62025CO0257
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 8 de diciembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Pensión de jubilación de los jueces — Base reguladora — No inclusión de un complemento por comisión de servicios — Exclusión por motivos relacionados con restricciones para la eliminación del déficit presupuestario — Artículo 2 TUE — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Principio de independencia judicial — Competencia de los poderes legislativo y ejecutivo de los Estados miembros para reducir la retribución de los jueces — Requisitos»
En el asunto C‑257/25,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunalul Neamţ (Tribunal de Distrito de Neamț, Rumanía), mediante resolución de 7 de febrero de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de abril de 2025, en el procedimiento entre
B. V.
e
I. J.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por el Sr. F. Schalin, Presidente de Sala, y los Sres. M. Gavalec (Ponente) y Z. Csehi, Jueces;
Abogado General: Sr. D. Spielmann;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre B. V., juez jubilado, y la I. J. (Inspección Judicial rumana), en relación con la negativa de esta a expedir un certificado normalizado en el que consten las cantidades percibidas en concepto de complemento por comisión de servicios que B. V. había percibido, a los efectos de la revisión de sus derechos de pensión.
Marco jurídico
Ley sobre el antiguo Estatuto de los Jueces y Fiscales
3
El artículo 82, apartado 1, de la Legea nr. 303 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Ley n.o 303 sobre el Estatuto de los Jueces y Fiscales), de 28 de junio de 2004 (texto refundido publicado en el Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 826 de 13 de septiembre de 2005), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley sobre el antiguo Estatuto de los Jueces y Fiscales»), establecía, en esencia, que los jueces con una antigüedad mínima de veinticinco años en el ejercicio de la función jurisdiccional «podrán percibir, cuando alcancen la edad de sesenta años, una pensión de jubilación, por un importe del 80 % de la base reguladora, formada por los haberes mensuales brutos o por el salario base mensual bruto, según los casos, más los complementos salariales percibidos durante el último mes de actividad anterior a la fecha de jubilación».
Decreto del Gobierno n.o 1275, de 18 de octubre de 2005
4
El artículo 7 del Reglamento de aplicación aprobado por el Hotărârea Guvernului nr. 1275 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani (Decreto del Gobierno n.o 1275 por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de las disposiciones de la Ley n.o 303/2004, sobre el Estatuto de los Jueces y Fiscales, texto refundido, y de la Ley n.o 47/1992, relativa a la Organización y Funcionamiento del Tribunal Constitucional, texto refundido, relativas a las pensiones de jubilación y la concesión de las prestaciones por hijo a cargo de hasta dos años), de 18 de octubre de 2005 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 979 de 3 de noviembre de 2005), dispone, en sus apartados 1 a 3:
«1.   El importe de la pensión de jubilación prevista en el artículo 82, apartados 1 y 2, será igual al 80 % de la media de los ingresos brutos percibidos durante los doce meses de actividad anteriores a la fecha de jubilación.
[…]
3.   Las retribuciones brutas mensuales incluirán, además de los haberes mensuales brutos, los complementos fijos o variables. Las retribuciones brutas no incluirán las cantidades percibidas en concepto de primas, gratificaciones o liquidaciones, reembolso de derechos correspondientes a otros períodos, ni la asignación equivalente a siete veces los haberes mensuales brutos, prevista en el artículo 81, apartado 1, de esta Ley, ni otros derechos que no tengan naturaleza salarial.»
5
A tenor del artículo 13, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento de aplicación:
«Para determinar la pensión de jubilación, el expediente de jubilación deberá contener:
[…]
b)
el certificado normalizado para la pensión de jubilación […] emitido por el último empleador, que especifique la antigüedad en la carrera judicial, la antigüedad únicamente como juez o fiscal, el promedio de las retribuciones brutas de los últimos doce meses de actividad antes de la fecha de jubilación y las retribuciones brutas percibidas en la fecha de jubilación».
Decreto‑ley n.o 27/2006
6
El artículo 13, apartado 1, letra a), del Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor și procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției (Decreto‑ley n.o 27 relativo a la remuneración y a otros derechos de los jueces y fiscales y de otras categorías de personal de la Administración de Justicia), de 29 de marzo de 2006 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 314 de 7 de abril de 2006) (en lo sucesivo «Decreto‑ley n.o 27/2006»), establece:
«Los jueces, los fiscales, el personal asimilado a estos y los magistrados‑asistentes en comisión de servicios o desplazados a otra localidad distinta de su lugar de domicilio tendrán, durante todo el tiempo que dure el desplazamiento o la comisión de servicios, los siguientes derechos:
a)
dietas del 2 % de los haberes mensuales brutos, sin que su cuantía pueda ser inferior a la establecida para el personal de la administración general».
