62021CC0598
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 12 de enero de 2023 (
1
)
Asunto C‑598/21
SP,
CI
contra
Všeobecná úverová banka, a.s.
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov, Eslovaquia)]
«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7, 38 y 47 — Directiva 93/13/CEE — Artículo 1, apartado 2 — Cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo — Cláusula que refleja una disposición legal imperativa — Artículos 3, apartado 1, 4, apartado 1, y 7, apartado 1 — Aseguramiento del crédito mediante garantía real sobre un bien inmueble — Residencia principal del consumidor — Ejecución de la garantía mediante una venta en subasta — Tutela judicial efectiva — Prácticas comerciales desleales — Directiva 2005/29/CE — Cadena de contratos de crédito cuyo objeto es cubrir una deuda existente — Directiva 2008/48/CE — Crédito al consumo — Ámbito de aplicación — Elusión — Determinación del importe total de la deuda»
I. Introducción
1.
A raíz de la crisis financiera, el Derecho de la Unión ha establecido un marco más sólido para proteger a los consumidores en materia de créditos con garantía inmobiliaria. (
2
) Entretanto, el Tribunal de Justicia ha sentado una importante línea jurisprudencial relativa a la protección procesal de los consumidores, que también tiene su reflejo en el ámbito de los procedimientos de ejecución de viviendas. Esta jurisprudencia refleja la constitucionalización del Derecho contractual en materia de consumo. (
3
) El Derecho derivado que sirve de «nexo» (
4
) entre el Derecho procesal, la legislación en materia de consumo y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») es la Directiva 93/13/CEE. (
5
)
2.
En el ámbito del procedimiento de ejecución forzosa de un bien inmueble que constituye la residencia del consumidor, el Tribunal de Justicia examinó, en la sentencia de 10 de septiembre de 2014, Kušionová (C‑34/13, en lo sucesivo, sentencia Kušionová, EU:C:2014:2189) la compatibilidad de la legislación eslovaca sobre procedimientos de ejecución extrajudicial con la Directiva 93/13. La presente petición de decisión prejudicial es, en esencia, una continuación de la referida sentencia. El órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que profundice en la relación entre el procedimiento de ejecución, la legislación en materia de consumo y los derechos fundamentales consagrados en la Carta.
3.
Más concretamente, mediante su petición de decisión prejudicial, el Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov, Eslovaquia) se pregunta sobre las facultades de los órganos jurisdiccionales para apreciar la proporcionalidad de la ejecución forzosa por vencimiento anticipado de un crédito en el contexto de un procedimiento de ejecución extrajudicial. También se pregunta sobre la compatibilidad con la Directiva 2005/29/CE (
6
) de una práctica bancaria consistente en la celebración de nuevos contratos de crédito en virtud de los cuales la mayoría de los fondos no se desembolsan al consumidor, sino que se destinan a cubrir préstamos más antiguos, así como las implicaciones de esta práctica en cuanto a la determinación del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48/CE. (
7
)
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
Directiva 93/13
4.
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 establece:
«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.»
5.
El artículo 3, apartado 1, de esta Directiva es del siguiente tenor:
«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.»
6.
El artículo 4, apartado 1, de esta Directiva dispone:
«Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.»
7.
El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 prevé:
«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
Directiva 2005/29
8.
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2005/29, titulado «Ámbito de aplicación», establece:
«La presente Directiva será aplicable a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores según establece el artículo 5, antes, durante y después de una transacción comercial en relación con un producto.»
9.
El artículo 5, apartados 1 y 5, de esta Directiva dispone:
«1.   Se prohibirán las prácticas comerciales desleales.
[…]
5.   En el anexo I figura una lista de las prácticas comerciales que se considerarán desleales en cualquier circunstancia. La misma lista única se aplicará en todos los Estados miembros y solo podrá modificarse mediante una revisión de la presente Directiva.»
Directiva 2008/48
10.
El considerando 14 de la Directiva 2008/48 es del siguiente tenor:
«Conviene excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los contratos relativos a la concesión de un crédito que esté garantizado por una hipoteca sobre un inmueble, dado que este tipo de crédito tiene un carácter muy específico. Asimismo, aquellos contratos de crédito cuyo propósito consista en financiar la adquisición o conservación de derechos de propiedad sobre terrenos o edificios existentes o por construir deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva. […]»
11.
El artículo 2 de la Directiva 2008/48, titulado «Ámbito de aplicación», establece en su apartado 2:
«La presente Directiva no se aplicará a:
a)
los contratos de crédito garantizados por una hipoteca o por otra garantía comparable comúnmente utilizada en un Estado miembro sobre bienes inmuebles o garantizados por un derecho relativo a un bien inmueble;
[…]».
12.
El artículo 22, apartado 3, de la Directiva 2008/48 está redactado en los siguientes términos:
«Los Estados miembros garantizarán además que las disposiciones que adopten para dar cumplimiento a la presente Directiva no puedan eludirse de resultas del modo en que se formulen los contratos, especialmente como consecuencia de la integración de operaciones de disposición de fondos o contratos de crédito sujetos a la presente Directiva en contratos de crédito cuyo carácter u objetivo permita sustraerlos a su ámbito de aplicación.»
B.
Derecho nacional
13.
El artículo 565 del Občiansky zákonník (Código Civil) dispone:
«En caso de ejecución de un crédito reembolsado mediante cuotas periódicas, el acreedor no podrá declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo por impago de una cuota mensual, salvo que así se hubiera acordado entre las partes o dispuesto en una resolución. En cualquier caso, el acreedor podrá ejercer este derecho hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota siguiente.»
14.
El artículo 53 del Código Civil regula las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Su apartado 9 tiene el siguiente tenor:
«En caso de ejecución forzosa de un contrato celebrado con un consumidor en el que este paga cuotas periódicas, el profesional podrá ejercer el derecho que le confiere el artículo 565 del Código Civil como muy pronto tres meses después del retraso en el pago de una cuota y cuando lo haya notificado al consumidor con al menos quince días de antelación al ejercicio de ese derecho.»
15.
El artículo 151j, apartado 1, del Código Civil establece:
«Si un crédito asegurado mediante una garantía real no se satisface debidamente dentro del plazo, el acreedor beneficiario de la garantía podrá promover la ejecución de la garantía. En el curso de dicha ejecución, el referido acreedor podrá hacer efectivo su crédito del modo establecido en el contrato o mediante la venta en subasta del bien sujeto a la garantía, conforme a una ley especial […], o bien exigir la satisfacción del crédito mediante la venta del bien gravado por la garantía conforme a las disposiciones legales especiales, […] siempre que este código o una ley especial no dispongan otra cosa.»
16.
El órgano jurisdiccional remitente señala que al apartado 1 se le adiciona una primera nota a pie de página, insertada tras los términos «conforme a una ley especial», que remite a la Zákon 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov [Ley n.o 527/2002, sobre las ventas en subasta voluntaria, complementaria de la Ley del Consejo nacional eslovaco n.o 323/1992, sobre los notarios y las actividades del notariado (ordenamiento del notariado), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Ley sobre las ventas en subasta voluntaria»)], y una segunda nota, que figura tras los términos «disposiciones legales especiales», que remite al Código de Procedimiento Civil y al Código de Procedimiento Ejecutivo.
17.
El artículo 151m, apartados 1 y 2, del Código Civil dispone:
«(1)   El acreedor beneficiario de la garantía podrá vender el bien sujeto a la garantía del modo estipulado en el contrato de constitución de la garantía o bien en subasta una vez transcurridos treinta días desde la fecha en la que se notifique al garante y al deudor, cuando no sean la misma persona, el inicio de la ejecución de la garantía siempre que una ley especial no disponga otra cosa. […]
(2)   Una vez notificado el inicio de la ejecución de la garantía, el garante y el acreedor beneficiario de la garantía podrán pactar que este último queda facultado para vender el bien sujeto a la garantía del modo estipulado en el contrato de constitución de la garantía o bien en subasta incluso antes de que venza el plazo previsto en el apartado 1.»
18.
La Ley sobre las ventas en subasta voluntaria define, en su artículo 6, al adjudicador como «la persona que organiza la subasta y cumple los requisitos establecidos en la presente Ley especial que le autorizan para el ejercicio de la actividad correspondiente». En el artículo 7, apartado 1, de esta Ley se define al solicitante de la subasta como el propietario del bien objeto de venta, el acreedor beneficiario de la garantía o la persona autorizada para instar la ejecución de una venta en subasta en virtud de una ley especial.
19.
En lo concerniente, más en particular, al acreedor beneficiario de la garantía, el artículo 7, apartado 2, de dicha Ley establece que tal acreedor deberá declarar por escrito no solo que el bien objeto de venta puede ser vendido en subasta, sino también la existencia, la cuantía y el vencimiento del crédito por el que se solicita la ejecución de la garantía en aplicación de esa Ley.
20.
Según el artículo 16, apartado 1, de la referida Ley, solo puede llevarse a cabo una venta en subasta en virtud de un convenio suscrito entre la persona que haya instado la venta y el adjudicador.
21.
En virtud del artículo 17 de la Ley sobre las ventas en subasta voluntaria, el adjudicador está obligado a publicar un anuncio de la celebración de subasta. Si el objeto de la venta es un apartamento, una casa, un inmueble distinto, una empresa o una de sus partes o si la oferta más baja es superior a 16550 euros, el adjudicador publicará el anuncio en el registro de ventas públicas al menos treinta días antes del comienzo de la subasta y también enviará al Ministerio, sin demora indebida, el anuncio de la venta en subasta para su publicación en el Obchodný vestník (Boletín mercantil oficial).
22.
El artículo 21, apartado 2, de la misma Ley establece que, en caso de infracción de las disposiciones de esta, la persona que se estime perjudicada puede solicitar al juez que declare la nulidad de la venta en subasta. No obstante, el derecho a presentar una demanda judicial de anulación se extingue si no se ejerce en los tres meses siguientes a la adjudicación, excepto si las causas de anulación están ligadas a la comisión de un delito y la venta tiene por objeto una casa o un apartamento en el que estaba domiciliado oficialmente el propietario anterior.
23.
A tenor del artículo 325, apartado 1, de la Zákon 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (Ley n.o 160/2015 — Código de Procedimiento Civil), el juez puede ordenar medidas provisionales si es necesario regular con carácter temporal las relaciones entre las partes o si hay riesgo de que la ejecución de la decisión judicial pudiera resultar afectada. De conformidad con el artículo 325, apartado 2, letra d), del Código de Procedimiento Civil, el juez puede imponer a una parte medidas provisionales, en especial, «para que ejecute un acto, se abstenga de un acto o lo consienta».
24.
A tenor del artículo 63, apartado 3, de la Zákon 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok (Ley n.o 233/1995 — Código de Procedimiento Ejecutivo):
«La ejecución forzosa mediante venta de un bien inmueble en el que el deudor tenga su residencia principal o temporal en el sentido del apartado 2 solo podrá efectuarse excepcionalmente, previa aprobación judicial, si existen diversos procedimientos de ejecución frente al interesado relativos a créditos cuyo importe total sea superior a 2000 euros y el adjudicador demuestra que la deuda no puede ejecutarse de otra manera».
