62023CJ0086
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 5 de septiembre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales — Reglamento (CE) n.o 864/2007 — Artículo 16 — Leyes de policía — Accidente de tráfico — Derechos de indemnización reconocidos a los miembros de la familia del fallecido — Principio de equidad a efectos de la indemnización del daño moral sufrido — Criterios de apreciación»
En el asunto C‑86/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria), mediante resolución de 7 de febrero de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de febrero de 2023, en el procedimiento entre
E. N. I.,
Y. K. I.
y
HUK‑COBURG‑Allgemeine Versicherung AG,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu‑Matei (Ponente), los Sres. J.‑C. Bonichot y S. Rodin y la Sra. L. S. Rossi, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de HUK‑COBURG‑Allgemeine Versicherung AG, por la Sra. G. I. Ilieva y el Sr. L. I. Todev, advokati;
–
en nombre del Gobierno checo, por la Sra. A. Edelmannová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller, P. Busche y M. Hellmann, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. C. Georgieva y el Sr. W. Wils, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de marzo de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO 2007, L 199, p. 40).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre E. N. I. e Y. K. I., nacionales búlgaros, por una parte, y HUK‑COBURG‑Allgemeine Versicherung AG (en lo sucesivo, «HUK‑COBURG»), por otra, en relación con la indemnización por parte de esta última, en concepto de responsabilidad civil obligatoria resultante de la circulación de vehículos automóviles, del daño moral sufrido por los primeros como consecuencia del fallecimiento de su hija en un accidente de tráfico ocurrido en Alemania.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento Roma II
3
A tenor de los considerandos 6, 7, 14, 16 y 32 del Reglamento Roma II:
«(6)
El correcto funcionamiento del mercado interior exige, con el fin de favorecer la previsibilidad del resultado de los litigios, la seguridad jurídica y la libre circulación de resoluciones judiciales que las normas de conflictos de leyes vigentes en los Estados miembros designen la misma ley nacional con independencia del país del tribunal ante el que se haya planteado el litigio.
(7)
El ámbito de aplicación material y las disposiciones del presente Reglamento deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [(DO 2001, L 12, p. 1),] […] y con los instrumentos que tratan sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.
[…]
(14)
La exigencia de seguridad jurídica y la necesidad de hacer justicia en casos individuales son elementos esenciales en un área de justicia. El presente Reglamento establece los factores de conexión más apropiados para conseguir dichos objetivos. Por ello, el presente Reglamento establece una regla general pero también reglas específicas y, en algunas disposiciones, una “cláusula de escape” que permite apartarse de estas reglas cuando se desprenda claramente de todas las circunstancias del caso que el hecho dañoso está manifiestamente más vinculado con otro país. Este conjunto de reglas crea de esta manera un marco flexible de normas de conflicto de ley. Del mismo modo, permite al órgano jurisdiccional competente tratar los casos individuales de forma adecuada.
[…]
(16)
Unas normas uniformes deben incrementar la previsibilidad de las resoluciones judiciales y garantizar un equilibrio razonable entre los intereses de la persona cuya responsabilidad se alega y los de la persona perjudicada. La conexión con el país donde se produzca el daño directo (lex loci damni) crea un justo equilibrio entre los intereses de la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada, y corresponde también a la concepción moderna del Derecho de responsabilidad civil y al desarrollo de los regímenes de responsabilidad objetiva.
[…]
(32)
Consideraciones de interés público justifican, en circunstancias excepcionales, el recurso por los tribunales de los Estados miembros a excepciones basadas en el orden público y en leyes de policía. En particular, la aplicación de una disposición de la ley designada por el presente Reglamento que condujera a la asignación de daños e intereses ejemplares o punitivos de naturaleza excesiva, puede, según las circunstancias del caso y el ordenamiento jurídico del Estado miembro del órgano jurisdiccional competente, considerarse contraria al orden público del foro.»
4
El artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento dispone:
«Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión.»
