Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 11 de diciembre de 2025 (1)
Asunto
C‑791/24
TERVE Production spol. s r. o.
contra
Intesa Sanpaolo Holding International SA
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca)]
« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencia internacional de los órganos jurisdiccionales — Sustitución de la aprobación de un proyecto de contrato de adquisición de acciones por una resolución judicial — Competencia especial — Materia contractual — Materia delictual o cuasidelictual — Competencia exclusiva — Cuestión preliminar sobre la validez de un acuerdo de un órgano societario »
I.      Introducción
1.        Se plantean al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales relativas a la competencia internacional de los tribunales para conocer de litigios en materia de protección de los accionistas minoritarios que no han votado a favor de la exclusión de la cotización en bolsa de una sociedad de cuyas acciones son titulares. En efecto, la normativa eslovaca establece que, cuando se decide dicha exclusión, debe realizarse una oferta pública de adquisición y que, al término del plazo de dicha oferta, la sociedad, o su accionista mayoritario que haya presentado la oferta en su lugar, tiene derecho a solicitar la exclusión de las demás acciones. En consonancia con ello, al término de ese mismo plazo, los accionistas minoritarios pueden exigir que se les reembolsen sus acciones.
2.        Para responder a estas cuestiones, el Tribunal de Justicia deberá interpretar, por una parte, el artículo 7, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012, (2) que establece normas especiales de competencia para determinar si la acción destinada a sustituir la aprobación por el accionista mayoritario del proyecto de adquisición de acciones presentado por los accionistas minoritarios es de naturaleza contractual, o bien de carácter delictual o cuasidelictual. En las presentes conclusiones, propondré responder a esta cuestión que dicha acción es de naturaleza contractual en el sentido de dicha disposición.
3.        Por otra parte, deberá pronunciarse sobre si el artículo 24, punto 2, de dicho Reglamento, que establece la competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en el que tiene su domicilio una sociedad cuando se impugna la validez de las decisiones de sus órganos, es aplicable a una demanda relativa a la nulidad de un acuerdo de la junta general que ha decidido la transmisión de las acciones de los accionistas minoritarios tras el ejercicio del derecho de recompra por el accionista mayoritario, cuando la respuesta a dicha demanda condiciona la legitimación activa de dichos accionistas minoritarios. Propondré al Tribunal de Justicia que responda afirmativamente a esta cuestión, si la normativa nacional permite al juez nacional pronunciarse sobre la nulidad de un acuerdo de la junta general en ausencia de la sociedad afectada en el procedimiento judicial en cuestión.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
4.        Los considerandos 13 y 16 del Reglamento n.º 1215/2012 establecen:
«(13)      Debe existir una conexión entre los procedimientos a los que se aplique el presente Reglamento y el territorio de los Estados miembros. Por consiguiente, las normas comunes sobre competencia judicial deben aplicarse, en principio, cuando el demandado esté domiciliado en un Estado miembro.
[…]
(16)      El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. […]»
5.        En el capítulo II, sección 1, de dicho Reglamento, titulada «Disposiciones generales», el artículo 4, apartado 1, está redactado en los términos siguientes:
«Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
6.        La sección 2 de dicho capítulo, titulada «Competencias especiales», contiene el artículo 7, cuyos puntos 1 y 2 disponen:
«Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro:
1)      a)      en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda;
[…]
2)      en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso».
7.        La sección 6 de dicho capítulo, titulada «Competencias exclusivas», está formada por el artículo 24. El punto 2 de dicho artículo establece:
«Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que se indican a continuación:
[…]
2)      en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que la sociedad o persona jurídica esté domiciliada; para determinar dicho domicilio, el órgano jurisdiccional aplicará sus normas de Derecho internacional privado».
B.      Derecho eslovaco
8.        El artículo 118i, apartado 1, de la zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) [Ley n.º 566/2001, sobre Valores y Servicios de Inversión y por la que se modifican y completan determinadas leyes (Ley de Valores)], de 9 de noviembre de 2001, en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Valores»), establece que un oferente que haya presentado una oferta pública de adquisición que no sea una oferta de adquisición parcial ni condicional tendrá derecho a exigir que se le transmitan las acciones de todos los demás accionistas (en lo sucesivo, «demás accionistas») de la sociedad en cuestión a cambio del pago de una contraprestación adecuada (en lo sucesivo, «derecho de recompra») si posee acciones cuyo valor nominal total represente al menos el 95 % del capital de la sociedad en cuestión a las que estén vinculados derechos de voto y que, al mismo tiempo, confieran al menos el 95 % de los derechos de voto en la sociedad en cuestión. El oferente podrá ejercer su derecho de recompra a más tardar tres meses después de la expiración del período de validez de la oferta pública de adquisición a que se refiere la primera frase; de lo contrario, dicho derecho se extinguirá.
9.        A tenor del artículo 118i, apartado 6, de la Ley de Valores, la adopción de un acuerdo por la junta general relativo a la transmisión al oferente de las acciones de todos los demás accionistas requiere la aprobación de al menos el 95 % de los votos de todos los accionistas de la sociedad. De las deliberaciones de la junta general se levantará un acta en forma de documento notarial. El consejo de administración de la sociedad en cuestión, a más tardar treinta días después de la adopción del acuerdo de la junta general de conformidad con la primera frase, solicitará la inscripción del acuerdo en el registro mercantil. La solicitud de inscripción en el registro mercantil incluirá, asimismo, la decisión del Národná banka Slovenska (Banco Nacional de Eslovaquia) de conceder la aprobación previa al ejercicio del derecho de recompra y la confirmación del ingreso de los fondos destinados al pago de contraprestaciones a los demás accionistas. Se entiende que el derecho de recompra se ejerce en el momento en que la junta general adopta el acuerdo relativo a la transmisión de las acciones de todos los demás accionistas al oferente.
