62020CO0491
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 22 de diciembre de 2022 (
*1
)
[Texto rectificado mediante auto de 2 de marzo de 2023]
«Procedimiento prejudicial — Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Artículo 267 TFUE — Necesidad de la interpretación del Derecho de la Unión para que el órgano jurisdiccional remitente pueda dictar su resolución — Inexistencia — Inadmisibilidad manifiesta»
En los asuntos acumulados C‑491/20 a C‑496/20, C‑506/20, C‑509/20 y C‑511/20,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Tribunal Supremo (Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social), Polonia], mediante resoluciones de 15 de julio de 2020, recibidas en el Tribunal de Justicia el 24 de septiembre de 2020 (C‑491/20), el 25 de septiembre de 2020 (C‑492/20), el 28 de septiembre de 2020 (C‑493/20), el 2 de octubre de 2020 (C‑494/20 y C‑495/20), el 6 de octubre de 2020 (C‑496/20), el 9 de octubre de 2020 (C‑506/20), el 22 de septiembre de 2020 (C‑509/20) y el 13 de octubre de 2020 (C‑511/20), en los procedimientos entre
W. Ż.
y
A. S.,
Sąd Najwyższy,
con intervención de:
Prokurator Generalny (C‑491/20),
y entre
W. Ż.
y
K. Z.,
Skarb Państwa — Sąd Najwyższy,
con intervención de:
Prokurator Generalny (C‑492/20),
y entre
P. J.
y
A. T.,
R. W.,
Sąd Najwyższy,
con intervención de:
Prokurator Generalny (C‑493/20),
y entre
K. M.
y
T. P.,
Skarb Państwa — Sąd Najwyższy,
con intervención de:
Prokurator Generalny (C‑494/20),
y entre
T. M.
y
T. D.,
M. D.,
P. K.,
J. L.,
M. L.,
O. N.,
G. Z.,
A. S.,
Skarb Państwa — Sąd Najwyższy,
con intervención de:
[En su versión rectificada mediante auto de 2 de marzo de 2023] Prokurator Generalny (C‑495/20),
y entre
M. F.
y
T. P.,
con intervención de:
Prokurator Generalny (C‑496/20),
y entre
T. B.
y
T. D.,
M. D.,
P. K.,
J. L.,
M. L.,
O. N.,
G. Z.,
A. S.,
Skarb Państwa — Sąd Najwyższy,
con intervención de:
Prokurator Generalny (C‑506/20),
y entre
M. F.
y
J. M.,
con intervención de:
Prokurator Generalny,
Rzecznik Praw Obywatelskich (C‑509/20),
y entre
B. S.
y
T. D.,
M. D.,
P. K.,
J. L.,
M. L.,
O. N.,
Skarb Państwa — Sąd Najwyższy,
con intervención de:
Prokurator Generalny (C‑511/20),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por la Sra. A. Prechal (Ponente), Presidenta de Sala, y la Sra. M. L. Arastey Sahún y los Sres. F. Biltgen, N. Wahl y J. Passer, Jueces;
Abogado General: Sr. A. M. Collins;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de W. Ż., por la Sra. S. Gregorczyk-Abram y los Sres. M. Pietrzak y M. Wawrykiewicz, adwokaci;
–
en nombre de A. S., por él mismo;
–
en nombre de K. Z., por él mismo;
–
en nombre de P. J., por la Sra. S. Gregorczyk-Abram y el Sr. M. Wawrykiewicz, adwokaci;
–
en nombre de A. T., por él mismo;
–
en nombre de K. M., por el Sr. M. Jabłoński, adwokat;
–
en nombre de T. P., por él mismo;
–
en nombre de T. M., T. B. y B. S., por el Sr. M. Gajdus, adwokat;
–
en nombre de M. F., por el Sr. W. Popiołek, radca prawny;
–
en nombre de P. K., por él mismo;
–
en nombre del Sąd Najwyższy, por la Sra. M. Manowska;
–
en nombre del Prokurator Generalny, por los Sres. R. Hernand y M. Pasionek;
–
en nombre del Rzecznik Praw Obywatelskich, por los Sres. M. Taborowski y M. Wróblewski;
–
en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. K. Herrmann y el Sr. P. J. O. van Nuffel, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado, conforme al artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia;
dicta el siguiente
Auto
1
Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 2 TUE, 4 TUE, apartados 2 y 3, 6 TUE, apartado 3, y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 267 TFUE y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Estas peticiones se han presentado en el contexto de los litigios entre, por un lado, W. Ż. (C‑491/20 y C‑492/20), P. J. (C‑493/20), K. M. (C‑494/20), T. M. (C‑495/20), M. F. (C‑496/20 y C‑509/20), T. B. (C‑506/20) y B. S. (C‑511/20) y, por otro lado, A. S. (C‑491/20), K. Z. (C‑492/20), A. T. y R. W. (C‑493/20), T. P. (C‑494/20 y C‑496/20), T. D., M. D., P. K., J. L., M. L. y O. N. (C‑495/20, C‑506/20 y C‑511/20), G. Z. y A. S. (C‑495/20 y C‑506/20), J. M. (C‑509/20), el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) (C‑491/20 y C‑493/20) y el Skarb Państwa — Sąd Najwyższy (Tesoro Público — Tribunal Supremo, Polonia) (C‑492/20, C‑494/20, C‑495/20, C‑506/20 y C‑511/20), en relación con la pretensión de que se declare la inexistencia de una relación estatutaria entre diversas personas que ejercen como jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), por una parte, y dicho tribunal, por otra parte.
Marco jurídico nacional
Constitución
3
El artículo 144, apartados 2 y 3, de la Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitución de la República de Polonia; en lo sucesivo «Constitución») tiene el siguiente tenor:
«2.   Para que sean válidos, los actos oficiales del presidente de la República deberán estar refrendados por el presidente del Consejo de Ministros, quien asumirá de esta manera su responsabilidad ante el Sejm [(Dieta, Polonia)].
3.   Lo dispuesto en el apartado 2 no se aplicará en los siguientes casos:
[…]
17) el nombramiento de los jueces;
[…]».
4
Con arreglo al artículo 179 de la Constitución, los jueces son nombrados por el presidente de la República a propuesta de la Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia; en lo sucesivo, «CNPJ») por tiempo indefinido.
Código de Procedimiento Civil
5
El artículo 189 del Kodeks postępowania cywilnego (Código de Procedimiento Civil) establece:
«El demandante podrá solicitar ante el tribunal que se declare la existencia o la inexistencia de una relación jurídica o de un derecho, siempre que tenga interés legítimo en ejercitar la acción.»
Ley del Tribunal Supremo
6
La ustawa o Sądzie Najwyższym (Ley del Tribunal Supremo), de 8 de diciembre de 2017 (Dz. U. de 2018, posición 5), entró en vigor el 3 de abril de 2018. En particular, creó dos nuevas Salas en el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), a saber, por una parte, la Izba Dyscyplinarna (Sala Disciplinaria) y, por otra parte, la Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Nawyższego (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos).
7
A tenor del artículo 27, apartado 1, de la Ley del Tribunal Supremo:
«La Sala Disciplinaria será competente para conocer de:
1)
los procedimientos disciplinarios:
a)
relativos a los jueces del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)],
b)
examinados por el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] en relación con los procedimientos disciplinarios que se sigan en virtud de las siguientes leyes:
[…]
–
Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios […]
[…]
[…]
2)
los procedimientos en materia de Derecho laboral y de la seguridad social relativos a los jueces del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)];
[…]».
8
El artículo 73, apartado 1, de la Ley del Tribunal Supremo dispone:
«Los tribunales disciplinarios competentes para conocer de los procedimientos disciplinarios relativos a los jueces del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] serán:
1)
en primera instancia: el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], en sala integrada por dos jueces de la Sala Disciplinaria y un jurado del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)];
2)
en segunda instancia: el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], en sala integrada por tres jueces de la Sala Disciplinaria y dos jurados del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)].»
9
La Ley del Tribunal Supremo ha sido modificada en varias ocasiones, en particular mediante la ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Ley por la que se Modifican la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, la Ley del Tribunal Supremo y Otras Leyes), de 20 de diciembre de 2019 (Dz. U. de 2020, posición 190).
10
El artículo 26, apartado 2, de la Ley del Tribunal Supremo, tras la modificación introducida por la Ley de 20 de diciembre de 2019, dispone:
«La Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos será competente para conocer de las solicitudes o declaraciones relativas a la recusación de jueces o la designación del órgano jurisdiccional ante el que debe sustanciarse un procedimiento, incluidas las imputaciones basadas en la falta de independencia del juez o del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional que conozca del asunto remitirá inmediatamente una solicitud al presidente de la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos para que esta sea tramitada de conformidad con las reglas establecidas por disposiciones independientes. […]»
11
El artículo 29, apartados 2 y 3, de la Ley del Tribunal Supremo, en su versión modificada por la Ley de 20 de diciembre de 2019, dispone:
«2.   En el marco de las actividades llevadas a cabo por el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] o sus órganos, no estará permitido cuestionar la legitimidad de los [órganos jurisdiccionales], de los órganos constitucionales del Estado o de los órganos de control y protección de la legalidad.
