62024CJ0075
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 15 de enero de 2026 (
*1
)
«Recurso de casación — Función pública — Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Alegaciones de acoso psicológico durante determinados períodos de licencia por enfermedad — Denegación de las solicitudes de asistencia y de indemnización — Apertura de un procedimiento de invalidez — Recurso de anulación y de indemnización — Admisibilidad — Actos impugnables — Obligación de motivación del Tribunal General — Motivación contradictoria — Desnaturalización de los hechos y de las pruebas»
En el asunto C‑75/24 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 29 de enero de 2024,
XH, representada por el Sr. P. Nowak, adwokat,
parte recurrente en casación,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Comisión Europea, representada inicialmente por la Sra. I. Melo Sampaio y el Sr. L. Vernier, en calidad de agentes, y posteriormente por el Sr. L. Vernier, en calidad de agente,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. D. Spielmann;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de mayo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso de casación, XH solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 22 de noviembre de 2023, XH/Comisión (T‑613/21, en lo sucesivo, sentencia recurrida, EU:T:2023:739), mediante la que este desestimó su recurso por el que solicitaba, por un lado, la anulación de la Decisión D/374/20 de la Comisión Europea, de 4 de diciembre de 2020, denegatoria de su solicitud de asistencia (en lo sucesivo, «Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia») y de la Decisión Ares(2021) 3466486 de la Comisión, de 21 de mayo de 2021, relativa al sometimiento del caso a la Comisión de Invalidez (en lo sucesivo, «Decisión de apertura del procedimiento de invalidez»), y, por otro lado, la reparación del perjuicio sufrido.
Marco jurídico
2
El artículo 11 bis del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, en su versión aplicable a los hechos del presente asunto (en lo sucesivo, «Estatuto»), dispone:
«1.   En el ejercicio de sus funciones, y salvo lo dispuesto a continuación, el funcionario no tramitará ningún asunto en el que tenga, directa o indirectamente, intereses personales, en particular familiares o financieros, que puedan menoscabar su independencia.
2.   Todo funcionario en el que recaiga, durante el ejercicio de sus funciones, la tramitación de un asunto del tipo mencionado en el apartado 1 lo notificará de inmediato a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Esta tomará las medidas oportunas y podrá, en particular, eximir al funcionario de sus obligaciones en relación con dicho asunto.
3.   El funcionario no podrá conservar ni adquirir, directa o indirectamente, en las empresas sujetas al control de la institución a la que pertenezca, o que estén en relación con ella, intereses que, por su índole e importancia, pudieran menoscabar su independencia en el ejercicio de sus funciones.»
3
El artículo 12 del Estatuto dispone:
«El funcionario se abstendrá de todo acto o comportamiento que pudiera atentar a la dignidad de su función.»
4
El artículo 12 bis del Estatuto tiene el siguiente tenor:
«1.   Todo funcionario se abstendrá de cualquier forma de acoso psicológico o sexual.
2.   Ningún funcionario que haya sido víctima de acoso psicológico o sexual podrá verse perjudicado en forma alguna por la institución. Ningún funcionario que haya facilitado pruebas de acoso psicológico o sexual podrá verse perjudicado en forma alguna por la institución, siempre que haya actuado de buena fe.
3.   Por “acoso psicológico” se entenderá cualquier conducta abusiva que se manifieste de forma duradera, reiterada o sistemática mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos de carácter intencional que atenten contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona.
4.   Por “acoso sexual” se entenderá toda conducta de naturaleza sexual no deseada por la persona a la que vaya dirigida y que tenga por objeto o efecto herir su dignidad o crear un ambiente intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto. El acoso sexual se considerará una discriminación por razón de sexo.»
5
A tenor del artículo 21 del Estatuto:
«Los funcionarios de cualquier rango estarán obligados a asistir y aconsejar a sus superiores y serán responsables de la ejecución de los trabajos que se les encomienden.
El funcionario encargado de dirigir un servicio será responsable ante sus superiores del ejercicio de la autoridad que le haya sido conferida y del cumplimiento de las órdenes que imparta. La responsabilidad de sus subordinados no le exonera de las suyas.»
6
El artículo 24 del Estatuto establece:
«La Unión [Europea] asistirá a los funcionarios, en especial mediante la persecución contra los autores de amenazas, ultrajes, injurias, difamaciones o atentados contra la persona y los bienes, de que el funcionario, o los miembros de su familia, sean objeto por su condición de tales o como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
La Unión reparará solidariamente los daños sufridos por el funcionario por esta causa siempre que este no los haya originado, intencionadamente o por negligencia grave y no haya podido obtener resarcimiento por parte del autor.»
7
El artículo 59 del Estatuto es del siguiente tenor:
«1.   Todo funcionario que justifique su imposibilidad para ejercer sus funciones como consecuencia de enfermedad o accidente disfrutará automáticamente de licencia por enfermedad.
El interesado deberá notificar con la mayor brevedad su indisponibilidad a su institución, especificando el lugar en que se encuentra. […]
El funcionario con licencia por enfermedad podrá, en todo momento, ser sometido a un control médico organizado por la institución. Si dicho control no puede efectuarse por motivos imputables al interesado, su ausencia se considerará injustificada a partir del día en que estuviera previsto el control.
Si el control revela que el funcionario se halla en condiciones de ejercer sus funciones, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, su ausencia se considerará injustificada a partir del día del control.
[…]
4.   La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá someter a la Comisión de invalidez el caso de todo funcionario cuyas licencias por enfermedad acumuladas excedan de doce meses durante un período de tres años.
[…]»
8
A tenor del artículo 60 del Estatuto:
«El funcionario no podrá ausentarse sin autorización previa de su superior jerárquico salvo en caso de enfermedad o accidente. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes, la ausencia no autorizada, debidamente comprobada, será computada dentro del período de vacaciones anuales del interesado. Si llegara a agotar la duración de las vacaciones se deducirá de sus remuneraciones la cantidad correspondiente al tiempo excedido.
Si un funcionario decidiere permanecer durante su licencia por enfermedad en un lugar distinto del de su destino, deberá obtener autorización previa de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.»
9
El artículo 90 del Estatuto establece:
«1.   Las personas a las que se aplique el presente Estatuto podrán presentar ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos peticiones de que se adopte una determinada decisión con respecto a las mismas. La autoridad notificará su decisión motivada al interesado en un plazo de cuatro meses a partir del día en que se presente la petición. Al término de este plazo, se considerará que se ha producido una decisión denegatoria, que podrá ser objeto de reclamación según lo establecido en el apartado siguiente.
2.   Las personas a las que se aplique el presente Estatuto podrán presentar ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos reclamaciones dirigidas contra los actos que les sean lesivos, bien se hayan producido por resolución de la citada autoridad o por la falta de adopción por esta de medidas que hubieran debido tomarse según el Estatuto. […]»
10
El anexo II del Estatuto dispone, en su artículo 7:
«La Comisión de Invalidez estará compuesta por tres médicos, designados:
–
el primero, por la institución en la que el funcionario preste sus servicios;
–
el segundo, por el interesado;
–
el tercero, por común acuerdo de los dos médicos ya designados.
En caso de incomparecencia del funcionario interesado, el Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea designará un médico de oficio.
En defecto de acuerdo sobre la designación del tercer médico durante un plazo de dos meses a contar desde la designación del segundo médico, el tercer médico será nombrado de oficio por el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a iniciativa de una de las partes.»
Antecedentes del litigio
11
Los antecedentes del litigio se expusieron en los apartados 2 a 34 de la sentencia recurrida. A efectos del presente procedimiento, pueden exponerse de la siguiente forma.
12
La recurrente es una funcionaria de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
13
Hasta el 16 de junio de 2020, ocupó un puesto de investigadora en la unidad anteriormente designada como Unidad A de la OLAF. En el seno de esta unidad, examinó, como investigadora principal, entre otros, tres asuntos pendientes, a saber, los asuntos E, F y G.
14
El 16 de junio de 2020, se puso en marcha una reorganización interna de la OLAF. A raíz de esta reorganización, y habida cuenta de las preferencias indicadas por la recurrente, esta fue destinada, a partir de esa fecha, a una nueva unidad de la OLAF, a saber, la Unidad B.
15
Entre los días 2 y 22 de junio de 2020, la recurrente disfrutó de una licencia por enfermedad a raíz de una operación. Se concedió una prórroga de esta licencia para un período ininterrumpido entre el 23 de junio y el 31 de octubre de 2020, autorizada en el sistema informático de gestión de personal de la Comisión denominado «Sysper 2», una primera vez, el 23 de junio de 2020, para el período comprendido entre esa fecha y el 10 de julio de 2020; una segunda vez, el 14 de julio, para el período comprendido entre los días 11 y 31 de julio de 2020; una tercera vez, el 4 de agosto de 2020, para el período comprendido entre los días 1 y 31 de agosto de 2020; una cuarta vez, el 1 de septiembre de 2020, para el período comprendido entre esa fecha y el 30 de septiembre siguiente, y, una quinta vez, el 1 de octubre de 2020, para el período comprendido entre esa fecha y el 31 de octubre siguiente.
16
El 2 de junio de 2020, la recurrente remitió a los miembros de la Unidad A un correo electrónico que contenía un resumen sobre el asunto E. En dicho correo electrónico, indicaba que estaba en situación de baja por enfermedad, pero que, por precaución y con el fin de evitar retrasos, continuaría conectada y abierta a cualquier contacto relativo a estos tres asuntos.
17
El 8 de junio de 2020, un miembro de la Unidad A envió un correo electrónico a la recurrente y a la jefa de la Unidad A. Este correo electrónico, relativo a los asuntos E, F y G, contenía observaciones y sugerencias para las próximas etapas. La jefa de la Unidad A respondió que, habida cuenta de la situación de baja de la recurrente, dicho miembro debía consultar a la futura jefa de la Unidad C (en lo sucesivo, «jefa de la Unidad C»), con el fin de saber si esta deseaba cerrar los asuntos en cuestión antes de la reorganización de 16 de junio de 2020 o si prefería esperar a la reincorporación de la recurrente tras su licencia por enfermedad, prevista para después de esa fecha. El citado miembro de la Unidad A mandó posteriormente un correo electrónico a la jefa de la Unidad C, en el que puso en copia a la recurrente y a la jefa de la Unidad A. La recurrente respondió a este último correo electrónico, señalando que esperaba que todos los asuntos pudieran cerrarse lo antes posible, teniendo en cuenta la reorganización de la OLAF y su licencia por enfermedad. Asimismo, indicó que, a pesar de estar de baja, estaba abierta a recibir las propuestas finales relativas a los asuntos en cuestión para que pudieran concluirse.
18
El 8 de junio de 2020, la recurrente envió un correo electrónico a un compañero que era su «persona de confianza». En él, la recurrente lo informaba de los intercambios mencionados en el apartado 17 de la presente sentencia y le pedía consejo sobre su situación.
19
Ese mismo día, una secretaria de la Unidad A (en lo sucesivo, «secretaria de la Unidad A») envió un correo electrónico a la recurrente relativo al cambio de despacho de esta última como consecuencia de la reorganización interna de la OLAF a la que se hace referencia en el apartado 14 de la presente sentencia. En dicho correo electrónico, la secretaria de la Unidad A preguntaba a la recurrente si, dado que iba a estar de baja por enfermedad hasta el 22 de junio de 2020, permitía que un tercero preparase la mudanza de sus efectos antes de esa fecha. La recurrente respondió el mismo día que prefería encargarse de la mudanza ella misma.
