiza el Tribunal General, a la luz de los motivos invocados por la parte demandante y teniendo en cuenta la totalidad de pruebas que esta aporte. Ahora bien, en el contexto de este control, los órganos jurisdiccionales de la Unión no pueden en ningún caso sustituir la motivación del autor del acto impugnado por la suya propia (sentencia de 4 de julio de 2024, Westfälische Drahtindustrie y Pampus Industriebeteiligungen/Comisión, C‑70/23 P, EU:C:2024:580, apartado 38 y jurisprudencia citada).
180    Por lo tanto, el Tribunal General no puede colmar mediante su propia motivación una laguna en la motivación del acto impugnado, de forma que su examen no guarde relación con ninguna apreciación contenida en tal acto (sentencia de 18 de julio de 2013, UEFA/Comisión, C‑201/11 P, EU:C:2013:519, apartado 65 y jurisprudencia citada).
181    No obstante, cuando el Tribunal General se limita a responder a las alegaciones invocadas ante él y a explicitar así la motivación del acto recurrido, no cabe considerar que esté sustituyendo la motivación del autor de aquel acto por la suya propia (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de junio de 2014, Deltafina/Comisión, C‑578/11 P, EU:C:2014:1742, apartado 56, y de 23 de noviembre de 2023, Ryanair/Comisión, C‑209/21 P, EU:C:2023:905, apartado 49).
182    En el asunto que nos ocupa, en primer término, es necesario señalar que la alegación expuesta en el apartado
174 de la presente sentencia se basa, al menos en parte, en la premisa de que el Tribunal General identificó, en la sentencia recurrida, dos efectos distintos para comprobar si la Comisión había demostrado suficientemente, en la Decisión controvertida, que se cumplía el criterio de los efectos cualificados, entre ellos un supuesto «efecto sobre los expedidores», que supuestamente no aparece en la Decisión controvertida. Ahora bien, de los fundamentos expuestos en los apartados 152 y 153 de la presente sentencia se desprende que esta premisa es errónea. Por lo tanto, en la medida en que esta alegación se basa en la referida interpretación errónea de la sentencia recurrida, carece de fundamento.
183    En cuanto al resto, es necesario puntualizar que, en el apartado 173 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que, en el considerando 1045 de la Decisión controvertida, la Comisión había estimado, en esencia, que la infracción única y continua, en la medida en que afectaba a las rutas entrantes, podía incrementar la cuantía de los recargos y, en consecuencia, el precio total de los servicios de transporte de mercancías entrantes y que los transitarios habían repercutido este sobrecoste a los expedidores establecidos en el EEE, quienes habían tenido que pagar por las mercancías que habían comprado un precio mayor que el que se les habría facturado en ausencia de la referida infracción.
184    Pues bien, en ese considerando 1045, la Comisión efectivamente indicó que las prácticas contrarias a la competencia en los países terceros por lo que respecta al transporte aéreo de mercancías hacia la Unión y el EEE podían tener efectos inmediatos, sustanciales y previsibles dentro de la Unión y del EEE, dado que los mayores costes del transporte aéreo hacia el EEE y, en consecuencia, los precios más elevados de las mercancías importadas pueden, por su propia naturaleza, tener efectos sobre los consumidores en el EEE. Por otra parte, de los apartados
178 a 180 y 196 de la sentencia recurrida, que remiten, en particular, a los considerandos 14, 17, 70 y 1031 de la Decisión controvertida, se desprende que el Tribunal General comprobó el papel de los expedidores en la fijación del precio final de las mercancías en el EEE, mencionado en el considerando 1045 de la Decisión controvertida, basándose en elementos que se encontraban en dicha Decisión.
185    En segundo término, por lo que se refiere a la alegación de sustitución de motivos dirigida contra el apartado
226 de la sentencia recurrida, tal alegación se basa en un supuesto «efecto sobre las mercancías» que supuestamente tuvo en cuenta el Tribunal General. Ahora bien, de los apartados
152 y 153 de la presente sentencia se sigue que, al igual que el supuesto «efecto sobre los expedidores», esta premisa carece de fundamento en la sentencia recurrida.
186    En tercer término, en la medida en que SAS Cargo y otros reprochan al Tribunal General haber combinado, en los apartados
185 a 187, 193, 196, 204, 205, 209 y 210 de la sentencia recurrida, elementos basados en considerandos ajenos a la sección de la Decisión controvertida referida a la competencia internacional de la Comisión, es necesario puntualizar que el hecho de que los elementos señalados en esos apartados no hayan sido expresamente invocados por la Comisión en la parte de esa Decisión consagrada al establecimiento de su competencia territorial no demuestra la existencia de una sustitución de motivos ilegal, por un lado, teniendo en cuenta la jurisprudencia recordada en el apartado
180 de la presente sentencia, que únicamente exige que el examen del Tribunal General guarde relación con las apreciaciones que figuran en el acto sometido a su control, y, por otro lado, habida cuenta de que, como se desprende de los citados apartados de la sentencia recurrida, la primera frase del considerando 1045 de la Decisión controvertida contenía, aunque fuera de forma sucinta, los elementos que permitieron al Tribunal General comprobar que la Comisión había justificado su competencia extraterritorial a la luz del criterio de los efectos cualificados. En efecto, son esos elementos los que, leídos conjuntamente con los demás considerandos de aquella Decisión, citados en los mismos apartados de la sentencia recurrida, permitieron al Tribunal General comprobar que la Comisión había demostrado la existencia de tales efectos.
187    Por otra parte, en la medida en que SAS Cargo y otros aducen que el Tribunal General no llevó a cabo un examen crítico de esas pruebas, pretenden obtener una nueva apreciación de estas por parte del Tribunal de Justicia, sin que se invoque la más mínima desnaturalización. Por consiguiente, esta alegación es inadmisible de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 72 de la presente sentencia.
188    En cuarto término, por lo que respecta a la crítica dirigida contra el apartado
208 de la sentencia recurrida, baste con señalar que, como indica su apartado
207, ese apartado
208, que por otra parte únicamente contiene apreciaciones fácticas, tiene carácter reiterativo. Por consiguiente, la alegación dirigida contra el citado apartado 208 debe, en cualquiera de los casos, desestimarse por inoperante, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado
80 de la presente sentencia.
189    De cuanto antecede se deduce que procede desestimar la segunda parte del tercer motivo de casación por ser, en parte, inadmisible, en parte, inoperante y, en parte, infundada.
Tercera parte del tercer motivo de casación, basada en una inversión contraria a Derecho de la carga de la prueba
–       Alegaciones de las partes
190    SAS Cargo y otros sostienen que, en los apartados
180, 181, 188 a 190, 194 a 199 y 221 de la sentencia recurrida, el Tribunal General invirtió ilegalmente la carga de la prueba al exigir a SAS Cargo y otros que refutaran la existencia de efectos cualificados, sin tratar de comprobar, primeramente, si la Comisión había demostrado efectos de esa índole en la Decisión controvertida. El criterio de los efectos cualificados solo se aplica, según afirman las recurrentes en casación, a efectos que son probables. Pues bien, el considerando 1045 de la Decisión controvertida no aporta ninguna prueba de la existencia de efectos y se basa en afirmaciones carentes de soporte. SAS Cargo y otros estiman que, de esta forma, el Tribunal General incurrió en errores de Derecho, para empezar, en los apartados
180 y 181 de la citada sentencia, al darse por satisfecho con esas hipótesis; seguidamente, en los apartados
188 a 191 de aquella sentencia, al reprochar a SAS Cargo y otros no haber refutado un efecto mientras que el Tribunal General no había verificado si la Comisión había aportado pruebas suficientemente significativas, y, por último, en los apartados
180, 196, 197, 199 y 219 de la misma sentencia, al admitir que la Comisión se limita a suponer la existencia de una repercusión de los recargos, exigiendo al mismo tiempo, en los apartados
194 y 221 de esa sentencia, que SAS Cargo y otros rebatan esa existencia. Ahora bien, las recurrentes en casación estiman que la repercusión de los costes nunca puede presumirse. Por otra parte, contrariamente a lo que aduce la Comisión, SAS Cargo y otros afirman que la presente parte del tercer motivo de casación es admisible, ya que identifica errores de Derecho en que incurrió el Tribunal General.
191    La Comisión replica que SAS Cargo y otros se limitan a impugnar apreciaciones fácticas que figuran en la sentencia recurrida. A su juicio, en cualquier caso, esta parte del tercer motivo de casación es infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
192    En la medida en que la presente parte del tercer motivo de casación se basa en la premisa general de que el Tribunal General exigió a SAS Cargo y otros que refutaran la existencia de efectos cualificados, sin tratar de comprobar primero si la Comisión había demostrado la existencia de efectos de esa índole en la Decisión controvertida, es necesario recordar, por un lado, que, en los apartados
183 a 227 de la sentencia recurrida, el Tribunal General comprobó si la Comisión había demostrado suficientemente que el efecto sobre los precios de las mercancías importadas
—que, como ya se ha señalado en el apartado
152 de la presente sentencia, constituía el primero de los tres fundamentos en los que la Comisión se basó, en los considerandos 1045 y 1046 de la Decisión controvertida, para sustentar su competencia para constatar y sancionar una infracción del artículo
101 TFUE y del artículo
53 del Acuerdo EEE en lo que respecta a los servicios de transporte de mercancías entrantes— cumplía los requisitos de previsibilidad, sustantividad e inmediatez exigidos para poder concluir que se cumplía el criterio de los efectos cualificados.
193    Por otro lado, del análisis de la segunda parte del presente motivo de casación se deduce que SAS Cargo y otros alegaron infructuosamente a este respecto que, en esos apartados de la sentencia recurrida, el Tribunal General sustituyó los motivos expuestos por la Comisión en la Decisión controvertida por los suyos propios con el fin de justificar la competencia de esta para constatar y sancionar una infracción del artículo
101 TFUE y del artículo
53 del Acuerdo EEE en lo que respecta a los servicios de transporte de mercancías entrantes.
194    De lo anterior se sigue que procede desestimar por infundada la alegación general de SAS Cargo y otros según la cual el Tribunal General invirtió ilegalmente la carga de la prueba al darse por satisfecho con hipótesis o presunciones y al exigir que esas empresas refutaran la existencia de efectos cualificados, sin tratar de comprobar, primeramente, si la Comisión los había demostrado en la Decisión controvertida.
195    Por lo demás, en la medida en que, mediante la presente parte del tercer motivo de casación, SAS Cargo y otros alegan, en primer lugar, una inversión ilegal de la carga de la prueba en los apartados
180, 181, 191, 196, 197, 199 y 219 de la sentencia recurrida, baste con señalar que, en esos apartados, el Tribunal General se limitó a formular apreciaciones de carácter fáctico, sin atribuir en ellos la carga de la prueba de ningún elemento a SAS Cargo y otros. Por consiguiente, esta alegación carece de fundamento en la sentencia recurrida.
196    En segundo lugar, en la medida en que se hace mención a los apartados
188 a 190 de la sentencia recurrida, es necesario hacer constar que, ciertamente, en el apartado
189 de esta, el Tribunal General indicó que SAS Cargo y otros no habían llegado a demostrar que fuera probable un efecto de vasos comunicantes hasta el punto de hacer imprevisible el efecto sobre los precios de las mercancías importadas. No obstante, esta constatación viene precedida, en los apartados 187 y 188 de la referida sentencia, de un análisis al cabo del cual el Tribunal General dedujo, sobre la base de los elementos contenidos en la Decisión controvertida, que era previsible para los transportistas implicados que la fijación horizontal del recargo por combustible y del recargo por seguridad, así como la negativa al pago de comisiones, conllevaran un aumento del precio total de los servicios de transporte de mercancías entrantes.
197    De este modo, solo tras constatar que, en la Decisión controvertida, la Comisión había demostrado suficientemente el carácter previsible de tal aumento, procedió el Tribunal General a examinar si SAS Cargo y otros habían presentado pruebas que permitiesen desmentir aquella constatación. Dado que SAS Cargo y otros alegaron, a este respecto, la existencia de un «efecto de vasos comunicantes», el Tribunal General declaró, en el apartado
190 de la sentencia recurrida, que dichas empresas se limitaban a realizar una vaga remisión a la «teoría económica» y una referencia a la declaración oral de un perito en la audiencia ante la Comisión, declaración que no venía acompañada ni del estudio ni de los datos en los que se basaba y que se sustentaba en una metodología poco coherente con el alcance de la infracción única y continua según se definía en la Decisión controvertida, por los motivos que el Tribunal General especificó en ese apartado. El Tribunal General también señaló, en esencia, que esa declaración se refería a otros transportistas, cuyos métodos de facturación de las tarifas eran más flexibles que los métodos que SAS Cargo y otros afirmaban utilizar.
198    Pues bien, es necesario recordar que, según reiterada jurisprudencia, corresponde a la Comisión aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de una infracción del Derecho de la competencia. En cambio, corresponde a la empresa que invoca un motivo de defensa contra la constatación de tal infracción aportar la prueba de que debe acogerse este motivo de defensa. No obstante, aun cuando la carga de la prueba recaiga, según estos principios, bien en la Comisión, bien en la empresa implicada, los elementos de hecho que invoca una parte pueden obligar a la otra a dar una explicación o una justificación sin la cual es posible concluir que se han respetado las normas en materia de carga de la prueba (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, apartado 120 y jurisprudencia citada).
199    Basada en las normas generales en materia de práctica de la prueba, la anterior jurisprudencia es extrapolable a la situación en la que la Comisión debe establecer su competencia territorial frente a comportamientos originados fuera del territorio de la Unión o del EEE.
200    De esto se infiere que, dado que el Tribunal General había declarado previamente que la Comisión había demostrado suficientemente las circunstancias que el propio Tribunal General había señalado en los apartados 187 a 188 de la sentencia recurrida, no cabe considerar que, mediante la constatación que él mismo realizó en el apartado 189 y 190 de la sentencia recurrida, hubiera invertido de modo contrario a Derecho la carga de la prueba. Por consiguiente, la imputación dirigida contra ese apartado
189 es infundada.
201    En tercer lugar, en la medida en que SAS Cargo y otros alegan que, en los apartados
194 y 221 de la sentencia recurrida, el Tribunal General invirtió ilegalmente la carga de la prueba al exigir que las citadas empresas refutaran la existencia de una repercusión de los recargos en sentido descendente mientras que la Comisión no había demostrado esta circunstancia, es necesario señalar que, ciertamente, en ese apartado
194, el Tribunal General indicó que SAS Cargo y otros no aportaban ninguna prueba que demostrara que las circunstancias del presente asunto fueran poco propicias para la repercusión en sentido descendente, a los expedidores, del sobrecoste resultante de la infracción única y continua en las rutas entrantes. De modo similar, en el citado apartado
221, el Tribunal General declaró que SAS Cargo y otros no habían demostrado, ni tan siquiera habían alegado, que las previsibles repercusiones del sobrecoste a los expedidores establecidos en el EEE fueran ilícitas o ajenas al funcionamiento normal del mercado.
202    Sin embargo, por un lado, el referido apartado 194, relativo al requisito de previsibilidad, viene precedido, en el apartado
193, por una constatación según la cual de los considerandos 14 y 70 de la Decisión controvertida se desprendía que el precio de los servicios de transporte de mercancías constituye un insumo para los transitarios y que se trata de un coste variable, cuyo incremento tiene por efecto, en principio, el aumento del coste marginal con arreglo al cual los transitarios definen sus propios precios.