3.   Ni el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] ni ningún otro órgano del poder podrán declarar o apreciar la legalidad del nombramiento de un juez o de la facultad de este para ejercer funciones judiciales derivadas de dicho nombramiento.»
Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios
12
El artículo 110 de la ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios), de 27 de julio de 2001, en su versión modificada (Dz. U. de 2018, posición 23), establece lo siguiente:
«1.   Serán competentes para conocer de los asuntos disciplinarios contra jueces:
1)
en primera instancia:
a)
los tribunales disciplinarios, formados por tres jueces, adjuntos a los tribunales de apelación;
[…]
3.   El tribunal disciplinario en cuya demarcación ejerza sus funciones el juez sometido al procedimiento disciplinario no participará en los asuntos mencionados en el apartado 1, punto 1, letra a). El tribunal disciplinario competente para conocer del asunto será designado por el presidente del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] que dirija la Sala Disciplinaria, a instancias del responsable de la acción disciplinaria.
[…]»
Ley del CNPJ
13
El CNPJ se rige por la ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial), de 12 de mayo de 2011 (Dz. U. de 2011, n.o 126, posición 714), en su versión modificada, en particular, por la ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Ley por la que se Modifican la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial y Otras Leyes), de 8 de diciembre de 2017 (Dz. U. de 2018, posición 3), y por la ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Ley por la que se Modifican la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios y Otras Leyes), de 20 de julio de 2018 (Dz. U. de 2018, posición 1443) (en lo sucesivo, «Ley del CNPJ»).
14
De conformidad con el artículo 37, apartado 1, de la Ley del CNPJ:
«En caso de que varios candidatos se hayan postulado a un puesto de juez, [el CNPJ] examinará y evaluará conjuntamente todas las candidaturas presentadas. En tal situación, [el CNPJ] adoptará una resolución en la que constarán sus decisiones relativas a la presentación de una propuesta de nombramiento al puesto de juez con respecto a todos los candidatos.»
15
A tenor del artículo 43, apartado 2, de esta Ley:
«Cuando la resolución a la que se refiere el artículo 37, apartado 1, no haya sido impugnada por todos los participantes en el procedimiento, la resolución adquirirá firmeza en la parte relativa a la decisión de no presentar propuesta de nombramiento a juez con respecto a los participantes que no la hayan impugnado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1 ter.»
16
El artículo 44 de dicha Ley disponía:
«1.   Todo participante en el procedimiento podrá presentar recurso ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] invocando la ilicitud de la resolución [del CNPJ], salvo que se disponga lo contrario en otras disposiciones. […]
1 bis.   En casos individuales relativos al nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], se podrá interponer recurso ante el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia)]. En estos casos no cabrá recurso ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)]. El recurso ante el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)] no podrá fundarse en un motivo basado en la incorrecta valoración del cumplimiento por parte del candidato de los criterios tomados en consideración al decidir sobre la presentación de la propuesta de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)].
1 ter.   Cuando la resolución a la que se refiere el artículo 37, apartado 1, no haya sido impugnada por todos los participantes en el procedimiento, en casos individuales de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], la resolución adquirirá firmeza en la parte relativa a la decisión de presentar la propuesta de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], así como en la parte relativa a la decisión de no presentar dicha propuesta, con respecto a los participantes en el procedimiento que no hayan impugnado dicha resolución.
[…]
4.   En casos individuales relativos al nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], la anulación por el [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)] de la resolución [del CNPJ] relativa a la no presentación de la propuesta de nombramiento a juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] equivaldrá a la admisión en el procedimiento de la candidatura del participante que haya interpuesto recurso, para cubrir el cargo vacante de juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] con respecto al cual, en la fecha en la que se dicta la sentencia del [Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)], el procedimiento ante [el CNPJ] no haya finalizado, o, en caso de ausencia de dicho procedimiento, para cubrir la próxima vacante de juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] que se publique.»
17
El apartado 1 bis del artículo 44 de la Ley del CNPJ se insertó mediante la Ley de 8 de diciembre de 2017 por la que se Modifican la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial y Otras Leyes, que entró en vigor el 17 de enero de 2018, y los apartados 1 ter y 4 se insertaron mediante la Ley de 20 de julio de 2018 por la que se Modifican la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios y Otras Leyes, que entró en vigor el 27 de julio de 2018. Antes de que se insertaran estas modificaciones, los recursos a que se refiere el apartado 1 bis se interponían ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), de conformidad con el apartado 1 del artículo 44.
18
Mediante sentencia de 25 de marzo de 2019, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional, Polonia) declaró que el artículo 44, apartado 1 bis, de la Ley del CNPJ era incompatible con el artículo 184 de la Constitución, por cuanto, en esencia, la competencia atribuida por el apartado 1 bis al Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) no se justificaba ni por la naturaleza de los asuntos de que se trata ni por las características organizativas de ese Tribunal ni por el procedimiento que aplica. En dicha sentencia, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) también señaló que esta declaración de inconstitucionalidad «conlleva necesariamente el archivo de todos los procedimientos judiciales pendientes que se basen en la disposición derogada».
19
Posteriormente, el artículo 44 de la Ley del CNPJ fue modificado mediante la ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy ‐ Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Ley por la que se Modifican la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), de 26 de abril de 2019 (Dz. U. de 2019, posición 914), que entró en vigor el 23 de mayo de 2019. El apartado 1 del citado artículo 44, tras su modificación, tiene ahora el siguiente tenor:
«Todo participante en el procedimiento podrá interponer recurso ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] invocando la ilicitud de la resolución [del CNPJ], salvo que se disponga lo contrario en otras disposiciones. No cabrá recurso en los casos individuales relativos al nombramiento para desempeñar el cargo de juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)].»
20
Por otra parte, el artículo 3 de la citada Ley de 26 de abril de 2019 establece que «se sobreseerán por mandato legal los recursos contra las resoluciones [del CNPJ] en los casos individuales relativos al nombramiento para desempeñar el cargo de juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] que se hayan presentado y estén pendientes de resolución antes de la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley».
Litigios principales
Asunto C‑509/20
21
En el litigio principal del asunto C‑509/20 ya se había planteado una petición de decisión prejudicial anterior, que dio lugar a la sentencia de 22 de marzo de 2022, Prokurator Generalny y otros (Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo — Nombramiento) (C‑508/19, en lo sucesivo, sentencia Prokurator Generalny, EU:C:2022:201).
22
M. F., que ejerce el cargo de juez en el Sąd Rejonowy w P. (Tribunal de Distrito de P., Polonia), interpuso un recurso ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), en virtud del artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, con la pretensión de que se declarara la inexistencia de una relación estatutaria entre J. M. y el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), debido a ciertas irregularidades de las que adolecía el nombramiento de J. M. como juez de la Sala Disciplinaria de este último tribunal (en lo sucesivo, «Sala Disciplinaria»). Dicho recurso fue interpuesto por M. F. después de que J. M., como presidente de la Sala Disciplinaria, dictara, en virtud del artículo 110, apartado 3, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, en su versión modificada, un auto designando al Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w X (Tribunal Disciplinario adjunto al Tribunal de Apelación de X, Polonia) como tribunal disciplinario competente para conocer de un procedimiento disciplinario contra M. F. por una supuesta tardanza en la tramitación de los procedimientos de que conoce y por unas supuestas demoras en la redacción de la fundamentación de sus resoluciones.
23
En apoyo de su recurso, M. F. alega que la ineficacia del nombramiento de J. M. para el puesto de juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) se deriva de que la notificación al interesado de su acto de nombramiento por parte del presidente de la República se produjo mientras la resolución del CNPJ que propuso el nombramiento de J. M. para dicho puesto se hallaba sub iudice al haber interpuesto un candidato no propuesto para el nombramiento en dicha resolución recurso ante el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) al amparo del artículo 44, apartado 1 bis, de la Ley del CNPJ. Además, el procedimiento de selección para cubrir esa vacante se tramitó a raíz de una comunicación del presidente de la República que no llevaba el refrendo ministerial exigido por el artículo 144 de la Constitución.
