62013CC0012
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
PEDRO Cruz Villalón
presentadas el 20 de marzo de 2014 (
1
)
Asuntos acumulados C‑12/13 P y C‑13/13 P
Gérard Buono
Jean-Luc Buono
Roger Louis Paul Del Ponte
Serge Antoine Di Rocco
Jean Gérald Lubrano
Jean Lubrano
Jean Lucien Lubrano
Fabrice Marin
Robert Marin
(asunto C-12/13 P)
Syndicat des thoniers méditerranéens
Marc Carreno
Jean Louis Donnarel
Jean-François Flores
Gérald Jean Lubrano
Hervé Marin
Nicolas Marin
Sébastien Marin
Serge Antoine José Perez
(asunto C-13/13 P)
«Recurso de casación — Cuotas de pesca — Medidas urgentes adoptadas por la Comisión — Recurso de responsabilidad extracontractual de la Unión Europea — Admisibilidad — Legitimación de personas jurídicas para recurrir en responsabilidad — Responsabilidad extracontractual por acto lícito — Aplicación de la sentencia FIAMM por el Tribunal General — Responsabilidad por acto ilícito — Daño indemnizable — Pérdida de oportunidad»
1.
En los presentes asuntos acumulados, estrechamente vinculados al asunto C-611/12 P (Giordano/Comisión), se recurre en casación la sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2012, Syndicat des thoniers méditerranéens y otros/Comisión (T-574/08) por la que se desestima la acción de responsabilidad extracontractual de la Unión interpuesta por varios armadores de buques atuneros cerqueros franceses, así como por un sindicato profesional representativo de los intereses del sector de la pesca del atún. A diferencia de lo sucedido en el asunto C-611/12 P, sobre el que me pronuncio en otras conclusiones de esta misma fecha, los recurrentes de los presentes recursos han hecho valer un motivo no invocado en el citado asunto C-611/12 P, basado en la responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito.
2.
En estas conclusiones me centraré, por tanto, en los aspectos que diferencian a los dos recursos aquí acumulados del asunto C-611/12 P. Asimismo, y aunque los recursos del presente asunto hayan sido objeto de acumulación, es importante destacar desde este momento que los correspondientes escritos se fundamentan en argumentos diferentes que merecerán un tratamiento distinto a lo largo de estas conclusiones. Para añadir algo más de complejidad a todo lo anterior, uno de los recurrentes en el asunto C-13/13 P, el Syndicat des thoniers méditerranéens, sindicato profesional representativo de los intereses del sector de la pesca del atún, ataca la decisión del Tribunal General de no reconocerle legitimación para recurrir. Sobre este punto también me detendré con cierto detenimiento, pues suscita una particular problemática, la de la legitimación de personas jurídicas representativas de intereses en el marco de un recurso por responsabilidad extracontractual de la Unión.
I. Marco normativo
3.
El artículo 340 TFUE, apartado 2, establece el régimen aplicable a la responsabilidad extracontractual de la Unión en los siguientes términos:
«En materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.»
4.
La pesca del atún rojo se encuentra regulada tanto a nivel internacional como europeo. Desde 1997 la Unión es parte del Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, cuya Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) adopta recomendaciones y planes con el objetivo de garantizar la conservación del referido recurso acuático vivo. En cumplimiento de las decisiones de la ICCAT, la Unión ha adoptado varios instrumentos, entre los que destaca, a los efectos del presente procedimiento, el Reglamento (CE) no 520/2007, por el que se establecen medidas técnicas de conservación de determinadas poblaciones de peces de especies altamente migratorias y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 973/2001 (
2
) y el Reglamento (CE) no 1559/2007, por el que se establece un Plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo y se modifica el Reglamento (CE) no 520/2007. (
3
)
5.
Las referidas disposiciones de la Unión se enmarcan asimismo en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 2371/2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común. (
4
) Este instrumento introduce un conjunto de medidas generales dirigidas a la conservación, gestión y explotación de los recursos acuáticos vivos realizados en el territorio de los Estados miembros o en aguas comunitarias, o llevados a cabo por buques pesqueros de la Unión.
6.
Entre las distintas medidas que prevé el Reglamento no 2371/2002, destaca el artículo 7, bajo la rúbrica de «medidas de urgencia de la Comisión», en virtud del cual:
«1.   Si existen pruebas de una amenaza grave para la conservación de los recursos acuáticos vivos o para el ecosistema marino debida a las actividades pesqueras y que requiera una actuación inmediata, la Comisión, previa petición justificada de un Estado miembro o por propia iniciativa, podrá decidir medidas de urgencia cuya vigencia no podrá ser superior a seis meses. La Comisión podrá adoptar una decisión para prorrogar las medidas de urgencia por seis meses como máximo.
2.   El Estado miembro comunicará la petición simultáneamente a la Comisión, a los demás Estados miembros y a los consejos consultivos regionales interesados. Éstos podrán presentar sus observaciones por escrito a la Comisión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la petición.
La Comisión tomará una decisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la petición mencionada en el apartado 1.
3.   Las medidas de urgencia surtirán efecto inmediatamente. Se notificarán a los Estados miembros afectados y se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
4.   Los Estados miembros interesados podrán someter al Consejo la decisión de la Comisión dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la notificación.
5.   El Consejo, por mayoría cualificada, podrá adoptar una decisión diferente dentro del mes siguiente a la fecha de la consulta.»
7.
El Reglamento (CE) no 40/2008 establece para el año 2008 las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones de peces, incluido el atún rojo. (
5
) El texto introduce limitaciones de capturas y fija la cantidad de atún rojo capturable en 2008 por los buques comunitarios en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45 oO y en el Mar Mediterráneo. Dichas limitaciones y cantidades fueron objeto de una modificación en virtud del Reglamento (CE) no 446/2008 de la Comisión. (
6
)
8.
La Comisión, a la luz de la información suministrada en ese momento por los inspectores durante visitas realizadas a los Estados interesados, tuvo constancia de que las posibilidades de pesca de atún rojo en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45o, y en el Mar Mediterráneo, asignadas a los atuneros enarbolando pabellón de Grecia, Francia, Italia, Chipre y Malta se considerarían agotadas el 16 de junio de 2008. Las posibilidades de pesca de los atuneros cerqueros de pabellón español se considerarían agotadas el 23 de junio de 2008. A la vista de estos hechos, la Comisión, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento no 2371/2002, antes citado, adoptó el Reglamento no 530/2008, por el que se establecen medidas de emergencia aplicables a los atuneros cerqueros que capturan atún rojo en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45 oO y en el Mar Mediterráneo. (
7
) Los tres preceptos del Reglamento no 530/2008 establecen los siguiente:
«Artículo 1
Queda prohibida, a partir del 16 de junio de 2008, la pesca de atún rojo en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45 °O, y en el Mar Mediterráneo por parte de los atuneros cerqueros que enarbolen pabellón de Grecia, Francia, Italia, Chipre y Malta o estén registrados en esos países.
