62022CC0303
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 7 de septiembre de 2023 (
1
)
Asunto C‑303/22
CROSS Zlín, a.s.
contra
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
con intervención de:
Statutární město Brno
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský soud v Brně (Tribunal regional de Brno, República Checa)]
«Procedimiento prejudicial — Recursos relativos a los contratos públicos de suministros y de obras — Directiva 89/665/CEE — Obligación de los Estados miembros de prever mecanismos de recurso — Acceso a los recursos — Conclusión del contrato antes de la interposición de un recurso jurisdiccional — Eficacia de la sentencia — Medida provisional de suspensión de los efectos del contrato»
1.
Un órgano judicial de la República Checa pregunta al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad del régimen nacional de recursos en materia de contratos públicos con la Directiva 89/665/CEE (
2
) y con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta»).
2.
Ese órgano judicial duda, en concreto, de que se atengan a la Directiva 89/665 y al artículo 47 de la Carta las normas internas que permiten celebrar contratos públicos antes de que un órgano jurisdiccional resuelva el recurso, interpuesto por un licitador, en el que este impugna su exclusión del procedimiento y la adjudicación del contrato a uno de sus competidores.
I. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión. Directiva 89/665 (
3
)
3.
El artículo 1 («Ámbito de aplicación y procedimientos de recurso») dispone:
«1.   La presente Directiva se aplicará a los contratos a que se refiere la Directiva 2014/24/UE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65)], salvo que dichos contratos estén excluidos de conformidad con los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 37 de dicha Directiva.
[…]
En lo relativo a los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva [2014/24] […] los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los artículos 2 a 2 septies de la presente Directiva, cuando dichas decisiones hayan infringido el derecho de la Unión en materia de contratación pública o las normas nacionales de incorporación de dicha normativa.
[…]
3.   Los Estados miembros velarán por que, con arreglo a modalidades detalladas que ellos mismos podrán determinar, los procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción».
4.
El artículo 2 («Requisitos de los procedimientos de recurso») indica:
«1.   Los Estados miembros velarán por que las medidas adoptadas en relación con los procedimientos de recurso contemplados en el artículo 1 prevean las facultades necesarias para:
a)
adoptar, lo antes posible y mediante procedimiento de urgencia, medidas provisionales para corregir la infracción o para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato público en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por el poder adjudicador;
b)
anular o hacer que se anulen las decisiones ilegales, incluida la supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en los documentos de licitación, en los pliegos de condiciones o en cualquier otro documento relacionado con el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión;
c)
conceder una indemnización por daños y perjuicios a las personas perjudicadas por una infracción.
2.   Las facultades establecidas en el apartado 1 y en los artículos 2 quinquies y 2 sexies podrán conferirse a organismos distintos, responsables de diferentes aspectos de los procedimientos de recurso.
3.   Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso. La suspensión no finalizará antes de que expire el plazo suspensivo a que se refieren el artículo 2 bis, apartado 2, y el artículo 2 quinquies, apartados 4 y 5.
4.   Excepto en los casos previstos en el apartado 3 y en el artículo 1, apartado 5, los procedimientos de recurso no tendrán necesariamente efectos suspensivos automáticos en los procedimientos de adjudicación de contratos a los que se refieran.
5.   Los Estados miembros podrán disponer que el órgano responsable de los procedimientos de recurso esté facultado para tener en cuenta las consecuencias probables de las medidas provisionales para todos los intereses que puedan verse perjudicados, así como para el interés general, y para decidir no conceder tales medidas si sus consecuencias negativas pudieran superar sus ventajas.
[…]
6.   Los Estados miembros podrán establecer que, cuando se reclame una indemnización por daños y perjuicios alegando que la decisión se adoptó de forma ilegal, la decisión cuestionada deba ser anulada en primer término por un organismo que tenga la competencia necesaria a tal efecto.
7.   Excepto en los casos previstos en los artículos 2 quinquies a 2 septies, los efectos del ejercicio de las facultades contempladas en el apartado 1 del presente artículo sobre un contrato celebrado tras un procedimiento de adjudicación se determinarán con arreglo al derecho nacional.
Por otra parte, excepto en caso de que una decisión deba ser anulada antes de conceder una indemnización por daños y perjuicios, los Estados miembros podrán establecer que, una vez celebrado el contrato de conformidad con el artículo 1, apartado 5, el apartado 3 del presente artículo, o los artículos 2 bis a 2 septies, las facultades del órgano responsable de los procedimientos de recurso se limiten a indemnizar por daños y perjuicios a cualquier persona perjudicada por una infracción.
[…]
9.   Cuando los órganos responsables de los procedimientos de recurso no sean de carácter jurisdiccional, sus decisiones deberán ir siempre motivadas por escrito. Además, en ese caso, deberán adoptarse disposiciones para garantizar que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el órgano de recurso competente, o cualquier presunta infracción cometida en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas, pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante otro órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 del Tratado CE, y que sea independiente en relación con el poder adjudicador y con el órgano de recurso.
[…]».
5.
El artículo 2 bis («Plazo suspensivo») reza:
«1.   Los Estados miembros velarán por que las personas contempladas en el artículo 1, apartado 3, dispongan de plazos suficientes para interponer recursos eficaces contra las decisiones de adjudicación de contratos adoptadas por los poderes adjudicadores, para lo cual adoptarán las disposiciones necesarias respetando las condiciones mínimas establecidas en el apartado 2 del presente artículo y en el artículo 2 quater.
2.   En el caso de los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva [2014/24] […], la celebración del contrato consecutiva a la decisión de adjudicación no podrá tener lugar antes de que expire un plazo de al menos diez días civiles a partir del día siguiente a aquel en que se haya remitido, por fax o por medios electrónicos, la decisión de adjudicación del contrato a los licitadores y candidatos afectados, o, si se han utilizado otros medios de comunicación, antes de que expire un plazo de al menos quince días civiles a partir del día siguiente a aquel en que se haya remitido la decisión de adjudicación del contrato a los licitadores y candidatos afectados, o de al menos diez días civiles a partir del día siguiente a la fecha de la recepción de la decisión de adjudicación del contrato.