24
M. F. recusó asimismo a todas las personas que habían sido nombradas jueces de la Sala Disciplinaria y solicitó que el examen de su recurso se atribuyera a la Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social) del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) (en lo sucesivo, «Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social»), en lugar de a la Sala Disciplinaria normalmente competente para conocer de dicho recurso en virtud del artículo 27, apartado 1, punto 2, de la Ley del Tribunal Supremo. Por último, M. F. pidió que se ordenase cautelarmente, durante la sustanciación del procedimiento principal, la suspensión del procedimiento disciplinario seguido contra ella.
Asuntos C‑494/20 y C‑496/20
25
La configuración de los litigios principales de los asuntos C‑494/20 y C‑496/20 es casi idéntica a la del litigio principal del asunto C‑509/20.
26
En efecto, mediante sus respectivos recursos, K. M., juez del Sąd Okręgowy w K. (Tribunal Regional de K., Polonia), por una parte, y M. F., por otra parte, solicitan que se declare la inexistencia de una relación estatutaria entre T. P., sucesor de J. M. en el cargo de presidente de la Sala Disciplinaria, y el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), debido a supuestas irregularidades en el nombramiento del interesado, análogas a las mencionadas en el apartado 23 del presente auto.
27
Además, estos recursos en los litigios principales se interpusieron también después de que T. P. dictara autos designando los tribunales disciplinarios que debían conocer de los procedimientos disciplinarios incoados contra K. M. y M. F., debido, en el caso de la primera de estas personas, a declaraciones públicas sobre un procedimiento disciplinario pendiente en las que se cuestionaba la independencia y legalidad de los actos del CNPJ y el carácter constitucional y apolítico de la Sala Disciplinaria, y, en el caso de la segunda de estas personas, por presuntas infracciones de disposiciones del Derecho de la Unión en sus decisiones judiciales.
28
Por último, en el marco de dichos recursos, K. M. y M. F. presentaron sendas peticiones de medidas cautelares y de diligencias de ordenación del procedimiento, análogas a las mencionadas en el apartado 24 del presente auto. K. M. solicitó asimismo que se prohibiera, de forma cautelar, al demandado en el litigio principal continuar ejerciendo sus funciones de juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) y que se ordenara a dicho tribunal apartar al interesado de toda actividad jurisdiccional.
Asunto C‑493/20
29
Mediante su recurso en el litigio principal, P. J., juez del Sąd Rejonowy w O. (Tribunal de Distrito de O., Polonia), solicita que se declare la inexistencia de relación estatutaria entre A. T. y R. W., por una parte, y el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), por otra parte, debido a supuestas irregularidades en sus nombramientos como jueces de la Sala Disciplinaria, análogas a las mencionadas en el apartado 23 del presente auto.
30
Este recurso se interpuso a raíz de una resolución por la que tres jueces de la Sala Disciplinaria de la que formaban parte A. T. y R. W. confirmaron, en el contexto de un procedimiento disciplinario incoado contra P. J., la suspensión temporal de las funciones de este último durante la tramitación de dicho procedimiento, reduciendo en un 40 % su remuneración mientras se mantuviera esta suspensión. Dicha resolución fue adoptada, en particular, porque P. J. había dictado, sin base jurídica, una resolución por la que se ordenó al jefe de la Secretaría de la Dieta que presentara las listas de los ciudadanos y jueces que habían apoyado las candidaturas a los puestos de miembro del nuevo CNPJ.
31
En su recurso principal, P. J. formuló también peticiones de diligencias de ordenación del procedimiento y de medidas cautelares análogas a las mencionadas en el apartado 28 del presente auto, entre ellas la solicitud de suspensión del procedimiento disciplinario a que se refiere el apartado anterior.
Asunto C‑492/20
32
Mediante su recurso en el litigio principal, W. Ż., juez del Sąd Okręgowy w K. (Tribunal Regional de K.), solicita que se declare la inexistencia de una relación estatutaria entre K. Z. y el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), debido a irregularidades análogas a las mencionadas en el apartado 23 del presente auto que supuestamente afectaron al nombramiento del interesado como juez de la Izba Cywilna (Sala de lo Civil) de dicho tribunal (en lo sucesivo, «Sala de lo Civil»).
33
En dicho recurso, W. Ż. alega que actualmente es objeto de un procedimiento disciplinario por haber cuestionado en una entrevista la regularidad del nombramiento de K. Z. y que la declaración de la inexistencia de una relación estatutaria le permitiría sostener el fundamento de la postura que había manifestado. El tribunal remitente señala asimismo que K. Z., como presidente primero en funciones del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), había adoptado una orden por la que se anuló una orden de su predecesora y se reasignó a la Sala Disciplinaria la función de conservar los documentos de los expedientes disciplinarios iniciados contra los jueces y de asegurar la gestión administrativa de tales expedientes.
34
Por último, W. Ż. formuló peticiones de medidas cautelares y de diligencias de ordenación del procedimiento análogas a las mencionadas en el apartado 28 del presente auto, y solicitó así, en particular, la suspensión del procedimiento disciplinario incoado contra él. Solicitó asimismo la práctica de las pruebas relativas a la entrevista a que se refiere el apartado anterior.
Asunto C‑491/20
35
Mediante su recurso en el litigio principal, el mismo W. Ż. solicita que se declare la inexistencia de una relación estatutaria entre A. S. y el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), debido a irregularidades análogas a las mencionadas en el apartado 23 del presente auto, que supuestamente afectaron al nombramiento del interesado como juez de la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos de dicho tribunal (en lo sucesivo, «Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos»).
36
Ese recurso se interpuso después de que A. S., como juez único de dicha Sala, dictara un auto desestimatorio de un recurso en el que W. Ż. impugnó una decisión por la que se le había trasladado, sin su consentimiento, cuando, en el momento de la adopción de dicho auto, la Sala de lo Civil estaba conociendo de una petición relativa, entre otros aspectos, a la recusación de todos los demás jueces integrantes de la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos competente normalmente para conocer del recurso en cuestión.
37
En dicho recurso principal, W. Ż. formuló también peticiones de diligencias de ordenación del procedimiento y de medidas cautelares análogas a las mencionadas en el apartado 28 del presente auto.
Asunto C‑495/20
38
[En su versión rectificada mediante auto de 2 de marzo de 2023] Mediante su recurso en el litigio principal, T. M., juez del Sąd Rejonowy w B. (Tribunal de Distrito de B., Polonia), solicita que se declare la inexistencia de una relación estatutaria entre T. D., M. D., P. K., J. L., M. L., O. N, G. Z. y A. S., por una parte, y el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), por otra parte, debido a irregularidades análogas a las mencionadas en el apartado 23 del presente auto, que supuestamente afectaron al nombramiento de los interesados como jueces de la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos.
39
Este recurso se interpuso después de que dicha Sala desestimase una petición de recusación de sus miembros formulada por T. M. en un procedimiento iniciado por este último contra las resoluciones del CNPJ relativas, por una parte, a la «declaración de sobreseimiento en relación con la exclusión de un miembro del CNPJ del examen del asunto» y, por otra parte, «al recurso contra el reparto de los asuntos».
40
En dicho recurso principal, T. M. formuló peticiones de diligencias de ordenación del procedimiento y de medidas cautelares análogas a las mencionadas en el apartado 28 del presente auto y solicitó, en particular, la suspensión del procedimiento en el que es parte ante la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos.
Asuntos C‑506/20 y C‑511/20
41
Mediante sus respectivos recursos principales en los asuntos C‑506/20 y C‑511/20, T. B. y B. S., ambos jueces del Sąd Rejonowy w S. (Tribunal de Distrito de S., Polonia), solicitan, el primero de ellos, que se declare la inexistencia de relaciones estatutarias de todos los jueces de la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos a que se refiere el apartado 38 del presente auto y, el segundo, que se declare la inexistencia de dicha relación respecto a seis de esos mismos jueces. Los motivos invocados por los demandantes en los litigios principales en apoyo de sus recursos se basan en las irregularidades, análogas a las indicadas en el apartado 23 del presente auto, de las que supuestamente adolecía el nombramiento de los interesados como jueces de la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos.
42
En lo que respecta a su interés en ejercitar la acción, los demandantes en los litigios principales aducen que, tras presentar su candidatura al puesto de juez de la Sala Disciplinaria, ninguno de ellos fue propuesto para este nombramiento por el CNPJ, y que los recursos que interpusieron respectivamente contra la resolución de ese órgano por la que se propusieron otros candidatos para ese nombramiento deberán, en principio, ser examinados por la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos y, por tanto, potencialmente por los jueces demandados en los procedimientos principales.
43
En sus recursos principales, T. B. y B. S. formularon peticiones de diligencias de ordenación del procedimiento y de medidas cautelares que son análogas, en esencia, a las que se indican en el apartado 28 del presente auto, entre ellas la suspensión de los procedimientos que habían incoado ante la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos.