10.      Con arreglo al artículo 118i, apartado 8, de la Ley de Valores, una vez transcurridos treinta días desde la inscripción en el registro mercantil del acuerdo de la junta general a que se refiere el apartado 6 de dicho artículo, las acciones de la sociedad en cuestión se transmitirán de los demás accionistas al oferente. La transmisión de la titularidad de las acciones de conformidad con la primera frase es un hecho jurídico y se inscribirá en el registro legal de valores en la fecha de dicha transmisión sobre la base de una orden de inscripción de transmisión presentada por la sociedad en cuestión ante el Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky (Depósito Central de Valores de la República Eslovaca), que gestiona la emisión de acciones en el registro del emisor. El fundamento para inscribir la transmisión en virtud del derecho de recompra es el acuerdo de la junta general a que se refiere el apartado 6 de dicho artículo, la aprobación previa del Banco Nacional de Eslovaquia al ejercicio del derecho de recompra a que se refiere su apartado 4 y el extracto del registro mercantil de la sociedad en cuestión tras inscribirse el acuerdo de la junta general de conformidad con su apartado 6.
11.      El artículo 118j de la Ley de Valores dispone:
«1.      Si concurren las circunstancias contempladas en el artículo 118i, apartado 1, los accionistas titulares de las demás acciones de la sociedad en cuestión tendrán derecho a exigir al oferente […] que adquiera sus acciones a cambio de una contraprestación adecuada.
2.      El derecho a que se refiere el apartado 1 podrá ser ejercido por los accionistas
titulares de las demás acciones a más tardar tres meses después de la expiración del período de validez de la oferta de pública de adquisición; de lo contrario, dicho derecho se extinguirá. Los
accionistas
titulares de
las
demás las acciones ejercerán este derecho mediante el envío de un proyecto de contrato de reembolso de acciones. El proyecto de contrato deberá especificar, en particular:
a)      la correspondiente contraprestación monetaria exigida o una compensación adecuada en valores;
b)      el plazo para la aprobación del proyecto de contrato;
c)      el plazo y procedimiento de ejecución de la transmisión de los valores.
3.      El [oferente] deberá aceptar el proyecto de contrato en el plazo especificado en él y, en los demás casos, en un plazo de diez días hábiles a partir del día de su recepción. Si el obligado no aprueba el proyecto de contrato en ese plazo, los accionistas titulares de las demás acciones podrán solicitar al órgano jurisdiccional que sustituya la aprobación del proyecto por una resolución judicial. Este derecho deberá ejercerse en un plazo de tres meses a partir de la expiración del plazo mencionado en la primera frase; de lo contrario, dicho derecho se extinguirá.
4.      [El oferente] podrá, inmediatamente después de recibir el proyecto de contrato, solicitar al órgano jurisdiccional que examine la procedencia del pago solicitado. Este derecho se extinguirá si no se ejercita en el plazo de un mes a partir de la notificación del proyecto de contrato.
Si el importe de la contraprestación no se ha determinado mediante un dictamen pericial, la carga de la prueba de la idoneidad de la contraprestación ofrecida recaerá sobre los accionistas
titulares de las demás acciones.
5.      Las disposiciones del artículo 118i se aplicarán mutatis mutandis.»
12.      En virtud del artículo 119, apartado 1, de la Ley de Valores, si la junta general de accionistas de un emisor de acciones cotizadas en bolsa decide que las acciones emitidas por dicho emisor dejarán de cotizar, dicho emisor está obligado a realizar una oferta pública de adquisición obligatoria para adquirir todas las acciones cotizadas de los accionistas que en la junta general no hubieran votado a favor del acuerdo de excluir las acciones de la cotización o que no hubieran asistido a la junta general. La oferta pública de adquisición obligatoria debe indicar que el motivo de la realización de la oferta pública de adquisición obligatoria es el acuerdo de la junta general de la sociedad de excluir sus acciones de cotización.
13.      Con arreglo al artículo 119, apartado 3, de la Ley de Valores, la obligación a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo se considerará cumplida cuando la oferta pública de adquisición obligatoria para adquirir la totalidad de las acciones cotizadas de los accionistas que no hubieran votado a favor del acuerdo de la junta general de excluir dichas acciones de cotización en bolsa es publicada por una persona distinta del emisor de dichas acciones.
14.      De conformidad con el artículo 119, apartado 6, de la Ley de Valores, una oferta pública de adquisición obligatoria formulada con arreglo al apartado 1 de dicho artículo y al artículo 170, apartado 3, podrá preceder al ejercicio del derecho de recompra de conformidad con el artículo 118i de dicha Ley solo si esa oferta pública de adquisición obligatoria es presentada por una persona contemplada en el apartado 3 del artículo 119 y no se trata de una oferta de adquisición parcial ni condicional.
III. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
15.      El 18 de diciembre de 2020, la junta general de VÚB a.s., con domicilio social en Eslovaquia, adoptó un acuerdo mediante el que decidió que sus acciones dejarían de cotizar en bolsa.