A partir de esa misma fecha, quedará asimismo prohibido conservar a bordo, enjaular para su engorde o su cría, transbordar, transferir o desembarcar peces de esa población capturados por los citados buques.
Artículo 2
Queda prohibida, a partir del 23 de junio de 2008, la pesca de atún rojo en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45 °O, y en el Mar Mediterráneo por parte de los atuneros cerqueros que enarbolen pabellón de España o estén registrados en ese país.
A partir de esa misma fecha, quedará asimismo prohibido conservar a bordo, enjaular para su engorde o su cría, transbordar, transferir o desembarcar peces de esa población capturados por los citados buques.
Artículo 3
1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los agentes económicos de la Comunidad no aceptarán, a partir del 16 de junio de 2008, operación alguna de desembarque, enjaulamiento con fines de engorde o de cría o transbordo en aguas o puertos comunitarios de atún rojo capturado por atuneros cerqueros en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45 °O, y en el Mediterráneo.
2.   Estará permitido desembarcar, enjaular con fines de engorde o de cría o transbordar en aguas o puertos comunitarios atún rojo capturado hasta el 23 de junio de 2008 en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45 °O, y en el Mar Mediterráneo por atuneros cerqueros que enarbolen pabellón de España.»
II. Antecedentes
A. En el asunto C-12/13 P
9.
Los Sres. Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin y Robert Marin (en adelante, «recurrentes en el asunto C-12/13 P» o «recurrentes»), son armadores de nacionalidad francesa de los respectivos buques atuneros cerqueros, operando en aguas del Mar Mediterreáneo. Todos ellos son miembros del Syndicat des thoniers méditerranéens.
10.
En virtud de lo dispuesto en la normativa de la Unión, la República francesa contaba para el año 2008 con 4.164 toneladas de cuotas de pesca de atún rojo, de las cuales un 90 % correspondían a los atuneros cerqueros de pabellón francés operando en el Mar Mediterráneo.
11.
Todos los recurrentes ostentaban, para el año 2008, una licencia de pesca especial de atún rojo, sujeta a una cuota individual de pesca. La autorización permitía la pesca desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2008.
12.
Una vez otorgada la referida licencia, los recurrentes comenzaron la campaña de pesca en aguas mediterráneas, la cual fue interrumpida el 16 de junio de 2008 como consecuencia de la aprobación y entrada en vigor del Reglamento no 530/2008 de la Comisión, cuya ejecución implicó la revocación de las licencias de pesca antes mencionadas.
B. En el asunto C-13/13 P
13.
El Syndicat des thoniers méditerranéens (en adelante, «STM») es un sindicato profesional regido por el Libro IV del code du travail francés, al que sólo pueden adherirse trabajadores de la mar vinculados a la pesca del atún.
14.
Los Sres. Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin y Serge Antoine José Perez (en adelante, «recurrentes individuales en el asunto C-13/13 P») o «recurrentes individuales»), de nacionalidad francesa, son armadores y/o accionistas de los respectivos buques atuneros cerqueros, operando en aguas del Mar Mediterráneo. Todos ellos son miembros del STM.
15.
Tal como ha quedado expuesto en el punto 10 de estas conclusiones, la República francesa contaba para el año 2008 con 4.164 toneladas de cuotas de pesca de atún rojo, de las cuales un 90 % correspondían a los atuneros cerqueros de pabellón francés operando en el Mar Mediterráneo.
16.
Todos los recurrentes individuales contaban, para el año 2008, con una licencia de pesca especial de atún rojo, sujeta a una cuota individual de pesca. La autorización permitía la pesca desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2008.
17.
Una vez otorgada la referida licencia, los recurrentes individuales comenzaron su campaña de pesca en aguas mediterráneas, la cual fue interrumpida el 16 de junio de 2008 como consecuencia de la aprobación y entrada en vigor del Reglamento no 530/2008 de la Comisión, cuya ejecución implicó la revocación de la licencia de pesca antes mencionada.
III. El procedimiento ante el Tribunal General y la sentencia recurrida
18.
Con fecha de 24 de diciembre de 2008 hizo entrada en el Registro del Tribunal General el recurso de responsabilidad extracontractual de la Unión interpuesto por el STM, los recurrentes en el asunto C-12/13 P y los recurrentes individuales, como consecuencia de la prohibición de pesca acordada mediante el Reglamento no 530/2008 de la Comisión.
19.
El 25 de marzo de 2010 el presidente de la Sala Sexta del Tribunal General suspendió el procedimiento, a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia en el asunto AJD Tuna (
8
) y del Tribunal General en los asuntos Norilsk Nickel Harjavalta y Umicore/Comisión, (
9
) así como Etimine y Etiproducts/Comisión. (
10
) Una vez recaídas las respectivas resoluciones en dichos asuntos, las partes fueron invitadas a pronunciarse sobre las consecuencias de dichas resoluciones en el presente proceso.
20.
El 12 de abril de 2011 se hizo saber al Tribunal General que los recurrentes en el asunto C-12/13 P habían cambiado de defensa letrada.
21.
En sus argumentos escritos y orales, el STM solicitaba al Tribunal General que declarara la responsabilidad extracontractual de la Unión a causa de los daños producidos por el Reglamento no 530/2008. No obstante, el STM no cuestionaba la legalidad de dicho Reglamento, basando así su pretensión en la existencia de una responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito. Asimismo, el STM solicitaba al Tribunal General que condenara a la Comisión al pago de un importe de 30000 euros en concepto de daño moral, importe que sería invertido en la difusión de información sobre normativa europea de pesca entre los miembros del sindicato.
22.
