Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 18 de septiembre de 2025 (1)
Asuntos acumulados C‑188/24 y C‑190/24
WebGroup Czech Republic, a.s.,
NKL Associates s. r. o.
contra
Ministre de la Culture,
Premier ministre (C‑188/24),
con intervención de:
Osez le féminisme !
Le mouvement du Nid,
Les effronté‑E‑S
y
Coyote System
contra
Ministre de l’Intérieur et des Outre‑mer,
Premier ministre (C‑190/24)
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia)]
« Procedimiento prejudicial — Comercio electrónico — Directiva 2000/31/CE — Servicios de la sociedad de la información — Ámbito coordinado — Normativa penal que prohíbe con carácter general facilitar contenido pornográfico a menores — Prohibición de retransmitir información suministrada por los usuarios »
I.      Introducción
1.        Mediante las presentes peticiones de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre los indicios que permiten a un Estado miembro en el que se presta un servicio de la sociedad de la información aplicar al prestador de ese servicio, establecido en otro Estado miembro, medidas nacionales propias del ordenamiento jurídico del primer Estado miembro.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
1.      Directiva 2000/31/CE
2.        El artículo 1 de la Directiva 2000/31/CE, (2) titulado «Objetivo y ámbito de aplicación», dispone lo siguiente en sus apartados 2 y 5:
«2.      En la medida en que resulte necesario para alcanzar el objetivo enunciado en el apartado 1 mediante la presente Directiva, se aproximarán entre sí determinadas disposiciones nacionales aplicables a los servicios de la sociedad de la información relativas al mercado interior, el establecimiento de los prestadores de servicios, las comunicaciones comerciales, los contratos por vía electrónica, la responsabilidad de los intermediarios, los códigos de conducta, los acuerdos extrajudiciales para la solución de litigios, los recursos judiciales y la cooperación entre Estados miembros.
[…]
5.      La presente Directiva no se aplicará:
a)      en materia de fiscalidad;
b)      a cuestiones relacionadas con servicios de la sociedad de la información incluidas en las Directivas 95/46/CE [(3)] y 97/66/CE [(4)];
c)      a cuestiones relacionadas con acuerdos o prácticas que se rijan por la legislación sobre carteles;
d)      a las siguientes actividades de los servicios de la sociedad de la información:
–        las actividades de los notarios o profesiones equivalentes, en la medida en que impliquen una conexión directa y específica con el ejercicio de la autoridad pública,
–        la representación de un cliente y la defensa de sus intereses ante los tribunales,
–        las actividades de juegos de azar que impliquen apuestas de valor monetario incluidas loterías y apuestas.»
3.        El artículo 2, letra h), de esta Directiva, titulado «Definiciones», establece que, a efectos de esta, se entenderá por:
«“ámbito coordinado”: los requisitos establecidos en los regímenes jurídicos de los Estados miembros y aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la información o a los servicios de la sociedad de la información, independientemente de si son de tipo general o destinados específicamente a los mismos.
i)      El ámbito coordinado se refiere a los requisitos que debe cumplir el prestador de servicios en relación con:
–        el inicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, como los requisitos relativos a cualificaciones, autorizaciones o notificaciones,
–        el ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, como los requisitos relativos al comportamiento del prestador de servicios, los requisitos en relación con la calidad o el contenido del servicio, incluidos los aplicables a publicidad y contratos, o los requisitos relativos a la responsabilidad del prestador de servicios.
ii)      El ámbito coordinado no se refiere a los requisitos siguientes:
–        requisitos aplicables a las mercancías en sí,
–        requisitos aplicables a la entrega de las mercancías,
–        requisitos aplicables a los servicios no prestados por medios electrónicos.»
4.        Según el artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Mercado interior»:
«1.      Todo Estado miembro velará por que los servicios de la sociedad de la información facilitados por un prestador de servicios establecido en su territorio respeten las disposiciones nacionales aplicables en dicho Estado miembro que formen parte del ámbito coordinado.
2.      Los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito coordinado.
3.      No se aplicarán los apartados 1 y 2 a los ámbitos a que se hace referencia en el anexo.
4.      Los Estados miembros podrán tomar medidas que constituyen excepciones al apartado 2 respecto de un determinado servicio de la sociedad de la información si se cumplen las condiciones siguientes:
a)      Las medidas deberán ser:
i)      necesarias por uno de los motivos siguientes:
–        orden público, en particular la prevención, investigación, descubrimiento y procesamiento del delito, incluidas la protección de menores y la lucha contra la instigación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, así como las violaciones de la dignidad humana de personas individuales,
[…]
ii)      tomadas en contra de un servicio de la sociedad de la información que vaya en detrimento de los objetivos enunciados en el inciso i) o que presente un riesgo serio y grave de ir en detrimento de dichos objetivos;
iii)      proporcionadas a dichos objetivos.
b)      Antes de adoptar dichas medidas y sin perjuicio de los procesos judiciales, incluidas las actuaciones preliminares y los actos realizados en el marco de una investigación criminal, el Estado miembro deberá:
–        haber pedido al Estado miembro que figura en el apartado 1 que tome medidas y este último no haberlas tomado, o no haber resultado suficientes,
–        haber notificado a la Comisión y al Estado miembro mencionado en el apartado 1 su intención de adoptar dichas medidas.
5.      En caso de urgencia, los Estados miembros podrán establecer excepciones a las condiciones estipuladas en la letra b) del apartado 4. Cuando así ocurra, las medidas se notificarán con la mayor brevedad a la Comisión y al Estado miembro a que hace referencia el apartado 1, indicando las razones de la urgencia según el Estado miembro.
[…]»
5.        Los artículos 12 a 14 de la misma Directiva, que figuran en la sección 4, titulada «Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios», del capítulo II, titulado «Principios», se refieren a un prestador de servicios de la sociedad de la información que ejerce, respectivamente, una actividad de mera transmisión («mere conduit»), una forma de almacenamiento denominada «memoria tampón (caching)» o una actividad de alojamiento de datos. Estas disposiciones también determinan las condiciones en las que dichos prestadores de servicios están exentos de responsabilidad por la información procedente de los usuarios de sus servicios.
6.        En particular, el artículo 14 de la Directiva 2000/31, titulado «Alojamiento de datos», dispone:
«1.      Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:
a)      el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad [o] la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,
b)      en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.
2.      El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios.
3.      El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios […] poner fin a una infracción o impedirla, ni a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos.»
7.        El artículo 15 de esta Directiva, titulado «Inexistencia de obligación general de supervisión», establece:
«1.      Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14.
2.      Los Estados miembros podrán establecer obligaciones tendentes a que los prestadores de servicios de la sociedad de la información comuniquen con prontitud a las autoridades públicas competentes los presuntos datos ilícitos o las actividades ilícitas llevadas a cabo por destinatarios de su servicio o la obligación de comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de estas, información que les permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento.»
2.      Directiva 2010/13/UE
8.        El artículo 28 ter de la Directiva 2010/13/UE (5) dispone lo siguiente:
«1.      Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12 a 15 de la [Directiva 2000/31], los Estados miembros velarán por que los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos sujetos a su jurisdicción adopten las medidas adecuadas para proteger:
a)      a los menores de los programas, los vídeos generados por usuarios y las comunicaciones comerciales audiovisuales que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral, de conformidad con el artículo 6 bis, apartado 1;
[…]
3.      A efectos de los apartados 1 y 2, las medidas adecuadas se determinarán a la luz de la naturaleza del contenido en cuestión, de los perjuicios que puede ocasionar, de las características de la categoría de personas que debe protegerse, así como de los derechos e intereses legítimos en juego, incluidos los de los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos y los usuarios que hayan creado o subido el contenido, así como del interés público.
Los Estados miembros velarán por que los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos sujetos a su jurisdicción apliquen esas medidas. Dichas medidas deberán ser viables y proporcionadas, teniendo en cuenta el tamaño del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y la naturaleza del servicio que se presta. Dichas medidas no derivarán en medidas de control previo ni en el filtrado de los contenidos subidos que no se ajusten al artículo 15 de la [Directiva 2000/31]. A los efectos de la protección de los menores dispuesta en el apartado 1, letra a), del presente artículo, los contenidos más nocivos estarán sujetos a las medidas más estrictas de control de acceso.
Dichas medidas consistirán, según corresponda, en:
a)      incluir y poner en práctica en las cláusulas de condiciones del servicio de las plataformas de intercambio de vídeos los requisitos mencionados en el apartado 1;
[…]
f)      establecer y operar sistemas de verificación de la edad para los usuarios de las plataformas de intercambio de vídeos con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores;
[…]
h)      facilitar sistemas de control parental que estén controlados por el usuario final con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores;
i)      establecer y aplicar procedimientos transparentes, eficaces y de fácil uso para el tratamiento y la resolución de reclamaciones de usuarios a los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos, en relación con la aplicación de las medidas a que se refieren las letras d) a h);
[…]
4.      A efectos de la aplicación de las medidas a que se refieren los apartados 1 y 3 del presente artículo, los Estados miembros animarán a que se use la corregulación como dispone el artículo 4 bis, apartado 1.
5.      Los Estados miembros establecerán los mecanismos necesarios para evaluar la idoneidad de las medidas a que se refiere el apartado 3 adoptadas por los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos. Los Estados miembros confiarán la evaluación de dichas medidas a las autoridades u organismos reguladores nacionales.
6.      Los Estados miembros podrán imponer a los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos medidas más detalladas o estrictas que las mencionadas en el apartado 3 del presente artículo. Cuando adopten tales medidas, los Estados miembros cumplirán los requisitos establecidos por el Derecho de la Unión aplicable, tales como los establecidos por los artículos 12 a 15 de la Directiva [2000/31] o el artículo 25 de la Directiva 2011/93/UE. [(6)]
[…]»
B.      Derecho francés
1.      Asunto C‑188/24
9.        El artículo 227‑24 del code pénal (Código Penal) dispone:
«La conducta consistente bien en fabricar, transportar o difundir, por cualquier medio y mediante cualquier soporte, un mensaje de carácter violento, de incitación al terrorismo, pornográfico, incluidas las imágenes pornográficas en las que haya uno o más animales, o que pueda vulnerar gravemente la dignidad humana o incitar a los menores a participar en juegos que les pongan en peligro físico, o bien en comercializar dicho mensaje, será castigada con penas de tres años de prisión y multa de 75 000 euros cuando dicho mensaje pueda ser visto o percibido por un menor.
Cuando los delitos tipificados en el presente artículo se cometan a través de la prensa escrita o audiovisual o mediante comunicación al público en línea, serán de aplicación las disposiciones particulares de las leyes que regulan estas materias en lo que respecta a la determinación de las personas responsables.
Los delitos tipificados en el presente artículo concurrirán incluso cuando el acceso de un menor a los mensajes indicados en el primer párrafo resulte de que este formule una simple declaración en la que manifieste tener al menos dieciocho años.»
10.      El artículo 23 de la loi n° 2020‑936, du 30 juillet 2020, visant à protéger les victimes de violences conjugales (7) (Ley n.º 2020‑936, de 30 de julio de 2020, de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica; en lo sucesivo, «Ley de 30 de julio de 2020»), establece lo siguiente: (8)
«Cuando compruebe que una persona cuya actividad consiste en prestar un servicio de comunicación al público en línea permite que menores accedan a contenido pornográfico infringiendo el artículo 227‑24 del Código Penal, el presidente de la Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique [(Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital, Francia)] (ARCOM) le dirigirá un requerimiento […] instándole a adoptar todas las medidas necesarias para impedir el acceso de los menores al citado contenido. […]
Transcurrido [un plazo de quince días], si no se cumple ese requerimiento y el contenido sigue siendo accesible a menores, el presidente de la [ARCOM] puede acudir ante el presidente del tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia) para que le ordene [poner fin al acceso a ese servicio y a su referenciación mediante un motor de búsqueda o un anuario].»
11.      Las condiciones de la aplicación del artículo 23 de la referida Ley se han regulado mediante el décret n° 2021‑1306, du 7 de octubre de 2021, relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique (9) (Decreto n.º 2021‑1306, de 7 de octubre de 2021, de aplicación de las medidas dirigidas a proteger a los menores del acceso a páginas que difunden contenido pornográfico; en lo sucesivo, «Decreto de 7 de octubre 2021»). A tenor del artículo 3 de dicho Decreto, «para apreciar […] si la persona cuya actividad consiste en prestar un servicio de comunicación al público en línea permite a los menores acceder a un contenido pornográfico […], el presidente del conseil supérieur de l’audiovisuel [(Consejo Superior Audiovisual, Francia)] tendrá en cuenta el nivel de fiabilidad del proceso técnico establecido por esa persona para garantizar que los usuarios que deseen acceder al servicio sean mayores de edad».
2.      Asunto C‑190/24
12.      De conformidad con el artículo L. 130‑11 del code de la route (Código de la Circulación):
«I. - Cuando se realice en una vía abierta o no a la circulación un control de carretera en el que se intercepten vehículos y que tenga por objeto bien realizar las operaciones previstas en los artículos L. 234‑9 o L. 235‑2 del presente Código o en los artículos 78‑2‑2 o 78‑2‑4 del code de procédure pénale [(Código de Enjuiciamiento Penal)], o bien comprobar que los conductores o los pasajeros no son buscados por las autoridades judiciales por delitos castigados con penas de, al menos, tres años de prisión o no están inscritos en el registro a que se refiere el artículo 230‑19 de ese mismo Código por representar una amenaza para el orden público o la seguridad pública o porque son objeto de una decisión de internamiento de oficio en un centro psiquiátrico o se han fugado de un centro psiquiátrico, la autoridad administrativa podrá prohibir a los operadores de servicios electrónicos de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización que retransmitan a través de ese servicio los mensajes o indicaciones procedentes de los usuarios de dicho servicio cuando esa retransmisión permita que otros usuarios eludan ese control.
La prohibición de retransmisión mencionada en el primer párrafo del presente apartado I implica que el operador de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización deberá ocultar todos los mensajes e indicaciones que habitualmente retransmite a los usuarios cuando el servicio funciona normalmente referidos a las vías o tramos de vías que la autoridad competente le indique. La duración de esta prohibición no podrá exceder de dos horas si el control de carretera se refiere a una operación prevista en los artículos L. 234‑9 o L. 235‑2 del presente Código o de doce horas si se refiere a otra de las operaciones mencionadas en el primer párrafo del presente apartado I. Las vías o tramos de vías afectados no podrán extenderse más allá de un radio de diez kilómetros alrededor del punto de control de carreteras cuando este esté situado fuera del casco urbano ni más allá de dos kilómetros en torno al punto de control de carretera cuando este esté situado en casco urbano.
[…]»
13.      El artículo L. 130‑12 de dicho Código establece que el incumplimiento de la prohibición de difusión establecida en su artículo L. 130‑11 será castigado con dos años de prisión y 30 000 euros de multa.
14.      El décret n° 2021‑468, du 19 avril 2021, portant application de l’article L. 130‑11 du code de la route (Decreto n.º 2021‑468, de 19 de abril de 2021, relativo a la Aplicación del Artículo L. 130‑11 del Código de la Circulación; (10) en lo sucesivo, «Decreto de 19 de abril de 2021»), precisa las modalidades de aplicación de dicho artículo. El artículo 1 del referido Decreto introdujo el artículo R. 130‑12 en el citado Código, que prevé, en particular, que «la decisión por la que se establezca la prohibición de retransmisión indicará las vías o tramos de vías afectados y fijará la fecha y horas de inicio y finalización de dicha prohibición» y que «la información relativa a la prohibición de retransmisión, excepción hecha de la referida a los motivos del control de carretera de que se trate, se comunicará a los operadores de servicios electrónicos de ayuda a la conducción o a la navegación mediante un sistema de información […]».
III. Litigios principales y cuestiones prejudiciales
A.      Asunto C‑188/24
15.      Las demandantes en el litigio principal, las sociedades WebGroup Czech Republic, a.s. y NKL Associates s. r. o., con domicilio social en Praga (República Checa), explotan páginas web pornográficas. El presidente de la ARCOM les dirigió un requerimiento de conformidad con el artículo 227‑24 del Código Penal y del artículo 22 de la Ley de 30 de julio de 2020. (11)
16.      En cuanto al artículo 227‑24 del Código Penal, este prohíbe a cualquier persona difundir un mensaje de carácter pornográfico que pueda ser visto por un menor. En lo concerniente al artículo 22 de la Ley de 30 de julio de 2020, este precisa que el mencionado delito concurre «incluso cuando el acceso de un menor a los mensajes [en cuestión] resulte de que este formule una simple declaración en la que manifieste tener al menos dieciocho años». Por otra parte, el artículo 23 de esa Ley — cuyas condiciones de aplicación están reguladas por el Decreto de 7 de octubre de 2021 — confiere al presidente de la ARCOM la facultad de dirigir un requerimiento a la persona que incumpla dicha prohibición.
17.      Las demandantes en el litigio principal impugnaron esos requerimientos ante el tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París) (12) e interpusieron en paralelo ante el Conseil d’État (Consejo de Estado), en primera y última instancia, un recurso de anulación de las disposiciones del Decreto de 7 de octubre de 2021. En apoyo de su recurso, alegan, entre otras cosas, que se ha vulnerado el Derecho de la Unión. Se formuló esta misma alegación, por vía de excepción, contra las disposiciones de la Ley de 30 de julio de 2020. Ambos recursos se acumularon a efectos de la resolución que debe adoptar dicho órgano jurisdiccional.
18.      En sus escritos, las demandantes en el litigio principal sostienen, en particular, que se han ignorado los objetivos de la Directiva 2000/31 en la medida en que las disposiciones del Decreto de 7 de octubre de 2021 imponen medidas de carácter general y abstracto referidas a una categoría de determinados servicios de la sociedad de la información descrita genéricamente y aplicables a cualquier prestador de esta categoría de servicios.
19.      Habida cuenta del objeto y de la naturaleza del litigio, se admitió la intervención de varias asociaciones en el litigio principal, en particular de Les effronté‑E‑S, que sostiene que los motivos invocados por las demandantes en el litigio principal son infundados.
20.      En estas circunstancias, el Conseil d’État (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      En primer lugar ¿deben considerarse comprendidas en el “ámbito coordinado” por la Directiva [2000/31], normas de Derecho penal, en particular disposiciones generales y abstractas que tipifican determinadas conductas como infracciones penales susceptibles de enjuiciamiento, cuando esas normas pueden aplicarse tanto al comportamiento de un prestador de servicios de la sociedad de la información como al comportamiento de cualquier otra persona física o jurídica, o es preciso entender, dado que el único objeto de la Directiva es armonizar determinados aspectos jurídicos de esos servicios, sin armonizar el ámbito del Derecho penal en sí, y que solo establece requisitos aplicables a los servicios, que tales normas penales no pueden considerarse requisitos aplicables al inicio y al ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información comprendido en el “ámbito coordinado” por dicha Directiva? En particular ¿están comprendidas en ese “ámbito coordinado” las disposiciones penales destinadas a garantizar la protección de los menores?
