62024CJ0356
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 27 de noviembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Artículo 45 TFUE — Reglamento (UE) n.o 492/2011 — Artículo 7, apartado 1 — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de discriminación por razón de la edad — Régimen retributivo de los funcionarios — Normativa nacional que excluye el cómputo de los períodos anteriores de actividad equivalente cubiertos en otro Estado miembro — Exclusión como consecuencia de una decisión discrecional de la Administración de conceder una promoción al funcionario — Promoción supeditada al cumplimiento de un determinado número de años de servicio — Normativa nacional que excluye el cómputo de períodos anteriores de actividad equivalente cubiertos en el Estado miembro de que se trate»
En el asunto C‑356/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landesverwaltungsgericht Kärnten (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Carintia, Austria), mediante resolución de 16 de mayo de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de mayo de 2024, en el procedimiento entre
A. B.
y
Kärntner Landesregierung,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. J. Passer, Presidente de Sala, la Sra. M. L. Arastey Sahún (Ponente), Presidenta de la Sala Quinta, y el Sr. D. Gratsias, Juez;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch y la Sra. J. Schmoll, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. S. Delaude y el Sr. B.‑R. Killmann, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 45 TFUE, del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO 2011, L 141, p. 1), de los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16), y de los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre A. B. y la Kärntner Landesregierung (Gobierno del estado federado de Carintia, Austria) en relación con el hecho de que no se computaran determinados períodos anteriores de actividad profesional realizados por A. B. tanto en Austria como en el extranjero a efectos de determinar su antigüedad en el baremo salarial de los funcionarios.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2000/78
3
El artículo 1 de la Directiva 2000/78, bajo la rúbrica «Objeto», dispone:
«La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato.»
4
El artículo 2 de esta Directiva, titulado «Concepto de discriminación», está redactado en los siguientes términos:
«1.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1.
2.   A efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
a)
existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1;
b)
existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual determinadas, respecto de otras personas, salvo que:
i)
dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios; […]
[…]».
5
El artículo 3 de dicha Directiva, con el título «Ámbito de aplicación», establece, en su apartado 1, letra c):
«Dentro del límite de las competencias conferidas a la Comunidad, la presente Directiva se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:
[…]
c)
las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración».
6
El artículo 6 de la misma Directiva, titulado «Justificación de diferencias de trato por motivos de edad», prescribe:
«1.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios.
[…]
2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que no constituirán discriminación por motivos de edad, la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas, incluidos el establecimiento para dichos regímenes de distintas edades para trabajadores o grupos o categorías de trabajadores y la utilización, en el marco de dichos regímenes, de criterios de edad en los cálculos actuariales, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón de sexo.»
Reglamento n.o 492/2011
7
El artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 492/2011 dispone:
«En el territorio de otros Estados miembros y por razón de la nacionalidad, el trabajador nacional de un Estado miembro no podrá ser tratado de forma diferente a los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, si hubiera quedado en situación de desempleo.»
Derecho austriaco
8
El artículo 143 de la Kärntner Dienstrechtsgesetz (Ley del Estado Federado de Carintia relativa al Estatuto de los Funcionarios), de 1994 (LGBl. n.o 71/1994), en su versión resultante de la Ley n.o 81 del Estado Federado de Carintia, de 21 de octubre de 2021 (LGBl. n.o 81/2021) (en lo sucesivo, «K‑DRG»), titulado «Subida de escalón», dispone:
«(1)   La subida de escalón se determinará con arreglo a una fecha de referencia. Salvo que en adelante se disponga lo contrario, el período necesario para la subida al segundo escalón del grado III será de cinco años, y de dos años para los demás escalones.
(2)   La subida de escalón tendrá lugar el 1 de enero o el 1 de julio siguiente a la finalización del período de dos o cinco años (fecha de referencia), salvo que se aplace o se suspenda en dicha fecha. El período de dos o cinco años también se considerará cumplido en la fecha de referencia si finaliza antes del 31 de marzo o del 30 de septiembre siguientes a la fecha de referencia.
[…]»
9
A tenor del artículo 145 de la K‑DRG, titulado «Fecha de referencia para la subida de escalón»:
«(1)   Salvo lo dispuesto en las restricciones señaladas en los apartados 4 a 8, la fecha de referencia que deberá tomarse en consideración a efectos de la subida de escalón se calculará retroactivamente a partir del día del nombramiento a razón de períodos posteriores al 30 de junio del año en que, después de la admisión al primer curso de enseñanza, se hayan o se habrían completado nueve años escolares:
1.
los períodos enumerados en el apartado 2 se computarán íntegramente;
2.
los demás períodos
a)
que cumplan los criterios señalados en el apartado 3 se computarán íntegramente;
b)
que no cumplan los criterios del apartado 3
aa)
se computarán íntegramente hasta un período de tres años y
bb)
se computarán por la mitad hasta un período adicional de tres años.
[…]
(11)   Los períodos a que se refieren el apartado 2 y el apartado 1, punto 2, durante los cuales se hayan ejercido actividades profesionales que, con respecto a las actividades ejercidas en el momento de la entrada en servicio, sean actividades equivalentes que proporcionen una experiencia profesional equivalente se computarán íntegramente si estos períodos se han cumplido fuera de Austria
1.
en el territorio de una Parte contratante del Acuerdo sobre el [Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3)] o de un Estado miembro de la Unión Europea, o
2.
en un Estado cuyos nacionales tengan los mismos derechos que los nacionales austriacos para acceder a una profesión o
3.
en un órgano de la Unión Europea o en otra organización internacional a la que pertenezca Austria.
[…]»
10
El artículo 181 de la K‑DRG, que lleva por título «Promoción», reza como sigue:
«(1)   La promoción es el ascenso de un funcionario de la Administración General al grado inmediatamente superior de su categoría.
[…]
(3)   Si la retribución correspondiente al escalón más bajo del nuevo grado previsto para la categoría de empleo de un funcionario fuere inferior a su retribución anterior, tendrá derecho al escalón correspondiente a la retribución anterior, pero si tal retribución no estuviera prevista, tendrá derecho al escalón correspondiente a la retribución inmediatamente superior.