20
El 9 de junio de 2020, la jefa de la Unidad C respondió a los correos electrónicos evocados en el apartado 17 de la presente sentencia. En su respuesta, señaló que, dadas las circunstancias, le parecía muy difícil cerrar los asuntos en cuestión antes del 16 de junio de 2020. Por lo que respecta al asunto E, indicó que le parecía realista que pudiera finalizarse a mediados de julio.
21
El 23 de junio de 2020, la jefa de la Unidad C remitió un correo electrónico a la recurrente para discutir el proyecto de informe final relativo al asunto E. En dicho correo electrónico, le pidió que la llamara si estaba disponible. Ese mismo día, envió a la recurrente una invitación a participar en una reunión por videoconferencia programada un día más tarde, es decir, el 24 de junio de 2020. La recurrente respondió a dicho correo electrónico al día siguiente, el 24 de junio, y subrayó que seguía en situación de baja por enfermedad y que esta invitación coincidía con una cita médica. Añadió que, no obstante, el día siguiente estaría disponible durante toda la jornada para hablar por teléfono sobre el asunto en cuestión.
22
El 23 de junio de 2020, la recurrente envió un correo electrónico a la persona de confianza que contenía la invitación de la jefa de la Unidad C a la reunión por videoconferencia. En él le explicaba que tenía que efectuar una visita al hospital durante su licencia por enfermedad y que esa invitación excedía de sus posibilidades y era contraria a las normas. Le pidió que «denunciara este comportamiento como acoso».
23
El 30 de junio de 2020, la secretaria de la Unidad A envió a la recurrente un segundo correo electrónico para preguntarle si había adoptado una decisión relativa a la mudanza de su despacho.
24
El 1 de julio de 2020, la jefa de la Unidad C remitió dos correos electrónicos a la recurrente en los que le formulaba preguntas relativas al asunto E. La recurrente los respondió el 6 de julio siguiente.
25
El 1 de agosto de 2020, la recurrente presentó una solicitud de asistencia ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») competente, con arreglo a los artículos 24, 59 y 60 del Estatuto. En su solicitud, la recurrente afirmaba, en esencia, que los correos electrónicos que había recibido mientras estaba de baja por enfermedad constituían peticiones, por parte de determinados altos cargos o miembros del personal de la OLAF, para que trabajara o se desplazara inmediatamente a su oficina a preparar la mudanza de sus efectos, con el objetivo, en su opinión, de interrumpir o poner fin a su licencia por enfermedad.
26
El 26 de agosto de 2020, la jefa de la Unidad C envió a la recurrente un correo electrónico que contenía un nuevo proyecto de informe final relativo al asunto E. En dicho correo electrónico, la jefa de la Unidad C preguntaba a la recurrente, por un lado, si aprobaba el contenido del informe y, por otro, si podía efectuar una verificación en la Oficina Europea de Patentes (OEP). La recurrente le respondió que seguía en situación de baja por enfermedad. En un segundo correo electrónico, la jefa de la Unidad C precisó que le había remitido su primer correo electrónico para que la recurrente lo tramitase tras su reincorporación. La recurrente le contestó el 28 de agosto siguiente, señalando que no consideraba necesario esperar a que se reincorporase para finalizar los informes en cuestión.
27
El 31 de agosto de 2020, la jefa de la Unidad C mandó un correo electrónico a la recurrente en el que le explicaba que, dada la considerable carga de trabajo del equipo de investigación de que se trataba, no podía asignar los tres asuntos en cuestión a otro investigador principal y que, por consiguiente, contaba con ella para cerrarlos cuando se reincorporase de su baja, conforme a lo que se había acordado. El mismo día, envió otros dos correos electrónicos a la recurrente que contenían, respectivamente, un proyecto modificado de informe final relativo al asunto F y un nuevo proyecto de informe final relativo al asunto G. En ambos correos electrónicos precisaba que la recurrente no debía hacer nada con ellos hasta que se reincorporase tras la licencia por enfermedad.
28
El 6 de septiembre de 2020, la recurrente respondió que su licencia por enfermedad había sido prorrogada y que los asuntos en cuestión podían finalizarse sin su intervención.
29
El 7 de septiembre de 2020, la recurrente firmó electrónicamente, en el programa informático de gestión de contenidos (OCM) de la OLAF, una declaración de conflicto de intereses relativa al asunto G.
30
El 8 de septiembre de 2020, la jefa de la Unidad C informó a la recurrente de que había nombrado a un nuevo investigador que no hablaba la lengua de procedimiento de dos de los tres asuntos en cuestión. Asimismo, se refirió a una consulta para, sin la intervención de la recurrente, cerrar el tercer asunto, esto es, el asunto G. La jefa de la Unidad C solicitó a la recurrente que le enviara la información que faltaba en relación con este tercer asunto en caso de que, entretanto, se reincorporase tras su licencia por enfermedad.
31
El 11 de septiembre de 2020, la recurrente recibió un correo electrónico de un compañero de trabajo de la Unidad C en el que este la felicitaba por su victoria en un asunto que se había sustanciado ante el Tribunal General.
32
El 17 de septiembre de 2020, la recurrente recibió de ese compañero otro correo electrónico que contenía un hipervínculo para acceder a la sentencia dictada por el Tribunal General.
33
El 18 de septiembre de 2020, la jefa de la Unidad C envió un correo electrónico a la recurrente en el que le indicaba que había visto la declaración de conflicto de intereses. Además, para adoptar una decisión sobre dicha declaración, le solicitaba información adicional sobre el conflicto de intereses en cuestión. La recurrente respondió a esta solicitud el 20 de septiembre siguiente.
34
El 25 de septiembre de 2020, la jefa de la Unidad C remitió un correo electrónico a la recurrente para informarla de que se la había apartado de su último asunto en curso debido a la situación de conflicto de intereses en cuestión. De este modo, concluyó que la recurrente ya no participaba en más asuntos dentro de su unidad.
35
El 28 de octubre de 2020, el jefe de la Unidad HR.AMC.5 de la Comisión envió una nota al servicio médico de dicha institución para solicitar la apertura de un procedimiento de invalidez con respecto a la recurrente. Esta solicitud se basaba en el hecho de que, durante el período comprendido entre los meses de noviembre de 2017 y octubre de 2020, es decir, un período de tres años, las licencias por enfermedad acumuladas de la recurrente excedían de doce meses.
36
El 4 de diciembre de 2020, la AFPN adoptó la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia de la recurrente a la que se hace referencia en el apartado 25 de la presente sentencia.
37
El 28 de febrero de 2021, la recurrente presentó una reclamación, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, dirigida contra la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia.
38
El 6 de mayo de 2021, se organizó una videoconferencia entre, por un lado, la recurrente y, por el otro, la Oficina de Investigación y Disciplina (IDOC) y la Unidad HR.E.2 (Recurso y seguimiento de expedientes) de la Comisión.
39
El 10 de mayo de 2021, se transmitió a la recurrente un resumen de las alegaciones formuladas por ella durante esta videoconferencia.
40
El 11 de mayo de 2021, la recurrente presentó sus observaciones sobre dicho resumen y aportó determinados documentos.
41
El 21 de mayo de 2021, la directora general de la Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad de la Comisión adoptó la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez, mediante la que sometió el caso de la recurrente a la Comisión de Invalidez y nombró a un médico para representar a la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del anexo II del Estatuto.
42
El 31 de mayo de 2021, la recurrente presentó una reclamación, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, contra la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez.
43
El 2 de julio de 2021, la AFPN adoptó la Decisión R/138/21, por la que se desestimó la reclamación contra la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia (en lo sucesivo, «Decisión R/138/21 desestimatoria de la reclamación»), debido a la falta de principios de prueba razonables que apoyasen las alegaciones de la recurrente. Asimismo, la AFPN desestimó la solicitud de reparación del perjuicio supuestamente sufrido.
44
El 30 de septiembre de 2021, la AFPN adoptó la Decisión R/301/21, en virtud de la cual declaró inadmisible la reclamación presentada por la recurrente contra la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez (en lo sucesivo, «Decisión R/301/21 de inadmisibilidad de la reclamación»).
Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida
45
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 17 de septiembre de 2021, la recurrente interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación, por una parte, de la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia y de la Decisión R/138/21 desestimatoria de la reclamación, así como, por otra parte, de la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez y de la Decisión R/301/21 de inadmisibilidad de la reclamación. Además, la recurrente solicitó al Tribunal General que condenara a la Comisión a pagarle la cuantía de 20000 euros en concepto de reparación del perjuicio moral sufrido y que ordenara a la Comisión presentar varios documentos internos.
46
En apoyo de sus pretensiones de anulación de la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez y de la Decisión R/301/21 de inadmisibilidad de la reclamación, la recurrente invocó, en esencia, un motivo basado en el incumplimiento por parte de la Comisión de los artículos 59 y 90 del Estatuto, interpretados a la luz de los artículos 12 bis y 24 de este. En apoyo de sus pretensiones de anulación de la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia y de la Decisión R/138/21 desestimatoria de la reclamación, la recurrente invocó cuatro motivos basados, el primero, en la infracción por parte de la Comisión de los artículos 12 bis y 24 del Estatuto, en el incumplimiento, por parte de esta, del deber de asistencia y protección, en la infracción de los artículos 7 y 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en la vulneración del principio de buena administración; el segundo, en la infracción por dicha institución de los artículos 12 bis, 24, 59 y 60 del Estatuto; el tercero, en la infracción por parte de la Comisión de los artículos 59 y 90 del Estatuto, interpretados a la luz de los artículos 12 bis y 24 de este, y, el cuarto, en la infracción por esta última de los artículos 7 y 8 de la Carta.
47
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General, por una parte, declaró inadmisible la pretensión de anulación de la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez y, por otra parte, desestimó por infundada la pretensión de anulación de la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia.
48
Además, el Tribunal General desestimó la pretensión de indemnización de la recurrente y las diligencias de prueba que había solicitado.
49
En consecuencia, el Tribunal General desestimó íntegramente el recurso interpuesto por la recurrente.
Pretensiones de las partes en el recurso de casación
50
Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Anule la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia y la Decisión R/138/21 desestimatoria de la reclamación.
–
Anule la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez y la Decisión R/301/21 de inadmisibilidad de la reclamación.
–
Ordene la reparación del perjuicio sufrido.
–
Condene a la Comisión al pago de las costas tanto del procedimiento de casación como del procedimiento ante el Tribunal General.
–
En caso de que la anulación de la sentencia recurrida resulte imposible, devuelva el asunto al Tribunal General.
51
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a la recurrente.
Sobre el recurso de casación
52
En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca, en esencia, dos motivos relativos, el primero, a los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida por los que se inadmite la pretensión de anulación de la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez y, el segundo, a tales fundamentos de Derecho en la medida en que desestiman la pretensión de anulación de la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia.
Sobre el primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
53
El primer motivo de casación, que se subdivide, en esencia, en cinco partes, se basa en la calificación errónea, por parte del Tribunal General, de la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez como un acto de trámite y, por tanto, no impugnable ante dicho tribunal.
