62023TJ0551
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Décima)
de 4 de junio de 2025 (
*1
)
«Política económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Tareas específicas de supervisión encomendadas al BCE — Decisión por la que se revoca la autorización de una entidad de crédito — Infracción de la legislación nacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo — Artículo 83, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 y artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Alcance de la evaluación llevada a cabo por el BCE de las circunstancias que justifican la revocación — Competencias de las autoridades nacionales competentes y del BCE en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) — Requisitos de la revocación — Obligación de motivación — Derecho a una buena administración»
En el asunto T‑551/23,
Baltic International Bank SE, con domicilio social en Riga (Letonia), representada por el Sr. M. Supe y la Sra. V. Supe, abogados,
parte demandante,
contra
Banco Central Europeo (BCE), representado por las Sras. E. Yoo, J. Poscia y K. Drēviņa y por el Sr. M. Puidokas, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Décima),
integrado por la Sra. O. Porchia (Ponente), Presidenta, y los Sres. M. Jaeger y P. Nihoul, Jueces;
Secretaria: Sra. I. Kurme, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 3 de diciembre de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, Baltic International Bank SE, solicita la anulación de la Decisión del Banco Central Europeo (BCE), de 3 de julio de 2023, sobre la revocación de la autorización de una entidad de crédito supervisada (en lo sucesivo, «Decisión impugnada») adoptada en su contra.
Antecedentes del litigio
2
La demandante es una entidad de crédito menos significativa establecida en Letonia, sometida a la supervisión prudencial directa de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Comisión de Mercados Financieros y de Capitales, Letonia; en lo sucesivo, «CMFC»), la cual ha pasado a formar parte del Latvijas Banka (Banco de Letonia).
3
Al estimar que la demandante había incumplido desde 2012 sus obligaciones bancarias, la CMFC adoptó varias decisiones respecto de ella.
4
En particular, el 9 de marzo de 2016, la CMFC adoptó la lēmums Nr. 61 par sankciju piemērošanu AS «Baltic International Bank» (Decisión n.o 61 sobre la imposición de sanciones a AS Baltic International Bank; en lo sucesivo, «Decisión n.o 61»), la cual no ha sido impugnada por la demandante. El 29 de noviembre de 2019, la CMFC adoptó la lēmums Nr. 191 par sankciju un pasākumu noteikšanu AS «Baltic International Bank» (Decisión n.o 191 sobre la imposición de sanciones y la adopción de medidas respecto de AS Baltic International Bank; en lo sucesivo, «Decisión n.o 191»), que sí fue impugnada por la demandante. El 22 de diciembre de 2022, la CMFC confirmó dicha decisión mediante la lēmums Nr. 255 par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 29.11.2019. lēmuma Nr. 191 atstāšanu par negrozītu (Decisión n.o 255 sobre el mantenimiento de la [Decisión n.o 191]). La demandante impugnó esta última decisión ante la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo, Letonia).
5
Por otra parte, el 12 de diciembre de 2022, la CMFC adoptó la lēmums Nr. 215 par noregulējuma darbības nepiemērošanu Baltic International Bank SE (Decisión n.o 215 sobre la no aplicación de una medida de resolución a [la demandante]; en lo sucesivo, «Decisión n.o 215») y la lēmums Nr. 216 par finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu un pilnvarnieku iecelšanu Baltic International Bank SE (Decisión n.o 216 sobre la suspensión de la prestación de servicios financieros y la designación de un representante para [la demandante]; en lo sucesivo, «Decisión n.o 216»).
6
El 30 de diciembre de 2022, la CMFC presentó ante el BCE una propuesta de decisión titulada «Sobre la revocación de la autorización de una entidad de crédito supervisada» contra la demandante (en lo sucesivo, «propuesta de decisión»).
7
El 10 de marzo de 2023, el BCE adoptó la Decisión ECB-SSM-2023-LV‑1 WHD-2022‑0014 sobre la revocación de la autorización de una entidad de crédito supervisada (en lo sucesivo, «Decisión inicial»), mediante la que revocó la autorización concedida a la demandante como entidad de crédito.
8
La Decisión inicial tenía como fundamento tres motivos, basados:
–
el primero, en que la demandante había cometido infracciones graves durante un período prolongado y seguía cometiendo, en la fecha de la Decisión inicial, infracciones graves de las disposiciones esenciales de la Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación), de 13 de junio de 2019 (Latvijas Vēstnesis, 2008, n.o 116), que establecen individual y colectivamente motivos de revocación de una autorización;
–
el segundo, en que la demandante incumplió, durante un período prolongado, su obligación de establecer sistemas eficaces de control interno, establecida en el artículo 341, apartado 1, de la Kredītiestāžu likums (Ley de Entidades de Crédito), de 5 de octubre de 1995 (Latvijas Vēstnesis, 1995, n.o 163);
–
el tercero, en que la demandante incumplió su obligación de definir y aplicar una estrategia, políticas y procedimientos prudentes que le permitieran gestionar sus riesgos, incluida la identificación oportuna, la evaluación, el análisis y el control de sus riesgos a que se refiere el artículo 342, apartados 1 y 2, de la Ley de Entidades de Crédito.
9
Mediante sentencia de 24 de marzo de 2023, la Ekonomisko lietu tiesa (Tribunal de Asuntos Económicos, Letonia) declaró a la demandante en liquidación.
10
El 6 de abril de 2023, la demandante presentó una solicitud de revisión de la Decisión inicial ante el Comité Administrativo de Revisión del BCE.
11
El 3 de julio de 2023, el Consejo de Gobierno del BCE sustituyó, con idéntico contenido, la Decisión inicial por la Decisión impugnada, que entró en vigor el día siguiente a la fecha de notificación de la Decisión inicial.
Pretensiones de las partes
12
La demandante solicita al Tribunal General que:
–
Anule la Decisión impugnada.
–
Condene en costas al BCE.
13
El BCE solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso por infundado.
–
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad del recurso
14
El BCE alberga dudas en cuanto a la admisibilidad del recurso y cuestiona la validez del poder otorgado a los abogados de la demandante. Subraya, en particular, que el antiguo Consejo de Administración de la demandante había apoderado a dichos abogados mediante un poder para pleitos de 5 de septiembre de 2005 y un acuerdo de representación de 23 de marzo de 2023, pero que el liquidador de la demandante revocó, a partir del 6 de abril de 2023, todos los poderes otorgados por dicho Consejo de Administración, invalidando así el poder en virtud del cual los abogados de la demandante la representan en el presente asunto.
15
En respuesta a una diligencia de ordenación del procedimiento remitida por el Tribunal General, la demandante presentó, el 23 de octubre de 2024, documentos adicionales, entre ellos un escrito de su administrador, para justificar el poder de sus abogados. También invocó la sentencia de 5 de noviembre de 2019, BCE y otros/Trasta Komercbanka y otros (C‑663/17 P, C‑665/17 P y C‑669/17 P, EU:C:2019:923), para sostener que los poderes de sus abogados no podían ser invalidados, como declaró el Tribunal de Justicia en dicha sentencia. Alega que, a día de 23 de marzo de 2023, su antiguo Consejo de Administración estaba facultado para celebrar el acuerdo de representación con sus abogados. Añade que, si bien su liquidador revocó posteriormente todos los poderes otorgados por dicho Consejo de Administración, dicha revocación no puede tenerse en cuenta en lo que respecta a los poderes otorgados a sus abogados para el presente asunto, ya que existe un riesgo de que el liquidador no impugne el acto adoptado por la CMFC o con el apoyo de esta, que llevó a iniciar el procedimiento de liquidación en lo que a ella respecta, lo que iría en contra del principio de tutela judicial efectiva. A su parecer, el comportamiento del liquidador podría vulnerar su derecho a un juicio justo, como persona jurídica de Derecho privado. La demandante presentó el mismo escrito de su administrador como documento formal para justificar los poderes de sus abogados.
16
A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es de aplicación al Tribunal General conforme al artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto, las personas jurídicas, como la demandante, deben comparecer ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea representadas por un abogado que esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE) (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de febrero de 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑256/22 P, EU:C:2024:125, apartado 35).
17
Habida cuenta de que las personas jurídicas precisan estar representadas por un abogado que esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE, la admisibilidad de un recurso interpuesto por una persona jurídica está supeditada a que se pruebe que la persona de que se trata ha tomado realmente la decisión de interponer el recurso y que los abogados que pretenden representarla han sido apoderados efectivamente a tal fin (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de febrero de 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑256/22 P, EU:C:2024:125, apartado 57 y jurisprudencia citada).
18
Precisamente para garantizar que así ocurre realmente, el artículo 51, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General exige a los abogados, cuando la parte a la que representen sea una persona jurídica de Derecho privado, que presenten en la Secretaría del referido Tribunal un poder otorgado por esa parte; la no presentación de tal poder puede conllevar, con arreglo al apartado 4 de dicho artículo, la inadmisibilidad formal de la demanda (véase la sentencia de 8 de febrero de 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑256/22 P, EU:C:2024:125, apartado 58 y jurisprudencia citada).
19
En el caso de autos, ha quedado acreditado que el antiguo Consejo de Administración de la demandante estaba válidamente facultado para otorgar, el 5 de septiembre de 2005, el poder para pleitos y para celebrar, el 23 de marzo de 2023, el acuerdo de representación con los abogados de la demandante en el presente asunto.
20
En su escrito de 10 de octubre de 2024, comunicado por la demandante el 23 de octubre de 2024 en respuesta a una diligencia de ordenación del procedimiento del Tribunal General y como poder otorgado a sus abogados, el administrador de esta sostiene que las revocaciones de poderes decididas por el liquidador y que se publicaron en los días 11 de abril de 2023 y 29 de enero de 2024 no afectaron a la validez de los poderes otorgados por el antiguo Consejo de Administración a los abogados de la demandante en el presente asunto. Añade que los abogados de la demandante están facultados para representarla en virtud de dichos poderes.
21
A este respecto, basta con señalar que, si bien es cierto que la CMFC no es ni autora de la Decisión impugnada ni parte demandada ante el Tribunal General, pues es el BCE quien posee estas calidades, no lo es menos que participó en la adopción de la Decisión impugnada, que fue adoptada a propuesta suya. Habida cuenta de la función de liquidación que tiene encomendada con arreglo al Derecho letón, el liquidador se encuentra en una situación de conflicto de intereses debido a que la impugnación ante el Tribunal General de la revocación de la autorización de la persona jurídica a la que representaba habría podido llevarle, en contra de esa función, a privar de todo fundamento jurídico al procedimiento de liquidación de dicha persona (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de noviembre de 2019, BCE y otros/Trasta Komercbanka y otros, C‑663/17 P, C‑665/17 P y C‑669/17 P, EU:C:2019:923, apartado 74).
