AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
de 24 de septiembre de 2018 (*)
«Recurso de anulación — Política económica y monetaria — Adopción de un dispositivo de resolución respecto del Banco Popular Español — Recurso de anulación — Asociación constituida después de la adopción del acto impugnado — Falta de afectación directa — Inadmisibilidad manifiesta»
En el asunto T‑618/17,
Activa Minoristas del Popular. Asociación para la Tutela de los Inversores Minoristas Afectados por la Resolución, Supervisión y Gestión del Banco Popular, con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. C. Arredondo Díaz, abogado,
parte demandante,
contra
Banco Central Europeo (BCE), representado por los Sres. R. Ugena Torrejón y A. Lefterov, en calidad de agentes,
y
Junta Única de Resolución (JUR), representada inicialmente por los Sres. B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F.B. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch y M. Bettermann y las Sras. L. Baudenbacher y S. Ianc, y posteriormente por los Sres. Meyring, Schelo, Málaga Diéguez, Fernández de Trocóniz Robles, Klupsch y Bettermann, la Sra. Ianc y el Sr. M. Rickert, abogados,
partes demandadas,
que tiene por objeto un recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión SRB/EES/2017/08 de la JUR, de 7 de junio de 2017, relativa a un dispositivo de resolución respecto de Banco Popular Español, S.A.,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),
integrado por el Sr. A.M. Collins, Presidente, y la Sra. M. Kancheva y el Sr. G. De Baere (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
dicta el siguiente
Auto
Antecedentes del litigio, procedimiento y pretensiones de las partes
1        Mediante la Decisión SRB/EES/2017/08 de 7 de junio de 2017 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Junta Única de Resolución (JUR) adoptó un dispositivo de resolución respecto de Banco Popular Español, S.A. Esta Decisión se funda en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1). La Decisión impugnada designa el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como destinatario.
2        Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 8 de septiembre de 2017, la demandante, Activa Minoristas del Popular. Asociación para la Tutela de los Inversores Minoristas Afectados por la Resolución, Supervisión y Gestión del Banco Popular, interpuso el presente recurso.
3        El 27 de febrero de 2018, la JUR presentó su escrito de contestación, en el cual, sin plantear formalmente una excepción de inadmisibilidad en el sentido del artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, adujo que el recurso era inadmisible.
4        Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de febrero de 2018, el Banco Central Europeo (BCE) planteó una excepción de inadmisibilidad con arreglo al artículo 130 del Reglamento de Procedimiento. La demandante presentó sus observaciones sobre dicha excepción el 17 de abril de 2018.
5        Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal los días 15 y 16 de enero y 2 y 26 de febrero de 2018, respectivamente, Banco Santander, S.A., Banco Popular Español, el Reino de España y la Comisión Europea solicitaron intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones del BCE y de la JUR.
6        Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 22 de febrero de 2018, Chavela Inmuebles, S.L., solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones de la demandante.
7        En su recurso, la demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la Decisión impugnada.
–        Con carácter subsidiario, en caso de imposibilidad de anulación de la Decisión impugnada, declare el derecho a obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a causa de dicha Decisión.
–        Condene en costas a las partes demandadas.
8        La JUR solicita al Tribunal General que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso y, en todo caso, lo desestime por infundado.
–        Condene en costas a la demandante.
9        En su excepción de inadmisibilidad, el BCE solicita al Tribunal que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso en todo cuanto le concierne.
–        Condene en costas a la demandante.
10      En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, la demandante fijó los términos de sus pretensiones puntualizando que su recurso tenía por objeto únicamente la anulación de la Decisión impugnada.Solicitó al Tribunal que desestimara la excepción de inadmisibilidad propuesta por el BCE.
11      En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas por el artículo 89 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal instó a la demandante a que respondiera a una pregunta. La demandante dio cumplimiento a dicha petición dentro del plazo señalado.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad del recurso
12      En virtud del artículo 130, apartados 1 y 7, del Reglamento de Procedimiento, si la parte demandada lo solicita, el Tribunal podrá decidir sobre la inadmisión sin entrar en el fondo del asunto.
13      Por otro lado, a tenor del artículo 126 del Reglamento de Procedimiento, cuando conozca de un recurso manifiestamente inadmisible, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
14      En este caso, dado que el BCE ha solicitado que se decida sobre la inadmisión, el Tribunal, estimando que los documentos que obran en autos le proporcionan información suficiente, decide resolver sin continuar el procedimiento.
15      El BCE alega que el recurso es inadmisible en cuanto a él le concierne, dado que, en particular, la demandante no ha acreditado ni su legitimación activa ni su interés en ejercitar la acción. El escrito del recurso no permite inferir si la demandante actúa para la protección de sus propios intereses como asociación o, por el contrario, para la protección de los intereses de sus miembros. En la hipótesis de que la demandante actúe en nombre propio, la Decisión impugnada no la afecta directa e individualmente, por cuanto que aquella fue constituida después de la adopción de esta Decisión.
16      En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, la demandante aduce, en particular, que le asiste el derecho a interponer el presente recurso, puesto que la Decisión impugnada afecta de forma individual y directa a sus fines e intereses. Además, sostiene que no considera necesario, en esta fase del procedimiento, acreditar la identidad de sus miembros.
17      Por otro lado, en respuesta a una pregunta escrita del Tribunal, la demandante ha confirmado que actúa única y exclusivamente en nombre propio y no en el de sus miembros.
18      Así pues, procede determinar si la demandante está legitimada para entablar recurso contra la Decisión impugnada.
