62020CJ0177_RES
Asunto C‑177/20
«Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
contra
Vas Megyei Kormányhivatal
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de marzo de 2022
«Procedimiento prejudicial — Principios del Derecho de la Unión — Primacía — Efecto directo — Cooperación leal — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Artículo 63 TFUE — Obligaciones de un Estado miembro derivadas de una sentencia prejudicial — Interpretación de una norma del Derecho de la Unión por el Tribunal de Justicia en una sentencia prejudicial — Obligación de dar pleno efecto al Derecho de la Unión — Obligación de un órgano jurisdiccional nacional de dejar inaplicada una normativa nacional contraria al Derecho de la Unión tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia — Resolución administrativa que ha adquirido firmeza a falta de recurso jurisdiccional — Principios de equivalencia y de efectividad — Responsabilidad del Estado miembro»
Estados miembros — Obligaciones — Obligación de cooperación leal — Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales — Normativa nacional que establece la extinción automática de derechos de usufructo y su cancelación en el Registro de la Propiedad — Normativa nacional incompatible con el Derecho de la Unión, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia — Obligación de dejar inaplicada dicha normativa nacional — Cancelación de los derechos de usufructo que ha adquirido firmeza a falta de recurso judicial — Obligación de eliminar las consecuencias ilícitas de una infracción del Derecho de la Unión — Obligación de ordenar a la autoridad competente a reinscribir tales derechos — Reinscripción imposible — Derecho a compensación
(Art. 4 TUE, ap. 3; arts. 63 TFUE y 267 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 17, ap. 1)
(véanse los apartados 45, 57, 58, 62, 64 a 68 y 75 y el fallo)
Resumen
«Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft (en lo sucesivo, «Grossmania»), sociedad con domicilio social en Hungría, pero cuyos socios son nacionales de otros Estados miembros, era titular de derechos de usufructo sobre terrenos agrícolas en Hungría. El 1 de mayo de 2014, sus derechos fueron cancelados en el Registro de la Propiedad en virtud de una normativa húngara que preveía la extinción automática, en esa fecha, de los derechos de usufructo sobre terrenos agrícolas constituidos anteriormente por contrato entre personas que no eran parientes cercanos. En 2018, mediante su sentencia SEGRO y Horváth, (
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) el Tribunal de Justicia declaró que la libre circulación de capitales, en el sentido del artículo 63 TFUE, se opone a tal normativa nacional. A raíz de dicha sentencia Grossmania solicitó a las autoridades competentes la reinscripción de sus derechos de usufructo. Sin embargo, su solicitud fue denegada.
El Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de Győr, Hungría), que debe examinar la legalidad de dicha denegación de inscripción, decidió preguntar al Tribunal de Justicia sobre el alcance de los efectos obligatorios de las sentencias dictadas a raíz de una petición de decisión prejudicial. En efecto, según dicho órgano jurisdiccional, de la sentencia SEGRO y Horváth del Tribunal de Justicia se desprende que la normativa húngara en la que se basó la desestimación de la solicitud de Grossmania es contraria al Derecho de la Unión. Pues bien, a diferencia de las situaciones que dieron lugar a esa sentencia, Grossmania no había impugnado judicialmente la cancelación de sus derechos de usufructo. En consecuencia, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si, a la luz de la sentencia SEGRO y Horváth, puede no obstante dejar de aplicar la normativa nacional controvertida, por ser contraria al Derecho de la Unión, y ordenar a las autoridades competentes que procedan a la reinscripción de los derechos de usufructo cancelados.
