61976J0011
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 7 de febrero de 1979 (
*1
)
En el asunto 11/76,
Gobierno del Reino de los Países Bajos, representado por el Sr. A. Bos, Consejero Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la Embajada de los Países Bajos, 5, rue C.M. Spoo,
parte demandante,
contra
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por sus Consejeros Jurídicos, Sres. R. Baeyens y G. zur Hausen, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de su Consejero Jurídico Sr. Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
parte demandada,
que tiene por objeto la anulación de las Decisiones de la Comisión 76/145/CEE y 76/151/CEE, de 2 de diciembre de 1975, relativas a la liquidación de las cuentas presentadas por el Reino de los Países Bajos en concepto de gastos correspondientes a los ejercicios 1971 y 1972, financiadas por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), Sección Garantía (DO 1976, L 27, pp. 11 y 23), por cuanto la Comisión no reconoció con cargo al FEOGA el importe de 590.072,67 HFL relativo a la liberación de las fianzas constituidas para garantizar la exportación, dentro de un plazo determinado, de mantequilla de intervención vendida a precio reducido en 1971, el importe de968.643,33 HFL relativo a la concesión de restituciones a la exportación de lactoalbúmina en 1971 y el importe de 12.148,73 HFL relativo a la concesión de idénticas restituciones en 1972,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; J. Mertens de Wilmars y A.J. Mackenzie Stuart, Presidentes de Sala; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe y G. Bosco, Jueces;
Abogado General: Sr. F. Capotorti;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
1
Considerando que, mediante recurso presentado el 2 de febrero de 1976, el Gobierno de los Países Bajos solicitó, con arreglo a los párrafos primero y tercero del artículo 173 del Tratado CEE, la anulación parcial de las Decisiones de la Comisión 76/145/CEE y 76/151/CEE, de 2 de diciembre de 1975, relativas a la liquidación de cuentas en concepto de gastos correspondientes a los ejercicios 1971 y 1972 financiados por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (DO 1976, L 27, pp. 11 y 23);
2
que el Gobierno demandante imputa a la Comisión no haber aceptado con cargo al FEOGA un importe de 590.072,67 HFL relativo a la liberación de las fianzas constituidas para garantizar la exportación, dentro del plazo fijado, de mantequilla de intervención vendida a precio reducido en 1971, y dos importes de 968.643,33 y de 12.148,73 HFL relativos a la concesión de restituciones a la exportación de lactoalbúmina en 1971 y 1972 respectivamente.
3
Considerando que, al impugnar la legalidad de las Decisiones adoptadas por la Comisión, el Gobierno demandante alega, además de las disposiciones de los Reglamentos específicos aplicables a los productos de que se trata, determinadas normas contenidas en el Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la Política Agrícola Común (DO L 94, p. 13; EE 03/03, p. 220), y, en particular, el párrafo primero del apartado 2 del artículo 8, redactado en estos términos:
«A falta de una recuperación total, las consecuencias financieras de las irregularidades o de las negligencias serán costeadas por la Comunidad, salvo las que resulten de irregularidades o negligencias imputables a las administraciones u organismos de los Estados miembros»;
4
que dicho Gobierno alega que debe interpretarse esta disposición en el sentido de que la Comunidad debe soportar las consecuencias financieras de la aplicación errónea de una disposición comunitaria por una autoridad nacional en todos los casos en que el error cometido no sea imputable a las administraciones u organismos del Estado miembro interesado, sino que resulte de una interpretación que se haya hecho de buena fe, aunque sea objetivamente incorrecta;
que, en efecto, al establecer que las consecuencias financieras de las irregularidades o negligencias, salvo las imputables a los Estados miembros, sean costeadas por la Comunidad, el apartado 2 del artículo 8 significa, según el Gobierno demandante, que un Estado miembro sólo está obligado a soportar las consecuencias financieras en los casos en que la aplicación errónea de una disposición comunitaria se deba al comportamiento indebido de un servicio u organismo nacional;
5
que la Comisión, por el contrario, niega la pertinencia del apartado 2 del artículo 8 para resolver los problemas controvertidos, alegando que esta disposición se refiere a las irregularidades y negligencias imputables a los particulares como beneficiarios de los gastos del FEOGA y sólo contempla las imputables a los Estados miembros en el supuesto excepcional de que dichas irregularidades o negligencias hayan sido cometidas por los funcionarios públicos incumpliendo sus deberes;
que, no obstante, la Comisión reconoce que, en virtud de los principios generales del Derecho, corresponde a la Comunidad soportar las consecuencias financieras de una aplicación errónea del Derecho comunitario, cuando ésta pueda imputarse a una Institución de la Comunidad.
