61972C0008
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. HENRI MAYRAS
presentadas el 21 de septiembre de 1972 (
*1
)
Señor Presidente,
Señores Jueces,
I. Introducción
El presente asunto se inserta en un contexto que el Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión de conocer con motivo del recurso presentado en 1966 por algunos productores de cemento neerlandeses, belgas y alemanes. Ya en 1956, estos industriales cementeros habían celebrado un acuerdo (el Noordwijks Cement Accoord) con objeto, según la expresión del Abogado General Sr. Karl Roemer, «de prorrogar y de reorganizar la regulación del mercado neerlandés del cemento, mercado que, manifiestamente, los productores neerlandeses no pueden abastecer de manera suficiente».
Constituye un hecho indiscutible el que la producción nacional no está por sí sola en condiciones de atender a las necesidades de cemento en los Países Bajos, aunque es cierto que, en lo relativo al abastecimiento de cemento, la dependencia de dicho país ha disminuido considerablemente desde hace unos veinte años.
El consumo de este producto, indispensable para la construcción, ascendía en 1971 a unos 5 millones de toneladas, consumo que registra un gran aumento puesto que, solamente en el decenio 1950-1960, se triplicó el número de toneladas comercializadas en los Países Bajos. Pero, mientras que en 1960 la industria neerlandesa únicamente producía el 36 % del cemento utilizado en el país, dicha proporción pasó al 66 % en 1971, es decir, más de 3 millones de toneladas. Un tercio del consumo se sigue cubriendo mediante importaciones, de un volumen algo superior a 1,5 millones de toneladas, que provienen fundamentalmente de la República Federal de Alemania y de Bélgica.
Las importaciones procedentes de otros países, incluso del mercado común, han sido y siguen siendo insignificantes, debido sin duda al coste del transporte, pero también a las prácticas colusorias entre productores y comerciantes.
Y es que, en el pasado, los referidos productores neerlandeses, alemanes y belgas habían celebrado el acuerdo que acabamos de mencionar y que, para el abastecimiento en cemento y en clinker del mercado neerlandés, establecía un sistema de cuotas, la fijación uniforme de los precios y de las condiciones de venta, compromisos exclusivos de suministro y de compra, algunas prohibiciones de exportar, así como restricciones a la creación de nuevas industrias cementeras.
De este modo, la oferta de cemento en el mercado neerlandés constituía el objeto de una práctica colusoria internacional sobre la que la Comisión de las Comunidades Europeas ha tenido que iniciar una investigación. Dicha práctica colusoria, aunque modificada, sigue existiendo y es objeto actualmente de un procedimiento que debiera culminar en una próxima Decisión.
Pero es que además, y ello es el objeto del presente litigio, el negocio del cemento en los Países Bajos también ha sido regulado, no por un acuerdo, sino mediante las decisiones de una asociación de comerciantes reunidos en el seno de la Vereeniging van Cementhandelaren (en lo sucesivo, «VCH»).
Esta Asociación, que es ya antigua, fue fundada en Amsterdam en 1928. En 1971, contaba con 408 asociados, comerciantes mayoristas, cuya actividad suponía el 67,5 % del mercado; dichos mayoristas venden, a las empresas de obras públicas o privadas y a algunos minoristas homologados, tanto cemento producido en los Países Bajos como cemento importado. Los comerciantes que no están afiliados, los «outsiders», cuyo número ha aumentado indiscutiblemente estos últimos años, son 234, pero sólo comercializan el 32,5 % del cemento consumido en los Países Bajos.
Con arreglo a sus Estatutos, la VCH tiene por objeto «favorecer el comercio de cemento de sus miembros» y «defender sus intereses, principalmente en lo que atañe a sus relaciones con los proveedores».
La VCH procura alcanzar estos objetivos «utilizando procedimientos legales y, más concretamente, facilitando asesoramiento e información, organizando reuniones y conferencias, publicando informes, celebrando acuerdos, así como recurriendo a todos los medios legales adecuados para promover los objetivos de la asociación».
