SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 13 de julio de 2023 (*) (i)
«Procedimiento prejudicial — Fondos Estructurales — Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) — Cofinanciación — Reglamento (CE) n.o 1260/1999 — Artículos 30, apartado 4 y 39, apartado 1 — Invariabilidad de las operaciones relativas a inversiones — “Modificación importante” de una operación de inversión cofinanciada — Recuperación de una ayuda en caso de cesión del establecimiento que es objeto de esa operación — Incidencia de las circunstancias específicas que rodean dicha cesión»
En el asunto C‑313/22,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Elegktiko Synedrio (Tribunal de Cuentas, Grecia), mediante resolución de 28 de enero de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de mayo de 2022, en el procedimiento entre
Achilleion Anomymi Xenodocheiaki Etaireia
y
Elliniko Dimosio,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por el Sr. M. Safjan, Presidente de Sala, y los Sres. N. Piçarra y M. Gavalec (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. K. Boskovits y las Sras. E. Panopoulou, G. Papadaki y E. Tsaousi, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno checo, por la Sra. J. Očková y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno estonio, por la Sra. M. Kriisa, en calidad de agente;
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. Farley, I. Georgiopoulos y P. Rossi, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de diferentes disposiciones del Derecho de la Unión, en particular del artículo 30 del Reglamento (CE) n.o 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DO 1999, L 161, p. 1).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Achilleion Anomymi Xenodocheiaki Etaireia y el Elliniko Dimosio (Estado helénico) en relación con la recuperación parcial de una ayuda financiera concedida para la modernización de un establecimiento hotelero y la creación de tres nuevos puestos de trabajo.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento n.o 1260/1999
3        Los considerandos 4, 6, 7 y 41 del Reglamento n.o 1260/1999 enunciaban:
«(4)      […] con el fin de reforzar la concentración y simplificar la acción de los Fondos Estructurales, conviene reducir el número de objetivos prioritarios con relación al Reglamento (CEE) n.o 2052/88 [del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO 1988, L 185, p. 9)]; […] conviene determinar que estos objetivos sean el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias estructurales y la adaptación y modernización de las políticas y sistemas de educación, formación y empleo;
[…]
(6)      […] el desarrollo cultural, la calidad del medio ambiente natural y producto de la acción humana y la dimensión cualitativa y cultural del marco de vida y el desarrollo del turismo contribuyen a hacer de las regiones lugares más atractivos económica y socialmente, en la medida en que favorecen la creación de empleos duraderos;
(7)      […] el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) contribuye principalmente a la realización del objetivo de desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y a la reconversión económica y social de las regiones con deficiencias estructurales;
[…]
(41)      […] de acuerdo con el principio de subsidiariedad, conviene que se apliquen las normas nacionales pertinentes a los gastos subvencionables cuando no existan normas comunitarias, que podrán ser adoptadas por la Comisión [Europea] cuando resulten necesarias para garantizar una aplicación uniforme y equitativa de los Fondos Estructurales en la Comunidad; […] no obstante, es necesario especificar aspectos relativos a la admisibilidad de los gastos como las fechas iniciales y finales de admisibilidad y la perennidad de las inversiones; […] por consiguiente, para garantizar que las ayudas de los Fondos resulten eficaces y tengan efectos duraderos, es preciso que la ayuda de los Fondos solo se considere devengada total o parcialmente para una operación cuando ni su naturaleza ni sus condiciones de ejecución experimenten modificaciones importantes que alteren el objetivo inicial de la operación objeto de la ayuda».
4        El artículo 12 del Reglamento n.o 1260/1999, titulado «Compatibilidad», disponía:
«Las operaciones que sean financiadas por los Fondos, por el [Banco Europeo de Inversiones (BEI)] o por otro instrumento financiero deberán ajustarse a las disposiciones del Tratado y de los actos adoptados en virtud de este, así como a las políticas y acciones comunitarias, incluidas las correspondientes a las normas de competencia, a la contratación pública, a la protección y mejora del medio ambiente, a la eliminación de desigualdades y al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.»
5        El artículo 30 de este Reglamento, titulado «Subvencionabilidad», establecía:
«1.      Los gastos vinculados a operaciones solo podrán optar a la participación de los Fondos si aquellas se integran en la intervención de que se trate.
