61993CJ0058_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-58/93,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el tribunal du travail de Bruxelles, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Zoubir Yousfi
y
État belge
una decisión prejudicial sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, firmado en Rabat el 27 de abril de 1976 y aprobado, en nombre de la Comunidad, por el Reglamento (CEE) nº 2211/78 del Consejo, de 26 de septiembre de 1978 (DO L 264, p. 1; EE 11/09, p. 3),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida y M. Díez de Velasco, Presidentes de Sala; F.A. Schockweiler (Ponente), F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn y J.L. Murray, Jueces;
Abogado General: Sr. G. Tesauro;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- en nombre del Sr. Z. Yousfi, por Me R.O. Dalcq, Abogado de Bruselas;
- en nombre del Gobierno belga, por el Sr. J. Devadder, directeur d'administration del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. E. Roeder, Ministerialrat del Bundeswirtschaftsministerium, y C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor del mismo Ministerio, en calidad de Agentes;
- en nombre del Gobierno francés, por la Sra. E. Belliard, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y por el Sr. C. Chavance, attaché principal d'administration centrale de ese mismo Ministerio, en calidad de Agentes;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. M. Patakia y por el Sr. P. Hetsch, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales del Sr. Z. Yousfi, representado por Me B. Gribomont, Abogado de Bruselas; del Gobierno belga, representado por Me J.-J. Masquelin, Abogado de Bruselas, y por el Sr. J. Devadder; del Gobierno alemán; del Gobierno francés, y de la Comisión, representada por la Sra. M. Wolfcarius, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, en la vista celebrada el 26 de enero de 1994;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 23 de febrero de 1994;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 24 de febrero de 1993, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de marzo siguiente, el tribunal du travail de Bruxelles planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, firmado en Rabat el 27 de abril de 1976 y aprobado, en nombre de la Comunidad, por el Reglamento (CEE) nº 2211/78 del Consejo, de 26 de septiembre de 1978 (DO L 264, p. 1; EE 11/09, p. 3; en lo sucesivo, "Acuerdo").
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. Yousfi, de nacionalidad marroquí, y el Estado Belga, relativo a la negativa a conceder una asignación para minusválidos.
3 Consta en autos que el Sr. Yousfi, hijo de un nacional marroquí empleado en Bélgica, nació en este Estado y en él tiene su residencia.
4 El 31 de julio de 1984, cuando ocupaba un puesto de trabajador por cuenta ajena en Bélgica, el Sr. Yousfi resultó víctima de un accidente de trabajo. La gravedad del daño corporal sufrido por el Sr. Yousfi no se ha determinado todavía, así como tampoco la cuantía de la indemnización de invalidez que ha de corresponderle. En la actualidad, el Sr. Yousfi vive a cargo de su padre.
5 El 15 de octubre de 1990, el Sr. Yousfi solicitó en Bélgica una asignación para minusválidos en virtud de la Ley de 27 de febrero de 1987 (Moniteur belge de 1 de abril de 1987, p. 4832).
6 El apartado 1 del artículo 4 de dicha Ley prevé que, para tener derecho a una asignación de minusválidos, el solicitante deberá ser belga, apátrida, refugiado o de nacionalidad indeterminada y haber residido en Bélgica de manera efectiva y continuada durante los cinco años que precedan a la presentación de la solicitud.
7 Cuando, el 15 de febrero de 1991, las autoridades competentes belgas denegaron la solicitud del Sr. Yousfi basándose en que éste era de nacionalidad marroquí, el interesado interpuso recurso ante el tribunal du travail de Bruxelles.
8 Ante dicho órgano jurisdiccional, el Sr. Yousfi alegó que el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo establece, en el ámbito de la Seguridad Social, el principio de exclusión de cualquier discriminación basada en la nacionalidad entre los nacionales de los Estados miembros y los trabajadores marroquíes. El Sr. Yousfi alegó, por otra parte, que de la sentencia de 31 de enero de 1991, Kziber (C-18/90, Rec. p. I-199) se desprende que el apartado 1 del artículo 41 puede tener efecto directo y que el concepto de Seguridad Social que figura en dicha disposición debe comprenderse por analogía con el concepto idéntico que figura en el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en la versión codificada por el Reglamento (CEE) nº 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53; en lo sucesivo, "Reglamento nº 1408/71"). Por último, el Sr. Yousfi alegó que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las asignaciones para minusválidos constituyen prestaciones de Seguridad Social a efectos del mencionado Reglamento. Por consiguiente, concluye, el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo prohíbe que las autoridades de un Estado miembro se basen en la nacionalidad marroquí del demandante para denegarle tales asignaciones.
9 El Estado Belga mantuvo, en cambio, que el Sr. Yousfi no pertenecía a ninguna de las categorías de beneficiarios de la asignación para minusválidos previstas en la legislación belga y que no existe Convenio internacional de reciprocidad entre Bélgica y Marruecos en materia de asignaciones para minusválidos. Además, añadió el Estado Belga, el Sr. Yousfi no puede invocar eficazmente el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo, tal como lo interpreta la citada sentencia Kziber, en la medida en que, a diferencia de las prestaciones por desempleo para jóvenes en paro objeto de dicho asunto, las asignaciones para minusválidos, financiadas por la Hacienda Pública con una finalidad asistencial, independientemente de que exista un contrato de trabajo, no forman parte de la Seguridad Social y, por consiguiente, no están incluidas en el ámbito de aplicación material de la referida disposición del Acuerdo.
