61970C0041
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. KARL ROEMER
presentadas el 1 de abril de 1971 (
*1
)
Señor Presidente,
Señores Jueces,
Los cuatro asuntos de los que nos debemos ocupar hoy fueron acumulados a los efectos de la fase oral y de la sentencia mediante auto del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 1970. Se refieren a la conformidad a Derecho de determinadas medidas adoptadas en el marco de la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas. Por tanto es conveniente que empecemos por recordar algunos conceptos relativos a dicha organización de mercados.
El primer texto que se ha de recordar a este respecto es el Reglamento no 23 del Consejo, de 4 de abril de 1962, por el que se establece gradualmente una organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (DO 1962, 30, p. 965; EE 03/01, p. 3). Este Reglamento se caracterizaba por la falta de una política comercial común. Las importaciones procedentes de terceros países seguían estando sometidas a la aplicación de las normas vigentes en los Estados miembros y a determinadas restricciones cuantitativas, al limitarse el artículo 11 del Reglamento no 23 a establecer que era competencia del Consejo decidir sobre la coordinación y unificación de los regímenes de importación aplicados por cada Estado miembro respecto de terceros países en función del desarrollo de la organización común de mercados. Por otra parte (y esta era la única medida comunitaria establecida para las importaciones procedentes de terceros países) el Reglamento establecía la percepción de gravámenes compensatorios, destinados a elevar los precios de importación hasta el nivel de los precios de referencia. Posteriormente, en el Reglamento no 159/66/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1966 (DO 1966, 192, p. 3286), por el que se establecen disposiciones complementarias para la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, el Consejo decidió que los derechos de aduana del Arancel Aduanero Común se aplicarían en su integridad. Sin embargo, en aquella ocasión todavía no se adoptó ninguna decisión «sobre la coordinación y unificación de los regímenes de importación aplicados por cada Estado miembro respecto de terceros países»; el Consejo se limitó a establecer que las medidas necesarias a este objeto se adoptarían antes del 1 de enero de 1967. En realidad hubo que esperar al Reglamento (CEE) no 2513/69 del Consejo, de 9 de diciembre de 1969 (DO L 318, p. 6), para que los regímenes nacionales de importación fueran objeto de una unificación que, si bien es bastante avanzada, no puede calificarse sin embargo de completa. Salvo algunas excepciones en relación con determinados productos y con ciertos períodos, el mencionado Reglamento no 2513/69 estableció la liberalización total, es decir, la eliminación de restricciones cuantitativas o medidas de efecto equivalente. Sin embargo, en compensación, el Consejo introdujo en dicho Reglamento una cláusula de salvaguarda, según la cual podían aplicarse las medidas apropiadas a los intercambios con terceros países si el mercado en la Comunidad de uno o de varios de los productos contemplados en el artículo 1 del Reglamento sufriere o corriere riesgo de sufrir, a consecuencia de las importaciones o exportaciones, perturbaciones graves que pudieran poner en peligro los objetivos del artículo 39 del Tratado. Al presentarse semejante situación, la Comisión estaba obligada, a petición de un Estado miembro, a adoptar las medidas necesarias en las 24 horas siguientes a la recepción de dicha petición. Las medidas adoptadas por la Comisión eran inmediatamente aplicables; sin embargo, en el plazo de tres días laborables siguientes al de la comunicación de estas medidas, cualquier Estado miembro podía presentarlas ante el Consejo, que tenía derecho a modificarlas o a anularlas.
En el asunto que ahora nos ocupa, esta cláusula de salvaguarda y el Reglamento (CEE) no 2514/69 (DO L 318, p. 8), adoptado para su aplicación, desempeñan un papel esencial. En efecto, el 10 de marzo de 1970 el Gobierno francés solicitó la aplicación de dicha cláusula a las importaciones de manzanas que no se empleasen para fabricar sidra. La Comisión accedió a esta solicitud, teniendo en cuenta las importaciones de manzanas de la nueva cosecha que cabía esperar, procedentes del hemisferio sur, así como el hecho de que ya en febrero de 1970 se le había llamado la atención sobre el riesgo de perturbaciones graves para el mercado de las manzanas de mesa y que, a principios de marzo de 1970, este mercado experimentó en Bélgica, Francia, Luxemburgo e Italia una situación de crisis en el sentido del artículo 6 del Reglamento no 159/66 hasta el punto de que fue necesario retirar importantes cantidades del mercado. Entre las medidas adoptadas por la Comisión, se ha de destacar ante todo el Reglamento (CEE) no 459/70, de 11 de marzo de 1970 (DO L 57, p. 20) que estableció, para el período del 1 de abril de 1970 al 30 de junio de 1970, un sistema de licencias de importación para las manzanas de mesa. Sin entrar, por el momento, en los detalles de este Reglamento, me limitaré a citar su artículo 2, que dice así:
«1.   Al final de cada semana y por primera vez el 20 de marzo de 1970, los Estados miembros comunicarán por télex a la Comisión las cantidades para las que se han solicitado a lo largo de la semana licencias de importación, indicando los meses a los que se refieren.
2.   La Comisión enjuiciará la situación y decidirá sobre la concesión de las licencias, basándose especialmente en las comunicaciones contempladas en el apartado 1.
3.   Las licencias de importación se concederán en el momento de expiración de un plazo de diez días laborables siguientes a la presentación de la solicitud, en la medida en que, mientras tanto, se haya adoptado una decisión afirmativa a este respecto, con arreglo a las disposiciones del apartado 2.»
Seguidamente, el 25 de marzo de 1970, la Comisión adoptó el Reglamento (CEE) no 565/70, relativo a la gestión del sistema de licencias de importación de manzanas de mesa y por el que se modificó el Reglamento no 459/70. El artículo 1 del Reglamento no 565/70 dispone lo siguiente:
«1.   Se aprobarán las solicitudes de licencias de importación presentadas hasta el 20 de marzo de 1970, conforme a las disposiciones del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 459/70, en el límite de la cantidad indicada en la solicitud y hasta el 80 % de una cantidad de referencia.
2.   La cantidad de referencia será igual a la suma de las cantidades de manzanas distintas de las que se empleen para fabricar sidra que haya importado el solicitante de la licencia a la Comunidad en 1969, en el mes correspondiente al indicado en la solicitud.»
