61964C0021
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. KARL ROEMER
presentadas el 2 de febrero de 1965 (
*1
)
Índice
Introducción (antecedentes de hecho, pretensiones de las partes)
Apreciación jurídica
I. Motivos dirigidos directamente contra la Decisión no 64
1. Motivación insuficiente
2. Infracción de normas del procedimiento
3. Motivos dirigidos contra el fondo de la Decisión no 64
a) Condonación de los recargos por retrasos durante la entrevista de 21 de abril de 1960
b) Infracción del artículo 6 de la Decisión no 3/52
II. Motivos dirigidos contra la Decisión no 59
III. Motivos dirigidos contra las Decisiones generales en materia de exacción
1. Decisiones generales en las que se funda la Decisión no 59
2. Decisiones generales que regulan la exacción durante el período posterior al mes de octubre de 1958
3. Decisiones generales relativas a la fijación de los recargos por retrasos
a) Infracción del artículo 36 y del apartado 3 del artículo 50 del Tratado
b) Dictamen del Consejo de Ministros
IV. Petición de reducción de los recargos por retrasos
III. Resumen y conclusión
Señor Presidente,
Señores Jueces,
El presente recurso constituye la continuación del asunto 1/63, por lo que me permito renunciar a exponer detalladamente los antecedentes de hecho bien conocidos por este Tribunal de Justicia.
Como es sabido, durante muchos años la parte demandante, que es una empresa a los efectos del Tratado CECA, no cumplió su obligación de pagar la exacción general. En 1959, esta omisión condujo a que la Alta Autoridad adoptase una primera Decisión ejecutiva a la que en lo sucesivo denominaré Decisión no 59; mediante la misma se emplazó a la empresa Macchiorlati para que abonase las cantidades debidas en concepto de exacción hasta el 5 de noviembre de 1958, o sea 16.060.945 LIT, suma a la que se añadieron los recargos por retrasos aplicados hasta dicha fecha, o sea 5.480.598 LIT. Al mismo tiempo, esta Decisión dispuso que, para cada mes de retraso, a partir del 5 de noviembre de 1958, la empresa Macchiorlati estaba obligada a abonar los recargos por retrasos que se elevan al 1 % de la exacción debida. Dicha Decisión fue objeto de un recurso de anulación en el asunto 22/59, recurso que empero no finalizó en una sentencia si no en un desestimiento. En efecto, durante el procedimiento, tuvieron lugar transacciones entre las partes con vistas a resolver este litigio mediante una solución extrajudicial. Se discute su contenido preciso. Sin embargo, lo que es seguro es que se llegó al acuerdo de que la deuda principal sería objeto de pagos escalonados y, que globalmente, se respetó este acuerdo. En cuanto a los recargos por retrasos, fue objeto posteriormente de un intercambio de correspondencia entre la parte demandante y la Alta Autoridad; llegándose a una reducción de los recargos por retrasos debidos para el período comprendido entre enero de 1953 y diciembre de 1960, en la medida en que los mismos excediesen de la cantidad de 7.000.000 de LIT. Al ser la parte demandante deudora de este saldo, la Alta Autoridad exigió el pago mediante la Decisión de 14 de noviembre de 1962 (en lo sucesivo, «Decisión no 62»). Su legalidad fue objeto del recurso 1/63. Este recurso condujo a la anulación de la Decisión impugnada (sentencia de 16 de diciembre de 1963). Según el Tribunal de Justicia, la intimación de pago no estaba suficientemente motivada.
Después de la anulación de la Decisión no 62, la Alta Autoridad, según dice, examinó nuevamente la situación de la empresa Macchiorlati. El 4 de febrero de 1964, dirigió un escrito a la empresa instándole a presentar sus observaciones con arreglo al artículo 36 del Tratado. Las mismas fueron presentadas el 18 de febrero de 1964. La parte demandante invocó esencialmente un supuesto acuerdo celebrado entre ella misma y la Alta Autoridad el 21 de abril de 1960 y alegó que, por este hecho, tenía derecho a una condonación total de los recargos por retrasos.
