Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 26 de febrero de 2026 (1)
Asunto C‑840/24
Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
contra
TL
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania)]
« Procedimiento prejudicial — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 5, apartado 2, letra b) — Excepción de copia privada — Compensación equitativa — Directiva 2006/115/CE — Artículo 6, apartado 1 — Excepciones al derecho de préstamo al público — Derecho a remuneración — Sociedad de gestión colectiva — Directiva 2014/26/UE — Artículo 11, apartado 4 — Artículo 12, apartado 4 — Utilización de los ingresos de derechos gestionados por una sociedad de gestión colectiva — Normativa nacional que prevé la promoción de obras de interés cultural »
Introducción
1.        Aunque la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea asocia en su artículo 17, apartado 2, la protección de la propiedad intelectual con el derecho general de propiedad, me parece indiscutible que la primera desempeña un papel específico, diferente del de la propiedad sobre los objetos materiales.
2.        Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la propiedad literaria y artística, protegida por derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor. En efecto, esta propiedad, así como el derecho que la protege, tienen como principal función contribuir a la creación artística y científica, aspectos indispensables del funcionamiento de toda sociedad humana. Si bien esta contribución consiste principalmente en garantizar a los autores y artistas intérpretes una compensación económica justa por sus esfuerzos, permitiéndoles dedicarse plenamente a su actividad creativa, no debería limitarse a ello y ha de perseguir también objetivos más generales de contribución al desarrollo cultural.
3.        La piedra angular del funcionamiento de cualquier sistema de derechos de autor y de derechos afines a los derechos de autor son las entidades de gestión colectiva, que actúan como intermediarias entre los creadores —titulares de derechos— y quienes explotan sus obras. Estas entidades conceden licencias para la explotación de las obras y otras prestaciones protegidas y reparten los ingresos derivados de ellas a los titulares de derechos. No obstante, su papel no acaba ahí. En efecto, tales entidades suelen desempañar asimismo otras funciones de carácter cultural o social, conforme a la función social de la propiedad artística y literaria. (2)
4.        El presente asunto tiene por objeto determinar si el Derecho de la Unión permite a estas entidades destinar parte de los ingresos obtenidos, y en particular de determinadas categorías de ingresos, a acciones culturales que no solo puedan beneficiar a los titulares de derechos de autor y de derechos afines a los derechos de autor, sino también a otras categorías de personas y, en caso afirmativo, en qué medida.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
5.        El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, (3) establece lo siguiente:
«Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos:
[…]
b)      en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6;»
6.        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, (4) dispone:
«Los Estados miembros podrán establecer excepciones al derecho exclusivo a que se refiere el artículo 1 en lo referente a los préstamos públicos siempre que los autores obtengan al menos una remuneración por esos préstamos. Los Estados miembros podrán determinar libremente esta remuneración teniendo en cuenta sus objetivos de promoción cultural.»
7.        El artículo 3, letra h), de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, (5) define la expresión «ingresos de derechos» como «los importes recaudados por una entidad de gestión colectiva en nombre de los titulares de derechos y derivados de un derecho exclusivo, de un derecho a remuneración o de un derecho a compensación».
8.        Conforme al artículo 4 de dicha Directiva, «los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva actúen en el mejor interés de los titulares cuyos derechos representan y por que no les impongan obligaciones que no sean objetivamente necesarias para proteger sus derechos e intereses o garantizar una gestión eficaz de sus derechos».
9.        Según el artículo 8, apartado 5, letra d), de la citada Directiva, «de conformidad con las disposiciones del título II, capítulo 2, la asamblea general de los miembros decidirá, como mínimo, sobre las siguientes cuestiones:
[…]
d)      la política general de deducciones practicadas sobre los ingresos de derechos y sobre cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos.»
10.      El artículo 11, apartado 4, de la misma Directiva establece que «las entidades de gestión colectiva no estarán autorizadas a utilizar los ingresos de derechos ni cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos para fines distintos del reparto a los titulares de los derechos, excepto cuando esté permitido deducir o compensar sus descuentos de gestión en cumplimiento de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5, letra d), o utilizar los ingresos de derechos o cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos en cumplimiento de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5».
11.      El artículo 12, apartados 2 y 4, de la Directiva 2014/26 establece lo siguiente:
«2.      Las deducciones serán razonables en relación con los servicios prestados por la entidad de gestión colectiva a los titulares de derechos, incluidos, en su caso, los servicios mencionados en el apartado 4, y se establecerán de acuerdo con criterios objetivos.
[…]
4.      En caso de que una entidad de gestión colectiva preste servicios sociales, culturales o educativos, financiados mediante deducciones aplicadas a los ingresos de derechos y a cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos, estos servicios se prestarán sobre la base de criterios justos, en particular con respecto al acceso y al alcance de dichos servicios.»
Derecho alemán
12.      En el Derecho alemán, el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor se rigió, hasta el 1 de junio de 2016, por la Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz) (Ley sobre la Gestión de Derechos de Autor y Derechos Afines a los Derechos de Autor), de 9 de septiembre de 1965 (6) y, a partir de entonces, por la Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften (Ley sobre la Gestión de Derechos de Autor y Derechos Afines a los Derechos de Autor por Entidades de Gestión Colectiva), de 24 de mayo de 2016. (7)
13.      Conforme a ambas normas, en su versión aplicable al litigio principal, las entidades de gestión colectiva están obligadas repartir los ingresos procedentes de su actividad conforme a normas fijas (plan de reparto) que excluyan cualquier práctica arbitraria. Esas entidades también deben promover las obras y servicios de relevancia cultural.
Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales
14.      Verwertungsgesellschaft Wort (en lo sucesivo, «VG Wort») es una entidad de gestión colectiva de derechos de autor sobre obras literarias en Alemania. Los estatutos de VG Wort, en sus versiones en vigor durante el período al que se refiere el presente asunto, es decir, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2019, preveían el pago de una ayuda al Förderungsfonds Wissenschaft der VG Wort GmbH (Fondo para la Promoción de la Ciencia de la VG Wort) (en lo sucesivo, «FFW»), una sociedad de responsabilidad limitada cuyo socio único es VG Wort. El objeto de FFW es promover la ciencia y la investigación. Esta promoción se lleva a cabo mediante la financiación de los costes de impresión vinculado a la publicación de obras científicas y de obras especializadas, de investigaciones que vayan a dar lugar a obras científicas u obras especializadas y otras medidas de fomento de la literatura científica y la literatura especializada, entre ellas becas dirigidas a permitir que se redacten tesis doctorales sobre derechos de autor. Según la información facilitada por VG Wort, la ayuda al FFW se financiaba mediante deducciones practicadas sobre los ingresos obtenidos en concepto de compensación por copia privada y de remuneración por préstamo público de obras científicas, técnicas y especializadas. Durante el período al que se refiere el presente asunto, representaba el 0,51 % de los ingresos percibidos por VG Wort.
15.      TL y OS, autores de obras literarias, son miembros de VG Wort, y han celebrado con esa entidad contratos de gestión. Durante el período al que se refiere el presente asunto, notificaron varias obras a VG Wort y recibieron pagos procedentes de los ingresos obtenidos por dicha entidad en concepto de «reproducción de texto impreso». En el litigio principal, TL actúa en nombre propio y en el de OS, que le ha cedido sus derechos.
16.      TL impugna el hecho de que VG Wort destinara a FFW una cantidad de los ingresos que dicha entidad había recaudado entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2019, reduciendo así su parte y la de OS. En primera instancia, TL solicitó que se declarase que VG Wort no estaba ni está facultada para reducir los pagos de la parte de los ingresos que corresponden a sus obras realizando abonos para financiar el FFW. Además, TL pidió información sobre el importe de las sumas abonadas a FFW.
17.      La demanda fue estimada parcialmente en primera instancia. El órgano jurisdiccional de apelación confirmó la decisión en favor de OS y desestimó en su totalidad el recurso de TL. (8) En este sentido, consideró que los planes de reparto de VG Wort, incorporados a los contratos de gestión, constituyen condiciones generales de contratación cuyas disposiciones relativas a los pagos a FFW son inválidas con arreglo al Derecho nacional al ser contrarias a principios básicos de la normativa que regula el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva, por cuanto permiten que no titulares de derechos participen en los repartos de ingresos.
18.      El órgano jurisdiccional remitente, que conoce de un recurso de casación, considera que los pagos efectuados al FFW pueden ser lícitos a la luz de la obligación de las entidades de gestión colectiva de promover la ciencia y la cultura, prevista en la legislación nacional aplicable. Sin embargo, ello depende de que esa obligación sea conforme con el Derecho de la Unión.
19.      En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Es conforme con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la [Directiva 2001/29], con el artículo 6, apartado 1, primera frase, de la [Directiva 2006/115] y con los artículos 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la [Directiva 2014/26] el hecho de que, en virtud de una disposición de Derecho nacional, una entidad de gestión colectiva promocione obras de relevancia cultural, con la consecuencia de que destinatarios que no pertenecen (al menos no todavía) al grupo de los titulares de derechos también se benefician de la ayuda?
2)      En caso de que los servicios sociales, culturales o educativos a los que se refiere el artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26 solo puedan prestarse a los titulares de derechos: ¿la posibilidad de que se presten tales servicios depende de que su destinatario sea titular de un derecho actual a remuneración o basta con la titularidad de un derecho de autor o de un derecho afín que no sea objeto actualmente de remuneración? ¿La admisibilidad de tales servicios requiere la existencia de un contrato de gestión con la entidad de gestión colectiva?»
20.      La petición de decisión prejudicial fue recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de diciembre de 2024. Han presentado observaciones escritas las partes en el litigio principal, los Gobiernos alemán y austriaco y la Comisión Europea. Esas mismas partes, junto con el Gobierno francés, estuvieron representados en la vista celebrada el 26 de noviembre de 2025.
Análisis
21.      En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente plantea dos cuestiones prejudiciales. En la medida en que la segunda cuestión prejudicial está supeditada a la respuesta que se dé a la primera, analizaré estas cuestiones en el orden en que han sido planteadas.
Sobre la primera cuestión prejudicial
22.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que interprete el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115 y los artículos 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26. Aunque dicho órgano jurisdiccional las sitúa en el mismo plano, estas disposiciones regulan cuestiones diferentes. En efecto, mientras que las disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/26 se refieren, con carácter general, a la gestión colectiva de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor, las de las Directivas 2001/29 y 2006/115 confieren a los autores derechos específicos, a saber, un derecho a compensación y un derecho a remuneración, por determinados usos de sus obras.