Sobre las cuestiones prejudiciales
44
Tal como se desprende de las resoluciones de remisión, las diversas formaciones jurisdiccionales de la Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social que conocen de estos recursos en los litigios principales decidieron, en un primer momento, suspender el examen de tales recursos hasta que el Tribunal de Justicia se hubiese pronunciado en el asunto C‑508/19, Prokurator Generalny y otros (Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo — Nombramiento).
45
[En su versión rectificada mediante auto de 2 de marzo de 2023] Sin embargo, habida cuenta de una serie de circunstancias que tuvieron lugar después de estas resoluciones de suspensión, dichas formaciones jurisdiccionales decidieron, posteriormente, plantear las presentes peticiones de decisión prejudicial. Tales circunstancias son, en primer lugar, una petición presentada por el presidente de la Sala Disciplinaria, el 6 de mayo de 2020, en la que solicitó el traslado de la mayor parte de los autos de los asuntos principales y la presentación por el fiscal, el 7 y el 8 de julio de 2020, de solicitudes de devolución de todos esos asuntos a dicha Sala. En segundo lugar, las formaciones jurisdiccionales remitentes señalan que recientemente la Ley de 20 de diciembre de 2019 ha introducido en la Ley del Tribunal Supremo un nuevo artículo 29, apartados 2 y 3, que prohíbe al Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) cuestionar la legitimidad de los órganos jurisdiccionales o apreciar la legalidad del nombramiento de los jueces o sus facultades para ejercer funciones judiciales. En tercer lugar, dichas formaciones jurisdiccionales aluden a una carta del presidente de la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos de 8 de julio de 2020 en la que este indicó que, habida cuenta del nuevo artículo 26, apartado 2, primera frase, de la Ley del Tribunal Supremo, precepto introducido también recientemente en la citada Ley en virtud de la Ley de 20 de diciembre de 2019, dicha Sala sería competente para decidir si los recursos de los litigios principales son competencia de la Sala Disciplinaria o de la Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social a la que pertenecen las diversas formaciones jurisdiccionales que conocen actualmente de tales recursos.
46
En estas circunstancias, el Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Tribunal Supremo (Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social), Polonia] decidió suspender los procedimientos y plantear al Tribunal de Justicia, en cada uno de los presentes asuntos, las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Deben entenderse el artículo 279 TFUE y el artículo 160, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en relación con los artículos 4 TUE, apartado 3, y 19 TUE, apartado 1, y con el punto 1, guiones primero y segundo, de la parte dispositiva del auto de 8 de abril de 2020, Comisión/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), en el sentido de que el presidente de la Izba Dyscyplinarna (Sala Disciplinaria) del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) [o, según los términos de la cuestión formulada en el asunto C‑492/20, “el Fiscal”] no puede, mientras no se resuelva el asunto C‑791/19, exigir el traslado de los autos de un litigio que tiene por objeto determinar la inexistencia de una relación estatutaria como juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), al haberse suspendido la aplicación de los artículos 3, punto 5, 27 y 73, apartado 1, de [la Ley del Tribunal Supremo]?
2)
¿Deben interpretarse los artículos 2 TUE y 4 TUE, apartado 2, en relación con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el principio del derecho a un juez en el sentido de que:
a)
el órgano jurisdiccional nacional está obligado a abstenerse de aplicar la prohibición de “cuestionar la legitimidad de los órganos jurisdiccionales” y de “declarar o apreciar la legalidad del nombramiento de un juez o de la facultad de este para ejercer funciones judiciales derivadas de dicho nombramiento”, como la que figura en el artículo 29, apartados 2 y 3, de la [Ley del Tribunal Supremo], puesto que el respeto por la Unión de la identidad constitucional de los Estados miembros no autoriza al legislador nacional a introducir soluciones que vulneren los valores y los principios fundamentales de la Unión?
b)
la identidad constitucional de un Estado miembro no puede privar del derecho a un juez independiente establecido por la ley cuando el proceso de nombramiento que precede a la notificación de ese nombramiento adolece de los defectos descritos en las cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos C‑487/19 y C‑508/19 y el control judicial previo de dicho proceso se ha excluido intencionalmente y de modo manifiestamente contrario a la constitución nacional?
3)
¿Deben interpretarse los artículos 2 TUE y 4 TUE, apartado 2, en relación con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el principio del derecho a un juez y el artículo 267 TFUE en el sentido de que el contenido del concepto de identidad constitucional del Estado miembro en lo relativo al derecho a un juez únicamente puede determinarse de forma vinculante para el órgano jurisdiccional de última instancia de un Estado miembro en el marco de un diálogo con el Tribunal de Justicia, mantenido por aquel u otros órganos jurisdiccionales nacionales [por ejemplo, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] utilizando el procedimiento prejudicial?
4)
¿Deben interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, [en relación con el artículo 267 TFUE; esta puntualización solo figura en las peticiones de decisión prejudicial de los asuntos C‑494/20, C‑506/20, C‑509/20 y C‑511/20] y el principio general del derecho a un juez establecido previamente por la ley en el sentido de que el órgano jurisdiccional de última instancia de un Estado miembro debe denegar la solicitud de traslado de los autos de un litigio [en el que haya remitido una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia; esta puntualización solo figura en las peticiones de decisión prejudicial de los asuntos C‑491/20 y C‑509/20] cuando dicha solicitud haya sido presentada por una persona nombrada al cargo de juez con arreglo a las disposiciones nacionales y en circunstancias que dan lugar a la constitución de un órgano jurisdiccional que no cumple los requisitos de independencia e imparcialidad y que no es un órgano jurisdiccional establecido por la ley, sin necesidad de agotar previamente el procedimiento mencionado en la petición de decisión prejudicial del asunto C‑508/19 o en la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo) (C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982)?»
47
A continuación, en las resoluciones de remisión de los asuntos C‑491/20 a C‑495/20, C‑506/20 y C‑511/20, se ha planteado una quinta cuestión prejudicial que tiene el siguiente tenor:
«5)
¿Debe interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con los artículos 2 TUE y 4 TUE, apartado 3, y con el derecho a un juez, en el sentido de que el órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio que tiene por objeto determinar la inexistencia de una relación estatutaria como juez de un órgano jurisdiccional nacional, debido a defectos significativos en la tramitación del proceso de nombramiento, está obligado a acordar una medida provisional, prohibiendo al demandado en dicho litigio que conozca de cualquier asunto comprendido en el Derecho de la Unión, so pena de que sean ineficaces las actuaciones adoptadas por dicho juez o las resoluciones que dicte, y ordenando a otros órganos que se abstengan de asignar asuntos a ese demandado o de adscribirlo a formaciones jurisdiccionales?»
48
Por último, en todos estos asuntos acumulados, con excepción del asunto C‑509/20, el tribunal remitente, que indica que actúa «con arreglo al artículo 267 TFUE, en relación con el apartado 27 de las Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales [(DO 2019, C 380, p. 1)]», planteó las cuatro últimas cuestiones prejudiciales siguientes, que reproducen en términos idénticos cuatro cuestiones prejudiciales ya planteadas anteriormente al Tribunal de Justicia en el asunto C‑508/19, Prokurator Generalny y otros (Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo — Nombramiento):
«6)
¿Deben interpretarse los artículos 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, 2 TUE, 4 TUE, apartado 3, 6 TUE, apartado 3, en relación con el artículo 47 de la Carta y el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que el órgano jurisdiccional de última instancia de un Estado miembro puede decidir, en un procedimiento relativo a la declaración de inexistencia de una relación estatutaria, que no tiene la condición de juez una persona a la que se le ha notificado un nombramiento para desempeñar el cargo de juez en dicho órgano jurisdiccional cuando ese nombramiento fue adoptado con arreglo a disposiciones que vulneran el principio de tutela judicial efectiva o mediante un procedimiento incompatible con este principio y, con anterioridad a la notificación de dicho nombramiento, se impidió intencionalmente el examen judicial de estas cuestiones?
7)
¿Deben interpretarse los artículos 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, 2 TUE, 4 TUE, apartado 3, y el artículo 47 de la Carta, en relación con el artículo 267 TFUE, en el sentido de que vulnera el principio de la tutela judicial efectiva la notificación de un nombramiento para desempeñar el cargo de juez después de que un órgano jurisdiccional nacional haya planteado una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del Derecho de la Unión, cuando la respuesta a dicha cuestión es determinante para la apreciación de la compatibilidad con el Derecho de la Unión de las disposiciones nacionales cuya aplicación permitió la notificación de dicho nombramiento?
