61993C0484
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MICHAEL B. ELMER
presentadas el 17 de mayo de 1995 (
*1
)
Introducción
1.
En el presente asunto, se solicita la apreciación del Tribunal de Justicia sobre la cuestión de si el Derecho comunitario se opone a que un Estado miembro deniegue a un prestatario la concesión de una bonificación de interés, relativa a los intereses correspondientes a un préstamo contratado con vistas a la construcción, la adquisición o la mejora de una vivienda, por haber sido contratado dicho préstamo en una entidad de crédito que no está establecida en el territorio del Estado miembro de que se trata, mientras que dicha bonificación se concede cuando el préstamo ha sido contratado, en circunstancias por lo demás similares, en una entidad de crédito establecida en el Estado miembro de que se trata.
2.
Los esposos Peter Svensson y Lena Gustavsson son de nacionalidad sueca y residen con sus dos hijos en Luxemburgo, donde Peter Svensson ejerce su actividad profesional. Para la construcción de su vivienda, suscribieron el 10 de junio de 1990 un contrato de préstamo con el Comptoir d'escompte de Belgique SA, en Lieja, donde se halla establecida esta sociedad. El 7 de octubre de 1991, el matrimonio presentò una solicitud ante las autoridades luxemburguesas para obtener una bonificación de interés; sin embargo, dicha solicitud fue denegada porque el contrato de préstamo no se realizó ante una entidad autorizada en el Gran Ducado de Luxemburgo.
3.
Las normas relativas al régimen de bonificación de interés luxemburgués están contenidas en el Reglamento Gran Ducal de 17 de junio de 1991 (en lo sucesivo, «Reglamento»), adoptado con arreglo al artículo 14 bis de la Ley de 25 de febrero de 1979 sobre ayuda a la vivienda, modificada por la Ley de 21 de diciembre de 1990. Según el artículo 1 del Reglamento, el Estado puede conceder una bonificación de interés para la construcción, la adquisición o la mejora de una vivienda, siempre que el interesado resida en Luxemburgo, tenga por lo menos un hijo a cargo y haya
«[...] contratado en una entidad de crédito autorizada en el Gran Ducado de Luxemburgo o en organismos de Seguridad Social un préstamo con vistas a la construcción, la adquisición o la mejora de una vivienda situada en el territorio del Gran Ducado de Luxemburgo y ocupada de forma efectiva y permanente por el interesado».
En respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia, el Gobierno luxemburgués indicó que la citada disposición implica que la bonificación de interés sólo podrá concederse si el préstamo considerado se ha contratado en «bancos que se han constituido o se han establecido en Luxemburgo bien mediante una filial, bien mediante una sucursal bancaria y que figuran, pues, en la lista oficial de las entidades de crédito autorizadas en Luxemburgo».
4.
Los esposos Peter Svensson y Lena Gustavsson interpusieron un recurso contra la denegación de la concesión de la bonificación de interés ante el Conseil d'Etat du Luxembourg; mediante resolución de 28 de diciembre de 1993, este órgano jurisdiccional suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se oponen las disposiciones del Tratado de Roma, en especial los artículos 67 y 71, a que un Estado miembro someta la concesión de una ayuda social a la vivienda, en especial una bonificación de interés, al requisito de que los préstamos destinados a financiar la construcción, la adquisición o la mejora de la vivienda subvencionada se hayan contratado en una institución de crédito autorizada en dicho Estado miembro?»
5.
La resolución de remisión se refiere especialmente a los artículos 67 y 71 del Tratado, relativos a los movimientos de capitales, etc. Como por otra parte ha puesto de manifiesto el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, cabe sin embargo dudar de si son dichas normas las pertinentes para la resolución de la cuestión, o si no serían más bien las normas contenidas en los artículos 59 y siguientes, relativos a la libre prestación de servicios.
Las normas de Derecho comunitario aplicables
6.
Según el artículo 59 del Tratado CEE, las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad deben suprimirse respecto de los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación. A tenor del apartado 2 del artículo 59, el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá extender el beneficio de las disposiciones de las normas del Tratado relativas a los servicios a los prestadores de servicios que sean nacionales de un Estado miembro y se hallen establecidos dentro de la Comunidad.
Según el artículo 60 del Tratado, se considerarán como servicios con arreglo al Tratado las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas.
