Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 16 de abril de 2026 (*)
« Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea — Artículo 24 — Solicitud de asistencia — Artículo 12 bis — Concepto de “acoso psicológico” — Acoso pasivo o colectivo — Denegación de una solicitud de asistencia — Recurso de anulación y de indemnización »
En el asunto C‑343/23 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 31 de mayo de 2023,
Jean-Marc Colombani, con domicilio en Auderghem (Bélgica), representado por la Sra. N. de Montigny, avocate,
parte recurrente,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), representado por la Sra. A. Ireland y el Sr. R. Spáč, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. L. Lence de Frutos, abogada, y el Sr. M. Troncoso Ferrer, avocat;
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por la Sra. K. Jürimäe, Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y los Sres. F. Schalin, M. Gavalec y Z. Csehi (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 10 de abril de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso de casación, el Sr. Jean-Marc Colombani solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 22 de marzo de 2023, Colombani/SEAE (T‑113/22, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:154), por la que este desestimó su recurso basado en el artículo 270 TFUE y que tenía por objeto, por un lado, la anulación de la decisión de 15 de junio de 2021 por la que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) denegó parcialmente su solicitud de asistencia presentada el 18 de febrero de 2021 (en lo sucesivo, «decisión por la que se deniega parcialmente la solicitud de asistencia») con arreglo al artículo 24 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), así como del acuerdo amistoso alcanzado entre las partes el 9 de febrero de 2021 (en lo sucesivo, «acuerdo amistoso») y de la supuesta decisión implícita de promoverlo al grado AD 14 con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018, de la que habría tenido conocimiento a través de su nómina del mes de mayo de 2021, y, por otro lado, la indemnización del daño material y moral que alega haber sufrido debido a la actuación del SEAE.
Marco jurídico
2        El artículo 12 bis del Estatuto establece:
«1.      Todo funcionario se abstendrá de cualquier forma de acoso psicológico o sexual.
2.      Ningún funcionario que haya sido víctima de acoso psicológico o sexual podrá verse perjudicado en forma alguna por la institución. Ningún funcionario que haya facilitado pruebas de acoso psicológico o sexual podrá verse perjudicado en forma alguna por la institución, siempre que haya actuado de buena fe.
3.      Por “acoso psicológico” se entenderá cualquier conducta abusiva que se manifieste de forma duradera, reiterada o sistemática mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos de carácter intencional que atenten contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona.
[…]»
3        El artículo 24 del Estatuto está redactado como sigue:
«La Unión [Europea] asistirá a los funcionarios, en especial mediante la persecución contra los autores de amenazas, ultrajes, injurias, difamaciones o atentados contra la persona y los bienes, de que el funcionario, o los miembros de su familia, sean objeto por su condición de tales o como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
La Unión reparará solidariamente los daños sufridos por el funcionario por esta causa siempre que este no los haya originado, intencionadamente o por negligencia grave y no haya podido obtener resarcimiento por parte del autor».
Antecedentes del litigio
4        Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 2 a 20 de la sentencia recurrida en los siguientes términos:
«2.      El demandante es funcionario del SEAE.
3.      Comenzó su carrera profesional en el servicio diplomático francés. El 1 de mayo de 1990, entró al servicio de la Comisión de las Comunidades Europeas. En septiembre de 2010, fue destinado al SEAE, donde fue asistente del secretario general ejecutivo, A, hasta febrero de 2015. Entre marzo de 2015 y agosto de 2016, el demandante fue primero asistente y después asesor del secretario general ejecutivo, B. El 1 de junio de 2016, el demandante fue nombrado asesor de la secretaria general ejecutiva, C. Desde el 1 de enero de 2017, ejerce las funciones de asesor del secretario general adjunto encargado de la política común de seguridad y defensa (PCSD) y de la respuesta a las crisis, a saber, primero D y, a partir del 1 de mayo de 2020, E.
4.      Dado que su nombre no figuraba en la lista de funcionarios propuestos para la promoción al grado AD 14 en el marco del ejercicio de promoción de 2017, el demandante interpuso un recurso ante el Tribunal General para impugnar la decisión del SEAE, de 9 de noviembre de 2017, de no promoverlo. Mediante sentencia de 10 de octubre de 2019, Colombani/SEAE (T‑372/18, […] EU:T:2019:734), el Tribunal General anuló dicha decisión por considerar que las disposiciones generales de ejecución aplicadas por el SEAE al procedimiento de promoción de 2017 eran irregulares en la medida en que no permitían un examen comparativo y objetivo de los méritos de los funcionarios.
5.      El 6 de agosto de 2020, el demandante interpuso ante el Tribunal General un recurso de anulación contra la supuesta decisión del SEAE de no ejecutar la sentencia de 10 de octubre de 2019, Colombani/SEAE (T‑372/18, […] EU:T:2019:734), así como de las decisiones desestimatorias de sus candidaturas para los puestos de jefe de Delegación de la Unión Europea en Corea, Uzbekistán y Macedonia del Norte. También solicitó la anulación de la decisión del SEAE de denegarle el acceso a los documentos relacionados con dichos procedimientos, en particular a los datos comparativos de los candidatos seleccionados en el procedimiento de preselección. Mediante auto de 12 de febrero de 2021, Colombani/SEAE (T‑507/20, […] EU:T:2021:95), este asunto fue archivado, haciéndose constar en el Registro del Tribunal General a raíz [del acuerdo amistoso].
6.      Según los términos del acuerdo amistoso, el SEAE se comprometió a promover al demandante al grado AD 14, escalón 1, con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2018 (punto 1 del acuerdo amistoso). Además, el SEAE se comprometió a facilitar al demandante la información relativa a las cualificaciones y la experiencia profesional de los candidatos que el panel había considerado que se correspondían mejor con los criterios de preselección, información que posteriormente se tuvo en cuenta para la comparación de los títulos y los méritos de los candidatos seleccionados en los procedimientos de preselección para los puestos de jefe de Delegación de la Unión en Macedonia del Norte, Argelia, Azerbaiyán y Noruega, así como para el puesto de director de Norte de África y Oriente Medio en el SEAE, de conformidad con las normas jurídicas aplicables y, en lo que se refiere más concretamente a las normas en materia de protección de datos, de acuerdo con el dictamen del delegado de protección de datos del SEAE (punto 2 del acuerdo amistoso).