16.      En aplicación de la legislación eslovaca, el accionista mayoritario de VÚB, la sociedad Intesa Sanpaolo Holding International SA (en lo sucesivo, «Intesa»), con domicilio social en Luxemburgo, asumió voluntariamente la obligación que recae sobre el emisor, es decir, VÚB, de realizar una oferta pública de adquisición de las acciones de los accionistas que no votaron a favor del acuerdo relativo a la exclusión de la cotización de las acciones o que no participaron en dicha junta general. La sociedad TERVE Production spol. s r. o. (en lo sucesivo, «TERVE»), con domicilio social en Eslovaquia, forma parte de esos otros accionistas. En su oferta, Intesa precisó que los contratos de compra de acciones que se celebraran sobre la base de su oferta se regirían por el Derecho eslovaco y que los tribunales competentes para conocer de los litigios derivados de ellos serían los tribunales ordinarios eslovacos. El 19 de abril de 2021, la junta general de VÚB (en lo sucesivo, «segunda junta general») aprobó la transmisión a Intesa de todas las acciones de los demás accionistas de VÚB.
17.      Mediante demanda interpuesta el 18 de agosto de 2021, TERVE solicitó al Okresný súd Bratislava V (Tribunal Comarcal V de Bratislava, Eslovaquia) que adoptase una resolución destinada a sustituir la aprobación por parte de Intesa de su solicitud de reembolso de sus acciones tras la oferta pública de adquisición. Invocó los artículos 7, punto 1, y 25 del Reglamento n.º 1215/2012 para fundamentar la competencia de los tribunales eslovacos. Intesa propuso una excepción de incompetencia. Mediante auto de 28 de febrero de 2022, dicho tribunal estimó las pretensiones de Intesa, al declinar su competencia para pronunciarse sobre el litigio, ya que no existía entre las partes ningún contrato ni acuerdo que le atribuyera la competencia al respecto.
18.      Mediante auto de 26 de octubre de 2023, el Krajský súd v Bratislave (Tribunal Regional de Bratislava, Eslovaquia) anuló el auto impugnado, basándose en la estrecha conexión existente entre, por una parte, el litigio y, por otra, el Derecho y los tribunales eslovacos, ya que Intesa es accionista de una sociedad eslovaca, de Derecho eslovaco, con domicilio social en Eslovaquia y cuyo registro de acciones se lleva en el Depósito Central de Valores eslovaco. Asimismo, consideró que, al no existir vínculo contractual entre las partes, no era de aplicación el artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento n.º 1215/2012, sino el artículo 7, punto 2, de dicho Reglamento.
19.      Intesa interpuso un recurso de casación ante el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca), que es el órgano jurisdiccional remitente, para impugnar la competencia de los tribunales eslovacos. Considera que, en aplicación del principio establecido en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, son competentes los tribunales luxemburgueses, ya que su domicilio se encuentra en Luxemburgo. Añade que el artículo 7, punto 1, de dicho Reglamento no puede aplicarse, ya que no existe relación contractual entre TERVE y ella. Precisa que el artículo 24, puntos 2 y 4, de dicho Reglamento tampoco puede fundamentar la competencia de los tribunales eslovacos, ya que el procedimiento no tiene por objeto ninguna de las materias enumeradas con carácter exhaustivo en dichas disposiciones. Sostiene que la oferta pública de adquisición obligatoria no es pertinente para determinar los tribunales competentes, ya que no fue aceptada y su plazo de validez ha expirado. Impugna el fundamento, utilizado por el Krajský súd v Bratislave (Tribunal Regional de Bratislava), del artículo 7, punto 2, del mismo Reglamento, ya que la acción interpuesta contra ella no tiene por objeto la responsabilidad por daños y perjuicios.
20.      El órgano jurisdiccional remitente observa que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación de los artículos 7 y 24 del Reglamento n.º 1215/2012 no permite resolver los dos problemas suscitados por las circunstancias particulares del asunto. Por un lado, el objeto del procedimiento es obtener una resolución que sustituya la declaración de voluntad de Intesa, en el marco del derecho de reembolso de acciones ejercido por TERVE, una vez que Intesa hubo realizado voluntariamente una oferta pública de adquisición. Por otra parte, TERVE plantea la cuestión de la nulidad o inexistencia del acuerdo de la segunda junta general de VÚB por el que se aprueba la transmisión de todas las demás acciones.
21.      En estas circunstancias, el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 7, punto 1, del Reglamento [n.º 1215/2012] en el sentido de que una demanda mediante la que se solicita sustituir la aprobación del proyecto de la demandante, relativo a un contrato de adquisición de acciones,
por una resolución judicial debe considerarse una demanda en “materia contractual”?
2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 7, punto 2, del Reglamento [n.º 1215/2012] en el sentido de que una demanda mediante la que se solicita sustituir la aprobación del proyecto de la demandante, relativo a un contrato de adquisición de acciones,
por una resolución judicial debe considerarse una demanda en “materia delictual o cuasidelictual”?
3)      ¿Debe interpretarse el artículo 24, punto 2, del Reglamento [n.º 215/2012] en el sentido de que también resulta aplicable al litigio principal debido a que en este litigio la demandante solicita al órgano jurisdiccional remitente que examine, como cuestión preliminar, su alegación basada en que el acuerdo de la junta general relativo a la transmisión de las acciones de los demás accionistas (incluidas las acciones de la demandante) a la demandada es inexistente o nulo?»
