62018TJ0432_RES
Asunto T‑432/18
Peeter Palo
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 16 de octubre de 2019
«Función pública — Agentes temporales — Pensiones — Disposiciones de aplicación del régimen de pensiones — Indemnización por cese en el servicio — Artículo 12, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto — Principios de igualdad de trato y de no discriminación — Confianza legítima — Principio de buena administración — Deber de asistencia y protección»
Funcionarios — Agentes temporales — Indemnización por cese en el servicio — Requisitos para su concesión — Artículo 12, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto — Interpretación estricta
(Estatuto de los Funcionarios, anexo VIII, art. 12, ap. 2)
(véanse los apartados 23 a 25, 27 y 28)
Funcionarios — Igualdad de trato — Límites — Beneficio concedido ilegalmente
(véanse los apartados 37 a 39)
Funcionarios — Principios — Protección de la confianza legítima — Requisitos
(Estatuto de los Funcionarios, anexo VIII, art. 12, ap. 2)
(véanse los apartados 45, 46 y 49)
Funcionarios — Deber de asistencia y protección que incumbe a la administración — Alcance — Límites
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41)
(véanse los apartados 60 a 62)
Resumen
En la sentencia Palo/Comisión (T‑432/18), dictada el 16 de octubre de 2019, el Tribunal ha desestimado el recurso de un antiguo agente temporal por el que se solicitaba, por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión de no abonarle la indemnización por cese en el servicio prevista en el artículo 12, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto y la anulación de la decisión por la que se desestimó la reclamación presentada contra aquella otra y, por otra parte, el resarcimiento de los daños materiales y morales que el demandante afirmaba haber sufrido a raíz de dichas decisiones.
El demandante fue agente temporal en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) del 1 de diciembre de 2010 al 31 de agosto de 2017. El 19 de junio de 2017, solicitó que se le concediese una indemnización por cese en el servicio con arreglo al artículo 12, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto. A este respecto, el demandante certificó, por una parte, haber abonado, desde la toma de posesión de su cargo en Europol, la suma de 14200 euros a una compañía de seguros privada para la constitución o el mantenimiento de sus derechos a pensión y, por otra parte, haber celebrado, el 1 de diciembre de 2014, un segundo contrato de seguro con la misma compañía; el importe de las aportaciones en este otro contrato ascendió a 87460 euros. El 5 de octubre de 2017, la Comisión desestimó la solicitud del demandante, alegando que el artículo 12, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto exigía que las aportaciones efectuadas a un régimen de pensiones privado estuviesen «en consonancia» con las efectuadas al régimen de pensiones de las instituciones de la Unión Europea (en lo sucesivo, «RPIUE») en ese mismo período, lo que no ocurría en el presente asunto porque las aportaciones realizadas al RPIUE ascendían a 65334,95 euros. Además, el segundo contrato no podía tenerse en cuenta, ya que no se había celebrado desde la toma de posesión de su cargo por el demandante. Por último, la Comisión recordó que, no obstante, el demandante cumplía los requisitos para la transferencia a otro régimen con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra b), del anexo VIII del Estatuto. En este contexto, el demandante alegó, entre otras cosas, la infracción del artículo 12, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.
El Tribunal ha recordado, antes de nada, que la indemnización por cese en el servicio prevista en el artículo 12, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no constituye una indemnización por extinción del contrato a la que el agente interesado tenga derecho automáticamente en el momento de la resolución o de la expiración de su contrato, sino una medida pecuniaria de excepción que se inscribe en el ámbito de las disposiciones estatutarias en materia de seguridad social. Por tanto, esta disposición debe ser interpretada en sentido estricto. Según el Tribunal, del tenor de dicha disposición se desprende que los pagos al régimen de pensiones nacional o privado elegido por el agente deben efectuarse con vistas a la constitución o el mantenimiento de sus derechos a pensión. Por consiguiente, para evitar situaciones en las que un agente se encuentre sin ingresos suficientes a la edad de jubilación y se vea obligado a recurrir a la asistencia social de los Estados miembros, a pesar de haber adquirido derechos en el seno del RPIUE que pueden transferirse a otro régimen, esta disposición exige que dichos pagos garanticen al agente una pensión de jubilación, es decir, una renta mensual que percibirá a la edad de jubilación. De ello se deduce que una interpretación estricta del artículo 12, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto presupone necesariamente que los pagos efectuados al régimen de pensiones nacional o privado puedan garantizar, como tales, al agente afectado una cobertura suficiente a la edad de jubilación, asegurándole una pensión de jubilación que evite que tenga que recurrir a la asistencia social de los Estados miembros.
A este respecto, el Tribunal ha precisado que, para determinar si tales pagos pueden garantizar una pensión de jubilación que evite que tenga que recurrir a la asistencia social de los Estados miembros, debe llevarse a cabo un examen caso por caso. Este examen incluye que se tomen en consideración los elementos de hecho pertinentes específicos del asunto de que se trate, como, entre otros, la naturaleza del seguro de pensiones en cuestión, el importe de los pagos efectuados en este concepto por el agente afectado desde la toma de posesión de su cargo o los ingresos que quepa prever razonablemente que pueden generarse a partir de dichos pagos y percibirse a la edad de jubilación.
En el presente asunto, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que los pagos por importe de 14200 euros efectuados por el demandante a la compañía de seguros privada desde la toma de posesión de su cargo no eran adecuados para garantizarle una pensión de jubilación satisfactoria que evitase que tuviese que recurrir a la asistencia social de los Estados miembros. En cuanto a los pagos efectuados en virtud del segundo contrato celebrado por el demandante con la misma compañía de seguros privada, el Tribunal ha confirmado que la Comisión no podía tenerlos en cuenta, ya que no se habían efectuado desde la toma de posesión de su cargo, tal como exige el artículo 12, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.
Por consiguiente, tras haber desestimado también los demás motivos invocados por el demandante, basados en la vulneración de los principios de igualdad de trato y de no discriminación, de protección de la confianza legítima y de buena administración y en el incumplimiento del deber de asistencia y protección, el Tribunal ha desestimado el recurso en su totalidad.