62024CJ0326
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 3 de julio de 2025 (
*1
)
«Recurso de casación — Medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia en lo que respecta a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos — Listas de personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos — Inclusión y mantenimiento en estas listas del nombre de empresas bielorrusas cuya propiedad corresponde en su práctica totalidad al Estado — Criterio de inclusión vinculado al “apoyo al régimen de Lukashenko” — Obligación de determinadas empresas bielorrusas cuya propiedad o cuyo control corresponden al Estado de abonarle parte de sus beneficios en virtud de una medida estatal obligatoria»
En el asunto C‑326/24 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 2 de mayo de 2024,
Grodno Azot AAT, con domicilio social en Grodno (Bielorrusia),
Khimvolokno Plant, con domicilio social en Grodno,
representadas inicialmente por el Sr. L. Engelen, advocaat, y la Sra. N. Montag, avocată, y posteriormente por las Sras. M. Krestiyanova, avocate, y N. Montag, avocată,
partes recurrentes,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. A. Antoniadis y A. Boggio-Tomasaz, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. D. Gratsias, E. Regan, J. Passer y B. Smulders (Ponente), Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso de casación, Grodno Azot AAT y Khimvolokno Plant solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 21 de febrero de 2024, Grodno Azot y Khimvolokno Plant/Consejo (T‑117/22, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2024:112), por la que dicho Tribunal desestimó su recurso de anulación de, en primer lugar, la Decisión de Ejecución (PESC) 2021/2125 del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por la que se aplica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia (DO 2021, L 430 I, p. 16), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2124 del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Bielorrusia (DO 2021, L 430 I, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos iniciales»), y, en segundo lugar, la Decisión (PESC) 2023/421 del Consejo, de 24 de febrero de 2023, por la que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y la participación de Bielorrusia en la agresión rusa contra Ucrania (DO 2023, L 61, p. 41), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/419 del Consejo, de 24 de febrero de 2023, por el que se aplica el artículo 8 bis del Reglamento (CE) n.o 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania (DO 2023, L 61, p. 20) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos de mantenimiento»), en la medida en que esos cuatro actos (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos») las afectan.
Marco jurídico y antecedentes del litigio
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A efectos del presente recurso de casación, el contexto fáctico y jurídico del presente asunto, tal como se expone en los apartados 2 a 17 de la sentencia recurrida, puede resumirse del siguiente modo.
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El presente asunto se inscribe en el marco de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea desde 2004 habida cuenta de la situación en Bielorrusia en lo que respecta a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
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El Consejo de la Unión Europea adoptó, el 18 de mayo de 2006, el Reglamento (CE) n.o 765/2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra el presidente Lukashenko y determinados funcionarios de Bielorrusia (DO 2006, L 134, p. 1), cuyo título fue sustituido, a tenor del artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 588/2011 del Consejo, de 20 de junio de 2011 (DO 2011, L 161, p. 1), por el de «Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a [Bielorrusia]».
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El 15 de octubre de 2012, el Consejo adoptó la Decisión 2012/642/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Bielorrusia (DO 2012, L 285, p. 1).
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El artículo 4, apartado 1, de la citada Decisión tiene la siguiente redacción:
«Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control, o tenencia correspondan a:
a)
personas, entidades u organismos responsables de violaciones graves de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, o cuyas actividades atenten gravemente contra la democracia y el Estado de Derecho en [Bielorrusia], o a cualesquiera personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, así como a cualesquiera personas físicas o jurídicas, entidades u organismos de propiedad de los mismos o controlados por ellos;
b)
personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que se benefician del régimen de Lukashenko o lo apoyan, así como a personas jurídicas, entidades u organismos de propiedad de los mismos o controlados por ellos,
según se enumeran en el anexo.»
7
El artículo 2, apartados 4 y 5, del Reglamento n.o 765/2006, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1014/2012 del Consejo, de 6 de noviembre de 2012 (DO 2012, L 307, p. 1), se remite al artículo 4, apartado 1, letras a) y b), de la Decisión 2012/642 y establece los mismos criterios de inclusión en las listas de personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos que los preceptuados en esta última disposición, en particular el criterio de «apoyo» al «régimen de Lukashenko» (en lo sucesivo, «criterio del apoyo al régimen de Lukashenko»).
8
El 2 de diciembre de 2021, el Consejo adoptó los actos controvertidos iniciales. En los considerandos 4 de tales actos se enuncia que, «habida cuenta de la gravedad de la situación en Bielorrusia, procede incluir a diecisiete personas y once entidades en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas».
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Mediante los actos controvertidos iniciales, se incorporó a la «Sociedad limitada por acciones abierta “Grodno Azot”[,] incluida la sucursal “Khimvolokno Plant”», en el cuadro B de la lista del anexo de la Decisión 2012/642 y en el cuadro B de la lista del anexo I del Reglamento n.o 765/2006 (en lo sucesivo, conjuntamente, «listas controvertidas») por los siguientes motivos (en lo sucesivo, «resumen de motivos»):
«Grodno Azot es una gran productora estatal de compuestos nitrogenados con sede en Grodno. Lukashenko la describió como “una empresa muy importante, una empresa estratégica”. Grodno Azot es también propietaria de Khimvolokno Plant, un gran fabricante de poliamida, poliéster y materiales compuestos. Grodno Azot y Khimvolokno Plant son una fuente de ingresos sustanciales para el régimen de Lukashenko. Por consiguiente, Grodno Azot apoya al régimen de Lukashenko.