54
Mediante la primera parte del primer motivo de casación, la recurrente sostiene que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal General, un acto solo puede calificarse de «trámite» cuando carece de efectos jurídicos distintos, mientras que los actos que producen efectos que exceden del marco procedimental y modifican los derechos y obligaciones de los interesados en el plano sustantivo están sometidos al control jurisdiccional del Tribunal General.
55
En consecuencia, estima que, en los apartados 47 y 48 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no aplicar esta jurisprudencia. Afirma que, de haberla aplicado, dado que la apertura por la Comisión del procedimiento de invalidez había conllevado la divulgación definitiva e irreversible de datos amparados por el secreto médico que afectaban, por tanto, a los derechos de la recurrente, el Tribunal General habría llegado necesariamente a la conclusión de que la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez debe considerarse un acto que modifica sustancialmente sus derechos y obligaciones.
56
En la segunda parte de este motivo de casación, la recurrente alega que, al calificar la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez de acto de trámite, el Tribunal General incurrió en error de Derecho, desnaturalizó las pruebas y, en esencia, no tuvo en cuenta determinadas circunstancias que, sin embargo, eran determinantes.
57
En primer lugar, sostiene que, de reiterada jurisprudencia, derivada de la sentencia de 18 de marzo de 1997, Guérin automobiles/Comisión (C‑282/95 P, EU:C:1997:159), apartado 37, se desprende que, conforme al principio de buena administración, la Comisión debe adoptar una decisión definitiva en un plazo razonable. Dado que, en el caso de autos, la Comisión no impulsó el procedimiento de invalidez, considera que la apertura de este procedimiento ya no cumple con su objeto como acto de trámite.
58
En segundo lugar, y en esencia, puesto que, en su opinión, la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez presenta similitudes con el acoso, la recurrente estima que dicha Decisión debe considerarse un acto impugnable.
59
En tercer lugar, al estar el procedimiento de invalidez íntimamente ligado a la licencia por enfermedad de la recurrente, esta aduce no haber sido informada de la apertura del procedimiento de invalidez hasta finales de mayo de 2021. Reprocha al Tribunal General que no tuviera en cuenta en la sentencia recurrida esta grave falta de transparencia por parte de la Comisión.
60
En cuarto lugar, la recurrente considera que la Decisión R/301/21 de inadmisibilidad de la reclamación impidió finalizar su procedimiento de invalidez, dejándola de este modo en un estado prolongado de incertidumbre, con infracción de los artículos 90 y 59 del Estatuto.
61
En quinto lugar, estima que las decisiones finales no son las únicas que pueden producir efectos perjudiciales, ya que los efectos indirectos de determinados actos o acciones de una institución de la Unión pueden tener consecuencias importantes en la situación de la persona afectada. Por consiguiente, aunque la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez constituyera un acto de trámite, en su opinión sería impugnable, ya que tiene un efecto negativo con respecto al estatus de la persona afectada.
62
Mediante la tercera parte del primer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta que el artículo 59, apartado 4, del Estatuto no deja ningún margen de apreciación a la Comisión cuando somete el caso a la Comisión de Invalidez. Pues bien, considera que, en el presente asunto, no se cumple el requisito para tal sometimiento previsto en esa disposición, según el cual las licencias por enfermedad acumuladas del funcionario de que se trate deben exceder de doce meses durante un período de tres años. Por tanto, concluye que la apertura del procedimiento de invalidez constituye un acto impugnable, al ser ilegal y adolecer incluso de desviación de poder.
63
Mediante la cuarta parte del primer motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado las pruebas al no examinar los aspectos específicos de su situación. Le reprocha haberse circunscrito a la versión de los hechos presentada por la Comisión sin examinar los elementos fácticos pertinentes, a pesar de que la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez se basa en un cálculo erróneo de los días de licencia por enfermedad, que no tuvo en cuenta la presencia efectiva de la recurrente en su lugar de trabajo.
64
En la quinta parte del primer motivo de casación, la recurrente añade, una vez más con la intención de demostrar que el Tribunal General no examinó los aspectos específicos de su situación, que la investigación llevada a cabo por la Comisión sobre su estado de salud a raíz de la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez y la gestión incorrecta por dicha institución de datos médicos sensibles vulneran los derechos al respeto de la vida privada y a la protección de sus datos, contemplados en los artículos 7 y 8 de la Carta, en relación con los artículos 59 y 60 del Estatuto.
65
La Comisión considera que el primer motivo de casación es, en parte, inadmisible y, en parte, infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
66
Mediante su primer motivo de casación, que se subdivide, en esencia, en cinco partes, la recurrente critica los apartados 47 y 48 de la sentencia recurrida.
67
En el apartado 47 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, en el caso de autos, la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez se había adoptado sobre la base del artículo 59, apartado 4, del Estatuto. Pues bien, según su propia jurisprudencia, la decisión de someter el caso de una parte demandante a la Comisión de Invalidez es un acto de trámite que se integra en el procedimiento de jubilación y solo al interponer un recurso contra la decisión adoptada al finalizar ese procedimiento puede una parte demandante alegar la irregularidad de los actos anteriores estrechamente relacionados con ella.
68
Aplicando esta jurisprudencia al caso de autos, el Tribunal General declaró, en el apartado 48 de la sentencia recurrida, que la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez no era un acto que fijara definitivamente la postura de la Comisión, sino que era un acto preparatorio de una decisión final que se adoptaría al término del procedimiento de invalidez y que, por consiguiente, la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez no constituía un acto lesivo para la recurrente en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto.
69
Para apreciar si, como alega la recurrente, el Tribunal General calificó erróneamente la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez de acto de trámite, procede recordar, con carácter preliminar, al igual que lo declarado por el Tribunal General en el apartado 45 de la sentencia recurrida, que de reiterada jurisprudencia se desprende que, tanto en el marco del contencioso específico de la función pública europea como en el marco del contencioso general, son actos lesivos —y, por tanto, impugnables como tales— únicamente las decisiones que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, apartado 69 y jurisprudencia citada).
70
Como también recordó el Tribunal General en el apartado 46 de la sentencia recurrida, cuando se trata de actos o decisiones cuya elaboración se efectúa en varias fases, especialmente al término de un procedimiento interno, en principio, solo constituyen actos impugnables las medidas que establecen definitivamente la posición de la institución al término de este procedimiento, con exclusión de las medidas intermedias cuyo objetivo es preparar la decisión final (sentencia de 14 de febrero de 1989, Bossi/Comisión, 346/87, EU:C:1989:59, apartado 23, y, véase, en este sentido, el auto de 7 de abril de 2005, Van Dyck/Comisión, C‑160/04 P, EU:C:2005:207, apartado 32).
71
Hay que examinar las cinco partes del primer motivo de casación a la luz de estos principios.
– Primera parte del primer motivo de casación
72
Mediante la primera parte del primer motivo de casación, la recurrente sostiene que, en los apartados 47 y 48 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta que la apertura por la Comisión del procedimiento de invalidez había conllevado la divulgación de datos amparados por el secreto médico que afectaban, por tanto, a sus derechos y al considerar que la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez no es un acto que fije definitivamente la postura de la Comisión con respecto a ella, sino un acto preparatorio de la decisión final que se adopte al término del procedimiento de invalidez. Según la recurrente, un acto solo puede calificarse de «trámite» cuando no genere efectos jurídicos distintos, mientras que los actos que producen efectos que exceden del marco procedimental y modifican los derechos y obligaciones de los interesados en el plano sustantivo están sometidos al control jurisdiccional del Tribunal General.
73
A este respecto, procede señalar, no obstante, que la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez, mediante la que una institución decide someter el caso de un funcionario a una comisión médica, de conformidad con el artículo 59, apartado 4, del Estatuto, no conlleva, en sí misma, ningún efecto jurídico obligatorio que pueda afectar a los intereses de la persona de que se trate modificando sustancialmente —y, por tanto, de una manera que sea cuando menos definitiva— la situación jurídica de dicho funcionario.
74
Pues bien, no desvirtúa esta conclusión el hecho de que la apertura por la Comisión del procedimiento de invalidez llevara posteriormente a la divulgación definitiva e irreversible de datos amparados por el secreto médico.
75
En efecto, incluso considerando que tal divulgación violase el secreto médico, esta circunstancia, que guarda relación con el fundamento de dicha divulgación, no implicaría, sin embargo, que la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez debiera considerarse constitutiva de un acto lesivo en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, puesto que no es menos cierto que esa Decisión no modificó, en sí misma, sustancialmente —y, por tanto, de una manera que sea cuando menos definitiva— la situación jurídica de dicha funcionaria.
76
Por consiguiente, el Tribunal General declaró, sin incurrir en error de Derecho, en los apartados 47 y 48 de la sentencia recurrida, que la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez no constituía un acto lesivo para la recurrente en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto.
77
Así pues, debe desestimarse por infundada la primera parte del primer motivo de casación.
– Segunda parte del primer motivo de casación
78
En apoyo de la segunda parte del primer motivo de casación, la recurrente alega, en primer lugar, que la duración excesiva del procedimiento de invalidez supuso que la decisión de apertura de dicho procedimiento ya no cumpliera con su objeto como acto de trámite y que, por tanto, el Tribunal General debe considerarla un acto que le es lesivo y, consecuentemente, impugnable.
79
A este respecto, basta con señalar que, como se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 69 de la presente sentencia, la condición para que un acto pueda ser considerado lesivo radica en que dicho acto debe haber producido efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica.
80
Pues bien, la duración de un procedimiento, aunque sea excesiva, no supone que se deba considerar que el acto que tenía por objeto la apertura de ese procedimiento haya modificado sustancialmente la situación jurídica del demandante.
81
En estas circunstancias, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta la duración de la tramitación del asunto por parte de la Comisión cuando examinó si la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez constituía un acto lesivo para la recurrente en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto.
82
En segundo lugar, la recurrente sostiene, en esencia, que la adopción de la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez presenta similitudes con el acoso, de modo que, para permitirle hacer valer sus derechos, hay que considerar que esa Decisión le resulta lesiva.
83
A este respecto, basta con indicar que, si bien es cierto que no cabe excluir que la apertura de un procedimiento pueda presentar similitudes con el acoso del que sería víctima la persona afectada y, en consecuencia, pueda ser invocada en una solicitud de asistencia o en una solicitud de indemnización como elemento de hecho pertinente, esta circunstancia no implica que la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez deba considerarse constitutiva de un acto lesivo. En efecto, como se ha recordado en el apartado 69 de la presente sentencia, para ser calificada de acto lesivo, la decisión de que se trate debe haber modificado sustancialmente la situación jurídica de su destinatario, no se exige que sea apta para haberle ocasionado un perjuicio.
84
A diferencia de lo que parece insinuar la recurrente, esta interpretación del artículo 90, apartado 2, del Estatuto no impide que quien haya sufrido un perjuicio como consecuencia precisamente de la adopción de un acto de este tipo pueda obtener reparación de tal perjuicio. En efecto, en el caso de un acto de trámite, la persona afectada puede, en particular, interponer un recurso contra el acto que se adopte al término del procedimiento de que se trate y, en ese caso, solicitar reparación del perjuicio resultante de la apertura de dicho procedimiento.