Con objeto de dar una aplicación concreta a las normas relativas a la libre circulación de servicios, el Consejo había adoptado, en el momento de los hechos pertinentes en el presente caso, (
1
) la primera Directiva 77/780/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (DO L 322, p. 30; EE 06/02, p. 21; en lo sucesivo, «Directiva 77/780»). El apartado 1 del artículo 7 de esta Directiva dispone lo siguiente:
«Con objeto de supervisar la actividad de las entidades de crédito que operen, principalmente por haber creado sucursales, en uno o más Estados miembros, distintos al de su domicilio social, las autoridades competentes de los Estados miembros implicados colaborarán estrechamente. Se comunicarán toda la información relativa a la dirección, gestión y propiedad de estas entidades de crédito, que pueda facilitar su supervisión, y el examen de las condiciones de su aprobación, así como cualquier otra información susceptible de facilitar el control de la liquidez y solvencia de estas entidades.»
7.
Según el artículo 67 del Tratado CEE, los Estados miembros suprimirán, en la medida necesaria para el buen funcionamiento del mercado común, las restricciones a los movimientos de capitales pertenecientes a personas residentes en los Estados miembros, así como las discriminaciones de trato por razón de la nacionalidad o residencia de las partes o del lugar de colocación de los capitales.
A fin de aplicar la libre circulación de capitales, el Consejo adoptó un determinado número de Directivas. (
2
) En el momento de los hechos del litigio, la liberalizáción de los movimientos de capitales estaba regulada poiła Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artículo 67 del Tratado (
3
) (en lo sucesivo, «Directiva 88/361»). Según el artículo 1 de la Directiva, los Estados miembros suprimirán «las restricciones a los movimientos de capitales que tienen lugar entre las personas residentes en los Estados miembros [...]». Las demás disposiciones de la Directiva contienen una serie de excepciones a este principio. Los movimientos de capitales liberalizados por la Directiva se refieren, entre otros aspectos, a los préstamos y créditos financieros concedidos por no residentes a residentes y viceversa, conforme a la categoría VIII del Anexo I de la Directiva.
¿Cuál es el conjunto de normas pertinente para la respuesta a la cuestión?
8.
Una legislación nacional que limita el beneficio de la bonificación de interés para la construcción de una vivienda al único supuesto de que el préstamo haya sido contratado en el Estado miembro considerado no implica por sí mismo que se impidan o se dificulten las transacciones transfronterizas efectuadas con el capital abonado a raíz del préstamo. La característica esencial del régimen de bonificación nacional descrito en la resolución de remisión reside por el contrario en el hecho de que dicho régimen hace que sea menos atractivo, financieramente, contratar el préstamo en una entidad financiera que no esté establecida en el Estado miembro considerado y efectuar de este modo una prestación de servicios transfronteriza bajo la forma de un crédito a la vivienda. Por esta razón poco importa, a mi entender, examinar en el presente caso la relación entre el régimen de bonificación nacional descrito en la resolución de remisión y las normas del Tratado relativas a la libre circulación de capitales.
9.
A este respecto, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 28 de enero de 1992, Bachmann, (
4
) declaró que «el artículo 67 no prohibe las restricciones que no son aplicables a las transferencias de capitales, sino que resultan indirectamente de restricciones a las demás libertades fundamentales [...]»
10.
La Directiva 88/361 se adoptó a efectos de la aplicación del artículo 67 y debe interpretarse de la misma manera que dicha disposición. (
5
)
11.
A mi juicio, la cuestión de la compatibilidad del régimen de bonificación nacional de que se trata no debe examinarse, por lo tanto, en relación con las normas comunitarias relativas a las transacciones financieras, sino en relación con las normas del Tratado relativas a los servicios.
¿Existe una restricción a la libre prestación de servicios?
12.
Durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, la Comisión alegó que una legislación nacional como la descrita en la resolución de remisión implica una restricción a la libre prestación de servicios. El Gobierno luxemburgués y el Gobierno griego declararon por el contrario que no cabe suponer la existencia de dicha restricción.
13.
En mi opinión, la concesión de un préstamo para la adquisición de una vivienda debe considerarse incluido en el concepto de servicios en el sentido del apartado 1 del artículo 60 del Tratado, y por ello, también del artículo 59. (
6
) La Directiva 88/361 significó la liberalización de los movimientos de capitales relacionados con los préstamos y créditos financieros concedidos por no residentes a residentes, y viceversa, de modo que las disposiciones del Tratado relativas a los servicios son aplicables a un préstamo como el controvertido en el litigio principal. (
7
) Las disposiciones directamente aplicables de los artículos 59 y siguientes del Tratado, relativas a la libre prestación de servicios, (
8
) pueden pues, en un asunto como el presente, ser invocadas ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
14.