22
En consecuencia, no puede tenerse en cuenta, por lo que respecta a la representación de los abogados de la demandante en el presente asunto, la revocación de sus poderes decidida por el liquidador, puesto que ello vulneraría el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de noviembre de 2019, BCE y otros/Trasta Komercbanka y otros, C‑663/17 P, C‑665/17 P y C‑669/17 P, EU:C:2019:923, apartado 78).
23
En tales circunstancias, procede considerar que los abogados de la demandante disponen de un poder válido para representarla.
24
Es preciso añadir que el administrador no impugna los poderes inicialmente otorgados a los abogados de la demandante.
25
Además, el BCE no ha impugnado el poder presentado por la demandante en último lugar como documento formal.
26
En consecuencia, procede declarar la admisibilidad del recurso.
Sobre la admisibilidad de los documentos presentados el 2 de diciembre de 2024 por la demandante
27
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 2 de diciembre de 2024, la demandante propuso nuevas pruebas, con fecha de 21 de julio de 2023 y de 5 y 6 de septiembre de 2023, y, por tanto, anteriores, la primera, a la presentación de la demanda y, las otras, a la presentación de la réplica. En la vista, el BCE expresó sus dudas en cuanto a la admisibilidad de dichos documentos.
28
Es preciso recordar que, a tenor del artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, excepcionalmente, las partes principales podrán aún aportar o proponer pruebas antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento o antes de que el Tribunal General decida resolver sin fase oral, a condición de que justifiquen el retraso con que lo hacen.
29
A este respecto, se instó a la demandante en la vista a reaccionar ante la posible inadmisibilidad de los documentos presentados y a exponer las razones que justificaban que la comunicación de dichos documentos no hubiera podido realizarse hasta la víspera de la vista. Se limitó a indicar que era el liquidador quien le había transmitido esos documentos, sin indicar la fecha en la que se había producido esa transmisión ni explicar por qué le había sido imposible lograr que el liquidador le comunicara dichos documentos con anterioridad.
30
En estas circunstancias, procede declarar la inadmisibilidad de los documentos presentados el 2 de diciembre de 2024.
Sobre el fondo
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En apoyo de su recurso, la demandante invoca cuatro motivos. El primero se basa en la comisión de un error de apreciación por parte del BCE, en la medida en que no tuvo en cuenta el hecho de que la CMFC no había cumplido su obligación de adoptar en el ámbito nacional reglamentos que establecieran los criterios aplicables a las infracciones graves de los actos reglamentarios en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación (en lo sucesivo, «LBC/FT»). El segundo se basa, en esencia, en el incumplimiento por parte del BCE de la obligación de llevar a cabo su propia evaluación y de no limitarse a reproducir la apreciación realizada por la CMFC. El tercero se basa sustancialmente en el incumplimiento de la obligación de motivación en lo que respecta a los motivos de revocación de la autorización segundo y tercero y en la comisión de errores por parte del BCE en relación con esos mismos motivos. El cuarto se basa en la vulneración del derecho a una buena administración, que comprende el derecho a ser oído y el derecho de acceso al expediente.
32
El Tribunal General analizará conjuntamente los motivos de recurso primero y segundo, y posteriormente, sucesivamente, los motivos de recurso tercero y cuarto.
Motivos de recurso primero y segundo
33
En el marco de los motivos de recurso primero y segundo, la demandante cuestiona la apreciación llevada a cabo por el BCE en lo que atañe a su cumplimiento de la normativa en materia de LBC/FT. En esencia, sostiene que el BCE no llevó a cabo por sí mismo la apreciación que le incumbía, sino que basó dicha apreciación en decisiones adoptadas por la CMFC, que eran impugnables, y en actos previos adoptados en el marco del procedimiento administrativo nacional, que la demandante no habría podido impugnar ante el juez nacional.
34
En el marco del primer motivo de recurso, la demandante considera que el BCE incurrió en error de apreciación al no tener en cuenta que la CMFC no había cumplido la obligación establecida en el artículo 196, apartado 4, de la Ley de Entidades de Crédito, de adoptar en el ámbito nacional actos que establecieran los criterios aplicables a las infracciones graves en materia de LBC/FT.
35
A su juicio, el BCE incumplió la obligación, establecida en el artículo 83, apartado 2, de su Reglamento (UE) n.o 468/2014, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el BCE y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (DO 2014, L 141, p. 1), de proceder, al adoptar una decisión de revocación de una autorización, a su propia evaluación de las circunstancias que justifican dicha revocación.
36
La demandante considera que la Decisión impugnada se basa en la evaluación de la CMFC que figura en la propuesta de decisión y en los documentos aportados por dicha autoridad, lo que, de conformidad con el artículo 83, apartado 2, del Reglamento Marco del MUS, no resulta suficiente.
37
La demandante recuerda lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al BCE tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63; en lo sucesivo, «Reglamento MUS de base»), en el artículo 83, apartado 2, del Reglamento Marco del MUS, en los artículos 18, letra f), y 67, apartado 1, letra o), de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338), y en los artículos 27, apartado 1, punto 8, y 196, apartados 3 y 4, de la Ley de Entidades de Crédito.
38
A su juicio, a la luz de las mencionadas disposiciones, el BCE debería haber aplicado la Ley de Entidades de Crédito y declarar que no se habían adoptado los actos reglamentarios nacionales que establecían los criterios aplicables a las infracciones graves en materia de LBC/FT.
39
La demandante añade que no cabe excluir que, si se hubieran adoptado los actos nacionales mencionados en el anterior apartado 38, los criterios aplicables a las infracciones graves habrían sido diferentes de los que figuran en el informe de 31 de mayo de 2022 elaborado en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ). A su juicio, dicho informe carece de valor jurídico vinculante y no puede sustituir a los actos reglamentarios que debían haberse adoptado. Lo mismo puede decirse de las recomendaciones de la CMFC.
40
La demandante estima que la CMFC debería haber indicado los criterios que permitían considerar que las infracciones cometidas por ella eran graves y el BCE debería haber declarado que faltaba un elemento en las decisiones de la CMFC, a saber, la motivación de esa gravedad.
41
Añade que el hecho de no haber adoptado dentro de los plazos señalados los actos reglamentarios pertinentes vulnera además el principio de seguridad jurídica, ya que la demandante tenía derecho a conocer de antemano los criterios utilizados para calificar de graves las infracciones que se le imputan.
42
Por otra parte, considera que el BCE se fundó en una base jurídica errónea. La demandante indica que la inexistencia de criterios fue reconocida por el legislador como una laguna importante, puesto que este dispuso en el punto 84 de las disposiciones transitorias de la Ley de Entidades de Crédito que la CMFC debía fijar dichos criterios antes del 1 de agosto de 2019, adoptando actos reglamentarios con la misma fuerza que los decretos adoptados en Consejo de Ministros según la Ley letona. Precisa que, sin embargo, dichos actos no fueron adoptados.
43
La demandante añade que el BCE está obligado a aplicar no solo las disposiciones del Derecho de la Unión, sino también, cuando este esté constituido por directivas, el Derecho nacional que las transpone. Pues bien, según ella, en el caso de autos, la Directiva 2013/36 fue transpuesta al Derecho letón mediante la Ley de Entidades de Crédito, que el BCE debería haber aplicado. Aduce que, además, el BCE ha confirmado que debe examinar si se cumplen los requisitos establecidos por el Derecho nacional, en relación con los artículos 18, letra f), y 67, apartado 1, letra o), de la Directiva 2013/36. Por lo tanto, debería haber determinado los hechos pertinentes y decidido si estos demostraban que la demandante era considerada culpable de una infracción grave en el sentido del Derecho nacional.
44
Alega, en este contexto, que, si el BCE hubiera comprobado, con arreglo a la Ley de Entidades de Crédito, que la CMFC no había adoptado actos reglamentarios en materia de LBC/FT, no debería haber basado la Decisión impugnada en las apreciaciones realizadas por la CMFC, que no había cumplido la obligación que le incumbía.
45
La demandante precisa que la Decisión n.o 61, en la que se basa la Decisión impugnada, fue adoptada antes de la adopción del acto reglamentario que debía fijar los criterios de gravedad en materia de LBC/FT, según el artículo 196, apartado 4, de la Ley de Entidades de Crédito. A su parecer, la CMFC basó su decisión en un acto reglamentario interno, pese a que ello no está autorizado por el artículo 67, apartado 6, de la Administratīvā procesa likums (Ley de Procedimiento Administrativo) (Latvijas Vēstnesis, 2001, n.o 164). Añade que, en la fecha de adopción de la Decisión n.o 191, tampoco se habían adoptado aún los actos reglamentarios que establecían los criterios de gravedad.
46
Por lo que respecta al segundo motivo de recurso, articulado en tres partes, la demandante sostiene, por lo que respecta a la primera parte, que el BCE incumplió su obligación de diligencia al no verificar las infracciones que se le reprochaban en el marco de la Decisión n.o 191, que fue impugnada en el ámbito nacional. A su parecer, dado que la Decisión n.o 191 no era definitiva en la fecha de la Decisión impugnada, el BCE debería haber vuelto a examinar los hechos relacionados con ella. La demandante precisa, en su réplica, que, mediante resolución de la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo) de 5 de septiembre de 2023, se dio por concluido el procedimiento iniciado contra la Decisión n.o 191, tras la solicitud de revocación presentada por su liquidador el 24 de julio de 2023.
47
Mediante la segunda parte del segundo motivo de recurso, la demandante sostiene que el BCE no examinó minuciosa e imparcialmente los hechos relativos a las investigaciones a las que se refiere en el apartado 11 del anexo de la Decisión impugnada. La demandante recuerda las normas letonas en materia de investigación y de procedimiento penal y señala que no se ha atribuido a ninguno de sus empleados, miembros del consejo de dirección y accionistas la condición de sospechoso o acusado. Sostiene que, al referirse, en la Decisión impugnada, a un proceso penal en curso, el BCE infringió el artículo 48, apartado 1, de la Carta, que establece que todo acusado se presume inocente. Según la demandante, el BCE no podía utilizar la información relativa a la incoación de diligencias penales como fundamento de la Decisión impugnada.
48
Mediante la tercera parte del segundo motivo de recurso, la demandante cuestiona el valor jurídico de los documentos en los que se basa la Decisión impugnada, a saber, los informes de inspección y las Decisiones n.os 61 y 191. Según la demandante, correspondía al BCE controlar la legalidad de la propuesta de decisión, que contiene vicios sustanciales que vician la legalidad de la Decisión impugnada.
49
Por lo que respecta, en primer lugar, a los informes de inspección, la demandante sostiene que son «decisiones intermedias» que, en el sistema jurídico nacional, no pueden ser impugnadas. Se trata de meros escritos que expresan el punto de vista de la CMFC sin ser decisiones definitivas. Aduce que, en este contexto, la Decisión impugnada no podía basarse en la información facilitada en dichos informes.
50
La demandante precisa que, por lo que respecta al informe de inspección de 2012 y a los controles efectuados en 2014 y en 2015, el BCE se basó en infracciones de la ley en materia de LBC/FT que la CMFC no calificó como tales.
