CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 27 de octubre de 2022(1)
Asunto C‑389/21 P
Banco Central Europeo (BCE)
contra
Crédit Lyonnais
«Recurso de casación — Política económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Artículo 4, apartados 1, letra d), y 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Cálculo del ratio de apalancamiento — Negativa a autorizar a una entidad de crédito la exclusión de determinadas exposiciones del cálculo del ratio de apalancamiento — Artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Error manifiesto de apreciación — Nivel de control jurisdiccional — Apreciación técnica compleja — Facultad discrecional de carácter político»
I.      Introducción
1.        «Basilea III» es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente y desarrolladas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en respuesta a la crisis financiera de 2007‑2009, cuyo objetivo es reforzar la reglamentación, la supervisión y la gestión de riesgos de los bancos. Uno de los elementos principales del marco regulador Basilea III, y de su aplicación en la Unión, es la introducción de un «ratio de apalancamiento», que se calcula como la medida del capital del banco dividida por la medida de la exposición total del banco y se expresa como porcentaje. El ratio de apalancamiento permite evaluar la exposición de los bancos al riesgo de apalancamiento excesivo, que puede requerir medidas correctoras imprevistas de su plan de negocio, entre ellas una venta de urgencia de activos capaz de ocasionar pérdidas importantes.
2.        Mediante su recurso de casación, el Banco Central Europeo (BCE) impugna la sentencia del Tribunal General de 14 de abril de 2021, Crédit Lyonnais/BCE, (2) que anuló su decisión por la que se denegaba a Crédit Lyonnais la concesión de una exención total de los requisitos de ratio de apalancamiento en lo que respecta a sus exposiciones relativas a determinados depósitos regulados.
3.        El presente recurso de casación plantea una cuestión de carácter sistémico y constitucional: el nivel de control del juez de la Unión al apreciar la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas por otras instituciones, cuando estas disponen de margen de apreciación.
4.        Se ha dicho que este tema, al menos para los abogados de la Unión, «no es apto para pusilánimes», (3) en la medida en que es objeto de una gran controversia entre los profesionales y los medios académicos. (4) Así pues, el presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de arrojar más luz sobre esta cuestión. En efecto, aunque la jurisprudencia sobre este extremo es abundante (y, en mi opinión, generalmente acertada), considero que convendría aclarar mejor algunos conceptos y principios fundamentales relativos al nivel de control.
II.    Contexto
5.        Crédit Lyonnais es una sociedad anónima francesa autorizada como entidad de crédito. Es una filial de Crédit Agricole S.A., sujeta a la supervisión prudencial directa del BCE.
6.        El 5 de mayo de 2015, Crédit Agricole solicitó al BCE autorización, en nombre propio y de las entidades del grupo Crédit Agricole, del que forma parte Crédit Lyonnais, para excluir del cálculo del ratio de apalancamiento las exposiciones constituidas por importes que correspondían a productos regulados (5) que se debían transferir obligatoriamente a la Caisse des dépôts et consignations [Caja de Depósitos y Consignaciones (CDC), Francia], entidad pública francesa. Esta solicitud se presentó de conformidad con el artículo 429, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012, (6) en su versión aplicable en el momento de los hechos. (7)
7.        De conformidad con el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013, en su versión aplicable en el momento de los hechos, «las autoridades competentes podrán permitir que una entidad excluya de la medida de la exposición las exposiciones que cumplan todas las condiciones siguientes: a) ser exposiciones frente a entes del sector público; b) ser tratadas de conformidad con el artículo 116, apartado 4; c) derivarse de depósitos que la entidad esté legalmente obligada a transferir al ente del sector público mencionado en la letra a) con fines de financiación de inversiones de interés general».
8.        El 24 de agosto de 2016, el BCE adoptó la Decisión ECB/SSM/2016‑969500TJ5KRTCJQWXH05/165 (en lo sucesivo, «Decisión de 2016»), de acuerdo con los artículos 4, apartado 1, letra d), y 10 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito, (8) y con el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013, mediante la cual denegó a Crédit Agricole la autorización para excluir del cálculo del ratio de apalancamiento las exposiciones frente a la CDC constituidas por la parte de los importes depositados a través del ahorro regulado que aquella debía transferir obligatoriamente a la CDC.
9.        Crédit Agricole impugnó la Decisión de 2016 ante el Tribunal General, que, mediante sentencia de 13 de julio de 2018, (9) la anuló.El Tribunal General declaró que, al examinar la solicitud de Crédit Agricole, el BCE había incurrido en: i) un error de Derecho en la aplicación del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013, y ii) un error manifiesto de apreciación.
10.      El 26 de julio de 2018, Crédit Agricole, en nombre propio y en el de diferentes entidades del grupo Crédit Agricole, del que forma parte Crédit Lyonnais, solicitó de nuevo autorización para excluir del cálculo del ratio de apalancamiento los importes que estaban obligadas a transferir a la CDC.
11.      El 3 de mayo de 2019, el BCE adoptó la Decisión ECB‑SSM‑2019‑FRCAG‑39 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), de acuerdo con los artículos 4, apartado 1, letra d), 10 del Reglamento n.o 1024/2013 y el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013. Mediante la Decisión impugnada, el BCE autorizó la exclusión del cálculo del ratio de apalancamiento de Crédit Agricole y de las entidades del grupo de la parte de los importes depositados a través del ahorro regulado que aquellas estaban obligadas a transferir a la CDC, con excepción de Crédit Lyonnais, a la cual se autorizó esta exclusión únicamente en un porcentaje del 66 %.
12.      En el apartado 2.1 de la Decisión impugnada, el BCE consideró que se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 429, apartado 14, letras a) a c), del Reglamento n.o 575/2013. A continuación, en el apartado 2.2 de la Decisión impugnada, el BCE recordó que disponía de una facultad discrecional para conceder dicha exclusión y expuso la metodología aplicada para examinar la solicitud de exclusión. Dicha metodología tenía en cuenta tres elementos: la calidad crediticia de la Administración central, el riesgo de ventas de emergencia de activos y el nivel de concentración de las exposiciones. A cada uno de estos elementos se le atribuyó un porcentaje de exclusión, de modo que su combinación indicaría la exclusión global que debía concederse.
13.      En lo tocante a la calidad crediticia de la Administración central francesa, el BCE afirmó, en el apartado 2.2.1 de la Decisión impugnada, que no existían problemas prudenciales específicos. No obstante, observó también que la calificación atribuida a la República Francesa por las agencias externas de calificación crediticia no era la más elevada posible y que la cotización de las permutas de cobertura por impago a cinco años negociadas por la República Francesa aparejaba una probabilidad de incumplimiento que no era nula.
14.      En lo relativo al riesgo de ventas de emergencia de activos, en el apartado 2.2.2 de la Decisión impugnada el BCE señaló que el plazo de ajuste de las posiciones con la CDC podría tener como consecuencia que una entidad de crédito se viera obligada a proceder a tales ventas para devolver los depósitos a sus clientes, a la espera de la transferencia de fondos por la CDC. El BCE consideró que, si bien un plazo de menos de cinco días constituía una transferencia casi instantánea al no suponer más que un riesgo limitado de ventas de emergencia, el sistema de ajuste de posiciones con la CDC entrañaba un plazo que podía llegar hasta los diez días. A este respecto, el BCE señaló que, con ocasión de las crisis bancarias recientes, se había retirado entre un 10 % y un 30 % de los depósitos de una entidad de crédito en menos de cinco días y que el ahorro regulado tenía un carácter más líquido que una cuenta de ahorro.
15.      En lo relativo a la evaluación de la concentración de las exposiciones frente a la CDC, en el apartado 2.2.3 de la Decisión impugnada, el BCE subrayó la existencia de un mecanismo de solidaridad en el seno del grupo Crédit Agricole que entraña una obligación legal entre las entidades asociadas de aportar una ayuda en la forma de capital y liquidez, lo cual justificaba que el riesgo de concentración para las entidades asociadas fuera evaluado al nivel de grupo. Sin embargo, el BCE observó que Crédit Lyonnais no quedaba cubierta por el mecanismo de solidaridad y que, por tanto, el riesgo de concentración debía examinarse, con respecto a ella, sobre una base subconsolidada. En la medida en que el ratio de las exposiciones frente a la CDC a la vista de los fondos propios de la categoría 1 de Crédit Lyonnais era del 134 % en 2015 y del 231 % en 2018, el BCE consideró que existía un riesgo de concentración de las exposiciones frente a la CDC.
16.      El BCE concluyó que era prudente, con el fin de atenuar el impacto en el capital de una retirada masiva de depósitos, incluir cierto nivel de exposiciones frente a la CDC en el cálculo del ratio de apalancamiento de Crédit Lyonnais, que fijó en el 34 %.
III. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
17.      Mediante demanda presentada el 12 de julio de 2019, Crédit Lyonnais interpuso recurso de anulación contra la Decisión impugnada. En apoyo de su recurso, Crédit Lyonnais invocó tres motivos basados, en primer lugar, en la infracción del artículo 266 TFUE como consecuencia de la incorrecta ejecución de la sentencia de 2018, (10) en segundo lugar, en la infracción del artículo 429, apartado 14, y del artículo 400, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 575/2013 y, en tercer lugar, en un error manifiesto de apreciación cometido por el BCE al examinar su solicitud.
18.      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó, por un lado, el primer motivo que dividió en tres partes. El Tribunal General desestimó por infundadas tanto la primera parte (relativa a la calidad crediticia del Estado francés) como la segunda parte (relativa al nivel de concentración de las exposiciones) de ese motivo. Por lo que respecta a la tercera parte de dicho motivo (relativa al riesgo de ventas de emergencia de activos), el Tribunal General desestimó algunas de las alegaciones y consideró que era conveniente apreciar otras junto con las formuladas en el marco del tercer motivo. (11) A continuación, el Tribunal General examinó el segundo motivo y lo desestimó por infundado. (12)
19.      Posteriormente, el Tribunal General examinó las alegaciones de Crédit Lyonnais (formuladas en el marco de los motivos primero y tercero) en las que se criticaba la apreciación del riesgo de ventas de emergencia de activos realizada por el BCE. El Tribunal General comenzó su análisis señalando que, a este respecto, el BCE se basó esencialmente en dos razones para llegar a la conclusión de que existía tal riesgo por lo que respecta a los fondos que Crédit Lyonnais debía transferir a la CDC: la liquidez del ahorro regulado y la experiencia de crisis bancarias recientes. En cuanto al primer aspecto, el Tribunal General señaló que, conforme a las conclusiones de la sentencia de 2018, el BCE estaba obligado a realizar un análisis que tuviera en cuenta las características del ahorro regulado. (13)
20.      Sin embargo, en opinión del Tribunal General, el BCE no lo hizo por tres razones. En primer lugar, el BCE no tuvo en cuenta la cualidad de «valor refugio» del ahorro regulado. El Tribunal General consideró demostrado que, en una crisis bancaria, los importes depositados como ahorro regulado tienden a aumentar. En segundo lugar, el Tribunal General consideró que el ahorro regulado poco puede contribuir a la constitución de un apalancamiento excesivo, puesto que debe transferirse a la CDC y no puede invertirse en activos arriesgados o no líquidos. En tercer lugar, el Tribunal General subrayó que el ahorro regulado dispone de una doble garantía del Estado respecto, al mismo tiempo, de los depositarios y de las entidades de crédito. (14)
21.      Por otro lado, el Tribunal General estimó que la liquidez del ahorro regulado no puede justificar por sí sola las conclusiones del BCE relativas a la posibilidad de que el banco pueda verse obligado a llevar a cabo ventas de emergencia de activos a la espera de que la CDC le transfiriera fondos. En apoyo de sus conclusiones a este respecto, el BCE se había basado en un ejemplo que, a juicio del Tribunal General, no era pertinente habida cuenta de que se refería a productos que no eran similares a los controvertidos en el caso de autos. (15)
22.      Partiendo de lo anterior, el Tribunal General concluyó que el BCE no había tenido en cuenta, a la hora de apreciar el riesgo de ventas de emergencia de activos, las características del ahorro regulado (como exige la sentencia de 2018) y, más ampliamente, no había tenido en cuenta todas las circunstancias pertinentes del asunto concreto, vulnerando de este modo el principio de buena administración. Así pues, el Tribunal General estimó la primera parte del tercer motivo y la tercera parte del primer motivo, y anuló la Decisión impugnada en la medida en que denegó a Crédit Lyonnais la posibilidad de excluir del cálculo de su ratio de apalancamiento el 34 % de sus exposiciones frente a la CDC, y condenó en costas al BCE.
IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
23.      En su recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, interpuesto el 24 de junio de 2021, el BCE solicita que se anule la sentencia recurrida y se condene en costas a Crédit Lyonnais. En su escrito de contestación, presentado el 7 de septiembre de 2021, Crédit Lyonnais solicita al Tribunal de Justicia que desestime por infundado el recurso de casación y condene en costas al BCE.