Una legislación nacional que limita el beneficio de las bonificaciones estatales sobre los intereses de los préstamos contratados para la adquisición de una vivienda al único supuesto en que el préstamo ha sido contratado en una entidad de crédito establecida en el Estado miembro considerado, hace menos atractivo —como se ha indicado anteriormente— contratar un préstamo a la vivienda en una entidad financiera no establecida en el Estado miembro considerado. Cabe esperar que la imposibilidad de obtener la bonificación de interés sobre el préstamo disuada a los nacionales del Estado miembro de que se trata de contratar préstamos en entidades de crédito establecidas en otro Estado miembro. (
9
) Tal como está organizado, el régimen de bonificación es más riguroso con las sociedades que no están establecidas en el Estado miembro considerado que con las sociedades establecidas en el Estado miembro.
15.
El Tribunal de Justicia ha declarado que las medidas fiscales nacionales que afectan al ejercicio, por parte del agente económico, de su derecho a la libre prestación de servicios, puede constituir una restricción contraria al artículo 59. (
10
)
16.
Es indiferente, a mi juicio, que una restricción a la libre prestación de servicios se realice mediante una norma fiscal o mediante una norma relativa a la concesión de ayudas financieras. Tanto las normas que establecen ventajas fiscales como las que se refieren a la concesión de ayudas financieras producen el efecto de procurar una ventaja en favor de determinadas personas, a través de los fondos públicos. La elección efectuada por el Estado miembro entre los dos modelos de régimen preferencial puede depender, en el caso particular, de consideraciones relacionadas con la política de redistribución, de consideraciones de control, de técnicas legislativas o aun de otras consideraciones. Pero sea cual fuere el modelo que un Estado miembro elija, debe considerarse como una restricción a la libre prestación de servicios el hecho de que una ventaja dependa de una prestación y que las modalidades de esta norma penalicen a los prestatarios de otros Estados miembros frente a los del Estado miembro considerado.
17.
Así pues, debe considerarse, a mi entender, que un régimen de bonificación nacional como el descrito en la resolución de remisión implica una restricción a la libre prestación de servicios.
18.
Ello no significa, sin embargo, que el régimen de que se trata sea incompatible con el Tratado. Según una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, habida cuenta de las características particulares de determinadas prestaciones, el hecho de limitar la libre prestación de servicios mediante normativas justificadas por el interés general y aplicables a toda persona o empresa sometida a la normativa del Estado destinatario no puede considerarse incompatible con el Tratado. (
11
) Así ocurre también, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando se trata de normas nacionales que, como la dėl caso de autos, implican una diferencia de trato indirecta entre empresas nacionales y empresas extranjeras, por lo que se refiere a las posibilidades respectivas de penetrar en el mercado, debido a la exigencia de un establecimiento. (
12
) Como ejemplos de razones imperiosas de interés general que pueden tener importancia a efectos del presente procedimiento, puede citarse la protección de los consumidores, (
13
) así como los intereses relacionados con un control fiscal eficaz y con la coherencia del sistema fiscal. (
14
)
El motivo basado en la protección de los consumidores
19.
El Gobierno griego indicó que el interés relacionado con la protección de los consumidores puede en el presente caso justificar una restricción a la libre prestación de servicios. La Comisión considera por el contrario que una legislación como la luxemburguesa no puede favorecer la protección de los consumidores.
20.
No cabe duda de que debe darse una gran importancia a la protección de los consumidores; la salvaguarda de sus intereses puede, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, justificar determinadas restricciones a la libre prestación de servicios. No obstante, la necesidad de tomar en consideración, en un determinado ámbito, de manera general, la protección del consumidor no puede justificar por sí misma una restricción a la libre prestación de servicios. En especial, debe aportarse la prueba de que la legislación nacional puede servir concretamente a intereses precisos inherentes a la protección de los consumidores.
21.
En el marco de la actividad bancaria, es necesario garantizar la protección de los consumidores y de otros depositantes contra el riesgo de quiebra de la entidad financiera. Sin embargo, este motivo no entra en juego en el presente caso, puesto que se trata de un préstamo concedido por el banco. En tal caso es necesario proteger a los consumidores frente a condiciones contractuales excesivas y velar por que los consumidores estén informados de manera exhaustiva sobre las condiciones del préstamo y obtengan información suficiente para permitirles comparar los costes que deberán soportar a raíz del préstamo.
