Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 12 de marzo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de discriminación por motivo de discapacidad — Artículo 2, apartado 2 — Derecho de una profesora con discapacidad a ser trasladada a una determinada zona territorial — Artículo 5 — Ajustes razonables para las personas con discapacidad — Prioridad a la movilidad dentro de una misma zona territorial frente a la movilidad entre diferentes zonas territoriales »
En el asunto C‑597/24 [Zirvatta] (i),
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), mediante resolución de 10 de septiembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de septiembre de 2024, en el procedimiento entre
C.M.
y
Ministero dell’Istruzione e del Merito,
con intervención de:
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
Ambito Territoriale di Mantova,
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún (Ponente), Presidenta de la Sala Quinta, en funciones de Presidenta de la Sala Décima, y los Sres. E. Regan y D. Gratsias, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por la Sra. D. D’Alberti, avvocato dello Stato, y por la Sra. M. T. Lubrano Lobianco, procuratore dello Stato;
–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. D. Recchia y E. Schmidt, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, apartado 2, letra b), inciso i), y 5 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre C.M., profesora con discapacidad, y el Ministero dell’Istruzione e del Merito (Ministerio de Educación y Mérito, Italia) en relación con la solicitud de C.M. de ser trasladada a una provincia distinta de aquella en la que desarrolla sus funciones.
Marco jurídico
Derecho internacional
3        A tenor del artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y aprobada en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009 (DO 2010, L 23, p. 35; en lo sucesivo, «Convención de la ONU»):
«El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.»
4        El artículo 2 de la referida Convención está redactado en los siguientes términos:
«A los fines de la presente Convención:
[…]
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
[…]».
5        El artículo 5 de la mencionada Convención establece:
«1.      Los Estados parte reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
[…]
4.      No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.»
6        A tenor del artículo 27, apartado 1, letra g), de la referida Convención:
«Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
[…]
g)      Emplear a personas con discapacidad en el sector público».
Derecho de la Unión
7        Según los considerandos 16, 20 y 21 de la Directiva 2000/78:
«(16)      La adopción de medidas de adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo desempeña un papel importante a la hora de combatir la discriminación por motivos de discapacidad.
[…]
(20)      Es preciso establecer medidas adecuadas, es decir, medidas eficaces y prácticas para acondicionar el lugar de trabajo en función de la discapacidad, por ejemplo adaptando las instalaciones, equipamientos, pautas de trabajo, asignación de funciones o provisión de medios de formación o encuadre.
(21)      Para determinar si las medidas en cuestión dan lugar a una carga desproporcionada, deberían tenerse en cuenta, particularmente, los costes financieros y de otro tipo que estas impliquen, el tamaño, los recursos financieros y el volumen de negocios total de la organización o empresa y la disponibilidad de fondos públicos o de otro tipo de ayuda.»
8        El artículo 1 de esta Directiva, que lleva por título «Objeto», establece:
«La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato.»
9        El artículo 2 de la mencionada Directiva, titulado «Concepto de discriminación», dispone:
«1.      A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1.
2.      A efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
a)      existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1;
b)      existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual determinadas, respecto de otras personas, salvo que:
i)      dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios; […]
[…]
5.      La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las medidas establecidas en la legislación nacional que, en una sociedad democrática, son necesarias para la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención de infracciones penales, la protección de la salud y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.»
10      El artículo 3 de esta misma Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», establece lo siguiente, en su apartado 1, letras a) y c):
«Dentro del límite de las competencias conferidas a la Comunidad [Europea], la presente Directiva se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:
a)      las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación y promoción, independientemente de la rama de actividad y en todos los niveles de la clasificación profesional, con inclusión de lo relativo a la promoción;
[…]
c)      las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración».
11      El artículo 5 de la Directiva 2000/78, titulado «Ajustes razonables para las personas con discapacidad», establece:
«A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en relación con las personas con discapacidades, se realizarán ajustes razonables. Esto significa que los empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario. La carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en grado suficiente mediante medidas existentes en la política del Estado miembro sobre discapacidades.»
12      En virtud del artículo 7 de esta Directiva, titulado «Acción positiva y medidas específicas»:
«1.      Con el fin de garantizar la plena igualdad en la vida profesional, el principio de igualdad de trato no impedirá que un Estado miembro mantenga o adopte medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1.
2.      Por lo que respecta a las personas con discapacidad, el principio de igualdad de trato no constituirá un obstáculo al derecho de los Estados miembros de mantener o adoptar disposiciones relativas a la protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, ni para las medidas cuya finalidad sea crear o mantener disposiciones o facilidades con objeto de proteger o fomentar la inserción de dichas personas en el mundo laboral.»
Derecho italiano
Ley n.º 104/1992
13      A tenor del artículo 21 de la legge n. 104 — Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Ley n.º 104, por la que se aprueba la Ley marco para la asistencia, la integración social y los derechos de las personas con discapacidad), de 5 de febrero de 1992 (GURI n.º 39, de 17 de febrero de 1992, suplemento ordinario n.º 30; en lo sucesivo, «Ley n.º 104/1992»):
«1.      Las personas con discapacidad con un grado de invalidez superior a los dos tercios o con minusvalías que figuren en las categorías primera, segunda y tercera del cuadro A anexo a la [legge n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra (Ley n.º 648, por la que se reorganizan las disposiciones relativas a las pensiones de guerra), de 10 de agosto de 1950 (GURI n.º 200, de 1 de septiembre de 1950)], contratadas por entidades públicas por haber aprobado una oposición concurso o por otro medio, tendrán prioridad a la hora de elegir entre los puestos disponibles.
