62019TJ0334_RES
Asunto T‑334/19
Google LLCyAlphabet, Inc.
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General de 18 de septiembre de 2024
«Competencia — Abuso de posición dominante — Mercado de intermediación publicitaria en las búsquedas en línea en el EEE — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 102 TFUE y del artículo 54 del Acuerdo EEE — Obligación de abastecimiento exclusivo — Restricciones contractuales»
Posición dominante — Abuso — Concepto — Concepto objetivo que se refiere a los comportamientos que pueden influir en la estructura de un mercado y que producen el efecto de obstaculizar el mantenimiento o el desarrollo de la competencia — Obligaciones que incumben a la empresa dominante — Competencia basada en los propios méritos — Criterios de apreciación
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 102 a 110 y 673)
Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Prueba de la infracción y de su duración, a cargo de la Comisión — Respuestas exhaustivas de una empresa a una pregunta directa formulada en una solicitud de información de la Comisión — Valor probatorio alto
[Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, arts. 18 y 23, ap. 1]
(véanse los apartados 111 y 796)
Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Control jurisdiccional — Control de legalidad — Control en profundidad de todos los elementos pertinentes — Objeto y alcance
(Arts. 102 TFUE y 263 TFUE)
(véanse los apartados 112 y 113)
Posición dominante — Mercado de referencia — Delimitación — Criterios — Mercado de la publicidad en las búsquedas en línea — Sustituibilidad de los productos o servicios en la oferta y en la demanda — Apreciación global — Consideración de todos los factores pertinentes — Consideración de las respuestas de empresas a solicitudes de información
(Art. 102 TFUE; Comunicación de la Comisión 97/C 372/03, puntos 15, 17, 25 y 36)
(véanse los apartados 124 a 127, 131 a 136, 139 a 144, 155 a 166, 202 a 208, 214 a 216, 220 a 222, 226 a 228, 232 a 240, 244 a 247, 251 a 253, 257, 258, 264 a 273, 278 a 285, 317 a 324, 328 a 331, 334, 335, 338 a 341 y 347 a 350).
Posición dominante — Mercado de referencia — Delimitación — Incidencia de la práctica decisoria anterior de la Comisión — Inexistencia
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 238, 300, 304, 361, 568 a 570 y 851)
Posición dominante — Abuso — Cláusulas de exclusividad que figuran en contratos de prestación de servicios de intermediación publicitaria en las búsquedas en línea — Carácter abusivo — Capacidad de restringir la competencia y efecto de expulsión del mercado — Impugnación por la empresa afectada — Obligación de la autoridad de competencia de demostrar la capacidad de restringir la competencia de los comportamientos denunciados — Consideración de todas las circunstancias del caso
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 379 a 390, 399, 400, 406, 411 a 415, 464 a 466, 501, 502, 548 a 557, 558 a 562, 581 a 583, 595, 607 a 617, 622, 694 a 715, 776 a 779, 787 a 789, 831, 832, 835 a 840, 843 a 848, 890 a 901, 927, 938 a 944, 948 a 953, 980, 987 a 991 y 998).
Competencia — Normas de la Unión — Empresa — Concepto — Ejercicio de una actividad económica — Criterio determinante — Estatuto jurídico y medios de financiación de la entidad — Falta de pertinencia
(véase el apartado 487)
Competencia — Procedimiento administrativo — Obligaciones de la Comisión — Examen diligente e imparcial — Alcance de la obligación — Consideración de la información recabada por el destinatario del pliego de cargos — Valor probatorio
[Art. 102 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, arts. 18 y 23, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 512 a 514)
Posición dominante — Abuso — Concepto — Cierre de una parte sustancial del mercado por una empresa dominante — Grado de dominio del mercado afectado — Irrelevancia — Necesidad de determinar un umbral preciso de cierre del mercado — Inexistencia
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 596 y 621)
Posición dominante — Abuso — Cláusulas de exclusividad que figuran en contratos de prestación de servicios de intermediación publicitaria en las búsquedas en línea — Carácter abusivo — Obligación de que la autoridad de competencia utilice el criterio del competidor igual de eficiente — Inexistencia — Presentación por la empresa afectada de un análisis basado en el citado criterio — Obligación de la autoridad de competencia de examinar su valor probatorio
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 660 a 667, 880 a 883 y 979)
Posición dominante — Abuso — Concepto — Concepto objetivo que se refiere a los comportamientos que pueden influir en la estructura de un mercado y que producen el efecto de obstaculizar el mantenimiento o el desarrollo de la competencia — Necesidad de demostrar la existencia de una intención anticompetitiva — Inexistencia
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 678, 679 y 981)
Posición dominante — Abuso — Justificación objetiva — Requisitos — Alcance de la carga de la prueba
(Art. 102 TFUE)
(véase el apartado 947)
Resumen
Mediante su sentencia, el Tribunal General anula la decisión de la Comisión Europea por la que condena a Google (
1
) al pago de una multa por la comisión de tres abusos de posición dominante en el mercado de la intermediación publicitaria en las búsquedas en línea. En esta ocasión, el Tribunal General precisa las circunstancias que deben tenerse en cuenta para apreciar el efecto de expulsión del mercado de determinadas cláusulas contractuales, en particular, las que imponen una obligación de abastecimiento exclusivo.