23.      Sin embargo, como se desprende de la petición de decisión prejudicial, y como también confirmó VG Wort en la vista, el litigio principal versa sobre la utilización por esa entidad de los ingresos a los que se refieren las disposiciones pertinentes de las Directivas 2001/29 y 2006/115. Por lo tanto, considero que, en realidad, el órgano jurisdiccional remitente solicita aclaraciones sobre la interpretación de las disposiciones de que se trata de la Directiva 2014/26 a la luz de las de las Directivas 2001/29 y 2006/115 y de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia.
24.      Así, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26, en relación con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 y con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro que permite a una entidad de gestión colectiva destinar una parte de los ingresos resultantes del derecho a una compensación equitativa y del derecho a remuneración, mencionados, respectivamente, en estas dos últimas disposiciones, a actividades culturales que pueden beneficiar, en su caso, a personas que no son titulares de derechos de autor. Esta cuestión prejudicial parte de la premisa, que las partes no han puesto en entredicho, de que los servicios de que se trata en el litigio principal constituyen servicios «culturales» o «educativos» en el sentido de la Directiva 2014/26.
25.      Para responder a esta cuestión es preciso interpretar tanto las disposiciones de la Directiva 2014/26 como el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115. Antes de iniciar el análisis de estas disposiciones, considero necesario formular algunas observaciones generales con carácter preliminar.
Observaciones preliminares
26.      Como ya he señalado en la introducción de las presentes conclusiones, de conformidad con el papel específico de la propiedad literaria y artística en la sociedad, el rol de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor no se limita a repartir los ingresos procedentes de la explotación de estos derechos a los titulares. Las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor han desempeñado tradicionalmente otras tareas, inicialmente sociales (que se remontan al año 1897 (9)), y, posteriormente, culturales y educativas. (10) Por lo tanto, su papel no puede asimilarse, como parecen hacer los demandantes en el litigio principal, al de un fondo de inversión, cuyo único objetivo es generar ingresos y repartirlos a los miembros en función del capital invertido. La gestión colectiva de los derechos de propiedad literaria y artística se lleva a cabo en interés colectivo no solo de los titulares, sino también de los usuarios de las obras y del público.
27.      En el ámbito internacional, parece existir cierto consenso en cuanto a que las actividades sociales, culturales y educativas pueden financiarse mediante la retención de una parte relativamente pequeña de los ingresos que las entidades de gestión colectiva recaudan por la explotación de derechos de autor. Por lo general, se considera aceptable un límite máximo del 10 % de dichos ingresos. (11) Sin embargo, este umbral se refiere a las deducciones aplicadas a los ingresos derivados de la explotación de derechos exclusivos. En cuanto a los derechos a remuneración, como la compensación por copia privada o la remuneración por préstamo público, parece que los legisladores nacionales o las propias entidades de gestión colectiva disponen de un mayor margen de maniobra. (12)
28.      Las actividades que de este modo financian las entidades de gestión colectiva pueden ser de distinta naturaleza y beneficiar a diferentes categorías de personas. Mientras que las medidas sociales, como los fondos de pensiones o de apoyo, suelen beneficiar a los titulares de derechos, miembros de estos organismos, en lo que respecta a las actividades culturales y educativas, la situación puede ser distinta. En efecto, esas actividades pueden no solo beneficiar a los titulares de derechos, sino también al público en general o a categorías particulares de personas, como ocurre en el litigio principal que se refiere, en particular, a becas destinadas a los jóvenes autores, futuros titulares de derechos de autor potenciales.
29.      El Derecho de la Unión tiene en cuenta esta dimensión cultural de la actividad de las entidades de gestión colectiva. Así, el considerando 3 de la Directiva 2014/26 enuncia que «las organizaciones de gestión colectiva desempeñan y deben seguir desempeñando un papel importante como promotoras de la diversidad de la expresión cultural, tanto al permitir a los repertorios de menor volumen y menos populares el acceso al mercado como mediante la prestación de servicios sociales, culturales y educativos en beneficio de sus titulares y del público». No obstante, en el presente asunto se plantea la cuestión de si las disposiciones de dicha Directiva permiten a estas organizaciones prestar tales servicios.
Disposiciones de la Directiva 2014/26
30.      De conformidad con el artículo 3, letra h), de la Directiva 2014/26, la expresión «ingresos de derechos» comprende todos los ingresos recaudados por una entidad de gestión colectiva por cuenta de los titulares de derechos, incluidos los ingresos derivados de un derecho a remuneración o a compensación, como la remuneración por préstamo público o la compensación por copia privada. Por lo tanto, en principio, todos esos ingresos están sujetos a las mismas normas.
31.      En lo que respecta a la utilización de esos ingresos, el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2014/26 dispone que las entidades de gestión colectiva no están autorizadas a utilizarlos para fines distintos del reparto a los titulares de los derechos, «excepto cuando esté permitido deducir o compensar sus descuentos de gestión en cumplimiento de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5, letra d), o utilizar los ingresos de derechos […] en cumplimiento de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5». (13)
32.      Esta disposición no es del todo clara. La distinción que traza entre, por una parte, la deducción o compensación de sus descuentos de gestión en cumplimiento de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5, letra d), de la Directiva 2014/26 y, por otra parte, la utilización de ingresos de derechos en cumplimiento de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5, en general, parece dar a entender que las únicas deducciones que pueden autorizarse con arreglo a esa disposición son las que están destinadas a cubrir los gastos de gestión de los derechos de autor. Por otra parte, esta interpretación es, a mi juicio, la que defiende la Comisión.