2.      Las personas a que se refiere el apartado 1 tendrán prioridad en materia de traslado previa solicitud.»
14      El artículo 33, apartado 6, de la referida Ley dispone:
«La persona con discapacidad mayor de edad cuya situación revista gravedad podrá disfrutar alternativamente de los permisos a que se refieren los apartados 2 y 3, y tendrá derecho a elegir, cuando sea posible, el centro de trabajo más próximo a su domicilio y no podrá ser trasladada a otro centro sin su consentimiento.»
Decreto Legislativo n.º 297
15      El artículo 465, apartado 1, del Decreto Legislativo n. 297 — Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (Decreto Legislativo n.º 297 por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales aplicables en materia de enseñanza, relativas a las escuelas de cualquier tipo y nivel), de 16 de abril de 1994 (GURI n.º 115, de 19 de mayo de 1994, suplemento ordinario n.º 79; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.º 297/1994»), establece:
«Hasta que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 470, apartado 1, las solicitudes de traslado dentro de una misma provincia tendrán prioridad respecto de las solicitudes de traslado desde otra provincia.»
16      Con arreglo al artículo 470 de dicho Decreto:
«1.      Mediante convenios específicos celebrados entre las organizaciones sindicales y el [Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Ministerio de Educación, Universidad e Investigación, Italia)] se definirá el calendario y las modalidades que permitan poner en un mismo plano la movilidad profesional (cambio de disciplina educativa o de nivel del sistema educativo) y la movilidad territorial, así como abandonar la distribución entre los puestos reservados a la movilidad interprovincial y los reservados a las titularizaciones, de modo que estas últimas se efectúen en los puestos residuales que permanezcan vacantes y disponibles tras la finalización de las operaciones relativas a la movilidad profesional y territorial durante cada año escolar.
2.      Los convenios a que se refiere el apartado 1 establecerán asimismo el orden de prioridad entre las diferentes operaciones de movilidad, los criterios y las modalidades de elaboración de las correspondientes listas, así como los criterios para finalizar los cambios de disciplina educativa y de nivel del sistema educativo para las operaciones de asignación contempladas en el artículo 479, entendiéndose que los cambios hacia puestos de apoyo estarán supeditados a la posesión del título de especialización exigido. No se tendrá en cuenta el requisito de antigüedad para los cambios de nivel del sistema educativo previstos en el presente artículo.»
17      El artículo 601 del referido Decreto establece lo siguiente:
«1.      Los artículos 21 y 33 de la [Ley n.º 104/1992] se aplicarán al personal al que se refiere el presente texto único.
2.      Las normas antes citadas confieren un derecho de prioridad en materia de titularización, contratación como personal interino y de movilidad.»
Decreto Legislativo n.º 216
18      El artículo 3, apartado 3 bis del Decreto Legislativo n. 216 — Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (Decreto Legislativo n.º 216, por el que se aplica la Directiva 2000/78/CE para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y la Directiva 2014/54/UE sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores), de 9 de julio de 2003 (GURI n.º 187, de 13 de agosto de 2003), establece, en su redacción aplicable al litigio principal:
«Para garantizar el respeto del principio de igualdad de trato de las personas con discapacidad, los empleadores públicos y privados están obligados a realizar ajustes razonables, tal como se definen en la [Convención de la ONU], ratificada en virtud de la [legge n. 18 — Ratificaca ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a Nueva York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (Ley n.º 18, relativa a la ratificación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con su Protocolo Facultativo, adoptada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y a la creación del Observatorio Nacional de la Condición de las Personas con Discapacidad), de 3 de marzo de 2009 (GURI n.º 61, de 14 de marzo de 2009)], en el lugar de trabajo, con el fin de garantizar la plena igualdad de las personas con discapacidad con los demás trabajadores. Los empleadores públicos deberán garantizar la aplicación del presente apartado sin cargas nuevas ni superiores para las finanzas públicas y recurriendo a los recursos humanos, financieros y materiales disponibles en el marco de la legislación vigente.»
Convenio Colectivo Nacional del Personal del Sector de la Enseñanza Escolar para el Período Cuatrienal Reglamentario 2006‑2009 y el Período del Bienio Económico 2006‑2007
19      A tenor del artículo 10, apartado 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006‑2009 e biennio economico 2006‑2007 (Convenio Colectivo Nacional del Personal del Sector de la Enseñanza Escolar para el Período Cuatrienal Reglamentario 2006‑2009 y el Período del Bienio Económico 2006‑2007), de 27 de noviembre de 2007:
«Los criterios y las modalidades de aplicación de la movilidad territorial […] del personal contemplado en el presente Convenio se definirán en el marco de la negociación colectiva nacional complementaria […]».