Google, empresa del sector de las tecnologías de la información y de la comunicación, especializada en productos y servicios vinculados a Internet, es conocida, en particular, por su motor de búsqueda general, que permite conseguir resultados de búsquedas presentados en páginas que aparecen en las pantallas de los internautas. Algunos de estos resultados están vinculados a obligaciones de pago de los anunciantes, concertadas a través de la plataforma de subastas de Google, y aparecen indicados por palabras tales como «anuncio» o «patrocinado». Desde 2003, Google gestiona asimismo una plataforma de intermediación publicitaria denominada AdSense, para la cual ha desarrollado un servicio denominado AdSense for Search (en lo sucesivo, «AFS»).
AFS, al igual que otros servicios de intermediación publicitaria en las búsquedas en línea, permite a editores de sitios de Internet de terceros difundir anuncios publicitarios en las búsquedas en línea, en este caso de Google, cuando los usuarios realizan búsquedas en un sitio de Internet que incluya un motor de búsqueda integrado. De esta manera, los proveedores de esos servicios de intermediación (en lo sucesivo, «intermediarios») y los editores comparten los ingresos generados por la inserción de esos anuncios. En cuanto a AFS, los anunciantes debían asociar sus anuncios a palabras clave que los usuarios de los sitios de Internet en cuestión pudieran utilizar al realizar una búsqueda en línea y solo pagaban, en principio, el precio que resultaba de la exhibición de sus anuncios cuando los usuarios cliqueaban efectivamente en estos.
Para poder utilizar AFS, los editores podían, en particular, convertirse, o bien en «socios en línea» de Google, celebrando con esta un contrato estándar no negociable, denominado «contrato en línea», o bien, en «socios directos», celebrando un «acuerdo de servicios Google» (en lo sucesivo, «ASG») negociado individualmente. Con el fin de celebrar un ASG, los socios directos debían asimismo cumplimentar una orden de compra que precisara los sitios de Internet para los que deseaban utilizar AFS u otro servicio AdSense.
Aunque se negociaran individualmente, los ASG estaban redactados según modelos que contenían, en particular, las siguientes cláusulas:
–
hasta marzo de 2009, una «cláusula de exclusividad» que prohibía la utilización de servicios idénticos o esencialmente similares, o en competencia directa con los prestados por Google en virtud del ASG, para los sitios de Internet mencionados en la orden de compra;
–
a partir de marzo de 2009, por un lado, una «cláusula de ubicación» que obligaba a los socios directos a colocar en los sitios de Internet que utilizaban AFS un número mínimo de anuncios en las búsquedas en línea procedentes de Google y prohibía colocar anuncios de la competencia por encima de los procedentes de Google o de modo directamente adyacente a estos y, por otro lado, una «cláusula de autorización previa» que obligaba a los socios directos a obtener la conformidad de Google antes de introducir cambios en la inserción de publicidad en las búsquedas en línea, incluidos los anuncios de la competencia.
Mediante decisión de 20 de marzo de 2019, (
2
) la Comisión consideró que Google había cometido tres abusos de posición dominante, que resultaban, respectivamente, de la cláusula de exclusividad que figuraba en los ASG celebrados con los socios directos que habían incluido normalmente la totalidad de sus sitios de Internet en, al menos, uno de sus ASG (en lo sucesivo, «socios directos “all sites”»), de la cláusula de ubicación y de la cláusula de autorización previa (en lo sucesivo, conjuntamente, «cláusulas controvertidas»).