51
La demandante indica también que los informes de inspección de 2018 y de 2019 fueron objeto de un recurso junto con la Decisión n.o 191 y que no debían mencionarse en la Decisión impugnada. Considera que la información contenida en el informe de inspección de 2018 no puede servir de base a la Decisión impugnada. Lo mismo puede decirse de la información recabada en el marco del procedimiento incoado el 13 de diciembre de 2021, que no fue objeto de ninguna decisión final.
52
Por lo que respecta, en segundo lugar, a las Decisiones n.os 61 y 191, la demandante sostiene que la primera es un acto que ha adquirido firmeza y que no ha sido impugnado, y que ha cumplido todas las obligaciones derivadas de dicho acto. Por lo que respecta a la Decisión n.o 191, afirma que el hecho de que el órgano jurisdiccional nacional desestimara la solicitud de protección cautelar presentada por la demandante contra dicha decisión no puede prejuzgar la apreciación de esa decisión en cuanto al fondo.
53
Por lo que respecta, en tercer lugar, a los escritos de la CMFC relativos al comportamiento de la demandante, esta considera que dichos escritos no constituyen una decisión definitiva.
54
La demandante añade que el BCE vulneró el principio de presunción de inocencia al basarse en dos decisiones de la CMFC, una de las cuales, la Decisión n.o 191, había sido impugnada, y en el informe de inspección de 2018, que es una decisión intermedia. A su juicio, el litigio relativo a las decisiones de la CMFC es análogo al relativo a las decisiones de una autoridad nacional de defensa de la competencia por las que se imponen multas, para las que se aplican todas las garantías procesales del derecho a un juicio justo. La culpabilidad de una persona acusada de una infracción solo puede considerarse definitivamente establecida cuando la resolución por la que se declara la existencia de dicha infracción ha adquirido firmeza. Pues bien, la demandante afirma que, en lo que a ella respecta, no existe ninguna sentencia que haya adquirido fuerza de cosa juzgada que la declare culpable de infracciones graves. A su parecer, el BCE debería haber comprobado si los documentos en los que se basó eran definitivos. Debería haber examinado el carácter fundado de la Decisión n.o 191 o no basarse en esta, puesto que había sido impugnada. La demandante añade que la Decisión n.o 255 también había sido impugnada ante los tribunales.
55
Afirma que, en varias ocasiones, la remisión a la motivación de la Decisión n.o 191 es errónea, en la medida en que ninguno de los informes de inspección, incluido el informe de inspección de 2018, contiene las supuestas apreciaciones en las que pretende basarse la Decisión impugnada.
56
El BCE rebate las alegaciones de la demandante.
57
A este respecto, procede señalar que, según el artículo 18, letra f), de la Directiva 2013/36, las autoridades competentes podrán revocar la autorización concedida a una entidad de crédito cuando esta cometa una de las infracciones a que se refiere el artículo 67, apartado 1, de esa misma Directiva. Ello se refiere, en particular, según el artículo 67, apartado 1, letra o), de esa misma Directiva, a las entidades que hayan sido declaradas culpables de una infracción grave de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO 2005, L 309, p. 15). Esta última Directiva fue derogada y sustituida por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se deroga la Directiva 2005/60 (DO 2015, L 141, p. 73).
58
Por lo que respecta a la revocación de la autorización de una entidad de crédito, a tenor del artículo 83, apartado 2, del Reglamento Marco del MUS, «el BCE tomará su decisión teniendo en cuenta lo siguiente: a) su evaluación de las circunstancias que justifican la revocación; b) si procede, el proyecto de decisión de revocación de la [autoridad nacional competente]; c) la consulta con la [autoridad nacional competente] pertinente […], y d) cualesquiera comentarios formulados por la entidad de crédito con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81, apartado 2, y el artículo 82, apartado 3[, de dicho Reglamento Marco]».
59
El artículo 4, apartado 3, del Reglamento MUS de base indica que, «a los efectos de desempeñar las funciones que le atribuye el presente Reglamento, y con el objetivo de garantizar una supervisión rigurosa, el BCE aplicará toda la legislación aplicable de la Unión y, en los casos en que dicha legislación esté integrada por Directivas, la legislación nacional que las incorpore al ordenamiento jurídico nacional». Esta disposición establece igualmente que «cuando la legislación aplicable de la Unión esté compuesta por Reglamentos y en los ámbitos en que en la actualidad dichos Reglamentos otorguen expresamente opciones a los Estados miembros, el BCE aplicará también la legislación nacional que incorpore esas opciones al ordenamiento jurídico nacional».
60
Del artículo 4, apartado 3, del Reglamento MUS de base se desprende que el BCE debe aplicar el Derecho nacional cuando este transpone las directivas pertinentes (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P, no publicada, EU:C:2023:630, apartado 102).
61
Procede añadir que la Decisión impugnada es un acto relativo a la supervisión prudencial de una entidad de crédito que ha sido adoptado por el BCE, el cual dispone a este respecto de un amplio margen de discrecionalidad, toda vez que, como se dice en el considerando 55 del Reglamento MUS de base, las funciones de supervisión que se le han confiado le dan la gran responsabilidad de defender la estabilidad financiera de la Unión y de hacer uso de sus facultades de supervisión de la forma más eficaz y proporcionada (véase, por analogía, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, apartado 86).
62
El amplio margen de apreciación del BCE resulta también del hecho de que la Decisión impugnada implica la apreciación de hechos y circunstancias económicas y financieras complejos (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 10 de noviembre de 2022, Comisión/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, apartado 34, y de 22 de junio de 2023, Alemania y Estonia/Pharma Mar y Comisión, C‑6/21 P y C‑16/21 P, EU:C:2023:502, apartado 52).
63
En estas circunstancias, el control jurisdiccional que el juez de la Unión debe ejercer en cuanto a si están fundadas las razones de una decisión como la Decisión impugnada no debe llevarlo a sustituir la apreciación del BCE por la suya propia, sino que tiene la finalidad de comprobar que dicha Decisión no está basada en hechos materialmente inexactos ni está viciada de ningún error de Derecho, error manifiesto de apreciación o desviación de poder (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 2 de septiembre de 2021, EPSU/Comisión, C‑928/19 P, EU:C:2021:656, apartado 96, y de 4 de mayo de 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, apartado 55).
64
El juez de la Unión no solo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de ellos (sentencia de 4 de mayo de 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, apartado 56).
65
En estas circunstancias, procede comprobar la apreciación realizada por el BCE del primer motivo de revocación de la autorización.
66
Según el primer motivo de revocación de la autorización, tal como se expone en el apartado 4 de la Decisión impugnada, el BCE consideró que, desde 2012, la demandante había incumplido de manera reiterada y continuada varios requisitos legales en materia de LBC/FT relativos al sistema de control interno (apartado 4.2.1 de la Decisión impugnada), a las medidas de diligencia debida con respecto a la clientela (apartado 4.2.2 de la Decisión impugnada) y a las comunicaciones de las transacciones sospechosas a la unidad de información financiera de la CMFC.
67
En el apartado 4 de la Decisión impugnada y en el anexo de esta, el BCE expone los motivos de revocación que, a su juicio, acreditan las infracciones graves en materia de LBC/FT cometidas por la demandante.
68
A este respecto, procede señalar de entrada que la Decisión impugnada no se limita a reproducir la posición de la CMFC que figura en la propuesta de decisión.
69
En efecto, de la Decisión impugnada se desprende que el BCE llevó a cabo su propia apreciación a partir de toda una serie de informaciones que se derivaban de varias decisiones adoptadas por la CMFC, pero también de otros documentos elaborados en el ámbito nacional, entre ellos informes de inspección y actividades de vigilancia.
70
En la Decisión impugnada, el BCE se basa en las consideraciones que figuran, en particular, en las Decisiones n.os 61 y 191, pero también en los informes de las inspecciones in situ llevadas a cabo en 2012, 2014, 2018 y 2021 y los informes de las inspecciones in situ específicas llevadas a cabo en 2013, 2015, 2019 y 2020, así como en los informes de la inspección a distancia específica llevada a cabo en 2015 y las actividades de vigilancia a distancia llevadas a cabo en 2022.
71
Procede señalar que el BCE pudo legítimamente tener en cuenta las Decisiones n.os 61 y 191 y los demás documentos mencionados en el anterior apartado 70, en los que se describen las infracciones cometidas por la demandante. El hecho de que estos documentos hayan sido elaborados por la CMFC no impide al BCE tenerlos en cuenta ni proceder a partir de la información que contienen a su propia apreciación en la que se basa la decisión de revocar la autorización.
72
A este respecto, se ha declarado, en particular, que el BCE era competente para revocar una autorización sobre la base de las infracciones comprobadas por las autoridades nacionales competentes (en lo sucesivo, «ANC») (véase, por analogía, la sentencia de 12 de septiembre de 2024, Anglo Austrian AAB/BCE y Far-East, C‑579/22 P, EU:C:2024:731, apartado 47).
73
Por lo que respecta a las Decisiones n.os 61 y 191, procede añadir, en primer lugar, que la primera de ellas no fue impugnada por la demandante. Por lo tanto, dicha decisión era definitiva y oponible a la demandante en la fecha de adopción de la Decisión impugnada.
74
En cuanto a la circunstancia, alegada por la demandante, de que la ANC aún no había adoptado reglamentos que determinaran los criterios que permitían considerar que las infracciones que había cometido en materia de LBC/FT eran graves, de los escritos de las partes y de las respuestas dadas por estas en la vista se desprende que la obligación de la CMFC de adoptar las disposiciones que definieran los criterios aplicables a las infracciones graves de las disposiciones en materia de LBC/FT no entró en vigor hasta 2019, a raíz de la modificación del artículo 196 de la Ley de Entidades de Crédito, al que se añadió, en particular, un apartado 4.
75
Así pues, la obligación antes mencionada no estaba en vigor en la fecha de adopción de la Decisión n.o 61, que abarca el período comprendido entre 2012 y 2016. Es preciso señalar que, si bien, como sostiene la demandante, la Decisión n.o 61 se adoptó basándose, por lo que respecta a la determinación de las infracciones graves, en un acto interno de la CMFC que no se había hecho público en el momento de dicha adopción, consta que la demandante no impugnó esa decisión, de modo que, en cualquier caso, el BCE podía perfectamente tenerla en cuenta.
76
Por otra parte, de la respuesta dada por el BCE a una pregunta formulada por el Tribunal General se desprende que la mera toma en consideración de la Decisión n.o 61, sin la Decisión n.o 191, habría podido permitir, en el caso de autos, revocar la autorización.