(4)   Tras una promoción, el funcionario subirá de escalón en el momento en que hubiera cumplido los requisitos para alcanzar el escalón salarial inmediatamente superior en el nuevo grado de conformidad con el apartado 3, pero a más tardar después de dos años. El tiempo transcurrido en el escalón salarial más alto de un grado se computará hasta un máximo de cuatro años. No obstante lo anterior, en aquellos casos en los que la promoción a un escalón superior esté supeditada al cumplimiento obligatorio de dos años en el escalón salarial más alto del grado más bajo, el tiempo transcurrido en el escalón salarial más alto de este grado se computará hasta un máximo de cuatro años, en la medida en que exceda del tiempo obligatorio que debe cumplirse en este escalón salarial. Los artículos 143 y 144 se aplicarán por analogía.
[…]»
11
El artículo 305b de la K‑DRG, titulado «Ámbito de aplicación de determinadas disposiciones», establece:
«[…]
(2)   La fecha de referencia que debe tomarse en consideración para la subida de escalón y la posición en el baremo salarial que de ello resulta de conformidad con los artículos 143 y 145 de la presente Ley, en su versión derivada de la Ley LGBl. [n.o 60 del Estado Federado de Carintia, de 13 de junio de 2019,] se volverán a fijar de oficio, sin aplazamientos innecesarios y únicamente en los casos en que la posición existente en el baremo salarial esté determinada por la fecha de referencia. […]
[…]
(4)   […]
1.
Seguirán aplicándose los artículos 143 y 145 de la presente Ley en su versión vigente el 31 de diciembre de 2003 [a las personas respecto de las cuales no proceda fijar una nueva fecha de referencia para la subida de escalón de conformidad con el apartado 2]. Si su fecha de referencia se fijó de conformidad con el artículo 145 de la presente Ley en su versión vigente el 30 de septiembre de 1995, [los artículos 143 y 145 de la presente Ley] seguirán aplicándose en la versión vigente a 30 de septiembre de 1995.
[…]»
12
A tenor del artículo VI, apartado 7, de la Gesetz, mit dem das Kärntner Dienstrechtsgesetz 1994 (20. K‑DRG-Novelle), das Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz 1994 (17. Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz-Novelle), das Kärntner Gemeindebedienstetengesetz, das Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993 und das Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetz geändert werden [Ley por la que se modifican la Ley del Estado Federado de Carintia de 1994 relativa al Estatuto de los Funcionarios (20.a modificación de la Ley del Estado Federado de Carintia relativa al Estatuto de los Funcionarios), la Ley del Estado Federado de Carintia de 1994 relativa al Estatuto de los Agentes Contractuales (17.a modificación de la Ley del Estado Federado de Carintia sobre el Estatuto de los Agentes Contractuales), la Ley sobre los Empleados Municipales de Carintia, la Ley de 1993 sobre los Funcionarios Municipales de Carintia y la Ley sobre los Agentes Contractuales Municipales de Carintia], de 7 de julio de 2011 (LGBl. n.o 82/2011; en lo sucesivo, «Ley n.o 82/2011»):
«(7) La fecha de referencia que debe tomarse en consideración para la subida de escalón y la posición en el baremo salarial que de ello resulta de conformidad con los artículos 143 y 145 de la [K‑DRG], en su versión modificada por el artículo I, o con los artículos 41 y 42 de la [Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz] [(Ley del Estado Federado de Carintia relativa al Estatuto de los Agentes Contractuales)], en su versión modificada por el artículo II, se volverán a fijar solo previa solicitud y únicamente en los casos en que la posición existente en el baremo salarial esté determinada por la fecha de referencia. […]»
13
El artículo VIII, apartado 3, de la Gesetz, mit dem das Kärntner Dienstrechtsgesetz 1994 (39. K‑DRG-Novelle), das Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz 1994 (32. K-LVBG-Novelle), das Kärntner Gemeindebedienstetengesetz, das Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetz, das Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993, das Kärntner Pensionsgesetz 2010 und das Kärntner Landes-Personalvertretungsgesetz geändert werden [Ley por la que se modifican la Ley del Estado Federado de Carintia de 1994 relativa al Estatuto de los Funcionarios (39.a modificación de la Ley del Estado Federado de Carintia relativa al Estatuto de los Funcionarios), la Ley del Estado Federado de Carintia de 1994 sobre el Estatuto de los Agentes Contractuales (32.a modificación de la K-LVBG), la Ley sobre los Empleados Municipales de Carintia, la Ley sobre los Agentes Contractuales Municipales de Carintia, la Ley de 1993 sobre los Funcionarios Municipales de Carintia, la Ley de 2010 sobre las Pensiones de Carintia y la Ley de Representación del Personal del Estado Federado de Carintia], de 21 de octubre de 2021 (LGBl. n.o 81/2021; en lo sucesivo, «Ley n.o 81/2021»), tiene el siguiente tenor:
«Si un agente del estado federado o un agente municipal acredita períodos anteriores de actividad en el sentido del artículo 145, apartados 11 y 12, de la [K‑DRG], en la versión del artículo I de la presente Ley, o del artículo 41, apartados 12 y 13, de la [Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz] [(Ley del Estado Federado de Carintia relativa al Estatuto de los Agentes Contractuales)], en la versión del artículo II de la presente Ley, que aún no se hayan computado plenamente para determinar la fecha de referencia para la subida de escalón en virtud de otra disposición y que deban computarse en su totalidad en virtud de la presente Ley, la fecha de referencia para la subida deberá, a petición suya, mejorarse en consecuencia.»
14
La Beschluss der Kärntner Landesregierung zur Festlegung von Richtlinien für die Vorrückung, Zeitvorrückung und Beförderung der Beamten des Landes Kärnten (LAD‑PW‑22/1‑98) [Resolución del Gobierno del estado federado de Carintia por la que se establecen directrices relativas a la subida de escalón, a la subida de escalón por antigüedad y a la promoción de los funcionarios del estado federado de Carintia (LAD‑PW‑22/1‑98)], de 20 de octubre de 1998, establece, en particular:
«La promoción de los funcionarios del estado federado queda a discreción del Gobierno del estado federado.
