Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 18 de septiembre de 2025 (1)
Asunto C‑95/24 [Khuzdar] (i)
ATAU
Procedimiento penal
con intervención de:
Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte di appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles, Italia)]
« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea — Procedimiento de entrega entre Estados miembros — Motivos de no ejecución facultativa — Artículo 4, punto 6 — Compromiso del Estado miembro de ejecución de ejecutar la pena de conformidad con su Derecho interno — Decisión Marco 2008/909/JAI — Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución de la sentencia condenatoria — Artículo 9, apartado 1, letra i) — Persona que no ha comparecido en el juicio del que deriva la resolución — Excepciones — Requisito relativo al conocimiento de la celebración prevista del juicio — Información de la fecha y el lugar previstos para el juicio — Fuga de la persona en cuestión — Renuncia voluntaria e inequívoca de la persona en cuestión a comparecer en su juicio — Margen de apreciación de la autoridad competente del Estado miembro de ejecución — Obligación de interpretación conforme »
I.      Introducción
1.        El derecho a un juicio justo es uno de los principios básicos de una sociedad democrática. El derecho de los sospechosos y acusados a estar presentes en el juicio se basa en ese derecho y debe garantizarse en toda la Unión Europea. (2) Sin embargo, este derecho no es absoluto. En determinadas circunstancias, los sospechosos y acusados han de poder renunciar a ese derecho, de manera expresa o tácita, pero siempre inequívoca. (3)
2.        En este contexto, la presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, (4) así como de los artículos 9, apartado 1, letra i), y 25 de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, (5) en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299. (6)
3.        Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento relativo a la ejecución en Italia de una sentencia dictada en Eslovaquia por la que se impuso una pena privativa de libertad a una persona que se dio a la fuga antes de que se celebrara su juicio.
4.        El presente asunto invita, en particular, al Tribunal de Justicia a precisar qué debe entenderse por la expresión «teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio», que figura en el artículo 9, apartado 1, letra i), inciso ii), de la Decisión Marco 2008/909, así como el margen de apreciación de que disponen las autoridades competentes al aplicar el motivo para el no reconocimiento y la no ejecución mencionado en el artículo 9, apartado 1, letra i), de esta Decisión Marco. He de subrayar, a este respecto, que este asunto se inscribe en un contexto fáctico que presenta algunas diferencias respecto al del asunto Höldermann (C‑447/24), en el que también presento mis conclusiones en el día de hoy. (7) En particular, contrariamente a dicho asunto, el presente versa sobre la ejecución de una orden de detención europea.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
1.      Decisión Marco 2002/584
5.        El artículo 4 de la Decisión Marco 2002/584, titulado «Motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea», dispone en su punto 6:
«La autoridad judicial de ejecución podrá denegar la ejecución de la orden de detención europea:
[…]
6)      cuando la orden de detención europea se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad contra una persona buscada que sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él y este se comprometa a ejecutar él mismo dicha pena o medida de seguridad de conformidad con su Derecho interno».
6.        El artículo 4 bis de esta Decisión Marco, titulado «Resoluciones dictadas a raíz de un juicio celebrado sin comparecencia del imputado», establece en su apartado 1:
«La autoridad judicial de ejecución también podrá denegar la ejecución de la orden de detención europea a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad cuando el imputado no haya comparecido en el juicio del que derive la resolución, a menos que en la orden de detención europea conste, con arreglo a otros requisitos procesales definidos en la legislación nacional del Estado miembro de emisión, que el imputado:
a)      con suficiente antelación:
i)      o bien fue citado en persona e informado así de la fecha y el lugar previstos para el juicio del que se deriva esa resolución, o bien recibió efectivamente por otros medios, de tal forma que pueda establecerse sin lugar a dudas que tenía conocimiento de la celebración prevista del juicio, información oficial de la fecha y lugar previstos para el mismo,
y
ii)      fue informado de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia,
o
b)      teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, dio mandato a un letrado, bien designado por él mismo o por el Estado, para que le defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendido por dicho letrado en el juicio,
o
c)      tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso —en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios—, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial:
i)      declaró expresamente que no impugnaba la resolución,
o
ii)      no solicitó un nuevo juicio ni interpuso un recurso dentro del plazo establecido,
o
d)      no se le notificó personalmente la resolución, pero:
i)      se le notificará sin demora tras la entrega y será informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial,
y
ii)      será informado del plazo en el que deberá solicitar el nuevo juicio o interponer el recurso, tal como conste en la correspondiente orden de detención europea.»
2.      Decisión Marco 2008/909
7.        El artículo 9 de la Decisión Marco 2008/909, titulado «Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución», establece en su apartado 1, letra i):
«La autoridad competente del Estado de ejecución podrá denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena en los siguientes casos:
[…]
i)      según el certificado previsto en el artículo 4, el imputado no compareció en el juicio del que deriva la resolución, salvo que en dicho certificado conste que el imputado, con arreglo a otros requisitos procesales definidos en la legislación nacional del Estado de emisión:
i)      con suficiente antelación:
–        fue citado en persona e informado así del lugar y la fecha previstos para el juicio del que deriva la resolución, o recibió efectivamente por otros medios, de tal forma que pueda establecerse sin lugar a dudas que el imputado tenía conocimiento del juicio previsto, información oficial de la fecha y lugar previstos para el mismo,
y
–        fue informado de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia,
o
ii)      teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, dio mandato a un letrado, bien designado por él mismo o por el Estado, para que le defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendido por dicho letrado en el juicio,
o
iii)      tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso —en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios—, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial:
–        declaró expresamente que no impugnaba la resolución
o
–        no solicitó un nuevo juicio ni interpuso un recurso dentro del plazo establecido».
8.        El artículo 25 de esta Decisión Marco tiene el siguiente tenor:
«Sin perjuicio de la Decisión Marco [2002/584], lo dispuesto en la presente Decisión Marco se aplicará, mutatis mutandis y en la medida en que sea compatible con lo dispuesto en dicha Decisión Marco, a la ejecución de condenas cuando un Estado miembro se comprometa a ejecutar la condena en virtud del artículo 4, [punto] 6, de dicha Decisión Marco, o cuando un Estado miembro, en aplicación del artículo 5, [punto] 3, de la citada Decisión Marco, haya impuesto la condición de que la persona condenada sea devuelta para cumplir la condena en el Estado miembro de que se trate, a fin de impedir la impunidad de la persona de que se trate.»
B.      Derecho italiano
9.        El artículo 6, apartado 1 bis, letra b), de la legge n.º 69 — Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Ley n.º 69, por la que se establecen disposiciones de adaptación del Derecho interno a la Decisión Marco [2002/584]), de 22 de abril de 2005, (8) en su versión aplicable al litigio principal, dispone:
«Cuando se haya dictado a efectos de la ejecución de una pena o de una medida privativa de libertad adoptadas a raíz de un juicio en el que el interesado no haya comparecido, la orden de detención europea deberá […] contener, como mínimo, una de las siguientes condiciones:
[…]
b)      el interesado, informado del procedimiento incoado contra él, estuvo representado en el juicio del que deriva la citada resolución por un letrado, bien designado por él mismo o por el Estado.»