7.      El 18 de febrero de 2021, el demandante presentó una solicitud de asistencia con arreglo al artículo 24 del Estatuto dirigida, en su condición de superiores jerárquicos sucesivos, a la antigua secretaria general ejecutiva del SEAE, C, a uno de los antiguos secretarios generales adjuntos del SEAE, D, y a uno de los actuales secretarios generales adjuntos del SEAE, E, así como al director general de Presupuesto y Administración, F.
8.      Mediante correo electrónico de 22 de febrero de 2021 dirigido [a] F, el demandante le instó a que confirmara que el SEAE no tenía objeciones a la divulgación de los documentos adjuntos a [dicha] solicitud de asistencia […] a los órganos judiciales y administrativos belgas en el marco de un procedimiento de denuncia ante el auditorat du travail de Bruxelles (Fiscalía de Trabajo de Bruselas, Bélgica). Por otra parte, el demandante indicó en ese correo electrónico que quería asegurarse de que el SEAE no formulara objeciones de principio a que él expusiera los hechos resumidos en dicha solicitud a uno o varios miembros del Parlamento Europeo. En su respuesta, enviada por correo electrónico el 23 de febrero de 2021, F instó al demandante a presentar una solicitud en virtud del artículo 19 del Estatuto y a identificar los documentos, los destinatarios y la finalidad de la transmisión prevista de los documentos. Por lo que respecta a la intención del demandante de solicitar la intervención de determinados miembros del Parlamento, F señaló que tal actuación no sería objeto del procedimiento previsto en el artículo 19 del Estatuto. En un correo electrónico de 24 de febrero de 2021 dirigido a F, el demandante instó al SEAE a indicarle si algunos de los documentos adjuntos a su solicitud de asistencia “no [podrían] ser objeto de una comunicación a la Fiscalía de Trabajo de Bruselas”.
9.      El 1 de marzo de 2021, el demandante interpuso ante el Tribunal General un recurso de anulación de las decisiones desestimatorias de las candidaturas que había presentado, por un lado, para el puesto de director de Norte de África y Oriente Medio y, por otro lado, para el puesto de jefe de Delegación de la Unión en Canadá. Mediante sentencia de 6 de julio de 2022, Colombani/SEAE (T‑129/21, […] EU:T:2022:424), el Tribunal General desestimó dicho recurso. [El demandante interpuso un recurso de casación contra dicha sentencia del Tribunal General, que el Tribunal de Justicia desestimó mediante sentencia de 16 de noviembre de 2023, Colombani/SEAE (C‑595/22 P, EU:C:2023:884)].
10.      Mediante correo electrónico de 28 de abril de 2021, la directora de Recursos Humanos, G, remitió al demandante un análisis preliminar de su solicitud de asistencia, en el que se indicaba que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, “AFPN”) tenía la intención de iniciar una investigación administrativa en relación con C y E. En cambio, por lo que respecta a las alegaciones relativas al acoso psicológico por las acciones de D y F, [este] análisis preliminar indicaba que esas alegaciones no estaban justificadas por un principio de prueba.
11.      Mediante correo electrónico de 7 de mayo de 2021, el demandante remitió a la directora de Recursos Humanos sus observaciones sobre [dicho] análisis preliminar.
12.      En la nómina del demandante correspondiente al mes de mayo de 2021 se indicaba, por primera vez, que este estaba clasificado en el grado AD 14, escalón 2. Por otra parte, en dicha nómina se aplicó un ajuste retroactivo de la retribución del demandante al grado AD 14 con efecto a partir de enero de 2018.
13.      Mediante la decisión por la que se deniega parcialmente la solicitud de asistencia, firmada por la directora de Recursos Humanos, la AFPN denegó la solicitud de asistencia por lo que respecta a las alegaciones del demandante relativas al acoso psicológico del que afirmaba haber sido víctima a raíz de las acciones de D y F debido a que no estaban justificadas por un principio de prueba.
14.      El 1 de agosto de 2021, el demandante presentó, por un lado, una reclamación, registrada con el número R/412/21, relativa a la supuesta decisión implícita de denegación parcial de su solicitud de asistencia, tal y como se desprendía del análisis preliminar que se le había comunicado el 28 de abril de 2021 y, por otro lado, una reclamación, registrada con el número R/413/21, relativa a la supuesta decisión implícita de promoverlo al grado AD 14 con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2018, tal y como se le había comunicado mediante el envío de su nómina del mes de mayo de 2021.
15.      El 25 de agosto de 2021, el demandante tuvo conocimiento de la decisión por la que se deniega parcialmente [la] solicitud de asistencia.
16.      El 13 de septiembre de 2021, el demandante presentó una reclamación, registrada con el número R/460/21, contra [dicha decisión].
17.      Mediante nota de 25 de noviembre de 2021, firmada por […] F, el SEAE informó formalmente al demandante de la decisión de la AFPN de promoverlo al grado AD 14, escalón 1, con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2018, en aplicación del artículo 266 TFUE, apartado 1, y en ejecución del auto de 12 de febrero de 2021, Colombani/SEAE (T‑507/20, […] EU:T:2021:95), y de conformidad con el acuerdo amistoso, indicando al mismo tiempo que dicha decisión de promoción se había aplicado y que figuraba en el expediente del sistema informático de gestión del personal de la Comisión […] del demandante desde el 30 de marzo de 2021 y que la progresión automática hacia el escalón superior tuvo lugar el 1 de enero de 2020.
18.      Mediante decisión de 26 de noviembre de 2021, el secretario general ejecutivo del SEAE, L, en su condición de AFPN, desestimó las reclamaciones R/412/21 y R/460/21.
19.      El 29 de noviembre de 2021, el demandante presentó una reclamación, registrada con el número R/618/21, relativa a la falta de ejecución del acuerdo amistoso por parte del SEAE en relación, en particular, con el punto 2 de dicho acuerdo.
