Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el de 18 de diciembre de 2025 (1)
Asunto C‑771/24
Fédération belge du stationnement ASBL,
Interparking SA
contra
Région de Bruxelles-Capitale
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État [Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bélgica])
« Petición de decisión prejudicial — Medio ambiente — Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente — Obligación de realizar una evaluación medioambiental — Plan o programa en materia de transporte, ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo — Decreto sobre las condiciones de explotación de los aparcamientos — Mantenimiento de los efectos »
Mire quien votos perdurables hace (2)
I.      Introducción
1.        La petición de decisión prejudicial del Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bélgica) brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar dos aspectos relacionados con la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. (3)
2.        Por un lado, se trata de elucidar la cuestión de qué se entiende por el doble concepto de «planes y programas» y en qué condiciones deben someterse estos a una evaluación ambiental estratégica. La comprensión de este doble concepto resulta fundamental para determinar el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/42, pero aún no ha sido suficientemente aclarada por la jurisprudencia hasta la fecha. En particular, en el presente procedimiento prejudicial debe debatirse si el doble concepto de «planes y programas» presupone una dimensión planificadora o programática en el sentido de una normativa de ordenación del territorio urbano y rural.
3.        Por otra parte, se invita de nuevo al Tribunal de Justicia a examinar su jurisprudencia sobre las condiciones en las que pueden mantenerse excepcionalmente los efectos de las disposiciones nacionales adoptadas en vulneración de las normas de procedimiento del Derecho de la Unión.
II.    Marco jurídico
4.        Los objetivos de la Directiva 2001/42 se desprenden, en particular, del artículo 1:
«La presente Directiva tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas con el fin de promover un desarrollo sostenible, garantizando la realización, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva, de una evaluación medioambiental de determinados planes y programas que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.»
5.        Los planes y programas se definen en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
a)      planes y programas: los planes y programas, incluidos los cofinanciados por la Comunidad Europea, así como cualquier modificación de los mismos:
–        cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban a una autoridad nacional, regional o local, o que estén siendo elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno, y
–        que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas».
6.        La obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica se regula en el artículo 3 de la Directiva 2001/42:
«1.      Se llevará a cabo una evaluación medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 a 9 de la presente Directiva, en relación con los planes y programas a que se refieren los apartados 2 y 4 que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.
2.      Salvo lo dispuesto en el apartado 3, serán objeto de evaluación medioambiental todos los planes y programas:
a)      que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la [Directiva EIA (4)], o
b)      […]»
III. Hechos y cuestión prejudicial
7.        Mediante el Decreto de 25 de febrero de 2021 (5) impugnado en el procedimiento principal, el Gobierno de la Région de Bruxelles-Capitale (Región de Bruselas-Capital, Bélgica) estableció las condiciones generales de explotación de los aparcamientos cubiertos y no cubiertos.
8.        Según la petición de decisión prejudicial, el Decreto impugnado se aplica a los aparcamientos con más de diez plazas. Bajo el título «Condiciones generales de explotación de los aparcamientos cubiertos y no cubiertos», establece condiciones de uso, diseño y señalización, condiciones de mantenimiento y control, condiciones para las estaciones de recarga de vehículos eléctricos y condiciones para los aparcamientos de bicicletas.
9.        De la petición de decisión prejudicial se desprende además que el Decreto impugnado establece, bajo el título de «Condiciones particulares de explotación aplicables a los aparcamientos no cubiertos», las condiciones para el cuidado de la vegetación, el uso de sal para el deshielo y el mantenimiento de los sistemas de infiltración y la iluminación artificial, y, bajo la rúbrica de «Condiciones particulares de explotación aplicables a los aparcamientos cubiertos», entre otras cosas, las condiciones para el diseño del aparcamiento, la seguridad, las normas de calidad del aire y la ventilación mecánica y natural.
10.      Por lo demás, el Decreto impugnado exige que los nuevos aparcamientos dispongan de puntos de recarga para vehículos eléctricos y de plazas de aparcamiento para bicicletas. En principio, está prohibido calefactar los aparcamientos cubiertos.
11.      Según la petición de decisión prejudicial, los criterios y condiciones establecidos en el Decreto impugnado son vinculantes para las autoridades a la hora de conceder permisos medioambientales para aparcamientos, salvo que sean aplicables determinadas excepciones expresamente previstas. En consecuencia, dicho permiso solo se expide o prorroga si se cumplen las condiciones de explotación.
12.      Quien desee construir un aparcamiento o, con ese fin, cambiar la finalidad de un edificio o modificar sustancialmente el perfil del terreno, necesita, además del permiso medioambiental, una licencia urbanística, cuya concesión depende del cumplimiento de las normas establecidas en los planes y reglamentos de ordenación del territorio urbano y rural.
13.      Según su artículo 1, el Decreto impugnado transpone parcialmente la Directiva (UE) 2018/844, (6) adoptada sobre la base del artículo 194 TFUE (en lo sucesivo, «modificaciones de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios») (7), cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética de los edificios.
14.      En el marco del procedimiento de adopción del Decreto impugnado, la sección de legislación del Conseil d’État (Consejo de Estado) señaló en su dictamen n.º 68 487/1, de 12 de enero de 2021, que el Decreto previsto requería una evaluación medioambiental con arreglo al artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42, si cabía prever que tuviera efectos significativos en el medio ambiente. Según dicho dictamen, ha de partirse de que el Decreto establece el marco en el que deben o pueden llevarse a cabo los proyectos de infraestructura que quedan comprendidos en el ámbito de aplicación del anexo II, punto 10, letra b), de la Directiva EIA. En efecto, el Decreto establece las condiciones de explotación y las modalidades de decisión en relación con los permisos medioambientales para los aparcamientos en el conjunto de la Región de Bruselas-Capital.
15.      Sin embargo, la Región de Bruselas-Capital adoptó el Decreto impugnado sin evaluar sus efectos sobre el medio ambiente.
16.      El 30 de abril de 2021, la Fédération belge du stationnement ASBL e Interparking SA interpusieron un recurso de anulación del Decreto impugnado ante el Conseil d’État (Consejo de Estado).
