62024CJ0058_RES
Asunto C-58/24
NE,
MY,
HJ,
XF,
WB,
UV,
VK,
JU,
RJ,
DZ
contra
Ireland,
The Attorney General,
Minister for Housing, Local Government and Heritage,
An Comisiún Pleanála, anteriormente An Bord Pleanála
(Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de abril de 2026
«Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 92/43/CEE — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Artículo 12 — Sistema de protección rigurosa de determinadas especies animales — Artículo 16 — Decisión por la que se concede una excepción en previsión de una solicitud de licencia de obra para un proyecto sujeto a la Directiva 2011/92/UE — Artículo 11 — Convenio de Aarhus — Artículo 9 — Autonomía procesal — Principios de equivalencia y de efectividad — Decisión de autorización excepcional calificada como acto jurídico autónomo — Normas de procedimiento que establecen un plazo de tres meses para solicitar la anulación de una autorización excepcional»
Medio ambiente — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente — Directiva 2011/92 — Obligación de las autoridades competentes de llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental con carácter previo a la autorización — Concepto de autorización — Procedimiento de toma de decisiones complejo — Decisión por la que se autoriza al promotor de un proyecto a establecer excepciones a las medidas de protección de las especies con arreglo a la Directiva 92/43 — Inclusión — Requisitos
[Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 1, ap. 2, letras a) y c), y 2, ap. 1; Directiva 92/43/CEE del Consejo, arts. 12, 13 y 16, ap. 1]
(véanse los apartados 26 a 28)
Medio ambiente — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente — Directiva 2011/92 — Derecho de recurso de los miembros del público interesado — Recurso contra la decisión por la que se autoriza al promotor de un proyecto a establecer excepciones a las medidas de protección de las especies con arreglo a la Directiva 92/43 — Normativa procesal nacional — Principio de autonomía procesal — Respeto de los principios de equivalencia y de efectividad — Plazo de recurso de tres meses a partir de la fecha en que la persona afectada tenga conocimiento de tal decisión — Procedencia
[Carta de los Derechos Fundamentales, art. 47; Convenio de Aarhus, art. 9; Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2014/52/UE, arts. 1, ap. 2, letra a), y 11; Directiva 92/43/CEE del Consejo, art. 16]
(véanse los apartados 29 a 40, 44 a 45 y 52 a 53 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda), se pronuncia sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de una norma procesal nacional que impone un plazo de tres meses para interponer un recurso contra una decisión de autorización excepcional adoptada por las autoridades nacionales con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats. (
1
)
En el litigio principal, un grupo de personas físicas se opone a una decisión de autorización excepcional concedida por las autoridades irlandesas con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats para facilitar la construcción de viviendas en el antiguo monasterio carmelita de Delgany (Irlanda). Este monasterio es actualmente el hábitat de murciélagos, una especie animal rigurosamente protegida en virtud del anexo IV de la Directiva sobre los hábitats.
Los demandantes en el litigio principal no impugnaron la validez de la decisión de autorización excepcional controvertida en el plazo de tres meses establecido por el Derecho irlandés. El órgano jurisdiccional remitente, que alberga dudas en cuanto a la conformidad de esta autorización excepcional con las exigencias derivadas de la Directiva sobre los hábitats, desea saber si el Derecho de la Unión se opone a la aplicación de tal plazo procesal.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia comienza señalando que ni la Directiva EIA (
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) ni otras disposiciones del Derecho de la Unión precisan las modalidades del derecho de recurso contra una decisión de autorización excepcional adoptada con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats o contra una decisión de autorización en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva EIA. En particular, el Derecho de la Unión no establece ni el plazo para recurrir ni cuándo comienza a correr tal plazo.
Por consiguiente, en el supuesto específico en que una posible autorización excepcional deba adoptarse antes de la autorización de un proyecto, el Derecho de la Unión no exige que esas decisiones sean tratadas, a efectos del ejercicio del derecho de recurso contra ellas, como una única decisión, acompañada de un único plazo de recurso.
Asimismo, el Derecho de la Unión no exige que, cuando se concede una excepción en virtud del artículo 16 de la Directiva sobre los hábitats que está comprendida en el proceso de autorización de un proyecto, en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva EIA, el plazo de recurso solo deba correr a partir de la adopción o de la publicación de tal autorización.
Por lo que atañe, a este respecto, a la observancia del principio de efectividad, el Tribunal de Justicia considera que un plazo de tres meses para la interposición de un recurso a partir de la fecha de adopción de una decisión relativa a la excepción con arreglo al artículo 16 de la Directiva sobre los hábitats o, en su caso, a partir del momento en que la parte demandante tuvo o pudo razonablemente haber tenido conocimiento de dicha adopción no hace imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión.
Según el Tribunal de Justicia, la circunstancia de que tal plazo de recurso comience, en principio, antes de que concluya el procedimiento de autorización al que se refiere el artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva EIA no priva de efectividad en sí misma a los recursos que pueden interponerse de este modo.
Por un lado, esta circunstancia no es óbice para que el público interesado pueda impugnar, y el juez competente controlar, la compatibilidad de una decisión de autorización excepcional adoptada con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats con todas las exigencias a las que está sujeta su adopción con arreglo a la misma disposición.
Por otro lado, si bien es cierto que dicha circunstancia tiene como corolario que la excepción en cuestión adquiera carácter definitivo al expirar el plazo para recurrir, esta misma circunstancia no impide, sin embargo, que la autorización del proyecto, en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva EIA, pueda ser impugnada por el público interesado y controlada por un juez de manera eficaz, en concreto en lo que se refiere a la interacción que pueda existir, en su caso, entre las diferentes repercusiones medioambientales de un proyecto.
No obstante, el Tribunal de Justicia subraya que, para que el plazo de recurso empiece a correr, es preciso que el conocimiento, o incluso la posibilidad de haber tenido conocimiento, se refiera no solo a la parte dispositiva, sino también a la motivación de la decisión de que se trate. En efecto, la adquisición de ese conocimiento condiciona la efectividad del derecho a recurrir.
Por otra parte, para que se respete el principio de efectividad, también es necesario que los demandantes puedan prever razonablemente las vías de recurso y los plazos aplicables a estas.
A este respecto, en la medida en que el artículo 9, apartado 5, del Convenio de Aarhus (
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) establece que cada Parte en dicho Convenio velará por que se informe al público de la posibilidad que se le concede de iniciar procedimientos de recurso administrativo o judicial, exigencia que se aplica, en el contexto específico de la Directiva EIA, en el artículo 11, apartado 5, de la misma, esta información debería precisar que la interposición de un recurso contra una decisión relativa a la excepción adoptada con arreglo al artículo 16 de la Directiva sobre los hábitats debe efectuarse en un plazo de tres meses a partir del momento en que el demandante tuvo o pudo razonablemente tener conocimiento de la adopción de dicha decisión.
Sin embargo, como se desprende del tenor del artículo 9, apartado 5, del Convenio de Aarhus y del artículo 11, apartado 5, de la Directiva EIA, la falta de puesta a disposición del público de tal información no basta, por sí sola, para concluir que se ha vulnerado el principio de efectividad.
(
1
)	Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7; en lo sucesivo, «Directiva sobre los hábitats»).
(
2
)	Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 2011, L 26, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva EIA»).
(
3
)	Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO 2005, L 124, p. 1).