62008CJ0565_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C‑565/08,
que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 19 de diciembre de 2008,
Comisión Europea,
representada por los Sres. E. Traversa y L. Prete, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandante,
y
República Italiana,
representada inicialmente por la Sra. I. Bruni; posteriormente por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agentes, asistidas por la Sra. W. Ferrante, avvocato dello Stato, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandada,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de la Sala Primera, en funciones de Presidente, los Sres. J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts y J.‑C. Bonichot, Presidentes de Sala, y los Sres. A. Rosas, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus (Ponente), E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen y las Sras. P. Lindh y M. Berger, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Mazák;
Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de marzo de 2010;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de julio de 2010;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1. Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE al establecer disposiciones que obligan a los abogados a observar tarifas máximas.
Marco jurídico nacional
2. La profesión de abogado se rige en Italia por el regio decreto legge nº 1578 – ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore legale (Real Decreto-ley nº 1578, por el que se regulan las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales), de 27 de noviembre de 1933 (GURI nº 281, de 5 de diciembre de 1933, p. 5521), convertido en ley, tras su modificación, por la Ley nº 36, de 22 de enero de 1934 (GURI nº 24, de 30 de enero de 1934), en su versión modificada con posterioridad (en lo sucesivo, «Real Decreto-ley»). En virtud de los artículos 52 a 55 del Decreto-ley, el Consiglio nazionale forense (Consejo nacional de la abogacía; en lo sucesivo, «CNF») se constituye ante el Ministro de Justicia y está formado por abogados elegidos por sus colegas, a razón de un representante por cada distrito judicial.
3. El artículo 57 del Real Decreto-ley prevé que los criterios que sirven para determinar los honorarios y las compensaciones económicas de los abogados y los procuradores en materia civil, penal y extrajudicial se establecen cada dos años mediante acuerdo del CNF. A continuación el Ministro de Justicia debe aprobar tales criterios, previo dictamen del Comitato interministeriale dei prezzi, tras consultar al Consiglio di Stato.
4. A tenor del artículo 58 del Real Decreto-ley, los criterios que se indican en el artículo 57 de éste se establecen en función del valor de los litigios y el grado del órgano judicial que conoce de ellos y, en los procesos penales, en función de su duración. Para cada acto o serie de actos deben fijarse un límite máximo y otro mínimo de la cuantía de los honorarios. En materia extrajudicial debe tenerse en cuenta la importancia del asunto.
5. El artículo 60 del Real Decreto-ley dispone que el órgano judicial realiza la liquidación de los honorarios sobre la base de dichos criterios, teniendo en cuenta la gravedad y el número de cuestiones examinadas. Esta liquidación debe respetar los límites máximos y mínimos previamente fijados. No obstante, en los casos de importancia excepcional, habida cuenta del carácter especial de los litigios y cuando el valor intrínseco de la prestación lo justifique, el juez puede sobrepasar el límite máximo. Y a la inversa, cuando el asunto resulta fácil de tramitar, puede fijar honorarios inferiores al límite mínimo. En ambos casos, el juez debe motivar su decisión.
6. Según el artículo 61, apartado 1, del Real Decreto-ley, los honorarios que cobran los abogados a sus clientes, en materia tanto judicial como extrajudicial, deben determinarse, salvo acuerdo especial, sobre la base de los criterios establecidos en el artículo 57, teniendo en cuenta la gravedad y el número de cuestiones examinadas. Con arreglo al apartado 2 del mismo artículo, dichos honorarios pueden ser más elevados que los calculados a cargo de la parte condenada en costas en el supuesto de que el carácter especial del litigio o el valor de la prestación lo justifiquen.
7. El artículo 24 de la legge nº 794 – honorari di avvocato per prestazioni judiciali in materia civile (Ley nº 794 relativa a los honorarios de los abogados en relación con las prestaciones judiciales en materia civil), de 13 de junio de 1942 (GURI nº 172, de 23 de julio de 1942), establece que no puede minutarse por debajo de los honorarios mínimos fijados para las prestaciones de los abogados, so pena de nulidad de todo pacto en contrario.
