Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 30 de octubre de 2025 (1)
Asunto C‑571/24
YO,
CT
contra
Bundesrepublik Deutschland,
con intervención de
Kreis Bergstraße
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandeburgo, Alemania)]
« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de inmigración — Directiva
2003/86/CE — Derecho a la reagrupación familiar — Artículo 10, apartado 3, letra a) — Reagrupación familiar con sus ascendientes en línea directa y en primer grado de un refugiado que llegó como menor no acompañado — Menor no acompañado que ha alcanzado la mayoría de edad en una fecha anterior a la concesión del estatuto de refugiado y al pronunciamiento de la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S (C‑550/16, EU:C:2018:248) — Consecuencias que deben extraerse de dicha sentencia en cuanto a la fecha de presentación de una solicitud de reagrupación familiar »
I.      Introducción
1.        Mediante la presente petición de decisión prejudicial, se solicita al Tribunal de Justicia que precise las consecuencias que deben extraerse de su sentencia de 12 de abril de 2018, A y S, (2) en cuanto a la tramitación de una solicitud de reagrupación familiar presentada sobre la base del artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86/CE (3) por los padres de un joven nacional de un tercer país (en lo sucesivo, «reagrupante») (4) que, habiendo entrado en calidad de menor no acompañado en el territorio de un Estado miembro, ha alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento de examen de su solicitud de protección internacional y se le ha reconocido el estatuto de refugiado en una fecha anterior a la del pronunciamiento de dicha sentencia.
2.        En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia aclaró las condiciones en las que los menores no acompañados que hayan alcanzado la mayoría de edad durante este procedimiento pueden reivindicar el derecho a la reagrupación familiar según las disposiciones más favorables previstas en dicho artículo. En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que una solicitud de reagrupación familiar debe presentarse, en principio, en un plazo de tres meses a partir del día en el que se reconoció al «menor» la condición de refugiado. (5)
3.        Pues bien, en el presente asunto, el «menor» interesado adquirió el estatuto de refugiado en una fecha muy anterior a la del pronunciamiento de la sentencia A y S, por lo que dicho plazo de tres meses había expirado en el momento en que sus progenitores, YO y CT, ambos nacionales sirios residentes en Turquía, pretendían invocar el derecho a la reagrupación familiar previsto en el artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86. Este es el contexto en el que se inscribe el presente asunto, dado que el Consulado General de Alemania en Estambul (Turquía) denegó su solicitud basándose en que este derecho se había extinguido en el momento en que el menor alcanzó la mayoría de edad y en que, en cualquier caso, su solicitud no se había presentado lo antes posible después de que se hubiera concedido a su hijo el estatuto de refugiado.
4.        El Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandeburgo, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, pregunta esencialmente al Tribunal de Justicia si procede modificar las normas que estableció en la sentencia A y S y, en particular, si el inicio del cómputo del plazo de tres meses debe situarse en la fecha en que se dictó dicha sentencia o si dicho plazo debe aumentarse. El Gobierno alemán sugiere, en sus observaciones escritas, que la presentación de una solicitud de reagrupación familiar esté sujeta a un límite de edad absoluto, a partir del cual ya no sería posible esta modificación.
5.        En las presentes conclusiones expondré las razones por las que no comparto la idea de que, en una situación tan particular como la presente, procede supeditar la presentación de una solicitud de reagrupación familiar basada en el artículo 10, apartado
3, letra a), de la Directiva 2003/86 al cumplimiento de un plazo fijo de tres meses a partir de la fecha de pronunciamiento de la sentencia A y S.
En cambio, propondré al Tribunal de Justicia que recurra a una presunción y, de este modo, establezca un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que se presume que el reagrupante tuvo conocimiento de dicha sentencia.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
6.        El artículo
1 de la Directiva 2003/86 tiene el siguiente tenor:
«El objetivo de la presente Directiva es fijar las condiciones en las cuales se ejerce el derecho a la reagrupación familiar de que disponen los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros.»
7.        Con arreglo al artículo
2, letra f), de dicha Directiva:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
f)      menor no acompañado, el nacional de un tercer país o el apátrida menor de 18 años que llegue al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, mientras tal adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, o cualquier menor al que se deje solo tras su entrada en el territorio de los Estados miembros.»
8.        Dentro del capítulo V de la citada Directiva, titulado «Reagrupación familiar de refugiados», el artículo
10, apartado
3, letra a), precisa:
«Si el refugiado fuera un menor no acompañado, los Estados miembros:
a)      autorizarán la entrada y la residencia, con fines de reagrupación familiar, de sus ascendientes en línea directa y en primer grado, sin aplicar los requisitos establecidos en la letra a) del apartado 2 del artículo 4[.]»