2)      ¿Debe considerarse incluida en el “ámbito coordinado” por la Directiva [2000/31], que únicamente armoniza determinados aspectos jurídicos de los servicios de que se trata, la obligación que se impone a los editores de servicios de comunicación en línea de que adopten medidas encaminadas a prevenir que los menores accedan a los contenidos pornográficos que publican, a pesar de que, aunque dicha obligación afecta al ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información al guardar relación con el comportamiento del prestador de servicios, la calidad o el contenido del servicio, no concierne, no obstante, ni al establecimiento de los prestadores de servicios, ni a las comunicaciones comerciales, ni a los contratos por vía electrónica, ni a la responsabilidad de los intermediarios, ni a los códigos de conducta, ni a los acuerdos extrajudiciales para la solución de litigios, ni a los recursos judiciales ni a la cooperación entre Estados miembros, de manera que no versa sobre ninguna de las materias que se rigen por las disposiciones de armonización de su capítulo II?
3)      En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones anteriores, ¿cómo han de conciliarse los requisitos que resultan de la Directiva [2000/31] y los que se derivan de la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, en particular el derecho a la protección de la dignidad humana y el interés superior del niño garantizados por los artículos 1 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [(en lo sucesivo, “Carta”)] y por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, [(13)] cuando la mera adopción de medidas individuales contra un servicio determinado no parece apta para garantizar la protección efectiva de esos derechos? ¿Existe un principio general del Derecho de la [Unión] que faculte a los Estados miembros a adoptar, en particular en caso de urgencia, las medidas, incluidas las generales y abstractas aplicables a una categoría de prestadores de servicios, que exige la protección de los menores contra las vulneraciones a su dignidad e integridad, instaurando, si es necesario, una excepción al principio que sienta la Directiva [2000/31] de que los prestadores de servicios a los que se aplica esa Directiva están sujetos a la regulación de su Estado de origen?»
B.      Asunto C‑190/24
21.      La sociedad Coyote System, con domicilio social en Francia, presta un servicio que, en Derecho francés, responde a la calificación de «servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización» empleada en el artículo L. 130‑11 del Código de la Circulación.
22.      Esta disposición permite a la autoridad administrativa competente prohibir a los operadores de este tipo de servicios retransmitir, durante un período y dentro de una zona geográfica delimitados, los mensajes de sus usuarios que puedan revelar la localización de controles de alcoholemia y de uso de estupefacientes, así como determinadas operaciones de policía judicial, por ejemplo, contra personas buscadas por infracciones o delitos graves o por haberse fugado de un centro psiquiátrico (en lo sucesivo, «prohibición de retransmisión de que se trata»). El Decreto de 19 de abril de 2021 regula las condiciones uniformes de ejercicio de esta facultad.
23.      Coyote System interpuso un recurso de anulación de dicho Decreto ante el Conseil d’État (Consejo de Estado). En apoyo de su recurso, esa sociedad alega, en particular, el incumplimiento de los objetivos y del artículo 15 de la Directiva 2000/31. También se formuló esa misma alegación, por vía de excepción, contra el artículo L. 130‑11 del Código de la Circulación.
24.      En estas circunstancias, el Conseil d’État (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe considerarse que la prohibición impuesta a los operadores de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización de retransmitir, por medio de este servicio, cualquier mensaje o indicación enviados por los usuarios y que puedan permitir a los demás usuarios evitar ciertos controles de carretera, forma parte del “ámbito coordinado” en el sentido de la Directiva [2000/31], pese a que, si bien se refiere al ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, en la medida en que trata sobre el comportamiento del prestador, la calidad o el contenido del servicio, no versa sobre el establecimiento de los prestadores de servicios, las comunicaciones comerciales, los contratos por vía electrónica, la responsabilidad de los intermediarios, los códigos de conducta, la solución extrajudicial de litigios, los recursos judiciales o la cooperación entre los Estados miembros, por lo que no concierne ninguna de las materias reguladas por las disposiciones de armonización de su capítulo II?
2)      ¿Queda comprendida en el ámbito de los requisitos relativos al ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información que un Estado miembro no puede imponer a los prestadores procedentes de otro Estado miembro la prohibición de retransmisión que tenga por objeto evitar, en particular, que personas buscadas por delitos o que representen una amenaza para el orden o la seguridad públicos, puedan sustraerse a los controles de carretera, aunque el considerando 26 de la Directiva [2000/31] señala que esta no privará a los Estados miembros de la facultad de aplicar normas nacionales sobre Derecho penal ni enjuiciamiento criminal con vistas a adoptar todas las medidas de investigación y otras, necesarias para la averiguación y persecución de delitos?
3)      ¿Debe interpretarse el artículo 15 de la Directiva [2000/31], que prohíbe que se imponga a los prestadores de servicios una obligación general de supervisión al margen de las obligaciones aplicables a un caso concreto, en el sentido de que se opone a la aplicación de una disposición que se limita a establecer que puede obligarse a los operadores de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización a no retransmitir en situaciones concretas, en el contexto de este servicio, determinadas categorías de mensajes o de indicaciones, sin que para ello sea necesario que el operador tenga conocimiento de su contenido?»
IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
25.      Los asuntos C‑190/24 y C‑188/24 fueron acumulados a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia. El 24 de marzo de 2025 se celebró una vista oral conjunta en la que WebGroup Czech Republic y NKL Associates, Coyote System, Les effronté‑E‑S, los Gobiernos francés, checo y noruego y la Comisión presentaron sus observaciones orales.
V.      Análisis
26.      Las cuestiones prejudiciales planteadas en los presentes asuntos se refieren a disposiciones de la Directiva 2000/31 y, fundamentalmente, al mecanismo que establece su artículo 3 y al concepto básico de dicho mecanismo, a saber, el de «ámbito coordinado», en el sentido del artículo 2, letra h), de dicha Directiva.
27.      Antes de iniciar el análisis de las cuestiones prejudiciales, formularé, con carácter preliminar, algunas observaciones sobre este mecanismo (sección A). Completaré estas observaciones abordando la dimensión transfronteriza de los litigios principales que, como mostraré, resulta pertinente a la luz del objeto de las presentes cuestiones prejudiciales (sección B). A continuación, aclararé el alcance de estas cuestiones antes de exponer la estructura de mi análisis (sección C). Por último, examinaré tales cuestiones (secciones D y E).
A.      Mecanismo establecido en el artículo
3 de la Directiva 2000/31
28.      En primer lugar, ha de observarse que el artículo 3 de la Directiva 2000/31 se refiere únicamente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información y que el órgano jurisdiccional remitente parte de la premisa de que los servicios comprendidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones nacionales de que se trata, cuya validez se cuestiona, constituyen servicios de este tipo.
29.      En segundo lugar, procede destacar que el mecanismo que establece el artículo 3 de la Directiva 2000/31 —cuyo concepto básico es el de «ámbito coordinado»— únicamente entra en juego en situaciones transfronterizas en las que un prestador de un servicio de la sociedad de la información establecido en un Estado miembro se enfrenta a una medida adoptada por otro Estado miembro. (14)
30.      En efecto, el artículo 3 de la Directiva 2000/31 dispone, en su apartado 1, que todo Estado miembro velará por que los servicios de la sociedad de la información facilitados por un prestador de servicios establecido en su territorio respeten las disposiciones nacionales aplicables en dicho Estado miembro que formen parte del ámbito coordinado. Por otra parte, el apartado 2 de ese mismo artículo precisa que los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro «por razones inherentes al ámbito coordinado». Excepcionalmente, en virtud del artículo 3, apartado 4, de la referida Directiva, un Estado miembro podrá tomar medidas que constituyan excepciones al principio de libre circulación de servicios de la sociedad de la información si se cumplen varios requisitos acumulativos previstos en el artículo 3, apartado 4, letra a) (requisitos materiales), y en el artículo 3, apartado 4, letra b) (requisitos de procedimiento), de dicha Directiva.
31.      Aunque la expresión «por razones inherentes al ámbito coordinado», que figura en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2000/31, puede suscitar dudas interpretativas, de la jurisprudencia se desprende que esta Directiva se basa en la aplicación de los principios de control en el Estado miembro de origen y de reconocimiento mutuo. De este modo, en el ámbito coordinado definido en el artículo 2, letra h), de dicha Directiva, los servicios de la sociedad de la información se regulan únicamente en el Estado miembro en cuyo territorio están establecidos los prestadores de tales servicios. (15)
B.      Dimensión transfronteriza de los litigios principales
32.      Los presentes asuntos versan, en particular, sobre la interpretación del artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, que define el concepto de «ámbito coordinado». A este respecto, como ya he observado, (16) el mecanismo previsto en el artículo 3 de la referida Directiva —cuyo concepto básico es el de «ámbito coordinado»— únicamente entra en juego en situaciones transfronterizas.
33.      En los presentes asuntos, la demandante en el litigio principal en el asunto C‑190/24, Coyote System, está establecida en Francia y la petición de decisión prejudicial procede de un órgano jurisdiccional francés. Por lo tanto, a primera vista, parece lícito preguntarse si las respuestas a las cuestiones prejudiciales relativas al ámbito coordinado son pertinentes a efectos del litigio principal correspondiente.
34.      A este respecto ha de señalarse que Coyote System no ha interpuesto ante el Conseil d’État (Consejo de Estado) un recurso en el marco de un procedimiento administrativo que la afecte directamente, sino un recurso autónomo de anulación por exceso de poder, al igual que las demandantes en el litigio principal en el asunto C‑188/24. Además, quedó confirmado durante la vista que, en el contexto de ese procedimiento, el Conseil d’État (Consejo de Estado) lleva a cabo un control en abstracto de la legalidad de las disposiciones impugnadas. Por consiguiente, las características específicas de Coyote System no parecen restringir ni las alegaciones que esa sociedad puede formular en el marco de su recurso ante el Conseil d’État (Consejo de Estado) ni la competencia de dicho órgano jurisdiccional. De lo anterior resulta que las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto C‑190/24 son pertinentes a efectos del procedimiento principal correspondiente y que, por lo tanto, deben responderse.
C.      Observaciones preliminares sobre las cuestiones prejudiciales
1.      Medidas nacionales de que se trata
35.      Las cuestiones prejudiciales que se han planteado en los presentes asuntos guardan relación con medidas nacionales que la República Francesa pretende imponer también a prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en otros Estados miembros.
36.      Por lo que respecta al asunto C‑188/24, las medidas en cuestión consisten en la obligación que se impone a los editores de servicios de comunicación en línea de adoptar medidas técnicas encaminadas a prevenir que los menores accedan a los contenidos pornográficos que publican (en lo sucesivo, «obligación controvertida»).
37.      A este respecto, las disposiciones nacionales cuya legalidad se impugna en el litigio principal confieren a una autoridad competente la facultad de dirigir un requerimiento a un editor de un servicio de comunicación en línea instándole a adoptar todas las medidas necesarias para impedir el acceso de los menores a contenidos de carácter pornográfico. (17) Sin embargo, la obligación a que hacen referencia las cuestiones prejudiciales planteadas no resulta del citado requerimiento, sino de disposiciones generales y abstractas que tipifican como delito dar acceso a contenido de carácter pornográfico a un menor sobre la base de una simple declaración sobre su edad. (18)
38.      En efecto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que las demandantes en el litigio principal en el asunto C‑188/24 aducen que las disposiciones impugnadas no se limitan a prever un procedimiento que permite a una autoridad administrativa dirigir un requerimiento a un prestador de servicios para que ponga fin a una infracción, sino que, dado el contenido del delito de que se trata, precisado mediante la inclusión en el artículo 227‑24 del Código Penal de las disposiciones resultantes del artículo 22 de la Ley de 30 de julio de 2020, también tienen por efecto obligar a los prestadores de servicios establecidos en otros Estados miembros a adoptar medidas técnicas para bloquear el acceso de menores a los contenidos que publican. (19)
39.      Por lo que respecta al asunto C‑190/24, las medidas nacionales de que se trata hacen referencia a la prohibición que se impone a los operadores de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación, de retransmitir los mensajes e indicaciones enviados por sus usuarios que habitualmente retransmite cuando el servicio funciona normalmente.
2.      Cuestiones prejudiciales y estructura del análisis
40.      Las cuestiones prejudiciales planteadas en ambos asuntos se solapan en parte y tienen por objeto problemáticas comunes.
41.      La primera cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑188/24 y la segunda cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑190/24 tienen por objeto que se dilucide si las medidas nacionales de que se trata forman parte del ámbito coordinado, en el sentido del artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, a pesar de que no versan sobre ninguna de las materias reguladas por las disposiciones de armonización de los capítulos II y III de dicha Directiva.
42.      Por otra parte, mediante la segunda cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑188/24 y la primera cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑190/24 se solicita que se determine si las medidas nacionales en cuestión están excluidas del ámbito coordinado por constituir, respectivamente, un corolario de disposiciones generales y abstractas de Derecho penal y una medida necesaria para garantizar la eficacia de los controles de carretera.
43.      En cambio, la tercera cuestión prejudicial planteada en esos asuntos guardan relación con problemáticas diferentes. En efecto, la tercera cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑188/24 versa sobre la conciliación de los requisitos de la Directiva 2000/31 con las exigencias que se derivan de la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea. En cuanto a la tercera cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑190/24, se refiere a la interpretación del artículo 15 de la referida Directiva y tiene por objeto que se dilucide si la prohibición de imponer una obligación general de vigilancia, prevista en esa disposición, se opone a la aplicación de la prohibición de retransmisión de que se trata.
44.      Habida cuenta de las diferencias que presentan los asuntos C‑188/24 y C‑190/24 y con el fin de facilitar la lectura de las presentes conclusiones, examinaré por separado cada uno de los asuntos y las cuestiones que en ellos se plantean.
D.      Asunto C‑188/24
45.      Mi análisis de los problemas jurídicos que suscita el asunto C‑188/24 me exige modificar el orden de las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.
46.      Así pues, analizaré, en primer lugar, la problemática de la articulación entre el alcance del ámbito coordinado y la armonización que, en el ámbito del Derecho de la Unión, lleva a cabo la Directiva 2000/31, y comprobaré asimismo si la obligación en cuestión constituye un requisito que, a priori, está comprendido en el ámbito coordinado (segunda cuestión prejudicial). A continuación, examinaré cómo se articula ese ámbito y el Derecho penal (primera cuestión prejudicial). Por último, estudiaré si la obligación de que se trata, suponiendo que la citada Directiva se oponga a que sea impuesta a los prestadores establecidos en otros Estados miembros, puede aplicarse no obstante a estos prestadores por la vía de los derechos fundamentales (tercera cuestión prejudicial).
1.      Sobre la segunda cuestión prejudicial
a)      Alcance de la cuestión prejudicial
47.      La segunda cuestión prejudicial tiene por objeto, en esencia, que se dilucide si el ámbito coordinado, según está definido en el artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, comprende la obligación que recae sobre los editores de servicios de comunicación en línea consistente en adoptar medidas técnicas encaminadas a prevenir que los menores accedan a los contenidos pornográficos que publican, a pesar de que esta obligación no se refiere a ninguna de las materias reguladas por las disposiciones de armonización de los capítulos II y III de dicha Directiva.
48.      Con carácter preliminar, ha de observarse que, aunque esta cuestión prejudicial hace referencia al capítulo II de la Directiva 2000/31, las materias a las que se refiere no se rigen únicamente por ese capítulo, sino también por el capítulo III. En efecto, el establecimiento de los prestadores de servicios (artículo 4), las comunicaciones comerciales (artículos 6 a 8), los contratos por vía electrónica (artículos 9 a 11), el régimen de responsabilidad de los intermediarios (artículos 12 a 15), los códigos de conducta (artículo 16), la solución extrajudicial de litigios (artículo 17), los recursos judiciales (artículo 18) y la cooperación entre Estados miembros (artículo 19) se rigen por los capítulos II y III de la mencionada Directiva, que comprenden, respectivamente, los artículos 4 a 15 y 16 a 20.
49.      Por lo que respecta al examen de esta cuestión prejudicial, es preciso aclarar, en un primer momento, si el ámbito coordinado comprende las materias reguladas por las disposiciones de armonización de los capítulos II y III de la Directiva 2000/31 y, en caso afirmativo, comprobar en un segundo momento, en particular, si la medida nacional controvertida forma parte del ámbito coordinado.
50.      En efecto, por una parte, el órgano jurisdiccional remitente parte de la premisa de que esta medida nacional no se refiere a las materias que armonizan los capítulos II y III de la Directiva 2000/31. Conviene observar que no hay duda alguna de ello.
51.      Por otra parte, la formulación de esta cuestión da a entender que ese órgano jurisdiccional también parte del presupuesto de que, sin perjuicio de cómo se responda a la cuestión de si el ámbito coordinado se limita a las materias contempladas en los capítulos II y III de la Directiva 2000/31, la medida nacional en cuestión forma parte del ámbito coordinado al constituir un requisito relativo al ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información. Opino que es así. Sin embargo, en aras de la exhaustividad y dado que varias partes rebaten esa premisa, comprobaré si esa medida es un requisito de este tipo.
b)      Alcance del ámbito coordinado y armonización que realiza la Directiva 2000/31
52.      En sus observaciones escritas, el Gobierno francés alega que la Directiva 2000/31 establece un vínculo entre el ámbito coordinado y el ámbito que armoniza. El citado Gobierno sostiene que las disposiciones generales que figuran en la parte introductoria de un acto de Derecho derivado tienen, en principio, por objeto aclarar el contenido de la parte dispositiva de tal acto. Por lo tanto, dichas disposiciones generales deben leerse conjuntamente con el resto de la norma de Derecho derivado. De ello se deduce, en opinión de ese Gobierno, que únicamente las disposiciones nacionales adoptadas para transponer al Derecho interno los capítulos II y III de la mencionada Directiva deben «coordinarse», de conformidad con su artículo 3.
53.      Pues bien, nada en la Directiva 2000/31 permite concluir que el alcance del ámbito coordinado se circunscriba a las materias reguladas por las disposiciones de armonización de los capítulos II y III de dicha Directiva.
54.      En primer lugar, según su artículo 1, apartado 1, la Directiva 2000/31 tiene como objetivo, por el contrario, contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior garantizando la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información entre los Estados miembros. Por otro lado, conforme a su artículo 1, apartado 2, en la medida en que resulte necesario para alcanzar ese objetivo, mediante dicha Directiva se aproximarán entre sí determinadas disposiciones nacionales aplicables a los servicios de la sociedad de la información relativas, además de a las cuestiones reguladas en los capítulos II y III de la referida Directiva, al mercado interior.
