61974C0008
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ALBERTO TRABUCCHI
presentadas el 20 de junio de 1974 (
1
)
Señor Presidente,
Señores Jueces,
1.
En 1970 se importaron a Bélgica, para ser vendidas en dicho país, varias decenas de botellas de whisky de dos conocidas marcas británicas, compradas en Francia por concesionarios exclusivos del productor después de haber sido legalmente importadas y despachadas en aduana.
El producto, convenientemente embotellado por el productor, se presentaba en las botellas de origen, sobre las cuales los compradores (el comerciante Gustave Dassonville y su hijo Benoît) habían fijado, antes de ponerlas a la venta, una etiqueta en la que figuraba impresa la inscripción «British customs certifícate of origin», seguida de la inscripción manuscrita del número y de la fecha de la botella que acreditaba el pago de la fianza prescrita por la administración francesa. Como consecuencia de una inspección efectuada posteriormente en Uccle en una tienda de bebidas alcohólicas perteneciente a los Dassonville por un inspector del servicio de control de productos alimenticios, se pudo comprobar que los Dassonville no poseían el certificado de origen de la mercancía, expedido por la autoridad británica. Aunque no se puso en duda la autenticidad del producto, el Procureur du Roí entabló contra ellos una acción penal imputándoles la comisión de un delito de falsificación por haber fijado la etiqueta y las menciones aludidas, y haber infringido de esta forma tanto el artículo 2 del Real Decreto belga no 57, de 20 de diciembre de 1934, sobre aguardientes, así como el artículo 1 del mismo Decreto al haber importado, vendido, expuesto al público, estado en posesión y transportado whisky con la denominación «Scotch Whisky» debidamente homologada por el Gobierno belga sin que la mercancía fuera acompañada de un documento que certificara oficialmente el derecho a dicha denominación. En principio, las dos acusaciones para las que se prevén sanciones que pueden llegar hasta una pena privativa de libertad, pueden reconducirse a la falta de este documento.
En su resolución de remisión al Tribunal de Justicia, el tribunal de Bruxelles señala que las normas vigentes en Bélgica en materia de denominación de origen pueden dar lugar a un completo aislamiento del mercado belga, sobre todo habida cuenta que otros Estados miembros, como es el caso de Francia, no conocen una reglamentación análoga en materia de certificados de origen; ello tiene por consecuencia que un tercero, comprador de dicha mercancía en estos Estados no puede procurarse el documento exigido para la importación a Bélgica.
La condición de «importador exclusivo» de los productos de que se trata y que sólo reivindican en Bélgica dos empresas que se han constituido en acusación particular en el proceso penal a fin de proteger sus derechos de concesionarios exclusivos de estos productos, tiene una gran importancia en este asunto. El órgano jurisdiccional belga señala que el contrato de exclusiva celebrado entre estas dos empresas y los productores británicos fue notificado dentro de plazo a la Comisión la cual, hasta el presente, no ha iniciado el procedimiento contemplado en el artículo 9 del Reglamento no 17. Por su parte, en las observaciones que la Comisión ha presentado en este asunto, informa de que sus servicios examinan actualmente un caso piloto de contrato de exclusiva entre un productor de whisky y un concesionario francés sobre todo en relación con la prohibición de exportar, que también parece estar presente en sendos contratos de exclusiva celebrados entre las dos empresas belgas que se han constituido en acusación particular y el respectivo proveedor británico.
Teniendo en cuenta el efecto restrictivo que podría ocasionar en el comercio entre los Estados miembros la aplicación de la legislación belga vigente y las pretensiones de los mencionados «importadores exclusivos», el tribunal de Bruxelles ha preguntado al Tribunal de Justicia:
1)
Si los artículos 30, 31, 32, 33, y 36 deben interpretarse de manera que deba considerarse como una restricción cuantitativa o una medida de efecto equivalente una disposición reglamentaria nacional que prohíbe, entre otras cosas, la importación de una mercancía como el aguardiente que tenga una denominación de origen debidamente homologada por un Gobierno nacional cuando estas mercancías no van acompañadas por un documento oficial expedido por el Gobierno del país de exportación que certifique su derecho a dicha denominación.
2)
Si un acuerdo que tiene por efecto restringir la competencia y afectar el comercio entre los Estados miembros únicamente cuando se combina con una reglamentación nacional relativa al certificado de origen es nulo cuando solamente autoriza o no se opone a que el importador exclusivo invoque dicha reglamentación para impedir importaciones paralelas.