77
A este respecto, procede señalar que, habida cuenta de la importancia de las reglas prudenciales destinadas a luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero también de la responsabilidad especial de las entidades de crédito a tal respecto y de la necesidad de que las consecuencias de la comisión de infracciones en este ámbito sean lo más inmediatas posibles, una decisión administrativa nacional que declara a una entidad de crédito culpable de infracciones graves de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la Directiva 2005/60 (actualmente Directiva 2015/849) es suficiente para justificar la revocación de la autorización (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2022, Anglo Austrian AAB y Belegging-Maatschappij Far-East/BCE, T‑797/19, EU:T:2022:389, apartado 50).
78
Por lo demás, aunque la demandante sostuvo ante el Tribunal General que había cumplido las obligaciones derivadas de la Decisión n.o 61, procede recordar que la postura según la cual ciertos incumplimientos apreciados fueron subsanados y ya no pueden justificar la revocación de la autorización resulta contraria al objetivo de proteger el sistema bancario de la Unión. En efecto, tal postura podría permitir a las entidades de crédito que han cometido infracciones graves seguir operando hasta que las autoridades competentes no volvieran a demostrar que han cometido nuevas infracciones (véase, por analogía, la sentencia de 22 de junio de 2022, Anglo Austrian AAB y Belegging-Maatschappij Far-East/BCE, T‑797/19, EU:T:2022:389, apartado 61).
79
En segundo lugar, la Decisión n.o 191 se adoptó en 2019, fecha en la que, según la demandante, aún no se habían adoptado las disposiciones reglamentarias para determinar los criterios aplicables a las infracciones graves de las disposiciones en materia de LBC/FT.
80
A este respecto, procede señalar que, pese a que la Decisión n.o 191 era objeto de un procedimiento de impugnación en el contexto nacional, según el artículo 80 de la Ley en materia de LBC/FT letona, el recurso interpuesto contra una decisión de este tipo tiene como consecuencia automática suspender únicamente los efectos de la parte relativa a la multa impuesta, pero no afecta al resto de la decisión. Por lo tanto, el BCE podía tener en cuenta las apreciaciones realizadas en la Decisión n.o 191.
81
Por lo que respecta a la alegación basada en la violación del principio de seguridad jurídica, suponiendo que se haya demostrado la hipótesis de que la falta de adopción de los actos reglamentarios en los plazos establecidos se refería a la Decisión n.o 191, procede señalar que dicha alegación podría haberse invocado, en su caso, en el marco del recurso interpuesto contra dicha Decisión a nivel nacional. Sin embargo, por lo que respecta al procedimiento de revocación de la autorización, el BCE se encontraba ante una decisión cuyos efectos no habían sido suspendidos, salvo los relativos a la multa, como ya se ha señalado en el anterior apartado 80.
82
En tercer lugar, en lo que atañe a la alegación de que el BCE debería haber declarado que, al no haberse adoptado los actos reglamentarios nacionales que determinan los criterios de gravedad de las infracciones en materia de LBC/FT, las infracciones apreciadas por la CMFC en lo que a ella concierne no podían tenerse en cuenta, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que, si bien los Estados miembros siguen siendo competentes para aplicar tales disposiciones, como prevé expresamente el considerando 28 del Reglamento MUS de base, el BCE dispone de competencia exclusiva para revocar la autorización, para todas las entidades de crédito, con independencia de su importancia, en particular cuando se base en el motivo previsto en el artículo 67, apartado 1, letra o), de la Directiva 2013/36, al que remite el artículo 18 de dicha Directiva, dado que el artículo 14, apartado 5, del Reglamento MUS de base establece como requisito para la revocación de la autorización la existencia de uno o varios de los motivos que justifiquen la revocación con arreglo al artículo 18 de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P, no publicada, EU:C:2023:630, apartado 141).
83
A este respecto, el Tribunal General ha declarado que el MUS centraliza las funciones prudenciales a nivel del BCE, estableciendo al mismo tiempo una ejecución descentralizada por las ANC de los Estados miembros participantes, bajo la supervisión del BCE, con el que estas cooperan y a quien prestan asistencia. Así, en el MUS, por una parte, el BCE ejerce determinadas competencias exclusivas; a saber, la supervisión prudencial «directa» de las entidades de crédito significativas y las competencias que le reserva el artículo 4 del Reglamento MUS de base en relación con todas las entidades independientemente de su significatividad. Por otra parte, la supervisión prudencial de las entidades menos significativas forma parte del ejercicio descentralizado por dichas ANC y está regulada y supervisada, en última instancia, por el BCE, cuya misión es garantizar el buen funcionamiento y la efectividad del sistema de supervisión prudencial, así como la aplicación coherente y uniforme de las normas prudenciales en todos los Estados miembros participantes. El BCE ejerce, por lo que se refiere a las entidades menos significativas, una supervisión «indirecta», en cuyo marco estas ANC ofrecen su cooperación y asistencia al BCE. Además, dichas ANC siguen siendo competentes respecto de las materias no reguladas por el Reglamento MUS de base, a saber, la protección de los consumidores, los mercados de instrumentos financieros, la LBC/FT y la lucha contra la corrupción (sentencia de 6 de octubre de 2021, Ukrselhosprom PCF y Versobank/BCE, T‑351/18 y T‑584/18, EU:T:2021:669, apartado 131).
84
En estas circunstancias, corresponde a las ANC —en el caso de autos, a la CMFC— demostrar los elementos constitutivos de las infracciones de la legislación en materia de LBC/FT, mientras que el BCE efectúa la apreciación jurídica que determina si estos elementos y las infracciones constatadas en que se basa la propuesta de decisión justifican la revocación de la autorización, así como la apreciación de la proporcionalidad (véase, por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2021, Ukrselhosprom PCF y Versobank/BCE, T‑351/18 y T‑584/18, EU:T:2021:669, apartado 197).
85
Además, procede señalar que la demandante no ha explicado por qué la falta de criterios para determinar la gravedad de las infracciones en materia de LBC/FT debería haber llevado a una conclusión distinta de aquella a la que llegó la CMFC en relación con su comportamiento en la materia. Tampoco ha explicado por qué los criterios que debían adoptarse habrían sido diferentes de los que figuran en el informe de 31 de mayo de 2022 elaborado en el marco del MUS por la ABE, la AEVM y la AESPJ (véase el anterior apartado 39). La demandante se limita a sostener que se habían calificado erróneamente como infracciones deficiencias mencionadas en los informes de inspección in situ elaborados por la CMFC.
86
En cuarto lugar, por lo que respecta a la alegación, relativa a la Decisión n.o 191, según la cual ninguno de los informes de inspección, incluido el de 2018, contiene las supuestas apreciaciones en las que la Decisión impugnada pretende basarse, procede recordar, como ya se ha indicado sustancialmente en el apartado 72 de la presente sentencia, que el BCE no tenía la obligación de verificar todas las apreciaciones realizadas por la CMFC y podía perfectamente proceder a su propia apreciación de la revocación de la autorización a partir, en particular, de las infracciones declaradas en la Decisión n.o 191.
87
Por último, por lo que respecta a las apreciaciones que cuestionan la presunción de inocencia de la demandante y, más concretamente, el apartado 4.4.4 de la Decisión impugnada y el apartado 11 del anexo de esta, procede declarar, por una parte, que la Decisión impugnada es el resultado de un procedimiento administrativo distinto del procedimiento penal incoado contra la demandante. Por otra parte, si bien en el apartado 11 del anexo de la Decisión impugnada y en el apartado 4.4.4 de esta se hace referencia a la incoación de dicho proceso penal, ello se hace, ante todo, como se desprende expresamente del apartado 11 de dicho anexo, para subrayar las consecuencias de ese procedimiento en los derechos de propiedad de determinados accionistas. Además, como se desprende, en esencia, del apartado 4.4.4 de la Decisión impugnada, la incoación del procedimiento penal se menciona para ilustrar las posibles consecuencias de esa infracción, lo que es ajeno a la cuestión del cumplimiento o no por parte de la demandante de sus obligaciones derivadas de las disposiciones penales pertinentes.
88
De todas las consideraciones anteriores resulta que el BCE no incurrió en errores, como los recordados en el anterior apartado 63, al basarse en que la demandante fue declarada culpable de una infracción grave de las disposiciones nacionales en materia de LBC/FT, en el sentido del artículo 67, apartado 1, letra o), de la Directiva 2013/36. Por consiguiente, procede desestimar por infundados los motivos de recurso primero y segundo.
89
En este contexto, procede recordar, como ya se ha señalado en esencia en el anterior apartado 57, que, para justificar la revocación de la autorización, basta con que se haya cometido una de las infracciones a que se refiere el artículo 67, apartado 1, de la Directiva 2013/36. A este respecto, el BCE precisó, en el procedimiento, que cada uno de los tres motivos mencionados en el apartado 2.6 de la Decisión impugnada justificaba por sí solo la revocación de la autorización. En respuesta a una pregunta planteada por el Tribunal General en la vista, la demandante reconoció que no había impugnado este aspecto en la fase escrita del presente procedimiento.
90
Pues bien, en el caso de autos, en la medida en que la demandante no ha logrado rebatir válidamente que la revocación de la autorización pudiera estar basada en una infracción del artículo 67, apartado 1, letra o), de la Directiva 2013/36, no procede examinar si el BCE incurrió en errores al tener en cuenta otras infracciones, en particular, en virtud del artículo 67, apartado 1, letra d), de la misma Directiva, que fundamentan, según la Decisión impugnada, los motivos de revocación de la autorización segundo y tercero. No obstante, a mayor abundamiento, el Tribunal General examinará el tercer motivo de recurso, que impugna estos dos últimos motivos de revocación.
Tercer motivo de recurso
91
En el marco de su tercer motivo de recurso, en primer lugar, la demandante considera que el BCE no motivó adecuadamente la Decisión impugnada, en la medida en que se refiere a su capacidad para elaborar y aplicar una estrategia prudente y políticas y procedimientos para identificar, vigilar y gestionar sus riesgos. A su juicio, la conclusión que figura en la Decisión impugnada a este respecto no se basa en ninguna disposición jurídica y el BCE no la informó de sus métodos de cálculo ni de los resultados de los cálculos concretos que sustentaban su conclusión. Según ella, la motivación se basa en afirmaciones generales, que figuran en el apartado 6 de la Decisión impugnada.
92
Sostiene que, mientras que ella elaboró una estrategia distinta para el mantenimiento de la adecuación de los fondos propios para el período comprendido entre 2022 y 2024 y se atuvo a las exigencias establecidas en el Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 227 (Reglamento n.o 227 de la CMFC; en lo sucesivo, «Reglamento n.o 227»), de 1 de diciembre de 2020, titulado «Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi» (Disposiciones relativas al establecimiento de un sistema de control interno), de la Decisión impugnada no se desprende que tal conformidad haya sido objeto de examen. La demandante añade que la información solicitada por la CMFC era mucho más detallada que la prevista en su Reglamento n.o 227 y que las lagunas que dicha autoridad mencionó no se basaban en ninguna disposición reglamentaria. Sostiene que el BCE no examinó en qué consistían las infracciones de las disposiciones legales cometidas por la demandante y a las que se refiere en el apartado 6 de la Decisión impugnada.