85
En tercer lugar, la recurrente aduce que el Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho de que solo fue informada extemporáneamente de la apertura del procedimiento de invalidez, mientras que, en cuarto lugar, la Decisión R/301/21 de inadmisibilidad de la reclamación la dejó en un estado prolongado de incertidumbre, con infracción de los artículos 90 y 59 del Estatuto.
86
No obstante, procede señalar que la recurrente no precisa por qué razón el Tribunal General debió tener en cuenta tales circunstancias. Pues bien, la mera exposición abstracta de los motivos en la demanda no cumple los requisitos establecidos en el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo 169 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de 1 de agosto de 2025, PNB Banka/BCE, C‑100/23 P, EU:C:2025:610, apartado 34).
87
En quinto lugar, la recurrente sostiene que, aunque la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez constituyera un acto de trámite, dicha Decisión debería ser considerada, no obstante, un acto impugnable, ya que tiene un efecto negativo con respecto al estatus de la persona afectada.
88
No cabe acoger tal alegación, que se asimila a la segunda alegación, puesto que, como ya se ha recordado en el apartado 83 de la presente sentencia, el hecho de que la adopción de un acto pueda producir efectos negativos con respecto al estatus de la persona afectada no implica necesariamente que ese acto haya modificado sustancialmente —esto es, en particular, de manera definitiva— la situación jurídica de esa persona.
89
En sexto lugar, la recurrente aduce que el Tribunal General desnaturalizó ciertas pruebas al calificar esta Decisión de acto de trámite.
90
No obstante, cuando un recurrente alega desnaturalización de las pruebas por parte del Tribunal General, debe indicar, de manera precisa, si no quiere que se inadmita esa alegación, los elementos que han sido desnaturalizados por el Tribunal General y demostrar los errores de análisis que, según su apreciación, han conducido al Tribunal General a tal desnaturalización (sentencia de 10 de septiembre de 2024, KS y otros/Consejo y otros, C‑29/22 P y C‑44/22 P, EU:C:2024:725, apartado 148).
91
Pues bien, en el caso de autos, la recurrente no explica cuáles son las pruebas a las que se refiere esa alegación ni de qué manera las desnaturalizó el Tribunal General.
92
En estas circunstancias, procede declarar la inadmisibilidad de la alegación basada en la desnaturalización de las pruebas por parte del Tribunal General.
93
Por tanto, se debe desestimar la segunda parte del primer motivo de casación por ser, en parte, inadmisible y, en parte, infundada.
– Partes tercera, cuarta y quinta del primer motivo de casación
94
En la tercera parte del primer motivo de casación, la recurrente aduce que la Comisión no podía abrirle el procedimiento de invalidez, ya que la duración acumulada de sus licencias por enfermedad no excedía de doce meses durante un período de tres años, como se exige en el artículo 59, apartado 4, del Estatuto.
95
Mediante la cuarta parte del primer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas, ya que se circunscribió al cálculo erróneo que había hecho la Comisión del número de días en que había estado de licencia por enfermedad, sin examinar su presencia efectiva en el trabajo. En la quinta parte del primer motivo de casación, la recurrente afirma, en esencia, que el Tribunal General debió declarar que la Comisión había vulnerado su derecho al respeto de su vida privada y que había incumplido la obligación de protección de sus datos personales, garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta.
96
A este respecto, procede recordar que, como se desprende de los apartados 67 y 68 de la presente sentencia, el Tribunal General declaró que la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez no constituía un acto lesivo para la recurrente en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto. Por esta razón, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad de la pretensión de anulación de esa Decisión.
97
En estas circunstancias, al no haber examinado el Tribunal General en cuanto al fondo la legalidad de la citada Decisión, se deben desestimar por inoperantes las partes tercera, cuarta y quinta del primer motivo de casación, referidas todas ellas a esa legalidad.
Sobre el segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
98
El segundo motivo de casación se divide en esencia en doce partes.
99
En la primera parte del segundo motivo de casación, la recurrente sostiene que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la vulneración por parte de una institución de una disposición jurídica clara es una cuestión de orden público y debe ser apreciada de oficio por el Tribunal General. Pues bien, considera que, en el apartado 98 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no tuvo debidamente en cuenta esta jurisprudencia. Estima que, de haberla tenido en cuenta, el Tribunal General debería haber declarado que las decisiones de que se trata eran contrarias a los artículos 59 y 90 del Estatuto, que, además de ser claros, también establecen normas de orden público.
100
Mediante la segunda parte del segundo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General que no pusiera de manifiesto la falta de motivación de la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia, que es contraria a las exigencias de transparencia y de responsabilidad establecidas en los artículos 59 y 90 del Estatuto, en relación con los artículos 41 y 47 de la Carta.
101
En la tercera parte del segundo motivo de casación, la recurrente sostiene que, en los apartados 97 y 98 de la sentencia recurrida, el Tribunal General erró al interpretar y aplicar el artículo 84, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento. Estima que dicho tribunal rechazó las nuevas pruebas que ella aportó una vez presentada la réplica, a pesar de que tales pruebas no estaban disponibles en el momento de la presentación de la demanda en primera instancia o de la réplica. Sostiene que la exclusión por parte del Tribunal General de dichas pruebas es contraria a los artículos 7, 8 y 47 de la Carta y al artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).
102
A este respecto, la recurrente añade que la finalidad del procedimiento administrativo previo es permitir una solución amistosa de las diferencias entre los funcionarios y la administración, y no limitar el alcance del control jurisdiccional del juez de la Unión.
103
Mediante la cuarta parte del segundo motivo de casación, la recurrente afirma, por un lado, que la Comisión estaba obligada a no abrir el procedimiento de invalidez, dado que la decisión de su apertura cumplía los criterios del acoso enunciados en el artículo 12 bis del Estatuto.
104
Por otro lado, estima que el comportamiento de la jefa de la Unidad C, en los términos mencionados en los apartados 107 y 108 de la sentencia recurrida, es contrario al artículo 12 del Estatuto, que obliga a los funcionarios a abstenerse de todo acto que pueda atentar a la dignidad de su función. Por consiguiente, concluye que, al no calificar este comportamiento de acoso psicológico, en el sentido del artículo 12 bis del Estatuto, a pesar del contexto y del efecto acumulativo de los actos adoptados por la citada jefa de unidad, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
105
Mediante la quinta parte del segundo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber vulnerado el artículo 86 del Estatuto, que establece la adopción de sanciones disciplinarias contra los funcionarios que incumplan sus obligaciones, incluidas las enunciadas en los artículos 11 bis, 12 y 12 bis del Estatuto. En su opinión, el comportamiento de la jefa de la Unidad C debió haber llevado a la apertura de una investigación con arreglo a las citadas disposiciones.
106
En la sexta parte del segundo motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal General infringió el artículo 11 bis del Estatuto, relativo al conflicto de intereses, y el artículo 59 de este, relativo a la licencia por enfermedad. Estima que el hecho de no corregir debidamente el comportamiento inadecuado de la institución de que se trata también podría vulnerar el derecho a la dignidad, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la protección de datos, derechos consagrados, respectivamente, en los artículos 1, 7 y 8 de la Carta.
107
La recurrente añade que, en los apartados 107 y 108 de la sentencia recurrida, el Tribunal General infringió los artículos 11 y 21 del Estatuto al concluir que las pruebas que demostraban la existencia del acoso psicológico eran insuficientes. En su opinión, el hecho de que la jefa de la Unidad C contactara con la recurrente en relación con un asunto, inmediatamente después de la declaración de conflicto de intereses y a pesar de que dicha declaración aún no había sido aprobada, puede considerarse inadecuado.
108
Mediante la séptima parte del segundo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber declarado que la carga de la prueba del acoso psicológico recae sobre la víctima de tal actuación, aun cuando dicho tribunal recordó, en los apartados 82 a 84 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia según la cual, para examinar las alegaciones de acoso, es preciso tener en cuenta todo el contexto histórico y cualquier incidente anterior.
109
La recurrente sostiene que el hecho de que el Tribunal General subrayara, en los apartados 78 a 80 de la sentencia recurrida, la necesidad de aportar un principio de prueba razonable del acoso alegado es contrario a la obligación de la institución de que se trate de examinar toda la información disponible y de proteger el bienestar de los funcionarios, conforme al tenor de la sentencia de 26 de marzo de 2015, CN/Parlamento (F‑26/14, EU:F:2015:22).
110
Mediante la octava parte del segundo motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al afirmar que había tenido la posibilidad de no dar curso a una solicitud de asistencia de la jefa de la Unidad C. A este respecto, considera que el Tribunal General infringió el artículo 21 del Estatuto, que dispone que el funcionario está obligado a asistir y aconsejar a sus superiores y que es responsable de la ejecución de los trabajos que se le encomienden. La recurrente subraya que, al mismo tiempo, el respeto de esta disposición la llevaba a infringir el artículo 11 bis del Estatuto, que prohíbe a un funcionario tramitar un asunto en el que tenga intereses personales.
111
En la novena parte del segundo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General no haber examinado en la sentencia recurrida la negativa de la Comisión a estimar su solicitud de flexibilidad laboral ni las reiteradas peticiones para realizar trabajo adicional fuera del marco de sus atribuciones, peticiones que considera contrarias a las recomendaciones generales de la Comisión en materia de salud en el trabajo. A este respecto, reprocha al Tribunal General no haber tenido en cuenta los artículos 59 y 60 del Estatuto.
112
La décima parte del segundo motivo de casación se basa en la desnaturalización de los hechos y de las pruebas supuestamente cometida por el Tribunal General.
113
En esta parte, la recurrente sostiene que, en el apartado 113 de la sentencia recurrida, por un lado, el Tribunal General declaró que el comportamiento de la secretaria de la Unidad A era totalmente razonable y, por otro lado, desnaturalizó la percepción que la recurrente había tenido de ello, esto es, la sensación de haberse visto molestada durante una licencia por enfermedad. Alega que, en el apartado 114 de la sentencia recurrida, el Tribunal General dio por cierto el hecho de que esta secretaria ignoraba la existencia de la licencia por enfermedad de la recurrente, con lo que desnaturalizó los hechos, ya que aquella tenía la posibilidad de conocer la duración de las licencias de la recurrente, como se desprende, a su entender, de los apartados 9 y 113 de la sentencia recurrida.
114
En cuanto al comportamiento de dicha secretaria, la recurrente precisa que, a diferencia de lo indicado por el Tribunal General en los apartados 9, 13, 113 y 114 de la sentencia recurrida, esa persona se mostró insistente y no contactó con ella únicamente en dos ocasiones durante su baja por enfermedad. Alega que, en los apartados 9, 113 y 114 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó el anexo 5 de la demanda en primera instancia, relativo a la correspondencia electrónica entre la secretaria de la Unidad A y la recurrente en cuanto a la mudanza del despacho de esta última. Sostiene que esta correspondencia demuestra el papel activo de la secretaria en las gestiones relativas a dicha mudanza durante el período de baja por enfermedad de la recurrente, comportamiento que, en su opinión, debe ser calificado de intrusivo. La recurrente alega que, contrariamente a lo que se desprende del apartado 114 de la sentencia recurrida, dicha correspondencia demuestra que la secretaria conocía su situación de baja por enfermedad.