2.
La exigencia de un certificado de origen de las mercancías procedentes de otros Estados es de uso común en el marco de las zonas de libre cambio en las que, a falta de un arancel aduanero exterior común, es necesario distinguir los productos originarios de la zona, admitidos como tales en libre circulación, de los productos procedentes de países terceros.
Sin embargo, en nuestro caso, esta exigencia no tiene una función arancelaria, sino que su único objeto es garantizar la observancia de las denominaciones de origen homologadas por la autoridad belga.
A falta de una definición comunitaria de la denominación de origen, los Estados miembros son libres para aceptar la definición de un producto típico tal como es dada por las autoridades competentes del tercer Estado productor, a fin de proteger la denominación de origen de productos extranjeros, en cumplimiento de acuerdos internacionales.
La primera cuestión se refiere no a la compatibilidad con el Tratado de las legislaciones nacionales que tienen por objeto la protección del origen de las mercancías, sino solamente a la legalidad del medio particular empleado por la legislación belga relativa a la prueba de que el producto es conforme con la definición legal, y que consiste en exigir un certificado de origen expedido por las autoridades del país en el que se produjeron las mercancías, aun en el caso de que las mercancías ya se hayan admitido en libre práctica debidamente en otro Estado miembro.
El temor del tribunal de Bruxelles a que esta exigencia ponga trabas a la libre circulación entre los Estados miembros, incluso hasta el punto impedirlo radicalmente en algunos casos, es realmente fundado. Ello se produciría sobre todo si se exigiera un certificado de origen expedido directamente a nombre del importador belga; también si la autoridad nacional exigiera el certificado original, incluso independientemente de la indicación del destinatario de la mercancía, sin posibilidad de presentar copias equivalentes legalmente autentificadas. En efecto, incluso consideradas separadamente, quien compra los productos de segunda mano en un Estado miembro de la Comunidad con objeto de reexportarlos a Bélgica no puede cumplir fácilmente tales exigencias.
Pero, sin detenerme ahora en estos casos extremos, voy a concentrar mi examen en la cuestión más general de la compatibilidad con el Derecho comunitario de la exigencia del certificado de origen en relación con mercancías que llevan una denominación debidamente homologada en el Estado importador.
La exigencia del certificado de origen expedido por las autoridades del país de producción generalmente en el momento de la importación tiene un efecto restrictivo sobre la circulación de productos entre los Estados miembros a causa de las dificultades prácticas que encuentran los comerciantes de segunda mano, los cuales, para obtener el certificado, se limitan normalmente a comprar al concesionario exclusivo un lote de una partida mayor. Aunque también los terceros tengan teóricamente la posibilidad de solicitar con posterioridad el certificado a la autoridad británica, la necesidad de disponer de una serie de datos precisos que permitan identificar exactamente el lote que es objeto de una operación de exportación determinada hace muy difícil en la práctica, cuando no completamente imposible, la obtención de este certificado, sobre todo para las cantidades pequeñas de partidas mayores. Ello es aún más cierto cuando los diferentes concesionarios exclusivos de los distintos Estados miembros no están dispuestos a cooperar de alguna manera con los terceros comerciantes, sea porque han acordado formalmente con el exportador no exportar, sea para no ir en contra de un reparto territorial cómodo de los mercados. En la práctica, ello impediría la circulación de mercancías entre los distintos mercados nacionales, ya que ésta sólo podría tener lugar en sentido único, en las direcciones fijadas, con las posibilidades ya conocidas de diferenciaciones, objetivamente injustificadas, de los niveles de precios de un mismo producto en los distintos Estados miembros. En efecto, los productos de que se tratara sólo podrían importarse legalmente a Bélgica por los concesionarios o agentes exclusivos de los productores, puesto que sólo ellos obtendrían las mercancías de primera mano y podrían de esta manera obtener el certificado de origen sin dificultades.
A causa de su carácter antieconómico, la posibilidad que tienen los terceros países de importar libremente a Bélgica el Scotch whisky original como whisky ordinario no basta para desvirtuar la situación descrita.