10.      A tenor del artículo 18 bis, apartado 2, de dicha Ley:
«Si la orden de detención europea se ha emitido a efectos de la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad, la corte di appello [(Tribunal de Apelación, Italia)] podrá denegar la entrega de un nacional italiano o de una persona que resida o habite legal y efectivamente de forma continua en el territorio italiano desde al menos cinco años, […] a condición de que ordene que la pena o la medida de seguridad privativas de libertad sea ejecutada en Italia conforme al Derecho interno.»
11.      El artículo 13 del decreto legislativo n.º 161 — Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (Decreto Legislativo n.º 161/2010, por el que se establecen disposiciones de adaptación del Derecho interno a la Decisión Marco [2008/909]), de 7 de septiembre de 2010, (9) en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.º 161/2010»), prevé en su apartado 1, letra i):
«La corte di appello [(Tribunal de Apelación)] denegará el reconocimiento de la sentencia condenatoria en cualquiera de los supuestos siguientes:
[…]
i)      si el imputado no compareció en el juicio del que deriva la resolución que ha de ejecutarse, salvo que en el certificado conste:
1)      que, con antelación suficiente, fue citado en persona y, por tanto, fue informado del lugar y la fecha previstos para el juicio o que fue informado oficialmente al respecto por otros medios que permitan establecer sin lugar a dudas que tenía conocimiento de ello, y que fue informado de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia;
2)      o que, teniendo conocimiento de la fecha prevista para el juicio, dio mandato a un abogado defensor, de su confianza o designado de oficio, que le asistió efectivamente en el juicio;
3)      o que, tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso, en el que tendría derecho a comparecer para que se examinara de nuevo el fondo de la imputación, incluida la posibilidad de presentar nuevas pruebas, declaró expresamente que no impugnaba la resolución o no solicitó un nuevo juicio ni interpuso recurso dentro del plazo establecido.»
12.      El artículo 24 del Decreto Legislativo n.º 161/2010 establece que, en caso de que la corte di appello [(Tribunal de Apelación)] deniegue la entrega solicitada mediante una orden de detención europea basada en una sentencia penal condenatoria y ordene la ejecución de la condena en el territorio italiano, deberá, cuando se cumplan los requisitos, reconocer simultáneamente para su ejecución en Italia la sentencia penal condenatoria extranjera en la que se basa la orden de detención europea.
III. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
13.      El 5 de octubre de 2015, el Okresný súd Dunajská Streda (Tribunal Comarcal de Dunajská Streda, Eslovaquia) emitió una orden de detención europea a efectos de la ejecución de una sentencia penal condenatoria dictada contra ATAU por dicho órgano jurisdiccional el 23 de agosto de 2010, (10) por la que se le condenaba a una pena de prisión de cinco años. Este último fue encontrado y detenido en Italia el 19 de junio de 2023.
14.      La Corte di appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente, debe examinar la solicitud de entrega presentada por las autoridades judiciales eslovacas mediante dicha orden de detención europea. Indica que levantó la medida cautelar coercitiva de arresto domiciliario que le fue impuesta a ATAU el 20 de junio de 2023.
15.      Durante el procedimiento sustanciado ante dicho órgano jurisdiccional, ATAU declaró y acreditó que residía de forma legal y efectiva en Italia desde hacía más de cinco años. En consecuencia, solicitó a dicho órgano jurisdiccional que denegara su entrega y que, mediante el reconocimiento de la sentencia de 23 de agosto de 2010, ordenara la ejecución en Italia de la pena a la que había sido condenado.
16.      Con el fin de examinar esta solicitud, el órgano jurisdiccional remitente pidió a las autoridades eslovacas que completaran el certificado enviado anteriormente especificando las garantías procesales aplicadas a ATAU.
17.      Mediante escrito de 2 de noviembre de 2023, el Okresný súd Dunajská Streda (Tribunal Comarcal de Dunajská Streda) respondió que ATAU no había comparecido en el procedimiento que dio lugar a la sentencia de 23 de agosto de 2010. No obstante, estuvo asistido y representado en el juicio por un abogado. Además, aunque nunca había sido informado de la fecha y del lugar de celebración del juicio, tenía conocimiento del proceso pendiente contra él. En efecto, había sido detenido y se había decretado su prisión provisional en Eslovaquia el 28 de septiembre de 2009 por el mismo delito y, el 15 de diciembre de 2009, había sido puesto en libertad e internado en un campo de refugiados en territorio eslovaco. Posteriormente, se dio a la fuga, sin regresar ni comunicar un domicilio a efectos de notificaciones, de modo que no había sido posible informarle de la fecha y del lugar de celebración del juicio, ni de que la resolución se dictaría incluso en caso de incomparecencia.
18.      El órgano jurisdiccional remitente explica, en un primer momento, que, según el Derecho italiano, en caso de que el tribunal de apelación decida denegar la entrega y ordenar la ejecución en Italia de una sentencia penal condenatoria dictada en el extranjero, deberá reconocer la sentencia, lo que solo podrá hacer cuando concurran los requisitos para el reconocimiento. Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente considera que este no es el caso en el presente asunto. En efecto, dicho órgano jurisdiccional recuerda que ATAU no ha recibido la información contemplada en el artículo 13, apartado 1, letra i), del Decreto Legislativo n.º 161/2010, en particular la fecha y el lugar de celebración del juicio.
19.      En un segundo momento, el órgano jurisdiccional remitente subraya que, con arreglo al Derecho italiano, la entrega del condenado, sobre la base de una orden de detención europea, se admite con la mera condición de que este haya sido informado de que existía un proceso contra él y de que haya estado representado en el juicio por un letrado. En cambio, se admite el reconocimiento de una sentencia condenatoria en Italia con la condición más estricta de que el condenado, asistido por un letrado, haya sido informado de la fecha fijada para el juicio.
20.      En consecuencia, del Derecho italiano se desprende que ATAU podría ser entregado a las autoridades eslovacas, ya que fue informado de que existía un procedimiento pendiente contra él y estuvo asistido por un letrado, pero que, a pesar de que reside efectivamente en territorio italiano desde hace más de cinco años y de que ha solicitado que su pena sea ejecutada en Italia, no sería posible negarse a proceder a su entrega ordenando la ejecución de la pena en territorio italiano, puesto que no ha sido informado de la fecha fijada para el juicio.
21.      Según el órgano jurisdiccional remitente, esto tendría paradójicamente como consecuencia que el hecho de que la garantía procesal prevista para el condenado en materia de reconocimiento de una sentencia condenatoria sea mayor que la prevista para él en lo que atañe a su entrega en ejecución de una orden de detención europea jugaría en su contra y no en su favor. La distinción contenida en el Derecho italiano conduciría, además, a la conclusión paradójica de que la misma sentencia condenatoria no puede ser reconocida en Italia para su ejecución, mientras que puede dar lugar a una orden de detención europea que habría que ejecutar.
