62008CC0533_ES
Conclusiones del abogado general
Conclusiones del abogado general
I. Introducción
1. Esta petición de decisión prejudicial del Hoge Raad der Nederlanden se refiere a la relación entre, por una parte, el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (2) y, por otra, el Convenio de Ginebra relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera de 19 de mayo de 1956 (en lo sucesivo, «Convenio CMR»). (3)
2. El artículo 71 del Reglamento nº 44/2002 permite seguir aplicando convenios internacionales de los Estados miembros relativos a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en ciertas materias y bajo determinadas circunstancias. El órgano jurisdiccional remitente desea que se aclare la relación entre algunas disposiciones del Convenio CMR y el Reglamento. A ello se añaden las cuestiones de si el Tribunal de Justicia es competente para interpretar el Convenio CMR y, en su caso, de cómo deben entenderse las disposiciones sobre litispendencia (lis pendens) y ejecución de resoluciones extranjeras del artículo 31 de dicho Convenio.
II. Marco jurídico (4)
A. Convenio CMR
3. El Convenio CMR establece una normativa especial para el contrato de transporte internacional de mercancías por carretera y comprende tanto disposiciones materiales como normas procesales. En aplicación del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, (5) predecesor del Reglamento nº 44/2001, ya fue reconocido como convenio específico en el sentido de la normativa anterior al artículo 71 del Reglamento nº 44/2001. (6) Desde entonces ha sido ratificado por todos los Estados miembros.
4. El artículo 31 del Convenio CMR dispone lo siguiente:
«1. Para todos los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado por este Convenio, el demandante podrá escoger, fuera de las jurisdicciones de los países contratantes, designadas de común acuerdo por las partes del contrato, las jurisdicciones del país en el territorio del cual:
a) el demandado tiene su residencia habitual, su domicilio principal o sucursal de agencia por intermedio de la cual ha sido concluido el contrato de transporte; o
b) está situado el lugar en que el transportista se hizo cargo de la mercancía o el lugar designado para la entrega de la misma, no pudiendo escogerse más que estas jurisdicciones.
2. Cuando en un litigio de los mencionados en el [apartado] 1 de este artículo una acción esté incoada ante una jurisdicción competente en los términos de este [apartado], o cuando en dicho litigio se ha pronunciado fallo por tal jurisdicción, no se podrá intentar ninguna nueva acción por la misma causa y entre las mismas partes, a menos que la decisión de la jurisdicción ante la que se utilizó la primera acción no sea susceptible de ser ejecutada en el país donde la nueva acción ha sido interpuesta.
3. Cuando en un litigio de los mencionados en el [apartado] 1 de este artículo un juicio fallado por una jurisdicción de un país contratante ha llegado a ser ejecutorio en este país, llega a ser igualmente ejecutorio en cada uno de los otros países contratantes, sobre todo después del cumplimiento de las formalidades prescritas a este efecto en el país interesado. Estas formalidades no pueden implicar revisión de la causa.
4. Las disposiciones del [apartado] 3 del presente artículo se aplican a los juicios con oposición de partes, a los juicios por rebeldía y a las transacciones judiciales, pero no se aplicarán a los juicios que no sean ejecutorios, a no ser por provisión, ni a las condenas por daños y perjuicios que hubieran sido pronunciadas en concepto de costas contra el demandante cuya demanda sea rechazada total o parcialmente.
[…]»
5. El artículo 47 del Convenio CMR determina la competencia para la interpretación del Convenio:
«Cualquier divergencia entre una o varias partes contratantes respecto a la interpretación o a la aplicación del presente Convenio, que las partes no hubieren podido resolver por vía de negociación o de otro modo, podrá ser sometida a la Corte Internacional de Justicia para ser zanjada por la misma a petición de una cualquiera de las partes contratantes.»
B. Derecho de la Unión Europea
6. El artículo 351 TFUE, apartados 1 y 2 (antiguo artículo 307 CE), establece lo siguiente:
«Las disposiciones de los Tratados no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad al 1 de enero de 1958 o, para los Estados que se hayan adherido, con anterioridad a la fecha de su adhesión, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra.
En la medida en que tales convenios sean incompatibles con los Tratados, el Estado o los Estados miembros de que se trate recurrirán a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado. En caso necesario, los Estados miembros se prestarán ayuda mutua para lograr tal finalidad y adoptarán, en su caso, una postura común.»
7. A tenor de los considerandos 16, 17 y 25 del Reglamento nº 44/2001:
«(16)	La confianza recíproca en la justicia dentro de la Comunidad legitima que las resoluciones dictadas en un Estado miembro sean reconocidas de pleno Derecho, sin que sea necesario, excepto en caso de oposición, recurrir a ningún otro procedimiento.
(17) Esta misma confianza recíproca justifica que sea eficaz y rápido el procedimiento para hacer ejecutoria, en un Estado miembro, una resolución dictada en otro Estado miembro. A tal efecto, el otorgamiento de la ejecución de una resolución debería producirse de manera casi automática, previo mero control formal de los documentos aportados, sin que el tribunal pueda invocar de oficio ninguno de los motivos de denegación de la ejecución previstos en el presente Reglamento.
[…]
(25) El respeto de los compromisos internacionales contraídos por los Estados miembros justifican que el presente Reglamento no afecte a los convenios en los que son parte los Estados miembros y se refieren a materias especiales.»
8. El artículo 27 del Reglamento nº 44/2001 dispone lo siguiente en caso de litispendencia simultánea de la misma causa ante los tribunales de varios Estados miembros (lis pendens):
«1.
Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declarare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera.
2. Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquél.»
9. El artículo 34 del Reglamento nº 44/2001 prevé las siguientes posibilidades de denegación de reconocimiento de una resolución extranjera:
«Las decisiones no se reconocerán:
1) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido,
[…]
3) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido, […]»
10. El artículo 35 del Reglamento nº 44/2001 añade otros motivos de denegación; su apartado 3 dispone:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, no podrá procederse a la fiscalización de la competencia del tribunal del Estado miembro de origen. El orden público contemplado en el punto 1 del artículo 34 no afectará a las reglas relativas a la competencia judicial.»
11. En caso de que, con arreglo a los artículos 43 y 44, se interponga un recurso contra la resolución de otorgamiento de la ejecución, se aplicarán, con arreglo al artículo 45, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, los correspondientes motivos de denegación de reconocimiento antes mencionados.
12. El artículo 71 establece lo siguiente por lo que se refiere a la relación entre el Reglamento nº 44/2001 y los convenios de los Estados miembros:
«1. El presente Reglamento no afectará a los convenios en que los Estados miembros fueren parte y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones.
2. Con el fin de asegurar su interpretación uniforme, el apartado 1 se aplicará como sigue:
a) el presente Reglamento no impedirá que un tribunal de un Estado miembro que fuere parte en un convenio relativo a una materia particular, pudiera fundamentar su competencia en dicho convenio, aunque el demandado estuviere domiciliado en un Estado miembro no parte en tal convenio. El tribunal que conociere del asunto aplicará, en todo caso, el artículo 26 del presente Reglamento;
b) las resoluciones dictadas en un Estado miembro por un tribunal que hubiere fundado su competencia en un convenio relativo a una materia particular serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros con arreglo al presente Reglamento.
Cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren parte el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido estableciere las condiciones para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas condiciones. En todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del presente Reglamento relativas al procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones.»
III. Hechos y cuestiones prejudiciales
13. En abril de 2001, Siemens Nederland N.V. (en lo sucesivo, «Siemens») y TNT Express Nederland B.V. (en lo sucesivo, «TNT») celebraron un contrato cuyo objeto era el transporte de mercancías de un valor de 103.540 DEM y un peso de 12 kg desde Zoetermeer, en los Países Bajos, hasta Unterschleissheim, Alemania, adonde éstas sin embargo no llegaron. Según indica el órgano jurisdiccional remitente, se aplican al contrato las disposiciones del Convenio CMR.