En sus argumentos escritos y orales, los recurrentes individuales en el asunto C-13/13 P solicitaban al Tribunal General que declarara la responsabilidad extracontractual de la Unión a causa de los daños producidos por el Reglamento no 530/2008. No obstante, los recurrentes individuales, al igual que el STM, no cuestionaban la licitud de dicho Reglamento, basando así su pretensión en la existencia de una responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito. Asimismo, los recurrentes individuales en el asunto C-13/13 P solicitaban al Tribunal General que condenara a la Comisión condenando así a la Comisión al pago de los respectivos importes:
—
1 euro simbólico para el Sr. Marc Carreno;
—
351685 euros para el Sr. Jean Louis Donnarel;
—
1 euro simbólico para el Sr. Jean-François Flores;
—
237160 euros (o 474320, en función del gravamen fiscal correspondiente) para el Sr. Gérald Jean Lubrano;
—
1 euro simbólico para los Sres. Hervé Marin, Nicolas Marin, Robert Marin y Sébastien Marin y
—
838970 euros para el Sr. Serge Antoine José Perez.
23.
En sus argumentos escritos y orales, los recurrentes en el asunto C-12/13 P solicitaban al Tribunal General que declarara la responsabilidad extracontractual de la Unión a causa de los daños producidos por el Reglamento no 530/2008. Si bien en un primer momento basaron su pretensión en una responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito, con posterioridad a la sentencia AJD Tuna, del Tribunal de Justicia, los recurrentes en el asunto C-12/13 P basaron su recurso ante el Tribunal General también en el carácter ilícito del citado Reglamento. Asimismo, se solicitaba al Tribunal General una condena a la Comisión al pago de los respectivos importes:
—
323053 euros (o 564956, en función del gravamen fiscal correspondiente) para los Sres. Buono y Jean-Luc Buono;
—
518707 euros (o 703707 euros, en función del gravamen fiscal correspondiente) para el Sr. Roger Louis Paul Del Ponte;
—
388047 euros (o 634207 euros, en función del gravamen fiscal correspondiente) para el Sr. Serge Antoine Di Rocco;
—
213588 euros para el Sr. Gérald Lubrano;
—
212358 euros para los Sres. Jean Lubrano y Jean Lucien Lubrano, y
—
466655 euros (o 610820 euros, en función del gravamen fiscal correspondiente) para el Sres. Fabrice Marin y Robert Marin.
24.
Todos los recurrentes solicitaban igualmente al Tribunal General que condenara a la Comisión en costas.
25.
Por su parte, la Comisión solicitaba al Tribunal General que desestimase el recurso en su totalidad y condenase a los recurrentes en costas.
26.
Mediante sentencia de 7 de noviembre de 2012, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto por el STM, desestimó los recursos interpuestos por los demás recurrentes y condenó a todos los recurrentes en costas.
27.
En lo referido a la legitimación del STM, el Tribunal General trajo a colación una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual sólo cabe reconocer a las asociaciones profesionales legitimación, en virtud del artículo 268 TFUE, en el supuesto de que puedan invocar ante los tribunales o bien un interés propio, distinto del de sus miembros, o bien un derecho a reparación que les haya sido cedido por otras personas. El Tribunal General llegó a la conclusión de que el STM no había demostrado ni un interés propio ni la cesión del derecho a la reparación de un tercero, justificando así la inadmisibilidad del recurso.
28.
A continuación, el Tribunal General analizó el motivo invocado por el Sr. Buono relativo a la responsabilidad extracontractual de la Unión por acto ilícito. Sobre este punto, el Tribunal General se centró exclusivamente en el requisito relativo al carácter real y cierto del daño. Ciñéndose a la sentencia dictada en el asunto Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo y otros/Consejo, (
11
) el Tribunal General consideró que una cuota de pesca no es más que un límite teórico de capturas máximas, pero no un derecho subjetivo en favor de su titular. Habiéndose basado la defensa del Sr. Buono en la frustración del agotamiento de su cuota a causa de una decisión de la Comisión, el Tribunal General llegó a la conclusión de que el recurrente no habría probado el carácter real y cierto del daño sufrido. En consecuencia, desestimó el referido motivo.
29.
Finalmente el órgano de instancia examinó el motivo basado en la responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito. Tras recordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre esta cuestión, el Tribunal General se centró en el carácter anormal del daño sufrido. En opinión del Tribunal General, la actividad de la pesca reviste, entre otras, dos características: las cuotas no atribuyen derechos subjetivos y la actividad rinde unos resultados de naturaleza imprevisible. Estas dos características serían suficientes para descartar la pretensión basada en el carácter anormal del daño sufrido, razón por la cual el Tribunal General desestimó igualmente el presente motivo.
IV. El recurso de casación y las pretensiones de las partes
30.
El 11 de enero de 2013 tuvieron entrada en el Registro del Tribunal de Justicia los recursos de casación interpuestos por los recurrentes en los asuntos C-12/13 P y C-13/13 P contra la sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2012.
31.
Mediante auto de 26 de febrero de 2013 el Presidente del Tribunal de Justicia acordó acumular los asuntos C-12/13 P y C-13/13 P a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia, con arreglo al artículo 54 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
32.
Los recurrentes en el asunto C-12/13 P solicitan al Tribunal de Justicia que:
—
Anule la sentencia recurrida.
—
Declare la responsabilidad extracontractual de la Unión.
—
Condene a la Comisión en costas.
33.
Los recurrentes en el asunto C-13/13 P solicitan al Tribunal de Justicia que:
—
Anule la sentencia recurrida.
—
Declare la responsabilidad extracontractual de la Unión.
—
Condene a la Comisión en costas.
34.
Por su parte, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Desestime el recurso de casación.
—
A título subsidiario, desestime el recurso de responsabilidad extracontractual.
—
Condene a los recurrentes a cargar con las costas causadas en esta casación y en la primera instancia.
V. Sobre los recursos de casación
A. Sobre la admisibilidad de varios motivos (C-12/13 P y C-13/13 P)
35.
Con carácter previo al análisis de las cuestiones centrales de estas casaciones, es oportuno destacar la existencia de varios motivos cuya admisibilidad resulta dudosa. Este es el caso del motivo basado en el error de apreciación del riesgo económico inherente invocado por los recurrentes en el asunto C-13/13 P, así como el basado en la violación del derecho fundamental de propiedad, invocado por los recurrentes en el asunto C-12/13 P.
36.
En el primer caso, el escrito de los recurrentes cuestiona el análisis realizado por el Tribunal General en relación con la función de las cuotas, la existencia de un derecho subjetivo y la previsibilidad del agotamiento de la cuota. Sin embargo, el motivo no parece formularse de forma autónoma, pues continúa el hilo argumental del motivo anterior, centrado en la responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito. En estas circunstancias, y en la medida en que el motivo reproduce argumentos ya presentes en otros motivos de la demanda, entiendo que procede su inadmisión.
37.
