COMISIÓN /BÉLGICA 
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 
SR. GERHARD REISCHL 
presentadas el 27 de marzo de 1980 * 
Señor Presidente, 
Señores Jueces, 
El recurso por incumplimiento sobre el que 
hoy me pronuncio, presenta analogías con el 
del asunto en el que recayó la sentencia de 
21 septiembre de 1978, Comisión/Italia 
(69/77, Rec. p. 1749). En dicho procedi­
miento la Comisión reprochó a la República 
Italiana que, al no adaptar en los plazos 
prescritos su ordenamiento interno a la 
Directiva 74/150/CEE del Consejo, de 4 de 
marzo de 1974, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miem­
bros sobre la homologación de los tractores 
agrícolas o forestales de ruedas (DO L 84, 
p. 10; EE 13/03, p. 183), así como a una 
serie de Directivas adoptadas en ejecución 
de la citada Directiva marco, había incum­
plido las obligaciones que le incumben en 
virtud del Tratado. 
En el presente procedimiento, la Comisión 
reprocha al Reino de Bélgica que, al no 
haber adaptado en el plazo legal su ordena­
miento a la citada Directiva y a siete más 
adoptadas en ejecución de la citada, ha 
incumplido las obligaciones que le incum­
ben en virtud del Tratado. La misma impu­
tación se le hace en relación con cuatro 
Directivas adoptadas en ejecución de la 
Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de 
febrero de 1970, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miem­
bros sobre la homologación de vehículos a 
motor y de sus remolques (DO L 42, p. 1 ; 
EE 13/01, p. 174). 
Ya en la exposición de los hechos de la 
sentencia de 21 de septiembre de 1978, 
Comisión/Italia (69/77, Rec. p. 1749), así 
como en mis conclusiones en el mismo, se 
describió detenidamente el sistema que sirve 
de base a las Directivas comunitarias en el 
ámbito de los tractores agrícolas o forestales 
de ruedas, que es además prácticamente 
idéntico al aplicable en el ámbito de los 
«vehículos a motor y sus remolques». Por 
ello, ya no tengo que entrar en detalles al 
respecto. Las doce Directivas a las que no 
se ha adaptado el ordenamiento interno en 
el plazo legal, están enumeradas en el infor­
me para la vista del presente asunto al que, 
por lo tanto, me remito. 
Basándose en que el Reino de Bélgica no 
adoptó en los plazos previstos en las Direc-
Lengua original: alemán. 
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CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTO 102/79 
tivas las medidas necesarias para cumplir 
las obligaciones que le imponen las Directi­
vas, la Comisión incoó el procedimiento de 
incumplimiento del Tratado con arreglo al 
artículo 169 del Tratado CEE, mediante 
escritos de 12 de julio de 19.74, 14 de abril 
de 1976 y 21 de abril de 1977 y, en definiti­
va, tras remitir el 21 de junio de 1978 al 
Reino de Bélgica el preceptivo dictamen 
motivado, también sin éxito, interpuso el 
presente recurso con la pretensión de que 
este Tribunal: 
- Declare que, al no adoptar en el plazo 
prescrito las disposiciones legislativas, 
reglamentarias y administrativas, necesa­
rias para conformarse a las Directivas 
70/221/CEE, 70/387/CEE, 74/60/CEE, 
74/483/CEE, 74/150/CEE, 74/151/CEE, 
74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 
75/321/CEE,75/322/CEEy75/323/CEE, 
relativas a la aproximación de las legisla­
ciones de los Estados miembros en el 
ámbito de los vehículos a motor y de los 
tractores agrícolas o forestales de ruedas, 
el Reino de Bélgica ha incumplido una 
obligación que le incumbe en virtud del 
Tratado. 
— Condene en costas al Reino de Bélgica. 
El Gobierno del Reino de Bélgica alega que 
el recurso es infundado. Según su opinión, 
la Comisión parte de la premisa errónea de 
que el Reino dé Bélgica necesariamente ha 
de adoptar medidas legales para ejecutar los 
objetivos de las Directivas controvertidas. 
