62023CO0639(01)
AUTO DEL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 27 de marzo de 2024 (
*1
)
«Recurso de casación — Procedimiento sobre medidas provisionales — Aproximación de las legislaciones — Reglamento (UE) 2022/2065 — Mercado único de servicios digitales — Transparencia reforzada de la publicidad en línea — Decisión por la que se designa una plataforma en línea de muy gran tamaño — Recurso de anulación»
En el asunto C‑639/23 P(R),
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 57, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 24 de octubre de 2023,
Comisión Europea, representada por la Sra. L. Armati y los Sres. A. de Gregorio Merino y P.‑J. Loewenthal, en calidad de agentes,
parte recurrente,
apoyada por:
Parlamento Europeo, representado por el Sr. M. Menegatti y las Sras. E. Ni Chaoimh y L. Taïeb, en calidad de agentes,
Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. N. Brzezinski, M. Moore y E. Sitbon, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes en casación,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Amazon Services Europe Sàrl, con domicilio social en Luxemburgo (Luxemburgo), representada por los Sres. A. Conrad y M. Frank, Rechtsanwälte, el Sr. I. Ioannidis, dikigoros, y el Sr. R. Spanó, avocat,
parte demandante en primera instancia,
EL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
oído el Abogado General, Sr. M. Szpunar;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso de casación, la Comisión Europea solicita la anulación del auto del Presidente del Tribunal General de 27 de septiembre de 2023, Amazon Services Europe/Comisión (T‑367/23 R, en lo sucesivo, auto recurrido, EU:T:2023:589), por el que el Tribunal General, por una parte, ordenó suspender la ejecución de la Decisión C(2023) 2746 final de la Comisión, de 25 de abril de 2023, por la que se designa a Amazon Store como plataforma en línea de muy gran tamaño (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), con arreglo al artículo 33, apartado 4, del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de servicios digitales) (DO 2022, L 277, p. 1), en la medida en que dicha Decisión impone a Amazon Services Europe Sàrl (en lo sucesivo, «Amazon») la obligación de hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 del citado Reglamento, sin perjuicio de la obligación de Amazon de recopilar ese repositorio, y, por otra parte, desestimó en todo lo demás la demanda de medidas provisionales presentada por Amazon.
Marco jurídico
Directiva 2000/31/CE
2
La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO 2000, L 178, p. 1), dispone lo siguiente en su artículo 6, letra b):
«Además de otros requisitos en materia de información establecidos en el Derecho comunitario, los Estados miembros garantizarán que las comunicaciones comerciales que forman parte o constituyen un servicio de la sociedad de la información cumplan al menos las condiciones siguientes:
[…]
b)
será claramente identificable la persona física o jurídica en nombre de la cual se hagan dichas comunicaciones comerciales».
Directiva 2005/29/CE
3
La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22), establece lo siguiente en su artículo 5, apartados 1, 2 y 5:
1.   Se prohibirán las prácticas comerciales desleales.
2.   Una práctica comercial será desleal si:
a)
es contraria a los requisitos de la diligencia profesional,
y
b)
distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.
[…]
5.   En el anexo I figura una lista de las prácticas comerciales que se considerarán desleales en cualquier circunstancia. La misma lista única se aplicará en todos los Estados miembros y solo podrá modificarse mediante una revisión de la presente Directiva.»
4
Según el anexo I de dicha Directiva, son prácticas comerciales que se consideran desleales en cualquier circunstancia, en particular, las prácticas comerciales engañosas. En virtud del punto 11 del citado anexo, constituye una práctica comercial engañosa el hecho de «recurrir a un contenido editorial en los medios de comunicación para promocionar un producto, pagando el comerciante por dicha promoción, pero sin que ello quede claramente especificado en el contenido o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor (publirreportajes)».
Reglamento (UE) 2016/679
5
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1), preceptúa, en su artículo 15, apartado 1, letras b) y h):
«El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:
[…]
b)
las categorías de datos personales de que se trate;
[…]
h)
la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.»
Reglamento (UE) 2019/1150
6
El artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (DO 2019, L 186, p. 57), tiene el siguiente tenor:
«Los proveedores de servicios de intermediación en línea señalarán en sus condiciones generales los parámetros principales que rigen la clasificación y los motivos por lo que aquellos cuentan con una importancia relativa superior a la de otros parámetros.»
Reglamento 2022/2065
7
Los considerandos 75, 76, 95 y 155 del Reglamento 2022/2065 están redactados en los siguientes términos:
«(75)
Dada la importancia que por su alcance tienen las plataformas en línea de muy gran tamaño, en particular como se refleja en el número de destinatarios del servicio, para facilitar el debate público, las transacciones económicas y la difusión al público de información, opiniones e ideas y para influir en la forma en que los destinatarios obtienen y comunican información en línea, es necesario imponer obligaciones específicas a los prestadores de esas plataformas, además de las obligaciones aplicables a todas las plataformas en línea. […]
(76)
Las plataformas en línea de muy gran tamaño y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño pueden entrañar riesgos para la sociedad, de distinto alcance y repercusión que los generados por plataformas más pequeñas. Los prestadores de dichas plataformas en línea de muy gran tamaño y de motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño han de cumplir, por tanto, las obligaciones de diligencia debida más exigentes, proporcionadas en relación con su impacto social. […]
[…]
(95)
Los sistemas publicitarios utilizados por las plataformas en línea de muy gran tamaño y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño entrañan especiales riesgos y requieren supervisión pública y reguladora adicional debido a su escala y capacidad para dirigirse y llegar a los destinatarios del servicio en función de su comportamiento dentro y fuera de la interfaz en línea de dicha plataforma o motor de búsqueda. […]
[…]
(155)
Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior y garantizar un entorno en línea seguro, predecible y fiable en el que los derechos fundamentales amparados por la Carta [de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»)] estén debidamente protegidos, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros porque no pueden conseguir la armonización y cooperación necesarias actuando por sí solos, sino que, debido a su ámbito de aplicación territorial y personal, pueden lograrse mejor a escala de la Unión [Europea], esta puede adoptar medidas […]».
8
El artículo 26, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento preceptúa lo siguiente:
«Los prestadores de plataformas en línea que presenten anuncios publicitarios en sus interfaces en línea se asegurarán de que, por cada anuncio publicitario concreto presentado a cada destinatario específico, los destinatarios del servicio sean capaces de identificar, de manera clara, concisa e inequívoca y en tiempo real, lo siguiente:
[…]
b)
la persona física o jurídica en cuyo nombre se presenta el anuncio publicitario;
c)
la persona física o jurídica que ha pagado por el anuncio publicitario, si es diferente de la persona física o jurídica a que se refiere la letra b);
d)
información significativa accesible directa y fácilmente desde el anuncio acerca de los principales parámetros utilizados para determinar el destinatario a quien se presenta el anuncio publicitario y, en su caso, acerca de cómo cambiar esos parámetros.»
9
En virtud del artículo 33, apartados 1 y 4, del citado Reglamento:
«1.   Esta sección se aplicará a las plataformas en línea y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño que tengan un promedio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión igual o superior a cuarenta y cinco millones […].
[…]
4.   La Comisión, previa consulta al Estado miembro de establecimiento o tras tener en cuenta la información facilitada por el coordinador de servicios digitales de establecimiento […] adoptará una decisión por la que se designe como plataforma en línea de muy gran tamaño o como motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño, a efectos del presente Reglamento, a la plataforma en línea o al motor de búsqueda en línea que tenga un promedio mensual de destinatarios del servicio activos igual o superior al número a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. […]»
10
El artículo 38 del mismo Reglamento enuncia lo siguiente:
«[…] Los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño y de motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño que utilicen sistemas de recomendación ofrecerán al menos una opción para cada uno de sus sistemas de recomendación que no se base en la elaboración de perfiles […]»
11
El artículo 39, apartados 1 y 2, del Reglamento 2022/2065 establece:
«1.   Los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño o de motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño que presenten anuncios publicitarios en sus interfaces en línea recopilarán y harán público, en una sección específica de su interfaz en línea, a través de una herramienta de búsqueda fiable que permita realizar consultas en función de múltiples criterios, y mediante interfaces de programación de aplicaciones, un repositorio que contenga la información a que se refiere el apartado 2, durante todo el tiempo en el que presenten un anuncio y hasta un año después de la última vez que se presente el anuncio en sus interfaces en línea. Se asegurarán de que el repositorio no contenga ningún dato personal de los destinatarios del servicio a quienes se haya o se pueda haber presentado el anuncio y harán todos los esfuerzos que resulten razonables para garantizar que la información sea exacta y completa.
2.   El repositorio incluirá al menos toda la información siguiente:
a)
el contenido del anuncio publicitario, incluidos el nombre del producto, servicio o marca y el objeto del anuncio;
b)
la persona física o jurídica en cuyo nombre se presenta el anuncio publicitario;
c)
la persona física o jurídica que ha pagado por el anuncio publicitario, si es diferente de la persona física o jurídica a que se refiere la letra b);
d)
el período durante el que se haya presentado el anuncio;
e)
si el anuncio estaba destinado a presentarse en particular a uno o varios grupos concretos de destinatarios del servicio y, en tal caso, los parámetros principales utilizados para tal fin, incluidos, en su caso, los principales parámetros utilizados para excluir a uno o más de esos grupos concretos;
f)
las comunicaciones comerciales publicadas en las plataformas en línea de muy gran tamaño […];
g)
el número total de destinatarios del servicio alcanzados y, en su caso, el número total desglosado por Estado miembro para el grupo o grupos de destinatarios a quienes el anuncio estuviera específicamente dirigido.»