B.      Derecho alemán
9.        El artículo 36 de la Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Ley de Residencia, Trabajo e Integración de los Extranjeros en el Territorio Federal), (6) de 30 de julio de 2004 (7) (en lo sucesivo, «AufenthG»), titulado «Reagrupación con los progenitores y otros miembros de la familia», dispone, en su apartado 1:
«A los progenitores de un extranjero menor de edad que sea titular de una autorización de residencia con arreglo a los artículos 23, apartado 4, 25, apartado 1 o 2, primera frase, primer supuesto, de una tarjeta de residente permanente con arreglo al artículo 26, apartado 3, o, tras la expedición de una autorización de residencia con arreglo al artículo 25, apartado 2, primera frase, segundo supuesto, de una tarjeta de residente permanente con arreglo al artículo 26, apartado 4, se les concederá una autorización de residencia no obstante lo dispuesto en los artículos 5, apartado 1, punto 1, y 29, apartado 1, punto 2, si en el territorio federal no se encuentra ningún progenitor que ostente la guarda y custodia.»
III. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
10.      El reagrupante es un nacional sirio de origen kurdo, nacido el 31 de enero de 1999. Entró en territorio alemán el 6 de agosto de 2015, a la edad de 16 años. Representado por una tutora, presentó una solicitud de protección internacional el 3 de junio de 2016, cuando tenía 17 años y 4 meses de edad. La Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Oficina Federal de Migración y Refugiados, Alemania) le reconoció la condición de refugiado mediante resolución de 15 de mayo de
2017 a la edad de 18 años y 3 meses.
11.      Los progenitores del reagrupante no presentaron una solicitud de reagrupación familiar al término del procedimiento de examen de la solicitud de protección internacional, ya que su hijo había sido informado en varias ocasiones por su tutora, por su abogado y por diversas autoridades y organizaciones competentes en materia de extranjería de que, de conformidad con la jurisprudencia del Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania), el derecho de los progenitores a la reagrupación con su hijo reconocido como refugiado, en virtud del artículo
36, apartado 1, de la AufenthG, solo existía hasta la fecha en que este había alcanzado la mayoría de edad. (8) Según el órgano jurisdiccional remitente, habida cuenta de esta jurisprudencia y de la práctica decisoria de las autoridades que resultaba de esta en la época en que ocurrieron los hechos del litigio principal, las solicitudes de reagrupación familiar basadas en el artículo
10, apartado
3, letra a), de la Directiva 2003/86 no tenían ninguna perspectiva de éxito para los refugiados que se encontraban en esa situación.
12.      En su sentencia A y S, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 2, letra f), de la Directiva 2003/86, en relación con el artículo 10, apartado 3, letra a), de esta, debe interpretarse en el sentido de que debe calificarse de «menor», a efectos de esta disposición, al nacional de un tercer país que, en el momento de su entrada en el territorio de un Estado miembro y de la presentación de su solicitud de asilo en ese Estado, tenía menos de 18 años, pero que, durante el procedimiento de asilo, alcanza la mayoría de edad y al que posteriormente se le reconoce el estatuto de refugiado. (9) En tal caso, según el Tribunal de Justicia, la solicitud de reagrupación familiar debe producirse dentro de un «plazo razonable» y debe presentarse, en principio, en un plazo de tres meses a partir del día en el que se reconoció al «menor» interesado la condición de refugiado. (10)
13.      Tras tener conocimiento de dicha sentencia y basándose en ella, el reagrupante solicitó mediante escrito de 24 de abril de 2018 a la autoridad competente en materia de extranjería de la Administración nacional, a la Embajada de Alemania en Turquía y al Consulado General de Alemania en Estambul la expedición de un permiso de residencia con fines de reagrupación familiar con sus progenitores y sus hermanos y hermanas. También presentó una petición de restitutio in integrum con carácter cautelar, relativa al plazo de tres meses que, de conformidad con la sentencia A y S, en principio debe respetarse en tal caso. Por su parte, sus padres solicitaron mediante escrito de 11 de julio de 2018, dirigido a la Embajada de Alemania en Ankara (Turquía) y al Consulado General de Alemania en Estambul, la expedición de visados con fines de reagrupación familiar. El 20 de noviembre de 2018 se personaron en el Consulado General en Estambul para presentar su solicitud.