Este régimen fue prorrogado semana tras semana, en principio mediante el Reglamento (CEE) no 621/70, de 2 de abril de 1970, (
1
) en el que se sustituyó la fecha de 20 de marzo por la de 27 de marzo y, a continuación, por una serie de Reglamentos (CEE) nos 657/70, (
2
) 686/70, (
3
) 747/70, (
4
) 787/70, (
5
) 844/70, (
6
) 879/70, (
7
) 924/70, (
8
) 983/70, (
9
) 1061/70, (
10
) 1163/70. (
11
) Entre ellos, debemos prestar atención al Reglamento no 686/70, porque introdujo una nueva definición de la cantidad de referencia, en los siguientes términos:
«La cantidad de referencia será igual a la suma de las cantidades de manzanas distintas de las que se emplean para fabricar sidra que haya importado el solicitante de la licencia a la Comunidad en el mes correspondiente al indicado en la solicitud:
a)
en 1969, o
b)
como media, durante los años 1967 a 1969, si esta media es superior a la cantidad importada en 1969.»
Por otra parte es oportuno destacar el Reglamento no 983/70, de 28 de mayo de 1970, que sustituyó la fecha de 15 de mayo de 1970 por la de 22 de mayo de 1970.
Este particular es importante en el asunto presente, en el que las demandantes, empresas de Rotterdam, que se dedican a la importación de fruta procedente de terceros países, habían presentado por escrito, el 13 de mayo de 1970, peticiones de licencias de importación de manzanas procedentes de terceros países bien durante los meses de mayo y junio, bien (en el asunto 42/70) solamente durante el mes de junio. Estas solicitudes llegaron el 19 de mayo al Produktschap voor Groenten en Fruit, que es el organismo neerlandés competente, y el 22 de mayo la Comisión tuvo conocimiento de las cantidades para las que se habían solicitado las licencias. No obstante, no fue posible acceder a estas solicitudes, una veces porque ya se habían concedido licencias hasta un 80 % de la cantidad de referencia para los meses de que se trataba y otras porque (como sucedía en el asunto 44/70) no se había efectuado ninguna importación en los meses correspondientes de los años 1967 a 1969. Además, el 2 de junio de 1970, estos importadores fueron informados por el Produktschap de que las solicitudes que habían presentado habían sido desestimadas.
Ello fue lo que decidió a las demandantes a llevar el asunto a los Tribunales. Las observaciones presentadas por la Comisión parecen indicar que las demandantes impugnaron ante los órganos jurisdiccionales neerlandeses la negativa del Produktschap. Pero, por otra parte (y este es el único punto que nos interesa ahora), también se dirigieron al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, mediante recursos que llegaron a la Secretaría del Tribunal el 5 de agosto de 1970.
Todas estas empresas pretenden la anulación de las decisiones mediante las que la Comisión rechazó las solicitudes que habían presentado para obtener licencias de importación contempladas en el Reglamento no 459/70, decisiones que les fueron notificadas, con arreglo a este Reglamento, mediante escritos del Produktschap fechadas el 2 de junio de 1970.
La primera reacción de la Comisión ante los recursos interpuestos de esta manera fue la de invocar el artículo 91 del Reglamento de Procedimiento y solicitar que se declarara la inadmisibilidad de los mismos. Pero dicha excepción no fue estimada por el Tribunal quien, mediante auto de 19 de octubre de 1970, decidió unir el examen de la excepción al del fondo del asunto.
Siguió su curso el procedimiento y la Comisión mantuvo sus pretensiones de que se declarara la inadmisibilidad de los recursos. La demandada entiende, por otra parte, que, en cualquier caso, deben ser desestimados por infundados.
Discusión jurídica
I. Admisibilidad de los recursos
Procede, al iniciar el examen de este litigio y teniendo en cuenta las objeciones de la Comisión, analizar en primer lugar la admisibilidad del recurso. A este respecto, debemos fijar nuestra atención en varios aspectos.
1.
La Comisión señala que sólo se presentaron con los recursos las cartas del Produktschap y se remite ante todo a los artículos 19 del Estatuto (CEE) del Tribunal de Justicia y 38 del Reglamento de Procedimiento (conforme a los cuales, las partes demandantes deben aportar el acto cuya nulidad se solicita), con objeto de plantear la cuestión de si son las decisiones del Produktschap, es decir, actos de la administración nacional, los que las demandantes han querido someter al control jurisdiccional y con objeto de hacer notar que, evidentemente, esta posibilidad no está contemplada por el artículo 173 del Tratado CEE. Pero se pueden aclarar rápidamente las dudas de la Comisión, incluso sin plantear, como lo han hecho las demandantes, si puede hablarse de actos impugnables de la Administración nacional en el caso de que ésta no disponga de un margen de apreciación (como sucede en realidad en el presente asunto). En efecto, creo que según las pretensiones tal como fueron formuladas y según la manera en que se designó el objeto de los recursos, está suficientemente claro que las demandantes atacan las decisiones de la Comisión entendiendo que las cartas del Produktchap son meras notificaciones. En apoyo de este punto de vista, las demandantes invocan especialmente el artículo 2 del Reglamento no 459/70, cuyo apartado 2 declara expresamente que la Comisión apreciará la situación y decidirá sobre la concesión de las licencias. Por tanto, entendemos que no hay duda de que lo que realmente está en juego en el presente procedimiento es la legalidad de actos de Derecho comunitario, incluso si las demandantes no han especificado con precisión los actos de la Comisión que impugnan. Por consiguiente, no se puede cuestionar la admisibilidad de los recursos desde el punto de vista que acabamos de examinar. Lo mismo cabe decir en relación con la letra c) del apartado 1 del artículo 38 del Reglamento de Procedimiento, que impone la obligación de indicar la cuestión objeto del litigio, puesto que ésta se puede identificar sin mayores dificultades, según voy a demostrar.
2.
Como ya he indicado, el artículo 2 del Reglamento no 459/70 puede dar la impresión de que la Comisión había decidido sobre las solicitudes individuales de licencias de importación. Parece que ésta era también la impresión de las demandantes, puesto que mencionaban como objeto de sus recursos las decisiones de la Comisión que afirmaban fundarse en los Reglamentos nos 459/70, 565/70 y 686/70. Sin embargo, esta impresión es errónea, como se deduce del artículo 1 del Reglamento no 459/70, a cuyo tenor son los Estados miembros quienes conceden las licencias necesarias; esto es también lo que indican los actos adoptados por la Comisión en ejecución del Reglamento no 459/70, es decir, el Reglamento no 565/70 y los otros mediante los que se prolongó semanalmente el régimen. Estos textos demuestran que la Comisión adoptó cada vez una decisión global, que solamente necesitaba a nivel nacional un acto de ejecución de naturaleza contable; en otros términos, no puede decirse que la Comisión haya tomado en cada ocasión decisiones individuales en respuesta a cada una de las solicitudes de licencias de importación. En consecuencia, al haberse registrado en el Produktschap el 19 de mayo de 1970 las solicitudes de licencias de importación presentadas por las demandantes, parece que el acto comunitario que éstas impugnan en el marco de esta normativa sólo puede ser el Reglamento no 983/70, por el que se modifica por novena vez el Reglamento no 565/70, puesto que el mencionado Reglamento no 983/70 es el que ha regulado de manera imperativa el destino que había de darse a las solicitudes de licencias de importación presentadas antes del 22 de mayo de 1970. Por tanto, ésta es la situación respecto a la cual hay que enjuiciar la admisibilidad del recurso. Teniendo en cuenta el sistema establecido en el artículo 173 del Tratado CEE, que sólo contempla la posibilidad de recurrir de los particulares contra las decisiones de las Instituciones comunitarias, debemos plantearnos dos cuestiones: en primer lugar, determinar si las medidas adoptadas en el marco del Reglamento no 983/70 tiene realmente naturaleza de decisiones y, en caso de que sea así, preguntarnos si se puede considerar que estas medidas afectan directa e individualmente a las demandantes. La Comisión niega ambas cosas. Entiende que se trata de un auténtico Reglamento, es decir, de una medida que era aplicable a una situación objetivamente determinada y que contemplaba grupos de personas delimitadas de manera abstracta. La Comisión entiende que, en cualquier caso, es imposible sostener que la medida discutida afecta individualmente a las demandantes, y ello porque la Comisión siempre se limitó a efectuar un examen macroeconómico y a fijar criterios generales en función de los cuales las administraciones nacionales decidían sobre las solicitudes individuales de licencias de importación.