Lo mismo sucede con el motivo invocado en el asunto C—12/13 P, basado en la violación de los derechos fundamentales. Los recurrentes centran sus argumentos en el derecho fundamental de propiedad con el propósito de demostrar el carácter indemnizable del daño. Sin embargo, esta es precisamente la cuestión discutida en el motivo basado en la responsabilidad extracontractual de la Unión por acto ilícito. Por tanto, y por la misma razón expuesta en el apartado anterior, propongo que el motivo se declare inadmisible.
B. Sobre el motivo basado en la legitimación del STM para recurrir por responsabilidad extracontractual de la Unión (C-13/13 P)
38.
El STM reprocha al Tribunal General haber aplicado incorrectamente los requisitos de legitimación aplicables a las personas jurídicas en las acciones de responsabilidad extracontractual de la Unión. El STM considera que al analizar la admisibilidad de su recurso el Tribunal General ha desnaturalizado los hechos aportados al proceso, no ha tenido en cuenta la misión en defensa del interés general del STM y no ha apreciado el carácter autónomo del daño sufrido por aquél.
39.
Para apreciar el fundamento de este motivo es necesario recordar someramente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre esta cuestión.
40.
Desde la sentencia Union syndicale y otros/Consejo, (
12
) el Tribunal de Justicia ha exigido a las personas jurídicas que reclaman la reparación de daños sufridos por obra de las Comunidades la prueba del carácter autónomo de dicho daño. Es decir, una persona jurídica no puede reclamar los daños sufridos colectivamente por sus integrantes, sino los daños específicamente soportados individualmente por la organización. (
13
)
41.
Asimismo, un segundo supuesto emergió claramente a partir de la sentencia Ireks-Arkady/Consejo y Comisión, (
14
) permitiendo a las personas jurídicas ejercer la acción de responsabilidad también cuando sean las cesionarias del derecho a la reparación. En tal supuesto, se entiende que el beneficiario es entonces la persona jurídica cesionaria y no el cedente, abriéndole a aquélla las puertas de la legitimación. (
15
)
42.
Si bien es cierto que corresponde al recurrente probar el cumplimiento de estos requisitos, debe también destacarse, en el contexto específico de la acción de responsabilidad extracontractual de la Unión, la estrecha relación entre el primer requisito de legitimación (autonomía del daño) y uno de los requisitos sustantivos que dan lugar a la responsabilidad (carácter real y cierto del daño). Salta a la vista que exigir un daño autónomo, como requisito de legitimación, es algo que puede solaparse con la exigencia de que el daño sea real y cierto. Si la carga probatoria relativa a la autonomía del daño es muy onerosa, se corre el riesgo de terminar exigiendo algo que termine siendo equivalente a un daño real y cierto. Por tanto, es importante desglosar los dos momentos en los que una persona jurídica debe probar, por un lado, la autonomía del daño y, por otro lado, su carácter real y cierto. De lo contrario se corre el riesgo de convertir los requisitos de legitimación en requisitos de fondo, cosa que es necesario evitar a fin de que el recurrente no sufra una excesiva carga probatoria que termine impidiendo su acceso a la justicia.
43.
En el presente asunto, el STM reprocha al Tribunal General no haber declarado el cumplimiento de ninguno de los dos requisitos antes enunciados.
44.
En lo concerniente al requisito relativo a la condición de cesionario del titular del derecho a la reparación, lleva razón el Tribunal General al afirmar que la demanda del STM tiene carácter autónomo respecto de las demandas individuales presentadas por los recurrentes individuales en el mismo asunto. De haberse producido lo contrario, los demandantes no habrían ejercido acciones individuales junto con la presentada por el STM. Por tanto, el Tribunal General no cometió un error de Derecho al declarar en los puntos 24 a 27 de la sentencia recurrida que el STM no actuaba como cesionario de los derechos de reparación de varios de sus miembros.
45.
Mayor atención merece el requisito relativo al carácter autónomo del daño sufrido por la persona jurídica. En este punto, el Tribunal General entendió que la recurrente no había probado el daño moral alegado.
46.
En efecto, el escrito de demanda de la recurrente carece de toda indicación en punto al daño sufrido por el STM. La única mención que aparece a lo largo del escrito queda recogida en las conclusiones finales, donde se reproduce el petitum, al cual se añade la reclamación de una indemnización en favor del STM en concepto de daño moral, por un importe a tanto alzado de 30000 euros, que serían invertidos en programas de formación para sus miembros.
47.
Es evidente que la mera alusión a la existencia de un daño moral, sin la menor indicación adicional sobre las circunstancias precisas de dicho daño, no puede sustentar una reclamación por daños. Sin embargo, y a la vista del escrito de demanda, entiendo que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar la inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación del STM, pues la deficiencia que presentaba el escrito era tan significativa que afectaba más bien a la demanda misma.
48.
Como es sabido, el artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General exige, entre otras condiciones, que la demanda contenga “la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados”. El incumplimiento de este requisito justifica una inadmisión de la demanda, pero no del recurso por falta de legitimación, como ya se ha señalado en otras ocasiones.
49.
Pues bien, en el presente asunto la inadmisión no puede afectar al recurso por falta de legitimación, pues se desconoce cuál es el daño moral que ha sufrido el STM, ya que en ningún momento a lo largo del escrito de demanda se refiere la recurrente al mismo. Cabría inadmitir el recurso del STM por falta de legitimación si, una vez explicado el daño y sus circunstancias precisas, hay una manifiesta ausencia de elementos probatorios. Sin embargo, en el presente asunto la demanda no sólo elude pronunciarse sobre la prueba, sino que omite toda referencia al daño en sí mismo, lo cual dificulta la posibilidad misma de apreciar la admisibilidad del recurso.
50.
Por tanto, propongo al Tribunal de Justicia que realice una sustitución de motivos y declare que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto por el STM, pues, en definitiva, procedía declarar la inadmisibilidad de la demanda por incumplimiento del requisito previsto en el artículo 44, apartado 1, párrafo c) del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
51.
No obstante, puesto que el resultado al que lleva esta conclusión no modifica el resultado alcanzado en la instancia, procede desestimar por inoperante el motivo invocado por el STM.
C. Sobre el motivo basado en la responsabilidad extracontractual de la Unión por acto ilícito (C-12/13 P)
52.