[…]
3.      Las normas nacionales pertinentes se aplicarán a los gastos subvencionables salvo si, en caso necesario, la Comisión establece normas comunes de subvencionabilidad de los gastos de acuerdo con los procedimientos contemplados en el apartado 2 del artículo 53.
4.      Los Estados miembros comprobarán que solo se garantice la participación de los Fondos en una operación si esta no sufre ninguna modificación importante durante cinco años a partir de la fecha de la decisión de la autoridad nacional competente o de la autoridad de gestión sobre la contribución de los Fondos:
a)      que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de aplicación o que proporcione una ventaja indebida a una empresa o a un organismo público, y
b)      que resulte, bien de un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de una infraestructura, bien de la interrupción o del cambio de localización de una actividad productiva.
Los Estados miembros informarán a la Comisión de cualquier modificación de este tipo; en caso de modificación se aplicarán las disposiciones del artículo 39.»
6        El título IV de dicho Reglamento, bajo el epígrafe «Eficacia de las intervenciones de los Fondos», contenía un capítulo II, denominado «Control financiero», del que formaba parte el artículo 38 del referido Reglamento, titulado «Disposiciones generales». A tenor del apartado 1 de este artículo:
«Sin perjuicio de la responsabilidad de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas, los Estados miembros asumirán la primera responsabilidad del control financiero de las intervenciones. A tal fin, las medidas que adopten incluirán:
[…]
e)      la prevención, detección y corrección de las irregularidades […]
[…]
h)      la recuperación de los Fondos perdidos como consecuencia de una irregularidad comprobada, aplicando, cuando proceda, intereses de demora.»
7        Incluido también en el citado capítulo II, el artículo 39 del Reglamento n.o 1260/1999, titulado «Correcciones financieras», establecía en su apartado 1:
«Incumbirá en primer lugar a los Estados miembros la responsabilidad de investigar las irregularidades, incluida la actuación cuando haya pruebas de una modificación importante que afecte a la naturaleza o a las condiciones de desarrollo o de control de una intervención, y de efectuar las necesarias correcciones financieras.
El Estado miembro efectuará las correcciones financieras requeridas en relación con la irregularidad esporádica o sistemática. Las correcciones efectuadas por el Estado miembro consistirán en la supresión total o parcial de la participación comunitaria. Los Fondos comunitarios así liberados podrán ser reasignados por el Estado miembro a la intervención de que se trate respetando las normas que deberán definirse con arreglo al apartado 2 del artículo 53.»
8        Este Reglamento fue derogado, a partir del 1 de enero de 2007, por el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento n.o 1260/1999 (DO 2006, L 210, p. 25). No obstante, del artículo 105, apartado 1, del Reglamento n.o 1083/2006 se desprende que este no afectará a la continuación o modificación, incluida la supresión total o parcial, de la ayuda cofinanciada por los Fondos Estructurales o de proyectos cofinanciados por el Fondo de Cohesión aprobados por la Comisión de conformidad con el Reglamento n.o 1260/1999, o de cualquier otra legislación que se aplique a dicha ayuda a 31 de diciembre de 2006, que, por ende, se aplicará a partir de esa fecha a dicha ayuda o proyectos hasta su cierre.
Reglamento (CE) n.o 1685/2000
9        El Reglamento (CE) n.o 1685/2000 de la Comisión, de 28 de julio de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales (DO 2000, L 193, p. 39), contenía un anexo titulado «Normas de subvencionalidad». A tenor de la norma 1, punto 1.10, de dicho anexo, en su versión resultante del Reglamento (CE) n.o 448/2004 de la Comisión, de 10 de marzo de 2004 (DO 2004, L 72, p. 66) (en lo sucesivo, «anexo del Reglamento n.o 1685/2000»), «los Estados miembros podrán aplicar normas nacionales más estrictas para determinar los gastos subvencionables con arreglo a los puntos 1.6, 1.7 y 1.8», que se refieren a los gastos relativos a la amortización de bienes inmuebles o bienes de equipo, las contribuciones en especie y los gastos generales.