Razona que, con arreglo al párrafo tercero 
del artículo 189, las Directivas sólo obligan 
a los Estados miembros destinatarios en 
cuanto al resultado que deba conseguirse, 
dejando, sin embargo, a las autoridades 
nacionales la elección de la forma y de los 
medios. Pero, alega la parte demandada, el 
objetivo de las Directivas controvertidas, es 
decir, la supresión de obstáculos técnicos 
para el comercio dentro de la Comunidad, 
se consigue cuando, antes de transcurrir el 
plazo legal, las autoridades competentes las 
aplican en la práctica. En cuanto a la apli­
cación de las Directivas controvertidas, 
según el Gobierno belga, no existe proble­
ma alguno, ya que son claras y precisas, no 
dejan a los Estados miembros margen algu­
no de discrecionalidad en su ejecución 
técnica y, por lo tanto, son directamente 
aplicables. La primacía del Derecho comu­
nitario hace que, por ello, la normativa 
nacional contraria deje de ser aplicable, 
argumenta. Añade que, a diferencia del 
asunto 69/77, antes citado, tampoco se ha 
apreciado que se haya registrado obstáculo 
alguno a los intercambios comerciales en el 
seno de la Comunidad. Aclara el Gobierno 
demandado que la normativa belga subsis­
tente en los ámbitos contemplados por las 
Directivas controvertidas contiene disposi­
ciones menos restrictivas que las normas de 
Derecho comunitario y, por ello, no consti­
tuye obstáculo alguno para la importación a 
Bélgica de vehículos a motor y tractores que 
cumplan las disposiciones de Derecho 
comunitario. Igualmente, alega, en el ámbito 
nacional, la normativa belga no infringe los 
preceptos de Derecho comunitario, ya que 
el sistema de armonización opcional previs­
to por las Directivas permite el manteni­
miento de normas menos estrictas. 
Mediante esta contestación se suscita la 
cuestión fundamental de si es compatible 
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COMISIÓN /BÉLGICA 
con la fuerza vinculante de una Directiva el 
que un Estado miembro aplique las determi­
naciones que en ella se contienen sin adap­
tar su ordenamiento interno a dicha Directi­
va mediante un acto normativo ad hoc. 
En primer lugar, ha de indicarse sin embar­
go al respecto, que con arreglo al sistema 
del Tratado y según la jurisprudencia de 
este Tribunal de Justicia sobre la materia, 
las Directivas sólo generan obligaciones de 
los Estados miembros para la consecución 
de condiciones jurídicas uniformes en el 
seno de la Comunidad. Según el párrafo 
tercero del artículo 189 del Tratado CEE, se 
deja a las autoridades nacionales la elección 
de la forma y de los medios para la ejecu­
ción de las Directivas. En particular, se ha 
subrayado reiteradamente por el Tribunal de 
Justicia la importancia del cumplimiento del 
plazo establecido en la Directiva (véase, por 
ejemplo, la sentencia de 22 de septiembre 
de 1976, Comisión/Italia, 10/76, Rec. 
p. 1359). Por ello, el hecho de que no se 
cumpla en el plazo indicado en la Directiva, 
deja intacta esa obligación en cuanto tal. 
En contra de lo que opina el Gobierno 
belga, los Estados no pueden invocar al 
efecto directo de las Directivas para eludir 
las obligaciones que les incumben en virtud 
del Tratado. Como es sabido, la esencia de 
dicha eficacia consiste en que los Estados 
miembros que no acatan sus obligaciones 
derivadas de una Directiva, no tienen la 
posibilidad de ampararse en la situación 
nacional, ilegal desde la perspectiva del 
Derecho comunitario. Por ello, los particu­
lares pueden excepcionalmente invocar las 
Directivas frente al Estado que las incumple 
y deducir de ellas derechos que los órganos 
jurisdiccionales nacionales deben tutelar 
(véanse las sentencias del Tribunal de Justi­
cia de 6 de octubre de 1970, Grad, 9/70,» 
Rec. p. 825; de 4 de diciembre de 1974, 
Van Duyn, 41/74,« Rec. p. 1337; de 1 de 
febrero de 1977, Verbond van nederlandse 
Ondernemingen, 51/76, Rec. p. 113, y de 5 
de abril de 1979, Ratti, 148/78,» Rec. 
p. 1629). Si se permitiera a los Estados 
miembros eludir las obligaciones que les 
incumben en virtud del Tratado amparándo­
se en el efecto directo de las Directivas y en 
la primacía del Derecho comunitario, se 
equipararían, en contra del sistema del 
Tratado, las Directivas con los Reglamen­
tos, que tienen alcance general. 
Ahora bien, el objetivo que obliga a los 
Estados miembros se deduce, sin ambigüe­
dad alguna, en el segundo considerando, 
idéntico, de las Directivas marco 
70/156/CEE y 74/150/CEE, conforme al 
cual los obstáculos técnicos al estableci­
miento y funcionamiento del mercado co­
mún podrían reducirse, e incluso eliminarse, 
si todos los Estados miembros adoptaran 
las mismas disposiciones bien con carácter 
complementario o bien en sustitución de sus 
legislaciones actuales. Por consiguiente, 
todas las Directivas controvertidas prevén 
en su penúltimo artículo que los Estados 
miembros adoptarán en un plazo determina­
do a partir del día de su notificación, las 
disposiciones legales y administrativas 
necesarias para cumplir las Directivas e 
informarán de ello inmediatamente a la 
Comisión. En un segundo párrafo se deter­
mina además que los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión el texto de las 
disposiciones básicas de Derecho interno 
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CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTO 102/79 
que adopten en el ámbito regulado por las 
Directivas. 