14. El 6 de mayo de 2002, TNT interpuso ante el rechtbank Rotterdam una demanda dirigida a obtener una resolución conforme a la cual se declarase que no era responsable frente a AXA Versicherung AG (en lo sucesivo, «AXA»), asegurador de Siemens, por encima del límite máximo de responsabilidad previsto en el artículo 23 del Convenio CMR (8,33 derechos especiales de envío [corresponde en la actualidad a 8,98 euros] por kilogramo de mercancía). La demanda fue desestimada mediante sentencia de 4 de mayo de 2005. TNT interpuso recurso contra esta sentencia ante el Gerechtshof te ‘s‑Gravenhage.
15. El 20 de agosto de 2004, AXA entabló por su parte ante el Landgericht München una acción frente a TNT dirigida a obtener la reparación del perjuicio que su asegurado había sufrido como consecuencia de la pérdida de las mercancías.
16. En este procedimiento, TNT propuso la excepción de litispendencia con arreglo al artículo 31, apartado 2, del Convenio CMR. El Landgericht se consideró no obstante competente ya que, con arreglo a reiterada jurisprudencia del Bundesgerichtshof alemán (en lo sucesivo, «BGH»), la acción declarativa negativa interpuesta por TNT y la acción de indemnización interpuesta a continuación por AXA no versaban sobre «la misma causa» en el sentido del artículo 31, apartado 2, del Convenio CMR, y condenó a TNT, mediante sentencias de 4 de abril y 7 de septiembre de 2006, al pago de una indemnización de daños y perjuicios.
17. El 6 de marzo de 2007, AXA solicitó ante el rechtbank Utrecht que se otorgara la ejecución de las resoluciones del Landgericht München I en los Países Bajos. Esta solicitud fue acogida el 28 de marzo de 2007 mediante resolución de medidas provisionales. El recurso interpuesto contra esta resolución con arreglo al artículo 43 del Reglamento nº 44/2001 no prosperó.
18. TNT interpuso a continuación recurso de casación ante el Hoge Raad. Para fundamentar su pretensión alega que el artículo 31 del Convenio CMR prevalece sobre la prohibición, establecida en el artículo 35, apartado 3, del Reglamento nº 44/2001, de la fiscalización de la competencia del tribunal del Estado miembro de origen. Al interponerse el recurso de casación, el Gerechtshof te ‘s‑Gravenhage todavía no se había pronunciado sobre el recurso de TNT contra la sentencia desestimatoria de la acción declarativa negativa del rechtbank Rotterdam.
19. Ante estas circunstancias, el Hoge Raad decidió plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 71, apartado 2, letra b), párrafo segundo, del Reglamento (CE) nº 44/2001 en el sentido de que
a) la normativa en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales contenida en el Reglamento nº 44/2001 únicamente cede frente al convenio especial si la normativa del convenio especial establece su aplicación exclusiva, o
b) en caso de aplicación simultánea de los requisitos de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales contenidos en el convenio especial y en el Reglamento nº 44/2001, siempre deben aplicarse los requisitos del convenio especial y procede de jar inaplicados los del Reglamento nº 44/2001, aunque el convenio especial no establezca su aplicación exclusiva respecto a otras normas internacionales de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales?
2) Con vistas a evitar la adopción de resoluciones divergentes en el caso de que se produzca el concurso de normas mencionada en la primera cuestión, ¿es competente el Tribunal de Justicia para interpretar –de forma vinculante para los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros– el [CMR], en la medida en que versa sobre la materia regulada en el artículo 31 de dicho Convenio?
3) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones segunda y primera, inciso i), ¿debe interpretarse la norma en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales contenida en el artículo 31, apartados 3 y 4, del Convenio CMR en el sentido de que ésta no establece su aplicación exclusiva y que deja margen para la aplicación de otras normas internacionales en materia de ejecución que permiten el reconocimiento o ejecución de resoluciones judiciales, como el Reglamento nº 44/2001?
En el caso de que el Tribunal de Justicia dé una respuesta afirmativa a la primera cuestión, inciso ii), y responda de forma igualmente afirmativa a la segunda cuestión, el Hoge Raad plantea […] las tres cuestiones siguientes:
4) En caso de solicitud de otorgamiento de ejecución ¿permite el artículo 31, apartados 3 y 4, del Convenio CMR a los órganos jurisdiccionales del Estado requerido examinar si el juez del Estado de origen tenía competencia internacional para conocer del litigio?
5) ¿Debe interpretarse el artículo 71, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, en el sentido de que, en caso de que la normativa sobre litispendencia del Convenio CMR concurra con la del Reglamento nº 44/2001, la normativa sobre litispendencia del Convenio CMR prevalece sobre la del Reglamento nº 44/2001?
6) ¿Versan sobre «la misma causa», en el sentido del artículo 31, apartado 2, del Convenio CMR, la acción declarativa ejercitada en el caso de autos en los Países Bajos y la demanda de indemnización de daños y perjuicios interpuesta en Alemania?»
20. En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia han presentado observaciones TNT, los Gobiernos de los Países Bajos, de la República Checa y Alemania, y la Comisión Europea.
IV. Apreciación jurídica
A. Observación previa
21. En caso de daño o de pérdida debido al transporte, ambas partes pueden presentar una demanda: una demanda de indemnización de daños y perjuicios de la persona que sea titular del poder de disposición (expedidor o receptor) e, inversamente, una demanda del transportista dirigida a obtener la declaración de que él no es responsable del daño o que, a lo sumo, lo es limitadamente por una cantidad máxima (la denominada demanda declarativa negativa).
22. A este respecto, las disposiciones en materia de indemnización de daños y perjuicios del Convenio CMR son interpretadas de modo diferente por los órganos jurisdiccionales de los Estados que son parte en el Convenio. La superación, dependiendo del grado de culpa, del límite de responsabilidad del artículo 29 del Convenio CMR se interpreta, en parte, en un sentido más estricto, en parte, en un sentido más amplio. (7) Ello puede provocar una carrera de ambas partes hacia el órgano jurisdiccional que defienda la interpretación que le sea más favorable. (8) A menudo la consecuencia son procedimientos paralelos ante los órganos jurisdiccionales de Estados diferentes.
23. Es cierto que el artículo 31, apartado 2, del Convenio CMR establece que una nueva acción es en principio inadmisible cuando ya esté pendiente un procedimiento «por la misma causa y entre las mismas partes» (regla lis pendens).
Sin embargo, dado que entre los Estados parte del Convenio tampoco existe acuerdo respecto a la interpretación de esta regla de litispendencia, (9) no se excluyen, en consecuencia, procedimientos paralelos.
24. Los órganos jurisdiccionales de algunos Estados parte en el Convenio CMR, incluidos los órganos jurisdiccionales alemanes, interpretan en sentido estricto el concepto de «la misma causa». A su juicio, las demandas recíprocas antes citadas no se refieren a «la misma causa» puesto que la una se dirige solamente a obtener una declaración (negativa) y la otra una condena. La finalidad de protección jurídica de la acción de indemnización va más allá que el objeto de la acción declarativa, de modo que no existe identidad de los objetos del litigio. Por lo tanto, la litispendencia de una acción declarativa negativa no se opone al ejercicio de una acción de indemnización. (10)
25. De conformidad con lo anterior, el Landgericht München I se consideró competente para pronunciarse sobre la acción de indemnización de AXA, a pesar de que la acción declarativa de TNT ya estuviera pendiente en los Países Bajos.
26. En cambio, el Hoge Raad, como los órganos jurisdiccionales de otros Estados parte en el Convenio, (11) sostiene que, con arreglo al artículo 31, apartado 2, del Convenio CMR, una acción declarativa negativa interpuesta con anterioridad también goza de prioridad frente a la acción de indemnización interpuesta con posterioridad. En este contexto, se remite en particular a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la norma de litispendencia del artículo 21 del Convenio de Bruselas. (12)
27. Ahora bien, el procedimiento principal del caso de autos ya se encuentra en una fase avanzada. Propiamente, ya no se trata de si el órgano jurisdiccional ante el que se ha interpuesto el recurso es competente para pronunciarse sobre una acción de indemnización, aunque la otra parte haya interpuesto con anterioridad una acción declarativa negativa ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro, puesto que el Landgericht München I ya ha dictado una resolución ejecutoria. Los órganos jurisdiccionales de los Países Bajos sólo deben decidir si esta resolución ha de reconocerse y ejecutarse en los Países Bajos. Una de las cuestiones clave del presente procedimiento es si, en este contexto, aún puede siquiera examinarse la competencia del órgano jurisdiccional de origen.