Nos encontramos aquí con una situación que presenta analogías con la que examinó el Tribunal de Justicia en los asuntos Grundig/Consten. Pero también aparecen importantes diferencias. En primer lugar, el efecto restrictivo de la libre circulación y de la competencia, que deriva aquí no del derecho de marca sino de la reglamentación relativa a la protección de la denominación de origen de las mercancías, se desprende objetiva y necesariamente de la ley misma, cuya aplicación no depende de la iniciativa de los particulares interesados. Mientras que en los asuntos Grundig/Consten se empleaba la marca expresamente en interés privado de las empresas particulares con el objeto de impedir las importaciones paralelas de los productos de un mismo fabricante, en nuestro caso las sanciones previstas por la ley tienen por objeto garantizar la observancia de una exigencia legal establecida para proteger un interés público, que esencialmente se identifica en el Estado de importación con el interés de los consumidores en poder determinar la calidad de las mercancías. Por otra parte, mientras que en el asunto Grundig/Consten las trabas a las importaciones paralelas derivadas del derecho de marca constituía un obstáculo jurídico insuperable en el Derecho interno a causa de la exclusividad absoluta garantizada directamente al titular nacional de la marca, en el presente asunto no existe prohibición legal alguna a las importaciones paralelas a Bélgica de productos que lleven una denominación de origen. Únicamente se exige un documento que, en teoría, podría obtener cualquier persona y que, considerado en sí mismo, constituye indudablemente un medio eficaz para controlar la autenticidad del producto.
3.
Por lo que se refiere a la primera cuestión, se trata de establecer criterios que puedan permitir al órgano jurisdiccional nacional decidir si las reglas relativas al certificado de origen cuya aplicación se invoca son o no compatibles con el Tratado. A este respecto, la primera regla que reviste importancia es el artículo 30, que establece la prohibición de restricciones cuantitativas y de medidas de efecto equivalente.
Pero, en primer lugar, es necesario precisar la discusión evitando plantear la cuestión de una forma a mi entender errónea. Ya se ha señalado que cuando los efectos restrictivos para la circulación de mercancías entre los Estados miembros no resultan de una normativa nacional incompatible con el Tratado, sino simplemente de la coexistencia de legislaciones nacionales diferentes, estos inconvenientes solo pueden eliminarse, en principio mediante aproximación de las legislaciones conforme al procedimiento previsto por el Tratado. Nos podemos preguntar si no es éste el caso en el presente asunto. En efecto, cabe pensar que las dificultades que se objetan se atenuarían considerablemente si la legislación francesa también impusiera a la importación y comercialización del Scotch whisky en Francia la misma exigencia que la legislación belga relativa al certificado de origen, de forma que fuera absolutamente superflua una nueva verificación en el momento de pasar la frontera hacia Bélgica. Ello podría llevarnos a la convicción de que la situación creada en nuestro caso depende de una situación objetiva de diversidad de legislaciones nacionales que sólo puede remediarse por el procedimiento de aproximación de las mismas.
Pero éste no es el medio de resolver el problema. En primer lugar, sólo se puede hablar de aproximación de las legislaciones en la medida en que las disposiciones internas consideradas no estén prohibidas en sí mismas por el Tratado, por tanto, este examen de la compatibilidad es lógicamente prioritario con respecto a la solución de las dificultades que entraña el procedimiento de aproximación de las legislaciones.
Por otra parte, la discusión descansa sobre un sofisma: en realidad, la restricción al comercio entre Francia y Bélgica que existe en el presente asunto no se deriva del hecho de que la legislación francesa no exija la misma formalidad que la legislación belga, sino de que esta legislación exige un requisito que no puede cumplir el tercero adquirente en el mercado francés. Por lo demás, no se puede afirmar en absoluto con certeza que, incluso si la ley francesa exigiera para la introducción de estos productos en Francia la misma formalidad que la ley belga, el tercero que sólo comprara, por ejemplo, una parte del lote de mercancías importado por el concesionario exclusivo en Francia pudiera obtener de éste, o de un adquirente posterior, una copia del certificado de origen. Para ello haría falta en efecto que la legislación francesa impusiera al concesionario exclusivo la obligación de entregar una copia de este documento a petición de sus compradores o de terceros que hayan comprado, incluso de segunda o tercera mano, las mercancías que él ha importado y que, después de varias transmisiones y de subdivisiones sucesivas de partidas de mercancías, aún fuera posible determinar todos los intermediarios.
En consecuencia, puede concluirse que las dificultades comprobadas en el comercio entre los Estados miembros a consecuencia de la exigencia de un certificado de origen se derivan directamente de la legislación del Estado que exige este documento. Sólo falta pues examinar la compatibilidad de esta exigencia con el Derecho comunitario en relación con la prohibición de restricciones cuantitativas y de medidas de efecto equivalente.
4.