III. Litigio principal y cuestiones prejudiciales
25.
El 9 de febrero de 2012, la Sra. SP y el Sr. CI suscribieron con la recurrida, Všeobecná úverová banka, a.s. (en lo sucesivo, «VÚB Banka»), un crédito al consumo, denominado «Hypo Pôžička», que ascendía a 30221,50 euros por un período de veinte años con vencimiento en 2032 (en lo sucesivo, «préstamo en cuestión»). En el contrato no se hizo mención alguna de la finalidad del préstamo en cuestión.
26.
VÚB Banka utilizó la práctica totalidad del préstamo en cuestión para cubrir la deuda de créditos al consumo anteriores concedidos desde 2004, ya fuera por VÚB Banka o por la sociedad con la que esta última estuvo vinculada en el pasado, a saber, Consumer Finance Holding, a.s. (en lo sucesivo, «CFH»). Los recurrentes en el litigio principal (en lo sucesivo, «recurrentes») suscribieron un primer préstamo con CFH en 2004 por un importe, todavía en la antigua moneda, de 18000 coronas eslovacas (SKK) (597,49 euros). Posteriormente, suscribieron otros créditos al consumo. Los recurrentes no pudieron devolver los préstamos. En consecuencia, VÚB Banka les concedió nuevos préstamos sin llegar a desembolsarlos a los recurrentes, sino utilizándolos directamente para cubrir los vencimientos derivados del crédito al consumo inicial. VÚB Banka fijó unilateralmente el importe de lo adeudado. Además, VÚB Banka utilizó a su favor una parte del préstamo en cuestión para resarcirse de los gastos derivados de la concesión de dicho préstamo.
27.
El préstamo en cuestión se caracteriza por estar asegurado con una garantía real sobre un bien inmueble, a saber, la vivienda en la que residen los recurrentes y otras personas. Tras la concesión del préstamo en cuestión, los recurrentes incumplieron el pago de las cuotas por un importe de 1106,50 euros. A raíz del incumplimiento, en enero de 2013, VÚB Banka reclamó la devolución de la totalidad del préstamo. Entre las condiciones contractuales del préstamo en cuestión figuraba el derecho del prestamista a poner en marcha el procedimiento de vencimiento anticipado y a declarar exigible la devolución de la totalidad del préstamo. El órgano jurisdiccional remitente precisa que el Derecho eslovaco establece un único requisito para poner en marcha ese derecho, a saber, un impago de tres meses de los vencimientos y que el acreedor conceda, desde la notificación, un plazo de otros quince días.
28.
El 12 de abril de 2013, VÚB Banka notificó la ejecución de la garantía real mediante la venta en subasta voluntaria de la vivienda de los recurrentes, cuyo valor es al menos treinta veces superior a la suma por la que el banco había iniciado el procedimiento de vencimiento anticipado del préstamo y la posterior venta de la vivienda.
29.
Los recurrentes interpusieron una demanda ante el Okresný súd v Prešov (Tribunal Comarcal de Prešov, Eslovaquia) con el fin de detener la ejecución de la garantía real mediante subasta voluntaria. Los recurrentes alegaron, entre otras cosas, que VÚB Banka vulneró sus derechos garantizados por el Derecho de la Unión en materia de créditos al consumo. En una primera sentencia, el Okresný súd v Prešov (Tribunal Comarcal de Prešov) desestimó la demanda al considerar, en esencia, que no existía impedimento alguno para la venta de la vivienda familiar de los recurrentes en el marco de un procedimiento extrajudicial.
30.
A raíz del recurso interpuesto por los recurrentes, el órgano jurisdiccional remitente anuló la sentencia dictada en primera instancia. Consideró que la subasta voluntaria de la vivienda de los recurrentes resultaba desproporcionada, toda vez que existía otro medio de ejecución de la garantía real en el contexto de un procedimiento de ejecución judicial en el que podía satisfacerse la reclamación de VÚB Banka sin que los recurrentes perdieran la propiedad de la vivienda.
31.
En una segunda sentencia, el Okresný súd v Prešov (Tribunal Comarcal de Prešov) volvió a desestimar la demanda. A tal efecto, se remitió a la sentencia Kušionová. Según la interpretación de esta sentencia por parte de dicho órgano jurisdiccional, ni siquiera las cláusulas contractuales abusivas impiden la venta de la vivienda de los recurrentes en el contexto de un procedimiento extrajudicial de ejecución. Dicho órgano jurisdiccional aplicó, a este respecto, la jurisprudencia del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca) que, según el órgano jurisdiccional remitente, rechazó la protección judicial ex ante del consumidor consistente en la suspensión sin limitación temporal de la venta extrajudicial de su vivienda mediante subasta voluntaria.
32.
Los recurrentes interpusieron ante el órgano jurisdiccional remitente un nuevo recurso de apelación en el que solicitaban que se suspendiera la ejecución de la garantía real mediante subasta voluntaria. Alegaron, entre otras cosas, la vulneración de sus derechos como consumidores y el menoscabo de su derecho a la vivienda en caso de venderse su vivienda familiar.
33.
El órgano jurisdiccional remitente precisa que el Derecho eslovaco no exige expresamente, en relación con la ejecución forzosa de una garantía real por vencimiento anticipado, que se tenga en cuenta el carácter proporcionado de la ejecución ni aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en el apartado 73 de la sentencia Aziz. (
8
) Más concretamente, señala que la legislación eslovaca admite el procedimiento de vencimiento anticipado sin necesidad de examinar si el consumidor ha incumplido una obligación que reviste carácter esencial, si tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.
34.
Seguidamente, el órgano jurisdiccional remitente precisa que la legislación eslovaca prevé dos modalidades de ejecución de una garantía real. La primera consiste en la venta del objeto pignorado por medio de una subasta voluntaria. Esta subasta la realiza un particular‑empresario. El acreedor determina unilateralmente la cuantía de la deuda. Por lo general, otro empresario —el adjudicador— vende la vivienda del consumidor sin entablar ningún procedimiento judicial y sin realizar una valoración objetiva del importe de la deuda y de la proporcionalidad de la subasta de la vivienda del consumidor. A pesar de la falta de consentimiento de los consumidores, la ley califica esta subasta de «voluntaria».
35.
La segunda modalidad de ejecución se prevé en la Ley n.o 233/1995 — Código de Procedimiento Ejecutivo. Este procedimiento va precedido de un control judicial de las cláusulas contractuales. Los órganos jurisdiccionales pueden autorizar la devolución fraccionada y deben examinar de oficio la normativa sobre protección de los consumidores. El acreedor podrá instar la ejecución forzosa recurriendo a un agente judicial, que también podrá autorizar la devolución fraccionada. Por lo tanto, en el contexto de un procedimiento de ejecución judicial, es posible ajustar el nivel de las cuotas iniciales de los préstamos a largo plazo hasta el final del plazo del préstamo. De este modo, el acreedor puede ver satisfecha su deuda en el plazo acordado con el consumidor al tiempo que este conserva su vivienda.
36.
En cambio, el órgano jurisdiccional remitente considera que el procedimiento de venta en subasta voluntaria no ofrece tales garantías. No puede suspenderse mientras esté pendiente un procedimiento judicial relativo a cláusulas contractuales abusivas. Además, el procedimiento que se sigue tras la subasta, por el que se solicita que se declare la nulidad de dicha venta, una vez perdida la titularidad, conlleva un coste emocional especialmente alto para los consumidores.
37.
El órgano jurisdiccional remitente considera que reviste especial importancia proteger, antes de celebrarse la subasta, los derechos de los consumidores, entre ellos su derecho a una vivienda, frente a un eventual menoscabo desproporcionado. Dado que el Derecho sustantivo no prevé ninguna otra posibilidad de protección ex ante, la única opción es interponer una acción de cesación de la ejecución de la garantía real durante el procedimiento de subasta voluntaria.
38.
Por lo que respecta a la aplicación de la Directiva 2005/29, el órgano jurisdiccional remitente señala que el préstamo en cuestión y los créditos al consumo concedidos con anterioridad se destinaron sucesivamente a cubrir la deuda de préstamos anteriores, a pesar de que los solicitantes no disponían de ingresos suficientes para reembolsarlos. El órgano jurisdiccional remitente considera que las circunstancias en las que se suscribió el crédito al consumo en cuestión implican el empleo de prácticas comerciales desleales que deberían estar comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada Directiva.
39.
Por lo que respecta a la aplicación de la Directiva 2008/48, el órgano jurisdiccional remitente señala que la única circunstancia que podría implicar que el préstamo en cuestión quedara fuera del ámbito de aplicación de esta Directiva es el hecho de que esté garantizado por un bien inmueble. Sin embargo, la verdadera finalidad de la garantía que grava el bien inmueble es cubrir los créditos al consumo anteriores. En tales circunstancias, existe una estrecha relación entre el préstamo en cuestión y el crédito al consumo anterior para cuyo pago se suscribió el préstamo en cuestión.
40.
El órgano jurisdiccional remitente pretende, por último, determinar si el enfoque adoptado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová (C‑377/14, en lo sucesivo, sentencia Radlinger y Radlingerová, EU:C:2016:283) es aplicable al presente asunto.
41.
En estas circunstancias, el Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Se oponen el artículo 47 de la [Carta], en relación con sus artículos 7 y 38, la [Directiva 93/13], la [Directiva 2005/29] y el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea a una normativa como la contenida en los artículos 53, apartado 9, y 565 del Občiansky zákonník (Código Civil eslovaco), en virtud de los cuales, en caso de vencimiento anticipado, no debe tenerse en cuenta su proporcionalidad, en particular, la gravedad del incumplimiento de las obligaciones del consumidor en relación con el importe del préstamo y el plazo de reembolso?
2)
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial (es decir, si no se oponen), el órgano jurisdiccional remitente formula las siguientes cuestiones prejudiciales:
a) ¿Se oponen el artículo 47 de la Carta, en relación con sus artículos 7 y 38, la [Directiva 93/13], la [Directiva 2005/29] y el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea a una jurisprudencia que, en esencia, no suspende la ejecución de un derecho de garantía mediante subasta privada de bienes inmuebles utilizados como vivienda por los consumidores u otras personas y que, al mismo tiempo, no tiene en cuenta la gravedad del incumplimiento de la obligación del consumidor en relación con el importe del préstamo y la duración de este, cuando existe también otro medio para satisfacer el crédito del acreedor, mediante un procedimiento de ejecución judicial, en el que la venta de la vivienda objeto del derecho de garantía no es la solución que goza de prioridad?
b) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la [Directiva 2005/29] en el sentido de que la protección de los consumidores frente a las prácticas comerciales desleales en materia de crédito al consumo se extiende a todas las modalidades de reembolso de los créditos del prestamista, incluida la suscripción de un nuevo préstamo acordado para cubrir las obligaciones derivadas del préstamo anterior?
c) ¿Debe interpretarse la Directiva [2005/29] en el sentido de que también debe considerarse práctica comercial desleal el comportamiento de un prestamista que concede repetidamente préstamos a un consumidor que no puede reembolsarlos, de modo que se crea una cadena de préstamos que el prestamista no desembolsa realmente al consumidor, sino que retiene, en cambio, para cubrir los préstamos anteriores y el coste total de los mismos?
d) ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, letra a), de la [Directiva 2008/48], en relación con el décimo considerando de dicha Directiva, en el sentido de que no se opone a la aplicación de esta, incluso en el caso de un préstamo que presenta todas las características de un crédito al consumo, cuando no se haya acordado la finalidad del préstamo y el prestamista haya utilizado la totalidad del préstamo para cubrir las deudas derivadas de créditos al consumo anteriores, salvo una parte insignificante, y se haya acordado un derecho de garantía sobre un bien inmueble?
e) ¿Debe interpretarse la [sentencia Radlinger y Radlingerová] en el sentido de que se aplica también a un contrato de crédito al consumo cuando, en virtud de dicho contrato, una parte del préstamo concedido se destina a cubrir los gastos del prestamista?»
IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
42.
El 6 de julio de 2022, el órgano jurisdiccional remitente, a petición del Tribunal de Justicia, facilitó aclaraciones en virtud del artículo 101 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
43.
Han formulado observaciones escritas VÚB Banka, el Gobierno eslovaco y la Comisión Europea. En la vista celebrada el 28 de octubre de 2022, fueron oídos por el Tribunal de Justicia los recurrentes, el Gobierno eslovaco y la Comisión.
V. Apreciación
Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales
44.
VÚB Banka solicita que se desestimen las cuestiones prejudiciales por ser de carácter hipotético. A este respecto, invoca diferentes elementos de hecho que, en su opinión, demuestran que el consumidor incumplió obligaciones esenciales del contrato y que el banco respetó el principio de proporcionalidad.
45.
El Gobierno eslovaco y, en esencia, la Comisión sostienen que las cuestiones primera y segunda son inadmisibles en lo que respecta a la Directiva 2005/29. Alegan que el órgano jurisdiccional remitente no ha expuesto las razones que le han llevado a preguntar al Tribunal de Justicia sobre la manera en que debería interpretarse dicha Directiva ni los motivos que hacen necesaria esta interpretación para resolver el litigio principal. Más concretamente, la Comisión señala que el órgano jurisdiccional remitente no ha explicado en qué medida incoar el procedimiento de ejecución puede constituir una práctica comercial desleal. No obstante, la Comisión afirma que el órgano jurisdiccional remitente explica la pertinencia de la interpretación de la Directiva 2005/29 en las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta.
46.
En ese sentido conviene recordar que es reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo es posible cuando resulta patente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder eficazmente a las cuestiones planteadas. (
9
)
47.
En primer lugar, es preciso observar que las cuestiones prejudiciales primera y segunda se refieren en efecto, además de a la Directiva 93/13, a la Directiva 2005/29. No obstante, como afirman fundadamente el Gobierno eslovaco y la Comisión, el tribunal remitente se limita a citar esa última Directiva al plantear dichas cuestiones sin exponer la razón por la que su interpretación es necesaria para la solución del litigio principal. Además, tampoco precisa de qué manera el procedimiento de ejecución de la garantía real al que se oponen los recurrentes puede constituir una práctica comercial desleal.
48.
Por lo tanto, propongo que se responda a las dos primeras cuestiones únicamente en relación con las disposiciones de la Directiva 93/13.
49.
En segundo lugar, el hecho de que VÚB Banka sostenga que la ejecución de la garantía real es proporcionada no significa que las cuestiones tengan carácter hipotético. Las cuestiones prejudiciales no consisten en determinar si el procedimiento de ejecución forzosa es proporcionado —aun cuando, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, no lo es—, sino que pretenden que se dilucide si el acreedor puede de iure proceder a la ejecución en ausencia de una obligación legal que imponga la necesidad de que un juez examine la proporcionalidad de la ejecución. (
10
)
50.
En ese sentido las cuestiones prejudiciales no tienen carácter hipotético y la interpretación solicitada de las disposiciones de la Directiva 93/13 es necesaria para la solución del litigio principal.
51.
Por lo antes expuesto, considero que el Tribunal de Justicia debería declarar admisible la petición de decisión prejudicial.
Primera cuestión prejudicial
52.
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 93/13, interpretada a la luz de los artículos 7, 38 y 47 de la Carta y del principio de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional y, más concretamente, al artículo 53, apartado 9, del Código Civil, interpretado a la luz de su artículo 565, que permite al profesional poner en marcha el procedimiento de vencimiento anticipado por incumplimientos del deudor de sus obligaciones durante un período limitado, sin que dicho derecho esté sujeto a la exigencia de proporcionalidad, en particular en lo que respecta a la gravedad del incumplimiento de las obligaciones del consumidor en relación con el importe del préstamo y el plazo de reembolso.
53.
De la resolución de remisión se desprende que, en virtud del artículo 53, apartado 9, del Código Civil, en el caso de un contrato de crédito al consumo reembolsado mediante cuotas periódicas, el profesional puede reclamar la totalidad del préstamo por vencimiento anticipado, de conformidad con el artículo 565 del Código Civil, si las partes así lo han acordado. El ejercicio de este derecho está condicionado, por una parte, a que transcurra un plazo de al menos tres meses tras el retraso en el pago de una cuota y, por otra parte, a que se le notifique previamente al consumidor con una antelación mínima de quince días a la ejecución.
54.
Con carácter preliminar, procede recordar que del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 93/13 se desprende que esta tiene por objeto aproximar las disposiciones nacionales de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Pues bien, como resulta del artículo 1, apartado 2, de esa Directiva, interpretado a la luz de su decimotercer considerando y de su artículo 3, apartado 1, la citada Directiva no tiene la finalidad de instaurar un control de las disposiciones nacionales por lo que respecta a su carácter potencialmente desventajoso para el consumidor, sino únicamente un control de las cláusulas que figuran en contratos con los consumidores que no han sido objeto de negociación individual. (
11
)
55.
Además, con arreglo al artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva, las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas no estarán sometidas a las disposiciones de esta misma Directiva.
56.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que la exclusión del ámbito de aplicación de esta Directiva prevista en el artículo 1, apartado 2, se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha dispuesto un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos, equilibro que el legislador de la Unión ha querido expresamente preservar. (
12
)
57.
En el litigio principal, las disposiciones del Derecho nacional objeto de la remisión prejudicial se reflejan en una cláusula del contrato de crédito al consumo.
58.
A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular, en su caso, las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. (
13
)
59.
Por otra parte, en su respuesta a la solicitud de aclaraciones, el órgano jurisdiccional remitente se declaró a favor de que la primera cuestión se reformulara en el sentido de que tiene por objeto dilucidar la interpretación del concepto de «cláusula abusiva» que figura en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual que refleja las disposiciones del Derecho nacional controvertidas.
60.
En estas circunstancias, para responder útilmente al órgano jurisdiccional remitente, parece necesario reformular la primera cuestión prejudicial. Esta cuestión prejudicial tiene por objeto, en esencia, que se dilucide si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que esta Directiva se aplica a una cláusula contractual que refleja una disposición de Derecho nacional que permite al profesional poner en marcha el procedimiento de vencimiento anticipado por incumplimientos del deudor de sus obligaciones durante un período limitado, sin que dicho derecho esté sujeto a la exigencia de proporcionalidad. En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber cuáles son los criterios de apreciación del eventual carácter abusivo de tal cláusula, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, y el artículo 4 de la Directiva 93/13.
Sobre si la cláusula controvertida refleja «disposiciones legales o reglamentarias imperativas» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13
61.
Para determinar, en primer lugar, si la cláusula controvertida refleja «disposiciones legales o reglamentarias imperativas» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, procede recordar que esta disposición establece una exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13. Atendiendo al objetivo de la Directiva, que es la protección de los consumidores contra las cláusulas abusivas insertadas en los contratos concluidos por los profesionales con estos últimos, dicha excepción, al igual que todas, es de interpretación estricta. (
14
)
62.
El carácter excepcional de esta exclusión se señala en la sentencia Kušionová, (
15
) en la que el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 en el sentido de que una cláusula contractual que figura en un contrato concluido por un profesional con un consumidor está excluida del ámbito de aplicación de esa Directiva únicamente si dicha cláusula contractual refleja el contenido de una disposición legal o reglamentaria imperativa, lo que incumbe comprobar al tribunal remitente.
63.
Resulta que, para que se aplique esta exclusión, deben cumplirse dos requisitos: la cláusula contractual debe reflejar una disposición legal o reglamentaria y esta disposición debe ser imperativa. (
16
)
64.
Para determinar si concurren los mencionados requisitos, el Tribunal de Justicia ha declarado que incumbe al juez nacional comprobar si la cláusula contractual de que se trata refleja normas de Derecho nacional que se apliquen entre las partes contratantes de manera imperativa con independencia de su elección o normas de naturaleza dispositiva y, por tanto, aplicables con carácter supletorio, es decir, cuando las partes no hayan pactado otra cosa. (
17
)
65.
En sus observaciones escritas, el Gobierno eslovaco alega que el artículo 53, apartado 9, del Código Civil constituye una disposición imperativa de este tipo. Afirma, por un lado, que dicha disposición concede una mayor protección al consumidor en la medida en que establece garantías adicionales en caso de vencimiento anticipado de un contrato de crédito al consumo. Por otro lado, con arreglo al artículo 54, apartado 1, del Código Civil, las partes no pueden sustraerse a la aplicación de la disposición controvertida en perjuicio del consumidor.
66.
El órgano jurisdiccional remitente no comparte la postura del Gobierno eslovaco. En su respuesta a la solicitud de aclaraciones, explicó que las disposiciones del artículo 53, apartado 9, en relación con el artículo 565 del Código Civil no se aplican con carácter supletorio. Su aplicación depende de la autonomía de la voluntad de las partes. El órgano jurisdiccional remitente también ha subrayado que, aun cuando las partes acuerden la posibilidad de vencimiento anticipado del préstamo, esta sigue siendo una facultad del acreedor, sin que exista una obligación legal de anticipar la ejecución forzosa. A este respecto, señala que las disposiciones de los artículos 53, apartado 9, y 565 del Código Civil utilizan el término «podrá» («môže»), que indica la posibilidad de que el acreedor inicie la ejecución y no una obligación de hacerlo. El órgano jurisdiccional remitente considera, además, que el artículo 54, apartado 1, del Código Civil al que se refiere el Gobierno eslovaco no conduce a una interpretación diferente. Esta disposición no se opone a que se establezcan excepciones a las disposiciones del Código Civil en favor del consumidor. Precisa que solo en el supuesto de que las partes establezcan en su contrato una cláusula de vencimiento anticipado el acreedor estará obligado a respetar las exigencias mínimas previstas en el artículo 53, apartado 9, del Código Civil antes de proceder a la ejecución forzosa.