Reglamento (CE) n.o 448/2001
10      El capítulo II del Reglamento (CE) n.o 448/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 1260/1999 del Consejo en relación con el procedimiento para las correcciones financieras de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales (DO 2001, L 64, p. 13), titulado «Aplicación de correcciones financieras por los Estados miembros», contenía el artículo 2 de dicho Reglamento, que establecía, en sus apartados 1 y 2:
«1.      En el caso de que se produzcan irregularidades sistemáticas, todas las operaciones que puedan verse afectadas por ellas serán objeto de investigación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 39 del Reglamento [n.o 1260/1999].
2.      Cuando se suprima total o parcialmente la participación comunitaria, los Estados miembros tendrán en cuenta la naturaleza y gravedad de las irregularidades, así como la pérdida financiera para los Fondos.»
Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional
11      Los puntos 4.12 y 4.14 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (DO 1998, C 74, p. 9) tienen el siguiente tenor:
«4.12.      Se entiende por “creación de empleo” el aumento neto del número de puestos de trabajo […] del establecimiento considerado con respecto a la media de un período de referencia. Por tanto, habrá que deducir del número aparente de puestos de trabajo creados en el período considerado los puestos suprimidos en el mismo período […]
[…]
4.14.      Las ayudas para la creación de empleo deberán supeditarse, mediante su forma de desembolso o las condiciones ligadas a su obtención, al mantenimiento del empleo creado durante un período mínimo de cinco años.»
Reglamento (CE) n.o 659/1999
12      El artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO 1999, L 83, p. 1), titulado «Recuperación de la ayuda», disponía en su apartado 1:
«Cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda […]. La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho comunitario.»
Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95
13      A tenor del artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 312, p. 1):
«Constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por estas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido.»
14      El artículo 2 de dicho Reglamento establece:
«1.      Los controles y las medidas y sanciones administrativas solo se establecerán en la medida en que sean necesarias para garantizar la correcta aplicación del Derecho comunitario. Deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias a fin de garantizar una adecuada protección de los intereses financieros de las Comunidades.
[…]
3.      Las disposiciones del Derecho comunitario determinarán la naturaleza y el alcance de las medidas y sanciones administrativas necesarias para la correcta aplicación de la normativa de que se trate en función de la naturaleza y gravedad de la irregularidad, del beneficio concedido o de la ventaja obtenida y del grado de responsabilidad.
4.      A reserva del Derecho comunitario aplicable, los procedimientos relativos a la aplicación de los controles y de las medidas y sanciones comunitarias se regirán por el Derecho de los Estados miembros.»
15      El artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento dispone:
«Como norma general, toda irregularidad dará lugar a la retirada de la ventaja obtenida indebidamente, lo que supondrá:
–        la obligación de abonar las cantidades debidas o de reembolsar las cantidades indebidamente percibidas,
[…]».
Reglamento (CE) n.o 70/2001
16      Bajo el título de «Inversión», el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos [107 TFUE y 108 TFUE] a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (DO 2001, L 10, p. 33), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 364/2004 de la Comisión, de 25 de febrero de 2004 (DO 2004, L 63, p. 22) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 70/2001»), establecía:
«1.      Las ayudas a la inversión en activos materiales e inmateriales dentro y fuera de la Comunidad Europea serán compatibles con el mercado común con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo [107 TFUE] y quedarán dispensadas de las obligaciones de notificación establecidas en el apartado 3 del artículo [108 TFUE] si reúnen las condiciones de los siguientes apartados 2 a 6.
[…]
3.      Cuando la inversión se realice en regiones o sectores que en el momento de la concesión de la ayuda reúnan las condiciones para acogerse a ayuda regional, la intensidad de la ayuda no excederá del límite máximo de ayuda a la inversión de finalidad regional fijado en el mapa aprobado por la Comisión para cada Estado miembro en más de:
a)      10 puntos porcentuales brutos en las regiones cubiertas por la letra c) del apartado 3 del artículo [107 TFUE], siempre que la intensidad neta total de la ayuda no exceda del 30 %, o
b)      15 puntos porcentuales brutos en las regiones cubiertas por la letra a) del apartado 3 del artículo [107 TFUE], siempre que la intensidad neta total de la ayuda no exceda del 75 %.