115
La recurrente imputa al Tribunal General haber desnaturalizado, en los apartados 6, 9, 13, 113 y 114 de la sentencia recurrida, las páginas 313 y 205 de los documentos que acompañaban a la demanda en primera instancia que demostraban que la recurrente había informado previamente a sus superiores de la necesidad de su tratamiento médico, en particular mediante el correo electrónico de 12 de mayo de 2020. Estima que, en los apartados 7, 11, 14, 16 y 17 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó el anexo 6 de la demanda en primera instancia relativo, respectivamente, al correo electrónico de 8 de junio de 2020, a los correos electrónicos de 23 y 24 de junio de 2020, a la correspondencia entre la administración y la recurrente en el asunto E, al correo electrónico de 26 de agosto de 2020, a los correos electrónicos de los días 8, 26, 28 y 31 de agosto de 2020 y al de 6 de septiembre de 2020. Aduce que el Tribunal General no tuvo en cuenta el anexo 10 de la demanda en primera instancia, que demuestra que, el 25 de julio de 2020, la recurrente seguía encargándose de tres expedientes, con informes finales pendientes de elaboración. Sostiene que, en los apartados 103, 104 y 107 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se centró en la naturaleza de las preguntas formuladas por la jefa de la Unidad C dirigidas a la recurrente, sin contextualizarlas, contexto que, a su juicio, es revelador de la implicación de esta en la tramitación de varios asuntos. Reprocha al Tribunal General no haber tenido en cuenta el anexo 3 de la demanda en primera instancia, relativo al expediente médico de la recurrente y que confirma que el estado de su pierna derecha requería una intervención quirúrgica, ni el anexo 8 de dicha demanda, relativo a la intervención de la persona de confianza.
116
Además, la recurrente estima que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas vinculadas a diferentes fundamentos jurídicos invocados en sus escritos al referirse, en los apartados 3 a 29 y 99 a 111 de la sentencia recurrida, al contexto general, al tono y a la naturaleza de los intercambios de correspondencia entre ella y la administración de su unidad y, en particular, entre ella y la jefa de la Unidad C. La recurrente añade que, en los apartados 7, 11, 14, 16 y 17 de esa sentencia, el Tribunal General desnaturalizó el anexo 6 de la demanda en primera instancia al no tener en cuenta el hecho de que ella había recordado reiteradamente a los miembros de su equipo que estaba en situación de baja por enfermedad y que no deseaba verse implicada en el trabajo de la unidad durante ese período.
117
Reprocha al Tribunal General que tampoco tuviera en cuenta el anexo 10 de la demanda en primera instancia, lo que conlleva que, a su juicio, sea errónea la conclusión, que figura en el apartado 24 de la sentencia recurrida, de que la recurrente ya no participaba en más asuntos dentro de su unidad.
118
Mediante la undécima parte del segundo motivo de casación, la recurrente sostiene que, en el apartado 147 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró erróneamente que los correos electrónicos entre, por un lado, la jefa de la Unidad C y la secretaria de la Unidad A y, por otro lado, la recurrente no conllevaron ninguna transmisión de información personal que pudiera vulnerar su derecho al respeto de su vida privada. Considera que, al actuar de este modo, el Tribunal General apreció erróneamente la protección de la vida privada prevista en los artículos 7 y 8 de la Carta y la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A este respecto, alega que, de la sentencia del TEDH de 22 de febrero de 2018, Libert c. Francia (CE:ECHR:2018:0222JUD000058813), §§ 24 y 25, se desprende que el contexto profesional o no del tratamiento de datos personales no determina por sí solo su impacto en la vida privada de la persona afectada. Lo que reviste una importancia fundamental es la naturaleza de los propios datos y el modo en que se relacionan con esa vida privada.
119
La recurrente añade que la afirmación del Tribunal General, en el apartado 143 de la sentencia recurrida, de que todas las actividades profesionales quedan automáticamente excluidas de la protección de la vida privada es contraria al artículo 7 de la Carta y al artículo 8 del CEDH.
120
Sostiene, además, que el Tribunal General ignoró la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a las obligaciones negativas y positivas de los Estados contratantes en lo que respecta a la protección de la vida privada, la exigencia de la legalidad de la injerencia en la esfera privada, el margen de apreciación de dichos Estados en la materia y la exigencia de una tutela judicial efectiva frente a esa injerencia.
121
Estima que la afirmación realizada por el Tribunal General en el apartado 147 de la sentencia recurrida, según la cual la cuestión de la licencia por enfermedad de la recurrente había sido abordada en los correos electrónicos de que se trata únicamente en un contexto profesional y de manera vaga, se ve contradicha por el tenor de los apartados 6, 11, 12 y 15 de la sentencia recurrida.
122
La conclusión del Tribunal General contenida en el apartado 149 de la sentencia recurrida, según la cual no se había vulnerado el «derecho a la salud» de la recurrente, adolece, a juicio de esta, de error de Derecho, ya que infringe los artículos 7 y 8 de la Carta. La recurrente considera que, aun siendo principalmente de carácter profesional, los correos electrónicos y las interacciones de que se trata invadieron claramente su esfera personal, en lo que respecta, en particular, a su licencia por enfermedad y a su «derecho a la salud». Pues bien, estima que, en los apartados 5 a 7, 9, 11, 12 y 15 a 18 de la sentencia recurrida, el Tribunal General difuminó la distinción entre las cuestiones profesionales y personales. La recurrente afirma que el hecho de que sus superiores jerárquicos la requirieran durante su baja por enfermedad, solicitando que colaborara en la tramitación de los asuntos pendientes y en las decisiones relativas a las mudanzas de despachos, como indicó el Tribunal General en los apartados 6, 7, 9, 11, 16 y 17 de la sentencia recurrida, perturbó el buen desarrollo de dicha baja y supuso una injerencia en su vida privada y «en sus necesidades en materia de salud».
123
Mediante la duodécima parte del segundo motivo de casación, basada, en esencia, en el carácter contradictorio de la motivación de la sentencia recurrida, la recurrente sostiene que, en el apartado 100 de la citada sentencia, el Tribunal General se centró en el aspecto organizativo de los asuntos E, F y G al indicar que no se había pedido a la recurrente ningún trabajo preciso. Sin embargo, ella considera que esta indicación se ve contradicha por el tenor de los apartados 7, 9 y 10 de la referida sentencia, que mencionan un mayor grado de implicación de la recurrente.
124
La recurrente sostiene que, en el apartado 101 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que, efectivamente, en los correos electrónicos de 1 de julio de 2020, la jefa de la Unidad C le formuló ciertas preguntas en relación con el asunto E. Sin embargo, reprocha al Tribunal General haber declarado que, puesto que solo se esperaba una respuesta a esas preguntas una vez que la recurrente se hubiera reincorporado tras la licencia por enfermedad, el impacto de esa comunicación en su esfera privada era menor. Pues bien, la recurrente sostiene que tales consideraciones están en contradicción con el apartado 14 de la sentencia recurrida.
125
Si bien el Tribunal General menciona efectivamente, en el apartado 103 de la sentencia recurrida, la invitación cursada a la recurrente a una videoconferencia, dicha parte estima que aquel subrayó, en el apartado 102 de esa sentencia, el carácter cortés de los intercambios de correspondencia entre ella y la jefa de la Unidad C, en contradicción con los hechos contemplados en los apartados 11 y 12 de dicha sentencia.
126
En cuanto a los correos electrónicos de los días 26 y 31 de agosto de 2020, sostiene que el Tribunal General indicó en el apartado 103 de la sentencia recurrida que la recurrente había recibido una nueva versión de un informe para su aprobación, pero que no estaba obligada a realizar el trabajo pedido hasta que se reincorporara de su licencia por enfermedad. Aduce que las consideraciones formuladas en los apartados 16 y 17 de la sentencia recurrida contradicen esta afirmación.
127
Por lo que respecta a la cuestión de si la jefa de la Unidad C estaba al corriente de las prórrogas de la licencia por enfermedad de la recurrente, mencionadas en el apartado 105 de la sentencia recurrida, la recurrente alega que la constatación que hace el Tribunal General en el apartado 102 de esa sentencia está en contradicción con las constataciones que figuran en los apartados 11, 16 y 18 de la referida sentencia.
128
La recurrente reprocha al Tribunal General haber declarado erróneamente, en los apartados 103 y 105 de la sentencia recurrida, que la jefa de la Unidad C no estaba totalmente informada de las prórrogas de su licencia por enfermedad, a pesar de que en los apartados 6, 11, 13 y 16 de dicha sentencia se mencionan sus mensajes relativos al estado de la licencia.
129
La referencia del apartado 147 de la sentencia recurrida, según la cual, en los intercambios de correos electrónicos entre la recurrente, por un lado, y la jefa de la Unidad C y la secretaria de la Unidad A, por otro, no se citaba ninguna fecha precisa de reincorporación de la recurrente de su baja por enfermedad, se ve contradicha, en opinión de la recurrente, por la constatación realizada en el apartado 18 de dicha sentencia.
130
La Comisión solicita la desestimación del segundo motivo de casación por ser en parte inadmisible, en parte inoperante y en parte infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
– Partes primera y tercera del segundo motivo de casación
131
A efectos de examinar las partes primera y tercera del segundo motivo de casación, es preciso recordar, con carácter preliminar, que, en los apartados 97 y 98 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó la alegación de la recurrente, formulada en su réplica en primera instancia, según la cual la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez era un elemento que presentaba similitudes con un acoso continuado contra ella.
132
En el apartado 98 de dicha sentencia, al que se refiere la recurrente en esta primera parte, el Tribunal General concluyó que de los escritos de la recurrente no se desprendía que tal alegación se hubiese planteado expresamente en la demanda en primera instancia o que estuviera relacionada con un motivo o alegación formulados en la demanda. Por tanto, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad de esta alegación, con arreglo al artículo 84, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento.
133
Mediante la primera parte del segundo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General no haber examinado de oficio la disconformidad de las decisiones de que se trata con los artículos 59 y 90 del Estatuto, al ser las normas contenidas en ellos de orden público.
134
Son objeto del artículo 59 del Estatuto la licencia por enfermedad de un funcionario y los requisitos materiales para el sometimiento del caso por parte de la AFPN a la Comisión de Invalidez, mientras que el artículo 90 del citado Estatuto se refiere a la adopción por la AFPN de una decisión con respecto a un funcionario y a la posibilidad que este tiene de formular una reclamación contra un acto que le sea lesivo.
135
A este respecto, procede recordar que, de las normas que regulan el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, en particular, del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 76 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, se desprende que, en principio, el litigio es determinado y circunscrito por las partes y que el juez de la Unión no puede pronunciarse ultra petita.
136
Si bien determinados motivos pueden —o incluso deben— ser planteados de oficio, como la falta o insuficiencia de motivación de la decisión de que se trate, que se refiere a requisitos sustanciales de forma, en cambio, un motivo relativo a la legalidad de la decisión en cuanto al fondo, que tiene que ver con la infracción de los Tratados o de una norma jurídica relativa a su aplicación, a efectos del artículo 263 TFUE, solo puede ser examinado por el juez de la Unión si es invocado por el demandante (sentencia de 10 de diciembre de 2013, Comisión/Irlanda y otros, C‑272/12 P, EU:C:2013:812, apartado 28 y jurisprudencia citada).
137
Por consiguiente, no puede plantearse de oficio un motivo basado en la infracción del artículo 59 del Estatuto.