17.      Sostiene la tesis de que el Decreto impugnado es un plan o programa en el sentido de la Directiva 2001/42. A su juicio, establece, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un conjunto significativo de criterios y condiciones para la autorización y ejecución de uno o de varios proyectos que pueden tener efectos significativos en el medio ambiente. Considera que los proyectos de aparcamientos solo pueden autorizarse si se ajustan a las normas, criterios y condiciones previstos en dicho Decreto, ya que pueden tener efectos significativos en el medio ambiente de la ciudad.
18.      Por el contrario, la Región de Bruselas-Capital alega que, para estar comprendido en el concepto de «plan y programa», un acto jurídico debe presentar, como se desprende de dicho concepto, una dimensión planificadora o programática. En su opinión, no se da tal dimensión, ya que el Decreto impugnado no planifica o «programa» los lugares en los que pueden instalarse aparcamientos en la Región de Bruselas-Capital ni el número de aparcamientos permitidos en esa zona. Según ella, se limita a establecer las normas (vinculantes) que debe cumplir toda instalación de aparcamiento una vez construida durante la fase de explotación (equipamiento interior, seguridad para los ciclistas, ventilación, etc.). Por lo tanto, entiende que el Decreto no contribuye por sí solo a la ejecución o instalación de un proyecto. Señala que sobre
la base de las condiciones sectoriales impugnadas, estrechamente vinculadas a la explotación de los aparcamientos como tales tras la oportuna autorización, no es posible determinar ni la ubicación ni el número de aparcamientos que podrían explotarse en Bruselas.
19.      A juicio del Conseil d’État (Consejo de Estado), la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se refiere a actos jurídicos que regulan la construcción y la explotación de instalaciones (eólicas), mientras que el Decreto impugnado se refiere a la explotación de aparcamientos, pero no establece normas para su construcción. Indica que estas normas figuran en los planes y reglamentos de ordenación del territorio urbano y rural, que ya han sido sometidos a una evaluación ambiental estratégica.
20.      Recuerda el Conseil d’État (Consejo de Estado) que, de conformidad con el artículo 98 del Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (Código de Ordenación del Territorio de Bruselas; en lo sucesivo, «CoBAT»), la construcción de un aparcamiento requiere una licencia urbanística (requisito que se suma al del permiso medioambiental). La expedición de dicha licencia está supeditada al cumplimiento de las normas previstas en los planes y reglamentos relativos a la ordenación del territorio urbano y rural, y en particular de las que protegen los lugares a los que se aplica la Directiva sobre los hábitats, (8) de modo que son estos planes y reglamentos los que establecen el marco para la expedición de la citada licencia.
21.      En estas circunstancias, el Conseil d’État (Consejo de Estado) se pregunta si el Decreto impugnado, que se limita a establecer las condiciones de explotación de los aparcamientos, y no contiene normas relativas a la instalación o al número máximo de dichos aparcamientos, puede calificarse de plan o programa relativo a la ordenación del territorio urbano y rural o a la utilización del suelo. Además, alberga dudas en cuanto a si la explotación de un aparcamiento está comprendida necesariamente en el sector de los transportes.
22.      Por lo tanto, el Conseil d’État (Consejo de Estado, Bélgica) plantea las siguientes cuestiones al Tribunal de Justicia:
1)      ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42
en el sentido de que un decreto como el controvertido, que se limita a establecer las condiciones de explotación de los aparcamientos, y no prevé normas relativas a la instalación o el número máximo de dichos aparcamientos, puede calificarse de plan o programa relativo al transporte, a la ordenación del territorio urbano y rural o a la utilización del suelo?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿puede un órgano jurisdiccional nacional aplicar una disposición de su ordenamiento jurídico interno que le faculta para mantener, durante un período de tiempo determinado, los efectos de un acto reglamentario anulado que establece las condiciones de explotación de los aparcamientos en el territorio de una región, con vistas a que la autoridad regional pueda llevar a cabo una evaluación de los efectos en el medio ambiente de dichas condiciones de explotación antes de volver a adoptar, en su caso,
ese acto?
23.      Los demandantes en el procedimiento principal, la Fédération belge du stationnement ASBL e Interparking SA de forma conjunta, el Reino de Bélgica, la República de Letonia y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas. El Tribunal de Justicia ha decidido no celebrar vista oral, con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.
IV.    Apreciación jurídica
A.      Primera cuestión prejudicial
24.      Mediante la primera cuestión prejudicial, el Conseil d’État (Consejo de Estado) desea saber si el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42debe interpretarse en el sentido de que un acto jurídico que establece exclusivamente las condiciones para la explotación de aparcamientos debe someterse a una evaluación ambiental estratégica con arreglo a la Directiva 2001/42.
25.      Para responder a esta cuestión, procede examinar, en primer lugar, si dicho acto jurídico queda comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42. En segundo lugar, debe examinarse si el doble concepto de «planes y programas» presupone características adicionales no escritas y, en su caso, si estas se dan. Por último, en tercer lugar, debe examinarse si un acto jurídico de este tipo cumple también los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42.
1.      Planes y programas en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42
26.      Según el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42, el concepto de «planes y programas» designa los planes y programas, en primer lugar, cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban a una autoridad nacional, regional o local, o que estén siendo elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno, y que, en segundo lugar, sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.
27.      De la formulación de la cuestión prejudicial por el Conseil d’État (Consejo de Estado) se desprende que estos dos requisitos no le suscitan duda alguna. En primer lugar, fue el Gobierno de la Región de Bruselas-Capital el que adoptó el Decreto de 25 de febrero de 2021. En segundo lugar, si bien no se aprecia ninguna obligación de fijar las condiciones de explotación en cuestión, basta a este respecto con que su adopción esté regulada en disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales, las cuales determinarán qué autoridades son competentes para adoptarlos y su procedimiento de elaboración. (9) Según la información facilitada por el Conseil d’État (Consejo de Estado), la base jurídica del Decreto impugnado es, según su exposición de motivos, el artículo 6, apartado 1, párrafo 1; el artículo 10, apartado 2, y el artículo 63, apartado 3, párrafo 2, del Reglamento de 5 de junio de 1997 sobre permisos medioambientales. (10)
2.      Interpretación del doble concepto de «planes y programas»
28.      La cuestión central del litigio es la interpretación del doble concepto de «planes y programas», y en particular la cuestión de si, más allá de la definición de dicho concepto en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42, deben reunir otras características.
29.      El punto de partida viene dado por la constatación de que el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42
no define el doble concepto de «planes y programas», sino que se limita a vincularlo a los dos requisitos adicionales que se acaban de examinar. (11) Sin embargo, ello no excluye de antemano que haya otros requisitos que sean inherentes a este doble concepto.
