61971C0005(01)
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. KARL ROEMER
presentadas el 13 de octubre de 1971 (
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Señor Presidente,
Señores Jueces,
En el asunto que hoy merece nuestra atención, el Tribunal de Justicia en el acto de la vista celebrado el 29 de junio de 1971, instó a las partes para que informaran tan sólo sobre la cuestión de la admisibilidad del recurso. Asimismo, es éste el único problema que abordé en mis conclusiones de 13 de julio de 1971, aunque mi examen fuera de una extensión considerable. Como recordará el Tribunal de Justicia, mantuve que no podía ponerse en duda la admisibilidad del recurso, de lo cual sigo teniendo el convencimiento. Sin que hasta el presente este Tribunal se haya pronunciado sobre este extremo, él mismo simplemente ha decidido admitir que las partes debatan sobre el fondo y resolver sobre la admisibilidad al mismo tiempo que sobre el fondo. Por cuanto la procedencia del recurso ya fue discutida en vista celebrada el 22 de septiembre de 1971, ahora me corresponde también formular las conclusiones sobre el particular. No entraré en el análisis de los hechos dado que ya los expuse pormenorizadamente en mis conclusiones anteriores. Y por supuesto no me referiré nuevamente a los restantes extremos que ya examiné al formular las conclusiones de 13 de julio de 1971.
I
Al objeto de determinar si la demandante tiene razón al sostener que el Consejo cometió un error lesivo en el ejercicio de sus facultades («Amtsfehler») al adoptar el Reglamento no 769/68 (DO 1968, L 143, p. 14) sobre las medidas de ejecución del Reglamento no 1009/67 (DO 1967, 308, p. 1), es preciso preguntarse, ante todo, si debe considerarse que dicho Reglamento de aplicación se aprobó con violación de Derecho. Con carácter general, en efecto, la ilegalidad es la primera condición que debe darse para que pueda formularse un recurso en el que se alegue la responsabilidad de las Instituciones a causa de los actos realizados en el ejercicio de sus facultades, aunque, evidentemente, dicha condición no es, en sí misma, suficiente. La demandante considera que el Reglamento controvertido es nulo por dos razones: en primer lugar, por infringir el artículo 37 del Reglamento no 1009/67; en segundo lugar, el Consejo ha establecido una normativa discriminatoria y, por lo tanto, ha vulnerado el principio de la igualdad de trato.
1.
Ante todo, pasemos al examen de la primera de dichas imputaciones. Como lo expuse en mis conclusiones de 13 de julio de 1971, el artículo 2 del Reglamento no 769/68 solamente autoriza a los Estados miembros a conceder una compensación a las industrias azucareras en el supuesto de que, en fecha 30 de junio de 1968, el precio nacional del azúcar blanco (cuyo Reglamento establece el método de cálculo) fuera superior al precio indicativo vigente para el azúcar blanco a partir del 1 de julio de 1968. Al menos es ésta la manera en que puede resumirse la disposición en lo que a la República Federal se refiere. Sin embargo, la parte demandante considera que no es el precio indicativo, sino más bien el precio de intervención el que debe tomarse como elemento determinante para la comparación con el precio nacional.
Una primera observación se impone de inmediato, se trata de que dicha imputación no puede apoyarse en el texto del artículo 37 del Reglamento no 1009/67, en el cual leemos simplemente lo siguiente: «Para las cantidades de azúcar almacenado el 1 de julio de 1968, el Consejo, a propuesta de la Comisión, según el sistema de votación previsto en el apartado 2 del artículo 43 del Tratado, aprobará las disposiciones relativas a las medidas necesarias para compensar la diferencia entre los precios nacionales del azúcar y los precios vigentes a partir del 1 de julio de 1968.» Los términos muy generales que emplea dicho texto, que se refieren a «medidas necesarias», indican, en realidad, que se concede al legislador un gran margen de apreciación. El artículo 37 tampoco precisa de qué precios se trata; no menciona los precios que deben tenerse en cuenta entre los existentes en el marco previsto por la organización de mercado (precios indicativos, precios de intervención, precios de intervención derivados, etc.). Este silencio es, por lo demás, totalmente normal, por cuanto el 18 de diciembre de 1967, fecha de adopción del Reglamento no 1009/67, todavía no se habían fijado los precios de la campaña azucarera que debía empezar el 1 de julio de 1968. No se fijaron sino ulteriormente y más concretamente el 9 de abril de 1968 [Reglamentos (CEE) nos 430/68 y 432/68; DO 1968, L 89, p. 2 y p. 4, respectivamente] y el 18 de junio de 1968 [Reglamento (CEE) no 767/68; DO 1968, L 143, p. 10]. Según parece, pues, la demandante no puede encontrar ningún elemento en favor de su tesis en la letra del artículo 37 del Reglamento no 1009/67.