IV.    Análisis
A.      Observaciones preliminares
1.      Observaciones preliminares relativas al Reglamento n.º 1215/2012
22.      Ha de recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, dado que el Reglamento n.º 1215/2012 sustituyó al Reglamento (CE) n.º 44/2001, (3) la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo tocante a este último será igualmente válida para el Reglamento n.º 1215/2012, cuando las disposiciones de ambos instrumentos de Derecho de la Unión puedan calificarse como equivalentes. Tal es el caso, en particular, no solo del artículo 5, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001 y del artículo 7, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, (4) sino también del artículo 22, punto 2, del Reglamento n.º 44/2001 y del artículo 24, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012.
23.      Además, el Reglamento n.º 1215/2012 tiene por objeto unificar las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil a través de reglas de competencia judicial que presenten un alto grado de previsibilidad y persigue de este modo un objetivo de seguridad jurídica que consiste en reforzar la protección jurídica de las personas que tienen su domicilio en la Unión Europea, permitiendo al mismo tiempo al demandante determinar fácilmente el órgano jurisdiccional ante el cual puede ejercitar una acción y al demandado prever razonablemente ante qué órgano jurisdiccional puede ser demandado. (5)
24.      Así, el artículo 4 de dicho Reglamento establece como principio la competencia de los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado. El Tribunal de Justicia ha precisado que las reglas de competencia especial o exclusiva, que son excepciones a este principio, deben ser objeto de una interpretación estricta y no deben interpretarse en un sentido más amplio de lo que requiere su finalidad. (6)
2.      Observaciones preliminares relativas a los derechos de recompra y de reembolso en el Derecho eslovaco
25.      Con arreglo a la Ley de Valores, cuando una persona, distinta del emisor, presente una oferta pública de adquisición, que no sea una oferta parcial ni condicional, de todas las acciones cotizadas, en lugar del emisor, tras el acuerdo de la junta general de retirar las acciones de su cotización en bolsa, tiene derecho, si dispone de al menos el 95 % de las acciones con derecho de voto y el 95 % de los derechos de voto, a solicitar que todas las demás acciones de los demás accionistas le sean transmitidas a cambio de una contraprestación adecuada.
26.      Para ejercer este derecho de recompra, dicho accionista deberá obtener el voto de al menos el 95 % de la junta general a favor de que se le transmitan las acciones de los demás accionistas en los tres meses siguientes a la expiración del plazo de validez de la oferta pública de adquisición. En los treinta días siguientes a dicha votación, el consejo de administración presentará una solicitud de inscripción en el registro mercantil, acompañada del consentimiento previo del Banco Nacional de Eslovaquia y de la prueba del ingreso de los fondos destinados a pagar la contraprestación adecuada a los demás accionistas. Transcurrido un nuevo plazo de treinta días a partir de la inscripción en el registro mercantil, la sociedad dará instrucciones al Depósito Central de Valores para que inscriba la transmisión de las demás acciones a nombre del oferente. Esta instrucción irá acompañada del acuerdo de la junta general sobre la transmisión, el consentimiento previo del Banco Nacional de Eslovaquia y el extracto del registro mercantil.
27.      Para paliar la posible falta de interés del oferente que haya presentado la oferta pública de adquisición, la Ley de Valores prevé que los demás accionistas puedan exigir a dicho oferente, en el mismo plazo de tres meses a partir de la expiración del plazo de aquella, que les reembolse sus acciones a cambio de una contraprestación adecuada. Dichos accionistas deben enviar un proyecto de contrato de adquisición de acciones que indique la contraprestación adecuada, el plazo de aprobación y el plazo y el procedimiento para la ejecución de la transmisión de las acciones. Si el proyecto no ha sido aprobado en el plazo previsto o en el plazo de diez días hábiles, los accionistas pueden solicitar al órgano jurisdiccional competente que adopte una decisión que sustituya la aprobación.
28.      En este contexto legislativo, Intesa presentó voluntariamente una oferta pública de adquisición, en lugar de VÚB, y, al término del plazo de tres meses, ejerció su derecho de recompra, que se materializó en la transmisión de las demás acciones a su nombre. Paralelamente, TERVE, para ejercer su derecho de reembolso, envió a Intesa un proyecto de adquisición de acciones que Intesa no aprobó. Intesa motivó su negativa alegando que, dado que TERVE no había aceptado su propio proyecto de recompra en el plazo imperativo de tres meses, las acciones que poseía de entre las demás acciones se habían transmitido a su favor y que, por lo tanto, TERVE ya no estaba legitimada para actuar como accionista y había perdido la posibilidad de aprobar la oferta de recompra.
B.      Cuestiones relativas a las competencias especiales previstas en el artículo 7 del Reglamento n.º 1215/2012
29.      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que pueden examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si la demanda, dirigida contra el accionista que ha presentado la oferta pública de adquisición
en lugar del emisor, por la que se solicita al órgano jurisdiccional que sustituya la aprobación de un proyecto de reembolso de acciones, tras la decisión de retirar las acciones del emisor de la cotización en bolsa, es una demanda en materia contractual en el sentido del artículo 7, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 o en materia delictual o cuasidelictual en el sentido del artículo 7, punto 2, de dicho Reglamento.
