Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 16 de abril de
2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 2 — Derecho de reproducción — Artículo 3, apartado 1 — Derecho de comunicación al público de obras — Artículo 5, apartado 2, letra b) — Excepción denominada de “copia privada” — Compensación equitativa — Servicio de streaming de pago — Copia destinada a ser utilizada sin conectarse a la red — Artículo 5, apartado 5 »
En el asunto C‑496/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo, Países Bajos), mediante resolución de 12 de julio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de julio de 2024, en el procedimiento entre
Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding,
Stichting de Thuiskopie
y
HP Nederland BV,
Dell BV,
Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por la Sra. K. Jürimäe, Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y los Sres. F. Schalin (Ponente), M. Gavalec y Z. Csehi, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretaria: Sra. A. Lamote, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 19 de junio de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding, por el Sr. S. M. Kingma y la Sra. M. E. A. Möhring, advocaten;
–        en nombre de Stichting de Thuiskopie, por los Sres. T. Cohen Jehoram y J. J. Valk, advocaten;
–        en nombre de HP Nederland BV, Dell BV y Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers, por los Sres. A. P. Groen, A. M. van Aerde y por la Sra. J. A. Visser, advocaten;
–        en nombre del Gobierno francés, por la Sra. B. Dourthe y el Sr. B. Herbaut, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P.‑J. Loewenthal, la Sra. J. Samnadda y el Sr. P. Vanden Heede, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 2 de octubre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10), en relación con el artículo 5, apartado 5, de esta Directiva.
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de sendos litigios entre, por un lado, primero, Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (en lo sucesivo, «SONT») y, segundo, Stichting de Thuiskopie (en lo sucesivo, «SdT») y, por otro lado, HP Nederland BV (en lo sucesivo, «HP»), Dell BV y Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers. Estos litigios tenían por objeto un canon reclamado a HP y a Dell, destinado a financiar la compensación equitativa abonada a los titulares de los derechos de autor en concepto de la excepción de copia para uso privado en el contexto de un servicio de comunicación de copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red (copias en streaming offline), que se presta en el marco de servicios de streaming a la carta de obras musicales o audiovisuales a través de Internet.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        Los considerandos 5, 10, 23 a 25, 31, 32, 35, 38 y 39 de la Directiva 2001/29 están redactados en los siguientes términos:
«(5)      El desarrollo tecnológico ha multiplicado y diversificado los vectores de creación, producción y explotación. Si bien la protección de la propiedad intelectual no requiere que se definan nuevos conceptos, las actuales normativas en materia de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor deben adaptarse y completarse para responder adecuadamente a realidades económicas tales como las nuevas formas de explotación.
[…]
(10)      Para que los autores y los intérpretes puedan continuar su labor creativa y artística, deben recibir una compensación adecuada por el uso de su obra, al igual que los productores, para poder financiar esta labor. La inversión necesaria para elaborar productos tales como fonogramas, películas o productos multimedia, y servicios tales como los servicios “a la carta”, es considerable. Es indispensable una protección jurídica adecuada de los derechos de propiedad intelectual para garantizar la disponibilidad de tal compensación y ofrecer la oportunidad de obtener un rendimiento satisfactorio de tal inversión.
[…]
(23)      La presente Directiva debe armonizar en mayor medida el derecho de autor de la comunicación al público. Este derecho debe entenderse en un sentido amplio que incluya todo tipo de comunicación al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación. Este derecho debe abarcar cualquier tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público, sea con o sin hilos, incluida la radiodifusión. Este derecho no debe abarcar ningún otro tipo de actos.
(24)      El derecho de poner a disposición del público las prestaciones contempladas en el apartado 2 del artículo 3 se entiende que abarca todo acto por el cual tales prestaciones se pongan a disposición del público no presente en el lugar en el que se generó dicho acto, y ningún otro acto distinto del mismo.
(25)      La inseguridad jurídica en cuanto a la naturaleza y el nivel de protección de los actos de transmisión a la carta, a través de redes, de obras protegidas por derechos de autor y prestaciones protegidas por derechos afines a los derechos de autor debe superarse mediante el establecimiento de una protección armonizada a nivel comunitario. Debe precisarse que todos los titulares de derechos reconocidos por la presente Directiva tienen el derecho exclusivo de poner a disposición del público obras protegidas por derechos de autor o cualquier prestación protegida mediante transmisiones interactivas a la carta. Tales transmisiones interactivas a la carta se caracterizan por el hecho de que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que ella misma elija.