19      Con carácter preliminar, ha de señalarse que la demandante es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es la defensa de los intereses de los inversores minoristas afectados por la resolución, la supervisión y la gestión del Banco Popular Español. Por lo tanto, según la jurisprudencia, solo está legitimada para interponer un recurso de anulación en tres supuestos, a saber, primero, cuando representa los intereses de empresas que estarían legitimadas para interponerlo; segundo, cuando se singulariza por la afectación de sus propios intereses en tanto que asociación, en especial porque su posición negociadora se ha visto afectada por el acto cuya anulación se solicita, y tercero, cuando una disposición legislativa le reconoce una serie de facultades de carácter procesal (véase el auto de 10 de febrero de 2017, Acerga/Consejo, T‑153/16, no publicado, EU:T:2017:73, apartado 15 y jurisprudencia citada).
20      En el caso de autos, la demandante alega que la Decisión impugnada la afecta directa e individualmente y que actúa, por tanto, en nombre propio para la protección de sus propios intereses. Así pues, sostiene que se halla en el segundo supuesto mencionado en el apartado anterior.
21      En virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, «toda persona física o jurídica podrá interponer recurso [...] contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución».
22      En el presente asunto, como se ha señalado en el apartado 1 del presente auto, el destinatario de la Decisión impugnada es el FROB. Por lo tanto, la demandante no actúa en calidad de destinataria del referido acto, extremo que, por lo demás, admitió en sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad.
23      El artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, establece dos supuestos en que se reconoce legitimación a una persona física o jurídica para recurrir contra un acto del que no es destinataria. Por una parte, esa persona puede interponer tal recurso a condición de que dicho acto la afecte directa e individualmente. Por otra parte, puede interponer un recurso contra un acto reglamentario que no conlleve medidas de ejecución si este la afecta directamente (sentencias de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, apartado 59, y de 13 de marzo de 2018, European Union Copper Task Force/Comisión, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, apartado 32).
24      A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, para que una persona resulte directamente afectada, como requisito de admisibilidad de un recurso de anulación promovido por una persona física o jurídica contra una decisión de la que no es destinataria, dicha decisión debe surtir efectos directos en la situación jurídica del particular (sentencias de 5 de mayo de 1998, Dreyfus/Comisión, C‑386/96 P, EU:C:1998:193, apartado 43, y de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Ente per le Ville Vesuviane y Ente per le Ville Vesuviane/Comisión, C‑445/07 P y C‑455/07 P, EU:C:2009:529, apartado 45, y auto de 16 de octubre de 2017, Salehi/Comisión, T‑773/16, no publicado, EU:T:2017:739, apartado 27).
25      Pues bien, es indudable que la Decisión impugnada no puede surtir efectos directos en la situación jurídica de la demandante por cuanto que esta última aún no había sido constituida cuando se adoptó la referida Decisión. En efecto, tanto del recurso como de las observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad se infiere que la demandante solicitó su inscripción en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior el 19 de julio de 2017 y que fue inscrita efectivamente en el expresado Registro el 4 de septiembre de 2017, es decir, mucho después del 7 de junio de 2017, fecha de la adopción de la Decisión impugnada.
26      A falta de afectación directa de la demandante, procede concluir que el recurso, en tanto en cuanto emana de esta última, no cumple los requisitos acumulativos enunciados en relación con el primer supuesto mencionado en el apartado 23 del presente auto, de modo que la demandante no puede alegar legitimación activa en virtud de dicho supuesto, sin que sea necesario pronunciarse sobre si la Decisión impugnada constituye un acto reglamentario que no incluye medidas de ejecución en el sentido del segundo supuesto evocado en el apartado 23 del presente auto. El concepto de afectación directa es objeto de una interpretación idéntica en lo concerniente a los referidos dos supuestos [sentencias de 25 de octubre de 2011, Microban International Microban (Europe)/Comisión, T‑262/10, EU:T:2011:623, apartados 31 y 32, y de 14 de enero de 2016, Doux/Comisión, T‑434/13, no publicada, EU:T:2016:7, apartado 36].
27      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el presente recurso por ser manifiestamente inadmisible. En consecuencia, no ha lugar a pronunciarse sobre los otros motivos de inadmisibilidad planteados por el BCE.
Sobre las demandas de intervención
28      Conforme al artículo 144, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando el demandado presente una excepción de inadmisibilidad o de incompetencia, contemplada en el artículo 130, apartado 1, del mismo Reglamento, no se decidirá sobre la demanda de intervención hasta que la excepción haya sido rechazada o unida al examen del fondo. Por otro lado, a tenor del artículo 142, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la intervención será accesoria con respecto al litigio principal y quedará sin objeto, en particular, cuando se declare la inadmisibilidad de la demanda.
29      En este caso, puesto que se ha declarado inadmisible el recurso en su totalidad, no ha lugar a resolver sobre las demandas de intervención.
Costas
30      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la JUR y el BCE.
31      Por otro lado, con arreglo al artículo 144, apartado 10, del Reglamento de Procedimiento, Banco Santander, Banco Popular Español, el Reino de España, la Comisión y Chavela Inmuebles cargarán con sus propias costas relativas a sus demandas de intervención.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
resuelve:
1)      Desestimar el recurso.
2)      No ha lugar a pronunciarse sobre las demandas de intervención de Banco Santander, S.A., Banco Popular Español, S.A., el Reino de España, la Comisión Europea y Chavela Inmuebles, S.L.
3)      Condenar en costas a Activa Minoristas del Popular. Asociación para la Tutela de los Inversores Minoristas Afectados por la Resolución, Supervisión y Gestión del Banco Popular, a excepción de las relativas a las demandas de intervención.
4)      Banco Santander, Banco Popular Español, el Reino de España, la Comisión y Chavela Inmuebles cargarán con sus propias costas relativas a sus demandas de intervención.
Dictado en Luxemburgo, a 24 de septiembre de 2018.
El Secretario
El Presidente
E. Coulon
A.M. Collins
*      Lengua de procedimiento: español.