61985J0355
INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto 355/85 (
*1
)
I — Hechos y procedimiento
1.
De conformidad con la Ley francesa no 81-766, de 10 de agosto de 1981, relativa al precio de los libros, los editores o importadores de libros deberán fijar el precio de venta al público de los libros que editen o importen. Los detallistas deberán vender a un precio efectivo de venta al público situado entre el 95 y 100 % de dicho precio. La Ley establece excepciones a la obligación de respetar dicho precio en favor de determinados organismos privados o públicos, tales como bibliotecas y centros de enseñanza, y autoriza, en determinadas condiciones, ventas de saldos. En caso de infracción de las disposiciones de la mencionada Ley, los competidores y diversos tipos de asociaciones podrán ejercitar acciones de cesación o de indemnización; se prevén, asimismo, procedimientos penales.
Por lo que se refiere a los libros importados, el párrafo 5 del artículo 1 de la ley de 10 de agosto de 1981 dispone que,
«en el caso de que la importación concierna a libros editados en Francia, el precio de venta al público fijado por el importador será, al menos, igual al que haya sido fijado por el editor».
En su sentencia de 10 de enero de 1985 (Association des Centres distributeurs Edouard Ledere y otros contra Société «Au blé vert» y otros, asunto 229/83, Rec. 1985, p. 1), que tenía por objeto una cuestión prejudicial relativa a dicha legislación, el Tribunal de Justicia declaró, en particular, que en el marco de unas normas de tales características las disposiciones
«que, para la venta de libros editados en el propio Estado miembro de que se trate y reimportados tras haber sido previamente exportados a otro Estado miembro, obliguen a respetar el precio de venta fijado por el editor, salvo si se demuestra mediante pruebas objetivas que dichos libros fueron exportados con el único fin de ser reimportados para eludir la aplicación de dichas normas»(traducción provisional), constituyen medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación prohibidas por el artículo 30 del Tratado CEE.
Con posterioridad a dicha sentencia, se añadió, por medio de la Ley no 85-500, de 13 de mayo de 1985, un párrafo sexto al artículo 1 de la Ley de 10 de agosto de 1981; según dicho párrafo, las disposiciones del párrafo 5, antes citado,
«no serán aplicables a los libros importados de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, salvo si mediante pruebas objetivas, particularmente la falta de comercialización efectiva en dicho Estado, se demuestra que la operación tuvo por objeto sustraer la venta al público de las disposiciones del párrafo 4 de este artículo»,
es decir, eludir las disposiciones relativas al precio de venta al público al que deben vender los detallistas.
2.
Ante el Tribunal d'instance de Bressuire, Secretaría de Thouars, se incoaron diligencias penales por infracción de la Ley de 10 de agosto de 1981 contra el Sr. Michel Cognet, gerente de la tienda Centre Leclerc de Thouars. El señor Cognet reconoció que en esta tienda se habían efectuado descuentos del 20 % sobre el precio de venta fijado por el editor con ocasión de la venta de un determinado número de libros, el 4 de junio de 1985, y en su defensa alegó que la distinción hecha por la Ley de 13 de mayo de 1985 entre libros importados y libros franceses era contraria al artículo 7 del Tratado CEE.
El Tribunal d'instance de Bressuire declaró que se desprende de las disposiciones reguladoras del precio de los libros, modificadas tras la sentencia de Tribunal de Justicia de 10 de enero de 1985, que
—
respecto de los libros editados en Francia,
—
el precio se sitúa entre el 95 y el 100 % del precio fijado por el editor, si se venden directamente en Francia, sin importación,
—
el precio es igual al fijado por el editor, si se importan de un Estado que no sea miembro de la Comunidad,
—
el precio es libre si se importan de un Estado miembro,
—
respecto de los libros editados fuera de Francia, el precio de venta es el fijado por el editor o, en su defecto, el precio aconsejado por el editor en el país de edición.