138
Por lo que respecta al artículo 90 del Estatuto, la recurrente no ha explicado por qué razón las decisiones de que se trata son contrarias a esa disposición ni cuál era el motivo concreto, basado en dicha disposición, que, a su juicio, el Tribunal General debió plantear de oficio. Por tanto, esta parte de su alegación no cumple los requisitos expuestos en el apartado 151 de la presente sentencia y ha de ser declarada inadmisible.
139
En cuanto a la tercera parte del segundo motivo de casación, basada en el error cometido por el Tribunal General en la interpretación y aplicación del artículo 84, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, hay que recordar que, de conformidad con el tenor de esta disposición, lo único que se prohíbe es que se invoquen motivos nuevos en el curso del proceso, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.
140
A este respecto, como se ha recordado en el apartado 132 de la presente sentencia, la alegación de la recurrente, planteada en su réplica en primera instancia, según la cual la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez era un elemento que presentaba similitudes con un acoso continuado contra ella, fue declarada inadmisible por el Tribunal General con arreglo a dicha disposición, debido a que, como se expone en el apartado 98 de la sentencia recurrida, no estaba fundada en razones de hecho o de Derecho que hubieran aparecido durante el procedimiento y a que, por tanto, constituía un motivo nuevo en el sentido del artículo 84, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento.
141
Pues bien, al pronunciarse de este modo, el Tribunal General vició su razonamiento con un error de Derecho.
142
En efecto, dado que, en el caso de autos, la recurrente había invocado, como se desprende del apartado 97 de la sentencia recurrida, la apertura del procedimiento de invalidez no con el fin de formular una nueva razón de hecho o de Derecho que justificara la anulación de la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia, sino de sostener la existencia del acoso psicológico que había invocado en su demanda, el Tribunal General no podía calificar esta alegación de «motivo nuevo», en el sentido del artículo 84, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, sin vulnerar el alcance de esta disposición.
143
Sin embargo, es preciso señalar que la Decisión de apertura del procedimiento de invalidez fue adoptada el 21 de mayo de 2021 y, consecuentemente, después de la adopción de la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia, que data del 4 de diciembre de 2020. Pues bien, como también recordó el Tribunal General en el apartado 81 de la sentencia recurrida, por lo que respecta a la legalidad de una decisión denegatoria de una solicitud de asistencia como la controvertida, el juez de la Unión debe examinar el fundamento de dicha decisión a la luz de los datos puestos en conocimiento de la institución, en particular por el solicitante de asistencia, cuando la institución se pronunció (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 1989, Koutchoumoff/Comisión, 224/87, EU:C:1989:38, apartado 20). Por tanto, esta Decisión de apertura del procedimiento de invalidez no puede afectar al fundamento de las apreciaciones realizadas por el Tribunal General.
144
Por consiguiente, procede desestimar por infundada la primera parte del segundo motivo de casación y la tercera parte de este motivo por inoperante.
– Segunda parte del segundo motivo de casación
145
En la segunda parte del segundo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General no haber puesto de manifiesto la falta de motivación de la Decisión controvertida.
146
A este respecto, como recordó el Tribunal General en el apartado 72 de la sentencia recurrida, un acto está suficientemente motivado cuando tiene lugar en un contexto conocido por el funcionario interesado, que le permite comprender su alcance (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de junio de 1983, Seton/Comisión, 36/81, 37/81 y 218/81, EU:C:1983:152, apartado 48, y de 12 de noviembre de 1996, Ojha/Comisión, C‑294/95 P, EU:C:1996:434, apartado 18). De ello se infiere, a juicio del Tribunal General, que una motivación no debe ser exhaustiva, sino que, por el contrario, debe considerarse suficiente cuando expone los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en la lógica de la decisión (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de abril de 2023, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Comisión, C‑492/21 P, EU:C:2023:354, apartado 49, y de 30 de junio de 2022, Fakro/Comisión, C‑149/21 P, EU:C:2022:517, apartado 190).
147
En el apartado 73 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, en el caso de autos, la obligación de motivación no implicaba que la AFPN abordara específicamente todos los documentos presentados por la recurrente. Dicho tribunal añadió que, de la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia, completada por la Decisión R/138/21 desestimatoria de la reclamación, no resultaba que se hubiera incumplido esa obligación, ya que tales actos estaban suficientemente motivados y habían permitido a la recurrente impugnarlos ante el Tribunal General y a este examinar su legalidad.
148
Pues bien, como acertadamente declaró el Tribunal General en el apartado 73 de dicha sentencia, la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia, completada por la Decisión R/138/21 desestimatoria de la reclamación, estaba suficientemente motivada, con lo que la recurrente pudo impugnar además esas Decisiones ante el Tribunal General y este examinar su legalidad.
149
En estas circunstancias, hay que desestimar por infundada la segunda parte del segundo motivo de casación.
– Cuarta parte del segundo motivo de casación
150
Mediante la cuarta parte del segundo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al no reconocer la existencia de acoso psicológico contra ella, en el sentido del artículo 12 bis del Estatuto, cuando, en su opinión, por un lado, la Comisión debiera haberse abstenido de abrir el procedimiento de invalidez y, por otro lado, el contexto y el efecto acumulativo de los actos adoptados por la jefa de la Unidad C determinaban la existencia de semejante acoso.
151
Por lo que respecta, en primer lugar, a la parte de la argumentación de la recurrente relativa al hecho de que la Comisión no debió abrirle un procedimiento de invalidez, ha de ser declarada inadmisible. En efecto, procede recordar que, a tenor del artículo 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en los motivos y fundamentos jurídicos invocados han de identificarse con precisión los extremos de los fundamentos de Derecho de la resolución del Tribunal General que se impugnan. De este modo, según reiterada jurisprudencia, un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión, pudiendo, en caso contrario, declararse la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate (sentencia de 28 de septiembre de 2023, Changmao Biochemical Engineering/Comisión, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, apartado 87 y jurisprudencia citada). Pues bien, en el presente caso, la alegación de la recurrente no cumple estos requisitos, ya que se limita a referirse al comportamiento de la Comisión, sin hacer referencia a ninguno de los extremos de los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida (véase, por analogía, la sentencia de 29 de junio de 2023, TUIfly/Comisión, C‑763/21 P, EU:C:2023:528, apartado 53 y jurisprudencia citada).
152
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la alegación mediante la que la recurrente reprocha al Tribunal General no haber calificado de acoso psicológico el comportamiento de la jefa de la Unidad C mencionado en los apartados 107 y 108 de la sentencia recurrida y no haber tenido en cuenta el contexto en el que se produjo ese comportamiento ni el efecto acumulativo de las actuaciones de aquella, basta con señalar que, en los apartados 99 a 111 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó minuciosamente dicho comportamiento teniendo en cuenta su contexto, a saber, en particular, su desconocimiento de las prórrogas de la licencia por enfermedad de la recurrente.
153
A pesar de ello, el Tribunal General reconoció, en el apartado 107 de la citada sentencia, que era inapropiado que la jefa de la Unidad C se hubiera puesto en contacto con la recurrente para solicitarle información sobre el asunto G el día después de que la recurrente hubiera presentado una declaración de conflicto de intereses relativa a ese asunto. No obstante, en el apartado 108 de la misma sentencia, el Tribunal General pudo considerar, sin incurrir en error de Derecho, que ese comportamiento de la jefa de la Unidad C por sí solo no podía ser constitutivo de acoso psicológico, máxime cuando se había dejado a la recurrente la posibilidad de no dar curso a la solicitud de la jefa de la Unidad C, quien no había insistido para obtener la información solicitada.
154
Por tanto, procede desestimar la cuarta parte del segundo motivo de casación por ser, en parte, inadmisible y, en parte, infundada.
– Quinta parte del segundo motivo de casación
155
Mediante la quinta parte del segundo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General no haber declarado que el comportamiento de la jefa de la Unidad C debió llevar a la apertura de una investigación para comprobar si esa persona había incumplido sus obligaciones previstas en los artículos 11 bis, 12 y 12 bis del Estatuto.
156
De conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 151 de la presente sentencia, un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión, pudiendo, en caso contrario, declararse la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate.
157
En el caso de autos, la recurrente no indica cuáles son los extremos de los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida objeto de la quinta parte del segundo motivo de casación ni cuál es la pertinencia de la cuestión de una eventual apertura de un procedimiento disciplinario contra la jefa de la Unidad C, que es distinta de la del control de la legalidad de la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia, objeto del segundo motivo del recurso de casación.
158
Por tanto, procede declarar inadmisible la quinta parte del segundo motivo de casación.
– Sexta parte del segundo motivo de casación
159
Mediante la sexta parte del segundo motivo de casación, la recurrente sostiene, en esencia, por un lado, que, al no corregir debidamente el comportamiento de la Comisión, el Tribunal General infringió los artículos 11 bis y 59 del Estatuto, así como el derecho a la dignidad, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la protección de los datos personales consagrados, respectivamente, en los artículos 1, 7 y 8 de la Carta. Por otro lado, imputa al Tribunal General haber vulnerado, en los apartados 107 y 108 de la sentencia recurrida, los artículos 11 y 21 del Estatuto al concluir que las pruebas que demostraban la existencia de acoso psicológico eran insuficientes, a pesar de que la jefa de la Unidad C había tenido un comportamiento inapropiado.
160
A este respecto, la primera parte de esta alegación equivale, en realidad, a reprochar al Tribunal General no haber considerado suficientemente las pruebas que se le habían presentado. Pues bien, no corresponde al Tribunal de Justicia, al resolver sobre un recurso de casación, sustituir la apreciación de las pruebas realizada por el Tribunal General por la suya propia y, en particular, criticar las opciones tomadas por el Tribunal General en el marco de dicho examen, cuando decide basarse en determinadas pruebas sometidas a su apreciación y rechazar otras, salvo si observa que ha desnaturalizado las citadas pruebas (véase, en este sentido, en particular, el auto de 22 de junio de 2023, QN/Comisión, C‑720/22 P, EU:C:2023:536, apartado 32).
161
Por lo que respecta a la segunda parte de dicha alegación, procede indicar que, en el apartado 108 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que el comportamiento de la jefa de la Unidad C por sí solo no podía ser constitutivo de acoso psicológico. En efecto, el Tribunal General señaló que, en el correo electrónico al que se hacía referencia, se había dejado a la recurrente la posibilidad de no dar curso a la solicitud de la jefa de la Unidad C y que, además, de los autos no se desprendía que esta hubiera insistido para obtener la información solicitada. El 25 de septiembre de 2020, tras informar a la recurrente de que se había aceptado la solicitud de conflicto de intereses, la jefa de la Unidad C le había confirmado que se la había apartado del asunto en cuestión y que, por consiguiente, ya no participaba en más asuntos pendientes dentro de su unidad.
162
Pues bien, en la sexta parte del segundo motivo de casación, la recurrente no identifica con el grado de precisión exigido, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 151 de la presente sentencia, el error de Derecho del que supuestamente adolece el razonamiento del Tribunal General.
163
Por tanto, procede declarar inadmisible la sexta parte del segundo motivo de casación.
– Séptima parte del segundo motivo de casación
164
Mediante la séptima parte del segundo motivo de casación, la recurrente afirma que el Tribunal General declaró erróneamente que la carga de la prueba del acoso recae sobre la víctima.