Según la Comisión, estas tres cláusulas perseguían el mismo objetivo, a saber, la expulsión de intermediarios competidores de Google con objeto de mantener y reforzar su posición en el mercado de la intermediación publicitaria en las búsquedas en línea y en los mercados de publicidad en las búsquedas en línea y, como consecuencia de ello, su posición en el mercado de la búsqueda general. Este objetivo común, así como el carácter complementario de dichas cláusulas, llevaron a la Comisión a considerar que los tres abusos de posición dominante constituían conjuntamente una infracción única y continua del artículo 102 TFUE, que había durado desde el 1 de enero de 2006 hasta el 6 de septiembre de 2016.
Por todo ello, la Comisión impuso a Google una multa de casi 1500 millones de euros.
Mediante su recurso ante el Tribunal General, Google solicita la anulación de la Decisión impugnada o, con carácter subsidiario, la supresión o la reducción del importe de la multa.
Apreciación del Tribunal General
1. Sobre la definición de los mercados de referencia
En primer lugar, el Tribunal General desestima el motivo de Google mediante el que se alegaba que la Comisión había definido erróneamente los mercados de referencia de que se trata, a saber, los mercados de la publicidad en las búsquedas en línea y de intermediación publicitaria en este tipo de búsquedas.
En cuanto a la definición del mercado de la publicidad en las búsquedas en línea, Google ha sostenido, en particular, que la Comisión no había tenido en cuenta el conjunto de factores pertinentes para distinguir los anuncios que están vinculados a las búsquedas en línea de los que no lo están (en lo sucesivo, los «dos tipos de anuncios»).
A este respecto, el Tribunal General señala que, como se desprende de la jurisprudencia y de la Comunicación sobre la definición de mercado, (
3
) el análisis de sustituibilidad debe tomar en consideración no solo las características objetivas de los productos y servicios relevantes, sino también las condiciones de competencia y la estructura de la oferta y la demanda en el mercado. En cambio, a la hora de definir un mercado de productos, la Comisión no está obligada a examinar todos los elementos de evaluación enumerados en la citada comunicación ni a seguir un rígido orden jerárquico de indicios.
En el caso de autos, además de las características y usos de los dos tipos de anuncios, la Comisión tuvo en cuenta, en una apreciación global, otros factores, como, por ejemplo, el precio de los anuncios en cuestión, las inversiones necesarias para proveer de servicios para la publicidad en las búsquedas en línea y el comportamiento de editores que, al parecer, redujeron el uso de publicidad en las búsquedas en línea. Por otra parte, la Comisión recabó las observaciones informadas de los actores del mercado y se basó en esas observaciones para definir el mercado de referencia.
Por consiguiente, Google no ha demostrado que la Comisión ignorara determinados factores pertinentes en su valoración global de la sustituibilidad de los dos tipos de anuncios, ni que haya incurrido en error de Derecho al dedicar una gran parte de su análisis a las diferencias entre esos anuncios en cuanto a características y usos.
Por otra parte, el Tribunal General desestima asimismo los argumentos de Google según los cuales, a efectos de la definición del mercado de la publicidad en las búsquedas en línea, la Comisión no realizó un análisis adecuado relativo a los precios, recurriendo, en particular, a un test que analizara el impacto de un incremento significativo y no transitorio de entre el 5 y el 10 % del precio de los anuncios en las búsquedas en línea (en lo sucesivo, «test SSNIP»).
En el presente asunto, en el marco de su análisis de los precios, la Comisión remitió solicitudes de información a los anunciantes, a los editores y a las agencias de medios, preguntándoles, en particular, cuál sería su reacción en el caso de un incremento de los precios de la publicidad en las búsquedas en línea o, en el caso de los editores, de una disminución de los ingresos procedentes de dicha publicidad.
A la vista del tenor de dicha pregunta, el Tribunal General constata que la Comisión no realizó un test SSNIP tal como lo define la Comunicación de la Comisión sobre la definición de mercado. Sin embargo, el Tribunal General recuerda que, aunque dicho test es una herramienta reconocida, cuyos resultados pueden tenerse en cuenta, junto con otros elementos, en una apreciación global de la definición del mercado, el recurso sistemático a ese test no es imperativo a efectos de la definición de mercado.
El Tribunal General confirma asimismo el carácter adecuado del análisis relativo a los precios efectuado por la Comisión. En efecto, las respuestas de los actores del mercado a las solicitudes de información de la Comisión, junto con las razones que subyacen a sus respuestas, forman parte de los elementos expresamente considerados pertinentes en la Comunicación de la Comisión sobre la definición de mercado, por permitir una evaluación de los puntos de vista de los clientes y de los competidores, y constituyen, por lo tanto, una herramienta que puede tenerse en cuenta a efectos de definir el mercado de referencia.