Solo podrán ser objeto de promoción los funcionarios que cumplan los siguientes requisitos y cuyas hoja de servicios y competencias, así como su comportamiento en el servicio y fuera de él, justifiquen las promociones, teniendo en cuenta la correspondiente plantilla de personal y el organigrama de puestos de trabajo.
Requisitos temporales:
Categoría
Grado V
Grado VI
Grado VII
Grado VIII
A
9 años
13 años
19 años
30 años
B
19 años
25 años
31 años
C
29 años
Estos años deben calcularse a partir de la fecha de referencia.
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
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A. B. es un nacional austriaco nacido en 1968 que comenzó a trabajar al servicio del estado federado de Carintia (en lo sucesivo, «estado federado») como agente contractual el 3 de octubre de 2005. Entre el 1 de octubre de 1987 y el 4 de abril de 2003, ambos inclusive, había cubierto una serie de períodos de actividad con empleadores privados en Austria y en el extranjero, antes de ser empleado por el estado federado sobre la base de un certificado sobre las condiciones de empleo (Dienstzettel) correspondiente al período comprendido entre el 13 de octubre de 2003 y el 2 de octubre de 2005.
16
En el momento de su entrada en servicio como agente contractual en el estado federado, la fecha de referencia para la subida de escalón de A. B. se fijó en el 8 de septiembre de 2001. De conformidad con el artículo 41 de la Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz (Ley del Estado Federado de Carintia relativa al Estatuto de los Agentes Contractuales), de 1994 (LGBl. n.o 73/1994), en su versión aplicable en la fecha de entrada en servicio, se computó, a estos efectos, un período de cuatro años, cero meses y veinticinco días, correspondiente al período de cumplimiento del servicio o de la reserva militar por parte de A. B., así como al período de actividad que había realizado al servicio del estado federado sobre la base de dicha certificación sobre las condiciones de empleo, a los que se añadió un período de un año y seis meses. Este último período corresponde a la duración máxima que, en virtud del Derecho austriaco, estaba permitido computar por los períodos de actividad cubiertos en el sector privado carentes de relevancia para la adscripción al servicio del estado federado y cuyo cómputo no estuviera justificado por el interés público.
17
Posteriormente, A. B. fue nombrado funcionario, con efectos a partir del 1 de enero de 2010, para un puesto comprendido en la categoría de empleo B, con el grado III y el escalón salarial 7, y, desde entonces, su situación en relación con el régimen retributivo viene determinada por la K‑DRG. La fecha de referencia para la subida de escalón que se estableció en virtud del artículo 145 de la Ley del Estado Federado de Carintia relativa al Estatuto de los Funcionarios, en su versión aplicable en la fecha de dicho nombramiento, es también la de 8 de septiembre de 2001.
18
El 1 de julio de 2011, A. B. disfrutó de una subida al escalón salarial superior y, posteriormente, de subidas a los sucesivos escalones correspondientes a los años siguientes. El 1 de enero de 2016 y, posteriormente, el 1 de enero de 2022, A. B. fue promovido al grado inmediatamente superior, a saber, respectivamente, al grado V y, posteriormente, al grado VI.
19
El 14 de noviembre de 2022, A. B. solicitó, sobre la base de la Ley n.o 81/2021, el cómputo de una serie de períodos anteriores de actividad equivalente a la que ejerce como funcionario, que había cubierto en Austria y en el extranjero, así como, consiguientemente, el pago a posteriori de la diferencia de retribución a la que considera tener derecho.
20
Mediante resolución de 20 de septiembre de 2023, el Gobierno del estado federado de Carintia denegó dicha solicitud sobre la base del artículo VI, apartado 7, de la Ley n.o 82/2011, basándose en que, al haber sido el nombramiento de A. B. en el grado VI consecuencia de una promoción, su situación en relación con el régimen retributivo ya no estaba determinada por la fecha de referencia para la subida de escalón.
21
A. B. interpuso un recurso contra esta resolución ante el Landesverwaltungsgericht Kärnten (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Carintia, Austria), que es el órgano jurisdiccional remitente.
22
Este último indica que, en virtud del artículo 145, apartado 11, de la K‑DRG, en su versión resultante de la Ley n.o 81/2021, los períodos anteriores de actividad equivalente cubiertos en el extranjero deben computarse para determinar la fecha de referencia de la subida de escalón.
23
No obstante, considera que el artículo 305b, apartado 2, de la K‑DRG, al igual que el artículo VI, apartado 7, de la Ley n.o 82/2011, no autoriza a los funcionarios a solicitar la revisión de la fecha de referencia de su subida de escalón cuando se les haya concedido una promoción, dado que esta última tiene como consecuencia incluirlos en otro régimen de retribuciones y de subida de escalón.
24
A este respecto, dicho órgano jurisdiccional estima, en primer término, que el artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 492/2011 se oponen a tales disposiciones nacionales si, a efectos de la determinación de la antigüedad, los períodos anteriores de actividad equivalente cubiertos en el extranjero que no hayan sido computados anteriormente ya no pueden computarse en caso de promoción y que, por ello, la antigüedad salarial no puede reevaluarse, mientras que, según otra disposición de la K‑DRG, de alcance general, ese cómputo, en principio, debe tener lugar.
25
En segundo término, dado que la concesión de una promoción está supeditada al cumplimiento de un determinado número de años de servicio, el órgano jurisdiccional remitente deduce de ello que los funcionarios de más edad se ven afectados principalmente por dicha promoción y, por tanto, por la consecuencia que lleva aparejada de no poder solicitar que se computen los períodos anteriores de actividad equivalente a efectos de la determinación de la fecha de referencia para la subida de escalón. En consecuencia, estima que la normativa austriaca controvertida podría constituir una discriminación indirecta por razón de la edad.