Veamos, pues, qué se puede decir sobre esta alegación.
a)
Por lo que se refiere, en primer lugar, a la naturaleza jurídica del acto impugnado, recordemos que, conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia (véase la sentencia de 14 de diciembre de 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes y otros/Consejo, asuntos acumulados 16/62 y 17/62_↔ Rec. pp. 901 y ss., especialmente p. 918), dicha naturaleza no está determinada por la denominación oficial de la medida, sino únicamente por su objeto y contenido. Por tanto debemos averiguar cuál era el alcance de las disposiciones del Reglamento no 983/70, de 28 de mayo de 1970, teniendo en cuenta tanto el sistema establecido por el Reglamento no 459/70 como el Reglamento que precedía al no 983/70 y establecía, como es sabido, el destino de las solicitudes de licencias de importación presentadas antes del 15 de mayo de 1970. Precisada de este modo la pregunta es fácil de responder: el Reglamento no 983/70 disponía que había de atender las solicitudes de licencias de importación presentadas con arreglo a las exigencias del Reglamento no 459/70 entre el 16 y el 22 de mayo y ello en el límite indicado en la demanda, pero sólo hasta un 80 % de la cantidad de referencia (definida en el Reglamento no 686/70). Al mismo tiempo era obvio que procedía rechazar las solicitudes de licencias de importación que no cumplieran estos requisitos. Pero, si esto era así, es muy dudoso que nos encontremos ante un Reglamento en el sentido de las definiciones de este término reiteradas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, numerosas sentencias han señalado ya que solamente pueden considerarse reglamentos los actos a los que se deba atribuir un carácter normativo y que sean aplicables a grupos de personas contempladas en su conjunto y delimitadas de forma abstracta. Si analizamos con detalle esta jurisprudencia se aprecia que solamente se puede atribuir la calificación de reglamento cuando su carácter normativo es patente (por ejemplo, en materia de determinación de los precios de intervención derivados en el marco de la organización de mercados en el sector de los cereales o cuando se trata de la delimitación en el tiempo de la obligación de comprar que tienen los organismos de intervención del mercado del azúcar o bien a propósito del tenor perfectamente claro de los Reglamentos agrícolas examinados en los asuntos acumulados 16/62 y 17/62). Por otra parte, cuando delimitó este concepto, el Tribunal de Justicia subrayó que no se trataba de un Reglamento en los casos en que el acto solamente era aplicable a un número limitado de destinatarios muy determinados (sentencia de 14 de diciembre de 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes y otros/Consejo, antes citada), o cuando sus disposiciones sólo afectaban a los intereses de determinadas personas identificables (sentencia de 13 de marzo de 1968, Industria Rolatoria Imolese y otros/Consejo, 30/67, Rec. p. 181). Ahora bien, esto precisamente es lo que ocurre en el asunto que nos ocupa, puesto que la medida adoptada por la Comisión se aplicaba exclusivamente a situaciones ya producidas y determinadas con precisión o, dicho de otra manera, si la Comisión hubiera dispuesto de todos los datos necesarios para apreciar las distintas solicitudes de licencias de importación, habría podido decidir por sí misma sobre cada una de estas solicitudes. Por ello creo que nos encontramos (y la propia Comisión ha hecho alusión a ello en un pasaje de su escrito de dúplica) ante lo que en la terminología jurídica se llama «Allgemeinverfügung» (decisión de alcance general), es decir, ante un acto con la naturaleza de una decisión y no ante un acto de contenido normativo, supuesto en el cual el acto tendría por destinatarios un número indeterminado de personas.
No puede alegarse contra esta tesis la sentencia del asunto 64/69 (sentencia de 16 de abril de 1970, Compagnie française commerciale et financière/Comisión, Rec. pp. 226, 227) en la que el Tribunal de Justicia calificó un acto como Reglamento, a pesar de que era posible determinar el número y la identidad de los sujetos de Derecho a los que se aplicaba. En efecto, conviene no perder de vista las particularidades que presentaba a este respecto el asunto 64/69. Como se sabe, se refería a un acto que formaba parte de un conjunto de disposiciones y tenía por objeto adaptar a la devaluación del franco francés los mecanismos de intervención establecidos en el sector agrícola. También podemos decir que en aquel caso se trataba de una norma transitoria que, como tal, se integraba con disposiciones antiguas y nuevas que había que conciliar y que, por ello, participaba del carácter general de éstas. Indudablemente ésta no es una situación análoga a la que debemos analizar en el asunto que nos ocupa.
El examen de las disposiciones del Reglamento no 565/70 en relación con las del Reglamento no 983/70 que acabo de hacer me permite, pues, llegar a la conclusión de que la naturaleza del artículo 1 de ambos Reglamentos, que es el único que nos interesa aquí, no es el de un acto normativo y que, por consiguiente, nos encontramos en presencia de una decisión en el sentido de los artículos 189 y 173 del Tratado CEE (puesto que éstas son las dos únicas categorías de actos de las que se puede tratar).
b)
Si ha sido relativamente fácil precisar la naturaleza jurídica del acto impugnado, parece más difícil resolver el problema de si se puede considerar que dicho acto afecta individualmente a las demandantes. Como sabemos, el criterio aplicable en esta materia, como lo ha formulado el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia a propósito del párrafo segundo del artículo 173 del Tratado, es el siguiente: «Los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión sólo pueden pretender estar afectados individualmente cuando dicha decisión les afecte a causa de determinadas características que les son privativas o de una situación de hecho que les caracterice a diferencia de cualesquiera otras personas y, por ello, les individualice de manera análoga a la del destinatario» (sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/72_↔ Rec. pp. 197 y ss., especialmente p. 223). La Comisión niega que se reúnan estos requisitos en el asunto presente y señala que la prohibición de importar tenía un alcance general, es decir, alega que la medida adoptada por ella no sólo afectaba a las empresas que habían importado con anterioridad y que fueran a hacerlo en el futuro, sino también a los productores y comerciantes de manzanas de mesa autóctonos y a los productores y exportadores establecidos en los terceros países.