67.
En la vista, los recurrentes y la Comisión destacaron que la aplicación de las disposiciones controvertidas del Código Civil está supeditada a un acuerdo previo entre las partes. Los recurrentes han afirmado que el profesional puede decidir si ejerce su derecho a la ejecución forzosa por vencimiento anticipado. En caso de que el profesional opte por ejercer este derecho, deberá observar los requisitos procesales mínimos establecidos en el artículo 53, apartado 9, del Código Civil. El respeto del plazo de tres meses antes de iniciar la ejecución es imperativo, pero el requisito previo para su aplicación, a saber, la decisión de proceder a la ejecución, incumbe al profesional.
68.
Me convencen las explicaciones del órgano jurisdiccional remitente y los argumentos de los recurrentes y de la Comisión. En mi opinión, permiten concluir que las disposiciones de Derecho nacional controvertidas no se aplican con carácter supletorio, es decir, a falta de otros acuerdos establecidos por las partes, para ser calificadas de «imperativas» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13. En cambio, requieren un acuerdo explícito de las partes. A falta de tal acuerdo, el artículo 565 del Código Civil establece como norma que el acreedor no podrá pedir el reembolso de la totalidad del préstamo por impago de alguna cuota.
69.
Asimismo, es importante señalar que, aunque el artículo 53, apartado 9, del Código Civil se refiere a un contrato de consumo ejecutado mediante cuotas periódicas, no contempla específicamente la ejecución forzosa por vencimiento anticipado de un contrato de crédito a largo plazo ni que dicho préstamo esté asegurado mediante una garantía real sobre la vivienda familiar del consumidor. En estas circunstancias, la elección del profesional de incluir en un contrato de préstamo garantizado por la vivienda familiar del consumidor una cláusula no negociada que refleja esta disposición no puede asimilarse al establecimiento por el legislador nacional de un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes contratantes.
70.
En cualquier caso, es cierto que, en el marco del procedimiento contemplado en el artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, el juez nacional es el único competente para interpretar y aplicar disposiciones de Derecho nacional. (
18
)
71.
De estas circunstancias resulta que la cláusula contractual en cuestión que contempla el derecho del acreedor a anticipar el vencimiento del crédito y la ejecución forzosa no refleja una disposición legal o reglamentaria imperativa en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13. Por consiguiente, concluyo que tal cláusula está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13.
Sobre los criterios de apreciación de la cláusula contractual relativa al vencimiento anticipado
72.
Conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, el carácter abusivo de una cláusula contractual se debe apreciar teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración. De ello resulta que, en este contexto, deben apreciarse también las consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho aplicable al contrato, lo que implica un examen del sistema jurídico nacional. (
19
)
73.
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta más concretamente si, para apreciar el carácter abusivo de la cláusula contractual controvertida, es posible tener en cuenta la proporcionalidad del ejercicio del derecho del profesional a declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo y, en particular, la gravedad del incumplimiento de las obligaciones del consumidor en relación con el importe del préstamo y el plazo de reembolso. El órgano jurisdiccional remitente se refiere, a este respecto, a uno de los criterios enunciados en el apartado 73 de la sentencia Aziz. (
20
)
74.
Esta sentencia establece varios criterios en relación con la apreciación por parte de un órgano jurisdiccional nacional del carácter eventualmente abusivo de una cláusula relativa al procedimiento de vencimiento anticipado de un contrato de larga duración y, más concretamente, de un contrato de préstamo hipotecario, derivado del incumplimiento por parte del deudor de sus obligaciones durante un período limitado. Estos criterios se precisaron en la sentencia Banco Primus. (
21
) El Tribunal de Justicia ha declarado que incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar, en particular, primero, si la facultad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate; en segundo lugar, si esa facultad está prevista para los casos en los que tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo; en tercer lugar, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas generales aplicables en la materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas, y, en cuarto lugar, si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo. El Tribunal de Justicia ha precisado además, en su sentencia Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire‑Atlantique et du Centre Ouest, (
22
) que la sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60), debe interpretarse en el sentido de que no puede entenderse que los criterios que señala para la apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual, a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, en particular el criterio del desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes del contrato que esa cláusula cause en detrimento del consumidor, sean acumulativos ni alternativos, sino que debe entenderse que forman parte del conjunto de circunstancias que concurren en la celebración del contrato de que se trate, que el juez nacional deberá examinar para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13.
75.
La cláusula en cuestión se refiere al vencimiento de un contrato de larga duración, celebrado por veinte años y garantizado con la vivienda familiar del consumidor. En estas circunstancias, la apreciación del carácter abusivo de dicha cláusula debería efectuarse a la luz de la jurisprudencia expuesta en el apartado anterior.
76.
De las consideraciones anteriores, concluyo que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que esta Directiva se aplica a una cláusula contractual que refleja una disposición de Derecho nacional que permite al profesional poner en marcha el procedimiento de vencimiento anticipado por incumplimientos del deudor de sus obligaciones durante un período limitado, sin que dicho derecho esté sujeto a la exigencia de proporcionalidad. Los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que, por lo que se refiere a la apreciación por parte de un tribunal nacional del posible carácter abusivo de una cláusula relativa al procedimiento de vencimiento anticipado por incumplimientos de las obligaciones del deudor durante un período limitado, incumbe a ese tribunal nacional examinar, en particular, los siguientes criterios: en primer lugar, si la facultad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate; en segundo lugar, si esa facultad está prevista para los casos en los que tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo; en tercer lugar, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas generales aplicables en la materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas, y, en cuarto lugar, si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.
77.
En el supuesto de que el Tribunal de Justicia responda afirmativamente a la primera cuestión, tal como ha sido reformulada, el órgano jurisdiccional remitente indica que ya no procederá responder a las demás cuestiones. No obstante, por razones de exhaustividad, analizaré las demás cuestiones prejudiciales.
Segunda cuestión prejudicial
78.
Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, leído a la luz de los artículos 7, 47 y 38 de la Carta y del principio de efectividad del Derecho de la Unión, se opone a una jurisprudencia nacional según la cual no es posible suspender, en cuanto al fondo, la ejecución de un derecho de garantía real mediante subasta privada de bienes inmuebles utilizados como vivienda por los consumidores u otras personas.
79.
Con carácter preliminar, procede recordar que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que lo lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas. Además, el artículo 38 de la Carta dispone que, en las políticas de la Unión, se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores. Este imperativo rige la aplicación de la Directiva 93/13. (
23
)
80.
Además, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, la Directiva 93/13 impone a los Estados miembros, tal como se desprende de su artículo 7, apartado 1, en relación con su vigesimocuarto considerando, la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. (
24
)
Antecedentes de la cuestión: la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Kušionová
81.
Tras estas observaciones preliminares, procede referirse a los antecedentes de la cuestión planteada. No es la primera vez que los órganos jurisdiccionales eslovacos han preguntado al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con la Directiva 93/13 de las normas eslovacas que permiten al acreedor cobrar una deuda mediante la ejecución extrajudicial de una garantía real que grava un bien inmueble constituido como garantía por el consumidor. La primera vez fue en el marco del asunto C‑482/12, Macinský y Macinská. Este asunto fue archivado, haciéndolo constar en el Registro del Tribunal de Justicia, a raíz de la retirada de la petición de decisión prejudicial, (
25
) pese a que el Abogado General Wahl ya había presentado sus conclusiones. (
26
) Más concretamente, el asunto Macinský y Macinská planteaba la cuestión de si es contrario a la Directiva 93/13 que un Estado miembro establezca normas procesales que permitan que un derecho basado en una cláusula abusiva de un contrato celebrado con consumidores se ejecute por vía extrajudicial y, por tanto, (quizá) sin supervisión judicial alguna. Sobre la base de los elementos obrantes en autos y de las observaciones de las partes en la vista, el Abogado General concluyó que la Directiva 93/13 no se opone a tal procedimiento. Basó su conclusión, en esencia, en las consideraciones siguientes. Por una parte, una protección procesal efectiva de los consumidores no exige una revisión judicial obligatoria ex ante de las cláusulas abusivas. (
27
) Por otra parte, el procedimiento controvertido ofrece una protección suficientemente efectiva de los derechos de los consumidores, tal y como exige la Directiva 93/13. (
28
)
82.
Las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Macinský y Macinská (C‑482/12, EU:C:2013:765), fueron recogidas, en esencia, en la sentencia Kušionová. En dicha sentencia se declaró que el régimen eslovaco de ejecución extrajudicial, o venta en subasta «voluntaria», es compatible con la Directiva 93/13 siempre que esa normativa no haga imposible o excesivamente difícil en la práctica la salvaguardia de los derechos que dicha Directiva atribuye al consumidor, lo que corresponde verificar al tribunal remitente.
83.
La conclusión del Tribunal de Justicia en la sentencia Kušionová está supeditada a la existencia de medios eficaces para oponerse a una ejecución basada en cláusulas posiblemente abusivas. Sobre la base de los datos disponibles, el Tribunal de Justicia consideró que la legislación eslovaca ofrecía una protección jurisdiccional provisional que permitía la adopción de medidas cautelares para impedir la realización de una venta, así como una protección judicial ex post. El Tribunal de Justicia se basó principalmente en los siguientes elementos: en primer lugar, la posibilidad de impugnar una venta en subasta en un plazo de treinta días a partir de la notificación de la ejecución de la garantía, con arreglo al artículo 151m, apartado 1, del Código Civil, en relación con el artículo 17, apartado 3, de la Ley sobre las ventas en subasta voluntaria; en segundo lugar, la posibilidad de que la persona que se oponga a las modalidades de la venta en subasta solicite al juez, en un plazo de tres meses desde la adjudicación, que declare la nulidad de la venta, en virtud del artículo 21, apartado 2, de la misma Ley, y, en tercer lugar, el hecho de que, en el curso de un procedimiento de ejecución extrajudicial de una garantía, el juez nacional competente puede adoptar toda medida provisional que prohíba continuar la ejecución de tal venta, en virtud de los artículos 74, apartado 1, y 76, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil. (
29
)
84.
En cuanto a la posibilidad de que el órgano jurisdiccional remitente aprecie la proporcionalidad de la ejecución, la sentencia Kušionová incluye en esencia ese control en la apreciación global por el órgano jurisdiccional nacional del carácter adecuado y eficaz de los medios disponibles en el ordenamiento jurídico para que cese la aplicación de las cláusulas abusivas en virtud del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13. (
30
) El razonamiento del Tribunal de Justicia pone de manifiesto las dimensiones constitucionales de la Directiva 93/13 en el contexto de los litigios en materia de consumo. El Tribunal de Justicia ha declarado que es preciso prestar especial atención al hecho de que el bien objeto del procedimiento de ejecución extrajudicial de la garantía discutida en el litigio principal es la vivienda familiar del consumidor. (
31
) El razonamiento a la luz de los derechos fundamentales se ve reforzado por referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El TEDH ha estimado que la pérdida de una vivienda es una de las más graves lesiones del derecho al respeto del domicilio y que toda persona que corra el riesgo de ser víctima de ella debe en principio poder obtener el examen de la proporcionalidad de dicha medida. (
32
) El Tribunal de Justicia ha subrayado que los órganos jurisdiccionales nacionales, al interpretar la Directiva 93/13, deben tomar en consideración el artículo 7 de la Carta, que garantiza el derecho al respeto de su domicilio. (
33
) Por último, remitiéndose a su sentencia Aziz, (
34
) el Tribunal de Justicia destaca la importancia de que el juez nacional competente disponga de medidas cautelares que puedan suspender o contrarrestar un procedimiento ilícito de ejecución para garantizar la efectividad de la protección pretendida por la Directiva 93/13, habida cuenta de las consecuencias que genera desposeer al consumidor y a su familia de la vivienda que es su residencia principal. (
35
)
85.