Ley sobre el nuevo Estatuto de los Jueces y Fiscales
7
La Legea nr. 303 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Ley n.o 303, sobre el Estatuto de los Jueces y Fiscales), de 15 de noviembre de 2022 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 1102 de 16 de noviembre de 2022), entró en vigor el 16 de noviembre de 2022. Fue modificada por la Legea nr. 282 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal (Ley n.o 282 por la que se modifican y completan disposiciones reglamentarias en materia de pensiones de jubilación y la Ley n.o 227/2015 por la que se establece el Código Tributario), de 19 de octubre de 2023 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 950 de 20 de octubre de 2023) (en lo sucesivo «Ley sobre el nuevo Estatuto de los Jueces y Fiscales»).
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A raíz de estas modificaciones, el artículo 211 de la Ley sobre el nuevo Estatuto de los Jueces y Fiscales fue completado por un apartado 41, a tenor del cual, desde el 1 de enero de 2024:
«La base reguladora de la pensión de jubilación no incluye las cantidades percibidas en concepto de primas, gratificaciones, liquidaciones, reembolso de derechos correspondientes a otros períodos distintos del tenido en cuenta para determinar los derechos a pensión, dietas o cualquier otro derecho que no tenga carácter permanente.»
9
La exposición de motivos del proyecto de ley que dio lugar a esta modificación legislativa señala que «el ajuste del importe de las pensiones de jubilación no equivale a una expropiación a los beneficiarios de dichas pensiones, sino que tiene por objeto reducir, respecto de la situación actual, los derechos de pensión derivados de la obligación pública que recae sobre el presupuesto del Estado. El nuevo cálculo de las pensiones de jubilación tampoco equivale a la restricción de un derecho constitucional, sino que es necesario para reducir los gastos presupuestarios».
Litigio principal y cuestión prejudicial
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El demandante en el litigio principal, B. V., fue miembro de la carrera judicial hasta el 1 de diciembre de 2022, fecha de su jubilación. Durante el período en el que fue juez inspector en la Inspección Judicial rumana, a saber, del 28 de diciembre de 2018 al 1 de diciembre de 2022, percibió un complemento por comisión de servicios, correspondiente, de conformidad con el artículo 13, apartado 1, letra a), del Decreto‑ley n.o 27/2006, por cada día en tal situación, al 2 % de los haberes mensuales brutos.
11
Con el fin de liquidar sus derechos de pensión, B. V. solicitó al inspector jefe de la Inspección Judicial rumana, el 10 de noviembre de 2022, la expedición de un certificado normalizado en el que se indicaran los ingresos brutos que había percibido en noviembre de 2022, que incluyera el complemento por comisión de servicios. Este ascendía a 10143 leus rumanos (RON) (aproximadamente 2000 euros) en noviembre de 2022.
12
La Inspección Judicial rumana denegó la solicitud de B. V. por entender que dicho complemento no se integra en la base reguladora de la pensión de jubilación prevista en el artículo 82, apartado 1, de la Ley sobre el antiguo Estatuto de los Jueces y Fiscales.
13
En noviembre de 2023, B. V. recurrió la denegación ante el Tribunalul Neamţ (Tribunal de Distrito de Neamț, Rumanía), que es el órgano jurisdiccional remitente.
14
De la petición de decisión prejudicial se desprende que, desde la entrada en vigor de la Ley sobre el antiguo Estatuto de los Jueces y Fiscales, se ha reconocido a los jueces y fiscales rumanos el derecho a percibir una pensión de jubilación correspondiente al 80 % de la base reguladora, que incluye los haberes mensuales brutos o el salario base mensual bruto, según los casos, más los complementos salariales percibidos durante el último mes de actividad anterior a la fecha de jubilación.
15
El órgano jurisdiccional remitente señala, por un lado, que, tras calificar el complemento por comisión de servicios de derecho de naturaleza salarial, en particular en las resoluciones de 7 de febrero de 2022 y de 13 de marzo de 2023, la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía), mediante resolución de 11 de noviembre de 2024 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 1269 de 17 de diciembre de 2024), excluyó dicho complemento de la base reguladora de la pensión de jubilación y, por otro lado, que, desde el 1 de enero de 2024, esta solución está expresamente prevista en el artículo 211, apartado 41, de la Ley sobre el nuevo Estatuto de los Jueces y Fiscales.