En conclusión, tras señalar que Google no ha conseguido desmentir la exactitud, la fiabilidad y la coherencia de los elementos de prueba en que se basó la Comisión en su apreciación global de la sustituibilidad, ni demostrar que esta última no hubiera tenido en cuenta elementos pertinentes a estos efectos, el Tribunal General aprueba la definición del mercado de referencia realizada en la Decisión impugnada. También valida la constatación de una posición dominante de Google en el mercado de la intermediación publicitaria en las búsquedas en línea, en la medida en que Google negaba esta posición dominante por el único motivo de que la definición del mercado pertinente de la Comisión era errónea.
2. Sobre la capacidad de las cláusulas controvertidas de restringir la competencia
A continuación, el Tribunal General efectúa el examen de los motivos invocados por Google para refutar el carácter de abuso de posición dominante de las cláusulas controvertidas.
Para empezar, por lo que respecta a la cláusula de exclusividad contenida en los ASG celebrados con los socios directos «all sites», Google reprochaba a la Comisión haber considerado que no tenía la obligación de comprobar si dicha cláusula había tenido la capacidad de restringir la competencia.
Sobre este extremo, el Tribunal General señala que Google rebatió, durante el procedimiento administrativo, basándose en pruebas, la capacidad de la cláusula de exclusividad antes mencionada de restringir la competencia. Asimismo, sostuvo que dicha cláusula estaba justificada objetivamente.
En esas circunstancias, con arreglo a la jurisprudencia, la Comisión no podía, como ha sostenido con carácter principal, limitarse a declarar, con objeto de acreditar una infracción del artículo 102 TFUE, que la cláusula de exclusividad contenida en los ASG celebrados con los socios directos «all sites» imponía a estos últimos la obligación de abastecerse exclusivamente en Google para cubrir la totalidad o gran parte de sus necesidades de servicios de intermediación publicitaria en las búsquedas en línea en el sentido de la sentencia Hoffmann‑La Roche/Comisión. (
4
) Tenía que demostrar además que dicha cláusula de exclusividad tenía la capacidad de restringir la competencia, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias pertinentes del presente caso.
El Tribunal General examina después si, como sostenía Google, la Comisión había considerado erróneamente, con carácter subsidiario, que la cláusula de exclusividad contenida en los ASG celebrados con socios directos «all sites» era capaz de restringir la competencia.
En cuanto a la cuestión de si dicha cláusula había disuadido a los socios directos «all sites» de aprovisionarse en otros intermediarios para insertar publicidad de la competencia en sus sitios Internet o en algunas de sus páginas, Google reprochaba, en particular, a la Comisión haber hecho referencia, en la Decisión impugnada, solamente a las respuestas de algunos de esos socios directos a las solicitudes de información que les habían sido dirigidas en el procedimiento administrativo.
En este marco, el Tribunal General señala que, en la Decisión impugnada, la Comisión podía lícitamente tomar en consideración algunos ejemplos de respuestas de socios directos «all sites», como elementos que podían corroborar su apreciación de que la cláusula de exclusividad contenida en los ASG celebrados con esos socios directos había podido disuadir a estos últimos de aprovisionarse en intermediarios competidores de Google para cubrir, al menos, una parte de sus necesidades.
Para refutar que la cláusula de exclusividad hubiera tenido tal efecto disuasorio, Google invocaba asimismo una declaración de un socio directo recabada por ella misma durante el procedimiento administrativo. La Comisión consideró que el valor probatorio de dicha declaración era limitado, debido, en particular, a que ignoraba cómo la había conseguido Google. Pues bien, aunque Google no posee las facultades investigadoras y sancionadoras de la Comisión y debe, en consecuencia, apoyarse necesariamente en la cooperación voluntaria de los socios directos, el Tribunal General considera que no cabe deducir de todo ello que la información recopilada por Google carezca necesariamente de pertinencia por tener un valor probatorio supuestamente más limitado.
En cuanto a la cuestión de si la cláusula de exclusividad que figura en los ASG celebrados con los socios directos «all sites» había impedido que los competidores de Google accedieran a una parte significativa del mercado de intermediación publicitaria en las búsquedas en línea en el EEE, Google sostuvo, en particular, que el análisis de la Comisión sobre el mercado que cubría la referida cláusula era incoherente por haber tenido en cuenta, para caracterizar el efecto de expulsión del mercado de la cláusula de exclusividad de los ASG celebrados con los socios directos «all sites», los ingresos brutos generados por el conjunto de los ASG con cláusulas de ubicación y de autorización previa, incluidos los ASG en los que los socios directos no habían incluido normalmente todos sus sitios de Internet.
