Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera, en formación de cinco Jueces)
de 6 de mayo de 2026 (*)
« Acceso a los documentos — Reglamento (CE) n.º 1049/2001 — Documentos intercambiados en el marco de un procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 — Denegación de acceso — Excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de investigación — Obligación de motivación — Presunción general de confidencialidad — Obligación de realizar un examen concreto e individual — Interés público superior — Principio de proporcionalidad — Artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales »
En el asunto T‑185/24,
Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s., con domicilio social en Bratislava (Eslovaquia), representada por el Sr. A. Börner, la Sra. S. Henrich y el Sr. S. Förster, abogados,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por la Sra. K. Herrmann y los Sres. M. Burón Pérez y P. Vanden Heede, en calidad de agentes,
parte demandada,
apoyada por
República Eslovaca, representada por las Sras. S. Ondrášiková, E. Larišová y Sr. A. Lukáčik, en calidad de agentes,
parte coadyuvante,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera, en formación de cinco Jueces),
integrado por la Sra. K. Kowalik-Bańczyk (Ponente), Presidenta, y la Sra. I. Reine, los Sres. R. da Silva Passos y H. Cassagnabère y la Sra. T. Pavelin, Jueces;
Secretaria: Sra. A. Audras-Hidelot, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 18 de diciembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s., solicita la anulación de la Decisión C(2024) 810 final de la Comisión, de 2 de febrero de 2024, relativa a una solicitud confirmatoria de acceso a documentos (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
I.      Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso
2        La demandante es una empresa de seguros de vida establecida en Eslovaquia y sujeta al control del Národná banka Slovenska (Banco Nacional de Eslovaquia; en lo sucesivo, «NBS»).
A.      Procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión
3        El 17 de marzo de 2022, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) inició una investigación por infracción del Derecho de la Unión Europea con arreglo al artículo 17, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO 2010, L 331, p. 48). Dicha investigación tenía por objeto determinar si el NBS había ejercido sus facultades de control sobre la demandante de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO 2009, L 335, p. 1).
4        El 16 de mayo de 2022, la AESPJ adoptó, sobre la base del artículo 17, apartado 3, del Reglamento n.º 1094/2010, una recomendación dirigida al NBS sobre las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2009/138 (en lo sucesivo, «recomendación de 16 de mayo de 2022»). Esta recomendación fue objeto de un recurso de anulación interpuesto por la demandante ante el Tribunal General, que lo declaró inadmisible mediante auto de 23 de mayo de 2025, Novis/AESPJ (T‑204/24, EU:T:2025:555).
5        El 13 de septiembre de 2022, la Comisión adoptó, sobre la base del artículo 17, apartado 4, del Reglamento n.º 1094/2010, el Dictamen C(2022) 6455 final, dirigido al NBS, sobre las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2009/138 (en lo sucesivo, «dictamen formal de 13 de septiembre de 2022»). Dicho dictamen fue objeto de un recurso de anulación interpuesto por la demandante ante el Tribunal General, que lo declaró inadmisible mediante auto de 23 de mayo de 2025, Novis/Comisión (T‑179/24, recurrido en casación, EU:T:2025:554).
6        Mediante resolución de 31 de octubre de 2022, confirmada mediante resolución de 1 de junio de 2023, el NBS revocó la autorización de la demandante (en lo sucesivo, «decisión de revocación de la autorización»). El 28 de diciembre de 2023, la demandante impugnó esta resolución ante el Správny súd v Bratislave (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Bratislava, Eslovaquia).
B.      Procedimiento de acceso a los documentos
1.      Fase inicial
7        Mediante escrito de 25 de julio de 2023 (en lo sucesivo, «solicitud inicial»), la demandante solicitó a la Comisión, en esencia, el acceso a todos los documentos relativos al procedimiento de investigación descrito en los anteriores apartados 3 a 6 que obraban en poder de dicha institución o habían sido redactados por esta.
8        Mediante decisión de 8 de septiembre de 2023, la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la Comisión se pronunció sobre la solicitud de acceso.
9        En esta ocasión, la Comisión identificó catorce documentos de referencia comprendidos en la solicitud de acceso. No obstante, denegó el acceso, total o parcial, a los expresados documentos, debido a que su divulgación supondría un perjuicio para la protección, por un lado, del objetivo de las actividades de investigación en el sentido del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43), y, por otro lado, de los procedimientos judiciales en el sentido del artículo 4, apartado 2, segundo guion, del mismo Reglamento, no existiendo ningún interés público superior que justificase tal divulgación.
2.      Fase confirmatoria
10      El 29 de septiembre de 2023, la demandante presentó una solicitud confirmatoria de acceso a los documentos en virtud del artículo 7, apartado 4, del Reglamento n.º 1049/2001 (en lo sucesivo, «solicitud confirmatoria»).
11      El 2 de febrero de 2024, la secretaria general de la Comisión adoptó la Decisión impugnada.
12      Con tal motivo, la Comisión identificó con mayor precisión los documentos comprendidos en la solicitud, a saber, un total de 19 documentos, agrupados en catorce referencias:
–        dictamen del NBS de 5 de abril de 2022, dirigido a la AESPJ, sobre el proyecto de informe EIOPA‑22‑235, de 17 de marzo de 2022, con la referencia Ares(2022)4798170 (un documento);
–        recomendación de 16 de mayo de 2022 (un documento);
–        actualización del NBS de 30 de junio de 2022, dirigida a la Comisión, con la referencia Ares(2022)4798170 (dos documentos);
–        respuesta de la Comisión de 25 de julio de 2022, dirigida al NBS, con la referencia Ares(2022)5362224 (un documento);
–        actualización del NBS de 23 de agosto de 2022, dirigida a la Comisión, con la referencia Ares(2022)5884917 (dos documentos);
–        actualización del NBS de 30 de agosto de 2022, dirigida a la Comisión, con la referencia Ares(2022)6009523 (un documento);
–        dictamen formal de 13 de septiembre de 2022 (un documento);
–        actualización del NBS de 28 de septiembre de 2022, dirigida a la Comisión, con la referencia Ares(2022)6685040 (un documento);
–        respuesta de la Comisión de 10 de octubre de 2022, dirigida al NBS, con la referencia Ares(2022)6974798 (un documento);
–        actualización del NBS de 4 de noviembre de 2022, dirigida a la Comisión, con la referencia Ares(2022)7621287 (dos documentos);
–        escrito de la Comisión de 16 de noviembre de 2022, dirigido al NBS, con la referencia Ares(2022)7915331 (un documento);
–        actualización del NBS de 16 de diciembre de 2022, dirigida a la Comisión, con la referencia Ares(2022)8752093 (un documento);
–        escrito de la Comisión de 30 de enero de 2023, dirigido al NBS, con la referencia Ares(2023)661656 (un documento);
–        actualización del NBS de 7 de junio de 2023, dirigida a la Comisión, con la referencia Ares(2023)3938575 (tres documentos);
13      En la Decisión impugnada, la Comisión confirmó la denegación de acceso, total o parcial, a todos los documentos solicitados.
14      La Comisión consideró, en primer lugar, que la divulgación de los documentos solicitados supondría un perjuicio para la protección, por un lado, del objetivo de determinadas actividades de investigación en el sentido del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001 y, por otro lado, de un proceso de toma de decisiones en curso en el sentido del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del mismo Reglamento.
15      A este respecto, la Comisión indicó, en esencia, que los documentos solicitados estaban relacionados con un procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión regido por el artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 que aún estaba en curso y que podía ir seguido de un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE. Por ello, según la Comisión, la divulgación de dichos documentos podría menoscabar la confianza mutua en el marco de las conversaciones entabladas entre ella y el NBS con objeto de convencer a este último para que cumpliera sus obligaciones voluntariamente. Además, esa divulgación expondría a la Comisión a presiones externas, menoscabaría la eficacia y la correcta tramitación del procedimiento de investigación, interferiría en el proceso de toma de decisiones en cuanto a iniciar o no un procedimiento por incumplimiento contra la República Eslovaca y alteraría el carácter estrictamente bilateral de este último procedimiento.