Mientras que el concepto de restricciones cuantitativas es muy preciso y se identifica con el de contingente, el concepto de medida de efecto equivalente es menos fácil de definir, dado que su efecto restrictivo sobre las importaciones o exportaciones es únicamente indirecto, y que existe una gran variedad de medios que pueden contribuir a producir un efecto de este tipo.
La Comisión tuvo la ocasión de precisar este concepto al cumplir la tarea que le atribuye el apartado 7 del artículo 33 del Tratado. Conforme a esta disposición, estableció, mediante Directivas adoptadas en distintas fechas, la supresión de las medidas de efecto equivalente a contingentes que existían en la fecha de entrada en vigor del Tratado. Para nosotros reviste importancia sobre todo la Directiva de 22 de diciembre de 1969 (DO 1970, L 13, p. 29), según la cual «las medidas distintas a las aplicables indistintamente a los productos nacionales y a los productos importados, que constituyen un obstáculo a las importaciones que podrían tener lugar sin dichas medidas, comprenden aquellas que dificultan las importaciones o las hacen más onerosas en relación con la producción nacional» (apartado 1 del artículo 2).
Según el apartado 2 del mismo artículo la Directiva se refiere especialmente a aquellas «medidas que supeditan la importación o la venta de los productos importados, en cualquier fase de comercialización, a un requisito -y no a una mera formalidad-exigido únicamente para los productos importados, o a un requisito diferente cuyo cumplimiento es más difícil que el del exigido para los productos nacionales».
Además de estos preceptos, el artículo 3 exige también la supresión de las medidas que rigen la comercialización de productos y que se refieren entre otras cosas a su identificación, aplicable indistintamente a los productos nacionales y a los importados «cuyos efectos restrictivos sobre la libre circulación de mercancías sobrepasen el marco de los efectos propios de una reglamentación comercial». Con arreglo al mismo artículo, tal es el caso en particular «cuando los efectos restrictivos sobre la libre circulación de las mercancías son desproporcionados en relación con el resultado pretendido; cuando el mismo fin puede alcanzarse empleando un medio distinto, que ponga menos trabas a los intercambios». Aquí la Comisión utilizó un criterio general que rige la aplicación de las limitaciones autorizadas a la plena eficacia de las libertades fundamentales que constituyen la base del mercado común.
La normativa interna relativa a la denominación de origen constituye un aspecto de la normativa comercial. La competencia que cabe reconocer todavía a los Estados miembros en este ámbito debe ejercerse respetando los rigurosos límites establecidos por el Tratado CEE. La libertad de circulación en la Comunidad de productos que se encuentran en libre práctica en un Estado miembro es uno de los principios fundamentales del Tratado. Una reglamentación estatal del comercio distinta de una medida que establece contingentes y que, contemplada en el contexto de su aplicación, pueda poner serias trabas al tráfico de determinadas clases de mercancías entre los Estados miembros, debería ser considerada, en principio, como una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa.
Contrariamente a lo que opina el Gobierno británico, la prohibición de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas no está supeditada, en cuanto su aplicabilidad, al requisito de que se produzca una concreta disminución cuantitativa en la circulación de mercancías entre los Estados miembros. Conforme a la línea trazada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de derechos de aduana y medidas de efecto equivalente, que responde a las exigencias lógicas y prácticas, se aplica la prohibición automáticamente por el hecho de que las medidas consideradas, aunque no tengan carácter discriminatorio o proteccionista, constituyan una carga injustificada para los importadores, lo que hace que puedan provocar restricciones ilegales en el comercio intracomunitario (Sociaal Fonds voor Diamantarbeiders, asuntos acumulados 2/69 y 3/69_<—>Rec. 1969, pp. 221 y ss.). Ello es perfectamente conforme con el texto del Tratado, el cual, una vez finalizado el período transitorio, prohíbe absoluta y automáticamente tanto las restricciones cuantitativas como las medidas de efecto equivalente independientemente de la prueba de los efectos cuantitativos que en cada caso particular haya tenido sobre los intercambios la medida de que se trate. Si no fuera así, se debería admitir también el mantenimiento de restricciones cuantitativas en el caso de que la cantidad de mercancías importadas resultara inferior al contingente.
5.
Sin embargo, el artículo 36 del Tratado CEE permite a los Estados evitar establecer excepciones a la prohibición de las restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente por determinadas razones y con ciertos límites. Esta posibilidad de establecer excepciones está prevista, en concreto, para permitir a los Estados cumplir sus funciones en materia de protección de la propiedad industrial y comercial y de la protección de la moralidad, de la salud de las personas, etc.