Se considerarán licitadores afectados aquellos que aún no hayan quedado definitivamente excluidos. Se considerará que una exclusión es definitiva si ha sido notificada a los licitadores afectados y, o bien ha sido considerada legal por un órgano de recurso independiente, o bien no puede ya ser objeto de un procedimiento de recurso.
Se considerarán candidatos afectados aquellos a los que el poder adjudicador no haya facilitado información sobre el rechazo de su solicitud antes de notificar la decisión de adjudicación del contrato a los licitadores afectados
[…]».
B.
Derecho de la República Checa
1. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Ley n.o 134/2016 sobre adjudicación de contratos públicos)
6.
De acuerdo con el artículo 246, apartado 1:
«El poder adjudicador no podrá celebrar un contrato con el contratista: […]
d)
en el plazo de 60 días desde el inicio del procedimiento de recurso contra el acto del poder adjudicador, siempre que el escrito de recurso no sea extemporáneo — sin embargo, el poder adjudicador puede celebrar el contrato antes del transcurso de ese plazo, cuando la [Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Autoridad de defensa de la competencia; en lo sucesivo, la «ÚOHS»)] haya desestimado la solicitud de revisión o haya sido archivado el procedimiento administrativo relativo a la revisión y la resolución en esta materia haya devenido firme».
7.
A tenor del artículo 257, letra j):
«La ÚOHS archivará mediante resolución el procedimiento iniciado, cuando
[…]
j) durante el procedimiento administrativo, el poder adjudicador hubiese celebrado un contrato para ejecutar el objeto de la licitación pública examinada
[…]».
2. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (Ley n.o 500/2004, del Código de procedimiento administrativo)
8.
El artículo 61 prevé:
«1.   En la tramitación del procedimiento, el órgano administrativo podrá, de oficio o a instancia de la parte, antes de que se ponga fin al procedimiento, adoptar mediante resolución una medida cautelar, cuando ello sea necesario para regular provisionalmente la situación de los participantes en el procedimiento. […] La medida cautelar podrá ordenar al participante o a otra persona hacer, abstenerse de hacer o soportar algo, así como intervenir una cosa que pueda servir como prueba o una cosa que pueda ser objeto de ejecución.
[…]
3.   Mediante resolución, el órgano administrativo dejará sin efecto la medida cautelar tan pronto como haya cesado el motivo por el que aquella se adoptó. De no hacerlo, la medida cautelar expirará el día en el que la resolución en el asunto en cuestión haya devenido ejecutable o haya comenzado a surtir otros efectos jurídicos.
[…]».
3. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (Ley n.o 150/2002, del Código de procedimiento contencioso administrativo)
9.
El artículo 38 preceptúa:
«1.   Cuando se haya interpuesto un recurso y sea necesario regular temporalmente la situación de las partes, por riesgo de un perjuicio grave, el órgano jurisdiccional, mediante auto, podrá adoptar una medida cautelar, ordenando a las partes hacer, abstenerse de hacer o soportar algo. Por esos mismos motivos, el órgano jurisdiccional podrá imponer esa obligación también a un tercero, cuando ello pueda exigírsele legítimamente.
[…]».
10.
Según el artículo 72, apartado 1:
«El recurso contencioso administrativo podrá interponerse en el plazo de dos meses desde la fecha en la que la resolución haya sido comunicada a la parte recurrente mediante la notificación de su testimonio o de otra forma prevista en la ley, a no ser que una ley especial establezca otro plazo».
11.
A tenor del artículo 78:
«(1)   Cuando el recurso contencioso administrativo sea procedente, el órgano jurisdiccional anulará la resolución impugnada por no ser ajustada a derecho o por defectos procesales. El órgano jurisdiccional anulará la resolución impugnada por no ser ajustada a derecho, también cuando constate que el órgano administrativo ha transgredido los límites resultantes de la ley, de la discrecionalidad administrativa o ha abusado de esta.
[…]
(4)   . Al anular la resolución, el órgano jurisdiccional acordará asimismo que se devuelva el asunto a la parte demandada para su tramitación ulterior».
II. Hechos, litigio y pregunta prejudicial
12.
El 27 de septiembre de 2019, la Statutární město Brno (Ciudad de Brno, República Checa) convocó un procedimiento de licitación para adjudicar un contrato público, relativo a la ampliación de las funciones de la central de control del tráfico del sistema de semáforos. (
4
)
13.
Las sociedades CROSS Zlín, a. s. (en lo sucesivo, «CROSS») y Siemens Mobility, s. r. o. concurrieron al procedimiento, presentando cada una su propia oferta.
14.
El 6 de abril de 2020, el poder adjudicador excluyó a CROSS del procedimiento, por incumplir las condiciones de la licitación.
15.
El 7 de abril de 2020, el poder adjudicador eligió como contratista a Siemens Mobility.
16.
CROSS recurrió la decisión de 6 de abril de 2020 ante el propio poder adjudicador, que desestimó el recurso el 4 de mayo de 2020.
17.
CROSS presentó contra la resolución de 4 de mayo de 2020 una solicitud de revisión ante la ÚOHS, instando la anulación de su exclusión y de la elección de Siemens Mobility como contratista.
18.
El 3 de julio de 2020, la ÚOHS adoptó, de oficio, la medida cautelar consistente en prohibir al poder adjudicador celebrar el contrato hasta que finalizase la tramitación del recurso.
19.
El 5 de agosto de 2020, la ÚOHS desestimó la solicitud de revisión instada por CROSS.
20.
CROSS interpuso ante el presidente de la ÚOHS un recurso de alzada contra la resolución de 5 de agosto de 2020.
21.
El 9 de noviembre de 2020, el presidente de la ÚOHS desestimó el recurso de alzada. Su resolución ganó firmeza (en vía administrativa) (
5
) el 13 de noviembre de 2020.
22.
El 18 de noviembre de 2020, el poder adjudicador celebró el contrato público con Siemens Mobility.
23.
El 13 de enero de 2021, CROSS entabló un recurso contencioso administrativo contra la resolución del presidente de la ÚOHS de 9 de noviembre de 2020, ante el Krajský soud v Brně (Tribunal regional de Brno, República Checa).