165
A este respecto, basta con señalar que tal afirmación se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida.
166
En efecto, en el apartado 78 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, cuando la administración conoce, con arreglo al artículo 90, apartado 1, del Estatuto, de una solicitud de asistencia en el sentido del artículo 24 de este, debe, en virtud de la obligación de asistencia, cuando se produce un incidente incompatible con el orden y la serenidad del servicio, intervenir con toda la energía necesaria. Además, debe responder con la rapidez y solicitud que requieran las circunstancias del caso, a fin de determinar los hechos y deducir de ellos, con conocimiento de causa, las consecuencias oportunas. A tal efecto, es suficiente con que el funcionario o el agente que reclame la protección de su institución aporte un principio de prueba de la realidad de los ataques de los que afirme ser objeto. A la vista de tales datos, incumbirá a la institución de que se trate adoptar las medidas adecuadas, en su caso iniciando una investigación administrativa, para determinar los hechos que originaron la denuncia, en colaboración con el autor de esta.
167
En los apartados 80 y 94 de dicha sentencia, el Tribunal General indicó que, cuando, como en el caso de autos, las alegaciones que figuran en la solicitud de asistencia se refieren a un acoso psicológico, corresponde al solicitante de asistencia aportar un principio de prueba de dicho acoso, a la luz de la definición que figura en el artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto, esto es, «cualquier conducta abusiva que se manifieste de forma duradera, reiterada o sistemática mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos de carácter intencional que atenten contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica» del solicitante.
168
Por tanto, a diferencia de lo que alega la recurrente, el Tribunal General no excluyó, en su apreciación de la legalidad de la Decisión denegatoria de la solicitud de asistencia, la obligación de la institución de que se trata de adoptar las medidas adecuadas, en su caso iniciando una investigación administrativa, para determinar los hechos que originaron la denuncia.
169
Es cierto que el Tribunal General consideró que esta obligación de la institución de que se trata presupone que el funcionario o agente interesado aporte un principio de prueba de la realidad de las actuaciones de las que afirme haber sido objeto. No obstante, al realizar esta apreciación, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho. En efecto, la administración no está obligada a llevar a cabo una investigación administrativa basada en meras alegaciones de un funcionario o agente (sentencia de 7 de diciembre de 2023, HV y HW/ECDC, C‑615/22 P, EU:C:2023:961, apartado 45 y jurisprudencia citada).
170
Por tanto, procede desestimar la séptima parte del segundo motivo de casación por infundada.
– Octava parte del segundo motivo de casación
171
Para examinar la octava parte del segundo motivo de casación, en la que se invoca la infracción, por parte del Tribunal General, del artículo 21 del Estatuto, procede recordar que, en el apartado 104 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, por lo que respecta a los correos electrónicos de los días 26 y 31 de agosto de 2020, la jefa de la Unidad C había tenido el cuidado de precisar que el trabajo que solicitaba no debía realizarse hasta que no hubiera finalizado la licencia por enfermedad de la recurrente.
172
En cuanto al correo electrónico de 8 de septiembre de 2020 al que se refiere el apartado 108 de la sentencia recurrida, el Tribunal General también declaró que, en ese correo electrónico, se había dejado a la recurrente la posibilidad de no dar curso a la solicitud de la jefa de la Unidad C.
173
Procede señalar que la recurrente no ha explicado, en su recurso de casación, las razones por las que considera que estas apreciaciones fácticas del Tribunal General son contrarias al artículo 21 del Estatuto, que establece que el funcionario está obligado a asistir y aconsejar a sus superiores y será responsable de la ejecución de los trabajos que se le encomienden. Pues bien, aunque la recurrente también alegó en dicho recurso de casación que la solicitud de la jefa de la Unidad C la había colocado en una situación en la que se había visto obligada a incumplir, bien su obligación, en virtud del artículo 11 bis del Estatuto, de no tramitar ningún asunto en el que tuviera directa o indirectamente «intereses personales», bien su obligación, en virtud del artículo 21 del Estatuto, de asistir y asesorar a sus superiores jerárquicos, no ha precisado con suficiente claridad por qué esta circunstancia, de considerarla acreditada, demuestra, a su parecer, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
174
Por tanto, procede desestimar la octava parte del segundo motivo de casación por infundada.
– Novena parte del segundo motivo de casación
175
Mediante la novena parte del segundo motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General no examinó, por un lado, la negativa de la Comisión a estimar su solicitud de flexibilidad laboral y, por otro lado, las peticiones para efectuar trabajo adicional fuera del marco de sus atribuciones, en contradicción con las recomendaciones generales de la Comisión en materia de salud en el trabajo.
176
A este respecto, basta con señalar que la recurrente no se quejó, en su demanda en primera instancia, ni de la negativa de la Comisión a estimar su solicitud de flexibilidad laboral ni de que no se hubiesen respetado las recomendaciones generales de la Comisión en materia de salud en el trabajo, de modo que estas alegaciones deben considerarse nuevas.
177
Pues bien, según jurisprudencia reiterada, permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo y unas alegaciones que no formuló ante el Tribunal General equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más amplio que aquel del que conoció el Tribunal General. En efecto, en el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está limitada a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos y alegaciones objeto de debate ante los primeros jueces (sentencia de 27 de febrero de 2025, OA/Parlamento, C‑32/24 P, EU:C:2025:118, apartado 22 y jurisprudencia citada).
178
En tales circunstancias, procede declarar la inadmisibilidad de la novena parte del segundo motivo de casación.
– Décima parte del segundo motivo de casación
179
Mediante la décima parte del segundo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado diferentes elementos de hecho y de prueba.
180
A este respecto, procede recordar que la desnaturalización alegada debe resultar manifiesta a la vista de los documentos que obran en autos, sin necesidad de efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. Dicha desnaturalización supone que el Tribunal General haya sobrepasado manifiestamente los límites de una apreciación razonable de las pruebas. A este respecto, no basta con demostrar que un documento pueda ser objeto de una interpretación diferente de la realizada por el Tribunal General. A tal efecto, corresponde al recurrente en casación indicar con precisión los elementos que, a su juicio, han sido desnaturalizados por el Tribunal General y demostrar los errores de análisis que lo llevaron, en su apreciación, a incurrir en esa desnaturalización (sentencia de 27 de marzo de 2025, XH/Comisión, C‑91/23 P, EU:C:2025:219, apartados 28 y 49).
181
Pues bien, la argumentación de la recurrente expuesta en los apartados 113 a 117 de la presente sentencia es, a la luz de tales exigencias, insuficiente para demostrar las desnaturalizaciones alegadas.
182
Por tanto, procede declarar inadmisible la décima parte del segundo motivo de casación.
– Undécima parte del segundo motivo de casación
183
Mediante la undécima parte del segundo motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal General apreció erróneamente la protección de la vida privada, consagrada en el artículo 7 de la Carta y en el artículo 8 del CEDH, así como la protección de los datos personales consagrada en el artículo 8 de la Carta, por las razones expuestas en los apartados 118 a 122 de la presente sentencia.
184
A este respecto, procede señalar que las alegaciones de la recurrente relativas al apartado 143 de la sentencia recurrida se basan en una premisa errónea, puesto que, en ese apartado de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la «vida privada» es un concepto amplio y ninguna razón de principio permite excluir las actividades profesionales o comerciales de ese concepto, en el sentido del artículo 8 del CEDH.
185
En efecto, es preciso indicar que, en el apartado 145 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, sentencia de 22 de febrero de 2018, Libert c. Francia, CE:ECHR:2018:0222JUD000058813, §§ 24 y 25), para poder concluir que a los correos electrónicos enviados desde el lugar de trabajo se les aplican los artículos 7 y 8 de la Carta, deben contener datos no profesionales, es decir, datos relativos a la vida privada de la persona en cuestión.
186
Por consiguiente, a diferencia de lo que afirma la recurrente, al recordar y aplicar esta jurisprudencia, el Tribunal General no hizo del contexto profesional un criterio determinante.
187
Por lo que respecta a la afirmación de la recurrente de que la apreciación que hace el Tribunal General en el apartado 147 de la sentencia recurrida acerca de que la cuestión de la licencia por enfermedad había sido abordada en los correos electrónicos de que se trata únicamente en un contexto profesional y de manera vaga se ve contradicha por el tenor de los apartados 6, 11, 12 y 15 de la sentencia recurrida, procede señalar que tal afirmación se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida. En efecto, cuando, en el apartado 147 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se refirió al hecho de que la licencia por enfermedad de la recurrente se aborda en un contexto profesional y de manera vaga, lo hizo en relación con los intercambios de correos electrónicos entre, por una parte, la jefa de la Unidad C y la secretaria de la Unidad A y, por otra parte, la recurrente.
188
Pues bien, en efecto, únicamente los apartados 6 y 11 de la sentencia recurrida se refieren a esos correos electrónicos. Además, en lo relativo a estos apartados, la recurrente se limita a resumir su contenido o a definir las implicaciones que deduce de ellos, sin explicar, no obstante, con la precisión necesaria, por qué dichos apartados se hallan en contradicción con el apartado 147 de la sentencia recurrida, de modo que esta afirmación es inadmisible.
189
En lo referido a la afirmación de la recurrente de que el Tribunal General ignoró la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a las obligaciones negativas y positivas de los Estados contratantes en lo que respecta a la protección de la vida privada, la exigencia de la legalidad de la injerencia en la esfera privada, el margen de apreciación de dichos Estados en la materia y la exigencia de una tutela judicial efectiva frente a esa injerencia, es preciso declarar que tal alegación es demasiado vaga y, por tanto, debe ser declarada inadmisible.
190
En cuanto a la alegación de la recurrente de que el Tribunal General infringió los artículos 7 y 8 de la Carta al declarar, en el apartado 149 de la sentencia recurrida, que no se había vulnerado su «derecho a la salud», basta con recordar que, en ese apartado, el Tribunal General consideró que, habida cuenta de las constataciones efectuadas en los apartados 99 a 115 de dicha sentencia, la AFPN no había incurrido en error de apreciación cuando consideró que la recurrente no había aportado un principio de prueba de acoso en relación con la obligación de realizar un trabajo o con la petición de mudanza de su despacho durante su baja por enfermedad.
191
Pues bien, esta alegación pretende, en realidad, cuestionar las apreciaciones fácticas realizadas por el Tribunal General, que quedan fuera del control del Tribunal de Justicia en la fase de casación, al no haberse desnaturalizado los elementos en los que se basó el Tribunal General.
192
Por tanto, hay que declarar la inadmisibilidad de la citada alegación.
193
Por consiguiente, procede desestimar la undécima parte del segundo motivo de casación por ser, en parte, infundada y, en parte, inadmisible.
– Duodécima parte del segundo motivo de casación
194
En la duodécima parte del segundo motivo de casación, la recurrente sostiene que la motivación de la sentencia recurrida adolece de varias contradicciones.
195
En primer lugar, en el apartado 100 de dicha sentencia, el Tribunal General estimó que los intercambios electrónicos de los días 8 y 9 de junio de 2020, mencionados en los apartados 17 y 20 de la presente sentencia, no contenían ninguna solicitud de realizar un trabajo dirigida a la recurrente, lo que, según ella, se contradice con las constataciones realizadas por el Tribunal General en los apartados 7, 9 y 10 de la sentencia recurrida.
