62022CJ0602_RES
Asunto C‑602/22 P
ABLV Bank AS, en liquidación
contra
Junta Única de Resolución
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de diciembre de 2025
«Recurso de casación — Política económica y monetaria — Unión bancaria — Reglamento (UE) n.o 806/2014 — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Artículo 7 — Reparto de funciones dentro del Mecanismo Único de Resolución — Artículo 18 — Procedimiento de resolución — Requisitos — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no adoptar un dispositivo de resolución — Competencia de la JUR»
Política económica y monetaria — Política económica — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Decisión de no adoptar un dispositivo de resolución — Competencia exclusiva de la Junta Única de Resolución — Requisito — Incumplimiento de las condiciones acumulativas para el inicio de un procedimiento de resolución
[Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 18, aps. 1 a 6]
(véanse los apartados 71 a 84)
Instituciones de la Unión Europea — Ejercicio de sus competencias — Delegaciones — Requisitos — Delegación de facultades discrecionales en las agencias — Tipos de delegaciones y efectos — Delegación de facultades de ejecución netamente delimitadas — Falta de modificación notable de las facultades afectadas — Delegación de una facultad discrecional que implique un amplio margen de apreciación de las cuestiones fundamentales del ámbito político de que se trate — Potencial desplazamiento de responsabilidad
(Art. 290 TFUE)
(véanse los apartados 87 a 90)
Instituciones de la Unión Europea — Ejercicio de sus competencias — Delegaciones — Requisitos — Delegación de facultades decisorias a la Junta Única de Resolución (JUR) — Adopción por la JUR de un dispositivo de resolución — Amplia facultad de apreciación — Disposiciones normativas que evitan un desplazamiento de responsabilidad de la Comisión a la JUR
[Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 18, aps. 1 a 7]
(véanse los apartados 91, 92, 97 y 99)
Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Actos de trámite — Decisión de adopción de un dispositivo de resolución por la Junta Única de Resolución (JUR) — Entrada en vigor — Inexistencia de producción de efectos jurídicos obligatorios — Exclusión — Decisión de aprobación de la Comisión, o del Consejo, que fija definitivamente el contenido de dicho dispositivo — Inclusión
[Art. 263 TFUE; Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 18, aps. 1 a 8, y 30, aps. 1 y 2]
(véanse los apartados 94 y 96)
Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho a la tutela judicial efectiva — Reconocimiento por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Control jurisdiccional de las decisiones adoptadas por la Junta Única de Resolución (JUR) — Control limitado a la verificación de la exactitud material de los hechos y a la inexistencia de error manifiesto de apreciación — Incumplimiento — Inexistencia
(Art. 263 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 129 a 132)
Política económica y monetaria — Política económica — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Adopción de un dispositivo de resolución — Requisitos — Consideración de las circunstancias que originaron la situación de graves dificultades o de probabilidad de graves dificultades — Exclusión
[Reglamento (CE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 58 y art. 18, aps. 1 y 4]
(véase el apartado 156)
Resumen
En el procedimiento del recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General de 6 de julio de 2022, ABLV Bank/JUR (T‑280/18, EU:T:2022:429), el Tribunal de Justicia, que lo desestima, en Gran Sala, se pronuncia por primera vez sobre la competencia de la Junta Única de Resolución (en lo sucesivo, «JUR») para decidir formalmente no adoptar un dispositivo de resolución.