Los órganos de la Asociación son la asamblea general, órgano deliberante, y la junta directiva, con facultades para adoptar disposiciones obligatorias en ejecución tanto de los acuerdos celebrados por el VCH como de las normas adoptadas por la asamblea general. Además, la junta directiva controla el que los asociados den «adecuado cumplimiento» a las obligaciones que se les imponen.
Con esta base, la VCH adoptó una regulación general sobre precios y condiciones de venta, con relación a la cual basta decir, por el momento, que establecía un régimen de precios fijos para las ventas de cemento en cantidades inferiores a las 100 toneladas, y, para las ventas en cantidades superiores, un sistema de precios de orientación o precios «indicativos».
Las referidas disposiciones generales se concretan mediante catálogos de precios, que varían según las cantidades ofrecidas, la calidad del cemento y el modo de acondicionamiento, así como según el medio de transporte, el lugar de entrega e, incluso, la actividad de quienes utilizan el cemento.
Por último, fueron adoptados un reglamento interno de la Asociación, un reglamento disciplinario y un reglamento de arbitraje, con objeto de garantizar la aplicación de las disposiciones reguladoras en materia de precios y de condiciones de venta.
Fue este conjunto normativo el que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer texto de aplicación del artículo 85 del Tratado de Roma, la VCH notificó a la Comisión de las Comunidades Europeas, así como ulteriormente, en 1965, las modificaciones y complementos de dicha normativa. La referida notificación fue realizada para obtener la exención prevista en el apartado 3 del artículo 85, es decir, para obtener el reconocimiento de la conformidad de dicha normativa profesional con lo dispuesto en el artículo 85.
La Comisión procedió al examen de los documentos que se le habían notificado de la manera señalada, pero, considerando que no resultaban compatibles con lo dispuesto por el artículo 85, decidió incoar contra la VCH el procedimiento administrativo que regula el Reglamento no 17 y cuyo primer acto consiste en comunicar a la empresa o a la asociación de empresas de que se trate las denuncias presentadas contra ellas.
La referida comunicación, firmada por el Director General de la Competencia y expedida el 26 de enero de 1970, dio lugar a que la Asociación presentase observaciones escritas el 29 de mayo siguiente.
Tras una petición de precisiones complementarias por parte de la Comisión y la respuesta de la VCH, se dio a esta última la oportunidad de que sus representantes desarrollasen oralmente su punto de vista, de conformidad con el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento no 17. Esta audiencia al interesado tuvo lugar el 17 de marzo de 1971 y, sin perjuicio de algunas rectificaciones, el acta de la misma fue aprobada en lo esencial por los representantes de la Asociación.
Por último, una vez emitido el dictamen del Comité consultivo sobre prácticas colusorias, el 16 de diciembre de 1971, la Comisión adoptó la Decisión ahora impugnada y en cuya virtud:
—
Se declaran contrarias al artículo 85 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea: «Las disposiciones generales y las disposiciones en materia de precios, con inclusión de los catálogos de precios I al VI, así como las condiciones generales de compra y venta a que se refiere el apartado III del artículo 10, incluyendo también en estas últimas las condiciones complementarias de compra y de venta.»
—
En segundo lugar, se deniega, con respecto a las citadas normas, la solicitud de exención de acuerdo con el apartado 3 del artículo 85 presentada por la VCH.
—
Por último, se requiere a la referida Asociación para que ponga fin inmediatamente a la infracción así declarada.
La VCH solicita la anulación de esta Decisión individual, de la que es destinataria. La Comisión no propone ninguna excepción de inadmisibilidad al recurso de la VCH, y, por mi parte, creo que debe declararse la admisibilidad del mismo, tanto por lo que se refiere a la capacidad y legitimación de la demandante y a su interés para ejercitar la acción, como en lo relativo al plazo para interponer el recurso.
II. Alcance de la Decisión impugnada. Estado del procedimiento
Antes de abordar el examen de los motivos invocados y, por tanto, de la legalidad del acto impugnado ante el Tribunal de Justicia, creo necesario circunscribir y precisar el objeto del litigio.