Se trata de una cláusula de excepción y, como tal, debe interpretarse estrictamente, permite a los Estados proteger intereses nacionales de naturaleza diversa ligados al ejercicio determinadas competencias que siguen reservadas a los Estados de forma exclusiva.
La protección de la denominación de origen de los productos está efectivamente comprendida en el ámbito de la propiedad industrial y comercial para la que el artículo 36 autoriza las excepciones necesarias a la prohibición de restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente. No obstante, con arreglo a dicha norma, los Estados sólo pueden adoptar tales medidas de excepción con objeto de proteger sus propios intereses y no los intereses de otros Estados. Así, por ejemplo, las limitaciones a la libre circulación que puede adoptar un Estado en defensa de la salud pública de conformidad con aquella norma no podrían justificar en ningún caso el establecimiento de limitaciones a la exportación de productos considerados nocivos con objeto de proteger la salud pública de la población de otros Estados miembros. El artículo 36 permite a cada Estado proteger exclusivamente sus propios intereses nacionales. Por tanto, para la protección de la propiedad industrial y comercial cada Estado puede establecer limitaciones a la libertad de circulación de mercancías solamente con objeto de proteger los derechos subjetivos y los intereses económicos comprendidos en la esfera de su competencia.
Desde el punto de vista del derecho de propiedad, es obvio que la protección de la denominación de origen está en función del interés económico del productor. Si se trata de un producto extranjero y, con más razón, en el caso de un país tercero, el interés que se pretende proteger rebosa el ámbito de protección permitido a cada Estado por el artículo 36. Así, en relación con la denominación de origen, solamente el Estado productor, y no el Estado importador, estará facultado para hacer uso de las posibilidades que ofrece el artículo 36 con objeto de establecer las condiciones (relativas por ejemplo a la fabricación, el etiquetado, la venta, etc.) que considere necesarias para garantizar la protección del producto de origen.
Cuando el Estado productor sea un país tercero en relación con la Comunidad, como era el caso de Gran Bretaña en el caso de autos, los Estados miembros que hayan contraído con dicho país obligaciones internacionales para la protección de sus productos típicos, podrán adoptar todas las medidas necesarias a este respecto, pero siempre observando los límites que el Derecho comunitario fija a su libertad de acción. Ciertamente, no sería conforme ni con el espíritu ni con la función del artículo 36 admitir excepciones a la libertad de circulación de las mercancías en el seno de la Comunidad en mayor o menor medida, según el alcance de las obligaciones internacionales de cada Estado miembro con Estados terceros.
Puede que sea precisamente en atención de estas consideraciones que las partes constituidas en acusación particular hayan intentado justificar la aplicabilidad del artículo 36 exclusivamente para la protección de la salud pública en el Estado importador. Pero, tal y como ha puesto de manifiesto la Comisión, la consecución de este fin podría justificar la prohibición de entrada de productos nocivos en el Estado, pero no las dificultades puestas a la entrada de un producto ligadas a su denominación. Como hemos visto, nada se opone a la entrada y a la venta en Bélgica de un Scotch whisky desprovisto de denominación de origen si se denomina pura y simplemente whisky.
Por ello no cabe a mi juicio, decir que el artículo 36 permitía a un Estado miembro aplicar a las importaciones procedentes de otros Estados miembros medidas restrictivas que equivalen a restricciones cuantitativas con objeto de proteger la denominación de origen de productos de países terceros.
6.
En cualquier caso, incluso si hubiera que considerar el artículo 36 aplicable en abstracto, todavía hay que tener en cuenta que sólo está permitido adoptar una medida excepcional basada en esta norma si las prohibiciones o las restricciones establecidas por los Estados para la consecución de los objetivos previstos no constituyen un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.
Independientemente de ello en este punto rige, como en cualquier otro caso de aplicación de normas que permiten excepciones a los principios fundamentales del mercado común, el principio fundamental de que las normas que constituyen excepciones a las prohibiciones del artículo 30 sólo están permitidas en la medida estrictamente necesaria para la consecución del objetivo legal. Entre todas las medidas que pueden servir para alcanzar este objetivo sólo están permitidas aquellas que perturben en menor medida el funcionamiento del mercado común, y ello de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Este criterio general de interpretación que delimita la competencia de los Estados para establecer excepciones coincide con el enunciado en la última parte del artículo 3 de la mencionada Directiva de la Comisión de 22 de diciembre de 1969.