CCNI
20      El artículo 6, apartado 2, del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018 (Convenio Colectivo Nacional Adicional sobre la Movilidad del Personal Docente, Educativo, Auxiliar, Técnico y Administrativo de las Escuelas para el Curso 2017/2018), de 11 de abril de 2017 (en lo sucesivo, «CCNI»), establece:
«La movilidad dentro de una misma provincia tendrá preferencia respecto a la movilidad entre diferentes provincias […]».
21      El artículo 13, apartado 1, del CCNI dispone:
«1.      Sistema de prioridad
Las prioridades establecidas en el presente artículo se agruparán sistemáticamente por categorías y se tendrán en cuenta, con arreglo al siguiente orden de prioridades, en las operaciones de movilidad, únicamente territorial, a las que se aplicarán, con excepción del apartado I que se aplicará también a las operaciones de movilidad profesional. […]
I)      Invalidez y problemas graves de salud
En las operaciones de movilidad territorial y profesional, cualquiera que sea la provincia de origen del interesado, se dará prioridad absoluta a todos los miembros del personal docente que se encuentren, por orden, en una de las condiciones siguientes:
1)      el personal docente invidente […];
2)      el personal tratado mediante hemodiálisis […].
El docente tiene prioridad sobre todas las preferencias escolares indicadas y sobre todas las preferencias a efectos de titularización en la zona.
[…]
III)      Personal con discapacidad y personal que requiera atención especial y continuada
En los procedimientos de traslado, se dará prioridad, por orden, al personal escolar que se encuentre en las siguientes situaciones:
1)      las personas discapacitadas a que se refiere el artículo 21 de la [Ley n.º 104/1992], al que remite el artículo 601 del [Decreto Legislativo n.º 297], cuyo grado de invalidez sea superior a dos tercios o que presenten incapacidades inscritas en las categorías primera, segunda y tercera del cuadro A anexo a la [Ley n.º 648, por la que se reorganizan las disposiciones relativas a las pensiones de guerra] […]
[…]
El personal mencionado en el punto III, inciso 1), […] podrá invocar esta prioridad dentro de la provincia de su municipio de residencia, y únicamente para dicha provincia, siempre que haya expresado como deseo preferente uno o varios centros escolares situados en dicho municipio o haya designado la circunscripción correspondiente a ese municipio o parte de este si tiene la intención de manifestar su deseo para centros de enseñanza de otros municipios o de otras circunscripciones o provincias. […]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
22      C.M., que tiene una discapacidad, es profesora titular desde 2016. Ejerce sus funciones en Ostiglia, situada en la provincia de Mantua (Italia).
23      El 31 de octubre de 2017, tras un reconocimiento médico pericial, la comisión médica competente en materia de invalidez declaró que padecía una discapacidad que implicaba una reducción permanente de su capacidad de trabajo del 70 %.
24      En el marco del programa nacional de movilidad para el curso escolar 2018/2019, organizado por el Ministerio de Educación, Universidad e Investigación, C.M. solicitó su traslado a la provincia de Catanzaro (Italia) invocando la prioridad reconocida, en virtud del artículo 21 de la Ley n.º 104/1992, a las personas con discapacidad cuyo grado de invalidez sea superior a dos tercios.
25      Esta solicitud de traslado de C.M. fue denegada debido a la falta de puestos suficientes en dicha provincia, ya que los puestos vacantes se adjudicaron en el marco de traslados internos dentro de dicha provincia.
26      C.M. interpuso un recurso contra la desestimación de su solicitud de traslado ante el Tribunale di Mantova (Tribunal de Mantua, Italia), solicitando que se declarara su derecho a ser trasladada a la provincia de Catanzaro. Ese recurso fue desestimado.
27      C.M. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de dicho órgano jurisdiccional ante la Corte d’appello di Brescia (Tribunal de Apelación de Brescia, Italia), que lo desestimó por considerar que la prioridad para las personas con discapacidad en materia de traslado, prevista en el artículo 13 del CCNI, solo se aplica en el marco de los procedimientos de movilidad dentro de una misma provincia. Consideró, así pues, que las solicitudes de traslado interprovincial solo pueden examinarse tras la tramitación de las solicitudes de traslado intraprovincial. Solo los profesores invidentes o tratados mediante hemodiálisis gozan de una prioridad denominada «absoluta» de traslado dentro de una misma provincia o entre provincias.
28      C.M. interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Corte d’appello di Brescia (Tribunal de Apelación de Brescia) ante la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente.
29      Ante este último órgano jurisdiccional, C.M. alega que el régimen de movilidad del personal de los colegios públicos, según el cual las solicitudes de traslado interprovincial solo pueden examinarse tras la tramitación de las solicitudes de traslado intraprovincial, constituye un obstáculo a la efectividad de la protección de que goza toda persona con discapacidad cuyo grado de invalidez sea superior a dos tercios en virtud del artículo 21 de la Ley n.º 104/1992. Señala que dicha persona solo puede aspirar a los puestos restantes en la provincia deseada. Debido a este encadenamiento de las fases intraprovincial e interprovincial del proceso de movilidad, cuando se examinan las solicitudes de traslado interprovincial, los puestos que debían cubrirse inicialmente pueden haberse cubierto ya, sobre la base de las solicitudes de traslado intraprovincial presentadas por profesores que no tienen discapacidad, privando así de efecto a la prioridad reconocida a los profesores comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho artículo 21. Por lo tanto, la demandante en el litigio principal considera que, al igual que los profesores invidentes o sometidos a tratamiento mediante hemodiálisis, debería poder disfrutar de una prioridad absoluta en materia de movilidad, en virtud de la condición de persona con discapacidad, que asegura que le ha sido reconocida en virtud de dicho artículo 21.