24.      El 23 de noviembre de 2021, el BCE presentó el escrito de réplica y, el 17 de enero de 2022, Crédit Lyonnais presentó el escrito de dúplica. El BCE y Crédit Lyonnais también expusieron sus tesis en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia el 15 de junio de 2022.
V.      Apreciación
25.      El BCE invoca los cuatro motivos de casación siguientes: el nivel de control jurisdiccional aplicado por el Tribunal General al apreciar la legalidad de la Decisión impugnada (A), la suficiencia de la motivación de la sentencia recurrida (B), la desnaturalización de la Decisión impugnada y de las pruebas presentadas en la que supuestamente incurrió el Tribunal General (C), y la interpretación de los artículos 4, apartado 1, punto 94, y artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 (D).
26.      Las presentes conclusiones se centrarán principalmente en el primer motivo, habida cuenta de que no solo plantea la cuestión en torno a la que gira el presente procedimiento de casación, sino que, como ya se ha mencionado en la introducción, dicha cuestión también es importante desde el punto de vista constitucional y sistémico. En cambio, los motivos segundo, tercero y cuarto resultan más bien «accesorios» al primer motivo en la medida en que critican, en esencia, la manera en que el Tribunal General ejerció su control de la Decisión impugnada y la intensidad con que lo hizo. Por lo tanto, estos tres motivos se solapan en gran medida con el primer motivo. A la vista de lo anterior, y dado que, en mi opinión, el primer motivo de casación es fundado, estos tres motivos se tratarán de manera más concisa.
A.      Nivel de control jurisdiccional (primer motivo)
1.      Alegaciones de las partes
27.      Mediante su primer motivo de casación, el BCE reprocha al Tribunal General haber rebasado los límites del control jurisdiccional, en contravención del nivel de control establecido en jurisprudencia reiterada. Según el BCE, el Tribunal General procedió a una evaluación ex novo de la situación y no tuvo en cuenta el margen de apreciación que el legislador confirió al BCE en materia prudencial.
28.      En particular, el BCE argumenta que el Tribunal General realizó una evaluación autónoma de las características del ahorro regulado, que difiere de la del BCE. Además, dicha evaluación se basó en una apreciación errónea tanto de la Decisión impugnada como de la situación de hecho subyacente. A este respecto, el BCE recuerda que, según reiterada jurisprudencia, en el caso de las valoraciones económicas complejas, la institución de la Unión de que se trate debe disponer de cierto margen de apreciación, de modo que los actos que adopta son objeto de un control jurisdiccional limitado. El juez de la Unión no puede sustituir la apreciación de hechos complejos realizada por la institución competente por la suya propia.
29.      Además, el BCE pone de relieve que el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 le concedía expresamente una facultad discrecional en cuanto a la posibilidad de excluir determinadas exposiciones del cálculo del ratio de apalancamiento. Según el BCE, la existencia de tal facultad discrecional implicaba también el ejercicio de una cierta contención por parte del Tribunal General. El BCE sostiene que, al someter la Decisión impugnada a un nivel de control particularmente intrusivo, el Tribunal General le privó en gran medida de dicha facultad discrecional.
30.      Por su parte, Crédit Lyonnais sostiene que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General no incurrió en ningún error de Derecho y se mantuvo dentro de los límites del control jurisdiccional admisible. Según Crédit Lyonnais, el Tribunal General consideró que el BCE no había tenido en cuenta determinados elementos pertinentes para el análisis y que las conclusiones a las que se llegó en la Decisión impugnada no se sustentaban en las pruebas que se le habían presentado.
31.      En particular, el Tribunal General señaló acertadamente, en opinión de Crédit Lyonnais, que el BCE debería haber tomado en consideración el hecho de que, en caso de tensión o de crisis, el ahorro regulado se considera por lo general un «valor refugio», gracias a la existencia de una doble garantía del Estado. Se trata de una característica del ahorro regulado que el BCE no rebatió ante el Tribunal General. Además, el Tribunal General declaró, también acertadamente según Crédit Lyonnais, que el ejemplo relativo a los riesgos derivados de retiradas masivas («bank run») no podía sostener las conclusiones a las que llegó el BCE, en la medida en que este ejemplo se refería a otro tipo de cuentas.
2.      Análisis
32.      Con el fin de examinar del mejor modo posible las cuestiones planteadas en el presente motivo de casación, considero útil describir en primer lugar el marco jurídico pertinente. A tal fin, con carácter preliminar, recordaré brevemente algunos principios clave relativos al sistema institucional de la Unión que resultan pertinentes en el presente asunto (a) y después describiré la función y las competencias del BCE en materia de supervisión prudencial (b). A continuación, explicaré los principios y conceptos fundamentales que regulan el nivel de control jurisdiccional aplicable a los ámbitos sujetos al denominado «control marginal» (c). Finalmente, con arreglo a estos principios, analizaré las alegaciones formuladas por las partes (d).
a)      Observaciones preliminares (I): el marco institucional de la Unión
33.      Con carácter preliminar quisiera recordar que, con arreglo al artículo 13 TUE, apartado 2, las instituciones de la Unión deberán «[actuar] dentro de los límites de las atribuciones que [les] confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos». (16) Según el Tribunal de Justicia, esta disposición «constituye la expresión del principio de equilibrio institucional, característico de la estructura institucional de la Unión, que implica que cada una de las instituciones ha de ejercer sus competencias sin invadir las de las demás». (17)
34.      El BCE forma parte, junto con los bancos centrales nacionales, del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC, cuyo principal objetivo es mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, el SEBC apoyará las políticas económicas generales de la Unión con el fin de contribuir a la realización de los objetivos de la Unión. (18) A tal fin, el artículo 132 TFUE y el artículo 35 de los Estatutos del SEBC y del BCE facultan al BCE para, en particular, «[tomar] las decisiones necesarias para el ejercicio de las funciones encomendadas al SEBC por los Tratados y por los Estatutos del SEBC y del BCE».
35.      Las decisiones del BCE, al igual que cualquier otro acto de las instituciones de la Unión, disfrutan, en principio, de una presunción de legalidad y producen, por tanto, efectos jurídicos mientras no hayan sido revocadas, anuladas en virtud de un recurso de anulación o declaradas inválidas a raíz de una cuestión prejudicial o de una excepción de ilegalidad. (19) Corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, y del artículo 35 de los Estatutos del SEBC y del BCE, «controlar la legalidad» de dichas decisiones.
b)      Observaciones preliminares (II): el BCE y la supervisión prudencial
36.      Una de las funciones fundamentales atribuidas al SEBC consiste en ejercer tareas de «supervisión prudencial», (20) que implica, en términos generales, la supervisión del sistema financiero en su conjunto, con el fin de prevenir o atenuar los riesgos para su estabilidad, y la supervisión de las entidades financieras individuales, con el fin de garantizar su estabilidad financiera y un elevado grado de protección de los inversores y los depositantes. En este contexto, el Reglamento n.o 1024/2013 atribuye al BCE determinadas funciones específicas, como la de velar por el cumplimiento de los actos que imponen requisitos prudenciales a las entidades de crédito, especialmente, en materia de apalancamiento. (21)
37.      Otro instrumento legislativo fundamental a este respecto es el Reglamento n.o 575/2013, que persigue reforzar los requisitos prudenciales de las entidades financieras de la Unión, exigiéndoles, en particular, que posean un importe suficiente de capital, de pasivos de alta capacidad de absorción de pérdidas y de activos líquidos, con el fin de garantizar su solvencia financiera. El objetivo último es aumentar la solidez y la capacidad de resistencia de estas entidades en períodos de tensión económica. (22)
38.      Más concretamente, el Reglamento n.o 575/2013 pretende evitar una excesiva acumulación de las exposiciones de las entidades en comparación con sus fondos propios (apalancamiento). (23) En efecto, un apalancamiento excesivo puede aumentar su vulnerabilidad, ya que entraña el riesgo de que estas entidades puedan verse obligadas a adoptar medidas correctoras imprevistas de su plan de negocio, entre ellas una venta de urgencia de activos capaz de ocasionar pérdidas o ajustes de valoración de los activos restantes. (24)
39.      A tal efecto, el Reglamento n.o 575/2013 establece un ratio de apalancamiento vinculante que impide a los bancos financiar una parte muy importante de sus actividades con deuda. No obstante, en virtud del artículo 429, apartado 14, del Reglamento, en su versión aplicable en el litigio principal, una entidad puede solicitar a las autoridades que le permitan excluir de las exposiciones pertinentes para el cálculo del ratio de apalancamiento determinadas exposiciones que cumplan las condiciones establecidas en dicha disposición. (25)
40.      Es pacífico entre las partes del presente procedimiento que, por lo que respecta a tales solicitudes, el BCE disponía de un margen de apreciación. En efecto, en su versión aplicable en el litigio principal, el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 establecía que «las autoridades competentes podrán permitir que una entidad excluya […]». (26) Por esta razón, a la vista de las alegaciones formuladas por la parte recurrente, me centraré ahora en el alcance del control jurisdiccional que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe ejercer cuando se impugna la legalidad de un acto de la Unión para cuya adopción la institución de la Unión de que se trate dispone de un margen de apreciación.
c)      Principios y conceptos fundamentales sobre el nivel de control jurisdiccional
41.      El artículo 263 TFUE precisa el alcance del control jurisdiccional que debe ejercer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de impugnación de la legalidad de un acto de la Unión: podrá interponerse un recurso de anulación «por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder».
42.      No obstante, los Tratados guardan silencio con respecto al nivel de control jurisdiccional que debe aplicar el juez de la Unión. El concepto de «nivel de control» se refiere, con carácter general, a la intensidad del control que el juez puede ejercer al controlar la legalidad de los actos impugnados. Enfocado desde otro ángulo, el nivel de control corresponde al grado de deferencia concedido por los órganos jurisdiccionales a las instituciones que adoptaron los actos impugnados. Evidentemente, cuanto mayor sea la intensidad del control, menor será el grado de deferencia concedido a la institución en cuestión y viceversa.
43.      A este respecto, parece que no es objeto de debate que, en el sistema de la Unión, la intensidad del control jurisdiccional es la más elevada (27) por lo que se refiere, en primer lugar, a la determinación de los hechos «simples» (o «primarios»). Un hecho es verdadero o falso, y un eventual error a este respecto está sometido al control pleno del juez de la Unión. (28) En segundo lugar, las instituciones de la Unión, salvo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pueden disponer de cierto margen de apreciación en la aplicación de las normas de la Unión, pero no en su interpretación. En efecto, corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea —como intérprete supremo del Derecho de la Unión— «decir el Derecho». (29)
44.      No obstante, según reiterada jurisprudencia, a las instituciones de la Unión se les concede cierta deferencia cuando gozan de facultad discrecional en la aplicación de las disposiciones pertinentes. En este contexto, definiría la facultad discrecional como el margen de apreciación conferido (expresa o implícitamente) a las instituciones de la Unión por el Derecho primario o derivado de la Unión, para elegir entre diferentes líneas de acción lícitas al aplicar una norma determinada a fin de perseguir un objetivo concreto.
45.      A mi entender, en todos los ordenamientos jurídicos existe alguna forma de contención jurisdiccional por parte del poder judicial frente a la Administración cuando esta dispone de cierto margen de apreciación. (30) Es difícil imaginar que un ordenamiento jurídico pueda funcionar correctamente —al menos si se observa desde el punto de vista de las democracias occidentales de hoy, que se basan en principios como la separación de poderes y el equilibrio institucional— si el poder judicial está facultado para anular y sustituir las decisiones adoptadas por la Administración por cualquier motivo.
46.      Volviendo al ordenamiento de la Unión, en mi opinión, en términos generales, pueden distinguirse dos grandes categorías de facultades discrecionales.
1)      Categorías de facultades discrecionales
47.      En primer lugar, algunas disposiciones de la Unión confieren expresamente a las instituciones de la Unión de que se trate cierto margen de apreciación para decidir si deben actuar o de qué modo hacerlo en determinadas circunstancias, sobre la base de determinadas consideraciones políticas. Daré dos ejemplos a este respecto. En virtud del artículo 107 TFUE, apartado 3, la Comisión puede declarar compatibles con el mercado interior determinadas formas de ayudas públicas, cuando se cumplan determinadas condiciones. Con arreglo al artículo 215, TFUE, apartado 2, cuando una decisión adoptada de conformidad con el capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea así lo prevea, el Consejo podrá adoptar medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales. Con arreglo a ambas disposiciones, se reconoce a la institución responsable la facultad de decidir la línea de acción más adecuada por razones políticas. Estos son los casos que cabe denominar situaciones de facultad discrecional de carácter «político». (31)
48.      En segundo lugar, en algunas situaciones —que pueden calificarse de «facultad discrecional de carácter técnico» (32)las instituciones de la Unión de que se trate disponen de cierto margen de apreciación como consecuencia del hecho de que las disposiciones pertinentes de la Unión exigen una apreciación técnica compleja (por ejemplo, económica o científica), con el fin de subsumir una situación concreta en un concepto jurídico específico (y relativamente indeterminado). Por ejemplo, ¿es compatible con el mercado común una determinada ayuda porque «respond[e] a las necesidades de coordinación de los transportes» en el sentido del artículo 93 TFUE? ¿Conlleva un conjunto de circunstancias específicas «el riesgo de un déficit excesivo» en un Estado miembro en el sentido del artículo 126 TFUE, apartado 3?