En efecto, en el conjunto de decisiones de la Asociación de comerciantes de cemento que la Comisión estimó que tenían por objeto o efecto restringir el juego de la competencia dentro del mercado común, debía distinguirse -y, acertadamente, así se hizo- entre las normas establecidas para ventas de cemento en cantidades inferiores a 100 toneladas y las ventas relativas a 100 toneladas o más:
—
En el primer supuesto, la normativa profesional tenía por objeto imponer pura y simplemente precios y condiciones de venta rigurosamente uniformes, prohibiendo a los afiliados eludir, directa o indirectamente, dichas disposiciones. La Comisión dedujo de ello que la referida normativa privaba a los asociados de la VCH de toda posibilidad de establecer por sí mismos los precios y las condiciones de venta y de conseguir pedidos de cemento aceptando precios inferiores o condiciones más favorables para el comprador.
—
En el segundo supuesto, por el contrario, la VCH se limita a establecer precios indicativos, exigiendo a sus miembros el cumplimiento de las normas relativas a las bajadas de precios previstas en un marco normativo y la observancia de las condiciones de venta fijadas para las entregas iguales o superiores a 100 toneladas.
Tal era, al menos, el contenido de las normativas aún vigentes al final del procedimiento administrativo y, en particular, en el momento del dictamen emitido por el Comité consultivo sobre prácticas colusorias. Pero el 7 de diciembre de 1971, es decir, nueve días antes de que la Comisión adoptase su Decisión, la VCH decidió derogar las disposiciones aplicables a las entregas de menos de 100 toneladas, cuyo mantenimiento, nos dice, resultaba imposible por la situación del mercado, principalmente debido al hecho de que ya no se podía garantizar el control de la aplicación de los precios establecidos.
Semejante explicación no me parece totalmente convincente, y uno se ve inclinado a preguntarse si el abandono del sistema de precios fijos no habrá sido, en realidad, más bien consecuencia del hecho de que las referidas ventas, que sólo presentaban un interés secundario para la mayor parte de los comerciantes mayoristas afiliados, las llevaban a cabo en ese momento en proporción creciente mayoristas que no estaban afiliados a la VCH. Lo que llevaría a pensar, por otra parte, que el régimen de precios impuestos había perdido su interés para la Asociación.
La Comisión estima, por el contrario, que si la VCH renunció a fijar precios impuestos fue porque tomó conciencia de la incompatibilidad de dicha regulación con las normas del Tratado. Es sin duda exacto que, en todo su rigor, semejante sistema afecta al libre juego de la competencia de un modo más flagrante y más directo que el sistema de los precios indicativos. Con independencia de cuáles hayan sido las motivaciones de la VCH, consta que la regulación aplicable a las ventas de cemento inferiores a las 100 toneladas fue suprimida antes de que se adoptase la Decisión impugnada. Tampoco se discute el que la Comisión no tuvo conocimiento de esta supresión sino ulteriormente. Se trata, por consiguiente, de deducir las consecuencias que esta situación tiene en el plano procesal.
Para la demandante, la Comisión se basó en la combinación del sistema de precios impuestos con el de precios indicativos para declarar contrarios al artículo 85 del Tratado conjuntamente a ambos. La demandante añade que la desaparición de uno de los elementos indisociables de esa normativa de conjunto priva a la Decisión impugnada de un motivo determinante y constituye, pues, un obstáculo para su validez, sin que pueda, por lo demás, reprocharse a la VCH el no haber notificado a la Comisión antes del 16 de diciembre de 1971 la derogación de una parte de sus regulaciones.
Al igual que la Comisión, creo que este análisis es erróneo.
Por una parte, en efecto, al motivar su Decisión, la Comisión no razonó como si juzgase el sistema de precios indicativos incompatible con el artículo 85 únicamente debido a su pretendida conexión con el sistema de precios impuestos. La propia redacción de la letra b) del considerando 16 de dicha Decisión, que se refiere a las ventas de 100 toneladas o más y que viene a continuación de la letra a) de ese mismo considerando, consagrada a las ventas inferiores a las 100 toneladas, comienza por la expresión «en cualquier caso» e indica claramente que, en el espíritu de la Comisión, el sistema de precios indicativos constituye por sí mismo y de manera autónoma un obstáculo para la competencia. Por otra parte, los razonamientos que se exponen a continuación pretenden demostrar que el establecimiento de precios indicativos tiene por objeto imponer a los asociados un «comportamiento uniforme y coordinado», habida cuenta de las múltiples prescripciones aplicables a las condiciones de venta, cuyo análisis realiza la Decisión impugnada y de las que volveré a ocuparme más adelante.