30      Por su parte, el Ministerio de Educación y Mérito solicita que se desestime el recurso de casación basándose en que el derecho de C.M. a ser trasladada está supeditado a la disponibilidad de plazas que deban cubrirse en la provincia objeto de la solicitud. Señala que, en el presente asunto, aunque se concediera a C.M. la prioridad prevista en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.º 104/1992, no podía estimarse su solicitud de traslado, al no haber plazas vacantes en la provincia objeto de la solicitud.
31      El órgano jurisdiccional remitente recuerda que el citado artículo 21, apartado 2, establece que los profesores con discapacidad cuya tasa de invalidez sea superior a dos tercios tienen prioridad en materia de movilidad, y que esta disposición forma parte del régimen aplicable a la movilidad territorial, cuyo artículo 465, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 297, en relación con el artículo 6, apartado 2, del CCNI, establece que las solicitudes de traslado de profesores dentro de una misma provincia se tramitarán prioritariamente a las solicitudes de traslado de estos entre provincias.
32      Pues bien, esta prioridad concedida a la movilidad intraprovincial que, según dicho órgano jurisdiccional, permite gestionar de la mejor manera posible las complejas operaciones de movilidad del personal en todo el territorio nacional para que el inicio del curso escolar se desarrolle en buenas condiciones podría perjudicar a los profesores a los que se refiere el artículo 21 de la Ley n.º 104/1992 con respecto a los demás profesores, habida cuenta de la progresiva reducción de puestos disponibles en la enseñanza. En consecuencia, dicho órgano jurisdiccional considera necesario preguntar al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad del artículo 465, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 297, en relación con el artículo 6, apartado 2, del CCNI, con el Derecho de la Unión.
33      En esas circunstancias, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Se debe interpretar el artículo 5, con la rúbrica “Ajustes razonables para las personas con discapacidad”, de la Directiva [2000/78] en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la italiana contenida en el [CCNI], que, sobre la base de lo dispuesto en su artículo 6, apartado 2, en relación con el artículo 13, apartado 1, reconoce la prioridad contemplada en el punto III, n.º 1, del citado artículo 13, apartado 1, al personal docente con discapacidad al que se refiere el artículo 21 de la Ley n.º 104/1992, al que remite el artículo 601 del Decreto Legislativo n.º [297], anteponiendo la movilidad intraprovincial a la movilidad entre provincias?
2)      A la vista del artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), de la Directiva 2000/78, ¿está objetivamente justificada por una finalidad legítima la situación de particular desventaja que las citadas disposiciones nacionales pueden suponer para los profesores que tengan una discapacidad superior a los dos tercios, para asegurar el desarrollo de procedimientos de movilidad territorial bastante complejos, que afectan a todo el territorio nacional, al inicio del curso escolar, y los medios empleados para su consecución son adecuados y no exceden de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido por la normativa y la negociación colectiva? O si, por el contrario, ¿dicha normativa supone una discriminación en detrimento de los profesores anteriormente citados que se traduce en la desvirtuación, en la práctica, de la prioridad reconocida en los procedimientos de movilidad porque solo afecta a la movilidad intraprovincial y no a la movilidad entre provincias y, por tanto, carece de carácter absoluto (como se establece para otros grupos de personas con discapacidad)?»
Competencia del Tribunal de Justicia y admisibilidad de las cuestiones prejudiciales
34      El Gobierno italiano sostiene que el Tribunal de Justicia no es competente para examinar las cuestiones prejudiciales planteadas, ya que estas se refieren a la apreciación de la compatibilidad con la Directiva 2000/78 de las disposiciones de un convenio colectivo, a saber, los artículos 6 y 13 del CCNI, y no de las disposiciones de un acto legislativo o reglamentario.
35      El citado Gobierno añade que el artículo 64 del Decreto Legislativo n. 165 — Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Decreto Legislativo n.º 165, por el que se establecen normas generales relativas a la organización del trabajo en las administraciones públicas), de 30 de marzo de 2001 (GURI n.º 106, de 9 de mayo de 2001), prevé la remisión de las cuestiones relativas a la eficacia, la validez o la interpretación de un convenio colectivo a la Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN, Agencia de representación de las administraciones públicas para la negociación, Italia).
36      El Gobierno italiano considera que, en cualquier caso, aun cuando el Tribunal de Justicia considerase que la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que se opone a los artículos 6 y 13 del CCNI, el órgano jurisdiccional remitente estaría obligado a aplicar el artículo 465 del Decreto Legislativo n.º 297, que establece que las solicitudes de traslado dentro de una misma provincia se tramitarán con anterioridad a las solicitudes de traslado procedentes de otra provincia, de modo que, en opinión de dicho Gobierno, esta cuestión carece de pertinencia para resolver el litigio principal.
