61979J0120
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 6 de marzo de 1980 (
*1
)
En el asunto 120/79,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por el Bundesgerichtshof, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Luise de Cavel, de soltera BRUMMER, Hügelstraße 116, Frankfurt am Main,
parte demandante y recurrente en «Rechtsbeschwerde»,
y
Jacques de Cavel, Flughafenbereich-Ost, Gebäude 124-2040, Frankfürt-am-Main,
parte demandada y recurrida en «Rechtsbeschwerde»
una decisión prejudicia 1 sobre la interpretación del párrafo primero del artículo 1 y del número 2 del artículo 5 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente, J. Mertens de Wilmars y A.J. Mackenzie Stuart, Jueces;
Abogado General: Sr. J.P. Warner;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
1
Mediante resolución de 27 de junio de 1979, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de julio de 1979, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; EE 01/02, p. 28) relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Convenio») (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del párrafo primero del artículo 1 y del número 2 del artículo 5 del dicho Convenio.
2
La primera cuestión tiene por objeto determinar si el Convenio y, en particular, su artículo 31 relativo a la ejecución de resoluciones dictadas en otro Estado contratante, se aplica a «la ejecución de una medida provisional adoptada por un Juez francés en un proceso de divorcio por la que se concede a una de las partes una pensión alimenticia mensual», o si, por el contrario, tal resolución debe considerarse excluida de la «materia civil» en el sentido del párrafo primero del artículo 1 del Convenio. Esta cuestión se suscitó en el marco de un litigio relativo a la ejecución, en la República Federal de Alemania, de una resolución dictada el 18 de mayo de 1977 por el Juez de familia del Tribunal de grande instance de París, por la que se concedía a la esposa, en virtud de los artículos 253 y siguientes del Code civil francés, una pensión alimenticia, con carácter provisional, durante el proceso de divorcio.
3
Mediante la segunda cuestión se pregunta igualmente a este Tribunal de Justicia si el Convenio —por tratarse en particular de las disposiciones relativas a la ejecución de resoluciones judiciales- es aplicable a una «prestación compensatoria provisional, pagadera mensualmente, concedida a una de las partes con arreglo a los artículos 270 y siguientes del Code civil en una sentencia de divorcio francesa». A tenor del artículo 270, se trata de una prestación destinada a compensar, en la medida de lo posible, la disparidad creada por la ruptura del matrimonio en las respectivas condiciones de vida. El artículo 271 añade que la prestación compensatoria se fijará de acuerdo con las necesidades del cónyuge a quien está destinada y de los medios del otro cónyuge, tomando en consideración la situación en el momento del divorcio y su evolución en un futuro previsible.
4
Según el párrafo primero del artículo 1 del Convenio, éste se aplicará en «materia civil y mercantil». No obstante, determinadas materias, aunque comprendidas en dicho concepto, han sido excluidas de este ámbito por el párrafo segundo de esta misma disposición. Este es el caso, entre otros, del estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos y las sucesiones.
5
Es evidente que las obligaciones en materia de alimentos quedan encuadradas por sí mismas en el concepto de «materia civil» y que, al no haber sido recogidas en las excepciones previstas en el párrafo segundo del artículo 1 del Convenio, están comprendidas, por tanto, dentro de su ámbito de aplicación. El número 2 del artículo 5 del Convenio confirma, además, dicha inclusión. Por otro lado, las «prestaciones compensatorias» previstas en los artículos 270 y siguientes del Code civil francés, a las que se refiere la segunda cuestión, atañen a las posibles obligaciones económicas entre los antiguos esposos después del divorcio, determinadas en función de los recursos y necesidades recíprocas, y tienen igualmente carácter alimenticio. Así pues, estas prestaciones pertenecen a la materia civil en el sentido del párrafo primero del artículo 1 del Convenio y, por tanto, están comprendidas dentro de su ámbito de aplicación, al no haber sido excluidas por el párrafo segundo de dicho artículo.
6
Por consiguiente, se trata únicamente de examinar si la circunstancia de que una resolución judicial sobre obligaciones en materia de alimentos se dicte en el marco de un proceso de divorcio -que se refiere de modo indiscutible al estado de las personas, y, por lo tanto, no queda incluido dentro del ámbito de aplicación del Convenio- tiene como consecuencia que la controversia en materia de alimentos, al ser accesoria del proceso de divorcio, también deba excluirse de dicho ámbito de aplicación, con el efecto de que no podrá beneficiarse, entre otros, de las formas simplificadas de reconocimiento, previstas en los artículos 26 a 30, y de ejecución, previstas en los artículos 31 a 45.