22.      Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el Derecho de la Unión puede interpretarse en el sentido de que la entrega puede denegarse, tras el reconocimiento de la sentencia para que la pena se cumpla en el Estado miembro de ejecución, aun cuando no se haya concedido la garantía procesal prevista para dicho reconocimiento (ser informado de la fecha fijada para el juicio), pero sí la garantía procesal prevista para la entrega en virtud de la orden de detención europea (ser informado de que existe un procedimiento).
23.      Además, dicho órgano jurisdiccional señala que el Derecho italiano, en particular el artículo 13, apartado 1, letra i), del Decreto Legislativo n.º 161/2010, prevé que, cuando el condenado no haya sido informado de la fecha del juicio, el órgano jurisdiccional nacional «denegará el reconocimiento» (11) de la sentencia. En cambio, el Derecho de la Unión, en particular el artículo 9, apartado 1, letra i), de la Decisión Marco 2008/909, dispone que, en tal caso, el juez del Estado de ejecución «podrá denegar el reconocimiento» (12) de la sentencia. Por consiguiente, mientras que, en virtud del Derecho italiano, el tribunal de apelación estaría obligado a denegar el reconocimiento de la sentencia, en virtud del Derecho de la Unión, el tribunal de apelación tendría la facultad, pero no la obligación, de denegar tal reconocimiento.
24.      Así pues, en el presente asunto, aplicando el Derecho italiano, no sería posible reconocer la sentencia de 23 de agosto de 2010 a efectos de su ejecución en Italia porque ATAU no fue informado de la fecha prevista para el juicio, de modo que el órgano jurisdiccional remitente debería entregarlo a la República Eslovaca, aun cuando tenga derecho a cumplir su pena en Italia y así lo haya solicitado. En cambio, al aplicar el Derecho de la Unión, dicho órgano jurisdiccional dispondría de una facultad de apreciación para reconocer o no la sentencia condenatoria extranjera y para denegar la entrega y ordenar la ejecución de la pena en Italia.
25.      En estas circunstancias, la Corte di appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«¿Deben interpretarse las disposiciones combinadas [del] artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco [2002/584] [y de los] artículos 9, apartado 1, letra i), y 25 de la Decisión Marco [2008/909] en el sentido de que:
a)      el juez del Estado de ejecución, al que se solicita el reconocimiento de una sentencia penal condenatoria y ejecutoria extranjera, tiene la facultad discrecional, y no la obligación, de denegar el reconocimiento de la sentencia, cuando conste que, en el proceso que concluyó con dicha sentencia, no se ofreció al imputado ninguna de las garantías procesales previstas en el artículo 9, apartado 1, letra i), de la Decisión Marco [2008/909];
b)      el juez del Estado de ejecución, al que se solicita ordenar la entrega en virtud de una orden de detención europea emitida para ejecutar una sentencia, cuando concurran conjuntamente los requisitos para ordenar la entrega del condenado al Estado de condena y los requisitos para denegar dicha entrega ordenando al mismo tiempo la ejecución de la pena en el territorio del Estado de ejecución, tiene la facultad de denegar la entrega, reconocer la sentencia y ordenar la ejecución de la misma en su territorio, aun cuando, en el proceso que concluyó con la sentencia reconocida, no se haya ofrecido al imputado ninguna de las garantías procesales previstas en el artículo 9, apartado 1, letra i), de la Decisión Marco [2008/909]?»
26.      ATAU, los Gobiernos italiano y rumano y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas y participaron en la vista celebrada el 15 de mayo de 2025, en la que respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para su respuesta oral.
IV.    Apreciación
A.      Sobre la admisibilidad
27.      El Gobierno italiano considera que la petición de decisión prejudicial es inadmisible debido a su carácter hipotético, en la medida en que, al solicitar el reconocimiento de la sentencia condenatoria en Italia, ATAU habría aceptado la condena dictada en su ausencia. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de ejecución estaría obligado a reconocer esa sentencia a efectos de la ejecución de la pena en Italia. A este respecto, dicho Gobierno hace referencia al artículo 13, apartado 1, letra i), punto 3, del Decreto Legislativo n.º 161/2010, que transpone al Derecho italiano el artículo 9, apartado 1, letra i), inciso iii), de la Decisión Marco 2008/909. En efecto, de esta disposición se desprende que la autoridad competente del Estado miembro de ejecución no podrá denegar el reconocimiento de la sentencia condenatoria y la ejecución de la pena cuando, tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso, en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución que anulara la inicial, el interesado haya declarado expresamente que no impugnaba la resolución o no haya solicitado un nuevo juicio ni interpuesto recurso dentro del plazo establecido.
28.      La cuestión de si la circunstancia de que el condenado haya solicitado al Estado miembro de condena que su pena se ejecute en otro Estado miembro corresponde al supuesto contemplado en el artículo 9, apartado 1, letra i), inciso iii), de la Decisión Marco 2008/909 se refiere al fondo y no a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial. Por otra parte, ha de señalarse que esta cuestión ha sido planteada por el órgano jurisdiccional remitente en el asunto Höldermann (C‑447/24). Por lo tanto, me remito a este respecto a mis conclusiones presentadas en el día de hoy en dicho asunto.
B.      Sobre el fondo
29.      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que propongo examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia que declare si el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584 y los artículos 9, apartado 1, letra i), y 25 de la Decisión Marco 2008/909 deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de la aplicación del motivo de no ejecución facultativa de una orden de detención europea, mencionado en la primera de estas disposiciones, cuando la persona que es objeto de tal orden no ha comparecido en su juicio, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución tiene la facultad, y no la obligación, de denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena cuando no sea aplicable ninguna de las excepciones previstas en la segunda de dichas disposiciones.
30.      Entre los motivos de no ejecución facultativa de una orden de detención europea, ha de recordarse que el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584 establece que la autoridad judicial de ejecución podrá denegar la ejecución de una orden de detención europea cuando esta se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad contra una persona buscada que sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él y este se comprometa a ejecutar él mismo dicha pena o medida de seguridad de conformidad con su Derecho interno.