37      A este respecto, procede recordar que el sistema de cooperación establecido por el artículo 267 TFUE se basa en una clara separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia. En el marco de un procedimiento entablado con arreglo a dicho artículo 267, la interpretación de las normas nacionales incumbe a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y no al Tribunal de Justicia, sin que corresponda a este pronunciarse sobre la compatibilidad de las normas de Derecho interno con el Derecho de la Unión. En cambio, el Tribunal de Justicia es competente para proporcionar al tribunal nacional todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que le permitan apreciar la compatibilidad de las normas de Derecho interno con la normativa de la Unión (sentencia de 18 de noviembre de 2020, Syndicat CFTC, C‑463/19, EU:C:2020:932, apartado 29 y jurisprudencia citada).
38      Si bien es cierto que, desde el punto de vista formal, mediante sus cuestiones prejudiciales, interpretadas a la luz de la motivación de la resolución de remisión, el órgano jurisdiccional remitente invita al Tribunal de Justicia a que se pronuncie sobre la compatibilidad de las disposiciones de Derecho interno con el Derecho de la Unión, no es menos cierto que el Tribunal de Justicia puede dar una respuesta útil a estas cuestiones proporcionando a dicho órgano jurisdiccional los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que le permitan pronunciarse él mismo sobre la compatibilidad del Derecho interno con el Derecho de la Unión. Por consiguiente, en la medida en que las cuestiones se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (véase, en ese sentido, la sentencia de 18 de noviembre de 2020, Syndicat CFTC, C‑463/19, EU:C:2020:932, apartado 30 y jurisprudencia citada).
39      A este respecto, procede recordar que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado [sentencia de 18 de diciembre de 2025, Tenergie (Solicitud de condonación de derechos de importación), C‑259/24, EU:C:2025:1013, apartado 26 y jurisprudencia citada].
40      En el presente asunto, las cuestiones prejudiciales planteadas tienen por objeto la interpretación del principio de igualdad de trato garantizado por la Directiva 2000/78, del artículo 5 de esta Directiva, relativo a los «ajustes razonables para las personas con discapacidad», y del artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), de dicha Directiva, que se refiere a las razones que pueden justificar una diferencia de trato.
41      Por otra parte, es preciso señalar que la resolución de remisión expone de manera suficiente el contexto fáctico y normativo en el que se inscriben las cuestiones planteadas, así como las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a dudar de la compatibilidad de la normativa nacional controvertida en el litigio principal con el Derecho de la Unión. Así pues, no puede concluirse que dichas cuestiones no tengan relación alguna con la realidad o con el objeto del procedimiento principal o que se refieran a un problema hipotético.
42      De ello se deduce que el Tribunal de Justicia es competente para responder a las cuestiones prejudiciales y que estas son admisibles.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
43      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5 de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece un régimen relativo a la movilidad profesional y territorial que concede prioridad en materia de movilidad a determinados profesores con discapacidad, haciendo prevalecer las operaciones de movilidad intraprovincial sobre las operaciones de movilidad interprovincial.
44      Con carácter preliminar, procede recordar que tanto del título y de la exposición de motivos como del contenido y de la finalidad de la citada Directiva se desprende que tiene por objeto establecer un marco general para garantizar a todas las personas la igualdad de trato «en el empleo y la ocupación», ofreciéndoles una protección eficaz contra las discriminaciones basadas en alguno de los motivos mencionados en su artículo 1, entre los que se encuentra la discapacidad (sentencia de 11 de septiembre de 2025, Bervidi, C‑38/24, EU:C:2025:690, apartado 41 y jurisprudencia citada).
45      Como resulta del artículo 3, apartado 1, letras a) y c), de la referida Directiva, dentro del límite de las competencias conferidas a la Unión Europea, esta Directiva se aplica a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación, en particular, con las condiciones de acceso al empleo y con las condiciones de empleo y trabajo (sentencia de 11 de septiembre de 2025, Bervidi, C‑38/24, EU:C:2025:690, apartado 42 y jurisprudencia citada).
46      En el presente asunto, procede examinar si la normativa nacional controvertida en el litigio principal, que establece una prioridad en materia de movilidad en favor de determinados profesores con discapacidad, realiza «ajustes razonables», en el sentido del artículo 5 de esa Directiva.
47      Conforme al tenor de esa disposición, a fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en relación con las personas con discapacidades, se realizarán ajustes razonables, lo que significa que los empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario. La carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en grado suficiente mediante medidas existentes en la política del Estado miembro sobre discapacidades.
48      Del artículo 5 de la Directiva 2000/78, en relación con el considerando 20 de esta misma Directiva, se desprende que las medidas adecuadas, en el sentido del referido artículo 5, son medidas eficaces y prácticas para acondicionar el lugar de trabajo en función de la discapacidad, por ejemplo adaptando las instalaciones, equipamientos, pautas de trabajo, asignación de funciones o provisión de medios de formación o encuadre.