28. El artículo 45, apartado 1, en relación con el artículo 35, apartado 3, del Reglamento nº 44/2001 prohíbe la fiscalización de la competencia del tribunal del Estado miembro de origen como requisito del reconocimiento y la ejecución. Aunque, a juicio del órgano jurisdiccional encargado de la ejecución, el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento declarativo se hubiera considerado competente indebidamente, ello no podría llevar, con arreglo al Reglamento nº 44/2001, a una denegación del otorgamiento de la ejecución. La cuestión de si el artículo 31 del Convenio CMR también excluye tal fiscalización de la competencia en esta fase del procedimiento requiere ser aclarada en el presente procedimiento.
29. En consecuencia, tiene importancia para la ejecución de la sentencia del Landgericht München I en los Países Bajos cómo deban delimitarse entre sí los ámbitos de aplicación del Convenio CMR y del Reglamento nº 44/2001. Sólo en el supuesto de que las disposiciones del Reglamento sobre reconocimiento y ejecución cedieran ante el Convenio CMR, el órgano jurisdiccional encargado de la ejecución estaría en su caso facultado para verificar la competencia del órgano jurisdiccional que hubiera adoptado la resolución pendiente de ejecución.
B. Sobre la primera cuestión prejudicial
30. Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se interprete el artículo 71 del Reglamento nº 44/2001 por lo que se refiere a la relación entre este Reglamento y los convenios de los Estados miembros que, en materias particulares, regulen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución (en lo sucesivo, «convenios específicos»). En sustancia, desea saber si el artículo 71 supedita la aplicación prioritaria de las disposiciones de un convenio específico a que estas disposiciones establezcan su aplicación exclusiva.
31. Antes de responder a esta cuestión, deben hacerse varias observaciones generales previas sobre el significado del artículo 71 del Reglamento nº 44/2001.
32. Como ya observó acertadamente el Abogado General Tesauro en el asunto Tatry respecto a la disposición anterior, el artículo 57 del Convenio de Bruselas, se trata de una cláusula de coordinación entre el Convenio de Bruselas o el Reglamento nº 44/2001, por un lado, y los convenios previos de los Estados miembros que tienen por objeto el reconocimiento o la ejecución de resoluciones en materias particulares, por otro. (13)
33. El artículo 71 del Reglamento nº 44/2001 permite la aplicación de un convenio específico de los Estados miembros al excluir el ámbito de aplicación del Reglamento bajo determinadas circunstancias.
34. Como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia Tatry, el objetivo de esta excepción es que se respeten las reglas de competencia judicial, y de reconocimiento y ejecución de resoluciones, previstas por los convenios especiales, por haber sido establecidas teniendo en cuenta las características específicas de las materias a que afectan. (14) Tal como se desprende además del considerando 25 del Reglamento nº 44/2001, el artículo 71 de dicho Reglamento debe permitir a los Estados miembros respetar sus compromisos internacionales.
35. Con todo, esta limitación del ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001 se encuentra en cierta relación de tensión con el principio fundamental de aplicabilidad del Derecho de la Unión y su primacía sobre el Derecho nacional, incluidos los convenidos celebrados por los Estados miembros. El Reglamento debe aplicarse siempre que su aplicación no sea incompatible con un convenio específico. Además, las restricciones del ámbito de aplicación del Reglamento deben interpretarse de manera estricta y sólo son admisibles si son necesarias para garantizar el respeto del convenio específico.
36. Ello tiene dos consecuencias:
– El artículo 71 del Reglamento sólo en casos concretos concede primacía a las normas de Derecho internacional por lo que se refiere a cuestiones reguladas en el convenio específico. (15) Cuando el convenio no regula una cuestión o sólo la regula de forma incompleta, deben aplicarse las disposiciones del Reglamento, en su caso con carácter complementario.
– Incluso cuando una cuestión esté regulada en un convenio, pero sin que esta propia normativa establezca su aplicación exclusiva, sino que sólo se declare aplicable con carácter subsidiario frente a otros regímenes o como alternativa a ellos libremente elegible, tampoco se excluyen las disposiciones del Reglamento. (16) Por el contrario, pueden aplicarse en lugar del convenio específico.
37. Estos principios también se reflejan en lo dispuesto en el artículo 71, apartado 2, del Reglamento, que en cierta medida es una norma de ejecución o de concretización del primer apartado de la disposición. (17)
38. Así pues, se desprende del artículo 71, apartado 2, letra b), párrafo primero, que la normativa del Reglamento en materia de reconocimiento y ejecución debe también aplicarse cuando la competencia para dictar la correspondiente resolución se haya fundado en un convenio específico. Es cierto que un convenio que establezca una normativa en materia de competencia judicial se aplica, a este respecto, en lugar de las disposiciones del capítulo II del Reglamento nº 44/2001. Sin embargo, de ello no se deriva la completa exclusión del Reglamento, con la consecuencia de que, para las cuestiones que el convenio no regula (en particular, las relativas al reconocimiento y la ejecución) se pueda en adelante aplicar el Derecho interno. Por el contrario, la normativa del Reglamento en materia de reconocimiento y ejecución sigue siendo aplicable, sin perjuicio del párrafo segundo de la disposición.
39. El artículo 71, apartado 2, letra b), párrafo segundo, es de capital importancia para el caso de autos. Según la primera frase de este párrafo, se aplican las condiciones para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones establecidas por un convenio específico cuyas partes contratantes sean el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido. De esta formulación se deduce, a contrario,
que puede invocarse el Reglamento siempre y cuando tal convenio no regule esta cuestión o la regule de forma incompleta.
40. Es cierto que del tenor de la disposición no se deduce claramente si la normativa convencional también debe establecer su aplicación exclusiva. Dado que las limitaciones del ámbito de aplicación del Reglamento deben interpretarse restrictivamente, sería contrario a sus objetivos que sus disposiciones pudieran dejarse inaplicadas cuando el convenio específico no lo reclame imperativamente, concediendo únicamente eficacia a las propias disposiciones. (18)
41. Aboga además por dicha interpretación estricta del artículo 71 del Reglamento nº 44/2001 en materia de reconocimiento y ejecución, el principio del favor executionis,
subyacente en el Reglamento. (19) En este sentido, el Tribunal de Justicia ya señaló en la sentencia Tatry que la finalidad del Convenio de Bruselas consiste en «fortalecer en la Comunidad la protección jurídica de las personas establecidas en la misma y en facilitar el reconocimiento de las resoluciones al objeto de garantizar su ejecución». (20)
42. Cuando el convenio de que se trate no exija que una resolución extranjera sólo pueda ser ejecutada bajo determinadas condiciones que él mismo establece, sino que permita como alternativa la aplicación de otras disposiciones, dicho convenio es entonces conforme con el favor executionis
de que pueden aplicarse las normas más favorables a la ejecución.
43. En particular, las disposiciones del Reglamento nº 44/2001 van a simplificar a menudo la ejecución en comparación con los convenios internacionales. En efecto, debido a la confianza recíproca que fundamenta la estrecha cooperación de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, el Reglamento establece la mayoría de las veces, en materia de reconocimiento y ejecución, requisitos menos estrictos que los que suelen establecerse en instrumentos internacionales. Esto se observa, por ejemplo, en que, con arreglo al artículo 35, apartado 3, del Reglamento, no puede fiscalizarse la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen.
44. Visto lo anterior, debe responderse a la primera cuestión:
El artículo 71, apartado 2, letra b), párrafo segundo, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones del Reglamento en materia de requisitos de reconocimiento y ejecución de las resoluciones del órgano jurisdiccional de otro Estado miembro sólo ceden frente a las disposiciones correspondientes de un convenio específico, cuyas partes contratantes sean el Estado miembro de origen y el Estado requerido, cuando las disposiciones del convenio sean exhaustivas y exclusivas de modo que se opongan a la aplicación del Reglamento.