24.
CROSS solicitó al órgano judicial que otorgara efectos suspensivos al recurso y que, cautelarmente, prohibiera al poder adjudicador la celebración del contrato.
25.
El 11 de febrero de 2021, el Krajský soud v Brně (Tribunal regional de Brno) desestimó las solicitudes de CROSS, al considerar que:
–
Como el contrato ya se había celebrado, resultaba infundado prohibir al poder adjudicador su celebración.
–
Aún si se anulara la resolución impugnada, la consecuencia sería devolver el expediente a la ÚOHS, que archivaría el procedimiento.
–
Tampoco podría prohibirse al poder adjudicador ejecutar ese contrato, puesto que no existía ningún óbice legal a su celebración en el momento en que se suscribió, al haber ganado firmeza la resolución del presidente de la ÚOHS.
26.
El 28 de marzo de 2022, el Krajský soud v Brně (Tribunal regional de Brno) oyó a las partes del proceso sobre la pertinencia de plantear una petición de decisión prejudicial, a la vista de las dudas sobre la compatibilidad de las normas nacionales con la Directiva 89/665 y con el artículo 47 de la Carta.
27.
A su juicio, esas normas nacionales, que permiten celebrar un contrato público tan pronto como sea firme (en vía administrativa) la resolución del presidente de la ÚOHS, podrían oponerse al artículo 2, apartado 3, y al artículo 2 bis, apartado 2, de la Directiva 89/665, pues no garantizan una tutela judicial efectiva a los licitadores excluidos del procedimiento de selección.
28.
Tras la audiencia de las partes, el Krajský soud v Brně (Tribunal regional de Brno) decidió elevar al Tribunal de Justicia esta pregunta prejudicial:
«¿Es compatible con los artículos 2, apartado 3, y 2 bis, apartado 2, de la Directiva 89/665/CEE, interpretados a la luz del artículo 47 de la Carta […], una disposición legal checa que permite que el poder adjudicador celebre un contrato público antes de que se interponga el recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente para examinar la legalidad de la decisión sobre la exclusión de un licitador, dictada en segunda instancia por la [ÚOHS]?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
29.
La petición de decisión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 9 de mayo de 2022.
30.
Han depositado observaciones escritas la ÚOHS, los Gobiernos checo y chipriota y la Comisión Europea. Todos ellos, así como CROSS, comparecieron en la vista celebrada el 25 de mayo de 2023.
IV. Apreciación
A.
Observaciones preliminares
1. Carácter no jurisdiccional de la ÚOHS
31.
Según el auto de reenvío, aun cuando las disposiciones legales checas consideren que la ÚOHS es un «órgano de recurso» a los efectos de la Directiva 89/665, no puede calificarse de tribunal independiente e imparcial, en el sentido del artículo 47 de la Carta y del apartado 73 de la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Randstad Italia. (
6
)
32.
El Tribunal de Justicia ha de atenerse al marco jurídico nacional tal como lo describe el órgano judicial de reenvío, que es el intérprete autorizado de su derecho interno. (
7
) Así pues, hay que aceptar lo que sobre la naturaleza jurídica de la ÚOHS sostiene el tribunal a quo.
33.
En realidad, la ÚOHS no ha reivindicado en sus observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia su carácter jurisdiccional, (
8
) sino, simplemente, su cualidad de «órgano responsable de los procedimientos de recurso», en el sentido del artículo 2 de la Directiva 89/665.
2. Objeto de la impugnación de CROSS
34.
No obstante las dudas expresadas por la Comisión, (
9
) la impugnación de CROSS se dirigía también contra la adjudicación del contrato a Siemens Mobility. Así se deduce del auto de reenvío. (
10
)
35.
Esta circunstancia es coherente con el contenido de la pregunta prejudicial, en la que se pide al Tribunal de Justicia la interpretación del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665, es decir, de la norma que rige los efectos suspensivos de los «recursos referentes a una decisión de adjudicación de un contrato».
B.
Interpretación del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665
36.
Frente a las decisiones de los poderes adjudicadores (cuando se trate, obviamente, de contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24), los Estados miembros han de garantizar que los interesados dispongan de mecanismos de recurso aptos para enjuiciar, con rapidez y eficacia, si aquellas decisiones han infringido el derecho de la Unión en materia de contratación pública o las normas nacionales que lo incorporan a sus respectivos ordenamientos. Este es, en definitiva, el designio de la Directiva 89/665.
37.
El artículo 1, apartado 5, de esa Directiva autoriza a los Estados miembros a exigir que la persona que desee interponer un recurso contra una decisión del poder adjudicador lo haga, en primer lugar, ante ese mismo poder adjudicador.
38.
La autonomía procesal de los Estados miembros se extiende, pues, a la implantación —opcional— de un recurso (reclamación) (
11
) inicial ante el poder adjudicador. Su interposición conlleva la suspensión de la posibilidad de celebrar el contrato, como sucedió en este asunto.
39.
Al margen de esa reclamación ante el poder adjudicador, la Directiva 89/665 contempla verdaderos recursos, que se sustancian ante los «órganos responsables de los procedimientos de recurso». A esos órganos se refiere su artículo 2, admitiendo que puedan tener «carácter jurisdiccional» o no tenerlo, según confirma su apartado 9 (que prevé el régimen aplicable cuando no ostenten ese carácter). (
12
)
40.
En concreto, el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665 prevé que se someta a «un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador» un recurso contra la decisión de adjudicación de un contrato. Como a continuación expondré, esa prescripción ni exige ni prohíbe que el órgano de primera instancia tenga carácter jurisdiccional.
1. Noción de «órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador»
41.
La noción que emplea el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665 es amplia. (
13
) En ella pueden englobarse:
–
Órganos no jurisdiccionales a los que se confía el control (revisión) en vía administrativa de las decisiones del poder adjudicador. (
14
)
–
Órganos jurisdiccionales a los que las normas procesales del Estado miembro atribuyan la competencia, en primera instancia, para dirimir, de modo directo, los recursos contra las decisiones del poder adjudicador respecto de las que no se haya contemplado su impugnación ante órganos administrativos. Por definición, estos órganos jurisdiccionales son independientes del poder adjudicador.