30.      Enlazando con las alegaciones de la Región de Bruselas-Capital en el procedimiento principal, Bélgica sostiene que un acto jurídico solo puede estar comprendido en el concepto de «planes y programas» si tiene una dimensión planificadora
o programática. Tal cosa no se da, a su juicio, en el Decreto controvertido, ya que no planifica ni «programa» los lugares en los que pueden construirse aparcamientos en la Región de Bruselas-Capital, ni el número de aparcamientos permitidos en esta zona. (12) Con ello, Bélgica se basa en una interpretación del doble concepto de «planes y programas», que presupone
la existencia de normas de ordenación del territorio urbano y rural
en forma de una definición (previa) los usos permitidos en esa zona.
31.      En mi opinión, esta interpretación no es convincente. La contradicen el texto, la sistemática y la génesis legislativa de la Directiva. Tampoco son convincentes las demás alegaciones formuladas por la Región de Bruselas-Capital y por Bélgica en apoyo de esta interpretación [véase a)].
32.      En la medida en que con el requisito de una «dimensión planificadora o programadora» se hace referencia al uso de este concepto en la jurisprudencia, ello tampoco puede justificar una interpretación restrictiva del doble concepto de «planes y programas». En efecto, dicha jurisprudencia no establece, con la «dimensión planificadora o programática», requisitos que deban cumplirse para que se considere que los actos jurídicos son «planes y programas» [véase b)].
a)      Normativa de ordenación del territorio urbano y rural
33.      Bélgica duda, antes de nada, de que exista un plan o programa porque el Decreto controvertido no establece normas de ordenación del territorio urbano y rural.
34.      Sin embargo, no me convence una interpretación según la cual el doble concepto de «planes y programas» presupone una normativa de ordenación del territorio urbano y rural.
35.      En primer lugar, el tenor del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42
no contiene tal restricción.
36.      En segundo lugar, la enumeración de los ámbitos en el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42
quedaría privada de sentido si el doble concepto de «planes y programas» se interpretara en el sentido de que presupone disposiciones de ordenación del territorio urbano y rural. De conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42, debe realizarse una evaluación ambiental de los planes y programas que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo. Por lo tanto, el de la «ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo» se menciona como uno de los varios sectores respecto a los que pueden elaborarse planes y programas en el sentido de la Directiva 2001/42.
37.      En tercer lugar, los materiales relativos a la génesis de la Directiva 2001/42 confirman la importancia de este argumento sistemático. Apuntan a que el artículo 2, letra a), no establece deliberadamente ningún requisito al respecto.
38.      En efecto, la propuesta original de la Comisión de la Directiva 2001/42 incluía en el artículo 2, letra a), el añadido «de usos del suelo». (13) Según los considerandos de la propuesta, la Directiva debía limitarse a los planes y programas sobre usos del suelo. (14)
39.      La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial del Parlamento Europeo criticó esta limitación del ámbito de aplicación en su informe y propuso una formulación «que disuelve la relación directa con la planificación territorial». (15) Para justificarlo, argumentó que también las opciones estratégicas que no reflejan inmediata y claramente sus consecuencias de ordenación territorial pueden tener repercusiones más o menos drásticas en el medio ambiente. En consecuencia, el Parlamento presentó en su resolución legislativa la enmienda 17, en la que renunciaba al añadido «en relación con la ordenación territorial». (16) Este añadido ya no figuraba en la propuesta modificada de la Comisión de 1999. (17)
40.      No obstante, la Comisión mantuvo que la medida debía estar relacionada con un emplazamiento. El artículo 2, letra a), de la propuesta modificada exigía que los planes y programas establecieran un marco para futuros proyectos, haciendo referencia a su localización y, en particular, a su naturaleza, dimensiones y condiciones de explotación. (18)
41.      Sin embargo, la posición común del Consejo distinguió finalmente entre la definición del concepto y el ámbito de aplicación de acuerdo con la versión finalmente adoptada, renunció al criterio de la referencia a la localización en la definición y mencionó la «ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo» en el marco del ámbito de aplicación como uno de los posibles sectores respecto a los que pueden elaborarse planes y programas. (19)
42.      En cuarto lugar, contrariamente a cuanto sostiene Bélgica, tampoco se deriva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia la necesidad de una normativa de ordenación del territorio urbano y rural.
43.      La decisión
del Tribunal de Justicia, en el asunto Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias y otros, de no calificar
el acto controvertido relativo al desvío de un río como «plan o programa», no se debe a que faltara una normativa de ordenación del territorio urbano y rural. Es cierto que, en su motivación, señaló que el acto jurídico no definía los criterios y las condiciones de ordenación del territorio ni establecía las reglas ni los procedimientos de control pertinentes para la ejecución de uno o varios proyectos. (20) El Tribunal de Justicia tomó esta formulación de la sentencia dictada en el asunto Inter-Environnement Bruxelles y otros, a la que citaba. La referencia que se hace en ella a los criterios y condiciones de ordenación del territorio se explica únicamente por el hecho de que el acto controvertido se elaboró efectivamente con respecto a la ordenación del territorio, como se desprende inequívocamente de los apartados que preceden a tal formulación. (21) Por lo tanto, en la motivación de la sentencia dictada en el asunto Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias y otros no resulta determinante la ausencia de condiciones de ordenación del territorio, sino más bien la falta de criterios de control, es decir, el hecho de que el acto jurídico controvertido no estableciera un marco para proyectos futuros.
44.      En el asunto D’Oultremont y otros, el Tribunal de Justicia declaró que los planes y programas debían cubrir un determinado territorio. (22) Sin embargo, bastaba con que la medida se aplicara a todo el ámbito de competencia de la autoridad que la adoptaba. (23)
45.      Por último, en los asuntos acumulados Terre wallonne ASBL e Inter-Environnement Wallonie ASBL, el Tribunal de Justicia ya consideró comprendido en el concepto de «planes y programas» un acto jurídico que regulaba las condiciones de la aplicación de nitrógeno a la tierra. (24) Este acto jurídico tampoco establecía normas específicas de ordenación del territorio urbano y rural.