Por otra parte -y esto nos parece esencial-, no se discute que es considerable la importancia cuantitativa de las ventas en cantidades iguales o superiores a las 100 toneladas. Dichas ventas representan el 76 % del total de ventas de los miembros de la VCH. Así pues, esto nos lleva a la conclusión de que la supresión de sólo una parte de las regulaciones criticadas no hace inválida la Decisión de la Comisión. Su objeto y su parte dispositiva resultarán aplicables exclusivamente en lo sucesivo a la regulación de los precios indicativos y de las condiciones de venta con ellos relacionados. En cuanto al recurso de la VCH, evidentemente sólo puede pretender la anulación de la Decisión impugnada en la medida en que ésta se refiera a la única regulación que seguía vigente en la fecha de su notificación.
Objetivamente, con independencia de los motivos que hayan conducido a la VCH a renunciar al sistema de los precios impuestos, dicha asociación se atuvo anticipadamente al requerimiento que algunos días más tarde le hizo la Comisión para que pusiese fin a dicho sistema de precios.
Por consiguiente, podemos abordar el fondo del asunto, empezando por el examen de la legalidad interna de la Decisión.
III. Legalidad interna de la Decisión impugnada
Sin que resulte necesario proceder a una previa exposición de las alegaciones de cada una de las partes, sobre las que el informe para la vista ha hecho un análisis claro y completo, voy a distinguir tres cuestiones principales, a las que procuraré dar contestación:
Primera cuestión
¿Qué naturaleza y alcance tienen las decisiones adoptadas por la VCH?
Segunda cuestión
¿Tienen dichas decisiones por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia?
Tercera cuestión
¿A qué operaciones comerciales son aplicables esas decisiones? y, en consecuencia, ¿puede considerarse que no sólo afectan al comercio de cemento en los Países Bajos sino también al comercio entre varios Estados miembros del mercado común?
Apartado 1
Sabemos que, entre lo que se ha convenido en llamar «prácticas colusorias», el artículo 85 del Tratado distingue los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas. Hasta este momento el Tribunal de Justicia ha tenido que conocer sobre todo de litigios relativos a acuerdos, es decir, a prácticas colusorias consistentes en negociaciones entre varias empresas, negociaciones que cristalizan en acuerdos escritos mediante los cuales, bien productores o vendedores, o bien productores y vendedores, determinan sus compromisos recíprocos en un mercado determinado.
Los recientes asuntos relativos al mercado de sustancias colorantes, objeto de las sentencias del Tribunal de Justicia del pasado 14 de julio, proporcionan un ejemplo del concepto de práctica concertada. Sin concluir acuerdo escrito alguno, las empresas adoptan, generalmente tras una serie de encuentros, reuniones y discusiones, un comportamiento coordinado, llevando a cabo una política concertada que no viene dictada por la situación del mercado sino que es el fruto de una común voluntad de acción.