31.      El Tribunal de Justicia ha declarado que del empleo del verbo «poder» se desprende que la autoridad judicial de ejecución debe disponer de un margen de apreciación, en particular para tener en cuenta el objetivo de esta disposición, que consiste en aumentar las oportunidades de reinserción social de la persona reclamada una vez cumplida la pena a la que haya sido condenada. (13)
32.      Así pues, la aplicación del motivo de no ejecución facultativa de la orden de detención europea previsto en dicha disposición está supeditada al cumplimiento de dos requisitos, a saber, por una parte, que la persona buscada sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él y, por otra parte, que este Estado se comprometa a ejecutar, de conformidad con su Derecho interno, la pena o la medida de seguridad para la que se ha dictado la orden de detención europea. (14)
33.      Por lo que respecta al primero de estos requisitos, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una persona buscada «reside» en el Estado miembro de ejecución cuando ha establecido su residencia real en este Estado y «habita» en él cuando, a raíz de una permanencia estable de cierta duración en ese Estado miembro, ha creado vínculos con dicho Estado que tengan fuerza similar a los resultantes de una residencia. (15)
34.      Por lo que respecta al segundo de los citados requisitos, del tenor del artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584 resulta que toda denegación de ejecutar una orden de detención europea presupone un verdadero compromiso del Estado miembro de ejecución de ejecutar la pena privativa de libertad dictada contra la persona buscada. En la medida en que esta persona haya sido condenada en el Estado miembro de emisión, ello implica necesariamente que las autoridades del Estado miembro de ejecución reconocen la sentencia condenatoria dictada contra dicha persona conforme a las disposiciones de la Decisión Marco 2008/909. (16) Así pues, el mero hecho de que este Estado se declare «dispuesto» a que se ejecute esa pena no puede considerarse justificativo de tal denegación. De ello resulta que toda denegación de ejecutar una orden de detención europea debe estar precedida por la verificación, por parte de la autoridad judicial de ejecución, de la posibilidad de ejecutar realmente la pena de conformidad con su Derecho interno. (17)
35.      Así pues, es preciso garantizar que la facultad de la autoridad judicial de ejecución de denegar la ejecución de la orden de detención europea solo se ejerza a condición de que se garantice la ejecución efectiva en el Estado miembro de ejecución de la pena dictada contra la persona buscada, de modo que se consiga una solución conforme con la finalidad perseguida por la Decisión Marco 2002/584. (18)
36.      A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909, «sin perjuicio de la Decisión Marco [2002/584], lo dispuesto en la presente Decisión Marco se aplicará, mutatis mutandis y en la medida en que sea compatible con lo dispuesto en dicha Decisión Marco, a la ejecución de condenas cuando un Estado miembro se comprometa a ejecutar la condena en virtud del artículo 4, [punto] 6, de dicha Decisión Marco, o cuando un Estado miembro, en aplicación del artículo 5, [punto] 3, de la citada Decisión Marco, haya impuesto la condición de que la persona condenada sea devuelta para cumplir la condena en el Estado miembro de que se trate, a fin de impedir la impunidad de la persona de que se trate». El Tribunal de Justicia ha indicado, en particular, que la vinculación prevista por el legislador de la Unión entre la Decisión Marco 2002/584 y la Decisión Marco 2008/909 debe contribuir a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social de la persona en cuestión y que tal reinserción redunda en interés no solo del condenado, sino también de la Unión Europea en general. (19)
37.      Desde esta perspectiva, el considerando 12 de la Decisión Marco 2008/909 enuncia que esta «se aplicará también, mutatis mutandis, a la ejecución de condenas en los supuestos contemplados en el artículo 4, [punto] 6, y en el artículo 5, [punto] 3, de la Decisión Marco [2002/584]. Ello implica, entre otras cosas, que, no obstante lo dispuesto en dicha Decisión Marco, el Estado de ejecución podrá verificar si existen motivos de denegación conforme a lo previsto en el artículo 9 de la presente Decisión Marco […] como condición para reconocer y ejecutar la sentencia, con vistas a estudiar si opta por entregar al condenado o ejecutar la sentencia en los casos que se ajusten al artículo 4, [punto] 6, de la Decisión Marco [2002/584]». Por consiguiente, el legislador de la Unión pone el acento, a modo de ejemplo, en la comprobación por el Estado miembro de ejecución de la existencia de motivos de no reconocimiento y de no ejecución previstos en el artículo 9 de la Decisión Marco 2008/909.
38.      En el marco del presente asunto, esta comprobación se refiere al motivo de no reconocimiento y de no ejecución previsto en el artículo 9, apartado 1, letra i), de esta Decisión Marco. En efecto, la existencia de tal motivo podría obstaculizar la aplicación del motivo de no ejecución facultativa de la orden de detención europea, previsto en el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584. Dicho de otro modo, la denegación de la ejecución de la orden de detención europea basada en el artículo 4, punto 6, de esta Decisión Marco supone que la pena pueda ejecutarse en el Estado miembro de ejecución, lo que no sucede si la autoridad judicial de ejecución considera que es aplicable el motivo de no reconocimiento y de no ejecución previsto en el artículo 9, apartado 1, letra i), de la Decisión Marco 2008/909. En este contexto, la interpretación del artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584 debe tener por objeto garantizar tanto el objetivo consistente en facilitar la reinserción social del condenado como el de luchar contra la impunidad. Al mismo tiempo, la consideración del motivo de no reconocimiento y de no ejecución mencionado en el artículo 9, apartado 1, letra i), de la Decisión Marco 2008/909 también debe llevar a tener en cuenta el derecho del interesado a comparecer en su juicio.
39.      En efecto, esta disposición establece un motivo facultativo para el no reconocimiento de una sentencia transmitida por otro Estado miembro y de no ejecución de la pena impuesta por este, cuando el condenado no haya comparecido en el juicio del que deriva la resolución condenatoria. No obstante, esta facultad está acompañada de tres excepciones, enumeradas en los incisos i) a iii) de dicha disposición, que privan a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución de la posibilidad de denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia que se le transmita.
40.      Las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se basan en varias consideraciones.
41.      En primer lugar, la República Italiana ha transpuesto a su Derecho nacional de manera diferente el artículo 4 bis, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco 2002/584 y el artículo 9, apartado 1, letra i), inciso ii), de la Decisión Marco 2008/909, pese a que estas disposiciones están redactadas de manera idéntica. En efecto, mientras que, en el primer caso, en Derecho italiano se exige que el interesado haya sido informado del procedimiento incoado contra él, en el segundo caso se exige que el interesado haya tenido conocimiento de la fecha prevista para el juicio.
42.      En segundo lugar, habida cuenta de esta última exigencia, la excepción que impide a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución invocar el motivo de no reconocimiento y de no ejecución mencionado en el artículo 9, apartado 1, letra i), inciso ii), de la Decisión Marco 2008/909 no es aplicable en el presente asunto. En efecto, ATAU no tuvo conocimiento de la fecha y el lugar de celebración del juicio.
43.      En tercer lugar, en la medida en que esta excepción no es aplicable, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución está obligada, en virtud del Derecho italiano, a denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena. Dado que, en consecuencia, no puede aplicarse el motivo de no ejecución facultativa de la orden de detención europea, ATAU debe ser entregado a las autoridades eslovacas para la ejecución de su pena.
44.      A la vista de las consideraciones efectuadas por el órgano jurisdiccional remitente, procede examinar, en primer término, si el requisito relativo al conocimiento de la celebración prevista del juicio, que figura en el artículo 9, apartado 1, letra i), inciso ii), de la Decisión Marco 2008/909, exige que se informe al interesado de la fecha y del lugar de celebración del juicio. En segundo término, ha de determinarse si, cuando no se cumple este requisito, el Derecho nacional puede obligar a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución a denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena.