46.      En quinto lugar, tampoco puede prosperar la objeción de que esta interpretación del doble concepto de «planes y programas» extiende excesivamente el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. En efecto, conforme a esta interpretación, habrían de quedar incluidos en dicho doble concepto todos los actos jurídicos que regulan la explotación de las instalaciones. (25)
47.      Ciertamente, la interpretación de los conceptos aquí propugnada no resulta adecuada para limitar el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica en este sentido. Con todo, la calificación de un acto jurídico como plan o programa en el sentido de la Directiva 2001/42 no implica por sí misma la obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica. Antes bien, es el artículo 3 de la Directiva 2001/42 el que establece las condiciones en que se exige tal evaluación. Los criterios establecidos en dicho artículo limitan de forma objetiva el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. (26)
b)      Dimensión planificadora y programática en la jurisprudencia
48.      Asimismo, el hecho de que
el Tribunal de Justicia utilice
el concepto de dimensión programática o planificadora en su jurisprudencia no permite concluir la existencia de requisitos que deban cumplirse para que se considere que los actos jurídicos son «planes y programas».
49.      El Tribunal de Justicia empleó este concepto por primera vez en la sentencia dictada en el asunto Inter-Environnement Bruxelles y otros. En ella, el Tribunal de Justicia destacó que el acto jurídico controvertido contenía normas generales, presentaba cierto grado de abstracción y perseguía un objetivo de transformación de un distrito. Esto ilustraba
la dimensión programática o planificadora del acto jurídico y no impedía su inclusión en el doble concepto de «planes y programas». (27) De una lectura superficial de cuanto antecede cabría deducir que el doble concepto de «planes y programas» presupone estos elementos.
50.      Sin embargo, una lectura más detallada de las observaciones del Tribunal de Justicia no permite llegar a esta conclusión.
51.      El Tribunal de Justicia introdujo estas observaciones con las palabras «por otro lado». Por lo tanto, se formularon únicamente a mayor abundamiento. Su significado solo se entiende si se atiende a su argumento real, según el cual el carácter vinculante y general de un acto jurídico no impide su inclusión en el doble concepto de «planes y programas». (28) En efecto, a diferencia del Convenio de Aarhus, (29) por ejemplo, la Directiva 2001/42 no distingue entre «planes y programas», «políticas» y «normas jurídicamente obligatorias de aplicación general». Con este argumento, el Tribunal de Justicia refutó la objeción de Bélgica de que, debido a su carácter general vinculante, el acto jurídico controvertido no era un plan o programa en el sentido de la Directiva 2001/42.
52.      Por lo tanto, con sus observaciones sobre la dimensión programática o planificadora y sobre las circunstancias mencionadas (normativa general, nivel de abstracción y transformación del distrito en cuestión), el Tribunal de Justicia no introdujo ningún requisito adicional respecto a un plan o programa.
3.      Requisitos contemplados en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/42
53.      De conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/42, «solo» se llevará a cabo una evaluación medioambiental en relación con los planes y programas a que se refieren los apartados 2 y
4. Según el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42, serán objeto de evaluación medioambiental todos los planes y programas que cumplan dos requisitos acumulativos. En primer lugar, los planes y programas deben elaborarse con respecto a uno de los sectores enumerados y, en segundo lugar, deben establecer el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva EIA.
54.      Contrariamente a las dudas que alberga el Conseil d’État (Consejo de Estado), (30) el Decreto impugnado controvertido se elaboró con respecto a uno de los ámbitos enumerados [véase a)]. El Conseil d’État (Consejo de Estado) deberá examinar si el Decreto también establece un marco para futuras autorizaciones. A tal fin, es decisivo saber si el Decreto impone a la autoridad competente criterios y condiciones vinculantes que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente [véase b)].
a)      Elaboración con respecto a uno de los sectores enumerados
55.      De los sectores enumerados en el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42 con respecto a los que pueden elaborarse los planes y programas, en el presente asunto son pertinentes los sectores del «transporte» y de la «ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo».
56.      En primer lugar, ha de hacerse constar que el Tribunal de Justicia interpreta el concepto de «elaboración con respecto a» un sector en el sentido de que basta con que el plan o programa «se refiera» a o «trate» de dicho sector. (31) Sin embargo, ni la Directiva 2001/42 ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ofrecen una definición de los distintos sectores.
57.      Partiendo de esta base, las condiciones para la explotación de aparcamientos afectan al sector del «transporte». Lamentablemente, el Conseil d’État (Consejo de Estado) no expone los motivos de sus dudas sobre la afectación de este sector. En cualquier caso, para mí no son evidentes. Por el contrario, es muy probable que las condiciones de explotación de los aparcamientos afecten al sector del transporte, dado que regulan el diseño y el uso de infraestructuras de transporte.
58.      Es cierto que la jurisprudencia no contiene ninguna explicación general sobre lo que se entiende por sector del «transporte». Sin embargo, en el único asunto pertinente hasta la fecha, Bund Naturschutz in Bayern, el Tribunal de Justicia basó su decisión en una interpretación amplia de este sector. Sin mayor fundamentación, consideró que también se trataba del sector del «transporte» cuando una norma regulaba la obligación de obtener una autorización para circular o estacionar vehículos de motor fuera de la vía pública en un área de protección paisajística. (32)
59.      Ahora bien, si el Tribunal de Justicia considera que incluso el estacionamiento de vehículos de motor en espacios no públicos queda comprendido en el sector del «transporte», otro tanto habrá de observarse también con respecto a los aparcamientos, cuya explotación está sujeta a normas especiales. En efecto, sin aparcamientos, el transporte individual de personas resulta prácticamente inconcebible. Por lo tanto, los aparcamientos, como infraestructura necesaria, deben quedar comprendidos en el sector del «transporte».
60.      El hecho de que las condiciones de explotación de los aparcamientos se refieran también al sector de la «ordenación del territorio o el uso del suelo» depende de la configuración concreta de dichas condiciones.