12
El artículo 92 del citado Reglamento dispone lo siguiente:
«El presente Reglamento se aplicará a los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño y de motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño designados con arreglo al artículo 33, apartado 4, a partir de los cuatro meses siguientes a la notificación al prestador de que se trate […], en caso de que dicha fecha sea anterior al 17 de febrero de 2024.»
13
El artículo 93, apartado 2, del mismo Reglamento establece:
«El presente Reglamento será de aplicación a partir del 17 de febrero de 2024.
No obstante, […] el artículo 33, apartados 3 a 6, […] [será] de aplicación a partir del 16 de noviembre de 2022.»
Antecedentes del litigio
14
Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 2 a 6 del auto recurrido. Por lo que interesa en el presente procedimiento, pueden resumirse como sigue.
15
Amazon pertenece al grupo Amazon, que es un grupo multinacional de empresas. Sus actividades comerciales incluyen la venta minorista en línea y otros servicios, como la computación en la nube y la emisión de contenido digital. Presta a terceros vendedores servicios de mercado que les permiten poner productos a la venta a través de Amazon Store. También apoya a los terceros vendedores, por ejemplo, ofreciéndoles herramientas para ayudarlos a gestionar y desarrollar sus actividades, en particular en Amazon Store.
16
Mediante la Decisión controvertida, la Comisión designó a Amazon Store como plataforma en línea de muy gran tamaño sobre la base del artículo 33, apartado 4, del Reglamento 2022/2065.
Procedimiento ante el Tribunal General y auto recurrido
17
Mediante escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 5 de julio de 2023, Amazon interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de la Decisión controvertida.
18
Mediante escrito separado depositado en la Secretaría del Tribunal General el 6 de julio de 2023, Amazon presentó una demanda de medidas provisionales solicitando, en particular, la suspensión de la ejecución de dicha Decisión hasta que el Tribunal General hubiera dictado una resolución definitiva en el procedimiento principal, en la medida en que esta Decisión impone a Amazon, por una parte, la obligación de ofrecer a los usuarios una opción para cada uno de sus sistemas de recomendación que no se base en la elaboración de perfiles, conforme al artículo 38 del Reglamento 2022/2065, y, por otra parte, la obligación de recopilar y de hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 de dicho Reglamento.
19
Mediante auto de 28 de julio de 2023, Amazon Services Europe/Comisión (T‑367/23 R), adoptado sobre la base del artículo 157, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el Presidente del Tribunal General ordenó suspender la ejecución de la Decisión controvertida hasta la fecha en que se dictara el auto que pusiera fin al procedimiento sobre medidas provisionales incoado ante el Tribunal General.
20
Mediante el auto recurrido, el Presidente del Tribunal General, por una parte, ordenó la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida, en la medida en que esta obliga a Amazon a hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065, sin perjuicio de la obligación de Amazon de recopilar dicho repositorio, y, por otra parte, desestimó en todo lo demás la demanda de medidas provisionales presentada por Amazon.
21
Por lo que respecta, para empezar, al requisito relativo a la urgencia, examinado en los apartados 26 a 69 de dicho auto, el Presidente del Tribunal General consideró, en el apartado 55 de ese mismo auto, que Amazon no había acreditado la existencia de un perjuicio grave e irreparable derivado del cumplimiento por parte de Amazon Store del artículo 38 del Reglamento 2022/2065. En cambio, en los apartados 65 a 69 del referido auto, el Presidente del Tribunal General estimó que se había demostrado de modo suficiente en Derecho que el cumplimiento por parte de Amazon Store del artículo 39 de dicho Reglamento podría ocasionar un perjuicio grave e irreparable a Amazon.
22
Por lo que se refiere, a continuación, al requisito relativo al fumus boni iuris, el Presidente del Tribunal General declaró, en el apartado 79 del mismo auto, que el tercer motivo invocado por Amazon en apoyo de su recurso de anulación de la Decisión controvertida, basado en la ilegalidad del artículo 39 del citado Reglamento, parecía, a primera vista, no carente de fundamento serio y requería, por tanto, un examen más profundo que no puede realizar el juez de medidas provisionales.
23
Por último, el Presidente del Tribunal General consideró, en el apartado 83 del auto recurrido, «que el interés en que se desestime la demanda de medidas provisionales debe ceder ante el interés defendido por [Amazon]».
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
24
Mediante el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 2023, Comisión/Amazon Services Europe [C‑639/23 P(R), EU:C:2023:1006], se admitió la intervención en el presente asunto del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
25
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule el auto recurrido.
–
Resuelva él mismo definitivamente el litigio desestimando la demanda de medidas provisionales y la solicitud de medidas provisionales interlocutorias.
–
Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.
–
Con carácter subsidiario de segundo grado, que modifique el auto recurrido de modo que la obligación de Amazon de hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 se suspenda únicamente respecto de la información mencionada en el artículo 39, apartado 2, letras d) y g), de dicho Reglamento.
–
Condene en costas a Amazon.
26
Amazon solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene a la Comisión a cargar con las costas correspondientes al recurso de casación.
–
En el supuesto de que se estime el recurso de casación, se le conceda un plazo de veintiocho días para cumplir la obligación de hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 de dicho Reglamento.
27
El Parlamento y el Consejo solicitan al Tribunal de Justicia que estime las pretensiones de la Comisión.
Sobre el recurso de casación
28
En apoyo de su recurso de casación, la Comisión invoca cuatro motivos basados, en esencia, el primero de ellos, en un error de Derecho y en una aplicación manifiestamente errónea del requisito relativo al fumus boni iuris; el segundo, en varios vicios de procedimiento y en un error de Derecho y en una aplicación manifiestamente incorrecta del requisito relativo a la urgencia; el tercero, en un error de Derecho y en una aplicación manifiestamente incorrecta del requisito relativo a la ponderación de los intereses en juego, y, el cuarto, en la violación del principio de proporcionalidad.
29
Procede examinar en primer lugar la segunda parte del segundo motivo.
Alegaciones
30
Mediante la segunda parte de su segundo motivo, la Comisión alega que el Presidente del Tribunal General violó el principio de contradicción y, por ende, los artículos 88 y 90 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y el principio de audi alteram parte, al considerar, en el apartado 24 del auto recurrido, que disponía de «todos los elementos necesarios para pronunciarse» sobre la demanda de medidas provisionales, cuando no se había pronunciado sobre la solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento presentada por la Comisión.
31
A este respecto, la Comisión recuerda que, el 28 de julio de 2023, el Presidente del Tribunal General acordó una diligencia de ordenación del procedimiento a raíz de la cual Amazon presentó un extenso escrito en apoyo de su alegación de que la información que el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 le obliga a divulgar es de carácter confidencial. Expone que, en cambio, el Presidente del Tribunal General se negó a estimar la solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento que dicha institución presentó ulteriormente para poder responder a las nuevas alegaciones formuladas por Amazon en el escrito antes mencionado.
32
Aduce que el Presidente del Tribunal General está obligado a respetar el carácter contradictorio del procedimiento y el principio de audi alteram parte cuando examina si es necesario acordar una diligencia de ordenación del procedimiento. En consecuencia, la Comisión considera que debería haber tenido la oportunidad de responder a las alegaciones formuladas por Amazon en el escrito a que se refiere el apartado anterior, máxime cuando, en el caso de autos, la concesión de la suspensión de la ejecución que es objeto del litigio se basa exclusivamente en la alegación, solo expuesta en el referido escrito, de que el hecho de cumplir el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 obliga a Amazon a hacer pública información confidencial. Añade que las consideraciones relativas a la confidencialidad de la información de que se trata, que figuran en los apartados 76 a 78 del auto recurrido, se basan, además, en gran parte, en esas alegaciones.
33
Según la Comisión, el carácter urgente del procedimiento sobre medidas provisionales no justifica que se la prive de su derecho a defenderse y, además, habría podido presentar sus observaciones en un plazo muy breve.
34
Amazon alega que el Presidente del Tribunal General no estaba obligado a estimar la solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento presentada por la Comisión. Sostiene que el principio de contradicción solo prohíbe al juez de la Unión basar su resolución en hechos y documentos sobre los que las partes, o una de ellas, no hayan tenido la oportunidad de pronunciarse. Pues bien, a su parecer, dado que fue invitada a formular observaciones sobre determinados aspectos jurídicos, no se vulneró dicho principio. No existe ningún principio que obligue al Presidente del Tribunal General a conceder a cada una de las partes el mismo número de escritos sobre una cuestión de Derecho.
35
En cualquier caso, alega que la Comisión no demuestra que el Presidente del Tribunal General habría alcanzado una solución diferente si se le hubiera dado la oportunidad de responder a Amazon.
Apreciación
36
Una demanda de medidas provisionales debe permitir, por sí sola, que la parte demandada prepare sus observaciones y que el juez de medidas provisionales se pronuncie sobre la demanda, en su caso, sin otra información en que basarse, pues los elementos esenciales de hecho y de Derecho en las que se basa la demanda de medidas provisionales deben desprenderse de su propio texto [auto de 19 de julio de 2012, Akhras/Consejo, C‑110/12 P(R), EU:C:2012:507, apartado 55 y jurisprudencia citada].
37
Además, habida cuenta de la celeridad que caracteriza, por su naturaleza, al procedimiento de medidas provisionales, es razonable exigir a la parte que solicita las medidas provisionales que, salvo en casos excepcionales, presente desde el momento en que formula su demanda todas las pruebas disponibles en apoyo de esta, a fin de que el juez de medidas provisionales pueda apreciar sobre esa base la procedencia de dicha demanda [auto de 19 de julio de 2012, Akhras/Consejo, C‑110/12 P(R), EU:C:2012:507, apartado 56 y jurisprudencia citada].