C. Sobre la segunda cuestión prejudicial
45. Mediante su segunda cuestión prejudicial, el Hoge Raad desea saber si el Tribunal de Justicia es competente para interpretar el Convenio CMR. Si se examina detenidamente, esta cuestión presenta dos aspectos.
46. Por una parte, procede dilucidar si el Tribunal de J usticia, al aplicar el artículo 71, apartado 2, letra b), párrafo segundo, del Reglamento, puede examinar el Convenio CMR para determinar el ámbito de aplicación del Reglamento.
47. Por otra parte, con esta cuestión prejudicial, el Hoge Raad persigue una finalidad de mayor alcance, concretamente obtener información acerca de si el Tribunal de Justicia puede interpretar, en general, un convenio específico de los Estados miembros para garantizar una interpretación uniforme de la normativa sobre litispendencia del Convenio y del Reglamento nº 44/2001.
48. No obstante, si del examen que sigue se desprendiera que el Convenio CMR no contiene disposiciones que prevalezcan sobre las disposiciones en materia de reconocimiento y ejecución del Reglamento, este segundo aspecto de la cuestión prejudicial tendría carácter hipotético. En efecto, en tal caso, con arreglo al artículo 35, apartado 3, del Reglamento nº 44/2001, los órganos jurisdiccionales alemanes no estarían habilitados para fiscalizar la competencia del órgano jurisdiccional de origen. En consecuencia, tampoco habría motivo para tratar más detenidamente la cuestión de si dicho órgano jurisdiccional interpretó adecuadamente la norma de litispendencia del artículo 31 del Convenio CMR.
49. Sin embargo, el hecho de que el Convenio CMR contenga disposiciones que prevalezcan sobre las disposiciones del Reglamento en materia de reconocimiento y ejecución sólo puede derivarse de una interpretación. En consecuencia, el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre la cuestión de si los órganos jurisdiccionales nacionales deben efectuar esta interpretación. De la respuesta a esta cuestión se deducirá si, en lo sucesivo, el Tribunal de Justicia interpreta directamente el Convenio CMR o si sólo puede interpretar el Reglamento teniendo en cuenta el Convenio CMR.
1. Acuerdos en los que es parte la Unión
50. Según el artículo 267 TFUE (antiguo artículo 234 CE), el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse sobre la interpretación de los Tratados, de los actos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión. Según reiterada jurisprudencia, también se incluyen en los actos de las instituciones los acuerdos internacionales a los que se haya adherido la propia Unión con arreglo a los procedimientos previstos en el artículo 218 TFUE (anterior artículo 300 CE). Estos acuerdos son parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión y, en el marco de éste, el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse con carácter prejudicial acerca de la interpretación del Derecho. (21)
51. No obstante, la Unión no es parte en el Convenio CMR como tal, sino sólo los Estados miembros, de manera que la competencia del Tribunal de Justicia en materia de interpretación de este Convenio no puede basarse directamente en una participación de la Unión.
2. ¿Analogía con los acuerdos mixtos?
52. Por lo que se refiere al Convenio CMR, es cierto que no se trata de un denominado acuerdo mixto que, debido a la competencia compartida sobre la materia regulada, hayan celebrado tanto los Estados miembros como la Unión. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se plantea, refiriéndose a la sentencia Hermès (22) relativa a la interpretación del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), si no existe una analogía con las competencias de interpretación en el marco de los acuerdos mixtos.
53. Los acuerdos mixtos también se consideran acuerdos de la Unión que el Tribunal de Justicia puede en cualquier caso interpretar dentro del marco delimitado por la competencia de la Unión. (23) No obstante, no siempre es posible, sin más, distinguir claramente entre sí los diferentes ámbitos de competencia. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha reconocido en su jurisprudencia relativa al artículo 50 del Acuerdo ADPIC que puede interpretar esta disposición sobre requisitos de medidas provisionales para proteger derechos de propiedad intelectual cuando, en el litigio concreto, no se aplique para proteger una marca comunitaria sino una marca nacional. (24) El Tribunal de Justicia lo fundamentó en que, independientemente del tipo de marca de que se trate, intervienen las mismas disposiciones nacionales en aplicación del artículo 50 del Convenio APDIC, de manera que su interpretación uniforme puede ser deseable. (25)
54. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si se desprende de esta jurisprudencia que el Tribunal de Justicia puede interpretar la norma de litispendencia del Convenio CMR aunque ésta no esté incluida en un acuerdo de la Unión. A su juicio, puede igualmente existir una necesidad parecida de interpretación uniforme del artículo 31 del Convenio CMR y del artículo 27 del Reglamento nº 44/2001.
55. Es cierto que el Tribunal de Justicia destacó en la sentencia Hermès que «existe un interés comunitario manifiesto en que [una disposición que puede aplicarse tanto a situaciones regidas por el Derecho nacional como a situaciones regidas por el Derecho comunitario], con el fin de evitar futuras divergencias de interpretación, […] reciba una interpretación uniforme, cualesquiera que sean las condiciones en que tenga que aplicarse». (26)
56. Sin embargo, de ello no puede derivarse un principio de Derecho de la Unión de que la normativa sobre litispendencia del Convenio CMR y del Reglamento nº 44/2001 deban también interpretarse de manera uniforme. En efecto, por lo que se refiere al Acuerdo ADPIC, se trata de un acuerdo en el que participa la Unión. Sus disposiciones se transponen al Derecho de la Unión, de manera que su interpretación en este contexto tiene relevancia.
57. Por el contrario, el Convenio CMR y el Reglamento nº 44/2001 son instrumentos jurídicos distintos, que con arreglo al artículo 71 del Reglamento, coexisten de modo independiente: el Reglamento no afecta a las disposiciones del Convenio sobre competencia judicial. De otro modo que en el ámbito del Acuerdo ADPIC o que en el ámbito del Derecho de la competencia (27) no se produce, por lo tanto, en la relación del caso de autos entre el Reglamento nº 44/2001 y el Convenio CMR, un solapamiento entre las disposiciones que se aplican a hechos sujetos al Derecho de la Unión y las correspondientes a hechos que quedan fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. En consecuencia, no existe un interés comparable de la Unión en una interpretación uniforme de las normas jurídicas aplicables que pudiera justificar una extensión de la competencia del Tribunal de Justicia en materia de interpretación a las disposiciones del Convenio CMR.
3. Interpretación de acuerdos en que no es parte la Unión
58. Los acuerdos que sólo han sido celebrados por los Estados miembros no suelen integrarse en el ordenamiento jurídico de la Unión y no vinculan a ésta. (28) Por consiguiente, tampoco es en principio función del Tribunal de Justicia interpretar dichos acuerdos. (29) Existen, no obstante, algunos casos en que, a pesar de ello, el Tribunal de Justicia se ha considerado competente en materia de interpretación de acuerdos, aunque éstos no hayan sido celebrados por la Unión (o la entonces Comunidad).