8)
¿Deben interpretarse los artículos 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, 2 TUE, 4 TUE, apartado 3, 6 TUE, apartado 3, y el artículo 47 de la Carta en el sentido de que se vulnera el principio de la tutela judicial efectiva, por no garantizarse el derecho a un juez, cuando se notifica un nombramiento para desempeñar el cargo de juez de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro a resultas de un proceso selectivo tramitado en flagrante infracción de las normas jurídicas de ese Estado relativas al nombramiento de los jueces?
9)
¿Deben interpretarse los artículos 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, 2 TUE, 4 TUE, apartado 3, y el artículo 47 de la Carta, en relación con el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que vulnera el principio de tutela judicial efectiva la creación por el legislador nacional, dentro del órgano jurisdiccional de última instancia, de una unidad organizativa que no constituye un órgano jurisdiccional a efectos del Derecho de la Unión?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Sobre las solicitudes de tramitación por el procedimiento acelerado
49
El órgano jurisdiccional remitente solicitó que las cuestiones prejudiciales primera y quinta se tramitasen por el procedimiento acelerado del artículo 105 del Reglamento de Procedimiento. En apoyo de esta solicitud adujo que la aplicación de este procedimiento acelerado se justificaba, en el caso de la primera cuestión prejudicial, por la necesidad de aclarar las dudas existentes sobre el ámbito material de aplicación del auto de 8 de abril de 2020, Comisión/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), y, en el caso de la quinta cuestión prejudicial, por la necesidad de garantizar el funcionamiento de un sistema judicial nacional que cumpla los requisitos del Derecho de la Unión.
50
El artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento establece que, a instancia del órgano jurisdiccional remitente o, excepcionalmente, de oficio, el Presidente del Tribunal de Justicia podrá decidir, tras oír al Juez Ponente y al Abogado General, tramitar una petición de decisión prejudicial mediante un procedimiento acelerado cuando la naturaleza del asunto exija resolverlo en breve plazo.
51
Ha de recordarse que tal procedimiento acelerado constituye un instrumento procesal destinado a dar respuesta a una situación de una extraordinaria urgencia (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, apartado 37 y jurisprudencia citada).
52
En el caso de autos, el Presidente del Tribunal de Justicia resolvió, mediante decisiones de 12 y 30 de octubre de 2020 y de 13 de noviembre de 2020, oídos la Juez Ponente y el Abogado General, que no procedía acceder a las solicitudes mencionadas en el apartado 49 del presente auto.
53
A este respecto, procede recordar antes de nada que, en el asunto C‑508/19, Prokurator Generalny y otros (Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo — Nombramiento), que versa sobre el mismo litigio principal que el asunto C‑509/20 y en el que se plantearon al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales idénticas a las cuestiones sexta a novena de los presentes asuntos acumulados, el Presidente del Tribunal de Justicia, mediante decisión de 20 de agosto de 2019, ya desestimó una solicitud anterior de procedimiento acelerado presentada por el tribunal remitente. Así pues, los fundamentos de Derecho de esa desestimación, que se exponen en los apartados 39 a 43 de la sentencia Prokurator Generalny, son válidos igualmente para las solicitudes de procedimiento acelerado formuladas en los presentes asuntos acumulados.
54
Por otra parte, aun suponiendo que pudiera tramitarse un procedimiento acelerado respecto de solo algunas de las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia, tal como solicita el órgano jurisdiccional remitente en los casos de autos, es preciso señalar que no se aprecia en qué medida resulta especialmente urgente responder a la primera cuestión prejudicial, ya que, por lo demás, dicho órgano jurisdiccional no ha motivado en modo alguno su solicitud a este respecto.
55
En lo que atañe a la quinta cuestión prejudicial, ha de recordarse, en primer lugar, que el hecho de que una petición de decisión prejudicial se formule en el marco de un procedimiento nacional que permite la adopción de medidas cautelares no puede acreditar, por sí solo, que la naturaleza del asunto exige tramitarlo en breve plazo (sentencia Prokurator Generalny, apartado 40 y jurisprudencia citada). En segundo lugar, procede señalar que las peticiones de medidas cautelares a que se refiere la quinta cuestión prejudicial estaban ya pendientes desde mucho tiempo atrás ante el tribunal remitente, en particular ante las formaciones jurisdiccionales de dicho tribunal, que suspendió en un primer momento el examen de los litigios principales en espera de que se dictara sentencia en el asunto C‑508/19, Prokurator Generalny y otros (Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo — Nombramiento), lo que no contribuye en absoluto a demostrar la existencia de una situación de extraordinaria urgencia que justifique un procedimiento acelerado para responder a dicha cuestión prejudicial.
Sobre la acumulación de los asuntos
56
Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2020 se ordenó la acumulación de los asuntos C‑491/20 a C‑496/20, C‑506/20, C‑509/20 y C‑511/20 a efectos de las fases escrita y oral y del fallo.
Sobre la retirada parcial de las cuestiones prejudiciales
57
Después de que el Tribunal de Justicia declarase, en la sentencia Prokurator Generalny, la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial que se le había planteado en el asunto C‑508/19, se preguntó al órgano jurisdiccional remitente si tenía intención de mantener las presentes remisiones prejudiciales.
58
Como respuesta, el órgano jurisdiccional remitente comunicó al Tribunal de Justicia, el 27 de abril de 2022, que había decidido retirar las cuestiones prejudiciales primera, octava y novena, y mantener las otras seis. Los autos en los que se exponen los fundamentos de esta decisión fueron adoptados por el órgano jurisdiccional remitente el 23 de mayo de 2022 y comunicados al Tribunal de Justicia ese mismo día.
59
Según tales fundamentos, el órgano jurisdiccional remitente considera que se mantiene íntegramente la necesidad de responder a las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta, aun en el supuesto de que el Tribunal de Justicia respondiera en sentido negativo a las cuestiones sexta y séptima o declarase su inadmisibilidad, como hizo en la sentencia Prokurator Generalny. Señala que la cuarta cuestión prejudicial versa sobre las dificultades de carácter procesal que ha de resolver el tribunal remitente con respecto al eventual traslado de los litigios principales a la Sala Disciplinaria o a la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos. Las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, por su parte, guardan una estrecha relación con la cuarta, y las respuestas a tales cuestiones segunda y tercera resultan tanto más necesarias cuanto que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) ha desarrollado recientemente una jurisprudencia que limita el ámbito de aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión.
60
En cuanto a la quinta cuestión prejudicial, el tribunal remitente indica que no cabe considerar que quede sin objeto en el supuesto de que el Tribunal de Justicia responda negativamente a las cuestiones prejudiciales sexta y séptima o las declare inadmisibles.
61
Por último, el tribunal remitente recalca que las cuestiones prejudiciales sexta y séptima tienen por objeto determinar si la legislación de la Unión exige que el ordenamiento jurídico interno establezca una vía de recurso específica para la protección de los derechos que dicha legislación confiere a los particulares como la que se contempla en el marco de los litigios principales.
62
Pues bien, por una parte, contrariamente a lo que consideró el Tribunal de Justicia en la sentencia Prokurator Generalny, el procedimiento de declaración de la inexistencia de una relación estatutaria del juez demandado en el litigio principal del asunto C‑508/19 no tiene carácter accesorio frente al procedimiento disciplinario incoado, además, contra la juez demandante en el litigio principal de dicho asunto, ya que estos dos procedimientos son en efecto autónomos y el interés de la parte demandante en un procedimiento de declaración de esa inexistencia solo se aprecia después de que se haya considerado admisible la vía judicial así iniciada. Además, en varios de estos litigios principales no existe un procedimiento paralelo pendiente análogo al señalado en la sentencia Prokurator Generalny.
63
Por otra parte, la toma en consideración en el sistema nacional de todas las vías de recurso de que disponen los particulares a que se refiere la citada sentencia debería conducir a consagrar la acción declarativa de dicha inexistencia, que constituiría, en efecto, la única vía que permitiría asegurar el respeto de las garantías derivadas del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta, ante la falta de recursos de Derecho interno que hagan posible cuestionar directamente el mandato de un juez una vez que ha sido nombrado irregularmente por el presidente de la República.
64
El tribunal remitente hace constar, además, que los jueces que respeten las enseñanzas derivadas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el Estado de Derecho se exponen ahora a represalias tanto disciplinarias como penales, tal como ponen de manifiesto varios ejemplos concretos que menciona. Indica, asimismo, que los autos nacionales de los asuntos C‑487/19 y C‑508/19 devueltos por el Tribunal de Justicia a los órganos jurisdiccionales remitentes en los citados asuntos han sido conservados por el nuevo presidente primero del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) y no se han trasladado a dichos órganos jurisdiccionales y que, entretanto, la composición de tales órganos jurisdiccionales se ha modificado, de modo que en la actualidad están integrados de forma mayoritaria por jueces nombrados mediante procedimientos que adolecen de vicios análogos a los controvertidos en el citado asunto C‑487/19.