Las decisiones de asociaciones de empresas constituyen una tercera variedad de prácticas colusorias. En lugar de consistir en que las empresas se vinculen jurídicamente a través de un acuerdo negociado o en que se comporten, de hecho, de manera concertada, la práctica colusoria reviste aquí la forma de una decisión general, podría decirse «normativa», adoptada por una persona jurídica (asociación o sindicato) que agrupa a productores o a comerciantes y cuya finalidad es la defensa de los intereses económicos de sus miembros. Las decisiones de asociaciones de empresas se distinguen de los acuerdos puros y simples en que, al adherirse a la asociación, los agentes económicos, tanto si son personas físicas como si son personas jurídicas, aceptan sus estatutos y su disciplina, quedando vinculados por las decisiones que adopten por mayoría los órganos deliberantes o ejecutivos de la asociación. Así sucede en el caso de autos. Dentro de la VCH, el poder deliberante corresponde a la asamblea general, integrada por la totalidad de los comerciantes de cemento afiliados a la asociación, que son sus miembros ordinarios. Esta asamblea general adopta sus decisiones por mayoría simple de los miembros presentes. El poder ejecutivo corresponde a la junta directiva, cuyos integrantes y presidente son elegidos por la asamblea general. Esta junta directiva está facultada para adoptar decisiones obligatorias para la totalidad de los asociados, ya se trate de llevar a efecto la ejecución de acuerdos celebrados por la VCH (ese fue el caso del contrato-VCH, que regulaba las relaciones entre los comerciantes de cemento y los productores neerlandeses o extranjeros) o de regular, de conformidad con los acuerdos de la asamblea general, la actividad de los asociados, especialmente en materia de precios, condiciones de venta, suministro, rebajas que pueden concederse en función del número de toneladas vendi das o del medio de transporte utilizado, o incluso de las clases de compradores: fabricantes de mortero, de objetos de hormigón o de artículos de cemento-amianto o empresas de construcción.
El carácter obligatorio de las referidas decisiones se garantiza mediante una serie de prescripciones que tienen por objeto, por una parte, hacer posible el control de la actividad de los asociados y, por otra, facilitar a la junta directiva los medios de comprobar que dichos asociados cumplen las normas profesionales aprobadas. De este modo, los miembros de la VCH deben comunicar a la asociación cualquier cambio que se realice en la dirección, la forma jurídica o el objeto social de sus empresas; se les somete a controles rigurosos, especialmente de tipo contable; en caso de inobservancia de las normas de la asociación por parte de los asociados, se les pueden imponer sanciones, en su caso de carácter pecuniario (multas o multas coercitivas), o pueden ser expulsados de la asociación; por último, los litigios que surjan entre la VCH y sus miembros o entre éstos entre sí serán de la exclusiva competencia de un tribunal de arbitraje.
Así pues, nos encontramos ante decisiones de carácter obligatorio cuya ejecución se garantiza mediante un régimen disciplinario interno a la asociación y no sólo mediante simples recomendaciones o directivas desprovistas de sanción.
Apartado 2
¿Caen las referidas decisiones profesionales en el ámbito de aplicación del artículo 85 del Tratado en el sentido de que tienen por objeto o efecto obstaculizar el libre juego de la competencia?
Situándose en un plano económico y basándose en las características del mercado del cemento, la demandante sostiene que, en el caso de autos, la competencia de los precios sólo constituye un elemento secundario:
—
En primer lugar, porque la incidencia del precio del cemento en el coste global de una construcción es extremadamente pequeña; uno de los representantes de la VCH ha desarrollado especialmente este argumento en la vista.
—
En segundo lugar, porque las garantías de calidad y de seguridad que proporciona la estricta observancia de las normas de la asociación es suficiente para disuadir a los usuarios de buscar cementos menos caros, pero de procedencia indeterminada -según la demandante, los clientes están particularmente apegados a la marca.
—
Por último, porque la competencia de los precios es muy pequeña en la propia fase de producción, habida cuenta de la importancia de las inversiones y de la primacía del factor capital.
Así pues, según la demandante, la competencia se desarrolla principalmente (si no exclusivamente) a nivel de los servicios que se prestan a la clientela.
Estas explicaciones no me han convencido en absoluto. El argumento basado en la pequeña incidencia del precio del cemento en el coste de las construcciones es, a mi juicio, el menos pertinente que invocarse pueda. ¿No sería igualmente válido, en efecto, el mismo razonamiento para otros muchos materiales o productos aisladamente considerados? Lo que importa es saber si los precios son función de una competencia posible y efectiva o si, por el contrario, son determinados mediante prácticas colusorias o normativas profesionales, en interés de los vendedores.
En realidad, el cemento es un producto homogéneo, de carácter eminentemente sustituible, que se comercializa a granel cuando se vende en grandes cantidades. Las normas de calidad corresponden a patrones bien definidos internacionalmente.