93
La demandante indica que la CMFC no adoptó ninguna decisión sobre la conformidad con el artículo 342, apartados 1 y 2, de la Ley de Entidades de Crédito, de su estrategia, de sus políticas y de sus procedimientos para identificar, vigilar y gestionar sus riesgos. Ello le impidió impugnar las decisiones adoptadas en el marco del procedimiento administrativo que dio lugar a la Decisión impugnada.
94
Por otra parte, la demandante refuta el apartado 6 de la Decisión impugnada en la medida en que indica que el artículo 342, apartados 1 y 2, de la Ley de Entidades de Crédito transpone el artículo 74, apartado 2, de la Directiva 2013/36, lo cual es, a su parecer, inexacto. Según ella, ni el artículo 74 de la Directiva 2013/36 ni ninguna otra disposición de esta Directiva imponen la exigencia de elaborar y establecer una estrategia prudente, así como políticas y procedimientos para identificar, vigilar y gestionar sus riesgos. Afirma que el artículo 74, apartado 1, de la Directiva 2013/36 se transpuso mediante el artículo 341 de la Ley de Entidades de Crédito y que el artículo 74, apartado 2, de dicha Directiva fue transpuesto mediante el apartado 5 del Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 233 (Reglamento n.o 233 de la CMFC), de 1 de noviembre de 2012, titulado «Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi» (Disposiciones relativas al establecimiento de un sistema de control interno). Con independencia de este supuesto error, considera que el apartado 6 de la Decisión impugnada no contiene ningún análisis de la conformidad de sus políticas y procedimientos con el artículo 342, apartados 1 y 2, de la Ley de Entidades de Crédito, lo que le impide comprender el alcance de la medida adoptada en su contra.
95
Sostiene que el BCE no basó el tercer motivo de la Decisión impugnada en disposiciones jurídicas precisas y que no existían directrices uniformes en las que el BCE hubiera podido basarse para determinar la eventual falta de conformidad de la estrategia de la demandante con los requisitos prudenciales. Añade que, por lo demás, los criterios enunciados por el BCE durante el presente procedimiento son vagos e imprecisos y no se definen ni en directrices ni como criterios de evaluación de la prudencia de una estrategia. Por otra parte, la referencia, en el apartado 6.1.3 de la Decisión impugnada, al escrito de la CMFC de 10 de febrero de 2022, en el que se formularon varias solicitudes, no guarda relación alguna con la exigencia enunciada en el apartado 1 de la parte dispositiva del Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums Nr. 105 (Decisión n.o 105 de la CMFC; en lo sucesivo, «Decisión n.o 105»), de 20 de agosto de 2021, que obliga a elaborar un programa de acción para resolver los problemas detectados.
96
La demandante aduce que el BCE se centró en la estrategia de los años 2022 a 2024, pero no examinó las estrategias de los años anteriores. Según afirma, en el apartado 6.2.2 de la Decisión impugnada, el BCE se refiere al hecho de que la estrategia que debía aplicarse en 2018 no le permitía generar capital para desarrollarse de manera sostenible y cumplir los requisitos prudenciales. Considera que la referencia a la falta de conformidad de la estrategia con el alto nivel de riesgo de sus operaciones se hace en términos generales. A su juicio, el BCE incurrió en error de apreciación en la medida en que seguía siendo solvente en el momento de interponer su recurso y no era deudora de ninguna deuda fiscal.
97
La demandante añade que el BCE también incurrió en errores de apreciación por lo que respecta a la ejecución de su estrategia. A su parecer, la consideración que figura en el apartado 6.2.3 de la Decisión impugnada, relativa a la incapacidad para corregir la estrategia errónea y para atraer nuevos accionistas, es «inoperante», puesto que la demandante no pudo aplicar ninguna estrategia, habida cuenta de la aplicación de las medidas de supervisión y de intervención temprana que le impuso la CMFC. Por otra parte, aduce que la apreciación que figura en el apartado 6.1.5 de la Decisión impugnada no se basa en disposiciones jurídicas.
98
La demandante añade que la Decisión impugnada no indica cuáles son los procedimientos y políticas cuya falta de elaboración y aplicación se le reprocha. Sostiene que dicha Decisión tampoco indica dónde se detectaron tales hechos, ni qué infracciones cometió. A su parecer, el BCE no puede invocar la Decisión n.o 105 como fundamento de la Decisión impugnada.
99
En segundo lugar, la demandante impugna el segundo motivo de revocación de la autorización, a saber, el incumplimiento persistente de la obligación, establecida en el artículo 341, apartado 1, de la Ley de Entidades de Crédito, de crear un sistema eficaz de control interno en el marco de la actividad de la entidad de crédito. Según afirma, en la Decisión impugnada, la revocación de la autorización no estuvo motivada por la inexistencia de un sistema de control interno o por la falta de elementos contemplados en el artículo 341, apartado 1, de la Ley de Entidades de Crédito, ni por lagunas sistémicas y generalizadas, sino por el hecho de que, según el BCE, se detectaron lagunas en el funcionamiento del sistema de control interno establecido durante el período comprendido entre 2019 y 2021. A su parecer, el BCE no tuvo en cuenta la información transmitida por la demandante ni llevó a cabo su propia evaluación a la luz de las disposiciones jurídicas aplicables.
100
Arguye que el BCE no identificó con precisión el modo en que se había infringido cada una de las disposiciones aplicables ni evaluó el riesgo vinculado a la política de la entidad. Según ella, no indicó, por lo que respecta al contenido concreto de su actividad, ninguna falta de conformidad precisa con las disposiciones aplicables y, en el apartado 5.2 de la Decisión impugnada, se limitó a señalar graves lagunas en su control interno y la asunción de un riesgo excesivo. Considera que no es posible determinar las disposiciones del Reglamento n.o 227 que no fueron respetadas.
101
Añade que el BCE se limita a invocar el artículo 341, apartado 1, de la Ley de Entidades de Crédito y no indica haber recurrido a las disposiciones del Reglamento n.o 227 en el marco de su evaluación. Por lo demás, aduce que, pese a que el BCE hizo referencia al control efectuado por la CMFC en 2019, se refería al Reglamento n.o 227, que no entró en vigor hasta el 10 de diciembre de 2020. Por otra parte, una mera descripción de los hechos no basta para demostrar la existencia de una infracción. La demandante sostiene que no tiene la posibilidad de comprobar el contenido de la conclusión del BCE que figura en el apartado 5.2.3 de la Decisión impugnada, según la cual no pudo establecer ni utilizar un sistema de control interno completo y eficaz. A su parecer, el tenor de dicho apartado es ambiguo y no hay ninguna remisión clara y directa al artículo 341, apartado 1, de la Ley de Entidades de Crédito.
102
El BCE rebate las alegaciones de la demandante.
103
Procede señalar que, como confirmó la demandante en la vista, a pesar de su título, que se refiere al incumplimiento de la obligación de motivación, el tercer motivo de recurso puede articularse, en esencia, en dos partes, la primera basada en el carácter insuficiente de la motivación en lo que concierne a los motivos de revocación de la autorización segundo y tercero y, la segunda, en la supuesta comisión de errores por parte del BCE en cuanto a la apreciación de tales motivos.
104
Por lo que respecta a la primera parte del presente motivo de recurso, basada en la insuficiencia de la motivación, procede recordar que, según la jurisprudencia, la motivación exigida, en particular, por el artículo 296 TFUE, por el artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento MUS de base y por el artículo 33, apartados 1 y 2, del Reglamento Marco del MUS debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, apartado 85).
105
El respeto de la exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios del acto u otras personas afectadas por este en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, apartado 87).
106
Por lo que respecta a los motivos de revocación de la autorización segundo y tercero, que la demandante considera insuficientemente motivados, procede examinarlos en el orden en el que figuran en la Decisión impugnada, debiendo precisarse que están intrínsecamente vinculados.
107
En efecto, en particular, al abordar, en el apartado 5 de la Decisión impugnada, el segundo motivo de revocación de la autorización, que versa sobre la obligación de establecer sistemas eficaces de control interno (artículo 341, apartado 1, de la Ley de Entidades de Crédito), el BCE situó su análisis en un contexto más amplio que el del tercer motivo de revocación de la autorización, objeto del apartado 6 de la misma Decisión, que se refiere a la gestión por la demandante de sus riesgos mediante el establecimiento de una estrategia, políticas y procedimientos prudentes. Así, en el apartado 5.1.1 de la Decisión impugnada, ya se hace referencia a la gestión de la obligación, establecida en el artículo 74, apartado 1, de la Directiva 2013/36 para las entidades sujetas a supervisión, de dotarse de sólidos procedimientos de gobernanza, incluida una estructura organizativa clara con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, de procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos a los que esté expuesta o pueda estarlo y de mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables correctos. Por otra parte, en el apartado 5.1.2 de la misma Decisión, se menciona la situación de la demandante en lo que respecta a su gestión de riesgos.
108
En primer lugar, procede declarar que la Decisión impugnada está suficientemente motivada por lo que respecta al segundo motivo de revocación de la autorización, que se aborda en el apartado 5 de la Decisión impugnada.
109
En efecto, en el apartado 5.1 de la Decisión impugnada, el BCE indica los elementos que, a su juicio, permiten considerar que se ha incurrido en incumplimiento de la obligación de establecer sistemas eficaces de control interno. Estos elementos se detallan en los apartados 5.1.1 a 5.1.12 de dicha Decisión.
110
Por otra parte, en el apartado 5.2 de la Decisión impugnada, el BCE indica las diferentes disposiciones que, a su entender, han sido infringidas. A este respecto, menciona los artículos 341, apartado 1, y 27, apartado 1, punto 8, de la Ley de Entidades de Crédito, que transponen, en su opinión, el artículo 18, letra f), de la Directiva 2013/36, en relación con los artículos 67, apartado 1, letra d), y 74 de esta misma Directiva. Estas disposiciones, las obligaciones que establecen y los incumplimientos que se imputan a la demandante se detallan en los apartados 5.2.1 a 5.2.5 de la Decisión impugnada.
111
Además, en el apartado 5.3 de la Decisión impugnada, el BCE explica la conclusión a la que llegó para justificar la revocación de la autorización, motivada por el incumplimiento de la obligación de establecer los sistemas de control interno de que se trata. Subraya el incumplimiento de esta obligación, en particular, durante un largo período de tiempo (apartados 5.3.2 y 5.3.5 de la Decisión impugnada) y de forma reiterada (apartados 5.3.2 a 5.3.6 de la Decisión impugnada).
112
Aun suponiendo que el BCE no haya indicado toda la información relativa al segundo motivo de revocación de la autorización, parece no obstante que, habida cuenta de las exigencias recordadas en el anterior apartado 105, los elementos expuestos en la Decisión impugnada bastan para comprender el motivo en cuestión y las razones que llevaron, por este motivo, a la revocación de la autorización.