[…]
(31)      Debe garantizarse un justo equilibrio entre los derechos e intereses de las diferentes categorías de titulares de derechos, así como entre las distintas categorías de titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas. Las actuales excepciones y limitaciones a los derechos previstas en los Estados miembros deben revaluarse a la luz de los avances logrados en la electrónica. Las diferencias existentes en las excepciones y limitaciones a determinados actos restringidos inciden directa y negativamente en el funcionamiento del mercado interior de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor. Tales diferencias podrían perfectamente acentuarse a medida que se desarrollen la explotación transfronteriza de las obras y las actividades transfronterizas. Para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, resulta oportuno definir de manera más armonizada tales excepciones y limitaciones. El grado de armonización de las mismas debe estar en función de sus efectos sobre el correcto funcionamiento del mercado interior.
(32)      La presente Directiva establece una lista exhaustiva de excepciones y limitaciones a los derechos de reproducción y de comunicación al público. Algunas de las excepciones o limitaciones solo se aplican al derecho de reproducción cuando resulta pertinente. La lista toma oportunamente en consideración las diferentes tradiciones jurídicas de los Estados miembros, y está destinada al mismo tiempo a garantizar el funcionamiento del mercado interior. Los Estados miembros deben aplicar con coherencia dichas excepciones y limitaciones, lo que será comprobado en un futuro examen de las medidas de transposición.
[…]
(35)      En determinados casos de excepciones o limitaciones, los titulares de los derechos deberían recibir una compensación equitativa para recompensarles adecuadamente por el uso que se haya hecho de sus obras o prestaciones protegidas. A la hora de determinar la forma, las modalidades y la posible cuantía de esa compensación equitativa, deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. Un criterio útil para evaluar estas circunstancias sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los titulares de los derechos. Cuando los titulares de los derechos ya hayan recibido una retribución de algún tipo, por ejemplo, como parte de un canon de licencia, puede ocurrir que no haya que efectuar un pago específico o por separado. El nivel de compensación equitativa deberá determinarse teniendo debidamente en cuenta el grado de utilización de las medidas tecnológicas de protección contempladas en la presente Directiva. Determinadas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido mínimo no pueden dar origen a una obligación de pago.
[…]
(38)      Debe facultarse a los Estados miembros para que establezcan una excepción o limitación al derecho de reproducción en relación con determinados tipos de reproducción de material sonoro, visual y audiovisual para uso privado, mediante una compensación equitativa. Ello puede suponer la introducción o el mantenimiento de los sistemas de retribución para compensar a los titulares de los derechos por los perjuicios sufridos. Aunque las diferencias existentes entre tales sistemas de retribución afecten al funcionamiento del mercado interior, en lo que respecta a la reproducción privada analógica, dichas diferencias no deben tener efectos significativos en el desarrollo de la sociedad de la información. La copia privada digital puede propagarse mucho más y tener mayor impacto económico. Por consiguiente, deben tenerse debidamente en cuenta las diferencias entre la copia privada digital y la analógica, y debe establecerse entre ellas una distinción en determinados aspectos.
(39)      Al aplicar la excepción o limitación relativa a la copia privada, los Estados miembros deben tener en cuenta el desarrollo económico y tecnológico, en particular, en lo relativo a la copia digital privada y a los sistemas de retribución, siempre que existan medidas tecnológicas de protección eficaces. Dichas excepciones o limitaciones no deben impedir ni el uso de medidas tecnológicas ni su aplicación en caso de elusión.»
4        El artículo 2 de esta Directiva, titulado «Derecho de reproducción», dispone:
«Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:
a)      a los autores, de sus obras;
b)      a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones;
c)      a los productores de fonogramas, de sus fonogramas;
d)      a los productores de las primeras fijaciones de películas, del original y las copias de sus películas;
e)      a los organismos de radiodifusión, de las fijaciones de sus emisiones, con independencia de que estas se transmitan por procedimientos alámbricos o inalámbricos, inclusive por cable o satélite.»
5        El artículo 3 de dicha Directiva, con el título «Derecho de comunicación al público de obras y derecho de poner a disposición del público prestaciones protegidas», preceptúa lo siguiente en su apartado 1:
«Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.»
6        El artículo 4 de la misma Directiva, titulado «Derecho de distribución», está redactado en los siguientes términos:
«1.      Los Estados miembros establecerán en favor de los autores, respecto del original de sus obras o copias de ellas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio.
2.      El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento.»
7        El artículo
5 de la Directiva 2001/29, bajo el título «Excepciones y limitaciones», dispone lo siguiente en sus apartados 2, letra b), y 5:
«2.      Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos:
[…]
b)      en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6;
[…]
5.      Las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3 y 4 únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho.»
8        El artículo 6 de la referida Directiva, con el título «Obligaciones relativas a medidas tecnológicas», establece en sus apartados
1 y 3:
«1.      Los Estados miembros establecerán una protección jurídica adecuada contra la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva, cometida por una persona a sabiendas, o teniendo motivos razonables para saber que persigue ese objetivo.