Seguidamente, la Alta Autoridad adoptó el 8 de abril de 1964 una nueva Decisión (en lo sucesivo, «Decisión no 64») que nuevamente obligaba a la empresa Macchiorlati a abonar, dentro de los treinta días de su notificación, la cantidad de 7.000.000 de LIT en concepto de recargos por el retraso en el pago de las cantidades debidas en concepto de exacción. Esta Decisión constituye el objeto del presente recurso.
La parte demandante solicita a este Tribunal de Justicia que:
1)
Anule la Decisión de 8 de abril de 1964.
2)
Con carácter subsidiario:
Después de haber anulado la Decisión impugnada, declare que deben ser suprimidos los recargos reclamados por retrasos.
3)
Y con carácter subsidiario de segundo grado:
Modifique la Decisión impugnada y reduzca los recargos por retrasos a una cantidad equitativa.
Por su parte, la Alta Autoridad solicita que se desestimen todas las pretensiones de la parte demandante, de las que considera que no pueden ser admitidas o que carecen de fundamento. En la medida en que la demandante presentó sus pretensiones con carácter subsidiario en el marco del recurso de plena jurisdicción, la Alta Autoridad solicita que se desestimen las mismas por carecer de pertinencia.
Apreciación jurídica
Un aspecto característico de este asunto consiste en que, en lo esencial, la apreciación jurídica se referirá a los mismos problemas planteados en el asunto 1/63. Ello se debe a que, en aquel momento, el Tribunal de Justicia, al que se le habían sometido varios motivos de recurso, sólo examinó uno de ellos que, por lo demás, no era el más importante, mientras que las cuestiones de fondo quedaron sin respuesta. Presento estas observaciones al inicio de mis conclusiones porque esto significa al mismo tiempo que mantengo los razonamientos principales que presenté sobre el fondo del asunto 1/63.
Evidentemente, ello no quiere decir que voy a desdeñar los nuevos aspectos del asunto actual o que no los examinaré de forma objetiva.
Al igual que en el asunto 1/63, en primer lugar examinaré los motivos dirigidos directamente contra la Decisión impugnada. Sólo posteriormente examinaré los motivos dirigidos contra otras Decisiones individuales y generales; durante esta segunda fase del examen se plantearán especialmente las cuestiones de admisibilidad conocidas en el asunto 1/63.
I. Motivos dirigidos directamente contra la Decisión no 64
1. Motivación insuficiente
También el recurso actual en primer lugar invoca los vicios sustanciales de forma, pero esta vez la demandante no censura la exposición de motivos de la Decisión porque sea insuficiente en la explicación de las diferentes comprobaciones, sino que critica el carácter contradictorio y absurdo de los fundamentos y completa su argumentación refiriéndose a la inexistencia de una adopción de postura en la Decisión sobre la petición de condonación presentada el 18 de febrero de 1964.
Este último motivo carece sin duda de fundamento. El escrito de la parte demandante esencialmente trata de tres aspectos: en los fundamentos de su Decisión, la Alta Autoridad adoptó postura respecto a dos de ellos con la misma exigüidad con la que la demandante expuso su argumento; se trata de la supuesta condonación de los recargos por retrasos durante la entrevista de 21 de abril de 1960 y de la especial situación económica y administrativa de la empresa demandante. Como la parte demandante se refirió en términos muy generales a sus alegaciones en el asunto 1/63, debe decirse que sería mucho exigir a la Alta Autoridad, que para cumplir con su obligación de motivar, respondiese a una remisión tan general mediante una argumentación detallada sobre el contenido del asunto 1/63, dando a la exposición de motivos la forma de un escrito procesal. Por tanto, no es posible invocar que la Decisión no 64 esté insuficiente o incompletamente motivada.