16
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si, a falta de un criterio objetivo en la normativa que regula la retribución de los jueces, la exclusión del referido complemento de la base reguladora de la pensión de jubilación vulnera el principio de independencia judicial, que se deriva de los artículos 2 TUE y 19 TUE y del artículo 47 de la Carta y que exige que los jueces perciban una remuneración estable y proporcional a la importancia y a las particularidades de la función que desempeñan. Diversos instrumentos internacionales hacen hincapié en esta cuestión, en particular el punto 54 de la Recomendación CM/Rec(2010) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, titulada «Jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades», adoptada el 17 de noviembre de 2010, y el punto 6.4 de la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, adoptada en Estrasburgo el 10 de julio de 1998 por el Consejo de Europa.
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En estas circunstancias, el Tribunalul Neamţ (Tribunal de Distrito de Neamţ) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse el artículo 2 [TUE,] que, al enumerar los valores en los que se fundamenta la Unión Europea, hace referencia al respeto del Estado de Derecho, y el artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la [Carta], según los cuales los Estados miembros garantizarán la tutela judicial efectiva basada en vías de recurso ante un juez independiente e imparcial, en el sentido de que el principio de independencia de los jueces se opone a la negativa a incluir, en el cálculo de la [pensión de jubilación], el componente salarial constituido por [el complemento por comisión de servicios,] que no se ha abonado como reembolso de los gastos efectivamente soportados con motivo de la comisión de servicios, como serían los gastos de transporte, alojamiento o manutención, y concedido a los jueces que han tenido la condición de jueces en comisión de servicios o en situación de desplazamiento, ya que dicha negativa constituye una excepción al sistema de determinación de la [pensión de jubilación] de los jueces sobre la base de criterios objetivos e independientes de la intervención arbitraria del poder ejecutivo y del poder legislativo, que tiene como efecto reducir de forma permanente el importe de las retribuciones, vulnerando así las garantías constitucionales destinadas a proporcionar a los jueces una [pensión de jubilación] acorde con la dignidad de su cargo y con su esfera de funciones, así como el hecho de que la justicia sea administrada por tribunales y jueces independientes?»
Sobre la cuestión prejudicial
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En virtud del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no suscite ninguna duda razonable, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.
19
En el presente asunto, procede aplicar esta disposición.
20
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que el principio de independencia judicial se opone a la negativa a incluir un complemento por comisión de servicios en el cálculo de la pensión de jubilación, cuando dicha negativa, por un lado, se aparta del sistema de determinación de la pensión de jubilación de los jueces sobre la base de criterios objetivos e independientes de la intervención arbitraria del poder ejecutivo y del poder legislativo y, por otro lado, tiene como efecto reducir de forma permanente el importe de las retribuciones de los jueces jubilados.
21
Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aunque, conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho, debe garantizarse la independencia de los órganos jurisdiccionales frente a los poderes legislativo y ejecutivo de un Estado miembro, el mero hecho de que esos poderes estén implicados en la determinación de la retribución de los jueces no puede, en cuanto tal, crear una dependencia de los jueces respecto de estos poderes ni suscitar dudas en cuanto a su independencia o a su imparcialidad. Los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación a la hora de elaborar su presupuesto y adoptar decisiones teniendo en cuenta las diferentes partidas de gasto público. Este amplio margen de apreciación incluye la determinación del método de cálculo de tal gasto y, en particular, de la retribución de los jueces. Los poderes legislativo y ejecutivo nacionales son, en efecto, los mejor situados para tener en cuenta el contexto socioeconómico particular del Estado miembro en el que debe elaborarse dicho presupuesto y garantizarse la independencia judicial (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartados 50 y 51).
22
No es menos cierto que las normas nacionales relativas a la retribución de los jueces no deben suscitar dudas legítimas, en el ánimo de los justiciables, en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces de que se trate frente a elementos externos y en lo que atañe a su neutralidad ante los intereses en litigio. A tal fin, las cartas, informes y otros documentos elaborados por los órganos del Consejo de Europa o pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas pueden proporcionar indicaciones pertinentes para interpretar el Derecho de la Unión ante disposiciones nacionales adoptadas en la materia (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartados 52 y 53).
23
Como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 65 de la sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė (C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109), los poderes legislativo y ejecutivo de un Estado miembro pueden apartarse de lo dispuesto en la normativa nacional que define de manera objetiva las modalidades de determinación de la retribución de los jueces decidiendo reducir el importe de dicha retribución, siempre que se cumplan una serie de exigencias.