14.      Mediante resoluciones de 10 de abril de 2019, el Consulado General de Alemania en Estambul denegó estas solicitudes alegando que el derecho a la reagrupación familiar de los progenitores de un refugiado solo existe hasta que este alcanza la mayoría de edad y que, en cualquier caso, estos no habían presentado su solicitud lo antes posible tras la concesión del estatuto de refugiado a su hijo.
15.      Mediante sentencia de 30 de marzo de 2021, el Verwaltungsgericht Berlin (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín, Alemania) desestimó el recurso interpuesto por los progenitores del reagrupante contra la resolución del Consulado General de Alemania en Estambul que les afectaba. En primer lugar, declaró que el derecho a la reagrupación familiar no podía basarse ni en el artículo
36, apartado 1, de la AufenthG, que exige que el reagrupante sea menor de edad en la fecha de la resolución administrativa, ni en el artículo
10, apartado
3, letra a), de la Directiva 2003/86, que implica que su solicitud se presente en el plazo de tres meses a partir de la concesión del estatuto de refugiado establecido en la sentencia A y S. En segundo lugar, consideró que nada justificaba prorrogar el plazo o posponer el punto de partida de dicho plazo. En tercer lugar, declaró que no cabía concebir una restitutio in integrum o la concesión de un «período de gracia» por fuerza mayor, ya que el hecho de que los demandantes se hubieran abstenido de actuar a su debido tiempo porque su solicitud estuviera abocada al fracaso no constituía un motivo admisible de impedimento.
16.      En el marco de su recurso de apelación ante el Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandeburgo), los demandantes alegaron que no se les podía responsabilizar por incumplir el plazo de tres meses establecido en la sentencia A y S, en la medida en que dicho plazo solo podía comenzar a correr a partir del momento en que los interesados tuvieran conocimiento de esta. Pues bien, consideran que esto no ocurrió en el presente asunto, puesto que los demandantes no podían saber antes de la publicación de dicha sentencia que, a pesar de que su hijo había alcanzado la mayoría de edad, les asistía un derecho a la reagrupación familiar con este último. En efecto, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) había declarado hasta entonces, como órgano jurisdiccional superior en el ámbito nacional, que la reagrupación familiar de los progenitores con un hijo refugiado, con arreglo al artículo
36, apartado
1, de la AufenthG, exigía, de conformidad con la Directiva 2003/86, que el hijo siguiera siendo menor de edad en la fecha de presentación de una solicitud de reagrupación familiar. Además, el cumplimiento del plazo de tres meses a partir de la concesión del estatuto de refugiado para la presentación de tal solicitud no se exigía anteriormente, sino que el Tribunal de Justicia únicamente lo estableció mediante dicha sentencia.
17.      Sensible a los argumentos expuestos por los demandantes, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el modo en que estos podían invocar el derecho a la reagrupación familiar contemplado en el artículo 10, apartado
3, letra a), de la Directiva 2003/86 tras el pronunciamiento de la sentencia A y S.
18.      En estas circunstancias, el Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandeburgo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe respetarse el plazo de tres meses a partir de la concesión de la condición de refugiado que, según la sentencia [A y S], se aplica a una solicitud de reagrupación familiar presentada de conformidad con el artículo 10, apartado 3, letra a), de la [Directiva 2003/86], cuando el reagrupante era menor de 18 años en la fecha de su entrada en el territorio nacional de un Estado miembro y de la presentación de su solicitud de asilo en dicho Estado, pero alcanza la mayoría de edad durante la tramitación del procedimiento de asilo, aunque dicho plazo ya hubiera expirado en el momento de dictarse [dicha sentencia], pero, con arreglo a la práctica administrativa y a la jurisprudencia del más alto tribunal de dicho Estado miembro vigentes en aquel momento, no existieran muchas posibilidades de éxito en caso de que un refugiado que ya hubiera alcanzado la mayoría de edad presentara una solicitud de reagrupación familiar?
2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: en tales supuestos, ¿comienza el plazo a correr en una fecha posterior o se aplica un plazo más largo?»
19.      Han presentado observaciones escritas los demandantes, el Gobierno alemán y la Comisión Europea. Estas partes e interesados participaron en la vista celebrada el 18 de septiembre de 2025, en la que también respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para su respuesta oral.
IV.    Apreciación
20.      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que, en mi opinión, deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que precise las consecuencias que deben extraerse de la sentencia A y S en cuanto a la tramitación de una solicitud de reagrupación familiar presentada sobre la base del artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86 por los progenitores de un menor no acompañado que ha alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento de examen de su solicitud de protección internacional y al que se ha reconocido el estatuto de refugiado en una fecha muy anterior a la del pronunciamiento de dicha sentencia. En particular, se solicita al Tribunal de Justicia que determine cómo debe aplicarse el plazo de presentación de tal solicitud de reagrupación familiar en esta situación.