30.      El Tribunal de Justicia ha declarado que las expresiones «materia contractual» o «materia delictual o cuasidelictual» deben interpretarse de manera autónoma, remitiéndose principalmente al sistema y a los objetivos de dicho Reglamento, con el fin de garantizar la aplicación uniforme de este en todos los Estados miembros. Por lo tanto, no puede entenderse que se remitan a la calificación que la ley nacional aplicable da a la relación jurídica sobre la que debe pronunciarse el órgano jurisdiccional nacional. (7)
31.      El Tribunal de Justicia ha añadido que el concepto de «materia delictual o cuasidelictual» en el sentido del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012 abarca toda pretensión por la que se exija la responsabilidad de un demandado y que no esté relacionada con la «materia contractual» en el sentido del artículo 7, punto 1, letra a), de ese Reglamento, en la medida en que no se base en una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra. (8)
32.      Dado que el Tribunal de Justicia considera que el concepto de «materia delictual o cuasidelictual» es un concepto supletorio en relación con el de «materia contractual», comenzaré mi examen por este último concepto.
33.      De jurisprudencia reiterada se desprende que el artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento n.º 1215/2012 no exige la celebración de un contrato, sino que, por el contrario, presupone la determinación de una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra. (9)
34.      El Tribunal de Justicia ha añadido cuatro precisiones que me parecen importantes para responder a las cuestiones planteadas en el presente asunto.
35.      En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha reconocido que, a efectos de determinar la jurisdicción competente, debe considerarse que los estatutos de una sociedad son como un contrato que regula a la vez las relaciones entre los accionistas y las relaciones entre estos y la sociedad que constituyen. (10) Ha extendido este razonamiento, por una parte, al caso de los miembros de una asociación, por considerar que la adhesión a una asociación crea, entre los asociados, vínculos estrechos del mismo tipo que los que se establecen entre las partes de un contrato, (11) y, por otra parte, al caso de los copropietarios, por considerar que, al adquirir y conservar la condición de copropietario de un inmueble, cada copropietario consiente en someterse a la totalidad de las disposiciones del acto que regula el correspondiente inmueble en régimen de propiedad horizontal y a los acuerdos aprobados por la junta general de propietarios del mismo. (12)
36.      En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que la regla de competencia especial en materia contractual prevista en el artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento n.º 1215/2012 se basa en el objeto de la demanda y no en la identidad de las partes. (13) De ello ha deducido que la acción pauliana, cuando se ejercita en virtud de derechos de crédito nacidos de obligaciones asumidas mediante la celebración de un contrato, está comprendida dentro del concepto de «materia contractual» y que, por lo tanto, el foro del domicilio del demandado ha de completarse con el autorizado por el artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento n.º 1215/2012, foro que responde, habida cuenta del origen contractual de las relaciones existentes entre acreedor y deudor, tanto a la exigencia de seguridad jurídica y de previsibilidad como al objetivo de buena administración de justicia. (14) En la sentencia de 4 de octubre de 2018, Feniks, (15) el Tribunal de Justicia concluyó que el acreedor podía elegir, para determinar el órgano jurisdiccional competente, el lugar de cumplimiento de la obligación que sirviera de base a su demanda. (16) Por otra parte, en materia de transporte aéreo de pasajeros, el Tribunal de Justicia ha declarado que, dado que el artículo 3, apartado 5, segunda frase, del Reglamento (CE) n.º 261/2004 (17) establece que, cuando un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que no tenga contrato con el pasajero dé cumplimiento a obligaciones en virtud de dicho Reglamento, se entenderá que lo hace en nombre de la persona que tiene un contrato con el pasajero, se considerará que dicho transportista cumple las obligaciones libremente consentidas con respecto a quien contrata con los pasajeros afectados. Estas obligaciones nacen del contrato de transporte aéreo. (18) De ello ha deducido que el concepto de «materia contractual» incluye la acción de compensación de los pasajeros aéreos por gran retraso de un vuelo de conexión ejercitada, sobre la base de dicho Reglamento, contra un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que no es quien contrata con el pasajero afectado. (19)
37.      En tercer lugar, el Tribunal de Justicia ha admitido que la obligación en «materia contractual» podía tener un doble origen legal y contractual. Así, ha declarado que, si bien es cierto que la participación en una comunidad de propietarios viene exigida por la ley, no lo es menos que los detalles de la administración de los elementos comunes del inmueble de que se trate están, en su caso, regulados contractualmente y que la adhesión a la comunidad se realiza mediante la adquisición voluntaria de una vivienda junto con la correspondiente cuota de participación en los elementos comunes del inmueble, de forma que una obligación de los propietarios respecto de la comunidad debe ser considerada una obligación jurídica libremente asumida por una persona respecto a otra. (20)
38.      En cuarto lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que el concepto de «materia contractual» abarca el supuesto de una acción cuyo objeto es reclamar judicialmente al vendedor profesional la entrega del premio aparentemente ganado y cuyo pago se niega a realizar este, ya que dicha acción se basa precisamente en la promesa de premio controvertida y el beneficiario aparente invoca el incumplimiento de esta para justificar la acción judicial. (21)
39.      A mi juicio, este recordatorio
de la jurisprudencia debe permitir al Tribunal de Justicia calificar de «materia contractual» el objeto de la acción judicial interpuesta por TERVE contra Intesa.