38
No obstante, el Presidente del Tribunal General, en su condición de juez de medidas provisionales, está facultado, en virtud del artículo 157, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, para acordar, en su caso, diligencias de ordenación del procedimiento y diligencias de prueba.
39
También se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, a este respecto, el Presidente del Tribunal General debe gozar de un amplio margen de apreciación para valorar si tales medidas son adecuadas [véase, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 1 de diciembre de 2021, Inivos e Inivos/Comisión, C‑471/21 P(R), EU:C:2021:984, apartado 45 y jurisprudencia citada].
40
Sin embargo, debe ejercer la facultad discrecional de que dispone dentro de ciertos límites, ya que el juez de medidas provisionales está obligado, en particular, a respetar el principio de contradicción. En efecto, este principio se aplica a cualquier procedimiento que pueda desembocar en una decisión de una institución de la Unión que afecte sensiblemente a los intereses de alguna persona y, en particular, a los procedimientos seguidos ante los órganos jurisdiccionales de la Unión [véase, en este sentido, el auto de 22 de noviembre de 2018, Hércules Club de Fútbol/Comisión, C‑334/18 P(R), EU:C:2018:952, apartado 47 y jurisprudencia citada].
41
A este respecto, si bien es cierto que el artículo 157, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General permite al Presidente del Tribunal General acordar medidas provisionales incluso antes de que la otra parte haya presentado sus observaciones, esta disposición no puede entenderse en el sentido de que autoriza, con carácter general, al Presidente del Tribunal General a dictar sentencia sin respetar el principio de contradicción. Esta disposición solo prevé un procedimiento excepcional que permite al Presidente del Tribunal General acordar tales medidas con carácter cautelar hasta que se resuelva sobre la demanda de medidas provisionales al término del procedimiento contradictorio exigido por el artículo 157, apartado 1, de dicho Reglamento de Procedimiento [véase, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 28 de septiembre de 2023, Consejo/Mazepin, C‑564/23 P(R), EU:C:2023:727, apartados 60 y 61].
42
Pues bien, el principio de contradicción confiere, en particular, a cada parte en el proceso, cualquiera que sea su condición jurídica, el derecho a conocer y a discutir los documentos y observaciones presentados al juez por la parte contraria. Para cumplir los requisitos vinculados al derecho a un proceso equitativo, es necesario, en efecto, que las partes tengan conocimiento y puedan debatir de forma contradictoria los elementos tanto de hecho como de Derecho decisivos para la resolución del procedimiento (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Comisión, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, apartado 54; de 4 de diciembre de 2019, H/Consejo, C‑413/18 P, EU:C:2019:1044, apartados 103 y 104, y de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartados 58 y 59).
43
En particular, el Tribunal de Justicia ha deducido de estas exigencias, en unos asuntos que no están comprendidos en el ámbito de aplicación del procedimiento sobre medidas provisionales, que si bien el Tribunal General está facultado para formular libremente una pregunta a una parte en el marco definido por su Reglamento de Procedimiento, también tiene la obligación de ofrecer a las demás partes la oportunidad de pronunciarse sobre la respuesta dada a tal pregunta, al menos cuando esa respuesta contenga elementos decisivos para el resultado del litigio de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de diciembre de 2019, H/Consejo, C‑413/18 P, EU:C:2019:1044, apartados 105 a 116, y de 10 de septiembre de 2020, Rumanía/Comisión, C‑498/19 P, EU:C:2020:686, apartados 75 y 76).
44
Esta regla también es aplicable cuando el Presidente del Tribunal General formula una pregunta a una parte con arreglo al artículo 157, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
45
Ciertamente, por una parte, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, habida cuenta de la celeridad que caracteriza, por su naturaleza, al procedimiento de medidas provisionales, el juez de medidas provisionales no está obligado a oír por sistema a la parte demandante sobre toda información facilitada por la parte demandada que pretenda tomar en consideración para pronunciarse sobre la demanda de medidas provisionales [auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 1 de diciembre de 2021, Inivos e Inivos/Comisión, C‑471/21 P(R), EU:C:2021:984, apartado 47].
46
Sin embargo, esta solución resulta de la inexistencia de una norma que disponga la presentación, en principio, de un escrito de réplica y de un escrito de dúplica en los procedimientos sobre medidas provisionales. Por consiguiente, de lo anterior no puede deducirse que, cuando el Presidente del Tribunal General autoriza a la parte demandante a aportar elementos adicionales en apoyo de su demanda de medidas provisionales, la parte demandada no tenga derecho a discutir dichos elementos, aun cuando de las consideraciones que figuran en los apartados 36 y 37 del presente auto se desprende que dicha demanda debe contener todos los elementos necesarios para su resolución y el artículo 157, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General garantiza el derecho de la parte demandada a presentar sus observaciones sobre la referida demanda.
47
Por otra parte, si bien la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia desestimó, en el auto de 17 de diciembre de 2020, Anglo Austrian AAB y Belegging-Maatschappij Far-East/BCE [C‑207/20 P(R), EU:C:2020:1057], la imputación formulada por los recurrentes en ese asunto, basada en una vulneración del derecho a ser oído derivada de la imposibilidad de presentar observaciones sobre una prueba que no estaba disponible el día de la presentación de la demanda de medidas provisionales, es preciso señalar que la falta de procedimiento contradictorio en cuestión en aquel asunto no tenía su origen en la adopción de una diligencia de ordenación del procedimiento por el Presidente del Tribunal General. Además, para desestimar dicha imputación, la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia se basó exclusivamente en que los demandantes en el referido asunto habían renunciado a una garantía procesal de que disponían al no solicitar al Presidente del Tribunal General, en virtud del artículo 88 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, que adoptara una diligencia de ordenación del procedimiento.
48
En el presente asunto, de los autos se desprende que el Presidente del Tribunal General, mediante una diligencia de ordenación del procedimiento adoptada el 28 de julio de 2023, instó a Amazon a formular comentarios sobre los apartados 109 a 118 de las observaciones escritas presentadas por la Comisión en primera instancia.
49
En su escrito de respuesta a esta diligencia de ordenación del procedimiento, Amazon presentó una serie de alegaciones con el fin de demostrar que la información que el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 la obliga a revelar es confidencial, que la divulgación de dicha información le causaría un perjuicio importante y que los intereses que se verían perjudicados por tal divulgación merecen protección.
50
Como señala la Comisión, en el marco de su apreciación del requisito relativo al fumus boni iuris, el Presidente del Tribunal General se basó, en los apartados 76 a 78 del auto recurrido, en una argumentación que reproducía, en esencia, los elementos mencionados por Amazon en su escrito de respuesta a la diligencia de ordenación del procedimiento de 28 de julio de 2023.
51
Por consiguiente, resulta que esta respuesta contenía elementos decisivos para la resolución del asunto.
52
Pues bien, la Comisión se vio privada de toda posibilidad de pronunciarse sobre las alegaciones formuladas por Amazon en dicha respuesta.
53
Así, en primer lugar, la respuesta de Amazon a la diligencia de ordenación del procedimiento de 28 de julio de 2023 fue notificada a la Comisión el 30 de agosto de 2023, sin que esta fuera invitada a pronunciarse al respecto.
54
En segundo lugar, el Presidente del Tribunal General no dio curso a una solicitud de adopción de una diligencia de ordenación del procedimiento presentada por la Comisión el 15 de septiembre de 2023 con arreglo al artículo 88 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, en la que dicha institución pedía que se le permitiera contestar a la respuesta de Amazon a que se refiere el apartado 49 del presente auto, con el fin de preservar la igualdad de armas y permitir al Tribunal General pronunciarse sobre la demanda de medidas provisionales con pleno conocimiento de causa.
55
En tercer lugar, el Presidente del Tribunal General consideró, en el apartado 24 del auto recurrido, que disponía de todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la demanda de medidas provisionales, sin necesidad de oír previamente las observaciones orales de las partes.
56
Además, dado que de las observaciones de la Comisión se desprende que esta institución, de haber sido invitada por el Presidente del Tribunal General a pronunciarse sobre el escrito de respuesta de Amazon a que se refiere el apartado 49 del presente auto, habría presentado alegaciones adicionales destinadas a demostrar que la información que el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 obliga a Amazon a divulgar no es confidencial, no puede excluirse a priori que el examen de esas alegaciones podría haber conducido al Presidente del Tribunal General a desestimar la demanda de medidas provisionales en su conjunto.
57
De lo anterior resulta que el Presidente del Tribunal General vulneró el principio de contradicción, de modo que procede estimar la segunda parte del segundo motivo.
58
Dado que la apreciación realizada por el Presidente del Tribunal General del requisito relativo al fumus boni iuris se basa de manera determinante en elementos que no han estado sujetos al principio de contradicción, la violación de este principio basta por sí sola para justificar la anulación del punto 1 de la parte dispositiva del auto recurrido, mediante la cual el Presidente del Tribunal General ordenó suspender la ejecución de la Decisión controvertida, en la medida en que, en virtud de dicha Decisión, Amazon estará obligada a hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065, sin perjuicio de la obligación de Amazon de recopilar dicho repositorio.
59
En cambio, dicha violación del referido principio no puede conducir a la anulación del punto 2 de la parte dispositiva de ese mismo auto, por el que el Presidente del Tribunal General desestimó en todo lo demás la demanda de medidas provisionales.
60
En efecto, el punto 2 se basa en la apreciación del Presidente del Tribunal General, que figura en el apartado 55 de dicho auto, según la cual Amazon no había demostrado la existencia de un perjuicio grave e irreparable derivado del cumplimiento por parte de Amazon Store del artículo 38 del Reglamento 2022/2065.