Por otra parte (segunda observación), tampoco creo que pueda afirmarse que, en sí mismo el Reglamento no 769/68 indica que eran necesariamente los precios de intervención los que debían constituir el elemento determinante de referencia, alegando que el apartado 2 de su artículo 2 alude a precios de intervención a propósito de la determinación del importe de la compensación. Esta tentativa de razonamiento quiebra, en efecto, ante los términos de la claridad meridiana, del apartado 1 del artículo 2, el cual toma en consideración la diferencia existente entre los precios nacionales y los precios indicativos. Por otra parte, no debemos perder de vista que el apartado 2 del artículo 2 que simplemente reza del siguiente modo: «El importe de dicha compensación […] se calcula basándose a la diferencia […]» no indica que el importe de la compensación sea igual a dicha diferencia. Por lo tanto, al igual que el Consejo, creo más bien que debe considerarse que el objeto de dicho apartado 2 consiste en establecer el método para el cálculo del precio de intervención, es decir, de uno de los elementos mencionados en el apartado 1.
Del mismo modo, no creo que pueda hacer mía la argumentación desarrollada por la demandante a propósito de la relación entre el precio mínimo de las remolachas y el precio del azúcar. Como recordarán, la misma ha alegado que anteriormente, es decir, según el régimen nacional, existía una relación constante entre el precio mínimo garantizado a los cultivadores de remolacha y el precio mínimo del azúcar blanco, calculándose este último de forma que permitiera pagar el precio mínimo para la remolacha. Sostiene que dicha función se ha asumido actualmente por el precio de intervención y que lo dispuesto en los diversos Reglamentos comunitarios pone de manifiesto la existencia de una relación entre el precio mínimo de las remolachas y el precio de intervención. En su opinión ello demuestra que en el marco de un sistema de compensación, es el precio de intervención previsto por la organización común de mercados con el que debe equipararse el antiguo precio nacional. Como contestación a dicha argumentación que, a primera vista, no deja de impactar, el Consejo, no obstante, negó que la función del precio de intervención se identificara con la del antiguo precio fijo alemán, y ello por la simple razón de que el precio de intervención tan sólo constituye el límite inferior de un cuadro de precios dentro del cual es en el mercado donde el precio del azúcar debe formarse (es éste un aspecto al que nos tendremos que referir más adelante). Además, manifiesta el Consejo, el precio de la remolacha tan sólo constituye, entre otros, un elemento del coste. Si realmente el legislador hubiera deseado que la compensación tomara en consideración las diferencias entre los precios de la remolacha, no cabe duda de que habría formulado las correspondientes disposiciones que ha adoptado en esta materia. No me parece que pueda ponerse en duda la pertinencia de dichos motivos de oposición. De los mismos resulta que tampoco desde la óptica que acabo de examinar puede asegurarse la procedencia del recurso.
Es evidente, por último, que tampoco tiene ninguna utilidad para la demandante la referencia al régimen que fue establecido por la Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 1969 para la compensación de pérdidas resultantes de la revaluación, y que toma como base el precio de intervención. Como acertadamente indica el Consejo, se trata de unas normas de otra naturaleza que fueron promulgadas para resolver un problema de orden totalmente distinto. Por otra parte, habría sido perfectamente posible tomar el precio indicativo como base para la compensación (ésta se determinaría entonces a un tipo distinto), por cuanto el precio indicativo se fijó de forma que presentara una diferencia constante con el precio de intervención.