Lukashenko visitó la empresa y se reunió con sus representantes, con los que debatió sobre la modernización de la planta y sobre diversas formas de apoyo estatal. Asimismo, prometió que se utilizaría un préstamo para la construcción de una nueva planta de nitrógeno en Grodno. Por lo tanto, Grodno Azot se beneficia del régimen de Lukashenko.
Los trabajadores de Grodno Azot, incluidos los empleados de Khimvolokno Plant, que participaron en protestas pacíficas contra el régimen e hicieron huelga, fueron despedidos, intimidados y amenazados tanto por la dirección de Grodno Azot como por representantes del régimen. Por lo tanto, Grodno Azot es responsable de la represión de la sociedad civil.»
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El 24 de febrero de 2023, el Consejo adoptó los actos controvertidos de mantenimiento, por los que mantenía el nombre de las recurrentes en las listas controvertidas por motivos idénticos en lo sustancial a los de los actos controvertidos iniciales.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
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Mediante demanda de 2 de marzo de 2022, en su versión posteriormente adaptada, las recurrentes solicitaron al Tribunal General que anulara los actos controvertidos, en la medida en que las afectaban, basándose, por lo que respecta a cada uno de estos actos, en dos motivos basados, en esencia, en un error en la apreciación de los hechos y en la infracción del artículo 4, apartado 1, letras a) y b), de la Decisión 2012/642.
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Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la demanda de las recurrentes.
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A este respecto, por lo que atañe, en primer lugar, a la pretensión de anulación parcial de los actos controvertidos iniciales, el Tribunal General, en un primer momento, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, dedujo de diferentes elementos fácticos presentados por las recurrentes y por el Consejo durante el procedimiento ante el Tribunal General, e incluso de información publicada en un sitio de Internet y mencionada en los apartados 33 a 37 de dicha sentencia, que el Consejo no había incurrido en error de apreciación de los hechos al considerar que Grodno Azot era una gran empresa estatal que había sido descrita por el presidente Lukashenko como una «empresa muy importante, una empresa estratégica», que Grodno Azot era propietaria de Khimvolokno Plant y que Grodno Azot y Khimvolokno Plant eran una fuente de ingresos sustanciales para el régimen de Lukashenko.
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En un segundo momento, el Tribunal General examinó sucesivamente, en los apartados 44 a 63 de la sentencia recurrida, los argumentos con los que las recurrentes pretendían impugnar la calificación de los elementos, enunciados en el apartado 38 de dicha sentencia, de apoyo al régimen de Lukashenko, para concluir, en el apartado 64 de dicha sentencia, que el Consejo no había incurrido en error de Derecho al estimar que la posición de las recurrentes en la economía bielorrusa, la circunstancia de que su propiedad correspondiera al Estado y el hecho de que fueran una fuente de ingresos sustanciales para el régimen de Lukashenko constituían, considerados en su conjunto, elementos suficientes para entender que apoyaban a dicho régimen, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2012/642.
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En particular, el Tribunal General estimó, en primer término, en los apartados 47 y 48 de la sentencia recurrida, que, contrariamente a las alegaciones de las recurrentes, se desprendía de la motivación de los actos controvertidos iniciales, por una parte, que el Consejo no se había basado únicamente en la circunstancia de que la propiedad de las recurrentes correspondiera al Estado bielorruso para considerar que apoyaban el régimen de Lukashenko, sino que también había tenido en cuenta a tal efecto un conjunto de elementos entre los que se encontraba el hecho de que fueran una fuente de ingresos sustanciales para dicho régimen y, por otra parte, que el Consejo no había considerado que cualquier empresa cuya propiedad correspondiera al Estado era automáticamente una fuente de ingresos para dicho régimen, sino que había considerado que el hecho de que las recurrentes fueran una fuente de ingresos para el citado régimen se añadía a la circunstancia de que su propiedad le correspondía al Estado.
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En este contexto, en los apartados 49 y 50 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se remitió, en particular, a su jurisprudencia relativa al tenor claro y preciso del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2012/642, que se refiere a las personas y entidades que «apoyan [al régimen de Lukashenko]», y al objetivo perseguido por esta disposición.
17
Por otro lado, en los apartados 51 y 52 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, basándose en los términos del considerando 6 de la Decisión 2012/642, señaló que el artículo 4, apartado 1, letra b), de dicha Decisión comprende no solo el apoyo político a dicho régimen, sino también el apoyo financiero o material a este.
18
En segundo término, en los apartados 54 a 56 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la argumentación de las recurrentes según la cual ellas ni controlaban el uso que se hacía de los recursos abonados al Estado bielorruso ni servían para financiar los gastos personales del presidente Lukashenko, concluyendo en el apartado 57 de dicha sentencia que, al haber entendido el Consejo que las recurrentes eran una fuente de ingresos para el régimen de Lukashenko para aplicar el criterio del apoyo al régimen, no tenía que demostrar, a tal efecto, que las recurrentes, debido a sus contribuciones financieras, fueran responsables de violaciones de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática.
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En tercer término, en los apartados 59 a 63 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la argumentación de las recurrentes según la cual los dividendos que tenían la obligación de abonar al Estado bielorruso en virtud del Decreto del presidente de la República de Bielorrusia n.o 637, de 28 de diciembre de 2005, relativo al procedimiento de inclusión en el presupuesto de una parte de los beneficios de las empresas del Estado, de las asociaciones del Estado que sean organizaciones comerciales y de los ingresos por dividendos (de participaciones en el capital social) de las sociedades mercantiles propiedad del Estado o de los municipios, así como para la constitución de un fondo presupuestario del Estado para el desarrollo nacional (Registro Nacional de Actos Jurídicos de la República de Bielorrusia n.o 1/7075, de 29 de diciembre de 2005; en lo sucesivo, «Decreto n.o 637/2005»), cuando obtuvieran beneficios, debían asimilarse a «impuestos» y, por tanto, no podían, conforme a su jurisprudencia derivada, en particular, de la sentencia de 6 de octubre de 2015, Chyzh y otros/Consejo (T‑276/12, EU:T:2015:748), apartado 169, constituir un apoyo al régimen de Lukashenko, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2012/642.