Habida cuenta de todos los elementos mencionados en el punto 83 de las presentes conclusiones y, en particular, el hecho de que parece que existe la posibilidad de que el juez nacional competente ordene medidas cautelares, la sentencia Kušionová establece que, en el procedimiento de ejecución extrajudicial eslovaco, existe «un medio adecuado y eficaz de hacer cesar la aplicación de cláusulas abusivas, lo que corresponde verificar al tribunal remitente».
Comprobación de las premisas de la sentencia Kušionová
86.
El órgano jurisdiccional remitente precisa que el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca) interpretó la sentencia Kušionová en el sentido de que permite la venta extrajudicial de un bien inmueble, incluida la vivienda que constituye el domicilio del consumidor. Además, de esta jurisprudencia nacional se desprende que no puede obligarse a un acreedor a abstenerse indefinidamente de ejecutar la garantía. (
36
) El órgano jurisdiccional remitente considera, en esencia, que tal jurisprudencia nacional no es correcta y verifica las premisas sobre las que se pronunció la sentencia Kušionová. Considera que la venta en subasta voluntaria no ofrece las mismas garantías que la ejecución judicial. Precisa que se trata de una modalidad de ejecución organizada exclusivamente por personas que se rigen por el Derecho privado, que excluye el control judicial de la deuda y de la proporcionalidad de la venta. El órgano jurisdiccional remitente subraya que la venta en subasta voluntaria no puede interrumpirse por un procedimiento judicial en el contexto del cual pueda alegarse el carácter abusivo de las cláusulas contractuales.
87.
Por el contrario, en sus observaciones escritas, el Gobierno eslovaco sostiene que la legislación eslovaca, tal como se recoge en la sentencia Kušionová, garantiza la tutela judicial efectiva de los consumidores antes y después de la venta forzosa y que los órganos jurisdiccionales pueden adoptar medidas cautelares.
88.
En su respuesta a la solicitud de aclaraciones, el órgano jurisdiccional remitente discrepa del análisis jurídico del Gobierno eslovaco. Con carácter preliminar, el órgano jurisdiccional remitente niega que el régimen de ejecución extrajudicial garantice una mayor protección de los consumidores por el mero hecho de que se excluya la venta directa del bien por parte del acreedor. Considera que las disposiciones a las que se refiere el Gobierno eslovaco, a saber, el artículo 17, apartados 3 y 5, de la Ley sobre las ventas en subasta voluntaria y el artículo 151m, apartado 1, del Código Civil, no reconocen el derecho a impugnar la ejecución antes de realizarse la venta. Según el órgano jurisdiccional remitente, estas disposiciones regulan los requisitos formales de ejecución de una venta en subasta voluntaria y aspectos organizativos relacionados con dicha venta. En cuanto a la posibilidad de adoptar medidas cautelares, el órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 325, apartados 1 y 2, del Código de Procedimiento Civil prevé la facultad del juez para adoptar medidas cautelares únicamente en el marco de un procedimiento contradictorio. Aclara, por lo tanto, que esta disposición no es aplicable en un procedimiento de ejecución extrajudicial. Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente ha señalado que el artículo 63, apartado 3, de la Ley n.o 233/1995 — Código de Procedimiento Ejecutivo no guarda relación con el procedimiento previsto por la Ley sobre las ventas en subasta voluntaria y que, por lo general, los profesionales no están obligados a respetar dicha Ley n.o 233/1995 — Código de Procedimiento Ejecutivo en el contexto de un procedimiento de ejecución extrajudicial.
89.
Se instó a las partes que participaron en la vista a que explicaran con más detalle los medios de que disponen los consumidores para alegar el posible carácter abusivo del título ejecutivo en el contexto del procedimiento de venta extrajudicial. También se les pidió que identificaran la base jurídica que permite a los órganos jurisdiccionales que conocen del procedimiento declarativo sobre el eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales incluidas en el título ejecutivo o que conocen de las cuestiones relacionadas con la ejecución adoptar medidas cautelares que puedan suspender el procedimiento de ejecución para garantizar la plena eficacia de la resolución definitiva en cuanto al fondo.
90.
El Gobierno eslovaco afirmó que no existe ningún obstáculo jurídico en cuanto a las facultades del juez para apreciar de oficio las cláusulas abusivas. Señaló que el artículo 298, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil reconoce expresamente tales facultades. El Gobierno eslovaco se refirió a varias disposiciones del Código Civil y a la Ley n.o 250/2007, relativa a la protección de los consumidores, de las que se desprende que los consumidores pueden entablar acciones judiciales tendentes a declarar la nulidad de cláusulas abusivas. Asimismo, dicho Gobierno indicó que el Código de Procedimiento Civil reconoce la posibilidad de interponer una demanda para determinar la existencia de un derecho.
91.
Los recurrentes no cuestionaron la existencia de las disposiciones mencionadas por el Gobierno eslovaco. No obstante, sostuvieron que se trata de normas generales y que no se aplican a la ejecución extrajudicial. En su opinión, no hay ninguna base jurídica que obligue a los tribunales a suspender una venta en subasta voluntaria por el mero hecho de que existan cláusulas abusivas. Los recurrentes también alegaron que el procedimiento en su conjunto carece de transparencia y que no hay ninguna autoridad pública que se involucre en fase alguna del procedimiento. En cuanto a la posibilidad de impugnar la venta a posteriori, los recurrentes explicaron que se trata de un proceso largo y penoso para los consumidores, (
37
) con muy pocas perspectivas de éxito.
92.
La Comisión mantuvo que sigue sin estar claro si el procedimiento de ejecución extrajudicial basado en la Ley sobre las ventas en subasta voluntaria permite suspender la ejecución debido a la existencia de cláusulas abusivas. Observó que, incluso de aceptarse que tal posibilidad existe en la legislación nacional, hay cierta tensión entre lo que la ley pretende establecer y la forma en que los tribunales la interpretan y aplican, lo que hace que devenga excesivamente difícil en la práctica ejercitar los derechos de los consumidores.
93.
Si bien, en virtud del artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia es competente para deducir del artículo 7 de la Directiva 93/13 los criterios que definen el marco que permite apreciar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Directiva, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las disposiciones de la Ley sobre las ventas en subasta voluntaria pueden ofrecerle, en su caso, tal marco. (
38
)
94.
Por lo tanto, me limitaré a realizar las observaciones siguientes. El procedimiento de ejecución extrajudicial se aplica con independencia de la condición del deudor y del tipo de bien de que se trate. Este puede tener por objeto (como sucede en el litigio principal) un bien inmueble que responda a una necesidad básica del consumidor, a saber, procurarse una vivienda. (
39
) Este procedimiento puede ser incoado a instancia de un profesional simplemente sobre la base de un contrato de crédito dotado de fuerza ejecutiva, sin que el contenido de dicho documento ni siquiera sea objeto de un examen judicial destinado a determinar el carácter eventualmente abusivo de una o varias de las cláusulas que contenga. Además, el acreedor determina unilateralmente la deuda y un actor privado (el «adjudicador») lleva a cabo la ejecución forzosa sin la supervisión de una autoridad pública. Este derecho tan poderoso e incondicional del vendedor para iniciar la ejecución hace aún más necesario que el consumidor, en su condición de deudor ejecutado, pueda obtener una tutela judicial eficaz. (
40
) En otras palabras, como señala acertadamente la doctrina, los procedimientos posesorios contra la morada de una persona deben garantizar «el más alto grado de rigor procesal». (
41
)
95.
Los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia y los debates mantenidos en la vista revelan, a mi juicio, que la existencia y el alcance de las facultades jurisdiccionales en el contexto específico de la impugnación de una ejecución extrajudicial sobre la base de cláusulas abusivas siguen siendo oscuros y complejos para los órganos jurisdiccionales y los consumidores. Más concretamente, no está claro cuál es el cauce procesal de que disponen los consumidores para obtener una suspensión de la ejecución forzosa que permita al juez competente examinar el eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales que figuran en el título ejecutivo. La inexistencia de un marco jurídico claro vulnera, en primer lugar, el principio de seguridad jurídica. A este respecto, procede recordar que el principio de seguridad jurídica, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión, exige que las normas jurídicas sean claras, precisas y de efectos previsibles, en especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables para los particulares y las empresas, con el fin de que los justiciables puedan conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia. (
42
)
96.
El marco jurídico de la ejecución extrajudicial, tal como lo describe el órgano jurisdiccional remitente, no parece ofrecer un alto grado de garantías procesales. Debido a su fragmentación, crea un riesgo no desdeñable de que el consumidor afectado no formule la oposición requerida a la ejecución extrajudicial que permita apreciar judicialmente las cláusulas abusivas, o bien de que incurra en un error procesal. (
43
) Este riesgo se ve agravado por el hecho de que todas las fases del procedimiento extrajudicial de ejecución, incluida la determinación del importe de la deuda, se llevan a cabo sin ninguna supervisión por parte de una autoridad pública.
97.
A este respecto, procede señalar, asimismo, que de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia se desprende que los estándares de lo que constituye un control eficaz de las cláusulas abusivas son particularmente elevados. El Tribunal de Justicia ha precisado que la obligación de los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular en relación con los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de tutela judicial efectiva, reafirmada en el artículo 7, apartado 1, de esa Directiva y consagrada también en el artículo 47 de la Carta, que es aplicable, entre otros aspectos, a la definición de una regulación procesal pormenorizada relativa a las acciones judiciales basadas en tales derechos. (
44
)
98.
Más concretamente, en el contexto de un procedimiento a instancias de una única parte para la emisión de un requerimiento de pago, el Tribunal de Justicia ha declarado que la exigencia de tutela judicial efectiva requiere que el juez que conoce de la ejecución pueda apreciar, incluso por primera vez, el eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales sobre las que se fundamenta un requerimiento de pago expedido por un juez a instancia de un acreedor y contra el cual el deudor no ha formulado oposición. (
45
) En el contexto de un procedimiento de ejecución hipotecaria, el Tribunal de Justicia consideró que no podría garantizarse un control eficaz del eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales, tal como se exige en la Directiva 93/13, si la fuerza de cosa juzgada se extendiera también a las resoluciones judiciales que no mencionan tal control. (
46
)
99.