Tampoco me parece bien fundado alegar que los fundamentos de la Decisión sean contradictorios y absurdos, ésta es una crítica que la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia (véase el asunto 24/62↔, Rec. 1963, pp. 123 y ss., especialmente pp. 155 y ss.) probablemente permitiría tratar desde el enfoque de los vicios sustanciales de forma. En todo caso, los fundamentos de la Decisión permiten comprobar que la parte demandante no se ha atrasado en ocho años en el pago de la cantidad global indicada. Simplemente se le critica no haber cumplido hasta 1960 con ninguna de sus obligaciones de pago de exacciones que le correspondían desde 1953 de acuerdo con su producción mensual. Además, no es «absurdo» que en los fundamentos de la Decisión se precisara en relación con la entrevista de 21 de abril de 1960 que se había llegado a un acuerdo para el pago en mensualidades de la deuda principal, respecto a las exacciones que se devengarían hasta diciembre de 1960, puesto que en abril de 1960 las cantidades de producción entonces conocidas permitían efectuar determinadas previsiones sobre el importe de obligaciones futuras en materia de exacciones. Finalmente, tampoco es incomprensible que la Alta Autoridad decidiera conceder una condonación parcial de los recargos por retrasos y no una condonación total. La condonación parcial fue decidida en junio de 1962, después del pago de los retrasos de la deuda principal, en razón de que la demandante había cumplido globalmente con el plan de pago fijado en el acuerdo de 21 de abril de 1960. La condonación total no se concedió en aquel momento porque, hasta 1960, y a pesar de repetidos requerimientos, la demandante omitió todo pago y porque, aún después de esta fecha e independientemente del hecho de que respetara el mencionado plan de pago, es evidente que la misma no cumplió correctamente las obligaciones que se derivaban de las Decisiones generales relativas a las exacciones. En mi opinión, los fundamentos de la Decisión demuestran claramente que por esta razón la Alta Autoridad sólo hizo gala de una indulgencia restringida.
De esta manera, la imputación de que los fundamentos de la Decisión son contradictorios y «absurdos» tampoco resulta convincente, por lo que debe desestimarse globalmente el motivo relativo a la motivación insuficiente.
2.
La parte demandante imputa a la Alta Autoridad haber incurrido en un vicio de procedimiento, porque el 18 de febrero de 1964, inmediatamente después de haber recibido las observaciones de la demandante, adoptó una Decisión ejecutiva sin haber efectuado una declaración previa y no vinculante sobre dichas observaciones.
Está claro que, de acuerdo con el texto del Tratado, esta imputación carece de fundamento. La única obligación que impone el artículo 36 del Tratado a la Alta Autoridad es la de ofrecer a los interesados la posibilidad de formular sus observaciones antes de imponer sanciones pecuniarias o de fijar multas coercitivas. Una vez cumplida esta obligación, nada se opone a que la Alta Autoridad adopte inmediatamente una decisión ejecutiva siempre que los hechos permitan pensar que no es imprescindible proceder, en un procedimiento administrativo, a una investigación complementaria sobre los puntos litigiosos, con la ayuda de los interesados. Ahora bien, como en este asunto las observaciones de la parte demandante no han aportado hecho nuevo alguno para apreciar su caso, no puede censurarse a la Alta Autoridad la forma en la que ha procedido.
3.
La parte demandante invoca dos motivos contra el contenido de la Decisión de los que ya me ocupé en el asunto 1/63.
a)
En primer lugar, critica a la Alta Autoridad por haber cometido una desviación de poder al mantener la exigencia del pago de recargos por retrasos, cuando durante la entrevista de 21 de abril de 1960, le había asegurado a la demandante que se iban a condonar dichos recargos.