65
Por último, en lo que se refiere a las circunstancias propias de los asuntos C‑494/20, C‑496/20, C‑508/19 y C‑509/20, el tribunal remitente estima que ha de tenerse en cuenta asimismo que la Sala Disciplinaria será la que, en última instancia, deberá controlar la regularidad de la designación, por el presidente de esa Sala, de los tribunales disciplinarios competentes para conocer de los procedimientos disciplinarios incoados paralelamente contra los demandantes en los litigios principales.
Sobre la admisibilidad
66
Conforme al artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, cuando este sea manifiestamente incompetente para conocer de un asunto o cuando una petición o demanda sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
67
Procede aplicar esta disposición a los presentes asuntos. En efecto, teniendo en cuenta las enseñanzas que se desprenden de la sentencia Prokurator Generalny, la inadmisibilidad de las presentes peticiones de decisión prejudicial está ahora fuera de toda duda (véase, por analogía, el auto de 6 de octubre de 2020, Prokuratura Rejonowa w Słubicach, C‑623/18, no publicado, EU:C:2020:800, apartado 23).
Cuestiones prejudiciales sexta y séptima
68
En lo que atañe a las cuestiones prejudiciales sexta y séptima, procede poner de relieve, antes de nada, por un lado, que están redactadas en términos idénticos a los de las dos primeras cuestiones planteadas en la petición de decisión prejudicial que el Tribunal de Justicia declaró inadmisible en la sentencia Prokurator Generalny y, por otro lado, que dicha petición de decisión prejudicial fue planteada al Tribunal de Justicia en el marco del mismo litigio principal que ha dado lugar, posteriormente, a la remisión prejudicial en uno de los presentes asuntos acumulados, en concreto el asunto C‑509/20.
69
En este contexto, cabe señalar que, en el apartado 60 de la sentencia Prokurator Generalny, el Tribunal de Justicia recordó su reiterada jurisprudencia según la cual el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir y que la justificación de la remisión prejudicial no radica en la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino en su necesidad para la resolución efectiva de un litigio. Asimismo, en el apartado 62 de la citada sentencia, el Tribunal de Justicia recordó igualmente su reiterada jurisprudencia según la cual tanto del tenor como del sistema del artículo 267 TFUE se desprende que los órganos jurisdiccionales nacionales solo están habilitados para plantear cuestiones prejudiciales en la medida en que ante ellos penda un litigio en el que proceda adoptar una decisión que pueda tener en cuenta la sentencia prejudicial.
70
Por lo que respecta a la acción civil de declaración de la inexistencia de una relación estatutaria de un juez, pendiente en el litigio principal del asunto C‑508/19, el Tribunal de Justicia, tras recordar en el apartado 66 de la sentencia Prokurator Generalny que, siempre que este tipo de acción que persigue que se dicte una resolución declarativa esté autorizada por el Derecho nacional y el órgano jurisdiccional remitente haya declarado admisible sobre la base de ese Derecho la acción ejercitada ante él, declaró que no corresponde al Tribunal de Justicia cuestionar esa apreciación, si bien, en el apartado 67 de la citada sentencia, afirmó que no sucedía precisamente así en ese asunto.
71
En efecto, el tribunal remitente en el asunto C‑508/19, ante el que se había ejercitado una acción de esta naturaleza, indicó que no disponía, en virtud del Derecho nacional aplicable, de la competencia que le permitiera pronunciarse sobre la conformidad a Derecho del acto por el que se había nombrado juez a una persona, y que la admisibilidad de dicha acción tampoco podía fundarse sobre la base del Derecho nacional. Pues bien, en los presentes asuntos acumulados, el tribunal remitente, ante el que se han ejercitado acciones análogas, no dispone tampoco de tal competencia.
72
Asimismo, en los apartados 68 y 69 de la sentencia Prokurator Generalny, tras recordar su reiterada jurisprudencia según la cual, en principio, la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE presupone que el órgano jurisdiccional remitente sea competente para pronunciarse sobre el litigio principal, para que este no se considere meramente hipotético, aunque cabe que en determinadas circunstancias excepcionales se determine otra cosa, el Tribunal de Justicia expuso, en los apartados 70 y siguientes de la citada sentencia, las razones por las que tal excepción no podía aplicarse en ese asunto.
73
A este respecto, el Tribunal de Justicia subrayó, en primer lugar, según resulta del apartado 70 de la sentencia Prokurator Generalny en relación con sus apartados 63 y 65, que de lo expuesto en la resolución de remisión del asunto en que recayó dicha sentencia se desprende que, aunque formalmente tenía por objeto que se declarase la inexistencia de una relación estatutaria entre el demandado en el litigio principal y el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), relación a la cual la demandante en el litigio principal era por lo demás totalmente ajena, la acción que ejercitó perseguía, en definitiva, cuestionar la validez del nombramiento del demandado como juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo). El Tribunal de Justicia observó asimismo que, de este modo, dicha demandante pretendía, en realidad, que se dirimiera una cuestión jurídica que se había suscitado en el marco del procedimiento disciplinario seguido entonces contra ella ante otro tribunal nacional, que tenía por objeto la eficacia del acto por el que había sido nombrada, esto es, un procedimiento judicial distinto del incoado en el litigio principal y cuya suspensión cautelar la propia demandante pedía por lo demás al órgano jurisdiccional remitente.
74
Pues bien, son aplicables consideraciones análogas en todos los litigios principales que han dado lugar a las presentes peticiones de decisión prejudicial.
75
En efecto, antes de nada, así sucede en el asunto C‑509/20, que, como se ha indicado antes, se refiere al mismo litigio principal que el que dio lugar a la sentencia Prokurator Generalny. Lo mismo ocurre en los litigios principales de los asuntos C‑494/20 y C‑496/20 que, tal como se desprende de los apartados 25 a 28 del presente auto, presentan una configuración análoga en todos los aspectos a la del litigio principal en los asuntos C‑508/19 y C‑509/20.
76
[En su versión rectificada mediante auto de 2 de marzo de 2023] También sucede así, además, en los otros litigios principales de los presentes asuntos acumulados. Efectivamente, de lo expuesto en las resoluciones de remisión y en las descripciones que figuran en los apartados 29 a 43 del presente auto se desprende que, aunque formalmente tienen por objeto que se declare la inexistencia de una relación estatutaria entre los demandados en cada uno de esos litigios principales y el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), las acciones ejercitadas por los distintos demandantes en los litigios principales de los asuntos C‑491/20 a C‑493/20, C‑495/20, C‑506/20 y C‑511/20 persiguen, en definitiva, cuestionar la validez del nombramiento de dichos demandados como jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) y que se diriman, de este modo, las cuestiones jurídicas que se suscitan en el marco de otros procedimientos en los que los citados demandantes son partes ante otros órganos jurisdiccionales. Conviene observar, por otra parte, que la casi totalidad de dichos demandantes en los litigios principales han solicitado también al tribunal remitente en los presentes asuntos que ordene la suspensión, con carácter cautelar, de estos otros procedimientos judiciales distintos en los que son partes.
77
Así, por analogía con lo que declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 71 de la sentencia Prokurator Generalny en relación con las cuestiones prejudiciales idénticas planteadas al Tribunal de Justicia en el asunto C‑508/19, las cuestiones prejudiciales sexta y séptima que se le han planteado en los asuntos C‑491/20, C‑492/20 a C‑496/20, C‑506/20 y C‑511/20 se refieren intrínsecamente a litigios distintos de los principales y de los que estos últimos no son, en realidad, más que accesorios, en el sentido de que esas cuestiones prejudiciales pretenden, en esencia, poder apreciar si ciertas supuestas irregularidades de las que adolece el nombramiento de los jueces demandados en los litigios principales tienen como consecuencia que dichos jueces no estaban o no estarán facultados para adoptar actos en el marco de esos litigios distintos. Del mismo modo, en el contexto específico del asunto C‑492/20, las cuestiones mencionadas persiguen poder apreciar si la denuncia de tales irregularidades puede ser calificada de infracción disciplinaria en el litigio disciplinario en el que es parte, además, el demandante en el litigio principal.
78
En estas circunstancias, tal como el Tribunal de Justicia recalcó también en el apartado 71 de la sentencia Prokurator Generalny, para apreciar plenamente el alcance de tales cuestiones prejudiciales y darles una respuesta idónea, el Tribunal de Justicia tendría que tomar en consideración los elementos pertinentes que caracterizan esos otros procedimientos judiciales, en lugar de atenerse a la configuración de los presentes litigios principales, como, sin embargo, exige el artículo 267 TFUE.