33.      Sin embargo, una limitación así no se desprende en modo alguno del tenor del artículo 8, apartado 5, letra d), de la Directiva 2014/26, que alude a «la política general de deducciones practicadas sobre los ingresos de derechos», sin precisar la finalidad de dichas deducciones. Pues bien, considero que, si el legislador de la Unión hubiera querido que la asamblea general de los miembros de una entidad de gestión colectiva solo pudiera autorizar deducciones a los ingresos de derechos con el único fin de cubrir los gastos de gestión, lo habría previsto expresamente en el artículo 8, apartado 5, letra d), de la Directiva 2014/26. A falta de una limitación expresa de esa índole, no procede deducirla implícitamente del artículo 11, apartado 4, de esa misma Directiva.
34.      Esta conclusión se ve corroborada por el artículo 12 de la Directiva 2014/26, que se refiere específicamente a las deducciones de los ingresos de derechos. En efecto, este artículo establece expresamente, en su apartado 4, que los «servicios sociales, culturales o educativos» pueden ser «financiados mediante deducciones aplicadas a los ingresos de derechos». Pues bien, interpretar el artículo 11, apartado 4, de dicha Directiva en el sentido de que las únicas deducciones posibles son las que cubren los gastos de gestión, iría en contra del artículo 12, apartado 4, de esta.
35.      Así pues, considero que el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2014/26 debe interpretarse en el sentido de que las deducciones practicadas sobre los ingresos de derechos para financiar servicios sociales, culturales o educativos constituyen una de las formas de utilización de esos ingresos que pueden autorizarse con arreglo al artículo 8, apartado 5, de dicha Directiva.
36.      Por lo que respecta al artículo 12 de la Directiva 2014/26, este dispone, en su apartado 2, que las deducciones de los ingresos de derechos guardarán, en particular, «relación con los servicios prestados por la entidad de gestión colectiva a los titulares de derechos, incluidos, en su caso, los servicios mencionados en el apartado 4» de ese mismo artículo. Pues bien, el apartado 4 alude, como ya he mencionado, a los servicios sociales, culturales y educativos.
37.      De la expresión «servicios prestados por la entidad de gestión colectiva a los titulares de derechos, incluidos, en su caso, los servicios mencionados en el apartado 4» podría deducirse, como hace la Comisión, que para que puedan estar financiados mediante deducciones de ingresos de derechos, tales servicios deben prestarse obligatoriamente a los titulares de derechos.
38.      Sin embargo, como acabo de señalar con respecto al artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2014/26, las disposiciones esta no son completamente precisas, de modo que el artículo 12, apartados 2 y 4, de dicha Directiva también podrían interpretarse de manera diferente.
39.      En efecto, los servicios que, por su naturaleza, son «servicios prestados por la entidad de gestión colectiva a los titulares de derechos» son los servicios de gestión de derechos, es decir, los que se refieren a la concesión de licencias de explotación y a la recaudación y reparto de los ingresos procedentes de ellas. Las deducciones previstas en el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2014/26 se destinan principalmente a financiar esos servicios de gestión. Lo mismo ocurre con los servicios sociales que las entidades de gestión colectiva suelen prestar a sus miembros.
40.      En lo que atañe, por el contrario, a los servicios culturales y educativos, estos pueden beneficiar a otras categorías de personas distintas de los titulares de derechos. De hecho, estos servicios suelen tener varios grupos de beneficiarios, directos e indirectos. Aunque pueden prestarse directamente al público en general o a personas que no son titulares de derechos de autor, cualquier actividad de promoción de la cultura o de la educación en este ámbito también beneficia generalmente, de forma indirecta, a los citados titulares.
41.      Pues bien, ninguna disposición de la Directiva 2014/26 exige expresamente que los servicios culturales o educativos financiados mediante deducciones aplicadas a los ingresos de derechos sean prestados únicamente por las entidades de gestión colectiva directamente a los titulares de dichos derechos. El artículo 12, apartado 4, de la citada Directiva dispone únicamente que tales servicios se prestarán sobre la base de criterios justos. Tampoco se desprende esa exigencia del artículo 13, apartado 6, de la mencionada Directiva, que invoca la Comisión. En efecto, por un lado, esa disposición no hace referencia a las deducciones aplicadas sobre los ingresos de derechos, sino a la utilización de importes que no pueden ser objeto de reparto, y, por otro lado, no pretende limitar el margen de decisión de la asamblea general de una entidad de gestión colectiva sino la de los Estados miembros. Además, el considerando 28 de esa misma Directiva, también citado por la Comisión, no puede tener un alcance autónomo, diferente del alcance de los artículos 8, apartado 5, 11, apartado 4, y 12, apartados 2 y 4, de esa misma Directiva, que acabo de analizar.
42.      En cambio, el considerando 3 de la Directiva 2014/26 (14) señala que, según el legislador de la Unión, las entidades de gestión colectiva «deben seguir desempeñando un papel importante como promotoras de la diversidad de la expresión cultural […] mediante la prestación de servicios sociales, culturales y educativos en beneficio de sus titulares y del público». (15) En la medida en que el objetivo del artículo 12, apartado 2, de la mencionada Directiva es únicamente velar por que las deducciones de los ingresos de derechos no rebasen un nivel razonable a la luz de los servicios que financian, no aprecio ningún motivo para extraer de esa disposición conclusiones que vayan más allá de ese objetivo y en contra de la intención del legislador, claramente manifestada en ese considerando 3.