Sobre este extremo, el asunto no presenta aspectos nuevos en relación con los del asunto 1/63; por consiguiente, me remito en lo esencial a mis conclusiones en dicho asunto. Sigo estando convencido de que los funcionarios de la Alta Autoridad que participaron en la entrevista de que se trata no eran competentes para conceder una condonación de los recargos por retrasos, ni para comprometerse seriamente a este respecto. Tal acto está en principio reservado a la propia Alta Autoridad. Especialmente, no está permitido que el poder otorgado a un mandatario ad litem de la Alta Autoridad sea considerado como una delegación de competencia para conceder una condonación, puesto que el mandato sólo habilita a defender los derechos y no a renunciar a ellos. Por esta razón, no me parece que en este asunto sea necesario proceder al examen de testigos sobre el contenido de la entrevista de 21 de abril de 1960. Además, los documentos presentados que se examinaron detalladamente en el asunto 1/63 (correspondencia entre la parte demandante y la Alta Autoridad) permiten concluir en este sentido. Su lectura nos revela que la parte demandante abandonó rápidamente la afirmación enunciada en su primer escrito de 30 de abril de 1960 por el que la Alta Autoridad había renunciado a la percepción de los recargos por retrasos y que, posteriormente, se limitó a solicitar una decisión equitativa invocando su buen comportamiento posterior en el pago de las exacciones y las dificultades económicas de su empresa. Ademas, estos documentos demuestran que la parte demandante evidentemente tuvo dificultades para aportar pruebas en apoyo de su alegación principal en el asunto 22/59, que se refería a la evaluación de su producción en un período determinado del año 1958 y que, a fin de cuentas, es ese motivo, entre otros, lo que la decidió a desistir de su recurso. Finalmente, no se ve bien por qué razón, al apreciar así los hechos, sería incomprensible que la parte demandante se hubiera prestado a transacciones, puesto que la única posibilidad de pagar la totalidad de sus deudas de exacciones en mensualidades, y no mediante el pago único de una cantidad que era totalmente exigible, constituye una ventaja para la parte demandante en el sentido de una verdadera transacción, tal como expuse en el asunto 1/63.
Debido a ello, continúa pareciéndome imposible anular la Decisión impugnada a causa de una promesa vinculante de condonación de los recargos por retrasos.
b)
Siempre en lo que atañe a la Decisión no 64, la parte demandante afirma que la misma infringe el artículo 6 de la Decisión general no 3/52, debido a que la Alta Autoridad habría redondeado el importe de los recargos por retrasos hacia arriba, sobrepasando así el tipo admisible del 1 %.
En este aspecto, la Alta Autoridad ante todo ha probado que la cantidad redondeada citada por la demandante (recargos por retrasos devengados en enero de 1960) se debe a un error de transcripción que en nada modifica el cálculo global. Además, para el cálculo de cada recargo por retraso, los importes se redondearon tanto hacia arriba como hacia abajo y únicamente por fracciones de LIT, de manera que la deuda global de la demandante se aumentó en 0,83 LIT. Esta afirmación de la Alta Autoridad, nunca discutida, en realidad demuestra que, dado el importe global de la deuda, no existe una infracción que pueda justificar el reconocimiento de un interés grave. Por otra parte, como ya hice constar en el asunto 1/63, este argumento pierde todo valor si se considera que, en junio de 1962, la demandante obtuvo la condonación parcial de más de 2.000.000 de LIT, lo que así anula en todo caso el posible exceso del tipo admisible del 1 %. Por consiguiente, no se ha aportado la prueba de una infracción del artículo 6 de la Decisión no 3/52.
Llego así a concluir que los motivos invocados directamente contra la Decisión no 64 carecen de fundamento.
II. Motivos dirigidos contra la Decisión no 59
Los motivos hasta aquí examinados no son los únicos invocados. También en este asunto, la demandante intenta debatir nuevamente las cuestiones jurídicas que fueron objeto de la Decisión no 59, especialmente, la forma en que la Alta Autoridad evaluó su producción para los meses de marzo a octubre de 1958. Es verdad que las cuestiones así planteadas sólo se refieren directamente a la liquidación de la deuda por la exacción, es decir, a la deuda principal (al calcularse la misma en función de la producción), pero, y esto surge seguidamente, además tienen importancia para el cálculo de los recargos por retrasos que dependen del importe de la deuda por la exacción.
En el asunto 1/63, también presenté a este respecto observaciones detalladas y debo reconocer con toda franqueza que, después de haber conocido todos los argumentos presentados en el presente recurso, sigo sin encontrar razón alguna para cambiar de opinión. No quiero repetir aquí detalladamente dichas observaciones; me limitaré a presentar los aspectos esenciales.