Los límites máximos más elevados de ayuda regional solo serán aplicables si la ayuda se concede con la condición de que la inversión se mantenga en la región beneficiaria durante al menos cinco años y de que la contribución del beneficiario a su financiación sea del 25 %, como mínimo.
4.      Los límites máximos establecidos en los apartados 2 y 3 se aplicarán a la intensidad de la ayuda calculada en porcentaje de los costes seleccionables de la inversión o en porcentaje de los costes salariales de los puestos de trabajo generados por la ejecución de una inversión (ayuda a la creación de empleo) o una combinación de ambos, siempre que la ayuda no exceda del importe más favorable que resulte de la aplicación de uno de los dos métodos de cálculo.
[…]
6.      En el caso de que la ayuda se calcule sobre la base de los puestos de trabajo creados, el importe de la misma se expresará en porcentaje de los costes salariales a lo largo de un período de dos años relativo al empleo creado, en las condiciones siguientes:
[…]
c)      el empleo creado se habrá de mantener durante un período mínimo de cinco años.»
Reglamento (CE) n.o 438/2001
17      El artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales (DO 2001, L 63, p. 21) disponía:
«Los sistemas de gestión y control incluirán procedimientos para verificar la realidad de la prestación de los bienes y servicios cofinanciados y de los gastos declarados, así como para garantizar el cumplimiento de las condiciones de la correspondiente decisión de la Comisión adoptada en virtud del artículo 28 del Reglamento [n.o 1260/1999] y de las normas nacionales y comunitarias aplicables, en particular, sobre la subvencionabilidad de los gastos para la ayuda procedente de los Fondos Estructurales en virtud de la intervención de que se trate, la contratación pública, las ayudas estatales (incluidas las normas sobre la acumulación de las ayudas), la protección del medio ambiente y la igualdad de oportunidades.
[…]»
Derecho helénico
18      Conforme al tenor del artículo 477 del Astikos Kodikas (Código Civil) (FEK A’ 164/24.10.1984), «cuando, mediante contrato celebrado con el acreedor, se prometa pagar la deuda de un tercero, el deudor no quedará liberado de sus obligaciones, sino que surgirá una obligación adicional a cargo de quien haya hecho la promesa, salvo si del contrato resulta claramente lo contrario».
19      El artículo 479 de dicho Código dispone:
«Si un patrimonio o una empresa han sido cedidos mediante contrato, el adquirente responderá frente al acreedor de las deudas vinculadas al patrimonio o a la empresa, hasta el importe del valor de los elementos cedidos. Subsiste la responsabilidad del cedente. Un acuerdo en el que se estipule lo contrario, celebrado entre las partes contratantes en perjuicio de los acreedores, será nulo frente a estos últimos.»
20      El órgano jurisdiccional remitente indica que se entiende por «empresa», en el sentido de dicho artículo 479, un objeto de Derecho que consiste en un conjunto heterogéneo de elementos, a saber, cosas (muebles e inmuebles), derechos, bienes inmateriales (denominación social, marca, signos distintivos), así como situaciones y relaciones fácticas con el mercado (clientela, reputación, ubicación de los locales, perspectivas y expectativas de desarrollo), formando dicho conjunto una organización y una unidad económica pertenecientes a una entidad concreta.
21      Según dicho órgano jurisdiccional, de los artículos 1 a 4 del Proedrikó Diátagma 178/2002: Métra schetiká me tin prostasía ton dikaiomáton ton ergazoménon se períptosi metavívasis epicheiríseon, egkatastáseon í tmimáton egkatastáseon í epicheiríseon, se symmórfosi pros tin Odigía 98/50/EK tou Symvoulíou (Decreto Presidencial 178/2002 sobre las medidas relativas a la protección de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas, de establecimientos o de partes de empresas o de establecimientos, con el fin de dar cumplimiento a la Directiva 98/50/CE) (FEK A’ 162/12.7.2002) se desprende que cualquier reanudación y continuación de una actividad económica por un tercero constituye una transmisión de empresa siempre que se conserve la identidad de la empresa o de la explotación de que se trate. En tal caso, el cambio de empresario implica, con independencia de la causa jurídica y de la forma de la cesión de que se trate, la subrogación de pleno Derecho del nuevo empresario en las relaciones laborales existentes y la liberación de responsabilidades del antiguo empresario respecto al período posterior a ese cambio. No obstante, incluso tras esa cesión, este último sigue siendo responsable, solidaria y conjuntamente con el nuevo empresario, de las obligaciones nacidas de un contrato o de una relación laboral hasta el momento en que el sucesor se subroga en dichas obligaciones. Este efecto se produce independientemente del consentimiento de los trabajadores.