Los recurrentes en el asunto C-12/13 P reprochan al Tribunal General incurrir en un error de Derecho al considerar que el daño sufrido por aquéllos no es «cierto». Argumentan que el Tribunal General no apreció correctamente el lucro cesante o, subsidiariamente, la pérdida de oportunidad sufrida a raíz del Reglamento no 530/2008. En opinión de los recurrentes, el hecho de que el propio Reglamento destaque que los recurrentes han agotado sus cuotas en campañas anteriores, así como la circunstancia de que los atuneros-cerqueros españoles agotaron sus cuotas durante la semana adicional que se les concedió, son elementos suficientes para confirmar la existencia de un daño «cierto».
53.
Con carácter previo, la Comisión considera que este motivo es inadmisible, al tratar una cuestión nueva que no constaba en la demanda inicial de instancia. En cuanto al fondo, la Comisión rechaza este planteamiento y reitera la posición anteriormente defendida en la instancia, fundamentalmente basada en la inexistencia de un derecho al agotamiento de la cuota, lo cual imposibilita la concreción del daño. Esta circunstancia justificaría por sí sola la conclusión a la que llega el Tribunal General, al constatar que el daño sufrido no era «cierto».
54.
Respecto de la admisibilidad del motivo, no me cabe ninguna duda de que el motivo es perfectamente admisible, pues no son las partes quienes han ampliado unilateralmente los motivos de su recurso, sino que dicha ampliación se produjo a instancias del Tribunal General tras el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto AJD Tuna. A raíz de esta resolución, el Tribunal General invitó a las partes a posicionarse por escrito y oralmente durante la vista, pues en dicho asunto el Tribunal de Justicia constató la invalidez del Reglamento no 530/2008. Por tanto, considero que la ampliación de los motivos en la instancia, ahora reflejada en esta casación, se realizó correctamente, sin que ahora quepa su inadmisión.
55.
Deteniéndome ahora en el fondo, estimo que para abordar este motivo basta con remitirme a mis conclusiones presentadas en el asunto C-611/12 P, antes citadas, concretamente a los puntos 38 a 69, donde analizo con detalle el carácter indemnizable de una pérdida de oportunidad. Por las razones ahí expuestas, perfectamente aplicables al presente recurso, pues las sentencias recurridas en ambos casos se pronuncian en los mismos términos y con los mismos argumentos, entiendo que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho.
56.
Por tanto, propongo al Tribunal de Justicia que estime el motivo invocado por los recurrentes en el asunto C-12/13 P, basado en un error en la interpretación del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, en relación con el carácter «cierto» del daño sufrido por el recurrente.
D. Sobre el motivo basado en la responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito (C-12/13 P y C-13/13 P)
57.
Tanto los recurrentes en el asunto C-12/13 P como los recurrentes individuales en el asunto C-13/13 P sostienen que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al estimar que el Reglamento no 530/2008 no constituye una restricción constitutiva de un daño «anormal» y «especial».
58.
A título preliminar, conste que me referiré al motivo presentado en el asunto C-13/13 P únicamente respecto de los recurrentes individuales, pues, como ya ha quedado expuesto, entiendo, con los matices antes enunciados, que el Tribunal General inadmitió correctamente el recurso del STM.
59.
En el caso de los recurrentes en el asunto C-12/13 P, éstos se remiten muy escuetamente a las conclusiones del Abogado General presentadas en el asunto FIAMM y otros/Consejo y Comisón para sustentar su petitum. (
16
) En el caso de los recurrentes individuales en el asunto C-13/13 P, se reprocha al Tribunal General haber considerado que la titularidad de una cuota no es equivalente a la titularidad de un derecho subjetivo, un manejo incorrecto de la noción de «riesgo económico inherente» y una desnaturalización de la función de la cuota.
60.
Por su parte, la Comisión esgrime que la sentencia recurrida, en los puntos relativos a la responsabilidad extracontractual por acto lícito, plantea un problema de interpretación, pues no resulta claro si el Tribunal General reconoce la existencia de una responsabilidad de este tipo o lo contrario. Por tanto, la Comisión propone realizar una sustitución de motivos y que el Tribunal de Justicia desestime el recurso limitándose a constatar la ausencia de dicha responsabilidad o declarando que el análisis del Tribunal General sobre el carácter anormal del perjuicio se formuló a mayor abundamiento.
61.
Para abordar la cuestión de la responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito es necesario remitirse principalmente a las sentencias del Tribunal de Justicia dictadas en los asuntos Dorsch Consult (
17
) y FIAMM y otros/Consejo y Comisión, antes citada. En dichos asuntos, y sin que sea ahora necesario reproducir en detalle su contenido, el Tribunal de Justicia declaró que, si tal responsabilidad llegara a ser reconocida en su principio, requeriría como mínimo la concurrencia de tres requisitos cumulativos, constituidos por la realidad del perjuicio, la relación de causalidad entre éste y el acto en cuestión y el carácter anormal y especial de dicho perjuicio. (
18
)
62.
Es importante destacar que el razonamiento de las sentencias Dorsch Consult y FIAMM y otros/Consejo y Comisión, antes citadas, tiene carácter hipotético. Es decir, el Tribunal de Justicia no declara la existencia de una responsabilidad extracontractual de la Unión Europea por acto lícito, sino que deja constancia de sus requisitos en el caso de que tal responsabilidad llegara a existir en el Derecho de la Unión. La sentencia FIAMM y otros/Consejo y Comisión, dictada ocho años después de la sentencia Dorsch Consult, confirma de forma muy categórica el carácter hipotético de este tipo de responsabilidad.
63.
Parece legítimo preguntarse por qué el Tribunal de Justicia razona en estos términos. Pues bien, entiendo que la respuesta a este interrogante se halla en la jurisprudencia anterior a Dorsch Consult y FIAMM y otros/Consejo y Comisión, antes citadas.
64.
En efecto, en los años setenta el Tribunal de Justicia tuvo ocasión de pronunciarse sobre la posibilidad de que la entonces Comunidad Económica Europea incurriera en una responsabilidad por acto lícito, concretamente en el asunto Compagnie d’approvisionnement, de transport et de crédit SA y Grands Moulins de Paris/Commisión. En dicho asunto el Tribunal de Justicia abordó un motivo basado en la responsabilidad por acto lícito, ante lo cual se declaró que tal responsabilidad «eventual», derivada de un «acto normativo lícito», (
19
) no debía darse en un caso como el de autos. Aquí comienza la ambigüedad en la definición del alcance de la responsabilidad extracontractual por acto lícito, pues al referirse a la misma como una categoría «eventual» quedan de manifiesto las vacilaciones del Tribunal de Justicia.
65.