Por otra parte, la tesis de la parte demandante según la cual la compensación debería haberse efectuado en función de los precios de intervención está en contradicción con las características esenciales de la organización común de mercados en el sector del azúcar. Como ya lo he puesto de relieve, lejos de establecer precios fijos, dicha organización prevé especialmente que, con sujeción a los límites determinados por los precios indicativos y por los precios de intervención, son las leyes del mercado las que deben ejercer su cometido, y que, dentro de dichos límites, los precios deben formarse libremente en el mercado. Y, según parece, es de todo punto en este sentido cómo los precios han evolucionado después de la entrada en vigor de la organización de los mercados del azúcar. Es lo que se desprende de las declaraciones del Consejo, según las cuales en la República Federal, durante los meses que siguieron a la entrada en vigor del Reglamento no 1009/67, los precios efectivos del azúcar blanco han sido, incluso, superiores al antiguo precio fijo nacional. Y es esto lo que aparece igualmente a la luz de los elementos alegados por la demandante a pesar de que en el Norte de Alemania no se haya observado la ligera alza del precio medio del azúcar blanco que se registró en el transcurso de los meses que van de julio a noviembre de 1968, en donde, entre julio y octubre de 1968, los precios fueron inferiores al antiguo precio fijo, pues, en realidad, dicha bajada de precios fue insignificante (21 peniques por quintal). (
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Ahora bien, si se hubiera tenido en cuenta dicha situación para permitir que la compensación se efectuara en función del precio de intervención como postula la parte demandante es evidente que ello habría proporcionado a los beneficiarios de la compensación una ganancia adicional igual a la diferencia entre los precios efectivos y el precio de intervención. Sin embargo, es cierto que ello no podía ser el objetivo de las medidas compensatorias de que se trata, y por lo tanto, es evidente que el precio de intervención no constituía el punto de referencia adecuado.
Y me parece de todo punto evidente que tampoco era posible prever una compensación en base a los precios efectivamente obtenidos. Sobre el particular baste mencionar que el artículo 37 del Reglamento no 1009/67 se refiere a los precios vigentes, es decir, a los precios fijados legalmente. Señalemos además que un sistema de compensación en función de los precios efectivamente obtenidos probablemente habría tenido como consecuencia que las azucareras interesadas no habrían realizado esfuerzos concretos con el fin de obtener, para sus antiguas existencias, precios superiores a los precios de intervención. Ello equivale a decir que, contrariamente a los principios fundamentales de la organización de los mercados del azúcar, los precios no habrían evolucionado según las leyes del mercado y no habrían alcanzado un nivel superior al de los precios de intervención, lo cual habría ido en detrimento del Erario público, es decir, a fin de cuentas, de los contribuyentes, destinados a soportar la carga de la compensación.
Por lo tanto, tengo que llegar a la conclusión de que, con respecto a los objetivos de la organización de mercado, estaba perfectamente justificado decidir que, para los países considerados como de precio elevado, la compensación de las eventuales diferencias de precio se efectuaría en función de los precios indicativos, es decir, del límite superior de los precios previstos por las normas comunitarias, como lo hizo ya el Consejo en el Reglamento controvertido. En cualquier caso no hay nada que indique que al establecer este sistema antes que el defendido por la demandante, el Consejo haya adoptado un acto ilegal respecto al Reglamento de base no 1009/67.
Por otra parte, y únicamente en aras de una cabal consideración, aún podríamos señalar aquí que el legislador comunitario tuvo la intención de establecer una compensación tan sólo para el caso de que en los precios se registraran diferencias apreciables. Es lo que se desprende de los considerandos del Reglamento no 769/68, y tal decisión no puede ser objeto de crítica pues la misma es a la vez, razonable desde el punto de vista económico y conforme con el principio de legalidad. Ahora bien, si se examinan las cifras, aparece como extremadamente dudoso que, incluso al comparar el precio del azúcar terciado antiguo con el precio de intervención, se pueda hablar de diferencia apreciable. Efectivamente, el precio de intervención del azúcar terciado (convertido al valor del azúcar blanco) era de 20,11 unidades de cuenta, al paso que el precio nacional antiguo alcanzaba las 20,76 uc (según los cálculos de la demandante) o 20,55 uc (según los cálculos del Consejo). En estas circunstancias, es lógico que se piense que, incluso en el caso de que fuera el precio de intervención el que hubiera debido tomarse como punto de referencia a los fines de la compensación, no necesariamente se hubiera llegado al resultado deseado por la parte demandante. No obstante, debemos dejar patente que se trata de una mera consideración adicional, que no es determinante para la resolución del caso de autos.
2.