49.      Por lo que respecta a la segunda categoría de facultades discrecionales, me gustaría aprovechar la ocasión para aclarar un concepto. En mi opinión, una apreciación no es «compleja» simplemente porque la determinación de los hechos pertinentes no sea sencilla y requiera, por el contrario, un proceso difícil, largo y basado en conocimientos específicos. En efecto, sería extraño pensar que los jueces pueden abstenerse de garantizar la tutela judicial efectiva a los justiciables cada vez que, desde el punto de vista fáctico, un asunto no esté claro. (33) La complejidad fáctica no puede ser una excusa para justificar la inercia o la superficialidad por parte de los jueces.
50.      En mi opinión, una apreciación solo es «compleja» cuando el marco fáctico pertinente no puede establecerse de manera objetiva o con certeza absoluta, (34) ya que personas razonables y bien informadas podrían, al menos en cierta medida, discrepar del resultado de la investigación de los hechos o su calificación jurídica. (35) Tal puede ser el caso cuando la institución en cuestión está obligada, por ejemplo, a recurrir a determinados modelos o hipótesis para deducir, de un conjunto de hechos simples, determinados hechos complejos,(36) o a realizar determinados juicios de valor para calificar los hechos o determinar las consecuencias jurídicas que de ellos se derivan. (37)
51.      La determinación de las situaciones en las que se muestra una cierta deferencia a las instituciones en cuestión se remonta a los inicios de la actividad del Tribunal de Justicia. (38) En particular, en la sentencia de referencia Meroni, el Tribunal de Justicia distinguió las dos categorías de facultades discrecionales. (39)
52.      Dicho esto, procede reconocer que no siempre es fácil hacer esta distinción. En efecto, podría sostenerse que la utilización por el legislador de conceptos particularmente imprecisos y amplios constituye, en la práctica, una delegación implícita a las instituciones en cuestión de la capacidad de adoptar determinadas decisiones políticas. No obstante, por las razones anteriormente expuestas, considero que existe una diferencia conceptual entre las dos categorías. Por regla general, entiendo que la facultad discrecional de carácter técnico se refiere principalmente al proceso cognitivo del autor de la decisión, mientras que la facultad discrecional de carácter político se refiere sobre todo a un acto de voluntad por su parte. (40)
53.      No obstante, por lo que se refiere al presente asunto, lo más importante es que el juez de la Unión ha adoptado un enfoque relativamente similar en lo que respecta al nivel de control jurisdiccional en ambas situaciones.Ese nivel de control da lugar a lo que a menudo se califica de «control marginal». Dos líneas jurisprudenciales son especialmente pertinentes a este respecto.
2)      Control marginal (o controles marginales) y errores manifiestos
54.      Por una parte, según reiterada jurisprudencia, las instituciones de la Unión gozan de una facultad discrecional relativamente amplia en ámbitos que implican que se pronuncien sobre opciones de naturaleza política, económica y social, y en los que deben ponderar consideraciones políticas. En esas situaciones, las medidas adoptadas solo pueden verse afectadas si tienen un carácter manifiestamente inadecuado, con relación al objetivo que tiene previsto conseguir la institución competente. (41)
55.      Por otra parte, con respecto a las apreciaciones técnicas complejas, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el control jurisdiccional «se circunscribe a comprobar el cumplimiento de las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos y la falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder». (42) A este respecto, el Tribunal de Justicia también ha añadido que la existencia de un margen de apreciación en materia técnica no implica que el juez de la Unión deba abstenerse de controlar la evaluación que hagan las instituciones de datos de carácter técnico. En efecto, el juez no solo debe «verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de ellos». (43)
56.      Estas dos líneas jurisprudenciales, a pesar de las diferencias terminológicas —sobre cuyo sentido volveré más adelante (44)tienen un elemento importante en común. Por lo que se refiere a la fundamentación del acto impugnado, el juez de la Unión solo puede censurar a la institución en cuestión en caso de errores manifiestos.
57.      Dicho esto, procede añadir que considero un tanto desafortunado el uso del término «manifiesto» en este contexto. En efecto, este término podría transmitir la idea de que los errores que no sean suficientemente evidentes no serán censurados por el juez de la Unión. (45) En mi opinión, se trata de una interpretación errónea de este término. Tal enfoque en materia de control jurisdiccional sería difícilmente compatible, ante todo, con el artículo 47 de la Carta, que no limita el derecho a la tutela judicial efectiva a los casos de vulneraciones flagrantes de los derechos y libertades de los justiciables.
58.      En mi opinión, el término «manifiesto» debe entenderse más bien por referencia a la obligación del demandante de demostrar suficientemente, (46) que el análisis efectuado por la institución en cuestión no era razonable o que las conclusiones a las que llegó no eran plausibles. (47) Como se ha mencionado en el punto 43 de las presentes conclusiones, al menos en teoría, un error cometido por una institución en la exposición de los hechos o en la interpretación del Derecho es una situación «dicótoma» (es decir, correcta o errónea). En cambio, cuando la institución competente goza de cierta facultad discrecional en cuanto a las modalidades de aplicación de una norma, existe una serie de opciones (más o menos importantes según las circunstancias) entre las que dicha institución puede legítimamente elegir. Por lo tanto, solo existe un error de apreciación cuando la institución ha elegido una línea de acción que no está comprendida en la serie de aplicaciones autorizadas por el Derecho.
59.      Estas consideraciones me llevan al siguiente punto.
3)      Ausencia de control ex novo
60.      En virtud de los artículos 263 TFUE, 267 TFUE y 277 TFUE, el juez de la Unión «controlará la legalidad» de los actos de la Unión, lo que implica un control de su legalidad y no de su oportunidad. El juez de la Unión se limita a controlar si el acto impugnado se adoptó respetando las normas materiales y procedimentales pertinentes, a la vista de los motivos invocados porla parte que impugna la legalidad de dicho acto, y de los elementos de prueba aportados por esta. (48)
61.      Los jueces no reexaminan la totalidad del asunto para determinar cuál habría sido, en su opinión, la mejor línea de acción de la institución de que se trate en unas circunstancias determinadas. No solo los procedimientos judiciales resultan inapropiados para cualquier forma de control ex novo, (49) sino que, más concretamente, existe una razón constitucional que se opone al control jurisdiccional pleno de las decisiones discrecionales de la administración. En esos casos, la facultad de adoptar esas decisiones se ha confiado expresamente a una institución distinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (50) Una forma demasiado intrusiva de control jurisdiccional invadiría el margen de apreciación reconocido a las instituciones para ejercer sus competencias de manera eficaz, lo que iría en contra del principio de atribución de competencias en favor de las instituciones, y violaría el principio de equilibrio institucional. (51)
62.      Por consiguiente, como señaló acertadamente la Abogada General Kokott, para sostener la existencia de un error manifiesto de apreciación no basta con que el juez tenga una opinión distinta a la de la institución responsable del acto objeto de control: si los hechos y los elementos de prueba disponibles permiten aceptar como defendibles diferentes valoraciones, desde el punto de vista jurídico nada puede objetarse a que la institución se decidiera por una de ellas, aunque esta no sea la preferida por el juez de la Unión. Para que exista un error manifiesto de apreciación es necesario que las conclusiones extraídas por la institución en cuestión a la luz de los hechos y los elementos de prueba disponibles no sean defendibles. Es decir, cuando, a pesar del margen de apreciación de la institución, no se aprecie ningún fundamento razonable para su decisión. (52)
4)      Determinación del criterio específico en cada caso
63.      Dicho esto, procede admitir que la determinación, en cada caso, de los límites exactos de la facultad discrecional de que goza una institución —y, en consecuencia, de la intensidad del control jurisdiccional— puede ser, a veces, una tarea difícil. El margen de apreciación de que dispone una institución para adoptar una decisión determinada varía evidentemente de un asunto a otro, en función de diferentes variables. En mi opinión, las variables más importantes son las siguientes.
64.      En primer lugar, las dos líneas jurisprudenciales mencionadas en los puntos 54 y 55 de las presentes conclusiones sugieren que las instituciones gozan de un mayor margen de apreciación cuando actúan en calidad de órgano legislativo, que cuando actúan en el marco de sus funciones administrativas. (53) Como señaló de manera acertada el Abogado General Léger en las conclusiones presentadas en el asunto Rica Foods, al adoptar actos de alcance general, las instituciones «deben generalmente arbitrar entre intereses divergentes y elegir así determinadas opciones en el marco de las elecciones políticas que forman parte de sus responsabilidades. La facultad discrecional de carácter “político” corresponde por tanto a las responsabilidades políticas atribuidas a una institución por una disposición [de la Unión]». (54)
65.      De acuerdo con el artículo 10 TUE, apartado 1, «el funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa». (55) Por lo tanto, no puede corresponder al juez de la Unión cuestionar las elecciones políticas realizadas por las instituciones de la Unión que, por su legitimidad democrática, están facultadas para adoptar actos legislativos. Por el contrario, cuando un acto tiene principalmente carácter ejecutivo y solo produce efectos frente a una o varias personas concretas, existe una mayor necesidad de que el juez de la Unión proteja sus derechos contra una eventual acción administrativa ilegal.
66.      En segundo lugar, esta jurisprudencia sugiere también que la facultad discrecional de carácter político debería implicar generalmente que la institución de que se trate goza de un mayor margen de apreciación. (56) Esta sugerencia también es, en mi opinión, razonable. En efecto, en caso de facultad discrecional de carácter político, se reconoce expresamente a la institución de que se trate la facultad de elegir entre diferentes líneas de acción, todas ellas legítimas, basándose en su propia evaluación de las circunstancias pertinentes. Por el contrario, la facultad discrecional de carácter técnico es, en general, más limitada en la medida en que no es sino la consecuencia (prevista o no) del hecho de que una institución esté obligada, a efectos de la aplicación de la ley, a apreciar situaciones complejas en las que algunos de los elementos pertinentes son intrínsecamente inciertos, especulativos o subjetivos. (57) Además, observo que, en la mayoría de los casos, el ejercicio de la facultad discrecional de carácter político implica también el ejercicio de cierta discrecionalidad técnica, (58) pero lo contrario no es (necesariamente) cierto. (59)
67.      En tercer lugar, y lo que es más importante, el margen de apreciación reconocido a las instituciones de la Unión depende, en particular, del tenor y del objetivo de las disposiciones pertinentes. En efecto, es el legislador (constitucional u ordinario) de la Unión quien delega determinadas facultades en las instituciones mediante la adopción de las disposiciones legales pertinentes y establece los límites dentro de los cuales pueden ejercer dichas facultades. (60)
68.      Un examen superficial de varias disposiciones de la Unión muestra que las elecciones realizadas por el legislador de la Unión a este respecto presentan grandes diferencias. Por lo que respecta a la facultad discrecional de carácter político, en ocasiones, las disposiciones confieren total discrecionalidad a la institución responsable, (61) mientras que, en otras circunstancias, esta facultad está limitada, en distintos grados, al establecer los elementos que la institución debe tomar en consideración. (62) En cuanto a la facultad discrecional de carácter técnico, el margen de apreciación de que dispone la institución depende, por una parte, de la complejidad de la situación que debe verificarse o evaluarse y, por otra parte, del grado de abstracción o de generalización del concepto jurídico en el que debe subsumirse dicha situación. Una vez más, estos dos aspectos pueden variar notablemente. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia ha subrayado (63) que los análisis prospectivos (64) difieren, por naturaleza, de las apreciaciones de hechos del pasado o del presente. (65) Además, la tarea de calificación jurídica de los hechos puede exigir realizar una apreciación esencialmente empírica, (66) o incluso determinados juicios de valor. (67)
69.      En cuarto lugar, la intensidad del control del ejercicio de la facultad discrecional debe depender también de la naturaleza del derecho invocado por el demandante y del grado de injerencia en dicho derecho. Como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia Digital Rights Ireland, «dado que se trata de injerencias en los derechos fundamentales, el alcance de la facultad de apreciación [de la institución de la Unión pertinente] puede resultar limitado en función de una serie de factores, entre los que figuran, en particular, […] el carácter del derecho en cuestión garantizado por la Carta, la naturaleza y la gravedad de la injerencia, así como la finalidad de esta». Las injerencias graves en aspectos esenciales de los derechos fundamentales implican que «la facultad de apreciación de [la institución] resulta reducida, por lo que el control de dicha facultad debe ser estricto». (68)
70.      Por último, pero no por ello menos importante, en mi opinión, el marco jurídico y fáctico en el que se adopta un acto puede influir también en el margen de apreciación de que dispone la institución en cuestión y, en consecuencia, en el control del ejercicio efectivo de esa facultad discrecional llevado a cabo por el juez de la Unión.