203    Por otro lado, el referido apartado
221 viene precedido, en los apartados
217, 218 y 220 de la sentencia recurrida, de un recordatorio de los principios que rigen, según el Tribunal General, la apreciación del requisito de inmediatez exigido para declarar que en un caso concreto se cumple el criterio de los efectos cualificados. También viene precedido, en el apartado
219 de la sentencia recurrida, de la afirmación según la cual, en el presente asunto, la intervención de los transitarios, de quienes era previsible que, con total autonomía, repercutieran a los expedidores el sobrecoste que se habían visto obligados a abonar
—aun cuando esta intervención pudiera haber contribuido casualmente al efecto sobre los precios de las mercancías importadas— no podía por sí sola, en cambio, interrumpir la cadena causal entre el comportamiento controvertido y ese efecto y, de este modo, privarle de su carácter inmediato. Es necesario, además, recordar que, en los apartados
192 a 195 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, en particular a la luz de los elementos contenidos en los considerandos 14 y 70 de la Decisión controvertida, que esa repercusión por los transitarios había quedado acreditada.
204    Por lo tanto, solo fue después de haber constatado previamente, en esencia, que la Comisión había demostrado suficientemente la mencionada repercusión, cuando el Tribunal General declaró, a continuación, que SAS Cargo y otros no habían aportado pruebas que permitieran refutarla, ya fuera en el contexto de su apreciación del efecto de esta sobre el carácter previsible del efecto sobre los precios de las mercancías importadas o en el contexto de su apreciación del carácter inmediato de ese efecto.
205    De este modo, habida cuenta de la jurisprudencia recordada en el apartado
198 de la presente sentencia, tampoco cabe considerar que, en los citados apartados
194 y 221, el Tribunal General hubiera invertido ilegalmente la carga de la prueba.
206    De lo anterior resulta que procede desestimar por infundada la tercera parte del tercer motivo de casación.
Cuarta parte del tercer motivo de casación, relativa al carácter inmediato del efecto sobre los precios de las mercancías importadas
–       Alegaciones de las partes
207    SAS Cargo y otros sostienen que, en el apartado
222 de la sentencia recurrida, el Tribunal General aplicó un criterio erróneo para cerciorarse del carácter inmediato del efecto que examinó, al omitir la comprobación de si existía una relación o nexo causal suficientemente directo entre el comportamiento perjudicial y el daño alegado, como exige, en particular, el apartado
53 de la sentencia de 18 de marzo de f2010, Trubowest Handel y Makarov/Consejo y Comisión (C‑419/08 P, EU:C:2010:147). En los apartados
219 y 221 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se limita, a juicio de las recurrentes en casación, a considerar que el efecto era inmediato porque era previsible. Ahora bien, el requisito de previsibilidad es, a su entender, un requisito específico que debe cumplirse en el contexto de la aplicación del criterio de los efectos cualificados, por separado del requisito de inmediatez.
208    Además, el apartado
220 de la sentencia recurrida adolece, según SAS Cargo y otros, de una inversión ilegal de la carga de la prueba, en la medida en que el Tribunal General sugiere que la intervención de un tercero solo rompe la cadena de causalidad si dicha intervención es ilícita y ajena al funcionamiento normal del mercado, lo que hace recaer sobre SAS Cargo y otros la carga de refutar este requisito de inmediatez. A este respecto, dado que el mercado de los transitarios es objeto de cártel, se podría haber acreditado la intervención «ilícita». Sin embargo, el Tribunal General no lo tuvo en cuenta. En los apartados
224 y 225 de la misma sentencia, el Tribunal General se basó también, según SAS Cargo y otros, en el efecto sobre los expedidores para demostrar el carácter inmediato de la repercusión de los sobrecostes, mientras que nada sugería que un efecto general sobre los consumidores en el EEE fuera suficientemente inmediato.
209    La Comisión defiende que esta cuarta parte del tercer motivo de casación es inadmisible.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
210    En primer término, es necesario señalar que, en el apartado
53 de la sentencia de 18 de marzo de 2010, Trubowest Handel y Makarov/Consejo y Comisión (C‑419/08 P, EU:C:2010:147)
—invocado por SAS Cargo y otros en apoyo de la presente parte del tercer motivo de casación—, el Tribunal de Justicia recordó su jurisprudencia según la cual los principios comunes a los Derechos de los Estados miembros a los que se remite el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, no pueden ser invocados para fundamentar la existencia de una obligación de la Unión de reparar toda consecuencia perjudicial, incluso alejada, de las actuaciones de sus órganos, toda vez que el requisito relativo al nexo causal planteado en ese precepto entraña la existencia de una relación suficientemente directa de causa a efecto entre el comportamiento de las instituciones y el daño.
211    Por otra parte, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado
161 de la presente sentencia, basta con que el comportamiento contrario a la competencia de que se trate pueda tener un efecto inmediato en la Unión o en el EEE para que se cumpla el requisito de inmediatez que permite, junto con los de previsibilidad y sustantividad, evidenciar la existencia de efectos cualificados que pueden fundamentar la competencia de la Comisión para constatar y sancionar comportamientos contrarios a la competencia adoptados fuera del territorio de la Unión o del EEE.
212    Así pues, es obligado señalar que el apartado
53 antes citado, que se refiere a las condiciones en las que puede generarse la responsabilidad extracontractual de la Unión, no guarda relación con este requisito de inmediatez. Por lo tanto, SAS Cargo y otros invocan en vano ese apartado
53 para demostrar la existencia de un error de Derecho en el análisis, por el Tribunal General, del mencionado requisito.
213    Asimismo, es necesario recordar que la cuestión de si el efecto sobre los precios de las mercancías importadas cumplía cada uno de los tres requisitos recordados en el apartado
211 de la presente sentencia fue analizada por el Tribunal General, de manera separada para cada requisito, en los apartados
183 a 227 de la sentencia recurrida. En consecuencia, SAS Cargo y otros alegan igualmente en vano, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho cuando, en los apartados
219 y 221 de la sentencia recurrida, hizo una mezcla entre los requisitos de previsibilidad y de inmediatez. En particular, el Tribunal General examinó acertadamente, en el apartado
219 de esa sentencia, si era previsible que los transitarios repercutieran en los expedidores el coste adicional que los primeros habían tenido que pagar, puesto que, como se ha recordado en el apartado
211 de la presente sentencia, basta con que el comportamiento contrario a la competencia de que se trate pueda tener un efecto inmediato en la Unión o en el EEE para que se cumpla el requisito de inmediatez.
214    En segundo término, en la medida en que SAS Cargo y otros critican el apartado
220 de la sentencia recurrida debido a la inversión de la carga de la prueba del requisito de inmediatez que supuestamente deriva de él, esta alegación no se distingue, en esencia, de la ya examinada en los apartados
201 y 203 a 205 de la presente sentencia. Por consiguiente, procede desestimar esa alegación por los mismos motivos.
215    En tercer término, en la medida en que SAS Cargo y otros sostienen que el Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho de que el mercado de los transitarios era objeto de cártel y que nada sugería que un efecto general sobre los consumidores en el EEE fuera suficientemente inmediato, están pretendiendo, en realidad, que el Tribunal de Justicia realice una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas, sin alegar siquiera que el Tribunal General los hubiera desnaturalizado. En consecuencia, esta alegación es inadmisible, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 72de la presente sentencia.
216    Por consiguiente, procede desestimar la cuarta parte del tercer motivo de casación por ser, en parte, inadmisible y, en parte, infundada.
Quinta parte del tercer motivo de casación, relativa a la posibilidad de fundamentar la competencia internacional de la Comisión en la existencia de una infracción única y continuada
–       Alegaciones de las partes
217    SAS Cargo y otros alegan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en el apartado
236 de la sentencia recurrida cuando declaró que la Comisión podía considerar que se cumplía el criterio de los efectos cualificados teniendo en cuenta la infracción única y continua en su conjunto. El concepto de «infracción única y continua» tiene, a juicio de las recurrentes en casación, una dimensión únicamente procesal y, por lo tanto, no puede ni ampliar el alcance de los Tratados ni modificar el Derecho internacional.
218    Para empezar, el Tribunal General interpretó erróneamente, según SAS Cargo y otros, el considerando 1046 de la Decisión controvertida, que, a juicio de dichas empresas, no menciona el término «efecto» ni da cuenta de un efecto inmediato, sustancial y previsible. Por lo tanto, ese considerando no constituye,
a su entender, una base autónoma que fundamente la competencia de la Comisión.
219    Seguidamente, el apartado
235 de la sentencia recurrida es, a juicio de SAS Cargo y otros, erróneo puesto que, como ya se expuso, el hecho de que el comportamiento en cuestión tenga por objeto restringir la competencia no puede invocarse para acreditar la competencia de la Comisión. En los apartados
230 y 236 de dicha sentencia, el Tribunal General también incurrió en error de Derecho, según las recurrentes en casación, al basarse en la existencia de una infracción única y continua para establecer la competencia de la Comisión. En tal sentido, SAS Cargo y otros afirman que el considerando 872 de la Decisión controvertida determina que la infracción única y continua solo afectaba al sector del transporte aéreo de mercancías «en el EEE». Pues bien, la infracción única y continua no puede al mismo tiempo contener elementos «externos al EEE» para establecer la competencia de la Comisión y estar «circunscrita» al EEE.
220    Por último, los apartados
228 y 234 de la misma sentencia son erróneos, según SAS Cargo y otros, en la medida en que el Tribunal General consideró que la Comisión era competente para sancionar un comportamiento en las rutas entrantes que, por otra parte, no cumplía el criterio de los efectos cualificados. SAS Cargo y otros añaden que recurrir, con esta finalidad, a la «doctrina de la infracción única y continua» amplía en demasía el razonamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión (C‑413/14 P, EU:C:2017:632).
221    La Comisión defiende que este parte del tercer motivo de casación debe desestimarse.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
222    Baste con señalar que, mediante la primera parte de su segundo motivo de anulación formulado ante el Tribunal General, examinado por este en los apartados
128 a 237 de la sentencia recurrida, SAS Cargo y otros se limitaban a impugnar la competencia de la Comisión para aplicar el artículo
101 TFUE y el Acuerdo 53 del Acuerdo EEE a los comportamientos controvertidos en la medida en que se referían a los servicios de transporte de mercancías entrantes. A este respecto, el Tribunal General concluyó, en el apartado 227 de la sentencia recurrida, que la Comisión podía considerar fundadamente que se cumplía el criterio de los efectos cualificados con respecto a la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes considerada de manera aislada, de modo que quedaba reafirmada, en la medida en que se impugnaba, la competencia de la Comisión para aplicar el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al comportamiento controvertido. De lo anterior se infiere que era redundante que el Tribunal General examinara, en los apartados 228 a 236 de la sentencia recurrida, si la Comisión, con el fin de establecer su competencia para aplicar el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al comportamiento controvertido, podía considerar también fundadamente, en el considerando 1046 de la Decisión controvertida, que el criterio de los efectos cualificados se cumplía con respecto a los efectos de la infracción única y continua considerada en su conjunto.
223    Además, como resulta del análisis de las partes primera a cuarta del presente motivo de casación, el Tribunal General no incurrió en los errores de Derecho alegados cuando, en el apartado 227 sentencia recurrida, llegó a una conclusión en el sentido apuntado.
224    En estas circunstancias, es preciso declarar que esta quinta parte del presente motivo de casación se refiere a fundamentos jurídicos expuestos a mayor abundamiento o con carácter reiterativo en la sentencia recurrida y, por consiguiente, es inoperante, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado
80 de la presente sentencia.
225    De cuanto antecede resulta que procede desestimar el tercer motivo de casación por ser, en parte, inadmisible, en parte, inoperante y, en parte, infundado.
Cuarto motivo de casación, relativo a la infracción única y continua
226    El cuarto motivo de casación de SAS Cargo y otros se compone de tres partes. Mediante la primera parte, estas empresas invocan una incoherencia entre la motivación y la parte dispositiva de la Decisión controvertida por lo que respecta al alcance geográfico del comportamiento en cuestión. La segunda parte se basa en errores de Derecho en la apreciación del motivo de defensa basado en la existencia de una obligación impuesta por un Estado. Mediante la tercera parte, SAS Cargo y otros aducen que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho cuando confirmó la constatación de la Comisión que calificaba el comportamiento en cuestión de infracción única y continua.
Primera parte del cuarto motivo de casación, basada en la incoherencia de la Decisión controvertida en cuanto al alcance geográfico del comportamiento en cuestión
–       Alegaciones de las partes
227    SAS Cargo y otros sostienen que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al desestimar la alegación de estas en el sentido de que la Comisión había cometido un error al calificar de «mundial» el ámbito del comportamiento contrario a la competencia de que se trata. En particular, existe, a juicio de las recurrentes en casación, una incoherencia entre la parte dispositiva de la Decisión controvertida, que reafirma ese ámbito mundial, y la motivación de dicha Decisión, que admite que las rutas hacia y desde Dubái no formaban parte de la práctica colusoria controvertida. SAS Cargo y otros subrayan asimismo que alegaron que esa Decisión no aportaba ninguna prueba de un comportamiento censurable en la mayoría de los países terceros y que no cabía extrapolar la existencia de una práctica colusoria de dimensión mundial partiendo de pruebas que afectan únicamente a algunas rutas específicas.
228    A este respecto, en primer lugar, en los apartados
268 y 269 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho, según SAS Cargo y otros, cuando consideró que la referencia, en el artículo
1 de la parte dispositiva de la Decisión controvertida, a una coordinación «en todo el mundo» no era más que una «constatación de hechos» y, por consiguiente, que esa parte dispositiva «no plantea dudas». En tal sentido, afirman las recurrentes en casación que la referencia al «ámbito mundial» es esencial para comprender ese artículo
1 en su conjunto, ya que las rutas identificadas en los demás apartados de ese precepto no hacen referencia a países específicos. Debido a esta referencia al «ámbito mundial», el artículo
1, apartados
2 y 3, de la Decisión controvertida se refiere necesariamente a todas las rutas entre los aeropuertos del EEE y todos los países terceros mencionados en él. A consecuencia de lo anterior, también existe, según SAS Cargo y otros, una contradicción entre, por un lado, esta parte dispositiva, que, a su entender, no permite afirmar que Dubái y Tailandia no estén comprendidas en el ámbito de aplicación de la Decisión controvertida, y, por otro lado, los considerandos de dicha Decisión, en particular su considerando 1375, que indica que el comportamiento que tuvo lugar en Dubái no formaba parte de la práctica colusoria. Según SAS Cargo y otros, la Comisión no pudo subsanar esta contradicción informando a la parte demandante en otro asunto
—a saber, el que dio lugar a la sentencia de 30 de marzo de 2022, Cathay Pacific Airways/Comisión (T‑343/17, EU:T:2022:184)— de que Dubái estaba efectivamente excluida de ese ámbito de aplicación.
229    En segundo lugar, los apartados
276 y 277 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General indicó que «la exclusión del ámbito de la práctica colusoria controvertida de un comportamiento local no contradice su vocación mundial», adolecen, según SAS Cargo y otro, de una sustitución de motivos, de un error de lógica y de incoherencias internas, puesto que el término «mundial» significa «en todo el mundo». A juicio de las recurrentes en casación, ese apartado
277 pone también de manifiesto una contradicción entre los motivos que figuran en los considerandos 889 y 890 de la Decisión controvertida, por un lado, y el considerando 1375 de esta, por otro. En tal sentido, afirman que el comportamiento en cuestión no puede aplicarse simultáneamente «a todas las rutas» y no afectar a las rutas con salida en Dubái o, en parte, no incluir Tailandia. Intentando subsanar esta contradicción, el Tribunal General llevó a cabo, según SAS Cargo y otros, una sustitución de motivos ilegal, cuando tendría que haber puesto de manifiesto esa contradicción y anular en consecuencia la citada Decisión.
230    En tercer lugar, el apartado
270 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General indica que la referencia a una infracción mundial en el considerando 1210 de la Decisión controvertida es un «simple error de redacción», implica literalmente, según SAS Cargo y otros, reescribir dicha Decisión. A este respecto, las recurrentes en casación estiman que la única interpretación plausible de la parte dispositiva de la Decisión controvertida es que esta Decisión constató una infracción mundial o al menos una infracción en todas las rutas mundiales comprendidas en el ámbito de competencia de la Unión.