113
En lo que atañe a la alegación de la demandante de que el BCE no indicó con precisión la falta de conformidad de sus supuestas lagunas con las disposiciones aplicables, procede señalar que, en el apartado 5.2 de la Decisión impugnada, el BCE mencionó efectivamente, por lo que respecta al contenido esencial de la obligación a que se refiere el segundo motivo de revocación de la autorización, todas las disposiciones que consideraba aplicables, a saber, el artículo 341, apartado 1, de la Ley de Entidades de Crédito, que transpone, a su juicio, el artículo 74 de la Directiva 2013/36, y los apartados 6 y 53 del Reglamento n.o 227, permitiendo así determinar, contrariamente a lo que sostiene la demandante, las disposiciones que, a juicio del BCE, no fueron respetadas.
114
Por otra parte, si bien la demandante critica el apartado 5.2.3 de la Decisión impugnada por considerar que no estaba en condiciones de verificar su contenido, procede declarar que tal verificación puede realizarse, no obstante, sobre la base de las comprobaciones realizadas durante las inspecciones in situ de 2019 y 2021, a las que se refiere dicho apartado. La demandante no afirma que no habría podido impugnar el contenido de dicho apartado 5.2.3 remitiéndose a las conclusiones de las inspecciones a las que se hace referencia en dicho apartado.
115
En segundo lugar, por lo que respecta a la motivación del tercer motivo de revocación de la autorización, que se aborda en el apartado 6 de la Decisión impugnada, la lectura de esta basta también para declarar que la motivación no es insuficiente.
116
En efecto, en el apartado 6.1 de la Decisión impugnada, el BCE indica los elementos que, a su juicio, permiten considerar que se ha incurrido en un incumplimiento de la obligación de definir y aplicar políticas y procedimientos prudentes que permitan a la demandante gestionar sus riesgos, incluida la identificación oportuna, la evaluación, el análisis y el control de sus riesgos. Estos elementos se detallan en los apartados 6.1.1 a 6.1.7 de dicha Decisión.
117
En el apartado 6.2 de la Decisión impugnada, el BCE indica las diferentes disposiciones que, a su entender, han sido infringidas. A este respecto, menciona los artículos 27, apartado 1, punto 8, y 342, apartados 1 y 2, de la Ley de Entidades de Crédito, que transponen, en su opinión, el artículo 18, letra f), de la Directiva 2013/36, en relación con los artículos 67, apartado 1, letra d), y 74, apartado 2, de esta misma Directiva. Las disposiciones de que se trata y las obligaciones que establecen se detallan en los apartados 6.2.1 a 6.2.4 de la Decisión impugnada.
118
En el apartado 6.3 de la Decisión impugnada, el BCE indica la conclusión a la que llegó para justificar la revocación de la autorización, habida cuenta de la infracción detectada desde al menos la Decisión n.o 105, por la que se impusieron medidas de intervención temprana a la demandante.
119
Procede declarar que la demandante participó en el procedimiento que condujo a la adopción de la Decisión impugnada, de modo que conocía el contexto en el que se adoptó dicha Decisión.
120
En este contexto, resulta que los elementos expuestos, que figuran en la Decisión impugnada en lo que respecta a los motivos de revocación de la autorización segundo y tercero, permitieron a la demandante, y permiten al Tribunal General, comprender las razones por las que se revocó la autorización.
121
Esta conclusión se ve confirmada por el hecho de que la demandante impugna, en el marco del presente motivo de recurso, el fundamento de la Decisión impugnada, alegando que el BCE incurrió en errores de apreciación o de Derecho o se basó en elementos fácticos inexactos, en particular en lo que atañe a los apartados 5.2, 6.1.5, 6.2.2 a 6.2.4 y 6.3.1 de la Decisión impugnada.
122
En estas circunstancias, procede desestimar por infundada la primera parte del tercer motivo de recurso, basada en el incumplimiento de la obligación de motivación.
123
Por lo que respecta a la segunda parte del tercer motivo de recurso, relativa a la fundamentación de los motivos de revocación de la autorización segundo y tercero, procede comprobar, de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 63, si la Decisión impugnada adolece de los errores alegados.
124
En lo que atañe, en primer lugar, al segundo motivo de revocación de la autorización, el BCE decidió revocar la autorización debido al incumplimiento persistente, por parte de la demandante, de la obligación, establecida en el artículo 341, apartado 1, de la Ley de Entidades de Crédito, de crear un sistema eficaz de control interno en el marco de sus actividades, obligación que se especifica en los apartados 6 y 53 del Reglamento n.o 227.
125
Consta que, a tenor de dicho artículo 341, apartado 1, de la Ley de Entidades de Crédito:
«Las entidades de crédito velarán por el establecimiento y el funcionamiento de un sistema de control interno completo y eficaz, adaptado a la naturaleza, el volumen y la complejidad de sus actividades. El sistema de control interno constará de los siguientes elementos fundamentales:
1)
una estructura organizativa adaptada al tamaño y a los riesgos operativos de la entidad de crédito, que incluya una asignación clara, inequívoca y sistemática de las obligaciones, autorizaciones y responsabilidades en cuanto a la realización y el control de las operaciones entre las unidades estructurales y los empleados responsables de la entidad de crédito;
2)
un sistema de identificación, gestión, supervisión y notificación de los riesgos característicos y potenciales de las actividades de la entidad de crédito;
3)
procedimientos de control interno;
4)
un régimen retributivo, incluida una política de remuneración neutra en lo que respecta al género.»
126
El artículo 74, apartados 1 y 2, de la Directiva 2013/36 establece lo siguiente:
«1.   Las entidades se dotarán de sólidos procedimientos de gobierno corporativo, incluida una estructura organizativa clara con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos a los que esté expuesta o pueda estarlo, mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables correctos, así como políticas y prácticas de remuneración que sean compatibles con una gestión adecuada y eficaz de riesgos y que la promuevan.
2.   Los sistemas, procedimientos y mecanismos contemplados en el apartado 1 serán exhaustivos y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos inherentes al modelo empresarial y las actividades de la entidad. Se tomarán en consideración los criterios técnicos establecidos en los artículos 76 a 95.»
127
Es preciso añadir que la CMFC adoptó el Reglamento n.o 227 de conformidad con el artículo 341, apartado 1, de la Ley de Entidades de Crédito.
128
El apartado 6 del Reglamento n.o 227 establece que el sistema de control interno de una entidad se organizará de tal manera que la dirección de la entidad tenga garantías razonables, en primer término, de que los activos de la entidad están protegidos contra las pérdidas y contra toda gestión y utilización no autorizadas así como contra los riesgos vinculados a las actividades de la entidad; en segundo término, de que dichos activos sean suficientes, habida cuenta del capital de la entidad, de sus elementos constitutivos y de su proporción, para cubrir los riesgos inherentes a las actividades de la entidad, y, en tercer término, de que la entidad actuará de manera razonable, prudente y eficaz, respetando plenamente los requisitos legales y demás actos jurídicos.
129
Además, el apartado 53 del Reglamento n.o 227 establece los requisitos relativos a la política de la entidad en materia de riesgos, entre los que figuran:
–
la elaboración de un plan de acción en el que se establezcan las orientaciones del consejo de supervisión y del consejo de dirección (tone from the top) en relación con los actos que se esperan de todos los empleados y directivos de la entidad para garantizar la gestión de los riesgos, teniendo en cuenta los valores fundamentales (core values) de la entidad;
–
informar a los empleados y directivos de la entidad cuya función incluya la asunción de riesgos por cuenta de la entidad acerca de sus funciones y responsabilidades en el desempeño de sus respectivas funciones;
–
el establecimiento de una comunicación eficaz en el seno de la entidad que facilite la evaluación crítica de los puntos de vista expresados en el ámbito de la gestión de riesgos;
–
las actividades relacionadas con la asunción de riesgos, de acuerdo con el perfil de riesgo de la entidad, sus intereses a largo plazo y los objetivos que se ha fijado.
130
De las disposiciones antes mencionadas se desprende, en particular, que los sistemas y medidas de que se trate deben estar adaptados a los riesgos que se corren.
131
Pues bien, en el caso de autos, el BCE subrayó, en la Decisión impugnada, que, desde 2018, la demandante tenía un modelo económico de alto riesgo, extremo que esta no ha negado.
132
En este contexto, la demandante fue objeto de dos inspecciones in situ durante el período comprendido entre el 7 de marzo y el 30 de abril de 2019 y entre el 10 de mayo y el 16 de julio de 2021. Al término de la primera inspección, se detectaron deficiencias en el sistema de control interno para la gestión del riesgo, que no se ajustaba al nivel de los riesgos asumidos por la demandante. Al término de la segunda inspección, se observó, en particular, que las lagunas detectadas en la primera inspección no habían sido corregidas y que la demandante no había establecido criterios ni límites para la gestión de sus riesgos. De las comprobaciones realizadas se desprende que la demandante seguía teniendo prácticas inadecuadas persistentes.
133
Además, en el apartado 5.1 de la Decisión impugnada, se mencionan una serie de ejemplos de situaciones y otros ejemplos derivados de las inspecciones, que subrayan la inadecuación de la estructura de control interno considerando el modelo económico de alto riesgo de la demandante. Habida cuenta de las lagunas detectadas en los mecanismos de control interno de la demandante, así como de su incapacidad para adoptar y aplicar medidas correctoras, el BCE consideró, sin incurrir en error, que se habían infringido las disposiciones pertinentes.
134
Debe precisarse que, como ya se ha indicado en el marco de la primera parte del tercer motivo de recurso, el BCE sí mencionó las disposiciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional que consideró infringidas en el marco del segundo motivo de revocación de la autorización. En particular se refirió al artículo 341, apartado 1, de la Ley de Entidades de Crédito y a los apartados 6 y 53 del Reglamento n.o 227.
135
Por lo que respecta a las demás alegaciones formuladas por la demandante, en lo que concierne, para empezar, a la alegación de que solo se hizo referencia a lagunas en la actividad de la demandante en lo relativo al funcionamiento del sistema de control interno que había establecido y de que estas lagunas no eran sistémicas ni generalizadas, de las disposiciones recordadas en los anteriores apartados 125 a 129 no se desprende que las lagunas de este tipo no puedan considerarse suficientes. Como ya se ha recordado en el anterior apartado 130, los sistemas y medidas deben adaptarse a los riesgos que se corren y, si estos son elevados, el hecho de que existan lagunas y la persistencia de estas deben poder permitir caracterizar incumplimientos de las obligaciones derivadas de las disposiciones en cuestión.
136
A continuación, por lo que respecta a la aplicación del artículo 341, apartado 1, de la Ley de Entidades de Crédito y de los apartados 6 y 53 del Reglamento n.o 227 a las lagunas y a los ejemplos detallados en el apartado 5 de la Decisión impugnada, procede señalar que nada permite concluir que esas lagunas y esos ejemplos no podían estar comprendidos en los ámbitos de aplicación de dichas disposiciones.
