AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
de 7 de octubre de 2022 (*)
«Recurso de anulación — Reglamento Delegado (UE) 2022/503 — Reglamento Delegado (UE) 2021/2288 — Reglamento (UE) 2021/953 — Certificado COVID digital de la UE — Libre circulación de personas — Restricciones — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad»
En el asunto T‑101/22,
OG y otros, representados por el Sr. D. Gómez Fernández, abogado,
partes demandantes,
contra
Comisión Europea, representada por la Sra. E. Montaguti y el Sr. J. Baquero Cruz, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),
integrado, durante las deliberaciones, por el Sr. J. Svenningsen, Presidente, y los Sres. C. Mac Eochaidh y J. Laitenberger (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular:
–        el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 21 de febrero de 2022;
–        el escrito de adaptación de la demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 29 de mayo de 2022;
–        la proposición de prueba de los demandantes presentada en la Secretaría del Tribunal General el 19 de agosto de 2022;
dicta el siguiente
Auto
1        Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, los demandantes, OG y otros, solicitan, en esencia, la anulación, en primer lugar, del Reglamento Delegado (UE) 2021/2288 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2021, por el que se modifica el anexo del Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al período de aceptación de los certificados de vacunación expedidos en el formato del certificado COVID digital de la UE que indican la finalización de la pauta de primovacunación (DO 2021, L 458, p. 459), y, en segundo lugar, del Reglamento Delegado (UE) 2022/503 de la Comisión, de 29 de marzo de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la exención de los menores del período de aceptación de los certificados de vacunación expedidos en el formato de certificado COVID digital de la UE (DO 2022, L 102, p. 8) (en lo sucesivo, «Reglamentos impugnados»).
Fundamentos de Derecho
2        En virtud del artículo 129 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento de oficio, a propuesta del Juez Ponente y tras oír a las partes principales, resolver mediante auto motivado sobre las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público.
3        En el presente asunto, el Tribunal, considerando que los documentos que obran en autos y las explicaciones proporcionadas por las partes durante la fase escrita del procedimiento le ofrecen información suficiente, decide, con arreglo al antedicho artículo, resolver sin continuar el procedimiento.
4        A tenor del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, «toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos primero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución».
5        A este respecto, el primer supuesto no es aplicable en el caso de autos, ya que los demandantes no son destinatarios en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, de los Reglamentos impugnados. En cuanto a los supuestos segundo y tercero previstos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, es preciso observar que ambos presuponen, por lo que se refiere a la legitimación activa, la afectación directa de los demandantes (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, apartado 19).
6        En relación con la afectación directa, procede recordar que este requisito exige que se cumplan dos criterios acumulativos, a saber, en primer lugar, que la medida impugnada surta efectos directamente en la situación jurídica del particular y, en segundo lugar, que no deje ningún margen de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener esta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión Europea, sin aplicación de otras normas intermedias (sentencia de 13 de octubre de 2011, Deutsche Post y Alemania/Comisión, C‑463/10 P y C‑475/10 P, EU:C:2011:656, apartado 66, y auto de 8 de febrero de 2019, Frente Polisario/Consejo, T‑376/18, no publicado, EU:T:2019:77, apartado 27).
7        Por lo que atañe al primer criterio del requisito relativo a la «afectación directa», implica, en particular, que la medida de que se trate surta efectos directamente en la situación jurídica de la persona física o jurídica que pretende interponer un recurso con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Así pues, tal criterio debe apreciarse únicamente en relación con los efectos jurídicos de la medida, sin que sus eventuales efectos políticos tengan incidencia en dicha apreciación (sentencia de 3 de diciembre de 2020, Région de Bruxelles-Capitale/Comisión, C‑352/19 P, EU:C:2020:978, apartado 64).
8        En este contexto, el Tribunal ya ha declarado que el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID‑19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID‑19 (DO 2021, L 211, p. 1), en su versión inicial, se limita a establecer un marco común para la expedición, verificación y aceptación de certificados interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación en el contexto de la pandemia de COVID‑19, sin producir efectos jurídicos obligatorios para los ciudadanos europeos. En efecto, dicho Reglamento no impone ni la obligación de vacunarse contra el COVID‑19 o de efectuar una prueba de detección, ni la obligación de estar en posesión de un certificado de vacunación, de prueba diagnóstica o de recuperación con vistas al ejercicio del derecho a la libre circulación (auto de 29 de abril de 2022, Abenante y otros/Parlamento y Consejo, T‑527/21, no publicado, EU:T:2022:278, apartados 20 a 22).