55.      A este último respecto ha de señalarse que la lógica del mecanismo relativo al mercado interior de los servicios de la sociedad de la información que establece el artículo 3 de la Directiva 2000/31 es distinta de la de las disposiciones de los capítulos II y III de la misma Directiva. En efecto, ese mecanismo tiene por objeto, en esencia, someter los servicios de la sociedad de la información en principio al régimen jurídico del Estado miembro en el que está establecido el prestador del servicio, (20) mientras que las mencionadas disposiciones pretenden armonizar determinados aspectos específicos del comercio electrónico.
56.      Más importante aún, el mecanismo que establece el artículo 3 de la Directiva 2000/31 presenta sobre todo un interés a falta de disposiciones de armonización, cuando un Estado miembro desea imponer a un prestador establecido en otro Estado miembro disposiciones nacionales que no se corresponden con las que ha adoptado ese otro Estado miembro.
57.      En efecto, como ya he aclarado, (21) ese mecanismo se basa en la aplicación de los principios de control en el Estado miembro de origen y de reconocimiento mutuo, de modo que, en el ámbito coordinado definido en el artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, los servicios de la sociedad de la información se regulan únicamente en el Estado miembro en cuyo territorio están establecidos los prestadores de tales servicios. (22)
58.      En consecuencia, por un lado, incumbe a cada Estado miembro, en su condición de Estado miembro de origen de servicios de la sociedad de la información, regular tales servicios y proteger, de ese modo, los objetivos de interés general mencionados en el artículo 3, apartado 4, letra a), inciso i), de la Directiva 2000/31. Un Estado miembro de origen puede imponer obligaciones a los prestadores de servicios de la sociedad de la información para garantizar la consecución de esos objetivos. Por otro lado, de conformidad con el principio de reconocimiento mutuo, corresponde a cada Estado miembro, en su condición de Estado miembro de destino de servicios de la sociedad de la información, no restringir la libre prestación de tales servicios exigiendo el cumplimiento de obligaciones adicionales —comprendidas en el ámbito coordinado— que haya adoptado. (23)
59.      Por lo tanto, para garantizar el efecto útil del mecanismo establecido en el artículo 3 de la Directiva 2000/31 y permitir su plena aplicación, de conformidad con su objetivo, (24) el ámbito coordinado no puede circunscribirse a las materias reguladas por las disposiciones de armonización de los capítulos II y III de esa Directiva. (25)
60.      En segundo lugar, el artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31 recalca que el ámbito coordinado engloba los requisitos establecidos en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros que se aplican a los prestadores de servicios de la sociedad de la información o a los servicios de la sociedad de la información. Esta redacción es lo suficientemente amplia como para abarcar también las disposiciones puramente nacionales que no tienen su origen en el Derecho de la Unión. Además, contrasta con la empleada en el artículo 7 de dicha Directiva, que, por lo que respecta a la comunicación comercial no solicitada, hace referencia a los requisitos establecidos por el Derecho de la Unión. (26)
61.      En tercer lugar, el considerando 21 de la Directiva 2000/31 precisa que «el ámbito de aplicación del ámbito coordinado no prejuzga la futura armonización comunitaria en relación con los servicios de la sociedad de la información, ni la futura legislación nacional adoptada con arreglo al Derecho comunitario». Esta aclaración es una indicación de que, en este momento, el ámbito coordinado también abarca los requisitos establecidos a nivel nacional que no tienen su origen en el Derecho armonizado de la Unión.
62.      En cuarto lugar, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2000/31 dispone que el mecanismo establecido en dicho artículo no se aplicará en los casos enumerados en su anexo, que están comprendidos en el ámbito de aplicación de otros actos jurídicos del Derecho de la Unión o del Derecho de obligaciones de los Estados miembros. Pues bien, si el ámbito coordinado se limitara a las materias reguladas por los capítulos II y III de dicha Directiva, no sería necesario excluir del ámbito de aplicación de este mecanismo los casos regulados por actos jurídicos del Derecho de la Unión distintos de la citada Directiva o los que están sujetos al Derecho de obligaciones. En efecto, estos casos no son objeto de la armonización que llevan a cabo los capítulos II y III y, por tanto, no están comprendidos en el ámbito coordinado.
63.      Por último, en quinto lugar, como ha observado acertadamente Coyote System, esta interpretación se ve corroborada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, para determinar si una normativa nacional forma parte del ámbito coordinado en el sentido de la Directiva 2000/31, el Tribunal de Justicia se limita a comprobar que queda comprendida en la definición de ese ámbito que establece el artículo 2, letra h), de dicha Directiva. En cambio, no comprueba si las medidas de que se trata están integradas en una de las materias reguladas por los capítulos II y III de la referida Directiva. (27)
64.      Por lo tanto, debe considerarse que el ámbito coordinado, tal como se define en el artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, también engloba los requisitos relativos al ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información cuando tales requisitos no se refieren a las materias reguladas por las disposiciones de armonización de los capítulos II y III de dicha Directiva.
65.      A continuación, procede examinar de manera concreta si la medida nacional de que se trata forma parte del ámbito coordinado en el sentido de la Directiva 2000/31. Conviene destacar que este examen deja de lado la cuestión de si la medida está excluida del ámbito coordinado por pertenecer al ámbito del Derecho penal: este tema constituye el objeto de la primera cuestión prejudicial planteada en este asunto, que examinaré en una sección posterior de las presentes conclusiones.
66.      En estas circunstancias, procede realizar algunas precisiones sobre el concepto de «ámbito coordinado», en el sentido de la Directiva 2000/31.
c)      Requisitos incluidos en el ámbito coordinado
67.      El artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31 define el concepto de «ámbito coordinado» como «los requisitos establecidos en los regímenes jurídicos de los Estados miembros y aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la información o a los servicios de la sociedad de la información, independientemente de si son de tipo general o destinados específicamente a los mismos».
68.      Además, el artículo 2, letra h), inciso i), de dicha Directiva establece que el ámbito coordinado se refiere a los requisitos que debe cumplir el prestador de servicios en relación con el inicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información y su ejercicio. Esa disposición precisa que los requisitos de ejercicio versan, en particular, sobre el comportamiento del prestador y la calidad o el contenido del servicio.
69.      Se desprende además de la jurisprudencia que los requisitos del ámbito coordinado tienen por objeto indicar cómo llevar a cabo la actividad de un servicio de la sociedad de la información para poder ejercerla legalmente. (28) Al margen de la naturaleza de la responsabilidad que pueda generarse por el incumplimiento de esas obligaciones (civil, administrativa, penal, etc.), el objeto de estas tiene una importancia decisiva. En efecto, un requisito en el sentido de la Directiva 2000/31 debe referirse en cualquier caso al inicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información o a su ejercicio.
70.      Ahora bien, el artículo 2, letra h), inciso ii), de la Directiva 2000/31 enuncia que el ámbito coordinado no se refiere a requisitos como los aplicables a las mercancías en sí, a la entrega de las mercancías y a los servicios no prestados por medios electrónicos. Es cierto que esta disposición emplea una formulación abierta («siguientes»). No obstante, la intención del legislador de la Unión en cuanto a estas limitaciones del alcance del ámbito coordinado se desprende claramente del considerando 21 de dicha Directiva. En efecto, como se precisa en ese considerando, (29) el ámbito coordinado se refiere solo a los requisitos relacionados con las actividades en línea.
71.      A la luz de estas consideraciones debe comprobarse si una obligación como la que prevé la medida nacional de que se trata constituye un requisito relativo al ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información.
d)      Obligación de aplicar las medidas técnicas de que se trata
72.      Para determinar si la obligación que se impone a los editores de servicios de comunicación en línea de que adopten medidas técnicas está comprendida en el ámbito coordinado, es preciso aclarar si esa obligación se refiere al inicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información o a su ejercicio.
73.      El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de examinar si una normativa nacional que impone a las farmacias que venden medicamentos en línea la obligación de incluir un cuestionario de salud en el proceso de pedido está comprendida en el ámbito coordinado, en el sentido de la Directiva 2000/31. La citada normativa nacional supeditaba la validación del primer pedido de medicamentos efectuado por un paciente en el sitio web de una oficina de farmacia a la previa cumplimentación de un cuestionario de salud en línea. (30)
74.      En su sentencia, el Tribunal de Justicia se refirió al artículo 2, letra h), inciso i), de la Directiva 2000/31, que prevé que el «ámbito coordinado» comprende los requisitos relativos al ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, en particular, los relativos al contenido del servicio, incluidos los aplicables a los contratos, y respondió a esa cuestión en sentido afirmativo. (31)
75.      En efecto, el Tribunal de Justicia consideró que la medida controvertida en el litigio principal regulaba las condiciones en las que puede celebrarse un contrato de venta en línea de medicamentos no sujetos a prescripción médica y la manera en que se ha de llevar a cabo la actividad de venta y asesoramiento en línea del farmacéutico. (32) De ello deduzco que una medida nacional que impone a un prestador de servicios de la sociedad de la información la obligación de establecer modalidades específicas de acceso a su servicio o para su uso constituye un requisito que guarda relación con el contenido de ese servicio. En efecto, una medida de este tipo determina la forma en que el prestador de servicios debe ejercer su actividad en el entorno digital frente a los usuarios de su servicio.
76.      A la luz de estas precisiones jurisprudenciales, debe considerarse que la medida nacional de que se trata regula el contenido del servicio accesible a los usuarios, ya que obliga al prestador del servicio a adoptar medidas técnicas a las que se enfrenta cualquier usuario. Por consiguiente, esa medida determina la forma en que el prestador de servicios debe ejercer su actividad.
77.      Además, una autoridad competente puede dirigir un requerimiento a un prestador de servicios que no ha adoptado las medidas técnicas necesarias y el incumplimiento de ese requerimiento puede dar lugar a que se impida el acceso a los sitios de que se trate y a la retirada de la referenciación. Por lo tanto, un proveedor de servicios debe cumplir la obligación de adoptar medidas para bloquear el acceso de los menores a efectos de poder prestar legalmente servicios de comunicación en línea.
78.      A la luz de las consideraciones anteriores y de las expuestas en el punto 64 de las presentes conclusiones, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el ámbito coordinado, según está definido en el artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, comprende la obligación que se impone a los editores de servicios de comunicación en línea de que adopten medidas técnicas encaminadas a prevenir que los menores accedan a contenidos pornográficos, aunque esta obligación no se refiera a ninguna de las materias reguladas por las disposiciones de armonización de los capítulos II y III de dicha Directiva.
2.      Sobre la primera cuestión prejudicial
a)      Sobre el alcance de la primera cuestión prejudicial
79.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide, en esencia, si la obligación de adoptar medidas técnicas encaminadas a prevenir que los menores accedan a contenidos pornográficos está excluida del ámbito coordinado, en el sentido del artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, debido a que esta obligación constituye un corolario de disposiciones generales y abstractas de Derecho penal que tipifican determinadas conductas como un delito que puede ser objeto de enjuiciamiento y que se aplican indistintamente a cualquier persona física o jurídica.
80.      Es preciso examinar varios elementos decisivos para determinar si la obligación de que se trata está excluida del ámbito coordinado, a saber, en primer término, el carácter general y abstracto de las disposiciones nacionales que se aplican indistintamente a cualquier persona física o jurídica; en segundo término, las disposiciones de la Directiva 2000/31 que delimitan ese ámbito y, en tercer término, la base jurídica de esta Directiva. Completaré las consideraciones relativas a estos elementos con observaciones sobre el artículo 3, apartado 4, de dicha Directiva.
b)      Carácter general y abstracto de las disposiciones nacionales
81.      El órgano jurisdiccional remitente llama la atención del Tribunal de Justicia sobre el hecho de que la obligación de que se trata se deriva de disposiciones de carácter general y abstracto que pueden aplicarse tanto al comportamiento de un prestador de servicios de la sociedad de la información como al comportamiento de cualquier otra persona física o jurídica.
82.      A este respecto, el artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31 define el «ámbito coordinado» como los requisitos aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la información o a los servicios de la sociedad de la información, independientemente de si son de tipo general o destinados específicamente a los mismos. Por consiguiente, en lo que respecta a su clasificación como requisito, carece de pertinencia que el ámbito de aplicación ratione personae de una disposición nacional no se limite a los prestadores de servicios de la sociedad de la información. Dicho esto, insisto en que un requisito establecido por una normativa nacional solo está comprendido en el ámbito coordinado en la medida en que se aplique a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
83.      En aras de la exhaustividad, ha de señalarse que el hecho de la difusión de imágenes de carácter pornográfico que puedan ser vistas por menores se prohibiera antes de la llegada de los servicios en línea no implica que la obligación en cuestión esté excluida del ámbito coordinado. En efecto, sin perjuicio de determinadas excepciones previstas por la Directiva 2000/31, toda medida nacional que se refiera al inicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información o a su ejercicio está comprendida en el ámbito coordinado. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha aclarado que el legislador de la Unión no previó una excepción que autorizara a los Estados miembros a mantener medidas anteriores a esa Directiva que pudieran limitar la libre prestación de servicios de la sociedad de la información sin cumplir las condiciones establecidas a tal efecto por dicha Directiva. (33) Por lo tanto, esas medidas están efectivamente comprendidas en el ámbito coordinado.
84.      En consecuencia, la circunstancia de que la obligación de que se trata resulte de disposiciones que se aplican «a cualquier persona física o jurídica» no puede excluirla del ámbito coordinado. A continuación, examinaré los elementos que delimitan el ámbito coordinado.
c)      Delimitación del ámbito coordinado
85.      Varios elementos de la Directiva 2000/31 delimitan el ámbito coordinado.
86.      Ha de señalarse que el alcance del ámbito coordinado está supeditado al ámbito de aplicación de la propia Directiva 2000/31 (artículo 1, apartado 5) y está determinado, por una parte, de manera positiva, mediante la definición del concepto de «ámbito coordinado» [artículo 2, letra h), inciso i)], y, por otra parte, de manera negativa, mediante las exclusiones expresamente previstas en dicha Directiva [artículo 2, letra h), inciso ii)]. Por último, el ámbito de aplicación del mecanismo establecido en el artículo 3 de dicha Directiva está acotado por el apartado 3 de dicho artículo y el anexo al que se remite.
87.      Examinaré estos distintos elementos para determinar si las disposiciones de Derecho penal están excluidas del ámbito coordinado.
88.      En primer lugar, la Directiva 2000/31 precisa en su artículo 1, apartado 5, que no se aplica en materia de fiscalidad ni a determinadas cuestiones y actividades específicas. Por consiguiente, el legislador de la Unión no pretendió supeditar esa materia y esas cuestiones a dicha Directiva ni al mecanismo previsto en su artículo 3. (34) No obstante, la citada disposición no incluye, entre las materias y cuestiones excluidas del ámbito de aplicación de la referida Directiva, el Derecho penal.
89.      En segundo lugar, el artículo 2, letra h), inciso ii), de la Directiva 2000/31 precisa que el ámbito coordinado no se refiere a requisitos aplicables a las mercancías en sí, a la entrega de mercancías y a los servicios no prestados por medios electrónicos. Aunque esa disposición tiene una redacción abierta («siguientes»), del considerando 21 de esa Directiva resulta que el legislador de la Unión pretendió excluir del ámbito coordinado los requisitos que no guardan relación con actividades en línea. (35) Por lo tanto, los requisitos que guardan relación con la parte de la actividad de un prestador de servicios de la sociedad de la información que desarrolla en línea no están excluidos del ámbito coordinado, sobre la base del artículo 2, letra h), inciso ii), de la citada Directiva, por el mero hecho de tener su origen en el Derecho penal.
90.      Por último, en tercer lugar, de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 2000/31, el Derecho penal no está incluido en la lista de ámbitos en los que no se aplica el mecanismo previsto en ese artículo 3. (36) Además, conviene destacar que ese apartado, como excepción a la regla general contenida en el referido artículo, debe interpretarse de manera estricta. (37)
91.      En consecuencia, ninguna de las disposiciones de la Directiva 2000/31 que trazan los límites del ámbito coordinado permite concluir que las medidas de Derecho penal de un Estado miembro estén excluidas del mencionado ámbito.
d)      Base jurídica de la Directiva 2000/31 y Derecho penal
92.      En sus observaciones escritas, el Gobierno francés alega que la Directiva 2000/31 se adoptó sobre la base, en particular, del artículo 95 CE (cuyo tenor se ha reproducido en el artículo 114 TFUE (38)), que no se refiere al Derecho penal de los Estados miembros, y en un momento en el que el legislador de la Unión aún no tenía competencia para adoptar directivas en materia penal o que afectaran al Derecho penal de los Estados miembros. Pues bien, en opinión de ese Gobierno, aplicar el artículo 3 de esa Directiva a las normas del Derecho penal supondría designar como ley aplicable y como autoridades competentes para perseguir delitos las de un único Estado miembro, lo que constituiría una armonización del Derecho penal prohibida por el considerando 8 de dicha Directiva.
93.      Por otra parte, el Gobierno francés sostiene que una definición excesivamente amplia del ámbito coordinado, en el sentido de la Directiva 2000/31, que englobe el Derecho penal vulneraría el principio de territorialidad de la ley penal. Tal definición llevaría, por una parte, a armonizar las competencias en materia penal y de enjuiciamiento criminal sin fundamento alguno a la luz del estado actual del Derecho de la Unión y, por otra, a una peligrosa divergencia en el régimen aplicable a la lucha contra los delitos, en función de que hayan sido cometidos en línea o no.
94.      A este respecto, es cierto que el considerando 8 de la Directiva 2000/31 precisa que «el objetivo de la [referida] Directiva es crear un marco jurídico que garantice la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información entre Estados miembros y no armonizar el campo de la legislación penal en sí».
95.      Sin embargo, esta precisión no puede entenderse en el sentido de que, para evitar la armonización del ámbito del Derecho penal en sí, los requisitos aplicables a los servicios de la sociedad de la información o a los prestadores de estos servicios y que tengan su origen en el Derecho penal deban quedar excluidos del ámbito coordinado.
96.      En efecto, según su artículo 1, apartado 2, la Directiva 2000/31 aproxima entre sí determinadas disposiciones nacionales aplicables a los servicios de la sociedad de la información relativas, en particular, al mercado interior. Esta precisión se refiere al artículo 3 de esa Directiva. En esencia, el artículo citado armoniza la forma en que los Estados miembros abordan la aplicabilidad de disposiciones nacionales que pueden restringir la libre circulación de servicios de la sociedad de la información.
97.      De este modo, la Directiva 2000/31 no pone en entredicho la competencia de los Estados miembros en materia penal y de enjuiciamiento criminal. Tampoco exige que se adopten normas nacionales específicas en este ámbito. No obstante, hay que distinguir entre la cuestión de la existencia de una competencia a nivel nacional y la cuestión consistente en si el ejercicio de esa competencia se ajusta al Derecho de la Unión.
