62023CJ0643
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 14 de noviembre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Directiva 2011/7/UE — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Artículo 2, punto 3 — Concepto de “empresa” — Ejercicio de una actividad profesional independiente — Actriz — Contrato de agencia — Proceso monitorio»
En el asunto C‑643/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal da Relação de Lisboa (Audiencia de Lisboa, Portugal), mediante resolución de 4 de julio de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de octubre de 2023, en el procedimiento entre
Agenciart — Management Artístico Lda
y
CT,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y el Sr. A. Kumin (Ponente) y la Sra. I. Ziemele, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Pikamäe;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de CT, por el Sr. P. Mendes Ferreira, advogado;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. M. Ioan y la Sra. M. Narciso, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO 2011, L 48, p. 1).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Agenciart — Management Artístico Lda (en lo sucesivo, «Agenciart») y CT en relación con el pago de una comisión reclamada por Agenciart en virtud de un contrato de agencia.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
A tenor de los considerandos 5 y 10 de la Directiva 2011/7:
«(5)
Las empresas deben poder comerciar en todo el mercado interior en condiciones tales que garanticen que las operaciones transfronterizas no supongan mayores riesgos que las ventas en el mercado nacional. Se podrían producir distorsiones de la competencia si se aplicaran normas sustancialmente diferentes a las operaciones en el mercado nacional y a las transfronterizas.
[…]
(10)
El hecho de que las profesiones liberales queden cubiertas por la presente Directiva no debe obligar a los Estados miembros a tratarlas como empresas o comerciantes en aspectos que no entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.»
4
El artículo 1 de esta Directiva, con la rúbrica «Objeto y ámbito de aplicación», dispone en sus apartados 1 y 2:
«1.   El objeto de la presente Directiva es la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de este modo la competitividad de las empresas y, en particular, de las [pequeñas y medianas empresas (pymes)].
2.   La presente Directiva se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales.»
5
A tenor del artículo 2 de la citada Directiva:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1)
“operaciones comerciales”: las realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación;
[…]
3)
“empresa”: cualquier organización, distinta de los poderes públicos, que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona;
[…]».
Derecho portugués
6
La Directiva 2011/7 fue transpuesta a la legislación portuguesa mediante el decreto‑lei n.o 62/2013 (Decreto‑ley n.o 62/2013), de 10 de mayo de 2013.
7
El artículo 3 del Decreto‑ley n.o 62/2013 establece:
«A los efectos del presente Decreto‑ley se entenderá por:
[…]
b)
“operaciones comerciales”: las realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos destinadas a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación;
[…]
d)
“empresa”: cualquier entidad, distinta de los poderes públicos, que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona;
[…]».
Litigio principal y cuestión prejudicial
8
Agenciart es una sociedad mercantil que ejerce su actividad en el ámbito de la agencia artística y de la gestión de las carreras artísticas de los actores a los que representa. Fue agente de CT, una actriz, hasta el 30 de junio de 2017.
9
En mayo de 2017, Agenciart negoció con una compañía de televisión y con una productora la participación de CT en una telenovela, acordando las condiciones y modalidades de su contrato. Esta participación comenzó en junio de 2017 y terminó a finales de mayo de 2018.
10
Por los servicios de gestión de carrera que prestó a CT en el marco de la participación de esta en dicha telenovela, Agenciart emitió una factura, fechada el 17 de julio de 2019, por un importe de 19188 euros.
11
Al quedar impagada esta factura, Agenciart incoó un procedimiento monitorio contra CT, al que esta se opuso.
12
El órgano jurisdiccional que conoció del asunto en primera instancia, el Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juízo de Execução de Lisboa (Tribunal de Primera Instancia de Lisboa — Juzgado de Ejecución de Resoluciones Judiciales de Lisboa, Portugal) estimó la oposición a la ejecución, al considerar, en particular, que Agenciart no podía solicitar la ejecución presentando una petición de procedimiento monitorio contra CT debido a que CT no era una empresa comercial.
13
Agenciart interpuso entonces un recurso de apelación ante el Tribunal da Relação de Lisboa (Audiencia de Lisboa, Portugal), el órgano jurisdiccional remitente.
14
Dicho órgano jurisdiccional precisa que el ámbito de aplicación del proceso monitorio se define estableciendo requisitos objetivos y subjetivos previos. En el caso de autos, queda por comprobar si se cumple el requisito subjetivo previo relativo a la condición de «empresa», previsto en el artículo 3, letra d), del Decreto‑ley n.o 62/2013.