1.      El conocimiento de la celebración prevista del juicio requiere que se informe al interesado de la fecha y del lugar de celebración del juicio
45.      Por las razones que he expuesto en mis conclusiones en el asunto Höldermann (C‑447/24), presentadas en el día de hoy y a las que me remito, considero que el requisito relativo al conocimiento de la celebración prevista del juicio, mencionado en el artículo 9, apartado 1, letra i), inciso ii), de la Decisión Marco 2008/909, exige que se informe al interesado de la fecha y del lugar de celebración del juicio. Habida cuenta de la diferente transposición al Derecho italiano de esta disposición y del artículo 4 bis, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco 2002/584, debo precisar que, en mi opinión, esta diferencia no tiene razón de ser, ya que considero que, en la medida en que el tenor de estas dos disposiciones es idéntico, debe adoptarse la misma interpretación por lo que respecta a esta última disposición.
2.      Comprobación de los requisitos previstos en el artículo  9, apartado  1, letra i), inciso ii), de la Decisión Marco 2008/909
a)      Sobre el primer requisito: casos en los que se considera que el interesado ha recibido información suficiente
46.      Para comprobar si se cumple el primer requisito establecido en el artículo 9, apartado 1, letra i), inciso ii), de la Decisión Marco 2008/909, me parece pertinente tener en cuenta la jurisprudencia relativa a la Directiva 2016/343. En efecto, en este contexto, el Tribunal de Justicia ha identificado situaciones en las que debe considerarse que el interesado ha sido informado de la celebración del juicio.
47.      Así pues, para comprobar si se cumple el primer requisito que figura en el artículo 8, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2016/343, el Tribunal de Justicia ha indicado que, como se desprende del considerando 38 de dicha Directiva, debe prestarse especial atención a la diligencia de las autoridades públicas en informar al interesado de la celebración de ese juicio, por una parte, y a la diligencia de esta persona en recibir la información relativa al juicio, por otra. Por consiguiente, según el Tribunal de Justicia, son pertinentes a efectos de la apreciación del mencionado requisito posibles indicios precisos y objetivos de que esa persona, pese a haber sido informada oficialmente de que se la acusa de haber cometido un delito y sabiendo así que iba a celebrarse un juicio contra ella, evita deliberadamente recibir oficialmente información relativa a la fecha y el lugar del juicio. La existencia de tales indicios precisos y objetivos puede constatarse, por ejemplo, cuando esa persona ha comunicado deliberadamente una dirección errónea a las autoridades nacionales competentes o ya no se encuentra en la dirección que les ha comunicado. (20) Así pues, el hecho de que el interesado haya impedido deliberadamente al Estado informarle constituye una circunstancia pertinente a fin de determinar el carácter suficiente de la información que se le ha transmitido.
48.      El Tribunal de Justicia ha declarado que podrá considerarse que una persona condenada en rebeldía ha dispuesto de información suficiente para saber que iba a celebrarse un juicio en su contra si ha recibido un escrito de acusación preliminar cuyo contenido se corresponde, por lo que respecta a los hechos imputados y a su calificación jurídica, con el contenido del escrito de acusación definitivo finalmente formulado contra ella. (21)
49.      De ello se infiere que, cuando la persona de que se trate se ha dado a la fuga tras haber recibido un escrito de acusación preliminar, los Estados miembros pueden considerar que el envío oportuno, por las autoridades competentes, del documento oficial en el que se indique la fecha y el lugar del juicio a la dirección que el interesado ha comunicado a esas autoridades durante la instrucción del asunto y la prueba de que ese documento se ha entregado efectivamente en esa dirección equivalen a haber informado a esa persona de tales fecha y lugar, en el sentido del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2016/343. Sin embargo, solo puede ser así si las autoridades han realizado esfuerzos razonables para localizar a esa persona y citarla personalmente o informarla oficialmente, de otro modo, de la fecha y del lugar del juicio, como se contempla en el considerando 36 de dicha Directiva. En este supuesto, debe considerarse que el interesado ha sido informado del juicio. (22) La falta de diligencia de la persona de que se trate, debido a su fuga, puede dar lugar así a la ficción jurídica de que fue debidamente informado de la fecha y del lugar del juicio.
50.      Habida cuenta de estos elementos, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si debe considerarse que ATAU fue informado de la fecha y del lugar del juicio. A tal fin, deberá identificar posibles indicios precisos y objetivos de que ATAU, pese a haber sido informado oficialmente de que se le acusaba de haber cometido un delito y sabiendo así que iba a celebrarse un juicio contra él, evitó deliberadamente recibir oficialmente información relativa a la fecha y el lugar del juicio.
51.      Desde esta perspectiva, ha de recordarse que, según las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente, aunque nunca había sido informado de la fecha y del lugar de celebración del juicio, ATAU tenía conocimiento del proceso pendiente contra él. En efecto, había sido detenido y se había decretado su prisión provisional en Eslovaquia el 28 de septiembre de 2009 por el mismo delito y, el 15 de diciembre de 2009, había sido puesto en libertad e internado en un campo de refugiados en territorio eslovaco. Posteriormente, se dio a la fuga, sin regresar ni comunicar un domicilio a efectos de notificaciones, de modo que no había sido posible informarle de la fecha y del lugar de celebración del juicio, ni de que la resolución se dictaría incluso en caso de incomparecencia.
52.      A partir de estos elementos, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, tras haber solicitado, en su caso, información a la autoridad judicial emisora, comprobar si ATAU se dio a la fuga después de haber tenido conocimiento de la acusación dirigida contra él, sin regresar y sin elegir domicilio a efectos de notificaciones. En la medida en que ATAU había sido detenido y se había decretado su prisión provisional en Eslovaquia, es probable, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, que recibiera dicha información en esa fase de la instrucción penal. Por lo tanto, parece existir un indicio preciso y objetivo de que esta persona, sabiendo que iba a ser objeto de un juicio, adoptó deliberadamente medidas para evitar recibir oficialmente la información relativa a la fecha y al lugar del juicio. No obstante, para que pueda considerarse que ATAU recibió esa información, es necesario que las autoridades eslovacas hayan realizado esfuerzos razonables para localizarlo y citarlo personalmente o informarlo oficialmente, de otro modo, de la fecha y del lugar de ese juicio.