6
Considerando que el texto del artículo 8 en sus distintas versiones lingüísticas, a la luz de la génesis de la disposición y de los trabajos preparatorios en los que las partes han basado sus alegaciones durante el procedimiento, contiene demasiados elementos contradictorios y equívocos para dar respuesta a las cuestiones controvertidas;
que a efectos de la interpretación de la disposición procede, pues, considerar el contexto en el que se encuentra y el objetivo perseguido por la normativa de que se trata;
7
que, a este respecto, es importante señalar, en primer lugar, que el artículo 8 define los principios según los cuales la Comunidad y los Estados miembros deben organizar la lucha contra el fraude y las demás irregularidades en relación con las operaciones financiadas por el FEOGA;
que prevé tanto medidas destinadas a recuperar los importes indebidamente pagados como la persecución de los responsables, por procedimientos administrativos y judiciales;
8
que, en caso de aplicación objetivamente errónea del Derecho comunitario, basada en una interpretación de buena fe por las autoridades nacionales, por regla general ya no será posible recuperar, ni conforme al Derecho comunitario ni conforme a la mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales, las sumas indebidamente pagadas a los beneficiarios, así como tampoco será posible iniciar diligencias administrativas o judiciales contra los responsables;
que de ello se deriva que esta situación no puede estar comprendida en el artículo 8, sino que, por el contrario, debe apreciarse a la luz de las disposiciones generales de los artículos 2 y 3 del mismo Reglamento, a tenor de los cuales el FEOGA financiará las restituciones concedidas y las intervenciones emprendidas «según las normas comunitarias» en el marco de la organización común de los mercados agrícolas;
que estas disposiciones sólo permiten a la Comisión imputar al FEOGA los importes pagados de acuerdo con las normas establecidas en los diferentes sectores de los productos agrícolas, corriendo por cuenta de los Estados miembros cualquier otro importe pagado, en particular los importes que las autoridades nacionales hayan pagado por considerarse erróneamente autorizadas para ello en el marco de la organización común de mercados;
9
que esta interpretación estricta de los requisitos de financiación de gastos por el FEOGA se impone, además, por razón de la finalidad del Reglamento no 729/70;
que, efectivamente, la gestión de la Política Agrícola Común en condiciones de igualdad entre los operadores económicos de los Estados miembros se opone a que las autoridades nacionales de un Estado miembro, interpretando en sentido amplio una disposición determinada, favorezcan a los operadores de dicho Estado en detrimento de los de otros Estados miembros en los que se aplica una interpretación más estricta;
que semejante distorsión de la competencia entre los Estados miembros, caso de producirse a pesar de los medios disponibles para asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario en el conjunto de la Comunidad, no puede ser financiada por el FEOGA, sino que, en todo caso, debe quedar a cargo del Estado miembro interesado;
que procede, pues, concluir que las disposiciones del artículo 8 del Reglamento no 729/70 no son aplicables a las operaciones en litigio.
10
Considerando que el Gobierno demandante alega, además, que no pueden imputarse los gastos a la Comunidad o a un Estado miembro en el momento de la liquidación de las cuentas de los servicios y organismos nacionales con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento no 729/70, sino que debe decidirse siguiendo un procedimiento distinto;
que, a este respecto, dicho Gobierno se remite a una declaración común del Consejo y de la Comisión que consta en el acta de la reunión del Consejo de 8 de diciembre de 1971;
que de esta declaración se desprende que si la Comisión considera en contra del parecer del Estado miembro interesado, que la Comunidad no debe soportar las consecuencias financieras de irregularidades o negligencias, se pondrá en contacto con dicho Estado miembro y procederá después a un intercambio de puntos de vista en el seno del Comité del Fondo contemplado en el artículo 11 del Reglamento no 729/70;
que, además, de la declaración resulta que la Comisión, basándose en la experiencia adquirida, informará al Consejo y propondrá, en su caso, las soluciones que éste deba adoptar para resolver las discrepancias de esta naturaleza.
11
Considerando que procede señalar que esta declaración se adoptó con motivo del Reglamento (CEE) no 283/72 del Consejo, de 7 de febrero de 1972 (DO L 36, p. 1; EE 03/05, p. 161), adoptado con arreglo al artículo 8 del Reglamento no 729/70, y que su ámbito de aplicación se limita, por consiguiente, a las consecuencias financieras de las irregularidades y negligencias contempladas en este artículo, que en el presente caso no se cuestiona;
12
que, por otra parte, consta que el Derecho comunitario no ha establecido hasta la fecha ningún procedimiento específico de imputación de gastos para resolver las discrepancias que surjan entre la Comunidad y los Estados miembros;
que, de este modo, la liquidación de cuentas efectuada por la Comisión implica necesariamente la imputación de las cargas bien a la Comisión, bien al Estado miembro interesado;
13
que del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento no 729/70 resulta que la Comisión adopta su Decisión previa consulta al Comité del Fondo citado en el artículo 11, sin que sea aplicable, sin embargo, el procedimiento especial previsto en el artículo 13;
que consta que en el presente caso se consultó al Comité del Fondo, después de que se informara al Gobierno demandante de las partidas que la Comisión había considerado no poder imputar al FEOGA y que el Comité tuvo oportunidad de dar a conocer su postura al respecto;
14
que de cuanto precede resulta que no puede acogerse el motivo basado en la pretendida inobservancia de los procedimientos establecidos.
15
Considerando que, por consiguiente, es preciso examinar, por lo que respecta a cada una de las partidas controvertidas, si los gastos que la Comisión se negó a imputar al FEOGA fueron efectuados con arreglo a las disposiciones comunitarias aplicables al sector afectado.