7
Ninguna disposición del Convenio vincula, por lo que respecta a su ámbito de aplicación, el resultado de las pretensiones accesorias con el de las principales. Más bien al contrario, diversas disposiciones confirman que el Convenio no vincula el resultado de las pretensiones calificadas de «accesorias» con el de la pretensión principal. Este es en particular el caso del artículo 42 según el cual, cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones de la demanda y la ejecución no pudiera otorgarse para la totalidad, el Tribunal concederá la ejecución para una ó varias de las mismas, y del artículo 24, según el cual se podrán solicitar medidas provisionales y cautelares —accesorias por definición- previstas por la ley de un Estado contratante a las autoridades judiciales de ese Estado, «incluso si, en virtud del presente Convenio, fueran competentes para conocer del fondo los Tribunales de otro Estado contratante».
8
Estas disposiciones demuestran de modo inequívoco que el sistema general del Convenio no vincula necesariamente el resultado de una pretensión accesoria con el de una principal. En virtud de este principio, el número 4 del artículo 5 del Convenio, en lo que respecta precisamente a su ámbito de aplicación, confiere a un órgano jurisdiccional penal, cuyas resoluciones en su esfera propia de actividad están claramente excluidas del ámbito de aplicación del Convenio, competencia para conocer de la acción civil accesoria, con la consecuencia de que la resolución dictada sobre ese punto quedará comprendida dentro del ámbito del Convenio en lo que respecta a su reconocimiento y ejecución. Esta disposición prevé, por tanto de forma expresa que una pretensión accesoria a un litigio en materia penal, que evidentemente queda excluido del Convenio, está comprendida dentro del ámbito de aplicación del Convenio.
9
Para determinar si las pretensiones accesorias están comprendidas, en el ámbito de aplicación del Convenio hay que atender, en consecuencia, a la materia a la que ellas se refieran y no a la materia sobre la que verse la pretensión principal. Conforme a este principio, este Tribunal de Justicia, en su sentencia de 27 de marzo de 1979, De Cavel (143/78, ↔ Rec. p. 1055), recaída en un asunto planteado en un litigio entre las mismas partes, afirmó que una pretensión por la que se solicitaba la colocación, en el marco de un proceso de divorcio, de precintos, no estaba comprendida dentro del ámbito de aplicación del Convenio, no por su carácter accesorio, sino porque resultaba que, por su propio objeto, debía incluirse, en aquel caso, dentro del régimen matrimonial de los esposos.
10
Por otro lado, este Tribunal de Justicia en dicha sentencia ya sostuvo el criterio de que la naturaleza provisional o definitiva de las resoluciones judiciales no es decisiva para determinar su inclusión en el ámbito de aplicación del Convenio. Por lo tanto, procede descartar el argumento basado en que la obligación en materia de alimentos sólo se impone con carácter provisional y por el tiempo que dure el proceso de divorcio.
11
De las consideraciones precedentes se deduce que el ámbito de aplicación del Convenio se extiende también y por las mismas razones a las obligaciones en materia de alimentos impuestas por la Ley o por el Juez a los cónyuges para el período posterior al divorcio.
12
Procede, pues, responder a las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof que el Convenio es aplicable, por un lado, a la ejecución de una medida provisional adoptada por un Juez francés en un proceso de divorcio, por la que una de las partes obtiene una pensión alimenticia mensual, y por otro lado, a una prestación compensatoria provisional, pagadera mensualmente, que una sentencia de divorcio francesa concede a una de las partes con arreglo a los artículos 270 y siguientes del Code civil francés.
Costas
13
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof mediante resolución de 27 de junio de 1979, registrada en el Tribunal de Justicia el 30 de julio de 1979, declara:
£1 Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186) es aplicable, por un lado, a la ejecución de una medida provisional adoptada por un Juez francés en un proceso de divorcio, por la que se concede a una de las partes una pensión alimenticia mensual y, por otro lado, a una prestación compensatoria provisional, pagadera mensualmente, concedida a una de las partes mediante una sentencia de divorcio francesa con arreglo a los artículos 270 y siguientes del Code civil francés.
Kutscher
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de marzo de 1980.
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
H. Kutscher
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.