20.      Mediante decisión de 30 de noviembre de 2021, la AFPN desestimó la reclamación R/413/21.»
Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida
5        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 3 de marzo de 2022, el recurrente interpuso un recurso por el que solicitaba, por un lado, la anulación de la decisión por la que se deniega parcialmente la solicitud de asistencia, así como del acuerdo amistoso y de la supuesta decisión implícita de promoverlo al grado AD 14 con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2018, tal como se le había comunicado mediante el envío de su nómina del mes de mayo de 2021, y, por otro lado, la indemnización del daño material y moral que alegaba haber sufrido como consecuencia de la actuación del SEAE.
6        En apoyo de sus pretensiones de anulación de la decisión por la que se deniega parcialmente la solicitud de asistencia, el demandante invocó cinco motivos. El quinto motivo no es pertinente a efectos del presente recurso de casación, en la medida en que el recurrente no cuestiona su examen por el Tribunal General en el marco de su recurso de casación. Los motivos primero a cuarto se basaban, el primero, en un comportamiento lesivo en el funcionamiento del servicio, en el incumplimiento del deber de asistencia y protección y en la infracción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y del Estatuto, el segundo, en la existencia de un principio de prueba de la realidad de los hechos de acoso supuestamente sufridos por el recurrente, el tercero, en una desviación de poder y en la infracción del artículo 47 de la Carta, y, el cuarto, en una desviación de poder y en la infracción del artículo 227 TFUE y del artículo 44 de la Carta.
7        En los apartados 54 y 65 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó, respectivamente, las partes primera y segunda del segundo motivo, basadas en errores de apreciación de los hechos imputables, respectivamente, a D y a F, concluyendo que no se habían producido tales errores. A este respecto, señaló que la AFPN había podido considerar fundadamente que el demandante no había aportado un principio de prueba de la existencia de acoso psicológico contra él por parte de esas dos personas.
8        En los apartados 70 y 72 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la primera parte del primer motivo, basada en la falta culposa de aplicación de medidas de protección provisionales respecto del recurrente, al declarar que el SEAE no tenía la obligación de iniciar una investigación administrativa respecto de D y F ni de adoptar más medidas de protección provisionales a través de medidas informales de protección o de ayuda económica.
9        En el apartado 75 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó por inoperante la segunda parte del primer motivo, basada en la ilicitud de las amenazas proferidas contra el recurrente. Declaró que las supuestas amenazas, que tenían por objeto la divulgación de información a las autoridades judiciales belgas y a los miembros del Parlamento, aun suponiendo que estuvieran acreditadas, no influyeron en la decisión por la que se deniega parcialmente la solicitud de asistencia en la medida en que afectaba a D y F.
10      En los apartados 89, 92 y 93 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la tercera parte del primer motivo, basada en la falta de imparcialidad y en un conflicto de intereses de la autora de la decisión por la que se deniega parcialmente la solicitud de asistencia. A este respecto, declaró que, aunque podían existir dudas en cuanto a la imparcialidad objetiva de la autora de dicha decisión, la revisión de esta decisión por el secretario general ejecutivo del SEAE había permitido corregir esa irregularidad. Además, consideró que, aunque la misma decisión hubiera sido firmada por una persona sin vínculo jerárquico con F, la tramitación de la solicitud de asistencia no habría tenido un resultado distinto de su denegación en la medida en que se dirigía contra este último.
11      Por último, en el apartado 107 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó los motivos tercero y cuarto, basados en una desviación de poder, por inoperantes y, en cualquier caso, por infundados.
12      Al haberse desestimado todos los motivos invocados por el recurrente en apoyo de su pretensión de anulación de la decisión por la que se deniega parcialmente la solicitud de asistencia, el Tribunal General desestimó tanto esta pretensión de anulación como la pretensión de indemnización.
Pretensiones de las partes en el recurso de casación
13      El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Estime el recurso de casación y anule la sentencia recurrida.
–        Resuelva definitivamente el asunto y anule la decisión por la que se deniega parcialmente la solicitud de asistencia.
–        Condene al SEAE al pago de 1 euro simbólico en concepto de indemnización por el daño moral sufrido.
–        Condene al SEAE a cargar con las costas del recurrente en el presente procedimiento y en el procedimiento de primera instancia.
14      La SEAE solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso de casación o, al menos, lo desestime por infundado.
–        Confirme la sentencia recurrida en todos sus términos.
–        Condene al recurrente a cargar con las costas del presente procedimiento y del procedimiento en primera instancia.
15      El recurso de casación del recurrente se refiere tanto a la decisión por la que el Tribunal General desestimó sus pretensiones de anulación como a aquella por la que desestimó sus pretensiones de indemnización.
Sobre el recurso de casación
16      En apoyo de su recurso de casación, el recurrente invoca cuatro motivos basados, en esencia, el primero, en un error de Derecho en el examen del objeto de su solicitud de asistencia y en la vulneración del concepto de «acoso», el segundo, en errores de Derecho en la apreciación de los hechos imputables a D y a F, el tercero, en la infracción del artículo 24 del Estatuto, y, el cuarto, en la falta de consideración de la existencia de una decisión denegatoria de la solicitud presentada y en un error de Derecho cometido en el análisis de los artículos 17 y 19 del Estatuto.
17      El SEAE alega, con carácter preliminar, la inadmisibilidad del recurso de casación en su totalidad y afirma que el recurrente solicita al Tribunal de Justicia una nueva apreciación de los hechos, sin realizar una verdadera crítica jurídica de la sentencia recurrida.
18      No obstante, procede examinar cada uno de los motivos de inadmisibilidad específicos invocados en el marco de la apreciación de los motivos de casación y de las imputaciones a que se refieren.
Primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
19      Mediante su primer motivo de casación, el recurrente sostiene, en esencia, que el razonamiento del Tribunal General desarrollado en el marco del examen del segundo motivo invocado en primera instancia, basado en la existencia de un principio de prueba de la realidad de los hechos de acoso supuestamente sufridos por el recurrente, se basa en una premisa errónea y, por tanto, adolece de un error de Derecho.
20      Según el recurrente, para apreciar la existencia de un principio de prueba de la realidad del acoso psicológico imputable a D y a F, el Tribunal General no tomó en consideración, en los apartados 31, 34, 38 y 39 de la sentencia recurrida, que los comportamientos colectivos y pasivos también pueden constituir tal acoso, reduciendo así el alcance del artículo 24 del Estatuto al acoso sensu stricto. Por consiguiente, en su opinión, el Tribunal General consideró erróneamente, en los apartados 47, 53, 59, 60 y 61 de dicha sentencia, que ese acoso solo podía constituir un comportamiento individual, personal y activo del supuesto acosador.