En su sentencia, el Tribunal de Justicia precisa las obligaciones de los Estados miembros, en particular de los órganos jurisdiccionales nacionales, derivadas de una sentencia prejudicial con respecto a una normativa nacional contraria al Derecho de la Unión ante una resolución que ha adquirido firmeza por la que se aplica dicha normativa, así como las medidas que estos deben adoptar para eliminar las consecuencias ilícitas provocadas por la misma normativa.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que, cuando su jurisprudencia ha dado una respuesta clara a una cuestión relativa a la interpretación del Derecho de la Unión, el juez nacional debe hacer todo lo necesario para aplicar dicha interpretación. En virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, el juez nacional debe abstenerse de aplicar cualquier normativa nacional contraria a una disposición del Derecho de la Unión que tenga efecto directo, si no puede interpretarlo de conformidad con ese Derecho. Este efecto directo se atribuye en particular al artículo 63 TFUE, que consagra la libre circulación de capitales. Por lo tanto, dado que de la sentencia SEGRO y Horváth se desprende que la normativa húngara controvertida es incompatible con el artículo 63 TFUE, el órgano jurisdiccional remitente, que conoce de un recurso de anulación de una decisión basada en dicha normativa, está obligado a garantizar la plena eficacia de dicho artículo dejando inaplicada esa normativa nacional.
A continuación, el Tribunal de Justicia subraya que, en virtud de los principios de efectividad y de cooperación leal derivados del artículo 4 TUE, apartado 3, las circunstancias particulares pueden obligar a un órgano administrativo nacional a reconsiderar una resolución que ha adquirido firmeza. En este contexto, es importante encontrar un equilibrio entre la exigencia de seguridad jurídica y la de legalidad desde el punto de vista del Derecho de la Unión. Esta última exigencia reviste gran importancia en el caso de autos, a la vista de las amplias consecuencias nefastas que se derivan de la normativa nacional controvertida y de la cancelación de los derechos de usufructo que la aplican. En efecto, como se desprende igualmente de la sentencia Comisión/Hungría (Usufructos sobre terrenos agrícolas), (
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) esta normativa constituye una violación manifiesta y grave tanto de la libertad fundamental establecida en el artículo 63 TFUE como del derecho a la propiedad garantizado en el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, infracción que afectó a más de 5000 nacionales de Estados miembros distintos de Hungría.
Por consiguiente, en la medida en que la normativa nacional puede, además, prestarse a confusión en cuanto a la necesidad de impugnar las resoluciones de cancelación adoptadas en aplicación de esta, la exigencia de seguridad jurídica no puede justificar la imposibilidad prevista, en su caso, en Derecho húngaro de impugnar, con ocasión de un recurso dirigido contra la denegación de reinscripción de derechos de usufructo, la cancelación de tales derechos que entre tanto ha adquirido firmeza. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto debería descartar esta imposibilidad por ser contraria a los principios de efectividad y de cooperación leal.
Por último, el Tribunal de Justicia considera que, a falta de normas específicas en el Derecho de la Unión relativas a las modalidades para eliminar las consecuencias ilícitas de una infracción del artículo 63 TFUE en las circunstancias del caso de autos, las medidas dirigidas a garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión pueden consistir, en particular, en la reinscripción en el Registro de la Propiedad de los derechos de usufructo ilegalmente suprimidos. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar, teniendo en cuenta la situación jurídica y fáctica existente en el momento de resolver, si procede ordenar tal reinscripción a la autoridad competente o si se oponen a ello obstáculos objetivos y legítimos, como la adquisición de buena fe, por parte de un nuevo propietario, de los terrenos a los que se refieren dichos derechos de usufructo. Cuando tal reinscripción resulta imposible, sería necesario, para eliminar las consecuencias ilícitas de la infracción del Derecho de la Unión, conceder a los antiguos titulares de los derechos de usufructo suprimidos una compensación apta para reparar la pérdida económica resultante de la supresión de esos derechos.
Además, con independencia de las medidas antes citadas, la plena eficacia del Derecho de la Unión implica que los particulares perjudicados por una infracción de dicho Derecho tengan también, en virtud del principio de la responsabilidad del Estado por los daños causados por tal infracción, un derecho a indemnización cuando se cumplan los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que se cumplen en el caso de autos.
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)	Sentencia de 6 de marzo de 2018, SEGRO y Horváth (C‑52/16 y C‑113/16, EU:C:2018:157).
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2
)	Sentencia de 21 de mayo de 2019, Comisión/Hungría (Usufructos sobre terrenos agrícolas) (C‑235/17, EU:C:2019:432).