8. El artículo 13 de la legge nº 31 – libera prestacioni di servici da parte degli avvocati citadini di altri Estati membri della Communita Europea (Ley nº 31 relativa a la libre prestación de los servicios prestados por los abogados nacionales de otros Estados miembros de la Comunidad Europea), de 9 de febrero de 1982 (GURI nº 32, de 12 de febrero de 1982, p. 1030), por la que se transpone la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados (DO L 78, p. 17; EE 06/01, p. 224), amplía la obligación de respetar las tarifas profesionales en vigor a los abogados de otros Estados miembros que lleven a cabo actividades de carácter judicial y extrajudicial en Italia.
9. Los derechos y los honorarios de los abogados se han regulado de manera consecutiva por varios decretos ministeriales, siendo los tres últimos los Decretos nº 392, de 24 de noviembre de 1990, nº 585, de 5 de octubre de 1994, y nº 127, de 8 de abril de 2004.
10. Con arreglo al acuerdo del CNF que lleva anexo el Decreto Ministerial nº 127, de 8 de abril de 2004 (GURI nº 115, de 18 de mayo de 2004; en lo sucesivo, «Acuerdo del CNF»), las tarifas aplicables a los honorarios de los abogados se dividen en tres capítulos, a saber, el capítulo I relativo a las prestaciones de carácter judicial en materia civil, administrativa y fiscal, el capítulo II relativo a las prestaciones de carácter judicial en materia penal y el capítulo III relativo a las prestaciones extrajudiciales.
11. Respecto al capítulo I, el artículo 4, apartado 1, del acuerdo del CNF prohíbe toda inaplicación de las reglas relativas a los honorarios y a los derechos fijados para los servicios de los abogados.
12. En relación con el capítulo II, el artículo 1, apartados 1 y 2, de dicho acuerdo dispone que, para calcular los honorarios previstos en la escala debe tenerse en cuenta la naturaleza, la complejidad y la gravedad del asunto, de las acusaciones y de los hechos imputados, el número y la importancia de las cuestiones examinadas y de su impacto patrimonial, la duración del procedimiento y del proceso, el valor del servicio prestado, el número de abogados que han colaborado y compartido la responsabilidad por la defensa, el resultado obtenido, considerando asimismo las consecuencias civiles, así como la situación económica del cliente. Respecto a los asuntos que requieren una implicación especial, debido a la complejidad de los hechos o de las cuestiones jurídicas examinadas, los honorarios pueden alcanzar el cuádruple de los importes máximos establecidos.
13. Por lo que respecta al capítulo III, el artículo 1, apartado 3, del acuerdo del CNF establece que, en los asuntos que revisten una cierta importancia, complejidad o especial dificultad, el límite máximo de los honorarios puede llegar hasta el doble y el de los asuntos que revistan una importancia excepcional hasta el cuádruple, previo dictamen del Colegio de abogados competente. El artículo 9 de dicho acuerdo precisa que, en caso de desproporción manifiesta, por razones propias del asunto, entre la prestación y los honorarios previstos en la escala, se podrán incrementar los máximos, previo dictamen del colegio de abogados competente, por encima de los establecidos en el artículo 1, apartado 3, de dicho acuerdo, y los mínimos podrán reducirse.
14. El Decreto-ley nº 223, de 4 de julio de 2006 (GURI nº 153, de 4 de julio de 2006), convalidado en virtud de la Ley nº 248, de 4 de agosto de 2006 (GURI nº 186, de 11 de agosto de 2006; en lo sucesivo, «Decreto Bersani»), ha afectado a las disposiciones en materia de honorarios de abogado. El artículo 2 de dicho Decreto, con la rúbrica «Disposiciones urgentes para la protección de la competencia en el sector de los servicios profesionales», establece lo siguiente en sus apartados 1 y 2:
«1.
De conformidad con el principio de Derecho comunitario de libre competencia y con el de libre circulación de personas y de servicios, y con el fin de garantizar a los usuarios la facultad efectiva de elección en el ejercicio de sus derechos y la facultad de comparación de los servicios ofertados en el mercado, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que, con respecto a las profesiones liberales y a las actividades intelectuales, establecen:
a) tarifas fijas o mínimos obligatorios y, por lo tanto, la prohibición de estipular contractualmente la contraprestación en función de la consecución de los objetivos que se pretenden alcanzar;
[...]