De esta jurisprudencia se desprende que, aun cuando exista una resolución judicial que autorice la ejecución forzosa, no puede garantizarse un control eficaz de las cláusulas abusivas en circunstancias en las que tal resolución no contiene ningún motivo que justifique el examen de oficio del carácter abusivo de las cláusulas contractuales. Sobre esta base, considero, a fortiori, que no puede garantizarse un control eficaz cuando el procedimiento de ejecución se inicia sin control judicial ex ante, cuando se efectúa exclusivamente por profesionales privados y cuando los medios disponibles para impugnar el procedimiento de ejecución y las facultades del juez son oscuros y complejos. Por consiguiente, considero que, cuando menos, la manera en que se aplican las normas procesales que rigen el procedimiento de ejecución extrajudicial en la práctica jurídica eslovaca no cumplen las exigencias de la tutela judicial efectiva de los consumidores.
100.
Como última observación, ha de señalarse que la Directiva 2014/17, adoptada, como recuerda su considerando 3, en materia de préstamos inmobiliarios a los consumidores tras la crisis financiera internacional, aunque no sea aplicable ratione temporis, (
47
) demuestra la voluntad del legislador de la Unión de reforzar la protección de los consumidores en los procedimientos de ejecución hipotecaria. De conformidad con el artículo 28, apartado 1, de la Directiva 2014/17, los Estados miembros adoptarán medidas para alentar a los prestamistas a mostrarse razonablemente tolerantes con los consumidores morosos antes de iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. El objetivo de la tolerancia es resolver en una fase temprana las dificultades de pago para evitar que se incoen tales procedimientos. El procedimiento de ejecución hipotecaria debe ser el último recurso cuando hayan fracasado todos los demás medios de regularización de los pagos atrasados. (
48
)
101.
De las consideraciones anteriores, concluyo que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, leído a la luz de los artículos 7, 47 y 38 de la Carta y del principio de efectividad del Derecho de la Unión, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional según la cual no es posible suspender, en cuanto al fondo, la ejecución de un derecho de garantía real mediante subasta privada de bienes inmuebles utilizados como vivienda por los consumidores u otras personas, en la medida en que la adopción de medidas cautelares resulta necesaria para garantizar la plena eficacia de una resolución del tribunal competente para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual.
Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta
102.
Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, por una parte, si la concesión reiterada por una entidad de crédito a un consumidor de préstamos cuyo objetivo es cubrir la deuda de préstamos anteriores a los que el consumidor no puede hacer frente está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/29 y, por otra parte, si tal acto constituye una práctica comercial desleal en el sentido de su artículo 5.
103.
Con carácter preliminar, procede señalar, por una parte, que la práctica controvertida, tal como la describe el órgano jurisdiccional remitente, consiste en que la entidad de crédito concedió reiteradamente créditos al consumo que sufragaban el reembolso de préstamos anteriores a la misma entidad de crédito, así como los gastos de dichos créditos. El órgano jurisdiccional remitente precisa que el importe de cada nuevo préstamo en la «cadena» de préstamos fue determinado unilateralmente por el banco y que los prestatarios no podían hacer frente al reembolso. En segundo lugar, de la resolución de remisión se desprende que la respuesta a la cuestión de si la práctica controvertida consiste en una práctica comercial desleal es necesaria para que el órgano jurisdiccional nacional examine las circunstancias en las que se celebró el préstamo en cuestión en el contexto de la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas del contrato conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13. (
49
)
104.
En lo que atañe a la cuestión de si la concesión reiterada de créditos al consumo con el objetivo de cubrir la deuda de préstamos anteriores puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/29, ha de recordarse, por un lado, que el artículo 2, letra d), de esta Directiva define, utilizando una formulación particularmente amplia, el concepto de «prácticas comerciales» como «todo acto, omisión, conducta o manifestación, o comunicación comercial, incluidas la publicidad y la comercialización, procedente de un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la venta o el suministro de un producto a los consumidores». (
50
)
105.
A continuación, en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2005/29, en relación con su artículo 2, letra c), esta Directiva es aplicable a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores antes, durante y después de una transacción comercial en relación con cualquier bien o servicio. (
51
)
106.
En consecuencia, la expresión «directamente relacionado con […] la venta […] de un producto» incluye toda medida adoptada no solo en relación con la celebración de un contrato, sino también con su ejecución y, en particular, las medidas adoptadas para obtener el pago del producto. (
52
)
107.
Por consiguiente, la concesión de un crédito con el fin de cubrir las obligaciones de créditos al consumo anteriores, como el que es objeto del litigio principal, debe ser considerada un «producto», en el sentido del artículo 2, letra c), de la Directiva 2005/29. (
53
)
108.
En estas circunstancias, estoy de acuerdo con el Gobierno eslovaco y la Comisión en que la concesión reiterada por una entidad de crédito a un consumidor de préstamos cuyo objetivo es cubrir las obligaciones de créditos al consumo anteriores a los que el consumidor no puede hacer frente está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/29.
109.
En lo que atañe a la cuestión de si la práctica controvertida constituye una práctica comercial desleal, procede recordar que el artículo 5 de la Directiva 2005/29 prohíbe, en su apartado 1, las prácticas comerciales desleales y establece, en su apartado 2, los criterios que permiten determinar si una práctica comercial es desleal.
110.
El artículo 5, apartado 4, de esta Directiva establece, en particular, que serán desleales las prácticas comerciales que sean «engañosas», en el sentido de los artículos 6 y 7 de la Directiva 2005/29, y las que sean «agresivas», en el sentido de los artículos 8 y 9 de dicha Directiva.
111.
A este respecto, debe recordarse que la Directiva 2005/29 lleva a cabo una armonización completa a escala de la Unión de las reglas relativas a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores y establece, en su anexo I, una lista exhaustiva de treinta y una prácticas comerciales que, con arreglo al artículo 5, apartado 5, de esa Directiva, se consideran desleales «en cualquier circunstancia». En consecuencia, como el considerando 17 de dicha Directiva precisa expresamente, se trata de las únicas prácticas comerciales que pueden considerarse desleales como tales, sin necesidad de un examen pormenorizado de que se dan en cada caso concreto los supuestos contemplados en los artículos 5 a 9 de la misma Directiva. (
54
)
112.
Pues bien, la práctica comercial de que se trata no figura en la lista de prácticas comerciales que deben considerarse desleales en cualquier circunstancia. Por consiguiente, su calificación como «desleal» requiere un examen pormenorizado del caso concreto. A este respecto, la Comisión y el Gobierno eslovaco señalan acertadamente que, en general, la refinanciación de un préstamo constituye una práctica legítima. Tal puede ser el caso, como señala el Gobierno eslovaco, en el ejemplo de refinanciación de un crédito para sustituir un crédito más antiguo por otro a un tipo de interés inferior, o en caso de consolidación de diferentes créditos en un nuevo crédito único.
113.
En el presente asunto, en sus observaciones escritas, VÚB Banka alega que el crédito concedido consistía en una operación de refinanciación con el objetivo de reducir la carga financiera de los recurrentes. El órgano jurisdiccional remitente considera, por el contrario, que la «cadena» de préstamos concedidos a los recurrentes condujo a estos a una situación de endeudamiento excesivo y les puso en riesgo de perder su domicilio.
114.
Aunque corresponde en definitiva al órgano jurisdiccional remitente pronunciarse acerca de la naturaleza de la práctica comercial controvertida en el litigio principal, el Tribunal de Justicia puede proporcionarle, sobre la base de la información presentada en la petición de decisión prejudicial, elementos que pueden resultar útiles para la calificación de la citada práctica. (
55
)
115.
A este respecto, ha de tenerse en cuenta que los diversos créditos se concedieron a los recurrentes a pesar de que no eran solventes. Coincido con la Comisión en que el órgano jurisdiccional nacional puede tener en cuenta tal circunstancia para determinar, más concretamente, si la práctica controvertida constituye une práctica comercial agresiva, mediante el ejercicio de una «influencia indebida» en el sentido de los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29.
116.
A este respecto, procede recordar que el concepto de «influencia indebida», definido en el artículo 2, letra j), de la Directiva 2005/29, alude a la utilización de una posición de poder en relación con el consumidor para ejercer presión, incluso sin usar la fuerza física ni amenazar con su uso, de una forma que limite de manera significativa la capacidad del consumidor de tomar una decisión con el debido conocimiento de causa. (
56
)
117.
En el presente asunto, cabría considerar que la situación de endeudamiento excesivo de los recurrentes los hace vulnerables y consiste en un «infortunio o circunstancia específicos lo suficientemente graves como para mermar la capacidad de discernimiento del consumidor, de los que el comerciante [tenía] conocimiento, para influir en la decisión del consumidor con respecto al producto» en el sentido del artículo 9, letra c), de la Directiva 2005/29.
118.
En la vista, la Comisión utilizó una expresión contundente para calificar la práctica del banco de conceder créditos de forma reiterada, tildándola de «bola de nieve» de préstamos. En respuesta a una pregunta para aclarar cómo se fue acumulando la deuda, los recurrentes declararon que ellos no solicitaron los préstamos, sino que estos les fueron propuestos automáticamente como medio para ir cubriendo deudas anteriores. En cada ocasión, los recurrentes recibieron un importe mínimo de los fondos y el resto se lo quedaba el banco. Me parece una revelación bastante sorprendente. Podría demostrar no solo que el comerciante tenía conocimiento del infortunio del consumidor [en el sentido del artículo 9, letra c), de la Directiva 2005/29], sino que el propio comerciante contribuyó a ello y lo hizo de forma reiterada.
119.
Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el objetivo que persigue la Directiva 2005/29 es entre otras cosas alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores contra las prácticas comerciales desleales y se basa en la circunstancia de que, frente a un comerciante, el consumidor se encuentra en una posición de inferioridad, particularmente en lo que al nivel de información se refiere, dado que no puede negarse que existe una importante asimetría de información y de competencias entre una y otra parte. (
57
) Al consumidor debe considerársele económicamente más débil y jurídicamente menos experimentado que la otra parte contratante, especialmente en el contexto de los servicios de crédito prestados por un banco. (
58
)
120.
A la vista de cuanto antecede, considero que la Directiva 2005/29 debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, la concesión reiterada por una entidad de crédito a un consumidor de préstamos cuyo objetivo es cubrir la deuda de préstamos anteriores a los que el consumidor no puede hacer frente está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/29 y, por otro lado, que tal acto puede constituir una práctica comercial desleal en el sentido de su artículo 5 y, más concretamente, una práctica comercial agresiva en el sentido de sus artículos 8 y 9 si el órgano jurisdiccional remitente constata que tal práctica, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, implicó una influencia indebida, basada en que el comerciante explotó el endeudamiento excesivo del consumidor durante un largo período de tiempo.
Quinta cuestión prejudicial
121.
Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/48, en relación con el considerando 10 de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no excluye la aplicación de la citada Directiva en el caso de un contrato de crédito que tiene por objeto cubrir las deudas de créditos al consumo anteriores, aun cuando esté garantizado por un derecho relativo a un bien inmueble.