22.
Sin embargo, debe subrayarse que disposiciones como las controvertidas en el presente caso no se refieren a cuestiones de este tipo. Debe llegarse a la conclusión, a mi juicio, de que en el marco del examen del asunto no se han aportado elementos que acrediten suficientemente que los intereses de los consumidores sean de tal entidad que justifiquen una legislación nacional como la descrita en la resolución de remisión.
El motivo basado en el control
23.
La Comisión indicó que los Estados miembros tienen un interés legítimo en garantizar que el pago de las ayudas públicas se efectúe respetando las normas correspondientes y que determinadas restricciones a la libre prestación de servicios podrían quedar justificadas por la necesidad de obtener datos seguros sobre la existencia y la importancia del préstamo y del pago de los intereses que sirven de base a la concesión de la bonificación de interés. No obstante, en opinión de la Comisión, el requisito de establecimiento impuesto por la legislación luxemburguesa, en la medida en que condiciona la obtención de la bonificación de interés concedida al prestatario, no es necesaria a efectos de la consecución de este objetivo. La Comisión indicó a este respecto que los Estados miembros tienen, con arreglo al artículo 7 de la Directiva 77/780 sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, la posibilidad de obtener información de los otros Estados miembros por lo que se refiere a determinados préstamos.
24.
A mi juicio, no cabe suponer que las normas relativas al intercambio de información, contenidas en el artículo 7 de la Directiva 77/780 en la versión entonces en vigor, estuvieran destinadas a permitir a las autoridades nacionales intercambiar informaciones para proceder al control de los datos facilitados por los prestatarios en el marco de solicitudes para la concesión de una bonificación de interés sobre los préstamos contratados en entidades de crédito establecidas en otros Estados miembros. En efecto, de los términos que figuran en la introducción al apartado 1 del artículo 7 se deduce claramente que el intercambio de información se efectúa «con objeto de supervisar la actividad de las entidades de crédito [...]» y que la información de que se trata específicamente en esta disposición se refiere a «[...] la dirección, gestión y propiedad de estas entidades de crédito, que pueda facilitar su supervisión, y el examen de las condiciones de su aprobación para el establecimiento en el país de acogida, así como cualquier otra información susceptible de facilitar el control de la liquidez y solvencia de estas entidades».
25.
Sin embargo, el interés relativo al control podrá sin ninguna dificultad tenerse en cuenta de otra forma y de manera mucho menos restrictiva que exigiendo que la entidad de crédito esté establecida en el Estado miembro considerado. En efecto, el régimen de bonificación podría simplemente llevar aparejadas determinadas modalidades que permitieran a las autoridades nacionales exigir del interesado las pruebas que consideren necesarias, en relación con la existencia, el importe del préstamo y el pago de los intereses y, en su caso, denegar el pago de la bonificación si no se aportan dichas pruebas. (
15
)
El motivo basado en la coherencia del sistema fiscal nacional
26.
Los Gobiernos luxemburgués y helénico sostuvieron que los Estados miembros deben tener derecho a adaptar las condiciones de concesión de las bonificaciones de interés otorgadas por el poder público a las circunstancias particulares, económicas y sociales, que existan en su territorio. En la medida en que el préstamo destinado a la financiación de la construcción (etc.) de la vivienda se contrate en el país que concede la bonificación de interés, este Estado miembro podrá gravar los intereses cobrados por el prestamista. Si, por el contrario, el préstamo se contrata en otro Estado miembro, el Estado miembro que concede la bonificación no podrá gravar a la entidad de crédito prestadora, de modo que el Estado miembro interesado no podrá, mediante el gravamen fiscal impuesto al prestador, obtener en todo o en parte la compensación de la ayuda pagada al propietario de la vivienda.
27.
Por el contrario, la Comisión considera inexistente el interés derivado de la coherencia de los regímenes tributarios nacionales, que pudiera justificar la restricción controvertida.
28.
En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que las consideraciones económicas no pueden justificar por sí mismas una legislación nacional que obstaculiza la libre prestación de servicios. (
16
) Algunas disposiciones legislativas nacionales pueden parecer a primera vista justificadas estrictamente desde el punto vista de la economía nacional, siendo al mismo tiempo contrarias a las normas comunitarias, por ejemplo, si son discriminatorias respecto de los nacionales de otros Estados miembros. (
17
)
29.
