Asunto T‑618/15
Udo Voigt
contra
Parlamento Europeo
«Miembro del Parlamento Europeo — Negativa a facilitar locales del Parlamento — Nacional de un tercer Estado — Denegación de acceso a los edificios del Parlamento — Artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Discriminación por razón de los orígenes étnicos — Discriminación por razón de la nacionalidad — Admisibilidad de un motivo — Discriminación por razón de las opiniones políticas»
Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 20 de noviembre de 2017
1.      Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Exposición clara y precisa de los motivos invocados
[Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, letra d)]
2.      Procedimiento judicial — Diligencias de ordenación del procedimiento — Cuestiones escritas planteadas a las partes — Facultad de apreciación del juez de la Unión
(Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 89, ap. 3)
3.      Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición sumaria de los motivos invocados — Enunciación abstracta — Inadmisibilidad
[Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, letra d)]
4.      Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Exposición sumaria de los motivos invocados — Necesidad de una referencia expresa a las disposiciones en las que se basa el recurso — Inexistencia — Límites — Invocación, como fundamento del recurso, de una violación de los Tratados — Carácter insuficientemente preciso
[Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 21, párr. 1, y 53, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, letra d)]
5.      Derecho de la Unión Europea — Principios — Igualdad de trato — Concepto
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 21)
6.      Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Interés en ejercitar la acción — Requisito — Recurso que puede reportar un beneficio a la parte que lo interpone — Alcance
(Art. 263 TFUE)
7.      Derecho de la Unión Europea — Interpretación — Métodos — Interpretación de un acto de alcance general — Atribución de un contenido diferente a términos distintos empleados en el texto
8.      Derecho de la Unión Europea — Principios — Igualdad de trato — Igualdad de trato entre las personas sin distinción de raza o de origen étnico — Concepto de origen étnico
9.      Derecho de la Unión Europea — Principios — Igualdad de trato — Discriminación por razón de la nacionalidad — Prohibición — Ámbito de aplicación — Diferencia de trato entre los nacionales de los Estados miembros y los de Estados terceros — Exclusión
(Art. 18 TFUE, párr. 1; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 21, ap. 2)
10.    Procedimiento judicial — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso — Requisitos — Motivo basado en elementos que han aparecido durante el procedimiento
(Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 84, ap. 1)
11.    Procedimiento judicial — Tramitación de los asuntos ante el Tribunal General — Protección concedida a las partes contra la utilización inadecuada de los documentos procesales — Alcance
(Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 89)
12.    Recurso de anulación — Motivos — Desviación de poder — Concepto — Decisión en la que se deniega el acceso a los locales del Parlamento a nacionales de terceros países
(Art. 263 TFUE)
13.    Parlamento Europeo — Competencias — Organización interna — Competencia para denegar el acceso a los locales del Parlamento a los miembros de un partido político de un tercer país
[Arts. 14 TUE y 15 TUE, ap. 6, letra d); art. 230 TFUE, párr. 1; Reglamento interno del Parlamento Europeo, arts. 22, 115 y 157]
1.      Véase el texto de la resolución.
(véase el apartado 24)
2.      Véase el texto de la resolución.
(véase el apartado 35)
3.      Véase el texto de la resolución.
(véase el apartado 39)
4.      En el marco de un recurso de anulación, la parte demandante no está obligada a indicar expresamente la norma de Derecho específica en la que se fundamenta su imputación, siempre que su argumentación sea suficientemente clara para que la parte contraria y el juez de la Unión puedan identificar dicha norma sin dificultad. A este respecto, la invocación de la «violación de los Tratados» únicamente constituye un supuesto genérico para interponer un recurso de anulación del que puede conocer el juez de la Unión, pero no constituye la identificación de la base jurídica de un motivo.
(véanse los apartados 43 y 44)
5.      Véase el texto de la resolución.
(véanse los apartados 49 y 98)
6.      Un demandante no está legitimado para actuar en interés de la ley o de las instituciones, y sólo puede invocar, en apoyo de un recurso de anulación, motivos que le afectan personalmente. Sin embargo, esa exigencia no puede interpretarse en el sentido de que el juez de la Unión sólo considere admisible un motivo si éste se vincula exclusivamente a la situación personal del demandante. En realidad, los motivos del demandante son admisibles si pueden fundamentar una anulación de la que pueda beneficiarse.
(véase el apartado 71)
7.      Cuando en un texto de alcance general se emplean dos términos distintos, razones de coherencia y de seguridad jurídica se oponen a que se les atribuya el mismo contenido. Lo mismo cabe señalar, a fortiori, cuando tales términos tienen diferentes sentidos en el lenguaje corriente.