21.      Antes de abordar el examen de esta cuestión y con el fin de determinar su alcance con precisión, me parece esencial recordar el contexto en el que se inscribe el presente asunto.
22.      Por una parte, el Tribunal de Justicia no limitó los efectos en el tiempo de la sentencia A y S. (11)
23.      Por otra parte, cabe subrayar que, según reiterada jurisprudencia, una sentencia prejudicial no tiene un valor constitutivo, sino puramente declarativo. (12) La interpretación que el Tribunal de Justicia hizo con carácter prejudicial del artículo
10, apartado
3, letra a), de la Directiva 2003/86 en la sentencia A y S, que fue confirmada por la sentencia de 30 de enero de 2024, Landeshauptmann von Wien (Reagrupación familiar con un menor refugiado), (13) aclaró y precisó el sentido y el alcance de dicho artículo, tal como debía o debería haber sido entendido y aplicado desde su entrada en vigor.
24.      A este respecto, ha de recordarse que el Tribunal de Justicia ha declarado que una práctica administrativa y judicial, como la que se ha aplicado a los demandantes en el presente asunto, y que supedita el derecho a la reagrupación familiar basado en el artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86 a la fecha en la que se concedió el estatuto de refugiado al menor interesado, es contraria al Derecho de la Unión (14) por tres razones:
–        en primer lugar, porque tal práctica, en la medida en que hace que el derecho a la reagrupación familiar contemplado en dicha disposición dependa de la mayor o menor celeridad con la que las autoridades nacionales competentes tramiten la solicitud de protección internacional, menoscaba el efecto útil de dicha disposición;
–        en segundo lugar, porque esta práctica, en la medida en que disuade a dichas autoridades de tramitar prioritariamente las solicitudes de protección internacional presentadas por menores no acompañados, es contraria al objetivo de conceder una protección especial a los refugiados, en particular a los menores no acompañados, e infringe el artículo
24, apartados
2 y 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y
–        en tercer lugar, porque dicha práctica es contraria a los principios de igualdad de trato y de seguridad jurídica, dado que hace que el hecho de saber si el menor interesado se beneficiará del derecho a la reagrupación familiar con sus padres sea absolutamente imprevisible para este.
25.      El presente asunto ilustra las consecuencias de tal práctica administrativa y judicial.
26.      En efecto, el reagrupante presentó su solicitud de protección internacional a la edad de 17 años y 4 meses, es decir, una edad próxima a la mayoría de edad, lo que habría justificado que su solicitud se examinara con celeridad. No obstante, aun cuando se insta regularmente a los Estados miembros a tramitar de forma prioritaria las solicitudes de protección internacional de los menores no acompañados, con el fin de tener en cuenta su vulnerabilidad particular, el procedimiento de examen de la solicitud del reagrupante duró once meses, es decir, un plazo que es muy superior a los plazos habituales y que es contrario a las disposiciones previstas en el artículo 31, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE. (15) Durante este procedimiento, el menor interesado, por lo tanto, alcanzó naturalmente la mayoría de edad, por lo que sus padres, residentes en Turquía, perdieron correlativamente el derecho a presentar una solicitud de reagrupación familiar sobre la base del artículo
10, apartado
3, letra a), de la Directiva 2003/86, de conformidad con la práctica administrativa y judicial aplicable en ese momento en Alemania.
27.      Pues bien, a raíz del pronunciamiento de la sentencia A y S, de la que se desprendía que la práctica administrativa y judicial controvertida en el litigio principal era incompatible con el Derecho de la Unión, el principio de efectividad obligaba a las autoridades alemanas competentes a garantizar la plena eficacia del derecho a la reagrupación familiar basado en el artículo
10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86 dejando inaplicada tal práctica a efectos del examen de la solicitud de reagrupación familiar presentada por los demandantes. (16)
28.      Por lo tanto, el Consulado General de Alemania en Estambul no podía denegar la solicitud presentada por los demandantes basándose en que tal derecho solo existía hasta la mayoría de edad de su hijo. Además, no podía reprocharles no haber presentado su solicitud lo antes posible tras la concesión del estatuto de refugiado al reagrupante. En efecto, es evidente que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, que se concretó antes del pronunciamiento de la sentencia A y S, no cabe oponer a los demandantes la expiración de un plazo cuyo principio y duración aún no se habían establecido formalmente en el momento en que la autoridad nacional competente concedió el estatuto de refugiado a su hijo. Por lo tanto, en mi opinión, la falta de un plazo claramente definido hace inadmisible la alegación de que dicho plazo ha sido superado. (17)
29.      Corresponde al órgano jurisdiccional remitente, que conoce del recurso de anulación de la resolución desestimatoria del Consulado General de Alemania en Estambul, garantizar la plena eficacia del artículo
10, apartado
3, letra a), de la Directiva 2003/86 a efectos de la solución del litigio pendiente ante él. En virtud del principio de cooperación leal previsto en el artículo 4 TUE, apartado 3, ello implica eliminar las consecuencias ilícitas que se hayan derivado de tal infracción del Derecho de la Unión y, en particular, reparar los daños que esta haya ocasionado a las personas afectadas. (18)