5
El artículo 15, letra c), del mencionado Reglamento establece:
«La ley aplicable a la obligación extracontractual con arreglo al presente Reglamento regula, en particular:
[…]
c)
la existencia, la naturaleza y la evaluación de los daños o la indemnización solicitada;
[…]».
6
A tenor del artículo 16 del mismo Reglamento, titulado «Leyes de policía»:
«Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán a la aplicación de las disposiciones de la ley del foro en aquellas situaciones en que tengan carácter imperativo, cualquiera que sea la ley aplicable a la obligación extracontractual.»
Reglamento Roma I
7
El artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6), titulado «Leyes de policía», dispone en sus apartados 1 y 2:
«1.   Una ley de policía es una disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable al contrato según el presente Reglamento.
2.   Las disposiciones del presente Reglamento no restringirán la aplicación de las leyes de policía de la ley del foro.»
Derecho búlgaro
8
La responsabilidad civil extracontractual se rige en Derecho búlgaro por lo dispuesto en los artículos 45 a 54 de la zakon za zadalzheniyata i dogovorite (Ley de Obligaciones y Contratos) (DV n.o 275, de 22 de noviembre de 1950), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «ZZD»).
9
El artículo 45 de la ZZD establece:
«(1)   Toda persona está obligada a indemnizar los daños que haya ocasionado a un tercero.
(2)   En caso de acto ilícito, se presume una conducta culposa mientras no se demuestre lo contrario.»
10
El artículo 52 de la ZZD dispone:
«El órgano jurisdiccional competente determinará la indemnización del daño moral atendiendo a criterios de equidad.»
Derecho alemán
BGB
11
Bajo el epígrafe «Daño moral», el artículo 253 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «BGB»), tiene el siguiente tenor:
«(1)   Solo podrá exigirse una indemnización dineraria por un daño moral en los casos previstos por la ley.
(2)   Cuando deba abonarse una indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de una lesión física o del menoscabo de la salud, la libertad o la autodeterminación sexual, podrá exigirse asimismo una indemnización dineraria equitativa del daño moral.»
12
El artículo 823 del BGB, cuyo epígrafe es «Obligación de indemnizar el daño», establece en su apartado 1:
«Quien, con dolo o negligencia, cause, de forma contraria a Derecho, daños a la vida, la integridad física, la salud, la libertad, la propiedad o cualquier otro derecho de los demás, estará obligado a resarcirle por los daños y perjuicios resultantes.»
Ley de Circulación Vial
13
El artículo 7 de la Straßenverkehrsgesetz (Ley de Circulación Vial), en su versión aplicable al litigio principal, titulado «Responsabilidad del titular del vehículo, utilización del vehículo automóvil sin conocimiento ni consentimiento del titular», establece en su apartado 1:
«Si, durante la utilización de un vehículo automóvil, una persona fallece, sufre lesiones físicas o ve menoscabada su salud, o si una cosa resulta dañada, el titular estará obligado a reparar el daño que se derive de ello para la parte perjudicada.»
14
El artículo 11 de la Ley de Circulación Vial, en su versión aplicable al litigio principal, lleva por título «Alcance de la obligación de reparación en caso de que se produzcan daños físicos». Este artículo dispone:
«Cuando una persona sufra lesiones físicas o vea menoscabada su salud, la indemnización comprenderá los gastos en que incurra la víctima para recuperar su salud y el daño económico que esta haya sufrido como consecuencia de las lesiones debido a la pérdida o reducción temporal o permanente de su capacidad de trabajo o al aumento temporal o permanente de sus necesidades. También puede reclamarse una indemnización dineraria equitativa por el daño moral.»
Ley del Contrato de Seguro
15
Con el título «Derecho de acción directa», el artículo 115 de la Gesetz über den Versicherungsvertrag (Ley del Contrato de Seguro), de 23 de noviembre de 2007 (BGBl. 2007 I, p. 2631), en su versión aplicable al litigio principal, dispone, en su apartado 1:
«El tercero también podrá hacer valer su derecho a una indemnización contra el asegurador,
1.   si se trata de un seguro de responsabilidad civil que tiene por objeto la ejecución de una obligación de seguro derivada de la Ley sobre el Seguro Obligatorio […].