El razonamiento en clave de hipótesis continuó en el asunto Biovilac/CEE, donde el Tribunal de Justicia afirmó que una responsabilidad por acto lícito «debe aplicarse en el supuesto de que en Derecho comunitario se admite un régimen de responsabilidad objetiva». (
20
) No obstante, el Tribunal de Justicia evita precisar si tal régimen existe o no en el momento de dictar sentencia. El mismo planteamiento aparece en el asunto Développement y Clemessy/Comisión, en cuya sentencia el Tribunal de Justicia insiste de nuevo en que «[no es] necesario examinar si un principio como el de responsabilidad sin culpa existe en el ordenamiento jurídico comunitario». (
21
)
66.
Llegamos así al asunto Dorsch Consult, donde el Tribunal de Justicia aborda nuevamente la cuestión, si bien ahora, tras la creación del Tribunal General, en el marco de un recurso de casación. En el punto relativo a la responsabilidad extracontractual por acto lícito, el Tribunal General había realizado un planteamiento muy similar al expuesto en los puntos anteriores, llegando a la conclusión de que no se había producido una responsabilidad extracontractual de la Comunidad por acto lícito, pero razonando, como el Tribunal de Justicia en el pasado, en hipótesis, «habida cuenta de las particularidades del presente recurso». (
22
) El Tribunal de Justicia, ante un razonamiento de esta naturaleza, no puso objeción alguna y avaló en su integridad la resolución del Tribunal General, recordando una vez más que la responsabilidad extracontractual por acto lícito es aún una categoría sin confirmar. (
23
)
67.
En el asunto FIAMM y FIAMM Technologies/Consejo y Comisión (
24
) el Tribunal General consideró que el momento de realizar una declaración de reconocimiento de la existencia de la responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito había llegado. Sin embargo, en su respuesta al recurso de casación contra la sentencia citada el Tribunal de Justicia rectificó este desarrollo del Tribunal General y afirmó literalmente que «en el estado actual de evolución del Derecho comunitario, no existe un régimen de responsabilidad que permita exigir la responsabilidad de la [Unión] por un comportamiento comprendido en la esfera de su competencia normativa». (
25
)
68.
Esto sentado, conviene ahora analizar el modo en el que el Tribunal General ha aplicado esta jurisprudencia en la sentencia recurrida.
69.
El Tribunal General comienza describiendo en detalle, en los apartados 69 a 75 de la sentencia recurrida, las líneas generales del razonamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia FIAMM y otros/Consejo y Comisión. Aunque reproduce varios preceptos de la dicha sentencia, conviene destacar que en ningún momento se hace referencia al apartado 176, es decir, el pasaje en el que el Tribunal de Justicia descarta taxativamente que en el momento actual exista la responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito.
70.
A partir de aquí, el Tribunal General procede directamente a dar respuesta a la cuestión de si en el caso de autos la Unión ha incurrido en una responsabilidad extracontractual por acto lícito. A tal fin, el Tribunal General se centra en el requisito del carácter anormal del daño supuestamente sufrido, llegando a la conclusión de que no se ha producido un daño de esas características.
71.
Para concluir, el Tribunal General, en el apartado 86 de la sentencia recurrida, aprecia que, efectivamente, no se han cumplido las condiciones necesarias para que la Unión «pudiera, en su caso» incurrir en una responsabilidad extracontractual por acto lícito. Este inciso condicional es la única clave que ofrece el Tribunal General para aclarar que la sentencia no está admitiendo la responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito, sino que únicamente aprecia la pretensión de la recurrente en un contexto hipotético, el de una futura, pero no presente, tutela de los supuestos de responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito.
72.
A pesar de que la sentencia recurrida puede pecar de cierta ambigüedad, es indudable que se sitúa en línea de continuidad con nuestra jurisprudencia anterior. Efectivamente, este modo de razonar en hipótesis que viene desarrollándose desde los años setenta puede resultar de dudosa claridad, pero lo cierto es que tal es el método argumentativo con el que el Tribunal de Justicia se ha enfrentado a la responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito. Sería contradictorio reprocharle al Tribunal General que proceda a este tipo de razonamiento en hipótesis, cuando es el propio Tribunal de Justicia quien viene haciéndolo desde hace décadas.
73.
En el fondo, forzoso es reconocer que el análisis que hace el Tribunal General del carácter «anormal» del daño constituye una especie de respuesta a mayor abundamiento. En este sentido, y visto desde esta perspectiva, es cierto que en el contexto de autos los recurrentes, al solicitar una indemnización por la totalidad de los daños sufridos a causa del Reglamento no 530/2008, no han demostrado el carácter «anormal» de dicho daño. Se trata, además, de un daño cualificado que no se identifica con una simple pérdida de una cuota de mercado, como ha destacado correctamente el Tribunal General al evocar una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia. Precisamente la función del artículo 7 del Reglamento no 2371/2002 no es otra que permitir a la Comisión la adopción de medidas conservadoras dirigidas a garantizar el equilibrio entre la protección de los recursos marinos y el desarrollo de una actividad económica. En el específico contexto de una responsabilidad extracontractual por acto lícito, bien distinto al que se suscitaría en un supuesto de responsabilidad extracontractual por acto ilícito, difícilmente puede considerarse como «anormal» un daño acaecido como consecuencia del ejercicio legítimo por la Comisión de una facultad prevista en el ordenamiento de la Unión. Una facultad, además, cuyo ejercicio debe basarse en criterios técnicos que, como ha argumentado la Comisión, fueron debidamente aportados al expediente en el momento de acordarse la prohibición.
74.
Por todo lo anterior, y en conclusión, estimo que el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho al considerar que los recurrentes no habían sufrido un daño «anormal», en el supuesto de reconocerse una responsabilidad extracontractual de la Unión por acto lícito.
75.
En consecuencia, entiendo que el motivo debe ser desestimado.
VI. Resolución definitiva del litigio (C-12/13 P)
76.
De conformidad con el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia, «cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General», pudiendo «resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita».
77.
A mi juicio, estimo que en el asunto C-12/13 P el Tribunal de Justicia se encuentra en condiciones de resolver parcialmente el litigio.
78.
A este respecto, según reiterada jurisprudencia, en materia de responsabilidad extracontractual de la Unión por comportamiento ilícito de sus instituciones y órganos, se reconoce un derecho a indemnización cuando se cumplen tres requisitos, a saber, que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares y que su violación esté suficientemente caracterizada, que se haya acreditado la realidad del daño y, por último, que exista una relación de causalidad directa entre la infracción imputable a la Unión y el perjuicio sufrido por las víctimas. (
26
)
A. Norma jurídica violada cuyo objeto es conferir derechos a los particulares y su violación esté suficientemente caracterizada
79.