43.      Así pues, en mi opinión, las disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/26 no se oponen a que una entidad de gestión colectiva financie, mediante deducciones que aplica a los ingresos de derechos que gestiona, servicios, en particular culturales y educativos, que no solo presta directamente a los titulares de derechos, sino también a otras personas. Es evidente que la proporción de los fondos que se destinen a ese fin debe mantenerse dentro de unos límites razonables, tal y como se desprende directamente del artículo 12, apartado 2, de dicha Directiva, y del principio general consagrado en su artículo 4, según el cual esas entidades deben actuar en el mejor interés de los titulares. En cuanto a los ingresos procedentes de la compensación por copia privada y de la remuneración por préstamo público, de las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a estas dos categorías de ingresos, tal como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia, también se desprende que tales deducciones deben ser limitadas.
Artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29
44.      Procede recordar que el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 dispone que los Estados miembros podrán establecer en su Derecho interno una excepción al derecho de reproducción en relación con reproducciones efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines comerciales (denominadas «copias privadas»), «siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa».
45.      Esta excepción tiene su origen en la constatación de que los medios técnicos modernos permiten al público reproducir, con relativa facilidad y a un coste reducido, obras y otras prestaciones protegidas para su propio uso o el de miembros de su círculo privado, sin que los titulares de derechos dispongan de medios eficaces para controlar esa reproducción u oponerse a ella. Aunque este fenómeno no puede calificarse tanto de vulneración de derechos exclusivos como más bien de «límite» natural a estos derechos, ya que estos no se aplican en la esfera privada del público, (16) por lo general se admite que las copias privadas causan un perjuicio a los titulares de derechos que debe compensarse. Pues bien, como en la práctica es imposible recaudar esa compensación del público de que se trata, se ha concebido un sistema conforme al cual, por una parte, tal compensación se financia mediante una exacción cobrada a intermediarios —vendedores de equipos de grabación o proveedores de servicios de reproducción— y, por otra parte, su importe puede repercutirse a continuación en el precio de esos equipos o servicios. Cuando entró en vigor la Directiva 2001/29, un sistema de esa naturaleza ya existía en el Derecho interno de muchos Estados miembros.
46.      En el contexto del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, el Tribunal de Justicia, basándose más en los considerandos de esta que en la lacónica redacción de ese precepto, ha seguido un razonamiento análogo.
47.      En efecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que la compensación equitativa a que hace referencia la mencionada disposición está destinada a compensar a los titulares de derechos por el perjuicio que les ocasionan las personas que llevan a cabo reproducciones en virtud de la excepción prevista en esa disposición y a las que incumbe, en principio, reparar el perjuicio, financiando la citada compensación. (17) El Tribunal de Justicia ha admitido no obstante que, habida cuenta de las dificultades prácticas para obligar a las personas que en la práctica llevan a cabo la reproducción a pagar la compensación, (18) los Estados miembros tienen la facultad de establecer un sistema de canon que se cobra a los vendedores de equipos de grabación o proveedores de servicios de reproducción que a continuación repercuten a los usuarios en el precio de esos equipos o servicios. (19) El Tribunal de Justicia también ha precisado que ese canon no debe aplicarse a equipos o servicios que hayan sido adquiridos para fines manifiestamente ajenos a la copia privada o por personas jurídicas que no pueden acogerse a ella. (20)
48.      En cuanto a la forma de pago de la compensación equitativa a los titulares de derechos, el Tribunal de Justicia ha aceptado que una parte de ella, incluso importante, se les abone de forma indirecta a través de instituciones sociales y culturales creadas en su favor, siempre que dichas instituciones beneficien efectivamente a los citados titulares. (21)
49.      El vínculo que el Tribunal de Justicia ha establecido de este modo entre el canon por copia privada, el perjuicio sufrido por los titulares de derechos como consecuencia de la excepción de copia privada y la compensación equitativa parece limitar considerablemente el margen de apreciación de los Estados miembros que, sin embargo, ha sido calificado de «amplio». (22) Pues bien, no creo que la Directiva 2014/26 haya modificado nada a este respecto, en la medida en que no se refiere al alcance de los derechos de los titulares, sino únicamente a las normas de funcionamiento de las entidades de gestión colectiva.
50.      Por otra parte, ha de señalarse que la imposibilidad de calcular con precisión las diferentes cantidades en juego constituye un importante elemento de incertidumbre en este sistema.
51.      Aunque ya en la era «analógica», cuando se introdujeron los sistemas de canon por copia privada en distintos países y a escala internacional, cabía considera que la mayor parte de los equipos de grabación entonces a disposición de las personas físicas estaban destinados a la reproducción de prestaciones protegidas, (23) era sin embargo difícil determinar con precisión qué prestaciones se habían reproducido efectivamente. Por lo tanto, el pago de ese canon debía hacerse por aproximación y a tanto alzado.