[…]
El derecho de acción directa nace de la obligación del asegurador derivada de la relación de seguro y, a falta de obligación, del artículo 117, apartados 1 a 4. El asegurador deberá abonar una indemnización dineraria. El asegurador y el tomador del seguro obligados a indemnizar el daño responderán solidariamente.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
16
El 27 de julio de 2014, la hija de E. N. I. e Y. K. I., los demandantes en el litigio principal, falleció en un accidente de tráfico ocurrido en Alemania. El causante del accidente tenía suscrito un contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil con HUK‑COBURG, una compañía de seguros establecida en Alemania.
17
El 25 de julio de 2017, los demandantes en el litigio principal presentaron una demanda contra HUK‑COBURG ante el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria) mediante la que reclamaban un importe de 250000 levas búlgaras (BGN) (aproximadamente 125000 euros) para cada uno de ellos, en concepto de indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia del fallecimiento de su hija.
18
El 27 de septiembre de 2017, HUK‑COBURG abonó a cada uno de los progenitores una indemnización de 2500 euros en concepto de daños por dicho fallecimiento.
19
Mediante resolución de 23 de diciembre de 2019, el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) estimó parcialmente la pretensión de los demandantes en el litigio principal, reconociendo a cada uno de ellos una indemnización por importe de 100000 BGN (aproximadamente 50000 euros), del que dedujo la cantidad de 2500 euros ya abonada por el asegurador.
20
El Apelativen sad — Sofia (Tribunal de Apelación de Sofía, Bulgaria) modificó la mencionada sentencia y desestimó en su totalidad las pretensiones de los demandantes en el litigio principal, al considerar que estos no habían acreditado que el dolor y los sufrimientos anímicos padecidos hubiesen dado lugar a un daño patológico, tal como exige el Derecho alemán aplicable, con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Reglamento Roma II, como requisito para que nazca el derecho a la indemnización del daño moral. Este órgano jurisdiccional rechazó su alegación de que, en virtud del artículo 16 del Reglamento Roma II, no se aplica la ley alemana, sino la ley del foro, a saber, el artículo 52 de la ZZD. Según este órgano jurisdiccional, las cantidades ya abonadas por HUK‑COBURG no constituyen un reconocimiento por el asegurador de que las pretensiones de los demandantes en el litigio principal estén fundadas y corresponden a la «indemnización equitativa» por daño moral prevista en el artículo 253, apartado 2, del BGB.
21
Los demandantes en el litigio principal recurrieron esta sentencia en casación ante el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente.
22
Dicho órgano jurisdiccional observa, para empezar, que la normativa alemana que sería aplicable en el presente asunto en virtud del artículo 4 del Reglamento Roma II es idéntica a la controvertida en el asunto que dio lugar a la sentencia de 15 de diciembre de 2022, HUK‑COBURG‑Allgemeine Versicherung (C‑577/21, EU:C:2022:992), que versaba sobre el mismo accidente de tráfico que es objeto del presente asunto.
23
A continuación, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en la citada sentencia, el Tribunal de Justicia consideró que la normativa alemana mencionada forma parte del Derecho sustantivo nacional sobre responsabilidad civil al que remite la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO 2009, L 263, p. 11). La citada normativa alemana establece un criterio objetivo que permite identificar el daño moral que puede dar lugar al pago de una indemnización a un miembro de la familia cercana de la víctima de un accidente de tráfico. El Tribunal de Justicia ha declarado que la Directiva 2009/103 no se opone a una normativa nacional que establece criterios vinculantes para determinar los daños morales que pueden ser indemnizados.