16      En segundo lugar, la Comisión entendió que la divulgación de los documentos solicitados supondría un perjuicio para la protección de los procedimientos judiciales en el sentido del artículo 4, apartado 2, segundo guion, del Reglamento n.º 1049/2001.
17      En efecto, según la Comisión, los documentos solicitados, elaborados en el marco de sus conversaciones con el NBS y que contienen posiciones internas adoptadas por este último, no pueden disociarse del procedimiento judicial seguido entre la demandante y el NBS ante el Správny súd v Bratislave (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Bratislava). Por lo tanto, la divulgación de dichos documentos sería perjudicial para la integridad de ese procedimiento judicial y la igualdad de armas entre las partes litigantes.
18      En tercer lugar, la Comisión concluyó que la divulgación de los documentos solicitados no revestía interés público superior de ningún tipo.
19      En efecto, según la Comisión, por lo pronto, las consideraciones generales relacionadas con los principios de transparencia y responsabilidad expuestas por la demandante no constituyen tal interés público superior. A continuación, la utilidad que tendría la divulgación de los documentos solicitados para la demandante, a la que se revocó la autorización, y sus clientes, cuyos contratos de seguro vencieron, con el fin de defender sus derechos ante los tribunales o de supervisar las acciones del NBS, constituyen intereses privados. Por último, para la Comisión, la utilidad para el público de saber si los actos del NBS, y en particular la decisión de revocación de la autorización, eran legales o no, no puede prevalecer sobre los motivos que justifican la no divulgación. En estas circunstancias, se responde mejor al interés público cuando se garantiza que la investigación se instruye sin injerencias y que el procedimiento judicial que pende ante los tribunales eslovacos se sustancia correctamente.
20      En cuarto lugar, la Comisión entendió que no era posible ningún acceso parcial significativo sin que resultaran perjudicados los intereses protegidos por las excepciones mencionadas en los anteriores apartados 14 y 16 y que, por lo tanto, estas excepciones eran plenamente aplicables a los documentos solicitados.
C.      Procedimiento por incumplimiento
21      Mediante escrito de requerimiento de 24 de abril de 2024, posterior a la interposición del presente recurso, la Comisión decidió incoar un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE contra la República Eslovaca, fundándose en que el NBS había incumplido sus obligaciones en el ejercicio de sus facultades de control frente a la demandante.
II.    Pretensiones de las partes
22      La demandante solicita al Tribunal General que:
–        Anule la Decisión impugnada.
–        Condene en costas a la Comisión.
23      La Comisión, apoyada por la República Eslovaca, solicita al Tribunal General que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.
III. Fundamentos de Derecho
24      En apoyo de su recurso, la demandante invoca cinco motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 4, apartado 2, segundo guion, del Reglamento n.º 1049/2001; el segundo, en la infracción del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del mismo Reglamento; el tercero, en la infracción del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, de dicho Reglamento; el cuarto, en la infracción del artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.º 1049/2001, en la violación del principio de proporcionalidad y en el incumplimiento de la obligación de motivación, y, el quinto, en la infracción del artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
25      En las circunstancias del caso de autos, procede examinar de entrada el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001. A continuación, procederá examinar, en la medida en que sea necesario, los demás motivos del recurso.
A.      Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001
26      Mediante su segundo motivo, la demandante sostiene que la Comisión infringió el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001. Este motivo se divide en tres partes basadas, la primera, en la confusión entre las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 2, tercer guion, y las previstas en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del mismo Reglamento; la segunda, en que la divulgación de los documentos solicitados no supone ningún perjuicio para la protección del objetivo de las actividades de investigación, y, la tercera, en que la divulgación de dichos documentos reviste un interés público superior.
1.      Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en la confusión entre las excepciones previstas en el artículo  4, apartado  2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001 y las previstas en el artículo  4, apartado  3, párrafo primero, del mismo Reglamento
27      La demandante reprocha, en esencia, a la Comisión no haber examinado separadamente los requisitos específicos de las excepciones previstas, por un lado, en el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001 y, por otro lado, en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del mismo Reglamento. La consecuencia ha sido una motivación incoherente e incompleta, en particular por lo que respecta a la segunda de esas excepciones.
28      La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.
29      En primer lugar, como se desprende de reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 296 TFUE y por el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución, órgano u organismo de la Unión autor del acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias de dicho artículo 296 debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate [véanse las sentencias de 1 de febrero de 2007, Sisón/Consejo, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, apartado 80 y jurisprudencia citada, y de 30 de enero de 2024, Agentsia Patna infrastruktura (Financiación europea de infraestructuras viarias), C‑471/22, EU:C:2024:99, apartados 25 y 26 y jurisprudencia citada].
30      En segundo lugar, según jurisprudencia igualmente reiterada, una institución, un órgano o un organismo de la Unión, para apreciar una solicitud de acceso a documentos que obran en su poder, puede tomar en consideración varios motivos de denegación contemplados en el artículo 4 del Reglamento n.º 1049/2001 (sentencias de 28 de junio de 2012, Comisión/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, apartado 113, y de 3 de julio de 2014, Consejo/in’t Veld, C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, apartado 100). De ello se sigue que la invocación conjunta de varias excepciones no puede considerarse incompatible con las disposiciones del expresado Reglamento (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia de 5 de marzo de 1997, WWF UK/Comisión, T‑105/95, EU:T:1997:26, apartados 61 y 73).
31      En el caso de autos, en la Decisión impugnada, la Comisión se basó en no menos de tres excepciones distintas (véanse los anteriores apartados 14 y 16). La demandante no niega la posibilidad de que la Comisión tenga en cuenta varios motivos de denegación, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 30.
32      Sin embargo, de la estructura y del contenido de la Decisión impugnada también se infiere que, como señala la demandante, la Comisión examinó conjuntamente y no de manera separada las dos excepciones previstas, por un lado, en el artículo 4, apartado 2, tercer guion, y, por otro lado, en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.º 1049/2001 (véanse los anteriores apartados 14 y 15).
33      Contrariamente a lo que afirma la demandante, esta forma de proceder no es ilegal en sí misma. En efecto, no puede excluirse la posibilidad de tener en cuenta unos elementos de hecho idénticos para justificar la aplicación de dos excepciones diferentes, siempre que se explique de qué manera la divulgación de los documentos en cuestión podría causar un perjuicio concreto y efectivo a los respectivos intereses protegidos por cada una de las excepciones (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de julio de 2014, Consejo/in’t Veld, C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, apartado 101).
34      A este respecto, en primer término, la demandante se limita a reprochar a la Comisión haber «confundido» las circunstancias que deben constatarse para poder aplicar cada una de las dos excepciones mencionadas en el anterior apartado 32, sin aportar ninguna precisión que permita apreciar su fundamento. En particular, no identifica ningún error de Derecho a la hora de constatar esas circunstancias.
35      En segundo término, la demandante parece invocar una motivación insuficiente. Pues bien, en el presente asunto, la aplicación de la excepción prevista en el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001 está motivada de manera suficientemente precisa, inteligible y no contradictoria mediante amplias consideraciones relativas a la protección de las actividades de investigación. Así, por lo que respecta a esta primera excepción, la Comisión cumplió su obligación de motivación en el sentido del artículo 296 TFUE y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales tal como han sido interpretados por la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 29.
36      En tercer término, los reproches formulados por la demandante se refieren sobre todo a la forma de la motivación y a la justificación en cuanto al fondo del motivo de la denegación, jurídicamente distinto, basado en la excepción prevista en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.º 1049/2001. Pues bien, tales reproches carecen de pertinencia en el marco del segundo motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del mismo Reglamento.
