Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 19 de marzo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Contrato de préstamo denominado en divisas — Cláusula que hace recaer en el consumidor el riesgo del tipo de cambio — Efectos de la declaración del carácter abusivo de esa cláusula — Acción de restitución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula abusiva — Punto de partida del plazo de prescripción de la acción restitutoria — Reanudación del cómputo del plazo de prescripción tras un período suspensivo »
En el asunto C‑679/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), mediante resolución de 9 de octubre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de octubre de 2024, en el procedimiento entre
HL
y
UniCredit Bank Zrt.,
Momentum Credit Zrt.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por el Sr. M. Condinanzi (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. N. Jääskinen y la Sra. R. Frendo, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de UniCredit Bank Zrt., por el Sr. Z. Lajer, ügyvéd;
–        en nombre del Gobierno húngaro, por los Sres. D. Csoknyai y M. Z. Fehér, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Kienapfel y la Sra. Zs. Teleki, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, HL, un consumidor, y, por otro, UniCredit Bank Zrt. y Momentum Credit Zrt., dos entidades financieras húngaras, en relación con la petición formulada por HL dirigida, por una parte, a que se declare la invalidez del contrato de préstamo celebrado con UniCredit Bank, debido a que considera que ese contrato incluye una cláusula abusiva, y, por otra parte, a que se mantengan los efectos jurídicos de dicho contrato, con excepción de la cláusula.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        A tenor del décimo considerando de la Directiva 93/13:
«Considerando que puede obtenerse una protección más eficaz del consumidor mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas abusivas; […]».
4        El artículo 1, apartado 1, de esta Directiva tiene la siguiente redacción:
«El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
5        Con arreglo al artículo 2, letra b), de la citada Directiva:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
[…]
b)      “consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional.»
6        El artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva dispone:
«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.»
7        De conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13:
«Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.»
8        El artículo 6, apartado 1, de esa Directiva dispone lo siguiente:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
9        El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva establece:
«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
Derecho húngaro
Antiguo Código Civil
10      El artículo 209, apartado 1, de la a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ley IV de 1959, por la que se aprueba el Código Civil), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «antiguo Código Civil»), preceptuaba lo siguiente:
«Las condiciones generales de la contratación y las cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor que no hayan sido negociadas individualmente serán abusivas en caso de que, contraviniendo las exigencias de buena fe y de equidad, establezcan los derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato de un modo unilateral e infundado en perjuicio de la parte contratante que no haya redactado las cláusulas.»
11      Con arreglo al artículo 234, apartado 1, del antiguo Código Civil:
«Salvo en los casos previstos en la ley, cualquiera podrá alegar la ineficacia de un contrato nulo de pleno Derecho sin que exista un plazo para ello. Para declarar la nulidad no es necesario seguir un procedimiento especial.»
12      El artículo 237 de este Código Civil era del siguiente tenor:
«1.      En el caso de invalidez de un contrato, deberá restablecerse la situación anterior a la celebración del contrato.
2.      Si no pudiera restablecerse la situación anterior a la celebración del contrato, el juez podrá declarar aplicable el contrato durante el período transcurrido hasta que dicte su resolución. Podrá declararse válido un contrato inválido si puede eliminarse la causa de la invalidez, en particular, en los contratos usurarios, cuando exista una falta manifiesta de equivalencia entre las prestaciones de las partes, suprimiendo la ventaja desproporcionada. En esos supuestos, habrá de acordarse la restitución de la prestación debida, en su caso, sin contraprestación.
[…]»
13      En virtud del artículo 321 de dicho Código:
«1.      Quien disponga del derecho de resolución en virtud del contrato o de la ley lo ejercerá mediante declaración dirigida a la otra parte. La resolución pondrá fin al contrato.
2.      Si la resolución no surte efecto inmediatamente, el contrato subsistirá hasta la expiración del plazo de preaviso contractual o legal.»
14      El artículo 324 del mismo Código establecía:
«1.      Salvo disposición en contrario, las acciones prescriben por el transcurso de cinco años.
2.      La prescripción de la acción principal conlleva la prescripción de las acciones accesorias. La prescripción de las acciones accesorias no afecta a la acción principal.
[…]»
15      A tenor del artículo 326 del antiguo Código Civil:
«1.      La prescripción comienza a correr desde el momento en que pueda ejercitarse la acción.
2.      En caso de que la persona facultada para ejercitar la acción se vea impedida de hacerlo por una razón excusable, la acción podrá ejercitarse dentro de un año —o dentro de tres meses, en el caso de que el plazo de prescripción sea de un año o menos— a partir del momento en que desaparezca el obstáculo, incluso cuando ya haya vencido el plazo previsto de prescripción o cuando para su vencimiento quede menos de un año —o de tres meses, en el caso de que el plazo de prescripción sea de un año o menos—. La presente disposición se aplicará incluso si la persona facultada para ejercitar la acción concede al deudor, tras el vencimiento, una prórroga del plazo del que dispone para cumplir.»
16      El artículo 327 del citado Código establecía:
«1.      La prescripción se interrumpirá cuando se exija por escrito el cumplimiento de la obligación, cuando se ejercite judicialmente la acción, cuando se modifique la obligación mediante acuerdo (incluso por vía transaccional) y, por último, cuando el deudor reconozca la deuda.
2.      El plazo de prescripción comenzará a correr de nuevo a partir del día en que se interrumpió la prescripción o a partir de la fecha en que definitivamente concluya el procedimiento que la interrumpió.
[…]»
Ley DH1
17      A tenor del artículo 1 de la a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. Törvény [Ley XXXVIII de 2014, por la que se regulan cuestiones concretas en relación con la resolución de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) para la unificación de doctrina en materia de contratos de préstamo celebrados por entidades financieras con consumidores], en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley DH1»):
«1.      La presente Ley se aplicará a los contratos de préstamo celebrados con consumidores entre el 1 de mayo de 2004 y la fecha de entrada en vigor de esta Ley. A efectos de la presente Ley, el concepto de “contratos de préstamo celebrados con consumidores” se referirá a cualquier contrato de crédito o de préstamo o contrato de arrendamiento financiero basado en divisas (vinculado a una moneda extranjera o denominado en dicha moneda extranjera y amortizado en forintos húngaros) o basado en forintos húngaros celebrado entre una entidad financiera y un consumidor si incorpora condiciones generales de la contratación o condiciones contractuales que no hayan sido negociadas individualmente que contengan cláusulas previstas en el artículo 3, apartado 1, o en el artículo 4, apartado 1.