26
En tercer término, el órgano jurisdiccional remitente expone que si bien el artículo 145 de la K‑DRG exige el cómputo íntegro de los períodos anteriores de actividad equivalente cubiertos fuera de Austria, no sucede lo mismo con los períodos anteriores de actividad equivalente cubiertos en el sector privado y en el territorio nacional. Pues bien, considera que tal exclusión resulta incompatible con el artículo 20 de la Carta, que consagra el principio de igualdad de trato, así como con el artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 492/2011, que consagran la libertad de circulación de los trabajadores.
27
En estas circunstancias, el Landesverwaltungsgericht Kärnten (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Carintia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular el artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 492/2011, en el sentido de que se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual los períodos anteriores de actividad pertinente cumplidos en otro país de la Unión Europea dejarán de computarse a efectos de la fecha de referencia cuando la posición del funcionario en el baremo salarial existente se haya alcanzado mediante un acto discrecional (promoción) del empleador, y no por antigüedad, y, según dicha normativa nacional, solo se fijará de nuevo la fecha de referencia si la posición en el baremo salarial existente viene determinada por la referida fecha?
2)
¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78, en relación con el artículo 21 de la Carta, en el sentido de que se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual los períodos anteriores de actividad pertinente cumplidos en otro país de la Unión Europea dejarán de computarse a efectos de la fecha de referencia cuando la posición del funcionario en el baremo salarial existente se haya alcanzado mediante un acto discrecional (promoción) del empleador, y no por antigüedad, y, según dicha normativa nacional, solo se fijará de nuevo la fecha de referencia si la posición en el baremo salarial existente viene determinada por la referida fecha, pero según las correspondientes directrices del empleador esta promoción solo está prevista en principio después de 19 y 25 años (estos años deben calcularse a partir de la fecha de referencia) y, por lo tanto, afecta a los funcionarios de más edad?
3)
¿Se oponen [el principio] de la libre circulación de los trabajadores [consagrado] en el artículo 45 TFUE y el artículo 20 de la Carta a una normativa nacional con arreglo a la cual los períodos de actividad profesional equivalente se computan íntegramente a efectos de la fecha de referencia si dicha actividad profesional se ha realizado fuera de Austria (en el territorio de una Parte contratante del [Acuerdo sobre el] Espacio Económico Europeo o de un Estado miembro de la Unión Europea, en un Estado cuyos nacionales tengan los mismos derechos que los nacionales austriacos para acceder a una profesión o en un órgano de la Unión Europea o en otra organización internacional a la que pertenezca Austria), mientras que las actividades profesionales equivalentes que se hayan realizado en el sector privado en Austria no deben computarse?»
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial y la competencia del Tribunal de Justicia
28
El Gobierno austriaco se opone a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.
29
Por una parte, sostiene que las consideraciones y explicaciones del órgano jurisdiccional remitente relativas a las cuestiones prejudiciales primera y segunda se refieren al artículo 305b de la K‑DRG, el cual, sin embargo, en su opinión, no es aplicable a las circunstancias del litigio principal. De ese modo, considera que la respuesta a estas dos cuestiones no resulta necesaria para resolver este litigio. Por otra parte, añade que las cuestiones prejudiciales primera y tercera carecen de pertinencia para la resolución del litigio principal en la medida en que se refieren a la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables a la libre circulación de los trabajadores. En lo que respecta, en particular, a la primera cuestión prejudicial, el Gobierno austriaco alega que los períodos de actividad cubiertos por el demandante en el litigio principal fuera de Austria lo fueron en el marco de un desplazamiento decidido por su empleador austriaco, de manera que dichos períodos de actividad están comprendidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a la libre prestación de servicios. En cuanto a la tercera cuestión prejudicial, el Gobierno austriaco considera que se refiere a una situación puramente interna.
30
A este respecto, conviene recordar que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 9 de noviembre de 2023, Keolis Agen, C‑271/22 a C‑275/22, EU:C:2023:834, apartado 38 y jurisprudencia citada).
31
De esta jurisprudencia se desprende que el Tribunal de Justicia no puede cuestionar la interpretación del Derecho nacional en la que se basó el órgano jurisdiccional remitente ni el marco fáctico definido bajo la responsabilidad de dicho órgano jurisdiccional, como solicita, en esencia, el Gobierno austriaco mediante sus alegaciones resumidas en el apartado 29 de la presente sentencia.
32
Por lo tanto, las cuestiones prejudiciales primera y segunda son admisibles.
33
En cuanto a la alegación según la cual las disposiciones relativas a la libre circulación de los trabajadores no son aplicables a la situación contemplada en la tercera cuestión prejudicial, por tener un carácter puramente interno, procede recordar que si las disposiciones del Derecho de la Unión a las que se refiere una cuestión prejudicial no son aplicables al litigio principal, estas disposiciones carecen de pertinencia para la resolución de ese litigio y la decisión prejudicial solicitada no es necesaria para que el órgano jurisdiccional remitente pueda emitir su fallo, de modo que procede declarar la inadmisibilidad de esta cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, apartado 38).
34
Además, conforme a reiterada jurisprudencia, cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ella y las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia (sentencia de 4 de septiembre de 2025, Gnattai, C‑543/23, EU:C:2025:653, apartado 56 y jurisprudencia citada).
35
En el presente asunto, procede señalar que el artículo 45 TFUE, apartado 1, que prohíbe, en principio, cualquier obstáculo a la libertad de circulación de los trabajadores, se aplica a las situaciones transfronterizas dentro de la Unión y no en un contexto puramente nacional.
36
Lo mismo sucede con la prohibición de discriminación establecida en el artículo 45 TFUE, apartado 2, y en el artículo 7 del Reglamento n.o 492/2011.
37
Pues bien, el supuesto descrito por el órgano jurisdiccional remitente en su tercera cuestión prejudicial, a saber, el no cómputo, para determinar la situación de un funcionario en relación con el régimen retributivo, de los períodos de actividad equivalente cubiertos en el sector privado en Austria, se inscribe en un contexto puramente nacional.