37      A la vista de lo anterior, la primera parte del segundo motivo debe ser desestimada.
2.      Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en la inexistencia de perjuicio alguno para la protección del objetivo de las actividades de investigación
38      La demandante sostiene que la excepción prevista en el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001 no es aplicable en este caso. Alega, en esencia, en primer lugar, que no estaba en curso ninguna investigación en la fecha de la denegación de acceso a los documentos; en segundo lugar, que no se produciría ningún perjuicio para la protección del objetivo de las actividades de investigación, ni tampoco para la confidencialidad de una investigación en curso, en caso de divulgación de los documentos solicitados, y, en tercer lugar, que la Comisión no puede invocar una supuesta presunción general de confidencialidad que la dispense de llevar a cabo un examen concreto e individual de los documentos solicitados o, como mínimo, de las diferentes categorías de documentos solicitados.
39      La Comisión, apoyada por la República Eslovaca, rebate las alegaciones de la demandante.
a)      Sobre el requisito relativo a que exista una investigación en curso
40      Según el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001, las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría, salvo que su divulgación revista un interés público superior.
41      En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que, sin que sea necesario elaborar una definición exhaustiva de lo que a efectos del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001 son «actividades de investigación», procede considerar que queda subsumido en dicha actividad un procedimiento estructurado y formalizado de la Comisión cuyo objetivo es la recogida y el análisis de información con el fin de que una institución, un órgano o un organismo de la Unión pueda adoptar una postura en el marco del ejercicio de sus funciones con arreglo al Tratado UE y al Tratado FUE (sentencia de 7 de septiembre de 2017, Francia/Schlyter, C‑331/15 P, EU:C:2017:639, apartado 46).
42      En segundo lugar, el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001 debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición solo es aplicable si la divulgación de los documentos en cuestión puede poner en peligro la realización de las actividades de inspección, investigación y auditoría que menciona (sentencia de 5 de abril de 2017, Francia/Comisión, T‑344/15, EU:T:2017:250, apartado 86).
43      De ello se deduce que los diferentes actos de investigación o de inspección pueden seguir amparados por la excepción basada en la protección de las actividades de inspección, investigación y auditoría en tanto prosigan las actividades de investigación o inspección, incluso si la investigación o la inspección particular que haya dado lugar al informe para el que se solicita el acceso ha terminado (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de abril de 2017, Francia/Comisión, T‑344/15, EU:T:2017:250, apartado 87).
44      Además, un procedimiento de investigación no puede considerarse terminado con la adopción de una decisión final de la institución, el órgano o el organismo de que se trate, sin tener en cuenta una eventual anulación ulterior de dicha decisión por los órganos jurisdiccionales de la Unión. En efecto, en virtud del artículo 266 TFUE, la anulación de tal decisión puede llevar a esa institución, ese órgano o ese organismo a reanudar su actuación con vistas a adoptar, en su caso, una nueva decisión y, por tanto, a utilizar de nuevo los datos obrantes en el expediente relativo a la decisión anulada o a completarlo con otros datos. En consecuencia, las actividades de investigación solo pueden considerase terminadas cuando la decisión adoptada por la institución, el órgano o el organismo de que se trate adquiere firmeza (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, apartado 99).
45      Por otra parte, la protección de las investigaciones se extiende a su seguimiento, siempre que este se lleve a cabo en un plazo razonable (véase la sentencia de 26 de mayo de 2016, International Management Group/Comisión, T‑110/15, EU:T:2016:322, apartado 35 y jurisprudencia citada). Así, por ejemplo, cuando una investigación en sede de la Unión está en curso o se acaba de terminar y, en este último caso, las autoridades nacionales competentes aún no han decidido, en un plazo razonable, la tramitación que debe darse a un informe de investigación (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de septiembre de 2021, Homoki/Comisión, T‑517/19, no publicada, EU:T:2021:529, apartado 63, y de 28 de septiembre de 2022, Agrofert/Parlamento, T‑174/21, EU:T:2022:586, apartado 92).
46      En el caso de autos, para justificar la aplicación de la excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de investigación, la Comisión mencionó dos tipos de investigaciones, a saber, por un lado, el procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 incoado contra el NBS y, por otro lado, un procedimiento por incumplimiento que puede incoarse contra la República Eslovaca con arreglo al artículo 258 TFUE (véase el anterior apartado 15).
47      La demandante sostiene que, en la fecha en que se denegó el acceso a los documentos, no estaba en curso ninguna investigación.
48      En efecto, según la demandante, por una parte, la investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 se declaró terminada mediante el dictamen formal de 13 de septiembre de 2022 o, a más tardar, en el momento en que el NBS se atuvo a dicho dictamen formal por el que se confirmaba la revocación de la autorización, es decir, el 1 de junio de 2023. Para la demandante, la Comisión pretende ampliar indebidamente la duración de esta investigación incluyendo «comunicaciones de seguimiento» y «medidas de vigilancia» que supuestamente tuvieron lugar fuera del marco formal y temporal de dicha investigación.
49      Por otra parte, la demandante alega que, en la fecha de la denegación de acceso a los documentos, aún no se había incoado formalmente ningún procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE.
50      Procede examinar, de entrada, si el procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 estaba en curso en la fecha de la Decisión impugnada.
51      En primer lugar, con carácter preliminar, procede señalar que el procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 constituye un procedimiento estructurado y formalizado que implica a la AESPJ, a la Comisión y a la autoridad nacional de que se trate y cuyo objetivo es la recogida y el análisis de información para que estas tres autoridades puedan, cada una de ellas, adoptar una posición en el ejercicio de sus respectivas funciones. Por lo tanto, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 41, tal procedimiento constituye una actividad «de investigación» en el sentido del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001.
52      En segundo lugar, consta que, en el caso de autos, el procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 se inició el 17 de marzo de 2022 por la AESPJ y dio lugar a la recomendación de 16 de mayo de 2022, emitida por dicha autoridad sobre la base del artículo 17, apartado 3, del citado Reglamento, y posteriormente al dictamen formal de 13 de septiembre de 2022, emitido por la Comisión sobre la base del artículo 17, apartado 4, del mismo Reglamento (véanse los anteriores apartados 3 a 5).
53      En tercer lugar, contrariamente a lo que sostiene la demandante, no se declaró terminado definitivamente dicho procedimiento mediante el dictamen formal de 13 de septiembre de 2022, ni siquiera mediante la resolución de revocación de la autorización, adoptada por el NBS el 31 de octubre de 2022 y confirmada el 1 de junio de 2023 (véase el anterior apartado 6).
54      En efecto, en primer término, la decisión de revocación de la autorización se inscribe en el marco del procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010. Esta decisión constituye una de las «medidas […] [adoptadas] [por la autoridad nacional de que se trate] para atenerse [al] dictamen formal [de la Comisión]» a los efectos del artículo 17, apartado 5, del mismo Reglamento. En tal sentido, dicha decisión dio lugar a que el NBS informara a la Comisión mediante dos escritos de 16 de diciembre de 2022 y 7 de junio de 2023, como se desprende del tenor (y del contenido) de dos de los documentos solicitados, titulados «Información del NBS sobre las acciones emprendidas para atenerse al dictamen formal [de 13 de septiembre de 2022]». Se trata, en consecuencia, de una medida de seguimiento en el sentido del anterior apartado 45 o bien, en su caso, de una decisión final en el sentido del anterior apartado 44, adoptada tras la investigación y por la autoridad nacional de que se trate en un plazo razonable.
55      Por añadidura, en la Decisión impugnada se señala expresamente, no habiendo resultado controvertido entre las partes, por un lado, que la demandante impugnó la decisión de revocación de su autorización ante el Správny súd v Bratislave (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Bratislava) y, por otro lado, que dicho recurso judicial seguía pendiente en la fecha de la Decisión impugnada, a saber, el 2 de febrero de 2024. De esta manera, la decisión de revocación de la autorización no había adquirido firmeza en esa fecha.
56      Pues bien, conforme a la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados 44 y 45, solo podrá considerarse que un procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 ha concluido si la autoridad nacional de que se trate ha adoptado su decisión en el marco de dicho procedimiento y esta, además, es firme. Una solución distinta podría poner en peligro el buen funcionamiento del citado procedimiento, en el que, además de la AESPJ y la Comisión, la autoridad nacional de que se trate también debe pronunciarse en el ejercicio de sus funciones, como resulta del anterior apartado 51.