2. Se estará a lo previsto anteriormente con la salvedad de […] posibles tarifas mínimas previamente establecidas con carácter general en aras de la protección de los usuarios. El juez procederá a la tasación de las costas y de los honorarios, en caso de liquidación judicial y de asistencia jurídica, sobre la base del baremo profesional. […]»
15. Según el artículo 2233 del codice civile (Código civil italiano), con carácter general, en el supuesto de que las partes no hubieran fijado contraprestación alguna en méritos de un contrato de arrendamiento de servicios, y ésta no pudiera determinarse según las tarifas o los usos en vigor, la fijará el juez, tras oír el dictamen de la asociación profesional a la que pertenece el prestador. En todo caso, el importe de la contraprestación deberá ser acorde con la importancia del trabajo y la dignidad de la profesión. Todo acuerdo celebrado entre los abogados o los licenciados en Derecho en prácticas habilitados con sus clientes que establezca las retribuciones profesionales será nulo si no se celebra por escrito.
Procedimiento administrativo previo
16. Mediante escrito de requerimiento de 13 de julio de 2005, la Comisión llamó la atención de las autoridades italianas sobre la posible incompatibilidad de algunas disposiciones nacionales relativas a las actividades extrajudiciales de los abogados con el artículo 49 CE. Las autoridades italianas respondieron mediante escrito de 19 de septiembre de 2005.
17. Posteriormente, la Comisión completó en dos ocasiones el análisis realizado en el escrito de requerimiento. En un primer escrito de requerimiento complementario, de 23 de diciembre de 2005, la Comisión consideró incompatibles con los artículos 43 CE y 49 CE las disposiciones italianas que establecen la obligación de respetar las tarifas establecidas respecto a las actividades judiciales y extrajudiciales de los abogados.
18. La República Italiana respondió mediante escritos de 9 de marzo, 10 de julio y 17 de octubre de 2006, informando a la Comisión de la nueva normativa italiana aplicable en materia de honorarios de abogado, es decir, el Decreto Bersani.
19. En un segundo escrito de requerimiento complementario de 23 de marzo de 2007, teniendo en cuenta esta nueva normativa, la Comisión adoptó una postura más cabal. La República Italiana respondió mediante escrito de 21 de mayo de 2007.
20. Mediante escrito de 3 de agosto de 2007, la Comisión solicitó a las autoridades italianas información acerca de los métodos de reembolso de los gastos efectuados por los abogados. La República Italiana respondió mediante escrito de 28 de septiembre de 2007.
21. Al no estar satisfecha con esta respuesta, la Comisión remitió un dictamen motivado a la República Italiana el 4 de abril de 2008, en el que manifestó que las disposiciones nacionales que obligan a los abogados a respetar las tarifas máximas son incompatibles con los artículos 43 CE y 49 CE. Señaló que dicha obligación se deriva, en particular, de los artículos 57 y 58 del Real Decreto-ley, del artículo 24 de la Ley nº 794, de 13 de junio de 1942, del artículo 13 de la Ley nº 31, de 9 de febrero de 1982, de las disposiciones pertinentes de los Decretos Ministeriales nº 392, de 24 de noviembre de 1990, nº 585, de 5 de octubre de 1994 y nº 127, de 8 de abril de 2004, así como de lo dispuesto en el decreto Bersani (en lo sucesivo, conjuntamente, «disposiciones controvertidas»). Exhortó a dicho Estado miembro para que, dentro del plazo de dos meses a partir de la recepción de ese dictamen, adoptara las medidas necesarias para ajustarse a él. La República Italiana respondió mediante escrito de 9 de octubre de 2008.
22. Al considerar que la República Italiana no había subsanado la infracción recriminada, la Comisión decidió interponer el presente recurso.
Sobre el recurso
Alegaciones de las partes
23. Mediante su recurso la Comisión imputa a la República Italiana haber establecido, con infracción de los artículos 43 CE y 49 CE, disposiciones que obligan a los abogados a respetar las tarifas máximas para la determinación de sus honorarios.
24. Según la Comisión, dicha obligación resulta del Decreto Bersani que, al derogar las tarifas fijas o mínimas aplicables a los honorarios de los abogados, mantuvo explícitamente la obligación de respetar las tarifas máximas en aras de la protección de los consumidores. Alega que, por lo demás, esta interpretación el CNF, el colegio de Abogados de Turín, así como la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato en sus documentos oficiales.