En mi opinión, lo importante es que la Decisión que ahora se impugna no guarda relación pertinente a los efectos del artículo 36 del Tratado con la Decisión no 59 y que, por tanto, no existe una relación que pueda permitir la crítica de la Decisión no 59. Ello tal vez sería posible si la Decisión no 64 impusiera el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Decisión no 59, es decir, si la Decisión no 59 únicamente liquidase la deuda por exacciones y si la Decisión no 64 sólo fíjase los recargos por retrasos debidos en caso de incumplimiento. Ahora bien, éste no es el caso. La Decisión no 59 liquidó la deuda por exacciones hasta octubre de 1958 y liquidó además los recargos por retrasos relativos a esta deuda. En otras palabras: la Decisión no 59 determina a la vez la deuda por exacciones y las sanciones aplicables en el supuesto de incumplimiento. Por consiguiente, la decisión de sanción relativa a las deudas por exacciones hasta octubre de 1958 es la Decisión no 59 y no la Decisión no 64. Al igual que la Decisión no 62 que fue anulada en el ínterin, la Decisión no 64 también se limita a tomar una parte de la Decisión no 59 reproduciendo simplemente un pasaje determinado, sin realizar un nuevo examen. En esta medida, la Decisión no 64 no es más que la simple repetición de un acto que se convirtió en obligatorio (como consecuencia del desestimiento) y, por esta razón, no puede some terse a un examen jurisdiccional. Ahora bien, si no puede jurídicamente admitirse que se vuelva a cuestionar el pasaje de la Decisión no 64 que trata de los recargos por retrasos relativos a las deudas por exacciones hasta octubre de 1958, tampoco cabe admitir que, cuestionando una Decisión anterior, se vuelvan a discutir extremos que se refieren a la propia base de los recargos por retrasos, es decir, a las deudas por exacciones para el período comprendido entre marzo y octubre de 1958.
Por esta razón, mantengo lo expresado en el asunto 1/63: todas las alegaciones relativas a la evaluación de las deudas por exacciones para el período comprendido entre marzo y octubre de 1958 deben ser desestimadas por no poder admitirse, ya que son contrarias a la firmeza de la Decisión no 59.
III. Motivos dirigidos contra las Decisiones generales en materia de exacción
1.
La conclusión a la que llego contiene en lo esencial todas las consideraciones necesarias acerca de la admisibilidad de la excepción de ilegalidad propuesta contra determinadas Decisiones generales en materia de exacción, puesto que es innecesario decir que si no pueden admitirse los motivos contra la Decisión no 59, esto excluye toda posibilidad de cuestionar indirectamente las Decisiones generales en materia de exacción que son el fundamento de esta Decisión individual. En consecuencia, deben desestimarse todos los argumentos relativos al tipo de la exacción (utilización de los fondos procedentes de la exacción con vistas a la consecución de determinados objetivos pretendidamente no conformes con el Tratado) y al procedimiento empleado para fijar el tipo de la exacción (dictamen del Consejo especial de Ministros) y ello, en todo caso, (nada más se puede decir por el momento) en cuanto se trata de deudas por exacciones hasta el mes de octubre de 1958 inclusive.
2.
Sin embargo, esta excepción de ilegalidad va más lejos. Como ya hice constar en el asunto 1/63, podría aceptarse su admisibilidad en cuanto se dirige contra las Decisiones generales sobre exacciones para el período posterior a octubre de 1958. En esta medida, si se toma en cuenta el texto y los objetivos principales del artículo 36 del Tratado, éste parece ser aplicable, es decir que, cuando se fijan las sanciones pecunia rias (a las que se asimilan los recargos por retrasos), en principio, está permitido impugnar la legalidad de las Decisiones generales cuyo incumplimiento debe ser sancionado. La objeción basada en la firmeza de éstas no es válida en este caso porque el contenido de las Decisiones generales sobre exacciones, aplicables al período posterior a octubre de 1958, todavía no se ha concretado en una Decisión individual que no haya sido objeto de recurso o contra la que se haya interpuesto un recurso con posterior desistimiento.
Evidentemente, esto no implica una apreciación definitiva sobre la admisibilidad de la excepción de ilegalidad así entendida. Frente a lo que también destaqué en el asunto 1/63, existen objeciones en el aspecto procesal, desde el enfoque de la caducidad o del allanamiento, en la medida en que con esta excepción se impugna la fijación de los tipos aplicables de las exacciones y la utilización de los fondos que de ellas proceden. No puedo afirmar que la nueva exposición detallada de la demandante haya eliminado estas objeciones procesales. Por tanto, me permito transcribir mis conclusiones en el asunto 1/63.