98.      A este respecto, la Directiva 2000/31 se adoptó sobre la base del artículo 47 CE, apartado 2, y de los artículos 55 CE y 95 CE, cuyos términos se han reproducido, respectivamente, en los artículos 53 TFUE, apartado 1, 62 TFUE y 114 TFUE. Esa Directiva tiene como objetivo, según su artículo 1, apartado 1, contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior garantizando la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información entre los Estados miembros. (39) A tal efecto, su artículo 3 impone que se respeten los requisitos en el ámbito coordinado que estén en vigor en el Estado miembro del prestador. (40) Si el legislador de la Unión hubiera considerado que la realización de ese objetivo exigía incluir en el ámbito coordinado disposiciones nacionales del ámbito del Derecho penal, podía haberse basado en el artículo 114 TFUE para ello.
99.      En efecto, a tenor del artículo 114 TFUE, apartado 1, el Parlamento y el Consejo adoptarán las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. El legislador de la Unión puede recurrir al artículo 114 TFUE, en especial, en caso de disparidad entre las regulaciones nacionales cuando tales disparidades puedan obstaculizar el ejercicio de las libertades fundamentales o crear distorsiones de la competencia que incidan directamente en el funcionamiento del mercado interior. (41) Si se cumplen los requisitos para utilizar el artículo 114 TFUE como base jurídica, no puede impedirse al legislador de la Unión que se funde en esta base jurídica por el hecho de que la protección de los intereses generales contemplados en el apartado 3 de dicho artículo, entre los que figura la seguridad, sea determinante en las decisiones que deban tomarse. (42)
100. Asimismo, si se considerase que toda medida nacional del ámbito del Derecho penal está excluida del ámbito coordinado, los Estados miembros podrían eludir fácilmente el mecanismo previsto en el artículo 3 de la Directiva 2000/31: les bastaría con regular el ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información adoptando disposiciones de carácter penal. Este enfoque en la interpretación del concepto de «ámbito coordinado» podría poner en peligro el objetivo del referido mecanismo y su efecto útil.
101. Además, entiendo la alegación del Gobierno francés según la cual la aplicación del mecanismo establecido en el artículo 3 de la Directiva 2000/31 para alcanzar el objetivo de la libre circulación de servicios de la sociedad de la información puede afectar a la aplicabilidad territorial de las normas nacionales de Derecho penal. Dicho esto, y como acabo de indicar, ese efecto jurídico estaba efectivamente comprendido en las competencias del legislador de la Unión. Por otra parte, los mecanismos del mercado interior, en particular los basados en el principio del país de origen, pueden afectar por definición al ámbito de aplicación territorial de las normas nacionales.
102. A este último respecto, como reconoce el propio Gobierno francés, el Derecho penal no puede quedar absolutamente excluido del ámbito coordinado. En efecto, ese Gobierno entiende que la solución que se establece en el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 2006/123/CE (43) podría transponerse, por analogía, a la Directiva 2000/31. Por lo tanto, una disposición penal quedaría comprendida en el ámbito coordinado, definido en el artículo 2, letra h), de la segunda Directiva, si regula específicamente el acceso o el ejercicio de una actividad de este tipo eludiendo las normas establecidas en la citada Directiva. (44)
103. En este sentido, procede recordar que la Directiva 2006/123 se adoptó sobre la base de los artículos 47 CE, apartado 2, y 55 CE, que corresponden, respectivamente, a los artículos 53 TFUE, apartado 1, y 62 TFUE. Estas disposiciones también figuran entre las que se citan como fundamento jurídico de la Directiva 2000/31.
104. Por consiguiente, si la Directiva 2006/123 —que establece que no afecta a la normativa en materia de Derecho penal (45) ni la menoscaba (46)— puede incidir en la aplicación territorial de las disposiciones de Derecho penal, no puede ser de otra manera en lo que respecta a la Directiva 2000/31, que regula las normas nacionales de ese ámbito jurídico de un modo más liberal. En efecto, esa segunda Directiva no contiene ninguna disposición similar al artículo 1, apartado 5, de la Directiva 2006/123. En cuanto a las referencias al Derecho penal, la única coincidencia entre ambas Directivas es que sus considerandos señalan que no armonizan ese ámbito del Derecho. (47)
105. En cualquier caso, el resultado que persiguen ambas Directivas es el mismo. En efecto, un Estado miembro no puede restringir la libre prestación de servicios en el mercado interior, tal y como se aplica de conformidad con las modalidades establecidas en una u otra directiva, recurriendo a las disposiciones penales de su legislación nacional.
106. En conclusión, el hecho de que la Directiva 2000/31 se adoptara sobre la base de los artículos del Tratado CE que corresponden a los artículos 53 TFUE, apartado 1, 62 TFUE y 114 TFUE no implica que las disposiciones de Derecho penal estén excluidas del ámbito coordinado, en el sentido del artículo 2, letra h), de dicha Directiva.
e)      Aplicación del Derecho penal como excepción a la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información
107. Según la lógica del mecanismo establecido en el artículo 3 de la Directiva 2000/31, un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido el prestador de un servicio de la sociedad de la información no puede, en principio, aplicar a dicho prestador requisitos que forman parte del ámbito coordinado. En virtud del artículo 3, apartado 4, de la referida Directiva, ese Estado miembro puede tomar no obstante, respecto de un determinado servicio de la sociedad de la información, medidas que constituyen excepciones al principio de libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información enunciado en el artículo 3, apartado 2, de la mencionada Directiva, si cumplen varias condiciones acumulativas. (48)
108. Con arreglo al artículo 3, apartado 4, letra a), de la Directiva 2000/31, la medida restrictiva de que se trate debe ser necesaria para garantizar, en especial, el orden público, en particular la prevención, investigación, descubrimiento y procesamiento del delito, incluidas la protección de menores y la lucha contra la instigación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, así como las violaciones de la dignidad humana de personas individuales. Las medidas necesarias para garantizar estos objetivos de interés público podrían estar comprendidas en el ámbito del Derecho penal. Cabría pues argumentar que, si las disposiciones del Derecho penal estuvieran excluidas del ámbito coordinado, no sería necesario permitir a un Estado miembro que establezca excepciones al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2000/31 en aras del cumplimiento de esos objetivos de interés general.
109. En el mismo orden de ideas, la Directiva 2000/31 dispone, en su artículo 3, apartado 4, letra b), que un Estado miembro puede establecer excepciones a su artículo 3, apartado 2, siempre que, además de haber pedido al Estado miembro en cuyo territorio esté establecido el prestador del servicio de que se trate que tome medidas, haya notificado a la Comisión y a dicho Estado miembro su intención de adoptar las medidas restrictivas en cuestión. No obstante, con arreglo a esta primera disposición, un Estado miembro que desee adoptar tales medidas de excepción estará sujeto a las referidas obligaciones «sin perjuicio de los procesos judiciales, incluidas las actuaciones preliminares y los actos realizados en el marco de una investigación criminal». Aunque este inciso puede suscitar dudas de interpretación, es evidente que refleja la voluntad del legislador de la Unión de delimitar la aplicación de las disposiciones de Derecho penal en el contexto del mecanismo establecido en el artículo 3 de la Directiva 2000/31.
110. También en este contexto, el inciso que figura en el artículo 3, apartado 4, letra b), de la Directiva 2000/31 se aclara en su considerando 26, que dispone que los Estados miembros, de conformidad con las condiciones establecidas en esa Directiva, pueden aplicar sus normas nacionales sobre Derecho penal y enjuiciamiento criminal con vistas a adoptar todas las medidas de investigación y otras, necesarias para la averiguación y persecución de delitos, «sin que sea necesario notificar dichas medidas a la Comisión». De ello resulta que la aplicación de tales normas nacionales, aunque obstaculice la libre circulación de un servicio de la sociedad de la información, no debe notificarse con arreglo al artículo 3, apartado 4, letra b), de dicha Directiva. No obstante, al igual que cualquier otra medida que forme parte del ámbito coordinado, las mencionadas normas nacionales deben cumplir los requisitos materiales establecidos en el artículo 3, apartado 4, letra a), de la misma Directiva. De ello se desprende que las disposiciones nacionales de Derecho penal y enjuiciamiento criminal no están excluidas, en sí, del ámbito coordinado.
f)      Conclusión
111. Por todas las razones que acabo de exponer, debe considerarse que la obligación de que se trata no puede quedar excluida del ámbito coordinado por el mero hecho de constituir un corolario de disposiciones de Derecho penal.
112. Por consiguiente, propongo que se responda a la primera cuestión prejudicial que no cabe excluir del ámbito coordinado, en el sentido del artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, la obligación de adoptar medidas técnicas encaminadas a prevenir que los menores accedan a contenidos pornográficos por el mero hecho de que esta obligación constituya un corolario de disposiciones generales y abstractas de Derecho penal que tipifican determinadas conductas como un delito que puede ser objeto de enjuiciamiento y que se aplican indistintamente a cualquier persona física o jurídica.
3.      Sobre la tercera cuestión prejudicial
a)      Sobre el alcance de la tercera cuestión prejudicial
113. Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si, habida cuenta de que la adopción de medidas individuales contra un servicio determinado no parece apta para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 24 de la Carta y en el artículo 8 del CEDH, es posible establecer excepciones al mecanismo previsto en el artículo 3 de la Directiva 2000/31 para imponer a una categoría de prestadores de servicios una obligación derivada de disposiciones generales y abstractas.
114. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente parte de la premisa de que, a la luz de los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31, la adopción de medidas individuales no puede garantizar tal protección. Dicho órgano jurisdiccional deduce de ello que la posibilidad de adoptar una medida que cumpla estos requisitos contra un editor de servicios de comunicación al público en línea no responde a las exigencias que impone la protección de los derechos fundamentales.
115. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si, suponiendo que la Directiva 2000/31 se oponga a una obligación derivada de disposiciones generales y abstractas como la que constituye el objeto del presente asunto, el Estado miembro de destino de los servicios puede imponer en cualquier caso esta obligación a los prestadores establecidos en otros Estados miembros por la vía de los derechos fundamentales.
116. Esta cuestión únicamente se plantea si concurren tres requisitos: en primer término, que la obligación de que se trate forme parte del ámbito coordinado, en el sentido del artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31; en segundo término, que la aplicación de dicha obligación restrinja, en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la referida Directiva, la libertad de prestación de los servicios de la sociedad de la información y, en tercer término, que la citada obligación no cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 4, de esa misma Directiva.
117. A este respecto, según se desprende de mi análisis de las dos primeras cuestiones prejudiciales, la obligación de que se trata constituye una exigencia comprendida en el ámbito coordinado, en el sentido del artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31. (49)
118. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente es plenamente consciente de que la obligación de que se trata no cumple los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31. En efecto, esta obligación nace de disposiciones generales y abstractas que, como señala el órgano jurisdiccional remitente, se aplican indistintamente a cualquier persona física o jurídica. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha aclarado que las medidas nacionales de alcance general y abstracto no pueden calificarse de «medidas tomadas en contra de un determinado servicio de la sociedad de la información», en el sentido del artículo 3, apartado 4, letra a), de la mencionada Directiva, (50) mediante las cuales el Estado miembro de destino de los servicios pueda restringir la libre circulación de esos servicios.
119. En consecuencia, antes de examinar la tercera cuestión prejudicial, procede determinar con carácter previo si la obligación de que se trata restringe la libertad de prestación de los servicios de la sociedad de la información.
b)      Restricción de la libertad de prestación de servicios
120. En mi opinión, el legislador de la Unión ha aclarado que la aplicación a un prestador de servicios de una obligación como la que constituye el objeto del presente asunto restringe la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información y que, sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31, esta obligación no puede ser impuesta por un Estado miembro distinto de aquel en el que dicho prestador está establecido.
121. En efecto, en virtud del artículo 6 bis, apartado 1, de la Directiva 2010/13, los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para velar por que los servicios de comunicación audiovisual ofrecidos por prestadores sujetos a su jurisdicción que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo sean accesibles de un modo que garantice que, normalmente, dichos menores no los verán ni oirán, medidas que podrán incluir instrumentos de verificación de la edad.
122. Por otro lado, del artículo 28 bis, apartado 1, de la Directiva 2010/13, en relación con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2000/31, resulta que el prestador de una plataforma de intercambio de vídeos está sujeto a la jurisdicción del Estado miembro en cuyo territorio esté establecido. Además, el artículo 28 ter, apartado 1, de la Directiva 2010/13 dispone que dicho Estado miembro velará por que el prestador de servicios adopte las medidas adecuadas para proteger a los menores de los vídeos generados por los usuarios que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral. A tenor del artículo 28 ter, apartado 3, de la misma Directiva, estas medidas consisten, en particular, según corresponda, en establecer y operar sistemas de verificación de la edad para los usuarios de las plataformas de intercambio de vídeos con respecto a esos vídeos.
123. Además, el artículo 15 del Reglamento (UE) 2024/1083 (51) ha instaurado un mecanismo que permite a cualquier autoridad u organismo regulador nacional pertinente solicitar a su homólogo del Estado miembro de establecimiento del prestador que adopte las medidas necesarias y proporcionadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos con arreglo al artículo 28 ter, apartados 1, 2 y 3, de la Directiva 2010/13. Del artículo 15, apartado 1, de dicho Reglamento («sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2000/31»), interpretado a la luz de su considerando 45, se desprende que, cuando el uso de dicho mecanismo no conduzca a una solución amistosa, la libertad de facilitar servicios de la sociedad de la información desde otro Estado miembro solo puede restringirse cuando se hayan cumplido las condiciones previstas en el artículo 3 de la Directiva 2000/31 y se haya seguido el procedimiento establecido en dicho artículo.
124. Al margen de si el Reglamento 2024/1083 es aplicable ratione temporis (52) y de si los servicios de comunicación en línea objeto de la petición de decisión prejudicial planteada en el asunto C‑190/24 incluyen también servicios que no son plataformas de intercambio de vídeos en el sentido del citado Reglamento, el artículo 15 de ese Reglamento confirma que el legislador de la Unión pretendió recordar el principio que se deriva del artículo 3 de la Directiva 2000/31 según el cual las medidas necesarias para garantizar la protección de los menores, como las indicadas en el artículo 28 ter, apartados 1 a 3, de la Directiva 2010/13, deben ser adoptadas y aplicadas por el Estado miembro en el que el prestador del servicio de la sociedad de la información está establecido, de manera que las medidas de este tipo adoptadas por otro Estado miembro menoscaban la competencia en ese primer Estado miembro y restringen la libertad de prestación de los servicios de la sociedad de la información.
125. Por consiguiente, debe considerarse que una obligación de adoptar medidas técnicas encaminadas a prevenir que los menores accedan a contenidos pornográficos como la que constituye el objeto del presente asunto, restringe, por principio, la libertad de prestación de los servicios de la sociedad de la información.
126. Conviene precisar que esta consideración no solo es válida con respecto a esa obligación, que se deriva de disposiciones generales y abstractas de Derecho penal, sino también con respecto a un requerimiento de una autoridad competente dirigida a un editor de un servicio de comunicación en línea.
127. En efecto, para cumplir la obligación establecida en el artículo 28 ter, apartado 2, de la Directiva 2010/13, los operadores de plataformas en línea no solo deben restringir el acceso a contenidos pornográficos, sino también establecer una solución que proteja de manera eficaz a los menores contra los contenidos pornográficos, lo que tiene por efecto modificar la forma en que ejercen la actividad de un servicio de la sociedad de la información.
128. Del mismo modo, aunque el artículo 23 de la Ley de 30 de julio de 2020 pueda llevar a pensar que se puede dirigir un requerimiento a un prestador debido a un (único) contenido pornográfico, el artículo 3 del Decreto de 7 de octubre de 2021 sugiere que esta medida se refiere al procedimiento técnico establecido para garantizar que los usuarios que deseen acceder al servicio sean mayores de edad.
129. Por todas las razones que acabo de exponer, debe considerarse que la obligación de adoptar medidas técnicas encaminadas a prevenir que los menores accedan a contenidos pornográficos restringe, por principio, la libre prestación de los servicios de la sociedad de la información. Un Estado miembro, para poder imponer esa obligación a un prestador establecido en otro Estado miembro, debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31.
130. A continuación, abordaré la problemática que suscita la tercera cuestión prejudicial, a saber, la conciliación de los requisitos establecidos en la Directiva 2000/31 con las exigencias relativas a la protección de los derechos fundamentales.
c)      Aplicación de los derechos fundamentales para establecer excepciones al artículo  3, apartados  1 y 2, de la Directiva 2000/31
131. Como ha señalado la Comisión, la tercera cuestión prejudicial sugiere que, dados sus límites intrínsecos, la Directiva 2000/31 no cumple las exigencias en materia de protección de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 24 de la Carta y en el artículo 8 del CEDH.
132. No obstante, del considerando 10 de la Directiva 2000/31 se desprende que el mecanismo que instaura en su artículo 3, para garantizar un espacio sin fronteras interiores para el comercio electrónico, asegura un alto nivel de protección de los objetivos de interés general y, en especial, la protección de los menores.
133. A este respecto, como ya he observado, (53) ese mecanismo se basa en la aplicación, en particular, del principio de control en el Estado miembro de origen. Conforme a ese principio, incumbe a cada Estado miembro, en su condición de Estado miembro de origen de servicios de la sociedad de la información, regular tales servicios y proteger, de ese modo, los objetivos de interés general mencionados en el artículo 3, apartado 4, letra a), inciso i), de la Directiva 2000/31. (54) Entre esos objetivos se cuenta la protección del orden público, que incluye, a la luz de la redacción de esa disposición y del considerando 10 de la citada Directiva, la protección de menores. Por lo tanto, el control que realiza el Estado miembro de origen debe garantizar una protección eficaz de este objetivo no solo en interés del Estado miembro de origen y de sus ciudadanos, sino también de los demás Estados miembros y de sus ciudadanos. (55)
134. Por otra parte, la Directiva 2000/31 se basa asimismo en el principio de reconocimiento mutuo en virtud del cual cada Estado miembro, como Estado miembro de destino de servicios de la sociedad de la información, vela por no restringir la libre prestación de tales servicios. En consecuencia, el Estado miembro de destino debe considerar que el Estado miembro en el que está establecido el prestador de servicios garantiza, a un nivel adecuado, el objetivo de interés general de protección de los menores. Cuando no existe esa protección, la única opción de que dispone el primer Estado miembro para poner remedio a esa situación es adoptar medidas, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 4, de dicha Directiva.