42.
El acento en la expresión del artículo 2, apartado 3, recae sobre el sintagma «órgano de primera instancia» (y, eventualmente, sobre su independencia del poder adjudicador) pero no, repito, sobre el carácter jurisdiccional o no de tal órgano.
43.
Así pues, un órgano jurisdiccional podrá, si la norma nacional lo dispone (lo que no parece suceder en la República Checa), actuar como órgano de primera instancia a título del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665.
2. Efectos suspensivos de los recursos ante los órganos de primera instancia
44.
El derecho del Estado miembro ha de garantizar, a tenor del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665, que el poder adjudicador no celebrará el contrato hasta que el órgano de recurso de primera instancia resuelva sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso. Esa suspensión no finalizará antes de que expire el plazo que contemplan otros preceptos de la Directiva 89/665. (
15
)
45.
En virtud del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665, el plazo suspensivo automático se aplica solo mientras el órgano de primera instancia (en este asunto, la ÚOHS) no resuelva sobre la solicitud de medidas cautelares o sobre el fondo del recurso.
46.
Dejando a salvo el supuesto del artículo 2, apartado 3, (y el del artículo 1, apartado 5), la Directiva 89/665 no requiere que el resto de los procedimientos de recurso tengan necesariamente efectos suspensivos automáticos. Así lo prescribe su artículo 2, apartado 4.
47.
El efecto suspensivo automático se aplica, pues, a los que el artículo 2, apartado 3, califica como recursos ante un órgano de primera instancia. Es esta característica (y la independencia respecto del poder adjudicador) la decisiva para que entre en juego la prohibición cautelar de celebrar el contrato.
48.
La Directiva 89/665, insisto, no extiende necesariamente el efecto suspensivo automático a los ulteriores recursos jurisdiccionales que se entablen contra la decisión del órgano de primera instancia, si este es administrativo. Respecto de esos recursos jurisdiccionales, rige la previsión general del artículo 2, apartado 4, de la Directiva 89/665.
49.
Analizaré más tarde si el artículo 47 de la Carta exige que se dote a esos recursos jurisdiccionales (posteriores a la decisión del «órgano de primera instancia») de la misma eficacia suspensiva que la regulada por el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665.
3. Diferentes órganos de recurso, según el derecho checo, y efectos suspensivos de los recursos interpuestos ante ellos
50.
De las informaciones facilitadas al Tribunal de Justicia se infiere que, en la República Checa, los afectados disponen de las siguientes vías de recurso («recursos» en sentido lato) contra las decisiones de adjudicación de un contrato:
–
Una primera reclamación ante el propio poder adjudicador. En este asunto, CROSS la dedujo ante la Statutární město Brno (Ciudad de Brno, República Checa) que actuaba como poder adjudicador. A su reclamación se le aplica, pues, el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 89/665 y, conforme a él, el poder adjudicador se abstuvo de celebrar el contrato mientras estuvo pendiente.
–
Un ulterior recurso contra la decisión de adjudicación, entablado ante la ÚOHS, que actúa como «órgano de primera instancia, independiente del poder adjudicador». A este recurso, que no tiene carácter jurisdiccional, se le aplica el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665. Por eso, la ÚOHS prohibió cautelarmente al poder adjudicador celebrar el contrato.
–
Un último recurso, este ya de carácter jurisdiccional, ante los tribunales de lo contencioso administrativo, como el que aquí se ha interpuesto. En él no se despliegan necesaria y automáticamente los efectos suspensivos que contempla el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665, si antes se ha hecho uso de la «vía administrativa» ante la ÚOHS.
51.
Importa destacar que, en principio, no hay ningún obstáculo, derivado de la Directiva 89/665, para que el contrato se celebre antes o durante la sustanciación del recurso jurisdiccional, cuando este último recurso venga precedido del tramitado y resuelto ante la ÚOHS.
C.
Recursos jurisdiccionales eficaces. Artículo 2, apartado 9, de la Directiva 89/665 y artículo 47 de la Carta
52.
En lo que atañe a la Directiva 89/665, el Tribunal de Justicia ha declarado que «[…] el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, consagrado en el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la Carta, es pertinente, en particular, cuando los Estados miembros fijan, de conformidad con dicha obligación, la regulación procesal de los recursos judiciales que garanticen la salvaguarda de los derechos conferidos por el derecho de la Unión a los candidatos y licitadores perjudicados por las decisiones de los poderes adjudicadores». (
16
)
53.
El artículo 1 de la Directiva 89/665 obliga a que los Estados miembros adopten las medidas legislativas indispensables para lograr que las decisiones de los poderes adjudicadores puedan ser recurridas de manera eficaz, en las condiciones establecidas en los artículos 2 a 2 septies de aquella Directiva.
54.
El imperativo de eficacia se extiende, lógicamente, a los recursos que se interpongan ante los órganos jurisdiccionales, para los que rige el artículo 47 de la Carta. De ese imperativo derivan consecuencias que atañen, a la fase cautelar de aquellos recursos.
55.
El artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665 otorga, como ya he subrayado, efecto suspensivo a los recursos ante órganos de primera instancia. La suspensión no se extiende, empero, de modo automático a los ulteriores recursos jurisdiccionales que se entablen contra la decisión del órgano (administrativo) de primera instancia. Para ellos rige la previsión del artículo 2, apartado 4, de la Directiva 89/665.
56.
Ahora bien, resulta oportuno recordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en torno a la tutela cautelar exigible en los procesos en los que se diriman derechos derivados de normas de la Unión:
–
Como regla general, «el juez nacional que conoce de un litigio regido por el derecho de la Unión debe estar facultado para adoptar medidas provisionales que garanticen la plena eficacia de la resolución judicial que debe recaer acerca de la existencia de los derechos invocados sobre la base del derecho de la Unión». (
17
)
–
«El principio de tutela judicial efectiva de los derechos conferidos a los justiciables por el ordenamiento jurídico comunitario exige que, con arreglo al derecho de un Estado miembro, se puedan acordar medidas cautelares hasta que el órgano jurisdiccional competente se pronuncie sobre la conformidad de las disposiciones nacionales de que se trate con el derecho comunitario, cuando la concesión de dichas medidas sea necesaria para garantizar la plena eficacia de la resolución judicial que resuelva sobre la existencia de tales derechos». (
18
)
57.