«La deuda por exacciones para el período de noviembre de 1958 hasta el final del período de pago (diciembre de 1960) se determina según las decisiones sobre exacciones cuyos datos esenciales (tipos aplicables a las exacciones, procedimiento de fijación del tipo) siguen siendo los mismos desde la Decisión no 13/57, de 17 de abril de 1957.
La Alta Autoridad liquidó por primera vez los atrasos de las exacciones de la demandante en un escrito de 17 de marzo de 1958. Después de dicha fecha, la parte demandante discutió con la Alta Autoridad por escrito y durante varias entrevistas, sin criticar el tipo de exacción ni el procedimiento de su fijación. Sus únicas críticas siempre se dirigieron evidentemente contra la fijación del valor de la producción que debía tomarse en consideración. Tampoco en el asunto 22/59, que también se dirigía contra una Decisión individual sobre exacciones, presentó alegación alguna contra el tipo aplicado. Finalmente, desde mayo de 1960 y con toda evidencia hasta hoy, la parte demandante ha abonado la exacción general para todos los períodos impositivos, sin atacar la regularidad del tipo aplicado ni el procedimiento de su fijación. Habida cuenta de estos hechos, puede plantearse con justa razón si la actitud de la demandante acerca de las cuestiones relativas a la exacción, que se mantuvo durante varios años y que se caracteriza por discusiones exhaustivas en procedimientos administrativos y judiciales, no le impide ahora criticar indirectamente el sistema de exacción impugnando esta decisión de sanción.»
La confirmación de esta opinión se encuentra en las observaciones de la parte demandante efectuadas en la fase escrita, por las que se declara dispuesta a abonar la exacción para el año 1960 y para los años posteriores. Retengo de esta declaración (página 15 de la traducción francesa) que las imputaciones de la demandante no se dirigen contra el tipo de exacción poco elevado que fue aplicado a partir del ejercicio financiero 1957-1958, ni el aún menos elevado en vigor desde 1961-1962, sino al tipo de exacción mucho más elevado que se aplicó durante los primeros años del mercado común, es decir, durante los años en los que se constituyó en lo esencial el Fondo de Garantía. Pues bien, como ya se ha demostrado, precisamente respecto a estos años, la Decisión no 59 debe ser considerada como una Decisión firme que prohíbe en adelante toda crítica directa o indirecta contra la política de exacciones de la Alta Autoridad.
Por ello propongo una vez más a este Tribunal de Justicia que desestime todas las alegaciones de la parte demandante contra la fijación del tipo de exacción y el procedimiento seguido, y no sólo para el período cubierto por la Decisión no 59, sino también en lo que atañe a las obligaciones contraídas en concepto de exacciones desde octubre de 1958.
3.
Por el contrario, me parece que la objeción del allanamiento no puede plantearse contra los pasajes de Decisiones generales sobre exacciones, sobre los cuales se funda directamente la fijación de los recargos por retrasos. En esta medida, debe todavía examinarse la excepción de ilegalidad.
Hay que considerar al respecto varios motivos:
a)
Por una parte, la demandante critica el hecho de que los tipos de recargos por retrasos hayan sido fijados en forma general, y se opone a la norma según la cual, en el supuesto de no pagar las exacciones, los recargos por retrasos son exigibles a partir de una fecha determinada, lo que impide que los interesados tengan derecho a presentar previamente sus observaciones. La parte demandante además completó esta crítica en la vista alegando que el cálculo mensual de los recargos por retrasos constituye una infracción del apartado 3 del artículo 50.
b)
Además, aduce que existe una violación del Tratado porque el Consejo de Ministros no fue consultado antes de la fijación de los tipos de recargos por retrasos o, por lo menos, porque la Decisión no menciona dicha consulta.
Sobre la letra a)
En cuanto a la primera crítica antes mencionada, me permito una vez más remitirme a las conclusiones en el asunto 1/63. En las mismas, admití que la estructura elegida por las Decisiones nos 3/52 y 29/55 no respondía a las exigencias del artículo 36 del Tratado. No obstante, consideré que debía destacarse que «el vicio del que posiblemente adolece la Decisión no 3/52 sólo tendría importancia para apreciar este asunto si el mismo hubiese repercutido en la Decisión individual, es decir, si el procedimiento que condujo a la adopción de la Decisión individual fuera incompatible con el artículo 36 del Tratado». Ahora bien, resultó evidente que ello no había sucedido en el asunto 1/63 y, sin duda, tampoco ha sucedido en este asunto, como lo prueba el hecho de que en febrero de 1964, la Alta Autoridad instó a la parte demandante a presentar sus observaciones conforme al artículo 36.