Así pues, el precio de los libros editados en Francia y reimportados de un Estado miembro es libre, mientras que el precio de los libros editados en Francia que no hayan circulado en el exterior está sujeto a un régimen de precios obligatorios. Esto hace recaer sobre los distribuidores franceses los inconvenientes de la competencia exterior, sin permitirles afrontar dicha competencia con medios equivalentes y atenta contra la igualdad de trato entre los comerciantes franceses y los exportadores extranjeros que colocan sus libros en Francia.
El Tribunal d'instance de Bressuire estimó, por tanto, que procedía examinar la compatibilidad de la legislación francesa con las normas del Derecho comunitario. A tal fin, decidió, mediante resolución de 11 de octubre de 1985 y de conformidad con el artículo 177 del Tratado CEE, plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«Los principios comunitarios de igualdad y de no discriminación contenidos, en particular, en la letra f) del artículo 3 y en el artículo 7 del Tratado CEE: ¿prohiben la institución en un Estado miembro, mediante disposiciones legales o reglamentarias, para productos idénticos o similares, de un doble régimen de precios en el sector del comercio del libro, a saber:
—
precios obligatorios, salvo descuento que no puede ser superior al 5 %, para los libros editados y vendidos en dicho Estado, que no hayan franqueado en el curso de su comercialización una frontera intercomunitaria;
—
precios libres, en principio, sin limitación, en particular para los libros editados en Francia y reimportados de un Estado miembro?»
3.
La resolución de remisión se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 19 de noviembre de 1985.
Conforme al artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE, la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por Daniel Jacob, miembro de su Servicio Jurídico, presentó observaciones escritas.
Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba y atribuyó el asunto a la Sala Tercera, en aplicación del apartado 1 del artículo 95 del Reglamento de Procedimiento.
II — Observaciones escritas
Según la Comisión, la Ley de 13 de mayo de 1985 se atiene a la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de enero de 1985.
El artículo 3 del Tratado CEE se refiere a la misión de la Comunidad y constituye un enunciado, sin establecer obligaciones para los Estados miembros, de los artículos específicos del Tratado, es decir, en el caso de la letra f), las «normas sobre la competencia» contenidas en los artículos 85 a 94. Constituye la referencia obligada para la interpretación de dichos artículos, pero no es, por sí mismo, una norma directamente aplicable. Al no ser aplicables las normas sobre la competencia a una legislación como la que se examinaba en la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de enero de 1985, la letra f) del artículo 3 no es pertinente para la solución del proceso principal.
Por lo que se refiere al artículo 7 del Tratado CEE, los «comerciantes franceses» y los «exportadores extranjeros» a los que se refiere el órgano jurisdiccional remitente no intervienen en la misma fase y no se encuentran en situaciones similares; el trato diferente del que son objeto no puede, pues, constituir una discriminación. La diferencia que procede examinar es la de la situación de competencia de los detallistas franceses según que los libros editados en Francia hayan circulado o no en el exterior; no obstante, esta diferencia no constituye, en ningún caso, una discriminación según la nacionalidad.
Más allá del tenor literal del artículo 7, esta diferencia tampoco es contraria a la prohibición general de discriminaciones. A falta de disposiciones específicas del Tratado o de una política común, la discriminación a la inversa no es contraria al Derecho comunitario. En particular, la prohibición de discriminación a la inversa no está consagrada en el ámbito de la libre circulación de mercancías como se desprende, en particular, de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1982 (Waterkeyn, 314 a 316/81 y 83/82, Rec. 1982, p. 4337). El artículo 30 se refiere a los obstáculos al comercio entre los Estados miembros mediante normas que sean desfavorables a los productos importados, y no a las normas que sólo sean de aplicación a los productos nacionales. Al decidir que «la ampliación a los productos importados» de determinadas normativas nacionales es contraria al artículo 30 (véanse, por ejemplo, las sentencias de 16 de diciembre de 1980, Fietje, 27/80, Rec. 1980, p. 3839, y de 19 de febrero de 1981, Kelderman BV, 130/80, Rec. 1981, p. 527), el Tribunal de Justicia ha admitido implícitamente la posibilidad de una «discriminación a la inversa» por el hecho de la aplicación de esas mismas normativas a los productos nacionales.
U. Everling
Juez Ponente
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.