No hay duda de que se trata de una alegación de peso. Sin embargo, creo que en último término el criterio de la Comisión es equivocado. Al hablar del artículo 173 del Tratado CEE, ya he tenido varias veces la ocasión de señalar que se ha de distinguir según cómo el acto afecte a los interesados. Es claro, en especial, que no se puede dar el mismo trato a las personas que obtienen un beneficio del acto que a las personas a las que el acto perjudica. Por otra parte, es obligado reconocer que todas las personas mencionadas, que sufran un perjuicio a consecuencia del acto, no se ven afectadas por éste de la misma manera. El sistema establecido por la Comisión es perfectamente claro: para poder importar en los meses de abril, mayo y junio de 1970 era necesario conseguir una licencia de importación. De esta manera podemos considerar que a consecuencia de la presentación de una solicitud para obtener dicha licencia, solicitud que implicaba depositar una fianza y que podía dar lugar a una obligación de importar, las empresas estaban en una situación de hecho particular en el sentido de la sentencia del asunto 25/62. Es bien cierto que, a este respecto, el presente asunto se asemeja al asunto Toepfer/Comisión (asuntos acumulados 106/63 y 107/63_↔ Rec. 1965, pp. 525 y ss., especialmente p. 533), en el que el Tribunal de Justicia también consideró que la presentación de una solicitud de licencias de importación daba lugar a una situación de hecho particular que, en relación con una medida retroactiva de salvaguarda, caracterizaba a los importadores interesados frente a todos los demás importadores y hacía nacer a favor de aquéllos un derecho a recurrir. En consecuencia, la única cuestión que queda por plantear es la de si hay que considerar el número de los importadores afectados por el acto (conforme a las indicaciones de la Comisión, el número de empresas establecidas que podían presentar una solicitud era de 100 aproximadamente) y también la de la importancia que pueda tener el hecho de que la decisión global adoptada por la Comisión sea aplicable a todo el mercado común. Sin embargo, creo que este aspecto cuantitativo y territorial tampoco es decisivo. No se recoge en ningún pasaje de la definición del Tribunal de Justicia que hemos citado. Además, considerar que habría que tenerlo en cuenta equivaldría a ignorar otro principio subrayado en la sentencia recaída en el asunto 25/62, conforme al cual «las disposiciones del Tratado relativas a la legitimación activa de los particulares no puede ser interpretadas restrictivamente». Por ello creo que, en contra de las objeciones formuladas por la Comisión, el Tribunal de Justicia debe reconocer que el acto impugnado afectaba individualmente a las demandantes.
Por último puedo ser muy breve por lo que se refiere a la cuestión de si este acto afectaba directamente a las demandantes, elemento que, por lo demás, la Comisión no pone en duda. Esta cuestión ha de responderse indudablemente por la afirmativa, puesto que la decisión de la Comisión tenía por consecuencia que, si concurrían determinados requisitos, era inevitable la desestimación de las solicitudes de licencias de importación. La única tarea de las autoridades nacionales encargadas de ejecutar la decisión era la de comprobar cuál era la situación de hecho y sacar de ello las conclusiones oportunas, sin tener ninguna facultad de apreciación. Aquí hay de nuevo un paralelismo entre el caso presente y el asunto Toepfer, pues puede decirse que el acto comunitario penetraba directamente en la esfera nacional. Por ello es evidente que la admisibilidad de los recursos resiste a todas las objeciones formuladas teniendo en cuenta los requisitos que exige el párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE.
3.
Tampoco voy a extenderme a propósito del cumplimiento del plazo para interponer el recurso.
Si se considera (como creo que hay que hacer) que el acto impugnado es el Reglamento no 983/70, la expiración del plazo para recurrir debe apreciarse no en función de la carta del «Produktschap» de 2 de junio de 1970, sino en función de la publicación del acto de la Comisión en el Diario Oficial de las Comunidades, que tuvo lugar el 29 de mayo de 1970. No obstante, esta circunstancia no complica en absoluto la solución del problema que nos ocupa: en efecto, no solamente se ha de aumentar en seis días el plazo de dos meses establecido en el artículo 173 del Tratado a causa de la distancia, con arreglo a las disposiciones del Anexo II del Reglamento de Procedimiento, sino que también, al haber una publicación este plazo sólo empieza a correr el día decimoquinto posterior a la aparición del acto en el Diario Oficial, conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo 81 del Reglamento de Procedimiento. En consecuencia, el plazo se respetó escrupulosamente, aunque los escritos de interposición de recurso no llegaran al Tribunal de Justicia hasta el 5 de agosto.
II. Sobre el fondo
Si se aceptan las consideraciones precedentes, nada impide entrar en el examen del fondo. En este examen, al que voy a dedicarme a continuación, se han de distinguir también varios aspectos.
1. El incumplimiento de obligaciones contractuales en el marco del GATT
En su primer motivo las demandantes afirman que las medidas adoptadas en los Reglamentos nos 459/70, 565/70 y 686/70 infringen normas del GATT: en este punto no me voy a detener mucho.
En efecto, en primer lugar las demandantes no han formulado alegaciones precisas a este respecto. Por otra parte, hay que observar que, en principio, en un procedimiento con arreglo al artículo 173 del Tratado CEE, el Tribunal de Justicia solamente debe considerar los motivos enumerados en esta disposición. Ello significa que el control del Tribunal de Justicia sólo se refiere a la observancia del Derecho comunitario.
Por ende, tal y como ha señalado la Comisión, este primer motivo de nada sirve a las demandantes y debe desestimarse.