En apoyo de la compatibilidad de la restricción con el Derecho comunitario, se han invocado, durante el proceso, dos sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 1992 (
18
) en las que el Tribunal de Justicia declaró que la necesidad de preservar la coherencia de los regímenes fiscales nacionales, al menos en determinadas situaciones, puede constituir una razón imperiosa de orden público que puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios y que un régimen fiscal nacional que lleva aparejado este efecto restrictivo a la libre prestación de servicios puede, por lo tanto, ser compatible con el Tratado si la coherencia de dicho régimen fiscal no puede garantizarse mediante disposiciones menos restrictivas de las libertades fundamentales establecidas por el Tratado. Estas sentencias se referían a una legislación nacional que supeditaba, en el momento de la determinación de la renta imponible, la posibilidad de deducir, entre otros importes, las cotizaciones para el Seguro de Vejez al requisito de que la compañía de seguros estuviera establecida en el Estado miembro de que se trataba, quedando así garantizada para este Estado miembro la posibilidad de gravar las prestaciones abonadas en su momento con arreglo a este régimen. Así pues, se trataba de un régimen fiscal en el que una única y misma persona veía diferida su tributación y en el que, a falta de normas armonizadas en la materia, la recaudación del impuesto y su control hacían necesaria esta restricción para evitar que el régimen de deducción se utilizara con fines fraudulentos, para evitar que tributasen las cantidades de que se trata.
30.
En el presente caso, la situación me parece sensiblemente distinta. La supuesta coherencia del régimen fiscal no reside, en el presente caso, en un régimen en el que una única y misma persona ve diferida su tributación y en el que la restricción es necesaria para evitar que se sustraigan cantidades a la tributación en el Estado miembro considerado; la bonificación y la tributación se refieren por el contrario a sujetos fiscales distintos, y el régimen corresponde exactamente a otros regímenes en los que las prestaciones procedentes del Tesoro están financiadas por los ingresos generales del Estado, en particular los tributos.
31.
Por lo tanto, no puede hablarse propiamente de una relación entre el importe de la bonificación abonada por las autoridades luxemburguesas y los ingresos fiscales que las autoridades perciben a través del Impuesto sobre Sociedades de las entidades de crédito establecidas en Luxemburgo. El cálculo que el Gobierno luxemburgués indicó durante el proceso no tiene en cuenta, por ejemplo, que no es en absoluto seguro que las entidades de crédito luxemburguesas deban tributar a consecuencia del régimen de bonificación de interés. En efecto, sólo habrá base impositiva si la explotación de la entidad de crédito de que se trate se traduce globalmente en un excedente, lo que no será necesariamente así si el resultado de la explotación puede verse afectado negativamente por otros factores, por ejemplo, pérdidas sobre los préstamos o pérdidas de cambio sobre valores en cartera. El cálculo tampoco tiene en cuenta el hecho de que, aun sin la restricción, un determinado número de préstamos a la vivienda se contratarán en entidades de crédito luxemburguesas. Por lo demás, un cálculo en términos de economía política debe sin duda tener en cuenta los efectos globales, en términos macroeconómicos, de una competencia liberada de la restricción de que se trata entre las entidades de crédito de los diferentes Estados miembros que ofrecen préstamos a la vivienda a los propietarios.
32.
Si se admitiera una restricción como la del presente caso, deberían entonces admitirse también semejantes regímenes en otros sectores. Pueden citarse, por ejemplo —para no dejar el ámbito de la vivienda— las normas nacionales que proporcionan ayudas a la mejora de la vivienda, pero que supeditan la concesión de esta bonificación al requisito de que el profesional a quien se confíen las obras esté establecido en el Estado miembro considerado, de modo que el Estado miembro puede gravar el ingreso del profesional procedente de la mejora de la vivienda, o también las normas relativas al subsidio de vivienda, cuya concesión está subordinada al requisito de que el arrendador esté establecido en el Estado miembro considerado, de modo que los ingresos derivados del subsidio tributen en dicho Estado miembro.
33.
Me parece imposible — y sería totalmente contrario a los objetivos del Tratado— sostener que determinados regímenes nacionales que exigen requisitos de establecimiento a los prestatarios son compatibles con el Tratado cuando los Estados miembros conceden bonificaciones destinadas a compensar más o menos los gastos en que ha incurrido el destinatario de la prestación en contrapartida del servicio prestado.
34.