[…]
6.      A efectos de las acciones derivadas de los contratos de préstamo celebrados con consumidores, las disposiciones [del antiguo Código Civil] relativas a la prescripción deben interpretarse en el sentido de que tales acciones no prescribirán mientras subsista el contrato y el plazo de prescripción no comenzará a correr hasta el día en que finalice el contrato.
7.      El plazo de prescripción de las acciones a las que se refiere el apartado 6 quedará suspendido desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley hasta el momento que se señale legalmente en virtud de los artículos 3, apartado 5, y 4, apartado 3.
[…]»
Ley DH2
18      El artículo 9 de la a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [Ley XL de 2014, sobre las normas aplicables a la liquidación de cuentas a la que se refiere la Ley XXXVIII de 2014, por la que se regulan cuestiones concretas en relación con la resolución de la Kúria (Tribunal Supremo) para la unificación de doctrina en materia de contratos de préstamo celebrados por entidades financieras con consumidores, y sobre otras disposiciones], en la versión aplicable al litigio principal [en lo sucesivo, «Ley DH2»], dispone:
«El plazo de prescripción para ejercitar las acciones derivadas de los contratos de préstamo celebrados con consumidores queda suspendido, en el sentido del artículo 1, apartado 7, de [la Ley DH1], hasta la fecha en que se comunique al consumidor la liquidación de cuentas con arreglo a la presente Ley o hasta el 31 de diciembre de 2015, a más tardar.»
19      A tenor del artículo 37, apartado 1, de esa Ley:
«En relación con los contratos a los que sea de aplicación la presente Ley, las partes solo podrán solicitar al juez la declaración de invalidez del contrato o de ciertas cláusulas contractuales (en lo sucesivo, “invalidez parcial”) —con independencia de las causas que motiven la invalidez— si piden también al juez que aplique las consecuencias jurídicas asociadas a la invalidez, a saber, la declaración de validez del contrato o de la eficacia de este hasta el momento en que se dicte la resolución. En su defecto, y si las partes no cumplimentan una solicitud de subsanación, el juez no podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto. Si las partes solicitan que el juez determine las consecuencias jurídicas asociadas a la invalidez total o parcial, deberán indicar asimismo qué consecuencia jurídica ha de aplicar el juez. Por lo que respecta a la aplicación de las consecuencias jurídicas, las partes deberán formular una petición precisa y cuantitativamente determinada que incluya la liquidación de cuentas efectuada entre ellas.»
Jurisprudencia nacional
20      A tenor del 1/2010. (VI. 28.) PK (Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma) vélemény az érvénytelenség jogkövetkezményeiről [Dictamen 1/2010, de 28 de junio, del Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma (Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Hungría) sobre las consecuencias jurídicas de la invalidez (en lo sucesivo, «Dictamen 1/2010»)]:
«[…]
2.      La consecuencia jurídica general de la invalidez es que esa operación no puede crear derechos, es decir, no pueden alcanzarse los efectos jurídicos pretendidos por las partes. Esta es la consecuencia jurídica que el tribunal debe aplicar de oficio en caso de nulidad y que, salvo excepción prevista por la ley, puede ser invocada por cualquier persona sin límite de plazo. No obstante, en caso de anulabilidad, esta consecuencia jurídica general solo puede aplicarse si el contrato es impugnado con éxito por quien está legitimado para ello.
Tanto en caso de nulidad como en caso de anulabilidad, el tribunal solo aplicará las demás consecuencias jurídicas de la invalidez (artículo 237 del [antiguo Código Civil]) a instancia de parte y respetando los límites en materia de prescripción extintiva y adquisitiva.
3.      El restablecimiento de la situación originaria solo puede efectuarse en especie. No constituye restablecimiento de la situación originaria el hecho de que alguna de las partes solo pueda restituir la cosa recibida mediante el pago de su equivalente en dinero.
[…]»
21      La 2/2014. számú PJE [Polgári jogegységi] határozat [resolución 2/2014 de la Kúria (Tribunal Supremo), de 16 de junio de 2014, para la unificación de la doctrina civil], dispone lo siguiente:
«[…] En el supuesto de que los términos del contrato y la información facilitada por la entidad financiera hayan permitido manifiestamente a un consumidor determinado, considerado como “consumidor medio”, darse cuenta de que solo él asumía de forma ilimitada el riesgo del tipo de cambio y de que las modificaciones desfavorables para él del tipo de cambio no estaban sometidas a ningún límite máximo, el carácter abusivo de la cláusula examinada no podrá determinarse sobre la base del artículo 209, apartado 5, del antiguo Código Civil.
Por consiguiente, el hecho de que el consumidor recibiera la información que la ley establece y firmara la declaración en la que afirmaba conocer los riesgos debe interpretarse, salvo prueba en contrario, en el sentido de que, para el consumidor, estaba o debería haber estado claro y era o debería haber sido comprensible que el riesgo del tipo de cambio recaía sobre él sin limitación alguna. Incumbe a la entidad financiera demostrar que el consumidor fue así informado.
En cambio, si la cláusula que establece la asunción de un riesgo de tipo de cambio ilimitado no era claramente discernible o comprensible por el consumidor por culpa de la entidad financiera, concurrirán los requisitos que permiten declarar el carácter abusivo del contrato.
[…]
Incumbe al consumidor demostrar que la información no era adecuada y que, como consecuencia de ello, la redacción de la estipulación contractual relativa al riesgo del tipo de cambio no le era clara y comprensible.»