2. Infracción de los Reglamentos nos 2513/69 y 2514/69 del Consejo
A continuación las demandantes pretenden que ha habido infracción de los Reglamentos nos 2513/69 y 2514/69, al no mencionar éstos expresamente el sistema de licencias de importación que fue establecido por la Comisión. Por ello, continúan las demandantes, no pueden recurrirse a ellos respecto a las medidas de salvaguarda que regulan los mencionados Reglamentos. A primera vista, este motivo encuentra apoyo en el texto del artículo 2 del Reglamento no 2514/69 (que precisa las «medidas apropiadas» que pueden adoptarse con arreglo al Reglamento no 2513/69), porque este artículo sólo menciona la suspensión de las importaciones o de las exportaciones y la percepción de derechos de exportación. Sin embargo, se puede uno preguntar si la expresión «suspensión de las importaciones» sólo puede entenderse realmente en el sentido de una paralización total de las importaciones o si, por el contrario, puede cubrir legalmente la medida menos radical de reducción de las importaciones, que establecen los Reglamentos nos 459/70 y 565/70 al prever que, a lo largo del período que va desde el 1 de abril al 30 de junio de 1970, la Comisión decidirá cada semana sobre las solicitudes de licencias de importación, es decir, fijará la cantidad en la que se podía acceder a dichas solicitudes. A decir verdad, es indudable que una interpretación razonable de la cláusula de salvaguarda invocada debe llevar a responder que la medida adoptada por la Comisión se mantenía en los límites trazados por el artículo 2 del Reglamento no 2514/69. Se ha de observar además que el sistema que se había establecido equivalía en realidad a una «suspensión de las importaciones», y ello para todos los importadores que en 1970 desearan importar por primera vez manzanas de mesa procedentes de terceros países, para los importadores que no hubieran efectuado importaciones a lo largo del período de referencia y para los importadores cuya cantidad de referencia ya se hubiera agotado.
De esta forma creo que se puede afirmar que el sistema adoptado por la Comisión se inserta en el marco del Reglamento no 2514/69. Si se debiera precisar este extremo, la confirmación radica especialmente en el hecho de que el Consejo, autor del Reglamento no 2514/69, no ha modificado ni anulado las medidas adoptadas por la Comisión, a pesar de que un Estado miembro había solicitado su examen conforme al artículo 2 del Reglamento no 2513/69.
3. Las medidas de salvaguarda con arreglo a los Reglamentos del Consejo nos 2513/69 y 2514/69 y el sistema de precios de referencia
Mediante un tercer motivo, las demandantes alegan que el instrumento principal que ha concebido la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas para luchar contra las importaciones son los precios de referencia, al no poder admitirse el recurso a otras medidas más que en el caso de que las importaciones desciendan por debajo de los precios de referencia. Sin embargo a lo largo de 1970, único período que nos interesa, los precios de importación se habían situado en un 100 % aproximadamente por debajo de los precios de referencia, sin que hubiera de temerse que se aproximaran a los precios de referencia o a los precios de mercado. Además, alegan las demandantes, incluso se había renunciado a fijar un precio de referencia para el mes de junio de 1970.
A este respecto, conviene ante todo recordar el funcionamiento del sistema de los precios de referencia. Como ya sabe el Tribunal de Justicia, los precios de referencia se fijan anualmente para la totalidad de la Comunidad al nivel de la media aritmética de los precios de producción de los Estados miembros, incrementados con los costes de comercialización. Por «precios de producción» hay que entender la media de las cotizaciones que se alcanzaron durante los tres años que preceden a la fijación del precio de referencia, en los mercados representativos de los territorios en los que las cotizaciones son más bajas. Estos precios de referencia se comparan con los precios de entrada de los productos importados procedentes de terceros países, precios que se determinan basándose en las cotizaciones medias más bajas registradas en los mercados de importación representativos, a los que se restan los derechos de aduana, los derechos de importación y los costes de transporte. Si estos precios de importación descienden por debajo de los precios de referencia, procede percibir un gravamen compensatorio que equivale a la diferencia entre los dos precios y que se recauda además del derecho de aduana.
Observemos ante todo (esto es una consideración esencial en el asunto que nos ocupa) que este sistema ya fue establecido en el Reglamento no 23, de 4 de abril de 1962, es decir, en una época en la que los regímenes nacionales de importación no estaban unificados y seguían siendo aplicables provisionalmente, si bien acompañados de instrumentos suplementarios de protección. Hay que reconocer que, por lo menos a partir de la adopción del Reglamento no 65/65 (si se comparan sus disposiciones con las del Reglamento no 23), el sistema de precios de referencia no tiene el carácter de una cláusula de salvaguarda y que presenta un automatismo que el Reglamento no 2512/69, promulgado a la vez que el Reglamento no 2513/69, no ha hecho otra cosa que acentuar. De esta forma se puede compartir la opinión de la Comisión de que los precios de referencia tienden a estabilizar los precios mediante gravámenes compensatorios y que su misión es comparable a la que desempeñan en la organización del mercado de los cereales las exacciones reguladoras (a las que se añaden cláusulas especiales de salvaguarda). Por el contrario, es cierto que el artículo 2 del Reglamento no 2513/69 tiene verdaderamente carácter de cláusula de salvaguarda. La Comisión tiene razón cuando explica que las disposiciones de estos artículos eran necesarias para compensar la prohibición que se había dictado en el mismo momento respecto a las restricciones cuantitativas o, dicho de otra forma, que si dicho artículo se había debido incluir en el Reglamento no 2513/69 ello era porque debía mantener en lo fundamental lo que constituía la substancia de los regímenes nacionales de importación que estaban anteriormente en vigor.
Pero como el examen de la evolución de la organización de mercados de las frutas y hortalizas lleva a comprobar que el sistema de precios de referencia no tiene la misma misión que la cláusula de salvaguarda que recoge el Reglamento no 2513/69 hay que reconocer forzosamente que, como afirma la Comisión, la interdependencia que quieren ver las demandantes entre estos dos elementos no existe, tanto más cuanto que ningún texto atribuye un carácter subsidiario a la cláusula de salvaguarda. Obsérvese también que la misma cláusula de salvaguarda es aplicable tanto si se trata de productos respecto de los cuales no se haya fijado un precio de referencia como de productos (actualmente diez) respecto de los cuales sí se han fijado precios de referencia. Esta particularidad es solamente comprensible si se admite que la aplicación de la cláusula de salvaguarda es independiente de la de los precios de referencia. Además, la Comisión ha demostrado que, teniendo en cuenta la situación que tenía que superar en 1970, la percepción de gravámenes compensatorios en función de los precios de referencia no constituía el medio apropiado. Efectivamente (como explicaré más tarde) el problema que se planteaba en primer lugar era un problema de cantidades. Por otra parte, no se debe olvidar que los precios de referencia representan cifras medias (y, por consiguiente, relativamente bajas) y que, en comparación con las cotizaciones superiores de las importaciones procedentes de terceros países, no habrían podido tener ninguna incidencia más que en el caso de que hubiera habido una fijación de coeficientes de adaptación en función de las diferencias de calidad (distinguiendo entre los productos de la cosecha antigua y de la nueva). Pero no se había procedido a la fijación de semejantes coeficientes, sin que se pueda hacer ningún reproche a las autoridades comunitarias, habida cuenta del sistema de la organización de mercados en el sector de las frutas.