Por tanto, es necesario ver si las limitaciones de que se trate pueden justificarse en cuanto a su adecuación a los objetivos en el sentido de que no impliquen restricciones más graves de lo necesario. En este caso, se podría considerar que se ha sobrepasado el límite mismo que impone expresamente el artículo 36 al prohibir las «restricciones encubiertas» del comercio intracomunitario. También debemos examinar si, pese a no existir diferencias de trato con los productos nacionales similares, estas restricciones no terminan por producir, de hecho, una diferencia de trato injustificada entre los sujetos comunitarios y, consecuentemente, una discriminación arbitraria. Quizás podría parecer un poco artificioso considerar separadamente estas dos condiciones puesto que no se puede concebir fácilmente el que una restricción pueda considerarse adecuada al fin perseguido, en el sentido ya indicado, si tiene por efecto producir una discriminación arbitraria. Si cabe pensar que una restricción a la importación es el único medio adecuado para alcanzar uno de los objetivos autorizados por el artículo 36, será imposible, por principio, considerar la desigualdad de trato resultante como una discriminación arbitraria. Y, a la inversa, una diferencia de trato injustificable parecerá implicar que existen medios diferentes para alcanzar el objetivo legal distintos del que provoca tal desigualdad. Sin embargo, en aras de la claridad en la exposición, me gustaría proceder a examinar en concreto los requisitos de admisibilidad de un régimen de excepción conforme al artículo 36.
7.
En primer lugar, puede afirmarse el carácter excesivo e injustificado de las restricciones a la circulación ya mencionadas al principio y derivadas de la exigencia de que el certificado de origen indique el nombre del destinatario en el Estado miembro que hace uso de dicho certificado para la importación y la comercialización de los productos. Efectivamente, existen otros medios, menos restrictivos que la mención de este nombre en el certificado, que pueden permitir identificar claramente la partida de mercancías a que se refiere un certificado de origen, sobre todo si se trata de un producto habitualmente embotellado en origen. Por tanto, un requisito de este tipo entraña limitaciones al comercio entre los Estados miembros que no se justifican a tenor de la primera frase del artículo 36. Tampoco es admisible la negativa a aceptar copias autentificadas del certificado original.
A continuación hay que examinar si el certificado de origen no tiene un carácter más restrictivo de lo necesario, incluso en el caso de que no deba expedirse directamente para la importación en un Estado miembro determinado y, además, no deba ser nominativo.
Es imposible afirmar de manera general y abstracta que la exigencia de un certificado de origen sea el único medio eficaz de protección. Esto sólo puede decirse con relación a las características de los distintos productos y teniendo en cuenta la situación en la que se desarrolla el comercio de los mismos. En general se puede afirmar que, puesto que la razón de ser del certificado de origen -y la justificación de la carga que puede constituir para el comercio-es proteger a los productores contra los fraudes y dar a los consumidores una garantía de calidad, el hecho de exigir este certificado a alguien que no puede procurárselo fácilmente, incluso cuando no cabe duda razonable alguna en cuanto a la regularidad y a la autenticidad de una mercancía, puede constituir para el comercio un obstáculo inútil y, por tanto, injustificado. Esta observación coincide con el principio general restrictivo que rige la aplicación de las cláusulas que autorizan excepciones, uno de cuyos aspectos es el criterio afirmado en la sentencia de este Tribunal en el asunto 78/70 (Deutsche Grammophon_~ Rec. 1971, pp. 487 y ss., especialmente p. 499), apartado 11, precisamente a propósito de la aplicación del artículo 36, que sólo admite en materia de propiedad industrial y comercial para la salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto específico de esta propiedad.
Es cierto que al apreciar la carga que puede hacer pesar sobre el comercio una reglamentación determinada relativa a los medios de prueba de la autenticidad de las mercancías, también es preciso tener en cuenta las ventajas prácticas que pueden resultar de tal reglamentación para el rápido desarrollo de la actividad de las autoridades aduaneras del Estado importador. Pero la facilidad de las tareas de estas autoridades debe estar en función de la libertad de circulación de las mercancías. En el plano del Derecho comunitario, no se podría justificar una simplificación del trabajo de las administraciones que se manifiestan en una disminución efectiva de esta libertad para los operadores económicos.
En consecuencia, cuando no puede haber dudas sobre la autenticidad de un producto que lleve una denominación protegida ni sobre su conformidad con la definición legal, el hecho de continuar exigiendo un certificado cuya obtención pudiera ser difícil para el comerciante comunitario, sería contrario al criterio general que, como hemos visto, rige la aplicación de las cláusulas derogatorias.