Como ha ya quedado expuesto, el presente asunto se caracteriza por el hecho de que la norma jurídica violada no es otra que el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, tal como lo confirmó el Tribunal de Justicia en su sentencia AJD Tuna. Nuestra jurisprudencia es abundante a este respecto, bastando la lesión de este principio crucial para la Unión a la hora de constatar que la violación está suficientemente caracterizada. (
27
)
80.
Ahora bien, la única norma jurídica violada es el referido principio, y ningún otro de los alegados por los recurrentes en el asunto C-12/13 P, pues el Tribunal de Justicia tuvo la ocasión de referirse a las posibles violaciones que el Reglamento no 530/2008 habría cometido de los principios de proporcionalidad, confianza legítima o propiedad, entre otros. La única tacha que pueda ponerse al referido Reglamento, tras el exhaustivo análisis efectuado por el Tribunal de Justicia en el citado AJD Tuna, es la que concierne al principio de no discriminación por razón de nacionalidad. Los recurrentes se vieron impedidos, y en contra del referido principio, de realizar sus actividades de pesca durante una semana menos que los atuneros cerqueros con pabellón español.
81.
Por tanto, se cumple la condición relativa a la existencia de una norma jurídica violada cuyo objeto es conferir derechos a los particulares y que su violación esté suficientemente caracterizada.
B. Relación de causalidad directa entre la infracción imputable a la Unión y el daño sufrido por la víctima
82.
Asimismo, estimo que existe una relación causal directa entre la infracción imputable a la Unión y el daño sufrido por la víctima, pues es evidente que sólo el Reglamento no 530/2008 es el causante de la interrupción sobrevenida de las actividades de los recurrentes en el asunto C-12/13 P.
83.
No obstante, es importante introducir un matiz que condiciona el alcance de la responsabilidad.
84.
El ilícito causante de un daño a los recurrentes del asunto C‑12/13 P es, como ya se ha expuesto, el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, en vista del trato diferenciado e injustificado entre los atuneros cerqueros de pabellón español y los restantes. Puesto que los atuneros cerqueros españoles disfrutaron de una semana adicional de campaña, los referidos recurrentes se vieron privados de un periodo precioso de actividad del que sí disfrutaron otras embarcaciones.
85.
Puesto que la responsabilidad invocada por los recurrentes se basa en un acto ilícito, y habiendo descartado en el apartado anterior la existencia de otras tachas de ilicitud que afecten al Reglamento no 530/2008, entiendo que únicamente existe un vínculo causal entre el acto constitutivo de la discriminación, es decir, la semana de pesca adicional que disfrutaron los atuneros cerqueros de pabellón español, y el daño sufrido. La discriminación declarada ilícita por el Tribunal de Justicia dejaba en peor posición a los recurrentes únicamente durante una semana, pero no durante la semana siguiente, en la que todos los atuneros, incluidos los españoles, vieron impedida su actividad.
86.
El hecho de que la responsabilidad extracontractual de la Unión se base eminentemente en la ilicitud del daño, tal como la han invocado los recurrentes en este asunto, obliga por tanto a que el vínculo causal se limite a engarzar los hechos ilícitos con los daños sufridos, pero no a otros hechos ajenos al ilícito, por muy unidos que puedan estar a las circunstancias de autos. Puesto que el ilícito constatado afecta a la semana durante la cual los recurrentes se vieron injustificadamente privados de realizar una actividad económica, es éste el periodo temporal relevante a efectos de la responsabilidad extracontractual por ilícito.
87.
Por tanto, propongo al Tribunal de Justicia que circunscriba el vínculo causal al existente en el periodo entre el 16 y el 23 de junio de 2008, en el que el Reglamento no 530/2008 prohibió ilegalmente la actividad pesquera de los recurrentes, a diferencia de los atuneros cerqueros españoles.
88.
En consecuencia, se cumple la condición relativa a la existencia de una relación de causalidad directa entre la infracción imputable a la Unión y el daño sufrido por la víctima, siempre y cuando se circunscriba el daño al periodo transcurrido entre el 16 de junio y el 23 de junio de 2008.
C. Daño real y cierto
89.
Finalmente, es necesario constatar si se ha acreditado la realidad del daño, siendo éste real y cierto.
90.
Como he tenido ocasión de exponer en los puntos 49 a 61 de mis conclusiones en el asunto Giordano/Comisión, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha admitido en reiteradas ocasiones que el carácter cierto de un daño no ha de ser necesariamente absoluto, pudiendo constatarse en el supuesto de una pérdida de oportunidad seria, directamente provocada por un acto ilícito de la Unión. No voy a repetir en este instante lo ya expuesto con detalle en los puntos 38 a 69 de aquellas conclusiones, pero basta con recordar aquí que una pérdida de oportunidad seria constituye un daño real y cierto susceptible de resarcimiento.
91.
Consta en autos que los recurrentes en el asunto C-12/13 P disfrutaban de una licencia de pesca que les permitía realizar una actividad económica hasta el día 30 de junio de 2008. Asimismo, y sin que la Comisión lo haya cuestionado, las cuotas de pesca de armadores como los recurrentes se han agotado en los años precedentes y como regla general.
92.
Además, el hecho de que hubiera indicios serios de que los caladeros sufrirían un agotamiento con anterioridad a la fecha de la campaña no parece haber impedido a los atuneros cerqueros de pabellón español seguir faenando entre el 16 y el 23 de junio de 2008, incluso en las mismas aguas en las que faenan habitualmente los atuneros cerqueros de pabellón francés, como el de los recurrentes en el asunto C-12/13 P.
93.
Precisamente porque la pérdida de oportunidad no cubre el importe íntegro de la ganancia frustrada, los argumentos expuestos por la Comisión simplemente confirman que la probabilidad de los recurrentes de seguir cubriendo cuota durante la semana entre el 16 y el 23 de junio de 2008 no era absoluta, pero en nada desvirtúa el carácter serio de la oportunidad perdida.
94.
Ahora bien, las partes en el proceso de instancia no han tenido oportunidad de debatir en detalle sobre las probabilidades precisas de ganancia de los recurrentes en el asunto C-12/13 P entre los referidos días del año 2008. Esta cuestión, íntimamente ligada a la cuantificación del daño sufrido, no fue debatida en los términos aquí expuestos durante el procedimiento ante el Tribunal General.