[…]
3.      A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “medidas tecnológicas” toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos referidos a obras o prestaciones protegidas que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor o de los derechos afines a los derechos de autor establecidos por ley […]. Las medidas tecnológicas se considerarán “eficaces” cuando el uso de la obra o prestación protegidas esté controlado por los titulares de los derechos mediante la aplicación de un control de acceso o un procedimiento de protección, por ejemplo, codificación, aleatorización u otra transformación de la obra o prestación o un mecanismo de control del copiado, que logre este objetivo de protección.»
Derecho neerlandés
9        A tenor del artículo
1 de la Auteurswet (Ley sobre Derechos de Autor), de 23 de septiembre de 1912 (Stb. 1912, n.º 308), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, «Ley sobre Derechos de Autor»):
«El derecho de autor es el derecho exclusivo del creador de una obra literaria, científica o artística, o de sus derechohabientes, a publicarla y reproducirla, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la ley.»
10      El artículo 16c de la Ley sobre Derechos de Autor establece:
«1.      No tendrá la consideración de vulneración de los derechos de autor sobre una obra literaria, científica o artística la reproducción parcial o total de dicha obra en un soporte destinado a representarla, siempre que tal reproducción se efectúe sin un fin comercial directo o indirecto y sirva exclusivamente para el ejercicio, estudio o uso propio de la persona física que lleve a cabo la reproducción.
2.      Por la reproducción, entendida en el sentido del apartado 1, se adeudará a su autor o a los derechohabientes de este una compensación equitativa. La obligación de pagar esta compensación corresponderá al fabricante o al importador de los soportes mencionados en el apartado 1.
[…]»
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
11      Con arreglo al artículo
16c, apartado
2, de la Ley sobre Derechos de Autor, SdT y SONT reclamaron a HP y a Dell, en su condición de productores de equipos informáticos, el pago de un canon por copia privada en relación con un servicio de comunicación de copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red (copias en streaming offline), que se presta en el marco de servicios de streaming a la carta de obras musicales o audiovisuales a través de Internet. Al considerar que este canon no era exigible por las copias en streaming offline, Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers, HP y Dell presentaron ante el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos) un recurso contra SdT y SONT.
12      Ese órgano jurisdiccional desestimó el recurso mediante sentencia de 18 de septiembre de 2019, que fue revocada posteriormente por una sentencia, de 22 de marzo de 2022, dictada por el Gerechtshof Den Haag (Tribunal de Apelación de La Haya, Países Bajos), que consideró que no procedía ninguna compensación equitativa, en el sentido del artículo
5, apartado
2, letra b), de la Directiva 2001/29 y del artículo
16c de la Ley sobre Derechos de Autor, respecto de las copias en streaming offline, por no poder calificarse estas como «copia privada» en el sentido de esta última disposición.
13      SdT y SONT interpusieron un recurso de casación contra dicha sentencia ante el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo, Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente.
14      Este se enfrenta a la cuestión de determinar si la realización de una copia en streaming offline puede constituir, habida cuenta de las condiciones en las que se realiza, una reproducción para uso privado en el sentido del artículo
5, apartado
2, letra b), de la Directiva 2001/29. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente expone las consideraciones siguientes.
15      Las copias en streaming offline son descargas o copias de obras (música, películas) que se ponen a disposición del usuario de un servicio de streaming de pago sin necesidad de estar conectado a la red. De este modo, el usuario puede reproducir las copias descargadas incluso cuando no disponga de acceso a Internet. La copia en streaming offline se ofrece como parte integrante del servicio de suscripción del proveedor, que persigue así un objetivo comercial.
16      La realización de una copia en streaming offline
sigue el siguiente procedimiento. El usuario selecciona, mediante la funcionalidad prevista a tal efecto en la aplicación del servicio de streaming, la obra descargable de la que desea disponer sin conexión. A continuación, el proveedor almacena el contenido designado por el usuario en una parte de la memoria del dispositivo de este, especialmente seleccionada por el proveedor y puesta a su disposición por el usuario, sin que este pueda elegir la ubicación de almacenamiento, disponga de margen de maniobra alguno a este respecto ni pueda desplazar el contenido. El proveedor almacena el contenido con un método de codificación que él mismo determina y que solo él puede descodificar. El contenido permanece accesible exclusivamente a través de la aplicación de streaming mediante medidas tecnológicas de protección y no puede ser transferido por el usuario a otro soporte. Transcurrido un determinado plazo, en particular al finalizar la suscripción, en los demás supuestos previstos en las condiciones de uso o cuando el titular de los derechos de autor retire su consentimiento, el contenido almacenado en el dispositivo del usuario se elimina automáticamente. El titular de los derechos conserva el control de las obras de que se trate. Puede determinar qué obras se ponen a disposición de los suscriptores y bloquear el acceso a copias en streaming offline o proceder a la eliminación de una descarga.
17      En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Puede considerarse que una [copia en streaming offline], habida cuenta del examen en tres etapas [del] artículo 5, apartado 5, de la [Directiva 2001/29], es una reproducción “efectuada por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales”, en el sentido del artículo 5, apartado 2, letra b), de dicha Directiva?