38
De ello se deduce que el artículo 45 TFUE, apartados 1 y 2, y el artículo 7 del Reglamento n.o 492/2011 no son aplicables a tal supuesto.
39
Por lo tanto, en el caso de autos, no existe un vínculo de conexión con arreglo al artículo 51 de la Carta que justifique una apreciación de la situación en cuestión a la luz del artículo 20 de esta.
40
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede concluir que, en la medida en que la tercera cuestión prejudicial se refiere a la interpretación del artículo 20 de la Carta, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse y que, en la medida en que se refiere al artículo 45 TFUE, esta cuestión prejudicial es inadmisible.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
41
Con carácter preliminar, procede señalar que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en particular, si el artículo 45 TFUE se opone a la normativa de un Estado miembro que, en determinadas circunstancias, excluye el cómputo de los períodos de actividad equivalente cubiertos por una persona en otro Estado del Espacio Económico Europeo (EEE) antes de la entrada en servicio de esa persona como funcionario en ese Estado miembro.
42
Para responder a esta cuestión prejudicial, debe subrayarse, de entrada, que el cómputo de los períodos anteriores de actividad equivalente cubiertos por el trabajador de un Estado miembro en otro Estado del EEE, con el objetivo de recompensar la experiencia profesional adquirida anteriormente, debe efectuarse de modo tal que excluya, por una parte, toda discriminación por razón de la nacionalidad, de conformidad con el artículo 45 TFUE, apartado 2, y con el artículo 7 del Reglamento n.o 492/2011, así como, por otra parte, cualquier obstáculo a la libertad de circulación consagrada en el artículo 45 TFUE, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de octubre de 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, apartados 21 y 54).
43
Por lo tanto, ha de considerarse que la primera cuestión prejudicial consta de dos partes.
Primera parte de la primera cuestión prejudicial
44
A efectos del examen de la primera parte de la primera cuestión prejudicial, debe señalarse que, según las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente resumidas en el apartado 26 de la presente sentencia, el artículo 145 de la K‑DRG exige el cómputo íntegro de los períodos anteriores de actividad equivalente cubiertos fuera de Austria, mientras que no se prevé tal cómputo para los períodos anteriores de actividad equivalente cubiertos en el sector privado y en el territorio nacional.
45
En estas circunstancias, procede considerar que, mediante la primera parte de la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 45 TFUE, apartado 2, y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 492/2011 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los períodos de actividad equivalente cubiertos por una persona en otro Estado del EEE antes de la entrada en servicio de esa persona como funcionario en el primer Estado miembro y que no han sido computados previamente a efectos de su clasificación salarial lo son retroactivamente cuando la situación de dicho funcionario en relación con el régimen retributivo resulta de la subida de escalón por antigüedad y no de la promoción de la que haya sido objeto en virtud de una decisión discrecional de la Administración, mientras que no se prevé tal cómputo para los períodos anteriores de actividad equivalente cubiertos en el sector privado y en el territorio nacional.
46
El artículo 45 TFUE, apartado 2, prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. El artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 492/2011 no es más que la expresión particular del principio de no discriminación consagrado en el artículo 45 TFUE, apartado 2, en el ámbito específico de las condiciones de empleo y de trabajo y, por consiguiente, ha de ser interpretado del mismo modo que este último artículo (sentencia de 10 de octubre de 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, apartado 21 y jurisprudencia citada).
47
La normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, que establece el modo en que se llevará a cabo el cómputo de los períodos de actividad equivalente cubiertos por un trabajador en un Estado del EEE antes de su entrada en servicio como funcionario de dicho Estado miembro, a efectos de establecer su clasificación salarial, forma parte incontestablemente del ámbito de las condiciones de empleo y trabajo. Por tanto, está comprendida en el ámbito de aplicación de las disposiciones citadas en el apartado anterior de la presente sentencia (véase, por analogía, la sentencia de 10 de octubre de 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, apartado 22 y jurisprudencia citada).
48
Según reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato establecido en el artículo 45 TFUE prohíbe no solo las discriminaciones directas basadas en la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación indirecta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado [sentencia de 15 de junio de 2023, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Listas especiales), C‑132/22, EU:C:2023:489, apartado 28 y jurisprudencia citada].
49
Por lo que respecta, en primer lugar, a la existencia de una discriminación basada directamente en la nacionalidad, procede señalar que la normativa nacional controvertida en el litigio principal, en la medida en que es indistintamente aplicable a todos los funcionarios al servicio del estado federado, con independencia de la nacionalidad, no puede considerarse constitutiva de tal discriminación.
50
En segundo lugar, a menos que esté justificada objetivamente y sea proporcionada al objetivo perseguido, una disposición de Derecho nacional, aunque sea indistintamente aplicable a todos los trabajadores con independencia de la nacionalidad, debe considerarse indirectamente discriminatoria cuando, por su propia naturaleza, pueda afectar más a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros que a los trabajadores nacionales e implique, por consiguiente, el riesgo de perjudicar, en particular, a los primeros (sentencia de 10 de octubre de 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, apartado 24 y jurisprudencia citada).
51
En el caso de autos, es cierto que la exclusión de cualquier cómputo retroactivo de los períodos de actividad equivalente cubiertos en otro Estado del EEE antes de la entrada en servicio y no computados anteriormente a efectos de la clasificación salarial de un funcionario promovido en virtud de una decisión discrecional de la Administración puede perjudicar a dicho funcionario en relación con un funcionario que se encuentre en una situación equivalente y que no se haya beneficiado de una promoción.
52
No obstante, para que esa diferencia de trato entre los trabajadores sea considerada indirectamente discriminatoria, en el sentido del artículo 45 TFUE, apartado 2, y del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 492/2011, debe poder, por su propia naturaleza, afectar más a los trabajadores nacionales de los demás Estados miembros que a los trabajadores nacionales (véase, por analogía, la sentencia de 10 de octubre de 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, apartado 31).