b)      Sobre el segundo requisito: designación de un letrado que haya defendido al interesado en el juicio
53.      Por lo que respecta a la defensa por un letrado designado, el Tribunal de Justicia ha precisado que la existencia de una «designación», en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra b), de la Directiva 2016/343, exige que el propio interesado haya encomendado a un letrado, en su caso al que se haya nombrado de oficio, su representación en el juicio en rebeldía. (23) De ello se desprende que el mero hecho de que una persona condenada en rebeldía haya estado defendida por un letrado designado de oficio durante todo el proceso judicial celebrado en su ausencia no basta para dar cumplimiento al segundo requisito establecido en dicha disposición. (24)
54.      Según el Tribunal de Justicia, la defensa por un letrado solo permite demostrar que la persona que ha sido juzgada sin estar presente ha renunciado voluntaria e inequívocamente a su derecho a estar presente en el juicio si ha encomendado deliberadamente a ese letrado la tarea de asumir su defensa ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, lo que presupone que lo haya designado específicamente para que la defienda en el juicio celebrado en su ausencia. (25) En consecuencia, los contactos entre la persona condenada en rebeldía y el letrado designado de oficio que hubieran tenido lugar exclusivamente durante la fase de instrucción no pueden considerarse suficientes para demostrar que esa persona ha sido defendida en el juicio en rebeldía «por un letrado designado», en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra b), de la Directiva 2016/343. (26) Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional competente comprobar si de los elementos que obran en autos se desprende que la persona en cuestión encomendó inequívocamente al letrado designado de oficio que le defendiera, en su ausencia, ante el órgano jurisdiccional que conoció del asunto. (27)
55.      Sobre la base de estos elementos, que considero que deben guiar el examen del segundo requisito establecido en el artículo 9, apartado 1, letra i), inciso ii), de la Decisión Marco 2008/909, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si se cumple este requisito. Desde esta perspectiva, ha de recordarse que, según la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente, si bien ATAU no había comparecido en el procedimiento que dio lugar a la sentencia de 23 de agosto de 2010, estuvo asistido y representado en el juicio por un abogado.
56.      Si el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos para la aplicación de la excepción prevista en el artículo 9, apartado 1, letra i), inciso ii), de la Decisión Marco 2008/909, no podrían denegarse el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena en Italia. Por lo tanto, no hay obstáculo para que, en el marco de la aplicación del motivo facultativo de denegación previsto en el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, Italia se comprometa a ejecutar la pena privativa de libertad impuesta a ATAU.
57.      En cualquier caso, aun cuando el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que no se cumplen estos requisitos, es preciso subrayar que no puede verse obligado, en virtud de su Derecho nacional, a denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena. En efecto, dispone de un margen de apreciación para decidir si aplica o no el motivo de no reconocimiento y de no ejecución previsto en el artículo 9, apartado 1, letra i), de la Decisión Marco 2008/909.
58.      En este contexto, y sobre la base de las consideraciones anteriores, procede responder ahora más directamente a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.
3.      Sobre el carácter facultativo del motivo de no reconocimiento y de no ejecución previsto en el artículo  9, apartado  1, letra i), de la Decisión Marco 2008/909 y el margen de apreciación del que debe disponer la autoridad competente del Estado miembro de ejecución
59.      El órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si el artículo 9, apartado 1, letra i), de la Decisión Marco 2008/909 obliga a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución a denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia condenatoria cuando compruebe que no es aplicable ninguna de las excepciones previstas en esta disposición. En otras palabras, se pregunta si esa constatación le impide ejercer un margen de apreciación para determinar si procede o no denegar el reconocimiento de la sentencia condenatoria.
60.      Para responder a esta cuestión, procede señalar que, al igual que en el caso del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, el legislador de la Unión decidió conceder, en el marco del mecanismo de reconocimiento y ejecución de sentencias en materia penal, una importancia específica al derecho del acusado a comparecer en su juicio, al establecer, en el artículo 9, apartado 1, letra i), de la Decisión Marco 2008/909, un motivo facultativo de no reconocimiento y de no ejecución específicamente consagrado a la protección de aquel derecho. (28) Además, tal motivo debe interpretarse de conformidad con las exigencias que derivan de los artículos 47, párrafos segundo y tercero, y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (29)
61.      El Tribunal de Justicia ha declarado que del texto del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584 resulta que esa disposición prevé un motivo facultativo de inejecución de una orden de detención europea emitida para el cumplimiento de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad si el imputado no compareció en el juicio del que deriva su condena. Esa facultad está acompañada, sin embargo, por cuatro excepciones, previstas, respectivamente, en las letras a) a d) de la disposición citada, que privan a la autoridad judicial de ejecución de que se trate de la facultad de denegar la ejecución de la orden de detención europea que se ha presentado ante ella. (30)
62.      Por lo tanto, una autoridad judicial de ejecución dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea dirigida a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad consistentes en la privación de libertad si el imputado no compareció en el juicio del que derive dicha resolución, a menos que, en la orden de detención europea, se indique que se cumplen los requisitos establecidos en las letras a), b), c) o d) del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584. (31) A este respecto, el Tribunal de Justicia ha señalado que el referido artículo 4 bis limita, de este modo, la posibilidad de denegar la ejecución de la orden de detención europea enumerando, con precisión y de un modo uniforme, las condiciones en las que no deberá denegarse el reconocimiento ni la ejecución de resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado. (32)
63.      De ello se deduce que una autoridad judicial de ejecución está obligada a ejecutar la orden de detención europea, aun cuando el interesado no haya estado presente en el juicio del que derive la resolución, cuando se compruebe que concurre alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 4 bis, apartado 1, letras a), b), c) o d), de dicha Decisión Marco. (33)
64.      El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar que, en la medida en que el referido artículo 4 bis prevé un motivo de no ejecución facultativa de una orden de detención europea, una autoridad judicial de ejecución puede, en cualquier caso, incluso tras haber comprobado que las circunstancias descritas en el punto anterior de las presentes conclusiones no reflejan la situación de la persona objeto de la orden de detención europea, tener en cuenta otras circunstancias que le permitan cerciorarse de que la entrega del interesado no implica vulnerar el derecho de defensa de este. (34)
65.      A este respecto, el Tribunal de Justicia se basó en el propio tenor del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, en particular en la indicación de que la autoridad judicial de ejecución «podrá denegar» la ejecución de la orden de detención europea, para deducir de ello que esta última debe disfrutar de un margen de apreciación en lo concerniente a si procede o no denegar que se lleve a cabo la referida ejecución cuando la orden de detención europea no contenga ninguna de las indicaciones mencionadas en las letras a) a d) de dicha disposición. (35)
66.      Según el Tribunal de Justicia, dicha interpretación queda corroborada por el sistema general de esta Decisión Marco. En efecto, la ejecución de una orden de detención europea constituye el principio establecido por tal Decisión Marco, mientras que los motivos de denegación de reconocimiento y de ejecución constituyen excepciones. Pues bien, privar a la autoridad judicial de ejecución de la posibilidad de tener en cuenta circunstancias propias del caso concreto que puedan llevarla a considerar que no se cumplen las condiciones para denegar la entrega tendría como efecto transmutar la simple facultad prevista en el artículo 4 bis de la citada Decisión Marco en una genuina obligación, con la consiguiente transformación de la excepción que constituye la denegación de la entrega en una regla de principio. (36)