122.
A este respecto, procede señalar que, según el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/48, esta no se aplica a los contratos de crédito garantizados por un derecho relativo a un bien inmueble. Según el considerando 14 de dicha Directiva, este tipo de crédito debe quedar excluido de su ámbito de aplicación, debido a su «carácter muy específico».
123.
No obstante, como se desprende del considerando 10 de esta Directiva, los Estados miembros pueden, conforme al Derecho de la Unión, aplicar disposiciones de la Directiva a aspectos que no pertenezcan a su ámbito de aplicación. Así, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los Estados miembros pueden mantener o aprobar medidas nacionales que correspondan a las disposiciones de la Directiva o a algunas de ellas, en lo referido a los contratos de crédito que no forman parte del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48. (
59
)
124.
El préstamo en cuestión en el litigio principal es un contrato de crédito asegurado mediante una garantía real sobre el inmueble en el que residen los recurrentes. El órgano jurisdiccional remitente no afirma que el Derecho nacional extienda la aplicación de la Directiva 2008/48 a contratos de préstamo garantizados por un derecho relativo a un bien inmueble. Así lo confirmó el Gobierno eslovaco en sus observaciones escritas y orales.
125.
Habida cuenta de estos elementos, las partes que han presentado observaciones escritas consideran que el contrato de crédito que es objeto del litigio principal está excluido del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48.
126.
Del texto de la cuestión prejudicial ya se desprende que el órgano jurisdiccional remitente no niega que, con carácter general, los contratos de crédito garantizados por un derecho relativo a un bien inmueble están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48. Sin embargo, de sus explicaciones se desprende que sus dudas surgen a raíz de las condiciones específicas en las que se celebró el préstamo en cuestión. El objetivo de este préstamo era reembolsarle al banco préstamos anteriores sin que se desembolsaran a los recurrentes las cantidades correspondientes. El órgano jurisdiccional remitente explica que, desde el punto de vista económico, existe un vínculo entre el préstamo en cuestión concedido en 2012 y los préstamos anteriores concedidos desde 2004.
127.
A este respecto, procede señalar que el tenor del artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/48 es inequívoco. (
60
)La armonización en el ámbito del crédito garantizado por un derecho relativo a un bien inmueble no se realizó hasta una fase posterior, con la adopción de la Directiva 2014/17, (
61
) impulsada por la crisis financiera internacional que demostró que el comportamiento irresponsable de los participantes en el mercado puede socavar los cimientos del sistema financiero. (
62
)
128.
No obstante, es preciso señalar que el préstamo en cuestión se celebró en circunstancias muy particulares. Su concesión obedece a una pauta de comportamiento por la que, según la descripción de los hechos realizada por el órgano jurisdiccional remitente, el banco concedió reiteradamente a los recurrentes préstamos cuyo importe no les fue desembolsado, sino que se utilizó para cubrir la deuda de préstamos anteriores. El importe y los gastos del préstamo se determinaron unilateralmente. Como se ha mencionado en el punto 118 de las presentes conclusiones, los recurrentes declararon en la vista que esos préstamos ni siquiera fueron solicitados por el consumidor, sino que fue el propio banco quien los proponía automáticamente. Al final de esta «bola de nieve» de préstamos, como la Comisión calificó este proceder en la vista, cuando los recurrentes estaban ahogados por la deuda, el banco les concedió el préstamo en cuestión.
129.
Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Directiva 2008/48 pretende garantizar un nivel elevado de protección del consumidor. Este sistema de protección se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad con respeto al profesional, tanto en lo referente a la capacidad de negociación como al nivel de información. (
63
)
130.
Para garantizar dicha protección, el artículo 22, apartado 3, de la Directiva 2008/48 obliga a los Estados miembros a velar por que las disposiciones que adopten para la aplicación de esta Directiva no puedan eludirse de resultas del modo en que se formulen los contratos, (
64
)«especialmente como consecuencia de la integración de operaciones de disposición de fondos o contratos de crédito sujetos a la presente Directiva en contratos de crédito cuyo carácter u objetivo permita sustraerlos a su ámbito de aplicación».
131.
De la exposición de motivos de la propuesta de Directiva 2008/48 (
65
) de la Comisión se desprende que esta disposición tenía por objeto evitar que las exclusiones establecidas en dicha Directiva, en particular, la relativa al crédito a la vivienda, se interpreten de tal manera que en esos contratos se incluyan operaciones que sí pertenecen a su ámbito de aplicación. El ejemplo expuesto en dicha exposición de motivos es el de un consumidor que solicita una detracción de crédito en virtud de su crédito de vivienda.
132.
El litigio principal se refiere a un crédito vinculado económicamente a los anteriores. En efecto, como explica el órgano jurisdiccional remitente, el objeto del préstamo en cuestión consistía exclusivamente en refinanciar los anteriores. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, mediante esta operación, el prestamista integró los préstamos anteriores en el préstamo en cuestión para eludir la aplicación de la Directiva 2008/48. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente debería tener en cuenta las disposiciones nacionales que transponen el artículo 22, apartado 3, de la Directiva 2008/48 al ordenamiento jurídico nacional. En la vista, el Gobierno eslovaco precisó que la normativa nacional en materia de protección de los consumidores contiene disposiciones que sancionan a las entidades de crédito por eludir la legislación en materia de consumo. Más concretamente, señaló que la legislación eslovaca prohíbe a los bancos agrupar los contratos para eludir la ley o incluir en ellos referencias engañosas.
133.
Habida cuenta de lo anterior, el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que no excluye la aplicación de esta Directiva en el caso de un contrato de crédito que tiene por objeto cubrir las deudas de créditos al consumo anteriores, aun cuando esté garantizado por un derecho relativo a un bien inmueble, en circunstancias en las que el juez nacional constate que el contrato de préstamo de que se trata se formuló de forma que quedara sustraído de la aplicación de dicha Directiva, de conformidad con el artículo 22, apartado 3, de esta.
Sexta cuestión prejudicial
134.
Mediante su sexta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el enfoque adoptado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Radlinger y Radlingerová es aplicable a un contrato de crédito al consumo en virtud del cual una parte del crédito no se desembolsa al consumidor, sino que se destina al pago de los gastos del prestamista, lo que tiene como consecuencia que el importe total del crédito no puede incluir dichos gastos.
135.
Debo señalar, de entrada, que la respuesta a esta cuestión solo es pertinente si el Tribunal de Justicia se atiene a mi conclusión sobre la respuesta a la quinta cuestión prejudicial.
136.
Procede recordar que, en la sentencia Radlinger y Radlingerová, el Tribunal de Justicia declaró que no es posible incluir en el importe total del crédito, en el sentido de los artículos 3, letra l), y 10, apartado 2, de la Directiva 2008/48, ninguna de las cantidades destinadas a satisfacer los compromisos asumidos para la obtención del crédito de que se trate, tales como los gastos administrativos, los intereses, las comisiones o cualquier otro tipo de gastos que el consumidor haya de abonar. (
66
) El Tribunal de Justicia dedujo de ello que estas disposiciones y la parte I del anexo I de esta Directiva deben interpretarse en el sentido de que el importe total del crédito y el importe de la disposición del crédito designan la totalidad de las cantidades puestas a disposición del consumidor, lo que excluye las cantidades destinadas por el prestamista al pago de los costes derivados del crédito en cuestión y que no se abonan efectivamente al consumidor. (
67
)
137.
El órgano jurisdiccional remitente explica que debe determinar el importe de la deuda por la que el prestamista inició el procedimiento de ejecución. Asimismo, explica que el prestamista sostiene que los importes del crédito que se destinaron a los costes de dicho crédito se abonaron realmente a los recurrentes y que incluyó esas cantidades en el importe del crédito concedido.
138.
A este respecto, en mi opinión, de la sentencia Radlinger y Radlingerová se infiere que el prestamista no puede incluir los gastos en el importe total del crédito.
139.
Por consiguiente, el enfoque adoptado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Radlinger y Radlingerová es aplicable a un contrato de crédito al consumo en virtud del cual una parte del crédito no se desembolsa al consumidor, sino que se destina al pago de los gastos del prestamista, lo que tiene como consecuencia que el importe total del crédito no puede incluir dichos gastos.
VI. Conclusión
140.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov, Eslovaquia):
«1)
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
debe interpretarse en el sentido de que esta Directiva se aplica a una cláusula contractual que refleja una disposición de Derecho nacional que permite al profesional poner en marcha el procedimiento de vencimiento anticipado por incumplimientos del deudor de sus obligaciones durante un período limitado, sin que dicho derecho esté sujeto a la exigencia de proporcionalidad.
Los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Directiva 93/13
deben interpretarse en el sentido de que, por lo que se refiere a la apreciación por parte de un tribunal nacional del eventual carácter abusivo de una cláusula relativa al procedimiento de vencimiento anticipado por incumplimientos de las obligaciones del deudor durante un período limitado, incumbe a ese tribunal nacional examinar, en particular, los siguientes criterios: en primer lugar, si la facultad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate; en segundo lugar, si esa facultad está prevista para los casos en los que tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo; en tercer lugar, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas generales aplicables en la materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas, y, en cuarto lugar, si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.
2)
El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, leído a la luz de los artículos 7, 47 y 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del principio de efectividad del Derecho de la Unión,
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional según la cual no es posible suspender, en cuanto al fondo, la ejecución de un derecho de garantía real mediante subasta privada de bienes inmuebles utilizados como vivienda por los consumidores u otras personas, en la medida en que la adopción de medidas cautelares resulta necesaria para garantizar la plena eficacia de una resolución del tribunal competente para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual.
3)
La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales),
debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, la concesión reiterada por una entidad de crédito a un consumidor de préstamos cuyo objetivo es cubrir la deuda de préstamos anteriores a los que el consumidor no puede hacer frente está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/29 y, por otro lado, que tal acto puede constituir una práctica comercial desleal en el sentido de su artículo 5 y, más concretamente, una práctica comercial agresiva en el sentido de sus artículos 8 y 9 si el órgano jurisdiccional remitente constata que tal práctica, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, implicó una influencia indebida, basada en que el comerciante explotó el endeudamiento excesivo del consumidor durante un largo período de tiempo.
4)
El artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo,
debe interpretarse en el sentido de que no excluye la aplicación de esta Directiva en el caso de un contrato de crédito que tiene por objeto cubrir las deudas de créditos al consumo anteriores, aun cuando esté garantizado por un derecho relativo a un bien inmueble, en circunstancias en las que el juez nacional constate que el contrato de préstamo de que se trata se formuló de forma que quedara sustraído de la aplicación de dicha Directiva, de conformidad con el artículo 22, apartado 3, de esta.
5)
El enfoque adoptado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283), es aplicable a un contrato de crédito al consumo en virtud del cual una parte del crédito no se desembolsa al consumidor, sino que se destina al pago de los gastos del prestamista, lo que tiene como consecuencia que el importe total del crédito no puede incluir dichos gastos.»
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 60, p. 34).