22      Con arreglo a la sentencia Gfv.VI.30 382/2023/3 de la Kúria (Tribunal Supremo), de 14 de febrero de 2024:
«26.      La Kúria (Tribunal Supremo) declara que, aun cuando, en virtud del artículo 234, apartado 1, del antiguo Código Civil y salvo excepción legalmente prevista, cualquiera puede alegar la invalidez de un contrato nulo de pleno Derecho sin que exista un plazo para ello y sin que sea necesario seguir un procedimiento especial para declarar la nulidad, el tribunal solo aplicará las demás consecuencias jurídicas de la invalidez [(artículo 237 del antiguo Código Civil)] a instancia de parte y respetando los límites en materia de prescripción extintiva y adquisitiva [Dictamen 1/2010, apartado [2, párrafo segundo]]. Desde la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 2014, del artículo 37, apartado 1, de la Ley DH2, en relación con los contratos a los que sea de aplicación esta disposición, las partes solo podrán solicitar al juez la declaración de invalidez del contrato si piden también al juez que aplique las consecuencias jurídicas asociadas a la invalidez. La petición al juez para que declare invalidez del contrato y determine, al mismo tiempo, las consecuencias jurídicas no responde a un concurso de pretensiones, sino a una única pretensión de condena de origen jurisprudencial [sentencia Gfv.VII.30 758/2017/10 de la Kúria (Tribunal Supremo)]. En un procedimiento con este objeto, el juez no podrá pronunciarse mediante resolución interlocutoria sobre la base jurídica de la demanda.
27.      En virtud de la normativa especial aplicable al contrato de préstamo denominado en divisas controvertido, esto es, el artículo 1, apartado 6, de la Ley DH1, el punto de partida del plazo de prescripción coincide con la finalización del contrato y no con la posibilidad de ejecutar el crédito bancario derivado del contrato. En efecto, a tenor de esta disposición, las normas del antiguo Código Civil relativas a la prescripción deben interpretarse en el sentido de que las acciones derivadas de los contratos de préstamo celebrados con consumidores no prescriben mientras subsista el contrato y el plazo de prescripción no comienza a correr hasta el día en que finalice el contrato. Cuando el contrato finalice por su cumplimiento, la entidad financiera dejará entonces, por definición, de tener acción alguna frente al deudor, pero si finaliza porque su resolución surta efecto inmediatamente [artículo 321, apartado 1, del antiguo Código Civil], la acción subsistirá tras la finalización del contrato en la forma que proceda.
[…]
40.      Si se plantea la excepción de prescripción, esta cuestión será examinada con carácter previo al examen del fondo de la acción, ya que no puede solicitarse judicialmente la ejecución de una acción prescrita. El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los contratos de préstamo celebrados con consumidores comienza a correr uniformemente, por una disposición legislativa especial, a partir del día en que finaliza el contrato. La prescripción de la acción del consumidor dirigida a que el juez determine las consecuencias jurídicas de la invalidez del contrato se apreciará con independencia de la prescripción de la acción de la entidad financiera.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
23      El 14 de febrero de 2008, HL celebró con UniCredit Bank un contrato de préstamo hipotecario denominado en francos suizos (CHF), por un importe correspondiente a 5 100 000 forintos húngaros (HUF) (aproximadamente 12 750 euros), reembolsable, al cabo de trescientos sesenta meses, en forintos húngaros.
24      Este contrato incluía una cláusula en virtud de la cual el riesgo asociado a la apreciación de la divisa extranjera en relación con el forinto húngaro recaía íntegramente en el consumidor (en lo sucesivo, «cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio»).
25      El 17 de mayo de 2012, UniCredit Bank resolvió el contrato de préstamo alegando un retraso en el pago de las mensualidades adeudadas desde el 15 de noviembre de 2011.
26      El 28 de diciembre de 2012, UniCredit Bank obtuvo un título ejecutivo sobre la base del cual inició un procedimiento de ejecución contra HL, que aún está en curso. El 17 de marzo de 2017, UniCredit Bank cedió a Momentum Credit su acción derivada del contrato de préstamo.
27      El 4 de abril de 2023, HL acudió al órgano jurisdiccional de primera instancia competente con el fin de obtener, con carácter principal, como consecuencia del incumplimiento por parte del banco de su obligación de información y de la insuficiente información facilitada en cuanto al riesgo del tipo de cambio, la declaración de invalidez del contrato de préstamo y, en virtud de las consecuencias jurídicas que habían de determinarse de tal declaración, el mantenimiento de los efectos jurídicos del contrato, con excepción de la cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio considerada no añadida. HL también solicitó que se liquidaran las cuentas entre las partes, con arreglo al artículo 3 de la Ley DH2 y a la luz de la sentencia de 31 de marzo de 2022, Lombard Lízing (C‑472/20, EU:C:2022:242), comprometiéndose a devolver, una vez que la resolución adquiriera firmeza, la deuda que tenía a 5 de septiembre de 2012, concretamente 5 223 492 HUF (aproximadamente 13 058 euros), más intereses.
28      Con carácter subsidiario, HL solicitó al órgano jurisdiccional que conocía del asunto que declarara la invalidez del contrato de préstamo y, en virtud de las consecuencias jurídicas de tal invalidez, que declarase que el contrato únicamente producía efectos hasta que se dictara la sentencia, de conformidad con el artículo 37, apartado 1, de la Ley DH2.
29      UniCredit Bank y Momentum Credit plantearon una excepción basada en la prescripción de la acción de HL y solicitaron la desestimación del recurso.
30      El órgano jurisdiccional de primera instancia desestimó la demanda de HL como consecuencia de la prescripción. No se pronunció sobre la invalidez del contrato por estimar que, en cualquier caso, la pretensión del interesado de que el juez determinara las consecuencias jurídicas de la invalidez había prescrito.
31      HL interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), que es el tribunal remitente, alegando, en particular, la invalidez del contrato de préstamo controvertido, habida cuenta de la insuficiente información facilitada por el banco sobre el riesgo del tipo de cambio. Además, estima que su acción no había prescrito y, remitiéndose a las sentencias de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑609/19, EU:C:2021:469), y de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470), hizo hincapié en que, a los efectos de restituir las cantidades indebidamente abonadas sobre la base de una cláusula abusiva, no es posible oponer ningún plazo de prescripción al consumidor que ignora el carácter abusivo de una cláusula de este tipo incluida en un contrato de préstamo.
32      UniCredit Bank y Momentum Credit solicitaron la confirmación de la sentencia dictada en primera instancia.
33      El tribunal remitente indica que debe pronunciarse sobre el tratamiento que se ha de dispensar a un contrato de préstamo denominado en divisas en el supuesto de que una cláusula de ese contrato, que hace recaer exclusivamente en el consumidor el riesgo del tipo de cambio, sea declarada abusiva por una información insuficiente sobre la naturaleza de dicho riesgo y en el supuesto de que la supresión de esa cláusula, que define el objeto principal del contrato, implique la invalidez total del contrato.
34      Precisa que alberga dudas en cuanto a cómo se debe calcular el plazo de prescripción aplicable a la acción mediante la cual el consumidor pide al juez que determine las consecuencias jurídicas de la invalidez del contrato de préstamo.