21      A este respecto, el recurrente añade que el Tribunal General indicó que el SEAE había denegado su solicitud de asistencia debido a la inexistencia de un comportamiento de acoso imputable a D y a F. Sin embargo, el recurrente subraya que esta solicitud de asistencia se refería también a la pasividad de F, que toleraba una voluntad de discriminación manifiestamente ilícita por parte de C. A juicio del recurrente, esta pasividad de F contribuyó de facto al mantenimiento y al agravamiento del acoso alegado. Debido a la pluralidad de personas implicadas y a sus vínculos de subordinación con la persona que instigaba ese acoso, C, el recurrente sostiene, en esencia, que el citado acoso tenía carácter colectivo.
22      En estas circunstancias, basándose en los apartados 126 y 127 de la sentencia de 30 de marzo de 2022, KF/BEI (T‑299/20, EU:T:2022:171), el recurrente reprocha al Tribunal General no haber tenido en cuenta el hecho de que una práctica de acoso puede ser la de «varias personas, pertenecientes a una misma institución, que actúan de manera coordinada o, al menos, unívoca». Tal acepción del concepto de «acoso» suponía que el SEAE realizara «un análisis global de los diferentes comportamientos» de las personas respecto a las cuales el recurrente «alegaba que podía acreditar la existencia de acoso», con el riesgo, en su defecto, de alterar el objeto de la denuncia. Por lo tanto, según el recurrente, el Tribunal General tampoco podía limitarse a un análisis individual de los comportamientos sin tener en cuenta el contexto.
23      Por otra parte, refiriéndose a varios comportamientos pasivos, respectivamente, de D y de F, el recurrente reprocha al Tribunal General, en esencia, haber interpretado erróneamente el concepto de «acoso» al haberlo limitado a un comportamiento activo y haber exigido al recurrente que demostrara activamente un comportamiento pasivo. El recurrente sostiene que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General en los apartados 47 y 60 de la sentencia recurrida, no le correspondía a él demostrar un comportamiento activo, directo, concreto e individual de sus superiores en relación con la marginación alegada.
24      El SEAE replica que el primer motivo de casación es inadmisible en la medida en que el recurrente no presenta ninguna argumentación jurídica en apoyo de su alegación de que el Tribunal General redujo el alcance del artículo 24 del Estatuto, y que, en cualquier caso, es infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
25      En primer lugar, por lo que respecta a la admisibilidad de la argumentación desarrollada por el recurrente en apoyo de su primer motivo de casación, procede señalar que, mediante esta argumentación, el recurrente solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie, en particular, sobre el concepto de «acoso psicológico», lo que constituye una cuestión de Derecho. De ello se desprende que debe declararse la admisibilidad del primer motivo de casación.
26      En segundo lugar, es preciso señalar que el Tribunal General tuvo que pronunciarse sobre el concepto de «acoso», en el sentido del artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto, con ocasión de una pretensión de anulación de la decisión por la que se deniega parcialmente la solicitud de asistencia con arreglo al artículo 24 del Estatuto.
27      En este contexto, procede subrayar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la administración está obligada a iniciar una investigación administrativa con el fin de esclarecer los hechos y de poder adoptar posteriormente, en su caso, las medidas de asistencia adecuadas cuando exista un principio de prueba suficiente de las alegaciones formuladas en una solicitud de asistencia (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 2023, HV y HW/ECDC, C‑615/22 P, EU:C:2023:961, apartado 46 y jurisprudencia citada).
28      De ello se deduce que, cuando las alegaciones que figuran en una solicitud de asistencia se refieren a un acoso psicológico, incumbe al solicitante de asistencia aportar un principio de prueba de este a la luz de la definición del concepto de «acoso psicológico» que figura en el artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto.
29      A este respecto, conviene recordar que este concepto, en el sentido de esta disposición, se define como una «conducta abusiva» que, por un lado, se materializa mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos manifestados «de forma duradera, reiterada o sistemática», lo que implica que el acoso psicológico debe entenderse como un proceso que se inscribe necesariamente en el tiempo y supone la existencia de acciones reiteradas o continuadas que sean «intencionadas», y no «accidentales». Por otro lado, para estar comprendidos en dicho concepto, tales comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos deben tener por efecto atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona (sentencias de 12 de noviembre de 2020, Pethke/EUIPO, C‑382/19 P, EU:C:2020:917, apartado 96, y de 2 de junio de 2022, EM/Parlamento, C‑299/21 P, EU:C:2022:429, apartado 102).
30      Así pues, del propio tenor del artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto se desprende que, tal y como observó el Abogado General en el punto 20 de sus conclusiones, el concepto de «acoso psicológico» se define de manera amplia y genérica. En estas circunstancias, puede englobar cualquier comportamiento o acto que cumpla los dos requisitos mencionados en el apartado anterior de la presente sentencia.
31      Así pues, por un lado, no cabe excluir que varias personas puedan cometer «acoso psicológico», en el sentido de dicha disposición, de manera colectiva cuando sus actuaciones formen parte de un mismo y único comportamiento de acoso y cada una de ellas contribuya a él mediante su comportamiento individual y personal. No obstante, la persona que se considere víctima de acoso psicológico colectivo debe aportar un principio de prueba, como se desprende de los apartados 27 y 28 de la presente sentencia, no solo de un comportamiento individual y personal de cada uno de los presuntos acosadores, sino también de la existencia de cierta concertación entre ellos. En ausencia de comportamientos coordinados entre los presuntos acosadores, la falta de intervención de una persona para impedir actos abusivos de terceros de los que tiene conocimiento no constituye, en principio, un acoso psicológico por su parte.
32      Por otro lado, procede considerar que el concepto de «comportamiento», en el sentido del artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto, puede abarcar no solo un comportamiento activo, sino también un comportamiento pasivo, como el hecho de marginar o excluir a un funcionario o agente en el lugar de trabajo y en las relaciones laborales, o incluso una omisión de actuar. A este respecto, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones, el acoso psicológico «pasivo» debe constituir una «conducta abusiva» y debe presentar, como tal, un componente que requiere la intervención de su autor, como la negativa a comunicarse con alguien, ignorarlo o aislarlo. Por lo tanto, un comportamiento «pasivo» puede constituir un «acoso psicológico», siempre que refleje un comportamiento individual intencionado, y no «accidental», que se inscriba en el tiempo y que tenga por efecto atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona.