67.      Así pues, cuando no se cumple ninguno de los requisitos enunciados, respectivamente, en las letras a) a d) del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, la autoridad judicial de ejecución no puede estar obligada a denegar la ejecución de la orden de detención europea, privándose de la posibilidad de tomar en consideración las circunstancias propias de cada caso concreto. (37)
68.      Por consiguiente, la autoridad judicial de ejecución puede, desde este punto de vista, tener en cuenta otras circunstancias que le permitan cerciorarse de que la entrega del interesado no implica vulnerar su derecho de defensa y proceder, de ese modo, a su entrega al Estado miembro emisor. A este respecto, puede tenerse en cuenta, entre otros aspectos, el comportamiento del interesado, en particular el hecho de que este haya intentado eludir la notificación de la información que se le había remitido o evitar todo contacto con sus abogados. (38)
69.      De ello se desprende que, cuando comprueba que concurre alguno de los requisitos establecidos en el artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, no puede impedirse a una autoridad judicial de ejecución cerciorarse de que se ha respetado el derecho de defensa de la persona afectada tomando debidamente en consideración, a este respecto, todas las circunstancias que rodean al asunto de que conoce, incluida la información de que puede disponer por sí misma. (39)
70.      Hechas estas precisiones, he de señalar que las normas relativas a los procedimientos en rebeldía que figuran en las Decisiones Marco 2002/584 y 2008/909 tienen el mismo origen, a saber, la Decisión Marco 2009/299, y persiguen el mismo objetivo, cuyo propósito se refiere, en particular, a reforzar el derecho de defensa de las personas afectadas garantizando que se respete su derecho fundamental a un proceso penal equitativo, (40) al tiempo que se mejora el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales entre Estados miembros. (41) Además, según han sido, respectivamente, modificados e incluidos por la Decisión Marco 2009/299, el tenor actual del artículo 9, apartado 1, letra i), de la Decisión Marco 2008/909 y el del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584 se fusionan, lo que, como se desprende de los considerandos 4 y 6 de la Decisión Marco 2009/299, refleja la voluntad del legislador de la Unión de fijar, con precisión y de un modo uniforme, las condiciones en las que no deberían denegarse el reconocimiento y la ejecución de resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado. (42)
71.      A la vista de estos elementos, considero que las enseñanzas extraídas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584 deben aplicarse, por analogía, al motivo facultativo de no reconocimiento y de no ejecución previsto en el artículo 9, apartado 1, letra i), de la Decisión Marco 2008/909.
72.      Esto significa que, si no se cumplen los requisitos de aplicación de las excepciones que figuran en dicha disposición, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución dispone de un margen de apreciación para determinar, caso por caso, si procede invocar este motivo de no reconocimiento y de no ejecución. Por lo tanto, se aplica el principio de no ejecución facultativa. Así pues, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución puede, en cualquier caso, tener en cuenta otras circunstancias que le permitan cerciorarse de que el reconocimiento de una sentencia y la ejecución de una pena no suponen una vulneración del derecho de defensa de la persona afectada. Por lo tanto, esta autoridad debe poder tener en cuenta el comportamiento del interesado, incluidas las circunstancias que demuestren que intentó eludir la notificación de la información que se le había remitido o que evitó todo contacto con sus abogados.
73.      Mediante el ejercicio de su facultad de apreciación, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución puede así garantizar un equilibrio entre los objetivos dirigidos a luchar contra la impunidad, facilitar la reinserción social del condenado y garantizar el derecho de defensa de este. Considero que también debe tenerse en cuenta, en el marco de la ponderación que debe efectuarse entre los diferentes intereses en juego, la circunstancia de que el condenado haya solicitado que su pena sea ejecutada en el Estado miembro de ejecución. (43)
74.      En el presente asunto, de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que la normativa italiana controvertida en el litigio principal obliga a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución a denegar el reconocimiento de una sentencia y la ejecución de una condena dictadas en otro Estado miembro cuando no sea aplicable ninguna de las excepciones previstas en el artículo 9, apartado 1, letra i), de la Decisión Marco 2008/909. En consecuencia, esta normativa no deja a dicha autoridad ningún margen de apreciación para comprobar, sobre la base de las circunstancias del presente asunto, si puede considerarse que se ha respetado el derecho de defensa del interesado y, por lo tanto, para decidir reconocer y ejecutar la sentencia condenatoria de que se trate.
75.      En estas circunstancias, es preciso señalar que tal normativa nacional es contraria al artículo 9, apartado 1, letra i), de la Decisión Marco 2008/909.
76.      Habida cuenta de esta constatación de incompatibilidad, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de primacía del Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a abstenerse de aplicar una disposición del Derecho nacional incompatible con disposiciones de la Decisión Marco 2002/584 o de la Decisión Marco 2008/909, al carecer estas de efecto directo. No obstante, las autoridades de los Estados miembros, incluidos los órganos jurisdiccionales, están obligadas a efectuar, en la medida de lo posible, una interpretación conforme de su Derecho nacional que les permita garantizar un resultado compatible con la finalidad perseguida por dichas Decisiones Marco. (44)
77.      En efecto, aunque las decisiones marco no pueden tener efecto directo, su carácter vinculante supone para las autoridades nacionales la obligación de interpretación conforme de su Derecho interno a partir de la fecha de expiración de su plazo de transposición. Por lo tanto, al aplicar su Derecho nacional, dichas autoridades están obligadas a interpretarlo en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la decisión marco de que se trate para alcanzar el resultado que esta persigue, quedando excluida, no obstante, una interpretación contra legem del Derecho nacional. Así pues, el principio de interpretación conforme exige tomar en consideración la totalidad del Derecho interno y aplicar los métodos de interpretación reconocidos por este, a fin de garantizar la plena eficacia de dicha decisión marco y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por esta. (45)
78.      De ello se deduce que corresponderá al órgano jurisdiccional remitente, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, interpretar la normativa nacional controvertida en el litigio principal, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de las Decisiones Marco 2002/584 y 2008/909.
V.      Conclusión
79.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Corte di appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles, Italia) del siguiente modo:
«El artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, y los artículos 9, apartado 1, letra i), y 25 de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009,
deben interpretarse en el sentido de que,
en el marco de la aplicación del motivo de no ejecución facultativa de una orden de detención europea, mencionado en la primera de estas disposiciones, cuando la persona que es objeto de dicha orden no ha comparecido en su juicio, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución tiene la facultad, y no la obligación, de denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena cuando no sea aplicable ninguna de las excepciones previstas en la segunda de tales disposiciones.
Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, interpretar su normativa nacional, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de las Decisiones Marco 2002/584 y 2008/909, en su versión modificada.»
1      Lengua original: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Véase el considerando 33 de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO 2016, L 65, p. 1). Véase, también, la sentencia de 20 de mayo de 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, en lo sucesivo, «sentencia Kachev», EU:C:2025:366), apartado 31 y jurisprudencia citada.
3      Véase el considerando 35 de la Directiva 2016/343. Véase también el considerando 1 de la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado (DO 2009, L 81, p. 24).