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A este respecto, por una parte, el Tribunal General señaló, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, que se desprendía del apartado 1.1 del Decreto n.o 637/2005 que la obligación de abonar una parte de los beneficios al Estado o a entidades infraestatales solo afectaba a una categoría delimitada de operadores económicos y no al conjunto de los contribuyentes bielorrusos.
21
Por otra parte, en el apartado 62 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó que se desprendía de los términos del apartado 1.2 del Decreto n.o 637/2005 que el abono de que se trataba era formalmente distinto de los impuestos y se añadía a estos.
22
El Tribunal General dedujo de ello, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, que la circunstancia de que las recurrentes estuvieran obligadas a abonar una parte de sus beneficios al Estado en virtud del Decreto n.o 637/2005 no contradecía la apreciación según la cual apoyaban financieramente al régimen de Lukashenko, sino que confirmaba dicha apreciación, ya que, mediante dicho Decreto, el citado régimen había incrementado el control que ya ejercía, como único accionista, sobre los recursos de las recurrentes, al asegurarse de disponer periódicamente de una parte de los beneficios que obtenían.
23
Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la pretensión de anulación parcial de los actos controvertidos de mantenimiento, el Tribunal General señaló, en el apartado 74 de la sentencia recurrida, que, en el momento de la adopción de dichos actos, se habían añadido dos artículos publicados en Internet al expediente constituido por el Consejo. Según el primer artículo, publicado el 18 de abril de 2022, tras haber registrado pérdidas en 2020, Grodno Azot había obtenido un beneficio neto de casi 530000000 de rublos bielorrusos (BYN) (aproximadamente 175000000 euros) en 2021 y anunciado el pago de más de 100000000 de BYN (aproximadamente 33195000 euros) de dividendos. Según el segundo artículo, publicado el 20 de octubre de 2022, el ministro bielorruso de Economía había declarado que los ingresos de Grodno Azot habían aumentado en casi un 20 % entre enero y agosto de 2022. Según el Tribunal General, las recurrentes no habían cuestionado la fundamentación de dicha información. De ello dedujo, en el apartado 75 de la sentencia recurrida, que el Consejo no había incurrido en error de apreciación al estimar, a raíz de una revisión de la situación de las recurrentes, que estas eran una fuente de ingresos sustanciales para el régimen de Lukashenko.
Pretensiones de las partes
24
Las recurrentes en casación solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Resuelva definitivamente el litigio, si su estado así lo permite.
–
Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie de nuevo.
–
Condene al Consejo al pago de las cotas del procedimiento ante el Tribunal de Justicia y del procedimiento ante el Tribunal General.
25
El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Con carácter subsidiario, si el Tribunal de Justicia decide anular la sentencia recurrida y dictar él mismo una resolución firme, desestime el recurso de anulación de los actos controvertidos.
–
Condene a las recurrentes a cargar con las costas tanto del procedimiento en primera instancia como del presente procedimiento de casación.
Sobre el recurso de casación
26
Las recurrentes invocan cuatro motivos en apoyo de su recurso de casación. El primer motivo se basa en la violación de los principios y la infracción de las normas jurídicas relativos a la carga de la prueba. El segundo motivo se refiere a una interpretación errónea de la naturaleza y de la función de los dividendos en el presente asunto y en cualquier régimen fiscal. El tercer motivo se basa en un error manifiesto de apreciación relativo a la falta de análisis del carácter «sustancial» del supuesto apoyo económico. Mediante su cuarto motivo, las recurrentes alegan la infracción del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2012/642.
Primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
27
Mediante su primer motivo de casación, referido a los apartados 32, 36 a 39, 42, 47, 48, 52, 55 y 57 de la sentencia recurrida, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en la medida en que, para llegar a la conclusión de que el Consejo no había incurrido en error de apreciación al declarar que eran una fuente de ingresos sustanciales para el régimen de Lukashenko, afirman que dicho órgano jurisdiccional se basó exclusivamente en la información relativa a los dividendos, pese a que esta no figuraba ni tampoco se mencionaba en el primer expediente probatorio del Consejo. Entienden que, de este modo, el Tribunal de General justificó retroactivamente el motivo de designación invocado por el Consejo con arreglo al criterio del apoyo al régimen, lo que constituye una inversión de la carga de la prueba y una violación de otros principios y la infracción de otras normas en materia de prueba. Alegan que el Consejo, cuando decide imponer una medida restrictiva, debe disponer, en el expediente probatorio inicial, de todos los elementos pertinentes a tal efecto, lo que, en el caso de autos, manifiestamente no es el caso de la información antes mencionada.
28
Afirman que el primer expediente probatorio del Consejo incluía únicamente, como elementos que supuestamente demostraban que las recurrentes eran una «fuente de ingresos sustanciales para el régimen de Lukashenko», un extracto del sitio de Internet de las recurrentes que presentaba el tamaño de estas, así como información sobre sus beneficios netos en 2018 y sobre sus volúmenes de negocios en 2020. Pues bien, entienden que ninguno de estos elementos explica, ni mucho menos, de qué manera las recurrentes aportaron un apoyo económico sustancial a dicho régimen.