49      El citado considerando 20 realiza no obstante una enumeración no exhaustiva de las medidas adecuadas, que pueden ser de orden físico, organizativo o educativo, dado que el mencionado artículo 5, en relación con la Convención de la ONU, preconiza una definición amplia del concepto de «ajuste razonable» (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de febrero de 2022, HR Rail, C‑485/20, EU:C:2022:85, apartado 40 y jurisprudencia citada).
50      En efecto, se ha de precisar que las disposiciones de esa Convención pueden invocarse para interpretar las disposiciones de la Directiva 2000/78, de modo que esta última debe interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con la citada Convención (sentencia de 11 de septiembre de 2025, Pauni, C‑5/24, EU:C:2025:689, apartado 33 y jurisprudencia citada).
51      Según el artículo 2, párrafo cuarto, de dicha Convención, por «“ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales».
52      Debe entenderse que la referencia que se hace, en el considerando 20 de la Directiva 2000/78, al acondicionamiento del «lugar de trabajo» pone de relieve el carácter prioritario de tal acondicionamiento respecto de otras medidas que permiten adaptar el entorno de trabajo de la persona con discapacidad para que pueda participar de forma plena y efectiva en la vida profesional con arreglo al principio de igualdad con los demás trabajadores. Estas medidas pueden incluir, por tanto, la aplicación por el empresario de medidas que permitan a esa persona conservar su empleo, como el traslado a otro puesto de trabajo (sentencia de 10 de febrero de 2022, HR Rail, C‑485/20, EU:C:2022:85, apartado 41).
53      El considerando 21 de esta Directiva señala que, para determinar si las medidas en cuestión dan lugar a una carga desproporcionada, deberían tenerse en cuenta, particularmente, los costes financieros y de otro tipo que estas impliquen, el tamaño, los recursos financieros y el volumen de negocios total de la organización o empresa y la disponibilidad de fondos públicos o de otro tipo de ayuda.
54      Así pues, el concepto de «ajustes razonables», a efectos del artículo 5 de la Directiva mencionada, debe entenderse de forma amplia en el sentido de que se refiere a la eliminación de las barreras que dificultan la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores (sentencia de 21 de octubre de 2021, Komisia za zashtita ot diskriminatsia, C‑824/19, EU:C:2021:862, apartado 57 y jurisprudencia citada).
55      No obstante, a tenor de dicho artículo 5, «los empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta».
56      Como subraya la Comisión Europea en sus observaciones escritas, para realizar los ajustes razonables necesarios para permitir al trabajador discapacitado acceder a un empleo, ejercerlo o progresar profesionalmente, en el sentido de dicho artículo 5, es necesario, por tanto, conocer concretamente las necesidades específicas de la situación de ese trabajador, así como las dificultades y obstáculos a los que se enfrenta en el acceso a su trabajo y en su ejercicio.
57      En este contexto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, cuando un trabajador deviene definitivamente no apto para ocupar su puesto debido a la aparición de una discapacidad, un cambio de puesto puede ser una medida adecuada como ajuste razonable a efectos del citado artículo 5, ya que permite a ese trabajador conservar su empleo, garantizando su participación plena y efectiva en la vida profesional con arreglo al principio de igualdad con los demás trabajadores (véase, en ese sentido, la sentencia de 10 de febrero de 2022, HR Rail, C‑485/20, EU:C:2022:85, apartados 41 y 43).
58      No obstante, solo existe la posibilidad de destinar a una persona con discapacidad a otro puesto de trabajo si hay por lo menos un puesto vacante que el trabajador en cuestión pueda ocupar (sentencia de 18 de enero de 2024, Ca Na Negreta, C‑631/22, EU:C:2024:53, apartado 45 y jurisprudencia citada).
59      En este caso, de conformidad con el artículo 465, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 297, en relación con el artículo 6, apartado 2, del CCNI, el examen de las solicitudes de movilidad intraprovincial precede al de las solicitudes de movilidad interprovincial.
60      Con arreglo al artículo 21 de la Ley n.º 104/1992, se concede prioridad en materia de movilidad a las personas con discapacidad cuyo grado de discapacidad sea superior a dos tercios.
61      Es cierto que, como se desprende de los apartados 54 a 58 de la presente sentencia, el concepto de «ajustes razonables», en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2000/78, debe entenderse en sentido amplio, en el sentido de que se refiere a todas las medidas que permiten responder a las necesidades de una persona con discapacidad en una situación concreta.
62      No obstante, el régimen nacional controvertido en el litigio principal, tal como se ha expuesto en los apartados 59 y 60 de la presente sentencia, parece establecer medidas de carácter general y abstracto y, por tanto, no puede considerarse que establezca medidas adoptadas, respecto de la persona con discapacidad de que se trate, «en función de las necesidades de cada situación concreta», en el sentido de dicho artículo 5.
63      En efecto, de la resolución de remisión se desprende que la prioridad en materia de movilidad, prevista por dicho régimen nacional, se concede automáticamente a las personas afectadas en función de la categoría a la que pertenezca su discapacidad, en particular de su porcentaje de invalidez, sin que se prevea tener en cuenta, en su caso, sus propias necesidades en una situación concreta.