61
Pues bien, por una parte, esta apreciación resulta de un razonamiento, expuesto en los apartados 35 a 54 del mismo auto, en el que el Presidente del Tribunal General no se basa en modo alguno en los elementos expuestos en el escrito de respuesta de Amazon a que se refiere el apartado 49 del presente auto.
62
Por otra parte, las demás partes del segundo motivo de casación y los demás motivos invocados por la Comisión en apoyo de su recurso de casación no se dirigen contra los citados apartados 35 a 54.
63
De ello se deduce que, sin que sea necesario examinar esas otras partes y esos otros motivos, procede desestimar el recurso de casación en la medida en que tiene por objeto la anulación del punto 2 de la parte dispositiva del auto recurrido.
Sobre la demanda de medidas provisionales presentada ante el Tribunal General
64
De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva. Esta disposición también se aplica a los recursos de casación interpuestos con arreglo al artículo 57, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 2 de febrero de 2024, Mylan Ireland/Comisión, C‑604/23 P(R), EU:C:2024:117, apartado 38].
65
En el caso de autos, habida cuenta de que, por una parte, la Comisión ha presentado ante el Tribunal de Justicia las alegaciones que pretendía formular contra los elementos expuestos en el escrito de respuesta de Amazon a que se refiere el apartado 49 del presente auto y, por otra parte, ha solicitado al Tribunal de Justicia, en las pretensiones de su recurso de casación, que resuelva definitivamente el litigio, procede, habida cuenta de la celeridad que caracteriza al procedimiento de medidas provisionales, pronunciarse sobre la demanda de medidas provisionales presentada por Amazon en la medida en que tiene por objeto la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida en tanto en cuanto esta obliga a Amazon a recopilar y a hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065.
66
A tal efecto, es importante recordar que el artículo 156, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General dispone que las demandas de medidas provisionales especificarán el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada. Así, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el juez de medidas provisionales podrá ordenar la suspensión de la ejecución y las demás medidas provisionales si se demuestra que su concesión está justificada a primera vista de hecho y de Derecho (fumus boni iuris) y que son urgentes, en el sentido de que, para evitar que los intereses de la parte demandante sufran un perjuicio grave e irreparable, es necesario que tales medidas sean acordadas y surtan efectos desde antes de que se resuelva sobre el recurso principal. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las demandas de medidas provisionales deben desestimarse cuando no se cumpla alguno de ellos. El juez de medidas provisionales debe proceder asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en juego [auto del Vicepresidente Presidente del Tribunal de Justicia de 2 de febrero de 2024, Mylan Ireland/Comisión, C‑604/23 P(R), EU:C:2024:117, apartado 40].
Sobre el fumus boni iuris
Alegaciones
67
Para demostrar la existencia de fumus boni iuris, Amazon invoca tres motivos formulados en apoyo del recurso principal.
68
En sus alegaciones relativas al tercero de estos motivos, que procede examinar en primer término, Amazon propone una excepción de ilegalidad del artículo 39 del Reglamento 2022/2065, basada en la violación del principio de igualdad de trato y de los artículos 7, 16 y 17 de la Carta.
69
A este respecto, Amazon alega que la obligación que establece dicho artículo 39 de publicar, en un repositorio accesible para todos, información pormenorizada sobre los anuncios publicitarios presentados en Amazon Store, vulnera gravemente el artículo 7 de la Carta y el principio general de protección de los secretos comerciales. Añade que, dado que se trata de información estratégica, la obligación de divulgarla entorpece la actividad comercial de Amazon y, por tanto, vulnera los artículos 16 y 17 de la Carta.
70
Amazon precisa que, si bien parte de esa información debe efectivamente divulgarse con arreglo a diversos actos del Derecho de la Unión, no sucede así, en particular, con la información relativa al período durante el que se ha presentado un anuncio concreto o al número de destinatarios del servicio alcanzados. Además, dichos actos de la Unión no obligan a que la información se divulgue al público en su conjunto, sino únicamente a los destinatarios de los anuncios publicitarios.
71
Pues bien, según Amazon, por una parte, la aplicación del artículo 39 del Reglamento 2022/2065 no es adecuada habida cuenta de las diferencias existentes entre los mercados en línea y otras plataformas en línea de muy gran tamaño. Por otra parte, el legislador de la Unión podría haber alcanzado los objetivos de prevenir el riesgo de anuncios ilícitos o de evitar técnicas manipulativas y de desinformación con efectos negativos reales y previsibles para la salud pública, la seguridad pública, el discurso civil, la participación política y la igualdad, mediante una solución alternativa menos lesiva para los derechos de Amazon, obligando a esta únicamente a poner a disposición de los reguladores y los investigadores autorizados un repositorio razonablemente estructurado.
72
La Comisión considera que el tercer motivo invocado por Amazon no puede razonablemente prosperar.
73
En primer lugar, sostiene que dicho motivo es manifiestamente inadmisible. Según afirma, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una excepción de ilegalidad, propuesta con arreglo al artículo 277 TFUE, del artículo 39 del Reglamento 2022/2065 solo sería admisible en la medida en que dicho artículo 39 constituyera la base jurídica de la Decisión controvertida o presentara un vínculo jurídico directo con dicha Decisión. Pues bien, no es este el caso. En particular, sostiene que el hecho de que las disposiciones del capítulo III, sección 5, del Reglamento 2022/2065 no fueran aplicables a Amazon hasta que la Comisión adoptó una decisión, como es la Decisión controvertida, por la que designó a Amazon como plataforma en línea de muy gran tamaño o como motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño a efectos de dicho Reglamento no basta para constituir un vínculo jurídico directo entre las citadas disposiciones y dicha Decisión. Añade que una solución contraria privaría a estas disposiciones de su aplicabilidad directa. Además, habida cuenta de la naturaleza del vínculo existente entre la Decisión controvertida y el artículo 39 del citado Reglamento, la ilegalidad de este artículo no puede conllevar la anulación de dicha Decisión.
74
En segundo lugar, aduce que Amazon no ha fundamentado en modo alguno la alegación de que el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 vulnera sus derechos fundamentales. En este sentido, considera que la demanda de medidas provisionales no contiene ninguna alegación que demuestre el carácter confidencial de la información que el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 obliga a divulgar a Amazon. En particular, afirma que Amazon no ha probado que esa información solo sea conocida por un número limitado de personas, que su divulgación pueda ocasionarle un perjuicio grave y que los intereses que pueden verse perjudicados por su divulgación sean objetivamente dignos de protección.
75
Estima que, en cualquier caso, dicha información no es confidencial, puesto que Amazon ya está obligada, en virtud de otros actos del Derecho de la Unión, a hacer pública la mayor parte de ella. La Comisión se refiere a este respecto no solo al Reglamento 2022/2065, sino también a las Directivas 2000/31 y 2005/29 y a los Reglamentos 2016/679 y 2019/1150. Además, parte de esa información puede obtenerse a partir de ofertas comerciales o de métricas publicitarias y análisis de datos disponibles en el mercado.
76
En tercer lugar, alega que la distinción establecida por Amazon entre los mercados en línea y otras plataformas en línea de muy gran tamaño no está justificada a la luz de los objetivos perseguidos por el Reglamento 2022/2065.
Apreciación
77
De jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia resulta que el requisito del fumus boni iuris se cumple cuando al menos uno de los motivos invocados por la parte que solicita las medidas provisionales en apoyo de su recurso principal parezca, a primera vista, no carente de fundamento serio. Este es el caso, en particular, cuando uno de estos motivos revela la existencia de cuestiones jurídicas complejas cuya solución no es inmediata y requiere, por tanto, un examen más profundo, que no puede realizar el juez de medidas provisionales, sino que debe ser objeto del procedimiento principal, o cuando el debate suscitado entre las partes pone de relieve la existencia de una controversia jurídica importante cuya solución no es evidente [auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 2022, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento y España, C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, apartado 188 y jurisprudencia citada].
78
Las partes discrepan, en primer lugar, en cuanto a la admisibilidad del tercer motivo invocado por Amazon, basado en la ilegalidad del artículo 39 del Reglamento 2022/2065.
79
A tenor del artículo 277 TFUE, «cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione un acto de alcance general adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando la inaplicabilidad de dicho acto por los motivos previstos en el párrafo segundo del artículo 263[TFUE]».
80
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este artículo constituye la expresión de un principio general que garantiza a cualquiera de las partes, para obtener la anulación de una decisión de la que sea destinataria, el derecho a cuestionar por vía incidental la validez de los actos de alcance general que constituyan la base jurídica de la decisión impugnada (sentencia de 16 de marzo de 2023, Comisión/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, apartado 44 y jurisprudencia citada).
81
Dado que la finalidad del artículo 277 TFUE no es la de permitir a las partes cuestionar la aplicabilidad de cualquier acto de alcance general mediante un recurso cualquiera, el acto cuya ilegalidad se alega debe ser aplicable, directa o indirectamente, al caso concreto que sea objeto del recurso (sentencia de 16 de marzo de 2023, Comisión/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, apartado 45 y jurisprudencia citada).
82
Así pues, con ocasión de recursos de anulación interpuestos contra decisiones individuales, el Tribunal de Justicia ha considerado que puede alegarse la ilegalidad de lo dispuesto en actos de alcance general que sean la base de dichas decisiones o que tengan un vínculo jurídico directo con tales decisiones (sentencia de 16 de marzo de 2023, Comisión/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, apartado 46 y jurisprudencia citada).
83
Un vínculo jurídico directo puede resultar, en particular, del hecho de que la disposición cuya ilegalidad se plantea por vía de excepción forme parte de la motivación de una decisión impugnada, aunque no se haga referencia a ella en la motivación formal de dicha decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 2023, Comisión/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, apartado 52).