A la luz de las anteriores consideraciones, considero que el motivo basado en la coherencia del régimen fiscal nacional no puede justificar el hecho de que un Estado miembro limite el beneficio de la bonificación de interés concedida por el Estado para la adquisición de una vivienda al supuesto en que el préstamo ha sido contratado en una entidad de crédito establecida en el Estado miembro considerado. Por lo tanto, procede responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que las normas del Tratado CEE relativas a la libre prestación de servicios deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no puede denegar la concesión de una bonificación de interés otorgada por el Estado para la construcción, la adquisición o la mejora de una vivienda, por haber sido contratado dicho préstamo en una entidad de crédito que no está establecida en el Estado miembro de que se trata, mientras que dicha bonificación se concede cuando el préstamo ha sido contratado, en circunstancias además similares, en una entidad de crédito establecida en el Estado miembro de que se trata.
Importancia del hecho de que los interesados sean nacionales de un Estado tercero
35.
Sin embargo, el Gobierno luxemburgués señaló que la entidad de crédito belga no es parte en el procedimiento ante el órgano jurisdiccional nacional y planteó la cuestión de si los interesados, que en el momento relevante a efectos del presente asunto eran ambos nacionales de un país tercero, a saber, Suécia, podían en definitiva invocar las normas del Tratado que establecen un derecho a la libre prestación de servicios.
36.
La Comisión alegó a este respecto que la ley luxemburguesa no distingue entre nacionales de los Estados miembros y nacionales de países terceros. El artículo 59 del Tratado establece el requisito de que el prestador de servicios sea nacional de un Estado miembro pero no exige requisitos similares por lo que se refiere al destinatario de la prestación de que se trata.
37.
El apartado 1 del artículo 59 del Tratado describe el derecho a la prestación de servicios como un derecho en favor de los prestatarios de servicios que son «nacionales» de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad distinto del destinatario de la prestación. Como subraya la Comisión, es importante el hecho de que esta disposición no establezca que el destinatario de la prestación deba ser un nacional de un Estado miembro; así pues, esta disposición establece esencialmente que los Estados miembros no deben impedir el intercambio de prestaciones entre quien realiza la prestación y un destinatario, situados ambos en otro Estado miembro. La circunstancia de que esta disposición haya sido formulada de esta manera se debe a que no prohibe solamente las restricciones a prestaciones de servicios sobre cuya realización ya ha habido un acuerdo entre ambas partes. En efecto, también debe admitirse que las disposiciones de los artículos 59 y 60 prohiben determinadas restricciones que impiden a quien realiza la prestación ponerse en contacto con destinatarios potenciales de prestaciones en otros Estados miembros, por ejemplo, denegando al interesado la entrada en el territorio o prohibiéndole que dé publicidad a sus prestaciones cuando semejante prohibición no se aplica a los nacionales del Estado miembro considerado.
38.
A pesar del hecho de que el artículo 59 haya sido formulado tomando como punto de partida la situación del prestador, el Tribunal de Justicia, en una jurisprudencia reiterada, ha declarado que el derecho a la libre prestación de servicios establecido en el artículo 59 del Tratado alcanza no sólo al prestador sino también a los destinatarios de los servicios. (
19
) Por ello, por ejemplo, los destinatarios de servicios tienen derecho a trasladarse a otro Estado miembro, por ejemplo como turistas, para obtener allí un servicio, sin ser importunados por restricciones y sin ser objeto de una discriminación. (
20
) También respecto del destinatario, el punto esencial del derecho a la libre prestación de servicios debe ser que los Estados miembros no puedan impedir que los destinatarios de servicios reciban prestaciones de servicios realizadas por prestadores que residan en otros Estados miembros. El derecho a entrar como turista en otro Estado miembro para recibir prestaciones sin quedar expuesto a un trato discriminatorio no supone, pues, que se deba aportar concretamente la prueba de que los prestadores de servicios —por ejemplo, los gerentes de habitaciones de hotel— sean nacionales del Estado miembro.
39.
Los prestadores de servicios que no son ciudadanos comunitarios, sino nacionales de un Estado tercero, no tienen derecho a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad. Esta conclusión, en cuanto tal, deriva ya de la idea de que los Estados miembros quisieron, mediante el Tratado, en general, que sólo sus nacionales disfrutasen de las disposiciones del Tratado, pero está al mismo tiempo subrayada por la conclusión a contrario que se puede extraer del párrafo segundo del artículo 59, con arreglo al cual el Consejo puede extender el beneficio de las disposiciones en materia de servicios a los prestadores de servicios que sean nacionales de un tercer Estado y se hallen establecidos dentro de la Comunidad. Tales disposiciones aún no se han adoptado.