De lo hasta aquí dicho se desprende que el 
Reino de Bélgica no ha satisfecho estas 
obligaciones, aun cuando las Directivas 
controvertidas, cuyo efecto directo en favor 
de los particulares no se discute, sean apli­
cadas de hecho por las autoridades belgas 
competentes. 
Según se nos dijo, particularmente en la 
vista oral, las disposiciones belgas que 
regulan la expedición de certificados de 
homologación de los vehículos a motor y 
los tractores no son, además, menos estric­
tas en general, sino que se diferencian de las 
correspondientes disposiciones comunitarias 
en que establecen requisitos distintos para la 
expedición de un certificado de homologa­
ción. Sin embargo, mantener en vigor estas 
disposiciones nacionales trae consigo una 
falta de seguridad jurídica, ya que los parti­
culares no pueden saber si las Directivas de 
que se trata tienen efecto directo. Por ello, 
como alegó con razón la Comisión, la segu­
ridad y la claridad jurídicas exigen que el 
ordenamiento jurídico nacional se adapte a 
las Directivas técnicas por medio de una 
medida estatal, de la clase que sea, de modo 
que se presenten para general conocimiento 
de los interesados, como norma jurídica 
directamente aplicable. Pero además, sin tal 
adaptación del Derecho nacional, sería muy 
difícil para la Comisión, si no imposible en 
la práctica, comprobar en cada caso si las 
Directivas se aplican realmente aun a pesar 
del distinto tenor de las disposiciones nacio­
nales. Estas dificultades no son, por demás, 
discutidas por el Gobierno belga que reco­
noció que desde 1975 se esfuerza en adaptar 
su derecho interno a las Directivas en aras 
de la claridad del ordenamiento jurídico. 
Finalmente, la obligación de adaptación del 
Derecho interno a las Directivas, que resulta 
de éstas, tampoco queda en entredicho, 
como opina el Gobierno belga, por la posi­
bilidad de «armonización opcional» prevista 
por las Directivas, ya que según todas ellas, 
los Estados miembros están obligados a 
adoptar las mismas disposiciones «bien con 
carácter complementario o bien en lugar de 
sus legislaciones actuales». 
Por ello, se ha de abordar aún brevemente la 
alegación del Gobierno belga de que el 
curso normal de la adaptación del Derecho 
interno se vio entorpecido por la demora de 
las autoridades en la preparación de las 
medidas de adaptación necesarias, por las 
dudas que sobre su base legal planteó en el 
afio 1977 el Consejo de Estado y, finalmen­
te por una crisis de Gobierno. Según juris­
prudencia constante de este Tribunal de 
Justicia, que ya es innecesario citar con 
detalle, está claro, por el contrario, que el 
Estado demandado con arreglo al artículo 
169 del Tratado responde de los retrasos y 
dificultades que resulten de su ordenamiento 
interno. Además, como ya he indicado, 
según el párrafo tercero del artículo 189, se 
deja a las autoridades nacionales la elección 
de la forma y de los medios para ejecutar la 
Directiva. Por consiguiente, como también 
precisó la Comisión al respecto, la obliga­
ción que resulta de las Directivas, se habría 
quedado satisfecha si, por ejemplo, los 
órganos competentes hubieran dado a las 
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COMISIÓN /BÉLGICA 
autoridades que se ocupan de la ejecución 
de las Directivas, la instrucción de aplicar­
las en la expedición de certificados de 
homologación de los vehículos a motor y 
los tractores, por medio de una circular 
debidamente publicada. Como ni siquiera 
esto se hizo, no queda otra posibilidad que 
estimar el recurso de la Comisión. 
En consecuencia, procede declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no adoptar en el plazo 
prescrito las disposiciones legales y administrativas necesarias para cumplir las 
doce Directivas del Consejo relativas a la aproximación de legislaciones de los 
Estados miembros en el ámbito de los vehículos a motor y de los tractores agrícolas 
o forestales (Directivas 70/221/CEE, 70/387/CEE, 74/60/CEE, 74/483/CEE, 
74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 
75/322/CEE y 75/323/CEE). Procede asimismo condenar en costas al Estado 
miembro demandado. 
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