137
La demandante sostiene que el BCE no podía hacer referencia a las disposiciones del Reglamento n.o 227 dado que el control del que había sido objeto había sido efectuado por la CMFC en 2019, mientras que el Reglamento en cuestión no entró en vigor hasta el 10 de diciembre de 2020. Pues bien, procede señalar que la Decisión impugnada se basa también en una inspección in situ realizada en 2021 y que pone de manifiesto la persistencia de las lagunas después de 2020, lo que abarca hechos posteriores a la entrada en vigor del Reglamento n.o 227, y permite pues hacer referencia a dicho texto.
138
Por último, la demandante rebate el apartado 5.1.2 de la Decisión impugnada debido a que, según ella, el BCE no tuvo en cuenta la información que le había transmitido. Pues bien, ello no basta para cuestionar las apreciaciones efectuadas en dicho apartado por el BCE, quien, al mismo tiempo que subraya que algunas lagunas en que incurrió la demandante pudieron ser objeto de correcciones, señala que ello no impidió que se produjeran otras lagunas y que estas persistieran.
139
Por lo que respecta, en segundo lugar, al tercer motivo de revocación de la autorización, el BCE decidió revocar la autorización de la demandante debido al incumplimiento por parte de esta de la obligación de definir y aplicar una estrategia, políticas y procedimientos prudentes que le permitieran gestionar sus riesgos, incluida la identificación oportuna, la evaluación, el análisis y el control de sus riesgos a que se refiere el artículo 342, apartados 1 y 2, de la Ley de Entidades de Crédito, que transpone el artículo 74, apartado 2, de la Directiva 2013/36.
140
Según el artículo 342, apartado 1, de la Ley de Entidades de Crédito, la entidad de crédito elaborará y aplicará una estrategia, políticas y procedimientos prudentes que permitan gestionar —incluyendo la identificación, la evaluación, el análisis y la supervisión oportunos— el riesgo de crédito y el riesgo de crédito de la otra parte contratante, el riesgo de concentración, el riesgo de titulización, el riesgo de mercado, el riesgo operativo, incluido el riesgo inherente al modelo de negocio, los riesgos derivados del recurso a la externalización y los acontecimientos con escasa probabilidad de materialización, pero efectos significativos, el riesgo de tipo de interés en lo que respecta a la cartera no negociada, el riesgo de diferencial de crédito en relación con la cartera no sujeta a negociación, el riesgo residual, el riesgo de liquidez, el riesgo de apalancamiento excesivo y otros riesgos importantes para la entidad de crédito.
141
El artículo 342, apartado 2, de la Ley de Entidades de Crédito establece que la estrategia, las políticas, los procedimientos y los sistemas de la entidad de crédito se adaptarán a la complejidad y al volumen de sus actividades, así como a un nivel de riesgo aceptable definido por el consejo de la entidad de crédito, y se elaborarán teniendo en cuenta la importancia sistémica de la entidad de crédito en cada Estado miembro en el que lleven a cabo actividades.
142
La demandante sostiene que el artículo 342, apartados 1 y 2, de la Ley de Entidades de Crédito introduce la obligación de establecer una estrategia prudente, mientras que las disposiciones de la Directiva 2013/36 no imponen tal exigencia.
143
A este respecto, procede señalar que el artículo 74, apartado 2, de la Directiva 2013/36 tiene por objeto garantizar que los sistemas, procedimientos y mecanismos contemplados en el apartado 1 de dicho artículo sean proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos que corre la entidad. El artículo 74, apartado 1, de esta Directiva insiste en la solidez, eficacia y adecuación de los procedimientos de gobierno corporativo, los procedimientos de identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos y los mecanismos de control interno, así como en políticas y prácticas de remuneración que sean compatibles con una gestión adecuada y eficaz de riesgos y que la promuevan.
144
Pues bien, en el contexto así establecido por el artículo 74 de la Directiva 2013/36, nada permite concluir que el BCE haya incurrido en error manifiesto de apreciación al controlar, habida cuenta de los riesgos asumidos por la demandante, si esta había establecido una estrategia prudente a la luz del artículo 342, apartados 1 y 2, de la Ley de Entidades de Crédito. El establecimiento de tal estrategia prudente puede ser precisamente una de las operaciones que permiten realizar y garantizar los objetivos establecidos en el artículo 74 de la Directiva 2013/36.
145
Por lo tanto, la alegación de la demandante basada en la cuestión de qué disposición de Derecho nacional transpone el artículo 74 de la Directiva 2013/36 es inoperante por lo que respecta al examen de la fundamentación del tercer motivo de revocación de la autorización.
146
Por otra parte, por lo que respecta a la cuestión de si el BCE incurrió en error manifiesto de apreciación al no analizar la conformidad de las políticas y los procedimientos de la demandante con el artículo 342, apartados 1 y 2, de la Ley de Entidades de Crédito, procede indicar, como señaló acertadamente el BCE, que el tercer motivo de revocación de la autorización se inscribe manifiestamente en la línea de la apreciación realizada en el marco del segundo motivo de revocación de la autorización, que consistía en un análisis de las políticas y de los procedimientos internos de la demandante, lo que no permite considerar que dichas políticas y procedimientos no fueron examinados.
147
En cualquier caso, dado que el artículo 342, apartados 1 y 2, de la Ley de Entidades de Crédito se refiere a una obligación que abarca varios aspectos, nada impedía al BCE concentrarse en algunos de esos aspectos, en este caso en la estrategia de la demandante, para investigar si esta cumplía su obligación derivada de dicha disposición. El artículo 342, apartados 1 y 2, de la Ley de Entidades de Crédito no dispone que solo pueda determinarse que se ha cometido una infracción si se comprueba que ni la estrategia, ni las políticas, ni los procedimientos cumplen los criterios establecidos.
148
Por último, en cuanto a los diferentes elementos considerados por el BCE para declarar el incumplimiento de la obligación que constituye el tercer motivo de revocación de la autorización, de los apartados 6.1.1 a 6.1.7 de la Decisión impugnada se desprende que el BCE se basó en varios intercambios entre la demandante y la CMFC. De estos intercambios se desprende que los diferentes intentos de la demandante de modificar su estrategia se consideraron insuficientes para cumplir los criterios fijados por las disposiciones aplicables.
149
La demandante rebatió varios de los elementos en que se basó el BCE. A este respecto, procede señalar que, aun suponiendo que el BCE hubiera incurrido en algún error manifiesto de apreciación en relación con uno u otro de esos elementos, o incluso con todos ellos, nada permite considerar que la conclusión a la que llegó habría sido diferente de no haber cometido esos supuestos errores. En efecto, para que así fuera, tales errores, considerados individual o conjuntamente, deberían haber sido determinantes en la demostración del tercer motivo de revocación de la autorización. Pues bien, habida cuenta del número de las demás observaciones efectuadas en el marco de los intercambios entre la CMFC y la demandante en lo que respecta a la estrategia adoptada por esta última para garantizar su situación financiera, tal como aparecen en el apartado 6.1 de la Decisión impugnada, y considerando, en particular, que ha quedado acreditado que la demandante registraba pérdidas desde 2017, no lograba restablecer su rentabilidad y asumía riesgos excesivos, el BCE podía basarse en el tercer motivo de revocación para justificar la revocación de la autorización.
150
Además, por lo que respecta, en particular, al apartado 6.1.5 de la Decisión impugnada, la demandante indicó que había presentado una nueva versión de su estrategia para el período comprendido entre 2022 y 2024 y que la CMFC le había solicitado información mucho más detallada que la prevista por las disposiciones del Reglamento n.o 227. Pues bien, como señaló el BCE, la CMFC estaba facultada, según las disposiciones de la Ley de Entidades de Crédito, para solicitar a la demandante que adoptara las medidas de refuerzo de los fondos propios que había anunciado.
151
Por lo que respecta al apartado 6.2.2 de la Decisión impugnada, la demandante invocó su situación financiera para rebatir el hecho de que, según el BCE, la estrategia que debía aplicarse no le permitía generar capital para desarrollarse de manera sostenible y cumplir de forma continua los requisitos prudenciales. Mencionó que no se había incoado ningún procedimiento de insolvencia en su contra. Pues bien, como subrayó el BCE, la CMFC había comprobado que la demandante registraba pérdidas desde 2017 y no había logrado restablecer su rentabilidad. También había señalado varios aspectos que demostraban el carácter precario de la situación financiera de la demandante, así como, en particular, el aumento continuo de las pérdidas año tras año, generadas también por determinadas inversiones, así como el carácter poco realista del proyecto de emisión de obligaciones de fondos propios adicionales. En este contexto, nada permite concluir que las consideraciones expuestas en el apartado 6.2.2 de la Decisión impugnada sobre la situación financiera de la demandante fueran inexactas.
152
Por lo que respecta al apartado 6.2.3 de la Decisión impugnada, la demandante estima que la consideración relativa a la imposibilidad de corregir su estrategia errónea y de atraer a nuevos accionistas era «inoperante», ya que, durante el período posterior al mes de agosto de 2021, no había tenido la posibilidad de aplicar ninguna estrategia, habida cuenta de la aplicación de las medidas de supervisión y de intervención temprana que la CMFC le había impuesto. Pues bien, tal alegación no demuestra el carácter erróneo de la conclusión alcanzada por el BCE según la cual la falta de una estrategia prudente y de un modelo económico viable hacía que la demandante dependiera de inversiones adicionales, habida cuenta de las pérdidas acumuladas desde hacía mucho tiempo.
153
En lo que concierne al apartado 6.2.4 de la Decisión impugnada, la demandante sostiene que el BCE concluyó erróneamente que había funcionado conforme a su estrategia de 2018 y que, a este respecto, no había tenido en cuenta varios elementos. Sin embargo, dado que estos elementos no son más que una repetición de las alegaciones examinadas anteriormente, que se presentaron para impugnar la evaluación del BCE y que no se consideraron fundadas, no permiten demostrar la existencia de un error manifiesto en la apreciación del BCE.
154
Por lo que respecta al apartado 6.3.1 de la Decisión impugnada, la demandante considera que el BCE no puede referirse a la gravedad y a la duración de la infracción, toda vez que el apartado 6 de dicha Decisión no contiene ningún examen de esa gravedad y de esa duración. Pues bien, procede señalar que el apartado 6.3.1 de la Decisión impugnada se presenta como la conclusión de todos los elementos mencionados en los apartados 6.1.1 a 6.2.4 como hechos constitutivos de infracciones tras la apreciación de estos hechos a la luz de las disposiciones aplicables. En el marco de tal apreciación, el BCE podía manifiestamente concluir fundadamente que se encontraba ante una infracción grave de cierta duración.
155
En consecuencia, la demandante no ha demostrado que el BCE incurriera en errores como los recordados en el anterior apartado 63 al basarse en los motivos de revocación segundo y tercero para fundamentar la revocación de la autorización.