a) Competencia interpretativa en virtud de una sucesión funcional
59. El Tribunal de Justicia se consideró excepcionalmente competente en materia de interpretación en relación con el Acuerdo GATT de esa época (en lo sucesivo, «Acuerdo GATT 1947») antes de que la entonces Comunidad se adhiriera a la OMC. Lo fundamentó declarando que la Comunidad, sin ser ella misma firmante del acuerdo, se había hecho cargo de las obligaciones de los Estados miembros. Las correspondientes competencias habían sido transferidas a la Comunidad por los Estados miembros en los artículos 111 y 113 del Tratado CEE. En particular, la Comunidad había desde entonces celebrado el acuerdo aduanero y comercial en el marco del GATT en virtud del artículo 114, entonces en vigor, del Tratado CEE. (30)
60. Es cierto que en el ámbito del Derecho procesal civil internacional corresponde a la Unión, con arreglo al artículo 81 TFUE (anterior artículo 65 CE), apartado 2, letra a), la competencia para adoptar medidas para garantizar el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial. El Tribunal de Justicia declaró además en su dictamen 1/03 que la Unión también había adquirido entretanto la competencia externa exclusiva para celebrar acuerdos internacionales en este ámbito. (31)
61. No obstante, el Convenio CMR sólo regula las cuestiones procesales civiles de modo marginal. Su contenido esencial es la normativa en materia de contratos de transporte de mercancías por carretera. Aunque la Unión en este ámbito, apoyándose por ejemplo en las disposiciones sobre transportes (artículos 90 y ss. TFUE) o aproximación de las legislaciones (artículo 114 TFUE), disponga posiblemente de una competencia concurrente, no consta que ya haya hecho amplio uso de estas competencias. Por lo tanto, queda ya descartada una sucesión funcional de la Unión en las competencias de los Estados miembros en el marco del Convenio CMR. (32)
62. Como por otra parte ya expuse más detenidamente en mis conclusiones en el asunto Intertanko y otros, (33) es dudoso –independientemente del alcance de las competencias de la Unión– que la sola existencia de dichas competencias baste para excluir una vinculación de la Unión con compromisos internacionales de los Estados miembros y la correspondiente competencia del Tribunal de Justicia en materia de interpretación. El GATT constituye a este respecto un caso excepcional, dado que la transferencia de las competencias de política comercial estaba expresamente establecida en el entonces Tratado CEE. Además, debido a un sistema de comercio mundial destinado a desarrollarse, existía una particular necesidad de sucesión funcional.
63. Por el contrario, el Convenio CMR es un acuerdo celebrado únicamente por los Estados miembros que establece una normativa para relaciones de Derecho civil. No le es inherente un carácter evolutivo como al GATT.
64. En el ámbito de la competencia judicial y del reconocimiento y ejecución de sentencias, también lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento nº 44/2001 se opone en particular a que la Unión ocupe en cierto modo el lugar de los Estados miembros como parte en acuerdos relativos a materias especiales. En efecto, según esta disposición, a pesar precisamente de la actividad del legislador de la Unión, los acuerdos de los Estados miembros no deben, como tales, verse afectados.
b) Competencia en materia de interpretación del Derecho internacional consuetudinario basado en el Derecho internacional convencional
65. Por lo demás, el Tribunal de Justicia interpreta las disposiciones de acuerdos internacionales que la Unión no ha celebrado cuando también sean vinculantes para la Unión como manifestación de normas consuetudinarias del Derecho internacional general y, por lo tanto, se recurra a ellas como criterio de validez de la acción de las instituciones de la Unión. (34) Pero el Convenio CMR no tiene tal carácter.
c) Competencia interpretativa en virtud de una atribución especial de competencia
66. Asimismo, el Tribunal de Justicia es competente para interpretar un acuerdo de Derecho internacional que tenga relación con el objeto de los Tratados cuando las partes contratantes le confieran expresamente dicha competencia. Pueden indicarse como ejemplos de este supuesto los Protocolos al Convenio de Bruselas y al Convenio Europeo en materia de obligaciones contractuales. (35)
67. En cambio, el Convenio CMR no contiene tal transferencia expresa de competencias al Tribunal de Justicia. Antes bien, el artículo 47 del Convenio CMR establece una competencia interpretativa de la Corte Internacional de Justicia para las disposiciones del Convenio CMR. Esta competencia se refiere sólo, sin embargo, a litigios entre los Estados contratantes y no excluye la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales en materia de interpretación ni, en su caso, una competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
d) Competencia interpretativa en virtud de remisión
68. Conforme a la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia puede interpretar disposiciones concretas de acuerdos internacionales cuando las normas de Derecho de la Unión remitan a dichas disposiciones (36) o cuando el Derecho de la Unión haya sido adoptado para aplicar en la Unión requisitos de convenios internacionales. (37)
69. No obstante, el artículo 71 del Reglamento nº 44/2001 no puede equipararse con ese tipo de normas de remisión. Es cierto que el artículo 71 se refiere a los convenios de los Estados miembros relativos a una materia particular. Pero sus disposiciones no se incorporan de este modo al Derecho de la Unión. Antes bien, el artículo 71 limita el ámbito de aplicación del Reglamento para permitir que puedan seguir aplicándose los convenios como actos de los Estados miembros.
70. En cambio, el órgano jurisdiccional remitente parece considerar que los convenios mencionados en el artículo 71 están incluidos en el Reglamento y se refiere a este respecto la afirmación del informe Schlosser (38) de que las normas de competencia en los convenios relativos a materias particulares deben considerarse, en principio, como normas de competencia del propio Convenio de Bruselas.
71. Sin embargo, esta afirmación tiene únicamente por objeto aclarar que las competencias basadas en convenios específicos tienen el mismo rango que las del Convenio de Bruselas. Una competencia que se fundamente en un convenio específico no puede ser obstáculo para el reconocimiento y la ejecución de una sentencia en otro Estado miembro, aunque el Estado al que se solicite el reconocimiento no sea parte en el convenio específico. (39)
72. Así pues, del pasaje mencionado del informe Schlosser no se desprende que todas las disposiciones de los convenios específicos se hayan incorporado automáticamente al Reglamento nº 44/2001 y se hayan convertido por lo tanto en Derecho de la Unión. Ello estaría claramente en contradicción con el tenor del artículo 71, según el cual el Reglamento no afecta a los convenios relativos a una materia particular.
e) Conclusión provisional
73. Por consiguiente, puede concluirse con carácter provisional que el Convenio CMR no es un convenio de Derecho internacional que se haya convertido en parte del ordenamiento jurídico de la Unión Europea en el sentido más amplio. El Tribunal de Justicia no es por lo tanto competente para interpretar directamente este acuerdo de los Estados miembros.
4. Interpretación del artículo 71 del Reglamento nº 44/2001 teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio CMR
74. Con todo, las partes en el procedimiento están unánimemente de acuerdo en que el Tribunal de Justicia, en el marco de la delimitación de los ámbitos de aplicación del Reglamento nº 44/2001 y de convenios específicos de los Estados miembros, debe ser competente para determinar el contenido normativo de los correspondientes convenios.
75. En este sentido, el Tribunal de Justicia examinó en la sentencia Tatry, con arreglo al artículo 57 del Convenio de Bruselas –la disposición anterior al artículo 71 del Reglamento nº 44/2001–, si el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas relativas al embargo preventivo de buques de navegación marítima se vio perjudicado por la aplicación de la norma de litispendencia del artículo 21 del Convenio de Bruselas. (40) No obstante, no fundamentó con mayor precisión la norma de la que se deriva su competencia para interpretar ese convenio internacional de los Estados miembros.
76. Considero acertada la apreciación del Tribunal de Justicia en cuanto al fondo y también comparto el punto de vista de las partes en el presente procedimiento de que el Tribunal de Justicia debe ser competente para examinar el contenido de un convenio de los Estados miembros relativo a una materia particular al aplicar el artículo 71 del Reglamento nº 44/2001. De otro modo, dicho Tribunal no estaría en condiciones de determinar el ámbito de aplicación del Reglamento y de garantizar así la aplicación uniforme del Derecho de la Unión.
77. Ahora bien, no se trata de una interpretación original del acuerdo internacional de los Estados miembros, sino de una interpretación del artículo 71 del Reglamento nº 44/2001 con miras a la aplicación por el órgano jurisdiccional nacional de las disposiciones de ese acuerdo. El contenido normativo del convenio constituye por tanto el contexto fáctico y jurídico que permite la interpretación particular del Derecho de la Unión.
78. El Tribunal de Justicia se encuentra aquí en una situación similar a la de un procedimiento prejudicial en que se plantea la cuestión de la «compatibilidad» de una disposición de Derecho nacional con el Derecho de la Unión. En las circunstancias de ese procedimiento el Tribunal no es competente para determinar de manera vinculante el contenido de la disposición nacional ni para apreciar dicha disposición definitivamente con arreglo al Derecho de la Unión. El Tribunal interpreta, en cambio, el Derecho de la Unión en relación con una norma con las características de la disposición nacional concreta.