15
A este respecto, dicho órgano jurisdiccional indica que esta disposición define el concepto de «empresa», al igual que el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7, como «cualquier entidad […] que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona».
16
Mientras que, según el órgano jurisdiccional remitente, Agenciart está manifiestamente comprendida en este concepto, subsisten dudas sobre si CT también está incluida en él. A primera vista, el hecho de que sea actriz de profesión y de que el contrato de agencia celebrado con Agenciart se base en la promoción de su actividad profesional liberal aboga en favor de la calificación de CT como «empresa», en el sentido del artículo 3, letra d), del Decreto‑ley n.o 62/2013.
17
Dicho esto, según el órgano jurisdiccional remitente, CT sostiene que la interpretación adecuada de la ley y del concepto de «empresa» no permite considerar que una persona actúa en el ámbito mercantil mediante el ejercicio de una actividad independiente económica o profesional por el mero hecho de ser actriz en el momento de la firma de un contrato de gestión de carrera profesional.
18
A este respecto, CT se basa en la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Nemec (C‑256/15, EU:C:2016:954), en la que el Tribunal de Justicia examinó la interpretación del concepto de «empresa», en el sentido del artículo 2, punto 1, párrafo tercero, de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO 2000, L 200, p. 35), actualmente artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7, por lo que respecta a las personas físicas.
19
Así, en los apartados 33 y 34 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia consideró que, en la medida en que es preciso que la persona de que se trate actúe como organización en el marco de una actividad económica o de una actividad profesional independiente, este requisito implica que esa persona, cualesquiera que sean su forma y su estatuto jurídico en Derecho nacional, ejerza esa actividad de manera estructurada y permanente.
20
A este respecto, según el órgano jurisdiccional remitente, el concepto de «permanencia» mencionado por el Tribunal de Justicia no plantea ninguna dificultad particular en el caso de autos. En cambio, dicho órgano jurisdiccional considera que existen dudas sobre lo que debe entenderse por «actuar como organización» y por el ejercicio de tal actividad «de manera estructurada».
21
Desde esta perspectiva, la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Nemec (C‑256/15, EU:C:2016:954), se refería a una persona titular de una autorización de artesano independiente para el ejercicio de una actividad de construcción de piezas mecánicas y soldadura. Pues bien, el ejercicio de tal actividad suponía que, además de su fuerza laboral y de sus conocimientos técnicos, esa persona disponía de su propio local para el ejercicio de su actividad artesanal, así como de materias primas y herramientas, es decir, de un conjunto estructurado de medios de producción. Ello distingue la situación de tal artesano de la de una actriz como CT.
22
En estas circunstancias, el Tribunal da Relação de Lisboa (Audiencia de Lisboa) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe ser calificada de “empresa”, en los términos y a los efectos previstos en el considerando 5 y en el artículo 2, punto 3, de la Directiva [2011/7], una persona física que ejerce habitualmente como autónoma la profesión de actriz a cambio de una contraprestación pecuniaria, aunque no posea una estructura organizada de medios (en la medida en que se limita a ejercer dicha actividad sin disponer de local propio, ni de personal, ni de herramientas o equipos relacionados con su actividad profesional)?»
Sobre la cuestión prejudicial
23
Mediante su cuestión prejudicial única, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que una persona física que ejerce habitualmente como autónoma la profesión de actriz a cambio de una contraprestación, aunque no disponga de local propio, ni de personal, ni de herramientas o equipos relacionados con su actividad profesional, está comprendida en el concepto de «empresa», en el sentido de dicha disposición.
24
Según reiterada jurisprudencia, para la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión, ha de tenerse en cuenta no solo el tenor de esta, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 12 de octubre de 2023, INTER CONSULTING, C‑726/21, EU:C:2023:764, apartado 43 y jurisprudencia citada).
25
De entrada, procede recordar que, con arreglo al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2011/7, esta se aplica a todos los pagos efectuados como contraprestación en «operaciones comerciales», concepto este último que se define, en el artículo 2, punto 1, de dicha Directiva, como «las realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación».
26
Por consiguiente, contrariamente a lo que alegó CT en sus observaciones escritas, el carácter no transfronterizo de una determinada operación comercial carece de pertinencia a efectos de la aplicación de la Directiva 2011/7.
27
Además, en virtud del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7, debe entenderse por «empresa» cualquier organización, distinta de los poderes públicos, que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona.
28
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que no basta que una persona realice una operación vinculada a una actividad económica para entrar dentro del concepto de «empresa» y para que dicha operación se califique de «comercial», sino que es necesario también que esa persona actúe como organización en el marco de tal actividad o de una actividad profesional independiente (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Nemec, C‑256/15, EU:C:2016:954, apartado 33).