64      De ello se deduce que no puede considerarse que esta prioridad en materia de movilidad realice «ajustes razonables», en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2000/78, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
65      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 5 de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece un régimen relativo a la movilidad profesional y territorial que concede prioridad en materia de movilidad a determinados profesores con discapacidad, haciendo prevalecer las operaciones de movilidad intraprovincial sobre las operaciones de movilidad interprovincial, debido a que dicho régimen, dado que no tiene en cuenta las necesidades propias de las personas con discapacidad en situaciones concretas, no está comprendido en el concepto de «ajustes razonables», en el sentido de dicha disposición.
Segunda cuestión prejudicial
66      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que un régimen nacional relativo a la movilidad profesional y territorial que concede prioridad en materia de movilidad a determinados profesores con discapacidad frente a los profesores que no tienen discapacidad, al tiempo que hace prevalecer las operaciones de movilidad intraprovincial sobre las operaciones de movilidad interprovincial, constituye una discriminación indirecta, en el sentido de dicha disposición, en perjuicio de los profesores que hayan solicitado un traslado interprovincial, que no puede justificarse por el objetivo de garantizar la movilidad de los profesores en todo el territorio nacional con vistas al inicio del curso escolar.
67      Con carácter preliminar, cabe recordar que la citada Directiva concreta, en el ámbito regulado por ella, el principio general de no discriminación consagrado en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe toda discriminación, en particular, por razón de discapacidad. Además, el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales establece que la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad (sentencia de 11 de septiembre de 2025, Pauni, C‑5/24, EU:C:2025:689, apartado 32 y jurisprudencia citada).
68      A tenor del apartado 1 del artículo 2 de dicha Directiva, a efectos de esta, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta, entre otros motivos, por una discapacidad. Además, del citado artículo 2, apartado 2, letra b), se desprende que, a efectos del citado apartado 1, existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una discapacidad determinada respecto de otras personas.
69      En este contexto, cabe precisar que un trato desfavorable por motivos de discapacidad solo menoscaba la protección que pretende la Directiva 2000/78 en la medida en que constituya una discriminación con arreglo al artículo 2 de dicha Directiva. En efecto, el trabajador discapacitado al que se le aplica esta Directiva debe ser protegido contra cualquier discriminación respecto a un trabajador que no es discapacitado. Por lo tanto, procede examinar si la normativa nacional controvertida en el litigio principal puede dar lugar, por lo que respecta a estas dos categorías de trabajadores, a una discriminación indirecta respecto a las personas con discapacidad (véase, en ese sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2025, Pauni, C‑5/24, EU:C:2025:689, apartado 34 y jurisprudencia citada).
70      Corresponde por tanto al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la vista de las circunstancias del litigio principal, si la normativa nacional aplicable puede ocasionar una «desventaja particular» en perjuicio de los trabajadores discapacitados, en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra b), de dicha Directiva.
71      Es preciso observar, en ese sentido, que no se deduce de los términos «desventaja particular», que figuran en esa disposición, ni de las otras precisiones allí enunciadas que tal desventaja exista únicamente en un caso especialmente relevante, evidente y grave de desigualdad. Este concepto debe entenderse en el sentido de que son particularmente las personas protegidas por esa Directiva, entre las que figuran los trabajadores con discapacidad, las que, a causa de la disposición, criterio o práctica en cuestión, se encuentran desfavorecidas (sentencia de 11 de septiembre de 2025, Pauni, C‑5/24, EU:C:2025:689, apartado 41 y jurisprudencia citada).
72      Así, la existencia de tal desventaja particular podría acreditarse, entre otras formas, probando que dicha disposición, dicho criterio o dicha práctica afectan negativamente a una proporción significativamente más alta de trabajadores discapacitados que de trabajadores que no lo son (sentencia de 11 de septiembre de 2025, Pauni, C‑5/24, EU:C:2025:689, apartado 42 y jurisprudencia citada).
73      No obstante, es preciso señalar que de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que la normativa nacional controvertida en el litigio principal constituya una desventaja para C.M. relacionada con la discapacidad que le es propia con respecto a los profesores que no tienen una discapacidad.
74      En efecto, como sostiene la Comisión en sus observaciones escritas, cabe concluir, por el contrario, que C.M. se encuentra en una situación cuando menos ventajosa con respecto a los profesores que no tienen una discapacidad, en la medida en que disfruta de la prioridad en materia de movilidad concedida por la normativa nacional controvertida en el litigio principal, mientras que dichos profesores no disfrutan de ella en modo alguno, ya que estos últimos solo pueden presentarse a los puestos vacantes una vez que se han estimado todas las solicitudes prioritarias.
75      Además, todos los profesores, con o sin discapacidad, que solicitan su traslado interprovincial sufren los efectos negativos de la norma según la cual el examen de las solicitudes de movilidad intraprovincial precede al examen de las solicitudes de movilidad interprovincial, ya que, tras el examen de las solicitudes de movilidad intraprovincial, el número de puestos disponibles para satisfacer las solicitudes de traslado interprovincial disminuye considerablemente.
76      Por lo tanto, no puede considerarse que la normativa nacional controvertida en el litigio principal suponga para C.M. una «desventaja particular», en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78, con respecto a los profesores que no tienen una discapacidad ni, en consecuencia, que establezca una diferencia de trato indirectamente basada en la discapacidad, en el sentido de dicha disposición.