29
Aducen que, en particular, en ese primer expediente, no se hacía referencia alguna, ni siquiera indirectamente, a los dividendos pagados por las recurrentes al Estado bielorruso. Arguyen que en su demanda aportaron medios de prueba relativos a los dividendos. Añaden que, si bien el Tribunal General presentó estos elementos como pruebas complementarias, de los apartados 52 y 55 de la sentencia recurrida se deriva que su conclusión de que las recurrentes prestaban apoyo al régimen al ser una fuente de ingresos sustanciales para él la basó únicamente en esos medios de prueba.
30
Afirman que, de este modo, pasando por alto los principios relativos a la carga de la prueba recordados en la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518), apartados 120 y 121, el Tribunal General se basó en medios de prueba de los que el Consejo no tenía conocimiento antes del 2 de marzo de 2022, fecha en la que las recurrentes los presentaron, siendo así que la designación había tenido lugar el 2 de diciembre de 2021.
31
Entienden que, en el supuesto de que de la jurisprudencia del Tribunal General se derivara que este puede basarse en pruebas aportadas por un demandante no solo en su descargo, sino también para incriminarlo, a fin de corroborar o reforzar los medios de prueba considerados por el Consejo para fundamentar las medidas restrictivas en cuestión, en el caso de autos no habría ningún medio de prueba por corroborar o respaldar. Afirman que, en efecto, el Tribunal General se basó simplemente en medios de prueba que ni siquiera se mencionaban en el expediente probatorio del Consejo y, de este modo, reescribió, de hecho, la motivación aportada por este.
32
Por tanto, a su juicio, el Tribunal General no respetó los principios y las normas relativos a la carga de la prueba en la medida en que concluyó, por una parte, que se habían acreditado los hechos descritos en el resumen de motivos en el que se sustentaba la alegación de que las recurrentes eran «una fuente de ingresos sustanciales para el régimen de Lukashenko» y, por otra parte, que dichos hechos están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2012/642.
33
El Consejo rebate las alegaciones de las recurrentes.
Apreciación del Tribunal de Justicia
34
Para comprobar si el Tribunal General vulneró las reglas relativas a la carga de la prueba en materia de medidas restrictivas, procede recordar que, al controlar dichas medidas, con arreglo a las competencias que les confieren los Tratados, los tribunales de la Unión deben garantizar un control, en principio completo, de la legalidad de todos los actos de la Unión (sentencia de 29 de noviembre de 2018, Bank Tejarat/Consejo, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, apartado 38 y jurisprudencia citada).
35
La efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea exige que, al controlar la legalidad de los motivos en que se basa la decisión de incluir el nombre de una persona en la lista de personas sujetas a medidas restrictivas, el juez de la Unión se asegure de que dicha decisión, que constituye un acto de alcance individual para dicha persona, dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica, en el presente asunto, verificar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basan los actos impugnados, de modo que el control jurisdiccional no se limite a una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados, sino que examine si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente por sí solo para fundamentar esos actos, están o no respaldados por hechos. Además, es la autoridad competente de la Unión quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos invocados contra la persona afectada son fundados, y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de la carencia de fundamento de tales motivos (sentencia de 29 de noviembre de 2018, Bank Tejarat/Consejo, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, apartado 39 y jurisprudencia citada).
36
En el caso de autos, es preciso subrayar que, como se observaba en el apartado 37 de la sentencia recurrida, en sus escritos procesales presentados ante el Tribunal General, las recurrentes reconocieron que abonaron al Estado bielorruso una parte de sus beneficios durante el período comprendido entre 2018 y 2020 y aportaron documentos relativos a dichos abonos. Así pues, las recurrentes confirmaron la circunstancia esencial de que eran una fuente de ingresos para el régimen de Lukashenko.
37
En estas circunstancias, el Consejo no estaba obligado a aportar medios de prueba para sustentar esta circunstancia esencial que acredita el fundamento del resumen de motivos, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 35 de la presente sentencia.
38
El hecho de que las recurrentes presentaran la información relativa a dichos abonos como pruebas «de descargo» carece de pertinencia, como advirtió acertadamente el Tribunal General en el apartado 37 de la sentencia recurrida.
39
Por consiguiente, no puede considerarse que, al tener en cuenta, en particular, la información aportada por las recurrentes durante el procedimiento de instancia y relativa a los abonos al Estado bielorruso de una parte de sus beneficios para determinar si esos abonos constituían un apoyo al régimen de Lukashenko que justificara su inclusión en la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas en forma de inmovilización de fondos y de recursos económicos, el Tribunal General invirtiera la carga de la prueba que incumbe al Consejo (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de noviembre de 2018, Bank Tejarat/Consejo, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, apartado 41).
40
En la medida en que las recurrentes subrayan la importancia que reviste el hecho de que los datos relativos a los abonos de una parte de sus beneficios sean mencionados por el Consejo en el resumen de motivos o se consignen en el expediente presentado en apoyo de dicho resumen y, por lo tanto, sean tenidos en cuenta expresamente por dicha institución al adoptar la medida restrictiva de que se trata, lo que excluye su comunicación a posteriori, parecen formular en realidad una alegación basada en que el Tribunal General incurrió en error al no declarar que la citada institución había incumplido la exigencia de motivación establecida en el artículo 296 TFUE.
41
A este respecto, es preciso señalar que, según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivar un acto lesivo, que constituye un corolario del principio del respeto del derecho de defensa, tiene la finalidad, por una parte, de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si el acto está bien fundado o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su validez ante el juez de la Unión y, por otra parte, de permitir a este el ejercicio de su control sobre la legalidad de dicho acto (sentencia de 15 de noviembre de 2012, Consejo/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, apartado 49 y jurisprudencia citada).