156
Por lo tanto, procede desestimar el tercer motivo de recurso por carecer de fundamento.
Cuarto motivo de recurso
157
La demandante sostiene, en esencia, que el BCE vulneró el principio de buena administración, que, según ella, corresponde al derecho de toda persona a ser oída, consagrado en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, y al derecho de acceso al expediente que la concierna, consagrado en el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta, y que abarca el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta.
158
En primer lugar, la demandante recuerda la jurisprudencia según la cual solo los órganos jurisdiccionales de la Unión pueden garantizar una tutela judicial efectiva frente a los actos en los que intervengan las autoridades nacionales y el BCE, destinados a aplicar el MUS. Según afirma, esta competencia exclusiva del juez de la Unión engloba el control de la legalidad de actos preparatorios de determinadas decisiones o de propuestas de decisiones de las autoridades nacionales de que se trate, que puedan incidir en el contenido de la decisión final del BCE.
159
A este respecto, la demandante alega que la propuesta de decisión se basa, en esencia, en los argumentos y circunstancias expuestos en las Decisiones n.os 215 y 216.
160
La demandante añade que las Decisiones n.os 215 y 216 adolecen de importantes lagunas que no solo restringieron injustificadamente sus derechos y menoscabaron sus intereses, sino que también condujeron a la adopción por el BCE de una decisión errónea e injustificada. A su parecer, el BCE debería haber examinado todas las decisiones adoptadas por la CMFC y garantizar su derecho a un juicio justo y a un procedimiento razonable y proporcionado. Según afirma, en virtud de su competencia general de supervisión, el BCE debe velar por que las autoridades nacionales cumplan las disposiciones relativas al MUS contenidas en Reglamento Marco del MUS y en el Derecho nacional pertinente. A su juicio, el BCE debe llevar a cabo un control exhaustivo de la legalidad de las propuestas de revocación de la autorización presentadas por las autoridades nacionales, así como de las medidas preparatorias, en particular a la luz del principio de proporcionalidad y de las garantías procesales fundamentales del Derecho de la Unión.
161
En segundo lugar, la demandante indica que la evaluación de conformidad y la Decisión n.o 215 deben considerarse actos preparatorios de la Decisión impugnada, comprendidos en el ámbito de las competencias generales de supervisión del BCE, y que los actos sometidos a la CMFC deben ser objeto de revisión. Según ella, el BCE no llevó a cabo esa revisión o no la realizó suficientemente. A su juicio, el BCE no examinó los actos preparatorios, entre los que figura la Decisión n.o 215. Esta última decisión constituye un acto administrativo adoptado por una autoridad contra una o varias personas designadas individualmente, que establece, modifica, declara o pone fin a una relación jurídica o declara la existencia de una relación de hecho. Según la demandante, dicha decisión contiene dos decisiones, una sobre la no aplicación de una medida de resolución y otra sobre la presentación al BCE de una propuesta de revocación de la autorización. La demandante añade que el BCE dispone de una facultad de apreciación para decidir sobre la revocación de la autorización y que el proyecto de decisión elaborado por la CMFC no es vinculante. A su parecer, la participación de las autoridades nacionales en el procedimiento que conduce a la adopción de actos de la Unión no permite cuestionar la calificación de estos como actos de la Unión cuando los actos adoptados por las autoridades nacionales constituyen una etapa de un procedimiento en el que una institución de la Unión ejerce, por sí sola, el poder de decisión, sin estar vinculada por los actos de trámite o las propuestas procedentes de las autoridades nacionales.
162
Por otra parte, la demandante señala que el artículo 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo obliga a la administración a pronunciarse sobre la adopción de un acto administrativo que pueda resultar lesivo para su destinatario, examinando la postura y las alegaciones de este último en el asunto de que se trate. Añade que, incluso en el caso de un acto administrativo obligatorio, para que la disposición jurídica pueda aplicarse, las partes en el procedimiento pueden facilitar información sobre las circunstancias importantes. La CMFC indicó en la Decisión n.o 215 las razones por las que no había oído a la demandante. Pues bien, según la demandante, el hecho de que la CMFC acordara con ella el plan de resolución constituía un acto que no formaba parte del procedimiento administrativo que condujo a la adopción de la Decisión n.o 215. Así pues, estima que la justificación propuesta por la CMFC no puede considerarse razón suficiente para no oír a la demandante.
163
En tercer lugar, la demandante alega que, durante el procedimiento de adopción de la Decisión impugnada, el BCE vulneró su derecho de acceso al expediente. A este respecto, sostiene que el artículo 22, apartado 2, del Reglamento MUS de base establece que se respetarán plenamente en el procedimiento los derechos de defensa de las personas interesadas. Estas tendrán derecho de acceso al expediente del BCE, a reserva de los intereses legítimos de protección de los secretos comerciales de terceros. En este contexto, la demandante aduce que no tuvo acceso a la evaluación de conformidad en el marco de la adopción de la Decisión n.o 215. Según afirma, esta evaluación tampoco le fue comunicada cuando ejerció su derecho de acceso al expediente en el marco del procedimiento de adopción de la Decisión impugnada. Sostiene que, de este modo, la CMFC y el BCE infringieron el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta al negarle la posibilidad de tener conocimiento de la evaluación de conformidad.
164
En cuarto lugar, afirma que el BCE le concedió un plazo excesivamente corto para presentar sus observaciones sobre la propuesta de decisión. El 30 de enero de 2023, el BCE le dirigió un escrito en el que solicitaba la presentación de observaciones sobre la propuesta de decisión y fijaba un plazo de cinco días para ello. La demandante sostiene que presentó ante el BCE una solicitud de prórroga de dicho plazo, pero este solo concedió cuatro días hábiles adicionales y se negó a conceder un plazo de veinte días y, posteriormente, de quince días. Según ella, el BCE no motivó su decisión de concederle un plazo abreviado para la presentación de sus observaciones.
165
La demandante añade que, si hubiera sido oída en el marco del procedimiento relativo a la Decisión n.o 215 y si hubiera dispuesto de al menos dos semanas para presentar sus observaciones escritas sobre la propuesta de decisión, habría podido formular sus observaciones sobre los elementos de hecho y de Derecho mencionados en el marco de sus motivos de recurso primero, segundo y tercero. Así pues, considera que, si hubiera sido oída, el resultado del procedimiento habría sido diferente.
166
El BCE estima que este motivo de recurso debe desestimarse por infundado.
167
En primer lugar, por lo que respecta a la cuestión de si el BCE debería haber controlado las Decisiones n.os 215 y 216, por una parte, procede señalar, por lo que respecta a la primera de estas dos Decisiones, que esta se adoptó en el marco de un procedimiento de resolución distinto del procedimiento de revocación de la autorización, que condujo a la Decisión impugnada. Este procedimiento de resolución es principalmente competencia de las ANC, mientras que el procedimiento de revocación de la autorización, pese a comenzar con investigaciones de la ANC, termina con una decisión del BCE.
168
Por otra parte, aunque la Decisión impugnada menciona, en su apartado 3.4, la Decisión n.o 216, parece que lo hace desde una perspectiva de exposición del marco fáctico y contextual. De esta circunstancia no puede deducirse que la Decisión impugnada se base tanto en dicha Decisión como en la Decisión n.o 215 para justificar la revocación de la autorización. Como ha señalado el BCE, la declaración de inviabilidad cierta o previsible adoptada por la CMFC se inscribe en el marco de un procedimiento distinto del que conduce a la revocación de la autorización.
169
En cualquier caso, como se ha señalado al examinar los motivos de recurso primero y segundo, si bien, al adoptar su decisión, el BCE debe, en virtud del artículo 83, apartado 2, del Reglamento Marco del MUS, tener en cuenta, en particular, su evaluación de las circunstancias que justifican la revocación, ello no implica que deba conocer de cualquier otra decisión adoptada por las ANC en el marco de sus competencias. Como se ha recordado en el anterior apartado 72, el BCE es competente para revocar una autorización sobre la base de las apreciaciones realizadas por las ANC.
170
En segundo lugar, por lo que respecta a la supuesta vulneración del derecho de acceso a la evaluación de conformidad en el marco de la adopción de la Decisión n.o 215, procede señalar que la alegación de la demandante se refiere a un procedimiento distinto del que condujo a la revocación de la autorización, de modo que procede desestimarla por inoperante.
171
En tercer lugar, en lo que atañe al plazo supuestamente insuficiente para ejercer el derecho a ser oído, procede recordar que se concedieron a la demandante nueve días laborables en total para presentar sus observaciones sobre el proyecto de Decisión impugnada, que incluyen cuatro días adicionales a los cinco días iniciales. No se discute que el proyecto de decisión de que se trata solo contenía dos documentos de los que la demandante no había tenido conocimiento previo.
172
A este respecto, del artículo 31, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento Marco del MUS se desprende que, en principio, se debe dar a la parte de un procedimiento de supervisión prudencial del BCE la oportunidad de presentar comentarios por escrito en un plazo de dos semanas a partir de la recepción de una notificación que exponga los hechos, las objeciones y los fundamentos jurídicos en los que el BCE pretenda basar su decisión de supervisión. El artículo 31, apartado 3, párrafo tercero, de dicho Reglamento Marco establece que, en determinadas circunstancias, el BCE puede reducir el plazo a tres días hábiles y que el plazo también se acorta a tres días hábiles en las situaciones contempladas en los artículos 14 y 15 del Reglamento MUS de base y, por tanto, en particular, en el caso de una decisión de revocación de la autorización, a la que se refiere el artículo 14, apartado 5, de dicho Reglamento.
173
Habida cuenta de la normativa en vigor, de la posibilidad de reducir el plazo y del hecho de que la demandante únicamente desconocía, con carácter previo, dos de los documentos adjuntos al proyecto de decisión, no parece que el BCE haya vulnerado su derecho a ser oída al establecer un plazo de cinco días, ampliado posteriormente en cuatro días adicionales, para la presentación de observaciones sobre el proyecto de decisión.
174
Es preciso subrayar, además, que la demandante no ha cuestionado la legalidad del plazo reducido previsto en el artículo 31, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento Marco del MUS. Dicho esto, ya se ha declarado que el legislador de la Unión efectuó una evaluación sobre el carácter razonable del plazo previsto en esta disposición ponderando los intereses opuestos que son, por una parte, los intereses privados de las entidades de crédito en disponer del mayor tiempo posible para formular sus observaciones y, por otra parte, el interés público en que el restablecimiento de la legalidad se produzca a la mayor brevedad (véase la sentencia de 6 de octubre de 2021, Ukrselhosprom PCF y Versobank/BCE, T‑351/18 y T‑584/18, EU:T:2021:669, apartado 374).
175
De cuanto antecede resulta que procede desestimar el cuarto motivo de recurso por infundado y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.
Costas
176
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haberse desestimado las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por el BCE.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Décima),
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a Baltic International Bank SE.
Porchia
Jaeger
Nihoul
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de junio de 2025.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: letón.