62018CJ0542_RES
Asuntos acumulados C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II
Erik SimpsoncontraConsejo de la Unión Europea
y
HGcontraComisión Europea
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de marzo de 2020
«Reexamen de las sentencias del Tribunal General Simpson/Consejo (T‑646/16 P) y HG/Comisión (T‑693/16 P) — Función pública — Composición de la Sala que dictó las sentencias en primera instancia — Procedimiento de nombramiento de un juez del Tribunal de la Función Pública — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Tribunal establecido por la ley — Control incidental de legalidad — Vulneración de la unidad y la coherencia del Derecho de la Unión»
Derecho de la Unión Europea — Principios — Derechos fundamentales — Respeto garantizado por el juez de la Unión — Principio del juez predeterminado por la ley — Irregularidad en el procedimiento de nombramiento de un juez del Tribunal de la Función Pública — Examen de oficio por el juez de la Unión
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 55 a 58)
Tribunal de la Función Pública — Procedimiento de nombramiento de un juez de dicho Tribunal — Facultad de apreciación del Consejo — Límites — Cumplimiento de los requisitos establecidos por la convocatoria pública de candidaturas y de las normas de procedimiento adoptadas para el ejercicio de la facultad de apreciación
(Art. 257 TFUE, párr. 4; Estatuto del Tribunal de Justicia, anexo I, art. 3)
(véanse los apartados 61 y 68)
Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho a la tutela judicial efectiva — Principio de independencia judicial — Alcance
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47, párr. 2)
(véanse los apartados 71, 73, 74 y 80)
Derechos fundamentales — Derecho a la tutela judicial efectiva — Consagración en los artículos 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 6, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos — Sentido y alcance idénticos — Nivel de protección garantizado por la Carta que respeta el nivel de protección garantizado por dicho Convenio
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 47, párr. 2, 52, ap. 3, y 53)
(véase el apartado 72)
Derecho de la Unión Europea — Principios — Derechos fundamentales — Respeto garantizado por el juez de la Unión — Principio del juez predeterminado por la ley — Irregularidad en el procedimiento de nombramiento de un juez del Tribunal de la Función Pública — Violación de dicho principio — Inexistencia
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47, párr. 2)
(véanse los apartados 75, 77 a 79 y 81 a 83)
Reexamen — Comprobación de que existe una vulneración de la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión — Criterios de apreciación — Consecuencias que deben derivarse de ello — Anulación de la sentencia y remisión del asunto al órgano jurisdiccional de casación
(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 62 ter, párr. 1)
(véanse los apartados 84 a 87, 89 y 90)
Resumen
En su sentencia de 26 de marzo de 2020, Reexamen Simpson/Consejo y HG/Comisión (asuntos acumulados C‑542/18 RX II y C‑543/18 RX II), el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, procedió al reexamen (
1
) de las sentencias del Tribunal General de 19 de julio de 2018, Simpson/Consejo (T‑646/16 P) y HG/Comisión (T‑693/16 P) (
2
) (en lo sucesivo, «sentencias sometidas a reexamen»). El Tribunal de Justicia dictaminó que el Tribunal General, al considerar que la irregularidad que afectaba al procedimiento de nombramiento de un juez del Tribunal de la Función Pública entrañaba la violación del principio de juez predeterminado por la ley, (
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) vulneró la unidad y la coherencia del Derecho de la Unión. Al mismo tiempo que reconocía la existencia de una irregularidad en el procedimiento de nombramiento en cuestión, el Tribunal de Justicia consideró que esta irregularidad no justificaba por sí sola la anulación de las decisiones adoptadas por la Sala del Tribunal de la Función Pública a la que fue adscrito el juez afectado. Las sentencias sometidas a reexamen fueron anuladas y los asuntos devueltos al Tribunal General.