22      El artículo 18, apartado 5, de la Koini Ypourgiki Apofasi 192249/EYS 4057, Rýthmisi themáton pou aforoún tin efarmogí dráseon ton kratikón enischýseon stous tomeís tis metapoíisis kai tou tourismoú sto plaísio ton dekatrión (13) Perifereiakón Epicheirisiakón Programmáton tou K.P.S 2000‑2006 sýmfona me to árthro 35 tou n.o 3016/2002 [Orden Ministerial Conjunta 192249/EYS 4057, regulación de las cuestiones relativas a la ejecución de actuaciones de ayudas de Estado en los sectores de la transformación y del turismo en el marco de los trece (13) Programas Operativos Regionales del CCS 2000‑2006 conforme al artículo 35 de la Ley 3016/2002] (FEK B’ 1079/19.08.2002) del Ministro de Economía y Finanzas y del Ministro de Desarrollo (en lo sucesivo, «Orden Ministerial Conjunta») establece que, en caso de concesión de una ayuda financiera para una inversión, el beneficiario tiene la obligación de no llevar a cabo cesión alguna de activos fijos de la empresa subvencionada durante cinco años a contar desde la adopción de la decisión sobre finalización de la inversión.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
23      El 10 de mayo de 2004, Gousios V. — Ntagkoumas G. AXE, sociedad que actualmente se denomina Achilleion, presentó ante la región de Macedonia Occidental (Grecia) una solicitud con objeto de que su inversión en la modernización de un hotel situado en un municipio de esa región se incluyera en un régimen de ayudas para el apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de dicha región en el sector turístico. El 27 de enero de 2005, el Secretario General de la región de Macedonia Occidental decidió incluir esa inversión en el citado régimen de ayuda.
24      La referida inversión tenía por objeto la construcción, modernización y rehabilitación de los edificios de un hotel existente en la zona, así como el suministro de equipamiento hotelero y de un sistema de ahorro de energía. Estaba previsto que, una vez realizado el proyecto, se crearían tres puestos de trabajo.
25      El importe total de la inversión en cuestión ascendía a 201 900 euros y el de la ayuda a 90 000 euros. Como fecha inicial de admisibilidad de los gastos relativos a ese proyecto se había fijado el 10 de mayo de 2004, mientras que el plazo para finalizarlo era de dieciocho meses a partir de la fecha de inclusión de dicha inversión en el régimen de ayudas en cuestión.
26      Mediante decisión sobre finalización de 8 de junio de 2006, se constató que dicha inversión se había completado durante el período en que era subvencionable y que se habían creado tres nuevos puestos de trabajo.
27      A raíz de una inspección efectuada en 2009, se comprobó que el establecimiento hotelero de que se trata había sido cedido el 9 de noviembre de 2006 a Gousios Vaios — Monoprosopi EPE, de modo que no se había cumplido la obligación, establecida en el artículo 18, apartado 5, de la Orden Ministerial Conjunta, de no ceder los activos fijos de la empresa beneficiaria de la ayuda durante un período de cinco años a contar desde la decisión sobre finalización, es decir, en el presente asunto, hasta el 8 de junio de 2011.
28      Por consiguiente, en 2010, el Secretario de Estado de Economía, Competitividad y Asuntos Marítimos adoptó una decisión por la que impuso a la demandante en el litigio principal una corrección financiera por importe de 82 500 euros, correspondiente en un 75 % a recursos del FEDER y en un 25 % a recursos nacionales. Esa decisión tenía por objeto recuperar la ayuda, una vez deducido el importe correspondiente al período de cinco meses durante el cual la recurrente en el litigio principal había explotado dicho establecimiento hotelero con arreglo a la obligación mencionada en el apartado anterior.