42
Por otra parte, por lo que se refiere, en particular, a los actos que imponen medidas restrictivas, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que poco importa que dichos actos no mencionaran expresamente determinados abonos al caracterizar las modalidades y el alcance del apoyo financiero prestado al Gobierno del Estado tercero objeto de tales medidas. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la suficiencia de la motivación de un acto debe apreciarse en relación con su contexto y con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate, de manera que un acto lesivo está suficientemente motivado cuando tiene lugar en un contexto conocido por el interesado, permitiéndole comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2016, Bank of Industry and Mine/Consejo, C‑358/15 P, EU:C:2016:338, apartado 63 y jurisprudencia citada).
43
Pues bien, a la vista de la información que se proporcionó en el resumen de motivos y en el expediente del Consejo, a saber, esencialmente, la relativa al hecho de que, como empresas estatales, debía considerarse que aportaban apoyo financiero al régimen de Lukashenko a causa, como resulta evidente, del pago de una parte de sus beneficios al Estado bielorruso, los actos controvertidos estaban suficientemente motivados, ya que, por una parte, las recurrentes pudieron impugnar y efectivamente impugnaron ante el Tribunal General la pertinencia, a efectos de la aplicación del criterio del apoyo al régimen de Lukashenko, de los citados abonos, que, como debe recordarse, habían sido mencionados por las propias recurrentes, y, por otra parte, dicha motivación permitió al Tribunal General ejercer el control de legalidad de dichos actos.
44
Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar el primer motivo de casación.
Segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
45
Mediante su segundo motivo de casación, referido a los apartados 60 a 67 de la sentencia recurrida, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al desestimar su alegación de que los dividendos abonados al Estado bielorruso en virtud del Decreto n.o 637/2005 debían asimilarse, habida cuenta de su naturaleza y de su función, a impuestos, de modo que, según la jurisprudencia del Tribunal General, no pueden, por principio, constituir un apoyo al régimen de Lukashenko, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2012/642. Afirman que, al actuar de este modo, el Tribunal General interpretó erróneamente la naturaleza y la función no solo de los dividendos en el caso de autos, que tienen carácter obligatorio, sino también de cualquier régimen fiscal, cualquiera que sea el Estado de que se trate, al negarse a asimilar tales dividendos a impuestos por entender que los impuestos se aplican a todos los contribuyentes bielorrusos, mientras que la liquidación por dichos dividendos corresponde a una base imponible particular definida en el Decreto n.o 637/2005 y su pago solo afecta a una categoría específica de entidades.
46
Aducen que, en primer lugar, contrariamente a lo que concluyó el Tribunal General, no todos los contribuyentes bielorrusos pagan los mismos impuestos. Arguyen que todos los regímenes fiscales de todo el mundo definen el objeto del impuesto de que se trata y las personas sujetas a él y que, en el presente caso, son las empresas bielorrusas cuya propiedad corresponde al Estado las que están obligadas a pagar dividendos obligatorios. Además, el Decreto n.o 637/2005 distingue diferentes categorías de empresas cuya propiedad corresponde al Estado, a saber, empresas cuya propiedad corresponde íntegramente al Estado y empresas en las que el Estado ostenta al menos el 50 % de las acciones. Añaden que numerosos impuestos bielorrusos, como los dividendos obligatorios, afectan a determinadas categorías de personas y que la sujeción de las empresas estatales al pago de dividendos obligatorios no es diferente de la aplicación selectiva de otros impuestos.
47
Afirman que, en segundo lugar, en el apartado 62 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no tuvo en cuenta que, como cualquier otro impuesto bielorruso, y como en cualquier otro lugar del mundo, en Bielorrusia, el cálculo de los dividendos obligatorios se efectúa a partir de una base imponible determinada, en el caso de autos de conformidad con el segundo párrafo del apartado 1.2 del Decreto n.o 637/2005.
48
Entienden que, en tercer lugar, la conclusión del Tribunal General en el apartado 63 de la sentencia recurrida según la cual el Estado bielorruso, «como accionista único», no ha hecho más que aumentar su control sobre sociedades como las recurrentes mediante la imposición de una distribución obligatoria de beneficios contradice el apartado 33 de dicha sentencia, a tenor del cual dicho Estado solo era titular del «99,96 % [del capital social de las recurrentes]».
49
Según las recurrentes, esta conclusión es ilógica porque, como accionista único o incluso, si así fuera, mayoritario de empresas, el Estado de que se trate posee ya el control de estas y no puede aumentarlo. A su juicio, así pues, el Estado puede decidir unilateralmente la distribución de dividendos.
50
Aducen que, en cuarto lugar, existen otros elementos, obviados por el Tribunal General, que confirman que en, Bielorrusia, los dividendos obligatorios son impuestos.
51
Razonan que, en primer término, en Bielorrusia, la recaudación de los dividendos obligatorios es competencia de las autoridades tributarias, de conformidad con los procedimientos fiscales aplicables. En segundo término, el enfoque consistente en recaudar dividendos tras el impuesto de sociedades se inspira en el principio de imposición de los beneficios extraordinarios. En tercer término, varios impuestos bielorrusos tienen su origen en actos jurídicos distintos del Código Impositivo. En cuarto término, la falta de abono o el abono fuera de plazo de los dividendos obligatorios se sancionan del mismo modo que la falta de pago o el pago fuera de plazo de los impuestos. En quinto término, los dividendos obligatorios y el impuesto de sociedades se abonan al mismo beneficiario y en la misma cuenta bancaria. En sexto término, al igual que cualquier otro impuesto, una deuda por abono de dividendos obligatorios puede compensarse con un crédito resultante de un pago excesivo referido a otro impuesto, como el impuesto sobre sociedades. En séptimo término, a diferencia de los dividendos ordinarios, en los que la sociedad que los abona actúa como agente tributario y hace retención de los impuestos sobre los dividendos distribuidos, que paga a Hacienda, ningún impuesto grava los dividendos obligatorios bielorrusos, de conformidad con el principio según el cual no puede existir ningún impuesto sobre otro impuesto, consagrado en el artículo 166 del Código Tributario bielorruso.