231    En cuarto lugar, el apartado
286 de la sentencia recurrida vulnera, según SAS Cargo y otros, la presunción de inocencia e invierte la carga de la prueba en la medida en que el Tribunal General consideró en él que la prueba de una coordinación en siete países bastaba para acreditar una coordinación global. La parte dispositiva de la Decisión controvertida implica, según señalan, que los transportistas son responsables de las rutas entre el EEE y todos los países terceros. Sin embargo, mientras que la Comisión no logró aportar prueba de lo anterior, el Tribunal General exigió a los transportistas que refutaran que determinadas rutas formaban parte de la práctica colusoria controvertida.
232    En quinto lugar, SAS Cargo y otros afirman que, en los apartados
276 a 278 de la sentencia recurrida, el Tribunal General vulneró el principio de presunción de inocencia, al sugerir que Dubái estaba comprendida en el ámbito de aplicación de la práctica colusoria controvertida pese a que no podía ignorar que no era así, habida cuenta de las afirmaciones de la Comisión ante el propio Tribunal General en el asunto que dio lugar a la sentencia de 30 de marzo de 2022, Cathay Pacific Airways/Comisión (T‑343/17, EU:T:2022:184).
233    En sexto lugar, SAS Cargo y otros estiman que la conclusión que figura en el apartado
313 de la sentencia recurrida, relativa a la naturaleza única de la infracción, está viciada en la medida en que se basa en la premisa incorrecta que figura en el apartado
311 de esa sentencia, según la cual el comportamiento en cuestión era de dimensión mundial.
234    La Comisión considera que esta primera parte del cuarto motivo de casación es parcialmente inadmisible y parcialmente infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
235    En primer término, es necesario señalar que, en el apartado
268 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó que, en el presente asunto, contrariamente a lo que sostenían SAS Cargo y otros, en la parte dispositiva de la Decisión controvertida, la Comisión no había declarado la existencia de una infracción de dimensión mundial. A este respecto, el Tribunal General indicó que la referencia a la coordinación del comportamiento de los transportistas implicados «en materia de precios para la prestación de servicios de transporte de mercancías […] en todo el mundo» que figura en el apartado introductorio del artículo 1 de la Decisión controvertida no es más que una constatación de hechos que la Comisión calificó en los apartados 1 a 4 del mismo artículo de infracción de las normas de competencia aplicables en las rutas respecto de las cuales consideró
—en los períodos de que se trata— que era competente, a saber, las rutas intra-EEE entre el 7 de diciembre de 1999 y el 14 de febrero de 2006, las rutas Unión-países terceros entre el 1 de mayo de 2004 y el 14 de febrero de 2006, las rutas EEE salvo Unión-países terceros entre el 19 de mayo de 2005 y el 14 de febrero de 2006 y las rutas Unión-Suiza entre el 1 de junio de 2002 y el 14 de febrero de 2006.
236    En el apartado
269 de esa sentencia, el Tribunal General especificó que, dado que la parte dispositiva de la Decisión controvertida no planteaba dudas, añadía, únicamente a mayor abundamiento, que los fundamentos de la Decisión controvertida corroboraban esta conclusión, lo que expuso en las líneas siguientes de ese apartado
269 y en los apartados
270 y 271 de la citada sentencia. De estos fundamentos dedujo, en el último de los apartados reseñados, que la constatación relativa a la existencia de una coordinación sobre precios para la prestación de servicios de transporte de mercancías en todo el mundo reflejaba la postura expresada por la Comisión, en toda la Decisión controvertida, sobre el alcance geográfico de la práctica colusoria controvertida.
237    A este respecto, es necesario distinguir entre el concepto de «comportamiento», que se refiere a un conjunto de elementos fácticos, y el concepto de «infracción», que se refiere a la calificación jurídica que se ha dado a esos comportamientos (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2022, Quanta Storage/Comisión, C‑699/19 P, EU:C:2022:483, apartado 70).
238    Pues bien, en el asunto que nos ocupa, del tenor del artículo
1 de la Decisión controvertida
—que SAS Cargo y otros no alegan que haya sido desnaturalizado por el Tribunal General—, se desprende claramente que la Comisión no imputó a SAS Cargo y otros la responsabilidad por una «infracción mundial», puesto que la referencia al hecho de que los destinatarios de esa Decisión habían «coordina[do] su comportamiento en materia de precios para la prestación de servicios de transporte aéreo de mercancías en todo el mundo por lo que se refiere al recargo por combustible, al [recargo por seguridad] y al pago de una comisión sobre los recargos» solo era, efectivamente, una descripción fáctica del comportamiento contrario a la competencia de que se trata que no conlleva, por sí misma, una calificación jurídica que supuestamente pueda demostrar la existencia de una contradicción en la parte dispositiva de la Decisión controvertida.
239    De los anteriores elementos deriva, además, que, dado que el Tribunal General consideró acertadamente que la Comisión no había declarado, en la parte dispositiva de la Decisión controvertida, la existencia de una infracción de dimensión mundial, no cabe considerar que exista una contradicción entre, por un lado, la constatación de esa infracción y, por otro lado, los fundamentos de la Decisión controvertida.
240    Por otra parte, en la medida en que SAS Cargo y otros alegan la existencia de una contradicción entre, de un lado, el hecho de que las rutas identificadas en los demás apartados de ese artículo
1 no hagan referencia a países específicos, de modo que a juicio de esas empresas procede considerar que, puesto que esa parte dispositiva hace referencia a una «práctica colusoria mundial», se está haciendo mención a todas las rutas entre los aeropuertos del EEE y todos los países terceros, y, de otro lado, los fundamentos de la Decisión controvertida, de los que se desprende que Dubái y Tailandia no están incluidos en dicha práctica colusoria, baste con señalar que de lo expuesto en los apartados
235 a 239 de la presente sentencia se deduce que esta alegación se basa en una interpretación errónea del alcance de la referida parte dispositiva.
241    A la vista de lo anterior, la alegación en el apartado
228 de la presente sentencia carece de fundamento.
242    En segundo término, por lo que respecta a la alegación expuesta en el apartado
229 de la presente sentencia, es necesario señalar, por una parte, que es inadmisible en aplicación de la jurisprudencia recordada en el apartado
82 de esta misma sentencia en la medida en que, con ella, SAS Cargo y otros se limitan a alegar que los apartados
276 y 277 de la sentencia recurrida adolecen «de una sustitución de motivos, de un error de lógica y de incoherencias internas», puesto que «el término “mundial” significa “en todo el mundo”», toda vez que afirmaciones de esta naturaleza son demasiado vagas y genéricas para permitir demostrar que existe un error de Derecho en los apartados
276 y 277 de la sentencia recurrida. Lo mismo sucede con la alegación expuesta en el apartado
232 de la presente sentencia en la medida en que se dirige, en esencia, contra idénticos apartados de la sentencia recurrida y mediante la cual SAS Cargo y otros se limitan de nuevo a alegar una vulneración de la presunción de inocencia.
243    Por otra parte, en la medida en que, mediante esta alegación expuesta en el citado apartado
229, SAS Cargo y otros sostienen, en esencia, que, en aquel apartado
277 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no señalar la contradicción de motivos que el propio Tribunal General evidenció en él, es necesario señalar que, en el referido apartado 277, el Tribunal General declaró que la Comisión había indicado, en el considerando 889 de la Decisión controvertida, que los recargos «tenían como objetivo ser aplicados en todas las rutas, a nivel mundial», y que lo mismo sucedía respecto de la negativa al pago de comisiones, que también tenía «carácter general». El Tribunal General también señaló que la Comisión había precisado que la aplicación de los recargos se hacía en el marco de un sistema a varios niveles, central y local, descrito en los considerandos 107, 1046 y 1300 de la Decisión controvertida. El Tribunal General dedujo de la anterior que, en esas circunstancias, la exclusión del ámbito de aplicación de la práctica colusoria controvertida de un comportamiento local no contradecía su vocación mundial.
244    Por lo tanto, es preciso poner de manifiesto que, por un lado, en el apartado
277 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no indicó, como pretenden SAS Cargo y otros, que el comportamiento controvertido se estuviera aplicando al mismo tiempo «a todas las rutas» y no a Dubái o, en parte, a Tailandia y que, por otro lado, ese apartado
277 no evidencia ninguna contradicción en los fundamentos de la Decisión controvertida. En efecto, se limita a exponer la diferencia entre, por una parte, el alcance general de los recargos en cuestión y, por otra parte, la estructura dentro de la cual la adopción de estos fue debatida y adoptada. Por consiguiente, la alegación de SAS Cargo y otros resumida en el apartado
243 de la presente sentencia se apoya en una interpretación errónea de la sentencia recurrida.
245    En tercer término, baste con señalar que, como indicó el Tribunal General en el apartado
269 de la sentencia recurrida, el apartado
270 de esta se formula a mayor abundamiento. En consecuencia, la alegación expuesta en el apartado
230 de la presente sentencia es, en cualquier caso, inoperante, con arreglo a la jurisprudencia mencionada en el apartado
80 de esta misma sentencia.
246    En cuarto término, en lo que atañe a la alegación expuesta en el apartado
231 de la presente sentencia, SAS Cargo y otros hacen una lectura manifiestamente errónea del apartado
286 de la sentencia recurrida cuando sostienen que el Tribunal General consideró que una coordinación en siete países bastaba para acreditar una coordinación global. En efecto, en ese apartado 286, el Tribunal General se limitó a indicar que la Comisión había aportado pruebas dirigidas a demostrar que la coordinación relativa a la negativa al pago de comisiones se había producido en numerosos países de todo el mundo, «incluidos» Hong Kong, Suiza, Italia, Francia, España, India y los Estados Unidos. Por lo demás, en la medida en que SAS Cargo y otros pretenden cuestionar esta apreciación, están impugnando, en realidad, la apreciación de los hechos y de las pruebas efectuada por el Tribunal General. Por consiguiente, esta alegación es, en esa medida, inadmisible de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado
72 de la presente sentencia.
247    En quinto y último término, baste con señalar que la sexta imputación formulada por SAS Cargo y otros en apoyo de esta primera parte del cuarto motivo de casación se basa en la premisa de que estas empresas consiguieron demostrar que el Tribunal General incurrió en error de Derecho cuando consideró que la Comisión podía legítimamente concluir que los recargos eran medidas de aplicación general destinadas a aplicarse «en todas las rutas, a nivel mundial» y que la negativa al pago de comisiones «también tenía carácter general». Pues bien, del análisis precedente se deduce que SAS Cargo y otros no han llegado a demostrar la fundamentación de esta premisa.
248    De cuanto antecede se deduce que procede desestimar la primera parte del cuarto motivo de casación por ser, en parte, inadmisible, en parte, inoperante y, en parte, infundada.
Segunda parte del cuarto motivo de casación, relativa al medio de defensa basado en la existencia de una obligación impuesta por un Estado
–       Alegaciones de las partes
249    SAS Cargo y otros alegan que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al apreciar su motivo de defensa basado en la existencia de una obligación impuesta por un Estado. A su juicio, este error vicia los apartados
500, 501, 509 a 514, 532, 549, 562 y 564 de la sentencia recurrida. Según afirman, el Tribunal General exigió a SAS Cargo y otros que demostraran que la legislación nacional de terceros países les obligaba a adoptar el comportamiento en cuestión. Pues bien, la jurisprudencia citada a este respecto por el Tribunal General en los apartados
509 a 512 de la citada sentencia, según señalan SAS Cargo y otros, solo es pertinente en el contexto de las decisiones de los Estados miembros. En tal sentido, consideran que el principio de no injerencia, que es un corolario del principio de igualdad soberana de los Estados, reconoce a los países terceros el derecho a dirigir sus propios asuntos sin injerencias externas.
250    En el presente asunto, ciertos ASA o ciertas normativas locales fomentaron, según las recurrentes en casación, debates sobre precios entre transportistas designados en rutas específicas, de modo que la Comisión, según SAS Cargo y otros, tenía la obligación, de conformidad con los principios de Derecho internacional aplicables, de dar muestras de moderación y de contención en el ejercicio de sus competencias. Por lo tanto, el Tribunal General incurrió en error de Derecho, según afirman, en su apreciación del motivo de defensa basado en la existencia de una obligación impuesta por un Estado. En este sentido, SAS Cargo y otros estiman que la aplicabilidad de este motivo de defensa no se limita a las situaciones en las que la legislación y la práctica nacionales exigen a los transportistas que debatan los precios, sino que se extiende a los comportamientos específicamente regulados y fomentados por la legislación y la práctica nacionales. Este error, según señalan, vicia no solo los apartados
509 a 514 de la sentencia recurrida, sino también las apreciaciones relativas a las prácticas existentes en varios países terceros.
251    De este modo, en primer lugar, no cabe mantener, a su entender, las apreciaciones del Tribunal General relativas a Hong Kong. Así, del apartado 531 de la sentencia recurrida se infiere que las autoridades nacionales no deseaban recibir solicitudes individuales relativas al establecimiento de un recargo por combustible. De este modo, correctamente interpretado, el motivo de defensa basado en la existencia de una obligación impuesta por un Estado se habría cumplido, según las recurrentes en casación, puesto que cualquier comportamiento colectivo en Hong Kong era fomentado por dichas autoridades, acordado con los clientes y no era constitutivo, por lo tanto, de una práctica colusoria contraria a la competencia. Por lo tanto, los apartados
515 a 532 de la sentencia recurrida relativos a la responsabilidad de las recurrentes en casación en Hong Kong son erróneos, según estas.
252    En segundo lugar, estiman que tampoco cabe mantener las apreciaciones del Tribunal General en relación con Japón que figuran en los apartados
537 a 540 de la sentencia recurrida y las consecuencias que de ellas extrajo el propio Tribunal General en los apartados
549 y 550 de esta. Por un lado, los ASA celebrados con Japón, según afirman, estipularon una obligación de coordinación de los precios, incluidos los recargos. Al afirmar lo contrario en el apartado
537 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó, según las recurrentes en casación, el sentido claro de la cláusula de precios en cuestión, expuesta en el apartado
140 de la demanda presentada ante el Tribunal General. Como mínimo, esos acuerdos con Japón fomentaron la coordinación. En el apartado
538 de esa misma sentencia, SAS Cargo y otros estiman que el Tribunal General desnaturalizó también las alegaciones estas empresas. De los escritos de estas ante el Tribunal General se desprende que dichas empresas indicaron que las disposiciones en materia de precios del ASA autorizaban debates generales sobre los precios entre múltiples transportistas que operaban en países de destino diferentes dentro del EEE, explicando, en particular, que la Oficina Japonesa de Aviación Civil había aprobado un mismo nivel de recargo para todos los países del EEE. En su opinión, el Tribunal General también desnaturalizó, en el apartado
545 de la sentencia recurrida, sus alegaciones relativas al recargo por combustible. En este sentido, el Tribunal General, según afirman, indicó que la iniciativa de presentar solicitudes colectivas en relación con dicho recargo era atribuible a los transportistas y no a la citada autoridad japonesa, a pesar de que nunca hubo solicitudes colectivas en Japón, sino únicamente solicitudes individuales tras la coordinación, como demuestran las pruebas adjuntas a aquellos escritos.