84
En cambio, el Tribunal de Justicia ha declarado la inadmisibilidad de excepciones de ilegalidad propuestas contra actos de alcance general de los cuales las decisiones individuales impugnadas no constituyan medidas de aplicación (sentencia de 16 de marzo de 2023, Comisión/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, apartado 47 y jurisprudencia citada).
85
En el caso de autos, consta que el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 no constituye la base jurídica de la Decisión controvertida.
86
Sin embargo, de la jurisprudencia citada en el apartado 82 del presente auto se deriva que puede proponerse una excepción de ilegalidad contra cualquier disposición de un acto de alcance general que tenga un vínculo jurídico directo con la Decisión controvertida, aunque dicha disposición no constituya la base jurídica de la Decisión en cuestión.
87
En el presente asunto, Amazon alega que existe un vínculo jurídico suficientemente directo entre el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 y la Decisión controvertida, debido a que dicho artículo se aplica a Amazon Store a causa de la adopción de la citada Decisión, circunstancia de la que infiere, en esencia, que dicho artículo y la mencionada Decisión forman parte de un régimen jurídico único cuya legalidad Amazon trata de cuestionar.
88
No se puede excluir a priori que pueda considerarse, como sostiene la Comisión, que un vínculo de este tipo no es lo suficientemente directo para justificar la admisibilidad de la excepción de ilegalidad propuesta por Amazon, habida cuenta, en particular, de que no se ha alegado ni demostrado que ese vínculo implique que el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 puede estar relacionado con los motivos que subyacen a la Decisión controvertida o con la propia motivación de esta.
89
No obstante, no parece que el Tribunal de Justicia haya determinado aún si tal vínculo puede calificarse de «vínculo jurídico directo» en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 82 del presente auto.
90
Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, para garantizar la tutela judicial efectiva, el artículo 277 TFUE debe interpretarse de manera que no se dividan artificialmente los distintos aspectos de un mismo régimen jurídico (véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2020, Comisión y Consejo/Carreras Sequeros y otros, C‑119/19 P y C‑126/19 P, EU:C:2020:676, apartado 76).
91
En este contexto, la apreciación, a efectos de la aplicación del artículo 277 TFUE, de la naturaleza del vínculo jurídico entre el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 y la Decisión controvertida parece constituir una cuestión de Derecho compleja cuya solución no es inmediata y requiere, por tanto, un examen más profundo.
92
En segundo lugar, en caso de que deba aceptarse la admisibilidad del tercer motivo, su examen implicaría que el juez que conoce del procedimiento principal debería determinar si el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 es conforme con el principio de igualdad de trato y con los artículos 7, 16 y 17 de la Carta.
93
A efectos de la apreciación de las alegaciones formuladas por Amazon por lo que respecta al requisito relativo al fumus boni iuris, procede de entrada examinar este motivo en la medida en que se refiere a una supuesta vulneración de los artículos 7 y 16 de la Carta.
94
El artículo 7 de la Carta establece que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones.
95
El artículo 16 de la Carta dispone que se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales.
96
Del artículo 39, apartados 1 y 2, del Reglamento 2022/2065 se desprende que la aplicación de estas disposiciones a Amazon obligaría a esta a hacer público un repositorio con información variada relativa a los anuncios publicitarios presentados en las plataformas en línea de muy gran tamaño. Esta información comprende, en particular, el contenido del anuncio publicitario, la persona en cuyo nombre se presenta el anuncio publicitario, el período durante el que se haya presentado el anuncio, los parámetros principales utilizados para dirigir el anuncio a unos destinatarios concretos, las comunicaciones comerciales publicadas en las plataformas en línea de muy gran tamaño o el número total de destinatarios del servicio alcanzados.
97
Dado que la referida información, considerada en su conjunto, proporciona indicaciones pormenorizadas sobre todas las actividades de Amazon en el ámbito de la publicidad en línea, incluidas sus relaciones con los clientes o las modalidades de actuación concretas aplicadas en las campañas de comunicaciones comerciales llevadas a cabo, no puede excluirse a priori que las obligaciones impuestas por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 puedan considerarse, como sostiene Amazon, restrictivas de los derechos que Amazon deduce de los artículos 7 y 16 de la Carta, sin que, para llegar a tal conclusión preliminar, sea necesario que Amazon presente alegaciones adicionales dirigidas a demostrar el carácter confidencial de dicha información.
98
Ciertamente, la situación sería distinta si se considerase que, como sostiene la Comisión, la información que el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 obliga a Amazon a divulgar ya es, en realidad, pública, con independencia de la aplicación de este artículo.
99
A este respecto, parece efectivamente que parte de la referida información debe divulgarse en virtud de otras disposiciones del Derecho de la Unión.
100
En particular, para empezar, parece que el artículo 6, letra b), de la Directiva 2000/31 y el artículo 26, apartado 1, letra b), del Reglamento 2022/2065 exigen la divulgación de la identidad de la persona en cuyo nombre se presenta el anuncio publicitario. A continuación, a priori parece fundada la afirmación de la Comisión según la cual los principales parámetros utilizados para dirigir el anuncio a unos destinatarios determinados deben revelarse de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letras b) y h), del Reglamento 2016/679, el artículo 5, apartado 1, del Reglamento 2019/1150 y el artículo 26, apartado 1, letra d), del Reglamento 2022/2065. Por último, no se puede excluir que la publicación de una comunicación comercial en una plataforma en línea de muy gran tamaño sin informar al consumidor afectado pueda calificarse de práctica comercial desleal en virtud del artículo 5, apartado 5, y del anexo I, punto 11, de la Directiva 2005/29.
101
Sin embargo, de las alegaciones de la Comisión o, con carácter más general, de los autos que obran en poder del Vicepresidente del Tribunal de Justicia no se desprende que toda la información a que se refiere el artículo 39, apartado 2, del Reglamento 2022/2065, y en particular el período durante el que se difunde el anuncio o el número total de destinatarios del servicio alcanzados, deba divulgarse con independencia de la aplicación de dicho artículo 39. Por otro lado, debe señalarse que la Comisión sostiene únicamente que la mayor parte de la referida información es objeto de tales obligaciones de divulgación y que, por tanto, no afirma que ello sea así con respecto a toda esa información.
102
Además, el carácter equivalente, a efectos de la aplicación de los artículos 7 y 16 de la Carta, de la divulgación de información únicamente al usuario interesado o a todo el público es una cuestión en gran medida nueva y un tanto compleja.
103
Por añadidura, si bien la Comisión sostiene que, en lo que atañe a Amazon, es posible obtener, a partir de las ofertas comerciales, información análoga a la contemplada en el artículo 39, apartado 2, del Reglamento 2022/2065, dicha institución no aporta prueba alguna que corrobore esta afirmación.
104
En cuanto atañe a la alegación de que tal información podría obtenerse a partir de métricas publicitarias y del análisis de datos disponibles en el mercado, no basta, a falta de precisiones adicionales sobre la información de que se trata, para demostrar que Amazon no estaría obligada, con arreglo al artículo 39 de dicho Reglamento, a hacer pública información que actualmente es confidencial.
105
De igual modo, la alegación de la Comisión según la cual Amazon tenía la obligación de demostrar que la divulgación de la información de que se trata podía ocasionarle un perjuicio grave y que los intereses que podían verse perjudicados por dicha divulgación son objetivamente dignos de protección constituye una interpretación de las disposiciones pertinentes de la Carta que, a primera vista, no se desprende ni del texto de dichas disposiciones ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En consecuencia, el juez que conoce del procedimiento principal debe apreciar el fundamento de tal alegación.
106
En estas circunstancias, el juez de medidas provisionales no puede declarar que ha quedado suficientemente acreditado que la información que el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 obliga a Amazon a divulgar no es de carácter confidencial y, en consecuencia, que la aplicación del artículo 39 a Amazon no supondría limitar los derechos que esta puede deducir de los artículos 7 y 16 de la Carta.
107
Sin embargo, tal limitación de dichos derechos solo permitiría demostrar la ilegalidad del artículo 39 del Reglamento 2022/2065 en caso de no cumplir los requisitos enunciados en el artículo 52, apartado 1, de la Carta.
108
Esta disposición establece que pueden imponerse limitaciones al ejercicio de derechos, como los consagrados en los artículos 7 y 16 de la Carta, siempre que dichas limitaciones estén establecidas por la ley, que respeten el contenido esencial de dichos derechos y libertades y que, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.
109
Pues bien, la apreciación que debe efectuarse para determinar si se cumplen estos requisitos en el caso de autos supone tener en cuenta diversos factores, como el grado en que la publicación de toda la información a que se refiere el artículo 39, apartado 2, del Reglamento 2022/2065 contribuye a alcanzar los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión, el grado de gravedad de la limitación de los derechos establecidos en los artículos 7 y 16 de la Carta o la posible existencia de soluciones alternativas menos lesivas para esos derechos.
110
Así pues, aun cuando a este respecto debiera reconocerse un amplio margen de apreciación al legislador de la Unión, la cuestión de si este sobrepasó los límites de ese margen de apreciación al adoptar el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 constituye, a falta de precedentes claros, una controversia jurídica importante cuya solución no es evidente.
111
Habida cuenta de lo anterior, no cabe apreciar, realizado el examen sumario que incumbe al juez de medidas provisionales y sin resolver sobre el fundamento del tercer motivo invocado por Amazon —que corresponde exclusivamente al juez que conoce del recurso principal—, que procede considerar, prima facie, que el referido motivo carece de carácter serio.
112
De lo anterior se desprende que el requisito relativo al fumus boni iuris se cumple a la luz de las alegaciones basadas en la excepción de ilegalidad del artículo 39 del Reglamento 2022/2065.