30.      Dicho órgano jurisdiccional consulta al Tribunal de Justicia con esa finalidad.
31.      En el presente asunto, consta que la medida más apta para restablecer, al menos con efectos para el futuro, la situación de hecho y de Derecho en la que se habrían encontrado personas como los demandantes de no existir la práctica administrativa y judicial en cuestión, consistiría en reconocer la admisibilidad de la solicitud de reagrupación familiar que presentaron después del pronunciamiento de la sentencia A y S.
Sin embargo, como ha subrayado la Comisión, no es posible permitir a todos los refugiados que tuvieran la condición de menores no acompañados en el momento de su entrada en el territorio del Estado miembro de acogida, pero que alcanzaron la mayoría de edad durante el procedimiento de examen de su solicitud de protección internacional, invocar en su favor dicha sentencia sin ninguna limitación en el tiempo después de su pronunciamiento. En efecto, habida cuenta del transcurso inexorable del tiempo, estos últimos han podido alcanzar una edad suficientemente avanzada que ya no justifica necesariamente que se les conceda el derecho a la reagrupación familiar previsto en el artículo
10, apartado
3, letra a), de la Directiva 2003/86.
32.      Por consiguiente, es esencial fijar el plazo dentro del cual debía presentarse tal solicitud de reagrupación familiar, después de la fecha en que se dictó la sentencia A y S, así como el punto de partida de dicho plazo.
33.      El órgano jurisdiccional remitente, la Comisión y el Gobierno alemán están de acuerdo, en esencia, en que procede establecer un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se dictó la sentencia A y S. Según el Gobierno alemán, es fundamental que dicho plazo comience a correr en la fecha en la que el joven mayor de edad podía objetivamente tener conocimiento de esa sentencia, con el fin de garantizar un trato idéntico y previsible a todos los demandantes. De este modo, dicho Gobierno se opone a que dicho plazo comience en la fecha en la que el joven mayor de edad podía efectivamente tener conocimiento de dicha sentencia, basándose en que esa modalidad sería contraria al principio de igualdad de trato y a las exigencias de seguridad jurídica. La propuesta de la Comisión tiene más matices, ya que sugiere que se tengan en cuenta las circunstancias particulares en las que el retraso en la presentación de una solicitud de reagrupación familiar puede ser «objetivamente excusable». Por su parte, los demandantes sugieren que este plazo de tres meses empiece a correr a partir de la expiración de un plazo de dos semanas a partir de la fecha de pronunciamiento de la citada sentencia, plazo que permitiría a cualquier persona tener conocimiento de esta.
34.      Ha de subrayarse que consta que, en una situación tan particular como la controvertida en el litigio principal, la solicitud de reagrupación familiar debe presentarse dentro de un plazo razonable. Nadie lo discute. Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia A y S, sería «incompatible con el objetivo del artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86 que un refugiado que tenía la condición de menor no acompañado en el momento de su solicitud [de protección internacional], pero que alcanzó la mayoría de edad durante el procedimiento, pudiera invocar acogerse a dicha disposición sin limitación temporal alguna a fin de conseguir la reagrupación familiar». (19)
35.      Sin embargo, establecer un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se dictó la sentencia A y S, como sugiere en particular el Gobierno alemán, no me parece razonable. En efecto, si bien esta solución parece inspirarse en la establecida por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia, la situación en la que se encuentran los demandantes no es comparable a aquella en la que se encontraban los demandantes en el asunto que dio lugar a dicha sentencia.
36.      En este asunto, el plazo de presentación de la solicitud de reagrupación familiar, de tres meses a partir de la fecha de concesión de la condición de refugiado, se explica por el hecho de que, al tratarse de una decisión individual, se notifica al solicitante de protección internacional la decisión por la que se le reconoce su estatuto de refugiado. De conformidad con el artículo 22 de la Directiva
2011/95/UE, (20) el Estado miembro de acogida informará a este último de los derechos y obligaciones inherentes a su estatuto, entre los que figura el derecho a la reagrupación familiar reconocido en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2003/86. Por consiguiente, el interesado está plenamente informado, en una lengua que entiende, de las medidas que le corresponde adoptar sin demora para ejercer eficazmente su derecho a la reagrupación familiar basado en el artículo
10, apartado
3, letra a), de dicha Directiva.