24
Por último, el órgano jurisdiccional remitente precisa que, a diferencia de la normativa alemana mencionada, que supedita el derecho a la indemnización del daño moral a tres requisitos, a saber, que la víctima haya visto menoscabada su propia salud, que sea miembro de la familia cercana de la víctima directa y que exista una relación causal entre el acto ilícito cometido por el responsable del accidente y ese menoscabo, la normativa búlgara, es decir, el artículo 52 de la ZZD, establece que el órgano jurisdiccional determinará la indemnización del daño moral atendiendo a criterios de equidad. De la jurisprudencia vinculante del Varhoven sad (anterior Tribunal Supremo de Bulgaria) y del Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo) se desprende que, con arreglo al Derecho búlgaro, pueden ser objeto de indemnización todo dolor y sufrimiento anímico padecidos por los progenitores a raíz del fallecimiento de un hijo a causa de un accidente de tráfico en el que ha existido una conducta delictual o cuasidelictual, sin que sea necesario que el daño se haya traducido en un daño patológico de estos progenitores. En su opinión, el importe de la indemnización por daños y perjuicios depende de las circunstancias específicas que caractericen cada caso concreto y señala que la indemnización por daños morales habitualmente concedida a los progenitores por la muerte de un hijo en un accidente de tráfico ocurrido en 2014 es de aproximadamente 120000 BGN (alrededor de 61000 euros). Según el órgano jurisdiccional remitente, si se estimase la pretensión de los demandantes en el litigio principal y se acreditase el daño patológico, el importe máximo de la indemnización que estos podrían obtener con arreglo al Derecho alemán ascendería a 5000 euros.
25
En estas circunstancias, el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 16 del [Reglamento Roma II] en el sentido de que puede considerarse ley de policía a los efectos de dicho artículo una disposición nacional como la controvertida en el procedimiento principal, que establece la aplicación de un principio fundamental del Derecho del Estado miembro, como es el principio de equidad, en la cuantificación de la indemnización del daño moral en caso de fallecimiento de una persona allegada a consecuencia de un delito?»
Sobre la cuestión prejudicial
26
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 16 del Reglamento Roma II debe interpretarse en el sentido de que una disposición nacional que establece que la indemnización del daño moral sufrido por los miembros de la familia cercana de una persona fallecida en un accidente de tráfico se determina atendiendo a criterios de equidad puede considerarse una «ley de policía» en el sentido de dicho artículo.
27
Con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Reglamento Roma II, salvo disposición en contrario de este Reglamento, la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión. El artículo 15, letra c), del referido Reglamento dispone que la ley aplicable a una obligación extracontractual con arreglo a dicho Reglamento regula, en particular, la existencia, la naturaleza y la evaluación de los daños o la indemnización solicitada.
28
Sin embargo, en virtud del artículo 16 del Reglamento Roma II, las disposiciones de este Reglamento no afectarán a la aplicación de las disposiciones de la ley del foro en aquellas situaciones en que tengan carácter imperativo, cualquiera que sea la ley aplicable a la obligación extracontractual.
29
En primer lugar, procede señalar que del tenor del artículo 16 del Reglamento Roma II se desprende, por un lado, que este contempla una excepción a la ley aplicable a la obligación extracontractual designada de conformidad con las normas de conflicto de leyes establecidas en dicho Reglamento, como los artículos 4 y 15, letra c), de este, en la medida en que dicho artículo 16 autoriza la aplicación de la ley del Estado miembro del foro.
30
Por lo tanto, el citado artículo 16 debe interpretarse en sentido estricto (véase, por analogía, la sentencia de 31 de enero de 2019, Da Silva Martins, C‑149/18, EU:C:2019:84, apartado 29 y jurisprudencia citada).