(véase el apartado 75)
8.      Si la nacionalidad es un vínculo jurídico y político que existe entre un individuo y un Estado soberano, el concepto de origen étnico proviene de la idea de que unos grupos sociales comparten el sentimiento de pertenecer a una misma nación o comparten una comunidad de fe religiosa, de lengua, de origen cultural y tradicional y de entorno de vida.
(véase el apartado 76)
9.      El artículo 18 TFUE, párrafo primero, figura en la segunda parte de este Tratado titulada «No discriminación y ciudadanía de la Unión». Se refiere a las situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en las que un nacional de un Estado miembro sufre un trato discriminatorio respecto de los nacionales de otro Estado miembro únicamente por razón de su nacionalidad. Por consiguiente, dicho artículo no se aplica en el supuesto de una eventual diferencia de trato entre los nacionales de Estados miembros y los de Estados terceros. Por lo tanto, en la medida en que el artículo 21, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que tiene el mismo alcance que el artículo 18 TFUE, párrafo primero, un nacional de un tercer país no puede invocar el artículo 21, apartado 2, de la Carta.
(véanse los apartados 80 a 82)
10.    Véase el texto de la resolución.
(véase el apartado 87)
11.    Cada asunto interpuesto ante el Tribunal dispone de sus propios autos, que contienen concretamente los documentos y escritos procesales presentados por las partes en el asunto de que se trate, y cada uno de dichos autos es totalmente independiente. Esto se pone de manifiesto en el punto 25 de las Normas prácticas de desarrollo del Reglamento de Procedimiento del Tribunal. Sin embargo, es cierto que, salvo en casos excepcionales en los que la divulgación de un documento podría menoscabar la buena administración de justicia, las partes en un procedimiento son libres de comunicar sus propios escritos procesales a un tercero a dicho procedimiento. En el mismo sentido, una parte en un procedimiento puede consentir, con la misma salvedad, que un escrito que presentó en dicho procedimiento sea utilizado por otra parte en éste en otro procedimiento.
(véanse los apartados 91 y 92)
12.    Una decisión sólo incurre en desviación de poder si resulta, sobre la base de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que se adoptó para alcanzar fines distintos de los alegados.
No ocurre así por lo que respecta al hecho de que el Presidente del Parlamento adoptase una decisión en la que se impedía a miembros o simpatizantes de un partido ruso entrar en los locales de la institución para expresarse allí en una reunión política, en vez de contar con la capacidad de intervención de los Servicios de seguridad, toda vez que esa decisión se inscribía en el contexto específico que caracterizaba por entonces las relaciones políticas entre la Federación Rusa y la Unión. Tanto más cuanto que, como dicha decisión estaba asociada al contexto en cuestión, sólo tenía carácter temporal.
(véanse los apartados 102, 110 y 118)
13.    El artículo 22 del Reglamento interno del Parlamento Europeo confiere al Presidente de la institución la competencia necesaria para garantizar la seguridad general en los locales del Parlamento, para prevenir y cesar toda perturbación del desarrollo normal de las actividades parlamentarias y para proteger la dignidad de la institución. Por otra parte, el Parlamento no está obligado a favorecer en sus dependencias las actividades políticas de un partido de un tercer país.
Por lo tanto, el Parlamento no está obligado a recibir a miembros o simpatizantes de tal partido para que puedan expresarse en sus locales. Más en general, del artículo 14 TUE se desprende que el derecho a participar en las funciones legislativa, presupuestaria, de control político y consultiva en el recinto del Parlamento queda reservado a los representantes de los ciudadanos de la Unión elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto, mientras que disposiciones especiales, como el artículo 15 TUE, apartado 6, letra d), y el artículo 230 TFUE, párrafo primero, han garantizado, específicamente, al Presidente del Consejo Europeo y a la Comisión, el derecho a comparecer en el Parlamento. Además, si bien el artículo 115 del Reglamento interno del Parlamento dispone que los debates son públicos y que las comisiones se reúnen también normalmente en público, el artículo 157 de dicho Reglamento precisa que el público de las tribunas permanecerá sentado y guardará silencio. Por ello, la lógica interna de los Tratados y de los textos adoptados para aplicarlos, así como la necesidad de garantizar el libre ejercicio de las facultades conferidas al Parlamento tienen como consecuencia que éste no es el lugar en el que cualquier tipo de público tenga de pleno derecho la facultad de expresarse.
(véase el apartado 112)