En segundo lugar, el elevado grado de inversión necesario para la producción tiene sobre todo como consecuencia incitar a los productores a utilizar al máximo su capacidad productiva, para poder hacer posibles, al menos temporalmente, bajadas de los precios. Como ya se ha explicado al Tribunal de Justicia, probablemente sea menos perjudicial, en la peor de las hipótesis posibles, vender con pérdida que parar un horno.
Por consiguiente, los precios son efectivamente un elemento competitivo importante en el mercado del cemento.
Por otra parte, es sin duda en gran medida exacto que la regulación de la VCH sea garantía de seguridad y de calidad para los usuarios, así como de la regularidad de los abastecimientos y de las entregas, pero seguridad, calidad y regularidad no deben venir acompañadas necesariamente por una política de precios que obstaculice la competencia.
Dicho esto, la demandante, que ha admitido implícitamente que el sistema de precios impuestos no resulta compatible con lo dispuesto por el artículo 85 del Tratado, sostiene que, por el contrario, no se puede hacer la misma objeción a los precios indicativos aplicados a las ventas de cemento en cantidades de 100 toneladas o más. A este respecto, la demandante invoca el hecho de que los comerciantes afiliados a la Asociación compran el cemento a los productores a precios variables, y que la única obligación que se les impone consiste en vender con un «beneficio demostrable», sin que se les exija ningún tipo determinado de margen comercial. Por consiguiente, los propios precios de venta se pueden diferenciar en función del nivel de los precios de compra, y los productores, especialmente los extranjeros, siguen teniendo interés en ofrecer sus productos a precios competitivos en el mercado de los Países Bajos. Por consiguiente, concluye la demandante, no puede considerarse que el sistema de precios indicativos afecte a la competencia, puesto que, a diferencia del sistema de precios mínimos, uniformes y obligatorios, no se trata sino de un sistema abierto de cálculo del precio de coste.
Creo que este análisis de la regulación de precios establecida por la VCH no se corresponde con la realidad. O, por lo menos, que resulta incompleto.
En primer lugar, si bien los precios indicativos difieren de los precios mínimos uniformes, no resultan menos apremiantes para los miembros de la Asociación ni limitan menos su libertad de acción comercial, impidiéndoles que determinen ellos mismos sus precios de venta con toda independencia. Se trata de precios que se fijan por decisión mayoritaria obligatoria; a este respecto, la normativa profesional que se discute cae desde luego en el ámbito de aplicación de la letra a) del apartado 1 del artículo 85, se refiere expresamente a las prácticas colusorias que consistan en «fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción».
Por otra parte, la Asociación demandante se cuida de imponer a sus miembros un conjunto de condiciones de venta, cuyo objeto es dificultar el acceso al mercado de cemento. Entre dichas condiciones figura especialmente la obligación que se les impone de abastecer exclusivamente, para su posterior reventa, a otros miembros de la Asociación o a «revendedores autorizados», con objeto de excluir a los que no están afiliados a la Asociación, así como la norma en virtud de la cual los miembros de la Asociación no pueden suministrar a las empresas de construcción más cemento del necesario para la obra de que se trate. Por lo demás, la VCH es tan plenamente consciente de que la normativa de referencia puede ser objeto de crítica, que, cambiando de estrategia, alega que, de hecho, no se tienen en cuenta los precios indicativos.
Sin embargo, además de que resulta muy difícil suscribir semejante aserción si se tienen en cuenta los eficaces medios de control y el arsenal disciplinario de que dispone la VCH, no podemos aquí sino recordar el texto mismo del artículo 85, que prohíbe los acuerdos o decisiones «que tengan por objeto o efecto» obstaculizar la competencia.
El carácter alternativo del objeto o del efecto tiene como consecuencia el que no procede tomar en consideración los efectos concretos de un acuerdo o de la decisión de una asociación de empresas cuando resulte que dicho acuerdo o decisión manifiestamente tengan por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia. Se trata del principio que este Tribunal de Justicia sentó en la sentencia de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión_↔ y, si bien es verdad que, en otras sentencias, el Tribunal de Justicia matizó su punto de vista con la afirmación de que procedía tener en cuenta «el contexto económico y jurídico de la práctica colusoria» -sentencias de 30 de junio de 1966, Société Technique Minière, 56/65_↔ y de 9 de julio de 1969, Völk, 5/69↔-, creo que, en el caso de autos, la mera existencia de una normativa aprobada con objeto de organizar el comercio de cemento mediante la sujeción de los comerciantes a una tupida y detallada red de prescripciones relativas no sólo a los precios sino también a las condiciones de venta y de entrega, es suficientemente reveladora del objeto perseguido por la VCH.