253    Por otro lado, SAS Cargo y otros estiman que el apartado
543 de la sentencia recurrida desnaturaliza pruebas en la medida en que el Tribunal General declaró en él que se trataba de documentos que SAS Cargo y otros «han creado ellas mismas», cuando no es así. En particular, estas empresas presentaron, por un lado, una resolución de la International Air Transport Association (en lo sucesivo, «IATA») de mayo de 2000, por la que se fijaba un nivel único de recargo por combustible para todas las rutas internacionales y, por otro lado, una comunicación interservicios de Japan Airlines que mostraba que la Oficina Japonesa de Aviación Civil había adoptado el mecanismo del recargo por combustible y un escrito de la citada sociedad que confirmaba que los clientes habían solicitado ese mecanismo. El considerando 1002 de la Decisión controvertida menciona también, según las recurrentes en casación, un documento creado por Japan Airlines que apoyaba la postura de aquellas, pero a SAS Cargo y otros se les denegó el acceso a esa prueba. Estas últimas se refirieron también a la declaración del abogado de otro transportista durante la audiencia ante la Comisión que contradecía una declaración atribuida a este en la Decisión controvertida. Al no responder a estos elementos y al denegar a SAS Cargo y otros el acceso a las pruebas posteriores al pliego de cargos, pese a estar claramente identificadas, el Tribunal General también vulneró, según SAS Cargo y otros, el principio de igualdad.
254    En tercer lugar, por lo que respecta a los demás terceros países cuyos regímenes reglamentarios se abordan en la Decisión controvertida, a saber, la República de la India, el Reino de Tailandia, la República de Singapur, la República de Corea y la República Federativa de Brasil, afirman que solo se menciona, en el considerando 506 de la Decisión controvertida, un incidente que implicaba a SAS Cargo y otros después del 1 de mayo de 2004. Pues bien, esta prueba relativa a Tailandia es, a juicio de SAS Cargo y otros, manifiestamente insuficiente para demostrar una infracción relacionada con esos otros países, más aún por cuanto que constituye una prueba de descargo. Según señalan, en los apartados
558 a 562 de la sentencia recurrida, el Tribunal General admite incluso que el único incidente que implicó a SAS Cargo y otros en una supuesta práctica colusoria en Tailandia no era contrario al Derecho de la competencia, puesto que de una prueba aportada por SAS Cargo y otros se desprendía que las autoridades tailandesas habían impuesto los niveles del recargo por combustible que los transportistas debían respetar, lo que eliminaba toda posibilidad de competencia a partir del 20 de julio de 2005. Sin embargo, el Tribunal General incurre en error de Derecho al concluir que SAS Cargo y otros no habían demostrado que se hubiera eliminado toda posibilidad de competencia antes de esa fecha.
255    A este respecto, en primer término, consideran que el Tribunal General tendría que haber examinado no ya si el comportamiento en cuestión era obligatorio, sino si se fomentaba. En segundo término, SAS Cargo y otros afirman que la única prueba que las vinculaba con un comportamiento infractor en Tailandia, descrito en el considerando 506 de la Decisión controvertida, se refería al cumplimiento de una instrucción del Departamento de Aviación Civil de Tailandia. Así pues, el apartado 562 de la sentencia recurrida adolece, según las recurrentes en casación, de una incoherencia interna. En tercer término, SAS Cargo y otros presentaron, según afirman, pruebas que demostraban que, desde el año 2003, se imponían niveles de recargos obligatorios e idénticos en las rutas hacia el EEE desde Tailandia, prueba que la Comisión nunca cuestionó. En consecuencia, a su entender, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al partir de la premisa contraria en el apartado
562 de la sentencia recurrida, sin abordar las pruebas presentadas por SAS Cargo y otros. En cuarto término, el hecho de que un transportista tailandés no haya sido reconocido como culpable de infracción demuestra, según SAS Cargo y otros, que las pruebas presentadas por ese transportista, con posterioridad al pliego de cargos, contenían elementos de descargo adicionales, a los que las recurrentes en casación deberían haber tenido acceso.
256    En cuanto a la evaluación por la Comisión de los regímenes normativos mencionados en el apartado
254 de la presente sentencia, que figuran en el considerando 1019 de la Decisión controvertida, se basa, según SAS Cargo y otros, en una mera remisión al razonamiento de la propia Comisión relativo a los regímenes de Hong Kong y de Japón, como se indica en el apartado
552 de la sentencia recurrida. Por lo tanto, si el Tribunal de Justicia descartara las consideraciones del Tribunal General relativas a estos dos últimos países, debería también rechazar las que figuran en los apartados
555 a 557, 562 y 563 de la sentencia recurrida, relativas a esos otros países terceros. Además, dado que Tailandia y Dubái no estaban comprendidas en el ámbito de aplicación de la práctica colusoria controvertida, el Tribunal General tendría que haber concedido a SAS Cargo y otros el beneficio de la duda y haber llegado a la conclusión de que no podía presumirse una práctica colusoria mundial sin pruebas. En consecuencia, el Tribunal General vulneró la presunción de inocencia. Por las mismas razones, los apartados
623 y 624 de la sentencia recurrida son también, a juicio de SAS Cargo y otros, erróneos.
257    La Comisión sostiene que esta segunda parte del cuarto motivo de casación es parcialmente inadmisible y parcialmente infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
258    Con carácter preliminar, es necesario señalar que, en los apartados
500 y 501 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó, por un lado, que el principio de no injerencia está reconocido por el Derecho internacional consuetudinario y, por otro lado, que, suponiendo que SAS Cargo y otros pudieran invocar este principio, la Comisión no había vulnerado dicho principio al aplicar el criterio de los efectos cualificados para sancionar comportamientos que se produjeron y ejecutaron en países terceros que estos países decidieron autorizar por motivos políticos. A este respecto, el Tribunal General señaló que la aplicación del artículo
101 TFUE, apartado
1, a comportamientos que es previsible que produzcan efectos inmediatos y sustanciales en el EEE está efectivamente justificada con arreglo al Derecho internacional público.
259    Así pues, es necesario hacer constar que estos apartados 500 y 501, que constituyen el análisis por el Tribunal General de la primera imputación de la sexta parte del tercer motivo de anulación formulado ante él
—que se basaba en la vulneración de los principios de soberanía y de no injerencia—, no versan sobre el análisis por parte del Tribunal General del motivo de defensa basado en la existencia de una obligación impuesta por un Estado, el cual fue examinado por el Tribunal General en los apartados
504 a 564 de la sentencia recurrida y es el único que es objeto de la presente parte del cuarto motivo de casación.
260    Pues bien, SAS Cargo y otros no presentan ninguna alegación que explique en qué medida los apartados
500 y 501 de la sentencia recurrida supuestamente contienen apreciaciones erróneas en relación con el motivo de defensa basado en la existencia de una obligación impuesta por un Estado, la cual no es objeto de esos apartados. Por consiguiente, la crítica que se dirige contra ellos es inadmisible, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado
82 de la presente sentencia.
261    Por otra parte, en la medida en que SAS Cargo y otros alegan, en primer lugar, que el Tribunal General aplicó un criterio jurídico erróneo en la apreciación del motivo de defensa de estas basado en la existencia de una obligación impuesta por un Estado, es necesario recordar que los artículos
101 TFUE y 102 TFUE solo se refieren a comportamientos contrarios a la competencia adoptados por las empresas por iniciativa propia. Si una legislación nacional impone a las empresas un comportamiento contrario a la competencia o si crea un marco jurídico que limita por sí mismo cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por parte de las empresas, no se aplican esos preceptos. En efecto, en una situación así, la restricción de la competencia no se debe, como requieren estas disposiciones, a comportamientos autónomos de las empresas. Por el contrario, cabe aplicar los citados artículos si la legislación nacional deja subsistir la posibilidad de una competencia que puede ser obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, Comisión y Francia/Ladbroke Racing, C‑359/95 P
y C‑379/95 P, EU:C:1997:531, apartados
33 y 34, y de 14 de octubre de 2010, Deutsche Telekom/Comisión, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, apartado 80).
262    El Tribunal de Justicia solo ha admitido con carácter restrictivo la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE un determinado comportamiento contrario a la competencia porque la legislación nacional vigente lo exigía a las empresas implicadas o porque dicha legislación eliminaba cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por parte de estas (sentencia de 14 de octubre de 2010, Deutsche Telekom/Comisión, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, apartado 81 y jurisprudencia citada).
263    De este modo, el Tribunal de Justicia ha declarado que, si una ley nacional se limita a fomentar o a facilitar comportamientos autónomos de las empresas contrarios a la competencia, estas siguen sometidas a los artículos
101 TFUE y 102 TFUE (sentencia de 14 de octubre de 2010, Deutsche Telekom/Comisión, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, apartado
82 y jurisprudencia citada).
264    Contrariamente a lo que alegan SAS Cargo y otros, esta jurisprudencia no distingue entre las legislaciones nacionales de los Estados miembros y las de países terceros.
265    Por otra parte, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado
198 de la presente sentencia, si bien corresponde a la autoridad que alega una infracción de las normas sobre competencia aportar la prueba de esta, corresponde a la empresa que invoca un motivo de defensa frente a la constatación de una infracción de esas normas aportar las prueba de que se cumplen los requisitos de aplicación de la norma de la que se deduce ese motivo de defensa, de modo que la citada autoridad deberá entonces recurrir a otras pruebas.
266    De los anteriores elementos se desprende que SAS Cargo y otros sostienen de manera infundada que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en los apartados
509 a 512 de la sentencia recurrida cuando recordó en ellos, en esencia, la doctrina derivada de la jurisprudencia expuesta en los apartados
258 a 263 y 265 de la presente sentencia y cuando consideró, en el apartado
513 de la sentencia recurrida, que esta se aplica del mismo modo a las leyes y los comportamientos de un Estado miembro o de una parte contratante del Acuerdo EEE y a los de un tercer país y, en consecuencia, cuando consideró que correspondía SAS Cargo y otros probar que las legislaciones nacionales de los terceros países de que se trata las habían no ya impulsado, sino obligado a adoptar el comportamiento en cuestión.
267    Dar por buena la interpretación, propuesta por SAS Cargo y otros, de este motivo de defensa basado en la existencia de una obligación impuesta por un Estado chocaría, por otra parte, con la aplicación necesariamente estricta que debe hacerse de este, interpretación que es la única apta para no contradecir el tenor unívoco de los artículos
101 TFUE y 102 TFUE, cuyo objeto son los comportamientos adoptados por las empresas.
268    Por consiguiente, en la medida en que la presente parte del cuarto motivo de casación se basa en la premisa de que basta con que la legislación de un país tercero fomente la adopción de un comportamiento contrario a la competencia para estimar un motivo de defensa basado en la existencia de una obligación impuesta por un Estado, debe desestimarse por infundada, ya que esta premisa es errónea.
269    En segundo lugar, en cuanto a la argumentación de SAS Cargo y otros relativa a las apreciaciones del Tribunal General sobre Japón, es necesario señalar, por un lado, en lo que atañe a su primera alegación de desnaturalización, que, en el apartado
537 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó que, por lo que se refería a la alegación de SAS Cargo y otros de que la Comisión supuestamente no citó, en la Decisión controvertida, el apartado
1 de la cláusula tipo de los ASA celebrados por Japón, este apartado enumera los factores que deben tenerse en cuenta al fijar los precios y establece que estos se determinarán con arreglo a las disposiciones siguientes del artículo en el que figura. De lo anterior, el Tribunal General dedujo que no se desprendía ni de esta disposición ni de la reproducida en la Decisión controvertida que los ASA impusieran una obligación de coordinación entre transportistas para la determinación de los recargos. El Tribunal General añadió que, por lo demás, SAS Cargo y otros no aportaban ningún argumento fundamentado que pudiera acreditar lo contrario.
270    Pues bien, en el apartado
140 de la demanda presentada ante el Tribunal General, SAS Cargo y otros habían expuesto que ese apartado
1, que figura en el ASA aplicable a SAS Cargo, indicaba lo siguiente:
«Los precios de cada servicio acordado se fijarán en niveles razonables, teniendo debidamente en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos los costes de explotación, un beneficio razonable, las características del servicio (como las normas en materia de rapidez e instalación) y los precios de otras compañías aéreas con respecto a cualquier parte de la ruta especificada. Esos precios se fijarán de conformidad con las disposiciones siguientes del presente artículo.»
271    Por consiguiente, procede declarar que, habida cuenta de la jurisprudencia recordada en el apartado
108 de la presente sentencia, no se ha demostrado la desnaturalización alegada, toda vez que el apartado
537 de la sentencia recurrida presenta fielmente el contenido de ese apartado 1.
272    Por lo que se refiere a la alegación de desnaturalización contra el apartado
538 de la sentencia recurrida, es necesario señalar que, en ese apartado, el Tribunal General indicó que SAS Cargo y otros no negaban que las disposiciones de los ASA sobre los debates en materia de precios entre transportistas designados en rutas determinadas no pueden autorizar los debates generales sobre los precios entre múltiples transportistas que operan en países de destino diferentes del tipo de los contemplados en la Decisión controvertida.
273    Pues bien, en el apartado
128 de su demanda ante el Tribunal General, que supuestamente fue desnaturalizado por
el apartado
538 de la sentencia recurrida, alegaron lo siguiente:
«[…] las autoridades locales de aviación de Hong Kong, Japón y Tailandia no aplicaban las cláusulas tarifarias ruta por ruta. Determinaban más bien los niveles de los recargos en función del carácter internacional o nacional de las rutas (por ejemplo, en Japón) o en función de las zonas de la conferencia de precios de la IATA (por ejemplo, en Hong Kong, Tailandia). Dado que todos los países del EEE se incluyen en la categoría de rutas internacionales y en la misma zona de la conferencia de precios IATA […], se ha aprobado un mismo nivel de recargo para todas las rutas con destino al EEE. Este enfoque tiene por objeto limitar los costes de transacción para los transportistas nacionales locales y los transitarios y cargadores locales […]. De este modo, de los regímenes administrativos que aplicaban los ASA vigentes se deducía directamente que las autoridades asiáticas imponían a todos los transportistas que cargaban mercancías con destino a Europa la obligación de aplicar el mismo nivel de recargo, aunque por medio de métodos diferentes, de conformidad con las explicaciones que ofrecemos a continuación. Este estado de cosas se ajustaba perfectamente a las cláusulas de precios del ASA, ya que la(s) misma(s) compañía(s) aérea(s) era(n) (una compañía/compañías) designada(s) en cada ASA en vigor. Las autoridades de Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos (Dubái) lo explicaron a la Comisión
[…]».
274    Si, de esta forma, SAS Cargo y otros habían alegado que «las autoridades asiáticas imponían a todos los transportistas que cargaban mercancías con destino a Europa la obligación de aplicar el mismo nivel de recargo», del referido apartado 128 no se desprende que dichas empresas sostuvieran que los ASA celebrados por Japón autorizaran debates generales sobre los precios entre múltiples transportistas que operan en países de destino diferentes dentro del EEE, como los sancionados por la Decisión controvertida. A la luz de la jurisprudencia recordada en el apartado
108 de la presente sentencia, tampoco ha quedado acreditada la segunda alegación de desnaturalización.
275    En cuanto a la tercera alegación de desnaturalización, que se dirige contra el apartado
545 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó, en él que, habida cuenta de que no demostraban la existencia de una obligación de concertación de los transportistas sobre el nivel del recargo por combustible, ninguno de los elementos probatorios aportados por SAS Cargo y otros permitía refutar la información contenida en los considerandos 198, 244, 256, 391, 392, 488 y 491 de la Decisión controvertida, de la que se desprende que la iniciativa de presentar solicitudes colectivas sobre el recargo por combustible era atribuible a los transportistas y no a la Oficina Japonesa de Aviación Civil. Por lo tanto, procede declarar que, mediante su alegación contra el citado apartado, expuesta en el apartado
252 de la presente sentencia, SAS Cargo y otros están criticando en realidad la interpretación de esos considerandos de la Decisión controvertida, citados por el Tribunal General en el propio apartado
545. Así pues, el Tribunal General no desnaturalizó, mediante esa interpretación, la alegación de SAS Cargo y otros relativa al recargo por combustible. Por consiguiente, esta tercera alegación carece de fundamento.