Como ya conocen, la demandante alega a continuación, que la ilicitud del Reglamento no 769/68 se debe a la vulneración del principio de igualdad de trato, es decir, de la violación tanto de un principio general de Derecho como de la norma que, subsumida en el apartado 3 del artículo 40 del Tratado CEE, es ciertamente también inspiradora de las disposiciones del Derecho comunitario derivado. Éstas son las imputaciones en cuyo examen entramos en este momento.
Sobre el particular, la parte demandante alega que el régimen establecido por el Consejo es discriminatorio con respecto a los productores de azúcar terciado que operan en la República Federal de Alemania, en primer lugar, porque ha vinculado el otorgamiento de la compensación a la evolución del precio del azúcar blanco y, en segundo lugar, porque ha previsto puntos de referencia diferentes según que se trate del gravamen a pagar por las empresas o de la compensación que los Estados estuvieran obligados a conceder (el criterio es el del precio de intervención en lo que se refiere al gravamen, es decir, en el caso de los países con precio inferior, mientras que la compensación se halla en función del precio indicativo).
Ante todo examinemos la primera de las imputaciones de discriminación dirigidas contra el Reglamento no 769/68, pues, según parece, la misma puede ser fácilmente rebatida. Efectivamente, al parecer, incluso si el régimen de compensación puede alcanzar a los productores de azúcar terciado, no se puede achacar al Consejo el hecho de que lo haya vinculado a la evolución de los precios del azúcar blanco, y ello por una razón muy simple: si se prescinde de la falta de transparencia del mercado del azúcar terciado, el nivel aproximadamente equivalente de los costes de transformación en los Estados miembros permite considerar que los precios del azúcar blanco y los del azúcar terciado evolucionan de forma prácticamente paralela. Si suben los precios del azúcar blanco, también los precios del azúcar terciado experimentan una subida y viceversa. Mantener que la subida únicamente podría afectar a uno sólo de dichos precios mientras que la tendencia del otro sería a la baja es, verdaderamente, una pura entelequia. Al menos, la demandante no nos ha demostrado que se haya dado una situación de este tipo. Concretamente no era ésta la situación de la República Federal de Alemania, pues si se considera la media de dichos precios en dicho país, se verá que, evidentemente ambos han experimentado una subida. Lo mismo ocurre con respecto al argumento mediante el cual la demandante alega que la relación entre los precios antiguos y los nuevos podía no ser la misma para el azúcar terciado y para el azúcar blanco, alegando que podía ocurrir que aunque ambos precios se situaran por encima del nivel de los precios comunitarios, la compensación debía denegarse en uno de los países a causa de que tan sólo el precio del azúcar terciado excedía el nivel de los precios indicativos, lo cual no se daba en el caso del azúcar blanco, mientras que en otro país, se podía conceder la compensación para el azúcar terciado porque ambos precios habían sobrepasado el nivel de los precios indicativos. Efectivamente, sobre este punto, la demandante tampoco ha podido referirse a ningún caso real de desigualdad de trato. Por lo tanto, es cierto que desde la perspectiva que acabamos de examinar, no parece que su imputación de discriminación deba reputarse pertinente. Además, el Consejo ha demostrado que incluso si hiciera falta tener en cuenta la evolución de los precios del azúcar terciado mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Reglamento no 769/68, y cuya ilicitud hasta ahora no ha podido ser demostrada, no por ello habría sido posible conceder la compensación en la República Federal. No cabe duda de que, sobre el particular, han surgido algunas dificultades a propósito de la determinación del antiguo precio nacional del azúcar terciado a partir del precio del azúcar blanco, cuyo antiguo precio nacional no estaba establecido por ley (y más concretamente a propósito del problema de si era preciso tomar como base el precio del azúcar blanco en la forma en que se establecía para las grandes cantidades y de cuál era la cantidad a deducir para los gastos de ensacado). Pero a fin de cuentas, las mismas tenían poca importancia, puesto que, incluso en el supuesto de que no se acepte el punto de vista del Consejo, que, no obstante, nos parece convincente (y según el cual debía tenerse en cuenta el precio del azúcar blanco, según se establecía para las grandes cantidades, por el importante motivo de que normalmente, y, al parecer, sin excepción alguna, el precio de intervención con el cual debía equipararse tan sólo se aplicaba a cantidades superiores a las 300 toneladas), e incluso si se ignora el hecho de que en relación con los gastos de ensacado, la demandante no ha podido aportar ninguna prueba irrefutable al referirse a los contratos de ejecución de obra sin aportación de materiales estipulados con las refinerías, se llega a la conclusión de que no se cumplían los criterios recogidos en el Reglamento no 769/68. En efecto, el precio antiguo del azúcar terciado (convertido al valor del azúcar blanco) era, bien 82,23 DM por quintal (según las indicaciones del Consejo), bien 83,06 DM (según las indicaciones de la demandante), mientras que las disposiciones comunitarias habían fijado el precio indicativo del azúcar terciado en 84,92 DM, cifra que no se situaba por debajo del nivel del antiguo precio alemán. Por lo tanto es evidente que, bajo ningún concepto puede ser objeto de crítica la Decisión del Consejo de vincular el régimen de la compensación a la evolución del precio del azúcar blanco.