33      En el presente asunto, el recurrente estima que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al restringir el concepto de «acoso» únicamente a los comportamientos, por un lado, «individuales» y «personales» y, por otro lado, «activos».
34      Este razonamiento no puede prosperar.
35      En efecto, procede señalar que, en los apartados 47, 53 y 59 a 61 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, en esencia, que el recurrente debía aportar, en apoyo de su solicitud de asistencia, un principio de prueba que pusiera de manifiesto un comportamiento individual y personal por parte de la persona a la que se refiere dicha solicitud. De este modo, como señala el Abogado General en los puntos 46 y 47 de sus conclusiones, el Tribunal General no excluyó la posibilidad de un acoso pasivo o colectivo como tal. Se limitó simplemente a rechazar la existencia, en el presente asunto, de un principio de prueba de tal acoso, al no haberse demostrado en modo alguno la implicación individual y personal de D y F en ese comportamiento.
36      De ello se deduce que, contrariamente a las alegaciones del recurrente, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho ni en la interpretación y aplicación del concepto de «acoso» ni, por consiguiente, en el examen del objeto de la solicitud de asistencia presentada por el recurrente con arreglo al artículo 24 del Estatuto.
37      Por otra parte, las alegaciones del recurrente relativas a la carga de la prueba también están abocadas al fracaso. En efecto, de los apartados 27 y 28 de la presente sentencia se desprende que incumbe al solicitante de asistencia aportar un principio de prueba. En el presente asunto, el Tribunal General indicó, en los apartados 46 a 53 de la sentencia recurrida, que los elementos aportados por el recurrente no podían poner en entredicho la plausibilidad de las apreciaciones realizadas por la administración y que el recurrente no había aportado ningún principio de prueba para demostrar que había sido objeto de acoso. Por consiguiente, no puede reprocharse al Tribunal General ni haber invertido la carga de la prueba ni haber impuesto al recurrente una carga de la prueba desproporcionada.
38      Más concretamente, del apartado 45 de la sentencia recurrida se desprende, en particular, que el Tribunal General no exigió al recurrente que presentara una prueba negativa, sino al menos un principio de prueba. Pues bien, a falta de cualquier principio de prueba, el recurrente no puede basarse válidamente solo en la inacción de la administración y exigir la inversión de la carga de la prueba.
39      Por consiguiente, procede desestimar por infundado el primer motivo de casación.
Segundo motivo de casación
40      El segundo motivo de casación se divide en dos partes.
Primera parte del segundo motivo de casación
–       Alegaciones de las partes
41      Mediante la primera parte de su segundo motivo de casación, el recurrente reprocha, en esencia, al Tribunal General haber desestimado la primera parte del segundo motivo de su recurso, basada en un error de apreciación de los hechos imputables a D, debido a que, por un lado, empleó un concepto demasiado restrictivo de «acoso psicológico», como se desprende del primer motivo de casación, y, por otro lado, incurrió en errores de Derecho en la apreciación de estos hechos.
42      Con respecto a esto último, en primer término, el recurrente sostiene que el Tribunal General desnaturalizó el contenido del testimonio de I mencionado en el apartado 47 de la sentencia recurrida y según el cual D formuló, en una entrevista celebrada en 2017, «algunos comentarios positivos sobre la calidad del trabajo [del recurrente]» y afirmó que el recurrente «recibía un trato normal», pero que difícilmente obtendría «un puesto mientras siguiera reivindicándolo». A este respecto, el recurrente alega que la adición del complemento de objeto «lo» al verbo «reivindicar» cambia el sentido del testimonio de I. Según el recurrente, I puso de manifiesto las medidas de represalia aplicadas y toleradas por la alta jerarquía a raíz de la política emprendida por C consistente en apartar al recurrente por haberse atrevido a actuar contra el SEAE.
43      En segundo término, el recurrente reprocha al Tribunal General no haber tenido en cuenta su estrecha relación profesional con C en el marco del análisis de la alegación relativa a la propuesta que D le hizo al recurrente en relación con el puesto de jefe adjunto de la Delegación de la Unión en Viena (Austria) encargado de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Pues bien, a este respecto, el recurrente sostiene que, en las circunstancias del presente asunto, cualquier persona objetiva habría considerado esta propuesta como particularmente vejatoria. Sin embargo, el Tribunal General exigió erróneamente que se demostrara la existencia de un vínculo jerárquico, directo y estrecho entre el recurrente y C, para probar un comportamiento inadecuado de C con respecto al recurrente. Además, el recurrente afirma que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas al considerar que D le había indicado que no tenía conocimiento de sus «dificultades administrativas».
44      En tercer término, el recurrente pone de relieve una supuesta contradicción de las apreciaciones de hecho efectuadas que figuran en el apartado 49 de la sentencia recurrida. Afirma que, aunque el Tribunal General indicó que el recurrente rechazó una propuesta de puesto que D le había hecho, no admite que D habría podido influir en un procedimiento de contratación para tal puesto.
45      En cuarto término, el recurrente señala, por lo que respecta a las afirmaciones acusatorias que figuran en la versión inicial del informe de evaluación que el Tribunal General analizó en los apartados 50 y 51 de la sentencia recurrida, que el hecho de que un elemento denigrante haya desaparecido no implica su inexistencia. A este respecto, el recurrente señala una contradicción entre estas afirmaciones y los aspectos positivos de la evaluación que figuran en dicha versión inicial.