79. Lo que a primera vista parece un mero formalismo, se basa en cambio en una razón jurídica. El Tribunal de Justicia preserva así la competencia original de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para interpretar su Derecho nacional respectivo, incluidos los acuerdos internacionales celebrados por el Estado miembro de que se trate. Queda así reservado al órgano jurisdiccional remitente examinar definitivamente el Derecho interno a la luz de la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia y dejarlo inaplicado cuando sea incompatible con el Derecho de la Unión.
80. De ello se deriva, por lo que se refiere a la cuestión de la interpretación del Convenio CMR, que si bien el Tribunal de Justicia puede tener en cuenta su contenido para la interpretación del artículo 71 del Reglamento nº 44/2001, la apreciación de las disposiciones pertinentes del Convenio CMR en que se base no será vinculante para los órganos jurisdiccionales nacionales. Éstos están obligados, no obstante, a tener en cuenta la interpretación del artículo 71 del Reglamento que haya efectuado el Tribunal de Justicia sobre la base de su apreciación de la normativa del Convenio CMR.
81. La concepción aquí defendida del reparto de funciones entre el órgano jurisdiccional remitente y el Tribunal de Justicia en el marco del artículo 71 del Reglamento nº 44/2001 encuentra parangón en la jurisprudencia relativa al artículo 351 TFUE (antiguo artículo 307 CE).
82. También esta disposición regula la concurrencia de obligaciones de acuerdos anteriores de los Estados miembros con el Derecho de la Unión. A este respecto, el Tribunal de Justicia señaló en la sentencia Levy (41) que corresponde al juez nacional, y no al Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento prejudicial, determinar cuáles son las obligaciones que se imponen al Estado miembro de que se trata en virtud de un convenio internacional anterior y trazar sus límites, para determinar en qué medida obstaculizan tales obligaciones la aplicación del correspondiente acto jurídico de la antigua Comunidad.
83. En su jurisprudencia relativa al artículo 351 TFUE, el Tribunal de Justicia estableció además la obligación de dar a los acuerdos anteriores de los Estados miembros la interpretación más conforme posible con el Derecho de la Unión. (42) Debe, por lo tanto, examinarse si se aplica un principio análogo de interpretación uniforme en caso de concurrencia de acuerdos de los Estados miembros con el Reglamento nº 44/2001, tal y como se establece en el artículo 71 del Reglamento. Ello podría ser relevante por ejemplo para la cuestión de si la norma de litispendencia del artículo 31 debe interpretarse de conformidad con el artículo 27 del Reglamento nº 44/2001.
84. Ahora bien, la distinta solución dada a los conflictos normativos en el artículo 351 TFUE, por un lado, y en el artículo 71 del Reglamento nº 44/2001, por otro, parece oponerse a una obligación de interpretación conforme en el marco del artículo 71 del Reglamento.
85. A este respecto, debe observarse en primer lugar que, según reiterada jurisprudencia, el artículo 351 TFUE no se aplica a la relación entre los Estados miembros. (43) Por consiguiente, esta disposición no tiene una relevancia directa para el presente caso, en el que se invoca la normativa del Convenio CMR en un procedimiento que concierne a dos Estados miembros.
86. Con independencia de lo anterior, también por razones de fondo el artículo 351 TFUE sería inaplicable. Esta disposición se basa en que, en definitiva, los Estados miembros deben aplicar el TUE y el TFUE eliminando las incompatibilidades que existan entre sus compromisos convencionales en la medida de lo posible mediante adaptación de los tratados o también, en caso necesario, mediante la denuncia del acuerdo de que se trate. (44) Este planteamiento se ve en cierto modo contrarrestado por la obligación de la interpretación conforme.
87. Un conflicto entre el compromiso internacional de los Estados miembros –en este caso, del Convenio CMR– y una disposición de Derecho de la Unión –en este caso, el Reglamento nº 44/2001–, como el que contempla el artículo 351 TFUE, está sin embargo excluido de antemano por la limitación del ámbito de aplicación del Reglamento en su artículo 71. Mediante esta disposición, el legislador ha mantenido conscientemente la coexistencia del Reglamento y de la normativa específica de los convenios, también en la relación entre los Estados miembros, con el fin de conferir primacía a la normativa específica. (45) Por consiguiente, tampoco se requiere una adaptación o interpretación conforme de los convenios para prevenir en la medida de lo posible divergencias respecto del Derecho de la Unión.
5. Respuesta a la segunda cuestión
88. En conclusión, debe por lo tanto responderse a la segunda cuestión prejudicial que el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar el Convenio CMR. Corresponde, sin embargo, al Tribunal de Justicia interpretar el artículo 71 del Reglamento nº 44/2001 con miras a la aplicación por el órgano jurisdiccional nacional de las disposiciones del Convenio CMR que afectan al ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001 y, en este contexto, examinar las disposiciones del Convenio CMR.
D. Sobre las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta
89. Mediante la tercera cuestión prejudicial, el Hoge Raad desea saber si el artículo 31, apartados 3 y 4, del Convenio CMR, constituye o no una normativa exhaustiva en materia de ejecución, de manera que junto a ella puedan aplicarse las correspondientes disposiciones del Reglamento nº 44/2001. Esta cuestión debe tratarse conjuntamente con la cuarta cuestión que se refiere al examen de la competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen como posible requisito de ejecución con arreglo al Convenio CMR.
90. Sin embargo, estas cuestiones deben reformularse habida cuenta de la respuesta dada a la segunda cuestión prejudicial. Por consiguiente, deberá examinarse si disposiciones como el artículo 31, apartados 3 y 4, del Convenio CMR deben considerarse una regulación exhaustiva de los requisitos para el reconocimiento y la ejecución en el sentido del artículo 71, apartado 2, letra b), párrafo segundo, primera frase, del Reglamento nº 44/2001, de manera que las correspondientes disposiciones del Reglamento sigan siendo de aplicación y, en particular, excluyan un examen de la competencia del órgano jurisdiccional de origen en el procedimiento de ejecución.
91. Según el artículo 31, apartado 3, del Convenio CMR, una resolución ejecutoria de un órgano jurisdiccional de un Estado contratante del Convenio CMR es ejecutoria en todos los demás Estados contratantes, siempre que se cumplan las formalidades prescritas a este efecto en el país interesado. En el artículo 31, apartado 4, del Convenio CMR se precisa más concretamente a qué resoluciones que ponen fin al proceso se aplica el apartado 3.
92. Además, el artículo 31, apartado 3, segunda frase, del Convenio CMR establece como requisito negativo que el cumplimiento de estas formalidades no puede implicar «revisión de la causa» («aucune revision de l’affaire»; «shall not permit the merits of the case to be re‑opened»).
93. Así pues, no parece que las citadas disposiciones del Convenio CMR contengan una regulación completa de los requisitos de ejecución, sino que remitan a este respecto a las normativas nacionales. El único requisito que se impone al órgano jurisdiccional encargado de la ejecución es la prohibición de la revisión de la causa. Habida cuenta de la inexistencia de otros requisitos correspondientes en el Convenio CMR, debe partirse de que la remisión a las formalidades prescritas en el Estado de ejecución se refiere en sentido amplio a las disposiciones que allí se apliquen en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras, por ejemplo el procedimiento de otorgamiento del exequatur,
incluido el necesario examen de los requisitos materiales de ejecución a que esté sometido, como la compatibilidad de la resolución que debe ejecutarse con el orden público.
94. Esta apreciación viene respaldada por el contexto histórico del Convenio. En el momento en que éste se celebró, en el año 1956, todavía era normal en algunos Estados contratantes efectuar, en el marco del reconocimiento y la ejecución, una revisión de la causa de las resoluciones extranjeras. Con este trasfondo, la referencia a las «formalidades» debe entenderse como indicación de la naturaleza puramente «formal» del control («contrôle de la régularité formelle») renunciándose a la revisión de la causa, expresamente prohibida por el artículo 31, apartado 3, segunda frase, del Convenio CMR. (46) En este sentido, «formalidades» significa, por lo tanto, todos los requisitos de ejecución con arreglo al Derecho nacional, con excepción de la exactitud material de la resolución.