276    En lo que atañe a la alegación contra el apartado
543 de la sentencia recurrida, relativa, por un lado, a la supuesta desnaturalización de las pruebas, expuesta en el apartado
253 de la presente sentencia, baste con señalar que, en ese apartado
543, el Tribunal General, tras haber apreciado los elementos aportados por SAS Cargo y otros en apoyo de sus afirmaciones, concluyó que ninguno de los documentos presentados demostraba la existencia de una obligación impuesta por un Estado que justificara no aplicar el artículo
101 TFUE, apartado
1. Así pues, so pretexto de una alegación de desnaturalización, SAS Cargo y otros pretenden, en realidad, obtener una nueva apreciación de esas pruebas por parte del Tribunal de Justicia. Por consiguiente, esta alegación es, en esa medida, inadmisible, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el apartado
72 de la presente sentencia.
277    Por otro lado, en la medida en que, mediante esa alegación, SAS Cargo y otros sostienen que el Tribunal General no dio respuesta a algunas de sus alegaciones, invocan el incumplimiento por el Tribunal General de su obligación de motivación. En efecto, según reiterada jurisprudencia, el motivo de casación basado en la falta de respuesta del Tribunal General a las alegaciones formuladas en primera instancia equivale, en esencia, a invocar un incumplimiento de la obligación de motivación que resulta del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General en virtud del artículo 53, párrafo primero, del citado Estatuto y del artículo 117 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General (sentencia de 28 de septiembre de 2023, Changmao Biochemical Engineering/Comisión, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, apartado 185 y jurisprudencia citada). Pues bien, teniendo en cuenta la jurisprudencia recordada en el apartado
85 de la presente sentencia y lo indicado por el Tribunal General no solo en el apartado
543, sino también en los apartados
542 y 544 de la sentencia recurrida, que exponen también las pruebas que SAS Cargo y otros habían presentado ante el Tribunal General y la apreciación de estas por el Tribunal General, no queda acreditado ese incumplimiento.
278    En cuanto a la alegación de que el Tribunal General vulneró el «principio de igualdad» al no conceder a SAS Cargo y otros el acceso a pruebas posteriores al pliego de cargos, baste con señalar que, aun suponiendo que esa alegación fuera admisible, no se distingue de la que se expuso en el primer motivo de casación y, por lo tanto, debe desestimarse en todo caso por las mismas razones.
279    En tercer lugar, por lo que se refiere a la alegación expuesta en los apartados
254 a 256 de la presente sentencia, es necesario señalar, en primer término, que es inadmisible con arreglo a la jurisprudencia que figura en el apartado
72 de esta misma sentencia, en la medida en que, mediante tal alegación, SAS Cargo y otros, so pretexto de invocar errores de Derecho en relación con la situación existente en Tailandia, pretenden obtener una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas.
280    En segundo término, en la medida en que, mediante esta alegación, SAS Cargo y otros cuestionan la coherencia interna de la Decisión controvertida, tal alegación es inadmisible, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado
74 de la presente sentencia.
281    En tercer término, en la medida en que, mediante la citada alegación, SAS Cargo y otros sostienen que el Tribunal General no abordó todas las pruebas que habían presentado, baste con señalar que la actuación de las autoridades tailandesas fue examinada por el Tribunal General en los apartados
556 a 561 de la sentencia recurrida y que, en el apartado
562 de esta, el Tribunal General concluyó que, en cuanto a la normativa aplicable en Tailandia, SAS Cargo y otros habían logrado demostrar, sin que la Comisión las hubiera contradicho eficazmente, que, a partir del 20 de julio de 2005, las autoridades de ese país habían creado un marco jurídico que eliminaba por sí mismo cualquier posibilidad de un comportamiento competitivo entre los transportistas en lo tocante a la determinación de la cuantía del recargo por combustible aplicable a los vuelos desde Tailandia. El Tribunal General también señaló que, en cambio, SAS Cargo y otros no habían demostrado que la normativa tailandesa hubiera eliminado toda posibilidad de competencia en cuanto al recargo por seguridad o que, en lo tocante al recargo por combustible, se hubiera eliminado toda posibilidad de competencia durante el período anterior al 20 de julio de 2005.
282    Así pues, es necesario declarar que, mediante la tercera alegación expuesta en el apartado
255 de la presente sentencia, SAS Cargo y otros pretenden obtener del Tribunal de Justicia, so pretexto de una alegación de incumplimiento por parte del Tribunal General de su obligación de motivación, una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. Por consiguiente, esta alegación es inadmisible, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 72
de la presente sentencia.
283    En cuarto término, en la medida en que SAS Cargo y otros sostienen que tendrían que haber tenido acceso a pruebas de descargo adicionales, esta alegación no se distingue de la expuesta al final del apartado
253 de la presente sentencia y debe desestimarse por los mismos motivos ya expuestos en el apartado
278 de esta misma sentencia.
284    En quinto término, en cuanto a la alegación expuesta en el apartado
256 de la presente sentencia, baste con señalar que no ha lugar a constatar errores de Derecho en los apartados
555 a 557, 562 y 563 de la sentencia recurrida, ya que las alegaciones de SAS Cargo y otros a este respecto se basan en la premisa de que llegaron a demostrar que las consideraciones del Tribunal General relativas a los regímenes reglamentarios de Hong Kong y de Japón eran erróneas. Pues bien, como se infiere del análisis precedente, esta premisa carece de fundamento.
285    En cuanto a la alegación de vulneración de la presunción de inocencia, se basa también en la no inclusión del Reino de Tailandia entre los países respecto de los cuales podría reprocharse a SAS Cargo y otros una infracción del artículo
101 TFUE, apartado
1. Pues bien, aunque el Tribunal General declaró que no cabía apreciar tal infracción de SAS Cargo y otros en lo que se refiere a los vuelos procedentes de ese tercer país en lo tocante al recargo por combustible a partir del 20 de julio de 2005, no excluyó la existencia de esa infracción para el conjunto de vuelos con salida desde dicho país durante todo el período de la infracción, de modo que la premisa de esta alegación tampoco se ajusta a los hechos.
286    En lo que atañe a la crítica relativa a la inclusión de terceros países en el ámbito de aplicación de la infracción única y continua, en los apartados
623 y 624 de la sentencia recurrida, baste con señalar que se basa en los mismos argumentos que ya han sido desestimados en los dos apartados anteriores de esta misma sentencia.
287    De cuanto antecede se deduce que procede desestimar la segunda parte del cuarto motivo de casación por ser, en parte, inadmisible, en parte, inoperante y, en parte, infundada.
Tercera parte del cuarto motivo de casación, relativa a la calificación del comportamiento controvertido como infracción única y continuada
–       Alegaciones de las partes
288    SAS Cargo y otros aducen que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al desestimar su alegación en la que impugnaban la conclusión de la Comisión según la cual el comportamiento descrito en la Decisión controvertida constituía una infracción única y continua. En tal sentido, señalan que el comportamiento en cuestión fue tan dispar que no cabía razonablemente asimilarlo a una infracción «única». A su entender, la apreciación del Tribunal General a este respecto es errónea desde múltiples puntos de vista.
289    En primer lugar, en los apartados
302 a 304 de la sentencia recurrida, el Tribunal General omitió, según SAS Cargo y otros, la cuestión esencial que ellas mismas planteaban, a saber, que los comportamientos mencionados en la sección
4 de la Decisión controvertida se produjeron en contextos diversos y perseguían objetivos variados. Es cierto que, en ese apartado
302, el Tribunal General hizo alusión a cada tipo de comportamiento. Sin embargo, el Tribunal General nunca abordó el punto central según el cual esos diferentes tipos de comportamiento no tenían puntos en común. Al obrar así, estiman que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación.
290    En segundo lugar, el Tribunal General incurrió en errores en relación con el comportamiento que se produjo en Suiza. En los apartados
612 a 618 de la sentencia recurrida, el Tribunal General confirmó que el único contacto que implicaba a SAS Cargo y otros, que tuvo lugar después del 1 de junio de 2002, no era ilegal. Sin embargo, en el apartado
604 de esa sentencia, desnaturalizó las pruebas al referirse a un concepto de «continuación» en la utilización del criterio del peso real. A juicio de SAS Cargo y otros, el Tribunal General omitió, en los apartados 604 y 605 de la sentencia recurrida, dar respuesta a las alegaciones y a las pruebas presentadas en el apartado 161 de la demanda de primera instancia, mediante las cuales estas empresas refutaban, en esencia, no ya la existencia de una reunión particular, sino que hubieran participado en ella. Por lo demás, SAS Cargo y otros consideran que de ese apartado 605 se deduce que no existía acuerdo en cuanto a la utilización, a efectos de calcular el recargo por combustible, del peso real antes que el «peso tasable», mientras que el Tribunal General, en el apartado 606 de esa misma sentencia, dio por buena la conclusión de la Comisión en el sentido de que las recurrentes en casación habían participado en el acuerdo en cuestión a la vez que decidían no aplicarlo. Según SAS Cargo y otros, el apartado
610 de la sentencia recurrida también es erróneo en la medida en que en él se menciona que una comunicación de un empleado de las ahora recurrentes en casación relativa a la supresión del recargo por combustible infringía el artículo
101 TFUE, apartado
1, pese a que dicha comunicación era pública. El Tribunal General, según SAS Cargo y otros, tendría que haber examinado si dicha comunicación suponía una mayor transparencia de los precios o si facilitaba que se secundara la práctica colusoria. Al no haberlo hecho, incumplió su obligación de motivación. Además, en cuanto a ese comportamiento local del mes de diciembre de 2001 relativo a recargos en rutas con salida desde Suiza, consideran que ni el artículo
101 TFUE ni el artículo
8 del Acuerdo Aéreo CE-Suiza eran aplicables, de modo que el apartado
611 de la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho.
291    En tercer lugar, SAS Cargo y otros estiman que el Tribunal General incurrió en errores en la apreciación de las afirmaciones de otros transportistas en cuanto al comportamiento de SAS Cargo y otros. A su juicio, el Tribunal General consideró acertadamente, en los apartados
625 a 650 de la sentencia recurrida, que las pruebas mediante correos electrónicos que figuran en varios considerandos de la Decisión controvertida no demostraban la existencia de contactos ilegales entre las citadas empresas y otros transportistas. Sin embargo, el Tribunal General erró al no desvirtuar también la pertinencia de un correo electrónico interno enviado por un empleado de otro transportista domiciliado en el Reino Unido el 17 de febrero de 2003, al que se hace mención en el considerando 273 de la Decisión controvertida. En los apartados
634 y 635 de dicha sentencia, el Tribunal General estimó que SAS Cargo y otros no habían aportado pruebas en apoyo de su postura. Sin embargo, estas empresas consideran que cometió un error al no examinar la verdadera cuestión que ellas suscitaban. De este modo, por un lado, el Tribunal General no tuvo en cuenta determinadas alegaciones que habían formulado. Por otro lado, en contra de la afirmación que figura en ese apartado
635, SAS Cargo y otros no se basaron únicamente en el hecho de que el transitario hubiera recibido información de otros transportistas. A su juicio, de estos errores se infiere que esta prueba tampoco puede invocarse en contra de ellas.
292    En cuarto lugar, SAS Cargo y otros señalan que es cierto que el Tribunal General admitió, en particular en los apartados
407 a 411 de la sentencia recurrida, que determinados comportamientos, habida cuenta de la alianza WOW, estaban justificados. Sin embargo, el Tribunal General consideró erróneamente, a juicio de SAS Cargo y otros, que determinados comportamientos en el seno de esta alianza «iban demasiado lejos» a falta de una política común de precios integrada. En cualquier caso, aun cuando tales contactos en el seno de la referida alianza hubieran constituido una infracción del artículo
101 TFUE, apartado
1, esos contactos solo habrían formado parte de la infracción única y continua si hubiera existido un vínculo objetivo entre tales contactos y la infracción única y continua o si SAS Cargo y otros hubieran tenido la intención de participar en la práctica colusoria mundial en lugar de en un comportamiento vinculado con dicha alianza. Pues bien, según SAS Cargo y otros el Tribunal General no demuestra la existencia de ese vínculo objetivo entre los contactos en el seno de la citada alianza y la infracción única y continua. El apartado
430 de la sentencia recurrida apenas si contiene una afirmación a este respecto, de modo que esa sentencia está, a juicio de SAS Cargo y otros, insuficientemente motivada. De lo anterior se deduce, según las recurrentes en casación, que deben descartarse los apartados
428 a 432 de la misma sentencia y, en consecuencia, que los contactos en el seno de la alianza WOW deben excluirse de las pruebas de la participación de SAS Cargo y otros en la infracción única y continua.
293    En quinto lugar, por lo que respecta a los acuerdos verticales de provisión, la desestimación, en los apartados
475 a 487 de la sentencia recurrida, de la explicación de SAS Cargo y otros sobre la recepción por estas de los correos electrónicos denominados «Estimados socios» es, a juicio de aquellas, errónea. En primer término, los apartados
477 a 479, 484 y 485 de esa sentencia están insuficientemente motivados y vulneran los principios de responsabilidad personal y de presunción de inocencia, puesto que solo hacen referencia a los contactos o acciones de empleados de otros transportistas, sin tratar de la implicación de SAS Cargo y otros en esos contactos o que estas empresas los conocieran. Así pues, no pueden acreditar que SAS Cargo y otros cometieran una infracción. En segundo término, el apartado
479 de la citada sentencia reproduce la postura de la Comisión presentada en su escrito de contestación ante el Tribunal General, sin abordar la alegación ni las pruebas presentadas por SAS Cargo y otros. En tercer término, estas empresas consideran que, en los apartados
480 y 481 de la misma sentencia, el Tribunal General no examinó si las pruebas en las que la Comisión se basó habían permitido a esta concluir fundadamente que no había ninguna otra explicación plausible al hecho de que SAS Cargo y otros recibieran esos correos electrónicos. En cuarto término, las afirmaciones del Tribunal General en los apartados
482 y 483 de la sentencia recurrida no encuentran apoyo ni en el pliego de cargos ni en la Decisión controvertida. Para SAS Cargo y otros, se trata, por tanto, de una sustitución de motivos ilegal, de modo que esos apartados 482 y 483 deben ser desestimados.
294    En sexto lugar, las recurrentes en casación sostienen que el Tribunal General incurrió en errores relativos al conocimiento que esas mismas empresas tenían de la infracción única y continua. A juicio de estas, el Tribunal General reconoció, en el apartado
669 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había demostrado la participación directa de SAS Cargo y otros en todas las actividades contrarias a la competencia. De ello se deduce que la Comisión estaba obligada a probar que SAS Cargo y otros tenían conocimiento del comportamiento de los demás transportistas o que podían preverlo razonablemente. A este respecto, en el apartado
670 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que la Decisión controvertida hacía referencia a ocho contactos. Pues bien, para empezar, SAS Cargo y otros expusieron, sin que se haya contradicho esta alegación, que esos contactos no revelaban nada de la coordinación en cuestión. Seguidamente, dado que cuatro de ellos son correos electrónicos denominados «Estimados socios», no pueden invocarse, como se desprende del apartado anterior de la presente sentencia. Los otros cuatro correos electrónicos, según SAS Cargo y otros, fueron desnaturalizados por el Tribunal General, quien, además, no motivó suficientemente su postura. Además, en los apartados
671, 672, 677 y 678 de la sentencia recurrida, el Tribunal General procedió a una sustitución de motivos contraria a Derecho. Y, lo que es más, en los apartados
678 y 679 de la citada sentencia, el Tribunal General desnaturaliza el sentido claro de otro correo electrónico, fechado el 17 de febrero de 2003, y no tiene en cuenta las pruebas de descargo. En cuanto a los apartados
681 y 683 de esa misma sentencia, también deben desestimarse, a juicio de SAS Cargo y otros, ya que el Tribunal General no explicó en modo alguno las razones por las que los correos electrónicos invocados permitieron a SAS tener conocimiento de un comportamiento en el que no participó. En su opinión, también es erróneo el apartado
685 de la sentencia recurrida, ya que presenta de manera imperfecta la alegación de SAS Cargo y otros a la que el Tribunal General responde en ese apartado. El Tribunal General, según las recurrentes en casación, no pudo subsanar la insuficiencia de los ocho correos electrónicos invocados por la Comisión en el considerando 791 de la Decisión controvertida limitándose a remitirse a otros considerandos, sin explicar de qué forma esos contactos habían permitido a SAS Cargo y otros tomar conciencia de comportamientos en los que no habían participado. Así pues, el análisis del Tribunal General, en los apartados
660 a 694 de la sentencia recurrida, relativo al conocimiento que SAS Cargo y otros supuestamente tenían del comportamiento de los demás transportistas debe descartarse, a juicio de dichas empresas, al igual que las apreciaciones del Tribunal General que figuran en los apartados
713 a 728 de dicha sentencia, relativas al alcance de la participación de esas empresas en la infracción.