24
En primer término, de conformidad con el principio de seguridad jurídica, una medida de reducción de la retribución o de la pensión de jubilación de los jueces debe estar determinada por la ley y ser objetiva, previsible y transparente [sentencia de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartado 25 y jurisprudencia citada].
25
A este respecto, se debe precisar que la exigencia de previsibilidad se cumple cuando el justiciable puede saber, a partir del texto de la disposición pertinente y, si fuera necesario, con ayuda de la interpretación que de ella hacen los órganos jurisdiccionales nacionales de que se trate, cuál es el alcance de dicha disposición (véanse, por analogía, las sentencias de 3 de mayo de 2007_Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, apartado 50, y de 26 de junio de 2025, Makeleio y Zougla, C‑555/23 y C‑556/23, EU:C:2025:484, apartado 88). El principio de seguridad jurídica, que exige que las normas de Derecho sean claras y precisas y que su aplicación sea previsible para los justiciables, en particular cuando puedan tener consecuencias desfavorables, no puede interpretarse en el sentido de que obliga al legislador o al juez nacional, en el marco de una norma que el primero adopta y el segundo interpreta, a mencionar los distintos supuestos concretos en los que puede aplicarse una norma abstracta, en la medida en que no pueden determinarse por anticipado todos esos supuestos (véase, por analogía, la sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, apartado 33).
26
En segundo término, una medida de reducción de la retribución de los jueces o de sus pensiones de jubilación debe estar justificada por un objetivo de interés general, como las exigencias imperativas de supresión de un déficit público excesivo, en el sentido del artículo 126 TFUE, apartado 1, debiendo precisarse que la posibilidad de que un Estado miembro haga valer tales exigencias no presupone la incoación frente a él de un procedimiento con arreglo al Protocolo (n.o 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo a los Tratados UE y FUE [sentencia de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartado 26 y jurisprudencia citada].
27
Las razones presupuestarias que hayan justificado la adopción de una medida que se aparte de lo dispuesto en las normas de Derecho común en materia de retribución de los jueces han de precisarse con claridad. Además, sin perjuicio de circunstancias excepcionales debidamente justificadas, esas medidas no deben dirigirse únicamente a los miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales y deben inscribirse en un marco más general dirigido a que un conjunto más amplio de miembros de la función pública nacional contribuya al esfuerzo presupuestario que se persigue [sentencia de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartado 27 y jurisprudencia citada].
28
Tal como señala el punto 54 de la Recomendación CM/Rec(2010) 12 de 17 de noviembre de 2010, «deben introducirse disposiciones legales específicas para prevenir una reducción de la retribución que esté dirigida únicamente a los jueces». En cambio, como precisa el punto 57 de la exposición de motivos de dicha Recomendación, «la disposición que tenga por objeto que no se reduzca específicamente la retribución de los jueces no se opone a una reducción de la retribución que se inscriba en el marco de las políticas públicas dirigidas a la reducción general de los salarios de los miembros de los servicios públicos».
29
Por consiguiente, cuando un Estado miembro adopte medidas de restricción presupuestaria que afecten a sus funcionarios y a sus empleados públicos, puede, en una sociedad caracterizada por la solidaridad, como subraya el artículo 2 TUE, decidir aplicar dichas medidas también a los jueces nacionales [sentencia de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartado 29 y jurisprudencia citada].
30
En tercer término, conforme al principio de proporcionalidad, que constituye un principio general del Derecho de la Unión, toda medida dirigida a reducir la retribución de los jueces debe ser adecuada para garantizar la realización del objetivo de interés general perseguido de eliminar los déficits públicos excesivos, limitarse a lo estrictamente necesario para alcanzar ese objetivo y no ser desproporcionada respecto a él, lo que implica ponderar la eliminación de los déficits públicos excesivos y la injerencia en el principio de independencia judicial [sentencia de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartado 30].
31
Dicho lo anterior, habida cuenta del amplio margen de apreciación reconocido a los Estados miembros al elaborar sus presupuestos y adoptar decisiones teniendo en cuenta las diferentes partidas de gasto público, tal como se ha recordado en el apartado 21 del presente auto, un Estado miembro puede adoptar una medida legislativa que tenga por objeto no ya apartarse de la normativa de base que fija la retribución de los jueces para hacer frente a una crisis presupuestaria, sino modificar dicha normativa para el futuro, disminuyendo la retribución de estos, con el fin de mejorar su situación presupuestaria a largo plazo [sentencia de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartado 32].