95. Por consiguiente, debe partirse del principio de que normas como las disposiciones mencionadas del Convenio CMR no regulan los requisitos de ejecución con carácter exhaustivo. Así pues, conforme al artículo 71, apartado 2, letra b), párrafo segundo, primera frase, del Reglamento nº 44/2001, dichas disposiciones no se oponen a la aplicación de los artículos 38 a 52 del Reglamento en la relación entre los Estados miembros.
96. Si bien el artículo 31 del Convenio CMR aborda los requisitos de ejecución, las correspondientes disposiciones no están específicamente dedicadas a la situación del transporte de mercancías por carretera. (47) Ello también constituye un argumento en contra de la primacía de las disposiciones del Convenio CMR sobre las normas del Reglamento en materia de reconocimiento y ejecución.
97. Queda por examinar si disposiciones como las del Convenio CMR, a diferencia del artículo 35, apartado 3, del Reglamento nº 44/2001, hacen del control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen un requisito de ejecución.
98. En este sentido apunta, en parte, la relación entre el apartado 3 y el apartado 1 del artículo 31, del Convenio CMR. Al aludir el artículo 31, apartado 3, a un «litigio de los mencionados en el [apartado] 1», la disposición presupone implícitamente que el órgano jurisdiccional encargado de la ejecución también verifica la competencia del órgano jurisdiccional de origen, mencionada en el apartado 1. (48) Esta interpretación se basa la necesidad de proteger a la parte que pierde el proceso frente a normas del Convenio CMR en materia de ejecución que se consideran demasiado rigurosas. (49)
99. Sin embargo, a la vista del tenor del artículo 31, apartado 1, del Convenio CMR, parece más convincente entender la referencia del artículo 31, apartado 3, a un «litigio de los mencionados en el [apartado] 1» tan sólo como referencia a los «litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado por este Convenio», a que se refiere el apartado 1. (50) Por añadidura, el apartado 1 regula sólo la cuestión de la competencia territorial, pero no la inadmisibilidad de una demanda posterior en caso de litispendencia, mencionada en el apartado 2.
100. Por tanto, las normas del Convenio CMR no reclaman imperativamente un control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen. Si las disposiciones nacionales en materia de reconocimiento y ejecución prevén tal examen, el Convenio CMR tampoco se opone a dicho control.
101. En la Unión Europea, el control de la competencia está excluido por el artículo 35, apartado 3, del Reglamento nº 44/2001. Esta norma, basada en el principio del favor executionis,
no queda excluida en el presente contexto a falta de una normativa exhaustiva en contrario, con arreglo al artículo 71, apartado 2, letra b), del Reglamento.
102. Por consiguiente, debe responderse a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que disposiciones como el artículo 31, apartados 3 y 4, del Convenio CMR, no constituyen una regulación exhaustiva de los requisitos de reconocimiento y ejecución en el sentido del artículo 71, apartado 2, letra b), párrafo segundo, primera frase, del Reglamento nº 44/2001 y, en particular, no exigen el control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen, de manera que se aplican las disposiciones que establece a este respecto el Reglamento nº 44/2001.
E. Sobre las cuestiones prejudiciales quinta y sexta
103. A la vista de las respuestas a las cuestiones prejudiciales primera a cuarta, no es necesario responder a las cuestiones quinta y sexta, que sólo se plantearon con carácter subsidiario.
V. Conclusión
104. En virtud de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales del Hoge Raad del modo siguiente:
«1. El artículo 71, apartado 2, letra b), párrafo segundo, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones del Reglamento sobre los requisitos de reconocimiento y ejecución de resoluciones del órgano jurisdiccional de otro Estado miembro sólo ceden frente a las disposiciones correspondientes de un convenio específico, cuyas partes contratantes sean el Estado de origen y el Estado requerido, cuando las disposiciones del convenio sean exhaustivas y exclusivas de modo que se opongan a la aplicación del Reglamento.
2. El Tribunal de Justicia no es competente para interpretar el Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera firmado en Ginebra el 19 de mayo de 1956 (Convenio CMR). Corresponde, sin embargo, al Tribunal de Justicia interpretar el artículo 71 del Reglamento nº 44/2001 con miras a la aplicación por el órgano jurisdiccional nacional de las disposiciones del Convenio CMR que afectan al ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001 y, en este contexto, examinar las disposiciones del Convenio CMR.
3. Disposiciones como el artículo 31, apartados 3 y 4, del Convenio CMR no constituyen una regulación exhaustiva de los requisitos de reconocimiento y ejecución en el sentido del artículo 71, apartado 2, letra b), párrafo segundo, primera frase, del Reglamento nº 44/2001 y en particular no exigen el control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen, de manera que se aplican las disposiciones que establece a este respecto el Reglamento nº 44/2001.»
(1) .
(2)  –	DO L 12, p. 1, en la versión aplicable al caso de autos, modificada en último lugar por el Reglamento (CE) nº 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (DO L 363, p. 1).
(3)  –	Las versiones lingüísticas vinculantes del CMR son la versión inglesa y la francesa (publicadas en Recueil des traités des Nations unies
1961, nº 5742, p. 190). La traducción aquí utilizada es la traducción oficial, publicada en el Bundesgesetzblatt
alemán 1961 II, p. 1120. La abreviatura oficial «CMR» procede del título francés del convenio («Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route»).
(4)  –	Dado que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, el Tratado CE fue sustituido por el TUE y el TFUE, en estas conclusiones me referiré a las disposiciones con la numeración de los Tratados desde entonces en vigor, a menos que sean de aplicación las disposiciones del Tratado CE. Siempre que se cite la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con las disposiciones anteriores, parto de que también es aplicable a las nuevas disposiciones, a no ser que éstas hayan sido modificadas significativamente. Por último, utilizaré las denominaciones utilizadas en los nuevos Tratados (en particular, Unión en lugar de Comunidad).
(5)  –	DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/1, p. 186; versión consolidada, DO 1998, C 27, p. 1.
(6)  –	Véase la lista en el Informe de P. Jenard sobre el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1979, C 59, pp. 1 y 60).
(7)  –	Consúltese la visión de conjunto en Jesser‑Huß, H.: Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 2ª edición, München 2009, artículo 29 del Convenio CMR, apartados 8 a 13.
(8)  –	Véanse las declaraciones del abogado general del Hoge Raad der Nederlanden Strikwerda de 5 de septiembre de 2008 en el litigio principal, p. 4, apartado 9, con otras referencias.
(9)  –	Véanse las referencias en Haubold, J.: «CMR und Europäisches Zivilverfahrensrecht – Klarstellungen zu internationaler Zuständigkeit und Rechtshängigkeit», Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts – IPRax
2006, pp. 224 y 227 y notas 24 y 25.
(10)  –	BGH, sentencias de 20 de noviembre de 2003, I ZR 102/02 y I ZR 294/02, consultables en www.bundesgerichtshof.de.
(11)  –	Véase, por ejemplo, Oberster Gerichtshof (OGH) austríaco, sentencia de 17 de febrero de 2006 (10 Ob 147/05 y) y Court of Appeal of England and Wales (Reino Unido), sentencia de 23 de enero de 2001, Andrea Merzario Ltd. Internationale Spedition Leitner Gesellschaft GmbH ([2001] EWCA civ. 61, apartados 80 a 98 y 103 a 109).
(12)  –	Véanse las sentencias de 8 de diciembre de 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, Rec. p. 4861), apartados 14 a 19, y de 6 de diciembre de 1994, Tatry (C‑406/92, Rec. p. I‑5439), apartados 37 a 45.
(13)  –	Conclusiones presentadas el 13 de julio de 1994 en el asunto en el que recayó la sentencia Tatry (citada en la nota 12), punto 8.
(14)  –	Sentencia Tatry (citada en la nota 12), apartado 24, que se pronunció sobre el artículo 57 del Convenio de Bruselas. Esta declaración puede no obstante aplicarse a la disposición casi literalmente idéntica del artículo 71 del Reglamento nº 44/2001. En efecto, según el considerando 19 del Reglamento, procede garantizar la continuidad entre el Convenio de Bruselas y el presente Reglamento [véanse las sentencias de 23 de abril de 2009, Draka NK Cables y otros (C‑167/08, Rec. p. I‑0000), apartado 20, y de 10 de septiembre de 2009, German Graphics (C‑292/08, Rec. p. I‑0000), apartado 27].