57      Por otra parte, la cuestión de si, al adoptar la decisión de revocación de la autorización, el NBS se atuvo efectivamente al dictamen formal de 13 de septiembre de 2022 no puede resolverse en el presente recurso, en el que se ventila la legalidad de una decisión denegatoria de acceso a documentos y no la legalidad de los actos del NBS. Así pues, la demandante no puede sostener válidamente que, al haberse atenido el NBS a dicho dictamen formal, la investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 se dio por terminada necesariamente.
58      En segundo término, incluso después de que se dictara la decisión de revocación de la autorización, podía continuar todavía el procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010, si dicha decisión no fuese suficiente para garantizar el respeto del Derecho de la Unión.
59      En efecto, como señala acertadamente la Comisión en sus escritos, si la autoridad nacional de que se trate no cumple el dictamen formal emitido por la Comisión en el plazo especificado en el mismo y si concurren determinados requisitos, la AESPJ podrá adoptar, sobre la base del artículo 17, apartado 6, párrafo primero, del Reglamento n.º 1094/2010, una decisión individual dirigida a la entidad financiera en cuestión instándola a adoptar todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, incluido el cese de una práctica. Pues bien, la demandante no demuestra, ni siquiera alega, que no concurriera en el presente caso al menos uno de los requisitos que permitían a la AESPJ adoptar tal decisión.
60      En tercer término, la demandante no puede invocar válidamente, en el presente asunto, la posición que adoptó la Sala de Recurso de las Autoridades Europeas de Supervisión en una decisión de 30 de julio de 2024, adoptada en el marco de una solicitud de acceso a documentos presentada por la demandante ante la AESPJ, en cuanto al momento en que debe considerarse terminado un procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010. Procede señalar, en efecto, que la práctica decisoria anterior de dicha Sala de Recurso no es vinculante para el Tribunal General, en el marco del control de legalidad ejercido por este último [véanse, por analogía, las sentencias de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, apartado 65, y de 29 de septiembre de 2021, Tokin/Comisión, T‑343/18, EU:T:2021:636, apartado 176 (no publicada) y jurisprudencia citada].
61      En cuarto lugar, contrariamente a lo que sostiene la demandante, las conversaciones que tuvieron lugar entre la Comisión y el NBS con posterioridad al dictamen formal de 13 de septiembre de 2022, e incluso, en algunos casos, con posterioridad a la decisión de revocación de la autorización, están relacionadas también con el procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010. En efecto, esas conversaciones, que corresponden a los documentos enumerados en los siete últimos guiones del anterior apartado 12, se referían precisamente a las medidas adoptadas, o que debían ser adoptadas, por el NBS para atenerse a dicho dictamen formal. En consecuencia, la Comisión podía comprobar a la luz de tales conversaciones si el NBS se había atenido efectivamente al expresado dictamen formal. Así pues, las conversaciones en cuestión constituían medidas de seguimiento de la investigación en el sentido de la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 45.
62      A la vista de lo anterior, habida cuenta de la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados 42 a 45, procede concluir, por un lado, que el procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 aún estaba en curso en la fecha de la Decisión impugnada y, por otro lado, que la excepción basada en la protección del objetivo de las actividades de investigación era aplicable, desde una perspectiva temporal, a todos los documentos solicitados.
63      De ello se deduce que, sin que sea necesario, en esta fase, determinar si un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE también estaba en curso o, al menos, previsto contra la República Eslovaca en la fecha de la Decisión impugnada, debe desestimarse la alegación de la demandante relativa a la inexistencia de una investigación en curso.
b)      Sobre la aplicación de una presunción general de confidencialidad y la obligación de examen concreto e individual de los documentos
1)      Consideraciones preliminares
64      En primer lugar, debe recordarse que, si una institución, órgano u organismo de la Unión ante el que se ha presentado una solicitud de acceso a un documento decide denegarla sobre la base de alguna de las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento n.º 1049/2001, debe, en principio, explicar las razones por las que el acceso a dicho documento podría perjudicar concreta y efectivamente al interés protegido por tal excepción, debiendo el riesgo de perjuicio ser razonablemente previsible y no meramente hipotético (véase la sentencia de 22 de enero de 2020, MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA, C‑178/18 P, EU:C:2020:24 apartado 54 y jurisprudencia citada).
65      De ello se sigue que el examen que requiere la tramitación de una solicitud de acceso a documentos, por un lado, debe revestir un carácter concreto y, por otro, debe realizarse respecto de cada documento a que se refiera la solicitud. Además, este examen deberá constar en la motivación de la decisión (sentencias de 13 de abril de 2005, Verein für Konsumenteninformation/Comisión, T‑2/03, EU:T:2005:125, apartados 69 y 70, y de 25 de septiembre de 2018, Psara y otros/Parlamento, T‑639/15 a T‑666/15 y T‑94/16, EU:T:2018:602, apartados 103 y 104).
66      En segundo lugar, el juez de la Unión ha reconocido no obstante que, en determinados casos, en principio nada impedía a una institución, a un órgano o a un organismo de la Unión basarse en presunciones generales que se apliquen a determinadas categorías de documentos, toda vez que consideraciones de carácter general similares pueden aplicarse a solicitudes de divulgación de documentos de la misma naturaleza (véase la sentencia de 22 de enero de 2020, MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA, C‑178/18 P, EU:C:2020:24, apartado 55 y jurisprudencia citada).
67      El objetivo de estas presunciones reside, así, en la posibilidad de que la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate considere que la divulgación de determinadas categorías de documentos perjudica, en principio, al interés protegido por la excepción que invoca, basándose en dichas consideraciones de carácter general, sin tener la obligación de examinar concreta e individualmente cada uno de los documentos solicitados (véase la sentencia de 22 de enero de 2020, MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA, C‑178/18 P, EU:C:2020:24, apartado 56 y jurisprudencia citada).
68      El recurso a las presunciones generales de confidencialidad debe estar fundado en razones sólidas y convincentes. Para poder oponer frente al solicitante de acceso una presunción general de no divulgación, la institución, órgano u organismo de la Unión en cuestión debe explicar las razones por las que es necesaria esa presunción para garantizar el correcto funcionamiento del procedimiento de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2018, Daimler/Comisión, T‑128/14, EU:T:2018:643, apartados 155 y 156 y jurisprudencia citada).
69      El juez de la Unión ha desarrollado en varias sentencias determinados criterios para el reconocimiento de una presunción general de confidencialidad.
70      De una parte, de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 66 se desprende que, para oponer válidamente una presunción general de confidencialidad a la persona que solicita el acceso a documentos, es necesario que los documentos formen parte de una misma categoría de documentos o sean documentos de igual naturaleza (véase la sentencia de 4 de octubre de 2018, Daimler/Comisión, T‑128/14, EU:T:2018:643, apartado 138 y jurisprudencia citada).
71      De otra parte, el reconocimiento de una presunción general de confidencialidad puede basarse en la incompatibilidad del acceso a los documentos de determinados procedimientos con el buen desarrollo de estos y en el riesgo de que se perjudique a dichos procedimientos, debiendo tenerse en cuenta que las presunciones generales permiten preservar la integridad del desarrollo de esos procedimientos limitando la injerencia de terceras partes. La existencia de normas específicas que limitan el acceso a un expediente, a determinados documentos o a información correspondiente a un procedimiento seguido ante una institución, un órgano o un organismo de la Unión es uno de los criterios que pueden justificar el reconocimiento de una presunción general de confidencialidad (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de mayo de 2016, International Management Group/Comisión, T‑110/15, EU:T:2016:322, apartado 32 y jurisprudencia citada).
2)      Sobre la aplicación de una presunción general de confidencialidad
72      En la vista, se preguntó a las partes sobre la eventual aplicación de una presunción general de confidencialidad en el marco de la excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de investigación.