61.      Las dudas del Conseil d’État (Consejo de Estado) sobre la afectación del sector de la «ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo» parecen derivarse del hecho de que, para la construcción de aparcamientos, además de un permiso medioambiental, que presupone el cumplimiento de las condiciones de explotación, se requiere adicionalmente una licencia urbanística, que presupone el cumplimiento de las normas de ordenación del territorio urbano y rural. Según la información y la opinión al respecto del Conseil d’État (Consejo de Estado), las normas de ordenación del territorio urbano y rural establecen el marco de concesión de la licencia urbanística para la construcción de un aparcamiento y, por lo tanto, han sido objeto de una evaluación ambiental estratégica. (33)
62.      Sin embargo, la existencia de un marco normativo en materia de ordenación del territorio no excluye que otras normas que establecen requisitos vinculantes para el proyecto requieran una evaluación ambiental estratégica. Lo decisivo es saber si las normas en cuestión cumplen los requisitos del artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42. De lo contrario, los Estados miembros podrían eludir la obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica de los planes o programas mediante la adopción de requisitos en diferentes actos jurídicos, de los cuales solo uno estaría sujeto a una evaluación ambiental estratégica. (34)
63.      Por otra parte, en lo que respecta a la interpretación del doble concepto de «ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo», este requiere
una norma que se refiera a la utilización de una zona.
64.      Ciertamente, el Tribunal de Justicia parte de la base de que este sector no solo abarca la división del territorio en zonas y la definición de los usos permitidos en el interior de las mismas, sino que tiene un alcance más amplio, ya que menciona tanto la ordenación del territorio urbano y rural como la utilización del suelo. (35) Sin embargo, las consideraciones del Tribunal de Justicia no deben interpretarse en el sentido de que no es necesario que se den repercusiones en la utilización de una zona. Más bien, el Tribunal de Justicia contrapone los dos conceptos de «ordenación del territorio urbano y rural» y «utilización del suelo». A este respecto, expone de manera convincente que, además de la planificación del nivel de uso concreto (utilización del suelo), el doble concepto también abarca el nivel de planificación superior, como la gestión del desarrollo territorial o la protección de la naturaleza y los recursos (ordenación del territorio urbano y rural). En consecuencia, en la jurisprudencia en que ha recurrido a la interpretación antes expuesta, el Tribunal de Justicia ha incluido exclusivamente en el ámbito de la «ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo» los actos jurídicos que afectan al uso de una zona. (36) Si bien no cabe deducir de ello que es estrictamente necesario que se den tales repercusiones, las consideraciones del Tribunal de Justicia no excluyen en ningún caso tal necesidad.
65.      Los materiales relativos a la génesis de la Directiva 2001/42 también sugieren que el doble concepto de «ordenación del territorio urbano y rural o
utilización del suelo» presupone una norma que despliegue sus efectos en el uso de una zona. La propuesta de la Comisión señalaba expresamente en su exposición de motivos que «los planes y programas sobre la ordenación territorial […] determinan los usos del suelo». (37) Es cierto que, durante el procedimiento legislativo, se desistió de limitar el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/42 al sector de la ordenación del territorio urbano y rural. Sin embargo, no parece que el legislador de la Unión quisiera renunciar al mismo tiempo a esta interpretación del concepto de ordenación del territorio urbano y rural.
66.      Si se toma como base este entendimiento del sector de la «ordenación del territorio urbano y rural y la utilización del suelo», no puede descartarse que dicho sector se vea afectado por un acto jurídico que establezca exclusivamente las condiciones de explotación de aparcamientos, sin prever normas sobre la construcción de dichos aparcamientos o su número máximo. Corresponde al Conseil d’État (Consejo de Estado) examinar si dicho acto jurídico trata sobre la utilización de una zona.
b)      Marco para la autorización en el futuro de proyectos sujetos a EIA
67.      Así pues, la respuesta a la cuestión de si las condiciones de explotación de los aparcamientos requieren una evaluación de impacto ambiental depende de manera decisiva de si imponen a la autoridad competente criterios y condiciones vinculantes que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.
68.      En efecto, con arreglo al artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42, los planes o programas en cuestión también deben establecer el marco para la autorización en el futuro de proyectos, y tales proyectos deben figurar entre los enumerados en los anexos I y II de la Directiva EIA.
69.      En este contexto, el Tribunal de Justicia señala por principio que el concepto (38) de «planes y programas» se refiere a cualquier acto que establezca, definiendo reglas y procedimientos de control aplicables al sector de que se trate, un conjunto significativo de criterios y condiciones para la autorización y la ejecución de uno o varios proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente. (39)
70.      Esta interpretación tiene por objeto, por una parte, garantizar que las decisiones previas («criterios y condiciones para la autorización») solo se adopten después de haber evaluado sus efectos en el medio ambiente. (40) Por lo tanto, lo determinante es si el plan o programa establece decisiones previas
—vinculantes para la autoridad competente—
para la posterior decisión de autorización.
71.      Por otra parte, también persigue impedir, en el sentido de una norma de minimis («conjunto significativo»), que la simple fijación aislada de criterios o condiciones individuales carentes de relevancia respecto a los efectos en el medio ambiente requiera una evaluación medioambiental. La cuestión decisiva de si los criterios y condiciones establecidos superan el umbral de un conjunto significativo debe responderse mediante una evaluación cualitativa. (41) Por lo tanto, habrá de atenderse a si los criterios y condiciones establecidos pueden tener efectos significativos en el medio ambiente. (42)
72.      Para determinar la importancia de los efectos en el medio ambiente, pueden servir de orientación los criterios
—no exhaustivos—
del anexo II de la Directiva 2001/42. En consecuencia, el Tribunal de Justicia, si bien sin referirse expresamente al punto 1, primer guion, del anexo II, ya ha señalado que los criterios y condiciones pueden referirse, en particular, a la ubicación, las características, las dimensiones y las condiciones de explotación de los proyectos o la asignación de recursos vinculados a ellos. (43)
73.      Como se señala en la petición de decisión prejudicial, podrían tener repercusiones en el medio ambiente, en particular, las disposiciones relativas a la iluminación artificial y a los sistemas de infiltración de los aparcamientos no cubiertos, así como los requisitos relativos a los puntos de recarga y a las plazas de aparcamiento para bicicletas. No obstante, corresponde al Conseil d’État (Consejo de Estado) examinar si de este modo, o bien en virtud de otros elementos del Decreto controvertido, se cumplen los criterios de un marco para las futuras autorizaciones (establecimiento vinculante de un conjunto significativo de criterios). En particular, deberá examinar si estas normas pueden tener efectos significativos en el medio ambiente, habida cuenta de la situación que se registra en la ubicación de Bruselas.
74.      Sus reflexiones sobre el carácter vinculante de las condiciones de explotación recogidas en la petición de decisión prejudicial dan lugar, además, a la siguiente observación.