196
Sin embargo, se debe señalar que de esos intercambios electrónicos de los días 8 y 9 de junio de 2020, mencionados en los apartados 7, 9 y 10 de la sentencia recurrida, no se desprende que estos contuvieran tal solicitud.
197
En efecto, en primer término, en el apartado 7 de la citada sentencia, el Tribunal General tuvo en cuenta un correo electrónico enviado a la recurrente y a la jefa de la Unidad A, el 8 de junio de 2020, por un miembro de la Unidad A. Pues bien, aunque el Tribunal General indicó que ese correo electrónico, que se refería a los tres asuntos mencionados en el apartado 13 de la presente sentencia, contenía observaciones y sugerencias para las próximas etapas de la tramitación de dichos asuntos, tal constatación no implica que ese miembro de la Unidad A hubiera solicitado a la recurrente, de haber estado facultado para ello, que realizara un trabajo. Por lo demás, el Tribunal General declaró en el apartado 7 de la sentencia recurrida que la jefa de la Unidad A había respondido al referido correo electrónico que, habida cuenta de la situación de baja de la recurrente, dicho miembro de la Unidad A debía consultar a la jefa de la Unidad C, con el fin de saber si esta deseaba cerrar los asuntos en cuestión antes de la reorganización de la OLAF del 16 de junio de 2020 o si prefería esperar a la reincorporación de la recurrente tras su licencia por enfermedad, prevista para después de esa fecha.
198
En segundo término, en el apartado 9 de la sentencia recurrida, el Tribunal General puso de manifiesto que, el 8 de junio de 2020, la secretaria de la Unidad A había enviado un correo electrónico a la recurrente relativo a su cambio de despacho a raíz de la reorganización interna de la OLAF a la que se hace referencia en el apartado 14 de la presente sentencia. Es cierto que, en dicho correo electrónico, le preguntaba si, dado que iba a estar de baja por enfermedad hasta el 22 de junio de 2020, permitía que un tercero preparase la mudanza de sus efectos antes de esa fecha. Sin embargo, esa petición de permiso no puede asimilarse a una solicitud de realizar un trabajo dirigida a la recurrente.
199
En tercer término, en el apartado 10 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, el 9 de junio de 2020, la jefa de la Unidad C había respondido a los correos electrónicos mencionados en el apartado 7 de dicha sentencia y había señalado que, dadas las circunstancias, le parecía muy difícil cerrar los asuntos en cuestión antes del 16 de junio de 2020. Pues bien, es preciso indicar, una vez más, que tal constatación no implica la existencia de una solicitud de realizar un trabajo dirigida a la recurrente.
200
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la supuesta contradicción entre los apartados 101 y 14 de la sentencia recurrida, procede recordar que, en ese primer apartado, el Tribunal General se pronunció sobre los correos electrónicos de 1 de julio de 2020, mencionados en el apartado 14 de la sentencia recurrida, en los que la jefa de la Unidad C había formulado a la recurrente determinadas preguntas relativas al asunto E. A este respecto, el Tribunal General subrayó que tales intercambios consistían, ciertamente, en una solicitud de información en relación con este asunto, con vistas a analizar el informe preparado por la recurrente, pero que la jefa de la Unidad C también había precisado que la respuesta de la recurrente solo se esperaba una vez que se hubiera reincorporado tras la licencia por enfermedad.
201
Pues bien, estas consideraciones del Tribunal General en modo alguno contradicen la constatación realizada en el apartado 14 de la sentencia recurrida, según la cual, por una parte, el 1 de julio de 2020, la jefa de la Unidad C había enviado dos correos electrónicos a la recurrente en los que le formulaba una serie de preguntas relativas al asunto E y, por otra parte, la recurrente las había respondido el 6 de julio siguiente.
202
En tercer lugar, la recurrente sostiene que la constatación realizada por el Tribunal General en el apartado 102 de la sentencia recurrida, relativa al tono cortés de los correos electrónicos que se le habían enviado, entre ellos la invitación a una videoconferencia, contradice los hechos expuestos en los apartados 11 y 12 de dicha sentencia.
203
Esta alegación de la recurrente se basa en una interpretación errónea del apartado 102 de la sentencia recurrida.
204
En ese apartado 102, el Tribunal General apreció el tono cortés y respetuoso de todos los correos electrónicos entre la jefa de la Unidad C y la recurrente, mencionados en los apartados 100 y 101 de la sentencia recurrida.
205
Pues bien, por una parte, no cabe señalar ninguna motivación contradictoria entre esta constatación y la realizada en los apartados 11 y 12 de la sentencia recurrida. En efecto, mientras que los correos electrónicos mencionados en los apartados 100 y 101 de la sentencia recurrida están fechados los días 8 y 9 de junio y 1 de julio de 2020, los mencionados en los apartados 11 y 12 de dicha sentencia están fechados el 23 de junio de 2020.
206
Por otra parte, incluso si se considerase que la recurrente pretende en realidad impugnar la interpretación que el Tribunal General hizo de los correos electrónicos mencionados en los apartados 100 y 101 de dicha sentencia basándose en los mencionados en los apartados 11 y 12 de la misma sentencia, tal alegación debería desestimarse, puesto que, como ya se ha recordado en el apartado 160 de la presente sentencia, no corresponde al Tribunal de Justicia, al resolver sobre un recurso de casación, sustituir la apreciación de las pruebas realizada por el Tribunal General por la suya propia.
207
Por lo que respecta a la alegación de la recurrente de que la mención contenida en el apartado 103 de la sentencia recurrida, en la que se afirma que ella no estaba obligada a realizar el trabajo de que se trata hasta que se reincorporara de su licencia por enfermedad, se contradice con las constataciones realizadas por el Tribunal General en los apartados 16 y 17 de dicha sentencia, procede señalar que, mediante esta alegación, la recurrente no se refiere, en realidad, al apartado 103 de la sentencia recurrida, sino a su apartado 104, en la medida en que en este último apartado el Tribunal General declaró que, por lo que respecta a los correos electrónicos de los días 26 y 31 de agosto de 2020, la jefa de la Unidad C había tenido el cuidado de precisar que el trabajo que solicitaba no debía realizarse hasta que no hubiera finalizado la licencia por enfermedad de la recurrente.
208
Pues bien, esta consideración del Tribunal General no contradice los apartados 16 y 17 de la sentencia recurrida.
209
Es cierto que, en el apartado 16 de la sentencia recurrida, el Tribunal General puso de manifiesto que la jefa de la Unidad C había preguntado a la recurrente si aprobaba el contenido de un nuevo proyecto de informe final relativo al asunto E y si podía efectuar ciertas verificaciones en la OEP, lo que constituye una solicitud de realizar un trabajo dirigida a la recurrente. No obstante, en ese apartado de la sentencia recurrida, el Tribunal General también indicó que esa jefa de unidad había precisado en un segundo correo electrónico dirigido a la recurrente que el correo electrónico de 26 de agosto de 2020, que contenía, para su aprobación, un nuevo proyecto de informe final relativo a un asunto, se lo había remitido para que lo tramitase tras su reincorporación de la licencia por enfermedad. Pues bien, en el apartado 104 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se refirió genéricamente a los correos electrónicos de los días 26 y 31 de agosto de 2020 sin afirmar que en el primer correo electrónico de 26 de agosto de 2020 se hubiera incluido tal precisión.
210
En el apartado 17 de la sentencia recurrida, si bien el Tribunal General puso de manifiesto que la jefa de la Unidad C había indicado, en un primer correo electrónico fechado el 31 de agosto de 2020, que contaba con la recurrente para cerrar varios asuntos cuando se reincorporase de su baja y que ese mismo día le había enviado otros dos correos electrónicos que contenían, respectivamente, un proyecto modificado de informe final relativo a un asunto y un nuevo informe final relativo a otro, esa jefa de unidad había precisado que la recurrente no debía hacer nada con ellos hasta que se reincorporase tras la licencia por enfermedad.
211
En cuarto lugar, según la recurrente, la constatación realizada por el Tribunal General en el apartado 105 de la sentencia recurrida, según la cual la jefa de la Unidad C no estaba al corriente de las sucesivas prórrogas de su licencia por enfermedad, está en contradicción con los apartados 6, 11, 13, 16 y 18 de dicha sentencia.
212
A este respecto, procede señalar que el apartado 6 de la sentencia recurrida versa sobre un correo electrónico enviado por la recurrente a los miembros de la Unidad A el 2 de junio de 2020, sin que en dicho apartado se mencione que la jefa de la Unidad C tenía conocimiento de la licencia por enfermedad de la recurrente.
213
Pues bien, en el apartado 11 de la sentencia recurrida, el Tribunal General tampoco hizo constar que la jefa de la Unidad C estuviera al corriente de las prórrogas de esa licencia. Por el contrario, este apartado deja constancia de que fue la recurrente quien informó a esa funcionaria, únicamente en respuesta al correo electrónico de esta última, de que seguía de baja por enfermedad.
214
El apartado 13 de la sentencia recurrida se limita a mencionar que la secretaria de la Unidad A envió a la recurrente, el 30 de junio de 2020, un nuevo correo electrónico para preguntarle si había adoptado una decisión relativa a la mudanza de su despacho.
215
En el apartado 16 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó que fue la recurrente, en respuesta a un correo electrónico de la jefa de la Unidad C de 26 de agosto de 2020, quien informó a esta última de la prórroga de su licencia por enfermedad.
216
En el apartado 18 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se limitó a señalar que, el 6 de septiembre de 2020, la recurrente respondió al correo electrónico de la jefa de la Unidad C de 31 de agosto de 2020 que su licencia por enfermedad había sido prorrogada y que los asuntos en cuestión podían finalizarse sin su intervención.
217
En quinto lugar, la recurrente sostiene que la constatación del apartado 147 de la sentencia recurrida de que, en los correos electrónicos intercambiados entre ella, por una parte, y la jefa de la Unidad C y la secretaria de la Unidad A, por otra, no se indicaba ninguna fecha específica de reincorporación de su licencia por enfermedad, se contradice con el contenido del apartado 18 de la citada sentencia.
218
A este respecto, basta con recordar que, en el apartado 18 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que, el 6 de septiembre de 2020, la recurrente respondió al correo electrónico de la jefa de la Unidad C de 31 de agosto de 2020 que su licencia por enfermedad había sido prorrogada y que los asuntos en cuestión podían finalizarse sin su intervención.
219
Sin embargo, de ello no se desprende que el Tribunal General declarara que se indicaba una fecha precisa de reincorporación de la recurrente de su licencia por enfermedad.
220
Dado que ninguna de las diferentes alegaciones formuladas por la recurrente para sostener que el Tribunal General motivó su sentencia de forma contradictoria resulta fundada, procede desestimar por infundada la duodécima parte del segundo motivo de casación.
221
Por consiguiente, procede desestimar en su totalidad el segundo motivo de casación por ser, en parte, inadmisible y, en parte, infundado.
222
Al haber sido desestimados todos los motivos invocados en apoyo del recurso de casación, hay que desestimar el recurso de casación en su totalidad.
Costas
223
A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
224
Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de la recurrente y al haber sido desestimado el recurso de casación interpuesto por esta última, procede condenarla con sus propias costas y con las de la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
XH cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.