95.
En consecuencia, invito al Tribunal de Justicia a que devuelva parcialmente el asunto al Tribunal General, con el objeto de que se pronuncie, a la vista de los argumentos anteriormente expuestos, sobre la cuantificación precisa del daño sufrido por el recurrente.
VII. Costas
A. En el asunto C-12/13 P
96.
A pesar de que se proponga devolver parcialmente el asunto al Tribunal General, considero que la cuestión principal del presente recurso ha quedado resuelta en sus puntos principales. Por tanto, y con arreglo a los artículos 138, apartado 1 y 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, propongo al Tribunal de Justicia que condene al pago de las costas del procedimiento en primera instancia en el asunto T-574/08, de 7 de noviembre de 2012, y del recurso de casación a la Comisión.
B. En el asunto C-13/13 P
97.
Con arreglo al artículo 138, apartado 1 y 184, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha solicitado la condena en costas de los recurrentes y al haber sido desestimados los motivos invocados por éstos, procede condenarles en costas.
VIII. Conclusión
98.
Teniendo en cuenta las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva lo siguiente:
En el asunto C-12/13 P
1)
Anular el dispositivo de la sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2012, Syndicat des thoniers méditerranéens y otros/Comisión (T-574/08), exclusivamente en lo que se refiere al motivo basado en la responsabilidad extracontractual de la Unión Europea por acto ilícito, tal como se desarrolla en los apartados 48 a 66 de la referida sentencia.
2)
Estimar el recurso de responsabilidad extracontractual y declarar la responsabilidad extracontractual de la Unión con motivo de la aprobación del Reglamento no 530/2008 de la Comisión, de 12 de junio de 2008, al haberse probado el cumplimiento de las condiciones constitutivas de la responsabilidad extracontractual prevista en el artículo 340, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
3)
Devolver el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre la cuantificación del daño sufrido por los recurrentes.
4)
Condenar a la Comisión al pago de las costas del procedimiento en primera instancia en el asunto T-574/08, de 7 de noviembre de 2012, y del recurso de casación.
En el asunto C-13/13 P
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar al Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin y Serge Antoine José Perez al pago de las costas del recurso de casación.
(
1
)	Lengua original: español.
(
2
)	Reglamento del Consejo de 7 de mayo de 2007 (DO L 123, p. 3).
(
3
)	Reglamento del Consejo, de 17 de diciembre de 2007 (DO L 340, p. 8).
(
4
)	Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 2002 (DO L 358, p. 59).
(
5
)	Reglamento del Consejo, de 16 de enero de 2008, por el que se establecen, para 2008, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas (DO L 19, p. 1).
(
6
)	Reglamento de 22 de mayo de 2008, que adapta determinadas cuotas de atún rojo en 2008 de conformidad con el artículo 21, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común (DO L 134, p. 11).
(
7
)	Reglamento de la Comisión de 12 de junio de 2008 (DO L 155, p. 9).
(
8
)	Sentencia de 17 de marzo de 2011, (C-221/09, Rec. p. I-1655).
(
9
)	Auto de 7 de septiembre de 2010, (T-532/08, Rec. p. II-3959).
(
10
)	Auto de 7 de septiembre de 2010, (T-539/08, Rec. p. II-4017).
(
11
)	Sentencia de 19 de octubre de 2005 (T-415/03, p. 4355).
(
12
)	Sentencia de 18 de marzo de 1975 (72/74, Rec. p. 401).
(
13
)	En idéntico sentido, la sentencia de 5 de julio de 1984, Société d’initiatives et de coopération agricoles y Société interprofessionnelle des producteurs et expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs d’Ille-et-Vilaine/Comisión (114/83, Rec. p. 2589), apartados 3 a 5.
(
14
)	Sentencia de 4 de octubre de 1979 (238/78, Rec. p. 2955).
(
15
)	En este sentido, véase la sentencia de 27 de enero de 1982, Birra Wührer y otros/Consejo y Comisión (256/80, 257/80, 265/80, 267/80 y 5/81, Rec. p. 85), apartados 8 a 14. En el mismo sentido, véase el auto del Tribunal General de 21 de noviembre de 1996, Syndicat des producteurs de viande bovine y otros/Comisión (T-53/96, Rec. p. II-1579), apartado 11.
(
16
)	Sentencia de 9 de septiembre de 2008, (C-120/06 P y C-121/06 P, Rec. p. I-6513).
(
17
)	Sentencia de 15 de junio de 2000, Dorsch Consult (C-237/98 P, Rec. p. I-4549).
(
18
)	Sentencias Dorsch Consult, antes citada, apartado 19 y FIAMM, antes citada, apartado 169.
(
19
)	Sentencia de 13 de junio de 1972, (9/71 y 11/71, Rec. p. 391), apartado 46.
(
20
)	Sentencia de 6 de diciembre de 1984 (59/83, Rec. 4057), apartado 28.
(
21
)	Sentencia de 24 de junio de 1986 (267/82, Rec. p. 1907), apartado 33.
(
22
)	Sentencia del Tribunal General de 28 de abril de 1998, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft/Consejo y Comisión (T-184/95, Rec. p. II-667), apartado 69.
(
23
)	Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Dorsch Consult, antes citada, «en el supuesto de admitirse en el Derecho comunitario el principio de responsabilidad de la Comunidad por un acto lícito, tal responsabilidad requeriría…» (apartado 18).
(
24
)	Sentencia de 14 de diciembre de 2005 (T-69/00 P, Rec. p. II-5393).
(
25
)	Sentencia antes citada, apartado 176.
(
26
)	Véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión (C-352/98 P, Rec. p. I-5291), apartado 42; de 10 de diciembre de 2002, Comisión/Camar y Tico (C-312/00 P, Rec. p. I-11355), apartado 53, y de 10 de julio de 2003, Comisión/Fresh Marine (C-472/00 P, Rec. p. I-7541), apartado 25.
(
27
)	Véanse, entre otras, las sentencias de 25 de mayo de 1978, HNL y otros/Consejo y Comisión (83/76 y 94/76, 4/77, 15/77 y 40/77, Rec. p. 1209), apartado 5; Ireks-Arkady, antes citada, apartado 11; de 15 de septiembre de 1982 (Kina/CEE, 106/81, Rec. p. 2885), apartados 22 a 25 y de 18 de abril de 1991, Assurances du crédit/Consejo y Comisión (C-63/89, Rec. p. I-1799), apartados 14 a 23.