71.      En cuanto al primer aspecto, estoy pensando, especialmente, en el principio de cautela en el ámbito de la protección de la salud pública o del medio ambiente, (69) o en el principio de presunción de inocencia en el ámbito del Derecho de competencia. (70) En mi opinión, la aplicación de estos principios podría, en determinados casos, inclinar la balanza hacia la acción o la inacción, o conceder a la institución de que se trate más margen de apreciación para un tipo concreto de intervención que para otro.
72.      Por lo que se refiere al segundo aspecto, es lógico que el modo en que las instituciones hacen uso de su facultad discrecional se vea influido por las condiciones imperantes en el momento de la adopción de sus actos. Por ejemplo, el panorama pertinente para las decisiones que deben tomarse en el ámbito de la política energética de la Unión puede haber cambiado de forma repentina y significativa a partir del 24 de febrero de 2022, fecha en la que la Federación de Rusia invadió Ucrania.
73.      Las consideraciones anteriores me llevan a estimar que no existe una intensidad específica y única del control jurisdiccional que sea válida en todas las circunstancias en que las instituciones de la Unión disponen de cierto grado de discrecionalidad (política o técnica) en cuanto a la aplicación de una norma determinada. (71) Tampoco creo que pueda elaborarse un criterio o una fórmula sencillos a este respecto. (72) El control «marginal» mencionado generalmente por el juez de la Unión puede ser más o menos marginal, en función de las circunstancias específicas de cada caso. Así pues, corresponde al juez de la Unión determinar, caso por caso, en función de todas las circunstancias pertinentes, la intensidad específica que debe aplicarse al control del ejercicio por una institución de su facultad discrecional. (73)
74.      Naturalmente, cabe considerar que la ausencia de un criterio claro es una fuente de inseguridad jurídica. Sin embargo, como se ha mencionado en los puntos anteriores de las presentes conclusiones, la adecuada intensidad del control puede determinarse mediante el examen del margen de apreciación de que dispone la institución en cuestión. De las normas y principios generales del Derecho institucional de la Unión pueden deducirse algunas indicaciones a este respecto.
75.      A la luz de estas normas y principios examinaré a continuación las alegaciones formuladas por las partes en el contexto del primer motivo de casación del BCE.
d)      Apreciación
76.      En esencia, en la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que el BCE había incurrido en error manifiesto de apreciación al denegar la solicitud de Crédit Lyonnais de excluir del cálculo de su ratio de apalancamiento la totalidad de sus exposiciones frente a la CDC.
77.      Por lo tanto, para responder al primer motivo de casación del BCE, procede examinar si, para llegar a esta conclusión, el Tribunal General aplicó un nivel de control correcto. ¿Procedió el Tribunal General —como sostiene el BCE— a una evaluación ex novo de la situación de que se trata, sin tener en cuenta el margen de apreciación que el legislador de la Unión confirió a dicha institución en materia prudencial? o bien ¿el Tribunal General se limitó a verificar —como sostiene Crédit Lyonnais— que el BCE no había adoptado la Decisión impugnada sobre la base de datos materialmente exactos, fiables y coherentes?
78.      Comprendo en parte las alegaciones formuladas por Crédit Lyonnais. A primera vista, es cierto que el texto de la sentencia recurrida puede interpretarse en el sentido de que el Tribunal General ejerció su función de control de la legalidad de la Decisión impugnada de conformidad con la jurisprudencia reiterada mencionada en el punto 55 de las presentes conclusiones, que fue debidamente recordada en los apartados 98 y 99 de la sentencia recurrida. Literalmente, el Tribunal General se limitó a subrayar que: i) en su análisis, el BCE ignoró o apreció incorrectamente determinados elementos pertinentes para la situación (la cualidad de «valor refugio» del ahorro regulado, la transferencia obligatoria de los fondos a la CDC y la existencia de una doble garantía del Estado), y ii) los principales elementos mencionados en la Decisión impugnada (la liquidez del ahorro regulado y el ejemplo relativo a las crisis bancarias recientes) no respaldaban la conclusión a la que llegó el BCE.
79.      No obstante, un examen más profundo de la sentencia recurrida revela que, como sostiene el BCE, el Tribunal General fue más allá del simple control de legalidad de la Decisión impugnada, procediendo de facto a un control autónomo de la situación de que se trata y sustituyendo finalmente la apreciación del BCE por la suya propia.
80.      En las siguientes secciones explicaré, en primer lugar, por qué, en un caso como el de autos, una forma de control jurisdiccional particularmente intrusiva del fondo de la Decisión del BCE no era, a mi juicio, adecuada. Dicho esto, me centraré en los pasajes específicos de la sentencia recurrida que, en mi opinión, demuestran el nivel de control erróneo aplicado por el Tribunal General en el presente asunto.
1)      El amplio margen de apreciación reconocido al BCE
81.      Tengo la firme convicción de que el legislador de la Unión ha querido que el BCE disponga de una amplia facultad discrecional con arreglo al artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 (en su versión aplicable en el litigio principal).
82.      En primer lugar, no cabe duda de que esta disposición confiere al BCE tanto una facultad discrecional de carácter político como una facultad discrecional de carácter técnico para decidir si debe concederse una exclusión en una situación determinada y, en caso afirmativo, en qué medida.
83.      En segundo lugar, el tenor de las disposiciones pertinentes indica un amplio margen de apreciación en ambos aspectos. Por una parte, se reconoce al BCE la facultad discrecional de permitir la exclusión («podrán»), sin que dicha facultad esté limitada por factores o parámetros específicos que la institución esté obligada a tener en cuenta en su apreciación. Así pues, corresponde al BCE determinar el nivel adecuado de protección de los intereses en juego (en particular, el nivel de riesgo que puede considerarse aceptable), y elaborar el método analítico que considere más adecuado a tal fin.
84.      Por otra parte, por lo que se refiere a la facultad discrecional de carácter técnico, el BCE no solo está obligado a realizar un análisis prospectivo, sino también un análisis basado en varios juicios de valor y predicciones sumamente especulativos y aleatorios. En caso de retiradas masivas, ¿qué importe de los depósitos cabe esperar que sean retirados y en qué plazo? ¿Podría el banco atender esas retiradas sin tener que recurrir a medidas correctoras de urgencia? ¿Cuál es el importe de fondos propios del banco que puede razonablemente exigirse para cubrir las pérdidas imprevistas en esas situaciones? (74)
85.      En tercer lugar, el objetivo perseguido por la normativa en cuestión (garantizar, en primer lugar, la solidez de las entidades de crédito y proteger a los inversores y depositantes y, por extensión, la estabilidad del sistema financiero en su conjunto)(75) reviste una gran importancia. En cambio, la injerencia en las libertades económicas de los bancos de que se trate derivada de una denegación con arreglo al artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 es relativamente limitada en la medida en que dichos bancos podrían adoptar libremente diversas medidas comerciales para reducir un apalancamiento excesivo.
86.      En cuarto lugar, de lo anterior se deduce que los errores de tipo I cometidos por el BCE (es decir, falsos positivos que dan lugar a un rigor excesivo) son mucho menos trascendentales que los errores de tipo II (es decir, falsos negativos que dan lugar a una indulgencia excesiva). Así pues, es lógico que, en situaciones de especial incertidumbre o cuando aparentemente se trata de un «caso límite», se conceda al BCE un mayor margen de apreciación a la hora de decidir dar más importancia a la seguridad y, por lo tanto, aplicar estrictamente las disposiciones pertinentes. Este enfoque es coherente con el hecho de que la normativa controvertida forma parte del paquete de medidas adoptadas en respuesta a la crisis financiera de los años 2007 y 2008, cuya finalidad es evitar, en la medida de lo posible, que se produzcan situaciones similares en el futuro. (76)
87.      Las consideraciones anteriores me llevan a estimar que, a la hora de adoptar una decisión con arreglo al artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013, el BCE disponía de un margen de apreciación bastante amplio, tanto para valorar las circunstancias pertinentes como para determinar la existencia de una exclusión y su cuantía. (77) De ser así, la consecuencia es que el control jurisdiccional no puede ser demasiado intrusivo con respecto a los elementos materiales de la Decisión impugnada (nivel adecuado de protección frente a los riesgos de apalancamiento excesivo, identificación y ponderación de los elementos tenidos en cuenta para establecer tal riesgo, decisiones tomadas en situaciones límite, etc.), so pena de invadir dicho margen de apreciación.
88.      Los apartados siguientes de la sentencia recurrida muestran por qué, en mi opinión, el Tribunal General incurrió en error de Derecho a este respecto.
2)      La cualidad de «valor refugio» del ahorro regulado
89.      Tanto en el presente recurso de casación como en el procedimiento de primera instancia, Crédit Lyonnais hizo especial hincapié en la cualidad de «valor refugio» del ahorro regulado, elemento que supuestamente el BCE ignoró. El Tribunal General se mostró de acuerdo con Crédit Lyonnais a este respecto. En los apartados 107 a 110 de la sentencia recurrida, el Tribunal General reprochó al BCE no haber mencionado esta característica del ahorro regulado en la Decisión impugnada. El Tribunal General señaló que Crédit Lyonnais había demostrado de modo suficiente en Derecho que, durante las crisis bancarias, más que disminuir como consecuencia de las retiradas efectuadas por los depositantes, los volúmenes invertidos en el ahorro regulado en Francia tendían a aumentar, puesto que los depositantes lo consideraban un valor refugio. (78)
90.      No obstante, existe cierta discordancia entre el razonamiento seguido por el Tribunal General en la sentencia recurrida y la lógica de la Decisión examinada en dicha sentencia.
91.      En la Decisión impugnada, el BCE no procedió a una apreciación de los riesgos prudenciales que presenta el ahorro regulado en abstracto. El BCE examinó concretamente la situación específica de Crédit Lyonnais. En efecto, parece que es preciso realizar una apreciación del caso concreto con arreglo al artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013. (79)
92.      Como señaló el BCE en el apartado 2.2 de la Decisión impugnada, «el BCE concede una exclusión teniendo en cuenta los riesgos prudenciales globales asociados a la situación concreta de las entidades sujetas a supervisión prudencial y a las características específicas del ahorro regulado». (80) En efecto, el BCE tuvo en cuenta, en particular, la magnitud y el aumento a lo largo del tiempo de la exposición de Crédit Lyonnais frente a la CDC y el hecho de que dicho banco no quedaba cubierto por el mecanismo de solidaridad del grupo Crédit Agricole.
93.      La cualidad de «valor refugio» del ahorro regulado —que el BCE no ha negado ni ante el Tribunal General (81) ni ante el Tribunal de Justicia— puede perfectamente dar lugar a un aumento general de los depósitos durante los períodos de crisis económica o financiera, como señaló el Tribunal General. Sin embargo, por sí sola, esta característica no excluye la posibilidad de que un banco concreto sufra retiradas masivas, por ejemplo, un banco cuya situación se deteriore hasta tal punto de que los depositantes empiecen a temer que en breve se declare insolvente.
94.      El BCE subrayó este aspecto cuando observó que nada se oponía a que los depositantes preocupados por el buen funcionamiento de un banco determinado retiren de ese banco los fondos invertidos en ahorro regulado, y realicen un nuevo depósito, también en ahorro regulado, en otro banco que se perciba como «más sano». Sin embargo, el Tribunal General no tuvo en cuenta ese argumento.
95.      En términos más globales, el Tribunal General no realizó un examen en profundidad de la manera en que la percepción por parte de los depositantes de la cualidad de valor refugio del ahorro regulado podría influir efectivamente en su comportamiento durante un período de especial tensión para Crédit Lyonnais. No resulta evidente que las conclusiones del Tribunal General sobre la cualidad de valor refugio del ahorro regulado nieguen necesariamente la verosimilitud y la razonabilidad de las consideraciones del BCE relativas a los riesgos existentes para Crédit Lyonnais, habida cuenta de su situación concreta. Tampoco parece que los elementos de prueba mencionados en la sentencia recurrida sobre este punto (82) aporten ningún elemento adicional a este respecto.
3)      La probabilidad de que el ahorro regulado contribuya a la constitución de un apalancamiento excesivo
96.      A continuación, en los apartados 111 a 113 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que el ahorro regulado poco puede contribuir a la constitución de un apalancamiento excesivo, porque, en su opinión, estos depósitos no se dejan a la libre disposición del banco, que podría invertirlos como considere oportuno, incluso en activos no líquidos o de riesgo, sino que necesariamente deben transferirse a la CDC.
97.      Sin embargo, una vez más, no veo por qué tal conclusión invalida el razonamiento del BCE. El hecho de que las exposiciones de Crédit Lyonnais de que se trata se deriven de depósitos que deben transferirse a un ente del sector público es una las condiciones que se han de cumplir para que el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 resulte aplicable en primer lugar. No obstante, como ya se ha mencionado, la aplicación de esta disposición no es automática: el BCE no está obligado a conceder la exclusión siempre que se cumplan esas condiciones, puesto que dispone de una facultad discrecional a este respecto.