135. A este respecto, la Directiva 2010/13 responde a las exigencias que se imponen a efectos de la protección de los menores. En particular, en virtud de su artículo 28 ter, los Estados miembros velarán por que los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos establecidos en su territorio adopten medidas adecuadas para proteger a los menores. Esas medidas pueden consistir en establecer sistemas de verificación de la edad. (56) Cuando el Estado miembro de origen no garantiza el nivel requerido de protección de los menores, el Estado miembro de destino puede adoptar las medidas previstas en el apartado 4 del artículo 3 de la mencionada Directiva.
136. El objetivo de interés general de protección de los menores que persigue la medida nacional de que se trata está protegido, por una parte, en el contexto de la aplicación del principio de control en el Estado miembro de origen, según las disposiciones previstas a tal efecto por la Directiva 2013/10, y, por otra parte, mediante el mecanismo de excepción al que pueden recurrir puntualmente los demás Estados miembros, respetando los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31.
137. De este modo, el legislador de la Unión ha procurado conciliar las exigencias del mercado interior y de la protección de los derechos fundamentales. Entender que los mecanismos que prevén a tal efecto las Directivas 2000/31 y 2010/13 no responden a las exigencias de los artículos 1 y 24 de la Carta supondría poner en entredicho la validez de ambas Directivas.
138. Y lo que es más importante, estos mecanismos reflejan el consenso alcanzado por los Estados miembros sobre sus responsabilidades a la hora de proteger a los menores de contenidos nocivos en un espacio sin fronteras interiores para el comercio electrónico. Poner en tela de juicio estos mecanismos comprometería su eficacia y socavaría la confianza mutua entre los Estados miembros.
139. Además, aunque el Tribunal de Justicia ha reconocido que un Estado miembro puede invocar un derecho fundamental para obtener su protección cuando ninguna disposición de Derecho derivado se lo permita, esta solución resulta válida en un contexto en el que el acto jurídico del Derecho de la Unión no prevea ningún mecanismo de excepción que atribuya a ese Estado la facultad de salvaguardar el derecho fundamental de que se trate. (57) Ahora bien, la Directiva 2000/31 sí ha establecido tal mecanismo en el artículo 3, apartado 4, de manera que esa jurisprudencia no puede extrapolarse al presente asunto.
140. Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el hecho de que la adopción de medidas individuales contra un servicio determinado no sea apta para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 24 de la Carta y en el artículo 8 del CEDH no permite establecer excepciones al mecanismo previsto en el artículo 3 de la Directiva 2000/31 para imponer a una categoría de prestadores de servicios una obligación derivada de disposiciones generales y abstractas.
E.      Asunto C‑190/24
1.      Sobre la primera cuestión prejudicial
141. La primera cuestión tiene por objeto que se dilucide si el ámbito coordinado, tal como se define en el artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, engloba la prohibición impuesta a los operadores de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización de retransmitir, por medio de ese servicio, cualquier mensaje o indicación enviados por los usuarios y que permitan a los demás usuarios evitar ciertos controles de carretera, aunque dicha prohibición no se refiera a ninguna de las materias reguladas por las disposiciones de armonización de los capítulos II y III de dicha Directiva.
142. Procede recordar, tal y como se desprende de mis consideraciones relativas a la segunda cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑188/24, que el ámbito coordinado, tal como se define en el artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, también engloba los requisitos relativos al ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información cuando tales requisitos no se refieren a las materias reguladas por las disposiciones de armonización de los capítulos II y III de dicha Directiva. (58)
143. Por consiguiente, para responder a esta cuestión prejudicial ha de determinarse si la prohibición de retransmisión en cuestión constituye un requisito que forma parte del ámbito coordinado.
144. A este respeto procede observar que la prohibición de retransmisión de que se trata afecta al ejercicio de una actividad de un servicio de la sociedad de la información. En efecto, para respetar esa prohibición el prestador de servicios está obligado a limitar o suspender el funcionamiento normal de su servicio y, por consiguiente, a ejercer esa actividad de una manera específica. En el caso de autos, la circunstancia de que la prohibición de retransmisión de que se trata únicamente obligue al prestador a limitar el funcionamiento de su servicio de manera puntual y con respecto a un control de carreteras determinado, no altera el contenido esencial de la obligación derivada de dicha prohibición. En cambio, esta circunstancia puede resultar pertinente de cara al examen dirigido a determinar si dicha prohibición restringe la libertad de prestación de servicios, en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2000/31, o si cumple los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 4, de dicha Directiva.
145. Conviene recordar, por otro lado, que la prohibición de retransmisión de que se trata va acompañada de una sanción: (59) su respeto condiciona pues el ejercicio legal de la actividad de un servicio de la sociedad de la información.
146. En estas circunstancias, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el ámbito coordinado, tal como se define en el artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, engloba la prohibición impuesta a los operadores de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización de retransmitir, por medio de este servicio, cualquier mensaje o indicación enviados por los usuarios y que permitan a los demás usuarios evitar ciertos controles de carretera, aunque dicha prohibición no se refiera a ninguna de las materias reguladas por las disposiciones de armonización de los capítulos II y III de dicha Directiva.
2.      Sobre la segunda cuestión prejudicial
a)      Alcance de la cuestión prejudicial y nueva formulación
147. La segunda cuestión prejudicial, según ha sido formulada por el órgano jurisdiccional remitente, versa, en esencia, sobre si la prohibición de retransmisión de que se trata está excluida del ámbito coordinado, en el sentido del artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, por ser necesaria para garantizar la eficacia de los controles de carretera para aprehender a personas buscadas por delitos o que representan una amenaza para el orden público o la seguridad pública.
148. A este respecto, esta formulación da a entender que la cuestión tiene por objeto que se dilucide si la prohibición de retransmisión de que se trata está comprendida en el ámbito de aplicación del ámbito coordinado, en el sentido del artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31.
149. Por otra parte, esa cuestión se remite al considerando 26 de la Directiva 2000/31 («aunque el considerando 26 […] señala que») según el cual «los Estados miembros […] pueden aplicar sus normas nacionales sobre Derecho penal y enjuiciamiento criminal con vistas a adoptar todas las medidas de investigación y otras, necesarias para la averiguación y persecución de delitos […]». Esta referencia, precedida del término «aunque», permite comprender que el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide si la prohibición de retransmisión de que se trata está excluida del ámbito coordinado, en el sentido del artículo 2, letra h), de dicha Directiva, debido a que es necesaria para garantizar la eficacia de los controles de carretera para aprehender a personas buscadas por delitos o que representan una amenaza para el orden público o la seguridad pública.
150. Ha de señalarse que Coyote System considera que, aunque la prohibición de retransmisión de que se trata está comprendida en el ámbito coordinado, no puede constituir una medida de ese ámbito mediante la cual un Estado miembro de destino de servicios de la sociedad de la información pueda establecer excepciones al principio consagrado en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2000/31 y restringir la libertad de prestación de esos servicios.
151. A este respecto, Coyote System sostiene que, contrariamente a lo que exige el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31, la medida nacional que impone la prohibición de retransmisión de que se trata no tiene por objeto un determinado servicio de la sociedad de la información. Por el contrario, utilizando los términos empleados en la sentencia Google Ireland y otros (60) citada en la resolución de remisión, esa prohibición constituye, en su opinión, una «medida general y abstracta que se refiere a una categoría de determinados servicios de la sociedad de la información descrita genéricamente y que es aplicable indistintamente a cualquier prestador de esa categoría de servicios». (61)
152. Desde esa perspectiva, mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita pues al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si el artículo 3 de la Directiva 2000/31 se opone a la prohibición de retransmisión que la República Francesa, como Estado miembro de destino de servicios de la sociedad de la información, pretende imponer a los prestadores establecidos en otros Estados miembros.
153. En ese mismo contexto, el Gobierno francés ha propuesto en sus observaciones escritas otro enfoque para analizar la legalidad de la prohibición de retransmisión de que se trata. En esencia, según ese Gobierno, la mencionada prohibición no restringe la libertad de prestación de servicios y, por lo tanto, no está sujeta a los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31. En apoyo de su tesis, dicho Gobierno se basa en el artículo 14, apartado 3, de la referida Directiva, que alude a los requerimientos dirigidos a los prestadores de servicios de alojamiento de datos.
154. Ese razonamiento puede influir en la conformidad de la prohibición de retransmisión de que se trata con la Directiva 2000/31. Por consiguiente, propongo que también se examine esa línea de análisis con el fin de proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que puedan serle útiles para determinar si las disposiciones nacionales controvertidas son compatibles con esa Directiva.
155. A tal efecto, propongo reformular la segunda cuestión prejudicial y considerar que, mediante ella, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si el artículo 3 de la Directiva 2000/31 se opone a una prohibición de retransmisión de los mensajes o indicaciones enviados por los usuarios de un servicio de asistencia a la conducción o a la navegación mediante geolocalización que un Estado miembro de destino de esos servicios pretende imponer a los operadores de tales servicios establecidos en otros Estados miembros.
b)      Estructura del análisis
156. En sus observaciones escritas, el Gobierno francés indica que el examen de la legalidad de la prohibición de retransmisión de que se trata a la luz de la Directiva 2000/31 debería comenzar con el análisis de la problemática de los requerimientos a que se refiere el artículo 14, apartado 3, de esta, que no están sujetos a las exigencias previstas en su artículo 3 debido a que no restringen la libertad de prestación de los servicios de la sociedad de la información.
157. Pues bien, en el contexto de la Directiva 2000/31, la cuestión de si una medida nacional restringe la libre circulación de servicios solo es pertinente si esa medida constituye un requisito del ámbito coordinado, en el sentido del artículo 2, letra h), de esa misma Directiva. En efecto, del artículo 3, apartado 2, de la mencionada Directiva resulta que los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito coordinado. (62) Por consiguiente, una medida nacional que dé lugar a esa restricción pero que no forme parte del ámbito coordinado carece de pertinencia a efectos del artículo 3 de la citada Directiva.
158. Habida cuenta de esta observación, examinaré, en primer lugar, si, habida cuenta de los objetivos que persigue, la prohibición de retransmisión de que se trata está excluida del ámbito coordinado [sección c)]; en segundo lugar, analizaré los argumentos del Gobierno francés en el sentido de que esta prohibición no restringe la libertad de prestación de servicios [sección d)] y, en tercer lugar, estudiaré brevemente la alegación de Coyote System según la cual dicha prohibición no puede cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31 [sección e)].
c)      Protección del orden público y la seguridad pública
159. Se plantea la cuestión de si la prohibición de retransmisión de que se trata queda excluida del ámbito coordinado por ser necesaria para garantizar la eficacia de los controles de carretera para aprehender a personas buscadas por delitos o que representan una amenaza para el orden público o la seguridad pública.
160. A este respecto, en primer lugar, como ya he señalado, (63) una medida nacional no puede quedar excluida del ámbito coordinado por el único motivo de que es el corolario de disposiciones de Derecho penal. Por lo tanto, con mayor razón no hay ningún motivo para entender que una medida necesaria para contribuir a la aplicación del Derecho penal o a la protección de objetivos de interés general, como el orden público o la seguridad pública, queda excluida del citado ámbito.
161. En segundo lugar, ni la naturaleza de un objetivo de interés general que un Estado miembro pretenda proteger mediante una medida nacional ni el hecho de que tal medida sea necesaria para alcanzarlo son decisivos para calificar a esa medida como «requisito del ámbito coordinado». En efecto, para determinar que una medida nacional constituye un requisito de este tipo es preciso examinar su objeto y comprobar si guarda relación con el inicio de una actividad de la sociedad de la información o con su ejercicio. (64)
162. En tercer lugar, en el contexto de la Directiva 2000/31, los objetivos de interés general desempeñan un papel particular y distinto del objeto de la medida de que se trata. En esencia, un Estado miembro puede basarse en los objetivos de interés general enumerados en el artículo 3, apartado 4, letra a), inciso i), de dicha Directiva para establecer excepciones al principio de libertad de prestación de los servicios de la sociedad de la información a través de una medida comprendida en el ámbito coordinado. La protección del orden público, en particular la prevención, investigación, descubrimiento y procesamiento del delito, así como la protección de la seguridad pública estén incluidos entre esos objetivos de interés general.
163. En cuarto lugar, el pasaje del considerando 26 de la Directiva 2000/31 que el órgano jurisdiccional remitente destaca, señala que los Estados miembros pueden aplicar sus normas nacionales sobre Derecho penal y enjuiciamiento criminal con vistas a adoptar todas las medidas de investigación y otras, necesarias para la averiguación y persecución de delitos. Procede destacar que ese considerando también aclara que los Estados miembros pueden ejercer esta facultad de conformidad con las condiciones establecidas en la mencionada Directiva. En efecto, como he señalado en el punto 110 de las presentes conclusiones, la Directiva 2000/31 establece las condiciones en las que un Estado miembro de destino puede adoptar las medidas necesarias para la prevención, investigación, descubrimiento y procesamiento de delitos. Como cualquier otra medida comprendida en el ámbito coordinado mediante la cual un Estado miembro de destino pretenda restringir la libre circulación de servicios, las medidas mencionadas en el considerando 26 de la Directiva 2000/31 deben respetar, como mínimo, los requisitos materiales establecidos en su artículo 3, apartado 4, letra a). De ello deduzco que las medidas necesarias para la averiguación y la persecución de delitos no están excluidas del ámbito coordinado.
164. En consecuencia, una medida que guarda relación con el ejercicio de una actividad de la sociedad de la información no puede quedar excluida del ámbito coordinado por el mero hecho de responder a los objetivos de interés general de protección del orden público y de la seguridad pública.
165. Por lo tanto, procede concluir, con carácter provisional, que la prohibición de retransmisión de que se trata no puede excluirse del ámbito coordinado, en el sentido del artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, por ser necesaria para garantizar la eficacia de los controles de carretera para aprehender a personas buscadas por delitos o que representan una amenaza para el orden público o la seguridad pública.
d)      Requerimientos que no restringen la libertad de circulación de los servicios de la sociedad de la información
1)      Exposición del problema
166. Del análisis realizado hasta ahora se desprende que la prohibición de retransmisión de que se trata está efectivamente incluida en el ámbito coordinado.
167. Además, la Directiva 2000/31 no se opone, a priori, a una prohibición de retransmisión que un Estado miembro de destino de servicios de la sociedad de la información pretenda imponer a los prestadores de esos servicios establecidos en otros Estados miembros, siempre que cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 4, letras a) y b), de dicha Directiva. En efecto, cuando concurren esos requisitos, un Estado miembro en el que se presten servicios de la sociedad de la información podrá restringir la libertad de prestación de esos servicios aplicando medidas que formen parte del ámbito coordinado.
168. Pues bien, el Gobierno francés indica que la prohibición de retransmisión de que se trata no restringe la libre circulación de servicios, de modo que no está sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31.
169. Más concretamente, según ese Gobierno, esta prohibición está englobada en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2000/31 y, en sí, no restringe la libertad de prestación de los servicios de la sociedad de la información procedentes de otro Estado miembro en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la referida Directiva. Según afirma el mencionado Gobierno, esa prohibición puede imponerse a un prestador de servicios con independencia del Estado miembro en el que esté establecido y el Estado miembro de destino de servicios de la sociedad de la información que desee imponer esa medida no está obligado en ningún caso a seguir el procedimiento de excepción previsto en el artículo 3, apartado 4, de dicha Directiva.
2)      Apreciación
170. El artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2000/31 dispone, en particular, que el citado artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios poner fin a una infracción o impedirla.
171. Con carácter preliminar conviene señalar que el requerimiento a que se refiere el artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2000/31 puede ser emitido tanto por el Estado miembro de establecimiento del prestador como por el Estado miembro de destino del servicio de que se trate. (65)
172. A este respecto, aunque el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2000/31 somete a todo prestador de un servicio de la sociedad de la información al control del Estado miembro en el que esté establecido, el apartado 4 de ese mismo artículo prevé que otro Estado miembro podrá adoptar medidas contra él con arreglo a las condiciones previstas a tal efecto en esa última disposición. Es importante destacar que esas condiciones no guardan relación con la competencia de ese otro Estado miembro, sino con la medida que desea imponer al prestador de que se trate.
173. Además, la Directiva 2000/31 no regula en sí el reparto de competencias y facultades decisorias de los órganos jurisdiccionales y otras autoridades de los Estados miembros. En efecto, la mencionada Directiva dispone, en especial, en su artículo 1, apartado 4, que no afecta a la jurisdicción de los tribunales de justicia, que se rige, en particular, por el Reglamento (UE) n.º 1215/2012. (66) Además. la competencia territorial de las autoridades administrativas se determina mediante disposiciones de Derecho público que la referida Directiva no contiene.
174. Sentado lo anterior, procede examinar la alegación del Gobierno francés de que la prohibición de retransmisión de que se trata, como requerimiento en el sentido del artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2000/31, no está sujeto a los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 4, de esta.
175. Del artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2000/31 se desprende que este artículo no afecta a la posibilidad de dictar requerimientos judiciales o administrativos dirigidos a poner fin a una infracción o a prevenirla. Este artículo únicamente establece, en su apartado 1, las condiciones en las que un prestador de un servicio de alojamiento de datos puede quedar exento de responsabilidad por los datos almacenados a petición de los usuarios. Por lo tanto, a primera vista, es dudoso que el artículo 14, apartado 3, de dicha Directiva pueda tener por efecto excluir la aplicación del artículo 3 de esa misma norma.
176. No obstante, considero que la razón por la que un requerimiento eventualmente comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2000/31 puede no estar sujeto a los requisitos establecidos en el artículo 3 de esta no se halla en la primera de estas disposiciones, sino en la segunda. En efecto, del artículo 3, apartado 2, se desprende que un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido el prestador de servicios no puede restringir, mediante medidas que formen parte del ámbito coordinado, la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información. Creo que, en determinadas circunstancias, un requerimiento relacionado con una infracción individual puede no restringir la libertad de prestación de tales servicios.
177. A este respecto, y en primer lugar, el artículo 18 de la Directiva 2000/31 dispone que los Estados miembros velarán por que los recursos judiciales existentes en virtud de la legislación nacional en relación con las actividades de servicios de la sociedad de la información permitan adoptar rápidamente medidas, incluso medidas provisionales, destinadas a poner término a cualquier presunta infracción y a evitar que se produzcan nuevos perjuicios contra los intereses afectados. Si bien todo Estado miembro debe prever la posibilidad de adoptar tales medidas, un requerimiento destinado a poner fin o impedir una infracción individual, dirigido a un prestador de servicios por un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido, tiene una capacidad limitada para restringir la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información. Aunque esta disposición se refiere únicamente a los recursos judiciales, la cuestión de si un requerimiento restringe la libre circulación de servicios desde el punto de vista de su destinatario no depende de la naturaleza de la autoridad emisora, sino del fondo y del contenido material del requerimiento en cuestión.