53
Pues bien, no sucede así en el caso de una normativa de un Estado miembro que, como la contemplada en la primera parte de la primera cuestión prejudicial, excluye el cómputo de toda experiencia profesional adquirida en el sector privado de ese Estado miembro y que prevé al mismo tiempo que se computen los períodos de actividad equivalente cubiertos en otro Estado del EEE, siempre que el funcionario afectado no haya sido promovido en virtud de una decisión discrecional de la Administración. En efecto, si bien los nacionales de Estados del EEE distintos del Estado miembro de que se trate pueden haber adquirido más experiencia profesional en otro Estado del EEE que los trabajadores nacionales de ese Estado miembro, es más probable que estos últimos hayan adquirido, antes de su entrada en servicio, una experiencia profesional en el sector privado en ese Estado miembro, de modo que no puede considerarse que tal normativa pueda, por su propia naturaleza, perjudicar a los funcionarios nacionales de otros Estados miembros.
54
De lo anterior se desprende que no puede considerarse que una normativa de un Estado miembro como la contemplada en la primera parte de la primera cuestión prejudicial resulte indirectamente discriminatoria para los trabajadores que son nacionales de Estados del EEE distintos de dicho Estado miembro y, por tanto, contraria al artículo 45 TFUE, apartado 2, y al artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 492/2011.
55
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera parte de la primera cuestión prejudicial que el artículo 45 TFUE, apartado 2, y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 492/2011 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los períodos de actividad equivalente cubiertos por una persona en otro Estado del EEE antes de la entrada en servicio de esa persona como funcionario en el primer Estado miembro y que no han sido computados previamente a efectos de su clasificación salarial lo son retroactivamente cuando la situación de dicho funcionario en relación con el régimen retributivo resulta de la subida de escalón por antigüedad y no de la promoción de la que haya sido objeto en virtud de una decisión discrecional de la Administración, mientras que no se prevé tal cómputo para los períodos anteriores de actividad equivalente cubiertos en el sector privado y en el territorio nacional.
Segunda parte de la primera cuestión prejudicial
56
Mediante la segunda parte de la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 45 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los períodos de actividad equivalente cubiertos por una persona en otro Estado del EEE antes de la entrada en servicio de esa persona como funcionario en el primer Estado miembro y que no han sido computados anteriormente a efectos de su clasificación salarial deben computarse retroactivamente cuando la situación de ese funcionario en relación con el régimen retributivo resulte de la subida de escalón por antigüedad y no de la promoción de la que haya sido objeto en virtud de una decisión discrecional de la Administración.
57
A este respecto, procede recordar que el artículo 45 TFUE, apartado 1, prohíbe, en principio, cualquier obstáculo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión y que el conjunto de disposiciones del Tratado FUE que se refieren a la libre circulación de personas tienen por objeto facilitar a los nacionales de los Estados miembros el ejercicio de cualquier tipo de actividad profesional en el territorio de la Unión y se oponen a las medidas que puedan colocarlos en una situación desfavorable en el supuesto de que deseen ejercer una actividad por cuenta ajena en el territorio de otro Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de octubre de 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, apartado 40 y jurisprudencia citada).
58
Los nacionales de los Estados miembros disfrutan, en particular, del derecho, directamente reconocido en el Tratado, a abandonar su Estado miembro de origen para desplazarse al territorio de otro Estado miembro y residir en él con el fin de ejercer una actividad. En consecuencia, el artículo 45 TFUE se opone a cualquier medida nacional que pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los nacionales de la Unión, de la libertad fundamental garantizada por este artículo (sentencia de 10 de octubre de 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, apartado 41 y jurisprudencia citada).
59
Pues bien, el Tribunal de Justicia ha recordado que una normativa nacional que, a efectos de determinar el importe de la retribución de un trabajador, no tenga en cuenta la totalidad de los períodos anteriores de actividad equivalente realizados en un Estado del EEE distinto del Estado de origen de dicho trabajador migrante puede hacer menos atractiva la libre circulación de los trabajadores, en contra de lo dispuesto en el artículo 45 TFUE, apartado 1 [sentencia de 23 de abril de 2020, Land Niedersachsen (Períodos anteriores de actividad pertinente), C‑710/18, EU:C:2020:299, apartado 26 y jurisprudencia citada].
60
En el caso de autos, procede señalar que una normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal puede tener por efecto excluir el cómputo, a efectos de establecer la categoría salarial de un trabajador, de determinados períodos anteriores de actividad equivalente en función del Estado del EEE en el que se haya adquirido la experiencia profesional.
61
Esta consideración no queda desvirtuada por el hecho de que cuando un funcionario ha sido objeto de una promoción, su subida de escalón en su nuevo grado esté vinculada, en principio, al número de años de servicio prestados en dicho grado. En efecto, no puede excluirse que, incluso en una situación de ese tipo, la experiencia profesional adquirida por ese funcionario antes de su entrada en servicio pueda influir en su clasificación salarial. En el caso de autos, como ha alegado la Comisión Europea en sus observaciones, del artículo 181, apartado 3, de la K‑DRG se desprende que el cómputo retroactivo de la experiencia profesional adquirida por un funcionario antes de su entrada en servicio puede tener por efecto modificar su clasificación salarial anterior a su promoción y, en consecuencia, afectar a la clasificación en escalón de tal funcionario en su grado después de esa promoción.
62
Por consiguiente, una normativa nacional como la mencionada en el apartado 60 de la presente sentencia puede disuadir a los trabajadores de abandonar su Estado miembro de origen para trasladarse al territorio de otro Estado del EEE con el fin de ejercer allí una actividad profesional equivalente a la que habrían podido ejercer al servicio de su empleador, debido a que, al regresar al territorio de ese Estado miembro, a pesar de la equivalencia de la actividad que hubieran ejercido en ese otro Estado del EEE, no se computaría la totalidad de su experiencia profesional adquirida en dicho Estado del EEE a efectos de la determinación de su clasificación salarial por ese empleador [véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2020, Land Niedersachsen (Períodos anteriores de actividad pertinente), C‑710/18, EU:C:2020:299, apartado 29 y jurisprudencia citada].