29      El Elegktiko Synedrio (Tribunal de Cuentas, Grecia), constituido en sala, ante el que la recurrente en el litigio principal había interpuesto un recurso en primera instancia contra dicha decisión, desestimó este recurso mediante sentencia, al considerar que la corrección financiera y la recuperación de la ayuda objeto de la decisión eran conformes a Derecho, en la medida en que la recurrente en el litigio principal no había cumplido esa obligación y había infringido con ello el artículo 30, apartado 4, del Reglamento n.o 1260/1999 y el artículo 18, apartado 5, de la Orden Ministerial Conjunta.
30      La recurrente en el litigio principal interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente, el Elegktiko Synedrio (Tribunal de Cuentas), constituido esta vez en pleno.
31      En este recurso de casación alega, en primer lugar, que la referida sentencia adolece de una interpretación errónea del artículo 30, apartado 4, del Reglamento n.o 1260/1999, en la medida en que se declaró que la cesión del establecimiento hotelero en cuestión constituía un motivo automático de recuperación de la ayuda abonada, sin haber verificado si la operación de inversión controvertida había sufrido efectivamente una modificación importante en cuanto a sus condiciones de aplicación o por la obtención de una ventaja indebida.
32      A continuación, la recurrente en el litigio principal alega, por una parte, que el referido establecimiento hotelero fue cedido a una sociedad controlada por uno de sus dos accionistas y que dicha cesión era necesaria para garantizar la viabilidad financiera del establecimiento. Por otra parte, con arreglo al artículo 479 del Código Civil, en virtud del cual, en caso de transmisión de una empresa, la entidad cedente sigue siendo responsable de las deudas de dicha empresa, la recurrente en el litigio principal garantiza el cumplimiento de las obligaciones a largo plazo por la sociedad cesionaria.
33      Por último, la recurrente en el litigio principal alega ante el órgano jurisdiccional remitente una vulneración de su libertad de empresa y de su derecho de propiedad, por entender que no debería haberse impuesto la corrección financiera ordenada mediante la decisión mencionada en el apartado 28 de la presente sentencia, al haberse cumplido todas las obligaciones a largo plazo y haberse alcanzado el objetivo perseguido por la ayuda concedida.
34      En esas circunstancias, el Elegktiko Synedrio (Tribunal de Cuentas) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      De conformidad con lo dispuesto en (i) el artículo 30, apartados 1, 3 y 4, del Reglamento n.o 1260/1999 y la norma 1, [punto 1.10, del anexo] del Reglamento n.o 1685/2000; (ii) el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 70/2001 y (iii) los artículos 38 y 39, apartado 1, del Reglamento n.o 1260/1999; el artículo 4 del Reglamento n.o 438/2001; el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.o 448/2001; el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95 y el artículo 14 del Reglamento n.o 659/1999, la venta de la empresa beneficiaria de la ayuda, junto con sus activos inmobiliarios, ¿constituye automáticamente una modificación tan sustancial de las condiciones de realización de la inversión cofinanciada en dicha empresa que justifica por sí misma una disposición nacional como la establecida en el artículo 18, apartado 5, de la [Orden Ministerial Conjunta], que prohíbe de forma absoluta la transmisión, durante un largo período de tiempo, de los activos fijos de una empresa que ha recibido una ayuda, so pena de revocación total o parcial de la decisión de concesión de la ayuda y de devolución total o parcial de la ayuda pública concedida?
2)      ¿Deben interpretarse las disposiciones contenidas en (i) el artículo 30, apartado 4, del Reglamento n.o 1260/1999; (ii) el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 70/2001 y el punto 4.12 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, en cuanto atañe al principio de continuidad de las pequeñas y medianas empresas beneficiarias; (iii) los artículos 38 y 39 del Reglamento n.o 1260/1999; el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.o 448/2001; los artículos 1, apartado 2, 2 y 4 del Reglamento n.o 2988/95 y el artículo 14 del Reglamento n.o 659/1999, en el sentido de que la venta de los activos fijos y de la propia empresa beneficiaria, en el marco de un acuerdo interno entre los accionistas de la sociedad para garantizar su viabilidad, no entraña una modificación importante de la operación de cofinanciación o una ventaja indebida para una de las partes y, por tanto, no constituye una irregularidad o un motivo de recuperación de la ayuda, siempre que las condiciones de realización de la inversión no sean modificadas y que la transmisión quede sujeta a un régimen jurídico en virtud del cual el cedente y el cesionario respondan solidariamente de las deudas y los pasivos existentes en el momento de la transmisión?