En coherencia con el objetivo de «garantizar el pleno respeto del derecho a la tutela judicial efectiva […], de conformidad con el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la Carta», (
19
) el Tribunal de Justicia asocia estas garantías con la salvaguarda de los derechos conferidos por el derecho de la Unión a los candidatos y a los licitadores perjudicados por las decisiones de los poderes adjudicadores. (
20
) Por eso, ha declarado que se ha de dar a los interesados la «posibilidad real de interponer un recurso, en particular una demanda de medidas cautelares» antes de la celebración del contrato. (
21
)
58.
Si, como aquí ocurre, los órganos responsables de los procedimientos de recurso no son de carácter jurisdiccional (esto es, no forman parte del sistema de tutela judicial stricto sensu), la jurisprudencia que acabo de citar requiere que sea posible acudir a un juez para que se pronuncie sobre las decisiones de aquellos.
59.
Así lo confirma el artículo 2, apartado 9, de la Directiva 89/665 en el ámbito de la contratación pública: cuando los Estados miembros opten por una configuración administrativa de los órganos de recurso, las decisiones de estos órganos han de poder «ser objeto de un recurso jurisdiccional […]».
60.
En tales casos, el artículo 2, apartado 9, de la Directiva 89/665 exige, pues, que se deje abierta la vía del recurso jurisdiccional, como medio para impugnar «cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el órgano de recurso competente, o cualquier presunta infracción cometida en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas».
61.
Pues bien, ese control jurisdiccional debe incluir la posibilidad de que el juez adopte medidas cautelares (o revise las ya acordadas por las instancias anteriores) para no dotar de irreversibilidad a la infracción en la que haya incurrido el órgano de recurso, al no haber corregido la conducta ilícita del poder adjudicador. (
22
) Solo así será efectiva la protección judicial que salvaguarda el artículo 47 de la Carta.
62.
En este contexto debe entenderse la posibilidad (artículo 2, apartado 7, párrafo segundo, de la Directiva 89/665) de que la reacción jurisdiccional se limite a la indemnización de daños y perjuicios, a la que ulteriormente me referiré.
63.
Una lectura aislada del artículo 2, apartado 7, párrafo segundo, de la Directiva 89/665 podría inducir a defender (así lo sostuvo alguno de los intervinientes en la vista) que los Estados miembros estén facultados para prever, de manera incondicionada, que la reacción contra la ilegalidad se circunscriba a esa indemnización.
64.
Creo, sin embargo, que esa tesis no es acertada y que solo una visión conjunta de los apartados 7 y 9 del artículo 2 de la Directiva 89/665 respeta el derecho a la tutela judicial efectiva. Cualquier infracción o medida presuntamente ilegal que adopte un órgano de recurso de primera instancia no jurisdiccional ha de estar necesariamente sometida al control de un órgano jurisdiccional stricto sensu que haya tenido la oportunidad de pronunciarse con carácter cautelar, antes de decidir si la anulación del contrato merece únicamente una indemnización.
65.
Como es lógico, que exista esa posibilidad no implica que la medida cautelar haya de adoptarse en todo caso: corresponderá al juez, previa valoración de los intereses en conflicto, apreciar si existe periculum in mora y si la posición jurídica de quien solicita la medida tiene, al menos, apariencia de buen derecho. De lo que se trata, repito, es de que el órgano jurisdiccional disponga de la capacidad plena para decidir sobre la medida cautelar.
66.
A mi juicio, no hay razones para excluir de esta protección cautelar los supuestos en los que el contrato ha sido celebrado antes de que se interponga el recurso jurisdiccional. Ciertamente, en tal hipótesis, el juez no podrá suspender la celebración de algo que ya ha tenido lugar, pero conserva a su disposición otro tipo de medidas a las que acudir: por ejemplo, la suspensión provisional de los efectos del contrato ya firmado.
67.
En la vista, el Gobierno checo y la ÚOHS adujeron que la admisión de esta posibilidad podría implicar que el interés público, inherente a una contratación pública rápida y eficaz, se resintiese, pues los procesos judiciales suelen ser lentos y la demora sería insostenible.
68.
No creo que esta objeción sea insuperable:
–
Por un lado, el impacto de la demora por la intervención judicial no se extiende a todo el proceso judicial, sino al breve plazo en el que el juez ha de adoptar o rechazar la medida cautelar. (
23
) La naturaleza normalmente ejecutiva de las decisiones recurridas hará que la prolongación se limite al tiempo necesario para que el órgano jurisdiccional resuelva cautelarmente. (
24
)
–
Por otro lado, las dificultades prácticas apuntadas se basaban en la comparación entre los medios personales puestos a disposición de la ÚOHS y de los tribunales del orden contencioso administrativo checo. Si eso es así, corresponde al Estado interesado en que la contratación pública sea ágil tomar las medidas procesales oportunas para evitar los retrasos. Tal circunstancia no se puede aducir para propiciar una interpretación de la Directiva que debilite la protección judicial garantizada por el artículo 47 de la Carta.
69.
La solución que propongo es alcanzable en el sistema jurídico checo ya que, como se reconoció en la vista, el artículo 38 de la Ley 150/2002 permite adoptar «una medida cautelar ordenando a las partes hacer, abstenerse de hacer o soportar algo». El precepto no prohíbe, en cuanto tal, suspender los efectos del contrato ya celebrado.
70.
Coincido con la Comisión (
25
) en que esta posibilidad se ha de emplear con prudencia, rechazando demandas cautelares abusivas o frívolas. Entiendo que el órgano judicial ha de exigir con rigor, además de la constatación del periculum in mora, una fundamentación jurídica que revele, por sí misma, ciertas probabilidades de éxito de la pretensión de fondo (fumus boni iuris).
71.
Además, el juez que haya de decidir sobre la pretensión cautelar deberá sopesar cuidadosamente si razones imperiosas de interés general (no identificables sin más con los intereses económicos directamente vinculados al contrato) (
26
) exigen que se mantengan provisionalmente los efectos del contrato una vez celebrado.