178. En segundo lugar, como señala acertadamente el Gobierno francés, esa interpretación queda corroborada por la sentencia de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek. (67) En ella, el Tribunal de Justicia no puso en duda la conformidad con la Directiva 2000/31 de un requerimiento de un órgano jurisdiccional austriaco dirigido contra un prestador de servicios de alojamiento de datos establecido en Irlanda que tenía por objeto un contenido idéntico o equivalente al de una información declarada ilícita. (68) Al actuar de este modo, el Tribunal de Justicia no puso el acento en el carácter judicial del requerimiento, sino en su objeto.
179. En tercer lugar, el legislador de la Unión confirmó esa interpretación en el Reglamento (UE) 2022/2065. (69) En efecto, su considerando 38 precisa, en particular, que las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos concretos no restringen, en principio, la libre circulación de los servicios intermediarios, de manera que el artículo 3 de la Directiva 2000/31 no les resulta de aplicación. (70)
180. Por todos estos motivos, considero que una orden de actuación contra un contenido ilícito específico destinada a poner fin o impedir una infracción individual no está sujeta a los requisitos previstos en el artículo 3 de la Directiva 2000/31, en la medida en que no restrinja la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información. Esta conclusión debe entenderse de manera estricta para no comprometer el mecanismo previsto en ese artículo. Tal orden de actuación debe estar dirigida a subsanar una infracción individual sin afectar, no obstante, por lo demás, al ejercicio de una actividad de un servicio de la sociedad de la información. Así, por ejemplo, el destinatario de una orden de actuación no puede ser obligado a modificar la manera en la que organiza su actividad en sí.
181. La cuestión que se plantea es determinar de qué manera esas órdenes de actuación que no restringen la libertad de prestación de servicios, en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2000/31, se relacionan con los requerimientos contemplados en el artículo 14, apartado 3, de esa misma norma.
182. A este respecto, procede señalar que esas dos disposiciones cumplen funciones diferentes. (71) Además, el artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2000/31 se refiere expresamente a los sistemas jurídicos de los Estados miembros y parece reconocerles cierto margen de discrecionalidad en lo que respecta a la emisión de requerimientos. Por lo tanto, no me atrevería a afirmar que ningún requerimiento que pueda dirigirse a un prestador en virtud de la citada disposición restringirá la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información. En cambio, creo que todas esas medidas tienen el mismo objeto, a saber, poner fin o impedir una infracción individual centrándose en un contenido ilícito específico.
183. En estas circunstancias, se plantea ahora la cuestión de si la medida nacional controvertida restringe la libre circulación de servicios.
3)      Prohibición de retransmisión de que se trata
184. Procede recordar que de mi análisis resulta que una orden de actuación contra un contenido ilícito específico destinada a poner fin o impedir una infracción individual, puede no tener por efecto restringir la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información. (72)
185. En el presente asunto, ni la información relativa a los controles de carretera comunicada por los usuarios de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización, ni su comunicación por parte de esos usuarios, es ilícita en sí. En cambio, la difusión de esa información por el operador de ese servicio, contraviniendo una prohibición procedente de la autoridad competente, es ilícita, y ese carácter ilícito parece nacer en el momento en el que se notifica el requerimiento al operador interesado. (73) Así, por un lado, la prohibición de retransmisión de que se trata no se centra en un contenido ilícito específico y, por otro lado, no está destinada a poner fin o impedir una infracción individual, pero puede dar lugar a que su destinatario, si la ignora, cometa una infracción.
186. Esta prohibición no tiene pues las características de una orden de actuación contra un contenido ilícito específico destinada a poner fin o impedir una infracción individual y que no restringe la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información.
e)      Adopción de medidas relativas a un servicio determinado
187. Del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31 se desprende que una medida mediante la cual un Estado miembro de destino de servicios puede establecer excepciones a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de la citada Directiva debe referirse a «un determinado servicio de la sociedad de la información». En la sentencia Google Ireland y otros,
(74) el Tribunal de Justicia aclaró que las medidas generales y abstractas que se refieren a una categoría de determinados servicios de la sociedad de la información descrita genéricamente y que son aplicables indistintamente a cualquier prestador de esa categoría de servicios no están comprendidas en el concepto de «medidas tomadas en contra de un determinado servicio de la sociedad de la información».
188. A este respecto, aunque la prohibición de retransmisión de que se trata produce efectos con respecto a un operador de un servicio de asistencia a la conducción o a la navegación mediante geolocalización desde el momento en que se le notifica, parece que la autoridad administrativa competente solo emite una prohibición de retransmisión en relación con el control de carretera que desea excluir de todos esos servicios.
189. En efecto, por una parte, el artículo R. 130‑12 del Código de la Circulación exige que la información sobre las prohibiciones de retransmisión se comunique a los titulares a través de un sistema de información. De esta disposición se desprende que esa comunicación equivale a la puesta a disposición de la decisión de prohibición.
190. Por otra parte, el artículo L. 130‑11 del Código de la Circulación indica en dos ocasiones que, mediante una prohibición de retransmisión, una autoridad administrativa competente prohíbe a todo operador de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización retransmitir los mensajes e indicaciones relativos a un control de carretera. Además, Coyote System adujo durante la vista que la autoridad competente no puede dirigirse únicamente a ciertos operadores.
191. A este respecto, procede observar que la prohibición de retransmisión de que se trata parece aplicarse a cualquier prestador de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización, (75) pero la sentencia Google Ireland y otros versaba sobre medidas que no solo eran aplicables indistintamente a una categoría de determinados servicios de la sociedad de la información descrita genéricamente, sino que además eran generales y abstractas. Pues bien, la prohibición de retransmisión de que se trata no se aplica a situaciones hipotéticas y repetitivas, sino a un control de carreteras determinado. Por consiguiente, no es comparable a una normativa general y abstracta como la que constituye el objeto del citado asunto.
192. En el contexto antes indicado, el Tribunal de Justicia consideró, en la sentencia Google Ireland y otros, (76) que las medidas de carácter general y abstracto no constituyen medidas excepcionales con arreglo al artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31 fundamentalmente porque autorizar a un Estado miembro de destino a adoptar esas medidas usurparía la competencia reglamentaria del Estado miembro de origen y conllevaría someter a tales prestadores tanto a la legislación del Estado miembro de origen como a la del Estado o Estados miembros de destino. No obstante, la adopción de una medida aplicable a un caso concreto no parece surtir ese efecto, dado que guarda relación más bien con las competencias y facultades decisorias de los órganos jurisdiccionales y otras autoridades de los Estados miembros.
193. Por otro lado, es cierto que, como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia Google Ireland y otros, (77) el artículo 3, apartado 4, letra b), de la Directiva 2000/31 obliga a un Estado miembro de destino a pedir a un Estado miembro de origen que tome medidas en el ámbito de servicios de la sociedad de la información y, en ese sentido, presupone que el Estado miembro al que se dirija esa petición pueda ser identificado antes de que se tome una medida sobre la base del artículo 3, apartado 4, de esa Directiva, para que el Estado miembro de destino pueda cumplir esa obligación. No obstante, del artículo 3, apartado 4, letra b), de la referida Directiva, interpretado a la luz de su considerando 26, se desprende que las medidas necesarias para la averiguación y persecución de delitos no están sujetas a esta obligación. Por otra parte, en virtud del artículo 3, apartado 5, de la referida Directiva, en caso de urgencia, los Estados miembros pueden establecer excepciones a las condiciones estipuladas en el artículo 3, apartado 4, letra b), de la referida Directiva y notificar posteriormente la medida a la Comisión y al Estado miembro de origen del prestador. Ello corrobora la interpretación según la cual determinadas medidas pueden desempeñar el papel de una medida de excepción también cuando no es posible cumplir, antes de su adopción, los requisitos de procedimiento previstos en el artículo 3, apartado 4, letra b), de la Directiva 2000/31, siempre que tales medidas cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 4, letra a), de dicha Directiva.
194. En el presente asunto, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, parece que la prohibición de retransmisión de que se trata puede calificarse de «medida tomada en contra de un determinado servicio de la sociedad de la información» en el sentido del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31.
f)      Conclusión
195. De mi análisis se desprende, en primer término, que la prohibición de retransmisión de que se trata no está excluida del ámbito coordinado a la luz de los objetivos que persigue; (78) en segundo término, que la citada prohibición restringe la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información, (79) y, en tercer término que, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, la mencionada prohibición puede desempeñar el papel de una medida de excepción mediante la cual un Estado miembro puede restringir la libre circulación de servicios siempre que cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/31. (80)
196. Por todas las razones que acabo de exponer, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 3 de la Directiva 2000/31 no se opone a una prohibición de retransmisión de los mensajes o indicaciones enviados por los usuarios de un servicio de asistencia a la conducción o a la navegación mediante geolocalización que un Estado miembro de destino de esos servicios pretende imponer también a los operadores de tales servicios establecidos en otros Estados miembros, siempre que esa prohibición cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 4, o, cuando proceda, en el artículo 3, apartado 5, de dicha Directiva.
3.      Sobre la tercera cuestión prejudicial
a)      Observaciones preliminares
197. La tercera cuestión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 15 de la Directiva 2000/31 y tiene por objeto determinar si la prohibición de imponer una obligación general de supervisión, prevista en dicha disposición, se opone a la aplicación de la prohibición de retransmisión de que se trata.
198. A este respecto, todas las consideraciones anteriores se refieren al funcionamiento del mecanismo del mercado interior de los servicios de la sociedad de la información, previsto en el artículo 3 de esa Directiva.
199. No obstante, además de la problemática de las condiciones en las que los Estados miembros pueden dirigir requerimientos a los prestadores de servicios de la sociedad de la información en situaciones transfronterizas, la Directiva 2000/31 contiene disposiciones que pueden influir en los límites de esos requerimientos. Entre estas disposiciones figuran sus artículos 14 y 15.
200. Tales disposiciones se aplican, en particular, cuando un Estado miembro desea dirigir una orden a determinados prestadores de servicios establecidos en otros Estados miembros. En este caso, el examen de la conformidad con la Directiva 2000/31 de la facultad para emitir esa orden se efectúa en dos etapas: primero se examina el artículo 3, apartados 2 y 4, de la referida Directiva y después sus artículos 14 y 15.
201. Procede señalar que, como se desprende de su tenor, el artículo 15 únicamente es pertinente si el prestador del servicio de la sociedad de la información está comprendido en el ámbito de aplicación de los artículos 12 a 14 de la citada Directiva.
202. En la medida en que el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que interprete también el artículo 15 de la Directiva 2000/31 y en que este artículo se aplica a la prestación de los servicios contemplados, en particular, en su artículo 14, podría considerarse que dicho órgano jurisdiccional parte del postulado de que los servicios comprendidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones nacionales impugnadas ante él constituyen servicios de alojamiento de datos. Dado que este presupuesto fue objeto de discusión en la vista, formularé algunos comentarios al respecto.
b)      Servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización
1)      Observaciones preliminares
203. Las disposiciones nacionales controvertidas hacen referencia a los operadores de servicios electrónicos de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización.
204. Aunque la petición de decisión prejudicial no especifica en qué consiste ese servicio, su funcionamiento puede deducirse del tenor de las disposiciones nacionales. Además, las partes han presentado observaciones sobre los aspectos prácticos del funcionamiento de esos servicios. A este respecto, representa una dificultad adicional que dichas observaciones no se refieran a la definición del concepto de «servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización» adoptada en Derecho francés, sino al servicio prestado por la sociedad Coyote System y a los servicios similares a este.
205. No obstante, me basaré en todas esas observaciones para fijar el punto de partida de mi posterior análisis. En efecto, no se discute que la sociedad Coyote System opera un servicio electrónico de ayuda a la conducción y a la navegación mediante geolocalización en el sentido del Derecho francés. Por lo tanto, cualquier análisis que tenga en cuenta las características del servicio de esa sociedad se referirá al menos a una parte del ámbito de aplicación de las disposiciones impugnadas ante el órgano jurisdiccional remitente.
206. En cualquier caso, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente interpretar el Derecho nacional y determinar el alcance de las disposiciones nacionales de que se trata. También le corresponderá comprobar, a la luz de las precisiones que proporcione el Tribunal de Justicia, si un operador de un servicio de este tipo está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31.
2)      Punto de partida de mi análisis
207. Una de las funciones básicas de un servicio electrónico de ayuda a la conducción y a la navegación mediante geolocalización parece ser proporcionar a los conductores información sobre las condiciones del tráfico y señalar otras incidencias de la circulación que se hayan producido en el trayecto que ha elegido o en la zona en la que se encuentre en un momento dado. Entre esas incidencias se incluyen los controles de carretera realizados por las autoridades públicas.
208. El artículo L. 130‑11 del Código de la Circulación presupone que ese servicio se nutre, al menos en parte, de los mensajes e indicaciones emitidos por determinados usuarios, que son retransmitidos por el operador de dicho servicio a todos los usuarios.
209. En la práctica, como expuso Coyote System en sus observaciones escritas y en la vista, el usuario de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización puede seleccionar un icono que representa una de las categorías predeterminadas de incidencias para notificar una incidencia y su localización e incorporar a esa alerta un mensaje personalizado o una fotografía.
210. Esta alerta se difunde inmediata y automáticamente a todos los usuarios que, si la consideran incorrecta, pueden comunicar posteriormente este error seleccionando un icono previsto al efecto. Si varios usuarios notifican un error, la alerta en cuestión se elimina.
211. Coyote System también ha precisado que, en lo que respecta a la presentación de las incidencias comunicadas, su servicio funciona sobre la base de un algoritmo que gestiona estas alertas con el fin, en particular, de acumular las que se solapan y borrar aquellas cuya fiabilidad ha sido suficientemente rebatida por la comunidad de usuarios. En cambio, los operadores no ejercen ningún tipo de control sobre el contenido de las alertas emitidas por los usuarios y las retransmiten sin más a los usuarios.
212. Por lo demás, aunque el mecanismo en el que se basa el funcionamiento de cualquier otro servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización difiera, a priori, del de Coyote System, todos esos servicios parecen implicar el tratamiento de un volumen considerable de información proporcionada por los usuarios, para lo que es necesario recurrir a un mecanismo automatizado.
213. Formuladas estas observaciones, procede examinar, en un primer momento, si un servicio de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización constituye un «almacenamiento de datos facilitados por el destinatario del servicio», en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 (sección 3), y determinar, en un segundo momento, si el operador de ese servicio es un «prestador de servicios intermediarios», en el sentido que el legislador ha querido dar a esa expresión en la sección 4 del capítulo II de dicha Directiva (sección 4).
3)      Sobre el concepto de «servicio de alojamiento de datos»
214. El artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 se refiere a la prestación de servicios de alojamiento de datos, es decir, servicios de la sociedad de la información consistentes en almacenar datos facilitados por un usuario del servicio a petición de este.
215. Tal servicio puede incluir también la difusión de esa información al público a petición de un usuario. En efecto, conforme a reiterada jurisprudencia, el operador de una plataforma de red social en línea que almacena información facilitada por usuarios de dicha plataforma (81) y el operador de una plataforma de intercambio de vídeos (82) son, al menos en principio, prestadores de servicios de alojamiento de datos en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2000/31. El Tribunal de Justicia también ha considerado que un servicio de referenciación constituye un servicio de alojamiento de datos en la medida en que su prestador transmite información del destinatario de dicho servicio en una red de comunicación accesible a los internautas y almacena, es decir, graba en su servidor, ciertos datos, como las palabras clave seleccionadas por el anunciante. (83) El legislador de la Unión ha adoptado esa definición amplia del servicio de alojamiento de datos en el Reglamento 2022/2065. (84)
216. Se plantea pues la cuestión de si los servicios electrónicos de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización constituyen servicios cuyo objeto se corresponde con la descripción que acabo de exponer.
217. A este respecto, a diferencia de la información que se proporciona a las plataformas de red social en línea y a las plataformas de intercambio de vídeos, la información relativa a las condiciones del tráfico no se facilita a un operador de un servicio electrónico para ser almacenadas y difundidas tal y como están, sino para alimentar el conjunto de datos a disposición de ese operador, que son objeto de tratamiento mediante un algoritmo. Ese tratamiento permite ofrecer una imagen única que representa, con la mayor fidelidad posible, las condiciones del tráfico en una determinada zona. El operador transmite a continuación el resultado de esas operaciones a los usuarios para facilitarles, en tiempo real, información sobre las condiciones del tráfico en la zona en la que se encuentran.
218. Por consiguiente, a excepción de la comunicación inicial de una incidencia, la información proporcionada por un usuario no se difunde a todos los usuarios, a través del servicio en cuestión, en la forma en que el usuario la facilitó. Por otra parte, este servicio crea una nueva «capa informativa» sobre la base de la información facilitada por los usuarios y el objeto principal de dicho servicio es, precisamente, el acceso a ella.
219. A continuación, volviendo a la comunicación inicial de una incidencia, es cierto que parece que se difunde de forma inmediata y automática a todos los usuarios del servicio en cuestión.
220. Pues bien, en los servicios de alojamiento de datos, en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2000/31, las operaciones de almacenamiento y de difusión se efectúan a petición de un usuario, lo que presupone que este inicie el procedimiento y mantenga cierto control sobre esas operaciones.
221. Cabe destacar a este respecto que el servicio de Coyote System funciona sobre la base de un algoritmo que suprime las alertas cuya fiabilidad ha sido suficientemente cuestionada por la comunidad de usuarios. El resultado de las operaciones efectuadas por este algoritmo sustituye por tanto a la decisión del usuario que proporcionó una alerta inicial para su difusión. Si bien es cierto que la eliminación de las alertas que han sido cuestionadas puede estar prevista en las condiciones generales de utilización del servicio, ello no cambia el hecho de que las operaciones de almacenamiento y difusión, iniciadas a petición de un usuario, se ven interrumpidas por el resultado del tratamiento algorítmico de toda la información recibida por el operador.
222. Por último, según parece se aplica el mismo tratamiento a las alertas acompañadas de un mensaje personalizado o de una fotografía mencionadas por Coyote System. En efecto, estas se difunden de forma inmediata y automática y otros usuarios pueden confirmarlas o cuestionar su veracidad. Todas esas comunicaciones son objeto de un tratamiento algorítmico y solo se transmitirá a los usuarios a través del servicio el resultado de esas operaciones. (85)
223. De ello resulta que un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización no consiste en almacenar y difundir a través de ese servicio información en la forma exacta en la que ha sido proporcionada por los usuarios, sino en generar, sobre la base de esa información, una nueva capa informativa que facilita a los usuarios una imagen fiel que refleja, en tiempo real y con la mayor fidelidad posible, las condiciones del tráfico en la zona en la que se encuentran.