63
De ello se deduce que tal normativa nacional hace menos atractiva la libertad de circulación de los trabajadores, en contra de lo dispuesto en el artículo 45 TFUE, apartado 1, y constituye, por tanto, un obstáculo a dicha libertad.
64
No obstante, tal normativa nacional puede aceptarse si persigue alguno de los objetivos legítimos enunciados en el Tratado FUE o si está justificada por razones imperiosas de interés general. En tal caso, también es necesario que su aplicación sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo [sentencia de 23 de abril de 2020, Land Niedersachsen (Períodos anteriores de actividad pertinente), C‑710/18, EU:C:2020:299, apartado 34 y jurisprudencia citada].
65
En el presente asunto, ha de señalarse que, en las observaciones que ha presentado al Tribunal de Justicia, el Gobierno austriaco no ha alegado que la normativa controvertida en el litigio principal persiga un objetivo legítimo enunciado en el Tratado FUE o que esté justificada por razones imperiosas de interés general.
66
En cualquier caso, procede recordar, por una parte, que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el hecho de recompensar la experiencia adquirida en el ámbito de que se trate que permite al trabajador cumplir mejor las tareas que se le encomienden constituye una finalidad legítima de política salarial (sentencia de 8 de mayo de 2019, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C‑24/17, EU:C:2019:373, apartado 86 y jurisprudencia citada).
67
No obstante, no puede considerarse que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que excluye el cómputo, para la clasificación y el cálculo de la retribución de un trabajador, de determinados períodos anteriores de actividad equivalente cumplidos por este, tenga por finalidad valorar plenamente la experiencia adquirida de este modo y, por consiguiente, no es apta para garantizar la realización de dicho objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C‑24/17, EU:C:2019:373, apartado 88).
68
Por otra parte, aun suponiendo que la normativa controvertida en el litigio principal persiga efectivamente el objetivo de lograr la fidelidad de los trabajadores hacia sus empleadores y que tal objetivo constituya una razón imperiosa de interés general (sentencia de 8 de mayo de 2019, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C‑24/17, EU:C:2019:373, apartado 89 y jurisprudencia citada), debe señalarse que, teniendo en cuenta las características de dicha normativa, el obstáculo que supone no parece apto para garantizar la realización de ese objetivo.
69
En efecto, en virtud de la normativa nacional controvertida en el litigio principal, los períodos de actividad equivalente cubiertos por un funcionario en un Estado del EEE distinto de la República de Austria antes de la entrada en servicio de dicho funcionario en este último Estado miembro y que no han sido computados anteriormente a efectos de determinar su clasificación salarial ya no pueden computarse retroactivamente cuando ese funcionario haya sido promovido en virtud de una decisión discrecional de la Administración, mientras que deben serlo cuando la situación del funcionario en relación con el régimen retributivo resulte exclusivamente de la subida de escalón por antigüedad.
70
En esas circunstancias, procede considerar que esa restricción no está justificada por razones imperiosas de interés general como las que se han recordado en los apartados 66 y 68 de la presente sentencia.
71
Por último, no se puede admitir que un objetivo de simplificación administrativa que únicamente pretende aligerar el trabajo de la Administración Pública, en particular facilitando los cálculos que esta debe realizar, constituya una razón imperiosa de interés general que pueda justificar una restricción a una libertad tan fundamental como la libertad de circulación de los trabajadores garantizada por el artículo 45 TFUE (sentencia de 5 de diciembre de 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C‑514/12, EU:C:2013:799, apartado 42).
72
En todo caso, la consideración de que tal simplificación permite disminuir los gastos administrativos es de carácter meramente económico y, por lo tanto, no puede, según jurisprudencia reiterada, constituir una razón imperiosa de interés general (sentencia de 5 de diciembre de 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C‑514/12, EU:C:2013:799, apartado 43).
73
De ello se deduce que el artículo 45 TFUE, apartado 1, se opone a una normativa nacional como la controvertida en el asunto principal.
74
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda parte de la primera cuestión prejudicial que el artículo 45 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los períodos de actividad equivalente cubiertos por una persona en otro Estado del EEE antes de la entrada en servicio de esa persona como funcionario en el primer Estado miembro y que no han sido computados anteriormente a efectos de su clasificación salarial deben computarse retroactivamente cuando la situación de ese funcionario en relación con el régimen retributivo resulte de la subida de escalón por antigüedad y no de la promoción de la que haya sido objeto en virtud de una decisión discrecional de la Administración.
Segunda cuestión prejudicial
75
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78, en relación con el artículo 21 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual, por un lado, los períodos de actividad equivalente cubiertos por una persona en otro Estado miembro antes de la entrada en servicio de esa persona como funcionario en ese primer Estado miembro no pueden computarse a efectos de su subida de escalón cuando dicho funcionario haya sido promovido en virtud de una decisión discrecional de la Administración y, por otro lado, tal promoción solo puede tener lugar, en principio, al término de varios años de servicio, computados a partir de la fecha de referencia para la subida de escalón.
76
Con carácter preliminar, procede recordar que la prohibición de toda discriminación por razón, entre otros motivos, de la edad se ha consagrado en el artículo 21 de la Carta y que esta prohibición ha sido concretada por la Directiva 2000/78 en el ámbito del empleo y la ocupación (sentencia de 20 de abril de 2023, Landespolizeidirektion Niederösterreich y Finanzamt Österreich, C‑650/21, EU:C:2023:300, apartado 45 y jurisprudencia citada).
77
Así pues, ha de comprobarse, de entrada, si una normativa como la contemplada en la segunda cuestión prejudicial está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78.
78
A este respecto, del apartado 47 de la presente sentencia se desprende que una normativa de ese tipo forma parte incontestablemente del ámbito de las condiciones de empleo y de trabajo. Por consiguiente, está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva (véase, por analogía, la sentencia de 10 de octubre de 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, apartado 22 y jurisprudencia citada).