10 En vista de todo ello, el tribunal du travail de Bruxelles planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
"1) La legislación belga relativa a las asignaciones para minusválidos (Ley de 27 de febrero de 1987), ¿está comprendida dentro del ámbito material de aplicación del apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, firmado el 27 de abril de 1976 en Rabat y aprobado, en nombre de la Comunidad, por el Reglamento (CEE) nº 2211/78?
2) En caso afirmativo, ¿resultan tales disposiciones directamente aplicables en el Derecho interno?"
11 Con carácter liminar, procede recordar el objetivo y las disposiciones pertinentes del Acuerdo.
12 A tenor de su artículo 1, el Acuerdo tiene como objeto promover una cooperación global entre las Partes Contratantes a fin de contribuir al desarrollo económico y social de Marruecos y de favorecer el fortalecimiento de sus relaciones. Dicha cooperación se regula en el Título I, en el ámbito económico, técnico y financiero, en el Título II, en lo relativo a la cooperación comercial, y en el Título III, en el ámbito social.
13 El artículo 41, que forma parte del Título III, relativo a la cooperación en el sector de la mano de obra, prevé, en su apartado 1, que, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes sobre totalización de los períodos de seguro, empleo o residencia cubiertos en los diferentes Estados miembros, sobre prestaciones familiares para los miembros de su familia que residan dentro de la Comunidad y sobre transferencia a Marruecos de las pensiones y rentas, los trabajadores de nacionalidad marroquí y los miembros de su familia que residan con ellos, se beneficiarán, en el sector de la Seguridad Social, de un régimen caracterizado por la ausencia de cualquier discriminación basada en la nacionalidad con respecto a los propios nacionales de los Estados miembros donde estén empleados.
14 Del contexto del litigio principal se desprende que, mediante las cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional nacional pretende que se dilucide si el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue una asignación para minusválidos, prevista por su legislación en favor de los nacionales con residencia en ese Estado desde hace cinco años por lo menos, a un nacional marroquí que sufre una incapacidad laboral como consecuencia de un accidente de trabajo producido en ese Estado y que reside en el territorio de éste desde hace más de cinco años, basándose en que el interesado es de nacionalidad marroquí.
15 Para responder a tal cuestión, procede examinar, en primer lugar, si el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo puede ser directamente invocado por un particular ante un órgano jurisdiccional nacional, y, en segundo lugar, si dicha disposición se aplica a la situación de un trabajador migrante marroquí que solicita, en el Estado miembro en el que ha sido víctima de un accidente de trabajo y en el que reside desde hace más de cinco años, una asignación del tipo de la que se discute en el litigio principal.
Sobre el efecto directo del apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo
16 A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en la citada sentencia Kziber, que el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo, que establece en términos claros, precisos e incondicionales la prohibición de discriminar, por razón de la nacionalidad, a los trabajadores de nacionalidad marroquí y a los miembros de su familia que residan con ellos, en el sector de la Seguridad Social, contiene una obligación clara y precisa que no está subordinada, ni en su ejecución ni en sus efectos, a ningún acto ulterior relativo a cualquier cuestión distinta de las que son objeto los apartados 2, 3 y 4 de dicho artículo. En la referida sentencia, el Tribunal de Justicia añadió que el objeto del Acuerdo de promover una cooperación global entre las Partes Contratantes, en concreto en el ámbito de la mano de obra, confirma que el principio de no discriminación establecido en el apartado 1 del artículo 41 puede aplicarse directamente a la situación jurídica de los particulares.
17 De lo anterior dedujo este Tribunal de Justicia (apartado 23) que, del tenor literal del apartado 1 del artículo 41, así como del objeto y la naturaleza del Acuerdo en que se incluye este artículo, resulta que esta disposición puede ser aplicada directamente.
18 Dado que el Gobierno de la República Federal de Alemania ha pedido expresamente al Tribunal de Justicia que reconsidere esta jurisprudencia, procede poner de relieve que, tal como ha indicado el Abogado General en los puntos 6 y 7 de sus conclusiones, las observaciones presentadas en el marco del caso de autos no han aportado ningún nuevo elemento de apreciación que pueda inducir a este Tribunal de Justicia a modificar el criterio que adoptó en la ya citada sentencia Kziber.
19 El efecto directo que debe, pues, reconocerse al apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo implica que los justiciables a quienes se aplique esta disposición tienen derecho a invocarla ante los Tribunales nacionales.
Sobre el alcance del apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo
20 A fin de determinar el alcance del principio de no discriminación recogido en el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo, es preciso verificar, por una parte, si una persona como el demandante ante el órgano jurisdiccional nacional es un trabajador a efectos de dicho artículo y, por otra parte, si una asignación para minusválidos como la que se discute en el litigio principal está incluida en el ámbito de la Seguridad Social a efectos de dicha disposición.