4      DO 2002, L 190, p. 1.
5      DO 2008, L 327, p. 27.
6      En lo sucesivo, respectivamente, «Decisión Marco 2002/584» y «Decisión Marco 2008/909».
7      En este asunto, la persona en cuestión, que no se había dado a la fuga antes de la celebración de su juicio, había indicado como dirección a la que las autoridades competentes podían enviarle las notificaciones la del despacho de su letrado, a quien había encargado que le representara durante los procedimientos de primera y segunda instancia.
8      GURI n.º 98, de 29 de abril de 2005, p. 6.
9      GURI n.º 230, de 1 de octubre de 2010, p. 1.
10      En lo sucesivo, «sentencia de 23 de agosto de 2010».
11      El subrayado es mío.
12      El subrayado es mío.
13      Véanse, en particular, las sentencias de 29 de junio de 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503), apartados 21 y 23; de 29 de abril de 2021, X (Orden de detención europea — Non bis in idem) (C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339), apartado 43 y jurisprudencia citada; de 6 de junio de 2023, O. G. (Orden de detención europea contra un nacional de un tercer Estado) (C‑700/21, en lo sucesivo, «sentencia O. G.», EU:C:2023:444), apartado 49, y de 4 de septiembre de 2025, C. J. (Ejecución de una condena a raíz de una ODE) (C‑305/22, en lo sucesivo, «sentencia C. J.», EU:C:2025:665), apartado 44.
14      Véanse, en particular, las sentencias O. G., apartado 46 y jurisprudencia citada, y C. J., apartado 43.
15      Véase, en particular, la sentencia O. G., apartado 47 y jurisprudencia citada.
16      Véanse, en particular, las sentencias O. G., apartado 48 y jurisprudencia citada y C. J., apartado 52. Tal como precisó el Tribunal de Justicia en esta última sentencia, en el marco de la aplicación del motivo de no ejecución facultativa contemplado en el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, la asunción, por el Estado de ejecución, de la ejecución de la pena impuesta en la sentencia condenatoria dictada en el Estado de emisión, de la que trae causa la emisión de la orden de detención europea, se supedita a que dicho Estado de emisión preste su consentimiento de conformidad con las normas establecidas en la Decisión Marco 2008/909 (apartado 67 de la citada sentencia).
17      Véase, en particular, la sentencia de 24 de junio de 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530), apartado 88 y jurisprudencia citada.
18      Véase, en particular, la sentencia de 24 de junio de 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530), apartado 92 y jurisprudencia citada.
19      Véanse las sentencias de 11 de marzo de 2020, SF (Orden de detención europea — Garantía de devolución al Estado de ejecución) (C‑314/18, EU:C:2020:191), apartado 51 y jurisprudencia citada, y C. J., apartado 81. No obstante, el Tribunal de Justicia precisó en esta última sentencia que, si el Estado miembro de ejecución pudiese denegar, basándose en este objetivo, la ejecución de una orden de detención europea emitida para ejecutar una pena privativa de libertad sin que el Estado miembro de emisión haya prestado su consentimiento a que el Estado de ejecución asuma la ejecución de la pena, podría generarse un elevado riesgo de impunidad de las personas que traten de eludir la acción de la justicia tras haber sido condenadas en un Estado miembro y, en definitiva, se pondría en peligro el funcionamiento eficaz del sistema simplificado de entrega entre los Estados miembros que la Decisión Marco 2002/584 establece (apartado 82 de dicha sentencia).
20      Véase, en particular, la sentencia Kachev, apartado 35 y jurisprudencia citada.
21      Véase, en particular, la sentencia Kachev, apartado 36 y jurisprudencia citada.
22      Véase, en particular, la sentencia Kachev, apartado 37 y jurisprudencia citada.
23      Véase, en particular, la sentencia Kachev, apartado 41 y jurisprudencia citada.
24      Véase la sentencia Kachev, apartado 59.
25      Véase la sentencia Kachev, apartado 61.
26      Véase la sentencia Kachev, apartado 62.
27      Véase la sentencia Kachev, apartado 63.
28      Véase, por analogía, la sentencia de 23 de marzo de 2023, Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión) [C‑514/21 y C‑515/21, en lo sucesivo, «sentencia Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión)», EU:C:2023:235], apartado 64.
29      Véase, por analogía, la sentencia Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión), apartados 60, 61 y 64.
30      Véase, en particular, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condena en rebeldía) [C‑396/22, en lo sucesivo, «sentencia Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condena en rebeldía)», EU:C:2023:1029], apartado 38 y jurisprudencia citada.
31      Véase, en particular, la sentencia Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condena en rebeldía), apartado 39 y jurisprudencia citada.
32      Véase, en particular, la sentencia Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión), apartado 49 y jurisprudencia citada.
33      Véase, en particular, la sentencia Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condena en rebeldía), apartado 40 y jurisprudencia citada.
34      Véase, en particular, la sentencia Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condena en rebeldía), apartado 41 y jurisprudencia citada.
35      Véase, en particular, la sentencia Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión), apartados 75 y 76 y jurisprudencia citada.
36      Véase la sentencia Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión), apartado 77.
37      Véase, en particular, la sentencia Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión), apartado 76 y jurisprudencia citada.
38      Véase, en particular, la sentencia Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión), apartado 78 y jurisprudencia citada. Véase, también, la sentencia Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condena en rebeldía), apartado 42 y jurisprudencia citada.
39      Véase, en particular, la sentencia Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condena en rebeldía), apartado 43 y jurisprudencia citada.
40      Véase, en particular, la sentencia Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión), apartado 66 y jurisprudencia citada.
41      Véase, en particular, la sentencia Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión), apartado 50.
42      Véase, a este respecto, la sentencia Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión), apartado 49 y jurisprudencia citada.
43      En mis conclusiones presentadas en el día de hoy en el asunto Höldermann (C‑447/24), he indicado las razones por las que considero que el hecho de que el interesado haya solicitado a la autoridad competente del Estado miembro de condena que la pena se ejecute en el Estado miembro de ejecución no cumple, como tal, los requisitos establecidos en el artículo 9, apartado 1, letra i), inciso iii), de la Decisión Marco 2008/909. Es cierto que la actitud de ATAU puede parecer contradictoria en la medida en que, al solicitar que su pena se ejecute en Italia, parece aceptar dicha pena. No obstante, es importante subrayar que ATAU puede formular tal solicitud reservándose al mismo tiempo el derecho a solicitar la celebración de un nuevo juicio. Por lo demás, ha de señalarse que el representante de ATAU indicó en la vista que este todavía podría ejercer tal derecho. Estos elementos forman parte de las circunstancias que la autoridad judicial de ejecución puede tener en cuenta en el marco de su margen de apreciación.
44      Véase, en particular, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condena en rebeldía) (C‑398/22, EU:C:2023:1031), apartado 46 y jurisprudencia citada.
45      Véase, en particular, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condena en rebeldía) (C‑398/22, EU:C:2023:1031), apartado 47 y jurisprudencia citada.