3)      ¿Exigen las disposiciones de los artículos 17, 52 y 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [en lo sucesivo, «Carta»], así como el principio de seguridad jurídica, en relación con el artículo 1 del [Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en París el 20 de marzo de 1952 (en lo sucesivo, «Primer Protocolo Adicional al CEDH»)], que las medidas de corrección financiera y de recuperación de las ayudas mencionadas en los artículos 38, [apartado 1], letra h) y 39, apartado 1, del Reglamento n.o 1260/1999; el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.o 448/2001; el artículo 4 del Reglamento n.o 2988/95 y el artículo 14 del Reglamento n.o 659/1999 logren un justo equilibrio con el derecho a la protección del “patrimonio” del beneficiario de la ayuda, dando lugar a la exención parcial o total del beneficiario, aun cuando se constate una modificación importante de la actividad financiada o un enriquecimiento indebido de resultas de la cesión de la empresa?»
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
35      Pese a que ninguno de los interesados que han presentado observaciones escritas en el presente asunto ha cuestionado la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial, procede recordar que, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Epitropos tou Elegktikou Synedriou (C‑363/11, EU:C:2012:825), el Tribunal de Justicia, tras señalar, en particular, que el procedimiento del que formaba parte la petición de decisión prejudicial presentada por el Elegktiko Synedrio (Tribunal de Cuentas) no debía concluir con una decisión de carácter jurisdiccional, sino que tenía por objeto ejercer un control previo de los gastos del Estado, declaró que, en tal contexto, el Elegktiko Synedrio (Tribunal de Cuentas) no era un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 267 TFUE y que, por consiguiente, debía declararse la inadmisibilidad de esa petición de decisión prejudicial.
36      En cambio, como resulta de la presente petición de decisión prejudicial y de las disposiciones del Derecho helénico mencionadas en ella, el Elegktiko Synedrio (Tribunal de Cuentas) ejerce, en el contexto que dio lugar a esta petición, una función jurisdiccional y es, por tanto, un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 267 TFUE.
37      En estas circunstancias, debe declararse la admisibilidad de la presente petición de decisión prejudicial.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
38      Con carácter preliminar, ha de señalarse que, mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en particular, sobre la interpretación del artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.o 448/2001, de los artículos 1, apartado 2, 2 y 4 del Reglamento n.o 2988/95, del artículo 14 del Reglamento n.o 659/1999 y del punto 4.12 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, pero, infringiendo el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, no expone con la claridad exigida las razones que le llevaron a preguntarse sobre la interpretación de estas disposiciones ni la relación que establece entre estas últimas y la normativa nacional aplicable al litigio principal, de modo que no procede interpretar las referidas disposiciones.
39      En esas circunstancias, procede considerar que, mediante estas cuestiones prejudiciales, el citado órgano jurisdiccional pregunta, en esencia, si el artículo 30, apartado 4, del Reglamento n.o 1260/1999 debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, la cesión de un establecimiento que es objeto de una operación de inversión cofinanciada por los Fondos Estructurales de la Unión constituye, en sí misma, una «modificación importante» en el sentido de dicha disposición, y que, por otro lado, se opone a una normativa nacional que obliga al beneficiario de una subvención abonada por tal operación de inversión a no ceder, sin excepción alguna, durante cinco años a contar desde la adopción de la decisión sobre finalización de la inversión en cuestión, el establecimiento objeto de esa operación, so pena de una corrección financiera acompañada de la recuperación total o parcial de la subvención. El referido órgano jurisdiccional desea saber asimismo si los artículos 38 y 39, apartado 1, del Reglamento n.o 1260/1999, la norma 1, punto 1.10, del anexo del Reglamento n.o 1685/2000, el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 70/2001 y el artículo 4 del Reglamento n.o 438/2001 pueden influir en la respuesta dada a dichas cuestiones.