25. Sostiene la Comisión que el hecho de que ese mismo Decreto aboliera la prohibición de estipular contractualmente retribuciones en función de la consecución de los objetivos perseguidos, conocido como «pacto de quota litis»,
no puede desvirtuar la conclusión de que obligatoriamente deben siempre respetarse dichas tarifas mínimas en todos los casos en que no se haya formalizado ese pacto. La Comisión señala, por otra parte, que durante el procedimiento administrativo previo, las autoridades italianas nunca negaron el carácter obligatorio de dichas tarifas máximas.
26. Del mismo modo, la Comisión observa que las excepciones establecidas a las tarifas máximas aplicables a los honorarios de abogado no excluyen sino que, por el contrario, confirman que por regla general se aplican las tarifas máximas de los honorarios.
27. La Comisión afirma que el efecto de las disposiciones controvertidas es desanimar a los abogados establecidos en otros Estados miembros de establecerse en Italia o de prestar en este país temporalmente sus servicios y, por consiguiente, restringen la libertad de establecimiento en el sentido del artículo 43 CE, así como la libre prestación de servicios en el sentido del artículo 49 CE.
28. En efecto, considera que una tarifa máxima obligatoria, que se aplica independientemente de la calidad del servicio, del trabajo necesario para prestarlo y de los costes soportados para realizarlo, puede hacer que el mercado italiano de los servicios jurídicos carezca de atractivo para los profesionales establecidos en otros Estados miembros.
29. Según la Comisión, dichas restricciones resultan, en primer lugar, de la obligación impuesta a los abogados de calcular sus honorarios sobre la base de un baremo extremadamente complejo que genera un coste adicional, en particular para los abogados establecidos fuera de Italia. En el caso de que estos abogados hubieran utilizado hasta entonces otro sistema para calcular sus honorarios, se verían obligados a abandonarlo para adaptarse al sistema italiano.
30. Sostiene, en segundo lugar, que la existencia de tarifas máximas aplicables a los honorarios de abogado impide que los servicios de los abogados establecidos en Estados miembros distintos de la República Italiana se retribuyan correctamente, disuadiendo a algunos abogados que facturan honorarios más elevados que los fijados en las disposiciones controvertidas de prestar temporalmente sus servicios en Italia o de establecerse en este Estado miembro. En efecto, según la Comisión, el margen de beneficios máximo debe fijarse independientemente de la calidad del servicio prestado, de la experie ncia del abogado, de su especialización, del tiempo que dedica al asunto, de la situación económica del cliente y, por lo demás, de la posibilidad de que el abogado se vea obligado a desplazarse largas distancias.
31. La Comisión considera, en tercer lugar, que el sistema de tarificación italiano es contrario a la libertad contractual del abogado impidiéndole hacer ofertas ad hoc en circunstancias concretas y/o a determinados clientes. Estima que, por lo tanto, las disposiciones controvertidas pueden suponer una pérdida de competitividad para los abogados establecidos en otros Estados miembros por cuanto les priva de técnicas de penetración eficaces en el mercado jurídico italiano. Por consiguiente, a juicio de la Comisión, las disposiciones controvertidas obstaculizan el acceso al mercado italiano de los servicios jurídicos a los abogados establecidos en otros Estados miembros.
32. Con carácter principal, la República Italiana niega no tanto la existencia, en el ordenamiento jurídico italiano, de dichas tarifas máximas, sino el carácter vinculante de éstas, al sostener que existen numerosas excepciones gracias a las que pueden traspasar los límites pertinentes, ya por voluntad de los abogados y sus clientes, ya por la intervención del juez.
33. Según dicho Estado, el criterio principal que permite fijar los honorarios de abogado reside, en virtud del artículo 2233 del codice civile, en el contrato celebrado entre el abogado y su cliente, mientras que el recurso a las tarifas aplicables a los honorarios de abogado sólo constituye un criterio subsidiario, utilizable a falta de retribución libremente pactada por las partes en el contrato en el ejercicio de su libertad contractual.
34. Señala que, además, los honorarios calculados sobre una base horaria se hallan expresamente previstos en el punto 10 del capítulo III del acuerdo del CNF como método alternativo de cálculo de los honorarios en materia extrajudicial.