79
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia afirmó, en el apartado 72 de la sentencia Prokurator Generalny, que, ante la falta de un derecho de acción directa contra el nombramiento, como presidente de la Sala Disciplinaria, del demandado en el procedimiento principal en el que recayó dicha sentencia o contra el acto de este por el que se designaba al tribunal disciplinario encargado del examen del litigio disciplinario incoado contra la demandante en ese procedimiento principal, esta habría podido formular ante dicho tribunal disciplinario una impugnación fundada en la posible vulneración, derivada del citado acto, de su derecho a que ese litigio fuese enjuiciado por un tribunal independiente e imparcial previamente establecido por la ley.
80
En el apartado 73 de la sentencia Prokurator Generalny, el Tribunal de Justicia subrayó además, a este respecto, que ya había declarado que las disposiciones nacionales que confieren al presidente de la Sala Disciplinaria la facultad discrecional para designar al tribunal disciplinario territorialmente competente para conocer de los procedimientos disciplinarios contra los jueces de los tribunales ordinarios infringen el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo [sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Polonia (Régimen disciplinario de los jueces), C‑791/19, EU:C:2021:596, apartado 176]. En el apartado 74 de la sentencia Prokurator Generalny, el Tribunal de Justicia declaró asimismo que, habida cuenta del efecto directo del citado artículo en la medida en que exige que los tribunales que interpreten y apliquen el Derecho de la Unión sean independientes, imparciales y previamente establecidos por la ley, el principio de primacía del Derecho de la Unión obliga a un tribunal disciplinario designado de tal forma a abstenerse de aplicar tales disposiciones nacionales y, en consecuencia, a declararse incompetente para conocer del litigio que de tal manera se le haya atribuido.
81
En cuanto a la circunstancia invocada por el tribunal remitente y mencionada en el apartado 65 del presente auto, según la cual corresponderá en última instancia a la Sala Disciplinaria controlar la regularidad de la designación, por el presidente de esa Sala, de los tribunales disciplinarios competentes para conocer de los procedimientos disciplinarios de que se trata, es preciso señalar que, después de plantearse las presentes peticiones de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia declaró, en particular, que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, al no garantizar la independencia y la imparcialidad de la Sala Disciplinaria que debe enjuiciar, en apelación, los asuntos disciplinarios relativos a los jueces de los tribunales ordinarios [sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Polonia (Régimen disciplinario de los jueces), C‑791/19, EU:C:2021:596, apartado 113].
82
[En su versión rectificada mediante auto de 2 de marzo de 2023] Pues bien, por las razones ya expuestas en el apartado 75 del presente auto, las consideraciones formuladas en los apartados 79 a 81 de este auto son válidas igualmente en el contexto de los asuntos C‑494/20, C‑496/20 y C‑509/20.
83
Además, en los presentes asuntos acumulados pueden formularse consideraciones análogas, mutatis mutandis, con respecto a los demás litigios principales.
84
Resulta así, antes de nada, que el demandante en el litigio principal del asunto C‑492/20 podría haber formulado su alegación basada en los presuntos vicios de los que adolecía el nombramiento del juez demandado en el litigio principal a la luz del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, directamente ante el tribunal disciplinario que conocía del procedimiento disciplinario incoado contra él, con objeto de cuestionar el carácter supuestamente infractor de las manifestaciones a que se refiere el apartado 33 del presente auto que realizó acerca de las circunstancias en que tuvo lugar ese nombramiento.
85
A continuación, en lo que atañe al asunto C‑493/20, procede señalar que el demandante en ese litigio principal también debe disfrutar de la posibilidad de invocar la eventual ineficacia de la resolución cautelar adoptada por la Sala Disciplinaria contra él, alegando la incompatibilidad de dicha resolución con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en particular tanto en el marco del procedimiento disciplinario aún pendiente contra él como ante todas las demás autoridades nacionales que deban ejecutar esa resolución.
86
En cuanto al asunto C‑491/20, es preciso recordar que, en lo que respecta al procedimiento iniciado por W. Ż. para impugnar la decisión de traslado de la que había sido objeto y que dio lugar al auto del juez A. S. a que se refiere el apartado 36 del presente auto, la Sala de lo Civil, ante la que se formuló una petición de recusación en el marco de ese procedimiento, planteó al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la que ha recaído, entretanto, la sentencia de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento) (C‑487/19, EU:C:2021:798).
87
Pues bien, conforme al fallo de dicha sentencia, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el principio de primacía del Derecho de la Unión han de interpretarse en el sentido de que un tribunal nacional que conoce de una recusación que viene aparejada a un recurso mediante el que un juez de un órgano jurisdiccional que puede tener que interpretar y aplicar el Derecho de la Unión impugna la decisión por la que ha sido trasladado sin su consentimiento debe, cuando tal consecuencia sea indispensable en vista de la situación procesal en cuestión para garantizar la primacía del Derecho de la Unión, reputar nulo y sin efecto un auto mediante el cual un órgano judicial unipersonal de última instancia desestimó dicho recurso, si del conjunto de condiciones y circunstancias en las que se desarrolló el proceso de nombramiento del juez que integra dicho órgano judicial unipersonal resulta que fue nombrado en manifiesta violación de las normas fundamentales que forman parte del establecimiento y del funcionamiento del sistema judicial de que se trata y que se pone en peligro la integridad del resultado al que condujo dicho proceso al suscitarse dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en cuanto a la independencia y la imparcialidad del juez en cuestión, de suerte que no puede considerarse que dicho auto emana de un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, a los efectos del referido artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.
88
Por último, en lo que se refiere a los asuntos C‑495/20, C‑506/20 y C‑511/20 y a la finalidad que persiguen los demandantes en los litigios principales, cuyo objeto es, en esencia, impedir que los jueces de la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos resuelvan los recursos que han interpuesto, además, ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) y que se mencionan en los apartados 38 a 43 del presente auto, también en este caso es en el marco del procedimiento relativo a dichos recursos y ante el órgano jurisdiccional que conoce de ellos donde los demandantes han de poder formular cualesquiera alegaciones basadas en una eventual infracción de las disposiciones del Derecho de la Unión en cuestión.
89
Por otra parte, debe señalarse asimismo que, teniendo en cuenta el efecto directo del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, ya recordado en el apartado 80 del presente auto, y las consecuencias que produce, por ello, el principio de primacía del Derecho de la Unión frente a todas las autoridades de cada uno de los Estados miembros, no se aprecia en qué medida las resoluciones que se dicten en los presentes litigios principales declarando que los demandantes en los litigios principales no tienen una relación estatutaria pudieran dar lugar, para los demandantes en esos mismos litigios principales, a un resultado distinto del que pudiera derivarse directamente, en su caso, del citado artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en todos los procedimientos nacionales paralelos a que se refieren los apartados 82 a 88 del presente auto.
90
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 75 de la sentencia Prokurator Generalny, que de las explicaciones contenidas en la resolución de remisión del asunto en el que recayó la citada sentencia, explicaciones que el tribunal remitente de los presentes asuntos acumulados ha indicado que comparte plenamente, así como del propio tenor de la primera cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑508/19 y reiterada en la sexta cuestión prejudicial de los presentes asuntos acumulados, resulta que las dudas que el órgano jurisdiccional remitente plantea están relacionadas, en particular, con el hecho de que el legislador polaco reformó deliberadamente el ordenamiento jurídico nacional con el propósito de impedir, en lo sucesivo, que el proceso de nombramiento de los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) pudiera someterse a un control judicial efectivo.
91
Pues bien, a este respecto, por lo que se refiere a las modificaciones legislativas así criticadas por el órgano jurisdiccional remitente, que posteriormente se introdujeron en el artículo 44 de la Ley del CNPJ, el Tribunal de Justicia afirmó, en esencia, tal como se desprende de los apartados 77 a 81 de la sentencia Prokurator Generalny, que, entretanto, tales modificaciones habían dado lugar a la sentencia de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de jueces del Tribunal Supremo — Recursos) (C‑824/18, EU:C:2021:153). El Tribunal de Justicia recordó, en este sentido, en particular, los términos del fallo de dicha sentencia, que especificó en qué condiciones el órgano jurisdiccional remitente que había planteado ese asunto ante el Tribunal de Justicia estaba facultado para considerar tales modificaciones contrarias al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, o al artículo 267 TFUE y, en consecuencia, para abstenerse de aplicarlas en virtud del principio de primacía.
92
En este contexto, el Tribunal de Justicia destacó, en el apartado 80 de la sentencia Prokurator Generalny, que había declarado, en los apartados 129 y 156 de la sentencia de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de jueces del Tribunal Supremo — Recursos) (C‑824/18, EU:C:2021:153), que tales infracciones del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, pueden producirse en un contexto en el que, en particular, las circunstancias en las que se produce repentinamente la supresión de las vías de recurso judicial que hasta entonces existían con respecto al proceso de nombramiento de los jueces o la liquidación de la efectividad de tales vías de recurso pueden generar en el ánimo de los justiciables dudas de naturaleza sistémica en cuanto a la independencia y la imparcialidad de los jueces nombrados a resultas de ese proceso.