52
El Consejo sostiene que la argumentación de las recurrentes es, con carácter principal, en parte inadmisible, por lo que respecta a las alegaciones dirigidas contra los apartados 61 y 62 de la sentencia recurrida en la medida en que dichos apartados contienen apreciaciones fácticas, y en parte infundada. Con carácter subsidiario, el Consejo alega que tal argumentación carece de fundamento.
Apreciación del Tribunal de Justicia
53
Es preciso observar, como hizo el Tribunal General en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que, en sus escritos, las recurrentes «reconoc[ían] que [habían] pagado dividendos» al Estado bielorruso, que ostenta la práctica totalidad el capital de Grodno Azot, y que, por otra parte, ambas presentaron un documento del que se desprende que Grodno Azot abonó al presupuesto de la República de Bielorrusia dividendos por importe de 8481000 BYN (aproximadamente 3526000 euros) en 2018, de 34200000 BYN (aproximadamente 14604000 euros) en 2019 y de 6835000 BYN (aproximadamente 2462000 euros) en 2020.
54
Por lo tanto, el Tribunal General pudo estimar fundadamente, en el apartado 64 de la sentencia recurrida, que el Consejo no había incurrido en error de Derecho al estimar que las recurrentes eran «una fuente de ingresos sustanciales para el régimen de Lukashenko» y que esta circunstancia, considerada junto con la posición de las recurrentes en la economía bielorrusa, y el hecho de que su propiedad correspondiera al Estado al 99,96 % de su capital constituían elementos suficientes para considerar que prestaban apoyo a dicho régimen, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2012/642, disposición que se refiere en particular a las personas y entidades que apoyan financieramente a ese mismo régimen (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2016, Bank of Industry and Mine/Consejo, C‑358/15 P, EU:C:2016:338, apartado 81).
55
Tal interpretación del criterio del apoyo al régimen de Lukashenko, en la medida en que se centra en el apoyo financiero prestado a dicho régimen, se inscribe además en el objetivo principal que persigue esta disposición, a saber, aumentar la presión ejercida sobre el citado régimen para que este ponga fin a la violación grave y persistente en Bielorrusia de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, así como a la represión de la sociedad civil y la oposición democrática.
56
En estas circunstancias, procede declarar que la calificación de impuesto o de dividendo en virtud del cual las cantidades se abonan al Estado bielorruso no es determinante para identificar un «apoyo al régimen de Lukashenko», en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2012/642. En efecto, en ambos casos, se trata de cantidades abonadas al Estado por una entidad en la que este ostenta la práctica totalidad del capital, en aplicación de una normativa estatal que impone dicho abono. Excluir tales pagos de este concepto de «apoyo al régimen de Lukashenko» por el mero hecho de que las cantidades adeudadas se califiquen de impuestos podría permitir eludir las normas de la Unión mediante un aumento del tipo impositivo de los beneficios obtenidos por tales entidades, a cambio de una disminución del importe de los dividendos, cuyo pago al Estado viene impuesto por el Derecho bielorruso cuando una empresa cuya propiedad corresponde al Estado bielorruso obtiene beneficios (véase, por analogía, la sentencia de 12 de mayo de 2016, Bank of Industry and Mine/Consejo, C‑358/15 P, EU:C:2016:338, apartado 80).
57
De ello se deduce que, en la medida en que las recurrentes reprochan al Tribunal General haber restringido indebidamente, en el apartado 59 de la sentencia recurrida, el concepto de «impuesto» en este contexto y, en consecuencia, en los apartados 60 a 62 de dicha sentencia, haber declarado erróneamente que sus abonos al Estado bielorruso no podían asimilarse a tales impuestos, su argumentación es inoperante, puesto que, en cualquier caso, no puede desvirtuar la conclusión a la que llegó el Tribunal General en el apartado 64 de dicha sentencia, que se ha recordado en el apartado 54 de la presente sentencia, según la cual en el caso de autos existían elementos suficientes para considerar que las recurrentes prestaban «apoyo al régimen de Lukashenko», en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2012/642.
58
Lo mismo sucede con la argumentación de las recurrentes relativa al apartado 63 de la sentencia recurrida. En particular, en ese apartado, el Tribunal General declaró que la obligación de que las recurrentes, en virtud del Derecho bielorruso, abonaran parte de sus beneficios al Estado «confirma» la apreciación de que apoyaban financieramente el régimen de Lukashenko, dado que, al imponer esta obligación, dicho régimen incrementó el control que ejercía. Del término «confirma» y, más en general, de una lectura conjunta de los apartados 58 a 64 de la sentencia recurrida se desprende que la consideración que figura en su apartado 63 no es en absoluto necesaria para llegar a la conclusión a la que se hace referencia en el apartado anterior de la presente sentencia.
59
Pues bien, según reiterada jurisprudencia, las alegaciones dirigidas contra los fundamentos jurídicos reiterativos de una resolución del Tribunal General son inoperantes, ya que no pueden dar lugar a la anulación de dicha resolución (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de noviembre de 2002, Hirschfeldt/AEMA, C‑184/01 P, EU:C:2002:645, apartado 48, y de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, apartado 63 y jurisprudencia citada).