Sobre la urgencia
Alegaciones
113
Para demostrar que se cumple el requisito relativo a la urgencia, Amazon sostiene que el hecho de hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 le ocasionaría un perjuicio grave e irreparable.
114
Para empezar, aduce que la publicación del mencionado repositorio la obligaría a divulgar información confidencial sobre sí misma y sobre sus anunciantes. En particular, sostiene que en dicho repositorio figuran los parámetros de segmentación que Amazon puede ofrecer y el número de clientes que dichos parámetros permiten alcanzar. Alega que, una vez divulgada esta información, sus competidores conservarían el conocimiento de las estrategias y tecnologías más eficaces. Además, la divulgación de la referida información afectaría negativamente a sus socios publicitarios, puesto que revelaría sus estrategias. A su parecer, sus actividades publicitarias se verían así grave e irreparablemente menoscabadas.
115
A continuación, sostiene que hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 reduciría de manera irreversible las cuotas de mercado de Amazon por lo que respecta tanto a las actividades generales de venta minorista como a las actividades publicitarias. A su juicio, hacer público este repositorio alejaría a los vendedores terceros de Amazon Store y les suscitaría mayores reticencias a anunciarse en Amazon Store. Además, los competidores de los operadores que presentan anuncios publicitarios en Amazon Store estarían en condiciones de copiar y reproducir las estrategias publicitarias más eficaces. A largo plazo, hacer público dicho repositorio, con la consiguiente reducción de publicidad y el alejamiento de los vendedores de la plataforma Amazon Store, podría afectar a la experiencia del consumidor.
116
Por último, alega que el perjuicio sufrido por ella no sería meramente económico y no podría cuantificarse únicamente en términos económicos. En este sentido, sostiene que el deterioro de su posición competitiva podría dar lugar a un bucle de retroalimentación negativa. Por añadidura, sería probablemente imposible cuantificar con precisión la incidencia específica de hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065, en particular en la medida en que esa publicación implicaría la divulgación de información confidencial.
117
La Comisión considera que Amazon no ha demostrado que en el caso de autos se cumpla el requisito relativo a la urgencia.
118
Según dicha institución, Amazon se limita a formular alegaciones infundadas e inconexas, generalmente expresadas en condicional. Por otro lado, estima que Amazon no ha aportado dato alguno que demuestre que el perjuicio que alega sea previsible con un grado suficiente de probabilidad. Añade que el hecho de que Amazon tenga dificultades para demostrar la procedencia de una demanda de indemnización del perjuicio sufrido no permite demostrar que este no sea cuantificable.
119
Además, aduce que Amazon no ha acreditado que se cumpla el requisito relativo al fumus boni iuris por lo que respecta al carácter confidencial de la información que estaría obligada a incluir en el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065. Pues bien, a su parecer, solo cuando se cumple este requisito debe el juez de medidas provisionales presumir, a efectos de la apreciación del requisito relativo a la urgencia, que determinada información es confidencial. La Comisión afirma que, en cualquier caso, esta información no es confidencial.
Apreciación
120
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la finalidad del procedimiento sobre medidas provisionales es garantizar la plena eficacia de la futura resolución definitiva, al objeto de evitar una laguna en la protección jurisdiccional que depara el Tribunal de Justicia. Para alcanzar este objetivo, la urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad de decidir provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la protección provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Incumbe a esa parte aportar la prueba de que no puede esperar a que se resuelva el procedimiento sobre el fondo sin sufrir un perjuicio de tal naturaleza. Si bien es cierto que, para demostrar la existencia de dicho perjuicio, no es necesario exigir que la producción e inminencia de este se acrediten con absoluta certeza y que basta con que este sea previsible con un grado suficiente de probabilidad, no es menos cierto que la parte que solicita una medida provisional sigue estando obligada a probar los hechos que supuestamente sirven de base a la creencia de que se producirá el mencionado perjuicio [auto de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2021, Symrise/ECHA, C‑282/21 P(R), EU:C:2021:631, apartado 40].
121
Por lo que se refiere, en primer lugar, a la alegación de Amazon de que el hecho de hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 se traducirá en una reducción de sus cuotas de mercado y, por ende, le ocasionará un perjuicio grave e irreparable, procede recordar que, cuando la parte que solicita la medida provisional invoca la pérdida de sus cuotas de mercado, debe demostrar la existencia de obstáculos de naturaleza estructural o jurídica que le impedirán recuperar una parte apreciable de tales cuotas de mercado en el supuesto de que su recurso en el procedimiento principal sea finalmente estimado [véase, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 2 de febrero de 2024, Mylan Ireland/Comisión, C‑604/23 P(R), EU:C:2024:117, apartado 84 y jurisprudencia citada].
122
Pues bien, aunque Amazon sostiene que las pérdidas de cuotas de mercado a raíz de hacer público el repositorio serán irreversibles, no menciona, en su demanda de medidas provisionales, obstáculos específicos que le impidan recuperar esas cuotas de mercado en caso de que posteriormente deje de estar obligada a mantener en línea dicho repositorio debido a la anulación de la Decisión controvertida.
123
Ciertamente, Amazon también se refiere a este respecto a determinados pasajes de un informe pericial incluido como anexo de su demanda de medidas provisionales, de los que se desprende que a Amazon le podría resultar difícil conseguir que regresen a su plataforma los vendedores que la hayan abandonado, pues es posible que estos se hayan acostumbrado a utilizar otra plataforma y deseen mantener en ella los vínculos establecidos con sus clientes.
124
No obstante, dicho informe pericial, por una parte, se limita a enumerar una serie de hipótesis sin valorar sus probabilidades de materialización y, por otra parte, no contiene ninguna prueba o referencia que permita demostrar que es efectivamente probable que esas hipótesis acaben materializándose.
125
Por consiguiente, no puede considerarse que Amazon haya acreditado la existencia de obstáculos de naturaleza estructural o jurídica que le impidan, en caso de anulación de la Decisión controvertida, recuperar una parte considerable de las cuotas de mercado que, en su caso, haya perdido a raíz de hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065. De ello se deduce que, en cualquier caso, no ha demostrado que las pérdidas de cuotas de mercado que se resultarían de hacer público el repositorio le ocasionarían un perjuicio irreparable.
126
Por lo que se refiere, en segundo lugar, a las alegaciones basadas en la divulgación de información confidencial, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el juez de medidas provisionales está obligado, en principio, en el marco de su examen del requisito relativo a la urgencia, a presumir que dicha información constituye un secreto comercial cuando, por una parte, el demandante de medidas provisionales alega que la información cuya publicación pretende impedir con carácter provisional incluye secretos comerciales y cuando, por otra parte, esta alegación cumple el requisito del fumus boni iuris [véase, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2018, Nexans France y Nexans/Comisión, C‑65/18 P(R), EU:C:2018:426, apartado 21].
127
Dado que de los apartados 96 a 105 del presente auto se desprende que la alegación de Amazon de que al menos parte de la información a que se refiere el artículo 39, apartado 2, del Reglamento 2022/2065 es confidencial cumple el requisito relativo al fumus boni iuris, procede presumir, a efectos de la apreciación del requisito relativo a la urgencia, que la aplicación de esta disposición dará lugar a la divulgación de información confidencial.
128
En consecuencia, la alegación de la Comisión de que la información de que se trata no es confidencial no puede llevar a declarar que no se cumple este último requisito.
129
En este contexto, si bien Amazon sostiene que el perjuicio resultante de hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 no se podrá cuantificar únicamente en términos económicos, no ha demostrado de qué modo ese hecho le ocasionaría un perjuicio inmaterial.
130
En cambio, Amazon invoca claramente un perjuicio de carácter económico propiciado por el hecho de hacer público el repositorio antes mencionado, resultante tanto de la reticencia de los vendedores terceros a publicar anuncios publicitarios en Amazon Store, lo que a la postre podría llevar a algunos de esos vendedores a abandonar dicha plataforma, como de la adquisición, por los competidores de Amazon, de conocimientos sobre estrategias que podrían aplicar para mejorar su posición competitiva.
131
Habida cuenta de la diversidad de información comercial precisa que debe contener el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065, del interés de los anunciantes en poder llevar a cabo prácticas publicitarias que no puedan ser fácilmente reproducidas por sus competidores, y de la ventaja que podrían obtener los competidores de Amazon de un acceso completo a tal información comercial, debe considerarse que el perjuicio resultante de hacer público el repositorio presenta el grado de gravedad requerido para la concesión de medidas provisionales [véase, por analogía, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre de 2013, Comisión/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, apartado 47].
132
En cuanto al carácter irreparable de dicho perjuicio, procede recordar que, ciertamente, un perjuicio de orden pecuniario no puede, salvo en circunstancias excepcionales, considerarse irreparable, pues una indemnización económica permite generalmente restablecer a la persona perjudicada en la situación anterior a la realización del perjuicio. Ahora bien, la situación es distinta cuando tal perjuicio no puede cuantificarse, porque en ese caso sí puede calificarse de irreparable (auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, apartado 92 y jurisprudencia citada).
133
Sin embargo, la incertidumbre inherente a la reparación de un perjuicio de carácter económico en el marco de un eventual recurso de indemnización de daños y perjuicios no puede considerarse en sí misma una circunstancia que acredite el carácter irreparable de ese perjuicio, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia En efecto, en la fase de medidas provisionales, existe necesariamente incertidumbre sobre la posibilidad de obtener ulteriormente reparación de un perjuicio de carácter económico mediante el recurso de indemnización de daños y perjuicios que podría interponerse tras la anulación del acto impugnado. Ahora bien, el procedimiento de medidas provisionales no tiene por objeto reemplazar a ese recurso de indemnización para eliminar dicha incertidumbre, sino que su finalidad consiste únicamente en garantizar la plena eficacia de la futura resolución definitiva que recaiga en el procedimiento principal al que se une el procedimiento sobre medidas provisionales, a saber, en el caso de autos, un recurso de anulación [véase, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, apartado 93 y jurisprudencia citada].