En resumen, entiendo que la Comisión tiene razón cuando dice que no se puede efectuar ninguna alegación en contra de la licitud de las medidas de salvaguarda que había adoptado, ni fundándose en la falta de gravámenes compensatorios, debida al nivel de precios de importación, ni en el hecho de que no se hubieran fijado precios de referencia para el mes de junio de 1970.
4. Los requisitos de fondo de los Reglamentos nos 2513/69 y 2514/69
Sin duda, en el examen del asunto presente es muy importante saber si se habían cumplido los requisitos a los que los Reglamentos nos 2513/69 y 2514/69 subordinan la adopción de medidas de salvaguarda. Las demandantes también lo niegan, efectuando diversas alegaciones. Comencemos por recordar cuáles son dichos requisitos.
El requisito fundamental para la adopción de medidas de salvaguarda está definido en el Reglamento no 2513/69 de la siguiente manera: «Si el mercado de uno o varios productos de los enunciados en el artículo 1 sufre o estuviere amenazado de sufrir, debido a las importaciones o exportaciones, graves perturbaciones […]». Se dice claramente en dicho texto que basta una amenaza de perturbación; dicho de otra manera, no es necesario encontrarse ya en una situación de crisis, sino que basta un pronóstico razonable que permita esperarla. Es indudable que hace falta, además, que las importaciones desempeñen un papel esencial, que ejerzan una influencia decisiva, de manera efectiva o previsible. El Reglamento de ejecución no 2514/69 dispone además que, para determinar si el mercado está amenazado de sufrir perturbaciones graves debido a las importaciones, hace falta, en particular, «tener en cuenta» varios criterios, expresión cuya única significación posible, si se interpreta razonablemente, es que estos criterios deben ser considerados, sin que se pueda decir que su enumeración es exhaustiva. Estos criterios son los siguientes: el volumen de las importaciones o de las exportaciones realizadas o previsibles, las disponibilidades de productos en el mercado de la Comunidad, los precios aplicados a los productos autóctonos en el mercado de la Comunidad o la evolución previsible de dichos precios y, en particular, su tendencia a una baja excesiva y, por último (en el caso de que la situación de perturbación se presente o amenace con presentarse a causa de las importaciones), las cotizaciones vigentes en el mercado de la Comunidad de los productos procedentes de terceros países y, en particular, su tendencia a una baja excesiva, así como las cantidades para las que se llevan a cabo o puedan realizarse operaciones de retirada. Contemplado globalmente, el sistema que integran estos criterios demuestra claramente que basta con un pronóstico sobre el volumen de las importaciones que cabe esperar. Seguidamente, por lo que se refiere a los precios de los productos autóctonos, no es indispensable que se compruebe una tendencia a una baja excesiva. Este tercer criterio menciona varias posibilidades, lo cual es comprensible puesto que, si no fuer así, en caso de una crisis en el sentido del artículo 6 del Reglamento no 159/66 (hipótesis de la que hablaré más adelante), es decir, en situaciones en las que ya se ha alcanzado el nivel muy bajo del precio de intervención, sería imposible hacer frente a las importaciones mediante medidas de salvaguarda. Por último, en lo que se refiere a las cotizaciones de los productos procedentes de terceros países, no es indispensable tampoco que se haya comprobado su tendencia efectiva a una baja excesiva; por el contrario, se ha de admitir, como lo hace la Comisión, que basta con que esta tendencia amenace con presentarse, como también basta que el mercado se vea amenazado de sufrir una perturbación grave para que se haya cumplido el requisito fundamental de aplicación de la cláusula de salvaguarda.
Éstas son las consideraciones de principio desde las que debo enjuiciar ahora los datos y los pronósticos económicos que se formularon a propósito de la situación del mercado de manzanas en la primavera de 1970 y sobre cuya base se podrá resolver acertada la licitud o (como opinan las demandantes) la ilicitud de la medida de salvaguarda adoptada por la Comisión.
Un primer aspecto, que no se discute, es que la producción de manzanas de la campaña 1969/1970 (que fue del orden de 7 millones de toneladas) fue excepcionalmente elevada, superior en 550.000 toneladas a la obtenida en la campaña 1967/1968, durante la cual se debieron retirar del mercado más de 300.000 toneladas. De esta forma, en la primavera de 1970 existían todavía cantidades almacenadas importantes procedentes de la cosecha comunitaria (conforme a las indicaciones de la Comisión, alcanzaban la cantidad de un millón de toneladas aproximadamente). De ello se deduce que la Comisión tuvo en cuenta la letra b) del artículo 1 del Reglamento no 2514/69 y que no se equivocó al afirmar que había un excedente de disponibilidades de manzanas de mesa en el mercado de la Comunidad.
Tampoco se ha discutido que, en la primavera de 1970, Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo experimentaban una situación de crisis en el sentido del artículo 6 del Reglamento no 159/66, situación que casi se apreciaba también en los Países Bajos. Veamos qué quiere decir esto: a tenor del artículo 6 del Reglamento no 159/66, hay crisis cuando las cotizaciones registradas en los mercados de producción representativos son inferiores al precio de compra incrementado en la cuantía del 15 % del precio de base (el cual corresponde a la media de las cotizaciones registradas en los mercados representativos situados en las zonas de producción excedentaria que tengan los precios más bajos, habida cuenta de que el precio de compra de las manzanas se ha fijado a un nivel situado entre el 50 % y el 55 % del precio de base). En estas situaciones de crisis los Estados miembros conceden una compensación financiera por los productos retirados del mercado. Parece que esta medida se aplicó a menudo en la primavera de 1970. Por otra parte, la situación de crisis se prolongó (persistió hasta el 4 de mayo en Luxemburgo, hasta el 19 de mayo en Francia y hasta el 31 de mayo en Bélgica y en Italia). De ello se deduce que la Comisión también tuvo en cuenta la letra c) del artículo 1 del Reglamento no 2514/69, es decir, que tuvo razón cuando estimó que los precios autóctonos se situaban a un nivel muy bajo (opinión que por otra parte, confirman las cifras contenidas en el anexo B del escrito de duplica). La Comisión tuvo también en cuenta el segundo guión de la letra d) del artículo 1 del Reglamento no 2514/69, es decir, las cantidades para las que se lleven a cabo o puedan realizarse operaciones de retirada. Además, muchos otros datos demuestran que en la primavera de 1970 el mercado de manzanas de mesa en la Comunidad se encontraba realmente en una situación extremadamente difícil. Me limitaré a recordar que, mediante el Reglamento no 480/70, el Consejo autorizó a los Estados miembros a conceder a las organizaciones de productores una compensación financiera por las manzanas retiradas del mercado con carácter preventivo. Recuerdo también que, a causa del bajo nivel de precios en la República Federal se pusieron a disposición créditos destinados a promocionar las ventas y que el Reglamento no 2517/69 estableció el pago de primas por arranque a los productores de manzanas que asumieran el compromiso de renunciar a la producción.