46      El SEAE sostiene que la primera parte del segundo motivo de casación es manifiestamente inadmisible en la medida en que el recurrente se limita a repetir la argumentación que formuló ante el Tribunal General sin exponer ninguna crítica sobre el razonamiento seguido por este en la sentencia recurrida y cuestiona el modo en que el Tribunal General apreció las pruebas que se le presentaron, lo que, a su juicio, queda fuera de la competencia del Tribunal de Justicia en la fase de casación. En cualquier caso, a juicio del SEAE, esa primera parte carece de fundamento.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
47      En primer término, por lo que respecta a la supuesta desnaturalización del contenido del testimonio de I mencionado en el apartado 47 de la sentencia recurrida, debe señalarse que, aunque la desnaturalización de las pruebas puede consistir en una interpretación de un documento en contra de su contenido, para evidenciar tal desnaturalización, no basta con demostrar que dicho documento podía ser objeto de una interpretación diferente a la realizada por el Tribunal General. Es necesario acreditar, a estos efectos, que el Tribunal General ha excedido manifiestamente los límites de una apreciación razonable de dicho documento, al efectuar, en particular, una lectura de este manifiestamente contraria a su tenor (sentencias de 25 de febrero de 2021, Dalli/Comisión, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, apartado 139; de 23 de marzo de 2023, PV/Comisión, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, apartado 134, y de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA, C‑130/22 P, EU:C:2024:1018, apartado 48).
48      Pues bien, en el presente asunto, al limitarse a alegar que, al añadir el complemento de objeto «lo» al verbo «reivindicar», el Tribunal General alteró el sentido del testimonio de I, el recurrente no ha demostrado que el Tribunal General haya excedido manifiestamente los límites de una apreciación razonable de dicho testimonio.
49      Por lo tanto, procede desestimar por infundada la alegación basada en la desnaturalización del contenido del citado testimonio.
50      Por lo que respecta, en segundo término, a la supuesta desnaturalización en que incurrió el Tribunal General en relación con la propuesta relativa al puesto de jefe adjunto de la Delegación de la Unión en Viena encargado de la OSCE, procede señalar que el recurrente no formula ninguna alegación que permita demostrar que el Tribunal General haya excedido manifiestamente los límites de una apreciación razonable de los elementos de prueba resultantes de los documentos obrantes en autos. En efecto, el recurrente se limita a exponer otra posible interpretación de los hechos y de las pruebas presentadas ante el Tribunal General. Así pues, amparándose en una desnaturalización de las pruebas, el recurrente pretende, en realidad, obtener una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas presentadas en primera instancia.
51      Ahora bien, del artículo 256 TFUE y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los medios de prueba que se le presentan. La apreciación de tales hechos y la valoración de las pruebas no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en sede de casación, salvo cuando tales hechos o pruebas hayan sido desnaturalizados (sentencias de 21 de septiembre de 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products y otros/Comisión, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, apartado 157, y de 18 de diciembre de 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P, EU:C:2025:977, apartado 59 y jurisprudencia citada).
52      Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de la alegación mencionada en el apartado 50 de la presente sentencia.
53      En tercer término, por lo que respecta a las alegaciones relativas a la supuesta contradicción de las constataciones fácticas efectuadas que figuran en el apartado 49 de la sentencia recurrida y a las afirmaciones acusatorias incluidas en la versión inicial del informe de evaluación que el Tribunal General analizó en los apartados 50 y 51 de dicha sentencia, procede señalar que, mediante estas alegaciones, el recurrente pretende en realidad, amparándose en que existían contradicciones, impugnar las apreciaciones y constataciones fácticas efectuadas por el Tribunal General en cuanto a los elementos de prueba invocados ante él. Pues bien, en el marco de su argumentación, el recurrente no ha alegado ni, a fortiori, demostrado ninguna desnaturalización de esas pruebas.
54      Por consiguiente, a la luz de la jurisprudencia recordada en el apartado 51 de la presente sentencia, procede declarar la inadmisibilidad de esta alegación.
55      Por lo tanto, procede desestimar la primera parte del segundo motivo en su totalidad.
Segunda parte del segundo motivo de casación
–       Alegaciones de las partes
56      Mediante la segunda parte de su segundo motivo de casación, el recurrente reprocha esencialmente al Tribunal General haber desestimado la segunda parte del segundo motivo de su recurso, basada en un error de apreciación de los hechos imputables a F, debido a que, por un lado, empleó un concepto demasiado restrictivo de «acoso psicológico», tal y como se desprende del primer motivo de casación, y, por otro lado, incurrió en errores de Derecho en la apreciación de dichos hechos.
57      En primer término, el recurrente cuestiona la apreciación que figura en el apartado 57 de la sentencia recurrida, alegando que de los documentos obrantes en autos se desprende una práctica del SEAE consistente en presentar una imagen negativa y falsa del recurrente y de su historial administrativo y en desacreditar cada una de sus acciones. A su juicio, el Tribunal General debería haber considerado que estos documentos del expediente eran suficientes para justificar la apertura de una investigación administrativa.
58      En segundo término, el recurrente reprocha al Tribunal General no haber tomado en consideración, en el apartado 62 de la sentencia recurrida, el papel y las funciones de F, responsable de la administración, en particular de los recursos, así como de los procedimientos de contratación y selección.
59      En tercer término, el recurrente sostiene que el Tribunal General desnaturalizó, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, el contenido de su demanda en relación con la alegación que ponía de relieve un supuesto intento de F de obligarle a dejar su puesto de trabajo para ocupar otro.
60      En cuarto término, el recurrente reprocha esencialmente al Tribunal General haber examinado, en el apartado 64 de la sentencia recurrida, la nota dirigida a la representante del recurrente el 23 de marzo de 2020 de manera aislada y no en el contexto global del asunto.
61      El SEAE considera que la segunda parte del segundo motivo de casación es manifiestamente inadmisible y, en cualquier caso, manifiestamente infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
62      Por lo que respecta a la segunda parte del segundo motivo de casación, procede señalar que con ella el recurrente pretende, en realidad, obtener una nueva apreciación de los hechos, sin demostrar ni alegar siquiera una desnaturalización, lo que, según la jurisprudencia citada en el apartado 51 de la presente sentencia, excede de la competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.
63      Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda parte del segundo motivo de casación y, en consecuencia, desestimar el segundo motivo de casación en su totalidad.