Y por si fuese necesario recurrir a otro elemento de convicción, el Tribunal de Justicia puede encontrarlo, en mi opinión, en el hecho de que la normativa aprobada por la VCH correspondía, todavía recientemente, a los acuerdos celebrados entre productores neerlandeses, belgas y alemanes, vinculados a dicha asociación de comerciantes a través del contrato-VCH, así como a la organización de establecimientos de venta por los importadores alemanes y belgas.
En realidad, nos encontramos en presencia de una organización de mercado cuyo objeto es reservar a los comerciantes afiliados una parte ampliamente preponderante en el comercio de cemento y garantizarles los precios más remuneradores posibles.
Si bien es verdad que, desde hace algunos arios, se ha ampliado relativamente el sector explotado por los outsiders, no es menos cierto que los miembros de la VCH conservan el control del mercado, habida cuenta de que comercializan los 2/3 del número de toneladas de cemento consumido actualmente en los Países Bajos.
Por consiguiente, propongo encarecidamente al Tribunal de Justicia que declare que a las regulaciones profesionales impugnadas les resulta aplicable el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.
Apartado 3
Y llegamos a la tercera cuestión: ¿resulta afectado el comercio entre varios Estados miembros?
La demandante sostiene que su regulación únicamente se aplica a las operaciones comerciales que se llevan a cabo en el territorio de los Países Bajos. La Asociación, en efecto, sólo agrupa a comerciantes neerlandeses; por consiguiente, afirma la Asociación, se trata de una organización nacional de mercado a la que no se aplica el Derecho comunitario sino únicamente el Derecho interno. Además, la importación de cemento es completamente libre, no estando sujeta a ninguna restricción.
Ambas afirmaciones son exactas. Por una parte, las decisiones de la VCH sólo obligan a empresas de distribución de cemento localizadas en los Países Bajos; por otra parte, la reciente renuncia a la recíproca exclusividad que el contrato VCH establecía entre los comerciantes y sus proveedores nacionales o extranjeros ha tenido como efecto liberalizar las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania y de Bélgica.
Pero la VCH tiene que reconocer dos hechos que constan:
—
En primer lugar, la producción nacional sólo cubre los 2/3 de las necesidades de cemento de los Países Bajos. Por consiguiente, es preciso importar a toda costa en dicho país cada año más de un millón y medio de toneladas de cemento.
—
En segundo lugar, también los 2/3 de ese cemento importado, es decir, aproximadamente un millón de toneladas, son comercializadas por los comerciantes adheridos a la VCH, y estas ventas de cemento están, por ello, sujetas a la regulación de los precios indicativos y de las condiciones de venta que acabamos de analizar.
Creo que esta última consideración resulta decisiva por sí sola. En efecto, si se admite que las decisiones de la VCH tienen por objeto -y, de hecho, necesariamente también por efecto- restringir la competencia entre los comerciantes adheridos en perjuicio de los usuarios de cemento, basta con comprobar que los productores extranjeros que desean vender en los Países Bajos se encuentran ante una organización que se les impone, y que en la importación de la mayor parte del cemento que importan interviene de hecho dicha organización. Para eludirla, sería preciso que los referidos productores pudiesen tratar exclusivamente con los outsiders, cuyo número experimenta ciertamente un relativo aumento, pero cuya actividad dista mucho de amenazar seriamente la preponderante influencia de la VCH. Se comprende fácilmente que eso no sea posible en la práctica, y resulta significativo que los comerciantes adheridos a la VCH vendan proporcionalmente tanto cemento importado como cemento producido en los Países Bajos.