Pero éste no es más que uno de los aspectos de la situación. Sabido es que el Reglamento no 2514/69 establece que hay que considerar además el volumen de las importaciones, las cotizaciones a las que se efectuaron y la influencia que ejercieron sobre el mercado autóctono. Según los escritos presentados por la Comisión a este respecto, ésta actuó basándose principalmente en pronósticos y temores que se fundaban en las experiencias de los años anteriores. Después de haber comparado la situación del mercado tal y como se presentaba en los meses de abril, mayo y junio de la campaña 1967/1968 (que había conocido una producción autóctona excedentaria y un bajo nivel de precios) con la situación de los meses correspondientes de la campaña 1968/1969 (caracterizada por una cosecha normal y precios inferiores bastante elevados), la Comisión comprobó que los precios de importación del año de sobreproducción eran inferiores en un 20 % a los de la campaña 1968/1969, que había sido normal y que dichos precios estaban próximos a los aplicados en el mercado interior durante campañas normales (véase el anexo A de la dúplica). También señaló la Comisión que en la primavera de 1968 las importaciones habían alcanzado la cantidad de 115.000 toneladas, es decir, una cantidad superior a la de las importaciones de la primavera de 1969, que sólo se elevaban a 101.000 toneladas. De ello deduce que, teniendo en cuenta el bajo nivel de los precios inferiores, había que contar con el año excedentario de 1969/1970 experimentara también una disminución de los precios de los productos importados y un aumento paralelo de las importaciones (pronóstico que fue confirmado por las solicitudes presentadas ulteriormente con objeto de obtener licencias). En realidad no se ve apenas qué podría replicarse a este razonamiento, especialmente si se piensa en la decisión de liberalizar las importaciones que se adoptó por primera vez en 1970 y que por sí sola permitía prever un aumento de las importaciones.
La única alegación que nos queda por examinar es la afirmación de las demandantes de que, en realidad, las manzanas importadas procedentes de la nueva cosecha no tienen el mismo mercado que las manzanas autóctonas de la antigua cosecha y que al no ser estas dos categorías de frutas sustituibles entre sí, es imposible admitir que las importaciones de manzanas procedentes de terceros países influyan en el mercado de los productos autóctonos. A este respecto, las demandantes han llamado la atención sobre las diferencias de calidad y precio así como sobre el volumen de las importaciones de manzanas procedentes de terceros países. No obstante, parece que debemos compartir también a este respecto la tesis de la Comisión. En primer lugar, la Comisión tiene razón cuando objeta a las demandantes que sus indicaciones relativas a la situación de los precios (y conforme a las cuales los precios de importación eran superiores en un 100 % a los precios interiores) son poco decisivas porque se refieren a un período durante el cual las medidas comunitarias de salvaguarda ya estaban en vigor y, por tanto, la oferta de manzanas originarias de terceros países era limitada. Lo mismo se puede decir respecto a las indicaciones efectuadas por las demandantes en relación con las cantidades importadas. Se ha de señalar además que su proporción debe calcularse en comparación con el volumen de ventas del período considerado y no en comparación con el conjunto de la campaña de comercialización (la cifra a la que se llega en este caso es del 10 % y no del 5 %). Por otra parte, cuando las demandantes afirman que las manzanas recientemente cosechadas y las de la antigua cosecha no son absolutamente sustituibles (ya se sabe que la propia Comisión admite la posibilidad de substitución sólo en cierta medida), parece que basta con oponerle la opinión del consumidor medio. Por mi parte, en cualquier caso, no entiendo, en caso de manzanas de la misma variedad, cómo cabe pensar que no pueden sustituirse cuando se trata, por una parte, de frutas recientemente cosechadas y, por otra parte, de productos de una cosecha anterior, que (no olvidemos) pueden mantener mucho tiempo sus cualidades gracias a los modernos métodos de conservación. En realidad, se puede negar tan poco su posibilidad de sustituirse como si se tratase de manzanas de la misma cosecha que, a veces, presentan importantes diferencias de precios (tal y como ha demostrado la Comisión basándose en los precios de referencia, es decir, basándose en precios medios). Además, la tesis de la Comisión de que el mercado interior estaba influido por las importaciones de manzanas, encuentra otro apoyo en las experiencias de los años anteriores de las que ya hemos hablado. A decir verdad, nadie puede negar seriamente que los gráficos presentados por la Comisión sobre el desarrollo de las importaciones (sus cantidades y precios) y de su relación con el mercado interior y con los precios que se aplicaban en éste son suficientemente elocuentes.
Por último, si se considera que, a pesar de la inexistencia de una disposición paralela a la que figura en el artículo 33 del Tratado CECA, los procesos económicos en la esfera del Tratado CEE deben estar regidos por principios similares a los enunciados en aquella disposición, es decir, que el Tribunal de Justicia no puede efectuar un análisis económico que llegue a los menores detalles sino que debe limitarse esencialmente a examinar si la Comisión, teniendo en cuenta los datos que ha llegado a conocer, ha enjuiciado la situación de una manera objetiva y razonable, entonces la última conclusión posible ha de ser a favor de la Comisión. En efecto, no se ha aducido nada que pudiera contradecir su tesis de que la situación de crisis, producida a consecuencia de una cosecha comunitaria sobreabundante, habría experimentado una agravación considerable si no se limitaran las importaciones que se efectuarían a precios previsiblemente bajos (agravación que ocurriría aunque sólo fuera en la forma de un aumento de las operaciones de intervención). Tampoco es posible reprochar a la Comisión la adopción de las medidas de salvaguarda en marzo de 1970 y su mantenimiento durante el período que nos interesa (aspecto sobre el que basta recordar que la crisis no solamente se había prolongado, sino que en el mes de junio todavía había importantes disponibilidades, razón por la que, en contra de la costumbre, se fijó un precio de base para dicho mes).
5. Motivación insuficiente
Sin embargo, la conformidad a Derecho de la medida impugnada no depende sólo de la concurrencia de los requisitos de fondo fijados en los Reglamentos nos 2513/69 y 2514/69. También es necesario que esta medida haya sido suficientemente motivada. Las demandantes entienden que tampoco se ha cumplido este requisito. Consideran que la motivación de los Reglamentos nos 459/70 y 565/70 es insuficiente, contradictoria y oscura, porque no indica si se han cumplido los requisitos exigidos en los Reglamentos nos 2513/69 y 2514/69 del Consejo, porque nada dice sobre la cuestión de si los productos de que se trata son sustituibles y porque no permite determinar si la Comisión tuvo en cuenta una tendencia a una baja excesiva de las cotizaciones en el mercado de las manzanas autóctonas y en el mercado de las manzanas importadas.
