62017TJ0476_RES
Asunto T‑476/17
Arysta LifeScience Netherlands BV
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 19 de septiembre de 2019
«Productos fitosanitarios — Sustancia activa diflubenzurón — Revisión de la aprobación — Artículo 21 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 — Derecho de defensa — Extralimitación en el ejercicio de competencias — Error manifiesto de apreciación — Procedimiento de renovación de una aprobación — Artículo 14 del Reglamento n.o 1107/2009 — Imposición, en el procedimiento de revisión, de restricciones adicionales por las que se limita la utilización de la sustancia activa en cuestión sin esperar a la terminación del procedimiento de renovación — Proporcionalidad»
Agricultura — Aproximación de las legislaciones — Comercialización de productos fitosanitarios — Reglamento (CE) n.o 1107/2009 — Revisión de la aprobación de una sustancia activa — Derecho de defensa — Alcance — Derecho de presentar observaciones en cada fase del procedimiento de revisión — Derecho de presentar observaciones acerca de las conclusiones extraídas por el Estado miembro ponente en su evaluación definitiva — Inexistencia
[Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 14 y 21; Reglamento de Ejecución (UE) 2017/855 de la Comisión; Directiva 91/414/CEE del Consejo, anexo I]
(véanse los apartados 63, 67 a 69 y 74 a 76)
Agricultura — Aproximación de las legislaciones — Comercialización de productos fitosanitarios — Reglamento (CE) n.o 1107/2009 — Revisión de la aprobación de una sustancia activa — Renovación de la autorización — Decisión de la Comisión por la que se imponen, en el marco del procedimiento de revisión, restricciones al uso de la sustancia activa diflubenzurón sin esperar el resultado del procedimiento de renovación — Preocupaciones relacionadas con la seguridad de los consumidores — Error manifiesto de apreciación — Inexistencia — Violación del principio de proporcionalidad — Inexistencia
[Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 14 y 21; Reglamento de Ejecución (UE) 2017/855 de la Comisión; Directiva 91/414/CEE del Consejo, anexo I]
(véanse los apartados 93, 97, 99 a 101, 103 a 106, 109 a 112 y 117 a 121)
Resumen
En la sentencia Arysta LifeScience Netherlands/Comisión (T‑476/17), dictada el 19 de septiembre de 2019, el Tribunal ha desestimado el recurso de anulación interpuesto contra el Reglamento de Ejecución de la Comisión en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa diflubenzurón (
1
) y ha formulado unas precisiones, por un lado, sobre el respeto del derecho de defensa en el procedimiento de revisión de la aprobación de una sustancia activa y, por otro, sobre la articulación entre este procedimiento y el procedimiento de renovación de la autorización de una sustancia activa, regulados en los artículos 21 y 14 a 20, respectivamente, del Reglamento n.o 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. (
2
)
En efecto, tras aprobar la sustancia activa diflubenzurón, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 11 del Reglamento relativo a la continuación de la evaluación de las sustancias activas, (
3
) la Comisión decidió incoar el procedimiento de revisión de esta sustancia activa del artículo 21 del Reglamento relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, a la luz de sus posibles efectos sobre la salud humana a través de la exposición potencial al metabolito 4-cloroanilina (PCA) como residuo. En el marco de este procedimiento de revisión y antes de que terminara el procedimiento de renovación de la autorización de dicha sustancia activa, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución relativo a las condiciones de aprobación de la citada sustancia, en el que se concluyó que no podía excluirse la exposición de los consumidores al PCA y que, por consiguiente, la utilización del diflubenzurón debía limitarse a los cultivos no comestibles.
En lo que respecta, en primer término, a la vulneración del derecho de defensa de la demandante, el Tribunal destaca que el respeto de este derecho en el procedimiento de revisión de la aprobación de una sustancia activa conforme al artículo 21 del Reglamento relativo a la comercialización de productos fitosanitarios debe evaluarse teniendo en cuenta el procedimiento de revisión en su totalidad y no de forma separada para cada una de sus fases. De este modo, el Tribunal examina si, en las circunstancias del caso de autos, debía garantizarse el respeto del derecho de defensa específicamente en una fase concreta del procedimiento de revisión, en particular en la evaluación efectuada por el Estado miembro ponente. A este respecto, el Tribunal señala, en primer lugar, que la demandante no ha presentado ninguna prueba palpable para sustentar su afirmación de que no era posible que se modificaran, en una fase ulterior del procedimiento, las conclusiones extraídas por el Estado miembro ponente en su evaluación definitiva. En segundo lugar, el Tribunal declara que, pese a tratarse de conclusiones de carácter sustancialmente diferente respecto del proyecto de evaluación sobre la cuestión de la posible exposición de los consumidores al PCA, presentado por el Estado miembro ponente, no es lícito considerar que las conclusiones extraídas por el Estado miembro ponente en su evaluación definitiva ponían de manifiesto una preocupación nueva que la demandante desconociera hasta ese momento y que, por lo tanto, debía ofrecerse de nuevo a esta última la oportunidad de alegar lo que a su derecho conviniera tras la referida evaluación. En tercer lugar, el Tribunal señala que la demandante no ha invocado ninguna información científica nueva pertinente que invalide las conclusiones del Estado miembro ponente en su evaluación definitiva.
En lo tocante, a continuación, a una articulación entre el procedimiento de revisión y el de renovación, el Tribunal declara, antes que nada, que el Reglamento n.o 1107/2009 no establece ninguna.
El Tribunal examina seguidamente si las razones invocadas por la demandante permiten, por una parte, cuestionar la decisión de la Comisión de conceder prioridad al interés de la seguridad de los consumidores y de no esperar a la terminación del procedimiento de renovación de la aprobación del diflubenzurón y, por otra, demostrar el carácter irrazonable y desproporcionado de tal elección. Al rechazar todas las alegaciones invocadas sobre el particular por la demandante, concluye que la Comisión pudo considerar, de un lado, que dicho interés justificaba tal decisión y, de otro, que esta era una medida proporcionada.
(
1
)	Reglamento de Ejecución (UE) 2017/855 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa diflubenzurón (DO 2017, L 128, p. 10).
(
2
)	Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO 2009, L 309, p. 1).
(
3
)	Reglamento (CE) n.o 1490/2002 de la Comisión, de 14 de agosto de 2002, por el que se establecen disposiciones adicionales de aplicación de la tercera fase del programa de trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 451/2000 (DO 2002, L 224, p. 23).