35      El tribunal remitente indica que, con arreglo al Derecho húngaro, en particular al artículo 1, apartado 6, de la Ley DH1, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de los contratos celebrados con consumidores comienza a correr, en principio, el día en que finaliza el contrato.
36      A este respecto, el órgano jurisdiccional de primera instancia, basándose en el apartado 2 del Dictamen 1/2010 y en la sentencia Gfv.VI.30 382/2023/3 de la Kúria (Tribunal Supremo) de 14 de febrero de 2024, consideró, por una parte, que a la demanda presentada por HL dirigida a que el juez determinara las consecuencias jurídicas de la invalidez del contrato de préstamo controvertido se le aplicaban las disposiciones en materia de prescripción, en particular el artículo 324, apartado 1, del antiguo Código Civil, a tenor del cual las acciones prescriben por el transcurso de cinco años.
37      Por otra parte, estimó que el punto de partida del plazo de prescripción de esa demanda había comenzado a correr el día en que se celebró el contrato de préstamo, ya que las causas de invalidez invocadas ya existían en el momento en que dicho contrato se había perfeccionado. Más concretamente, el órgano jurisdiccional de primera instancia consideró que el artículo 1, apartado 6, de la Ley DH1 no era aplicable al caso de autos, debido a que, en principio, solo cabe considerar que un contrato inválido y, por tanto, retroactivamente nulo, nunca ha producido efectos jurídicos y a que, por ello, se distingue del contrato que un día terminará o dejará de producir efectos.
38      El tribunal remitente observa que, en la sentencia dictada en primera instancia, se precisa que, aun suponiendo que el artículo 1, apartado 7, de la Ley DH1 y el artículo 9 de la Ley DH2 se consideren aplicables a las acciones dimanantes de la invalidez de un contrato, la suspensión de la prescripción solo dura el tiempo definido en esas disposiciones, esto es, hasta la fecha en que se comunique al consumidor la liquidación de cuentas con arreglo a la Ley DH2 o hasta el 31 de diciembre de 2015, a más tardar.
39      El tribunal remitente señala que, según el órgano jurisdiccional de primera instancia, no ha habido interrupción de la prescripción puesto que, si se interpretara el artículo 1, apartado 6, de la Ley DH1 en el sentido de que el plazo de prescripción resultaba de aplicación a las acciones derivadas de la invalidez de un contrato y no comenzaba a correr hasta la finalización de ese contrato, habría que declarar la expiración del plazo de cinco años previsto en el antiguo Código Civil al haber transcurrido este plazo entre la fecha de resolución del contrato, que tuvo lugar el 17 de mayo de 2012, y la fecha de interposición de la demanda en el litigio principal, a saber, el 4 de abril de 2023.
40      El propio tribunal remitente considera que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que la cláusula abusiva recae sobre el objeto principal del contrato de préstamo y conlleva la invalidez total del contrato, este plazo de cinco años comienza a correr a partir del 14 de febrero de 2008, fecha de celebración del contrato, sin posibilidad de prorrogarlo mediante la eventual suspensión de la prescripción prevista en las Leyes DH1 y DH2 y que, en cualquier caso, no puede prolongarse más allá del 31 de diciembre de 2015. En su caso, una prórroga de este tipo habría permitido al consumidor reconocer el carácter abusivo de la cláusula contractual relativa al riesgo del tipo de cambio.
41      En consecuencia, se pregunta si, a la luz de la resolución 2/2014, de 16 de junio de 2014, de la Kúria (Tribunal Supremo) y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al nivel de información que el banco debe facilitar al consumidor, el mencionado plazo de prescripción es suficiente para que el consumidor pueda reconocer el carácter abusivo de dicha cláusula y hacer valer sus derechos, cuando dicho plazo tiene como punto de partida el día de celebración del contrato.
42      En estas circunstancias, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Se alcanzan los objetivos fijados en los artículos 1 y 7 de la Directiva 93/13 cuando, en el caso de una pretensión formulada por un consumidor en el marco de un procedimiento iniciado por este y basada en el carácter abusivo del objeto principal de un contrato de préstamo celebrado con el consumidor ([en relación con] la información sobre el riesgo del tipo de cambio), la reclamación económica se sujeta al plazo de prescripción de cinco años establecido en el antiguo Código Civil húngaro, contados a partir del momento en que puede ejercitarse la acción —teniendo en cuenta asimismo las disposiciones de las Leyes DH1 y DH2 que contemplan la posibilidad de que se suspenda el plazo de prescripción—, a pesar de que el carácter abusivo del objeto principal del contrato conlleva la invalidez de la totalidad del contrato, por lo que la resolución unilateral de ese contrato no puede producir la terminación del mismo, de modo que la fecha de celebración del contrato determina el punto de partida del plazo de prescripción?
2)      ¿Resultan relevantes a efectos de la consecución de los objetivos fijados en la Directiva las resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de prescripción en relación con la prescripción del plazo para hacer valer las pretensiones de un consumidor, así como las resoluciones dictadas por la Kúria (Tribunal Supremo) a raíz de esas resoluciones del Tribunal de Justicia y que son vinculantes o, al menos, tienen fuerza de precedente para los tribunales húngaros, gracias a las cuales el consumidor está en condiciones de poder reconocer el carácter abusivo del objeto principal del contrato que ha celebrado? En caso de respuesta afirmativa, ¿puede considerarse [la fecha de] tales resoluciones como el punto de partida del plazo de prescripción para hacer valer la pretensión de que se declare el carácter abusivo o únicamente cabe considerar que el plazo de prescripción ha quedado suspendido entre el momento de la celebración del contrato y la fecha en que se dicten tales resoluciones?
3)      Además de la fecha en que se dictaron las resoluciones mencionadas en la segunda cuestión prejudicial, ¿debe tomarse en consideración el momento en que el consumidor tomó conocimiento de esas resoluciones como punto de partida del plazo de prescripción o cabe considerarlo como momento final del período, que se inició con la celebración del contrato, durante el cual ha estado suspendido el plazo de prescripción?
4)      En el caso de una pretensión de un consumidor basada en el carácter abusivo del objeto principal del contrato, si el plazo de prescripción comienza a correr en el momento de la celebración del contrato, ¿está justificado conceder al consumidor la posibilidad de que haga valer su pretensión hasta el momento en que finalice la duración del contrato que ha celebrado cuando la duración del contrato exceda del plazo de prescripción de cinco años actualmente vigente?»
Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
43      UniCredit Bank sostiene que el Tribunal de Justicia no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales, puesto que, con ellas, el tribunal remitente no solicita la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión. Dado que la Directiva 93/13 no contiene ninguna norma relativa a la prescripción, estima que las cuestiones prejudiciales versan, en realidad, sobre la interpretación de normas del Derecho civil nacional en la materia, que son competencia de los Estados miembros.
44      A este respecto, procede señalar que la alegación formulada por UniCredit Bank descansa en la premisa errónea de que el ejercicio, por los Estados miembros, de su derecho de precisar las condiciones con arreglo a las cuales se declara el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato y se materializan los efectos jurídicos concretos de tal declaración queda fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión [sentencia de 14 de diciembre de 2023, Getin Noble Bank (Plazo de prescripción de las acciones de restitución), C‑28/22, EU:C:2023:992, apartado 50 y jurisprudencia citada].
45      No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la regulación por el Derecho nacional de la protección que la Directiva 93/13 garantiza a los consumidores no puede modificar la amplitud de tal protección —ni, por tanto, su contenido sustancial— ni comprometer de este modo la mayor eficacia de dicha protección que el legislador de la Unión pretendía lograr mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas abusivas, tal como se desprende del décimo considerando de esta Directiva [sentencia de 14 de diciembre de 2023, Getin Noble Bank (Plazo de prescripción de las acciones de restitución), C‑28/22, EU:C:2023:992, apartado 51 y jurisprudencia citada].
46      En este contexto, es preciso recordar que el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir. En este régimen de cooperación, corresponde al tribunal nacional que conoce del litigio principal, pues es el único que posee un conocimiento preciso de los hechos que lo originaron y es quien debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse [sentencia de 7 de diciembre de 2023, mBank (Declaración del consumidor), C‑140/22, EU:C:2023:965, apartado 47].
47      Además, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse ni sobre la interpretación de disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales ni sobre la conformidad de tales disposiciones con el Derecho de la Unión. En efecto, de reiterada jurisprudencia se desprende que, en el marco de una remisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia solo puede interpretar el Derecho de la Unión dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Unión [sentencia de 14 de diciembre de 2023, Getin Noble Bank (Plazo de prescripción de las acciones de restitución), C‑28/22, EU:C:2023:992, apartado 53 y jurisprudencia citada].
48      En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el tribunal remitente alberga dudas en cuanto a cómo se ha de calcular el plazo de prescripción de cinco años aplicable a la acción mediante la cual el consumidor pide al juez nacional que determine las consecuencias jurídicas de la invalidez del contrato de préstamo.
49      En este contexto, el tribunal remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación del Derecho nacional con arreglo a la cual ese plazo de prescripción de cinco años establecido en el antiguo Código Civil comienza a correr a partir de la fecha de celebración de un contrato de préstamo con un consumidor, en el supuesto de que una cláusula de ese contrato sea declarada abusiva y la supresión de dicha cláusula, que define el objeto principal del contrato, conlleve la invalidez total del contrato. Además, el tribunal remitente plantea ante el Tribunal de Justicia cuestiones adicionales relativas a la identificación del punto de partida del citado plazo de prescripción, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia estime que el cálculo a partir de la fecha de celebración del contrato en cuestión es incompatible con los objetivos y finalidades de la Directiva 93/13.
50      Por tanto, no puede considerarse que la petición de decisión prejudicial se refiera a la interpretación del Derecho húngaro y, en consecuencia, debe desestimarse la alegación de UniCredit Bank basada en la falta de competencia del Tribunal de Justicia.
51      De cuanto antecede resulta que el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse sobre la petición de decisión prejudicial.
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
52      UniCredit Bank también rebate la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial y alega, por una parte, que el tribunal remitente no demuestra la existencia de un vínculo entre el Derecho húngaro y el Derecho de la Unión. Por otra parte, considera que los intereses jurídicos que subyacen a las cuestiones prejudiciales planteadas son hipotéticos, ya que no es necesario dar respuesta a tales cuestiones para que el tribunal remitente pueda pronunciarse sobre el litigio principal. A este respecto, UniCredit Bank sostiene que nada impide a dicho tribunal seguir la jurisprudencia de la Kúria (Tribunal Supremo), que, a su juicio, tampoco se presenta correctamente en la citada petición.
53      Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia (sentencia de 24 de julio de 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, apartado 61 y jurisprudencia citada).
54      De ello se sigue que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 24 de julio de 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, apartado 62 y jurisprudencia citada).
55      En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial se desprende que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada por el tribunal remitente resulta necesaria para resolver el litigio del que conoce.
56      En efecto, el tribunal remitente manifiesta dudas en cuanto al cálculo del plazo de prescripción, en particular a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la Directiva 93/13 y, más concretamente, al nivel de información que el banco debe proporcionar al consumidor sobre el riesgo del tipo de cambio.
57      Por otro lado, en lo relativo a las referencias que el tribunal remitente hace a la jurisprudencia de la Kúria (Tribunal Supremo), no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del sistema de cooperación judicial establecido en el artículo 267 TFUE, cuestionar o comprobar la exactitud de la interpretación del Derecho nacional realizada por el juez nacional, ya que esta interpretación forma parte de la competencia exclusiva de este último. Asimismo, cuando un órgano jurisdiccional nacional le plantea una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia debe atenerse a la interpretación del Derecho nacional que le ha expuesto dicho órgano jurisdiccional (sentencia de 12 de diciembre de 2024, Volvo Group Belgium, C‑436/23, EU:C:2024:1023, apartado 18 y jurisprudencia citada).
58      De ello resulta que la petición de decisión prejudicial es admisible.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
59      Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si los artículos 1 y 7 de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional según la cual, en caso de nulidad de un contrato de préstamo que no puede subsistir sin la cláusula abusiva debido a que esta guarda relación con el objeto principal del contrato, el consumidor solo puede hacer valer judicialmente las consecuencias jurídicas de la declaración de esa nulidad dentro de un plazo de prescripción de cinco años contados a partir de la fecha de celebración del contrato.