295    La Comisión sostiene que esta tercera parte del cuarto motivo de casación, en la medida en que se refiere a apreciaciones fácticas del Tribunal General, es inadmisible y, en todo lo demás, es infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
296    De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, puede resultar no solo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuo, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuo puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia dentro del mercado interior, la Comisión puede imputar la responsabilidad por esas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 41 y jurisprudencia citada, y de 27 de junio de 2024, Servier y otros/Comisión, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, apartado 240).
297    De este modo, una empresa que haya participado en tal infracción única y continua mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de «acuerdo» o de «práctica concertada» con un objeto contrario a la competencia, en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, y cuyo propósito era contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 42 y jurisprudencia citada, y de 27 de junio de 2024, Servier y otros/Comisión, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, apartado 241).
298    A este respecto, debe recordarse que, para calificar distintas actuaciones de infracción única y continua, no procede comprobar si presentan un vínculo de complementariedad, en el sentido de que cada una de ellas esté destinada a hacer frente a una o varias consecuencias del juego normal de la competencia, y si contribuyen, mediante interacción, a la realización del conjunto de los efectos contrarios a la competencia pretendidos por sus autores, en el marco de un plan global encaminado a un objetivo único. En cambio, el requisito basado en el concepto de «objetivo único» implica que se verifique si no hay elementos propios de los distintos comportamientos que forman parte de la infracción que indiquen que los comportamientos materialmente ejecutados por otras empresas participantes no comparten el mismo objeto o el mismo efecto contrario a la competencia ni se inscriben, en consecuencia, en un «plan conjunto» debido a la identidad de su objeto que falsea el juego de la competencia en el mercado interior (sentencias de 26 de enero de 2017, Villeroy & Boch/Comisión, C‑644/13 P, EU:C:2017:59, apartado 50 y jurisprudencia citada, y de 27 de junio de 2024, Servier y otros/Comisión, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, apartado 242).
299    En el asunto que nos ocupa, en la medida en que, en primer término, SAS Cargo y otros aducen que el Tribunal General no motivó la sentencia recurrida al no dar respuesta a la alegación de esas empresas de que los comportamientos en cuestión se produjeron en contextos diversos y perseguían objetivos variados, de modo que no cabía calificarlos de infracción única, baste con señalar que la imputación suscitada por SAS Cargo y otros y basada en constataciones erróneas sobre el carácter único de la infracción fue examinada por el Tribunal General no únicamente en los apartados 302 a 304 de la sentencia recurrida, sino en el conjunto de los apartados 296 a 325 de esa sentencia. En ese contexto, además de su análisis de la alegación de SAS Cargo y otros que ponía en cuestión la existencia de un objetivo contrario a la competencia único
—análisis que se contiene en los apartados 302 a 304—, el Tribunal General señaló en particular, en el apartado 317 de la referida sentencia, que estas empresas reprochaban a la Comisión haber ignorado, en lo que atañe a la naturaleza de la infracción única y continua, las especificidades de las coordinaciones que fueron necesarias debido al contexto normativo local o que se inscribían en el marco de alianzas legítimas y desestimó esta alegación puesto que SAS Cargo y otros se limitaban de este modo a reiterar las alegaciones ya formuladas en apoyo de su crítica de la existencia de un objetivo anticompetitivo único, de forma tal que procedía desestimarlas por los mismo motivos.
300    Además, en los apartados
318 a 321 de la misma sentencia, el Tribunal General analizó la alegación mediante la cual SAS Cargo y otros aducían que la negativa al pago de comisiones se distinguía de los demás componentes de la infracción única por el hecho de que esa negativa había nacido de un desacuerdo entre los transportistas y los transitarios sobre la interpretación de unas clausulas-tipo, en contraste con «la coordinación secreta del recargo por combustible y el recargo por seguridad por un puñado de transportistas». El Tribunal General la desestimó señalando, en esencia, que de la Decisión controvertida se desprendía que el objetivo de la negativa al pago de comisiones no solo difería del desacuerdo público de orden jurídico a que se refieren SAS Cargo y otros, sino que podía reforzar la coordinación relativa a los recargos.
301    Así pues, el Tribunal General sí que expuso los motivos por los que SAS Cargo y otros no habían logrado acreditar que, a causa de esos supuestos contextos diversos y objetivos variados, la Comisión no había demostrado suficientemente en la Decisión controvertida el carácter único de la infracción. Por lo tanto, habida cuenta de la jurisprudencia recordada en los apartados
84 y 85 de la presente sentencia, no se ha acreditado el incumplimiento de la obligación de motivación que se alega.
302    En segundo término, por lo que respecta a la alegación expuesta en el apartado
290 de la presente sentencia, es necesario señalar, antes de nada, que, en la medida en que mediante esta SAS Cargo y otros invocan la desnaturalización supuestamente cometida por el Tribunal General en el apartado
604 de la sentencia recurrida, al haberse referido el Tribunal General a un concepto de «continuación» («aquellas se atendrían») en la utilización del criterio del peso real, baste con señalar que esta alegación no cumple las exigencias de precisión que se desprenden de la jurisprudencia recordada en el apartado
108 de la presente sentencia, toda vez que SAS Cargo y otros no exponen, en particular, el contenido del correo electrónico que supuestamente fue desnaturalizado. Por consiguiente, esta alegación es inadmisible.
303    Seguidamente, en la medida en que SAS Cargo y otros sostienen que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación al no responder a la alegación que estas empresas habían expuesto en el apartado
161 de su demanda en primera instancia, baste con recordar que, como ya se ha señalado en el apartado
85 de la presente sentencia, esa obligación de motivación no exige al Tribunal General exponer exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos articulados por las partes del litigio, a condición de que permita que los interesados conozcan las razones en las que se basó el Tribunal General y que el Tribunal de Justicia disponga de datos suficientes para ejercer su control en el contexto de un recurso de casación. Pues bien, el Tribunal General apreció la alegación de SAS Cargo y otros sobre el comportamiento que tuvo lugar en Suiza, que se incluía en los apartados
158 a 164 de esa demanda, en los apartados
597 a 618 de la sentencia recurrida. Además, SAS Cargo y otros ni siquiera arguyen que no se les haya dado la oportunidad de comprender las razones por las que el Tribunal General únicamente acogió parcialmente sus alegaciones en primera instancia. En estas circunstancias, no ha quedado acreditado el incumplimiento de la obligación de motivación que se alega.
304    Por último, en la medida en que SAS Cargo y otros critican los apartados
605, 606 y 610 de la sentencia recurrida, baste con señalar que estas empresas pretenden, en realidad, que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación de los hechos y de las pruebas efectuada por el Tribunal General por la suya propia, sin que se haya reprochado a este la más mínima desnaturalización. De lo anterior se sigue que estas críticas son inadmisibles, en aplicación de la jurisprudencia que figura en el apartado
72 de la presente sentencia.
305    En tercer término, es necesario poner de manifiesto que, mediante la alegación expuesta en el apartado 291 de la presente sentencia, SAS Cargo y otros pretenden nuevamente obtener del Tribunal de Justicia una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas sobre las afirmaciones de los demás transportistas en cuanto al comportamiento de estas, apreciación que el Tribunal General realizó en los apartados
629 a 650 de la sentencia recurrida, y más concretamente de las apreciaciones de este mediante las que solo estimó parcialmente la solicitud de SAS Cargo y otros de que se excluyeran determinados contactos del conjunto de indicios utilizados en su contra en la Decisión controvertida. Por consiguiente, esta alegación, que no reprocha al Tribunal General desnaturalización alguna, es igualmente inadmisible, en aplicación de la jurisprudencia que figura en el apartado
72 de la presente sentencia.
306    En cuarto término, lo mismo cabe decir, en lo esencial, de la alegación expuesta en el apartado
292 de la presente sentencia, ya que SAS Cargo y otros pretenden, a través de ella, obtener del Tribunal de Justicia una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas sobre el alcance de los contactos que tuvieron lugar en el seno de la alianza WOW.
307    Por lo demás, en la medida en que SAS Cargo y otros alegan que el Tribunal General no demostró que existiera un vínculo objetivo entre esos contactos y la infracción única y continua, es necesario hacer constar que la alegación de SAS Cargo y otros basada en la inclusión de los contactos mantenidos en el seno de la alianza WOW dentro del ámbito de la infracción única y continua no fue examinada por el Tribunal General únicamente en el apartado
430 de la sentencia recurrida, sino en los apartados
429 a 431 de esa sentencia, en los que el Tribunal General expuso detalladamente las razones por las que los factores invocados por SAS Cargo y otros para demostrar la inexistencia de un vínculo objetivo entre los contactos entre los miembros de la alianza WOW y la infracción única y continua no podían, en esencia, poner en entredicho la existencia del plan conjunto constatado en la Decisión controvertida. Por lo tanto, no ha quedado acreditado el supuesto incumplimiento de la obligación de motivación.
308    En quinto término, por lo que respecta a la alegación expuesta en el apartado
293 de la presente sentencia, es necesario señalar, en primer lugar, que, en la medida en que, mediante esta, SAS Cargo y otros aducen que el Tribunal General apreció erróneamente el alcance de los correos electrónicos denominados «Estimados socios», dichas empresas pretenden nuevamente que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación de los hechos y de las pruebas efectuada por el Tribunal General en los apartados
477 a 485 de la sentencia recurrida por la suya propia, sin que se reproche al Tribunal General la más mínima desnaturalización. Por consiguiente, esta alegación también es inadmisible, en aplicación de la jurisprudencia que figura en el apartado
72 de la presente sentencia.
309    En segundo lugar, en la medida en que SAS Cargo y otros alegan una vulneración de los principios de responsabilidad personal y de presunción de inocencia, baste con señalar que esta alegación se sustenta en la premisa de que los correos electrónicos denominados «Estimados socios»
—que, como se desprende del apartado 468 de la sentencia recurrida, son correos electrónicos colectivos enviados por Lufthansa Cargo— no permiten acreditar que SAS Cargo y otros hayan cometido una infracción puesto que estos solo hacen referencia a los contactos o a las acciones de empleados de otros transportistas, sin tratar de la implicación de SAS Cargo y otros en esos contactos o que estas empresas los conocieran. En realidad, la mencionada alegación está invitando, por tanto, al Tribunal de Justicia a reexaminar los hechos y las pruebas ya apreciados por el Tribunal General en los apartados 475 a 488 de la sentencia recurrida, sin que a este se le reproche la más mínima desnaturalización. La alegación es, por consiguiente, inadmisible, de conformidad con la jurisprudencia que figura en el apartado
72 de la presente sentencia.
310    En tercer lugar, tampoco cabe acoger la alegación de que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación. En efecto, si los apartados
480 y 481 de la sentencia recurrida se limitan a exponer los motivos por los que el Tribunal General consideró que SAS Cargo y otros invocaban infructuosamente el carácter público de la información difundida en el contexto de los correos electrónicos descritos en los considerandos 446, 450, 482 y 495 de la Decisión controvertida, los apartados
475 a 479 y 482 a 488 de la citada sentencia examinan las demás alegaciones y elementos que SAS Cargo y otros habían presentado al Tribunal General y que tenían por objeto, en particular, demostrar que esos correos electrónicos se referían no ya a la infracción única y continua, sino a la aplicación de un recargo por combustible en el contexto de acuerdos de reserva de capacidad entre Lufthansa y otros transportistas.
311    Pues bien, a este respecto, el Tribunal General declaró, por las razones expuestas en los apartados
476 a 483 de la sentencia recurrida, que, en contra de lo que sostenían SAS Cargo y otros, no podía considerarse que esos correos electrónicos tuvieran exclusivamente el objetivo de garantizar la correcta ejecución de hipotéticos acuerdos de reserva de capacidad. En cambio, el Tribunal General puso de manifiesto que tenían como objetivo informar a sus destinatarios
—incluido SAS Cargo— de forma colectiva, de la intención de Lufthansa de aumentar su recargo por combustible a partir de una fecha futura determinada. A la vista de los anteriores elementos y habida cuenta de la jurisprudencia recordada en los apartados
84 y 85 de la presente sentencia, no cabe considerar que el Tribunal General no examinara si las pruebas en las que se basó la Comisión habían permitido a esta concluir fundadamente que no había otra explicación plausible para que SAS Cargo y otros recibieran los mismos correos electrónicos.
312    En cuarto lugar, por lo que respecta a la alegación de sustitución de motivos, es necesario señalar que, por un lado, en el apartado
482 de la sentencia recurrida, el Tribunal General puntualizó, haciendo referencia a los correos electrónicos descritos en los considerandos 446, 450, 482 y 495 de la Decisión controvertida y en el considerando 797 de esta, que Lufthansa no se había limitado a comunicar información públicamente accesible a las partes en hipotéticos acuerdos de reserva de capacidad, sino que dicha compañía, por el contrario, había enviado a estas correos electrónicos colectivos, revelando de esta manera a todos los destinatarios la identidad de los transportistas implicados, así como el importe y el calendario del recargo por combustible que debían abonar con arreglo a esos hipotéticos acuerdos. Por otro lado, en el apartado
483 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, haciendo referencia a los considerandos 453 y 450 de la Decisión controvertida y a los anexos A.59 a A.61 de la demanda presentada en primera instancia, que SAS Cargo y otros ni siquiera alegaban que tales envíos colectivos fueran necesarios para la ejecución de esos hipotéticos acuerdos y los documentos obrantes en autos parecían demostrar que no era así. Por consiguiente, no queda acreditada la sustitución de motivos alegada, ya que las consideraciones formuladas por el Tribunal General en esos apartados
482 y 483 se vinculan con las apreciaciones que figuran en la Decisión controvertida y responden a la alegación que SAS Cargo y otros habían presentado al Tribunal General, de conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados
180 y 181 de la presente sentencia.
313    En sexto término, por lo que respecta a la argumentación expuesta en el apartado
294 de la presente sentencia, es necesario señalar, en primer lugar, que ciertamente, en el apartado
669 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la Comisión había concluido que SAS Cargo y otros estaban implicadas en dos de los tres componentes de la infracción única y continua, a saber, el recargo por combustible y el recargo por seguridad, y no que simplemente tuvieran un conocimiento demostrado o presunto de estos, pero que la Comisión no había considerado, sin embargo, que SAS Cargo y otros hubieran participado directamente en todas las actividades anticompetitivas comprendidas en esos componentes.
314    No obstante, el Tribunal General expuso a continuación, por un lado, en los apartados
670 a 676 de la sentencia recurrida, las razones por las que
—habida cuenta de los contactos que describe en ellos y del hecho de que SAS Cargo y otros no habían, por lo demás, demostrado que los correos electrónicos descritos en los considerandos 274, 279, 346, 411, 446, 450, 482 y 495 de la Decisión controvertida pudieran ser objeto de una explicación alternativa plausible de la coordinación del recargo por combustible— la Comisión podía concluir que los citados contactos podían ofrecer a SAS Cargo y otros un conocimiento suficiente de la coordinación entre Lufthansa y otros transportistas implicados. El Tribunal General además expuso, a este respecto, consideraciones formuladas a mayor abundamiento en los apartados
677 a 679 de la sentencia recurrida. Asimismo, el Tribunal General expuso, en los apartados
681 y 682 de esta sentencia, los motivos por los que la Comisión había considerado fundadamente que SAS Cargo y otros tenían el conocimiento suficiente exigido de los comportamientos relativos al recargo por combustible aplicado en los países terceros en los que estas empresas no tenían presencia.