31
Además, el objetivo perseguido por el Reglamento Roma II consiste, en particular, como se desprende de sus considerandos 6, 14 y 16, en garantizar la seguridad en cuanto al Derecho aplicable con independencia del país en el que se haya planteado el litigio, en incrementar la previsibilidad de las resoluciones judiciales y en garantizar un equilibrio razonable entre los intereses de la persona cuya responsabilidad se alega y los de la persona perjudicada [sentencia de 17 de mayo de 2023, Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI), C‑264/22, EU:C:2023:417, apartado 30]. Por consiguiente, una interpretación extensiva del artículo 16 del Reglamento Roma II iría en contra de ese objetivo.
32
Por otro lado, del tenor del artículo 16 se desprende que la excepción que contempla se aplicará en aquellas situaciones en que las disposiciones de la ley del foro «tengan carácter imperativo».
33
No obstante, para que tales disposiciones puedan aplicarse y justificar el recurso a dicho artículo 16, es necesario que la situación jurídica sometida al examen del órgano jurisdiccional nacional presente vínculos suficientemente estrechos con el Estado miembro del foro.
34
Por lo tanto, la exclusión de la ley extranjera designada por el artículo 4 del Reglamento Roma II exige, como ha señalado el Abogado General en el punto 52 de sus conclusiones, que dicho órgano jurisdiccional compruebe previamente si esa situación jurídica presenta tales vínculos con ese Estado miembro.
35
De este modo, si dicha situación jurídica presenta elementos de conexión con varios Estados miembros, es posible que el mencionado órgano jurisdiccional deba determinar, habida cuenta, en particular, de los elementos de conexión de esa situación jurídica con el Estado miembro cuya ley se designa en virtud de las normas de conflicto de leyes, que no existen vínculos suficientemente estrechos con el Estado miembro del foro.
36
En el presente asunto, los demandantes en el litigio principal, que son nacionales búlgaros domiciliados en Bulgaria, acudieron a un órgano jurisdiccional de dicho Estado miembro. Sin embargo, el accidente de tráfico que provocó el fallecimiento de la hija de los demandantes en el litigio principal se produjo en Alemania. El causante del accidente estaba asegurado por una compañía de seguros establecida en ese Estado miembro. Por otro lado, tanto la víctima como el causante del accidente eran nacionales búlgaros establecidos en Alemania, como se desprende de los apartados 15 a 17 de la sentencia de 15 de diciembre de 2022, HUK‑COBURG‑Allgemeine Versicherung (C‑577/21, EU:C:2022:992), la cual tiene por objeto, como se ha mencionado en el apartado 22 de la presente sentencia, el mismo accidente de tráfico. Sobre la base, en particular, de estos elementos fácticos, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si en el litigio principal existen vínculos suficientemente estrechos con Bulgaria.
37
En segundo lugar, por lo que se refiere a la calificación de una norma nacional como «ley de policía» en el sentido del artículo 16 del Reglamento Roma II, procede recordar que este concepto es idéntico al de «ley de policía» en el sentido del artículo 9 del Reglamento Roma I, de modo que la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de este último concepto es también válida para el primero, habida cuenta de la exigencia de coherencia en la aplicación de los Reglamentos Roma I y Roma II (véase, en este sentido, la sentencia de 31 de enero de 2019, Da Silva Martins, C‑149/18, EU:C:2019:84, apartado 28).
38
El artículo 9 del Reglamento Roma I define la «ley de policía» como una disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable al contrato según dicho Reglamento.
39
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a este artículo 9, incumbe al juez nacional, a la hora de apreciar la naturaleza de «ley de policía» de la ley nacional, tener en cuenta no solo el tenor exacto de aquella ley, sino también su estructura general y el conjunto de circunstancias en las que se haya adoptado, para poder deducir de ello que tal ley reviste carácter imperativo, en la medida en que sea evidente que el legislador nacional la ha adoptado con la finalidad de proteger un interés que el Estado miembro de que se trate considera esencial (sentencia de 31 de enero de 2019, Da Silva Martins, C‑149/18, EU:C:2019:84, apartado 30 y jurisprudencia citada).