60      Con carácter preliminar, procede recordar que, a tenor del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 93/13, el propósito de esta Directiva es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
61      En este contexto, el artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva obliga a los Estados miembros a establecer medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
62      Conforme a reiterada jurisprudencia, a falta de normas de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía procesal, configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, a condición de que esta regulación no sea menos favorable que la aplicable a situaciones similares regidas por el Derecho interno (principio de equivalencia) y de que no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión (principio de efectividad) [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2022, D. B.P. y otros (Crédito hipotecario denominado en divisas), C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646, apartado 86 y jurisprudencia citada].
63      Por lo que se refiere al principio de efectividad, el único controvertido en el presente procedimiento, procede señalar que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento, así como el desarrollo y las peculiaridades de este ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, han de tomarse en consideración, en su caso, los principios en los que se basa el sistema judicial nacional, como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento [sentencia de 25 de abril de 2024, Caixabank (Plazo de prescripción), C‑484/21, EU:C:2024:360, apartado 23 y jurisprudencia citada].
64      Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que la obligación de los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular en relación con los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de tutela judicial efectiva, consagrada también en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es aplicable, entre otros aspectos, a la definición de la regulación procesal relativa a las acciones judiciales basadas en tales derechos (sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, apartado 29 y jurisprudencia citada).
65      En lo que atañe a la oposición de un plazo de prescripción a una acción ejercitada por un consumidor para que se le devuelvan cantidades indebidamente abonadas, fundada en el carácter abusivo de una cláusula contractual en el sentido de la Directiva 93/13, el Tribunal de Justicia ya ha confirmado en varias ocasiones que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 no se oponen a una normativa nacional que, a la vez que reconoce el carácter imprescriptible de la acción de nulidad de una cláusula abusiva incluida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, somete a un plazo de prescripción la demanda de ese consumidor dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de esta declaración, siempre que se respete, en particular, el principio de efectividad [sentencia de 25 de enero de 2024, Caixabank (Prescripción del reembolso de los gastos hipotecarios), C‑810/21 a C‑813/21, EU:C:2024:81, apartado 43 y jurisprudencia citada].
66      Por consiguiente, procede considerar que la oposición de un plazo de prescripción a las pretensiones de carácter restitutorio, deducidas por unos consumidores con el fin de hacer valer derechos que les confiere la Directiva 93/13, no es, en sí misma, contraria al principio de efectividad, siempre que su aplicación no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos en dicha Directiva [sentencia de 25 de abril de 2024, Caixabank (Plazo de prescripción), C‑484/21, EU:C:2024:360, apartado 27 y jurisprudencia citada].
67      Por lo que se refiere al análisis de las características de un plazo de prescripción como el que es objeto del litigio principal, el Tribunal de Justicia ha puntualizado que este análisis debe referirse a la duración de tal plazo y a sus condiciones de aplicación, incluido el mecanismo previsto para determinar el inicio de dicho plazo (sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, apartado 30 y jurisprudencia citada).
68      En cuando al punto de partida del plazo de prescripción, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la aplicación de un plazo de prescripción de cinco años que comience a correr a partir de la celebración del contrato de que se trate, en la medida en que tal aplicación implica que el consumidor solo pueda solicitar la restitución de los pagos realizados en ejecución de una cláusula contractual declarada abusiva durante los cinco primeros años siguientes a la firma del contrato —con independencia de si este tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esta cláusula—, puede hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 confiere a este consumidor y, por lo tanto, vulnerar el principio de efectividad, en relación con el principio de seguridad jurídica (sentencia de 16 de julio de 2020, Caixabank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 y C‑259/19, EU:C:2020:578, apartado 91).
69      Así pues, la fecha en que se celebró el contrato que contiene la cláusula abusiva no puede, como tal, constituir el inicio del plazo de prescripción [sentencia de 25 de abril de 2024, Caixabank (Plazo de prescripción), C‑484/21, EU:C:2024:360, apartado 31].
70      A este respecto, es preciso tener en cuenta la posición de inferioridad del consumidor respecto del profesional en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que lo lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas. Asimismo, debe recordarse que es posible que los consumidores ignoren que una cláusula incluida en un contrato de préstamo hipotecario es abusiva o no perciban la amplitud de los derechos que les reconoce la Directiva 93/13 (sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, apartado 45 y jurisprudencia citada).
71      Procede tener en cuenta también el hecho de que el Tribunal de Justicia ha declarado que los contratos de crédito, como el controvertido en el litigio principal, se ejecutan por regla general durante períodos de tiempo prolongados y, por ello, no puede excluirse que, al menos para una parte de los pagos efectuados, se produzca la prescripción incluso antes de que finalice el contrato, de modo que tal régimen de prescripción puede privar sistemáticamente a los consumidores de la posibilidad de reclamar la restitución de los pagos realizados en virtud de cláusulas que contravienen la Directiva 93/13 [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2022, D. B.P. y otros (Crédito hipotecario denominado en divisas), C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646, apartado 95 y jurisprudencia citada].
72      Así pues, por lo que respecta al punto de partida del plazo de prescripción controvertido en el litigio principal, existe un riesgo no desdeñable de que, habida cuenta de la manera en que la jurisprudencia nacional determina dicho plazo, el consumidor no se encuentre en condiciones de hacer valer útilmente los derechos que le confiere la Directiva 93/13.
73      En efecto, según se desprende de la resolución de remisión, si se confirmara la interpretación jurisprudencial del Derecho nacional que llevó al órgano jurisdiccional de primera instancia a hacer coincidir el dies a quo del plazo de prescripción con la fecha de celebración del contrato de préstamo entre UniCredit Bank y HL, es decir, el 14 de febrero de 2008, dicho plazo habría comenzado a correr con independencia de que HL hubiera tenido o hubiera podido tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio y, en consecuencia, hubiera podido hacer valer útilmente los derechos que le confiere la Directiva 93/13. A este respecto, en la resolución de remisión nada indica que, en el momento de celebración del contrato, el consumidor tuviera o pudiera tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio y, por consiguiente, que pudiera hacer valer útilmente los derechos que le confiere dicha Directiva, lo que, en cualquier caso, corresponde comprobar al tribunal remitente.
74      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 1, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional según la cual, en caso de nulidad de un contrato de préstamo que no puede subsistir sin la cláusula abusiva debido a que esta guarda relación con el objeto principal del contrato, el consumidor solo puede hacer valer judicialmente las consecuencias jurídicas de la declaración de esa nulidad dentro de un plazo de prescripción de cinco años contados a partir de la fecha de celebración del contrato si, en esa fecha, el consumidor no tenía o no podía tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula contractual de que se trata y, por consiguiente, no podía hacer valer útilmente los derechos que le confiere la Directiva 93/13.