73      La demandante considera, por un lado, que la Comisión no aplicó ninguna presunción general de confidencialidad en la Decisión impugnada y, por otro lado, que no es aplicable en el presente asunto ninguna presunción general de confidencialidad. En particular, según la demandante, la Comisión no puede invocar una supuesta presunción general de confidencialidad aplicable a los documentos relativos a una investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010.
74      La Comisión alega que aplicó fundadamente, en la Decisión impugnada, dos presunciones generales de confidencialidad distintas, a saber, por un lado, una presunción nueva que abarca los documentos intercambiados en el marco del artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 y, por otro, una presunción existente que comprende los documentos relativos a un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE. La Comisión entiende que los documentos solicitados están amparados por una presunción general de confidencialidad, al igual que los que figuran en el expediente de un procedimiento EU Pilot.
75      La República Eslovaca también defiende la aplicación de la presunción general de confidencialidad que abarque los documentos relativos a un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE.
76      En primer lugar, debe determinarse si la Comisión aplicó una presunción general de confidencialidad en la Decisión impugnada.
77      A este respecto, es cierto que, en la Decisión impugnada, la Comisión no mencionó expresamente una presunción general de confidencialidad en el marco de la aplicación de la excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de investigación.
78      No obstante, de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión motivó globalmente la aplicación de esta excepción, sin distinguir entre los diferentes documentos solicitados. En particular, comenzó por describir el funcionamiento y recordar los objetivos del procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010. A continuación, explicó, mediante consideraciones de carácter general, que la divulgación de los documentos solicitados podría complicar la protección del objetivo de sus actividades de investigación y seguimiento, primero, minando la confianza mutua en torno a las discusiones iniciadas entre la Comisión y el NBS y disuadiendo a este último de cumplir sus obligaciones de forma voluntaria; segundo, exponiendo a la Comisión a presiones externas y, tercero, menoscabando la eficacia y la correcta tramitación de dicho procedimiento de investigación. Por último, concluyó que debía denegarse el acceso a «todos los documentos solicitados» y que, además, estos estaban «totalmente amparados» por las excepciones invocadas.
79      A la vista de todas estas indicaciones, resulta que, en la Decisión impugnada, la Comisión aplicó, implícita pero necesariamente, una presunción general de confidencialidad para todos los documentos relativos a la tramitación y al seguimiento de un procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión en virtud del artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010.
80      Contrariamente a lo que sugirió la demandante en la vista, el mero hecho de que la Comisión no se haya referido expresamente al concepto de presunción general de confidencialidad en la Decisión impugnada no basta para viciar dicha Decisión de una motivación insuficiente o para impedir al Tribunal General tomar en consideración la presunción general de confidencialidad mencionada en el anterior apartado 79. En efecto, procede recordar que la motivación puede ser implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones por la que se adoptaron las medidas controvertidas y al órgano jurisdiccional competente disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (véase la sentencia de 25 de marzo de 2015, Central Bank of Iran/Consejo, T‑563/12, EU:T:2015:187, apartado 77 y jurisprudencia citada; sentencia de 13 de julio de 2018, K. Chrysostomides & Co. y otros/Consejo y otros, T‑680/13, EU:T:2018:486, apartado 394). Pues bien, en el caso de autos, como recalcó de hecho la Comisión en la vista, de los términos de la Decisión impugnada se infería claramente que, según el razonamiento de dicha institución, las consideraciones invocadas eran aplicables al conjunto de los documentos y a la totalidad de su contenido. Paralelamente, de las imputaciones formuladas por la demandante, primero en la demanda y después en la réplica, se desprende que esta había percibido efectivamente que la Comisión no había efectuado transversalmente ninguna distinción entre los diferentes documentos ni entre sus diferentes partes y que, por tanto, dicha institución había seguido un enfoque de tipo hipotético y general para justificar su postura en cuanto a la confidencialidad de los documentos solicitados.
81      En segundo lugar, procede examinar si la Comisión podía invocar una presunción general de confidencialidad para todos los documentos relativos a un procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010.
82      A este respecto, en primer término, procede señalar que el procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión previsto en el artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 está suficientemente estructurado y formalizado para que sea posible delimitar e identificar con precisión los documentos relacionados con él. Por otra parte, en el presente asunto, consta que, de entre los documentos solicitados, enumerados en el anterior apartado 12, los dos primeros circularon entre la AESPJ y el NBS, y los diecisiete restantes, entre la Comisión y el NBS durante el mismo procedimiento de investigación relativo al NBS. Por consiguiente, esos documentos forman parte de un mismo expediente administrativo, por lo que pertenecen todos a la misma categoría (véase por analogía la sentencia de 4 de octubre de 2018, Daimler/Comisión, T‑128/14, EU:T:2018:643, apartado 141).
83      En segundo término, conforme a la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 68, la Comisión expuso, en la Decisión impugnada, razones sólidas y convincentes que justificaban el uso de una presunción general de confidencialidad en las circunstancias del caso de autos, como se ha recordado en el anterior apartado 78. La demandante no niega la pertinencia de estos elementos para fundamentar el reconocimiento de una presunción general de confidencialidad que comprenda los documentos intercambiados en el marco del artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010.
84      En tercer término, procede señalar que el procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 contiene normas específicas que limitan la divulgación de la información obtenida o generada en el marco de tal procedimiento. Según el artículo 70, apartados 1 a 3, del citado Reglamento, la AESPJ y los miembros de su personal estarán sujetos a las obligaciones de secreto profesional y no podrán divulgar información confidencial o amparada por dicho secreto profesional que reciban o intercambien con las autoridades nacionales competentes. Asimismo, es oportuno observar que no se ha previsto la concesión a la entidad financiera afectada por tal investigación acceso alguno al expediente o a los documentos relativos al procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010. De ello se deduce que también se cumple el criterio mencionado en la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 71.
85      A la vista de lo anterior, procede reconocer que los documentos que circularon entre la AESPJ, la Comisión y la autoridad nacional interesada en el marco de un procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 están amparados por una presunción general de confidencialidad.
86      Debe precisarse que tal presunción general de confidencialidad, vinculada específicamente al procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010, presenta características distintas de las presunciones ya reconocidas por el juez de la Unión en relación con los documentos elaborados e intercambiados, por un lado, durante la fase administrativa previa de un procedimiento por incumplimiento (sentencia de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión, C‑514/11 P y C‑605/11 P, EU:C:2013:738, apartado 65) y, por otro, en el marco de un procedimiento EU Pilot (sentencia de 11 de mayo de 2017, Suecia/Comisión, C‑562/14 P, EU:C:2017:356, apartado 51).
87      Por lo tanto, debe desestimarse la alegación de la demandante basada en que, en el caso de autos, la Comisión no puede invocar una presunción general de confidencialidad.
3)      Sobre la obligación de un examen concreto e individual de los documentos
88      La demandante recuerda la obligación de un examen concreto e individual de cada documento objeto de una solicitud de acceso. Añade que, aunque sea aplicable una presunción general de confidencialidad, la Comisión debería haber apreciado, como mínimo, si las diferentes categorías de documentos requerían un trato diferente.
89      La Comisión considera que no estaba obligada a proceder a un examen concreto e individual de los documentos solicitados, pues es patente que los argumentos expuestos en la Decisión impugnada se aplicaban a todos esos documentos y todos ellos estaban amparados por una presunción general de confidencialidad.
90      A este respecto, en primer lugar, basta con señalar que del anterior apartado 85 resulta que los documentos solicitados estaban amparados por una presunción general de confidencialidad, de modo que, conforme a la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 67, la Comisión no estaba obligada a examinar concreta e individualmente cada uno de esos documentos.
91      En segundo lugar, los documentos solicitados se intercambiaron durante el mismo procedimiento de investigación y están relacionados con un mismo expediente administrativo, de ahí que pertenezcan a la misma categoría (véase el anterior apartado 82). De ello se sigue que la Comisión tampoco estaba obligada a identificar diferentes categorías o subcategorías de documentos y a investigar si estas requerían un trato diferente. En efecto, tal exigencia privaría a la presunción general de confidencialidad de una parte de su efecto útil, a saber, el de permitir a la Comisión responder de manera global a una solicitud de acceso global (véase, por analogía, la sentencia de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión, C‑514/11 P y C‑605/11 P, EU:C:2013:738, apartado 68). Por lo demás, la demandante no precisa en qué consistieron esas diferentes categorías o subcategorías de documentos, y se limita a indicar que estas podrían distinguirse simplemente leyendo los títulos de los documentos.