40.
Como ya se ha indicado anteriormente, el artículo 59 contempla en principio la situación del prestador de servicios pero el Tribunal de Justicia extendió su ámbito de aplicación al destinatario del servicio de que se trate. No cabe suponer que haya pretendido conferir a los nacionales de los países terceros una posición más favorable en cuanto destinatarios de servicios que en cuanto prestadores de servicios. Por lo tanto, debe suponerse que sólo los nacionales de los Estados miembros pueden ampararse en el Derecho que las normas relativas a la libre prestación de servicios confieren a los destinatarios de las prestaciones consideradas. Así pues, los nacionales de los países terceros no tienen ese Derecho. Los nacionales de los Estados terceros que, por haber obtenido un permiso de residencia o un visado, viven o residen en un Estado miembro no pueden, por ejemplo, basarse en el artículo 59 del Tratado para invocar un derecho subjetivo a viajar a otros Estados miembros para disfrutar de prestaciones, en calidad de turistas, sin restricciones y sin discriminación. (
21
)
41.
Ambos demandantes en el litigio principal, los esposos Peter Svensson y Lena Gustavsson, son nacionales suecos y, por lo tanto, en el momento de los hechos del presente asunto, eran nacionales de un país tercero. A la luz de las anteriores consideraciones no podían invocar frente a un Estado miembro las normas del Tratado relativas a la libre prestación de servicios. Pero, por otro lado, el Tratado no impide evidentemente que los demandantes disfruten, por otro motivo —por ejemplo, con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate— de la misma posición jurídica que si hubieran sido nacionales de un Estado miembro. El Acuerdo de asociación celebrado el 22 de julio de 1972 entre la CEE y Suécia (
22
) no contiene normas relativas a la libre prestación de servicios, y, en particular, el artículo 19, que se refiere, entre otros aspectos, a los pagos, tampoco puede considerarse que regula, ni siquiera indirectamente, tales prestaciones.
42.
Podría limitarme a responder a la cuestión del órgano jurisdiccional remitente en el sentido de que los ciudadanos de los países terceros no pueden invocar sin más las normas del Tratado CEE relativas a la libre prestación de servicios. Por lo tanto, al no ser titulares de este derecho conforme al Derecho comunitario, su asimilación, en su caso, a los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad se hará únicamente en función del Derecho nacional. Sin embargo, quizá no deje de tener importancia, a efectos de la interpretación del Derecho nacional por parte del órgano jurisdiccional de remisión, conocer en esta materia el estatuto jurídico de los nacionales de los Estados miembros. Asimismo, durante el procedimiento, he tenido conocimiento de que un cierto número de otros asuntos estaban en suspenso, a la espera de la respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión planteada. Por consiguiente, considero que sería conveniente que el Tribunal de Justicia diera al órgano jurisdiccional a quo una respuesta tan adecuada y útil como fuera posible a la cuestión planteada tomando una posición sobre el problema de interpretación, tal como se ha suscitado.
Conclusión
43.
A la luz de las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada mediante resolución del Conseil d'Etat du Luxembourg de 28 de diciembre de 1993, como sigue:
«El artículo 59 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no puede denegar a un prestatario el beneficio de una bonificación de interés otorgada por el Estado, relativa a los intereses correspondientes a un préstamo contraído para la construcción, la adquisición o la mejora de una vivienda, por haber sido contratado dicho préstamo en una entidad de crédito que no está establecida en el territorio del Estado miembro de que se trata mientras que dicha bonificación se concede cuando el préstamo se ha contratado, en circunstancias por lo demás similares, en una entidad de crédito establecida en el Estado miembro de que se trata.
Los nacionales de un país tercero no pueden invocar con carácter particular el artículo 59 del Tratado CEE.»
(
*1
)	Lengua original: danés.
(
1
)	Debe suponerse que la obligación que tienen los Estados miembros de aplicar la Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1989, para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE (DO L 386, p. 1) no debía ser efectiva hasta el 1 de enero de 1993, conforme a las disposiciones del artículo 24 de la Directiva y del apartado 3 del artículo 10 de la Directiva 89/647/CEE, consideradas conjuntamente. Véase a este respecto la nota n° XV/120/90 do mayo de 1990 del Comité Consultivo Bancario, de la Comisión de las Comunidades Europeas.