Cuestiones prejudiciales segunda y tercera
75      Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se tome en consideración la fecha en la que el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la interpretación de dicha Directiva o la fecha en la que el tribunal supremo nacional se pronunció sobre el carácter abusivo de cláusulas incluidas en determinados contratos celebrados con consumidores, a efectos de determinar el punto de partida del plazo de prescripción de la acción ejercitada por un consumidor dirigida a la restitución de las cantidades abonadas sobre la base de una cláusula análoga a la que dio lugar a la interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la citada Directiva o a la que fue objeto de la resolución del juez nacional, o a efectos de que se reanude ese plazo tras su suspensión.
76      Para proporcionar al tribunal remitente una respuesta útil a las cuestiones prejudiciales planteadas, habida cuenta de los antecedentes del litigio tal como se describen en la resolución de remisión, procede circunscribir el análisis únicamente al supuesto de la pretensión formulada por ese consumidor para hacer valer los efectos restitutorios derivados de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual.
77      Procede recordar que, para garantizar una protección efectiva de los derechos que la Directiva 93/13 confiere al consumidor, este debe poder invocar en todo momento el carácter abusivo de una cláusula contractual no solo como medio de defensa, sino también a efectos de que el juez declare el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que una acción ejercitada por el consumidor para que se declare el carácter abusivo de una cláusula incluida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor no puede estar sujeta a ningún plazo de prescripción (sentencia de 10 de junio 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, apartado 38).
78      Dicho esto, el Tribunal de Justicia ha declarado que señalar como momento de inicio del plazo de prescripción de una acción de restitución ejercitada por un consumidor, sobre la base de una cláusula contractual abusiva, la fecha en que el tribunal supremo nacional dictó una serie de sentencias en las que se declararon abusivas unas cláusulas tipo que se corresponden con la cláusula incorporada al contrato controvertido permitiría al profesional, en multitud de casos, quedarse con las cantidades indebidamente adquiridas, en detrimento del consumidor, sobre la base de la cláusula abusiva, lo que sería incompatible con la exigencia que dimana de la jurisprudencia recordada en el apartado 68 de la presente sentencia, según la cual tal fecha de inicio del plazo no puede fijarse con independencia de si ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esta última cláusula que fundamenta el derecho a la restitución y sin imponer al profesional una obligación de diligencia y de información para con el consumidor, acentuando así la situación de inferioridad de este que la Directiva 93/13 pretende mitigar [sentencia de 25 de abril de 2024, Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción), C‑561/21, EU:C:2024:362, apartado 47].
79      Además, a falta de obligación del profesional de informar, no cabe presumir que el consumidor pueda razonablemente tener conocimiento de que una cláusula contenida en su contrato tiene un alcance equivalente al de una cláusula que el tribunal supremo nacional ha declarado abusiva. Ciertamente, tal jurisprudencia, si goza de suficiente publicidad, puede permitir que un consumidor medio tenga conocimiento de que una cláusula tipo incluida en el contrato que ha celebrado con un profesional es abusiva. Sin embargo, no cabe esperar de ese consumidor, a quien la Directiva 93/13 pretende proteger, dada su situación de inferioridad respecto al profesional, que lleve a cabo actividades propias de la investigación jurídica [sentencia de 25 de abril de 2024, Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción), C‑561/21, EU:C:2024:362, apartados 48 y 49 y jurisprudencia citada].
80      A este respecto, hay que recordar que del tenor del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 se desprende que la protección otorgada por esta Directiva depende del propósito con el que la persona física actúa, a saber, un propósito ajeno a su actividad profesional. Pues bien, aunque pueda exigirse a los profesionales que se mantengan informados de los aspectos jurídicos relativos a las cláusulas que incluyen unilateralmente en los contratos que celebran con los consumidores en el ejercicio de una actividad comercial ordinaria, en particular por lo que se refiere a la jurisprudencia nacional relativa a tales cláusulas, no cabe esperar una actitud similar de estos últimos, habida cuenta del carácter ocasional, o incluso excepcional, de la celebración de un contrato que contenga una cláusula de este tipo [sentencia de 25 de enero de 2024, Caixabank (Prescripción del reembolso de los gastos hipotecarios), C‑810/21 a C‑813/21, EU:C:2024:81, apartado 60].
81      Por añadidura, es preciso subrayar que tal jurisprudencia nacional no permite necesariamente declarar abusivas ipso facto todas las cláusulas de esa clase incluidas en el conjunto de los contratos celebrados entre profesionales y consumidores en ese Estado miembro. Cuando el tribunal supremo nacional ha declarado abusiva una cláusula tipo, aún queda, en principio, de conformidad con los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, por determinar, caso por caso, en qué medida una determinada cláusula incorporada a un contrato en particular es equivalente a la referida cláusula tipo y, al igual que esta, debe declararse abusiva [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de abril de 2024, Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción), C‑561/21, EU:C:2024:362, apartados 50 y 51].
82      De las anteriores consideraciones resulta que a un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz, no puede exigírsele no solo que se mantenga regularmente informado, por iniciativa propia, de las resoluciones del tribunal supremo nacional referentes a las cláusulas tipo que contengan los contratos de igual naturaleza a los que él haya podido celebrar con profesionales, sino además que determine, a partir de una sentencia de un tribunal supremo nacional, si unas cláusulas como las incorporadas a un contrato específico son abusivas [sentencia de 25 de abril de 2024, Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción), C‑561/21, EU:C:2024:362, apartado 52].
83      Por tanto, la Directiva 93/13 se opone a que, para determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción que puede ejercitar el consumidor para obtener la restitución de las cantidades pagadas indebidamente con arreglo a una cláusula contractual abusiva, pueda considerarse que la existencia de una jurisprudencia nacional sobre la nulidad de cláusulas similares, aunque esté consolidada, constituye una prueba de que se cumple el requisito relativo al conocimiento, por el consumidor de que se trate, del carácter abusivo de esa cláusula y de las consecuencias jurídicas que se derivan de ella [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2024, Caixabank (Prescripción del reembolso de los gastos hipotecarios), C‑810/21 a C‑813/21, EU:C:2024:81, apartado 61].