35. Puntualiza asimismo que, posteriormente a la adopción del Decreto Bersani, se abolió definitivamente la prohibición de celebrar un acuerdo entre cliente y abogado por el que se establezca una retribución dependiente del resultado del litigio en el ordenamiento jurídico italiano.
36. En relación con la inaplicación de las tarifas máximas correspondientes a los honorarios de abogado, la República Italiana observa que, en todos los asuntos que revisten una importancia, complejidad o dificultad especial debido a las cuestiones jurídicas tratadas, los abogados y sus clientes pueden, sin que sea preciso ningún dictamen del colegio de abogados competente, pactar que los honorarios asciendan hasta el doble de los máximos de dichas tarifas, o incluso hasta el cuádruple de tales máximos en materia penal.
37. Manifiesta que, por el contrario, será necesario el dictamen previo del colegio de abogados competente en materia tanto civil como extrajudicial cuando los asuntos revistan una importancia extraordinaria, con el fin de aumentar los honorarios hasta el cuádruple de los máximos previstos, y cuando exista una desproporción manifiesta entre la prestación profesional y los honorarios previstos por las tarifas a ellos aplicables, con el fin de aumentar igualmente esos honorarios más allá de dichos máximos.
38. Con carácter subsidiario, la República Italiana sostiene que las disposiciones controvertidas no suponen ninguna medida que restrinja la libertad de establecimiento o la libre prestación de servicios y que las imputaciones de la Comisión son infundadas.
39. Matiza que, en efecto, en relación con los costes adicionales, la existencia de una doble normativa, es decir, la del Estado miembro de origen y la del Estado miembro de acogida, no puede, de por sí, constituir un motivo que permita sostener que las disposiciones controvertidas son restrictivas en la medida en que las normas profesionales en vigor en el Estado miembro de acogida son, según señala, aplicables a los abogados procedentes de otros Estados miembros en virtud de las Directivas 77/249 y 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título (JO L 77, p. 36), independientemente de las normas aplicables en el Estado miembro de origen.
40. Pone de relieve que, en cuanto a la supuesta reducción de los márgenes de beneficios, las disposiciones controvertidas prevén pormenorizadamente el reembolso íntegro de todas las dietas previa presentación de los justificantes y otorgan, además, una indemnización de desplazamiento por las horas de trabajo perdidas durante éste. Precisa que tales gastos se añaden a los derechos, a los honorarios y a los gastos generales de los abogados y que, con arreglo al principio de no discriminación, se reembolsan tanto a los abogados establecidos en Italia que deben desplazarse por el territorio nacional como a los abogados establecidos en otros Estados miembros que deban desplazarse a Italia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
41. Con carácter preliminar, debe señalarse que de todas las disposiciones controvertidas se desprende que las tarifas máximas aplicables a los honorarios de los abogados constituyen reglas jurídicamente vinculantes en la medida en que están previstas en una norma legal.
42. Aun suponiendo que, en la práctica, los abogados y sus clientes puedan pactar libremente la retribución de los abogados sobre una base horaria o dependiente del resultado del litigio, como alega la República Italiana, no es menos cierto que las tarifas máximas serán obligatorias en el supuesto de que no exista acuerdo entre los abogados y sus clientes.
43. Por otra parte, la Comisión consideró acertadamente que la existencia de excepciones que permiten superar, en determinadas condiciones, los límites máximos del importe de los honorarios hasta alcanzar el doble o el cuádruple, o incluso un importe más elevado, confirma que las tarifas máximas de los honorarios se aplican con carácter general.
44. Por consiguiente, no puede acogerse la alegación de la República Italiana de que, en su ordenamiento jurídico, no existe obligación alguna de que los abogados observen las tarifas máximas para la determinación de sus honorarios.
45. En relación, además, con la existencia de restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios previstas en los artículos 43 CE y 49 CE, respectivamente, de reiterada jurisprudencia se desprende que tales restricciones consisten en medidas que prohíban, obstaculicen o hagan menos interesante el ejercicio de dichas libertades (véanse, en ese sentido, las sentencias de 15 de enero de 2002, Comisión/Italia, C‑439/99, Rec. p. I‑305, apartado 22; de 5 de octubre de 2004, CaixaBank France, C‑442/02, Rec. p. I‑8961, apartado 11; de 30 de marzo de 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C‑451/03, Rec. p. I‑2941, apartado 31, y de 4 de diciembre de 2008, Jobra, C‑330/07, Rec. p. I‑9099, apartado 19).