La recurrente, ABLV Bank AS, es una entidad de crédito establecida en Letonia y la sociedad matriz del grupo ABLV. ABLV Bank Luxembourg SA es una entidad de crédito establecida en Luxemburgo y una de las filiales del grupo ABLV; su único accionista es la recurrente. Estas dos entidades tenían la calificación de «entidad significativa» y estaban sometidas, por ese motivo, a la supervisión del Banco Central Europeo (BCE) en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). (
1
)
El 13 de febrero de 2018, el United States Department of the Treasury (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América) anunció un proyecto de medida para designar a la recurrente como una institución que representaba un riesgo importante en materia de blanqueo de capitales. A raíz de este anuncio, la recurrente ya no pudo efectuar pagos en dólares estadounidenses. El BCE instó a la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Comisión de Mercados Financieros y de Capitales, Letonia) y a la Commission de surveillance du secteur financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero, Luxemburgo) a que suspendieran los pagos de las obligaciones financieras de la recurrente y de ABLV Bank Luxembourg, respectivamente. El 23 de febrero de 2018, el BCE concluyó que la recurrente y ABLV Bank Luxembourg estaban en graves dificultades o probablemente iban a estarlo. Mediante dos Decisiones de 23 de febrero de 2018, referidas, respectivamente, a la recurrente y a ABLV Luxembourg, la Junta Única de Resolución (JUR), haciendo suya la conclusión del BCE en cuanto a que ambas se hallaban en una situación de graves dificultades o probablemente iban a estarlo, consideró, no obstante, que no era necesaria una medida de resolución respecto de las mismas en aras del interés público. (
2
)
Apreciación del Tribunal de Justicia
Por lo que se refiere al error de Derecho alegado por la recurrente en cuanto a la interpretación del artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014 efectuada por el Tribunal General, que desestimó el motivo basado en la incompetencia de la JUR para adoptar formalmente una decisión de no acordar un dispositivo de resolución en el sentido de dicha disposición, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer término, que, según su reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión Europea hay que tener en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (
3
)
Para comenzar, el tenor del artículo 18 de este Reglamento indica (
4
) que la JUR adoptará un dispositivo de resolución respecto de las entidades y los grupos financieros que se consideren importantes, solamente si considera que se cumplen (
5
) las condiciones que figuran en dicho Reglamento, a saber, primero, que la entidad o el grupo de que se trate esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo; segundo, que no existan medidas alternativas a la resolución, y tercero, que esta sea necesaria para el interés público.
A este respecto, por lo que se refiere a la primera de estas condiciones, del Reglamento n.o 806/2014 (
6
) resulta que el BCE evaluará si la entidad o el grupo de que se trate está en graves dificultades o probablemente va a estarlo (en lo sucesivo, la «evaluación»), previa consulta a la JUR, y que esta última solo podrá realizar tal evaluación si, después de informar al BCE de su intención, este no la ha realizado en un plazo de tres días naturales a partir de la recepción de dicha información. Tal evaluación del BCE tiene como consecuencia la incoación del procedimiento previsto en el artículo 18 del citado Reglamento y, por tanto, el examen de las referidas condiciones establecidas en el Reglamento, por parte de la JUR. (
7
) Así pues, esta disposición establece la competencia de la JUR para examinar dichas condiciones en todos los casos en los que se incoa el procedimiento de resolución sobre la base de la evaluación del BCE, o realizada en su caso por la propia JUR, aun cuando no conste ninguna indicación explícita sobre las consecuencias que deben seguirse respecto de ese procedimiento cuando la JUR considere que no se cumplen las expresadas condiciones. Además, si bien las disposiciones del Reglamento n.o 806/2014 (
8
) supeditan la entrada en vigor del dispositivo de resolución a la aprobación de este por la Comisión, en el supuesto de que ni esta ni el Consejo presenten objeciones, no está prevista tal participación de estas instituciones en el supuesto de que no se adopte un dispositivo de resolución, que constituye, en tal supuesto, la fase final del procedimiento de resolución previsto por el citado Reglamento.
A continuación, por lo que se refiere al contexto, el Tribunal de Justicia señala, por un lado, que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 no excluye de por sí la competencia de la JUR para tomar una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución. Si bien existen disparidades entre las versiones lingüísticas de esta disposición, el Tribunal de Justicia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, una interpretación puramente literal de una o varias versiones lingüísticas de un texto de Derecho de la Unión, prescindiendo de las demás, no puede prevalecer, ya que la aplicación uniforme de las disposiciones del Derecho de la Unión exige que sean interpretadas a la luz de las versiones de todas las lenguas. Por otro lado, el considerando 33 del Reglamento n.o 806/2014 indica que la JUR debe preparar todas las «decisiones relacionadas con el procedimiento de resolución» y, en la mayor medida posible, adoptar dichas decisiones, lo que sugiere que el legislador de la Unión optó por una amplitud de tipos de decisiones cuya adopción es responsabilidad de la JUR en el marco del mecanismo único de resolución.
Por último, en cuanto a los objetivos perseguidos por el Reglamento n.o 806/2014, resulta de sus considerandos (
9
) que este tiene por objeto, mediante el establecimiento de un proceso de toma de decisiones uniforme y centralizado en materia de resolución, garantizar un proceso de toma de decisiones más rápido y eficaz para la resolución en la unión bancaria con vistas, en particular, a garantizar una mayor previsibilidad de las posibles repercusiones de la inviabilidad de un banco, mantener la estabilidad financiera, garantizar la continuidad de los servicios financieros básicos y proteger a los depositantes. Pues bien, una evaluación del BCE que concluya que la entidad de que se trate está en una situación de graves dificultades o probablemente vaya a estarlo (
10
) tiene como consecuencia la incoación del procedimiento previsto en el artículo 18 de este Reglamento y, por tanto, el examen, por parte de la JUR, de las condiciones enumeradas en dicha disposición.