60
Habida cuenta de todo lo anterior, procede desestimar el segundo motivo de casación.
Tercer motivo de casación
Alegaciones de las partes
61
Mediante su tercer motivo de casación, referido a los apartados 36 a 38, 47 a 57 y 74 a 79 de la sentencia recurrida, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en un error manifiesto de apreciación al no pronunciarse sobre si el apoyo económico prestado en forma de abono de dividendos por los años 2018, 2019 y 2020, cuyos importes precisaron en sus escritos procesales, era «sustancial», de conformidad con la calificación en este sentido que figura en el resumen de motivos. A su juicio, este error ha quedado acreditado por lo que se refiere al análisis tanto de los actos controvertidos iniciales como de los actos controvertidos de mantenimiento.
62
Afirman que ni el resumen de motivos ni el primer expediente probatorio del Consejo contienen datos que permitan justificar la fundamentación de esta calificación.
63
Con carácter subsidiario, las recurrentes sostienen que, si el Tribunal General hubiera analizado debidamente la cuestión de si son una fuente de ingresos sustanciales para el régimen de Lukashenko, cosa que no hizo, habría respondido negativamente a dicha cuestión.
64
En este contexto, las recurrentes se refieren a la sentencia de 29 de abril de 2015, Bank of Industry and Mine/Consejo (T‑10/13, EU:T:2015:235), y, en particular, al apartado 186 de dicha sentencia, en el que el Tribunal General concluyó que la empresa estatal en cuestión había abonado importes «considerables» en beneficio de la Hacienda Pública iraní que constituían un apoyo financiero al Gobierno iraní.
65
Pues bien, entienden que, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, era controvertido un abono por un importe total de al menos 76 millones de euros durante un período de referencia de cinco años y, por lo tanto, un importe considerablemente superior a los importes abonados por las recurrentes al Estado bielorruso en concepto de dividendos obligatorios por los años 2018, 2019 y 2020. Alegan que, por tanto, estos últimos importes no pueden calificarse de fuente de ingresos sustanciales, y que ello se ve confirmado por la expresión de los citados importes como porcentajes del producto interior bruto (PIB) de la República de Bielorrusia en los años de que se trata, es decir, respectivamente, el 0,0069 %, el 0,0253 % y el 0,0045 % de ese PIB.
66
Aducen que esta conclusión se impone igualmente por lo que se refiere al abono en relación con los actos controvertidos de mantenimiento. Según ellas, en efecto, del segundo expediente probatorio del Consejo se desprende que las recurrentes abonaron en 2022 un importe de 33195000 euros en concepto de dividendos obligatorios, que representaban el 0,0471 % del PIB de la República de Bielorrusia en ese año. Arguyen que este importe es considerablemente inferior a lo que el Tribunal General calificó de «sustancial» en la sentencia de 29 de abril de 2015, Bank of Industry and Mine/Consejo (T‑10/13, EU:T:2015:235).
67
Por último, a juicio de las recurrentes, los dividendos obligatorios abonados por ellas, ya estén relacionados con los actos controvertidos iniciales o con los actos controvertidos de mantenimiento, no son una fuente de ingresos para el Estado, dado que el total de esos dividendos es inferior a las devoluciones del impuesto sobre el valor añadido recibidas por ellas por el período comprendido entre 2018 y 2022.
68
El Consejo rebate las alegaciones de las recurrentes.
Apreciación del Tribunal de Justicia
69
Es preciso señalar que, si bien, en el apartado 64 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que el Consejo no incurrió en error de Derecho al estimar, en particular, que las recurrentes eran «una fuente de ingresos sustanciales para el régimen de Lukashenko», esta conclusión tiene necesariamente en cuenta las cantidades abonadas tal como se especifican en el apartado 37 de dicha sentencia e implica, por lo tanto, que el Tribunal General consideró que la citada fuente de ingresos era sustancial, confirmando así la apreciación del Consejo en este sentido y la validez de los actos controvertidos iniciales.
70
Lo mismo sucede por lo que respecta a la apreciación de los actos controvertidos de mantenimiento, como se desprende de una lectura conjunta de los apartados 74 y 76 de la sentencia recurrida.
71
Por lo tanto, resulta obligado observar que el tercer motivo de casación procede de una lectura errónea de la sentencia recurrida.
72
En la medida en que, con carácter subsidiario, las recurrentes cuestionan la apreciación del Tribunal General en cuanto al carácter sustancial de la fuente de ingresos que estas suponían para el régimen de Lukashenko en relación con las cantidades abonadas al Estado bielorruso en virtud del Decreto n.o 637/2005, procede observar que se trata de una apreciación de elementos de hecho que, salvo desnaturalización de dichos elementos, no puede someterse al control del Tribunal de Justicia en fase de casación (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Yieh United Steel/Comisión, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, apartado 52 y jurisprudencia citada).
73
Por tanto, esta alegación subsidiaria es inadmisible, al no haber demostrado las recurrentes esa desnaturalización por parte del Tribunal General (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Yieh United Steel/Comisión, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, apartado 53 y jurisprudencia citada).
74
Así sucede, en particular, con los argumentos de las recurrentes según los cuales las cantidades abonadas en virtud del Decreto n.o 637/2005 no pueden calificarse de sustanciales por ser el importe total de los abonos significativamente inferior al que el Tribunal General consideró «considerable» en el apartado 186 de la sentencia de 29 de abril de 2015, Bank of Industry and Mine/Consejo (T‑10/13, EU:T:2015:235), o por resultar que su importe individual no es importante si se expresa como porcentaje del PIB de la República de Bielorrusia.