Según la información facilitada por el Conseil d’État (Consejo de Estado), las condiciones de explotación prevén la posibilidad de que la autoridad competente en materia de autorizaciones establezca excepciones a algunas disposiciones. Como señala acertadamente el Conseil d’État (Consejo de Estado), la posibilidad de establecer excepciones relativiza el carácter vinculante de las condiciones de explotación. Por lo tanto, lo determinante es saber respecto a qué disposiciones prevén las condiciones de explotación dicha posibilidad. En efecto, si la posibilidad de establecer excepciones se refiriera precisamente a aquellos criterios y condiciones que pueden tener un efecto significativo en el medio ambiente, puede no darse el carácter vinculante para la autoridad competente precisamente en relación con ellos.
4.      Conclusión provisional
75.      Por lo tanto, el artículo 2, letra a), y el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42 deben interpretarse en el sentido de que una medida nacional que se limita a establecer las condiciones de explotación de los aparcamientos, y no prevé normas relativas a la instalación o al número máximo de dichos aparcamientos, puede calificarse de plan o programa relativo al sector del transporte. No obstante, la necesidad de realizar una evaluación ambiental de dicho plan o programa depende de si este establece criterios y condiciones vinculantes para la autoridad competente que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.
B.      Segunda cuestión prejudicial
76.      Mediante la segunda cuestión, el Conseil d’État (Consejo de Estado) desea saber si un órgano jurisdiccional nacional puede aplicar una disposición de su Derecho nacional que le faculta para mantener, durante un período de tiempo determinado, los efectos de un acto jurídico anulado que establece las condiciones de explotación de los aparcamientos en el territorio de una región, con vistas a que la autoridad regional pueda llevar a cabo una evaluación de los efectos en el medio ambiente de dichas condiciones de explotación antes de volver a adoptar, en su caso, ese acto.
77.      Si bien es cierto que, en principio, un acto jurídico adoptado en vulneración de la Directiva 2001/42 debe ser suspendido o anulado (véase
1), el Tribunal de Justicia admite con carácter excepcional, si concurren determinadas condiciones, que los tribunales nacionales mantengan los efectos de tal acto (véase 2). Por último, conviene formular algunas observaciones sobre la aplicación de estas condiciones (véase 3).
1.      Obligación fundamental de suspender o anular el acto jurídico
78.      Para responder a esta cuestión prejudicial, ha de recordarse en primer lugar que la Directiva 2001/42 no contiene normas relativas a las consecuencias que se derivan de la infracción de las disposiciones de procedimiento que establece. (44)
79.      No obstante, en virtud del principio de cooperación leal establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3, los Estados miembros están obligados a eliminar las consecuencias ilícitas de una violación del Derecho de la Unión. (45) Por lo tanto, las autoridades nacionales competentes, incluidos los tribunales nacionales que conozcan de un recurso contra un acto de Derecho interno adoptado en contra del Derecho de la Unión, tienen la obligación de adoptar, en el marco de sus competencias, todas las medidas necesarias para subsanar la omisión de una evaluación medioambiental. (46)
80.      Por lo tanto, el órgano jurisdiccional nacional debe suspender o revocar, en el marco de sus competencias, los planes o programas que se hayan adoptado incumpliendo la obligación de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental. (47)
2.      Mantenimiento excepcional de los efectos del acto jurídico
81.      Dado que la suspensión o anulación de una disposición nacional que infringe el Derecho de la Unión puede tener efectos perjudiciales, el Tribunal de Justicia ha admitido excepciones a este principio.
82.      Tras haber establecido inicialmente cuatro requisitos para ello, (48) en la sentencia A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele)  los redujo, acertadamente, a sus elementos esenciales: el mantenimiento de los efectos debe ser necesario para garantizar un interés imperioso, concretamente la aplicación continuada de un acto de Derecho de la Unión dirigido a la protección del medio ambiente (49) o para evitar un perjuicio significativo al suministro energético del Estado miembro. (50) Por lo tanto, en particular, el mantenimiento de los efectos en el tiempo no debe prolongarse más allá de lo necesario para subsanar el vicio de procedimiento en la adopción de la normativa mediante una evaluación ambiental a posteriori. (51)
83.      La petición del Conseil d’État (Consejo de Estado) da lugar a señalar que, en el asunto A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele),  el Tribunal de Justicia no se basa en la dimensión de los perjuicios medioambientales para fundamentar un interés imperioso en el mantenimiento de los efectos, sino en el déficit de transposición resultante
de un acto de Derecho de la Unión dirigido a la protección del medio ambiente. (52) Por lo tanto, si existe la obligación de transponer un acto de Derecho de la Unión dirigido a la protección del medio ambiente y el Estado miembro ha infringido las normas de procedimiento de la Directiva 2001/42 al transponerlo, los efectos del acto de transposición podrán mantenerse si, de lo contrario, se produce un déficit de transposición.
84.      La petición de decisión prejudicial del Conseil d’État (Consejo de Estado) enlaza con las observaciones formuladas por el Tribunal de Justicia en los antiguos asuntos Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne y Association France Nature Environnement. En ellos, el Tribunal de Justicia aún exigía que el vacío legal resultase más perjudicial para el medio ambiente en el sentido de que la anulación supondría una menor protección, y vulneraría incluso el objetivo esencial de la Directiva que debía transponerse. (53)
85.      El Tribunal de Justicia no ha vuelto a utilizar esta formulación en el asunto A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele), y con razón. En efecto, el criterio del déficit de transposición es mucho más claro que la cuestión de si la anulación vulneraría el objetivo esencial del acto de Derecho de la Unión. Por lo tanto, aporta mayor seguridad jurídica y facilita además la aplicación del Derecho a los órganos jurisdiccionales nacionales.
86.      En consecuencia, incluso unos efectos negativos sobre el medio ambiente que sean insignificantes y limitados en el espacio y en el objeto al que se extienden pueden ser suficientes para mantener la validez de los efectos de un acto de Derecho nacional.
3.      Observaciones sobre la aplicación de los criterios
87.      Corresponde al Conseil d’État (Consejo de Estado) examinar si se cumplen los requisitos en el presente asunto. A este respecto, cabe formular las siguientes observaciones.