46. En particular, el concepto de restricción abarca las medidas adoptadas por un Estado miembro que, aunque sean indistintamente aplicables, afectan al acceso al mercado de las empresas de otros Estados miembros (véase, en particular, las sentencias CaixaBank France, antes citada, apartado 12, y de 28 de abril de 2009, Comisión/Italia, C‑518/06, Rec. p. I‑3491, apartado 64).
47. En el caso de autos, es pacífico que las disposiciones controvertidas se aplican indistintamente a todos los abogados que prestan servicios en el territorio italiano.
48. La Comisión considera, no obstante, que dichas disposiciones suponen una restricción en el sentido de los artículos mencionados por cuanto pueden infligir a los abogados establecidos en Estados miembros que no sean la República Italiana y presten servicios en este último Estado, costes adicionales originados por la aplicación del sistema italiano de honorarios, así como una reducción de los márgenes de beneficio y, por lo tanto, una pérdida de competitividad.
49. A este respecto, debe recordarse ante todo que una normativa de un Estado miembro no constituye una restricción en el sentido del Tratado CE por el mero hecho de que otros Estados miembros apliquen normas menos rigurosas y más interesantes desde el punto de vista económico a los prestadores de servicios similares establecidos en su territorio (véase la sentencia de 28 de abril de 2009, Comisión/Italia, antes citada, apartado 63 y la jurisprudencia allí citada).
50. Por consiguiente, la existencia de una restricción en el sentido del Tratado no puede deducirse del mero hecho de que, para calcular sus honorarios por servicios prestados en Italia, los abogados establecidos en Estados miembros que no sean la República Italiana deban acostumbrarse a las normas aplicables en dicho Estado miembro.
51. En cambio, existe tal restricción, en particular, si se priva a dichos abogados de la posibilidad de penetrar en el mercado del Estado miembro de acogida en condiciones de competencia normales y eficaces (véanse, en este sentido, las sentencias CaixaBank France, antes citada, apartados 13 y 14; de 5 de diciembre de 2006, Cipolla y otros, C‑94/04 y C‑202/04, Rec. p. I‑11421, apartado 59, así como de 11 de marzo de 2010, Attanasio Group, C‑384/08, Rec. p. I‑0000, apartado 45).
52. Ahora bien, debe observarse que la Comisión no ha demostrado que las disposiciones controvertidas tengan tal objeto o efecto.
53. En efecto, no ha logrado probar que el régimen de que se trata esté concebido de tal manera que restrinja el acceso, en condiciones de competencia normales y eficaces, al mercado italiano de los servicios pertinentes. Procede señalar, a este respecto, que el régimen italiano sobre los honorarios se caracteriza por una flexibilidad que parece permitir la remuneración correcta de todo tipo de servicio prestado por abogados. Así, es posible aumentar los honorarios hasta el doble de las tarifas máximas aplicables por defecto en los asuntos que revisten una importancia, complejidad o dificultad especiales, o hasta el cuádruple de dichas tarifas respecto a aquellos que tengan una importancia excepcional o incluso hasta un importe superior en caso de desproporción manifiesta, a la luz de las circunstancias del caso de autos, entre los servicios del abogado y las tarifas máximas establecidas. Del mismo modo, en algunos casos, es posible que los abogados celebren un acuerdo especial con su cliente para fijar el importe de los honorarios.
54. En consecuencia, al no haber probado que las disposiciones controvertidas obstaculizan el acceso al mercado italiano de referencia de los abogados procedentes de los demás Estados miembros, no puede acogerse la argumentación de la Comisión mediante la que se pretende que se declare que existe una restricción en el sentido de los artículos 43 CE y 49 CE.
55. Por consiguiente, debe desestimarse el recurso.
Costas
56. A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la República Italiana no ha solicitado que se condene en costas a la Comisión, procede acordar que cada parte cargue con sus propias costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:
1) Desestimar el recurso.
2) La Comisión Europea y la República Italiana cargarán con sus propias costas.