92      Por lo tanto, la alegación de la demandante basada en la falta de un examen concreto e individual de los documentos solicitados o, como mínimo, de las diferentes categorías de documentos solicitados debe ser desestimada por inoperante.
c)      Sobre la existencia de un perjuicio para el objetivo de las actividades de investigación
93      El reconocimiento de una presunción general de confidencialidad permite a la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate considerar que la divulgación de unos documentos de la misma naturaleza o pertenecientes a una misma categoría supondría, en principio, un perjuicio para la protección de alguno de los intereses enumerados en el artículo 4 del Reglamento n.º 1049/2001 (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión, C‑514/11 P y C‑605/11 P, EU:C:2013:738, apartado 48).
94      No obstante, esta presunción general de confidencialidad no excluye el derecho del solicitante de acceso a demostrar que un documento determinado cuya divulgación se solicita no está amparado por esa presunción o que existe un interés público superior que justifica la divulgación de dicho documento en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.º 1049/2001 (sentencias de 29 de junio de 2010, Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, apartado 62, y de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, apartado 100).
95      La demandante sostiene, en primer lugar, que, a falta de toda investigación en curso y, en particular, de apertura de la fase administrativa previa de un procedimiento por incumplimiento, no puede constatarse ningún perjuicio para la protección del objetivo de las actividades de investigación ni para la confidencialidad de los documentos relativos a una investigación. La Comisión tampoco puede invocar un posible perjuicio para una investigación futura e hipotética.
96      A este respecto, es preciso señalar que estas alegaciones parten de una premisa errónea. En efecto, se ha demostrado que, con independencia de la incoación de un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE, la investigación por infracción del Derecho de la Unión iniciada con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 estaba, por su parte, en curso en la fecha de la Decisión impugnada (véanse los anteriores apartados 62 y 63).
97      En segundo lugar, la demandante afirma que la Comisión debería haber concluido que, en el presente caso, la presunción general de confidencialidad supuestamente aplicada debía ser destruida. Sin embargo, no aporta ningún elemento concreto en apoyo de esta afirmación y no demuestra, en particular, que alguno de los documentos solicitados no estuviera amparado por dicha presunción. En particular, sus alegaciones en el sentido de que los «intercambios de seguimiento» realizados entre la Comisión y el NBS escapan al marco formal y temporal de la investigación por infracción del Derecho de la Unión iniciada con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 han sido desestimadas en los anteriores apartados 61 y 62.
98      En tercer lugar, la demandante alega que una intervención o presión por parte del público era muy improbable en el marco del procedimiento por incumplimiento incoado posteriormente contra la República Eslovaca sobre la base del artículo 258 TFUE. Sin embargo, tal argumento carece de pertinencia para negar la existencia de un perjuicio para el objetivo de las investigaciones por infracción del Derecho de la Unión iniciadas con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010, cuando es aplicable a los documentos relativos a esas investigaciones y, en particular, a los documentos solicitados una presunción general de confidencialidad diferente (véanse los anteriores apartados 85 y 90).
99      A la vista de lo anterior, procede desestimar la alegación de la demandante basada en la inexistencia de un perjuicio para el objetivo de las actividades de investigación y, en consecuencia, la segunda parte del segundo motivo en su totalidad.
3.      Sobre la tercera parte del segundo motivo, basada en la existencia de un interés público superior que justifica la divulgación de los documentos solicitados
100    La demandante se remite a las alegaciones que expone en el marco de la segunda parte del primer motivo, según las cuales, en el presente caso, existe un interés público superior que justifica la divulgación de los documentos solicitados.
101    La Comisión, apoyada por la República Eslovaca, rebate las alegaciones de la demandante.
102    A este respecto, conviene recordar que, cuando una institución, un órgano o un organismo de la Unión aplica una de las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento n.º 1049/2001, le corresponde ponderar, por un lado, el interés específico que debe protegerse no divulgando el documento de que se trate y, por otro lado, el interés general en que dicho documento sea accesible, habida cuenta de las ventajas que se derivan de una mayor apertura (véanse las sentencias de 17 de octubre de 2013, Consejo/Access Info Europe, C‑280/11 P, EU:C:2013:671, apartado 32 y jurisprudencia citada, y de 3 de julio de 2014, Consejo/in ‘t Veld, C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, apartado 53 y jurisprudencia citada).
103    Incumbe no obstante al solicitante de acceso invocar de manera concreta las circunstancias que fundamentan un interés público superior que justifique la divulgación de los documentos solicitados (sentencias de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión, C‑514/11 P y C‑605/11 P, EU:C:2013:738, apartado 94, y de 16 de julio de 2015, ClientEarth/Comisión, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, apartado 90).
104    Procede señalar, por un lado, que el interés público superior que puede justificar la divulgación de un documento no ha de ser necesariamente distinto de los principios que subyacen al Reglamento n.º 1049/2001. Pero no es menos cierto que unas consideraciones generales no son suficientes para demostrar que el principio de transparencia presentaba en este caso un carácter tan acusado como para prevalecer sobre las razones que justificaban denegar la divulgación de los documentos en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión, C‑514/11 P y C‑605/11 P, EU:C:2013:738, apartados 92 y 93).
105    Por otro lado, el interés en facilitar el ejercicio de los derechos de los particulares permitiéndoles utilizar documentos para facilitar su defensa ante los tribunales nacionales constituye un interés privado, y no un interés público (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de julio de 2016, Sea Handling/Comisión, C‑271/15 P, no publicada, EU:C:2016:557, apartados 97 y 99, y de 25 de septiembre de 2014, Spirlea/Comisión, T‑306/12, EU:T:2014:816, apartado 99). En este contexto, debe precisarse que la comunicación de documentos a efectos de que una persona ejerza su derecho de defensa tiene lugar mediante la divulgación de dichos documentos únicamente a esa persona, contrariamente a la comunicación que tiene lugar con arreglo al Reglamento n.º 1049/2001, que determina que esos documentos pasen a ser accesibles a cualquier persona. El hecho de que los documentos en cuestión puedan utilizarse en numerosos procedimientos no altera en nada este análisis, ya que no cabe considerar que, por principio, la suma de intereses privados transforme estos en un interés público (sentencia de 9 de octubre de 2018, Pint/Comisión, T‑634/17, no publicada, EU:T:2018:662, apartado 59).
106    En el caso de autos, en primer lugar, la demandante sostiene que la Comisión no llevó a cabo ninguna ponderación de los intereses afectados, a saber, la salvaguarda de los intereses protegidos por las excepciones invocadas por la Comisión frente al interés público en la libre disponibilidad de los documentos solicitados.
107    A este respecto, procede señalar que, en la Decisión impugnada, la Comisión indicó que los intereses invocados por la demandante, y en particular el derecho del público a saber si los actos del NBS y la revocación de su autorización eran legales, no podían prevalecer sobre las excepciones que justificaban la no divulgación. En tales circunstancias, no le es lícito a la demandante afirmar que la Comisión no llevó a cabo ninguna ponderación de los intereses afectados.
108    En segundo lugar, la demandante alega que existe un interés público superior en que, conforme al principio de transparencia, los principales documentos elaborados en el marco de los procedimientos de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010, y en particular las recomendaciones emitidas por la AESPJ y los dictámenes formales adoptados por la Comisión, se divulguen para permitir el control del desarrollo de dichos procedimientos y garantizar la legitimidad del proceso de toma de decisiones y la confianza del público. La demandante sostiene que estos procedimientos de investigación revisten mucha importancia y pueden implicar graves consecuencias para las entidades financieras afectadas, para los titulares de contratos de seguros y, por tanto, para la estabilidad del mercado de los seguros en los Estados miembros. Para la demandante, dicho interés público, por un lado, no se basa únicamente en intereses privados y, por otro lado, prevalece sobre las consideraciones opuestas por la Comisión.