2)      ¿Se oponen los objetivos de la [Directiva 2001/29], incluidos un elevado nivel de protección de los derechos de autor, un justo equilibrio entre los intereses del titular de los derechos y los intereses del usuario, y una aplicación coherente y tecnológicamente neutra de las excepciones y limitaciones por parte de los Estados miembros, a una normativa nacional en virtud de la cual la excepción de copia privada no comprende las copias en streaming offline?
3)      ¿Tiene alguna relevancia [para] la respuesta que se dé a una o varias de las cuestiones anteriores el hecho de que los titulares de los derechos reciban una compensación por copia en streaming offline realizada, o que perciban una compensación basada en el número de veces que una copia en streaming offline es reproducida
por el usuario del servicio de streaming?»
Observaciones preliminares
18      Con carácter preliminar, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido en el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. A este respecto, le corresponde deducir del conjunto de los elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional, y especialmente de la motivación de la resolución de remisión, las disposiciones del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, habida cuenta del objeto del litigio (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de noviembre de 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, apartado
26; de 28 de noviembre de 2000, Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, apartado
18, y de 2 de diciembre de 2025, Russmedia Digital e Inform Media Press, C‑492/23, EU:C:2025:935, apartado
44 y jurisprudencia citada).
19      A este respecto, procede señalar que las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas por el órgano jurisdiccional remitente tienen por objeto determinar si la realización de copias en streaming offline, en las condiciones descritas en los apartados
15 y 16 de la presente sentencia, puede estar comprendida en la excepción relativa a la copia para uso privado, en el sentido del artículo
5, apartado
2, letra b), de la Directiva 2001/29, en relación con el artículo
5, apartado
5, de esta Directiva.
20      El artículo 5, apartado 5, exige que las excepciones y limitaciones al derecho de reproducción únicamente se apliquen en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho.
21      Pues bien, como se desprende de su tenor, esta disposición se limita a precisar los requisitos de aplicación de las excepciones y limitaciones al derecho de reproducción autorizadas por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/29, a saber, que dichas excepciones y limitaciones solo se aplican en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho. Por lo tanto, el artículo
5, apartado
5, de esta Directiva no define el contenido material de las diferentes excepciones y limitaciones establecidas en el apartado
2 del mismo artículo, sino que únicamente interviene en el momento de su aplicación por los Estados miembros (sentencia de 10 de abril de 2014, ACI Adam y otros, C‑435/12, EU:C:2014:254, apartado 25).
22      El Tribunal de Justicia ha deducido de ello que el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29 no tiene por objeto ni afectar al contenido material de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de esta Directiva ni, en particular, ampliar el alcance de las diferentes excepciones y restricciones previstas en
él (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de abril de 2014, ACI Adam y otros, C‑435/12, EU:C:2014:254, apartado 26).
23      De lo anterior se desprende que procede reformular las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el sentido de que se refieren únicamente a la interpretación del artículo
5, apartado
2, letra b), de la Directiva 2001/29.
Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda
24      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
5, apartado
2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la puesta a disposición, mediante una copia en streaming offline, de una obra protegida, efectuada por el proveedor de un servicio de streaming en el dispositivo del usuario final, a petición de dicho usuario, sin que este pueda disponer técnicamente de ella fuera de ese servicio y garantizando, al mismo tiempo, que el titular de los derechos de autor sobre la obra conserve un control sobre esta que le permita, en su caso, bloquear el acceso a la copia, está comprendida en la excepción de copia privada prevista en la citada disposición.
25      Procede observar, con carácter preliminar, que el artículo
5, apartado
2, de la Directiva 2001/29 establece excepciones o limitaciones al derecho de reproducción, recogido en el artículo
2 de esta Directiva. Así pues, el ámbito de aplicación de la excepción de copia privada, previsto en el artículo
5, apartado
2, letra b), de dicha Directiva, queda limitado a los actos de reproducción, con exclusión, en particular, de los actos de comunicación al público, en el sentido del artículo
3 de la misma Directiva.
26      Por lo tanto, debe examinarse si la puesta a disposición de una copia en streaming offline de una obra protegida, efectuada por el proveedor de un servicio de streaming en las condiciones descritas en los apartados
15 y 16 de la presente sentencia, constituye una reproducción, en el sentido del artículo
2 de la Directiva 2001/29 o si, por el contrario, está comprendida en el ámbito de aplicación de los derechos previstos en el artículo
3 de esta Directiva y, en particular, en el derecho de comunicación al público de obras.
27      A tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, los Estados miembros deben establecer en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.
28      De esta disposición se desprende que el concepto de «comunicación al público» asocia dos elementos cumulativos, a saber, un acto de comunicación de una obra y la comunicación de esta a un público (sentencia de 19 de diciembre de 2019, Nederlands Uitgeversverbond y Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, en lo sucesivo, «sentencia Tom Kabinet», EU:C:2019:1111, apartado
61 y jurisprudencia citada).