52.      En el entorno digital, el mismo medio de almacenamiento, a menudo integrado en un equipo técnico, contiene tanto prestaciones privadas creadas por el usuario como prestaciones protegidas que pueden haber sido adquiridas legalmente de sus titulares, reproducidas en virtud de la excepción de copia privada o incluso adquiridas ilegalmente, sin que sea posible determinar con precisión la proporción que estas diversas categorías de objetos ocupan en la capacidad de almacenamiento. Así lo ha considerado por otra parte de manera explícita el Tribunal de Justicia, basándose en la ficción jurídica de que se presume que los equipos de grabación a disposición de las personas físicas se explotan plenamente con fines de reproducción de prestaciones protegidas en virtud de la excepción de copia privada, (24) aunque está claro que, en la práctica, no ocurre así en absoluto.
53.      Por lo tanto, el cálculo del perjuicio sufrido por los titulares de derechos en virtud de esta excepción y del importe del canon que debe recaudarse para compensar dicho perjuicio está necesariamente sujeto a un elevado nivel de incertidumbre y de aproximación. Lo mismo sucede con el reparto de ingresos derivados de ese canon, en la medida en que, como ha observado el propio Tribunal de Justicia, «es imposible en la práctica determinar qué obra se ha reproducido por qué usuario y en qué soporte». (25)
54.      Por lo tanto, es en el cálculo de esos importes donde los Estados miembros disponen de un verdadero margen de apreciación, ya que la Directiva 2001/29 solo exige que los titulares de derechos reciban una compensación equitativa en virtud de la excepción de copia privada y, como señala su considerando 31, que se garantice un justo equilibrio entre los intereses de los titulares y de los usuarios. En cambio, lo que debe considerarse «equitativo» y «justo» queda al criterio de los Estados miembros, a condición de que se respeten los principios generales del Derecho de la Unión, como el de no discriminación y el de proporcionalidad.
55.      En este contexto, creo que es perfectamente posible que las entidades de gestión colectiva destinen una proporción relativamente pequeña de los importes recaudados en concepto de canon por copia privada a la financiación de las actividades culturales y educativas que benefician, en su caso, a personas que no son titulares de derechos, garantizando al mismo tiempo que estos últimos reciban efectivamente una compensación equitativa por el perjuicio que se considera que han sufrido como consecuencia de la excepción de copia privada.
56.      Esta apreciación no queda en entredicho por lo dispuesto en la sentencia de 12 de noviembre de 2015, Hewlett-Packard Belgium, (26) en la cual, el Tribunal de Justicia entendió que la «sobrecompensación» del perjuicio sufrido por los titulares de derechos es incompatible con el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29. En efecto, esa sentencia guardaba relación con una situación concreta en la que el canon por copia privada se recaudaba en dos momentos, antes de la operación de reproducción, en función de la velocidad de reproducción del equipo, y con posterioridad a esa operación, en función del número de reproducciones realizadas. Así, el razonamiento del Tribunal de Justicia, por un lado, partía de la premisa de que ese canon se abonaba íntegramente a los titulares de derechos y, por otro lado, guardaba relación con una situación específica en el que se conocía el número de reproducciones realizadas y, por lo tanto, el alcance del perjuicio sufrido por los titulares. (27) Pues bien, ese situación es excepcional y únicamente se produce, en la práctica, en el caso de los cánones recaudados por servicios de reproducción. En cambio, cuando el canon se recauda por la puesta a disposición de personas físicas de equipos de reproducción, no es posible realizar un cálculo preciso del perjuicio resultante del número de reproducciones. Por lo tanto, el alcance de las enseñanzas que pueden extraerse de esta sentencia es limitado.
57.      Así pues, en mi opinión, el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 no se opone a que una parte razonablemente limitada del canon por copia privada se destine a financiar actividades culturales o educativas que puedan beneficiar a personas que no son titulares de derechos, siempre que los titulares de derechos obtengan, directa o indirectamente, una compensación equitativa en virtud de la excepción de copia privada.
Artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115
58.      Conviene recordar que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115, dispone que los Estados miembros pueden establecer excepciones al derecho exclusivo de préstamo (28) en lo referente a los «préstamos públicos» siempre que los autores obtengan al menos una remuneración por esos préstamos, cuyo importe determinarán los Estados miembros teniendo en cuenta sus objetivos de promoción cultural.
59.      Esta disposición presenta tanto similitudes con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 como importantes diferencias con él.
60.      Por un lado, como ya ha señalado el Tribunal de Justicia, (29) al igual que la excepción de copia privada, la excepción de préstamo público puede ocasionar a los titulares de derechos un perjuicio que la remuneración de que se trata pretende indemnizar, al igual que la compensación equitativa a que hace referencia el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29. (30)
61.      Por otro lado, no son los usuarios quienes ocasionan ese prejuicio sino los establecimientos públicos que ofrecen en préstamo prestaciones protegidas en el contexto de esa excepción. Así pues, incumbe a esos establecimientos el pago de la remuneración debida a los titulares de derechos. (31) En la medida en que no se precisa que esa remuneración debe ser «equitativa», no es necesario que tenga en cuenta el valor económico de la prestación protegida de que se trata y su importe puede ser menor que el correspondiente a la remuneración equitativa prevista por otras disposiciones de la Directiva 2006/115. (32) El artículo 6, apartado 1, de la mencionada Directiva concede por lo tanto un amplio margen de apreciación a los Estados miembros para determinar el importe de la remuneración por préstamo público. (33)
62.      Los únicos límites de ese margen de apreciación guardan relación con los criterios que deben ser tenidos en cuenta al determinar el importe de esa remuneración, es decir, la amplitud del perjuicio causado a los titulares de derechos, que se materializa en el número de objetos protegidos ofrecidos en préstamo por el establecimiento y el número de prestatarios inscritos en ese establecimiento. (34) Además, esa remuneración debe permitir a los titulares de derechos la obtención de unos ingresos suficientes, de modo que su importe no puede ser puramente simbólico. (35) Incumbe a los Estados miembros decidir el nivel «suficiente» de tales ingresos.