37.      En cambio, la situación es muy diferente en un caso como el que nos ocupa. En efecto, la sentencia A y S no fue notificada ni comunicada oficialmente al reagrupante o a sus progenitores, puesto que ninguno de ellos era parte en el procedimiento que dio lugar a dicha sentencia. De los debates mantenidos en la vista se desprende que dicha sentencia gozó de cierta publicidad en Alemania, en particular en el seno de las asociaciones, y es cierto que el reagrupante y sus progenitores hicieron gala de una vigilancia y una diligencia especiales al presentar sus solicitudes de reagrupación familiar en el plazo de tres meses a partir del pronunciamiento de dicha sentencia. Sin embargo, no creo que su situación pueda generalizarse. Dada la diversidad de situaciones existentes, no cabe esperar razonablemente que un joven mayor de edad refugiado, que ya no se beneficia obligatoriamente de la representación y de los cuidados de su tutor legal y que ya no está necesariamente informado y asesorado por personal cualificado, tenga conocimiento de la sentencia A y S el día de su publicación, extraiga las consecuencias jurídicas de esta y adopte sin demora medidas para obtener la reagrupación familiar, cuando su dominio de la lengua y de los procedimientos del Estado miembro de acogida puede ser bastante frágil.
38.      Esta conclusión es aún más evidente en el caso de padres que viven en el país de origen o en otro tercer país.
39.      Someter a estos jóvenes mayores de edad refugiados o a sus padres al mismo grado de exigencia que el previsto en la sentencia A y S, requiriéndoles que ejerciten imperativamente sus derechos a la reagrupación familiar en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se dictó dicha sentencia, me parece poco razonable dada la situación tan particular en la que se encuentran y que hace objetivamente excusable la presentación extemporánea de su solicitud.
40.      Sin embargo, establecer un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que el reagrupante tuvo efectivamente conocimiento de la sentencia A y S tampoco me parece un método satisfactorio. En primer lugar, esta fecha no es fácilmente identificable por la autoridad nacional competente y, además, esta última puede verse expuesta al riesgo de comportamientos abusivos por parte de los interesados. A continuación, esta fecha podría ser particularmente lejana en el tiempo, de modo que tal modalidad podría vulnerar los objetivos del régimen previsto en el artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86. Por último, esta modalidad incumpliría la exigencia de seguridad jurídica y daría lugar manifiestamente a un trato diferente de los reagrupantes, en la medida en que el punto de partida de dicho plazo variaría en función de las circunstancias individuales. En este punto, comparto, pues, los temores expresados por el Gobierno alemán.
41.      Para evitar estos escollos, propongo recurrir a una presunción y hacer así que ese plazo de tres meses comience a contar a partir de la fecha en la que se presuma que el reagrupante tuvo conocimiento de la sentencia A y S. Habida cuenta de las dificultades específicas a las que el joven refugiado haya podido enfrentarse para estar plenamente informado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es razonable presumir que pudo tener conocimiento de la misma al término de un período de seis meses a partir del pronunciamiento de dicha sentencia. (21)
42.      El recurso a tal presunción permite, en una situación como la controvertida en el litigio principal, hacer valer eficazmente el derecho a la reagrupación familiar basado en el artículo
10, apartado
3, letra a), de la Directiva 2003/86, garantizando al mismo tiempo que no se vulneren los objetivos de dicho régimen limitando en el tiempo la aplicación de las disposiciones más favorables de las que disfrutan los menores no acompañados a efectos de la reagrupación familiar.
43.      Al establecer esta presunción, el Tribunal de Justicia aplicaría a los reagrupantes el principio según el cual la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, al tiempo que reconocería que estos últimos no disponen necesariamente de los instrumentos suficientes para estar inmediata y plenamente informados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Al simplificar la carga de la prueba, esta presunción permitiría a la autoridad nacional competente fijar una fecha a partir de la cual comienza a correr el plazo de tres meses para presentar una solicitud de reagrupación familiar en esta situación, garantizando así la seguridad jurídica, y en particular la previsibilidad de la norma, así como la igualdad de trato de los solicitantes de reagrupación familiar.