224. A este respecto, el artículo 14 de la Directiva 2000/31 establece, en su apartado 2, que su apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador. Tampoco debería aplicarse ese apartado 1 cuando el prestador comunique a los usuarios un conjunto de datos que le han sido suministrados pero que, una vez agregados, ya no son reconocibles en ese conjunto. Por lo tanto, el servicio de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, de dicha Directiva.
225. No obstante, proseguiré mi análisis para el caso de que el Tribunal de Justicia no acoja mi propuesta y considere que un servicio de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización puede constituir un servicio de alojamiento de datos en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2000/31. En esencia, para que el almacenamiento efectuado por el prestador de un servicio de la sociedad de la información esté comprendido en el ámbito de aplicación de dicha disposición, su comportamiento debe ceñirse al de «prestador de servicios intermediarios», en el sentido que el legislador ha querido dar a esa expresión en la sección 4 de dicha Directiva. (86)
4)      Condición de prestador de servicios de alojamiento de datos
226. Del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31, interpretado a la luz de su considerando 42, se desprende que, para que el prestador de un servicio de la sociedad de la información esté comprendido en el ámbito de aplicación de esta disposición, su actividad debe ser de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que ese prestador no tenga conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada.
227. En el marco del examen llevado a cabo para determinar si la actividad de un prestador de servicios responde a esa naturaleza, el grado de participación de dicho prestador en la determinación del modo en que se presenta la información facilitada y en el «pulido» del contenido desempeña un papel importante.
228. En efecto, el Tribunal de Justicia consideró, en su sentencia L’Oréal y otros, relativa a un operador de un mercado en línea, (87) que el mero hecho de que el operador almacene en su servidor ofertas de venta, determine las condiciones de su servicio, sea remunerado por el mismo y dé información general a sus clientes no puede implicar que se le excluya de las exenciones de responsabilidad previstas por la Directiva 2000/31. Cuando ese operador presta en cambio una asistencia consistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas, cabe considerar que no ocupa una posición neutra entre el cliente vendedor de que se trate y los potenciales compradores, sino que desempeña un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas.
229. Así, en primer lugar, el hecho de que un prestador de servicios determine la estructura de la presentación general de la información almacenada a petición de los usuarios no implica que conozca o controle el contenido de esa información. Por lo tanto, el hecho de que un operador de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización predetermine las categorías de incidencias del tráfico que los usuarios pueden seleccionar para notificar una incidencia no significa que ese operador desempeñe un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esa notificación. En efecto, la decisión de vincular una notificación con una categoría específica corresponde al usuario del servicio y cabe que su elección no refleje correctamente las condiciones actuales del tráfico.
230. En segundo lugar, la notificación inicial de una incidencia de tráfico se difunde de forma inmediata y automática a todos los usuarios. En esa fase, el operador del servicio no comprueba la veracidad de la alerta y no se requiere ninguna acción por su parte.
231. Sin embargo, un análisis específico de las notificaciones iniciales proporciona una imagen incompleta del servicio en cuestión. En efecto, la información que facilitan los usuarios no se difunde sin más, sino que es objeto de un tratamiento algorítmico con el fin de proporcionar una imagen única que refleje las condiciones del tráfico en una zona determinada. (88)
232. Se plantea pues la siguiente cuestión: ¿Desempeña el operador de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización un papel activo que puede conferirle conocimiento o control del contenido de los mensajes, cuando ha creado un algoritmo de gestión automatizada de las alertas que interactúan entre ellas, de manera que la presentación de todas esas alertas en su servicio depende del funcionamiento del citado algoritmo? En efecto, con independencia del contenido de los mensajes y de las indicaciones comunicadas de manera individual por cada usuario del servicio, el resultado final de todas esas comunicaciones, accesible a todos los usuarios, se determina mediante un algoritmo que agrupa las alertas o las elimina.
233. Coyote System arguye que el operador de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización no controla las alertas que emiten los usuarios de ese servicio: esas alertas se difunden de forma inmediata y automática a todos los usuarios del servicio, sin intervención alguna del operador. Cualquier modificación de las alertas registradas, incluida su eliminación, corre a cargo de los demás usuarios. En consecuencia, retomando los términos utilizados por esta sociedad, los usuarios del servicio «generan, clasifican, modifican y suprimen las alertas de principio a fin».
234. A este respecto, en sus conclusiones presentadas en los asuntos Google France y Google, (89) el Abogado General Poiares Maduro consideró que el operador del motor de búsqueda Google es neutral en lo que respecta a la información que transmite, pues los resultados de las búsquedas realizadas por sus usuarios son producto de algoritmos automáticos que aplican criterios objetivos para presentar sitios web que puedan ser de interés para el usuario de Internet. Según el Abogado General, la presentación de dichos sitios web y el orden en que se clasifican depende de su pertinencia con respecto a las palabras clave introducidas y no del interés de Google en un sitio web determinado o de su relación con él. En la sentencia de 23 de marzo de 201, Google France y Google, (90) el Tribunal de Justicia no adoptó expresamente ese criterio y se centró en el carácter meramente técnico, automático y pasivo de la actividad del prestador de que se trata. Señaló, en particular, que la concordancia de la palabra clave seleccionada y del término de búsqueda introducido por un internauta no basta por sí mismo para que se considere que Google tiene conocimiento o control de los datos introducidos en su sistema por los anunciantes y grabados en su servidor.
235. Más recientemente, en sus conclusiones presentadas en los asuntos YouTube y Cyando, (91) el Abogado General Saugmandsgaard Øe destacó que un algoritmo desarrollado para realizar determinadas funciones de una plataforma de intercambio de vídeos, a saber, las de búsqueda, indexación y recomendación de la búsqueda, realizaba un tratamiento meramente técnico y automático de la información almacenada por el operador de esa plataforma, de modo que este no controlaba el contenido de los datos almacenados, sino sus condiciones de presentación.
236. Además, en la sentencia de 22 de junio de 2021, YouTube y Cyando,
(92) el Tribunal de Justicia declaró, por lo que respecta a uno de los requisitos a los que el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 supedita la exención de responsabilidad de un prestador de servicios intermediarios, que el hecho de que el operador de una plataforma de intercambio de contenidos en línea proceda a una indexación automatizada de contenidos subidos a esa plataforma y de que esta contenga una función de búsqueda y recomiende vídeos en función del perfil o de las preferencias de los usuarios no puede bastar para considerar que no se cumple dicho requisito. Como señalé en mis conclusiones presentadas en el asunto Russmedia Digital e Inform Media Press, (93) con mayor razón este hecho tampoco puede privar a tal operador de la posibilidad de acogerse a la exención de responsabilidad contemplada en la referida disposición. En efecto, la cuestión de si se cumplen los requisitos a los que el artículo 14, apartado 1, letras a) y b), de la citada Directiva supedita la exención de responsabilidad solo se plantea si el prestador de servicios de que se trate puede calificarse de «prestador de servicios de alojamiento de datos neutro» en relación con los datos que almacena y puede, a priori, acogerse a dicha exención.
237. Deduzco de ello que un prestador de servicios no pierde su condición de prestador de servicios de alojamiento de datos por el mero hecho de emplear un algoritmo que indexa automáticamente los contenidos proporcionados por los usuarios y recomienda a esos usuarios contenidos que pueden ser de su interés, sin por ello borrar u ocultar otros contenidos.
238. Sin embargo, el tratamiento de la información proporcionada por los usuarios mediante un algoritmo puede no consistir en pulir contenidos, sino en crear un nuevo corpus informativo en el que los datos proporcionados por los usuarios ya no sean reconocibles. Así ocurre, en particular, cuando el servicio en cuestión pretende ofrecer, como en este caso, una imagen lo más fiel posible de una parte de la realidad. En tal caso, el operador del servicio puede desempeñar un papel que le confiere al menos cierto control sobre la información proporcionada por los usuarios. En efecto, si el operador determina, mediante la programación de su algoritmo, el nivel de pertinencia de la información proporcionada por sus usuarios sobre la base de criterios que, en su opinión, permiten ofrecer una representación fiel de las condiciones del tráfico, debe considerarse que ejerce control. Al hacerlo, el operador determina la cantidad y la «calidad» de la información necesaria para confirmar o eliminar la información del sistema. Además, estos criterios pueden no referirse únicamente a la mera cantidad de información convergente o divergente sobre una determinada incidencia en el tráfico, sino también, entre otras cosas, a la evaluación de la fiabilidad de un usuario y de la información que proporciona.
239. Por consiguiente, aunque el algoritmo que utiliza el operador de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización se centra en los datos transmitidos por todos sus usuarios, su programación es responsabilidad de dicho operador y le permite ejercer un control sobre la información transmitida o almacenada. Por consiguiente, dicho operador no puede invocar el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31.
240. Habida cuenta de la conclusión a la que he llegado en mi análisis del artículo 14 de la Directiva 2000/31 y del hecho de que el artículo 15 de esta solo se aplica a la prestación de los servicios contemplados, en particular, en esa primera disposición, procede considerar que esta segunda disposición no es pertinente a efectos de examinar la conformidad de la prohibición de retransmisión de que se trata a la luz de la citada Directiva. En aras de la exhaustividad, procederé, sin embargo, al examen de la tercera cuestión prejudicial, para el caso de que el Tribunal de Justicia no esté de acuerdo con mi análisis sobre el artículo 14 de dicha Directiva.
c)      Artículo  15 de la Directiva 2000/31
241. Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea que se determine si el artículo 15 de la Directiva 2000/31 se opone a que se imponga a los operadores de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización la obligación de no retransmitir puntualmente, en el marco de dicho servicio, determinadas categorías de mensajes o indicaciones, sin que para ello sea necesario que el operador tenga conocimiento de su contenido.
242. Para responder a esta cuestión, es necesario dilucidar si una prohibición de retransmisión notificada a un operador le impone obligaciones que se circunscriben a un caso concreto. En efecto, aunque el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31 prohíbe a los Estados miembros imponer a los prestadores de servicios de alojamiento de datos una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen o una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, del considerando 47 de dicha Directiva se desprende que tal prohibición no afecta a las obligaciones de supervisión «en casos específicos».
243. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que las medidas consistentes en obligar a un prestador a establecer, exclusivamente a sus expensas, sistemas de filtrado que impliquen una supervisión general y permanente con el fin de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual son incompatibles con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31. (94) De lo anterior resulta que una obligación de supervisión de cualquier vulneración futura de una categoría de derechos no se limita en modo alguno a casos específicos, en el sentido que el legislador de la Unión pretendió dar a esa expresión en el considerando 47 de la citada Directiva.
244. En cambio, como señalé en mis conclusiones presentadas en el asunto Glawischnig-Piesczek,
(95) el Tribunal de Justicia consideró en su sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros,
(96)que un prestador de servicios de alojamiento de datos puede ser obligado a adoptar medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas lesiones de la misma naturaleza por el mismo usuario. Deduje de ello que, para que no suponga imponer una obligación general, toda obligación de supervisión debe respetar determinados requisitos adicionales, es decir, que las lesiones sean de la misma naturaleza, provengan del mismo usuario y vayan dirigidas contra los mismos derechos. (97) Una obligación de supervisión en casos específicos debe estar limitada, en particular, en lo que respecta a la información que el operador debe identificar y a continuación retirar o cuyo acceso debe bloquear.
245. En esta misma línea, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek, (98) que un requerimiento dirigido a un prestador de un servicio de la sociedad de la información para que suprima elementos concretos de un contenido, almacenado por él en su condición de prestador de servicios de alojamiento de datos, que presentan mensajes idénticos o similares a otros que un órgano jurisdiccional nacional ha declarado difamatorios para una usuaria, se refiere a un caso específico. El Tribunal de Justicia destacó el hecho de que un requerimiento de este tipo no obliga al prestador de servicios de alojamiento de datos a realizar una apreciación autónoma del contenido almacenado. (99) Consideró que ese prestador de servicios de alojamiento de datos puede limitarse a comprobar, a través de búsquedas automatizadas, si un contenido incluye los elementos especificados en el requerimiento, sin tener que examinar él mismo, de no cumplirse esa condición, si el citado contenido es difamatorio.
246. Además, en mis conclusiones presentadas en el asunto Mc Fadden,
(100) relativo a un proveedor de acceso a una red de comunicaciones, en el sentido del artículo 12 de la Directiva 2000/31, señalé, inspirándome en los trabajos preparatorios de dicha Directiva, que, para que pueda considerarse que una obligación es aplicable en casos específicos, la medida de que se trate también debe limitarse en función de la duración de la supervisión. La exigencia relativa a la limitación temporal de una obligación en materia de supervisión se hace eco de varias sentencias (101) y el Tribunal de Justicia parece haber confirmado esa interpretación en su sentencia de 22 de junio de 2021, YouTube y Cyando,
(102)en la que indicó que el artículo 15 de esa Directiva se opone a que se imponga una obligación de supervisión general permanente a un prestador de un servicio de alojamiento de datos.
247. Ha de señalarse que todos los elementos que delimitan una obligación de supervisión son interdependientes. Por lo tanto, para responder a la cuestión de si un requerimiento cumple la prohibición establecida en el artículo 15 de la Directiva 2000/31, es necesario evaluar estos elementos en su conjunto.
248. A la luz de estas consideraciones deberá pues determinarse si, para respetar la prohibición de retransmisión de que se trata, un operador debe llevar a cabo una supervisión suficientemente concreta, hasta el punto de limitarse a casos específicos.
249. A este respecto, conviene recordar que, según la legislación francesa, se adopta una decisión de prohibición para cada control que la autoridad competente desea excluir de los servicios electrónicos de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización. Además, la obligación que se impone a un operador mediante una prohibición de retransmisión está limitada en el tiempo. En efecto, del artículo L. 130‑11 del Código de la Circulación se desprende que la duración máxima de una prohibición viene determinada por el carácter del control de carreteras en cuestión y que, en cualquier caso, no puede exceder de doce horas. Del mismo modo, según esta disposición, el tamaño de la zona sujeta a una prohibición varía en función de si se trata de una zona urbana o no, por lo que la obligación del operador también está sujeta a una limitación geográfica.
250. Así, para cumplir una prohibición de retransmisión, un operador está obligado a no transmitir información relativa a un control de carreteras muy concreto. No tiene que llevar a cabo una apreciación autónoma de toda la información almacenada, sino que, para identificar la que está incluida en el ámbito de la prohibición, debe aplicar los criterios especificados en la decisión de prohibición, que limitan material, temporal y geográficamente el alcance de la prohibición.
251. De estas consideraciones se desprende que, sin perjuicio de la comprobación que, en su caso, corresponde realizar al órgano jurisdiccional nacional, la prohibición de retransmisión de que se trata no implica obligaciones que vayan más allá de las relativas a casos específicos.
252. Esta consideración no queda en entredicho por las afirmaciones de Coyote System según las cuales, a diferencia de lo que observa ese órgano jurisdiccional, una prohibición de retransmisión obliga de facto
a los operadores a tomar conocimiento de los mensajes de los usuarios, determinar si su contenido está incluido en el ámbito de aplicación de la excepción prevista en el apartado II del artículo L. 130‑11 del Código de la Circulación, (103) y seleccionar aquellos que pueden retransmitirse al resto de la comunidad.
253. En efecto, la citada sociedad rebate las apreciaciones del órgano jurisdiccional remitente sin explicar, no obstante, las razones por las que no se puede efectuar un filtrado automático sin que el operador deba analizar con carácter previo el contenido de los mensajes, como la solución que se proponía en la sentencia de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek.
(104) Por otro lado, como ya he señalado, (105) el artículo 15 de la Directiva 2000/31 no se opone a cualquier obligación de detección o de filtrado. En cambio, la citada disposición prohíbe cualquier forma de supervisión generalizada, sin poner en entredicho una obligación en este ámbito relativa a casos específicos.
254. Habida cuenta de todas estas circunstancias, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 15 de la Directiva 2000/31 no se opone a que se imponga a los operadores de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización la obligación de no retransmitir, en el contexto de este servicio, determinadas categorías de mensajes o de indicaciones, siempre que, para identificar los mensajes o las indicaciones a que se refiere dicha prohibición, tales operadores no tengan que llevar a cabo una apreciación autónoma de toda la información almacenada y apliquen los criterios especificados en la decisión de prohibición, que limitan material, temporal y geográficamente el alcance de la prohibición.
255. Sin perjuicio de las observaciones adicionales precedentes sobre la interpretación del artículo 15 de la Directiva 2000/31, mantengo la postura expuesta en el punto 240 de las presentes conclusiones según la cual la referida disposición no es pertinente para apreciar la conformidad con esa Directiva de la prohibición de retransmisión de que se trata.
VI.    Conclusión
256. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia),
en el asunto C‑188/24:
«1)      El ámbito coordinado, según está definido en el artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, comprende la obligación que se impone a los editores de servicios de comunicación en línea de que adopten medidas técnicas encaminadas a prevenir que los menores accedan a contenidos pornográficos, aunque esta obligación no se refiera a ninguna de las materias reguladas por las disposiciones de armonización de los capítulos II y III de dicha Directiva;
2)      no cabe excluir del ámbito coordinado, en el sentido del artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, la obligación de adoptar medidas técnicas encaminadas a prevenir que los menores accedan a contenidos pornográficos por el mero hecho de que esta obligación constituya un corolario de disposiciones generales y abstractas de Derecho penal que tipifican determinadas conductas como un delito que puede ser objeto de enjuiciamiento y que se aplican indistintamente a cualquier persona física o jurídica;
3)      el hecho de que la adopción de medidas individuales contra un servicio determinado no sea apta para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales no permite establecer excepciones al mecanismo previsto en el artículo 3 de la Directiva 2000/31 para imponer a una categoría de prestadores de servicios una obligación derivada de disposiciones generales y abstractas»;
en el asunto C‑190/24:
«1)      El ámbito coordinado, tal como se define en el artículo 2, letra h), de la Directiva 2000/31, engloba la prohibición impuesta a los operadores de un servicio electrónico de ayuda a la conducción o a la navegación mediante geolocalización de retransmitir, por medio de este servicio, cualquier mensaje o indicación enviados por los usuarios y que permitan a los demás usuarios evitar ciertos controles de carretera, aunque esta prohibición no se refiera a ninguna de las materias reguladas por las disposiciones de armonización de los capítulos II y III de dicha Directiva;
2)      el artículo 3 de la Directiva 2000/31 no se opone a una prohibición de retransmisión de los mensajes o indicaciones enviados por los usuarios de un servicio de asistencia a la conducción o a la navegación mediante geolocalización que un Estado miembro de destino de esos servicios pretenda imponer también a los operadores de tales servicios establecidos en otros Estados miembros, siempre que esa prohibición cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 4, o, cuando proceda, en el artículo 3, apartado 5, de dicha Directiva.»
1      Lengua original: francés.
2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO 2000, L 178, p. 1; corrección de errores en DO 2021, L 158, p. 24, y en DO L, 2024/90171).
