62019TJ0018_RES
Asunto T‑18/19
Colin Brown
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta ampliada) de 5 de octubre de 2020
«Función pública — Funcionarios — Funcionario nacional del Reino Unido en el momento de su entrada en servicio — Retirada del Reino Unido de la Unión — Adquisición de la nacionalidad del país de destino durante la carrera — Pérdida de la indemnización por expatriación — Igualdad de trato — Principio de no discriminación — Artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto»
Funcionarios — Retribución — Indemnización por expatriación — Requisitos para su concesión — Acontecimiento que justifica el reexamen de la situación del beneficiario por la administración — Adquisición de la nacionalidad del país de destino durante la carrera — Inclusión
[Estatuto de los Funcionarios, anexo VII, art. 4, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 36, 37, 39, 41 a 45 y 50 a 52)
Funcionarios — Retribución — Indemnización por expatriación — Requisitos para su concesión — Reexamen de la situación del beneficiario basada en la adquisición de la nacionalidad del país de destino durante la carrera — Pérdida del beneficio de la indemnización por expatriación — Toma en consideración de las circunstancias que están en el origen de la solicitud de naturalización — Riesgo de cese de oficio relacionado con la retirada de un Estado miembro de la Unión — Irrelevancia
[Estatuto de los Funcionarios, anexo VII, art. 4, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 64 a 69)
Funcionarios — Retribución — Indemnización por expatriación — Requisitos para su concesión — Reexamen de la situación del beneficiario basada en la adquisición de la nacionalidad del país de destino durante la carrera — Asimilación a la situación de un funcionario que tenga o haya tenido la nacionalidad del país de destino — Violación del principio de igualdad y de no discriminación — Inexistencia
[Estatuto de los Funcionarios, anexo VII, art. 4, ap. 1, letra b)]
(véanse los apartados 81 a 83, 86 a 90, 96, 97 y 112 a 117)
Resumen
Mediante la sentencia Brown/Comisión (T‑18/19), pronunciada el 5 de octubre de 2020, el Tribunal General, en formación ampliada a cinco jueces, precisa en qué condiciones puede retirarse a un funcionario que adquiere durante la carrera la nacionalidad del país de destino, por ese motivo, el beneficio de la indemnización por expatriación, a la luz de los requisitos de concesión previstos en el artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»).
En el caso de autos, el demandante, Sr. Colin Brown, entró en funciones en la Comisión el 1 de enero de 2001. En ese momento solamente tenía la condición de nacional del Reino Unido. La Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO) de la Comisión le concedió la indemnización por expatriación a la vista de los requisitos exigidos a los funcionarios «que no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre su lugar de destino» en virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto.
El 23 de junio de 2016, los ciudadanos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte votaron en referéndum a favor de que su país se retirase de la Unión Europea. El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión. En tales circunstancias, el 27 de junio de 2017, el demandante solicitó adquirir la nacionalidad belga, que obtuvo el 3 de noviembre siguiente. Después de haber sido informada de ello, el 23 de febrero de 2018 la PMO comunicó al demandante su decisión de privarle de la indemnización por expatriación y, en consecuencia, del reembolso de los gastos de viaje, debido a que había obtenido la nacionalidad de su país de destino, en concreto, Bélgica. Mediante decisión de rectificación de 19 de marzo de 2018 (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), la fecha a partir de la que la decisión de 23 de febrero de 2018 producía efectos se fijó en el 1 de diciembre de 2017.
Al resultar infructuosa la reclamación presentada por el demandante contra la decisión impugnada, este presentó ante el Tribunal General un recurso por el que solicitaba la anulación de la decisión impugnada y el restablecimiento de las prestaciones de que se trata a contar desde el 1 de diciembre de 2017. En apoyo de sus pretensiones de anulación, el demandante invocó cuatro motivos, por los que, por una parte, se oponía a la posibilidad de un nuevo examen de su derecho a la indemnización por expatriación, tanto en su principio, como en lo que respecta a las circunstancias particulares del caso de autos, y, por otra, alegaba una violación del principio de igualdad de trato y de no discriminación derivada, en particular, de los requisitos de concesión aplicados en el marco del reexamen y de su interpretación.
En primer lugar, el Tribunal General declara que la PMO no infringió el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto al considerar que la adquisición de la nacionalidad del país de destino durante la carrera debía dar lugar al reexamen del derecho a la indemnización por expatriación. En efecto, si bien esta disposición no prevé expresamente la posibilidad de tal reexamen, el Tribunal General subraya que, por otra parte, la administración no puede seguir pagándola mensualmente cuando se produce un hecho que modifica sustancialmente la situación de la persona que la recibe y que incide en los requisitos a los que se supedita la concesión. En ese caso, y a falta de disposición que se oponga a ello, la administración debe proceder a reexaminar dicha situación.