88.      Según la información facilitada por el Conseil d’État (Consejo de Estado), el acto jurídico impugnado transpone parcialmente las modificaciones de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios. Sobre esta base, el Conseil d’État (Consejo de Estado) plantea la cuestión de si el hecho de que la transposición de dicha Directiva en el ámbito de la explotación de aparcamientos en la Región de Bruselas-Capital no esté garantizada durante varios meses vulnera el objetivo esencial de esta normativa. (54) Del hecho de que el acto jurídico impugnado sirva en parte para transponer las modificaciones de Directiva sobre eficiencia energética de los edificios, el Conseil d’État (Consejo de Estado) parece deducir tácitamente que se trata de una medida de transposición de la normativa de la Unión en materia de protección del medio ambiente.
89.      Esta suposición del Conseil d’État (Consejo de Estado) es en exceso genérica.
90.      En primer lugar, ha de hacerse constar que las modificaciones de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios se inscriben en la normativa medioambiental de la Unión. Al igual que la propia Directiva sobre eficiencia energética de los edificios, no se basan en la competencia en materia de medio ambiente (artículo 192 TFUE), sino en la competencia en materia energética (artículo 194 TFUE). Sin embargo, de conformidad con su considerando 3, la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios también contribuye a la protección frente al cambio climático y, por lo tanto, a la protección del medio ambiente, y las modificaciones de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios comparten, según su
considerando 1,
este objetivo. (55)
91.      No obstante, el Conseil d’État (Consejo de Estado) deberá examinar si las disposiciones cuyo efecto desea mantener transponen las modificaciones de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios. Solo con tal alcance se plantea la cuestión suscitada por el Conseil d’État (Consejo de Estado) de si la anulación de la transposición es contraria a la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios.
92.      Por cuanto cabe apreciar, solo las normas relativas a la instalación de puntos de recarga están dirigidas a transponer las modificaciones de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios.
93.      Además, parece dudosa la propia tesis del Conseil d’État (Consejo de Estado) de que una eventual anulación de las condiciones de explotación crearía inevitablemente un vacío legal. (56) A este respecto, habrá de examinarse si una práctica en materia de autorizaciones, como la que existía antes de la adopción de las condiciones de explotación, puede evitar que se produzca un vacío legal en la transposición. En efecto, según las alegaciones de Bélgica y el
debate expuesto en la petición de decisión prejudicial y mantenidos con motivo de la adopción del acto jurídico controvertido, las autoridades competentes prescribían, antes de la adopción de dicho acto, las condiciones de explotación contempladas en el mismo en cada autorización (individual). (57) Se podría recurrir a esta práctica, al menos temporalmente, para futuras autorizaciones.
4.      Conclusión provisional
94.      Por lo tanto, cuando sea necesario garantizar la transposición continuada de un acto de Derecho de la Unión dirigido a la protección del medio ambiente, un órgano jurisdiccional nacional podrá aplicar, durante un período limitado, una disposición de su Derecho nacional que le permita mantener los efectos de un acto jurídico adoptado en infracción de las normas de procedimiento de la Directiva 2001/42. Esto solo podrá hacerse durante el tiempo que la autoridad competente necesite para realizar una evaluación de los efectos en el medio ambiente de dicho acto jurídico antes volver a adoptar, en su caso, ese acto.
V.      Conclusión
95.      Por lo tanto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la petición de decisión prejudicial del modo siguiente:
«1)      El artículo 2, letra a), y el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, deben interpretarse en el sentido de que una medida nacional que se limita a establecer las condiciones de explotación de los aparcamientos, y no prevé normas relativas a la instalación o al número máximo de dichos aparcamientos, puede calificarse de plan o programa relativo al sector del transporte. No obstante, la necesidad de realizar una evaluación ambiental de dicho plan o programa depende de si este establece criterios y condiciones vinculantes para la autoridad competente que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.
2)      Cuando sea necesario garantizar la transposición continuada de un acto de Derecho de la Unión dirigido a la protección del medio ambiente, un órgano jurisdiccional nacional podrá aplicar, durante un período limitado, una disposición de su Derecho nacional que le permita mantener los efectos de un acto jurídico adoptado en infracción de las normas de procedimiento de la Directiva 2001/42. Esto solo podrá hacerse durante el tiempo que la autoridad competente necesite para realizar una evaluación de los efectos en el medio ambiente de dicho acto jurídico antes de volver a adoptar, en su caso, ese acto.»
1      Lengua original: alemán.
2      Canción de la campana, Friedrich Schiller)
3      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 (DO 2001, L 197, p. 30).
4      Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 2012, L 26, p. 1), modificada por última vez por la Directiva 2014/52/UE (DO 2014, L 124, p. 1).
5      Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 2021 fixant des conditions générales et spécifiques d’exploitation applicables aux parking [Decreto del Gobierno de la Región de Bruselas-Capital de 25 de febrero de 2021, por el que se establecen las condiciones generales y particulares de explotación aplicables a los aparcamientos; Moniteur Belge de 3 de marzo de 2021, p. 18655].
6      Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (DO 2018, L 156, p. 75).
7      Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO 2010, L 153, p. 13).
8      Directiva 92/ 43 /CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7)
9      Sentencias de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 52; de 12 de junio de 2019, CFE (C‑43/18, EU:C:2019:483), apartado 54; de 12 de junio de 2019, Terre wallonne (C‑321/18, EU:C:2019:484), apartado 34; de 7 de junio de 2018, Thybaut y otros (C‑160/17, EU:C:2018:401), apartado 43, y de 22 de marzo de 2012, Inter-Environnement Bruxelles y otros (C‑567/10, EU:C:2012:159), apartado 31.
10      Petición de decisión prejudicial, p. 30.
11      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto D’Oultremont y otros (C‑290/15, EU:C:2016:561), punto 28, y en los asuntos acumulados Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C‑105/09 y C‑110/09, EU:C:2010:120), punto 38.
12      Petición de decisión prejudicial, p. 21; observaciones del Reino de Bélgica, apartados 21 y 23.
13      Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, de 4 de diciembre de 1996 [COM(96) 511 final, p. 17].
14      Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, de 4 de diciembre de 1996 [COM(96) 511 final, p. 2].
15      Opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y Política Industrial recogida en el Informe sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, de 25 de junio de 1998 (A4/1998/245).
16      Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, de 20 de octubre de 1998 (DO 1998, C 341, p. 22).
17      Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente [COM(1999) 73 final], de 22 de febrero de 1999 (DO 1999, C 83, p. 15 y 16).