72.
Las consideraciones hasta aquí expuestas no implican extender a la vía judicial la mecánica de suspensión automática prevista en el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665. No creo que sea necesario forzar la letra de este precepto, prolongando los efectos de la suspensión automática más allá de donde ha previsto el legislador. Sencillamente, en caso de que el órgano independiente de recurso no sea jurisdiccional, el artículo 47 de la Carta determina que el juez ha de conservar plenas facultades para decidir sobre la medida cautelar, de acuerdo con las reglas de su derecho nacional.
73.
En este escenario, dos situaciones son posibles:
–
Que el contrato entre el poder adjudicador y el adjudicatario no se haya firmado. La decisión cautelar se centrará en la suspensión provisional de la posibilidad de celebrar el contrato.
–
Si la firma del contrato se ha producido, la decisión cautelar podrá afectar a la operatividad de los efectos del contrato, que el órgano jurisdiccional está habilitado para dejar en suspenso.
D.
Eficacia de las sentencias que anulan el contrato
74.
Lo hasta ahora dicho responde al interrogante suscitado por el tribunal de reenvío en lo que atañe a la interpretación del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665.
75.
Ahora bien, el mismo tribunal de reenvío ha introducido en su petición de decisión prejudicial ciertas dudas que, aun relacionadas con las medidas cautelares, desbordan el ámbito de estas y conciernen, más bien, a la eficacia de la sentencia que ponga fin al litigio. Afirma, en este sentido, que:
–
Si se anula judicialmente la resolución de la ÚOHS, se devolverá a esta el litigio para su tramitación ulterior. Sin embargo, cuando ya hubiese tenido lugar con anterioridad la celebración del contrato, la ÚOHS no examinará nuevamente el recurso contra el acto del poder adjudicador, sino que lo archivará.
–
Por tanto, puede ocurrir que el licitador excluido, a pesar de haber visto estimadas sus pretensiones en la vía jurisdiccional, no tenga oportunidad de obtener la adjudicación, puesto que, mientras se tramitó y resolvió el recurso contencioso administrativo, se habrá ya celebrado el contrato.
–
En esa hipótesis, el recurrente que haya obtenido la declaración judicial de nulidad de la licitación solamente estará autorizado a reclamar, en un procedimiento civil, la reparación del daño causado por el acto del poder adjudicador no ajustado a derecho. (
27
)
76.
Abordaré estas dudas en aras de la exhaustividad, aunque no estoy convencido de que sea estrictamente necesario hacerlo para dar una respuesta útil al interrogante que el propio tribunal a quo resume al final de su petición de decisión prejudicial.
77.
He defendido en otra ocasión (
28
) que la lógica del sistema de recursos contra las decisiones de una autoridad (como la ÚOHS) sujetas a revisión jurisdiccional implica que, en principio, de ser invalidadas por el órgano judicial competente, su nulidad debe extenderse también a los efectos que hayan producido, pues estos quedan privados del sustrato jurídico sobre el que crecieron.
78.
En otras palabras, la sentencia que anula la adjudicación de un contrato público debería tener como consecuencia, en principio, la interdicción de que el contrato surta efectos. La anulación de la adjudicación se retrotraería (ex tunc) al momento en el que se adoptó esa adjudicación. Ese es, por lo demás, el criterio general que recoge la Directiva 89/665 tras su reforma de 2007, para los contratos que incurran en las más graves infracciones de esa Directiva. (
29
)
79.
Ahora bien, ese criterio general tolera excepciones y así lo dispone la Directiva 89/665 (en particular, para los contratos públicos ya celebrados) a causa de los inconvenientes ligados a la declaración de ineficacia. (
30
) Los Estados miembros pueden, por ejemplo, en caso de incumplimiento de requisitos formales, «considerar inapropiado el principio de ineficacia. En estos casos, los Estados miembros deben disponer de flexibilidad para imponer sanciones alternativas». (
31
)
80.
Tras su reforma por la Directiva 2007/66, la Directiva 89/665 autoriza (considerandos vigésimo primero (
32
) y vigésimo segundo (
33
) de la Directiva 2007/66 y artículos 2 quinquies y sexies de la Directiva 89/665 modificada) que, ante contratos cuya ineficacia debería declararse en principio, dado su origen ilícito, «se reconozcan algunos o todos sus efectos temporales», esto es, se mantengan los efectos del contrato, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan y de las indemnizaciones por daños y perjuicios.
81.
La Directiva 89/665 contempla, pues, la posibilidad de que la sentencia que acoja una acción de anulación se proyecte sobre un contrato ya celebrado sin llevar hasta el extremo las consecuencias inherentes a su nulidad.
82.
En este sentido, la Directiva 89/665 prevé soluciones variables en función de los supuestos en liza:
–
La regla general (artículo 2, apartado 7) es que «excepto en los casos previstos en los artículos 2 quinquies a 2 septies, los efectos del ejercicio de las facultades contempladas en el apartado 1 del presente artículo sobre un contrato celebrado tras un procedimiento de adjudicación se determinarán con arreglo al derecho nacional».
–
El artículo 2 quinquies, apartado 2, corrobora que «las consecuencias de la ineficacia de un contrato serán las previstas en la legislación nacional». Esta, a su vez, «podrá establecer la anulación con efectos retroactivos de todas las obligaciones contractuales o limitar el alcance de la anulación a las obligaciones que estén aún por ejecutar». (
34
)
–
El artículo 2 quinquies, apartado 3, autoriza asimismo a los Estados miembros a establecer que «el órgano de recurso independiente del poder adjudicador no pueda declarar ineficaz un contrato, aunque haya sido adjudicado ilegalmente con arreglo a los motivos indicados en el apartado 1, si […] considera, tras haber examinado todos los aspectos pertinentes, que razones imperiosas de interés general exigen que se mantengan los efectos del contrato […]».
–
El artículo 2 sexies, apartado 1, proclama que, en determinadas circunstancias, (
35
)«los Estados miembros dispondrán la ineficacia del contrato de conformidad con el artículo 2 quinquies, apartados 1 a 3, o sanciones alternativas».