A este respecto, el Tribunal General observa que la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto corrobora este análisis, ya que dicha disposición no revela ningún elemento que permita excluir cualquier reexamen del derecho a la indemnización por expatriación a raíz de la adquisición, por parte de un funcionario, de la nacionalidad del país de destino durante la carrera. En efecto, en primer lugar, habida cuenta de que el requisito negativo relativo a la nacionalidad del país de destino está formulado en forma de presente, tal redacción no excluye que el funcionario interesado tenga que continuar cumpliendo dicho requisito durante toda su carrera para poder conservar el beneficio de la indemnización por expatriación. En segundo lugar, en lo que respecta a la elección de los requisitos de concesión de la indemnización por expatriación realizada por el legislador, el Tribunal General señala, a la luz de los trabajos preparatorios (
1
) del antiguo Estatuto, (
2
) que el criterio de la nacionalidad se eligió por razones de su precisión y simplicidad de aplicación, sin ignorar sus límites, en particular, en situaciones de doble nacionalidad. Así, habida cuenta del principio de interpretación estricta de las disposiciones del Derecho de la Unión que dan derecho a prestaciones económicas, el Tribunal General considera que la exclusión de todo reexamen en caso de adquisición de la nacionalidad del país de afectación durante la carrera habría exigido una redacción diferente de la disposición de que se trata. En tercer lugar, el Tribunal General considera que tal reexamen coincide también con el objetivo de la indemnización por expatriación, que consiste en compensar las cargas y las desventajas particulares resultantes, durante toda la carrera del alejamiento del funcionario de su lugar de origen por el hecho de ejercer, en su lugar de destino, funciones al servicio de la Unión. En efecto, en la medida en que el legislador de la Unión debía traducir ese objetivo en la definición de los requisitos de concesión de la indemnización por expatriación, el Tribunal General observa, en lo que respecta a la redacción a estos efectos del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, que la integración de un funcionario derivada del hecho de que, durante su carrera, ha establecido su residencia habitual en el país de destino y trabaja allí no podía obstaculizar el pago de la indemnización por expatriación. Sin embargo, esa elección no puede valer en caso de adquisición de la nacionalidad del país de destino durante la carrera, habida cuenta de la forma particular de integración que representa tal naturalización.
Por último, el Tribunal General rechaza la alegación por la que el demandante imputaba a la PMO no haberse dispensado del reexamen a su respecto, habida cuenta de las razones que lo habían llevado a solicitar su naturalización, que presenta como una presión constitutiva de fuerza mayor. A este respecto, habiéndose precisado que el procedimiento de naturalización seguido por el demandante tenía por objeto evitar el riesgo de cese de oficio al que, en su caso, lo exponía la retirada del Reino Unido de la Unión, el Tribunal General considera que no cabe considerar que el reexamen controvertido conllevó, en el caso del demandante, una carga excesiva que reuniera los requisitos de fuerza mayor y, por lo tanto, de naturaleza tal que dispensara a la PMO del reexamen al que estaba obligada. Tanto menos es así cuanto que la adquisición de la nacionalidad belga garantizaba desde ese momento plenamente al demandante conservar su empleo. A este respecto, el Tribunal recuerda por último que nadie puede pretender que se neutralicen los efectos de la retirada de un Estado miembro de la Unión.
En segundo lugar, el Tribunal General declara que ni la aplicación al demandante, en el marco del reexamen, de los requisitos de concesión aplicables a los funcionarios que tienen la nacionalidad del país de destino, ni la interpretación que se ha hecho de ellos violan el principio de igualdad y de no discriminación.
El Tribunal General subraya, antes de nada, que la diferenciación resultante de la elección, como primer criterio, de la nacionalidad, en el ejercicio de la amplia facultad de apreciación de que dispone el legislador para determinar los requisitos de empleo de los funcionarios no parece ser manifiestamente inadecuada o arbitraria con respecto al objetivo de la indemnización por expatriación. Además, el carácter periódico de su pago, por lo demás, no limitado en el tiempo, exige que se respete el principio de igualdad de trato y de no discriminación no solo en el momento de la entrada al servicio, sino también en cada reexamen del derecho a dicha indemnización.
Pues bien, habida cuenta de los requisitos estrictos impuestos a los funcionarios nacionales del país de destino para poder beneficiarse de la indemnización por expatriación, a saber, la falta de toda residencia o actividad profesional en el territorio europeo de dicho país durante un período decenal de referencia anterior a su entrada en funciones, el Tribunal General no identifica ninguna razón que justifique eximir de ellos al demandante a partir de su naturalización. De este modo, a partir de dicha fecha, procede tratarlo de la misma manera que a cualquier otro nacional o antiguo nacional belga, cuya residencia en Bélgica, aunque sea breve, durante el período de referencia de diez años puede oponerse al beneficio de la indemnización, en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto. Por el contrario, el Tribunal General considera que la situación de un funcionario que ha adquirido la nacionalidad del país de destino durante su carrera, ya no es comparable con la de los funcionarios que no han expresado la intención de formalizar sus vínculos con dicho país mediante la obtención de la nacionalidad de este.
En todo caso, el Tribunal General rechaza el argumento basado en una discriminación en perjuicio de los funcionarios nacionales del Reino Unido, después de haberse asegurado de que la interpretación impugnada se seguía, en la práctica, independientemente de la nacionalidad del funcionario inicialmente tomada en consideración y que, además, era ajena a toda consideración relativa a la evolución de las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Por último, en respuesta al motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato y de no discriminación derivada de una interpretación errónea del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, el Tribunal General observa que la interpretación preconizada a este respecto es incompatible con el propio tenor de dicha disposición, así como con su alcance, de modo que solo cabe desestimarla.
Extrayendo las consecuencias de tales consideraciones, el Tribunal General desestimó las demás pretensiones y, por consiguiente, el recurso en su totalidad.
(
1
)	Nota informativa del Consejo, de 11 de diciembre de 1959.
(
2
)	Reglamento n.o 31 (CEE), 11 (CEEA), de los Consejos, de 18 de diciembre de 1961, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 1962, 45, p. 1387; EE 01/001, p. 19).