98.      En cualquier caso, el hecho de que las cantidades transferidas a la CDC no puedan invertirse libremente en activos no líquidos o de riesgo —punto subrayado por el Tribunal General— reviste una importancia relativa en este contexto. En efecto, para el cálculo del ratio de apalancamiento, las exposiciones no se ponderan por riesgo individualmente, sino que todas ellas se incluyen en la medida de la exposición. (83) Por defecto, deben tenerse en cuenta todas las exposiciones, independientemente de su perfil de riesgo. Solo de forma excepcional pueden excluirse algunas exposiciones del cálculo del ratio de apalancamiento, (84) cuando se considere que estas exposiciones presentan un nivel de riesgo particularmente bajo, (85) atendiendo a las circunstancias específicas del caso. (86) Una interpretación diferente de esta disposición sería contraria a la lógica y a la finalidad inherentes al ratio de apalancamiento y no tendría en cuenta el hecho de que, como excepción a una regla general, el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 debería interpretarse de manera restrictiva.
99.      Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, de la sentencia recurrida no se desprende que el Tribunal General haya apreciado si puede considerarse que el ahorro regulado, en la situación específica de Crédit Lyonnais, presenta un nivel de riesgo particularmente bajo.
100. Por consiguiente, en cuanto a la importancia de este elemento (el hecho de que los depósitos se transfieran obligatoriamente a la CDC), el Tribunal General parece haber efectuado su propia evaluación, sin explicar cómo encajan sus conclusiones a este respecto en el esquema de la Decisión impugnada. Esto resulta desconcertante, especialmente teniendo en cuenta que parece que el Tribunal General ha refrendado la validez de la metodología global adoptada por el BCE para examinar la solicitud de exclusión de Crédit Agricole. (87)
4)      La existencia de una doble garantía del Estado
101. En el apartado 114 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que, a diferencia de los depósitos ordinarios, el ahorro regulado se beneficia de una doble garantía del Estado.
102. Sobre esto no hay controversia y, de hecho, se mencionó expresamente en la Decisión impugnada. (88) No obstante, una vez más, las explicaciones del Tribunal General sobre cómo este elemento contradecía el análisis del BCE fueron bastante vagas y genéricas. Si he entendido correctamente el apartado 114 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se limitó a poner de manifiesto otro elemento que hacía improbable, en su opinión, el riesgo de retiradas masivas con respecto al ahorro regulado: debido a la doble garantía del Estado, no habría motivo alguno para retirar fondos ni siquiera en una situación de crisis para Crédit Lyonnais. (89)
103. En tal caso, el Tribunal General debería haber explicado, sin duda, las razones por las que puede considerarse que la mayoría de los depositantes que han invertido en ahorro regulado actuarían de manera racional en una situación que, al menos para los depositantes ordinarios, podría dar lugar a retiradas masivas. En mi opinión, la reciente experiencia, tanto dentro como fuera de Europa, demuestra que tal comportamiento racional dista de ser cierto. (90) En situaciones de pánico creciente entre los ahorradores, en las que los medios de comunicación muestran imágenes de largas colas de personas esperando para retirar sus depósitos, parece que existe cierto riesgo de efecto de bola de nieve incontrolado. No obstante, con independencia de mi opinión personal —probablemente formada a partir de mi propia experiencia en la crisis financiera chipriota de los años 2012 y 2013—, en la medida en que el BCE no había tomado en consideración este elemento, incumbía al Tribunal General tratarlo de manera expresa y apoyar sus conclusiones en las pruebas necesarias.
104. Además, considero que debería haberse incluido algún tipo de explicación en cuanto a la manera en que la afirmación lacónica del Tribunal General que figura en el apartado 114 de la sentencia recurrida puede conciliarse con sus constataciones anteriores relativas al hecho de que, en la Decisión impugnada, el BCE había tenido debidamente en cuenta el riesgo de impago de la Administración central, al señalar que la calificación crediticia atribuida a Francia no era la más elevada posible y que, en el contexto de las permutas de cobertura por impago, su riesgo de impago se consideraba bajo, pero no nulo. (91)
105. Ciertamente, el Tribunal General podría haber considerado que el BCE había evaluado erróneamente dicho riesgo de impago. Sin embargo, aunque Crédit Lyonnais formuló algunas alegaciones sobre este punto, el Tribunal General no se pronunció al respecto. (92)
106. Así pues, también por lo que respecta a este elemento, el Tribunal General parece haber procedido a una evaluación autónoma de las características del ahorro regulado y de su importancia a efectos del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013, es decir, una evaluación un tanto desligada del texto y de la lógica de la Decisión impugnada.
5)      La «liquidez» del ahorro regulado
107. En los apartados 115 y 116 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluye que, habida cuenta de sus constataciones relativas a las características del ahorro regulado, su liquidez no puede, por sí sola, justificar adecuadamente la conclusión del BCE en cuanto al riesgo de ventas de emergencia de activos. El Tribunal General precisó que, si bien ofrece a los ahorradores la posibilidad de retirar sus depósitos, la liquidez también contribuye a que consideren que el ahorro regulado es un valor refugio.
108. A este respecto, coincido con el Tribunal General en que el hecho de que los depositantes puedan retirar libre e inmediatamente sus fondos del banco no es, por sí solo, un elemento determinante para acreditar la existencia de un riesgo de ventas de emergencia de activos. Sin embargo, como ya se ha expuesto anteriormente, no me convence la crítica del Tribunal General a los demás elementos que el BCE tuvo, o no tuvo, en cuenta.
109. Sobre todo, el modo en que el Tribunal General describió y resumió el razonamiento del BCE en la Decisión impugnada es bastante sorprendente. Al leer la sentencia recurrida se puede tener la impresión de que la liquidez del ahorro regulado constituyó un elemento clave para permitir al BCE justificar su conclusión.
110. Sin embargo, se trata de una lectura un tanto inexacta de la Decisión impugnada. En esencia, según el razonamiento seguido por el BCE en esta Decisión, en caso de retiradas masivas por parte de los ahorradores, Crédit Lyonnais difícilmente podría atender las retiradas, sin tener que adoptar medidas de urgencia, porque una parte importante de sus depósitos se transfieren a la CDC, que dispone de un intervalo de ajuste de diez días durante el cual el banco sigue siendo responsable de las retiradas.
111. En este contexto, el hecho de que el ahorro regulado sea particularmente líquido y, por tanto, los ahorradores puedan retirarlo con facilidad y de inmediato, constituye sin duda un elemento pertinente para el análisis. Obviamente, el riesgo de ventas de urgencia sería mucho menor si existieran obstáculos jurídicos o prácticos a las retiradas inmediatas de los fondos por parte de los depositantes. Sin embargo, no es un elemento central del análisis. Dicho en pocas palabras, cabe afirmar que la liquidez no es una de las fuentes del riesgo, sino un factor que lo favorece. La referencia (casi de pasada) a la liquidez en el apartado 2.2.2 de la Decisión impugnada es bastante reveladora a este respecto.
112. Además, el Tribunal General puede estar en lo cierto en cuanto a que la liquidez del ahorro regulado constituye una de las razones que lo hacen interesante para los ahorradores durante los períodos de incertidumbre financiera. (93) No obstante, también en relación con este punto, parece que en el razonamiento del Tribunal General falta un elemento: ¿basta esa sensación general de «seguridad» de los depositantes en cuanto al ahorro regulado para evitar que retiren rápidamente sus fondos cuando, por ejemplo, surjan problemas específicos en la estabilidad financiera de Crédit Lyonnais?
113. Desde un punto de vista lógico, la reflexión del Tribunal General sobre este punto parece la clásica «arma de doble filo». Si la liquidez del ahorro regulado contribuye a que los ahorradores se sientan seguros porque les permite retirar libremente sus fondos en cualquier momento, ¿esto no significa que dichos ahorradores desearían efectivamente retirar los fondos cuando la situación de su banco se deteriore?
114. Por consiguiente, la apreciación del Tribunal General sobre este punto resulta incompleta. Esto demuestra de nuevo que, en lugar de proceder al control de la motivación de la Decisión impugnada, el Tribunal General realizó su propia apreciación de la situación.
6)      El ejemplo relativo a la experiencia de crisis bancarias recientes
115. En los apartados 117 a 122 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no se mostró de acuerdo con la afirmación del BCE según la cual la experiencia de crisis bancarias recientes demuestra que las retiradas masivas pueden tener lugar en un plazo de menos de cinco días. El Tribunal General señaló que el BCE se basó en un único ejemplo a este respecto (en lo sucesivo, «ejemplo»), y que este ejemplo se refería a los depósitos ordinarios, que se distinguían, por tanto, del ahorro regulado en varios aspectos. Sobre esta base, el Tribunal General llegó a la conclusión de que el supuesto riesgo de retiradas masivas que podría desencadenar una venta de emergencia de activos por parte de Crédit Lyonnais no estaba debidamente acreditado mediante elementos de prueba.
116. Estoy de acuerdo con el Tribunal General en que la Decisión impugnada no es ciertamente un modelo de claridad y precisión a este respecto. Sin embargo, la crítica del Tribunal General sobre este punto parece derivarse de una lectura errónea de dicha Decisión.
117. El BCE no pretendió hacer una comparación entre el ejemplo y la situación de Crédit Lyonnais. La referencia a la experiencia reciente pretendía simplemente ilustrar la rapidez con la que pueden producirse retiradas masivas cuando surgen serias dudas sobre la estabilidad de un banco y, por consiguiente, la razón por la que la posible demora de diez días entre las retiradas efectuadas por los ahorradores y el reembolso de las cantidades por parte de la CDC podría, en determinadas circunstancias, ser problemática.
118. En efecto, en la Decisión impugnada, el BCE reconoció que no se habían producido recientemente retiradas masivas con respecto a formas de ahorro similares. Dicho esto, el BCE subrayó que no estaba obligado a limitar sus preocupaciones prudenciales a los tipos de riesgos ya materializados en el pasado. (94)
119. Por lo tanto, el Tribunal General puede estar en lo cierto en cuanto a la limitada comparabilidad de ambas situaciones. Sin embargo, esto no es suficiente para invalidar las consideraciones del BCE sobre este punto. En efecto, el Tribunal General i) no cuestionó la exactitud de los datos proporcionados por el BCE, ii) no explicó por qué, a su juicio, el plazo de cinco días no podía aplicarse en el caso de Crédit Lyonnais, y iii) no puso en tela de juicio la matriz utilizada por el BCE en este contexto, que diferencia el porcentaje de exclusión en función del intervalo temporal del reembolso por parte del ente del sector público pertinente (menos de cinco días, entre cinco y diez días, entre diez días y un mes, y más de un mes). (95)
120. Por añadidura, la sentencia recurrida no contiene ninguna explicación sobre la razón por la que no estaría justificado que el BCE aplique un enfoque prudente y aumente su vigilancia. En realidad, considero que, habida cuenta del fin fundamental perseguido por la normativa de la Unión controvertida (evitar que se produzcan nuevas crisis financieras) y del objetivo de las disposiciones específicas de que se trata (garantizar la solidez y la estabilidad de las entidades financieras limitando su apalancamiento), no reducir la evaluación prudencial únicamente a los riesgos materializados en el pasado constituye una aplicación razonable de la ley.
7)      La falta de fundamento para denegar una exclusión total
121. Por último, considero fundada la crítica del BCE relativa al apartado 126 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General señaló, en primer lugar, que, «habida cuenta de la metodología aplicada por el BCE», las razones «relativas, respectivamente, a la calidad crediticia de la Administración central y al nivel de concentración de las exposiciones frente a la CDC, aun suponiendo que no adolezcan de una ilegalidad, no permitían justificar la denegación de la solicitud de la demandante». El Tribunal General añadió que «sobre la base de dicha metodología, la toma en consideración de únicamente estas razones no habría dado lugar a que se negara a la demandante la posibilidad de acogerse enteramente a la excepción prevista en el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013». (96)
122. Estas declaraciones categóricas y directas son desconcertantes. En primer lugar, el Tribunal General no precisa la consecuencia global de su evaluación individual de los diferentes elementos que, a su juicio, el BCE había ignorado o no apreciado correctamente, con respecto al nivel de riesgo (¿bajo, particularmente bajo, nulo, inexistente de facto?) de venta de emergencia de activos por parte de Crédit Lyonnais. En segundo lugar, aun suponiendo que el Tribunal General lo hubiera hecho, la sentencia recurrida no contiene ninguna explicación concreta en cuanto a la manera en que sus constataciones relativas al riesgo de venta de emergencia de activos deberían haberse reflejado en la metodología del BCE. El silencio de la sentencia recurrida a este respecto es destacable, ya que las afirmaciones que figuran en su apartado 126 constituyen el fundamento de la anulación de la Decisión impugnada. (97) En tercer lugar, el Tribunal General parece adoptar una postura sobre lo que el BCE habría hecho —y no sobre lo que el BCE debería o no debería haber hecho— si tales elementos se hubieran apreciado correctamente. Esta diferencia no es una cuestión de terminología. El Tribunal General no determina los límites de la acción administrativa del BCE, sino que parece que «se pone en su lugar», ignorando el amplio margen de apreciación de que dispone dicha institución en lo que respecta a las apreciaciones de fondo con arreglo al artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013.