40
Por analogía, para determinar si una disposición es una «ley de policía», en el sentido del artículo 16 del Reglamento Roma II, el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar si dicha disposición, a la luz de un análisis detallado de su tenor, de su estructura general, de sus objetivos y del contexto en que se haya adoptado la disposición nacional de que se trate, reviste tal importancia en el ordenamiento jurídico nacional que justifica apartarse de la ley designada de conformidad con el artículo 4 de dicho Reglamento (sentencia de 31 de enero de 2019, Da Silva Martins, C‑149/18, EU:C:2019:84, apartado 31). De los apartados 30 y 34 de la misma sentencia se desprende que la aplicación de una ley de policía exige que el órgano jurisdiccional identifique que concurren razones particularmente importantes que justifiquen su aplicación.
41
La aplicación de una disposición de este tipo exige, por tanto, que el órgano jurisdiccional nacional analice, por un lado, el tenor y la estructura general de la disposición nacional supuestamente imperativa y los motivos y los objetivos a los que obedece su adopción, con el fin de determinar si el legislador nacional tenía la intención de conferirle un carácter imperativo. Así pues, el órgano jurisdiccional debe examinar si esa disposición se adoptó con el fin de proteger uno o varios intereses que el Estado miembro del foro considera esenciales y si dicho Estado miembro considera esencial la observancia de esa disposición para la salvaguarda de esos intereses.
42
Por otro lado, de la apreciación de la situación jurídica de que conoce el órgano jurisdiccional nacional debe resultar que la aplicación de esa disposición es absolutamente necesaria para proteger el interés esencial de que se trate en el caso concreto.
43
De ello se deriva que el órgano jurisdiccional nacional no puede recurrir a la excepción del artículo 16 del Reglamento Roma II si el objetivo de protección del interés de que se trate perseguido por la disposición en cuestión de la ley del foro también puede alcanzarse mediante la aplicación de la ley designada en virtud de las normas de conflicto de leyes de dicho Reglamento.
44
En tercer lugar, procede señalar que la aplicación por los tribunales de los Estados miembros de las leyes de policía solo es posible en circunstancias excepcionales, cuando, como expone el considerando 32 del Reglamento Roma II, «consideraciones de interés público» lo justifiquen. A este respecto, de la definición del concepto de «ley de policía», recordada en el apartado 38 de la presente sentencia, que, a la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 37 anterior, tiene un alcance idéntico al del concepto de «ley de policía» a que se refiere el artículo 16 de ese Reglamento, se desprende que una ley o disposición de este tipo debe necesariamente perseguir la protección de intereses públicos particularmente importantes, como los relativos a la organización política, social o económica del Estado miembro del foro. Tal como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 39 de la presente sentencia, se trata de intereses que ese Estado considera esenciales.
45
Es cierto que, de la referencia, en el considerando 32 del Reglamento Roma II, a las normas relativas a la evaluación de la indemnización de un daño se desprende que el legislador de la Unión no ha excluido, por principio, la posibilidad de que normas que protegen intereses individuales puedan considerarse, en su caso, leyes de policía. En efecto, de la segunda parte de este considerando se desprende que las concepciones en las que se basan las normas en materia de indemnización de un daño extracontractual en vigor en un Estado miembro pueden justificar la aplicación de la ley del foro en virtud del artículo 16 de dicho Reglamento.
46
No obstante, a la luz de la definición del concepto de «ley de policía», las disposiciones nacionales dirigidas a proteger intereses individuales solo pueden ser aplicadas por un órgano jurisdiccional nacional como «leyes de policía» si el análisis detallado que este debe efectuar muestra claramente que la protección de los intereses individuales de una categoría de personas, perseguida por dichas disposiciones nacionales, corresponde a un interés público esencial que estas salvaguardan. Como ha subrayado el Abogado General en el punto 62 de sus conclusiones, debe acreditarse la existencia de una conexión suficiente con un interés público considerado esencial en el ordenamiento jurídico del Estado miembro del foro.
