La Sala acepta los antecedentes de hecho de la resolución apelada.
PRIMERO. - Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Torrejón de Ardoz, en fecha 5 de Julio de 2.007, en el procedimiento
de ejecución de título judicial extranjero de referencia, se dictó auto cuya
parte dispositiva, textualmente dice: "DISPONGO que DEBO DECLARAR
Y DECLARO FINALIZADA LA PRESENTE EJECUCIÓN POR APRECIAR VICIO
DE NULIDAD EN EL TÍTULO EJECUTIVO JUDICIAL EXTRANJERO QUE SE
EJECUTA. Álcense y déjense sin efecto todas las diligencias de embargo
realizadas, y devuélvase a la parte ejecutada la cantidad consignada en la
cuenta del Juzgado, y, si no fuera posible, requiérase a la ejecutante que
reintegre la cantidad que le hubiere sido entregada con la advertencia de
ejecutar el aval bancario obrante en los autos. Las costas de la presente
ejecución se imponen a la parte ejecutante al apreciarse mala fe procesal
en su actuar".
SEGUNDO. - Notificada anterior resolución, contra la misma, previa
su preparación en tiempo y forma, interpuso recurso de apelación, el
Procurador Sr. García Guillén, en la representación acreditada de la
mercantil DAL'ALU, S.A.S., dándose al mismo el trámite correspondiente,
trámite en el que el Procurador Sr. Montalvo Torrijos, en representación
de la mercantil GUTTER TRADEW IBÉRICA, S.L. y de Don Anibal, se
opuso al recurso y cumplido el trámite en la instancia, se elevaron las
actuaciones a la Audiencia Provincial, turnándose a esta Sección.
TERCERO. - Recibidos los autos se formó el correspondiente rollo de
sala con el nº 279/2.008 y tras darle el trámite correspondiente, en el
que se personaron el procurador Sr. Calvo Ruiz en representación de la
apelante DAL'ALU, S.A.S. y la procuradora Sra. Maroto Gómez, en nombre
de GUTTER TRADEW IBÉRICA, S.L. y de Don Anibal; no considerándose
necesaria la celebración de vista pública, se señaló la correspondiente
deliberación, votación y fallo del recurso cuando por turno correspondía,
quedando el recurso concluso para sentencia.
CUARTO. - En la tramitación del recurso se han observado las
prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia que no ha
sido por acumulación de asuntos y enfermedad del Ponente.
Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Don FELIX ALMAZAN LAFUENTE.
II. - RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Se aceptan los fundamentos jurídicos del auto apelado en todo aquello
que no sea contradicho por los siguientes. Y:
PRIMERO. - El presente recurso, dimana del procedimiento de ejecución
de títulos judiciales, iniciado a instancia del Procurador Sr. García Guillén
en nombre y representación de la mercantil DAL'ALU, S.A.S., ante el
Juzgado de Primera instancia nº 1 de Torrejón de Ardoz, referente a la
sentencia dictada por el Tribunal de Comercio de Burdeos (Francia), el
17 de Febrero de 2.006, en el proceso civil nº 2004F00308, seguido a
instancia de la aquí demandante contra GUTTER TRADE IBÉRICA, S.L.
y Don Anibal, entre otros, procedimiento de ejecución que ha concluido
por auto de 5 de Julio de 2.007, el que ha declarado finalizada dicha
ejecución por apreciar vicio de nulidad en el título ejecutivo judicial que se
ejecuta, dejando sin efecto todas las diligencias de embargo realizadas,
devolviendo a la parte ejecutada la cantidad consignada en la cuenta del
Juzgado y, si no fuera posible, requiriéndose a la ejecutante para que
reintegre la cantidad que le hubiere sido entregada con la advertencia de
ejecutar el aval bancario obrante en autos.