8)      Conclusión sobre el primer motivo
123. Normalmente cabe esperar que, en el sistema del «control de legalidad» establecido por los Tratados de la Unión, el punto de partida del análisis efectuado por el juez que conoce de un asunto como el presente sea el propio texto del acto impugnado. Este análisis tiene en cuenta, por lo general, la lógica y la estructura de dicho acto y, a continuación, examina las alegaciones formuladas por la institución de que se trata para apoyar la conclusión a la que llega finalmente. La cuestión fundamental debería ser si la institución que adoptó la decisión impugnada aplicó razonablemente la disposición pertinente, habida cuenta del margen de apreciación que se le otorgó.
124. Por las razones expuestas en las secciones anteriores, me resulta difícil encontrar elementos de tal enfoque en el caso de autos.
125. La crítica del análisis del BCE se expresa principalmente en algunos breves pasajes, en los que a veces se pasa por alto la complejidad de las cuestiones de que se trata. Por lo tanto, el Tribunal General sustituye este análisis por el suyo propio, basado en una evaluación alternativa de determinados elementos de hecho, que a menudo se apoya en declaraciones o pruebas no fundamentadas cuyo valor probatorio dista de ser evidente. Sobre todo, el Tribunal General parece haber evaluado estos elementos de forma aislada, sin realmente «atar cabos»: no analiza la interacción entre estos elementos y, lo que es aún más importante, no explica cómo se reflejaría su evaluación de esos elementos al integrarla en la metodología utilizada por el BCE, que —vale la pena volver a subrayar— no fue criticada por el Tribunal General.
126. En particular, como señala acertadamente el BCE, el Tribunal General se centró de manera exclusiva en la apreciación de la probabilidad de retiradas masivas en un breve lapso de tiempo, sin tener en cuenta las posibles consecuencias de la materialización de dicho riesgo en la situación financiera de Crédit Lyonnais, habida cuenta del nivel de su exposición frente a la CDC. A este respecto, cabe afirmar que, a lo sumo, el Tribunal General realizó «la mitad del trabajo» al examinar las características del ahorro regulado en general, pero, a diferencia del BCE en la Decisión impugnada, (98) no cumplió la otra «mitad del trabajo», que consistía en examinar la situación específica de Crédit Lyonnais.
127. En conclusión, considero que el Tribunal General ejerció una forma de control particularmente intrusiva sobre determinados elementos del análisis efectuado por el BCE (nivel de riesgo aceptable, identificación y naturaleza de los elementos tomados en consideración para evaluar dicho riesgo, etc.), sin que sus apreciaciones al respecto estén respaldadas por una motivación adecuada y las pruebas pertinentes.
128. En lugar de demostrar que, en la Decisión impugnada, el BCE no aplicó razonablemente el artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013, el Tribunal General procedió a una evaluación ex novo de la solicitud de exclusión de Crédit Agricole, sustituyendo el punto de vista del BCE por el suyo propio, e invadiendo de este modo el margen de apreciación concedido en esta materia al BCE por el legislador de la Unión.
129. Dado que el Tribunal General aplicó un nivel de control erróneo con respecto a la Decisión impugnada, el primer motivo de casación debe considerarse fundado y, por consiguiente, procede anular la sentencia recurrida.
B.      Suficiencia de la motivación (segundo motivo)
1.      Alegaciones de las partes
130. Mediante su segundo motivo de casación, el BCE alega que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación. A su juicio, la sentencia recurrida no explica adecuadamente de qué manera incurrió en error al apreciar el impacto de la doble garantía del Estado de la que se beneficia el ahorro regulado.
131. Crédit Lyonnais sostiene que el razonamiento del Tribunal General a este respecto se expone claramente en la sentencia recurrida. En particular, Crédit Lyonnais se refiere a los apartados 59 y 114 a 122 de dicha sentencia. En resumen, el Tribunal General consideró infundado el punto de vista defendido por el BCE, según el cual la doble garantía del Estado concedida al ahorro regulado no evitaba el riesgo de retiradas masivas por parte de los ahorradores en un breve lapso de tiempo.
2.      Análisis
132. Considero infundado este motivo de casación.
133. La motivación contenida en la sentencia recurrida por lo que respecta a la importancia de la doble garantía del Estado en relación con el riesgo de venta de emergencia de activos por parte de Crédit Lyonnais es ciertamente breve y, en cierta medida, no explícita. No obstante, como se ha mencionado en los puntos […] de las presentes conclusiones, la esencia del razonamiento del Tribunal General sobre este punto es más clara cuando los pasajes pertinentes de la sentencia recurrida se entienden en un contexto más amplio. En esencia, el Tribunal General consideró que la existencia de una doble garantía del Estado en relación con el ahorro regulado hace que resulte poco probable la retirada masiva de este tipo de ahorro.
134. Por lo tanto, el razonamiento del Tribunal General es suficientemente claro. La cuestión de si este punto de vista se apoya en los elementos de prueba necesarios se refiere al fondo del análisis del Tribunal General y no a su suficiencia.
C.      Desnaturalización de los elementos de prueba (tercer motivo)
1.      Alegaciones de las partes
135. Mediante su tercer motivo de casación, el BCE sostiene que el Tribunal General desnaturalizó los elementos que se le aportaron durante el litigio. En su opinión, el Tribunal General hizo una interpretación manifiestamente errónea tanto de determinados pasajes de la Decisión impugnada como de la metodología aplicada para examinar la solicitud de exclusión presentada por Crédit Agricole.
136. En particular, el BCE sostiene que tuvo en cuenta la cualidad de «valor refugio» del ahorro regulado y la existencia de una doble garantía del Estado. Por lo que respecta a la desnaturalización de la metodología utilizada en la Decisión impugnada, el BCE sostiene que el Tribunal General no tuvo en cuenta las posibles consecuencias de la materialización de dicho riesgo en la situación financiera de Crédit Lyonnais, habida cuenta del elevado nivel de concentración. Dicho en pocas palabras, puede que el riesgo sea bastante reducido, pero, en el supuesto de que se materialice, las consecuencias para el banco podrían ser muy graves.
137. Además, según el BCE, el Tribunal General desnaturalizó el ejemplo utilizado en la Decisión impugnada al convertirlo en un requisito para apreciar el riesgo de retiradas masivas a corto plazo, aunque este ejemplo tenía como único objeto ilustrar las posibles consecuencias de la materialización de tal riesgo. Por último, el BCE subraya que el Tribunal General incurrió en error al examinar individualmente los criterios que tuvo en cuenta en su metodología, aunque dichos criterios debían interpretarse como interdependientes.
138. Crédit Lyonnais considera que las alegaciones formuladas por el BCE en apoyo de su tercer motivo de casación deben desestimarse por infundadas. Crédit Lyonnais subraya que, en la Decisión impugnada, no se menciona la cualidad de «valor refugio» del ahorro regulado. En cuanto a la crítica formulada contra las conclusiones del Tribunal General sobre la metodología utilizada por el BCE, Crédit Lyonnais sostiene que el Tribunal General ha aplicado correctamente la condición recogida en la sentencia de 2018, que obligaba al BCE a examinar la posibilidad de retiradas masivas a la luz de las características del ahorro regulado.
139. Crédit Lyonnais alega asimismo que el carácter supuestamente ilustrativo del ejemplo de que se trata no exime al BCE de la obligación de basarse en elementos sometidos al control jurisdiccional. Además, del apartado 126 de la sentencia recurrida se desprende —según Crédit Lyonnais— que el Tribunal General tomó en consideración la interdependencia de los criterios utilizados por el BCE en su metodología.
2.      Análisis
140. No me convence este motivo de casación.
141. Comparto algunas de las críticas formuladas por el BCE sobre la interpretación realizada por el Tribunal General de la Decisión impugnada y sobre la manera en que el Tribunal General examinó los elementos de prueba aportados por las partes en el procedimiento de primera instancia. Sin embargo, no percibo desnaturalización alguna de los elementos de prueba.
142. Según reiterada jurisprudencia, tal desnaturalización consiste en una interpretación de un documento de forma contraria a los términos en que está redactado. La desnaturalización debe resultar manifiesta a la vista de los documentos que obran en autos, sin necesidad de efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. A este respecto, no basta con demostrar que un documento pueda ser objeto de una interpretación diferente de la realizada por el Tribunal General: este debe haber sobrepasado manifiestamente los límites de una apreciación razonable de las pruebas. (99)
143. No es esta la situación en el caso de autos. En mi opinión, el problema en la sentencia recurrida reside en el resultado final del control del Tribunal General. En efecto, ninguna conclusión sobre el fondo resulta manifiestamente errónea sobre la base de la información y de los documentos que obran en autos.
144. Los errores en los que incurrió el Tribunal General se derivan de la manera en que efectuó dicho control. Como se ha expuesto anteriormente, el Tribunal General procedió a una evaluación ex novo de diversos elementos del análisis, y de sus consecuencias, en relación con el caso examinado por el BCE. En ella se prestó poca atención a las evaluaciones realizadas y a la metodología empleada por el BCE y, más en general, a la lógica que subyace a la Decisión impugnada.
D.      Artículos 4, apartado 1, punto 94, y 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 (cuarto motivo)
1.      Alegaciones de las partes
145. Por último, mediante su cuarto motivo de casación, el BCE sostiene que el Tribunal General ha interpretado erróneamente los artículos 4, apartado 1, punto 94, y 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013.
146. En cuanto a la primera disposición, el BCE alega que el Tribunal General incurrió en error al añadir, a la definición de riesgo de apalancamiento excesivo, determinados criterios que no están previstos en las disposiciones pertinentes (a saber, la libertad de utilización de cualesquiera depósitos o la posibilidad de invertir en activos de riesgo o no líquidos). Por lo que respecta a la segunda disposición, el BCE sostiene que la interpretación adoptada por el Tribunal General tiene por efecto privar al BCE del margen de apreciación que le concedió el legislador en lo que atañe a la evaluación de la posible exclusión de determinadas exposiciones del cálculo del ratio de apalancamiento.
147. Crédit Lyonnais refuta las alegaciones formuladas por el BCE. Por lo que respecta al artículo 4, apartado 1, punto 94, del Reglamento n.o 575/2013, Crédit Lyonnais rechaza el argumento según el cual el Tribunal General añadió criterios que no están previstos en dicha disposición: el Tribunal General se limitó a constatar que el BCE no había tenido en cuenta determinadas características del ahorro regulado, que indican que presenta un nivel de riesgo particularmente bajo.
148. En cuanto al argumento del BCE relativo al artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013, Crédit Lyonnais subraya que la interpretación de esta disposición realizada por el Tribunal General no priva en modo alguno al BCE de su margen de apreciación. Según Crédit Lyonnais, el BCE habría podido denegar la aplicación de la exclusión (total o parcialmente) en caso, por ejemplo, de que el ahorro regulado no dispusiera de garantías del Estado o si hubiera demostrado la probabilidad de impago del Estado.
2.      Análisis
149. Con respecto a este motivo de casación, comparto de nuevo la opinión de Crédit Lyonnais.
150. El artículo 4, apartado 1, punto 94, del Reglamento n.o 575/2013 define el «riesgo de apalancamiento excesivo» como «el riesgo resultante de la vulnerabilidad de una entidad debido a un apalancamiento o un apalancamiento contingente que pudiera requerir medidas correctoras imprevistas de su plan de negocio, entre ellas una venta de urgencia de activos capaz de ocasionar pérdidas o ajustes de valoración de los activos restantes».
151. No veo de qué modo el Tribunal General incurrió en error al aplicar el concepto de «riesgo de apalancamiento excesivo» en el presente asunto. En la sentencia recurrida, el Tribunal General se limitó a afirmar que, en su opinión, el BCE no había examinado de manera correcta las circunstancias pertinentes para la concesión de la exclusión, al ignorar o al no evaluar adecuadamente determinadas características del ahorro regulado.
152. Por otra parte, la interpretación realizada por el Tribunal General del artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013 no priva al BCE de su margen de apreciación. En efecto, las conclusiones del Tribunal General se referían a un tipo específico de depósitos que, en su opinión, difícilmente podía dar lugar a retiradas masivas debido a algunas de sus características, que inducen a los ahorradores a considerar que dichos depósitos son particularmente seguros. No hay nada en la sentencia recurrida que sugiera que el BCE no dispone de margen de apreciación para adoptar decisiones en relación con otros tipos de depósitos.