79
Por lo que se refiere, a continuación, a la cuestión de si esa normativa establece una diferencia de trato por razón de la edad en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2000/78, procede recordar que, a tenor de dicha disposición, se entenderá por «principio de igualdad de trato» la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 de esa Directiva.
80
El artículo 2, apartado 2, letra a), de la referida Directiva precisa que, a efectos de lo dispuesto en su apartado 1, existirá discriminación directa cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1 de la citada Directiva. Además, del artículo 2, apartado 2, letra b), de esa Directiva resulta que, a efectos de esta, existe discriminación indirecta por razón de edad cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas de una edad determinada respecto de otras personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios.
81
Pues bien, la segunda cuestión prejudicial no se refiere a una normativa nacional que supedite expresamente la promoción de un funcionario a la edad de este. En efecto, procede señalar que, en el caso de autos, el no cómputo retroactivo de la totalidad de los períodos anteriores de actividad profesional equivalente cubiertos por A. B. depende de que el estado federado adopte una decisión, sujeta a la facultad discrecional de este último, de conceder una promoción a ese funcionario que no está vinculada a la edad del funcionario, sino a la duración de la experiencia profesional que ha adquirido.
82
Así pues, es preciso constatar, en primer lugar, que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal no da lugar a una diferencia de trato directamente basada en la edad (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de junio de 2012, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft, C‑132/11, EU:C:2012:329, apartado 29 y jurisprudencia citada).
83
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la cuestión de si una normativa de ese tipo constituye una discriminación indirecta por razón de la edad, procede señalar que ello supone que dicha normativa, aunque formulada de manera neutra, pueda perjudicar, en particular, a un grupo de edad. Es lo que sucede en el supuesto de una normativa que supedita la promoción de un funcionario únicamente al cumplimiento de un número elevado de años de servicio, de modo que solo los funcionarios de una edad más avanzada pueden obtener una promoción.
84
En el caso de autos, debe subrayarse que, en virtud de la normativa nacional controvertida en el litigio principal, los funcionarios de la categoría de empleo A pueden aspirar a una promoción al grado V, como muy pronto, después de nueve años de servicio activo a partir de la fecha de referencia para la subida de escalón, mientras que, para acceder al mismo grado, los funcionarios de la categoría de empleo C deben haber cumplido veintinueve años de servicio activo. Por consiguiente, habida cuenta de la gran diferencia existente entre estos dos períodos de servicio, no puede considerarse que el acceso de un funcionario a una promoción dependa de su pertenencia a un grupo de edad específico.
85
Además, según esta normativa nacional, la concesión de una promoción no es automática, sino que depende de la facultad discrecional del Gobierno del estado federado de que se trate. Por último, el acceso de un funcionario a una promoción depende de su hoja de servicios, de sus capacidades y de su comportamiento dentro y fuera del servicio.
86
Pues bien, estos criterios son manifiestamente ajenos a toda consideración de la edad de los funcionarios afectados.
87
Por lo tanto, procede declarar que el régimen establecido por la normativa nacional controvertida en el litigio principal se basa en un criterio que no está indisociable ni indirectamente vinculado a la edad de los funcionarios. De ello se deduce que la normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual los períodos de actividad equivalente cubiertos por una persona en otro Estado miembro antes de la entrada en servicio de esa persona como funcionario en el primer Estado miembro no pueden computarse a efectos de su subida de escalón cuando dicho funcionario haya sido promovido en virtud de una decisión discrecional de la Administración, no da lugar a una diferencia de trato basada indirectamente en la edad.
88
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78, en relación con el artículo 21 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual, por un lado, los períodos de actividad equivalente cubiertos por una persona en otro Estado miembro antes de la entrada en servicio de esa persona como funcionario en ese primer Estado miembro no pueden computarse a efectos de su subida de escalón cuando dicho funcionario haya sido promovido en virtud de una decisión discrecional de la Administración y, por otro lado, tal promoción solo puede tener lugar, en principio, al término de varios años de servicio, computados a partir de la fecha de referencia para la subida de escalón, siempre que, por una parte, el número de años de servicio requeridos antes de poder optar a una promoción no sea tal que solo afecte a los funcionarios de mayor edad y, por otra parte, la concesión de una promoción dependa también de otros criterios no relacionados con la edad.
Costas
89
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
1)
El artículo 45 TFUE, apartado 2, y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los períodos de actividad equivalente cubiertos por una persona en otro Estado del Espacio Económico Europeo antes de la entrada en servicio de esa persona como funcionario en el primer Estado miembro y que no han sido computados previamente a efectos de su clasificación salarial lo son retroactivamente cuando la situación de dicho funcionario en relación con el régimen retributivo resulta de la subida de escalón por antigüedad y no de la promoción de la que haya sido objeto en virtud de una decisión discrecional de la Administración, mientras que no se prevé tal cómputo para los períodos anteriores de actividad equivalente cubiertos en el sector privado y en el territorio nacional.
2)
El artículo 45 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los períodos de actividad equivalente cubiertos por una persona en otro Estado del Espacio Económico Europeo antes de la entrada en servicio de esa persona como funcionario en el primer Estado miembro y que no han sido computados anteriormente a efectos de su clasificación salarial deben computarse retroactivamente cuando la situación de ese funcionario en relación con el régimen retributivo resulte de la subida de escalón por antigüedad y no de la promoción de la que haya sido objeto en virtud de una decisión discrecional de la Administración.
3)
Los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en relación con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual, por un lado, los períodos de actividad equivalente cubiertos por una persona en otro Estado miembro antes de la entrada en servicio de esa persona como funcionario en ese primer Estado miembro no pueden computarse a efectos de su subida de escalón cuando dicho funcionario haya sido promovido en virtud de una decisión discrecional de la Administración y, por otro lado, tal promoción solo puede tener lugar, en principio, al término de varios años de servicio, computados a partir de la fecha de referencia para la subida de escalón, siempre que, por una parte, el número de años de servicio requeridos antes de poder optar a una promoción no sea tal que solo afecte a los funcionarios de mayor edad y, por otra parte, la concesión de una promoción dependa también de otros criterios no relacionados con la edad.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.