134
Por el contrario, sería distinto si resulta claramente, a raíz de la apreciación efectuada por el juez de medidas provisionales, que, de producirse, el perjuicio alegado no podrá, por su naturaleza y su modo previsible de producción, determinarse y evaluarse de manera adecuada y que, en la práctica, un recurso de indemnización no permitirá, por consiguiente, su reparación. Así puede suceder, en particular, cuando se trata de la publicación de información comercial concreta y confidencial (véase, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, apartado 94 y jurisprudencia citada).
135
A este respecto, procede señalar que el perjuicio que Amazon puede sufrir debido a la publicación de sus secretos comerciales sería distinto, tanto en lo que respecta a su naturaleza como a su alcance, en función de que las personas que tengan conocimiento de dichos secretos comerciales sean sus clientes, sus competidores, analistas financieros o el público en general. En efecto, resultaría imposible identificar el número y la calidad de todas las personas que efectivamente hubiesen tenido conocimiento de la información publicada y apreciar de este modo las consecuencias que la publicación de esta pueda tener sobre los intereses comerciales y económicos de Amazon (véase, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, apartado 95 y jurisprudencia citada).
136
Pues bien, esta incertidumbre, que también se plantea en el caso de autos, permite demostrar el carácter irreparable del perjuicio económico invocado [véanse, en este sentido, los autos del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, apartado 96, y de 1 de marzo de 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation e Intervet International, C‑512/16 P(R), EU:C:2017:149, apartados 113 a 118].
137
Por lo tanto, procede considerar que Amazon ha demostrado que el perjuicio alegado presenta las características requeridas. En consecuencia, se cumple el requisito relativo a la urgencia.
Sobre la ponderación de los intereses en juego
Alegaciones
138
Amazon sostiene que sus intereses en obtener la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida prevalecen sobre los demás intereses relacionados con la ejecución inmediata de dicha Decisión por tres razones.
139
Para empezar, aduce que denegar la concesión de medidas provisionales menoscabaría la eficacia de una futura resolución de anulación de la Decisión controvertida, ya que Amazon corre el riesgo de sufrir un perjuicio irreparable antes incluso de que se dicte tal resolución de anulación. Afirma que la información divulgada al hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 perdería así definitivamente su carácter confidencial. Del mismo modo, la resolución de anulación no llevaría consigo el regreso a Amazon Store de terceros vendedores que ya hubieran abandonado esta plataforma.
140
A continuación, alega que la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida tendría como única consecuencia el mantenimiento del statu quo existente hasta que recayera una resolución en el procedimiento principal.
141
Por último, sostiene que las demás medidas previstas en el Reglamento 2022/2065, que serán aplicables aun cuando se suspenda la ejecución de la Decisión controvertida, son suficientes para alcanzar los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión. Así pues, no puede considerarse que el artículo 39 de dicho Reglamento sea una norma fundamental de este, ya que las obligaciones que establece no son aplicables a la gran mayoría de los servicios intermediarios.
142
La Comisión opina que las razones formuladas por Amazon, ya sea consideradas individualmente o en su conjunto, no bastan para afirmar que la ponderación de intereses se inclina a favor de la concesión de las medidas provisionales solicitadas. En primer término, considera que la producción de un perjuicio irreparable no es un argumento decisivo, sino una premisa para la ponderación de los intereses en juego por parte del juez de medidas provisionales. En segundo término, sostiene que la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida no preserva el statu quo. Por el contrario, la concesión de tal suspensión conduciría a aplicar a Amazon durante varios años un régimen diferente del impuesto a otras plataformas en línea de muy gran tamaño. En tercer término, aduce que el legislador de la Unión previó un régimen específico para las plataformas de este tipo precisamente porque las obligaciones generales establecidas por el Reglamento 2022/2065 no bastan para conjurar los riesgos sistémicos que plantean tales plataformas para la sociedad, como ilustran varios ejemplos recientes. Pues bien, a su parecer, para hacer frente a dichos riesgos, urge garantizar la aplicación de este régimen específico, como demuestra, en particular, el artículo 93, apartado 2, del citado Reglamento.
Apreciación
143
En la mayoría de los procedimientos de medidas provisionales, se pone de manifiesto que tanto la concesión de la suspensión de la ejecución solicitada como la negativa a adoptar esta medida pueden producir, en cierto grado, determinados efectos definitivos y corresponde al juez de medidas provisionales que conoce de una demanda de suspensión ponderar los riesgos asociados a cada una de las soluciones posibles. Concretamente, ello implica en particular el examen de si el interés de la parte que solicita las medidas provisionales en obtener la suspensión de la ejecución del acto impugnado prevalece sobre el interés que presenta la aplicación inmediata de este. En este análisis, ha de determinarse si la eventual anulación de ese acto por parte del juez que conoce del procedimiento principal permitiría revertir la situación provocada por su ejecución inmediata y, al contrario, en qué medida la suspensión podría entorpecer los objetivos perseguidos por el acto impugnado en el supuesto de que se desestimara el recurso principal [auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 2022, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento y España, C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, apartado 248 y jurisprudencia citada].
144
Por lo que respecta, en primer lugar, al interés en la concesión de las medidas provisionales solicitadas, es importante señalar que una eventual resolución de anulación de la Decisión controvertida no quedaría privada de efecto en caso de que se desestimara la demanda de medidas provisionales y, por ende, Amazon estuviera obligada a hacer público inmediatamente el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065.
145
Es cierto que, en la práctica, la información publicada en dicho repositorio a la espera de una resolución por la que se anule la Decisión controvertida quedaría privada definitivamente de su carácter confidencial, puesto que ya no podría sustraerse al conocimiento de terceros.
146
No obstante, del artículo 39, apartado 1, de dicho Reglamento se desprende que el referido repositorio debe mantenerse permanentemente actualizado, en la medida en que debe incluir la información a que se refiere el artículo 39, apartado 2, del mencionado Reglamento respecto a todo el período durante el que el prestador de la plataforma en línea de muy gran tamaño afectada presente un anuncio y hasta un año después de la última vez que se presente el anuncio en sus interfaces en línea.
147
De ello se deduce que, en caso de anulación de la Decisión controvertida, Amazon ya no estará obligada a recopilar el repositorio exigido por dicho artículo 39. Así pues, ya no estará obligada a conservar en línea la información relativa a los anuncios publicitarios presentados en Amazon Store ni a divulgar información relativa a la evolución de sus campañas publicitarias o a nuevas campañas publicitarias. Por consiguiente, dicha anulación podría, por una parte, garantizar a los anunciantes el restablecimiento de un entorno comercial más atractivo y, por otra, permitir a Amazon desarrollar nuevas estrategias en el ejercicio de su actividad publicitaria sin que sus competidores pudieran conocerlas a través del referido repositorio.
148
En consecuencia, la anulación de la Decisión controvertida seguiría siendo de interés para Amazon y conservaría su efectividad real, aun cuando no se concedieran medidas provisionales. Tal situación distingue el presente asunto de aquellos en los que el Tribunal de Justicia, al apreciar la ponderación de los intereses en juego, se basó de manera decisiva en la circunstancia de que la divulgación de información que figura en una resolución o en un informe privaría definitivamente de todo su efecto útil a una eventual anulación de la decisión por la que se haya ordenado la divulgación de dicha información [véanse, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, apartado 105, y el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 1 de marzo de 2017, EMA/PTC Therapeutics International, C‑513/16 P(R), EU:C:2017:148, apartado 136].
149
No obstante, como alega Amazon y como se desprende de los apartados 126 a 137 del presente auto, de no concederse las medidas provisionales, es probable que Amazon sufra un perjuicio grave e irreparable antes de que se dicte, en su caso, una resolución de anulación de la Decisión controvertida.
150
Sin embargo, no puede considerarse que esta circunstancia sea, por sí sola, decisiva, puesto que el propio objeto de la ponderación de los intereses en juego es apreciar si, pese al menoscabo que supone para los intereses del demandante el riesgo de sufrir un perjuicio grave e irreparable, la toma en consideración de los intereses asociados a la ejecución inmediata de la decisión impugnada permite justificar la denegación de las medidas provisionales solicitadas [veánse, en este sentido, el auto de 12 de julio de 1996, Reino Unido/Comisión, C‑180/96 R, EU:C:1996:308, apartados 90 a 92; el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2001, Comisión/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R), EU:C:2001:218, apartado 120, y el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2014, Comisión/ANKO, C‑78/14 P‑R, EU:C:2014:239, apartado 40].
151
A efectos de esta apreciación, procede señalar que, si bien el examen del requisito relativo a la urgencia pone de manifiesto que, de no concederse medidas provisionales, Amazon podría efectivamente sufrir un perjuicio grave e irreparable de carácter económico, de las pruebas aportadas por Amazon no se desprende que la aplicación del artículo 39 del Reglamento 2022/2065 a Amazon Store hasta que se resuelva el procedimiento principal supondría una amenaza para la viabilidad o el crecimiento a largo plazo de Amazon.
152
Para empezar, no se alega ni, a fortiori, se demuestra que, de no concederse medidas provisionales, Amazon se enfrentaría al riesgo de cese de su actividad.