77      Por lo tanto, a falta de tal «desventaja particular», no procede comprobar si dicha normativa puede estar justificada por el objetivo de garantizar la movilidad de los profesores en todo el territorio nacional con vistas al inicio del curso escolar ni si los medios para alcanzar este objetivo son adecuados y necesarios, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), de dicha Directiva.
78      Dicho esto, procede señalar que, en sus observaciones escritas, la Comisión alega que, mientras que la normativa nacional controvertida en el litigio principal constituye una acción positiva, en el sentido del artículo 7 de dicha Directiva, establece una diferencia de trato en función de la discapacidad de las personas afectadas. De conformidad con el artículo 13, apartado 1, punto I, del CCNI, las personas invidentes y sometidas a hemodiálisis disponen, en materia de movilidad, de una prioridad absoluta, en el sentido de que esa prioridad se aplica tanto a las solicitudes de movilidad intraprovincial como a las solicitudes de movilidad interprovincial. En cambio, con arreglo al artículo 13, apartado 1, punto III, del CCNI, las personas con discapacidad cuyo porcentaje de invalidez sea superior a dos tercios solo disponen de una prioridad denominada «relativa», ya que esta última solo se refiere a las solicitudes de movilidad intraprovincial. No obstante, es preciso señalar, a este respecto, que el órgano jurisdiccional remitente no aporta elementos específicos que permitan considerar el contexto o los motivos que sirven de base a esta distinción llevada a cabo entre las diferentes categorías de personas con discapacidad que resultan de estas disposiciones.
79      A este respecto, procede recordar que el principio de igualdad de trato consagrado por la Directiva 2000/78 tiene por objeto proteger a un trabajador con discapacidad, en el sentido de esta Directiva, frente a cualquier discriminación basada en esa discapacidad, y ello no solo respecto de los trabajadores que no tengan discapacidad, sino también respecto de los demás trabajadores con discapacidad (sentencia de 26 de enero de 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C‑16/19, EU:C:2021:64, apartado 36).
80      En efecto, cuando un trabajador es tratado de manera menos favorable de lo que otro trabajador sea, haya sido o pudiera ser tratado en situación análoga y ese trato desfavorable resulta haberse dispensado, habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes del caso, sobre la base de la discapacidad de ese primer trabajador, tal trato es contrario a la prohibición de discriminación directa enunciada en el artículo 2, apartado 2, letra a), de la citada Directiva, en la medida en que se apoya en un criterio indisociablemente vinculado a esa discapacidad (sentencia de 26 de enero de 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C‑16/19, EU:C:2021:64, apartado 48).
81      Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que una discriminación directa basada en alguno de los motivos mencionados, al igual que la discapacidad, en el artículo 1 de la Directiva 2000/78, puede justificarse sobre la base del artículo 2, apartado 5, o del artículo 7 de esta Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2019, Cresco Investigation, C‑193/17, EU:T:2019:43, apartado 52).
82      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que una eventual justificación debe examinarse a la luz del objetivo perseguido por la normativa de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2019, Cresco Investigation, C‑193/17, EU:T:2019:43, apartados 54 y 66).
83      Pues bien, en el caso de autos, a falta de información suficiente sobre el objetivo perseguido por la normativa nacional controvertida en el litigio principal, el Tribunal de Justicia no puede, por una parte, pronunciarse sobre el carácter comparable de la situación de las diferentes categorías de personas con discapacidad, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 80 de la presente sentencia. Por otra parte, por esta misma razón, el Tribunal de Justicia tampoco puede apreciar si esa normativa podría estar justificada sobre la base de las disposiciones mencionadas en el apartado 81 de esta sentencia.
84      Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que un régimen nacional relativo a la movilidad profesional y territorial que concede prioridad en materia de movilidad a determinados profesores con discapacidad frente a los profesores que no tienen discapacidad, al tiempo que hace prevalecer las operaciones de movilidad intraprovincial sobre las operaciones de movilidad interprovincial, no constituye una discriminación indirecta, en el sentido de dicha disposición, en perjuicio de los profesores que hayan solicitado un traslado interprovincial.
Costas
85      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
1)      El artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que establece un régimen relativo a la movilidad profesional y territorial que concede prioridad en materia de movilidad a determinados profesores con discapacidad, haciendo prevalecer las operaciones de movilidad intraprovincial sobre las operaciones de movilidad interprovincial, debido a que dicho régimen, dado que no tiene en cuenta las necesidades propias de las personas con discapacidad en situaciones concretas, no está comprendido en el concepto de «ajustes razonables», en el sentido de dicha disposición.
2)      El artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78
debe interpretarse en el sentido de que
un régimen nacional relativo a la movilidad profesional y territorial que concede prioridad en materia de movilidad a determinados profesores con discapacidad frente a los profesores que no tienen discapacidad, al tiempo que hace prevalecer las operaciones de movilidad intraprovincial sobre las operaciones de movilidad interprovincial, no constituye una discriminación indirecta, en el sentido de dicha disposición, en perjuicio de los profesores que hayan solicitado un traslado interprovincial.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: italiano.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.