Por otra parte, incluso cuando la autenticidad de una mercancía pudiera no ser evidente (lo cual puede deberse a causas absolutamente independientes del comportamiento del importador, como, por ejemplo, cuando se trata de productos sin envase original), debe admitirse al interesado que no haya podido, por causas ajenas a su voluntad, procurarse un certificado, que pruebe por cualquier medio razonable la conformidad de la mercancía con las exigencias de la ley.
Otra cosa sucedería en los casos en que el propio Derecho comunitario exigiera el certificado de origen para la importación de determinadas mercancías en la Comunidad. En efecto, en esta hipótesis, de ello no resultaría ningún inconveniente para la circulación de las mercancías en el interior del mercado común, una vez que han sido regularmente admitidas en libre práctica en un Estado miembro.
En conclusión, y, en cualquier caso, sin perjuicio de la posibilidad de proteger los intereses públicos y privados contra los fraudes recurriendo a las reglas generales relativas a las imitaciones fraudulentas de mercancías y a la competencia desleal, y sin perjuicio igualmente de la fuerza probatoria conforme a la legislación interna del certificado de origen en el caso de que el importador pueda disponer de él, los importadores que no hayan recibido las mercancías directamente del país de origen deben poder probar la autenticidad por cualquier medio adecuado para demostrarla.
8.
Con relación a la prohibición de discriminaciones arbitrarias, baste con añadir que el hecho de pedir un certificado de origen a un importador de un Estado miembro que no puede procurárselo por sí mismo, por necesitar la improbable cooperación de un tercero, no sólo constituye un serio obstáculo a la circulación de mercancías en la Comunidad, sino que también puede tener un alcance fundamentalmente discriminatorio en el caso de que esta exigencia se impusiera también a la comercialización de mercancías similares de producción interna, puesto que, en el caso de estas últimas, por regla general los comerciantes comunitarios no se tropezarían con dificultades serias para obtener el certificado de origen del productor local. Al no ser necesaria tal restricción para alcanzar el objetivo legalmente admitido de proteger los productos que lleven una denominación de origen, se convierten en cualquier caso en una discriminación arbitraria, si no entre mercancías extranjeras y nacionales, sí al menos entre operadores económicos de la Comunidad en relación con las posibilidades efectivas de venta de un mismo producto en un determinado Estado miembro. También por este motivo se ha sobrepasado el límite infranqueable que el artículo 36 establece expresamente a las posibilidades de establecer excepciones.
9.
En consecuencia, puesto que el Tratado no permite a un Estado prohibir la importación de productos que lleven una denominación de origen protegida, admitidos en libre práctica en otro Estado miembro de la Comunidad, por el mero hecho de no disponer el importador del certificado de origen, incluso si no hay dudas sobre la autenticidad de las mercancías o cuando ésta pueda probarse de cualquier manera, la segunda cuestión, relativa a la interpretación del artículo 85 en función de la valoración del contrato de exclusiva celebrado entre el concesionario exclusivo belga y el productor británico reviste una importancia muy secundaria.
Observado de forma realista, el proceso que ha provocado este procedimiento prejudicial nos hace pensar que el interés en juego estaba menos vinculado a la protección de la apelación de origen y, quizás, más estrechamente a la protección de una situación contrarias a la libre competencia. Precisamente hay que examinar desde esta perspectiva la segunda cuestión planteada por el Tribunal de Bruxelles, a la que es fácil dar una respuesta que se inscribe en la línea unívoca de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Sólo el mantenimiento de una posición de exclusividad puede haber empujado a los concesionarios belgas a invocar una regla que se refiere a la protección de una denominación de origen de un producto cuyo origen, así como su conformidad con la definición legal, en realidad no se pone en duda.
La falta en el texto del contrato de exclusiva de una obligación del concesionario o del agente que consista en no prevalerse de su Derecho nacional para prohibir las importaciones paralelas no podría en ningún caso hacer el contrato incompatible con el artículo 85 del Tratado.