315    Por otro lado, en los apartados
684 a 693 de la sentencia recurrida, el Tribunal General expuso los motivos por los que, a la vista de los elementos que figuran en la Decisión controvertida y de las alegaciones que SAS Cargo y otros le habían presentado, estas no podían reprochar a la Comisión haber concluido que tenían un conocimiento suficiente de los elementos del componente de la infracción única y continua relativo al recargo por seguridad en los que no habían participado directamente.
316    Por consiguiente, SAS Cargo y otros alegan de manera infundada, en esencia, mediante la sexta imputación de la presente parte del cuarto motivo de casación, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no comprobar si la Comisión había demostrado que estas empresas tenían conocimiento de las actividades contrarias a la competencia de los demás transportistas en las que ellas no habían participado directamente. Por otra parte, en la medida en que, mediante su argumentación, alegan que el Tribunal General no apreció correctamente el alcance de determinados contactos o correos electrónicos a los que él mismo se refirió, atribuyó un peso erróneo a determinados correos electrónicos o considerandos de la Decisión controvertida, que, a juicio de SAS Cargo y otros, no eran suficientemente concluyentes, en relación con otros, o no tuvo en cuenta determinadas pruebas supuestamente de descargo, SAS Cargo y otros están impugnando, en realidad, la apreciación de los hechos y de las pruebas que el Tribunal General realizó en esos apartados
669 a 693 de la sentencia recurrida. En consecuencia, la referida argumentación es, en esa medida, inadmisible, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado
72 de la presente sentencia.
317    En segundo lugar, las alegaciones de desnaturalización reprochadas al Tribunal General, relativas a los apartados
670, 678 y 679 de la sentencia recurrida, no responden a las exigencias de precisión que derivan de la jurisprudencia que figura en el apartado
108 de la presente sentencia. Por consiguiente, son inadmisibles.
318    En tercer lugar, habida cuenta de los elementos expuestos en los apartados
313 a 315 de la presente sentencia y de la jurisprudencia recordada en los apartados
84 y 85 de esta, la alegación de incumplimiento de la obligación de motivación, expuesta en el apartado
294 de la presente sentencia, es infundada.
319    En cuarto lugar, también es infundada la alegación de sustitución de motivos que el Tribunal General supuestamente realizó en los apartados
671, 672, 677 y 678 de la sentencia recurrida, habida cuenta de la jurisprudencia recordada en el apartado
180 de la presente sentencia, puesto que esos apartados se limitan a exponer elementos contenidos en la Decisión controvertida.
320    De las anteriores consideraciones se deduce que procede desestimar la tercera parte del cuarto motivo de casación por ser, en parte, inadmisible y, en parte, infundada.
321    Por consiguiente, procede desestimar el cuarto motivo de casación por ser, en parte, inadmisible, en parte, inoperante y, en parte, infundado.
Quinto motivo de casación, basado en errores de Derecho en el ejercicio, por el Tribunal General, de su competencia jurisdiccional plena
Alegaciones de las partes
322    SAS Cargo y otros alegan que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, lo que debería llevar al Tribunal de Justicia, en el supuesto de no anular íntegramente la multa como consecuencia de los cuatro primeros motivos de casación, a reducir el importe de esta.
323    En el apartado
940 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó, según SAS Cargo y otros, que, con el fin de garantizar la igualdad de trato entre los transportistas implicados, era necesario «reintegrar», en el valor de las ventas, el volumen de negocios obtenido por SAS Cargo y otros exclusivamente en las rutas domésticas. A este respecto, el Tribunal General reconoce, en el apartado
934 de esa sentencia, que ni las ahora recurrentes en casación ni la Comisión solicitaron una modificación de esa índole de la multa. No obstante, el Tribunal General, según SAS Cargo y otros, declaró, en el apartado
932 de la sentencia recurrida, que, de acuerdo con la respuesta de la Comisión a una pregunta que el propio Tribunal General había dirigido a esta, era «posible» que los demás transportistas no hubieran deducido sus volúmenes de negocios obtenidos en sus rutas domésticas a un solo país. Seguidamente, el Tribunal General estimó, en los apartados
935 a 937 y 939 de la misma sentencia, sin que este extremo se hubiera suscitado durante el procedimiento sustanciado ante él, que el tenor del artículo
1, apartado
1, de la Decisión controvertida y una solicitud de información dirigida a los transportistas indicaban que los volúmenes de negocios relativos a las rutas domésticas a un solo país deberían haberse incluido en el valor de las ventas. Seguidamente, el Tribunal General, según SAS Cargo y otros, parece suponer, en los apartados
938 y 939 de la sentencia recurrida, que los transportistas habían incluido esos volúmenes de negocios en el valor de sus ventas y, en consecuencia, concluyó, en el apartado
940 de esa misma sentencia, que la multa impuesta a SAS Cargo y otros era discriminatoria.
324    En primer término, al ajustar de este modo la multa de un modo que va más allá de las pretensiones de la demanda que se le había presentado, el Tribunal General vulneró, según SAS Cargo y otros, el principio ne ultra petita, cuyo alcance no se ve modificado por la competencia jurisdiccional plena del Tribunal General. Mediante sus pretensiones y su quinto motivo de anulación ante el Tribunal General, SAS Cargo y otros solicitaron una reducción del importe de la multa. Es más, en sus observaciones sobre la respuesta de 22 de abril de 2021, SAS Cargo y otros indicaron expresamente que el volumen de negocios relativo a las rutas domésticas no debía incluirse en el valor de las ventas a efectos del cálculo de cualquier nueva multa que el Tribunal General pudiera imponer en virtud de su competencia jurisdiccional plena. Del mismo modo, en respuesta a una pregunta del Tribunal General, la Comisión indicó inequívocamente, según SAS Cargo y otros, que si el Tribunal General decidiera ejercer su competencia jurisdiccional plena no debía tener en cuenta las ventas de SAS Cargo y otros realizadas en el seno de un único y mismo país del EEE. En estas circunstancias, SAS Cargo y otros consideran que el Tribunal General no era competente para plantear de oficio esta cuestión, toda vez que no se trataba de una cuestión de orden público.
325    En segundo término, consideran las recurrentes en casación que el Tribunal General infringió el derecho de SAS Cargo y otros a ser oídas y vulneró el principio de contradicción. A estas empresas nunca se les dio la posibilidad de impugnar la conclusión del Tribunal General de que la multa era discriminatoria, puesto que ninguna de las partes en el procedimiento había suscitado esta cuestión. Pues bien, aun suponiendo que el Tribunal General pudiera, de oficio, aumentar el importe de la multa, la empresa implicada debería como mínimo tener el mismo derecho a ser oída que el derecho que esta tiene cuando la Comisión trata de ajustar la multa durante el procedimiento administrativo o judicial, en particular con el fin de garantizar la plena igualdad de armas.
326    A este respecto, SAS Cargo y otros puntualizan que, ciertamente, el 28 de abril de 2021, la Secretaría del Tribunal General les invitó a comentar las respuestas de la Comisión a varias preguntas del Tribunal General, incluida la respuesta de 22 de abril de 2021. Sin embargo, esta respuesta afirmaba en términos inequívocos que el volumen de negocios generado por las ventas relativas a las rutas domésticas no debía incluirse en el valor de las ventas. Ellas mismas nunca fueron invitadas a responder a la pregunta del Tribunal General a este respecto y en ningún momento fueron informadas por el Tribunal General de su intención de aumentar la multa para incluir las ventas de las rutas domésticas, sobre la base del principio de igualdad de trato. En cualquier caso, incluso si la pregunta formulada a la Comisión se les hubiera planteado, tal cuestión habría sido demasiado imprecisa como para considerar que se había respetado su derecho a ser oídas.
327    En tercer término, según SAS Cargo y otros, el Tribunal General vulneró, en los apartados
932 y 939 de la sentencia recurrida, la presunción de inocencia y el principio de igualdad de trato en perjuicio de SAS Cargo y otros. A su entender, la Comisión indicó claramente, en su respuesta de 22 de abril de 2021, que no sabía si los demás transportistas habían incluido los volúmenes de negocios de las rutas domésticas. Además, señalan que algunos transportistas no operaron tales rutas, de modo que no pudieron verse desfavorecidos. El propio Tribunal General admite, en ese apartado
932, que la Comisión había declarado que era «posible» que los demás transportistas hubieran excluido los volúmenes de negocios obtenidos en las rutas domésticas.
328    Al obrar así, el Tribunal General también incurrió, según SAS Cargo y otros, en un error de Derecho al basarse en una prueba hipotética. Habida cuenta de la existencia de una duda sobre si los demás transportistas incluían sus rutas domésticas, las recurrentes en casación estiman que el Tribunal General tendría que haberse pronunciado, conforme a la jurisprudencia del juez de la Unión, en favor de SAS Cargo y otros. Los elementos señalados por el Tribunal General en los apartados
935 y 937 de la sentencia recurrida carecen de pertinencia a este respecto, ya que estos elementos no permiten determinar si los demás transportistas incluyeron o excluyeron los volúmenes de negocios obtenidos en las rutas domésticas de sus volúmenes de negocios comunicados a la Comisión. El Tribunal General nunca examinó los datos de estos y la Comisión nunca confirmó esta inclusión. De este modo, los citados elementos no permiten, según SAS Cargo y otros, demostrar la existencia de una discriminación ni garantizar que la sentencia recurrida no sea en sí misma discriminatoria. A juicio de estas, el apartado
938 de la citada sentencia es, por otra parte, ilógico, ya que la solicitud de SAS Cargo y otros a la que este se refiere derivaba de que la solicitud de información de la Comisión era equívoca. En cuanto al apartado
939 de la sentencia recurrida, no se basa en ninguna base fáctica y desnaturaliza la respuesta de 22 de abril de 2021.
329    En cuarto término, en los apartados
934 y 940 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incumplió, según las recurrentes en casación, su obligación de motivación al no responder a las observaciones de SAS Cargo y otros según las cuales, por un lado, no se encontraban en una situación similar a la de los demás transportistas, puesto que solo ellas habían solicitado a la Comisión que excluyera las rutas domésticas, y, por otro lado, no había existido comportamiento ilícito en las rutas domésticas, ya que las acciones de estas empresas en los mercados escandinavos de cabotaje solo se vieron influidas por su coordinación lícita con Lufthansa.
330    Por consiguiente, estiman que el Tribunal de Justicia debería anular la inclusión por el Tribunal General de las ventas relativas a las rutas domésticas en el volumen de negocios tomado en consideración para el cálculo de la multa de las ahora recurrentes en casación y, correlativamente, reducir la multa.
331    La Comisión señala que, durante el procedimiento administrativo, había instado a SAS Cargo y otros a comunicarle sus volúmenes de negocios y que estas le solicitaron que excluyera el volumen de negocios relativo a las rutas en el interior de un solo Estado miembro, cosa que la Comisión aceptó, como indicó en su respuesta al Tribunal General de 22 de abril de 2021. La Comisión indica haber explicado al Tribunal General que, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desarrollada desde la adopción de la Decisión inicial, tendría que haber incluido ese volumen de negocios en el valor de las ventas. Añade que puntualizó que era difícil determinar si otros transportistas habían incluido este tipo de volúmenes de negocios en los datos que le habían comunicado y que, por consiguiente, en aras de la equidad, había propuesto al Tribunal General no integrarlo a efectos del cálculo de la multa de las ahora recurrentes en casación. El Tribunal General no atendió esta propuesta. Sin embargo, para la Comisión este quinto motivo de casación es infundado.
332    En primer lugar, señala la Comisión que, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, el Tribunal General está facultado para sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia y, en consecuencia, para suprimir, reducir o aumentar la multa impuesta. Además, el juez de la Unión puede reformar el acto impugnado incluso si no se anula, con el fin de suprimir, reducir o incrementar la multa impuesta, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes. El hecho de que la Comisión hubiera excluido del valor de las ventas de SAS Cargo y otros el volumen de negocios obtenido en las rutas dentro de un solo Estado miembro constituyó una de esas circunstancias. Si la posición de SAS Cargo y otros fuera atendida, esto haría imposible cualquier incremento de la multa, puesto que una parte demandante jamás pediría ese incremento y, por lo tanto, tendría derecho de veto sobre esta. De este modo, dado que la competencia jurisdiccional plena del Tribunal General no está limitada a las alegaciones de la parte demandante, esta daría preferencia al principio ne ultra petita.
333    En segundo lugar, la Comisión considera que tampoco hubo vulneración del derecho de SAS Cargo y otros a ser oídas. El Tribunal General sí que dio a estas empresas la posibilidad de presentar sus observaciones sobre este aspecto específico del cálculo de los volúmenes de negocios, ya que la Comisión había abordado expresamente este punto en su respuesta de 22 de abril de 2021. Para la Comisión, la circunstancia de que no se instara a estas a responder específicamente a la pregunta del Tribunal General carece de pertinencia.
334    En tercer lugar, en esa fase de la motivación de la sentencia recurrida, el Tribunal General ya había examinado en profundidad los hechos del presente asunto y había declarado la responsabilidad de SAS Cargo y otros por una infracción del Derecho de la competencia. Por consiguiente, estas empresas ya no pueden beneficiarse de la presunción de inocencia en la fase de cálculo del importe de la multa.
335    En cuarto lugar, la Comisión estima que el Tribunal General declaró, en el apartado
936 de la sentencia recurrida, que todos los volúmenes de negocios directa o indirectamente relacionados con la infracción única y continua debían integrarse en el valor de las ventas, incluso si se referían a rutas nacionales. Solo existiría una vulneración del principio de igualdad de trato si otras personas que se encontrasen en la misma situación que SAS Cargo y otros hubieran sido tratadas de forma diferente. A juicio de la Comisión, corresponde a estas últimas demostrarlo, cosa que no hicieron, ya que SAS Cargo y otros se limitaron a prejuzgar que así había podido ocurrir.
336    En quinto y último lugar, añade la Comisión que, habida cuenta de la jurisprudencia relativa al alcance de la obligación de motivación del Tribunal General, este respondió de modo suficiente a las alegaciones que SAS Cargo y otros le habían presentado en relación con la comparabilidad de su situación con la de otros transportistas, remitiéndose la Comisión, a este respecto, a los apartados
765, 766 y 936 de la sentencia recurrida.
Apreciación del Tribunal de Justicia
337    Dado que SAS Cargo y otros critican, en esencia, mediante el presente motivo de casación, los apartados
931 a 940 de la sentencia recurrida, es necesario señalar que, en el apartado
931 de la sentencia recurrida, el Tribunal General puso de manifiesto que de las respuestas de la Comisión a una pregunta escrita que este le había dirigido se desprendía que el total del valor de las ventas que la Comisión había tenido en cuenta para calcular la multa impuesta a SAS Cargo y otros excluía el volumen de negocios obtenido por SAS Cargo y otros exclusivamente en las rutas domésticas.
338    En el apartado
932 de esta sentencia, el Tribunal General indicó que, al ser interrogada sobre la compatibilidad de esa exclusión con el principio de igualdad de trato y el punto
13 de las Directrices de 2006, la Comisión había señalado, por un lado, que, según la jurisprudencia posterior a la Decisión inicial, esos ingresos excluidos se referían efectivamente a ventas realizadas en relación directa o indirecta con la infracción en el sentido de ese punto 13, y, por otro lado, que «era posible que tales “ventas domésticas” no se hubieran deducido del valor de las ventas aplicado a otros transportistas implicados, en la medida en que no había instado a estos últimos a hacerlo, durante el procedimiento administrativo, cuando les preguntó sobre su volumen de negocios a los efectos del cálculo del importe de la multa, y en que dichos transportistas, a excepción de [SAS Cargo y otros], no habían mencionado en sus respuestas su decisión de excluir las referidas “ventas domésticas”».