18      Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente [COM(1999) 73 final], de 22 de febrero de 1999 (DO 1999, C 83, p. 15 y 16).
19      Posición Común aprobada por el Consejo el 30 de marzo de 2000 con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
(5685/1/00
REV 1, p. 7 y 8.).
20      Sentencia de 11 de septiembre de 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias y otros (C‑43/10, EU:C:2012:560), apartado 95.
21      Véase la sentencia de 22 de marzo de 2012, Inter-Environnement Bruxelles y otros (C‑567/10, EU:C:2012:159), apartados 28 y 29.
22      Sentencia de 27 de octubre de 2016, D’Oultremont y otros (C‑290/15, EU:C:2016:816), apartado 45.
23      Sentencia de 27 de octubre de 2016, D’Oultremont y otros (C‑290/15, EU:C:2016:816), apartado 46.
24      Sentencia de 17 de junio de 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C‑105/09 y C‑110/09, EU:C:2010:355), apartados 41 y 42.
25      Petición de decisión prejudicial, p. 19; observaciones del Reino de Bélgica, apartados 43 y 44.
26      Esta técnica normativa es consecuencia de la diferenciación entre definición de conceptos y ámbito de aplicación en el proceso legislativo. Tanto la propuesta inicial como la modificada de la Comisión definían los «planes y programas» basándose en los requisitos que, en la versión vigente, determinan el ámbito de aplicación con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2001/42. Véanse las referencias en las notas a pie de página 10 y 14.
27      Sentencia de 7 de junio de 2018, Inter-Environnement Bruxelles y otros (C‑671/16, EU:C:2018:403), apartado 60; véase también la sentencia de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 61.
28      Sentencia de 7 de junio de 2018, Inter-Environnement Bruxelles y otros (C‑671/16, EU:C:2018:403), apartado 60; véase también la sentencia de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 61.
29      Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2005, L 124, p. 4), adoptado mediante la Decisión del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO 2005, L 124, p. 1).
30      Petición de decisión prejudicial, p. 36 y 37.
31      Sentencia de 22 de febrero de 2022, Bund Naturschutz in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102), apartado 49, que hace referencia a las sentencias de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 66, y de 27 de octubre de 2016, D’Oultremont y otros (C‑290/15, EU:C:2016:816), apartado 44.
32      Sentencia de 22 de febrero de 2022, Bund Naturschutz in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102), apartado 53.
33      Petición de decisión prejudicial, p. 36 y 37.
34      Véanse las sentencias de 7 de junio de 2018, Inter-Environnement Bruxelles y otros (C‑671/16, EU:C:2018:403), apartado 55, y de 27 de octubre de 2016, D’Oultremont y otros (C‑290/15, EU:C:2016:816), apartado 48, así como mis conclusiones presentadas en el asunto Inter-Environnement Bruxelles y otros (C‑671/16, EU:C:2018:39), punto 25, y en el asunto D’Oultremont y otros (C‑290/15, EU:C:2016:561), punto 55.
35      Sentencias de 22 de febrero de 2022, Bund Naturschutz in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102), apartado 50;
de 7 de junio de 2018, Inter-Environnement Bruxelles y otros (C‑671/16, EU:C:2018:403), apartado 43, y
Thybaut y otros (C‑160/17, EU:C:2018:401), apartado 48.
.
36      El asunto Inter-Environnement Bruxelles y otros se refería a un reglamento regional de urbanismo, mientras que el asunto Thybaut versaba sobre un perímetro de recuperación urbana y el asunto Bund Naturschutz in Bayern trataba sobre la determinación de un área de protección paisajística.
37      Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, de 4 de diciembre de 1996 [COM(96) 511 final, p. 2]. Véanse también los planes y programas enumerados por la Comisión en la página 3 para ilustrar el ámbito de aplicación.
38      La formulación del Tribunal de Justicia es algo desafortunada en este sentido, ya que, desde el asunto D’Oultremont y otros,  se refiere al concepto de «planes y programas». Sin embargo, como se desprende del contexto de la jurisprudencia citada en la nota a pie de página 39, las observaciones concretan, en puridad, el elemento del «marco para la autorización en el futuro de proyectos».
39      Sentencias de 9 de marzo de 2023, An Bord Pleanála y otros (Emplazamiento de St Teresa’s Gardens) (C‑9/22, EU:C:2023:176), apartado 38; de 22 de febrero de 2022, Bund Naturschutz in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102), apartado 60, y de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 67.
40      Sentencias de 22 de febrero de 2022, Bund Naturschutz in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102), apartado 61, y de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 68.
41      Sentencias de 8 de mayo de 2019, Verdi Ambiente e Società (VAS) — Aps Onlus, y otros (C‑305/18, EU:C:2019:384), apartado 51; de 7 de junio de 2018, Inter-Environnement Bruxelles, y otros (C‑671/16, EU:C:2018:403), apartado 55, y de 7 de junio de 2018, Thybaut y otros (C‑160/17, EU:C:2018:401, apartado 55); véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Inter-Environnement Bruxelles y otros (C‑671/16, EU:C:2018:39), punto 26.
42      Sentencias de 22 de febrero de 2022, Bund Naturschutz in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102), apartado 61, y de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 68.
43      Sentencia de 22 de febrero de 2022, Bund Naturschutz in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102), apartado 62.
44      Sentencias de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 82, y de 28 de febrero de 2012, Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103), apartado 42.
45      Sentencias de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 83, y de 28 de febrero de 2012, Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103), apartado 43.
46      Sentencias de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 83, y de 28 de febrero de 2012, Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103), apartados 44 y 45.
47      Sentencias de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 83, y de 28 de febrero de 2012, Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103), apartado 46.
48      Sentencias de 28 de julio de 2016, Association France Nature Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603), apartado 43, y de 28 de febrero de 2012, Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103), apartado 63.
49      Sentencia de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 90.
50      Sentencia de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 92.
51      Sentencia de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 94.
52      Sentencia de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 90.
53      Sentencias de 28 de julio de 2016, Association France Nature Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603), apartado 41, y de 28 de febrero de 2012, Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103), apartado 61.
54      Petición de decisión prejudicial, p. 42.
55      Véase, en términos similares, la sentencia de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 91.
56      Petición de decisión prejudicial, p. 42.
57      Petición de decisión prejudicial, p. 20; observaciones del Reino de Bélgica, apartados 37 a 39.