Frente a reseñada resolución la mercantil DAL'ALU, S.A.S., formula
el presente recurso en el que sin oponerse al archivo de los autos, sí
cuestiona la nulidad radical de la ejecución y la condena en costas,
significando que la ejecución fue debidamente instada y gracias a ella
se logró el cobro, por lo que GUTTER TRADE IBÉRICA, S.L. y de Don
Anibal, son quienes deberán de hacer frente al pago de las costas,
pretensiones que articula en su escrito de interposición del recurso, en el
que tras hacer un pormenorizado examen de las actuaciones llevadas a
cabo en el trámite de ejecución, pasa a exponer los motivos del recurso
que enuncia de la siguiente manera: Primero.- No es necesario que la
sentencia extranjera dictada en Territorio 44 sea firme, en contra de lo
afirmado por el auto, considerando improcedente la aplicación al caso
del artículo 525.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, manteniendo que
ni en el Reglamento 44/2001, ni en el Convenio de Lugano se exige la
firmeza de la resolución.- Segundo.- El Juzgado de primera instancia no
puede revisar una decisión concediendo la ejecución de una sentencia
extranjera, al amparo del Reglamento 44/2.001, siendo competente
para decidir sobre cualquier contradicción respecto a la procedencia
de la ejecución, la Audiencia Provincial.- Tercero.- No existe mala fe al
intentar ejecutar una sentencia en otro país al tiempo en que se pretende
la ejecución en el país de origen.- Por último se considera que las costas
de la ejecución deben de ser impuestas a la parte ejecutada, al incumplir
su obligación de pago y dar lugar a que DAL'ALU, S.A.S., incurriera
en gastos, lo que no hubiera sido preciso si a 5 de Octubre de 2.006,
hubieran pagado el importe de la sentencia, costas que, conforme a lo
dispuesto en el artículo 583.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, han de
ser impuestas solidariamente a GUTTER TRADEW IBÉRICA, S.L. y a Don
Anibal.
SEGUNDO. - El Reglamento CEE 44/2001, relativo a la competencia
judicial y al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, en vigor desde el 1 de marzo de 2002, y que
ha sustituido al Convenio de Bruselas y a los Tratados bilaterales entre
los Estados miembros Reglamento 44/2001, tiene como objetivo la "libre
circulación de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil" en el
espacio europeo, y para ello considera indispensable la simplificación
de los trámites "para un reconocimiento y una ejecución rápidos y
simples de las resoluciones judiciales de los Estados miembros obligados"
por dicho Reglamento. Sobre esta base y en cuanto aquí interesa,
establece el principio de reconocimiento automático o de pleno derecho
de las resoluciones judiciales dictadas en cualquiera de los Estados
miembros, aunque exige un control de regularidad de las mismas cuando
lo pretendido es su ejecución. Así se desprende del artículo 38 del
Reglamento, al establecer que las resoluciones dictadas en un Estado
miembro que allí fueren ejecutorias se ejecutarán en otro Estado miembro
cuando a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado
su ejecución en éste último, así como del artículo 41, al determinar
que se otorgará inmediatamente la ejecución de la resolución una vez
cumplidas las formalidades previstas en el artículo 53, sin proceder
a ningún examen de acuerdo con los artículos 34 y 35 (que prevén
los motivos por los que cabe la denegación del reconocimiento o de la
ejecución). Ese control o comprobación de regularidad se verifica sin
audiencia del ejecutado (artículo 41 in fine), aunque una vez declarada
la ejecutabilidad u otorgamiento de la ejecución, la resolución que así
lo acuerde ha de ser notificada a la parte contra quien se solicita la
ejecución (artículo 42) y contra ésta resolución el ejecutado puede
interponer los recursos a que se refiere el anexo IV (artículo 44) en el
plazo de un mes desde la notificación (artículos 42 y 43) si considera que
no se cumplen las condiciones de los artículos 34 y 35 (artículo 45). Es
pues patente que, conforme a todo ello hay que concluir que la ejecución
requiere un previo examen de los requisitos del artículo 53, lo que,
necesariamente ha de comportar, que el solicitante de ejecución aporte
todos los datos concurrentes en el proceso cuya ejecución se pide, entre
ellos si nos hallamos ante una ejecución provisional o definitiva, esto es si
la resolución es firme o ha sido recurrida.