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia considera que una interpretación de dicho artículo 18 en el sentido de que la JUR no es competente para tomar una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución cuando considere que no se cumplen esas condiciones no haría posible la suficiente transparencia en cuanto al resultado del procedimiento de resolución tramitado por la JUR una vez concluido que una entidad está en situación de graves dificultades o probablemente va a estarlo, de modo que no garantizaría cierta previsibilidad en cuanto a las consecuencias de tal inviabilidad, en particular en cuanto a las medidas que se adoptarán a raíz de tal conclusión. A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que, en el supuesto de que la JUR considere que dichas condiciones no se cumplen, esta conclusión de la JUR constituye la fase final del procedimiento de resolución. (
11
) Pues bien, por razones de transparencia, las autoridades nacionales competentes deben ser informadas del resultado del procedimiento de resolución tramitado por la JUR.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia estima que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar que el artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014 debe interpretarse en el sentido de que la JUR es competente para tomar una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución cuando considere que no se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1 de dicho artículo.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia considera que la anterior conclusión no resulta desvirtuada por su jurisprudencia derivada de las sentencias de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7), y de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520).
A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el régimen establecido por el Reglamento n.o 806/2014 se basa en la consideración (
12
) de que el ejercicio de las competencias de resolución está incluido en la política de la Unión en materia de resolución, que solo las instituciones de la Unión pueden establecer, y de que existe un margen de discreción para adoptar cada dispositivo de resolución, dada su considerable repercusión sobre la estabilidad financiera y la soberanía presupuestaria de los Estados miembros y de la Unión como tal. Por otra parte, el legislador de la Unión entendió que era necesario prever una adecuada intervención del Consejo y de la Comisión que reforzara la necesaria independencia operativa de la JUR, al tiempo que respete los principios relativos a la delegación de facultades en las agencias sentados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (
13
)
Más concretamente, por lo que se refiere a las disposiciones del artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014, el Tribunal de Justicia declaró que contribuyen a evitar un desplazamiento de responsabilidad. (
14
) Efectivamente, a la vez que confía a la JUR la facultad de apreciar si se cumplen las condiciones para adoptar un dispositivo de resolución y de determinar los instrumentos necesarios para tal dispositivo, dichas disposiciones confieren a la Comisión o, en su caso, al Consejo la responsabilidad de la apreciación final de los aspectos discrecionales de este que forman parte de la política de la Unión en materia de resolución de entidades de crédito. Estos últimos aspectos implican ponderar específicamente objetivos e intereses diversos, como preservar la estabilidad financiera de la Unión y la integridad del mercado interior, tener en cuenta la soberanía presupuestaria de los Estados miembros y proteger los intereses de accionistas y acreedores.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia observa que, si bien se confiere a la JUR una amplia facultad para apreciar la oportunidad de incoar un procedimiento de resolución, esa facultad está acotada por criterios y condiciones objetivos que delimitan el ámbito de actuación de la JUR y que atañen tanto a las condiciones como a los instrumentos de resolución. Además, el Reglamento n.o 806/2014 prevé que la Comisión y el Consejo intervengan en el procedimiento que conduce a la adopción de un dispositivo de resolución, el cual, para entrar en vigor, deberá recibir la aprobación de la Comisión y, en su caso, del Consejo. (
15
)
De este modo, el Tribunal de Justicia ha considerado que, si bien el Reglamento n.o 806/2014 (
16
) establece que la JUR será responsable de elaborar y adoptar un dispositivo de resolución, no por ello le otorgan la facultad de adoptar un acto que produzca efectos jurídicos autónomos, y ha precisado que, en el marco de tal procedimiento, la aprobación de la Comisión constituye un elemento indispensable tanto para la entrada en vigor de un dispositivo de resolución como para la determinación del contenido de este último. No obstante, el Tribunal de Justicia señala que no cabe deducir de lo anterior que haya considerado que la JUR no está facultada en ningún caso para adoptar un acto que produzca efectos jurídicos autónomos. En efecto, las consideraciones que figuran en la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), vienen a justificar la apreciación según la cual un dispositivo de resolución no puede producir efectos jurídicos obligatorios con independencia de la decisión de aprobación de la Comisión. Estas consideraciones solo contemplan el supuesto de los dispositivos de resolución.