63.      Por analogía con lo que ocurre con la compensación equitativa por copia privada, nada obsta, en mi opinión, a que la remuneración por préstamo público se pague indirectamente a los titulares de derechos a través de instituciones sociales y culturales creadas en su beneficio. (36)
64.      De ello resulta que el margen de apreciación de los Estados miembros es aún más importante a la hora de determinar la remuneración por la excepción de préstamo público que cuando fijan el importe del canon por copia privada. Por consiguiente, con mayor razón pueden autorizar a las entidades de gestión colectiva a destinar una parte de dicha remuneración a la financiación de actividades culturales o educativas que pueden beneficiar, en su caso, a personas que no sean titulares de derechos.
65.      En consecuencia, desde mi punto de vista el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115 no se opone a que una parte de la remuneración que se obtenga en virtud de la excepción de préstamo público se destine a financiar tales actividades, siempre que los titulares de derechos obtengan por este concepto una remuneración adecuada.
Propuesta de respuesta
66.      Por consiguiente, propongo responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26, en relación con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 y con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro que permite que una entidad de gestión colectiva destine una parte de los ingresos resultantes del derecho a una compensación equitativa y del derecho a remuneración, mencionados, respectivamente, en esas dos últimas disposiciones, a actividades culturales que pueden beneficiar, en su caso, a personas que no son titulares de derechos de autor, siempre que los titulares de derechos reciban, directa o indirectamente, tal compensación equitativa y tal remuneración adecuada.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
67.      La segunda cuestión prejudicial se plantea para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión prejudicial que los artículos 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26, en relación con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 y con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115, se oponen a la normativa de un Estado miembro que permite que una entidad de gestión colectiva destine una parte de los ingresos resultantes del derecho a una compensación equitativa y del derecho a remuneración, mencionados, respectivamente, en estas dos últimas disposiciones, a actividades culturales que puedan beneficiar, en su caso, a personas que no sean titulares de derechos de autor. No obstante, si el Tribunal de Justicia acepta mi propuesta de respuesta a esta primera cuestión prejudicial, no sería necesario responder a la segunda. Sin embargo, la analizaré brevemente, en aras de la exhaustividad.
68.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26, en relación con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 y con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115, deben interpretarse en el sentido de que los servicios sociales, culturales y educativos que presta una entidad de gestión colectiva y que se financian mediante deducciones aplicadas a los ingresos resultantes del derecho a una compensación equitativa y del derecho a remuneración, mencionados, respectivamente, en estas dos últimas disposiciones, solo pueden beneficiar a los titulares de derechos que dispongan de un derecho actual a remuneración o que hayan celebrado un contrato de gestión con la entidad en cuestión. Me parece que, por «derecho actual a remuneración», el órgano jurisdiccional remitente entiende el derecho a participar en el reparto de ingresos de derechos, es decir, que las prestaciones protegidas pertenecientes a esos titulares han generado tales ingresos.
69.      Para responder a esta cuestión prejudicial, ha de partirse del presupuesto de que esa limitación del posible destino de los ingresos en cuestión se derivaría de la interpretación de los artículos 11, apartado 2, y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26, o bien de la jurisprudencia relativa al artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, aplicada también, en su caso, por analogía, al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115.
70.      Pues bien, tanto esas disposiciones como la mencionada jurisprudencia aluden de manera general a los «titulares de derechos», sin más precisiones. Por lo tanto, en mi opinión, no estaría justificado deducir de ello requisitos adicionales relativos a la existencia de un derecho actual a remuneración o a una relación contractual de dichos titulares con la entidad de gestión colectiva en cuestión.
71.      Esto es aún más cierto en lo que respecta al derecho a una compensación equitativa por copia privada o a una remuneración por préstamo público. En efecto, la gestión de esos derechos suele encomendarse a entidades de gestión colectiva designadas por la ley, sin que sea necesario que exista una relación contractual entre estas entidades y los titulares. Por lo tanto, todos los titulares de esos derechos se benefician de los ingresos derivados de ellos.
72.      Por otra parte, no todos los titulares obtienen ingresos procedentes de sus derechos de manera permanente. Pues bien, el beneficio de los servicios culturales que presta una entidad de gestión colectiva no coincide necesariamente en el tiempo con la obtención de esos ingresos. En consecuencia, sería a la vez injusto e imposible, en la práctica, supeditar el primero a la segunda.
73.      En cambio, las entidades de gestión colectiva tienen ámbitos de actividad definidos en función del tipo de prestaciones protegidas o de categorías de derechos, como prevé expresamente el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2014/26. Así pues, lógicamente, cuando las disposiciones de esta Directiva aluden a los titulares de derechos, hacen referencia a los titulares de derechos cuya gestión está comprendida en el ámbito de actividad de la entidad de que se trate.