(15)  –	En este sentido, véase la sentencia Tatry (citada en la nota 12), apartado 25.
(16)  –	En este sentido, por ejemplo, el artículo 23 del Convenio de la Haya sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones relativas a las obligaciones alimenticias, celebrado el 2 de octubre de de 1973 (consultable en www.hcch.net.), establece que el Convenio no impedirá la aplicación de las disposiciones de otro instrumento internacional para obtener el reconocimiento o la ejecución.
(17)  –	Conclusiones del Abogado General Tesauro en el asunto Tatry (citadas en la nota 13), punto 8.
(18)  –	Véase, a este respecto, el ejemplo sobre el Convenio de la navegación en el Rin en el informe relativo al acuerdo de adhesión del Reino de Dinamarca, Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de P. Schlosser (DO 1979, C 59, pp. 71 y 79, nº 243).
(19)  –	Véanse los considerandos 16 y 17.
(20)  –	Sentencia Tatry (citada en la nota 12), apartado 25.
(21)  –	Véanse las sentencias de 30 de abril de 1974, Haegeman (181/73, Rec. p. 449), apartados 2 a 6; de 30 de septiembre de 1987, Demirel (12/86, Rec. p. 3719), apartado 7; de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA (C‑344/04, Rec. I‑403), apartado 36; de 3 de junio de 2008, Intertanko y otros (C‑308/06, Rec. p. I‑4057), apartado 53, y de 22 de octubre de 2009, Bogiatzi (C‑301/08, Rec. I‑0000), apartados 23 y ss.).
(22)  –	Sentencia de 16 de junio de 1998 (C‑53/96, Rec. p. I‑3603).
(23)  –	Véanse las sentencias Haegeman (citada en la nota. 21), apartados 2 a 6; Demirel (citada en la nota 21), apartado 7; Hermès (citada en la nota 22), apartado 29; de 14 de diciembre de 2000, Dior y otros (C‑300/98 y C‑392/98, Rec. p. I‑11307), apartado 33, y de 30 de mayo de 2006, Comisión/Irlanda (C‑459/03, Rec. p. I‑4635), apartado 84.
(24)  –	Sentencias Hermès (citada en la nota 22) apartado 32, y Dior y otros (citada en la nota 23), apartados 47 y ss.
(25)  –	Sentencias Hermès (citada en la nota 22) apartado 32, y Dior y otros (citada en la nota 23), apartados 47 y ss.
(26) –	Citada en la nota 22, apartado 32.
(27)
–	Véanse, a este respecto, las sentencias de 14 de diciembre de 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (C‑217/05, Rec. p. I‑11987), apartado 20, y de 11 de diciembre de 2007, Ente Tabacchi Italiani (C‑280/06, Rec. I‑10893), apartado 26.
(28)  –	Véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de julio de 1994, Peralta, (C‑379/92, Rec. p. I‑3453), apartado 16, y de 24 de junio de 2008, Commune de Mesquer (C‑188/07, Rec. p. I‑4501), apartado 85, así como el punto 84 de mis conclusiones de 13 de marzo de 2008 en dicho asunto.
(29) –	Véanse las sentencias de 27 de noviembre de 1973, Vandeweghe (130/73, Rec. p. 1329), apartado 2; de 2 de agosto de 1993, Levy (C‑158/91, Rec. p. I‑4287), apartado 21; Peralta (citada en la nota 27), apartado 16, y Bogiatzi (citada en la nota 21), apartado 24.
(30)  –	Sentencia de 12 de diciembre de 1972, International Fruit Company (21/72 a 24/72, Rec. p. 1219), apartados 15 a 18. Véanse además, a este respecto, las sentencias Peralta (citada en la nota 27), apartado 16; Intertanko y otros (citada en la nota 21), apartado 48; Commune de Mesquer (citada en la nota 27), apartado 85, y Bogiatzi (citada en la nota 21), apartado 25.
(31)  –	Dictamen de 7 de febrero de 2006 (Rec. p. I‑1145).
(32)  –	Véanse, en este sentido, las sentencias Intertanko y otros (citada en la nota 21), apartado 49, y Bogiatzi (citada en la nota 21), apartado 33.
(33)  –	Conclusiones de 20 de noviembre de 2007, en el asunto Intertanko y otros (citado en la nota 21), puntos 40 y ss.
(34)  –	Sentencias de 24 de noviembre de 1992, Poulsen y Diva Navigation (C‑286/90, Rec. p. I‑6019), apartados 9 y ss.; de 16 de junio de 1998, Racke (C‑162/96, Rec. p. I‑3655), apartado 45, e Intertanko y otros (citada en la nota 21), apartado 51.
(35)  –	Véase el Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Luxemburgo el 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; EE 01/2, p. 28) y el Primer Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (DO 1989, L 48, p. 1).
(36)  –	Véanse, por ejemplo, las referencias en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) al Convenio de París para la Protección de la propiedad industrial. De ahí que el Tribunal de Justicia interpretara sus disposiciones en la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C‑40/01, Rec. p. I‑2439), apartados 32 y ss. Además, el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, (DO L 338, p. 1) se refiere a la sustanciación de un procedimiento de restitución con arreglo al Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
(37)  –	Sentencias de 22 de junio de 1989, Fediol/Comisión (70/87, Rec. p. 1781), apartado 19, y de 7 de mayo de 1991, Nakajima/Consejo (C‑69/89, Rec. p. I‑2069), apartado 31.
(38)  –	Citado en la nota 18, nº 240.
(39)  –	Véase, contra esta conclusión, la reserva que el artículo 57, apartado 4, del Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988 (DO 1988, L 319, p. 9) establece en relación con el reconocimiento y la ejecución de una s entencia dictada en virtud de una norma de competencia válida únicamente en el Estado de origen.
(40)  –	Citada en la nota 12, apartado 27.
(41)  –	Citada en la nota 28, apartado 21. En la sentencia de 18 de noviembre de 2003, Budĕjovický Budvar (C‑216/01, Rec. I‑13617), si bien el Tribunal de Justicia efectúa consideraciones amplias sobre la aplicación de un acuerdo bilateral (apartados 148 y ss.), después también deja al órgano jurisdiccional remitente las declaraciones definitivas a este respecto (apartado 163).
(42)  –	Véase la sentencia Budĕjovický Budvar (citada en la nota 40), apartado 169.
(43)  –	Véanse las sentencias de 22 de septiembre de 1988, Deserbais (286/86, Rec. p. 4907), apartado 18, y Bogiatzi (citada en la nota 21), apartado 19.
(44)  –	Sentencia de 4 de julio de 2000, Comisión/Portugal (C‑84/98, Rec. p. I‑5215), apartado 58.
(45)  –	Véanse, en cambio, los artículos 59 y 60 del Reglamento nº 2201/2003 (citado en la nota 36), que, en la relación entre los Estados miembros, confieren primacía a este Reglamento frente a instrumentos jurídicos internacionales.
(46)  –	Loewe, R.: «Erläuterungen zum Übereinkommen vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR)», European Transport Law
11 (1976), pp. 503 y 583; Jesser‑Huß, H., op. cit.,
nota 7, artículo 31 del Convenio CMR, apartado 37.
(47)  –	Véase Meij, P. de: Samenloop EEX‑Verordening met bijzondere verdragen,
Deventer 2003, pp. 251 y 287.
(48)  –	Véase la fundamentación a este respecto en Messent, A. y Glass, D.A.: Hill & Messent – CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road, 3a edición, London 2000, apartado 10.48 y nota 103.
(49)  –	Veáse la fundamentación en Jesser‑Huß, H., op. cit.,
nota 7, artículo 31 del Convenio CMR, apartado 36 y notas 116 y 117.
(50)  –	También, en la conclusión, Jesser‑Huß, H., op. cit.,
nota 7, artículo 31 del Convenio CMR, apartado 36.