A este respecto, el Tribunal General señala, en particular, que, para apreciar los efectos de la cláusula de exclusividad, la Comisión debía tener en cuenta el conjunto de circunstancias del caso y, concretamente, determinar si el porcentaje de cobertura de dicha cláusula de exclusividad era suficiente para que pudiera desplegar un efecto de expulsión del mercado. Pues bien, en la Decisión impugnada, la Comisión consideró, por un lado, que las cláusulas de exclusividad y de ubicación se complementaban, en particular, al ir dirigidas a disuadir a los socios directos de abastecerse de publicidad de la competencia, y, por otro lado, que la cláusula de ubicación había sustituido progresivamente la cláusula de exclusividad en los ASG, de manera que ambas cláusulas cubrieron a la vez distintas partes del mercado durante el período de referencia. Por consiguiente, contrariamente a lo sostenido por Google, la Comisión no podía examinar la cobertura de la cláusula de exclusividad y la de la cláusula de ubicación aislándolas mutuamente sin perder de vista su contexto fáctico y jurídico y sin disgregar artificialmente el examen de la cobertura del mercado.
Así, el Tribunal General recalcó, después de examinar el porcentaje de cobertura de dichas cláusulas, que la Comisión pudo considerar lícitamente que, habida cuenta de la cobertura de la cláusula de ubicación, la cobertura de la cláusula de exclusividad contenida en los ASG en los que los socios directos habían incluido normalmente el conjunto de sus sitios de Internet pudo ser suficiente para que dicha cláusula tuviera la capacidad de producir un efecto de expulsión del mercado entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2015.
El Tribunal General examina también la tesis de Google según la cual la Comisión no demostró, mediante el test del competidor igualmente eficiente, (
5
) que la cláusula de exclusividad contenida en los ASG celebrados con los socios directos «all sites» impidiera que pudiera surgir, en el mercado de referencia, un competidor tan eficiente como Google o bien expulsara a tal competidor. Sobre este particular, señala que la Comisión no estaba obligada a basarse en ese test, que solo constituye un método entre otros que permiten apreciar si una práctica es capaz de producir efectos de expulsión. Para el Tribunal General, en cambio, si Google hubiera aportado un análisis basado en el test del competidor igualmente eficiente, cosa que no ha ocurrido, le habría correspondido a la Comisión examinar tal análisis.
Sin embargo, tras confirmar la mayor parte de las apreciaciones de la Comisión, el Tribunal General concluye que el análisis del efecto de expulsión del mercado realizado por la Comisión adolece de errores en cuanto a la consideración del porcentaje de cobertura de la cláusula de exclusividad durante el año 2016 y la duración de los ASG.
En efecto, el Tribunal General indica, por un lado, que la Decisión impugnada no identifica la parte del mercado de intermediación publicitaria en las búsquedas en línea cubierta por la cláusula de exclusividad que figura en los ASG celebrados con los socios directos «all sites» para el año 2016. En consecuencia, la Comisión no ha demostrado que la citada cláusula pudiera producir un efecto de expulsión del mercado, en razón de su cobertura, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2016.
Por otro lado, en dicho análisis, la Comisión no tuvo debidamente en cuenta ni la duración de cada uno de los ASG celebrados con los socios directos ni los derechos de rescisión unilateral de estos últimos.
El Tribunal General observa que, para determinar si un comportamiento tenía la capacidad efectiva de producir un efecto de expulsión del mercado frente a un competidor cuando menos igualmente eficiente que Google, la Comisión debía tener en cuenta el conjunto de circunstancias pertinentes. Más concretamente, tratándose de una obligación de abastecimiento exclusivo, la Comisión debía tener en cuenta la duración de dicha obligación, así como su contexto económico y jurídico.
En efecto, la duración individual de gran parte de los ASG a los que los referidos socios directos estaban sometidos era solamente de algunos años, aunque luego estos se renovaran o prorrogaran, en algunos casos, varias veces. Pues bien, en la Decisión impugnada, la Comisión solo tuvo en cuenta la duración acumulada de los ASG en los que los socios directos habían incluido normalmente todos sus sitios de Internet, y no la duración de cada uno de dichos ASG individualmente considerados, ni la duración de cada una de sus eventuales prórrogas. Tampoco tuvo en cuenta las condiciones reales y la forma en que se pactaron dichas prórrogas ni el contenido de las cláusulas que atribuían a algunos de los socios directos «all sites» derechos de rescisión unilateral, o los requisitos para el ejercicio de esos derechos.