(
3
)	Véase Micklitz, H.‑W., «The Constitutional Transformation of Private Law Pillars through the CJEU», en Collins, H. (ed.), European Contract Law and the Charter of Fundamental Rights, Intersentia, Cambridge, Amberes, Portland, 2017, p. 49.
(
4
)	Kenna, P., «Introduction», en Kenna, P., Nasarre-Aznar, S., Sparkes, P., y Schmid, U.C. (eds.), Loss of Homes and Evictions Across Europe: A Comparative Legal and Policy Examination, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, p. 41.
(
5
)	Directiva del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).
(
6
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales) (DO 2005, L 149, p. 22).
(
7
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66).
(
8
)	Sentencia de 14 de marzo de 2013 (C‑415/11, EU:C:2013:164).
(
9
)	Sentencia Kušionová, apartado 38 y jurisprudencia citada.
(
10
)	Véase, en este sentido, la sentencia Kušionová, apartado 42.
(
11
)	Sentencia de 3 de septiembre de 2020, Profi Credit Polska (C‑84/19, C‑222/19 y C‑252/19, EU:C:2020:631), apartado 88 y jurisprudencia citada.
(
12
)	Sentencia de 10 de junio de 2021, Prima banka Slovensko (C‑192/20, EU:C:2021:480), apartado 32 y jurisprudencia citada.
(
13
)	Sentencias de 25 de noviembre de 2020, Banca B. (C‑269/19, EU:C:2020:954), apartado 24, y de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch (C‑125/18, EU:C:2020:138), apartado 27.
(
14
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch (C‑125/18, EU:C:2020:138), apartado 30, y Kušionová, apartado 77.
(
15
)	Sentencia Kušionová, apartado 80. El subrayado es mío.
(
16
)	Sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch (C‑125/18, EU:C:2020:138), apartado 31.
(
17
)	Sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch (C‑125/18, EU:C:2020:138), apartado 32.
(
18
)	Sentencia de 31 de marzo de 2022, Lombard Lízing (C‑472/20, EU:C:2022:242).
(
19
)	Sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), apartado 71 y jurisprudencia citada.
(
20
)	Sentencia de 14 de marzo de 2013 (C‑415/11, EU:C:2013:164).
(
21
)	Sentencia de 26 de enero de 2017 (C‑421/14, EU:C:2017:60), apartado 66.
(
22
)	Sentencia de 8 de diciembre de 2022 (C‑600/21, EU:C:2022:970).
(
23
)	Sentencia de 19 de diciembre de 2019, Bondora (C‑453/18, EU:C:2019:1118), apartado 40.
(
24
)	Sentencia de 19 de diciembre de 2019, Bondora (C‑453/18, EU:C:2019:1118), apartado 42.
(
25
)	Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 2014 (C‑482/12, no publicado, EU:C:2014:182)
(
26
)	Conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Macinský y Macinská (C‑482/12, EU:C:2013:765).
(
27
)	Conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Macinský y Macinská (C‑482/12, EU:C:2013:765), punto 80.
(
28
)	Conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Macinský y Macinská (C‑482/12, EU:C:2013:765), puntos 64 y 96.
(
29
)	Sentencia Kušionová, apartados 55, 60 y 61. El contenido de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil aplicables en este asunto se corresponde, en esencia, con el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil aplicable al litigio principal.
(
30
)	Sentencia Kušionová, apartado 58.
(
31
)	Sentencia Kušionová, apartado 62.
(
32
)	Sentencia Kušionová, apartado 64. Se remite a TEDH, sentencias de 13 de mayo de 2008, McCann c. Reino Unido (CE:ECHR:2008:0513JUD001900904), § 50, y de 25 de julio de 2013, Rousk c. Suecia (CE:ECHR:2013:0725JUD002718304), § 137. Una sentencia más reciente en materia de venta forzosa del domicilio es la de 12 de julio de 2016, Vrzić c. Croacia (CE:ECHR:2016:0712JUD004377713). El TEDH distinguió este asunto de la jurisprudencia derivada de la sentencia McCann, antes citada, en la medida en que, a diferencia de los demás asuntos en los que los demandantes en el litigio principal residían en apartamentos propiedad estatal o social, en el asunto Vrzić c. Croacia las otras partes del procedimiento de ejecución se regían por el Derecho privado. El TEDH consideró que, en este caso concreto, la venta forzosa de la vivienda debía considerarse «necesaria en una sociedad democrática» habida cuenta de los riesgos asumidos deliberadamente por los demandantes al pedir un préstamo de un importe considerable para su negocio y utilizar su casa como garantía. Además, dicha sentencia tomó en consideración el hecho de que los demandantes no habían impugnado ninguno de los contratos de préstamo ante los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco de los recursos apropiados.
(
33
)	Sentencia Kušionová, apartado 65. La sentencia hace referencia al «derecho a la vivienda». Sin embargo, el artículo 7 de la Carta, incluido en su título II, titulado «Libertades», consagra el derecho al respeto del domicilio. En el contexto de las disposiciones de la Carta relativas a la «solidaridad» y, más concretamente, de su artículo 34, apartado 3, la Unión «reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda».
(
34
)	Sentencia de 14 de marzo de 2013 (C‑415/11, EU:C:2013:164), apartado 59.
(
35
)	Sentencia Kušionová, apartado 66. El subrayado es mío.
(
36
)	El órgano jurisdiccional remitente se refiere a la sentencia del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca) de 29 de enero de 2019, ref. 8Cdo/147/2017.
(
37
)	Los recurrentes indicaron que, incluso cuando los consumidores impugnan la venta y reivindican su derecho a permanecer en la vivienda mientras el procedimiento está pendiente, a menudo son objeto de acoso por parte de los nuevos propietarios, que cortan el suministro eléctrico o cambian la cerradura.
(
38
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711), apartado 52.
(
39
)	Sentencia de 17 de julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), apartado 38. Con carácter más general, sobre la necesidad de una regulación estricta de los contratos que cubren las necesidades básicas de vivienda, crédito y trabajo en el contexto de relaciones contractuales de larga duración, véanse los «Principios de los contratos para la existencia» elaborados por el Social Contract Law Group (EuSoCo) y analizados en Ratti, L. (ed.), Embedding the Principles of Life Time Contracts, A Research Agenda for Contract Law, Eleven, 2018.
(
40
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 17 de julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), apartado 38.
(
41
)	Whitehouse, L., «The Home‑Owner: Citizen or Consumer?», en Bright, S., y Dewar, J., Land Law Themes and Perspectives, Oxford University Press, Oxford, 1998, pp. 183‑205.
(
42
)	Sentencia de 25 de enero de 2022, VYSOČINA WIND (C‑181/20, EU:C:2022:51), apartado 47 y jurisprudencia citada.
(
43
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2018, EOS KSI Slovensko (C‑448/17, EU:C:2018:745), apartado 53.
(
44
)	Sentencias de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco (C‑600/19, EU:C:2022:394), apartado 45; de 17 de mayo de 2022, SPV Project 1503 y otros (C‑693/19 y C‑831/19, EU:C:2022:395), apartado 61, y de 17 de mayo de 2022, Impuls Leasing România (C‑725/19, EU:C:2022:396), apartado 43.
(
45
)	Sentencia de 17 de mayo de 2022, SPV Project 1503 y otros (C‑693/19 y C‑831/19, EU:C:2022:395), apartado 66.
(
46
)	Sentencia de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco (C‑600/19, EU:C:2022:394), apartado 50.
(
47
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de junio de 2019, Schyns (C‑58/18, EU:C:2019:467), apartado 46.
(
48
)	Véanse las Directrices de la ABE sobre las Demoras en los Pagos y las Ejecuciones Hipotecarias, de 1 de junio de 2015 (EBA/GL/2015/12), punto 11.
(
49
)	El órgano jurisdiccional remitente recuerda, a este respecto, la sentencia de 15 de marzo de 2012, Pereničová y Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144), apartado 43, en la que el Tribunal de Justicia declaró que la comprobación del carácter desleal de una práctica comercial constituye un elemento entre otros en los que el juez competente puede basar su apreciación del carácter abusivo de las cláusulas del contrato conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13. La sentencia de 19 de septiembre de 2018, Bankia (C‑109/17, EU:C:2018:735), apartado 33, precisa que un contrato que sirve de título ejecutivo no puede ser declarado inválido por la única razón de que contiene cláusulas contrarias a la prohibición general de prácticas comerciales desleales establecida en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva.
(
50
)	Sentencia de 22 de septiembre de 2022, Vicente (Acción de pago de honorarios de abogado) (C‑335/21, EU:C:2022:720), apartado 83 y jurisprudencia citada.
(
51
)	Sentencia de 22 de septiembre de 2022, Vicente (Acción de pago de honorarios de abogado) (C‑335/21, EU:C:2022:720), apartado 84.
(
52
)	Sentencia de 20 de julio de 2017, Gelvora (C‑357/16, EU:C:2017:573), apartado 21.
(
53
)	Sentencia de 20 de julio de 2017, Gelvora (C‑357/16, EU:C:2017:573), apartados 22 y 23.
(
54
)	Sentencia de 2 de septiembre de 2021, Peek & Cloppenburg (C‑371/20, EU:C:2021:674), apartado 34.
(
55
)	Sentencia de 12 de junio de 2019, Orange Polska (C‑628/17, EU:C:2019:480), apartado 37.
(
56
)	Sentencia de 12 de junio de 2019, Orange Polska (C‑628/17, EU:C:2019:480), apartado 33.
(
57
)	Sentencia de 2 de septiembre de 2021, Peek & Cloppenburg (C‑371/20, EU:C:2021:674), apartado 39.
(
58
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de abril de 2015, UPC Magyarország (C‑388/13, EU:C:2015:225), apartado 53.
(
59
)	Auto de 12 de octubre de 2016, Horžić y Pušić (C‑511/15 y C‑512/15, EU:C:2016:787), apartado 29 y jurisprudencia citada.
(
60
)	Véase, por analogía, el auto de 12 de octubre de 2016, Horžić y Pušić (C‑511/15 y C‑512/15, EU:C:2016:787), apartado 27.
(
61
)	Según el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2014/17, esta se aplica a los contratos de crédito garantizados por una hipoteca o por otra garantía comparable comúnmente utilizada en un Estado miembro sobre bienes inmuebles de uso residencial, o garantizados por un derecho relativo a un bien inmueble de uso residencial.
(
62
)	Véase el considerando 3 de la Directiva 2014/17.
(
63
)	Sentencia de 11 de septiembre de 2019, Lexitor (C‑383/18, EU:C:2019:702), apartado 29 y jurisprudencia citada.
(
64
)	Sentencia de 11 de septiembre de 2019, Lexitor (C‑383/18, EU:C:2019:702), apartado 30.
(
65
)	Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito a los consumidores [COM(2002) 443 final (DO 2002, C 331/E, p. 200)], p. 221.
(
66
)	Sentencia Radlinger y Radlingerová, apartado 86.
(
67
)	Sentencia Radlinger y Radlingerová, apartado 91.