109    A este respecto, procede señalar, antes que nada, que, como advirtió acertadamente la Comisión en la Decisión impugnada y posteriormente en la vista y conforme a la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 105, la utilidad que tendría la divulgación de los documentos solicitados para la demandante y para sus clientes corresponde a intereses de carácter privado.
110    A continuación, conforme a la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 104, las consideraciones de carácter general basadas en el principio de transparencia no bastan, por sí solas, para demostrar la existencia de un interés público superior.
111    Por último, el interés que tendría para el público la divulgación de los documentos generados en el marco de un procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 1094/2010 resulta limitado. Contrariamente a lo que sostiene la demandante, tal interés no tiene, en el caso de autos, carácter de interés público superior que pueda prevalecer sobre las razones que justifican la denegación de la divulgación de los documentos solicitados, a saber, en el presente asunto, la protección del objetivo de las actividades de investigación llevadas a cabo con arreglo a dicha disposición. Como explica la Comisión, la divulgación de estos documentos, lejos de garantizar la estabilidad del mercado de los seguros en los Estados miembros, tendría más bien por efecto complicar las actividades de las autoridades encargadas de garantizar el buen funcionamiento y la estabilidad de dichos mercados.
112    Por lo demás, consta que se informó al público, si bien mínimamente, aunque de manera suficiente para su nivel, mediante la publicación de comunicados de prensa relativos a la recomendación de 16 de mayo de 2022, al dictamen formal de 13 de septiembre de 2022 y a la decisión de revocación de la autorización.
113    A la vista de lo anterior, la demandante no ha demostrado la existencia de un interés público superior que justificase la divulgación de los documentos solicitados.
114    Por lo tanto, la tercera parte del segundo motivo y, en consecuencia, el segundo motivo en su totalidad deben ser desestimados.
B.      Sobre los motivos primero y tercero, basados, respectivamente, en la infracción del artículo
4, apartado
2, segundo guion, del Reglamento n.º 1049/2001 y en la infracción del artículo
4, apartado
3, párrafo primero, del mismo Reglamento
115    Mediante sus motivos primero y tercero, la demandante sostiene que la Comisión infringió, respectivamente, el artículo 4, apartado 2, segundo guion, del Reglamento n.º 1049/2001 y el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del mismo Reglamento. De este modo, la demandante impugna la legalidad de los fundamentos de la Decisión impugnada con arreglo a los cuales la Comisión aplicó excepciones relativas, por un lado, a la protección de los procedimientos judiciales y, por otro, a la protección de un proceso de toma de decisiones en curso.
116    A este respecto, procede recordar que, en la medida en que algunos de los fundamentos mencionados en una decisión pueden, por sí solos, justificarla de modo suficiente con arreglo a Derecho, los errores que pudieran viciar otros fundamentos carecen, en cualquier caso, de influencia en su parte dispositiva. Asimismo, según reiterada jurisprudencia, es inoperante todo motivo de recurso que, aunque fundado, no conduzca a la anulación que pretende la parte demandante (véase la sentencia de 14 de diciembre de 2005, Honeywell/Comisión, T‑209/01, EU:T:2005:455, apartado 48 y jurisprudencia citada; sentencia de 15 de septiembre de 2021, Francia/ECHA, T‑127/20, no publicada, EU:T:2021:572, apartado 32).
117    Pues bien, en materia de acceso del público a los documentos, cada excepción prevista por el artículo 4 del Reglamento n.º 1049/2010 constituye un motivo suficiente para denegar el acceso (véase, por analogía, sentencia de 13 de septiembre de 2000, Denkavit Nederland/Comisión, T‑20/99, EU:T:2000:209, apartado 42).
118    En el presente asunto, habida cuenta de que, en el marco de su segundo motivo, la demandante no ha logrado invalidar el motivo de denegación basado en la excepción del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001, los motivos primero y tercero del recurso por los que se impugnan los otros dos motivos de denegación deben desestimarse por inoperantes.
C.      Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo
4, apartado
6, del Reglamento n.º 1049/2001, en la violación del principio de proporcionalidad y en el incumplimiento de la obligación de motivación
119    Mediante su cuarto motivo, la demandante sostiene que, en lo atinente a la denegación de acceso parcial a los documentos solicitados, la Comisión, por un lado, infringió el artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.º 1049/2001 y violó el principio de proporcionalidad y, por otro lado, adoptó la Decisión impugnada viciada de falta de motivación. En efecto, para la demandante, la Comisión no explicó por qué no era posible ningún acceso parcial significativo, ni distinguió entre los diferentes documentos solicitados, ni tampoco entre las diferentes partes de esos documentos, ni justificó que las excepciones invocadas fueran efectivamente aplicables a todos esos documentos y a todas sus partes.
120    La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.
121    A tenor del artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.º 1049/2001, en el caso de que las excepciones previstas se apliquen únicamente a determinadas partes del documento solicitado, las demás partes se divulgarán.
122    Procede recordar que el principio de proporcionalidad obliga a la institución, órgano u organismo de la Unión que conoce de la solicitud a considerar el acceso parcial a un documento (sentencia de 6 de diciembre de 2001, Consejo/Hautala, C‑353/99 P, EU:C:2001:661, apartado 27; véase también, en este sentido, la sentencia de 7 de febrero de 2018, Access Info Europe/Comisión, T‑851/16, EU:T:2018:69, apartados 117 y 118 y jurisprudencia citada). Dicha obligación implica, en principio, un examen concreto e individual de cada documento (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de julio de 2006, Franchet y Byk/Comisión, T‑391/03 y T‑70/04, EU:T:2006:190, apartado 117, y de 23 de septiembre de 2015, ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA, T‑245/11, EU:T:2015:675, apartado 230).
123    No obstante, se ha declarado que los documentos amparados por una presunción general de confidencialidad están exentos de la obligación de divulgación, total o parcial, de su contenido (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de junio de 2012, Comisión/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, apartado 133, y de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, apartado 134). En tal supuesto, la Comisión puede lícitamente responder a la solicitud de acceso a los documentos de manera global, sin proceder a un examen concreto e individual del contenido de cada uno de los documentos en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión, C‑514/11 P y C‑605/11 P, EU:C:2013:738, apartado 68).
124    En el caso de autos, el examen del segundo motivo del recurso revela que los documentos solicitados estaban amparados por una presunción general de confidencialidad (véase el anterior apartado 90), que no ha sido destruida por la demandante (véanse los anteriores apartados 97 y 113).
125    De ello se sigue, en primer lugar, que, conforme a la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 123, la Comisión, por un lado, no estaba obligada a realizar un examen concreto e individual de cada uno de los documentos solicitados en cuanto a la posibilidad de conceder un acceso parcial a uno u otro de esos documentos y, por otro lado, podía considerar legalmente que los referidos documentos estaban íntegramente amparados por la excepción del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001.
126    Por consiguiente, la demandante no puede sostener fundadamente que la Decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.º 1049/2001 y vulnera el principio de proporcionalidad.
127    En segundo lugar, en el contexto al que se ha hecho referencia en el anterior apartado 124, debe considerarse que la denegación de acceso parcial está suficientemente motivada en el aspecto formal, toda vez que la Decisión impugnada menciona la posibilidad de conceder un acceso parcial a los documentos solicitados y se concluye que estos estaban íntegramente amparados por las excepciones invocadas por la Comisión (véanse, por analogía, las sentencias de 25 de marzo de 2015, Sea Handling/Comisión, T‑456/13, no publicada, EU:T:2015:185, apartado 92, y de 7 de septiembre de 2017, AlzChem/Comisión, T‑451/15, no publicada, EU:T:2017:588, apartados 96 y 97).