VI.    Consecuencias de la apreciación
153. En mi opinión, el primer motivo de casación está fundado. Por lo tanto, ha de anularse la sentencia recurrida.
154. De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este podrá, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, o bien devolver el asunto a este para que resuelva, o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.
155. En el caso de autos, considero que el estado del litigio permite que el Tribunal de Justicia lo resuelva definitivamente.
156. La sentencia recurrida desestimó por infundadas las partes primera y segunda del primer motivo, y el segundo motivo. Crédit Lyonnais no interpuso recurso de casación contra dicha sentencia, de modo que las conclusiones del Tribunal General sobre estas cuestiones han adquirido fuerza de cosa juzgada.
157. Incumbe además al Tribunal de Justicia examinar, por un lado, la tercera parte del primer motivo y la primera parte del tercer motivo, aplicando un nivel de control jurisdiccional adecuado (A). Por otro lado, corresponde también al Tribunal de Justicia examinar las partes segunda y tercera del tercer motivo, sobre las que el Tribunal General no se pronunció (B).
A.      Tercera parte del primer motivo, y primera parte del tercer motivo
158. Las alegaciones formuladas por Crédit Lyonnais en el contexto de la tercera parte del primer motivo y de la primera parte del tercer motivo no me parecen convincentes.
159. En primer lugar, en mi opinión, resulta evidente que, en su apreciación de la solicitud de exclusión presentada por Crédit Agricole, el BCE tuvo en cuenta las características específicas del ahorro regulado. La metodología global adoptada a tal efecto y la evaluación efectuada con respecto a los elementos específicos tenidos en cuenta en este contexto demuestran que, en la apreciación del BCE, se examinó la forma en que las características específicas del ahorro regulado podían afectar a las consideraciones prudenciales.
160. En particular, el BCE tuvo en cuenta, en la Decisión impugnada, la existencia de una doble garantía del Estado, el riesgo de impago del Estado francés y si era previsible que las retiradas masivas fueran de «tal magnitud y tan repentinas» que justificasen los supuestos riesgos.
161. Por lo tanto, en mi opinión, Crédit Lyonnais no aportó argumentos convincentes para considerar que el BCE no extrajo las consecuencias necesarias de la sentencia de 2018 y, en particular, de su apartado 81. Además, por las razones expuestas anteriormente, no detecto que el BCE haya incurrido en error manifiesto en la apreciación de las circunstancias pertinentes para adoptar su decisión de conceder únicamente una exclusión parcial con arreglo al artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013. Crédit Lyonnais no ha demostrado que la conclusión alcanzada a este respecto quede fuera del margen de apreciación del que debe disfrutar el BCE en esa materia. A la luz de las circunstancias del caso de autos, y teniendo en cuenta el objetivo perseguido por las disposiciones de que se trata, la Decisión del BCE no parece poco razonable o inverosímil.
162. Por consiguiente, llego a la conclusión de que procede desestimar la tercera parte del primer motivo y la primera parte del tercer motivo.
B.      Partes segunda y tercera del tercer motivo
163. En su recurso interpuesto ante el Tribunal General, Crédit Lyonnais alega que el BCE incurrió en error manifiesto de apreciación por lo que respecta a la calidad crediticia de la Administración central (apartado 2.2.1 de la Decisión impugnada), así como al nivel de concentración de sus exposiciones frente a la CDC (apartado 2.2.3 de la Decisión impugnada).
164. En mi opinión, estos motivos no justifican un examen en profundidad.
165. Por lo que respecta a la segunda parte del motivo, en un breve pasaje de su recurso interpuesto ante el Tribunal General, Crédit Lyonnais reprochó al BCE no haber aportado ningún elemento para acreditar la existencia de un posible riesgo de impago del Estado francés. Posteriormente, en su escrito de réplica, Crédit Lyonnais reformula su argumento indicando que no niega la existencia de un riesgo mínimo de impago del Estado francés, pero alega que tal riesgo no puede justificar una denegación con arreglo al artículo 429, apartado 14, del Reglamento n.o 575/2013.
166. En cualquier caso, independientemente de la formulación precisa del argumento, me parece manifiestamente infundado.
167. En primer lugar, como ya se ha mencionado, en la Decisión impugnada el BCE señaló que la calificación atribuida a la República Francesa por las agencias externas de calificación crediticia no era la más elevada posible y que la cotización de las permutas de cobertura por impago a cinco años negociadas por la República Francesa aparejaba una probabilidad de incumplimiento que no era nula. En segundo lugar, la probabilidad de incumplimiento del Estado francés no es evidentemente la razón (o una de las razones) que justifica la denegación parcial de la exclusión con respecto a Crédit Lyonnais. En efecto, las demás entidades de crédito pertenecientes al grupo Crédit Agricole obtuvieron una exclusión total por lo que concierne al ahorro regulado. En tercer lugar, en la medida en que uno de los principales argumentos en el que insistió Crédit Lyonnais fue la cualidad de valor refugio del ahorro regulado debido a la doble garantía del Estado, el hecho de que se considerara que el riesgo de impago del Estado francés no era nulo parece un elemento que reviste alguna pertinencia.
168. Por lo que respecta a la tercera parte de este motivo, no veo, en las alegaciones presentadas por Crédit Lyonnais en primera instancia o en casación, ningún argumento adicional y distinto a los que el Tribunal General examinó y desestimó en los apartados 73 a 88 de la sentencia recurrida.
169. Sobre la base de las consideraciones anteriores, en mi opinión, procede desestimar el recurso de anulación interpuesto por Crédit Lyonnais.
VII. Costas
170. A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
171. El artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, establece que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
172. En el presente asunto, el BCE ha solicitado la condena en costas. Habida cuenta de que debe estimarse el recurso de casación, y desestimarse el recurso de anulación, procede condenar en costas a Crédit Lyonnais tanto en primera instancia como en casación.
VIII. Conclusión
173. A la luz de las consideraciones que anteceden, propongo al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia del Tribunal General de 14 de abril de 2021, Crédit Lyonnais/Banco Central Europeo (BCE) (T‑504/19, EU:T:2021:185).
–        Desestime el recurso de anulación interpuesto por Crédit Lyonnais.
–        Condene a Crédit Lyonnais al pago de las costas del procedimiento de primera instancia y del recurso de casación.
1      Lengua original: inglés.
2      T‑504/19, EU:T:2021:185 (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»).
3      Kalintiri, A., «What’s in a name? The marginal standard of review of “complex economic assessments” in EU competition enforcement», 2016, Common Market Law Review, pp. 1283 y 1284.
4      Asimismo, se destaca el carácter sumamente controvertido de este tema en Gippini‑Fournier, E., Castillo de la Torre, F., Evidence, Proof and Judicial Review in EU Competition Law, Edward Elgar, 2017, p. 275.
5      Los productos de que se trata son: la libreta A, regulada por los artículos L.221‑1 a L.221‑9 del code monétaire et financier (Código Monetario y Financiero francés; en lo sucesivo, «CMF»), la libreta de ahorros popular (LEP), regulada por los artículos L.221‑13 a L.221‑17‑2 del CMF, y la libreta de desarrollo sostenible y solidario (LDD), regulada por el artículo L.221‑27 del CMF. En lo sucesivo, los tres productos se denominarán, conjuntamente, «ahorro regulado».
6      DO 2013, L 176, p. 1, corrección de errores en DO 2013, L 208, p. 68, y DO 2013, L 321, p. 6.
7      Dicha disposición fue modificada por el Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información, y el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2019, L 150, p. 1).
8      DO 2013, L 287, p. 63.
9      Crédit Agricole/BCE, T‑758/16, EU:T:2018:472 (en lo sucesivo, «sentencia de 2018»).
10      De acuerdo con el artículo 266 TFUE, la institución de la que emane el acto anulado estará obligada a «adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
11      Apartados 34 a 69 de la sentencia recurrida.
12      Apartados 70 a 96 de la sentencia recurrida.
13      Apartados 97 a 106 de la sentencia recurrida.
14      Apartados 107 a 114 de la sentencia recurrida.
15      Apartados 115 a 123 de la sentencia recurrida.
16      El subrayado es mío.
17      Véase, por ejemplo, la sentencia de 28 de julio de 2016, Consejo/Comisión (C‑660/13, EU:C:2016:616), apartado 32. El subrayado es mío.
18      Artículo 127 TFUE, apartado 1, y artículos 1 y 2 del Protocolo (n.o 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «Estatutos del SEBC y del BCE»), anexo a las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2010, C 83, p. 230).
19      Véase, en particular, la sentencia de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), apartado 100 y jurisprudencia citada.
20      Véanse el artículo 3.3 y el artículo 25 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
21      Véase el artículo 4, apartados 1, letra d), y 3, del Reglamento n.o 1024/2013.
22      Véanse especialmente los considerandos 7 y 32, y el artículo 1 del Reglamento n.o 575/2013.
23      Véanse el considerando 90 y el artículo 4, apartado 1, punto 93, del Reglamento.
24      Véase el artículo 4, apartado 1, punto 94, del Reglamento.
25      Véase el punto 7 de las presentes conclusiones.
26      El subrayado es mío.
27      Al margen de las circunstancias excepcionales en las que el juez de la Unión pueda ejercer su competencia jurisdiccional plena: véanse el artículo 261 TFUE y, sobre todo, el artículo 31 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1).
28      Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Tizzano presentadas en el asunto Comisión/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2004:318), puntos 85 y 86.
29      En términos generales, en este sentido, véase la sentencia de 8 de diciembre de 2011, KME Germany y otros/Comisión  (C‑272/09 P, EU:C:2011:810), apartado 102.
30      A efectos de la comparación exhaustiva entre el ordenamiento de la Unión y el de algunos Estados miembros, véase Schwarze, J., European Administrative Law, Revised First Edition, 2006, Sweet&Maxwell, pp. 261 a 503. Véase también Mendes, J., «Bounded Discretion in EU Law: A Limited Judicial Paradigm in a Changing EU», Modern Law Review, 2017, pp. 45 a 462. A efectos de la comparación con el ordenamiento de Estados Unidos, véase Shapiro, M., «Codification of Administrative Law: The US and the Union», European Law Journal, 1996, pp. 26 a 47. Por lo que se refiere a los enfoques aplicados en esta materia por, entre otros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, véase Gruszczynski, L., Werner, W. (eds), Deference in International Courts and Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation, Oxford University Press, 2014, capítulos 13 y 17.
31      En la doctrina, a veces se hace referencia a ellas como situaciones de facultad discrecional «clásica», «pura» o «adecuada».
32      Algunos autores prefieren no utilizar el término «facultad discrecional» en este contexto y hablar de «margen de apreciación».
33      Véanse, en el mismo sentido, las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Technische Universität München (C‑269/90, EU:C:1991:317), punto 13.
34      Por ejemplo, en su temprana jurisprudencia, el Tribunal de Justicia se refirió a «complejos juicios de valor que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de verificación objetiva»: véase la sentencia de 17 de marzo de 1971, Marcato/Comisión  (29/70, EU:C:1971:29), apartado 7. Respecto a posturas similares a las defendidas en las presentes conclusiones, véanse Forwood, N., «The Commission’s More Economic Approach — Implications for the role of the EU Courts, the treatment of economic evidence and the scope of judicial review», en Ehlermann, C. D., Marquis M. (eds.), European Competition Law Annual 2009: Evaluation of evidence and its judicial review in competition cases, Hart Publishing, 2011, p. 13, y Bellamy, C., en «Judicial Enforcement of Competition Law», OCDE, Policy Roundtables, 1996, p. 106.
35      Véase, respecto a reflexiones similares, Vesterdorf, B., «Standard of Proof in Merger Cases: Reflections in the Light of Recent Case Law of the Community Courts», 2005, European Competition Journal, p. 17.
36      Por ejemplo, cuando hay que imaginar las diversas relaciones de causa a efecto en un análisis prospectivo: véase la sentencia de 16 de enero de 2019, Comisión/United Parcel Service (C‑265/17 P, EU:C:2019:23), apartado 32.
37      Así sucede, por ejemplo, cuando se trata de determinar si una situación concreta alcanza el umbral de gravedad, importancia o magnitud previsto por una disposición específica. Por ejemplo, el artículo 66 TFUE permite al Consejo, «cuando en circunstancias excepcionales los movimientos de capitales […] causen, o amenacen causar, dificultades graves para el funcionamiento de la unión económica y monetaria, […] adoptar […] las medidas de salvaguardia […] necesarias» (el subrayado es mío).
38      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión (56/64 y 58/64, EU:C:1966:41), p. 433, y de 14 de marzo de 1973, Westzucker  (57/72, EU:C:1973:30), apartados 4 a 17. Muy probablemente, esta jurisprudencia tiene su origen en el artículo 33, apartado 1, del Tratado CECA (entonces en vigor) que, en los recursos de nulidad interpuestos contra decisiones de la Alta Autoridad, se oponía, salvo excepciones, a que el Tribunal pudiera «referirse a la apreciación de la situación resultante de hechos o circunstancias económicas en consideración a la cual se hubieren tomado tales decisiones o formulado tales recomendaciones».