Tercer motivo de casación
64      El tercer motivo de casación se subdivide en tres partes.
Primera parte del tercer motivo de casación
–       Alegaciones de las partes
65      Mediante la primera parte de su tercer motivo de casación, el recurrente reprocha al Tribunal General haber desestimado la primera parte del primer motivo de su recurso, basada en la falta culposa de aplicación de medidas de protección provisionales. Así, el recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General, por un lado, incurrió en error de Derecho al estimar que el SEAE no había incumplido su deber de asistencia y protección y, por otro lado, vulneró la uniformidad de la jurisprudencia en materia de presunción de inocencia. A este respecto, el recurrente alega que el Tribunal General, en los apartados 37 y 69 a 72 de la sentencia recurrida, restringió el alcance de su denuncia, que no se refería únicamente a D y F.
66      En concreto, el recurrente alega que, al considerar que el SEAE tenía motivos para no adoptar ninguna medida provisional respecto del recurrente, el Tribunal General prejuzgó los resultados y las consecuencias de la investigación relativa a las personas afectadas. Según el recurrente, considerar que la adopción de una medida provisional habría vulnerado la presunción de inocencia de esas personas frustraría el objetivo mismo de la norma cuyo propósito es legitimar la adopción de medidas provisionales, incluso impuestas al denunciante o a la persona afectada por una investigación, para evitar precisamente que se prejuzgue el resultado de esta y que se debilite su efecto útil. A juicio del recurrente, la jurisprudencia es unánime en cuanto a que una medida de este tipo no vulnera, en sí misma, la presunción de inocencia ni constituye una sanción.
67      El SEAE considera que la primera parte del tercer motivo de casación carece de fundamento.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
68      En la medida en que el recurrente reprocha al Tribunal General haber incurrido en un error de Derecho al considerar que el SEAE no incumplió su deber de asistencia y protección, procede señalar que este deber constituye, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un concepto que refleja el equilibrio de los derechos y obligaciones recíprocos que el Estatuto ha establecido en las relaciones entre la administración y los agentes del servicio público, debiendo precisarse que dicho equilibrio implica en particular que, cuando se pronuncia sobre la situación de un funcionario, la administración tome en consideración la totalidad de los elementos que pueden influir en su decisión y que, al hacerlo, tenga en cuenta no solo el interés del servicio, sino también el del funcionario interesado (sentencias de 12 de noviembre de 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, EU:C:2020:918, apartado 67, y de 15 de abril de 2021, FV/Consejo, C‑875/19 P, EU:C:2021:283, apartado 98).
69      Habida cuenta de la exigencia de alcanzar ese equilibrio, el Tribunal General declaró acertadamente, en los apartados 69 y 70 de la sentencia recurrida, que, a falta de un principio de prueba en cuanto a la existencia de los hechos de acoso psicológico supuestamente cometidos por D y F, el SEAE no estaba obligado a iniciar una investigación administrativa respecto de estos últimos ni a adoptar más medidas de protección provisionales a través de medidas informales de protección o de ayuda económica. En efecto, tal y como se ha señalado en el apartado 27 de la presente sentencia, la administración debe adoptar las medidas adecuadas solo cuando existe un principio de prueba.
70      Además, por lo que respecta a la alegación del recurrente según la cual el Tribunal General prejuzgó los resultados y las consecuencias de la investigación sobre las personas afectadas, debe precisarse que esta alegación se basa en una lectura errónea del apartado 71 de la sentencia recurrida. Más concretamente, en ese apartado, el Tribunal General concluyó, por un lado, que la alegación del recurrente basada en la Decisión C(2006) 1624/3 de la Comisión, de 26 de abril de 2006, relativa a la protección de la dignidad de la persona y a la lucha contra el acoso psicológico y el acoso sexual en la Comisión Europea, era inoperante, dado que las medidas de protección que allí se identificaban no influían en la decisión de iniciar o no una investigación administrativa a raíz de una solicitud de asistencia. Por otro lado, también precisó que la Decisión C(2006) 1624/3 no cuestiona, como tales, los requisitos establecidos en la jurisprudencia en relación con la tramitación de una solicitud de asistencia, en particular por lo que se refiere al requisito del principio de prueba y a la observancia de la presunción de inocencia de los autores de un presunto acoso psicológico.
71      Por lo que respecta a la alegación del recurrente relativa a la vulneración por parte del Tribunal General de la uniformidad de la jurisprudencia relativa a la presunción de inocencia, cabe señalar, por un lado, que, el recurrente no hace referencia a la jurisprudencia supuestamente violada por el Tribunal General y, por otro lado, que de los apartados 70 y 71 de la sentencia recurrida no se desprende en modo alguno que el Tribunal General considerara que una medida provisional vulneraría, en sí misma, la presunción de inocencia o constituiría una sanción.
72      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar por infundada la primera parte del tercer motivo de casación.
Segunda parte del tercer motivo de casación
–       Alegaciones de las partes
73      Mediante la segunda parte de su tercer motivo de casación, el recurrente reprocha al Tribunal General haber desestimado la segunda parte del primer motivo de su recurso, basada en la ilicitud de las amenazas formuladas contra el recurrente.
74      A este respecto, el recurrente precisa que, en el apartado 75 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que sus alegaciones relativas a la ilicitud de las amenazas del SEAE eran inoperantes. El recurrente sostiene que, dado que la decisión por la que se deniega parcialmente la solicitud de asistencia se adoptó con arreglo al artículo 24 del Estatuto, su solicitud de asistencia se consideró lo suficientemente seria como para justificar la apertura de una larga investigación administrativa respecto a C y E. En estas circunstancias, el recurrente estima que fue, por tanto, especialmente inapropiado recordarle que se exponía a procedimientos disciplinarios en el caso de que incumpliera su deber de lealtad mediante la divulgación de información supuestamente profesional. Además, sostiene que el Tribunal General desnaturalizó el concepto de «amenaza» en la medida en que consideró, en el apartado 76 de la sentencia recurrida, que los elementos en la decisión por la que se deniega parcialmente la solicitud de asistencia señalados por el recurrente no eran constitutivos de amenazas.
75      Según el SEAE, la segunda parte del tercer motivo de casación carece de fundamento.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
76      Por lo que respecta a la segunda parte del tercer motivo de casación, procede señalar que está redactada de manera oscura y carente de una estructura coherente, de modo que su contenido no permite comprender el razonamiento jurídico desarrollado por el recurrente en el marco de esta segunda parte.