128    Por otra parte, si bien es cierto que la Comisión indicó también, sin más explicaciones, que no era posible ningún acceso parcial importante sin ocasionar un perjuicio para los intereses protegidos por las excepciones invocadas, tal motivación, aunque sucinta, también es suficiente, teniendo en cuenta la necesidad de no desvelar información comprendida en particular en la excepción del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001 (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de febrero de 2007, Sison/Consejo, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, apartado 82, y de 7 de febrero de 2018, Access Info Europe/Comisión, T‑851/16, EU:T:2018:69, apartado 122).
129    Por consiguiente, la demandante tampoco puede sostener fundadamente que la Decisión impugnada incumple la obligación de motivación resultante del artículo 296 TFUE.
130    Por lo tanto, debe desestimarse el cuarto motivo.
D.      Sobre el quinto motivo, basado en la vulneración del derecho de acceso al expediente garantizado por el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta de los Derechos Fundamentales
131    La demandante sostiene que la Comisión vulneró su derecho de acceso al expediente garantizado por el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta de los Derechos Fundamentales. Alega, primero, que la Comisión también conocía de una solicitud de acceso a un expediente; segundo, que la Secretaria general de la Comisión, autora de la Decisión impugnada, era competente para pronunciarse sobre dicha solicitud; tercero, que los documentos solicitados formaban parte de un expediente administrativo que la afectaba de manera significativa, y, cuarto, que la Comisión estaba obligada a concederle acceso a dicho expediente.
132    La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.
133    Con carácter preliminar, procede recordar que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, relativo al derecho a una buena administración, indica en su apartado 2, letra b), que este derecho incluye en particular «el derecho de toda persona a acceder al expediente que la concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial».
134    El artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales, relativo al derecho de acceso a los documentos, dispone, por su parte, que todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene «derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte». El Reglamento n.º 1049/2001 define las condiciones y el modo en que debe ejercerse este derecho en lo tocante a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión.
135    Los regímenes de acceso a los documentos y del acceso al expediente constituyen así dos regímenes distintos, sometidos a procedimientos distintos (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2024, MeSoFa/BCE, T‑790/22, no publicada, EU:T:2024:783, apartado 29). Ambos exigen, en cualquier caso, la presentación de una solicitud (sentencia de 11 de diciembre de 2014, Heli-Flight/AESA, T‑102/13, EU:T:2014:1064, apartado 51).
136    En el caso de autos, procede señalar, en primer lugar, que la solicitud inicial, aunque se basaba principalmente en el Reglamento n.º 1049/2001 y no mencionaba el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, contenía algunos elementos que podían sustentar una solicitud de acceso al expediente. En efecto, por un lado, citaba los artículos 47 y 48 de la citada Carta y, por otro, insistía en la necesidad de que la demandante dispusiera de los documentos solicitados a efectos de preparar su «defensa» en el marco de un «procedimiento sancionador» iniciado contra ella por el NBS y que dio lugar a que se revocara su autorización.
137    En cambio, la solicitud confirmatoria, por su parte, se basaba clara y exclusivamente en el Reglamento n.º 1049/2001 y en el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales. No mencionaba el artículo 41 de esa Carta, ni tampoco el derecho de acceso al expediente. Además, contrariamente a la solicitud inicial, no hacía referencia ni a los artículos 47 y 48 de dicha Carta, ni al derecho de defensa de la demandante, como fundamento de la solicitud de acceso. La solicitud confirmatoria mencionaba el derecho de la demandante a una «defensa efectiva», y el hecho de que los documentos solicitados se referían a esta última, solo de manera incidental y con el único fin de impugnar la aplicación de la excepción basada en la protección de los procedimientos judiciales en el sentido del artículo 4, apartado 2, segundo guion, del Reglamento n.º 1049/2001.
138    En segundo lugar, la Decisión impugnada se pronuncia únicamente sobre la solicitud confirmatoria presentada por la demandante sobre la base del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 1049/2001. No examina, ni siquiera menciona, el derecho de la demandante a acceder a su expediente con arreglo al artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta de los Derechos Fundamentales. Tampoco hace referencia a los artículos 47 y 48 de esta Carta, ni tampoco al derecho de defensa de la demandante. Por otra parte, la Decisión impugnada descarta, por ser de carácter privado y, por tanto, no pertinente en el marco del Reglamento n.º 1049/2001, el interés que podría presentar, para la demandante, la divulgación de los documentos solicitados a efectos de la preparación de su defensa ante los órganos jurisdiccionales nacionales (véase el anterior apartado 19).
139    Por lo demás, en virtud del artículo 4, párrafo primero, entonces vigente, de las disposiciones sobre la aplicación del Reglamento n.º 1049/2001, adjuntas al Reglamento interno de la Comisión (DO 2000, L 308, p. 26), en su versión modificada por la Decisión 2001/937/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 5 de diciembre de 2001 (DO 2001, L 345, p. 94), la facultad de adoptar las decisiones relativas a las solicitudes confirmatorias en materia de acceso a los documentos se delega, en principio, en el Secretario General de dicha institución. En cambio, en el caso de autos, de las explicaciones de la Comisión se desprende que no se confirió a su Secretario General competencia alguna para examinar las impugnaciones dirigidas contra decisiones denegatorias de acceso al expediente.
140    En tales circunstancias, la Secretaria General de la Comisión, autora de la Decisión impugnada, no conocía de ninguna solicitud de acceso al expediente y no adoptó, ni podía adoptar, ninguna decisión al respecto. De ello se sigue que la demandante no puede reprochar válidamente a la Comisión, en el marco de un recurso contra la Decisión impugnada, no haberle reconocido un derecho de acceso al expediente fundándose en el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta de los Derechos Fundamentales (véanse, por analogía, las sentencias de 20 de diciembre de 2023, OCU/JUR, T‑496/18, no publicada, EU:T:2023:857, apartados 32 a 35 y 38, y de 13 de noviembre de 2024, Kargins/Comisión, T‑110/23, no publicada, EU:T:2024:805, apartados 137 y 138).
141    En consecuencia, debe desestimarse el quinto motivo.
142    Por cuantas razones anteceden, el presente recurso debe ser desestimado.
IV.    Costas
143    A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión, conforme a lo solicitado por esta.
144    Asimismo, según el artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por lo tanto, la República Eslovaca cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera, en formación de cinco Jueces)
decide:
1)      Desestimar el recurso.
2)      Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni y Novis Poisťovňa a.s. cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
3)      La República Eslovaca cargará con sus propias costas.
Kowalik-Bańczyk
Reine
da Silva Passos
Cassagnabère
Pavelin
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de mayo de 2026.
Firmas
Índice
I.
Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso
A.
Procedimiento de investigación por infracción del Derecho de la Unión
B.
Procedimiento de acceso a los documentos
1.
Fase inicial
2.
Fase confirmatoria
C.
Procedimiento por incumplimiento
II.
Pretensiones de las partes
III.
Fundamentos de Derecho
A.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001
1.
Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en la confusión entre las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.º 1049/2001 y las previstas en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del mismo Reglamento
2.
Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en la inexistencia de perjuicio alguno para la protección del objetivo de las actividades de investigación
a)
Sobre el requisito relativo a que exista una investigación en curso
b)
Sobre la aplicación de una presunción general de confidencialidad y la obligación de examen concreto e individual de los documentos
1)
Consideraciones preliminares
2)
Sobre la aplicación de una presunción general de confidencialidad
3)
Sobre la obligación de un examen concreto e individual de los documentos
c)
Sobre la existencia de un perjuicio para el objetivo de las actividades de investigación
3.
Sobre la tercera parte del segundo motivo, basada en la existencia de un interés público superior que justifica la divulgación de los documentos solicitados
B.
Sobre los motivos primero y tercero, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 4, apartado 2, segundo guion, del Reglamento n.º 1049/2001 y en la infracción del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del mismo Reglamento
C.
Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.º 1049/2001, en la violación del principio de proporcionalidad y en el incumplimiento de la obligación de motivación
D.
Sobre el quinto motivo, basado en la vulneración del derecho de acceso al expediente garantizado por el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta de los Derechos Fundamentales
IV.
Costas
*      Lengua de procedimiento: inglés.