Venta a precio reducido de mantequilla procedente de existencias públicas destinada a la exportación
16
Considerando que algunos importes que la Comisión se negó a imputar al FEOGA constituyen gastos efectuados por el Gobierno demandante en concepto de venta a precio reducido de mantequilla procedente de existencias públicas con arreglo al Reglamento (CEE) no 1308/68 de la Comisión, de 28 de agosto de 1968 (DO L 214, p. 10).
Considerando que, a tenor del artículo 3 del Reglamento, la mantequilla objeto de esta operación debía exportarse en un plazo de treinta días «después de su venta» por el organismo de intervención, requisito cuyo cumplimiento quedaba garantizado por la constitución de una fianza con arreglo al artículo 4;
que el Reglamento no 1308/68 fue derogado por el artículo 5 del Reglamento (CEE) no 1893/70 de la Comisión, de 18 de septiembre de 1970, relativo a la venta de mantequilla procedente de existencias públicas (DO L 208, p. 13), aunque sigue siendo aplicable a la mantequilla vendida al amparo del Reglamento derogado;
17
que el Gobierno demandante pretende que es aplicable el precio reducido y que se cumple el requisito del artículo 3, en caso de que el contrato de venta se haya celebrado bajo el régimen del Reglamento derogado y se haya exportado la mantequilla en el plazo de treinta días a partir de la salida del almacén, aunque ésta tuviera lugar después del 22 de septiembre de 1970, fecha de entrada en vigor del Reglamento no 1893/70;
que, por el contrario, la Comisión considera que el plazo de treinta días previsto en el artículo 3 debe calcularse a partir de la celebración del contrato de venta y no a partir de la salida de la mantequilla del almacén;
18
que en apoyo de la interpretación defendida por el Gobierno demandante se alega, en particular, por un lado, que sólo esta interpretación permitiría que las ventas a plazo y las ventas efectuadas en períodos de cierta duración se beneficiaran de los precios reducidos y, por otro, que no daría lugar a abusos, dado que excluiría la utilización no autorizada de la mantequilla mientras ésta se encontrase en el almacén del organismo de intervención.
19
Considerando, no obstante, que en el contexto del Reglamento de que se trata nada autoriza a dar al término «vendida», empleado en el artículo 3, un sentido distinto del que posee en el lenguaje jurídico ordinario y que corresponde, además, al que este término posee en otras disposiciones del Reglamento;
20
que, por consiguiente, el plazo de treinta días previsto en el artículo 3 debe calcularse a partir de la fecha de celebración del contrato de venta y no de la fecha en que la mantequilla salió del almacén;
21
que, dado que los gastos considerados por este concepto no se efectuaron con arreglo al Derecho comunitario, está justificada la negativa de la Comisión a que se costeen con cargo al FEOGA.
Restituciones a la exportación de lactoalbúmina
22
Considerando que las partidas en litigio relativas a las restituciones a la exportación de lactoalbúmina se refieren a restituciones pagadas por el organismo neerlandés competente basándose en disposiciones reglamentarias comunitarias que prevén la concesión de restituciones a la exportación de ovoalbúmina, por una lado, y la aplicación de un método idéntico de cálculo para la ovoalbúmina y la lactoalbúmina, por otro;
23
que las disposiciones de que se trata, como declaró este Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de diciembre de 1973, Hollandse Melksuikerfabriek (150/73, Rec. p. 1633), no debían interpretarse a la exportación de ovoalbúmina, producto comprendido en el sector de los huevos, se aplicaran a la lactoalbúmina, producto comprendido en el sector de la leche y de los productos lácteos, a falta de una disposición especial adoptada en el marco de la organización común del mercado en este último sector;
24
que el Gobierno demandante, aun reconociendo que la interpretación hecha por las autoridades neerlandesas era objetivamente errónea, pretende, no obstante, que no ha cometido en este caso ningún acto lesivo que le sea imputable.
25
Considerando que de la interpretación del Reglamento no 729/70 que se ha admitido anteriormente resulta que la Comisión sólo estaba obligada a asumir los gastos de que se trata si la aplicación errónea del Derecho comunitario pudiera atribuirse a una Institución de la Comunidad;
26
que, aun admitiendo que las disposiciones relativas a las restituciones de que se trata pudieran suscitar dudas sobre su alcance exacto, ninguno de los elementos aportados por las partes durante el procedimiento, incluidas, en particular, las deliberaciones del Comité de Gestión competente, permite declarar que la interpretación errónea de las disposiciones sea imputable al comportamiento de la Comisión;
27
que, en consecuencia, está justificada la negativa de la Comisión a imputar al FEOGA los importes considerados por este concepto;
28
que, por consiguiente, debe desestimarse el recurso en su totalidad.
Costas
29
Considerando que a tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado;
30
que han sido desestimados los motivos formulados por el Gobierno demandante;
que procede, pues, condenarle en costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas al Gobierno demandante.
Kutscher
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de febrero de 1979.
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
H. Kutscher
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.