Por consiguiente, del hecho de que los precios de venta del referido cemento importado sigan estando en amplia medida determinados por las decisiones de la asociación profesional resulta necesariamente una influencia sobre las corrientes de intercambios entre los Países Bajos, por una parte, y la República Federal de Alemania y Bélgica, por otra, en un sentido que contribuye a compartimentar el mercado y se opone a la intercomunicación económica que pretende conseguir el Tratado.
En mi opinión, es preciso rechazar la argumentación de la demandante.
IV. Motivos formales
Quedan por examinar los motivos formales invocados en la demanda.
El primero de ellos se basa en que el escrito por el que se comunicaban a la VCH las denuncias presentadas contra ella, de fecha 26 de enero de 1970, había sido firmado tan sólo por el Director General de la Competencia, por delegación. Y se alega que semejante delegación es irregular.
Bastará con que recordemos que, en algunas de sus sentencias del pasado 14 de julio sobre los asuntos relativos a las sustancias colorantes, este Tribunal de Justicia desestimó expresamente un motivo idéntico que había sido formulado por varias empresas demandantes.
El Tribunal de Justicia precisó que el Director General de la Competencia se había limitado a firmar el pliego de cargos, que previamente había sido aprobado por el miembro de la Comisión competente en materia de libre competencia, en el ejercicio de las facultades que la Comisión le había delegado. Que, por consiguiente, el referido alto funcionario no actuó en virtud de una delegación de facultades, sino de una simple delegación de firma que había recibido del miembro competente de la Comisión. Que, además, una delegación de ese tipo constituye una medida relativa a la organización interna de los Servicios de la Comisión, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento interno provisional adoptado en virtud del artículo 7 del Tratado de 8 de abril de 1965 por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas.
No obstante, después de tomar conocimiento de esta posición en el transcurso de la vista, los representantes de la VCH se remitieron en este punto al buen criterio del Tribunal de Justicia.
En segundo lugar, la demandante reprocha a la Comisión el haber motivado insuficientemente su Decisión en el aspecto formal, tanto en lo relativo a su propia competencia, basada en que resulten afectados los intercambios entre varios Estados miembros, como en lo que atañe al carácter restrictivo de la competencia que tengan las regulaciones impugnadas.
El artículo 190 del Tratado dispone, desde luego, que las decisiones de la Comisión deberán ser motivadas, pero este Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que la referida norma se cumple cuando la motivación de una decisión indique claramente y de una manera coherente los elementos esenciales, de hecho y de Derecho, en los que se base dicha decisión. El Tribunal de Justicia no considera necesario, por el contrario, que el texto de la decisión recoja explícitamente todos los puntos que hayan sido objeto de controversia en el transcurso del procedimiento administrativo incoado conforme al Reglamento no 17 del Consejo.
Ahora bien, en el caso de autos, la Decisión impugnada recoge textualmente y en detalle cada uno de los hechos imputados a la VCH desde la iniciación del procedimiento administrativo, puesto que reproduce fielmente los cargos comunicados a la demandante. A este respecto, dicha Decisión fue motivada de una manera particularmente abundante y precisa. En cuanto a los fundamentos de Derecho, basados en la aplicación de las disposiciones del Tratado a los hechos del asunto, están claramente enunciados, particularmente en los considerandos 16 y 17 de la Decisión, tanto en lo que se refiere al objeto restrictivo de la competencia que tienen las regulaciones impugnadas como en lo relativo a que pueden afectar al comercio entre los Estados miembros.
Por último, si la VCH pretende exigir que la Comisión responda, en la Decisión misma, a los argumentos expuestos en el procedimiento administrativo, estará incurriendo en un error, puesto que, según tuvimos ocasión de afirmarlo a propósito de los asuntos sobre los colorantes, esos argumentos son precisamente los que se invocan en apoyo del recurso interpuesto ante este Tribunal de Justicia. La Comisión, a través de sus escritos, debe precisamente en la vía judicial discutir, y refutar si puede, los argumentos de la demandante, pero no tiene obligación alguna de hacerlo en la fase de la Decisión administrativa.
Como ninguno de los motivos de la demandante me parece procedente, en estas conclusiones propongo:
—
Que se desestime la demanda presentada en el asunto 8/72.
—
Que se condene en costas a la asociación demandante.
(
*1
)	Lengua original: francés.