29      Por lo que respecta, en primer lugar, al concepto de «acto de comunicación», ha de subrayarse que este incluye toda transmisión de una obra protegida al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación, con independencia del medio o del proceso técnico utilizado (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de noviembre de 2017, VCAST, C‑265/16, EU:C:2017:913, apartado
42 y jurisprudencia citada, y la sentencia Tom Kabinet, apartado 62).
30      Cabe destacar, por otra
parte, que cada transmisión o retransmisión de una obra que utilice una técnica específica debe ser, en principio, autorizada de manera individualizada por el autor de esa obra (sentencia de 29 de noviembre de 2017, VCAST, C‑265/16, EU:C:2017:913, apartado 43 y jurisprudencia citada).
31      Además, en lo que se refiere al concepto de «puesta a disposición del público», en el sentido del
artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, que forma parte del concepto más amplio de «comunicación al público», el Tribunal de Justicia ha declarado que, para que un acto pueda calificarse de puesta a disposición del público, debe cumplir los dos requisitos acumulativos enunciados en dicha disposición, a saber, permitir al público de que se trate acceder a la obra o prestación protegida en cuestión tanto desde el lugar como en el momento que elija, sin que sea decisivo que las personas que componen ese público utilicen o no esa posibilidad (véase, en este sentido, la sentencia Tom Kabinet, apartado 63 y jurisprudencia citada).
32      En lo que respecta, específicamente, a la puesta a disposición del público de una obra o prestación protegida de forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija, se desprende de la exposición de motivos de la propuesta de Directiva que «la cuestión fundamental es la “puesta a disposición del público” de la obra, es decir, la oferta de una obra en un lugar de acceso público, que precede a la fase de su auténtica “transmisión a la carta”» y que «resulta irrelevante si ha sido recuperada por alguien o no» (sentencia Tom Kabinet, apartado 64). Lo mismo sucede, en principio, cuando la obra se pone a disposición a través de una plataforma de streaming en la que el usuario puede solicitar que se realice una copia en su dispositivo para poder acceder a ella desde el lugar y en el momento que elija.
33      En segundo lugar, para que sea aplicable el concepto de «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, es necesario, además, que las obras protegidas sean efectivamente comunicadas a un «público», entendiéndose por tal un número indeterminado de destinatarios potenciales (véase, en este sentido, la sentencia Tom Kabinet, apartado 66 y jurisprudencia citada).
34      Pues bien, se desprende asimismo de la exposición de motivos de la propuesta de Directiva, por una parte, que el derecho de comunicación al público también es pertinente cuando quepa la posibilidad de que varias personas sin relación alguna (personas físicas) dispongan de acceso desde puntos diferentes y en distintos momentos a una obra que se encuentra en un sitio de Internet de acceso público y, por otra parte, que el público está formado por personas físicas (sentencia Tom Kabinet, apartado 67).
35      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar, por un lado, que el concepto de «público» supone un cierto umbral de minimis, lo que lleva a excluir de dicho concepto un número de personas interesadas demasiado reducido, y, por otro lado, que para determinar ese número de personas, ha de atenderse al efecto acumulativo que genera la puesta a disposición, mediante descarga, de una obra protegida entre los potenciales destinatarios. Es preciso tener en cuenta, en particular, el número de personas que pueden tener acceso a la misma obra no solo de manera simultánea, sino también sucesiva (sentencia Tom Kabinet, apartado 68).
36      Pues bien, en el presente asunto, de la petición de decisión prejudicial se desprende que la funcionalidad controvertida en el litigio principal, consistente en permitir la utilización de copias sin conectarse a la red, lo que implica realizar una copia local en el dispositivo del usuario de la plataforma de streaming de obras protegidas, está a disposición de un conjunto de suscriptores, de manera que cada uno de ellos puede acceder a dichas obras desde el lugar y en el momento que elija. Por lo tanto, cabe considerar que un servicio de este tipo constituye, en principio, una comunicación de una obra al público, en el sentido del artículo
3, apartado
1, de la Directiva 2001/29. Del mismo modo, parece que cualquier persona interesada puede suscribirse a tales plataformas de streaming y que varios suscriptores pueden solicitar simultáneamente el acceso a una misma obra para su utilización sin conectarse a la red. Por consiguiente, el número de personas que pueden acceder, simultánea o sucesivamente, a la misma obra a través de dicha funcionalidad resulta importante.
37      En consecuencia, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar el órgano jurisdiccional remitente teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes, debe considerarse que la puesta a disposición, mediante una copia en streaming offline, de una obra protegida, efectuada por el proveedor de un servicio de streaming, en el dispositivo del usuario final, a petición de este, constituye una puesta a disposición del público de una obra de manera que cualquier persona pueda acceder a ella desde el lugar y en el momento que elija, en el sentido del artículo
3, apartado
1, de la Directiva 2001/29.