En el presente asunto, y dado que iban a expirar los mandatos de dos jueces del Tribunal de la Función Pública, los Sres. Van Raepenbusch y Kreppel, el 3 de diciembre de 2013, se había publicado una convocatoria pública de candidaturas. Tras esta convocatoria, el comité de selección (
4
) había establecido una lista de seis candidatos. No se había publicado ninguna convocatoria pública de candidaturas en vista de la expiración del mandato de un tercer juez del Tribunal de la Función Pública, la Sra. Rofes i Pujol.
El 22 de marzo de 2016, el Consejo de la Unión Europea nombró tres jueces del Tribunal de la Función Pública: los Sres. Van Raepenbusch, Sant’Anna y Kornezov. Para el nombramiento de estos tres puestos de jueces, el Consejo utilizó la lista de candidatos establecida a raíz de la convocatoria pública de candidaturas de 3 de diciembre de 2013, incluido el nombramiento para el puesto vacante ocupado anteriormente por la Sra. Rofes i Pujol (en lo sucesivo, «tercer puesto»), a pesar de que dicha convocatoria pública de candidaturas no tenía por objeto la provisión de ese puesto. Los Sres. Sant’Anna y Kornezov fueron adscritos a la Sala Segunda del Tribunal de la Función Pública para el período comprendido entre el 14 de abril y el 31 de agosto de 2016.
Tras la interposición de recursos de casación ante el Tribunal General, dos decisiones de la Sala Segunda del Tribunal de la Función Pública (
5
) (en lo sucesivo, «decisiones impugnadas») fueron anuladas mediante las sentencias sometidas a reexamen por el motivo de que la Sala no se había constituido de manera regular. Mediante decisiones de 17 de septiembre de 2018, (
6
) la Sala de Reexamen del Tribunal de Justicia consideró que procedía llevar a cabo el reexamen de las sentencias de que se trata para determinar si vulneran la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión.
En primer lugar, el Tribunal de Justicia precisó que el motivo basado en la irregularidad de la composición de la Sala que dictó las decisiones impugnadas debía examinarse de oficio por el Tribunal General. En efecto, las garantías de acceso a un tribunal independiente, imparcial y predeterminado por la ley, y, en particular, las que determinan tanto el concepto como la composición de este, constituyen la piedra angular del derecho a un proceso justo. Este implica que todo órgano jurisdiccional está obligado a verificar si, por su composición, es un tribunal que tiene dichas características cuando surja sobre este punto una duda fundada. Pues bien, tal duda existía efectivamente en el presente asunto por cuanto la irregularidad de la Sala había sido constatada en una sentencia anterior del Tribunal General. (
7
) De ello se deduce que el Tribunal General no incurrió en ningún error al examinar de oficio la regularidad de esta composición en las sentencias sometidas a reexamen.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia constató que la irregularidad en el procedimiento de nombramiento resultaba exclusivamente de la inobservancia, por parte del Consejo, de la convocatoria pública de candidaturas de 3 de diciembre de 2013. A este respecto, el Tribunal de Justicia confirmó que el Consejo había conculcado el marco legal que se había fijado él mismo al publicar dicha convocatoria y que estaba obligado a respetar. Sin embargo, la utilización de esa lista para el nombramiento correspondiente al tercer puesto parece haber sido, en todos los demás aspectos, conforme a las normas que regulan el procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal de la Función Pública. En particular, la lista en cuestión contenía en efecto un número de candidatos equivalente al doble del número de jueces que fueron nombrados sobre la base de dicha lista. Además, ningún elemento permite poner en duda la observancia de la exigencia de que los jueces del Tribunal de la Función Pública debían ser elegidos entre personas que ofrecieran todas las garantías de independencia y que poseyeran la capacidad necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales ni la exigencia de que la lista debía indicar los candidatos que poseyeran la experiencia de alto nivel más oportuna. Además, la irregularidad en cuestión no permite en absoluto considerar que el nombramiento del juez para el tercer puesto hubiera abocado a una composición no equilibrada del Tribunal de la Función Pública en términos de distribución geográfica o de representación de los sistemas jurídicos nacionales en el seno del Tribunal de la Función Pública.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia declaró que dicha irregularidad no constituye una violación del principio del juez predeterminado por la ley previsto en el artículo 47, párrafo segundo, primera frase, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En efecto, una irregularidad cometida con ocasión del nombramiento de los jueces en el seno del sistema judicial de que se trate supone la violación de este principio, en particular, cuando esta irregularidad es de tal naturaleza y gravedad que crea un riesgo real de que otras ramas del poder, en particular el ejecutivo, puedan ejercer una potestad discrecional indebida que ponga en peligro la integridad del resultado al que conduce el proceso de nombramiento y originando así una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia y la imparcialidad del juez o de los jueces afectados.