Por consiguiente, continúo sosteniendo que no existe interés en impugnar las Decisiones generales mencionadas porque el vicio del que podrían adolecer no se manifestó en el procedimiento que condujo a la adopción de la Decisión individual.
En cuanto a la crítica presentada en la vista, según la cual el apartado 3 del artículo 50 sólo autoriza un cálculo trimestral de los recargos por retrasos, hay que señalar que ni el sentido ni la finalidad de dicha disposición permiten deducir obligatoriamente este restricción. En mi opinión, el apartado 3 del artículo 50 tiene como principal finalidad fijar un límite máximo a los recargos por retrasos, expresado en un porcentaje de la deuda principal, sin determinar los períodos de retraso en los que debe basarse. Dejando de lado esta opinión, dicha crítica sólo tendría sentido en este asunto si se probara que el cálculo mensual ha ocasionado un perjuicio a la parte demandante. Este no ha sido el caso y, ante la reducción de los recargos por retrasos en junio de 1962, sería por lo demás muy difícil probarlo.
Sobre la letra b)
En lo que atañe al dictamen del Consejo de Ministros, al que la Decisión no 3/52 efectivamente no menciona, el contenido del artículo 50 del Tratado permite sostener que este dictamen sólo es obligatorio en el caso del apartado 2 y no en el del apartado 3, que atribuye a la Alta Autoridad el derecho a imponer recargos por retrasos, siempre que se respete un límite, que fue totalmente respetado al adoptar su Decisión no 3/52 y, a fortiori, al adoptar la Decisión individual impugnada.
Por el contrario, si se sostiene el razonamiento, no imperativo en mi opinión, según el cual los detalles de la fijación de recargos por retrasos deben ser entendidos objetivamente como que dependen de las «modalidades de la base imponible y de percepción» a los efectos del apartado 2 del artículo 50 del Tratado, al menos habría que admitir que la Alta Autoridad ha demostrado efectivamente que consultó al Consejo. Deduzco esto de los documentos ya presentados en el asunto 1/63, especialmente de la declaración de la Secretaría del Consejo de 3 de enero de 1953, en la que se menciona que este último fue consultado de conformidad con el apartado 2 del artículo 50 durante la reunión de 23 de diciembre de 1952. Por el contrario, el hecho de que se hayan sometido al Consejo los Reglamentos sobre exacciones en la forma definitiva adoptada por la Alta Autoridad, no es decisivo puesto que no se discute que se comunicaron al Consejo todos los problemas planteados y que tuvo la posibilidad de dar su opinión a este respecto.
Ciertamente, puede criticarse el hecho de que la Decisión no 3/52 no mencionara que el Consejo de Ministros había sido consultado, siempre que se suponga que el dictamen del Consejo fuera imprescindible. Por mi parte, no veo en esta omisión un vicio sustancial de forma.
En consecuencia, tampoco está fundado el recurso en la medida en que los motivos de la parte demandante, por más que puedan ser admitidos, están dirigidos contra las Decisiones generales sobre exacciones. En resumen, esto me lleva a concluir que deben ser desestimadas las pretensiones de la demandante relativas a la anulación.
IV. Petición de reducción de los recargos por retrasos
Finalmente, examinaré brevemente la pretensión deducida por la parte demandante relativa a una reducción de los recargos por retrasos, con arreglo al artículo 36 del Tratado.
Respecto a su admisibilidad, me permito remitirme al pasaje dedicado a la naturaleza de los recargos por retrasos que figura en mis conclusiones en el asunto 1/63. Asimismo, quisiera proponer al Tribunal de Justicia que esta pretensión sea acogida, al menos parcialmente, todo ello por los fundamentos expuestos entonces.