93
Por otra parte, en el apartado 81 de la sentencia Prokurator Generalny, el Tribunal de Justicia recordó asimismo que, en los apartados 129 y 156 de la sentencia de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de jueces del Tribunal Supremo — Recursos) (C‑824/18, EU:C:2021:153), había declarado expresamente que, como tal, la eventual imposibilidad de interponer un recurso judicial en el contexto de tal proceso de nombramiento puede, en determinados casos, no resultar problemática a la luz de las exigencias derivadas del Derecho de la Unión, en particular del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.
94
El Tribunal de Justicia indicó a continuación en ese apartado 81, a este último respecto, que una acción como la del litigio principal del asunto Prokurator Generalny tiene por objeto, en esencia, obtener una suerte de invalidación erga omnes del nombramiento del demandado en el litigio principal para la función de juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), pese a que el Derecho nacional no autoriza, ni jamás ha autorizado, a todos los justiciables a impugnar el nombramiento de los jueces mediante una acción directa de anulación o de invalidación del nombramiento.
95
Pues bien, las mismas observaciones y constataciones son aplicables igualmente a todos los litigios principales.
96
A la luz de todas las consideraciones expuestas en la sentencia Prokurator Generalny que se acaban de recordar, y habida cuenta de que la función encomendada al Tribunal de Justicia por el artículo 267 TFUE no es otra que proporcionar a todo órgano jurisdiccional de la Unión los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precise para resolver los litigios reales que se le hayan sometido, teniendo en cuenta, en particular, en este contexto, el sistema del conjunto de las vías de recurso jurisdiccionales de que disponen los particulares, el Tribunal de Justicia consideró finalmente, en el apartado 82 de esa sentencia, que las cuestiones prejudiciales que se le habían planteado en la remisión prejudicial excedían del marco de la misión jurisdiccional que le incumbe en virtud del citado artículo 267 TFUE.
97
Pues bien, los elementos que invoca el tribunal remitente y que se mencionan en el apartado 64 del presente auto no pueden afectar al conjunto de las consideraciones que se han expuesto ni a la conclusión reiterada en el apartado precedente del presente auto.
98
De todas las consideraciones precedentes se desprende que procede declarar la inadmisibilidad manifiesta de las cuestiones prejudiciales sexta y séptima.
Quinta cuestión prejudicial
99
Habida cuenta de lo anterior, la quinta cuestión prejudicial es, a su vez, manifiestamente inadmisible, ya que, por lo demás, el propio tribunal remitente ha señalado, tal como se recoge en el apartado 60 del presente auto, que esta cuestión quedaría privada de objeto si se declarase la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales sexta y séptima.
100
En efecto, la quinta cuestión prejudicial versa sobre la posibilidad, no autorizada en cuanto tal por el Derecho nacional, de adoptar medidas cautelares para prohibir a los demandados en ciertos litigios principales continuar ejerciendo sus funciones de jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) y de ordenar a dicho tribunal que aparte a los interesados de toda actividad jurisdiccional, en espera de que se dicten resoluciones sobre el fondo en virtud de las cuales el tribunal remitente en dichos asuntos estará eventualmente facultado, como consecuencia de las respuestas esperadas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales sexta y séptima, a declarar la inexistencia de relaciones estatutarias entre tales jueces y el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) en virtud del Derecho de la Unión. En estas circunstancias, dado que se ha declarado la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales sexta y séptima y, en consecuencia, no se ha dado una respuesta en cuanto al fondo, no cabe considerar necesario responder a la quinta cuestión prejudicial para la resolución de los litigios principales.
Cuarta cuestión prejudicial
101
La cuarta cuestión prejudicial debe considerarse también manifiestamente inadmisible.
102
Conviene hacer constar a este respecto que los términos en que está redactada la cuarta cuestión prejudicial, tal como se recogen en el apartado 46 del presente auto, hacen extremadamente difícil su comprensión, y tampoco la motivación de las resoluciones de remisión permite entender su alcance exacto, pues determinadas afirmaciones complejas que contienen y que se refieren en particular a las relaciones de subsidiariedad entre las cuestiones prejudiciales segunda y cuarta complican aún más la comprensión. En consecuencia, es difícil delimitar el problema exacto y concreto de interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión que podría suscitarse en los litigios principales en relación con esta cuarta cuestión prejudicial.
103
En particular, no se aprecia de qué modo las condiciones en que tuvo lugar el nombramiento de los dos presidentes de la Sala Disciplinaria y de la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos como jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) podrían, por el mero hecho de que estos presentaron unas solicitudes de traslado de los autos en cuestión, vulnerar el derecho de los demandantes en los litigios principales a que su causa sea oída por un tribunal independiente. En efecto, parece que únicamente las condiciones de nombramiento de los jueces que eventualmente deban pronunciarse en una de las dos salas así afectadas podrían, en su caso, dar lugar a esa vulneración.
104
Tampoco se aprecia en qué medida las solicitudes de traslado de los litigios principales así formuladas podrían requerir que el tribunal remitente adopte una resolución distinta de la que en todo caso deba adoptar, con independencia de la existencia de tal «solicitud», sobre un eventual traslado de esos litigios a una u otra de las salas afectadas debido a que tengan competencia para conocer de esos litigios o, por el contrario, sobre una eventual denegación de ese traslado basada, por ejemplo, en que esa sala no constituye un órgano jurisdiccional independiente.
105
Pues bien, es preciso recordar, a estos efectos, que, según se desprende de reiterada jurisprudencia, es indispensable que el órgano jurisdiccional nacional facilite unas explicaciones mínimas sobre los motivos de la elección de las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita y sobre la relación que establece entre esas disposiciones y la normativa nacional aplicable al litigio de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, apartado 115 y jurisprudencia citada). A este respecto, la información que proporcionan y las cuestiones prejudiciales planteadas por las resoluciones de remisión no solo deben servir para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, e incumbe al Tribunal de Justicia velar por la preservación de esa posibilidad (véase, en este sentido, el auto de 12 de mayo de 2016, Security Service y otros, C‑692/15 a C‑694/15, EU:C:2016:344, apartado 21 y jurisprudencia citada).
Cuestiones prejudiciales segunda y tercera
106
Por último, las cuestiones prejudiciales segunda y tercera son también manifiestamente inadmisibles.
107
En este contexto, ha de recordarse que dichas cuestiones prejudiciales versan sobre las prohibiciones de cuestionar la legitimidad de los órganos jurisdiccionales o de declarar o apreciar la legalidad del nombramiento de un juez o de la facultad de este para ejercer funciones judiciales, que se derivan del artículo 29, apartados 2 y 3, de la Ley del Tribunal Supremo.
108
Pues bien, según se desprende de las explicaciones facilitadas por el tribunal remitente, este ha planteado dichas cuestiones por cuanto tales disposiciones nacionales podrían, por una parte, impedir que dicho tribunal remitente declare la inexistencia de relaciones estatutarias entre los demandados en los litigios principales y el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) en el supuesto de que las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales sexta y séptima lo faculten para realizar tal declaración y, por otra parte, impedir que las formaciones jurisdiccionales del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) que han planteado las presentes peticiones de decisión prejudicial denieguen el traslado de los litigios principales a otras salas de ese tribunal, aun cuando se requiera esa denegación a la luz de las respuestas del Tribunal de Justicia a la primera o a la cuarta cuestión prejudicial.
109
En estas circunstancias, basta con señalar que, teniendo en cuenta la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales cuarta, sexta y séptima, así como la retirada de la primera, las eventuales respuestas a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera carecen de pertinencia para resolver los litigios principales.
110
A la luz de todas las consideraciones anteriores, debe declararse la inadmisibilidad manifiesta de estas peticiones de decisión prejudicial.
111
[En su versión rectificada mediante auto de 2 de marzo de 2023] En estas circunstancias, no procede pronunciarse sobre la solicitud de A. S. de que se proceda a un interrogatorio de testigos con arreglo al artículo 67 del Reglamento de Procedimiento, puesto que dicha solicitud ha quedado sin objeto (véase, por analogía, el auto de 6 de octubre de 2020, Prokuratura Rejonowa w Słubicach, C‑623/18, no publicado, EU:C:2020:800, apartado 37).
Costas
112
Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) resuelve:
Las peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Tribunal Supremo (Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social), Polonia], mediante resoluciones de 15 de julio de 2020, son inadmisibles.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.