39      Sentencia de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7), pp. 43, 44 y 47. Más recientemente, sentencia de 22 de enero de 2014, Reino Unido/Parlamento y Consejo (C‑270/12, EU:C:2014:18), apartados 41 a 54.
40      Véase Giannini, M. S., Il Potere Discrezionale della Pubblica Amministrazione, Concetto e Problemi, Giuffrè, 1939, pp. 42 y 43.
41      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), apartado 117 y jurisprudencia citada, y de 1 de marzo de 2016, National Iranian Oil Company/Consejo  (C‑440/14 P, EU:C:2016:128), apartado 77 y jurisprudencia citada.
42      Véase, recientemente, la sentencia de 7 de mayo de 2020, BTB Holding Investments y Duferco Participations Holding/Comisión (C‑148/19 P, EU:C:2020:354), apartado 56 y jurisprudencia citada. El subrayado es mío.
43      Véase, por ejemplo, la sentencia de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062), apartado 54 y jurisprudencia citada. Véanse también las conclusiones del Abogado General Tizzano presentadas en el asunto Comisión/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2004:318), puntos 87 y 88.
44      Véanse los puntos 64 a 66 de las presentes conclusiones.
45      Tal parece ser la opinión expresada por el Abogado General Poiares Maduro en sus conclusiones presentadas en el asunto Arcelor Atlantique et Lorraine y otros (C‑127/07, EU:C:2008:292), punto 39. Discrepo, con todo respeto.
46      Como se ha mencionado en el punto 35 de las presentes conclusiones, se presume la legalidad de los actos de la Unión hasta que son anulados o declarados inválidos o inaplicables por el Tribunal de Justicia. Corresponde a la parte que alega la ilegalidad del acto impugnado demostrar los hechos en los que se basan sus pretensiones. Sobre esta cuestión, véanse, recientemente, las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto PlasticsEurope/ECHA (C‑119/21 P, EU:C:2022:655), puntos 55 a 60.
47      Ibidem, punto 69.
48      Salvo, evidentemente, los vicios que afecten de manera eventual al acto y que, en tanto que motivo de orden público, pueden ser examinados de oficio por el juez de la Unión.
49      Dado que las razones de esta afirmación se han explicado detalladamente por otros doctos colegas y miembros de la doctrina, no procede reiterarlos aquí. Me remito, en particular, a las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Technische Universität München (C‑269/90, EU:C:1991:317, puntos 15 y 16, y Craig, P., EU Administrative Law, 3.a ed., Oxford University Press, 2018, pp. 472 a 474.
50      Véanse las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas en el asunto Comisión/max.mobil (C‑141/02 P, EU:C:2004:646), punto 78.
51      Véase el punto 33 de las presentes conclusiones.
52      Véanse, en este sentido, las conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2009:555), punto 84.
53      En efecto, la primera línea jurisprudencial se refería, principalmente, a la impugnación de actos legislativos de la Unión, mientras que la segunda línea jurisprudencial se refería, en general, a las decisiones administrativas de las instituciones de la Unión. Sobre este punto, véase también Schwarze, J., European Administrative Law, op. cit., p. 298.
54      Conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Rica Foods/Comisión (C‑40/03 P, EU:C:2005:93), punto 45. El subrayado es mío.
55      El subrayado es mío. Véase asimismo el artículo 2 TUE.
56      El criterio del «carácter manifiestamente inadecuado con relación al objetivo [perseguido]» enunciado en la primera línea jurisprudencial parece poner el listón muy alto para los demandantes. En cambio, en la segunda línea jurisprudencial, el juez de la Unión explicó que el criterio del «error manifiesto» no le dispensa, en particular, de verificar la integridad y fiabilidad de las pruebas, y la coherencia entre las pruebas y las conclusiones que se deducen de estas. Este pasaje de la jurisprudencia indica, probablemente, una forma de control más estricta en lo que respecta a las situaciones de mera facultad discrecional de carácter técnico. Parafraseando a Jaeger, cabe afirmar que la jurisprudencia sugiere una cierta «marginalización» del control marginal en los casos de facultad discrecional de carácter técnico. Véase Jaeger, M., «The Standard of Review in Competition Cases Involving Complex Economic Assessments: Towards the Marginalisation of the Marginal Review?», 2011, Journal of European Competition Law & Practice, pp. 295 a 314.
57      Dicho esto, procede admitir que algunas formas de facultad discrecional de carácter político estrictamente delimitada pueden conferir a la institución de que se trate un menor margen de apreciación que el que se deriva de las apreciaciones técnicas exigidas por disposiciones legales que emplean uno o varios conceptos imprecisos.
58      Es decir, la evaluación de los parámetros, de los criterios o de los elementos sobre cuya base la institución se forma una opinión sobre la mejor línea de acción en las circunstancias concretas.
59      A menudo, las disposiciones legales exigen una línea de acción determinada (la institución «deberá») cuando se cumplan los requisitos que en ella se establecen.
60      Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas en el asunto Comisión/max.mobil (C‑141/02 P, EU:C:2004:646), punto 79. Esto se deduce, en buena lógica, del principio de atribución de competencias en favor de las instituciones consagrado en el artículo 13 TUE, apartado 2: véase el punto 33 de las presentes conclusiones.
61      Este es el caso, por ejemplo, de la decisión de la Comisión de incoar un procedimiento por incumplimiento contra un Estado miembro con arreglo a los artículos 258 TFUE y 260 TFUE. Véase, a este respecto, la sentencia de 8 de marzo de 2022, Comisión/Reino Unido (Lucha contra el fraude por infravaloración) (C‑213/19, EU:C:2022:167), apartado 203 y jurisprudencia citada.
62      Véanse, por ejemplo, los artículos 101 TFUE, apartado 3, y 107 TFUE, apartado 3.
63      Véase, en particular, la sentencia de 15 de febrero de 2005, Comisión/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2005:87), apartado 42.
64      Por ejemplo, el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (Reglamento comunitario de concentraciones) (DO 2004, L 24, p. 1), obliga a la Comisión a prohibir las concentraciones propuestas entre empresas que, en caso de que se ejecuten, «sean susceptibles de obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo».
65      Por ejemplo: ¿la aplicación de las normas de la Unión sobre competencia a una empresa encargada de la gestión de servicios de interés económico general en un Estado miembro «imped[iría], de hecho o de Derecho, el cumplimiento de la misión específica a [ella] confiada» a efectos del artículo 106 TFUE, apartado 2?
66      Por ejemplo: ¿se trata de una región en la que el «nivel de vida es anormalmente bajo» o en la que existe una «grave situación de subempleo» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra a)?
67      Por ejemplo: ¿se encuentra un Estado miembro en dificultades o en serio riesgo de dificultades graves, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que no puede controlar a efectos del artículo 122 TFUE, apartado 2?
68      Sentencia de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland y otros (C‑293/12 y C‑594/12, EU:C:2014:238), apartados 47 y 48.
69      Véase, por ejemplo, la sentencia de 16 de junio de 2022, SGL Carbon y otros/Comisión (C‑65/21 P y C‑73/21 P a C‑75/21 P, EU:C:2022:470), apartados 95 y 96 y jurisprudencia citada.
70      Véase, por ejemplo, la sentencia de 22 de noviembre de 2012, E.ON Energie/Comisión (C‑89/11 P, EU:C:2012:738), apartados 71 y 72.
71      Véanse, en este sentido, Lefèvre, S., Prek, M., «“Administrative Discretion”, “Power of Appraisal” and “Margin of Appraisal” in Judicial Review Proceedings before the General Court», Common Market Law Review, 2016, p. 377, y Craig, P., op. cit., p. 445.
72      Esta puede ser una de las razones por las que el juez de la Unión no ha desarrollado mucho estas cuestiones, adoptando un enfoque relativamente «pragmático» o «flexible» a este respecto. Véanse Schwarze, J., «Judicial Review of European Administrative Procedure», Law and Contemporary Problems, 2004, pp. 100 y 101, y Mendes, J., op. cit., p. 5.
73      Análogamente, conclusiones del Abogado General Cosmas presentadas en el asunto Francia/Ladbroke Racing y Comisión (C‑83/98 P, EU:C:1999:577), punto 16. Véanse también las consideraciones desarrolladas por Gippini‑Fournier en relación con la inexistencia de un «nivel de prueba» claro ante el juez de la Unión, algunas de las cuales podrían también aplicarse, mutatis mutandis, en lo que respecta a la inexistencia de un «nivel de control» claro: Gippini‑Fournier, E., «The Elusive Standard of Proof in EU Competition Cases», World Competition, 2010, pp. 187 a 207.
74      Véanse, en este sentido, los considerandos 90 y 91, y el artículo 4, apartado1, punto 94, del Reglamento n.o 575/2013.
75      Véanse los puntos 36 a 38 de las presentes conclusiones.
76      De hecho, se ha reconocido que el apalancamiento excesivo fue uno de los principales factores desencadenantes de esa crisis financiera (y también de numerosas crisis pasadas). Véase, por ejemplo, el considerando 90 del Reglamento n.o 575/2013.
77      En el apartado 30 de la sentencia de 2018, el Tribunal General habló de un «amplio margen de apreciación» a este respecto.
78      El Tribunal General mencionó también ese elemento en el apartado 116 de la sentencia recurrida.
79      Véanse, en particular, los considerandos 19, 39, 44, 46 y 60 de dicho Reglamento y el apartado 51 de la sentencia de 2018.
80      Páginas 5 y 6 de la Decisión impugnada. El subrayado es mío.
81      Véase el apartado 59 de la sentencia recurrida.
82      Cabe señalar, a modo de inciso, que las conclusiones del Tribunal General relativas a la percepción por parte de los depositantes de la cualidad de valor refugio del ahorro regulado se basan únicamente en dos documentos que, habida cuenta de su exigüidad, de su carácter general y de su contenido relativamente básico, parecen constituir un marco probatorio un tanto «débil» (véase el apartado 109 de la sentencia recurrida).
83      Véanse especialmente los considerandos 91 a 93, y los artículos 4, apartado 1, punto 93, y 429, apartados 1 a 11, del Reglamento n.o 575/2013. Véase también el apartado 42 de la sentencia de 2018.
84      Véase, por analogía, el artículo 166, apartado 4, del Reglamento n.o 575/2013, mencionado en el apartado 49 de la sentencia de 2018.
85      Véanse, en este sentido, los apartados 43 y 50 de la sentencia de 2018.
86      Véase, en este sentido, el apartado 51 de la sentencia de 2018.
87      Véanse, en particular, los apartados 43, 50, 66, 68, 84, y 89 a 96 de la sentencia recurrida.
88      Véanse las observaciones n.os 2 y 4 (pp. 2 y 3) de la evaluación del BCE de las observaciones presentadas por Crédit Agricole sobre el borrador de decisión. Este documento figuraba como anexo a la Decisión impugnada y formaba parte de esta.
89      Véanse, a este respecto, los apartados 115 y 116 de la sentencia recurrida, en los que me centraré a continuación.
90      Para aquellos a quienes les interese, una búsqueda rápida en Internet puede proporcionar referencias a una literatura económica conspicua que, al estudiar el comportamiento de los depositantes a lo largo de la historia, identifica los elementos que desencadenaron retiradas masivas.
91      Apartados 43 a 45 de la sentencia recurrida.
92      Véase el apartado 46 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General indica que procedería, en su caso, examinar ese aspecto en el marco del tercer motivo, con los apartados 97 y siguientes de la sentencia (y, en particular, su apartado 114) en los que, al examinar el tercer motivo, no se hace referencia a las alegaciones de Crédit Lyonnais a este respecto. Examinaré estas alegaciones en los puntos 165 a 168 de las presentes conclusiones.
93      De nuevo, el elemento de prueba mencionado por el Tribunal General en apoyo de su conclusión a este respecto no resulta particularmente contundente (véase la referencia que figura en el apartado 116 de la sentencia recurrida).
94      Véase la observación n.o 2 (p. 2) de la evaluación del BCE de las observaciones presentadas por Crédit Agricole sobre el borrador de decisión.
95      Véase el cuadro que figura al final del apartado 2.2 de la Decisión impugnada.
96      El subrayado es mío. El tenor es similar en la versión francesa de la sentencia recurrida (pues el francés fue la lengua de procedimiento): «n’aurait pas conduit au refus».
97      A este respecto, huelga decir que, si la divergencia en la apreciación de los distintos elementos examinados por el Tribunal General no tuviese ningún efecto en las conclusiones finales del BCE, debería haberse confirmado la Decisión impugnada.
98      Véanse los puntos 15, 91 y 92 de las presentes conclusiones. Es interesante señalar que, habida cuenta de la situación concreta de los demás bancos pertenecientes al grupo Crédit Agricole, el BCE les concedió una exclusión total por lo que respecta a sus exposiciones frente a la CDC.
99      Véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión (C‑466/19 P, EU:C:2021:76), apartados 43 y 44 y jurisprudencia citada.