Este motivo de impugnación requiere ante todo una observación básica: en realidad, la obligación de motivar requiere solamente que se indiquen los elementos de hecho y de Derecho en las que la Administración ha creído poder fundar el acto que ha adoptado, sin que se pueda exigir que discuta todas las objeciones posibles ni evidentemente que recurra a las fórmulas utilizadas en la ley. Este principio se aplica especialmente en relación con la tendencia a una baja excesiva de las cotizaciones en el mercado de las manzanas importadas, tendencia cuya existencia, en opinión de la Comisión, no era necesaria, sino que bastaba con esperar que se pudiera producir (lo cual permite considerar que, a este respecto, la Comisión se refería implícitamente a la situación de los años anteriores). Seguidamente, y con arreglo a la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia (véase, por ejemplo, la sentencia de 1 de diciembre de 1965, Schwarze, 16/65_↔ Rec. pp. 1081 y ss., especialmente pp. 1096-1097), hay que tener presente el hecho de que la Comisión sólo disponía de un plazo de 24 horas para preparar y para adoptar la medida de salvaguarda que se impugna. Teniendo en cuenta esta circunstancia, es evidente que la motivación del acto no debe enjuiciarse conforme a los mismos criterios que se aplican cuando se trata de actos elaborados en condiciones normales. Además, no olvidemos que los Reglamentos nos 565/70 y 686/70 se refieren al Reglamento no 459/70 y que, por tanto, parece indicado contemplar globalmente la motivación de dichos textos.
Habida cuenta de todo lo antedicho, apenas comprendo cómo puede hablarse de insuficiencia de motivación en el asunto presente. Baste con recordar que el Reglamento no 459/70 habla del volumen de la producción de manzanas en la Comunidad (comparándolo con el volumen de los años anteriores), que menciona las cantidades almacenadas existentes y la necesidad de adoptar medidas de intervención, que pone de manifiesto la existencia de una situación de crisis en varios Estados miembros, el volumen de las importaciones de manzanas, las posibilidades de substitución por la producción de la cosecha interna y que menciona la baja de las cotizaciones así como el aumento de las cantidades que deben retirarse del mercado. En el Reglamento no 565/70 se trata, además, de la cuestión de las cantidades para las que se han presentado solicitudes de licencias de importación. Considerar que estas indicaciones no constituyen una justificación suficiente del acto impugnado equivale indudablemente a incrementar desmesuradamente los requisitos que se pueden exigir en materia de motivación.
Por consiguiente parece que no se puede invocar válidamente ningún motivo de forma contra la legalidad de los actos impugnados.
6. Alteración de las condiciones de la competencia
Mediante un último motivo, las demandantes sostienen además que, al limitar las importaciones y la aplicación de períodos de referencia anteriores, la medida de salvaguarda adoptada por la Comisión ha congelado y falseado las relaciones de competencia. Además (objeción que sólo se refiere a la demandante en el asunto 44/70), esta medida ha impedido el acceso al mercado de importación a las empresas que no habían importado en el período de referencia. De ello resulta, en opinión de las demandantes, una violación de los principios contenidos en la letra f) del artículo 3 y en los artículos 85 y 86 del Tratado CEE.
Al examinar esta alegación, hay que reconocer que indudablemente las medidas impugnadas han afectado en cierta medida a las condiciones de competencia. Sin embargo, esta mera afirmación no permite hablar de violación del Tratado y de ilegalidad de los actos de que se trata. Sobre todo, no hay duda de que debemos dar la razón a la Comisión cuando afirma que no está vinculada de manera rigurosa y exclusiva por los principios que acabamos de mencionar. Así se deduce del artículo 3 del Tratado CEE, en el que se habla no solamente del establecimiento de un régimen que asegure que la competencia no será falseada, sino también del establecimiento de una política común en el sector de la agricultura. Subrayemos además la reserva enunciada en el artículo 42 del Tratado en relación con las normas de competencia y sobre la que se puede pensar que se aplica a las organizaciones comunes de mercados y a los productos agrícolas regidos por éstas.
Por consiguiente, la única cuestión que se puede plantear es la de si, pretendiendo armonizar estos distintos objetivos del Tratado, la Comisión erró al conceder prioridad a uno de ellos. Pero apenas veo cómo se puede afirmar esto aquí. En efecto, obsérvese en primer lugar que, incluso después de adoptarse las medidas de salvaguarda discutidas, subsistían amplias posibilidades de competencia para las manzanas importadas. Además hay que reconocer que las situaciones excepcionales justifican el recurso a medidas especiales. Para enjuiciarlas debemos tomar en consideración la brevedad del período en el que se aplicaron y el hecho de que estaban limitadas a las importaciones de manzanas procedentes del hemisferio sur (cuando es muy raro que la actividad comercial de las empresas de importación esté especializada precisamente en ese sector). Si la Comisión, habida cuenta de esta situación, entendió que los intereses de las empresas de importación establecidas y que ya habían importado con anterioridad debían gozar de preferencia sobre las empresas que en 1970 tenían por primera vez la intención de realizar las importaciones de manzanas, esto no significa que la Comisión desconociera un principio enunciado en el Tratado. Además, puesto que, respecto a las otras posibilidades que podían contemplarse para proteger el mercado de manzanas, las demandantes se limitaron a formular algunas generalidades, sin demostrar que estas posibilidades eran igualmente practicables ni que habrían sido menos perjudiciales para los interesados, creo poder recapitular mis observaciones y afirmar que este último motivo, basado en los principios que establecen que el juego de la competencia no debe falsease en el mercado común, tampoco puede justificar la anulación de las medidas de salvaguarda impugnadas.
III. Resumen
Por todo lo anterior, llego a las siguientes conclusiones:
En contra de la opinión de la Comisión, debe acordarse la admisión de los recursos interpuestos. Sin embargo, son infundados y, en consecuencia, deben ser desestimados, con condena de las demandantes al pago de las costas.
(
*1
)	Lengua original: alemán.
(
1
)	DO L 74, de 3 de abril de 1970.
(
2
)	DO L 80, de 10 de abril de 1970.
(
3
)	DO L 84, de 16 de abril de 1970.
(
4
)	DO L 90, de 24 de abril de 1970.
(
5
)	DO L 96, de 30 de abril de 1970.
(
6
)	DO L 101, de 7 de mayo de 1970.
(
7
)	DO L 105, de 15 de mayo de 1970.
(
8
)	DO L 110, de 22 de mayo de 1970.
(
9
)	DO L 116, de 29 de mayo de 1970.
(
10
)	DO L 122, de 5 de junio de 1970.
(
11
)	DO L 135, de 20 de junio de 1970.