38      Pues bien, en tal supuesto, el acto de que se trata no puede calificarse de «reproducción», en el sentido del artículo
2 de dicha Directiva, de modo que, conforme a lo expuesto en el apartado
25 de la presente sentencia, ese acto no puede estar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo
5, apartado
2, letra b), de esta Directiva.
39      No obstante, si el órgano jurisdiccional remitente estimase que los actos controvertidos en el litigio principal deben calificarse de actos de «reproducción», en el sentido del citado artículo
2, le corresponderá entonces comprobar si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
5, apartado
2, letra b), para determinar si los demandados en el litigio principal deben abonar efectivamente la compensación equitativa solicitada.
40      El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, precisa que los Estados miembros pueden establecer una excepción al derecho de reproducción en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa.
41      A este respecto, cabe precisar que el Tribunal de Justicia ha declarado que la realización de una copia por una persona física que actúa a título privado debe considerarse un acto que puede generar un perjuicio al titular de los derechos de que se trate cuando se realice sin solicitar la autorización previa del titular (sentencia de 29 de noviembre de 2017, VCAST, C‑265/16, EU:C:2017:913, apartado 33 y jurisprudencia citada).
42      Del artículo
5, apartado
2, letra b), de la Directiva 2001/29, en relación con el artículo
6 de esta, se desprende pues que la persona física debe disponer y tener el control de una copia de la obra de que se trate para poder realizar una reproducción para uso privado. En efecto, un acto de reproducción solo puede estar comprendido en la excepción prevista en el citado artículo 5, apartado 2, letra b), cuando sea realizado por una persona física o por iniciativa de esta. Sin embargo, no sucede así cuando, mediante las medidas tecnológicas contempladas en el artículo
6, el titular de los derechos de autor sobre la obra en cuestión impide técnicamente tal acto. Además, como señaló el Abogado General en el punto
14 de sus conclusiones, de la jurisprudencia resulta que una persona física solo puede acogerse a la excepción de copia privada si ha tenido previamente acceso a la obra en la forma que constituye la fuente de la reproducción. De igual manera, tal acceso debe ser lícito, es decir, obtenido con la autorización del titular de los derechos de autor. La excepción de copia privada no puede privar
al titular de su derecho a prohibir o autorizar el acceso a obras o prestaciones de las que las personas físicas deseen realizar copias privadas (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de noviembre de 2017, VCAST,
C‑265/16, EU:C:2017:913, apartado 39).
43      Pues bien, en el presente asunto, los usuarios de un servicio de streaming no disponen de la fuente de la copia y solo acceden a las obras en forma de copias en streaming offline tras la realización de estas. En efecto, la puesta a disposición de la obra seleccionada por el usuario corre a cargo
del proveedor del servicio
de streaming, que la almacena en una parte de la memoria del dispositivo en las condiciones mencionadas en el apartado
16 de la presente sentencia. Por lo tanto, en este contexto, el proveedor del servicio de streaming no se limita a prestar al usuario un mero servicio de reproducción, sino que procede a poner a su disposición dicha obra en forma de copia en streaming offline, al mismo tiempo que conserva el control sobre esta. Como señaló el Abogado General en el punto 15 de sus conclusiones, es irrelevante, a este respecto, que el usuario pueda acceder también a las mismas obras mediante streaming,
puesto que el streaming no es la fuente de la copia en streaming offline y la utilización efectiva del acceso a obras específicas a través de esta vía no constituye un requisito para obtener tal copia.
44      En estas circunstancias, es preciso señalar que, en la medida en que una persona física solo accede a la obra en cuestión tras la copia efectuada por el proveedor del servicio de streaming, dicha copia no puede considerarse realizada por esa persona en el sentido del artículo
5, apartado
2, letra b), de la Directiva 2001/29. En efecto, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, la fuente de la copia está en posesión del proveedor del servicio de streaming, y no de la persona física en cuestión.
45      Además, procede recordar que, una vez que el proveedor del servicio de streaming realiza la copia en streaming offline a petición del usuario, este último no dispone libremente de dicha copia. En este sentido, como se ha señalado en el apartado
16 de la presente sentencia, el proveedor del servicio ha establecido medidas que garantizan, en particular mediante un sistema de codificación, que dicha copia no pueda ser desplazada, transferida ni reproducida por el usuario. Asimismo, la copia se elimina automáticamente al término de la suscripción del usuario o en los demás supuestos previstos en las condiciones de uso y puede suprimirse en caso de retirada del consentimiento del titular de los derechos de autor. Por consiguiente, en la medida en que el titular conserva un control tal, cabe suponer, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, que la copia en streaming offline se realiza con su autorización, de modo que no puede constatarse ningún perjuicio en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado
41 de la presente sentencia.