3      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31).
4      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (DO 1998, L 24, p. 1).
5      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (DO 2010, L 95, p. 1), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018 (DO 2018, L 303, p. 69).
6      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO 2011, L 335, p. 1).
7      JORF n.º 0187, de 31 de julio de 2020.
8      En la petición de decisión prejudicial solo se reproduce una parte de esa disposición.
9      JORF n.º 0235, de 8 de octubre de 2021.
10      JORF n.º 0093, de 20 de abril de 2021.
11      Esta información se ha extraído de las conclusiones del ponente del Conseil d’État (Consejo de Estado,
actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia) en los litigios principales, disponibles en la página de Internet de ese órgano jurisdiccional (https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2024‑03‑06/453763?download_pdf).
12      De las observaciones escritas de la Comisión se desprende que dicho tribunal ha suspendido el procedimiento a la espera del resultado del procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente.
13      Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).
14      Véanse, en ese sentido, las sentencias de 3 de diciembre de 2020, Star Taxi App (C‑62/19, EU:C:2020:980), apartado 72, y de 27 de abril de 2023, Viagogo (C‑70/22, EU:C:2023:350), apartados 25 a 28.
15      Véanse, en ese sentido, las sentencias de 9 de noviembre de 2023, Google Ireland y otros (C‑376/22, en lo sucesivo «sentencia Google Ireland y otros», EU:C:2023:835), apartado 42, y de 30 de mayo de 2024, Airbnb Ireland y Amazon Services Europe (C‑662/22 y C‑667/22, EU:C:2024:432), apartado 55.
16      Véanse los puntos 29 y ss. de las presentes conclusiones.
17      La facultad de la autoridad competente para dirigir ese requerimiento estaba prevista en el artículo 23 de la Ley de 30 de julio de 2020. Ha de señalarse que este artículo fue sustituido en 2024 por los nuevos artículos 10-1 y 10-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (Ley n.º 2004-575, de 21 de junio de 2004, para la Confianza en la Economía Digital) (JORF n.º 0143, de 22 de junio de 2004) y que esta última disposición prevé ahora la aplicación de los procedimientos excepcionales previstos en los artículos 3, apartado 4, letras a) y b), o 3, apartado 5, de la Directiva 2000/31.
18      Así pues, las cuestiones prejudiciales no se refieren a medidas individuales adoptadas sobre la base de disposiciones generales y abstractas y que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 3, apartados 4 y 5, de la Directiva 2000/31, sino a esas disposiciones generales y abstractas propiamente dichas, que se aplican sin más a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
19      A este respecto, la Comisión alegó durante la vista que, en los litigios principales, no se discute la conformidad del artículo 22 de la Ley de 30 de julio de 2020 con la Directiva 2000/31. En efecto, según la Comisión, además del Decreto de 7 de octubre de 2021, el órgano jurisdiccional remitente solo debe examinar el artículo 23 de dicha Ley desde el punto de vista de su conformidad con el Derecho de la Unión. Esta observación podría llevar a pensar que el Tribunal de Justicia no debe centrar su análisis en una obligación que es el corolario de disposiciones generales y abstractas de Derecho penal, sino en el requerimiento que la autoridad competente puede dirigir a un editor de un servicio de comunicación en línea. No obstante, sobre todo de la tercera cuestión prejudicial planteada en ese asunto se desprende que el órgano jurisdiccional remitente se refiere precisamente a esa obligación.
20      Véase, en ese sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2011, eDate Advertising y otros (C‑509/09 y C‑161/10, EU:C:2011:685), apartado 57.
21      Véase el punto 31 de las presentes conclusiones.
22      Véanse, en ese sentido, las sentencias Google Ireland y otros, apartado 42, y de 30 de mayo de 2024, Airbnb Ireland y Amazon Services Europe (C‑662/22 y C‑667/22, EU:C:2024:432), apartado 55.
23      Véanse, en ese sentido, las sentencias Google Ireland y otros, apartados 43 y 44, y de 30 de mayo de 2024, Airbnb Ireland y Amazon Services Europe (C‑662/22 y C‑667/22, EU:C:2024:432), apartados 56 y 57.
24      Véase el considerando 22 de la Directiva 2000/31: «[…] garantizar de forma eficaz la libre circulación de servicios y la seguridad jurídica para los prestadores de servicios y sus destinatarios».
25      Véase, en ese sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2011, eDate Advertising y otros (C‑509/09 y C‑161/10, EU:C:2011:685), apartado 57. Véase también Crabit, E., «La directive sur le commerce électronique : le projet “Méditerranée”», Revue du droit de l’Union européenne, 2000, n.º 4, p. 767.
26      Según el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2000/31, «además de otros requisitos establecidos en el Derecho comunitario, los Estados miembros que permitan la comunicación comercial no solicitada por correo electrónico garantizarán que dicha comunicación comercial facilitada por un prestador de servicios establecido en su territorio sea identificable de manera clara e inequívoca como tal en el mismo momento de su recepción».
27      Véanse las sentencias de 19 de diciembre de 2019, Airbnb Ireland (C‑390/18, EU:C:2019:1112), apartado 82; de 1 de octubre de 2020, A (Publicidad y venta de medicamentos en línea) (C‑649/18, EU:C:2020:764), apartados 87 y 88, y de 30 de mayo de 2024, Airbnb Ireland y Amazon Services Europe (C‑662/22 y C‑667/22, EU:C:2024:432), apartado 64.
28      Véase la sentencia de 30 de mayo de 2024, Airbnb Ireland y Amazon Services Europe (C‑662/22 y C‑667/22, EU:C:2024:432), apartado 62. Véanse también mis conclusiones presentadas en los asuntos Airbnb Ireland y otros (C‑662/22 a C‑667/22, EU:C:2024:18), puntos 155 y 158.
29      Según el considerando 21 de la Directiva 2000/31, «el ámbito de aplicación del ámbito coordinado no prejuzga la futura armonización comunitaria en relación con los servicios de la sociedad de la información, ni la futura legislación nacional adoptada con arreglo al Derecho comunitario. El ámbito coordinado se refiere solo a los requisitos relacionados con las actividades en línea, como la información en línea, la publicidad en línea, las compras en línea o la contratación en línea, y no se refiere a los requisitos legales del Estado miembro relativos a las mercancías, tales como las normas de seguridad, las obligaciones de etiquetado o la responsabilidad de las mercancías, ni a los requisitos del Estado miembro relativos a la entrega o transporte de mercancías, incluida la distribución de medicamentos. El ámbito coordinado no afecta al ejercicio del derecho preferente de las autoridades públicas en relación con determinados bienes, tales como las obras de arte».
30      Véase, en ese sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2020, A (Publicidad y venta de medicamentos en línea) (C‑649/18, EU:C:2020:764), apartado 86.
31      Véase, en ese sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2020, A (Publicidad y venta de medicamentos en línea) (C‑649/18, EU:C:2020:764), apartado 87.
32      Véase, en ese sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2020, A (Publicidad y venta de medicamentos en línea) (C‑649/18, EU:C:2020:764), apartado 88.
33      Véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Airbnb Ireland (C‑390/18, EU:C:2019:1112), apartado 87.
34      Es cierto que podría alegarse, en teoría, que el alcance del ámbito coordinado es más amplio que el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31, limitado por su artículo 1, apartado 5. Sin embargo, el Tribunal de Justicia rechazó esa interpretación en su sentencia de 2 de diciembre de 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725), apartados 27 y 28, y la descartó implícitamente en su sentencia de 27 de abril de 2022, Airbnb Ireland (C‑674/20, EU:C:2022:303), apartados 35 y 49. En efecto, si dicha Directiva no es aplicable a una materia, el mecanismo establecido en su artículo 3 no puede afectar a la aplicabilidad de las normas en esa materia en situaciones transfronterizas.
35      Véase el punto 70 de las presentes conclusiones.
36      Véase el punto 62 de las presentes conclusiones.
37      Véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de marzo de 2024, LEA (C‑10/22, EU:C:2024:254), apartado 67.
38      Sentencia de 27 de abril de 2022, Airbnb Ireland (C‑674/20, EU:C:2022:303), apartado 27.
39      Véase la sentencia de 30 de mayo de 2024, Airbnb Ireland y Amazon Services Europe (C‑662/22 y C‑667/22, EU:C:2024:432), apartado 46.
40      Véase el punto 55 de las presentes conclusiones.
41      Véase la sentencia de 10 de febrero de 2009, Irlanda/Parlamento y Consejo (C‑301/06, EU:C:2009:68), apartado 63.
42      Véase la sentencia de 3 de diciembre de 2019, República Checa/Parlamento y Consejo (C‑482/17, EU:C:2019:1035), apartado 36.
43      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO 2006, L 376, p. 36).
44      El Gobierno francés basa esa alegación en el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 2006/123, que tiene el siguiente tenor: «La presente Directiva no afecta a la normativa de los Estados miembros en materia de Derecho penal. Sin embargo, los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestar servicios mediante la aplicación de disposiciones de Derecho penal que regulen o afecten específicamente al acceso o ejercicio de una actividad de servicios eludiendo las normas establecidas en la presente Directiva».
45      Véase el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 2006/123.
46      Véase el considerando 12 de la Directiva 2006/123.
47      Véanse el considerando 8 de la Directiva 2000/31 y el considerando 12 de la Directiva 2006/123, que aclara que «no armoniza
[…] el Derecho penal ni [lo] menoscaba
[…]. No obstante, los Estados miembros no deben tener la posibilidad de restringir la libre prestación de servicios mediante la aplicación de disposiciones de Derecho penal que afecten concretamente al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio eludiendo las normas establecidas en la presente Directiva.»
48      Véase el punto 30 de las presentes conclusiones.
49      Véase el punto 112 de las presentes conclusiones.
50      Véase la sentencia de 30 de mayo de 2024, Airbnb Ireland y Amazon Services Europe (C‑662/22 y C‑667/22, EU:C:2024:432), apartado 71.
51      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior y se modifica la Directiva 2010/13/UE (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación) (DO L, 2024/1083).
52      Del artículo 29 del Reglamento 2024/108 resulta que el artículo 15 se aplica a partir del 8 de mayo de 2025.
53      Véase el punto 31 de las presentes conclusiones.
54      Véanse las sentencias Google Ireland y otros, apartado 43, y de 30 de mayo de 2024, Airbnb Ireland y Amazon Services Europe (C‑662/22 y C‑667/22, EU:C:2024:432), apartado 56.
55      El considerando 22 de la Directiva 2000/31 dispone que «el control de los servicios de la sociedad de la información debe hacerse en el origen de la actividad para garantizar que se protegen de forma eficaz los intereses generales […] no solo en el caso de los ciudadanos [del Estado miembro en cuyo territorio está establecido el prestador], sino en el de todos los ciudadanos de la [Unión]». Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Airbnb Ireland y otros (C‑662/22 a C‑667/22, EU:C:2024:18), punto 147.
56      Véase el punto 122 de las presentes conclusiones.
57      Véase, en ese sentido, la sentencia de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru (C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), apartados 80 a 83 y 88.
58      Véase el punto 64 de las presentes conclusiones.
59      Véase el punto 13 de las presentes conclusiones.
60      Apartado 60.
61      A la luz de las observaciones presentadas en los litigios principales, parece que esa es también la posición del ponente general del Conseil d’État (Consejo de Estado) según el cual «el asunto [C‑190/24] guarda relación con los requisitos relativos al ejercicio de su actividad por los prestadores pertenecientes a una categoría de servicios de la sociedad de la información. Las normas de que se trata son generales y abstractas, y no se refieren a “un servicio determinado”».
62      Véase el punto 30 de las presentes conclusiones.
63      Véase el punto 111 de las presentes conclusiones.
64      Véase el punto 69 de las presentes conclusiones.
65      Véanse asimismo mis conclusiones presentadas en el asunto Google Ireland y otros (C‑376/22, EU:C:2023:467), puntos 47 y 50, en los que aludo a la posibilidad de adoptar una interpretación en ese sentido. En efecto, el artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2000/31 no reserva en modo alguno esta competencia.
66      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
67      C‑18/18, EU:C:2019:821.
68      Es preciso señalar que las conclusiones que deben extraerse de esta sentencia pueden no ser decisivas. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente en el asunto que dio lugar a esa sentencia no había solicitado la interpretación del artículo 3 de la Directiva 2000/31. Además, el Tribunal de Justicia reformuló las cuestiones prejudiciales y examinó esa Directiva en su conjunto. Es más, el Tribunal de Justicia habría podido considerar que no le correspondía interpretar esa disposición o que se cumplían los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 4, de dicha Directiva.
69      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31 (Reglamento de Servicios Digitales) (DO 2022, L 277, p. 1).
70      El considerando 38 del Reglamento 2022/2065 dispone que «las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos y de entrega de información están sujetas a las normas que salvaguardan la competencia del Estado miembro de establecimiento del prestador de servicios al que se dirigen y a las normas que establecen posibles excepciones a dicha competencia en determinados casos, contemplados en el artículo 3 de la Directiva [2000/31], únicamente si se cumplen las condiciones de dicho artículo. Dado que las órdenes en cuestión se refieren, respectivamente, a elementos de contenido e información concretos de carácter ilícito, cuando se dirigen a prestadores de servicios intermediarios establecidos en otro Estado miembro, no limitan, en principio, la libertad de dichos prestadores de prestar sus servicios a través de las fronteras. Por consiguiente, no se aplican con respecto a esas órdenes las normas del artículo 3 de [dicha Directiva] […]».
71      Véase, en ese sentido, en el contexto de la relación entre el artículo 3 de la Directiva 2000/31 y el Reglamento 2022/2065, Husovec, M., Principles of the Digital Services Act, Cambridge University Press, 2017, p. 153, y Wilman, F., en Wilman, F., Kaleda, S. L., y Loewenthal, P. J., The EU Digital Services Act. A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2024, p. 56.
72      Véase el punto 180 de las presentes conclusiones.
73      A este respecto, el Gobierno francés parece sugerir en sus observaciones escritas que la información relativa a un control de carreteras determinado se «declara ilícita» antes de que se emita el requerimiento de no difundirla No obstante, la lectura de los artículos
L. 130‑11 y R. 130‑11 del Código de la Circulación da a entender que una autoridad administrativa puede prohibir la retransmisión de una información relativa a un control de carretera concreto y que el acto de retransmisión no es ilícito hasta que se notifica el requerimiento al operador de que se trate. En cualquier caso, ese problema guarda relación con la interpretación del Derecho nacional y está comprendido en el ámbito de competencia exclusiva del órgano jurisdiccional remitente.
74      Apartado 60.
75      Conviene señalar, por un lado, que la prohibición de retransmisión de que se trata surte efectos frente a los operadores a los que les ha sido comunicada y, por otro lado, que la petición de decisión prejudicial no indica cómo se elabora la lista de los operadores a los que se comunica esa prohibición.
76      Apartado 49.
77      Apartado 35.
78      Véase el punto 165 de las presentes conclusiones.
79      Véase el punto 186 de las presentes conclusiones.
80      Véase el punto 194 de las presentes conclusiones.
81      Véanse las sentencias de 16 de febrero de 2012, SABAM (C‑360/10, EU:C:2012:85), apartado 27, y de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek (C‑18/18, EU:C:2019:821), apartado 22.
82      Véanse, en ese sentido, las sentencias de 22 de junio de 2021, YouTube y Cyando (C‑682/18 y C‑683/18, EU:C:2021:503), apartado 104, y de 26 de abril de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑401/19, EU:C:2022:297), apartado 28.
83      Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159), apartado 111.
84      Para corregir esta definición, poco adaptada a los retos actuales, el legislador de la Unión distinguió, dentro de esta amplia categoría de servicios de alojamiento de datos, la subcategoría constituida por los servicios prestados por las plataformas en línea que no solo consisten en almacenar la información proporcionada por los usuarios, sino también en difundirla al público. En virtud del Reglamento 2022/2065, los operadores de esas plataformas están sujetos, al menos en principio, a obligaciones adicionales específicas. Véase también el considerando 13 de dicho Reglamento.
85      A este respecto, no puede excluirse que un elemento de ese servicio, consistente en la transmisión de mensajes entre usuarios, constituya un servicio de alojamiento de datos. Sin embargo, en el presente asunto no se plantea la cuestión de esa función de comunicación.
86      Véase, en ese sentido, la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159), apartado 112.
87      Sentencia de 12 de julio de 2011 (C‑324/09, EU:C:2011:474), apartados 115 y 116.
88      Véase el punto 223 de las presentes conclusiones.
89      (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2009:569), punto 144.
90      Sentencia de 23 de marzo de 2010 (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159), apartados 114 y 117.
91      Véanse las conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe presentadas en los asuntos acumulados YouTube y Cyando (C‑682/18 y C‑683/18, EU:C:2020:586), puntos 160 y 162.
92      (C‑682/18 y C‑683/18, EU:C:2021:503), apartado 114.
93      (C‑492/23, EU:C:2025:68), punto 53.
94      Véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de junio de 2021, YouTube y Cyando (C‑682/18 y C‑683/18, EU:C:2021:503), apartado 135 y jurisprudencia citada.
95      (C‑18/18, EU:C:2019:458), punto 42.
96      Sentencia de 12 de julio de 2011 (C‑324/09, EU:C:2011:474), apartado 144.
97      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Glawischnig-Piesczek (C‑18/18, EU:C:2019:458), punto 45.
98      Sentencia de 3 de octubre de 2019 (C‑18/18, EU:C:2019:821).
99      Véase la sentencia de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek (C‑18/18, EU:C:2019:821), apartados 45, 46 y 53.
100      (C‑484/14, EU:C:2016:170), punto 132.
101      Véanse, asimismo, mis conclusiones presentadas en el asunto Glawischnig-Piesczek (C‑18/18, EU:C:2019:458), punto 49.
102      Véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de junio de 2021, YouTube y Cyando (C‑682/18 y C‑683/18, EU:C:2021:503), apartado 135.
103      Según el artículo
L. 130‑11, apartado II, «la prohibición a que se hace referencia en el apartado I del presente artículo no se aplica a los incidentes o circunstancias previstos en el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) n.º 886/2013 de la Comisión, de 15 de mayo de 2013, que complementa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los datos y procedimientos para facilitar, cuando sea posible, información mínima universal sobre el tráfico en relación con la seguridad vial, con carácter gratuito para el usuario [DO 2013, L 247, p. 6]». Esa disposición incluye una lista de doce incidentes meteorológicos o de tráfico (como un animal, persona, obstáculo o escombro en la carretera) que pueden afectar a la seguridad vial propiamente dicha.
104      Sentencia de 3 de octubre de 2019, Glawischnig-Piesczek (C‑18/18, EU:C:2019:821), apartado 46.
105      Véase el punto 245 de las presentes conclusiones.