–
En ese mismo precepto se lee que «los Estados miembros podrán disponer que el órgano de recurso independiente del poder adjudicador decida, tras haber examinado todos los aspectos pertinentes, si el contrato ha de considerarse ineficaz o si han de aplicarse sanciones alternativas».
83.
De ese conjunto de disposiciones se infiere que, con arreglo a la Directiva 89/665, en determinadas circunstancias las normas nacionales pueden disponer que la sentencia anulatoria de la adjudicación de un contrato público: a) o bien tenga efectos retroactivos, afectando ex tunc a todas las obligaciones contractuales; b) o bien no conduzca inexorablemente a la privación de efectos a aquel contrato.
84.
Esas previsiones de la Directiva 89/665 aspiran a encontrar un equilibrio entre las normales consecuencias de una sentencia anulatoria y la salvaguardia de otros intereses públicos inherentes a la prestación de los servicios objeto del contrato. En este ámbito, como en otros, el derecho nacional puede autorizar que la sentencia declaratoria de la nulidad se vea privada de su eficacia «natural», sustituida por una obligación de indemnizar o por otras medidas alternativas.
85.
Las mencionadas previsiones de la Directiva 89/665 (y las normas nacionales que las incorporan) no se oponen al artículo 47 de la Carta, (
36
) siempre que la tutela judicial a la que tiene derecho cualquier licitador le permita, en caso de que la adjudicación del contrato que le fue desfavorable se anule a posteriori, obtener una indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado.
86.
El derecho protegido por el artículo 47 de la Carta no impone una solución unívoca a los problemas que surjan en torno a la eficacia de las sentencias anulatorias de actos (o contratos) administrativos. De ese artículo 47 puede deducirse, ciertamente, la regla general que he mencionado, pero esa misma regla no inhibe la posibilidad de encontrar acomodo a las excepciones antes destacadas. (
37
)
87.
La ineficacia de los contratos se mantendrá, sin embargo, cuando un órgano judicial nacional de un Estado miembro (que así lo haya establecido en su legislación) dicte sentencia en la que declare nula la adjudicación de un contrato, atribuyendo consecuencias ex tunc a su pronunciamiento.
88.
En el asunto de autos, las consideraciones precedentes pueden tener especial incidencia cuando, tras la celebración del contrato, el órgano judicial competente para enjuiciar las decisiones de la ÚOHS no adopte ninguna medida cautelar. En esa tesitura, si la sentencia que ponga fin al recurso contencioso administrativo anula la resolución de la ÚOHS (así como el contrato que esta aceptó) y las normas nacionales exigen que el litigio se devuelva a esta autoridad, para su tramitación ulterior, la ÚOHS habrá de valorar, en los términos del artículo 2 quinquies de la Directiva 89/665, qué consecuencias se derivan de la declaración de ineficacia del contrato.
V. Conclusión
89.
A tenor de lo expuesto, propongo responder al Krajský soud v Brně (Tribunal regional de Brno) en estos términos:
«Los artículos 2, apartado 3, y el artículo 2, apartado 9, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, leídos a la luz del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
han de interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una normativa nacional en cuya virtud, una vez agotado el procedimiento ante una instancia de recurso independiente (no jurisdiccional), el poder adjudicador puede celebrar un contrato público antes de que se interponga el recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente para examinar la legalidad de la decisión sobre la exclusión de un licitador o la adjudicación del referido contrato, siempre que en el marco de ese recurso contencioso administrativo el tribunal que lo ha de resolver esté habilitado para adoptar medidas cautelares consistentes, en su caso, en la paralización de los efectos del contrato ya firmado».
(
1
)	Lengua original: español.
(
2
)	Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO 1989, L 395, p. 33).
(
3
)	Se transcribe el texto tal como resulta de la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos (DO 2007, L 335, p. 31), así como de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO 2014, L 94, p. 1).
(
4
)	El anuncio se publicó en el Věstník veřejných zakázek (Diario de licitaciones públicas) con el n.o Z2019 034002 y en el DOUE con el n.o 2019/S 190 461538. El valor estimado de la licitación pública ascendía a 13805000 CZK (aproximadamente 566000 euros) sin incluir el impuesto sobre el valor añadido.
(
5
)	Por firmeza «en vía administrativa» entiendo el agotamiento de esa vía, esto es, que no quepa ya una ulterior reclamación ante la Administración y solo pueda interponerse un recurso jurisdiccional.
(
6
)	Asunto C- 497/20, EU:C:2021:1037. En lo sucesivo, «sentencia Randstad Italia».
(
7
)	En los procedimientos del artículo 267 TFUE, basados en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, solo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal y para interpretar y aplicar el derecho nacional [Sentencia de 26 de abril de 2017, Farkas (C‑564/15, EU:C:2017:302), apartado 37].
(
8
)	En el apartado 22 de esas observaciones admite como indiscutido «el hecho de que [la ÚOHS], que forma parte del poder ejecutivo, no es un órgano jurisdiccional». En el apartado 35 reitera que «[…] no es un órgano jurisdiccional, sino una autoridad central, lo que autoriza la Directiva 89/665».
(
9
)	Apartado 12 de sus observaciones escritas,
(
10
)	Auto de reenvío, apartado 2: «CROSS presentó un recurso […] ante [la ÚOHS]] contra el acto del poder adjudicador, reclamando la anulación de la comunicación sobre su exclusión y la elección de la sociedad Siemens Mobility como contratista». Cursiva añadida.
(
11
)	Creo preferible emplear el término «reclamación», mejor que el de recurso, en este contexto. En realidad, se trata de una solicitud al autor de la decisión, instándole a que la reconsidere.
(
12
)	Las decisiones de los órganos de recurso que no tengan carácter jurisdiccional deberán ir siempre motivadas por escrito y contra ellas se puede interponer «un recurso jurisdiccional o […] un recurso ante otro órgano jurisdiccional en el sentido del artículo [267 TFUE]».
(
13
)	Las diferentes versiones lingüísticas coinciden en esa amplitud: «Stelle in erster Instanz», en la alemana; «body of first instance», en la inglesa; «instances de premier ressort», en la francesa; «organo di prima istanza», en la italiana.