Sobre este tema, algunas observaciones presentadas por las partes durante el procedimiento requieren ciertas precisiones.
Sin duda, debido a mis observaciones sobre la parte de responsabilidad de la Alta Autoridad en el cobro tardío de las cantidades debidas en concepto de exacciones, esta última ahora alega que, desde la visita de sus inspectores a la empresa de la parte demandante en 1956, había intimado a ésta al pago de sus deudas por exacciones en cuatro ocasiones. Quizás sea exacto. Pero lo que sí es cierto es que la Alta Autoridad, quien después de la visita de sus funcionarios del grupo de inspección poseía datos precisos sobre el volumen de la producción de la empresa demandante, adoptó por primera vez en 1959 una decisión ejecutoria, es decir, seis años después del primer atraso en el pago de las exacciones. Sin querer reconocer un valor decisivo al principio de la prescripción en materia de deudas fiscales, no obstante quisiera aceptar, ante la evolución de las relaciones entre la Alta Autoridad y la empresa demandante, la existencia de una responsabilidad por lo menos parcial de la Alta Autoridad y proponer que este Tribunal de Justicia lo tenga en cuenta para conceder una reducción de los recargos por retrasos.
Además, parecería indicado considerar desde el enfoque de la buena fe, a la que está obligada toda Administración, el comportamiento de los funcionarios de la Alta Autoridad durante la entrevista de 21 de abril de 1960, aunque dicho comportamiento no llevara a una condonación efectiva de los recargos por retrasos. Esto debería efectuarse sin que sea necesario el examen de testigos para precisar el contenido de las entrevistas de que se trata. En efecto, según surge de la lectura de los documentos presentados, al menos se suscitaron algunas esperanzas de condonación de los recargos por retrasos en los representantes de la empresa demandante. El escrito de la Alta Autoridad de 6 de mayo de 1960 así parece confirmarlo, especialmente en el párrafo siguiente, citado de su traducción francesa: «On vous a seulement dit qu'après le paiement intégral de la somme due au titre du prélèvement, la Société Macchiorlati aurait eu la possibilité de demander la rémission du montant dù au titre des majorations de retard et que, la bonne conduite démontrée au cours d'une régularisation qu'elle aurait demandée, aurait certainement eu son influence sur la concession de la mesure demandée.»«Sólo se ha dicho que después del pago total de la cantidad debida en concepto de exacciones, la sociedad Macchiorlati tendría la posibilidad de solicitar la condonación del importe debido en concepto de recargos por retrasos y que la buena conducta demostrada durante una regularización que la misma había solicitado, influiría sin duda en la concesión de la medida solicitada.» Ante todo, lo importante consiste en que el representante de la Alta Autoridad haya explícitamente hablado de «rémission», por tanto de condonación, y no de «réduction» de los recargos por retrasos.
Todas estas consideraciones tomadas globalmente, así como las afirmaciones hechas durante la vista sobre la situación económica actual en Italia, hacen que proponga ahora que también se reduzcan los recargos por retrasos, fijados por la Decisión impugnada, más allá de la reducción ya concedida, en la medida que considere oportuna el Tribunal de Justicia.
V. Resumen y conclusión
Después de lo que antecede, formulo así mis conclusiones:
El recurso de la sociedad Macchiorlati puede admitirse en la medida en que pretende la anulación de la Decisión de 8 de abril de 1964, incluidas las pretensiones relativas a que se declare la ilegalidad de las Decisiones generales en materia de exacciones que se refieren a la fijación de los recargos por retrasos. Por el contrario, debe declararse la inadmisibilidad de las pretensiones relativas a que se declare la ilegalidad de la Decisión no 59 y de las Decisiones generales sobre exacciones que fijan los tipos de estas últimas. En todos los supuestos, el recurso de anulación es infundado.
El Tribunal de Justicia debería acoger la pretensión de la sociedad Macchiorlati relativa a qué se reduzcan los recargos por retrasos, en la medida que considere oportuna.
De conformidad con las conclusiones propuestas para terminar el proceso, deberían repartirse las costas entre las partes, cargando la demandante con la mayor parte y dejando la parte más pequeña a cargo de la Alta Autoridad.
(
*1
)	Lengua original: alemán.