A la vista de lo anterior, la Comisión podía, ciertamente, tener en cuenta la duración acumulada de los ASG en los que los socios directos «all sites» habían incluido normalmente todos sus sitios de Internet, como circunstancia pertinente. En cambio, no podía excluir que esos socios directos tuvieran de la facultad de abastecerse en intermediarios competidores de Google al finalizar cada uno de sus ASG ni, por lo tanto, declarar que los referidos socios directos habían sido obligados a abastecerse en Google para cubrir la totalidad o gran parte de sus necesidades durante toda la vigencia acumulada de sus ASG.
El Tribunal General concluye que la Comisión no ha demostrado de manera jurídicamente suficiente que la mencionada cláusula tuviera la capacidad de disuadir a los socios directos «all sites» de abastecerse en intermediarios competidores de Google o de impedir a dichos intermediarios el acceso a una parte significativa del mercado de la intermediación publicitaria en las búsquedas en línea en el Espacio Económico Europeo y, en consecuencia, que esa misma cláusula tuviera la capacidad de producir el efecto de expulsión del mercado declarado en dicha Decisión.
Según el Tribunal General, la Comisión incurrió en errores análogos al analizar el efecto de expulsión del mercado de la cláusula de ubicación y el de la cláusula de autorización previa. En tal sentido, la Comisión consideró fundadamente que la cláusula de ubicación era equiparable a una cláusula de exclusividad flexible con respecto a los sitios de Internet incluidos en los ASG que contenían dicha cláusula, toda vez que reservaba los espacios más visibles de las páginas de resultados de los socios directos a los anuncios de Google. En cuanto a la cláusula de autorización previa, la Comisión consideró, en la Decisión impugnada, que producía un efecto de expulsión del mercado análogo al de la cláusula de exclusividad que figura en los ASG celebrados con los socios directos «all sites», por un lado, y al de la cláusula de ubicación, por otro lado.
Por consiguiente, al igual que ocurre con la cláusula de exclusividad, la duración de la obligación de reservar los espacios más visibles, impuesta a los socios directos con arreglo a la cláusula de ubicación, es una de las circunstancias pertinentes a los efectos de apreciar el efecto de expulsión del mercado de dicha cláusula. Otro tanto sucede con la obligación impuesta a los socios directos, con arreglo a la cláusula de autorización previa, de solicitar la autorización de Google antes de poder modificar la presentación de los anuncios de la competencia. Pues bien, la Comisión no tuvo en cuenta debidamente la duración de las mencionadas obligaciones.
El Tribunal General considera que los antedichos errores invalidan el conjunto de restricciones identificadas por la Comisión, de modo que esta no ha demostrado de manera jurídicamente suficiente que las cláusulas controvertidas tuvieran la capacidad de producir el efecto de expulsión del mercado declarado en la Decisión impugnada ni, por lo tanto, que cada una de ellas constituyera una infracción del artículo 102 TFUE.
Dado que, en la Decisión impugnada, la Comisión consideró que la infracción única y continua solo estaba caracterizada en la medida en que estaba constituida por las tres infracciones distintas a las que se ha hecho referencia, el Tribunal General anula dicha Decisión en su totalidad.
(
1
)	A estos efectos, «Google» designa conjuntamente a la sociedad Google LLC, anteriormente, Google Inc., y a su matriz, Alphabet, Inc.
(
2
)	Decisión C(2019) 2173 final de la Comisión, de 20 de marzo de 2019, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 102 TFUE y el artículo 54 del Acuerdo EEE [asunto AT.40411 — Google Search (AdSense)] (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
(
3
)	Comunicación de la Comisión sobre la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (DO 1997, C 372, p. 5).
(
4
)	Sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión (85/76, EU:C:1979:36). A tenor del apartado 89 de esta sentencia, «para una empresa que ocupa una posición dominante en un mercado, el hecho de vincular a los compradores —aunque sea a instancia de éstos— mediante una obligación o promesa de abastecerse, en lo que respecta a la totalidad o a gran parte de sus necesidades exclusivamente en dicha empresa, constituye una explotación abusiva de una posición dominante en el sentido del artículo [102 TFUE]».
(
5
)	Según la jurisprudencia, este test consiste en examinar si las prácticas de una empresa en posición dominante amenazan con expulsar del mercado a un competidor que es igual de eficiente que dicha empresa.