339    El Tribunal General añadió, en el apartado
933 de esa sentencia, que, sin embargo, la Comisión estimaba que el Tribunal General no debía tener en cuenta el volumen de negocios obtenido por SAS Cargo y otros en las rutas domésticas en el marco del ejercicio, en su caso, de su competencia jurisdiccional plena, dado que la multa impuesta a las demandantes seguía siendo adecuada y proporcionada, incluso omitiendo este volumen de negocios. El Tribunal General agregó que, según la Comisión, los demás transportistas implicados que posiblemente hubieran incluido tales ventas domésticas en los volúmenes de negocios comunicados a la Comisión durante el procedimiento administrativo no pueden beneficiarse de una ilegalidad cometida en favor de un tercero.
340    En el apartado
934 de la misma sentencia, el Tribunal General señaló que, tras ser instadas a pronunciarse sobre las respuestas de la Comisión, SAS Cargo y otros alegaron, a semejanza de la Comisión, que no procedía reintegrar en el valor de sus ventas los volúmenes de negocios que habían obtenido en las rutas domésticas.
341    En el apartado
935 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, no obstante, que del tenor del artículo
1, apartado
1, de la Decisión controvertida podía deducirse que este se refiere a los comportamientos que se producen tanto en las rutas entre Estados miembros o partes contratantes del Acuerdo EEE como en las rutas operadas en el interior de un único Estado miembro o de una sola parte contratante.
342    En el apartado 936 de dicha sentencia, el Tribunal General estimó que, en esas circunstancias, el volumen de negocios obtenido por los transportistas implicados en las rutas operadas en el interior de un único Estado miembro o de una sola parte contratante estaba evidentemente comprendido en el ámbito de aplicación de la infracción única y continua y que no se haría una justa apreciación de la importancia económica de esta y del papel desempeñado por cada transportista implicado a este respecto si no se tuviera en cuenta este volumen de negocios a los efectos del cálculo del importe de la multa.
343    En el apartado 937 de la citada sentencia, el Tribunal General agregó que, asimismo, las peticiones de información que la Comisión había dirigido a los transportistas implicados durante el procedimiento administrativo y mediante las cuales pretendía averiguar, en particular, su volumen de negocios en las rutas intra-EEE se referían a las «rutas en las que los aeropuertos de origen y de destino estén ambos situados en el interior del EEE», sin precisar que estas rutas tuvieran que ser transfronterizas. Del mismo modo, el Tribunal General puntualizó que, en la Decisión controvertida, la Comisión indicaba en su considerando 1197, en cuanto al valor de las ventas, que el «volumen de negocios [intra-EEE se] obtuvo en el seno de [dieciocho de los veintiocho] países que eran partes contratantes del Acuerdo EEE en ese momento» y que el «volumen de negocios [Unión-Suiza se] obtuvo en las rutas entre [quince de los veinticinco] Estados miembros de la época y Suiza». El Tribunal General estimó posteriormente que el empleo de las palabras «en el seno de» en un caso y de la palabra «entre» en el otro ponía de manifiesto la intención de la Comisión, en el primer caso, de no distinguir entre las rutas interiores y las rutas transfronterizas, ya que de lo contrario habría indicado que el volumen de negocios intra-EEE se generaba en las rutas «entre» las partes contratantes.
344    En el apartado
938 de la misma sentencia, el Tribunal General consideró que esta interpretación reflejaba la intención de la Comisión según la entendieron los transportistas implicados. Añadió que lo anterior quedaba corroborado por el hecho de que SAS Cargo y otros habían afirmado expresamente, durante el procedimiento administrativo, que las ventas realizadas en las rutas domésticas debían excluirse del valor de sus ventas en las rutas intra-EEE, puesto que esta petición de exclusión de las rutas domésticas solo tenía sentido si, en principio, se admitía que las rutas intra-EEE las incluían.
345    En el apartado
939 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que de ello se desprendía que el volumen de negocios obtenido por los transportistas implicados en las rutas intra-EEE en el seno de una única parte contratante «no se [había] inclu[ido] en el valor de las ventas, como sost[enía] la Comisión, por inadvertencia», pero que ese volumen de negocios figuraba entre los elementos solicitados por la Comisión durante el procedimiento administrativo, estaba incluido en el valor de las ventas utilizado por la Comisión en la Decisión controvertida sobre la base del método que dicha institución siguió y reflejaba el ámbito geográfico de la infracción única y continua, tal como se desprendía del artículo 1, apartado 1, de la Decisión controvertida.
346    Por último, en el apartado
940 de la referida sentencia, el Tribunal General añadió que, por consiguiente, también con el fin de garantizar la igualdad de trato entre los transportistas implicados que habían interpuesto recursos contra la Decisión controvertida, el Tribunal General debía reintegrar, en el valor de las ventas que sirvió de base para el cálculo de la multa impuesta a SAS Cargo y otros, el volumen de negocios obtenido por estas empresas en las rutas domésticas, que ascendía a 7 991 282 euros.
347    Al pronunciarse de este modo, el Tribunal General vició la sentencia recurrida, según sostienen SAS Cargo y otros, de varios errores de Derecho. En efecto, en primer término, en ese apartado
939, el Tribunal General no solo contradijo su propia presentación de la respuesta de 22 de abril de 2021, que había expuesto en el apartado
932 de la sentencia recurrida, sino que también desnaturalizó esa respuesta al estimar que, en ella, la Comisión se había limitado a indicar que el volumen de negocios obtenido por los transportistas implicados en las rutas intra-EEE en el seno de una misma y única parte contratante no se había integrado en el valor de las ventas por inadvertencia, mientras que de la esencia de esa respuesta, que SAS Cargo y otros adjuntaron a su recurso de casación, se desprendía manifiestamente que la postura de la Comisión era más matizada y no podía razonablemente sostener la interpretación que el Tribunal General hizo de ella en el referido apartado 939.
348    Efectivamente, en el apartado
4 de esa misma respuesta, la Comisión había presentado, para empezar, la no inclusión del volumen de negocios eventualmente obtenido por otros destinatarios de la Decisión controvertida en las rutas operadas en el interior de un solo Estado miembro o de una sola parte contratante no ya como una certeza, sino como una simple posibilidad («the Commission may inadvertently not have deducted sales within one and the same EEA country when calculating the fines of certain other addresse[e]s of the 2017 Decision»).
349    Además, la Comisión había indicado que esta posible no inclusión, incluso si se debió a una inadvertencia, se explicaba por dos motivos. Se trataba, por un lado, del hecho de que, en su solicitud de información de 26 de enero de 2009, la Comisión no había indicado específicamente si los transportistas implicados debían incluir o excluir las ventas de servicios de transporte de mercancías en las rutas operadas dentro de un solo Estado miembro o de una sola parte contratante de sus volúmenes de negocios obtenidos en 2005 en las rutas entre los aeropuertos de dieciocho o veintiocho Estados
—dependiendo del período— que componen el EEE. Se trataba, por otro lado, del hecho de que, en sus respuestas a esta solicitud de información, los transportistas que indicaron haber obtenido en 2005 un volumen de negocios en relación con las rutas entre los aeropuertos de los dieciocho o veintiocho Estados
—dependiendo del período— que componen el EEE, no habían indicado, a excepción de SAS Cargo y otros, si habían incluido o excluido de su volumen de negocios las ventas de servicios de transporte de mercancías obtenidas en las rutas operadas en el interior de un único Estado integrante del EEE.
350    De lo anterior, la Comisión había deducido, en el apartado
5 de la respuesta de 22 de abril de 2021, que, para conciliar los principios de legalidad y de igualdad de trato, el Tribunal General no debía tener en cuenta el volumen de negocios obtenido por SAS Cargo y otros en esas rutas domésticas si este decidía ejercer su competencia jurisdiccional plena, explicando a este respecto, por una parte, que, a pesar de esta no inclusión, la multa impuesta a SAS Cargo y otros seguía siendo adecuada y proporcionada y que, por otra parte, incluso si otros transportistas hubieran posiblemente incluido las ventas realizadas en las rutas operadas en el interior de un único Estado integrante del EEE, no podían invocar en su provecho un error que supuestamente cometió la Comisión al calcular la multa de SAS Cargo y otros.
351    En segundo término, al estimar, además, en el apartado
938 de la sentencia recurrida, que podía basarse en «la intención de la Comisión según la entendieron los transportistas implicados» y al considerar que su posición la corroboraba el hecho de que SAS Cargo y otros hubieran sostenido que las ventas realizadas en las rutas domésticas debían excluirse del valor de las ventas realizadas en las rutas intra-EEE, el Tribunal General también rebasó manifiestamente, en ese apartado, los límites de una apreciación razonable de los elementos que se le habían presentado. En efecto, por un lado, esta supuesta intención de la Comisión, que el Tribunal General consideró poder sustentar en la utilización por la Comisión, en el considerando 1197 de la Decisión controvertida, de las expresiones «en el seno de» y «entre», que cuando menos son equívocas en cuanto a si el valor de las ventas realizadas en las rutas domésticas debía excluirse del valor de las ventas realizadas en las rutas intra-EEE, se veía directamente contradicha por la postura expresada por esa institución en su respuesta al Tribunal General de 21 de abril de 2021. Por otro lado, como alegaron SAS Cargo y otros, su posición en cuanto a la exclusión de esas ventas del volumen de negocios pertinente podía derivar del hecho de que la solicitud de información de la Comisión era equívoca. Pues bien, la propia Comisión había admitido esta circunstancia en esa respuesta.
352    De estos elementos se infiere, en tercer término y como aducen SAS Cargo y otros, que el Tribunal General también incurrió en error de Derecho, en el apartado
940 de la sentencia recurrida, al basar en elementos considerados válidos su decisión de reintegrar en el valor de las ventas que sirvieron de base para el cálculo de la multa impuesta a SAS Cargo y otros el volumen de negocios obtenido por estas en las rutas domésticas, con el propósito de garantizar la igualdad de trato entre los transportistas que habían solicitado la anulación de la Decisión controvertida. Efectivamente, como se desprende de los apartados
347 a 351 de la presente sentencia, los elementos que se habían presentado al Tribunal General no demostraban en modo alguno que, a diferencia de lo que ocurrió con SAS Cargo y otros, el conjunto de los transportistas implicados y que impugnaron la Decisión controvertida hubieran visto que sus volúmenes de negocios eventualmente obtenidos en rutas operadas en el interior de un único Estado integrante del EEE fueran integrados en el valor de sus ventas que habían servido de base para el cálculo de sus multas. Por lo tanto, el Tribunal General no disponía de elementos que le permitieran comprobar con certeza una vulneración de la igualdad de trato que le habría correspondido rectificar.
353    De cuanto antecede se deduce que las alegaciones expuestas en los apartados
327 y 328 de la presente sentencia son fundadas. En consecuencia, procede estimar el quinto motivo de casación y anular la sentencia recurrida en la medida en que fija, en el punto
4 de su fallo, el importe de la multa impuesta a SAS Cargo y otros sobre la base de un volumen de negocios que integra las ventas de servicios de transporte de mercancías que estas empresas realizaron durante el año 2005 exclusivamente en las rutas domésticas, sin que sea necesario examinar las demás alegaciones formuladas en apoyo de este motivo.
Sobre el recurso ante el Tribunal General
354    De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En tal caso, el Tribunal de Justicia puede o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
355    En el asunto que nos ocupa, habida cuenta, en particular, de que el recurso de SAS Cargo y otros ante el Tribunal General se basó en motivos que fueron objeto de debate contradictorio ante este último y cuyo análisis no requiere la adopción de ninguna diligencia adicional de ordenación del procedimiento o instrucción de los autos, el Tribunal de Justicia estima que procede resolver definitivamente sobre el recurso, pues su estado así lo permite, dentro del límite del litigio del que sigue conociendo (véase, por analogía, la sentencia de 4 de marzo de 2021, Comisión/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, apartado 108 y jurisprudencia citada).
356    En efecto, habida cuenta de la desestimación por el Tribunal de Justicia del recurso de casación interpuesto por SAS Cargo y otros en la medida en que, mediante este, dichas empresas impugnaban la sentencia recurrida por desestimar esta sus pretensiones de anulación de la Decisión controvertida, el recurso en el asunto T‑324/17 solo subsiste en la medida en que se refiere al ejercicio, por el Tribunal General, de su competencia jurisdiccional plena. Además, teniendo en cuenta la anulación parcial de la sentencia recurrida a este respecto y el hecho de que, mediante su recurso de casación, SAS Cargo y otros solo cuestionaron el ejercicio, por el Tribunal General, de su competencia jurisdiccional plena en lo que afecta a la reintegración, en el volumen de negocios que sirvió de base para el cálculo de la multa de estas empresas, del valor de sus ventas de servicios de transporte de mercancías obtenidos en las rutas domésticas, únicamente queda por examinar la alegación de SAS Cargo y otros según la cual este volumen de negocios no debe integrarse en aquel volumen de negocios que sirvió de base para el cálculo de la multa.
357    Pues bien, de la motivación expuesta en los apartados
347 a 352 de la presente sentencia se desprende que no debe llevarse a cabo tal integración.
358    En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que procede únicamente volver a examinar la integración que fue efectuada por el Tribunal General. A este respecto, habida cuenta, por una lado, de la elección del Tribunal General de utilizar el método de cálculo de las multas aplicado por la Comisión en la Decisión controvertida, el cual sigue la metodología expuesta en las Directrices de 2006, sin que este extremo haya sido impugnado en casación, y habida cuenta, por otro lado, de la necesidad de garantizar la igualdad de trato de los transportistas sancionados por aquella Decisión y de rectificar los errores materiales que hubieran viciado los cálculos del Tribunal General, es oportuno fijar el importe de la multa impuesta a SAS Consortium en 4 744 224 euros, el de la multa impuesta a SAS Cargo y SAS Consortium, conjunta y solidariamente, en 4 069 120 euros, el de la multa impuesta a SAS Cargo y otros, conjunta y solidariamente, en 4 365 056 euros, el de la multa impuesta a SAS Cargo y SAS, conjunta y solidariamente, en 27 730 944 euros y el de la multa impuesta a SAS Cargo en 21 974 880 euros.
Costas
359    En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y él mismo resuelva definitivamente el litigio.
360    De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
361    Con arreglo al artículo 138, apartado 3, del referido Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas.
362    En el presente asunto, al haber sido estimadas parcialmente, de modo respectivo, las pretensiones de SAS Cargo y otros y de la Comisión y al haber solicitado la condena en costas de la otra parte, tanto SAS Cargo y otros como la Comisión cargarán con sus propias costas correspondientes al procedimiento de primera instancia y al recurso de casación.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:
1)      Anular los puntos 4, 6 y 7 del fallo de la sentencia del Tribunal General de 30 de marzo de 2022, SAS Cargo Group y otros/Comisión (T‑324/17, EU:T:2022:175).
2)      Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.
3)      Fijar el importe de la multa impuesta a Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden en 4 744 224 euros, el de la multa impuesta a SAS Cargo Group A/S y a Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, conjunta y solidariamente, en 4 069 120 euros, el de la multa impuesta a SAS Cargo Group, a Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden y a SAS AB, conjunta y solidariamente, en 4 365 056 euros, el de la multa impuesta a SAS Cargo Group y a SAS, conjunta y solidariamente, en 27 730 944 euros y el de la multa impuesta a SAS Cargo Group en 21 974 880 euros.
4)      SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SAS AB y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas correspondientes al procedimiento de primera instancia y al recurso de casación.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: inglés.