46      Por otra parte, ha de subrayarse que, en tales circunstancias, las medidas mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia están comprendidas en el concepto de «medidas tecnológicas», que se define en el artículo
6, apartado
3, de la Directiva 2001/29 como toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, está destinado, en particular, a impedir o restringir actos referidos a obras o prestaciones protegidas que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor, actos que, como se desprende de los artículos
2 a 4 de dicha Directiva, constituyen la reproducción, la comunicación al público de obras y la puesta a disposición del público de estas, así como la distribución del original o de copias de las obras. Ese concepto se define de manera amplia e incluye la aplicación de un código de acceso o un procedimiento de protección, como, por ejemplo, la codificación, la aleatorización u otra transformación de la obra o prestación o un mecanismo de control del copiado (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de enero de 2014, Nintendo y otros, C‑355/12, EU:C:2014:25, apartados 24, 25 y 27).
47      En el presente asunto, las medidas tecnológicas adoptadas por el proveedor del servicio de streaming para las copias en streaming offline tienen por objeto impedir que los usuarios puedan desplazar, transferir o incluso reproducir esas copias fuera del servicio de que se trata, así como garantizar que el titular de los derechos de autor conserve un control sobre ellas que le permita, en su caso, bloquear el acceso a estas, de modo que los usuarios no puedan disponer de la copia en streaming offline si dicho titular no la autoriza. Por lo tanto, una copia sujeta a tales medidas tecnológicas, que protegen al titular de actos que requieren su autorización, no puede calificarse, en principio, de «copia privada», en el sentido del artículo
5, apartado
2, letra b), de la Directiva 2001/29.
48      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo
5, apartado
2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la puesta a disposición, mediante una copia en streaming offline, de una obra protegida, efectuada por el proveedor de un servicio de streaming en el dispositivo del usuario final, a petición de dicho usuario, sin que este pueda disponer técnicamente de ella fuera de ese servicio y garantizando, al mismo tiempo, que el titular de los derechos de autor sobre la obra conserve un control sobre esta que le permita, en su caso, bloquear el acceso a la copia, no está comprendida en la excepción de copia privada prevista en la citada disposición.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
49      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
5, apartado
2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la aplicación de la excepción establecida en esa disposición se ve afectada por el hecho de que el acto de copia en streaming offline de la obra de que se trate, o la utilización de esa copia, haya dado lugar a un pago al titular de los derechos de autor sobre dicha obra en virtud de una licencia que autoriza tal copia.
50      Cabe recordar que, a tenor del artículo 2 de la Directiva 2001/29, los Estados miembros
concederán a los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte de sus obras, reservándose al mismo tiempo a dichos Estados miembros, en virtud del artículo 5, apartado 2, de esta Directiva, la facultad de establecer excepciones o limitaciones a este derecho (sentencia de 10 de abril de 2014, ACI Adam y otros, C‑435/12, EU:C:2014:254, apartado 21).
51      El Tribunal de Justicia ha dictaminado, a este respecto, que, cuando los Estados miembros deciden establecer la excepción de copia privada en su Derecho nacional, están, en particular, obligados a prever, con arreglo al citado artículo 5, apartado 2, letra b), el pago de una «compensación equitativa» en favor de los titulares del derecho exclusivo de reproducción (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, apartado 30, y de 16 de junio de 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, apartado 22).
52      Es cierto que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, cuando un Estado miembro ha decidido excluir, en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/29, en el ámbito de aplicación material de esta disposición, el derecho del titular a autorizar la reproducción a título privado de sus obras, un eventual acto de autorización adoptado por este carece de efectos jurídicos en el Derecho del referido Estado. El Tribunal ha deducido de ello que tal acto no tiene repercusión alguna en el perjuicio causado al titular de los derechos por la introducción de la medida privativa de derecho en cuestión y, por consiguiente, no puede tener repercusión alguna en la compensación equitativa, ya esté establecida esta última con carácter obligatorio o facultativo, en virtud de la disposición aplicable de dicha Directiva (sentencia de 5 de marzo de 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, apartado 65 y jurisprudencia citada).
53      Dicho esto, tal conclusión solo es válida en el supuesto, mencionado en el apartado
42 de la presente sentencia, en el que las personas físicas pueden disponer y tener el control de una copia de la obra de que se trate. En efecto, el titular de los derechos de autor sobre esa obra conserva en todo momento la posibilidad de adoptar las medidas tecnológicas contempladas en el artículo
6 de la Directiva 2001/29 y, a través de ello, impedir o limitar los actos de reproducción no autorizados, aun cuando estos correspondan a un uso privado. En este sentido, procede señalar que el artículo
6, apartado
1, de esta Directiva dispone que los Estados miembros deben establecer una protección jurídica adecuada contra la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva. Así pues, la jurisprudencia mencionada en el apartado
anterior de la presente sentencia no puede interpretarse en el sentido de que esta excepción constituye un derecho de las personas físicas a realizar una copia de una obra para uso privado y de que toda autorización de un titular de derechos de autor carece de efectos jurídicos, incluso en el supuesto en el que este titular conserve el control de su obra a través de medidas tecnológicas.