44.      No obstante, teniendo en cuenta la importancia de los intereses en juego, dicha presunción no debería impedir a la autoridad nacional competente tener en cuenta todas las circunstancias de cada asunto y, en su caso, determinar en qué medida una solicitud de reagrupación familiar que se ha presentado tras la expiración de dicho plazo puede considerarse admisible habida cuenta de la naturaleza de los motivos que explican dicho retraso y de la diligencia demostrada por el reagrupante o los miembros de su familia.
45.      Habida cuenta de estas consideraciones, estimo que la solicitud de reagrupación familiar presentada sobre la base del artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86 por los progenitores de un menor no acompañado que alcanzó la mayoría de edad durante el procedimiento de examen de su solicitud de protección internacional y al que se ha reconocido el estatuto de refugiado en una fecha anterior a la del pronunciamiento de la sentencia A y S debe presentarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se presume que el reagrupante o los miembros de su familia tuvieron conocimiento de dicha sentencia, es decir, a partir de la expiración de un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se dictó dicha sentencia.
46.      En cuanto a la propuesta formulada por el Gobierno alemán en sus observaciones, según la cual esta solicitud de reagrupación familiar debería estar sujeta a un límite de edad absoluto de 21 años, a fin de garantizar el mantenimiento del vínculo con la condición de menor, considero que, en el marco del presente asunto, no es necesario, y ni siquiera oportuno, que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre tal propuesta.
47.      En primer lugar, una norma general según la cual una solicitud de reagrupación familiar basada en el artículo
10, apartado
3, letra a), de la Directiva 2003/86 debe presentarse antes de que el refugiado haya cumplido 21 años está comprendida en el ámbito de aplicación de una norma de Derecho sustantivo de la Unión. Pues bien, es preciso señalar que, si bien el legislador de la Unión establece la edad mínima del reagrupante en el artículo
4, apartado
5, de esta Directiva con objeto de evitar los matrimonios forzados, no ha establecido una norma de esta naturaleza en el artículo
10, apartado
3, letra a), de la citada Directiva. Por consiguiente, a falta de base jurídica y a no ser que se erija en legislador, no considero que corresponda al Tribunal de Justicia dictar tal norma. Tampoco debe reconocerse a los Estados miembros la libertad de fijar esta norma, ya que la disparidad de las legislaciones nacionales relativas a la cobertura de esta categoría específica de refugiados, calificada de «categoría transitoria», podría romper la armonización perseguida por el legislador de la Unión. (22)
48.      En segundo lugar, el establecimiento de un límite de edad absoluto de 21 años en el contexto de la aplicación del artículo
10, apartado
3, letra a), de la Directiva 2003/86 llevaría al Tribunal de Justicia a ampliar el objeto de las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente. En efecto, habida cuenta de las necesidades de protección específicas de los menores no acompañados que alcanzan la mayoría de edad durante el procedimiento de examen de la solicitud de protección internacional, (23) procede preguntarse sobre el alcance de una norma estandarizada a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (24) Por otro lado, conviene preguntarse sobre las modalidades de esta norma y, en particular, sobre la edad a partir de la cual este joven adulto puede considerarse, en principio, suficientemente autónomo y apto para satisfacer sus necesidades para vivir solo en el Estado miembro de acogida. Pues bien, tal reflexión merecería evidentemente oír al legislador de la Unión y a los Estados miembros.
V.      Conclusión
49.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandeburgo, Alemania) del siguiente modo:
«El artículo
10, apartado
3, letra a), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar,
debe interpretarse en el sentido de que,
cuando un nacional de un tercer
país, que, habiendo entrado en calidad de menor no acompañado en el territorio de un Estado miembro, ha alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento de examen de su solicitud de protección internacional y ha obtenido el estatuto de refugiado y los derechos inherentes a dicho estatuto en una fecha anterior a la del pronunciamiento de la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S (C‑550/16, EU:C:2018:248), la solicitud de reagrupación familiar debe presentarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se presume que el reagrupante o los miembros de su familia tuvieron conocimiento de dicha sentencia, a saber, a partir de la expiración de un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se dictó dicha sentencia.»
1      Lengua original: francés.
2      C‑550/16, en lo sucesivo, «sentencia A y S», EU:C:2018:248.
3      Directiva del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO 2003, L 251, p. 12).
4      De conformidad con el artículo 2, letra c), de la Directiva 2003/86, el «reagrupante» es «la persona nacional de un tercer país que, residiendo legalmente en un Estado miembro, solicita la reagrupación familiar o los miembros de cuya familia la solicitan».