(
14
)	Obviamente, han de ser órganos ajenos al poder adjudicador. Puede tratarse de autoridades independientes, como la de defensa de la competencia.
(
15
)	El régimen del plazo suspensivo se regula pormenorizadamente en el artículo 2 bis.
(
16
)	Sentencia Randstad Italia, apartado 49, con cita de la sentencia de 7 de septiembre de 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700), apartado 128. Cursiva añadida.
(
17
)	Sentencia de 14 de mayo de 2020(Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, (C-924/19 PPU y C-925/19 PPU, EU:C:2020:367), apartado 297, con cita de las sentencias de 19 de junio de 1990 (Factortame y otros, C‑213/89, EU:C:1990:257), apartado 21, y de 15 de enero de 2013 (Križan y otros, C‑416/10, EU:C:2013:8), apartado 107.
(
18
)	Sentencia de 13 de marzo de 2007, Unibet (C-432/05, EU:C:2007:163), apartado 77 y parte dispositiva, punto 2.
(
19
)	Considerando trigésimo sexto de la Directiva 2007/66.
(
20
)	Sentencia Randstad Italia, apartado 49, con cita de la sentencia de 7 de septiembre de 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C-927/19, EU:C:2021:700), apartado 128.
(
21
)	Auto de 23 de abril de 2015, Comisión/Vanbreda Risk & Benefits (C-35/15 P(R), EU:C:2015:275), apartado 29, con cita de la sentencia Fastweb, (C‑19/13, EU:C:2014:2194), apartado 60, cursiva añadida.
(
22
)	Uno de los objetivos de la Directiva 2007/66 es, precisamente, combatir la «firma muy acelerada del contrato por parte de los poderes adjudicadores y las entidades contratantes, que desean con ello hacer irreversibles las consecuencias de la decisión de adjudicación controvertida» (considerando cuarto).
(
23
)	En la República Checa, el recurso contencioso administrativo puede interponerse en el plazo de dos meses desde que se notifique al recurrente la resolución administrativa dictada en segunda instancia (artículo 72, apartado 1, de la Ley n.o 150/2002). En él podrá incluirse la solicitud de adopción de una medida cautelar, consistente en prohibir al poder adjudicador celebrar el contrato durante la tramitación del procedimiento ante el órgano jurisdiccional. No es admisible instar la adopción de una medida cautelar antes de la interposición del recurso contencioso administrativo (artículo 38 de la Ley n.o 150/2002).
(
24
)	Según el auto de reenvío (apartado 18), el juez ha de resolver en un plazo de treinta días, desde la presentación de la demanda, la solicitud de medidas cautelares.
(
25
)	Apartados 17 y 18 de sus observaciones escritas.
(
26
)	No creo que haya inconveniente en trasladar, mutatis mutandis, a la fase cautelar ante los órganos judiciales las previsiones del artículo 2 quinquies, de la Directiva 98/665 sobre la presencia de las razones imperiosas de interés general y de los intereses económicos en juego, como criterios para modular las declaraciones de ineficacia de los contratos.
(
27
)	Con arreglo a la zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (Ley n.o 99/1963, del Código de procedimiento civil). Puntualiza el tribunal remitente que este tipo de pretensiones rara vez prospera.
(
28
)	Conclusiones del asunto Polkomtel (C‑231/15, EU:C:2016:440), punto 64.
(
29
)	Así sucede con los contratos resultantes de una «adjudicación directa ilegal» (considerando décimo tercero de la Directiva 2007/66) o los «que se celebren en infracción del período suspensivo o de la suspensión automática» (considerando décimo octavo de la Directiva 2007/66). En esos supuestos, «el objetivo que se persigue al establecer los Estados miembros la normativa por la que se garantice que un contrato no produzca efectos, es que los derechos y las obligaciones de las partes del contrato dejen de ser de obligado cumplimiento y ejecución» (considerando vigésimo primero de la Directiva 2007/66).
(
30
)	Sentencia de 26 de noviembre de 2015, MedEval (C-166/14, EU:C:2015:779) apartado 40: «privar de eficacia a un contrato público adjudicado a raíz de un procedimiento de licitación […] constituye una intervención sustancial de la autoridad administrativa o judicial en las relaciones contractuales entre los particulares y los organismos estatales. Una decisión de este tipo puede, por tanto, causar una perturbación considerable y pérdidas económicas, no sólo al adjudicatario del contrato público considerado, sino también al poder adjudicador y, en suma, a la sociedad, beneficiaria final de la realización de las obras o de la prestación de los servicios objeto del contrato público de que se trate. Como se desprende de los considerandos 25 y 27 de la Directiva 2007/66, el legislador de la Unión ha dado una mayor importancia a la exigencia de seguridad jurídica en relación con los recursos que tienen por objeto privar de eficacia a un contrato que con las demandas de indemnización por daños y perjuicios».
(
31
)	Considerando décimo noveno de la Directiva 2007/66.
(
32
)
(
33
)	«Los Estados miembros pueden ofrecer al órgano responsable de los procedimientos de recurso la posibilidad de no poner en peligro el contrato o de reconocer algunos o todos sus efectos temporales, siempre que el respeto de algunas razones imperiosas de interés general así lo imponga en las circunstancias excepcionales del caso concreto […]». Cursiva añadida
(
34
)	En este último supuesto, los Estados miembros dispondrán que se apliquen otras sanciones, en el sentido del artículo 2 sexies, apartado 2.
(
35
)	En caso de infracción del artículo 1, apartado 5, del artículo 2, apartado 3, o del artículo 2 bis, apartado 2, que no esté cubierta por el artículo 2 quinquies, apartado 1, letra b).
(
36
)	En la sentencia de 11 de septiembre de 2014, Fastweb (C-19/13, EU:C:2014:2194), apartado 64, el Tribunal de Justicia declaró que «el artículo 2 quinquies, apartado 4, de la Directiva 89/665, al establecer el mantenimiento de los efectos de un contrato, no es contrario a las exigencias derivadas del artículo 47 de la Carta».
(
37
)	Me remito a los puntos 61 a 70 de mis conclusiones en el asunto Polkomtel (C‑231/15, EU:C:2016:440).