21 Por lo que se refiere, en primer lugar, al concepto de trabajador que figura en el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo, de la citada sentencia Kziber (apartado 27) se desprende que este concepto comprende tanto a los trabajadores en activo como a los que han abandonado el mercado de trabajo después de haber alcanzado la edad necesaria para disfrutar de una pensión de vejez o después de haber sido víctimas de alguno de los riesgos que dan derecho a prestaciones con arreglo a otras ramas de la Seguridad Social.
22 En efecto, los apartados 2 y 4 del artículo 41 del Acuerdo hacen una referencia expresa, en lo relativo a la totalización y a la posibilidad de transferir las prestaciones a Marruecos, a regímenes como las pensiones y rentas de jubilación o las prestaciones de invalidez percibidas en caso de accidente de trabajo.
23 Por consiguiente, en el concepto de trabajador que prevé el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo se incluye un nacional marroquí, como el demandante ante el órgano jurisdiccional nacional, que sufra una incapacidad laboral como consecuencia de un accidente de trabajo del que haya sido víctima en el Estado miembro en el que reside desde hace más de cinco años y que solicite una asignación para minusválidos.
24 Por lo que se refiere, en segundo lugar, al concepto de Seguridad Social que figura en el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo, de la citada sentencia Kziber (apartado 25) se desprende que debe comprenderse por analogía con el concepto idéntico que figura en el Reglamento nº 1408/71.
25 Si bien, antes de ser modificado por el Reglamento (CEE) nº 1247/92 del Consejo, de 30 de abril de 1992 (DO L 136, p. 1), el Reglamento nº 1408/71 no mencionaba específicamente, entre las ramas de la Seguridad Social a las que se aplica, las prestaciones destinadas a proteger a los minusválidos, constituye, no obstante, jurisprudencia reiterada (véase, en primer lugar, la sentencia de 28 de mayo de 1974, Callemayn, 187/73, Rec. p. 553, apartado 15, y la reciente sentencia de 27 de mayo de 1993, Schmid, C-310/91, Rec. p. I-3011, apartado 10) que las asignaciones para minusválidos están comprendidas en el ámbito de aplicación material del Reglamento nº 1408/71, en virtud de la letra b) del apartado 1 de su artículo 4, que se refiere expresamente a las "prestaciones de invalidez".
26 En efecto, este Tribunal de Justicia ha considerado (véase, en particular, la sentencia de 20 de junio de 1991, Newton, C-356/89, Rec. p. I-3017, apartado 14) que una legislación nacional sobre asignaciones para minusválidos cumple, en realidad, un doble cometido, consistente, por una parte, en garantizar una renta mínima a los disminuidos que estén totalmente excluidos del sistema de la Seguridad Social, y, por otra parte, en garantizar una renta complementaria a los beneficiarios de prestaciones de Seguridad Social que sufran una incapacidad laboral permanente.
27 De ello dedujo el Tribunal de Justicia (véase la citada sentencia Newton, apartado 15) que, en lo relativo a un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que, debido a una actividad profesional anterior, ya esté incluido en el sistema de Seguridad Social del Estado cuya legislación se invoca, debe considerarse que esta misma legislación forma parte del ámbito de la Seguridad Social, a efectos del artículo 51 del Tratado y de la normativa adoptada para la aplicación de esta disposición, mientras que podría escapar a esta calificación en relación con otras categorías de beneficiarios.
28 Dado que, conforme a la citada sentencia Kziber, el concepto de Seguridad Social que figura en el apartado 1 del artículo 41 del Tratado no puede tener distinto contenido que el que recibe en el marco del Reglamento nº 1408/71, las asignaciones para minusválidos del tipo de la del litigio principal están comprendidas en el ámbito de la Seguridad Social a efectos de dicho artículo del Acuerdo.
29 A la vista de las consideraciones precedentes en su conjunto, procede responder al tribunal du travail de Bruxelles que el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue una asignación para minusválidos, prevista por su legislación en favor de los nacionales con residencia en ese Estado desde hace cinco años por lo menos, a un nacional marroquí que sufre una incapacidad laboral como consecuencia de un accidente de trabajo producido en ese Estado y que reside en el territorio de éste desde hace más de cinco años, basándose en que el interesado es de nacionalidad marroquí.
Decisión sobre las costas
Costas
30 Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, belga y francés, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el tribunal du travail de Bruxelles mediante resolución de 24 de febrero de 1993, declara:
El apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, firmado en Rabat el 27 de abril de 1976 y aprobado, en nombre de la Comunidad, por el Reglamento (CEE) nº 2211/78 del Consejo, de 26 de septiembre de 1978, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue una asignación para minusválidos, prevista por su legislación en favor de los nacionales con residencia en ese Estado desde hace cinco años por lo menos, a un nacional marroquí que
sufre una incapacidad laboral como consecuencia de un accidente de trabajo producido en ese Estado y que reside en el territorio de éste desde hace más de cinco años, basándose en que el interesado es de nacionalidad marroquí.