Sabemos que en Bélgica un contrato de exclusiva celebrado entre el concesionario belga y el productor no es jurídicamente oponible a terceros, posibles importadores; por otra parte, no es necesaria la iniciativa del concesionario exclusivo para que se aplique la citada Ley penal belga relativa a la protección de las denominaciones de origen de las mercancías. Puesto que dicha Ley penal es aplicable de oficio, a iniciativa del Ministerio Fiscal, el obstáculo al comercio entre los Estados y, consecuentemente, a la libre competencia, se desprende esencial y directamente de la legislación nacional misma, mientras que la eventual constitución en acusación particular por parte de los concesionarios exclusivos en un proceso penal de este tipo sólo puede agravar, desde el punto de vista económico, la posición de los posibles acusados, pero no determinar la restricción al comercio que se deriva directamente de una prohibición legal.
En cualquier caso, el comportamiento del concesionario exclusivo en Bélgica, aunque sea jurídicamente indiferente a efectos de la aplicación de la prohibición establecida por la legislación belga sobre protección de la denominación de origen, también puede revestir importancia en el marco del Derecho comunitario de la competencia como índice del carácter contrario a la libre competencia de acuerdos o prácticas concertadas que afecten al comercio de los productos dentro de la Comunidad.
Por tanto, los contratos de exclusiva celebrados entre concesionarios instalados en Estados miembros y productores de terceros países podrían tener un efecto restrictivo de la competencia y de los intercambios entre los Estados miembros, a causa de la situación que provocan y que debe apreciarse en conjunto.
Este podría ser el caso, en particular, cuando los concesionarios no solamente se han obligado frente al único productor a no volver a exportar directamente a otros Estados miembros, sino que también adoptan un comportamiento que de hecho tiene un efecto disuasorio de tales exportaciones. Una situación de reparto de hecho de los mercados nacionales, unida al aislamiento de algunos de éstos del comercio intracomunitario de dichos productos podría darse también gracias a la combinación de los efectos que producen algunas leyes internas, como por ejemplo, una ley que exigiera en el momento de la importación un certificado cuya obtención depende de la buena voluntad de un tercero que tiene un interés contrario a la creación de una competencia real para determinados productos. Desde este punto de vista se puede explicar la falta de cooperación por parte de los concesionarios franceses ante la solicitud de los acusados de una copia del certificado de origen de la partida de Scotch whisky.
Cuando, mediante su comportamiento en conjunto (del que son elementos innegables la constitución en acusación particular y, aún más, la posible denuncia al Ministerio Fiscal, instando el ejercicio de una acción penal contra el competidor, aun cuando no se discuta la autenticidad del producto y la regularidad de su despacho a libre práctica en la Comunidad), un concesionario demuestra que quiere impedir o eliminar las importaciones paralelas para asegurarse o conservar un monopolio de hecho del producto de su marca en el territorio nacional y evitar cualquier competencia, incluso la lícita, en relación con esta marca, y cuando el comportamiento de otros distribuidores del mismo producto en el mercado común facilita que pueda lograrse dicho objetivo es posible deducir de ello la existencia de una práctica concertada que tiene por objeto asegurar la protección territorial absoluta del mercado nacional de que se trate, práctica que, en relación estrecha con el contrato de exclusiva del concesionario protegido de esta forma, puede hacerla ilícita.
Por tanto, considerado desde este ángulo y en el marco del contexto económico y jurídico en el que se ha desarrollado en concreto, el contrato de exclusiva al que se refiere el órgano jurisdiccional belga podría estar prohibido por el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Sin embargo, una apreciación de este tipo sólo es posible procediendo previamente a un examen de los hechos y, consecuentemente, en el marco de presente asunto es competencia del órgano jurisdiccional belga.
10.
En vista de todo ello, propongo al Tribunal de Justicia que responda como sigue a las cuestiones planteadas por el tribunal de première instance de Bruxelles:
1)
La prohibición de importar a un Estado miembro productos extranjeros que lleven una denominación de origen protegida y se encuentren ya en libre práctica en un Estado miembro, impuesta únicamente por no poderse aportar el certificado de origen, constituye una medida equivalente a una restricción cuantitativa, prohibida, en principio, por el artículo 30 del Tratado CEE e inadmisible en virtud del artículo 36.
2)
Un contrato de concesión mercantil en exclusiva, en sí mismo compatible con el artículo 85 del Tratado CEE, puede estar sometido a la prohibición establecida por este artículo cuando, considerado en el contexto normativo y en el conjunto de las relaciones contractuales que se refieren al mismo producto y teniendo en cuenta el comportamiento adoptado en el mercado y en relación con los terceros por los distintos concesionarios del mismo producto, pone de manifiesto una práctica concertada que tiene por objeto aislar o mantener aislados del libre comercio intracomunitario los mercados nacionales.
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1
)	Lengua original: italiano.