84      Los fundamentos expuestos en los apartados 78 a 81 de la presente sentencia, que llevan a considerar que la existencia de sentencias procedentes de un tribunal supremo nacional que declaran el carácter abusivo de ciertas cláusulas tipo no puede implicar, en sí misma, que un consumidor tiene o puede razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de una cláusula similar incluida en el contrato que celebró con un profesional, son aplicables, mutatis mutandis, a las resoluciones en las que el Tribunal de Justicia se pronuncia con carácter prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 93/13.
85      Ha de señalarse a este respecto que, aunque las resoluciones en las que el Tribunal de Justicia se pronuncia con carácter prejudicial sobre la interpretación del Derecho de la Unión gozan de una publicidad que facilita el acceso a las mismas, incluso para los consumidores, el Tribunal de Justicia no zanja si unas cláusulas concretas son abusivas y deja sistemáticamente su examen concreto a la apreciación del juez nacional, pues tal examen no es, en principio, competencia del Tribunal de Justicia. De lo anterior resulta que un consumidor, aun en el caso de que el procedimiento principal lo afecte directamente, no puede deducir de tal resolución del Tribunal de Justicia certeza alguna sobre el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato que haya celebrado con un profesional, de suerte que las sentencias del Tribunal de Justicia que cita el tribunal remitente no pueden considerarse fuente de información, para el consumidor medio, sobre el carácter abusivo de una cláusula contractual específica [sentencia de 25 de abril de 2024, Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción), C‑561/21, EU:C:2024:362, apartados 58 y 59].
86      En cambio, una resolución judicial con fuerza de cosa juzgada que declare el carácter abusivo de una cláusula contractual debidamente notificada al consumidor afectado, de conformidad con la normativa nacional aplicable, en su condición de destinatario de dicha resolución, puede constituir el momento de inicio del plazo de prescripción. Una vez que esa resolución ha adquirido firmeza, se considera que el consumidor tiene pleno conocimiento de que la cláusula es contraria a Derecho y, en consecuencia, está en condiciones de apreciar por sí mismo la oportunidad de ejercitar una acción de restitución de las cantidades pagadas en virtud de la cláusula abusiva en el plazo prescrito en el Derecho nacional [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de abril de 2024, Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción), C‑561/21, EU:C:2024:362, apartados 36 y 37].
87      Dicho esto, es preciso puntualizar que, si bien la Directiva 93/13 se opone a que el plazo de prescripción de la acción de restitución de las cantidades pagadas por un consumidor en virtud de una cláusula contractual abusiva pueda comenzar a correr con independencia de si este tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esa cláusula, la referida Directiva no se opone a que el profesional tenga la facultad de probar que ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento de tal hecho antes de dictarse una sentencia que declare la nulidad de dicha cláusula [sentencia de 25 de abril de 2024, Caixabank (Plazo de prescripción), C‑484/21, EU:C:2024:360, apartado 35].
88      En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que no existe ninguna resolución judicial firme que declare el carácter abusivo y la nulidad de la cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio.
89      En estas circunstancias, incluso suponiendo que HL hubiera tenido conocimiento de las resoluciones pertinentes de la Kúria (Tribunal Supremo) o de las sentencias del Tribunal de Justicia, ni la fecha en la que se dictaron esas resoluciones y sentencias ni el día en que HL tuvo conocimiento efectivo de ellas pueden constituir el punto de partida del plazo de prescripción.
90      Corresponde, en su caso, al tribunal remitente comprobar si UniCredit Bank y Momentum Credit han probado que HL tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de abril de 2024, Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción), C‑561/21, EU:C:2024:362, apartado 38].
91      Por último, por lo que respecta a la cuestión referida a la reanudación del cómputo del plazo de prescripción tras su suspensión, procede señalar que la suspensión de la prescripción tiene como finalidad garantizar que la prescripción, cuyo fundamento reside precisamente en la sanción de la pasividad del titular de un derecho, no produzca efectos en una situación que justifique tal pasividad. Así pues, la suspensión pretende proteger las situaciones en las que, por razones objetivas previstas en la ley, el titular del derecho se encuentra en una situación de dificultad objetiva que le impide ejercer ese derecho, evitando que el transcurso del tiempo conlleve su extinción.
92      De ello se deduce que la reanudación del cómputo del plazo de prescripción tras un período suspensivo debe ir acompañada de las mismas garantías que las establecidas para la determinación del dies a quo de ese plazo.
93      Con arreglo a las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se tome en consideración la fecha en la que el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la interpretación de dicha Directiva o la fecha en la que el tribunal supremo nacional se pronunció sobre el carácter abusivo de cláusulas incluidas en determinados contratos celebrados con consumidores, a efectos de determinar el punto de partida del plazo de prescripción de la acción ejercitada por un consumidor dirigida a la restitución de las cantidades abonadas sobre la base de una cláusula análoga a la que dio lugar a la interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la citada Directiva o a la que fue objeto de la resolución del juez nacional, o a efectos de que se reanude ese plazo tras su suspensión.
Cuarta cuestión prejudicial
94      Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la cuarta.
Costas
95      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
1)      Los artículos 1, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz del principio de efectividad,
deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional según la cual, en caso de nulidad de un contrato de préstamo que no puede subsistir sin la cláusula abusiva debido a que esta guarda relación con el objeto principal del contrato, el consumidor solo puede hacer valer judicialmente las consecuencias jurídicas de la declaración de esa nulidad dentro de un plazo de prescripción de cinco años contados a partir de la fecha de celebración del contrato si, en esa fecha, el consumidor no tenía o no podía tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula contractual de que se trata y, por consiguiente, no podía hacer valer útilmente los derechos que le confiere la Directiva 93/13.
2)      La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que
se opone a que se tome en consideración la fecha en la que el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la interpretación de dicha Directiva o la fecha en la que el tribunal supremo nacional se pronunció sobre el carácter abusivo de cláusulas incluidas en determinados contratos celebrados con consumidores, a efectos de determinar el punto de partida del plazo de prescripción de la acción ejercitada por un consumidor dirigida a la restitución de las cantidades abonadas sobre la base de una cláusula análoga a la que dio lugar a la interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la citada Directiva o a la que fue objeto de la resolución del juez nacional, o a efectos de que se reanude ese plazo tras su suspensión.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: húngaro.