32
El principio de independencia judicial, que se deriva del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 2 TUE, no puede oponerse a tal modificación, aunque no esté limitada en el tiempo, siempre que el nuevo nivel retributivo de los jueces siga siendo suficiente para garantizar su independencia. La preservación de la independencia de los jueces exige que, a pesar de que se les aplique una medida de restricción presupuestaria, el nivel de su retribución esté siempre en consonancia con la importancia de las funciones que desempeñan, a fin de que queden protegidos frente a injerencias o presiones externas que puedan poner en peligro su independencia a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones [sentencia de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartados 33 y 34].
33
El nivel de retribución de los jueces debe ser suficientemente elevado, teniendo en cuenta el contexto socioeconómico del Estado miembro de que se trate, para conferirles una auténtica independencia económica que les proteja frente al riesgo de posibles injerencias o presiones externas que puedan atentar contra la neutralidad de sus decisiones. Así pues, el nivel de esa retribución debe ser tal que permita preservar a los jueces del riesgo de corrupción. La apreciación de la adecuación de la retribución de los jueces supone, en particular, tener en cuenta la situación económica, social y financiera del Estado miembro de que se trate. Desde esta perspectiva, es pertinente comparar la retribución media de los jueces con el salario medio en dicho Estado [sentencia de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartados 35 y 36].
34
Estas consideraciones son válidas mutatis mutandis para los jueces jubilados. En efecto, el hecho de que los jueces en activo tengan la garantía de que, tras su jubilación, percibirán una pensión suficientemente elevada puede protegerlos contra cualquier riesgo de corrupción durante su período de actividad [sentencia de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartado 37 y jurisprudencia citada].
35
Procede mencionar, a este respecto, el punto 54 de la Recomendación CM/Rec(2010) 12 de 17 de noviembre de 2010, según el cual «debe garantizarse […] el pago de una pensión de jubilación cuyo nivel debería guardar una relación razonable con la retribución de los jueces en activo». Del mismo modo, del punto 6.4 de la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, mencionada en el apartado 16 del presente auto, resulta que tal estatuto debe garantizar a los jueces «que hayan alcanzado la edad legal de cese en sus funciones[,] después de haberlas cumplido con carácter profesional durante un período determinado[,] el pago de una pensión de jubilación cuyo nivel debe ser lo más próximo posible al de la última retribución por su actividad jurisdiccional».
36
En cuarto término, una medida de reducción de la retribución debe poder ser objeto de un control jurisdiccional efectivo, según el régimen procesal establecido por el Derecho del Estado miembro de que se trate.
37
Aunque, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE, no le corresponde aplicar las normas del Derecho de la Unión a un supuesto determinado, el Tribunal de Justicia puede, a fin de proporcionar una respuesta útil a los órganos jurisdiccionales remitentes, proporcionarles indicaciones, basadas en los autos del litigio principal y en las observaciones escritas que obren en su poder, que permitan a dichos órganos jurisdiccionales pronunciarse (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 77 y jurisprudencia citada).
38
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que, en el presente asunto, ni la Ley sobre el antiguo Estatuto de los Jueces y Fiscales, ni el Decreto del Gobierno n.o 1275, de 18 de octubre de 2005, ni el Decreto‑ley n.o 27/2006 han dilucidado expresamente la cuestión de la naturaleza salarial o no del complemento por comisión de servicios. Habida cuenta, asimismo, de las variaciones de criterio sobre este punto en la jurisprudencia de la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo), mencionadas en el apartado 15 del presente auto, resulta que el derecho a que este complemento se incluya en el cálculo de la pensión de jubilación no puede considerarse fundamentado en una base suficiente en Derecho rumano [véase, por analogía, la sentencia de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartado 48].
39
A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que el principio de independencia judicial no se opone a la negativa a incluir un complemento por comisión de servicios en el cálculo de la pensión de jubilación cuando dicha negativa, por un lado, se aparta del sistema de determinación de la pensión de jubilación de los jueces sobre la base de criterios objetivos e independientes de la intervención arbitraria del poder ejecutivo y del poder legislativo, y, por otro lado, tiene como efecto reducir de forma permanente el importe de las retribuciones de los jueces jubilados.
Costas
40
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
Los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que el principio de independencia judicial no se opone a la negativa a incluir un complemento por comisión de servicios en el cálculo de la pensión de jubilación cuando dicha negativa, por un lado, se aparta del sistema de determinación de la pensión de jubilación de los jueces sobre la base de criterios objetivos e independientes de la intervención arbitraria del poder ejecutivo y del poder legislativo, y, por otro lado, tiene como efecto reducir de forma permanente el importe de las retribuciones de los jueces jubilados.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: rumano.