40.      En efecto, estas dos sociedades son accionistas de la misma sociedad, VÚB, y el procedimiento de oferta pública de adquisición, seguido del derecho de recompra o del derecho de reembolso, está dirigido a proteger los derechos de los accionistas minoritarios en caso de decisión de exclusión de la cotización de las acciones. Por ello, en principio, la obligación de presentar una oferta pública de adquisición recae sobre el emisor de las acciones, que tiene un vínculo contractual con sus accionistas.
41.      Además, Intesa decidió voluntariamente presentar dicha oferta en lugar del emisor, es decir, VÚB, cuyas relaciones con sus accionistas son de naturaleza contractual. No sería coherente que el litigio relativo al derecho del accionista minoritario a ceder sus acciones en caso de exclusión de la cotización quedase comprendido, en el presente asunto, en la competencia de los tribunales eslovacos o luxemburgueses en función de la decisión de Intesa de intervenir o no para presentar una oferta pública de adquisición. Sería igualmente incoherente que, aunque los derechos de recompra y de reembolso se ejercieran en el mismo plazo y fueran impugnados, los litigios fueran competencia de tribunales establecidos en Estados miembros diferentes, en el supuesto de que el accionista que presentase la oferta pública de adquisición tuviera su domicilio en un Estado miembro distinto al del domicilio del emisor.
42.      Además, el hecho de que la obligación de presentar una oferta pública de adquisición en caso de exclusión de la cotización en bolsa de las acciones, seguida del ejercicio de derechos de recompra y de reembolso, tenga su origen en la ley no pone en tela de juicio la calificación de obligación comprendida en la materia contractual. En efecto, como he señalado anteriormente, (22) dicha obligación puede tener un origen contractual y legal. Sin embargo, solo se da la obligación legal por existir una obligación de naturaleza contractual. En el presente asunto, los accionistas de VÚB votaron a favor de excluir las acciones de su cotización en bolsa, lo que implicaba la obligación legal de presentar una oferta pública de adquisición. Posteriormente, Intesa, en cuanto accionista titular de al menos el 95 % de las acciones con derecho a voto y el 95 % de los votos, presentó voluntariamente dicha oferta en lugar de VÚB, lo que le supuso la obligación legal de ejercer el derecho de recompra o de someterse al derecho de reembolso.
43.      Por último, el hecho de negarse a cumplir una obligación legal no significa que no se esté ante una materia contractual. Por lo tanto, el hecho de que Intesa, que aceptó libremente presentar una oferta pública de adquisición, se negara a acceder a la solicitud de reembolso de TERVE no significa que el fundamento de la demanda de esta última no quede comprendido en la materia contractual.
44.      De lo anterior se desprende que la acción de TERVE interpuesta contra Intesa es de naturaleza contractual, y no delictual, en el sentido del Reglamento n.º 1215/2012.
45.      Por lo tanto, procede responder al órgano jurisdiccional remitente que el artículo 7, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que la demanda mediante la que se solicita sustituir por una resolución judicial la aprobación del proyecto de un accionista minoritario relativo a un contrato de adquisición de acciones por el accionista que ha presentado, en lugar del emisor, una oferta pública de adquisición, tras el acuerdo de la junta general de accionistas de excluir las acciones de la cotización en bolsa, queda comprendida en la materia contractual.
C.      Cuestión relativa a la competencia exclusiva prevista en el artículo 24 del Reglamento n.º 1215/2012
46.      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia al Tribunal de Justicia si el artículo 24, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a una demanda cuyo objeto es impugnar la validez de un acuerdo de la junta general que aprueba la transmisión de las demás acciones a un accionista mayoritario, tras una oferta pública de adquisición presentada voluntariamente por este en lugar del emisor, cuando dicha demanda tiene carácter preliminar respecto a la demanda mediante la que se solicita una resolución judicial destinada a
sustituir la aprobación de un proyecto de reembolso de acciones por un accionista mayoritario.
47.      Al igual que la Comisión, considero que esta cuestión solo es pertinente si, en el Derecho eslovaco, el juez que conoce de una demanda por la que se solicita que se sustituya la aprobación de un proyecto de reembolso de acciones por un accionista mayoritario puede pronunciarse sobre la validez de un acuerdo de una junta general sin que la sociedad cuyo acuerdo se impugna sea parte en el litigio.
48.      Si tal fuera el caso, propongo el análisis siguiente.
49.      Ha de recordarse que el artículo 24, punto 2, del Reglamento
n.º 1215/2012 establece la competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en que tengan su domicilio las sociedades o personas jurídicas «en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos».
50.      En el presente asunto, ha de elucidarse el concepto de «validez de la decisión de un órgano societario», concepto cuyo alcance ya ha definido el Tribunal de Justicia al interpretar el artículo 22, punto 2, del Reglamento n.º 44/2001, cuyas disposiciones se han recogido en el artículo 24, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012. (23)
51.      A tal fin, ha recordado que el objetivo esencial del artículo 22, punto 2, del Reglamento n.º 44/2001 consiste en centralizar la competencia para evitar decisiones contradictorias en lo que se refiere a la validez de los acuerdos de los órganos societarios. (24) Se prevé esta centralización ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que la sociedad tiene su domicilio social, ya que son estos tribunales los que se hallan en una mejor posición para resolver tales litigios, en particular por el hecho de que las formalidades de publicidad de la sociedad y de sus decisiones se producen en ese mismo Estado. Esta competencia exclusiva se atribuye en aras de una buena administración de la justicia. (25)
52.      Por lo tanto, no cabe duda de que, si TERVE reclamase frente a VÚB la anulación del acuerdo de la segunda junta general, los tribunales eslovacos serían competentes.