5      Véase la sentencia A y S (apartado 61).
6      BGBl. 2004 I, p. 1950.
7      En su versión publicada el 25 de febrero de 2008 (BGBl. 2008 I, p. 162), en su versión modificada por última vez por el artículo 3 de la Ley de 8 de mayo de 2024 (BGBl. 2024 I, n.o 152).
8      El órgano jurisdiccional remitente cita la sentencia del Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), de 18 de abril de 2013, 10 C‑9/12, apartados 17 y ss
9      Véase la sentencia A y S (apartado 64 y fallo).
10      Véase la sentencia A y S (apartado 61).
11      Véase la sentencia de 6 de marzo de 2007, Meilicke y otros (C‑292/04, EU:C:2007:132), apartados 34 a 37.
12      Véanse las sentencias de 18 de noviembre de 2021, État belge (Formación de pilotos) (C‑413/20, EU:C:2021:938), apartado 58, y de 10 de marzo de 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175), apartado 41 y jurisprudencia citada.
13      C‑560/20, EU:C:2024:96.
14      Véase la sentencia de 30 de enero de 2024, Landeshauptmann von Wien (Reagrupación familiar con un menor refugiado) (C‑560/20, EU:C:2024:96), apartados 35, 51 y 57.
15      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60). En virtud del artículo 31, apartado 3, de esta Directiva, los Estados miembros deben procurar que el procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional termine en el plazo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud. Véase también el apartado 7, letra b), de dicho artículo 31.
16      Véanse las sentencias de 9 de marzo de 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49), apartado 24; de 10 de marzo de 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175), apartado 64 y jurisprudencia citada, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli (C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591), apartado 63.
17      Véase, a este respecto, la sentencia de 11 de septiembre de 2019, Călin (C‑676/17, EU:C:2019:700), apartados 50 a 57. Comparto la opinión de la Comisión (punto 31 de sus observaciones).
18      Véase la sentencia de 10 de marzo de 2022, Grossmania (C‑177/20, EU:C:2022:175), apartado 63 y jurisprudencia citada.
19      Sentencia A y S (apartado 61).
20      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9). Dicho artículo 22 prevé que «los Estados miembros proporcionarán a los beneficiarios de protección internacional, tan pronto como sea posible después de la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria, acceso a la información sobre los derechos y las obligaciones relacionados con dicho estatuto, en una lengua que entiendan o que se suponga razonablemente que entienden».
21      Me remito a mis consideraciones expuestas en el punto 37 de las presentes conclusiones.
22      Véase, a este respecto, la nota de síntesis de la Red Europea de Migración de noviembre de 2022, titulada «Transition vers l’âge adulte des mineurs non accompagnés».
23      Según la doctrina y diversos organismos internacionales especializados, estos jóvenes adultos pertenecen a una categoría específica de refugiados, calificada de «categoría transitoria». Véase, a este respecto, Viterbo, H., e Ioffe, Y., «No Refuge from Childhood: How Child Protection Harms Refugees», European Journal of International Law, European University Institute, Florencia, vol. 35, n.º 3, 2024, pp. 647 a 677, en particular p. 676. Véanse también UNICEF, «Enfants non accompagnés, Mettre l’enfant au centre», noviembre de 2023; la Recomendación CM/Rec(2019)4 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 24 de abril de 2019, sobre el apoyo a los jóvenes refugiados en transición a la edad adulta, así como las directrices que figuran en el apéndice de dicha Recomendación (en particular, el punto 27) y la guía práctica de dicha Recomendación, titulada «Atteindre l’âge de 18 ans en toute confiance», abril de 2023 (punto 3.7, pp. 39 y ss.); el documento temático del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, titulado «Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe», junio de 2017, en particular la recomendación 7 (p. 5), y la Resolución 1996 (2014) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Comité sobre Migración, Refugiados y Personas Desplazadas, de 23 de abril de 2014, titulada «Enfants migrants: quels droits à 18 ans?».
24      Véanse, sobre el enfoque del Tribunal de Justicia relativo a la medida en que un hijo que ha alcanzado la mayoría de edad sigue necesitando la presencia y las atenciones de su progenitor, la sentencia de 8 de mayo de 2013, Alarape y Tijani (C‑529/11, EU:C:2013:290), apartado 28 y jurisprudencia citada, relativa al derecho de residencia del progenitor de un hijo que ha alcanzado la mayoría de edad y que cursa sus estudios en el Estado miembro de acogida, y la sentencia de 30 de septiembre de 2020, CPAS de Seraing (C‑402/19, EU:C:2020:759), apartado 42, relativa a la ejecución de una decisión de retorno de un progenitor de un hijo mayor de edad.