9        Pues bien, los Reglamentos impugnados solo llevan a cabo modificaciones no sustanciales del Reglamento 2021/953 sin modificar sus características esenciales, en particular el mecanismo general de aceptación de los certificados COVID‑19. En efecto, los Reglamentos impugnados se limitan a establecer, por medio de una mera modificación del punto 1, letra h), del anexo del Reglamento 2021/953, un período normalizado de aceptación de 270 días para los certificados que indican la finalización de la pauta de primovacunación de los que sean titulares las personas mayores de 18 años.
10      Si bien es cierto que los Reglamentos impugnados uniformizan el período de aceptación de los certificados de vacunación en los distintos Estados miembros, no es menos cierto que, con arreglo al artículo 5, apartado 5, del Reglamento 2021/953, los Estados miembros solo están obligados a aceptar en las mismas condiciones los certificados de vacunación expedidos por otros Estados miembros de conformidad con el Reglamento 2021/953 si han optado por aceptar pruebas de vacunación con el fin de no aplicar las restricciones a la libre circulación que ellos mismos han establecido.
11      Pues bien, como ponen de manifiesto los ejemplos basados en las legislaciones maltesa y portuguesa expuestos por los demandantes en su escrito de réplica, cualquier obligación de presentar una prueba de vacunación, como requisito de entrada o de estancia en el territorio de un Estado miembro, sigue emanando únicamente del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate. Lo mismo sucede con las consecuencias que los Estados miembros extraigan, en su caso, de la falta de validez de los certificados de vacunación una vez expirado el período de aceptación de 270 días desde la fecha de la última dosis de la pauta de primovacunación.
12      Por tanto, puesto que las consecuencias que deben extraerse de los certificados de vacunación, cuya validez está fijada por los Reglamentos impugnados en 270 días desde la fecha de administración de la última dosis de la pauta de primovacunación, vienen determinadas por las medidas adoptadas por cada Estado miembro, al que corresponde también determinar las consecuencias que deben extraerse de la falta de validez de dichos certificados, no puede considerarse que los Reglamentos impugnados produzcan directamente efectos en la situación jurídica de los demandantes.
13      Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de los demandantes según la cual los Reglamentos impugnados les imponen que se administren, una vez expirado el período de aceptación de 270 días desde la fecha de la última dosis de la pauta de primovacunación, una dosis de refuerzo como condición para el ejercicio de su derecho a la libre circulación o de sus derechos fundamentales.
14      En efecto, los Reglamentos impugnados no imponen en modo alguno tal obligación, ni siquiera indirectamente. Toda obligación de presentar, una vez expirado dicho período de aceptación, una prueba de la administración de una dosis de refuerzo, como requisito de entrada o de estancia en el territorio de un Estado miembro, solo puede tener su fundamento jurídico en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.
15      De ello se deduce que en el caso de autos no se cumple el requisito relativo a la afectación directa de los demandantes.
16      De las consideraciones anteriores se desprende que procede declarar la inadmisibilidad del presente recurso por falta de legitimación activa, sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de la proposición de prueba presentada por los demandantes el 19 de agosto de 2022.
17      No obstante, procede señalar que la declaración de inadmisibilidad del presente recurso no restringe el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes. En efecto, el Tratado FUE, mediante sus artículos 263 y 277, por una parte, y mediante su artículo 267, por otra, ha establecido un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de la Unión (sentencias de 23 de abril de 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, EU:C:1986:166, apartado 23; de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, apartado 40, y de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, apartado 92).
18      Así, las personas físicas o jurídicas, como los demandantes, que, a causa de los requisitos de admisibilidad del recurso de anulación, no pueden impugnar directamente actos de la Unión de alcance general tienen derecho a impugnar ante los órganos jurisdiccionales nacionales las medidas adoptadas por los Estados miembros en relación con los Reglamentos impugnados invocando la invalidez de dichos Reglamentos e induciendo a esos órganos jurisdiccionales a consultar al Tribunal de Justicia acerca de la validez de los antedichos Reglamentos mediante cuestiones prejudiciales sobre la base del artículo 267 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de mayo de 2019, Pebagua/Comisión, C‑204/18 P, no publicada, EU:C:2019:425, apartados 67 y 68, y de 4 de diciembre de 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Comisión, C‑342/18 P, no publicada, EU:C:2019:1043, apartado 63 y jurisprudencia citada).
Costas
19      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
20      Al haber sido desestimadas las pretensiones de los demandantes, procede condenarlos a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales ante el Tribunal.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
resuelve:
1)      Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2)      OG y otros cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales ante el Tribunal General.
Dictado en Luxemburgo, a 7 de octubre de 2022.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: español.