53.      Sin embargo, dado que esta competencia exclusiva es una excepción a la regla general de competencia establecida en el artículo 4 del Reglamento n.º 1215/2012, debe ser objeto de una interpretación estricta. (26)
54.      Esta interpretación estricta lleva a considerar que el artículo 24, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que se refiere únicamente a los litigios cuyo objeto principal está constituido por la validez de las decisiones de sus órganos. (27)
55.      Por consiguiente, procede analizar si, en el marco de una demanda judicial mediante la que se solicita que se sustituya la aprobación del proyecto de reembolso de acciones, la cuestión preliminar de la validez del acuerdo de la junta general por el que se aprobó la transmisión de las demás acciones al oferente del derecho de recompra puede constituir el objeto principal del litigio.
56.      En efecto, la legitimación activa de TERVE depende directamente de la validez o no de acuerdo de la segunda junta general, ya que, si este último es nulo, la transmisión de las acciones a Intesa se pone en tela de juicio y TERVE seguirá siendo accionista de VÚB. Por el contrario, si este acuerdo es válido, TERVE habrá perdido su condición de accionista y ya no podrá ejercer su derecho de reembolso.
57.      Por consiguiente, considero que la validez del acuerdo de la segunda junta general es la premisa indispensable de la acción ejercitada por TERVE para que se sustituya la aprobación por Intesa de su proyecto de reembolso de las demás acciones. (28) Es precisamente este acuerdo el que fundamenta el derecho al reembolso para los
demás accionistas. Por lo tanto, no se está ante un supuesto en el que la nulidad invocada de las decisiones de los órganos de la sociedad tenga carácter accesorio respecto al objeto principal de la demanda. (29) En consecuencia, queda demostrada la competencia de los tribunales eslovacos sobre la base de la competencia exclusiva prevista en el artículo 24, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012.
58.      Asimismo, el Tribunal de Justicia ha precisado que la centralización de la competencia en favor de los órganos jurisdiccionales del domicilio de la sociedad que ve impugnada la validez de las decisiones de sus órganos, con el fin de evitar resoluciones contradictorias, (30) permite cumplir los objetivos de un alto grado de previsibilidad en lo tocante a la competencia y a la seguridad jurídica. (31)
59.      Así, pueden tenerse en cuenta la nacionalidad de la sociedad que ve impugnada la decisión de sus órganos, el Derecho aplicable a los actos y formalidades relativos a la junta general impugnada, la lengua utilizada (32) y el Derecho sustantivo aplicable. (33) En el asunto principal, VÚB es de nacionalidad eslovaca y la junta general está sujeta al Derecho eslovaco tanto en lo que se refiere a las formalidades como al Derecho sustantivo. Ello permite establecer una estrecha conexión entre el litigio y los tribunales eslovacos, lo cual puede facilitar la observancia del principio de buena administración de la justicia. (34)
60.      El Tribunal de Justicia también tuvo en cuenta, en aras de la conformidad con los objetivos de previsibilidad y de seguridad jurídica, en un caso similar de impugnación relativo a la contraprestación ofrecida a cambio de la transmisión obligatoria de las acciones de los accionistas minoritarios de una sociedad a su accionista mayoritario, que este debía contar con que el tribunal del domicilio social de la sociedad fuera competente. (35) A mi juicio, el hecho de que Intesa indicara en su propio proyecto de recompra de acciones, que vino seguido del acuerdo de transmisión de las demás acciones adoptado por la segunda junta general, cuya validez se impugna, que los contratos de adquisición de acciones que se derivaran de ello estarían sujetos al Derecho eslovaco y a la competencia de los tribunales eslovacos confirma que dicha sociedad debía contar con que sería demandada ante los tribunales eslovacos.
61.      Así pues, a diferencia de los hechos que dieron lugar a la sentencia de 12 de mayo de 2011, BVG, (36) en la que la competencia exclusiva del artículo 24, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012 se invocaba en apoyo de una excepción de incompetencia propuesta en su defensa por una sociedad que invocaba la nulidad de sus propios acuerdos, en el presente asunto, la nulidad de los acuerdos de los órganos de la sociedad se invoca en la demanda.
62.      Habida cuenta de cuanto antecede, propongo responder al órgano jurisdiccional remitente que el artículo 24, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a una demanda, incluso de carácter preliminar, cuyo objeto es impugnar la validez de un acuerdo de la junta general que aprueba la transmisión de las demás acciones a un accionista mayoritario, tras una oferta pública de adquisición presentada voluntariamente por este en lugar del emisor, si dicha demanda es una premisa indispensable de la demanda principal mediante la que se solicita que se sustituya la aprobación por el accionista mayoritario del proyecto de reembolso de acciones presentado por el accionista minoritario.
V.      Conclusión
63.      Habida cuenta de todas las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca) del modo siguiente:
«1)      El artículo 7, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
debe interpretarse en el sentido de que
la demanda mediante la que se solicita sustituir por una resolución judicial la aprobación del proyecto de un accionista minoritario relativo a un contrato de adquisición de acciones por el accionista que ha presentado, en lugar del emisor, una oferta pública de adquisición, tras el acuerdo de la junta general de accionistas de excluir las acciones de la cotización en bolsa, queda comprendida en la materia contractual.