(
2
)	Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 67 no es directamente aplicable; véanse, en especial, las sentencias de 11 de noviembre de 1981, Casati (203/80, Rec. p. 2595), apartados 8 a 13, así como de 21 de septiembre de 1988, Van Eyckc (267/86, Ree. p. 4769), apartados 23 y 24.
(
3
)	DO L 178, p. 5.
(
4
)	Asunto C-204/90, Rec. p. I-249.
(
5
)	Véase la sentencia de 3 de febrero de 1993, Veronica Omroep Organisatie (C-148/91, Rec. p. I-487).
(
6
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 24 de octubre de 1978, Koestler (15/78, Rec. p. 1971), apartado 3.
(
7
)	Véase el apartado 2 del artículo 61 del Tratado; a modo de comparación, sentencia Van Eycke, citada en la nota 2.
(
8
)	Véase la sentencia de 3 de diciembre de 1974, Van Binsbergen (33/74, Rec. p. 1299).
(
9
)	Véanse, en este sentido, las sentencias Bachmann, citada en la nota 4, y de 28 de enero de 1992, Comisión/Bélgica (C-300/90, Rec. p. I-305), apartado 22.
(
10
)	Véase, entre otras, la sentencia de 13 de diciembre de 1989, Corsica Ferries France (C-49/89, Rec. p. 4441), apartado 8.
(
11
)	Véanse, en especial, las sentencias de 26 de febrero de 1991, Comisión/Francia (C-154/89, Rec. p. I-659), Comisión/Italia (C-180/89, Rec. p. I-709), y Comisión/Grecia (C-198/89, Rec. p. I-727).
(
12
)	Véanse la sentencia de 17 de mayo de 1994, Corsica Ferries (C-18/93, Rec. p. I-1783), y las sentencias dictadas en materia de co-seguros de 4 de diciembre de 1986, Comisión/Francia (220/83, Rec. p. 3663), Comisión/Dinamarca (252/83, Rec. p. 3713), Comisión/Alemania (205/84, Rec. p. 3755), y Comisión/Irlanda (206/84, Rec. p. 3817), así como las sentencias Bachmann y Comisión/Bélgica, citadas en la nota 9.
(
13
)	Véase, entre otras, la sentencia de 24 de marzo de 1994, Schindler (C-275/92, Rec. p. I-1039), apartado 58.
(
14
)	Véanse las sentencias Bachmann y Comisión/Bélgica, citadas en la nota 9.
(
15
)	Véanse las sentencias Bachmann, citada en la nota 4, apartado 20, y Comisión/Bélgica, citada en la nota 9, apartado 13.
(
16
)	Véanse las sentencias de 26 de abril de 1988, Bond van Adverteerders y otros (325/85, Rec. p. 2085), apartado 34, y de 25 de julio de 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda y otros (C-288/89, Rec. p. I-4007), apartado 11.
(
17
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 22 de junio de 1993, Comisión/Dinamarca (C-243/89, Rec. p. I-3353), apartado 23, por lo que se refiere a la aplicación de una «cláusula relativa al contenido danés» en el marco de un contrato público de obras.
(
18
)	Bachmann, citada en la nota 4, apartados 21 a 23, y Comisión/Bélgica, citada en la nota 9, apartados 11 a 24.
(
19
)	Véase, como más reciente, la sentencia de 9 de agosto de 1994, Vander Elst (C-13/93, Rec. p. I-3803), apartado 13.
(
20
)	Véanse la sentencia de 31 de enero de 1984, Luisi et Carbons (asuntos acumulados 286/82 y 26/83, Rec. p. 377), y, por lo que se refiere a la prohibición de discriminación, el artículo 7 del Tratado CEE y la sentencia de 2 de febrero de 1989, Cowan (186/87, Rec. p. 195).
(
21
)	No es así cuando un derecho resultante de las normas comunitarias se aplica a la familia de un nacional de un Estado miembro, véanse, por ejemplo, los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento n° 1612/68/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77). En su sentencia Vander Elst, citada en la nota 19, el Tribunal de Justicia declaró que no puede exigirse a una empresa que pretende prestar servicios en otro Estado miembro que solicite, entre otros, un permiso de trabajo de otro Estado miembro por lo que se refiere a los nacionales de Estados terceros empleados de forma regular y habitual en el Estado miembro en que esté establecida la empresa.
(
22
)	DO L 300, p. 97; EE II/02, p. 99; incluidas las modificaciones posteriores.