Pasemos ahora al segundo aspecto de la imputación de discriminación, se trata de aquella por la que la demandante denuncia el hecho de que, en relación con los países de precio inferior, lo determinante tanto para la exigibilidad como para el importe del gravamen era la diferencia entre el precio nacional antiguo y el precio de intervención, mientras que era preciso tener en cuenta el precio indicativo en lo que se refiere a los países de precio elevado. Sobre el particular me parece esencial señalar que las dos normativas de referencia cumplían distinto cometido: el objeto de la que era de aplicación a los países de precio inferior era evitar que se obtuvieran beneficios injustificados, el de la que se refería a los países de precio elevado era evitar que las empresas sufrieran pérdidas de ingresos apreciables. Tan sólo este elemento ya puede constituir una justificación objetiva del diverso contenido de la normativa en cuanto a los criterios elegidos. Por otra parte, ya he demostrado la imposibilidad de adoptar un criterio único y de extender la aplicación del precio de intervención a la compensación. Además, es evidente que tampoco habría sido razonable ni lícito calcular el gravamen a pagar por las empresas de los países de precio inferior basándose en los precios efectivamente obtenidos. En efecto, independientemente de las objeciones relativas a la redacción, que pueden plantearse contra un sistema de tal naturaleza, el efecto del mismo habría sido disuadir a las empresas de los esfuerzos para obtener precios superiores al precio de intervención y por lo tanto los precios habrían ido estableciéndose a un nivel idéntico o muy aproximado a dicho precio de intervención. Pero como ya lo he señalado, se llegaría a un resultado poco consecuente con los objetivos de la organización de los mercados del azúcar, que pretende que se dé libertad en la fijación de los preciso y que, en la medida de lo posible, alcancen un nivel superior al de los precios de intervención.
En consecuencia, habida cuenta de la estructura de la organización de mercado, cuyas características (libre establecimiento de precios dentro de ciertos límites) están en armonía con los objetivos de la Política Agrícola Común, el sistema que, adoptado con miras a la transición de las antiguas organizaciones nacionales a la organización común de mercados, no prevé ninguna medida concreta para el caso en que los antiguos precios nacionales se sitúen en el límite del cuadro de precios elaborado por la Comunidad, no puede considerarse como discriminatorio, sino que, por el contrario, en definitiva se revela como económicamente justificado, a pesar de que los mismos criterios no hayan sido adoptados para la percepción del gravamen y para la compensación y que, como lo reconoce el mismo Consejo, conlleva ciertas disparidades en cuanto a las repercusiones económicas. Ello equivale a decir que el Consejo no ha vulnerado el principio de igualdad de trato, según el cual la demandante ha considerado que podía invocar tanto los principios generales del Derecho como el apartado 3 del artículo 40 del Tratado. De lo anterior se deduce necesariamente que, tampoco desde este punto de vista puede sostenerse la ilegalidad del Reglamento no 769/68.
II
La conclusión a que he llegado demuestra la improcedencia de las pretensiones de indemnización de los daños y perjuicios que la demandante ha alegado, así como del recurso que ha interpuesto, ya que, tan sólo basándose en dichas dos imputaciones que hemos examinado, la misma había alegado un error lesivo cometido por el Consejo en el ejercicio de sus facultades y debido a que no puede observarse ninguna otra violación del Derecho.