153
A continuación, de los apartados 121 a 125 del presente auto se desprende que Amazon no ha acreditado la existencia de un riesgo de pérdida de cuotas de mercado importante y duradero en el supuesto de que se aplicara el artículo 39 del Reglamento 2022/2065 a Amazon Store durante el período comprendido entre la fecha de examen de su demanda de medidas provisionales y la fecha de la resolución sobre el fondo.
154
Por último, de la demanda de medidas provisionales se infiere que los ingresos de Amazon procedentes de sus actividades publicitarias representan tan solo el 7 % de la totalidad de sus ingresos. Por lo tanto, la limitación de las posibilidades de desarrollar estrategias publicitarias que podría derivarse de la aplicación del artículo 39 del Reglamento 2022/2065 únicamente afectaría de forma directa a una parte limitada de las actividades de Amazon, dado que no se ha acreditado que los efectos indirectos de tal limitación sobre las demás actividades de Amazon serían considerables.
155
Por lo que se refiere, en segundo lugar, al interés en la aplicación inmediata de la Decisión controvertida, es preciso señalar que el Reglamento 2022/2065 constituye un elemento central de la política desarrollada por el legislador de la Unión en relación con el sector digital. El citado Reglamento persigue, en el marco de dicha política, objetivos muy relevantes, ya que pretende, como resulta de su considerando 155, contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior y garantizar un entorno en línea seguro, predecible y fiable en el que los derechos fundamentales amparados por la Carta estén debidamente protegidos.
156
Ciertamente, la Comisión no ha alegado ni, a fortiori, demostrado que la concesión de medidas provisionales por las que se excluya la aplicación a Amazon Store del artículo 39 del Reglamento 2022/2065 hasta que se resuelva sobre el recurso principal podría impedir definitivamente la consecución de dichos objetivos.
157
No obstante, debe señalarse que el hecho de dejar inaplicadas determinadas obligaciones establecidas en dicho Reglamento implicará una demora, posiblemente de varios años, en la plena consecución de dichos objetivos. Así pues, tal inaplicación entraña el posible riesgo de permitir que persista o se desarrolle un entorno en línea que suponga una amenaza para los derechos fundamentales establecidos en la Carta.
158
Esta afirmación no puede quedar desvirtuada por la alegación de Amazon de que tal riesgo se evitaría aplicando a Amazon Store las obligaciones impuestas por el citado Reglamento a todos los servicios intermediarios.
159
En efecto, de los considerandos 75 y 76 del Reglamento 2022/2065 se desprende que el legislador de la Unión consideró, tras una apreciación que no corresponde al juez de medidas provisionales cuestionar, que las plataformas en línea de muy gran tamaño desempeñan un papel importante en el entorno digital y que pueden entrañar riesgos para la sociedad que difieren, por su alcance y repercusión, de los generados por plataformas más pequeñas.
160
En particular, del considerando 95 de ese Reglamento resulta que el legislador de la Unión consideró que los sistemas publicitarios utilizados por las plataformas en línea de muy gran tamaño entrañan especiales riesgos y requieren supervisión pública y reguladora adicional.
161
Por lo tanto, no cabe considerar, sin extralimitarse en la función de juez de medidas provisionales rechazando apreciaciones del legislador de la Unión que no se han demostrado erróneas, que aplicar a Amazon Store únicamente las obligaciones generales impuestas por el Reglamento 2022/2065 a todos los servicios intermediarios pueda ser una alternativa satisfactoria a la aplicación de las obligaciones específicas derivadas del artículo 39 de dicho Reglamento.
162
Pues bien, el legislador de la Unión concedió especial importancia a aplicar el citado Reglamento lo más rápidamente posible a las plataformas en línea de muy gran tamaño. En este sentido, de los artículos 92 y 93, apartado 2, del referido Reglamento se desprende que, aunque este no fuera de aplicación hasta el 17 de febrero de 2024, podía aplicarse anticipadamente a las plataformas en línea de muy gran tamaño.
163
Asimismo, procede señalar que, contrariamente a lo que sostiene Amazon, la concesión de las medidas provisionales solicitadas no conduciría únicamente a mantener el statu quo. En efecto, la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida no afectaría en modo alguno ni a la aplicación, a todos los servicios intermediarios, de las obligaciones generales establecidas en el Reglamento 2022/2065 ni a la aplicación, a las plataformas distintas de Amazon que hayan sido designadas por la Comisión como plataformas en línea de muy gran tamaño con arreglo al artículo 33, apartado 4, de dicho Reglamento, de las obligaciones específicas de este tipo de plataformas. De ello se deduce que tal suspensión de la ejecución podría alterar la situación competitiva en el sector digital de una forma no prevista por el legislador de la Unión, al someter a Amazon a un régimen diferente del aplicable a otros actores de ese sector que, a la luz de los criterios definidos por dicho legislador, presentan características comparables a las de esta sociedad.
164
A la luz de todos estos elementos, procede considerar que los intereses defendidos por el legislador de la Unión prevalecen, en el caso de autos, sobre los intereses materiales de Amazon, de modo que la ponderación de intereses se inclina a favor de la desestimación de la demanda de medidas provisionales.
165
En consecuencia, se desestima la demanda de medidas provisionales en la medida en que tiene por objeto la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida, en tanto en cuanto esta Decisión impone a Amazon la obligación de recopilar y hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 del Reglamento 2022/2065.
Sobre la solicitud presentada por Amazon con carácter subsidiario
Alegaciones
166
Amazon solicita al Tribunal de Justicia que, en caso de que se estime el recurso de casación, le conceda un plazo de veintiocho días a partir de la fecha de la sentencia que ponga fin al procedimiento de casación para cumplir la obligación de recopilar y hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 de dicho Reglamento 2022/2065. Sostiene que tal plazo es necesario, desde un punto de vista técnico, para dar cumplimiento a esta obligación.
Apreciación
167
Para empezar, no puede considerarse que la solicitud presentada por Amazon con carácter subsidiario pudiera presentarse al amparo del artículo 174 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en la medida en que esta disposición establece que las pretensiones del escrito de contestación deberán tener por objeto la estimación o la desestimación, total o parcial, del recurso de casación.
168
A continuación, dado que del artículo 170, apartado 1, de dicho Reglamento de Procedimiento resulta que el recurrente en el recurso de casación no puede completar las pretensiones aducidas en primera instancia, tampoco puede atribuirse tal prerrogativa al recurrido en casación, a falta de una disposición específica a tal efecto.
169
Pues bien, mediante sus pretensiones formuladas en primera instancia, Amazon no había solicitado en modo alguno al Tribunal General que le concediera un plazo para el supuesto de que se desestimara su demanda de medidas provisionales.
170
Por lo tanto, suponiendo que la solicitud presentada por Amazon con carácter subsidiario deba entenderse en el sentido de que se presentó con el fin de completar las pretensiones aducidas en primera instancia, debería desestimarse en la medida en que constituye una pretensión nueva [véase, por analogía, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 2023, Xpand Consortium y otros/Comisión, C‑739/22 P(R), EU:C:2023:228, apartado 20].
171
Por último, tampoco puede considerarse que esta pretensión nueva constituya una demanda de medidas provisionales presentada con arreglo al artículo 160 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, por cuanto el artículo 160, apartado 4, de dicho Reglamento de Procedimiento supedita la admisibilidad de tal demanda a su presentación mediante escrito separado [véase, por analogía, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 2023, Xpand Consortium y otros/Comisión, C‑739/22 P(R), EU:C:2023:228, apartado 21].
172
De ello se deduce que debe declararse la inadmisibilidad de la solicitud presentada por Amazon con carácter subsidiario.
Costas
173
De conformidad con el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
174
Por lo que respecta a las costas correspondientes al procedimiento de casación, se ha de recordar que, con arreglo al artículo 138, apartado 1, del citado Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha solicitado que se condene a Amazon a cargar con las costas relativas al procedimiento de casación y dicha empresa ha visto desestimadas sus pretensiones, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas correspondientes al procedimiento de casación, con las costas en que haya incurrido la Comisión correspondientes a dicho procedimiento.
175
Por otra parte, con arreglo al artículo 140, apartado 1, del referido Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. En consecuencia, el Parlamento y el Consejo cargarán con sus propias costas correspondientes al procedimiento de casación.
176
Por lo que se refiere a las costas correspondientes al procedimiento de medidas provisionales en primera instancia, procede, de conformidad con el artículo 137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, reservar la decisión sobre las costas respecto de la Comisión y de Amazon.
En virtud de todo lo anterior, el Vicepresidente del Tribunal de Justicia resuelve:
1)
Anular el punto 1 de la parte dispositiva del auto del Presidente del Tribunal General de 27 de septiembre de 2023, Amazon Services Europe/Comisión (T‑367/23 R, EU:T:2023:589).
2)
Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.
3)
Desestimar la demanda de medidas provisionales en la medida en que tiene por objeto la suspensión de la ejecución de la Decisión C(2023) 2746 final de la Comisión, de 25 de abril de 2023, por la que se designa a Amazon Store como plataforma en línea de muy gran tamaño, con arreglo al artículo 33, apartado 4, del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de servicios digitales), en tanto en cuanto impone a Amazon Store la obligación de recopilar y de hacer público el repositorio exigido por el artículo 39 de dicho Reglamento.
4)
Desestimar la solicitud presentada por Amazon Services Europe Sàrl con objeto de que, en el supuesto de que se estime el recurso de casación, se le conceda un plazo de veintiocho días para cumplir la obligación de recopilar un repositorio de anuncios publicitarios.
5)
Amazon Services Europe cargará, además de con sus propias costas correspondientes al procedimiento de casación, con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea correspondientes a dicho procedimiento.
6)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea cargarán con sus propias costas correspondientes al procedimiento de casación.
7)
Reservar la decisión sobre las costas correspondientes al procedimiento de medidas provisionales en primera instancia.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.