74.      En mi opinión, esa misma regla debería aplicarse a la utilización de los ingresos de derechos para financiar servicios sociales, culturales y educativos. Si el beneficio de estos servicios debiera estar limitado a los titulares de derechos, debería tratarse de los titulares de derechos cuya gestión esté comprendida en el ámbito de actividad de la entidad de que se trata. En efecto, el hecho de que, por ejemplo, una entidad de gestión colectiva de derechos sobre obras literarias utilizara los ingresos procedentes de dichos derechos en beneficio de los titulares de derechos sobre obras musicales implicaría su utilización en beneficio de personas que no son titulares de derechos y la limitación perdería todo sentido.
75.      En caso de que el Tribunal de Justicia no acepte mi propuesta de respuesta a la primera cuestión prejudicial, procedería pues responder a la segunda cuestión prejudicial que los artículos 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26, en relación con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 y con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115, deben interpretarse en el sentido de que los servicios sociales, culturales y educativos que presta una entidad de gestión colectiva y que se financian mediante deducciones aplicadas a los ingresos procedentes del derecho a una compensación equitativa y del derecho a remuneración, mencionados, respectivamente, en estas dos últimas disposiciones, pueden beneficiar a cualquier titular de derechos cuya gestión esté comprendida en el ámbito de actividad de la entidad en cuestión.
Conclusión
76.      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania):
«Los artículos 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, en relación con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a la normativa de un Estado miembro que permite que una entidad de gestión colectiva destine una parte de los ingresos resultantes del derecho a una compensación equitativa y del derecho a remuneración, mencionados, respectivamente, en esas dos últimas disposiciones, a actividades culturales que pueden beneficiar, en su caso, a personas que no son titulares de derechos de autor, siempre que los titulares de derechos reciban, directa o indirectamente, una compensación equitativa y una remuneración adecuada.»
1      Lengua original: francés.
2      Véase, a ese respecto, en particular, Gervais, D., The Cultural Role(s) of Collective Management Organizations, European Intellectual Property Review, 2018, n.º 6, pp. 349 a 356 y la bibliografía citada.
3      DO 2001, L 167, p. 10.
4      DO 2006, L 376, p. 28.
5      DO 2014, L 84, p. 72.
6      BGBl. 1965 I, p. 1294.
7      BGBl. 2016 I, p. 1190.
8      Al haber comprobado que no se había practicado ninguna deducción en los ingresos adeudados a TL.
9      Véase Melichar, F., Deductions Made by Collecting Societies for Social and Cultural Purposes in the Light of International Copyright Law, International Review of Industrial Property and Copyright Law, 1991, n.º 1, p. 47.
10      En otro orden de cosas, es preciso señalar que tales entidades también suelen intervenir en la lucha contra las infracciones a los derechos de autor.
11      Véase, en particular, Ficsor, M., Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO Publication n.º 855E/22, Ginebra, 2022, pp. 225 y 226.
12      Ficsor, M., Collective Management of Copyright and Related Rights, op. cit., p. 228.
13      Esta disposición enumera las decisiones reservadas a la asamblea general de miembros de la entidad de gestión colectiva.
14      Véase el apartado 25 de las presentes conclusiones.
15      El subrayado es mío.
16      Véase, en particular, Vivant, M., Bruguière, J.-M., Droits d’auteur et droits voisins, Dalloz, París, 2016, pp. 548 y ss.
17      Véase, en particular, la sentencia de 11 de julio de 2013, Amazon.com International Sales y otros (C‑521/11, en lo sucesivo, «sentencia Amazon», EU:C:2013:515), apartado 23 y jurisprudencia citada.
18      Procede señalar que, si se produce ese pago, ya no se trataría de una compensación derivada de una excepción sino de un uso retribuido de prestaciones protegidas. En efecto, la razón de ser de la excepción de copia privada radica en la dificultad a la que se enfrentan los titulares de derechos para controlar el uso de las prestaciones protegidas en la esfera privada del público y percibir una remuneración por este concepto.
19      Sentencia Amazon, apartados 24 y 25.
20      Sentencia Amazon, apartado 28.
21      Sentencia Amazon, apartados 49 a 55.
22      Sentencia Amazon, apartado 20.
23      Debido a que existían pocas posibilidades para utilizarlos de otra manera.
24      Véase, en ese sentido, la sentencia Amazon, apartados 41 y 42 y jurisprudencia citada.
25      Sentencia Amazon, apartado 51.
26      (C‑572/13, EU:C:2015:750), apartados 85 y 86. Cabe recordar que el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 establece la excepción denominada «de reprografía», que también da lugar a una compensación equitativa.
27      Sentencia de 12 de noviembre de 2015, Hewlett-Packard Belgium (C‑572/13, EU:C:2015:750), apartado 84.
28      El término «préstamo» se define en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/115 como «[la] puesta a disposición [de objetos], para su uso, por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de entidades accesibles al público».
29      En relación con el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO 1992, L 346, p. 61), derogada y sustituida por la Directiva 2006/115.
30      Sentencia de 30 de junio de 2011, VEWA (C‑271/10, en lo sucesivo, «sentencia VEWA», EU:C:2011:442), apartado 29.
31      Sentencia VEWA, apartado 23.
32      Sentencia VEWA, apartado 33.
33      Sentencia VEWA, apartado 36.
34      Sentencia VEWA, apartados 37 a 39.
35      Sentencia VEWA, apartado 34.
36      Véase el punto 44 de las presentes conclusiones.