29
Este requisito implica que esa persona ejerza la mencionada actividad de manera estructurada y permanente, actividad que no puede por tanto limitarse a una prestación puntual y aislada, y que la operación de que se trate se inscriba en el marco de la mencionada actividad (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Nemec, C‑256/15, EU:C:2016:954, apartado 34).
30
En el caso de autos, como señala el órgano jurisdiccional remitente, consta que la relación contractual que vinculaba a Agenciart con CT daba lugar a una prestación de servicios remunerada y que Agenciart debe calificarse de «empresa». En cambio, por lo que respecta a la cuestión de si también debe calificarse de «empresa» a CT, la duda del órgano jurisdiccional remitente reside en el hecho de que, aunque CT ejerce habitualmente como autónoma la profesión de actriz a cambio de una contraprestación, no dispone de una estructura organizada de medios, en la medida en que se limita a ejercer dicha actividad sin disponer de local propio, ni de personal, ni de herramientas o equipos relacionados con su actividad profesional.
31
A este respecto, para empezar, en la medida en que el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7 hace referencia, a efectos de la definición del concepto de «empresa», a «cualquier organización […] que actúe en ejercicio de su actividad independiente […] profesional», procede señalar que una persona física que ejerce habitualmente como autónoma la profesión de actriz a cambio de una contraprestación ejerce una «actividad profesional independiente», en el sentido de dicho artículo 2, punto 3. Además, del tenor de dicho artículo 2, punto 3, también se desprende que el hecho de que la actividad de que se trate sea ejercida por una única persona carece de pertinencia en este contexto.
32
A continuación, por lo que respecta al requisito de actuar como «organización»«en el marco» de una actividad profesional independiente, se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 29 de la presente sentencia que la actividad en cuestión debe ejercerse «de manera estructurada y permanente».
33
Pues bien, no cabe deducir ni del tenor del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7 ni de la referida jurisprudencia que la calificación de «empresa», en el sentido de dicho artículo 2, punto 3, dependa de que la persona interesada, de la que consta que ejerce su actividad de manera habitual, disponga de una estructura organizada de medios tales como local propio, personal y herramientas o equipos relacionados con esa actividad. En efecto, en determinados sectores económicos, los elementos de activo material o inmaterial se reducen a su mínima expresión y la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra (véase, por analogía, la sentencia de 10 de diciembre de 1998, Hernández Vidal y otros, C‑127/96, C‑229/96 y C‑74/97, EU:C:1998:594, apartado 27).
34
Por último, en la medida en que es preciso que la operación se inscriba «en el marco» de la actividad de que se trata, no puede acogerse la interpretación defendida por CT según la cual, aunque una actriz, en cuanto profesional liberal, deba calificarse de «empresa» a efectos de la Directiva 2011/7 cuando celebra un contrato con una cadena de televisión, no actúa como tal en el momento de la celebración de un contrato de agencia como el controvertido en el litigio principal.
35
En efecto, procede considerar que la celebración de un contrato de agencia por una persona que ejerce la profesión de actriz forma parte de la actividad profesional de esa persona y está estrechamente relacionada con dicha actividad, puesto que, si la referida persona no ejerciera esta profesión, la celebración de tal contrato de agencia, que consiste precisamente en la promoción y la gestión de dicha actividad, carecería necesariamente de objeto.
36
Esta interpretación se ve corroborada por el contexto en el que se inscribe el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7 y por la finalidad que persigue esta Directiva. A este respecto, en primer lugar, se desprende del artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva, en particular, que su objeto es la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de este modo la competitividad de las empresas y, en particular, de las pymes. En segundo lugar, en el considerando 10 de la Directiva 2011/7 se subraya que las profesiones liberales quedan cubiertas por ella como «empresas».
37
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que una persona física que ejerce habitualmente como autónoma la profesión de actriz a cambio de una contraprestación, aunque no disponga de local propio, ni de personal, ni de herramientas o equipos relacionados con su actividad profesional, está comprendida en el concepto de «empresa», en el sentido de dicha disposición.
Costas
38
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
El artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
debe interpretarse en el sentido de que
una persona física que ejerce habitualmente como autónoma la profesión de actriz a cambio de una contraprestación, aunque no disponga de local propio, ni de personal, ni de herramientas o equipos relacionados con su actividad profesional, está comprendida en el concepto de «empresa», en el sentido de dicha disposición.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: portugués.