TERCERO. - En el supuesto enjuiciado concurren dos circunstancias que, a
juicio de este Tribunal, son vitales para su resolución:
La primera, que en la demanda de ejecución no se hace mención alguna a
que la sentencia dictada por el Tribunal de Comercio de Burdeos (Francia),
el 17 de Febrero de 2.006, en el proceso civil nº 2004F00308, seguido a
instancia de la aquí demandante contra GUTTER TRADE IBÉRICA, S.L. y
Don Anibal, había sido recurrida por los demandados con anterioridad a
dicho escrito, no indicándose que la ejecución es provisional, pese a que
en el fundamento de derecho IV.2, se señala la obligación, conforme a
la legislación francesa, de prestar aval, aportando como documento nº
9, referido aval que, además de recoger que se emite en garantía de la
ejecución provisional de la sentencia, lo es por la cuantía señalada en
el fallo de la propia sentencia, en el que textualmente se dice: "Ordena
la ejecución provisional de la presente sentencia, sin perjuicio de la
obligación de la sociedad DAL'ALU, S.A.S., con excepción de la suma
indicada en el artículo 700 del Nuevo Código de Procedimiento Civil,
de constituir fianza válida por importe de 2.150.000 € (DOS MILLONES
CIENTO CINCUETA MIL EUROS)".
La segunda, que DAL'ALU, S.A.S. no solo ha solicitado la ejecución ante el
Tribunal español, sino que, al propio tiempo, instó la ejecución provisional
ante el Tribunal sentenciador, trámite en el que se limitó el alcance de
dicha ejecución provisional, abonando la ejecutada, la cantidad al efecto
establecida.
Siendo cierto que el Reglamento CEE 44/2001, traslada el debate
fundamental sobre la procedencia de la ejecución al recurso establecido
en su artículo 43, es evidente que el Tribunal ante el que se solicita la
ejecución, debe llevar a cabo un previo examen de los requisitos del
artículo 53, lo que, necesariamente ha de comportar que el solicitante
de ejecución aporte todos los datos concurrentes en el proceso cuya
ejecución se pide, lo que no ha ocurrido en el presente caso, en el
que, consciente o inconscientemente, se ha omitido en el escrito inicial
cualquier dato referente a la ejecución provisional, omisión que a nuestro
juicio es relevante pues, cuando menos, es una cuestión discutible la
procedencia de la ejecución provisional de las sentencias extranjeras, a la
vista de lo dispuesto en el artículo 525.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
precepto que sienta, como regla general, la inejecución provisional de
estas sentencias, salvo que "expresamente" se disponga lo contrario en
los Tratados internacionales vigentes en España, declaración expresa que
no consta en el Reglamento CEE 44/2001, a no ser que se considere como
tal la falta de referencia a la firmeza de las resoluciones cuya ejecución
se regula, falta de firmeza que, en cualquier caso, conforme establece
el artículo 46, puede condicionar definitivamente la ejecución, cuando el
recurso contra la resolución ejecutada, puede dar lugar a la suspensión de
dicha ejecución.
También es significativa la diferencia, en el presente caso, del alcance y
requisitos de la ejecución provisional, según se llevara a cabo en el país
de origen o en España, siendo relevante que, a la postre, lo acordado
en Francia, ha sido la ejecución provisional parcial de la sentencia, tras
prestarse la correspondiente fianza, solución imposible en España, de
haberse instado la ejecución únicamente aquí.
Esta situación de doble ejecución, aparte de poner de manifiesto la
peculiar situación reseñada, aporta un dato fundamental para desestimar
el presente recurso y confirmar la resolución de instancia, pues en todo
caso, es inaceptable que, al amparo del Reglamento CEE 44/2001, se
inste simultáneamente la doble ejecución provisional de una resolución.
La parte ejecutante puede instar la ejecución en el país de origen
o aquel otro que el citado Tratado le permita, pero lo que no puede
hacer es iniciar un doble proceso de ejecución, duplicidad que una vez
constatada, ha de dar lugar al archivo de uno de los procedimientos con la
subsiguiente condena, a la ejecutante, en cuanto a las costas causadas en
el mismo.
En consecuencia, llevada a cabo la ejecución provisional ante el Tribunal
sentenciador, la conclusión del presente procedimiento que el auto
recurrido acuerda, ha de mantenerse, al igual que el pronunciamiento
sobre costas -objeto fundamental del recurso-, imposición plenamente
justificada por la duplicación del proceso de ejecución, circunstancia
bastante para imponer las costas de uno de ellos a quien ha causado la
anómala situación denunciada.
LA SALA ACUERDA:
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la mercantil DAL'ALU,
S.A.S., representada en esta segunda instancia por el Procurador Don
Francisco Javier Calvo Ruiz, contra el auto dictado por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Torrejón de Ardoz, el 5 de Julio
de 2.007, en el proceso de ejecución de referencia, confirmando referida
resolución; todo ello con expresa condena, a la apelante, de la costas
causadas en esta alzada.