47
En el presente asunto, como se desprende del apartado 40 anterior, el artículo 52 de la ZZD solo podría aplicarse a la situación jurídica controvertida en el litigio principal en lugar de la ley alemana, que es en principio la designada en virtud del artículo 4 del Reglamento Roma II, si su aplicación estuviera justificada por razones particularmente importantes, que reflejasen intereses públicos considerados esenciales en el ordenamiento jurídico búlgaro. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente ha señalado que el principio de equidad, establecido en el artículo 52 de la ZZD, es un principio fundamental del Derecho búlgaro y es una norma de orden público en Bulgaria. En la medida en que esta disposición tiene por objeto proteger intereses individuales de una categoría de personas físicas, procede recordar que el análisis detallado que debe realizar el órgano jurisdiccional nacional exige, además, que se ponga claramente de manifiesto que esa protección corresponde a un interés público esencial cuya salvaguarda garantiza esa disposición, de modo que la observancia de esta disposición sea considerada esencial por el Estado miembro de que se trata.
48
Por otro lado, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia apreciar una disposición nacional a la luz de los criterios citados en el apartado 40 de la presente sentencia, procede recordar que del apartado 43 anterior se desprende que no se puede recurrir a la excepción prevista en el artículo 16 del Reglamento Roma II cuando la aplicación de la ley designada por dicho Reglamento también permite alcanzar el objetivo de protección del interés público esencial que la disposición que se trate de la ley del foro pretende salvaguardar.
49
En el presente asunto, de la petición de decisión prejudicial se desprende que, si, en virtud del artículo 52 de la ZZD, el juez debe determinar la indemnización del daño moral atendiendo a criterios de «equidad», la ley alemana establece, por su parte, la posibilidad de una «indemnización equitativa» de ese perjuicio, por lo que parece que ambas normativas nacionales se basan en el principio de equidad.
50
No obstante, de la petición de decisión prejudicial también se desprende, por un lado, que el importe máximo de la indemnización que puede concederse con arreglo a la ley alemana es de aproximadamente 5000 euros, mientras que el importe que habitualmente se concede con arreglo al artículo 52 de la ZZD asciende a aproximadamente 120000 BGN (alrededor de 61000 euros). Sin embargo, como ha señalado el Abogado General, en esencia, en el punto 32 de sus conclusiones, el mero hecho de que la aplicación de la ley del foro conduzca, por lo que se refiere a la cuantía de la indemnización, a una solución diferente de la que resultaría de la aplicación de la ley designada por la norma de conflicto de leyes no permite concluir que mediante la aplicación de esta última ley no pueda alcanzarse el objetivo de protección del interés público esencial que la disposición de que se trate del Estado miembro del foro pretenda, en su caso, salvaguardar.
51
Por otro lado, de la petición de decisión prejudicial resulta que, en virtud del artículo 52 de la ZZD, puede concederse sistemáticamente una indemnización pecuniaria por el dolor y el sufrimiento anímico padecidos, mientras que la ley alemana designada en virtud del artículo 4 del Reglamento Roma II únicamente admite una indemnización en este concepto cuando el hecho dañoso haya causado un daño patológico. Así pues, sin perjuicio de las comprobaciones que debe realizar el órgano jurisdiccional remitente, parece que la ley alemana y la ley búlgara se basan, en estos dos aspectos, en concepciones totalmente diferentes por lo que respecta al derecho a indemnización.
52
Por consiguiente, no puede excluirse que, en casos idénticos, la víctima pueda obtener, por el dolor y el sufrimiento anímico padecidos sin que se haya causado ningún daño patológico, en virtud del Derecho búlgaro, una indemnización que puede ascender a aproximadamente 120000 BGN (alrededor de 61000 euros), mientras que, en virtud del Derecho alemán, esa persona no podría obtener indemnización alguna.
53
Por consiguiente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si la aplicación de la ley alemana, que no prevé la indemnización del dolor y el sufrimiento anímico que no ocasionan un daño patológico, permite alcanzar el objetivo de protección del interés público esencial que el artículo 52 de la ZZD pretende, en su caso, salvaguardar.