Pues bien, el nombramiento de un juez para el tercer puesto se efectuó cumpliendo las normas fundamentales para el nombramiento de jueces del Tribunal de la Función Pública. En este contexto, la mera circunstancia de que el Consejo recurriera a la lista establecida tras la convocatoria pública de candidaturas de 3 de diciembre de 2013 para proveer el tercer puesto no basta para acreditar la existencia de la violación de una norma fundamental del procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal de la Función Pública de tal naturaleza y gravedad que creara un riesgo real de que el Consejo hiciera un uso injustificado de sus potestades poniendo en peligro la integridad del resultado al que conduce el proceso de nombramiento y originando así una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia y a la imparcialidad del juez nombrado para el tercer puesto o incluso de la Sala a la que este fue adscrito. Por consiguiente, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al anular las decisiones impugnadas sobre la base únicamente de la irregularidad cometida en el procedimiento de nombramiento en cuestión.
En cuarto y último lugar, el Tribunal de Justicia declaró que el error de Derecho de que adolecen las sentencias sometidas a reexamen vulnera la unidad y la coherencia del Derecho de la Unión. En efecto, dichas sentencias pueden constituir precedentes que pueden repercutir en otros asuntos que pongan en cuestión el nombramiento de un miembro de una Sala y, más en general, el derecho a un tribunal independiente, imparcial y establecido previamente por la ley. Pues bien, dicho derecho reviste un carácter fundamental y transversal en el ordenamiento jurídico de la Unión, cuya interpretación y coherencia debe garantizar el Tribunal de Justicia.
(
1
)	A propuesta del primer Abogado General, las resoluciones dictadas por el Tribunal General sobre un recurso de casación interpuesto contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública podrán ser examinadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión. El procedimiento de reexamen está previsto en el artículo 256 TFUE, apartado 2, y en los artículos 62 y siguientes del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
(
2
)	Sentencias del Tribunal General de 19 de julio de 2018, Simpson/Consejo (T‑646/16 P, no publicada, EU:T:2018:493), y HG/Comisión (T‑693/16 P, no publicada, EU:T:2018:492).
(
3
)	El principio del juez predeterminado por la ley está consagrado en el artículo 47, párrafo segundo, primera frase, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este artículo dispone que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley.
(
4
)	El comité de selección es el comité mencionado en el artículo 3, apartado 3, del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su función era emitir un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez del Tribunal de la Función Pública y acompañar dicho dictamen de una lista de los candidatos que poseyeran la experiencia de alto nivel más oportuna.
(
5
)	Auto del Tribunal de la Función Pública de 24 de junio de 2016, Simpson/Consejo (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), y sentencia del Tribunal de la Función Pública de 19 de julio de 2016, HG/Comisión (F‑149/15, EU:F:2016:155).
(
6
)	Decisiones del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2018, Reexamen Simpson/Consejo (C‑542/18 RX, EU:C:2018:763) y Reexamen HG/Comisión (C‑543/18 RX, EU:C:2018:764).
(
7
)	Sentencia del Tribunal General de 23 de enero de 2018, FV/Consejo (T‑639/16 P, EU:T:2018:22).