54      Es también desde esta perspectiva desde la que debe entenderse la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que señala que el legislador de la Unión ha querido reservar esta excepción únicamente a los supuestos en que la copia privada de la obra de que se trate haya causado un perjuicio al titular de los derechos de autor sobre esta, en la medida en que dicho titular pierde la oportunidad de ejercer su derecho exclusivo. En este sentido, los términos «recompensar» y «compensar», que figuran en los considerandos 35 y 38 de la Directiva 2001/29, reflejan la voluntad del legislador de establecer un sistema particular de compensación cuya aplicación se activa por la existencia, en detrimento de los titulares de derechos, de un perjuicio que genera, en principio, la obligación de indemnizarlos o compensarlos (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2010, Padawan C‑467/08, EU:C:2010:620, apartado 41).
55      En cambio, esto significa que no es posible obtener tal compensación equitativa cuando el titular de los derechos de autor sobre la obra que ha sido objeto de una copia ha conservado el control sobre dicha obra a través de medidas tecnológicas y ha autorizado esa copia, en particular mediante una licencia.
56      En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente dar a entender
que puede que el titular de los derechos de la obra en cuestión reciba, mediante un canon de licencia que negocia con el proveedor del servicio de streaming, una compensación parcialmente calculada en función del número de reproducciones de la copia en streaming offline que realiza el usuario de este servicio. A la luz de estas circunstancias y de las medidas tecnológicas eventualmente establecidas, podría considerarse que el titular de los derechos está en condiciones de supervisar la utilización de sus obras protegidas por las personas que acceden legalmente a ellas, y que la autorización de copias en streaming offline forma parte de la explotación normal por dicho titular, respecto de la cual puede negociar una compensación ejerciendo su derecho de autor.
57      A este respecto, debe precisarse que las modalidades de compensación previstas en un contrato de licencia que autoriza al proveedor de un servicio de streaming a realizar copias en streaming offline en los dispositivos de los usuarios finales carecen de relevancia para determinar si esas copias pueden estar comprendidas en la excepción de copia privada prevista en el artículo
5, apartado
2, letra b), de la Directiva 2001/29. Lo único relevante es que el titular de los derechos sobre la obra haya conservado el control sobre esta a través de medidas tecnológicas y que haya podido autorizar esas copias, en la medida en que tal circunstancia implica que el titular ha ejercido su derecho a prohibir o autorizar el acceso a esta obra y que, por tanto, dichas copias no pueden considerarse la causa de un perjuicio sufrido por dicho titular.
58      En cambio, en el supuesto, mencionado en el apartado
42 de la presente sentencia, en el que las personas físicas pueden disponer y tener el control de una copia de la obra de que se trate, una autorización del titular de los derechos de autor sobre dicha obra carece de efectos jurídicos. En tal caso, las eventuales compensaciones abonadas a cambio de esa autorización carecen de fundamento, en la medida en que los actos de reproducción comprendidos en la excepción de copia privada, en el sentido del artículo
5, apartado
2, letra b), de la Directiva 2001/29, únicamente dan derecho a una compensación equitativa, en el sentido de dicha disposición.
59      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la aplicación de la excepción establecida en esa disposición no se ve afectada por el hecho de que el acto de copia en streaming offline de la obra de que se trate, o la utilización de esa copia, haya dado lugar a un pago al titular de los derechos de autor sobre dicha obra en virtud de una licencia que autoriza tal copia, siempre que dicho titular no haya establecido medidas tecnológicas y, por consiguiente, no haya podido autorizar tal acto.
Costas
60      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
1)      El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información,
debe interpretarse en el sentido de que
la puesta a disposición, mediante una copia en streaming offline, de una obra protegida, efectuada por el proveedor de un servicio de streaming en el dispositivo del usuario final, a petición de dicho usuario, sin que este pueda disponer técnicamente de ella fuera de ese servicio y garantizando, al mismo tiempo, que el titular de los derechos de autor sobre la obra conserve un control sobre esta que le permita, en su caso, bloquear el acceso a la copia, no está comprendida en la excepción de copia privada prevista en la citada disposición.
2)      El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29
debe interpretarse en el sentido de que
la aplicación de la excepción establecida en esa disposición no se ve afectada por el hecho de que el acto de copia en streaming offline de la obra de que se trate, o la utilización de esa copia, haya dado lugar a un pago al titular de los derechos de autor sobre dicha obra en virtud de una licencia que autoriza tal copia, siempre que dicho titular no haya establecido medidas tecnológicas y, por consiguiente, no haya podido autorizar tal acto.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: neerlandés.