2)      El artículo 24, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012
debe interpretarse en el sentido de que
es aplicable a una demanda, incluso de carácter preliminar, cuyo objeto es impugnar la validez de un acuerdo de la junta general que aprueba la transmisión de las demás acciones a un accionista mayoritario, tras una oferta pública de adquisición presentada voluntariamente por este en lugar del emisor, si dicha demanda es una premisa indispensable de la demanda principal mediante la que se solicita que se sustituya la aprobación por el accionista mayoritario del proyecto de reembolso de acciones presentado por el accionista minoritario.»
1      Lengua original: francés.
2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
3      Reglamento del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
4      Véase la sentencia de 14 de septiembre de 2023, EXTÉRIA (C‑393/22, EU:C:2023:675), apartado 23 y jurisprudencia citada.
5      Véase la sentencia de 28 de noviembre de 2024, VariusSystems (C‑526/23, EU:C:2024:985), apartado 15.
6      En relación con el artículo 7 del Reglamento n.º 1215/2012, véase la sentencia de 28 de noviembre de 2024, VariusSystems (C‑526/23, EU:C:2024:985). En relación con el artículo 24 de dicho Reglamento, véase la sentencia de 7 de marzo de 2018, E.ON Czech Holding (C‑560/16, en lo sucesivo, «sentencia E.ON Czech Holding», EU:C:2018:167), apartado 27.
7      Véase la sentencia de 25 de marzo de 2021, Obala i lučice (C‑307/19, EU:C:2021:236), apartado 82 y jurisprudencia citada.
8      Véase la sentencia de 25 de marzo de 2021, Obala i lučice (C‑307/19, EU:C:2021:236), apartado 83 y jurisprudencia citada.
9      Véanse las sentencias de 28 de enero de 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), apartado 39, y de 8 de mayo de 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), apartados 23 a 25.
10      Véase, en relación con el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), modificado por los sucesivos convenios relativos a la adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio (DO 1998, C 27, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), que ha sido sustituido por el Reglamento n.º 44/2001 (véase el punto 22 de las presentes conclusiones), la sentencia de 10 de marzo de 1992, Powell Duffryn (C‑214/89, EU:C:1992:115), apartado 16.
11      Véase la sentencia de 8 de mayo de 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), apartado 26 y jurisprudencia citada.
12      Véase la sentencia de 8 de mayo de 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), apartado 29 y jurisprudencia citada.
13      Véase la sentencia de 4 de octubre de 2018, Feniks (C‑337/17, EU:C:2018:805), apartado 48 y jurisprudencia citada.
14      Véase la sentencia de 4 de octubre de 2018, Feniks (C‑337/17, EU:C:2018:805), apartado 44.
15      C‑337/17, EU:C:2018:805.
16      Véase la sentencia de 4 de octubre de 2018, Feniks (C‑337/17, EU:C:2018:805), apartado 46.
17      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).
18      Véase la sentencia de 7 de marzo de 2018, flightright y otros (C‑274/16, C‑447/16 y C‑448/16, EU:C:2018:160), apartados 62 y 63.
19      Véase la sentencia de 7 de marzo de 2018, flightright y otros (C‑274/16, C‑447/16 y C‑448/16, EU:C:2018:160), apartado 65 y punto 2 del fallo.
20      Véase la sentencia de 8 de mayo de 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), apartado 27.
21      Véase la sentencia de 20 de enero de 2005, Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33), apartados 57 y 58.
22      Véase el punto 37 de las presentes conclusiones.
23      Véase el punto22 de las presentes conclusiones.
24      Véase la sentencia E.ON Czech Holding (apartado 31 y jurisprudencia citada).
25      Véase la sentencia E.ON Czech Holding (apartado 32 y jurisprudencia citada).
26      Véase el punto24 de las presentes conclusiones y la jurisprudencia citada en la nota 6.
27      Véase, por analogía con el artículo 22, punto 2, del Reglamento n.º 44/2001, la sentencia de 12 de mayo de 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300), apartados 44 y 43, que cita el informe del Sr. P. Jenard sobre el Convenio de Bruselas (DO 1979, C 59, p. 1 [versión lingüística española en DO 1990, C 189, p. 122]) (véase la nota 10 de las presentes conclusiones), cuyas conclusiones son pertinentes, por analogía, para analizar el Reglamento n.º 1215/2012.
28      Véase, por analogía con la validez de una patente como premisa indispensable en el marco de toda acción por violación, la sentencia de 12 de mayo de 2011, BVG (C‑144/10, EU:C:2011:300), apartado 46.
29      Véase la sentencia de 2 de octubre de 2008, Hassett y Doherty (C‑372/07, EU:C:2008:534).
30      Véase la sentencia E.ON Czech Holding (apartado 31).
31      Véase la sentencia E.ON Czech Holding (apartado 28).
32      Véase la sentencia E.ON Czech Holding (apartado 40).
33      Véase la sentencia E.ON Czech Holding (apartado 41).
34      Véase la sentencia E.ON Czech Holding (apartado 42).
35      Véase la sentencia E.ON Czech Holding (apartado 43).
36      C‑144/10, EU:C:2011:300.