Además, si bien el Tribunal de Justicia declaró que, en el marco de la adopción de un dispositivo de resolución, era necesaria una intervención adecuada de la Comisión y del Consejo para evitar un desplazamiento de responsabilidad, el Tribunal de Justicia se basó en un cúmulo de aspectos que caracterizan la adopción por la JUR de tal dispositivo. Pues bien, todo ese cúmulo de aspectos no concurre en caso de una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución.
Por un lado, el Tribunal de Justicia dedujo del artículo 18, apartado 6, del Reglamento n.o 806/2014 que, para adoptar un dispositivo de resolución, la JUR debe valorar discrecionalmente dos aspectos distintos de la situación en cuestión, el primero de los cuales se refiere a las condiciones que justifican la adopción de tal dispositivo, (
17
) y el segundo, a la determinación de los instrumentos de resolución necesarios (
18
) a tales efectos y a la utilización, en su caso, del FUR. Pues bien, la adopción por la JUR de una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución no requiere más que esta llegue a la conclusión de que no se cumplen las condiciones acumulativas que justifican la adopción de tal dispositivo, de manera que quedaría eximida de tener que determinar los instrumentos necesarios para la resolución, la cual requiere ponderar específicamente objetivos e intereses diversos citados anteriormente.
Por consiguiente, las apreciaciones discrecionales que debe efectuar la JUR para decidir no adoptar un dispositivo de resolución son necesariamente de una extensión más limitada que las apreciaciones que debe efectuar para decidir adoptar tal dispositivo. En efecto, la facultad de la JUR para apreciar si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 está sujeta a diversos criterios y condiciones que delimitan el ámbito de actuación de la JUR. (
19
)
Por otro lado, contrariamente a un dispositivo de resolución, una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución no puede producir de por sí el efecto de imponer medidas concretas o de utilizar fondos, pues su único efecto es el de poner fin al procedimiento de resolución seguido por la JUR.
Por lo tanto, a las vista de todas estas consideraciones, el Tribunal de Justicia rechaza por infundadas las alegaciones de la recurrente según las cuales, la interpretación del artículo 18, apartado 1, de dicho Reglamento realizada por el Tribunal General en la sentencia recurrida no encuentra sustento en el tenor de esta disposición ni en el mismo Reglamento y se salta los límites de las facultades de la JUR definidas en dicha disposición, tal como los entiende la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de las sentencias de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7), y de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520).
Al entender que las demás alegaciones y motivos expuestos por la recurrente deben ser desestimados, el Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación.
(
1
)	En virtud del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63).
(
2
)	En el sentido del artículo 18 del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento MUR»).
(
3
)	Véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, apartado 12), y de 25 de febrero de 2025, BSH Hausgeräte (C‑339/22, EU:C:2025:108, apartado 27).
(
4
)	Artículo 18, apartados 1 y 6.
(
5
)	Artículo 18, apartado 1, letras a) a c), del Reglamento n.o 806/2014.
(
6
)	Artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 806/2014.
(
7
)	En tal sentido, sentencia de 6 de mayo de 2021, ABVL Bank y otros/BCE (C‑551/19 P y C‑552/19 P, EU:C:2021:369, apartado 67).
(
8
)	Artículo 18, apartado 7, del Reglamento n.o 806/2014.
(
9
)	Considerandos 2, 10 a 12, 31, 58 y 122.
(
10
)	En el sentido del artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 806/2014.
(
11
)	Artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014.
(
12
)	Esencialmente en los considerandos 24 y 26 del Reglamento n.o 806/2014.
(
13
)	Sentencia de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7). Véanse igualmente, en este sentido, las sentencias de 22 de enero de 2014, Reino Unido/Parlamento y Consejo (C‑270/12, EU:C:2014:18), y de 18 de junio de 2014, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartado 69).
(
14
)	En el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7).
(
15
)	Sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartado 77).
(
16
)	Artículos 7 y 18.
(
17
)	Artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014.
(
18
)	Artículo 22, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014.
(
19
)	Artículo 18, apartados 1, 4 y 5, del Reglamento n.o 806/2014.