54
Por último, en cuarto lugar, es preciso recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la ley de un Estado miembro que garantiza la protección mínima prescrita por una directiva de la Unión podrá dejar de ser aplicada en favor de la ley del foro por un motivo basado en el carácter imperativo cuando el órgano jurisdiccional que conoce del asunto compruebe de manera detallada que, en el marco de la transposición de dicha directiva, el legislador del Estado miembro del foro consideró esencial, en su ordenamiento jurídico, conceder a la persona afectada una protección más amplia que la prevista en la citada directiva, teniendo en cuenta a este respecto la naturaleza y el objeto de tales disposiciones imperativas (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de octubre de 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, apartados 50 a 52).
55
No obstante, en los apartados 34 a 37, 42 y 48 de la sentencia de 15 de diciembre de 2022, HUK‑COBURG‑Allgemeine Versicherung (C‑577/21, EU:C:2022:992), el Tribunal de Justicia consideró, en esencia, que, si bien corresponde a los Estados miembros velar por que la indemnización del daño moral sufrido por los familiares cercanos de las víctimas de accidentes de tráfico esté cubierta por un seguro obligatorio equivalente, como mínimo, a los importes mínimos establecidos en la Directiva 2009/103, esta Directiva no establece exigencias específicas en relación con la elección de un régimen de responsabilidad civil para determinar el alcance de la indemnización que debe concederse sobre la base de la responsabilidad civil del asegurado, que se rige, esencialmente, por el Derecho nacional.
56
En consecuencia, dado que la citada Directiva no tiene por objeto armonizar el alcance de la indemnización del daño sufrido por una víctima indirecta de un accidente de tráfico y no puede considerarse que el artículo 52 de la ZZD, que tiene por objeto determinar el alcance de la indemnización del daño moral sufrido por tal víctima, se haya adoptado, por tanto, en el marco de la transposición de dicha Directiva, el citado artículo 52 no está comprendido en el supuesto contemplado por la jurisprudencia recordada en el apartado 54 de la presente sentencia.
57
A la luz de los motivos anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 16 del Reglamento Roma II debe interpretarse en el sentido de que una disposición nacional que establece que la indemnización del daño moral sufrido por los miembros de la familia cercana de una persona fallecida en un accidente de tráfico debe ser determinada por el juez atendiendo a criterios de equidad no puede considerarse una «ley de policía», en el sentido de dicho artículo, a menos que, cuando la situación jurídica de que se trate presente vínculos suficientemente estrechos con el Estado miembro del foro, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto compruebe, sobre la base de un análisis detallado del tenor, de la estructura general, de los objetivos y del contexto en que se haya adoptado esa disposición nacional, que su observancia se considera esencial en el ordenamiento jurídico de ese Estado miembro, debido a que persigue un objetivo de protección de un interés público esencial que no puede alcanzarse mediante la aplicación de la ley designada en virtud del artículo 4 de dicho Reglamento.
Costas
58
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
El artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II),
debe interpretarse en el sentido de que
una disposición nacional que establece que la indemnización del daño moral sufrido por los miembros de la familia cercana de una persona fallecida en un accidente de tráfico debe ser determinada por el juez atendiendo a criterios de equidad no puede considerarse una «ley de policía», en el sentido de dicho artículo, a menos que, cuando la situación jurídica de que se trate presente vínculos suficientemente estrechos con el Estado miembro del foro, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto compruebe, sobre la base de un análisis detallado del tenor, de la estructura general, de los objetivos y del contexto en que se haya adoptado esa disposición nacional, que su observancia se considera esencial en el ordenamiento jurídico de ese Estado miembro, debido a que persigue un objetivo de protección de un interés público esencial que no puede alcanzarse mediante la aplicación de la ley designada en virtud del artículo 4 de dicho Reglamento.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: búlgaro.