75
En cualquier caso, estos argumentos deben desestimarse por carecer de fundamento fáctico. En efecto, por un lado, es evidente, como por otra parte ha alegado acertadamente el Consejo, que el apartado 186 de dicha sentencia no puede entenderse en ningún caso como la indicación de un límite por debajo del cual un apoyo financiero no puede considerarse sustancial.
76
Por otro lado, habida cuenta también de la amplia facultad de apreciación que corresponde al Consejo a la hora de adoptar medidas restrictivas con arreglo, en particular, al criterio del apoyo al régimen de Lukashenko contemplado en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2012/642, nada se opone a que dicha institución aprecie el carácter sustancial de tal ayuda en función de los abonos de que se trate, expresados en importes absolutos y no como porcentaje del PIB de la República de Bielorrusia.
77
Además, si bien, de hecho, el Consejo y el Tribunal General consideraron, o incluso confirmaron, el carácter sustancial de las cantidades abonadas por las recurrentes en virtud del Decreto n.o 637/2005, este motivo es, en cualquier caso, manifiestamente superfluo, a la vista del tenor claro y preciso del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2012/642, que se opone a la imposición de un requisito adicional no previsto en dicha disposición, como, por ejemplo, el del carácter sustancial del apoyo al régimen de Lukashenko. Por lo tanto, la alegación subsidiaria de las recurrentes es, asimismo, inoperante, de conformidad con la jurisprudencia derivada, en particular, de las sentencias de 7 de noviembre de 2002, Hirschfeldt/AEMA (C‑184/01 P, EU:C:2002:645), apartado 48, y de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión (C‑413/14 P, EU:C:2017:632), apartado 63.
78
Por último, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la alegación basada en la violación del principio de proporcionalidad que las recurrentes invocan en apoyo de su tercer motivo de casación es inadmisible en fase de casación, puesto que consta que no fue formulada ante el Tribunal General (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, World Duty Free Group y España/Comisión, C‑51/19 P y C‑64/19 P, EU:C:2021:793, apartados 54 y 55).
79
A la vista de todas las consideraciones anteriores, debe desestimarse el tercer motivo de casación.
Cuarto motivo de casación
Alegaciones de las partes
80
Mediante su cuarto motivo de casación, que impugna los apartados 47 a 52 de la sentencia recurrida, las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2012/642, en la medida en que declaró que el criterio del apoyo al régimen que en él se establece se cumple para todas las empresas estatales, por el hecho de que presten necesariamente un apoyo sustancial al régimen simplemente debido a su estructura de propiedad, dando así una interpretación excesivamente amplia a dicha disposición, que conduce a una infracción del artículo 21 TUE y, como precisan en su escrito de dúplica, a la violación de los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y equidad consagrados por el Derecho de la Unión.
81
Las recurrentes deducen de los diferentes elementos que figuran en el párrafo primero del resumen de motivos y del hecho de que el Consejo no llegara a mencionar pagos concretos que hubieran realizado en beneficio del Estado bielorruso que la interpretación que el Tribunal General hizo del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión 2012/642 confirma que cualquier empresa cuya propiedad corresponda al Estado es automáticamente una fuente de ingresos para este y que una gran empresa estratégica e importante cuya propiedad corresponda al Estado es necesariamente una fuente de ingresos sustanciales para este.
82
Afirman que, dado que, al igual que cualquier funcionario, las empresas cuya propiedad corresponde al Estado procuran necesariamente una ventaja a este en concepto de la contribución que aportan en especie al sector público, de ello se deduce que la prueba del apoyo prestado al régimen debe ir más allá de la mera constatación de la condición de empresa estatal. Pues bien, entienden que, en el caso de autos, el Consejo no aportó ningún medio de prueba de pagos o contribuciones financieras específicas que las recurrentes hubieran efectuado o aportado en beneficio del Estado bielorruso, sino que se basó en su tamaño, en su beneficio neto de 2018 y en su volumen de negocios de 2020.
83
En su opinión, el enfoque del Tribunal General tiene por resultado conferir al Consejo una facultad discrecional ilimitada para decidir a quién sanciona, aunque no existan pruebas concretas, precisas y concordantes del apoyo prestado al régimen de Lukashenko.
84
El Consejo rebate las alegaciones de las recurrentes.
Apreciación del Tribunal de Justicia
85
De los apartados 47 y 64 de la sentencia recurrida se deriva claramente que, contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, el Tribunal General no se basó únicamente en el hecho de que la propiedad de las recurrentes correspondiera al Estado bielorruso para considerar que apoyaban al régimen de Lukashenko, sino que tuvo en cuenta correctamente a tal efecto otros elementos, como el hecho de que fueran una fuente de ingresos sustancial para dicho régimen.
86
Por otra parte, del apartado 55 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General estimó acertadamente que el elemento esencial en el que se basó la apreciación del criterio del apoyo era los flujos financieros, a saber, los abonos por las recurrentes de parte de sus beneficios al Estado bielorruso, considerados como un apoyo financiero al régimen de Lukashenko, y no la circunstancia de que la propiedad de estas correspondiera al Estado.
87
Habida cuenta de todo lo anterior, han de desestimarse el cuarto motivo de casación y el recurso de casación en su totalidad.
Costas
88
En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartado 1, de ese Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, dispone que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
89
Al haber solicitado el Consejo la condena en costas de las recurrentes en casación y haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por estas, procede condenarlas a cargar, además de con sus propias costas, con las del Consejo.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar a Grodno Azot AAT y Khimvolokno Plant a cargar, además de con sus propias costas, con las del Consejo de la Unión Europea.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.