Por consiguiente, no es necesario examinar los otros problemas que pueden plantearse en lo tocante a la responsabilidad de las Instituciones en razón de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, como es el de la culpa («Verschulden»), el de la culpa concurrente, el de la determinación del valor del daño y el de la relación de causalidad entre el comportamiento del Consejo y el perjuicio alegado. Como máximo podríamos indicar sobre el particular que puede albergarse alguna duda sobre el hecho de que la demandante haya expuesto consideraciones suficientemente precisas en lo que a la culpa se refiere, elemento de calificación adicional que exige el Derecho comunitario (que, en todo caso, en su jurisprudencia en materia del artículo 40 del Tratado CECA, (
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) el Tribunal de Justicia ha reputado indispensable y que, por otra parte, según el Derecho de los Estados miembros, al parecer, corresponde también (
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) a un principio general). Efectivamente, la demandante se ha limitado a manifestar que el Consejo conocía el problema de las fábricas de azúcar terciado cuya actividad se desarrolla en los países de precio elevado, pero no ha aportado ningún elemento que pudiera demostrar que el Consejo incumplió su obligación de examinar la situación concienzudamente, que no tuvo correctamente en cuenta algunos hechos de carácter económico (
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) o que ignoró determinados intereses importantes de los medios económicos de que se trata. Además podemos indicar que la situación no es totalmente clara en lo que se refiere al cálculo del valor del darlo, por cuanto entre las existencias que se encontraban en poder de la empresa demandante el día 30 de junio de 1968, algunas cantidades consistían no en azúcar terciado sino en azúcar blanco (12.853 quintales), cuyo producto, ciertamente, no podía ser objeto de una compensación prevista para el azúcar terciado. Por otra parte, habida cuenta de la evolución general de los precios en la República Federal, como lo ha descrito el Consejo, los beneficios que la demandante manifiesta haber obtenido con sus ventas, difícilmente podrían considerarse como normales (lo que lleva a preguntarnos si en razón de su propia culpa debería imputarse a la demandante una parte de la responsabilidad por el perjuicio que la misma denuncia). Por último deberíamos preguntarnos si ciertamente la causa del perjuicio se halla en el comportamiento del Consejo. Efectivamente, en lo que a los países de precio elevado se refiere, el Reglamento no 769/68 se limita a autorizar a los Estados miembros para la concesión de una compensación. Ahora bien, la circunstancia de que otro Estado miembro que recibió dicha autorización no haya hecho uso de la misma y de que los representantes de la República Federal, según parece, no hayan insistido en el seno del Consejo para que se amplíe el campo de aplicación de dicha autorización, francamente permite que nos preguntemos si la República Federal efectivamente había hecho uso de una autorización cuyos límites se hubieran ampliado en el sentido defendido por la parte demandante.
No obstante, son estas preguntas en las que no será necesario profundizar, por cuanto (lo hemos visto) la normativa establecida por el Consejo no puede ser objeto de críticas ni con arreglo al Tratado ni con arreglo a las disposiciones de Derecho comunitario derivado. Es este también el motivo por el cual este Tribunal tampoco tendrá que acceder a las pretensiones por las que la demandante le ha solicitado que examine cuáles fueron los otros métodos para regular el régimen de la compensación examinados por la Comisión y por otros órganos en el momento de la elaboración del Reglamento no 769/68.
III
En virtud de cuanto antecede, concluyo que:
Debe declararse la admisibilidad de la demanda presentada por Zuckerfabrik Schöppenstedt en cuanto a las pretensiones formuladas con carácter principal (en lo que a las pretensiones formuladas con carácter subsidiario se refiere, me permito hacer referencia a mis conclusiones de 13 de julio de 1971). No obstante, debe desestimarse el recurso por infundado por cuanto no se ha probado que el Consejo haya cometido un hecho lesivo en el ejercicio de sus funciones, con imposición de costas a la demandante.
(
*1
)	Lengua original: alemán.
(
1
)	Véase el escrito de réplica, pp. 16 y 17.
(
2
)	Véase Much en Max-Planck-Institut für ausländisches offentliches Recht und Völkerrecht, «Beiträge zum ausländischen öffendischen Recht und Völkerrecht», vol. 44, p. 730.
(
3
)	Véase «Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht», vol. 44, pp. 753, 763, 766, 827, 828, 832, 869.
(
4
)	Véase la sentencia de 14 de julio de 1967, Kampffmeyer y otros/Comisión (asuntos acumulados 5/66, 7/66 y 13/66 a 24/66_↔ Rec. pp. 317 y ss., especialmente pp. 339 y 340).