77      Pues bien, conviene recordar que del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate (sentencias de 15 de abril de 2021, FV/Consejo, C‑875/19 P, EU:C:2021:283, apartado 26, y de 25 de enero de 2022, Comisión/European Food y otros, C‑638/19 P, EU:C:2022:50, apartado 75).
78      En particular, no cumple dichos requisitos y debe ser declarado inadmisible un motivo de casación cuya argumentación no sea suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad, concretamente porque los elementos esenciales sobre los que se base el motivo no se desprendan de modo suficientemente coherente y comprensible del texto del propio recurso de casación, que está formulado de modo oscuro y ambiguo al respecto. El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que debe desestimarse, por ser manifiestamente inadmisible, un recurso de casación que carezca de una estructura coherente, que se limite a realizar afirmaciones generales y que no incluya indicaciones precisas acerca de los apartados de la resolución recurrida que pudieran adolecer de un error de Derecho (sentencias de 4 de octubre de 2018, Staelen/Defensor del Pueblo, C‑45/18 P, EU:C:2018:814, apartado 15, y de 15 de abril de 2021, FV/Consejo, C‑875/19 P, EU:C:2021:283, apartado 27).
79      Por lo tanto, a la luz de la jurisprudencia citada en los apartados 77 y 78 de la presente sentencia, procede desestimar la segunda parte del tercer motivo por inadmisible.
Tercera parte del tercer motivo de casación
–       Alegaciones de las partes
80      Mediante la tercera parte de su tercer motivo de casación, el recurrente reprocha al Tribunal General haber desestimado la tercera parte del primer motivo de su recurso, basada en la falta de imparcialidad y en un conflicto de intereses de la autora de la decisión por la que se deniega parcialmente la solicitud de asistencia. A este respecto, el recurrente sostiene, en esencia, que, en la medida en que no se respetó su derecho a ser oído en el procedimiento de reclamación —que, por otra parte, concluyó cuatro meses después de la presentación de su reclamación—, el desarrollo de dicho procedimiento no permitía subsanar la pérdida definitiva de su derecho a que el análisis preliminar de su solicitud de asistencia fuera realizado por una AFPN competente y en un momento oportuno.
81      En estas circunstancias, el recurrente reprocha al Tribunal General haber declarado, en los apartados 85 a 89 de la sentencia recurrida, que dicho procedimiento de reclamación había permitido corregir la irregularidad vinculada a esa falta de imparcialidad y a ese conflicto de intereses. Por otra parte, el recurrente añade que el secretario general del SEAE, actuando como AFPN, no le respondió porque no se consideraba responsable de la tramitación de su reclamación.
82      El SEAE estima, en particular, que el recurrente no alegó en primera instancia que se le hubiera privado de su derecho a ser oído por la AFPN a su debido tiempo. Por consiguiente, a su juicio, la tercera parte del tercer motivo de casación es inadmisible por tratarse de un motivo nuevo, invocado por primera vez en la fase de casación y, en cualquier caso, infundado.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
83      Procede señalar que el recurrente no ha alegado una vulneración de su derecho a ser oído ante el Tribunal General. Pues bien, un argumento que se invoca por primera vez en el marco de un recurso de casación debe desestimarse por inadmisible.
84      En efecto, en virtud del artículo 170, apartado 1, segunda frase, del Reglamento de Procedimiento, el recurso de casación no puede modificar el objeto del litigio planteado ante el Tribunal General.
85      Además, según reiterada jurisprudencia, permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo y unas alegaciones que no ha invocado ante el Tribunal General equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. La competencia del Tribunal de Justicia cuando examina un recurso de casación se limita a la apreciación de la solución jurídica dada a los motivos y las alegaciones debatidos ante los jueces que conocieron del asunto en primera instancia (véanse las sentencias de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros, C‑136/92 P, EU:C:1994:211, apartado 59; de 11 de septiembre de 2019, HX/Consejo, C‑540/18 P, EU:C:2019:707, apartado 37, y de 27 de febrero de 2025, OA/Parlamento, C‑32/24 P, EU:C:2025:118, apartado 22).
86      De ello se deduce que procede declarar la inadmisibilidad de la tercera parte del tercer motivo de casación.
87      Por consiguiente, procede desestimar el tercer motivo en su totalidad.
Cuarto motivo de casación
Alegaciones de las partes
88      Mediante su cuarto motivo de casación, el recurrente reprocha al Tribunal General haber desestimado los motivos tercero y cuarto de su recurso, basados en desviación de poder. Impugna, en esencia, las apreciaciones del Tribunal General que figuran en los apartados 99 a 103 de la sentencia recurrida. Por lo que se refiere, en particular, a la prohibición de acudir a las autoridades judiciales belgas o a la de solicitar la asistencia de un miembro del Parlamento, que resultan, a su juicio, de la decisión por la que se deniega parcialmente la solicitud de asistencia, el recurrente sostiene esencialmente que dichas prohibiciones no son supuestas, sino al menos implícitas ante la falta de autorización tácita.
89      El SEAE cuestiona la admisibilidad de este motivo de casación, basándose en que la argumentación esgrimida es extremadamente confusa, de modo que no le permite comprender qué se le reprocha al Tribunal General.
Apreciación del Tribunal de Justicia
90      Procede señalar que la argumentación expuesta por el recurrente en apoyo del cuarto motivo de casación no cumple los requisitos recordados en los apartados 77 y 78 de la presente sentencia. En efecto, este motivo está redactado de manera oscura y ambigua y su contenido no permite seguir el razonamiento jurídico del recurrente de manera que el Tribunal de Justicia pueda ejercer un control de legalidad sobre esta base. Por otra parte, esta argumentación se refiere, en gran medida, a la apreciación de los hechos, respecto a la cual conviene recordar que, salvo que se haya producido una desnaturalización de estos, no puede ser objeto del control que el Tribunal de Justicia debe ejercer al pronunciarse sobre el recurso de casación.
91      Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad del cuarto motivo de casación.
92      Al no haberse acogido ninguno de los cuatro motivos invocados por el recurrente, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.
Costas
93      En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. De conformidad con el artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
94      Al haber solicitado el SEAE la condena en costas del recurrente y al haber sido desestimado el recurso de casación interpuesto por este, procede condenarlo en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
1)      Desestimar el recurso de casación.
2)      Condenar en costas al Sr. Jean-Marc Colombani.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: francés.