Sobre la aplicabilidad del artículo 30, apartado 4, del Reglamento n.o 1260/1999
40      El artículo 30, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento n.o 1260/1999 enunciaba un principio denominado «de invariabilidad» conforme al cual solo se garantizaba la participación de los Fondos Estructurales en una operación si esta no sufría ninguna «modificación importante» durante cinco años a contar desde la fecha de la decisión de la autoridad nacional competente o de la autoridad de gestión sobre la contribución de dichos Fondos.
41      Ante el órgano jurisdiccional remitente, las partes discrepan, en particular, sobre si la cesión del establecimiento objeto de la operación de inversión cofinanciada por el FEDER constituye una «modificación importante», en el sentido de dicha disposición.
42      A este respecto, cabe recordar que no compete al Tribunal de Justicia calificar de manera específica la modificación controvertida en el litigio principal, resultante de dicha cesión. En efecto, tal calificación es competencia exclusiva del juez nacional, mientras que el papel del Tribunal de Justicia se limita a proporcionar al juez nacional una interpretación del Derecho de la Unión útil para la resolución que deberá adoptar en el litigio de que conoce. En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia puede determinar los elementos pertinentes que pueden guiar al órgano jurisdiccional remitente en su apreciación (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2013, Comune di Ancona, C‑388/12, EU:C:2013:734, apartado 19 y jurisprudencia citada).
43      Para considerar que una modificación está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 30, apartado 4, del Reglamento n.o 1260/1999, primero es necesario asegurarse de que la operación concreta que sufre tal modificación esté incluida en el ámbito de aplicación de dicho artículo y, si ello es así, a continuación deberá examinarse si la citada modificación cumple los dos requisitos acumulativos mencionados en dicho artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letras a) y b) (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2013, Comune di Ancona, C‑388/12, EU:C:2013:734, apartado 20).
44      En el examen de esos requisitos debe verificarse, en primer lugar, si la modificación controvertida cumple el requisito mencionado en el artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.o 1260/1999, que exige que resulte de un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de una infraestructura o de la interrupción o del cambio de localización de una actividad productiva. En efecto, en la verificación de este requisito deben apreciarse los elementos que dieron lugar a la modificación controvertida, constituyendo por ello sus causas (sentencia de 14 de noviembre de 2013, Comune di Ancona, C‑388/12, EU:C:2013:734, apartado 21).
45      En segundo lugar, debe examinarse si esa modificación encaja en alguno de los supuestos mencionados en el artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letra a), de dicho Reglamento, a saber, que afecte a la naturaleza o a las condiciones de aplicación de la operación de que se trate o proporcione una ventaja indebida a una empresa o a un organismo público, supuestos referidos a los efectos de la citada modificación (sentencia de 14 de noviembre de 2013, Comune di Ancona, C‑388/12, EU:C:2013:734, apartado 22).
46      En tercer lugar, una vez examinados los requisitos mencionados en el artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letras a) y b), del Reglamento n.o 1260/1999, debe verificarse si la modificación controvertida es importante (sentencia de 14 de noviembre de 2013, Comune di Ancona, C‑388/12, EU:C:2013:734, apartado 23).
47      En el caso que nos ocupa, dado que no se discute que la operación de inversión cofinanciada controvertida en el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 30 del Reglamento n.o 1260/1999, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, en primer lugar, si la modificación de que se trata cumple los requisitos establecidos en dicho artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letra b).
48      A este respecto, de la petición de decisión prejudicial no resulta que haya habido una interrupción o un cambio de localización de una actividad productiva. Se desprende, en cambio, que, tras su cesión, el establecimiento hotelero que fue objeto de dicha operación continuó siendo utilizado para la misma actividad prevista en la solicitud de subvención.
49      Por lo que respecta a la cuestión de si se ha producido un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de una infraestructura, cabe señalar que el beneficiario de la subvención en cuestión transmitió la propiedad de dicho establecimiento hotelero, como infraestructura, en el sentido del artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.o 1260/1999, a una sociedad propiedad de uno de sus accionistas.
50      A este respecto, el hecho de que la propiedad de tal infraestructura haya sufrido un cambio no significa que pueda considerarse automáticamente que ese cambio afecte a la propia naturaleza de la propiedad de esa infraestructura. Por lo tanto, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar, sobre la base de un examen detallado, si, a pesar de la transmisión de la propiedad, se modificó o no la naturaleza de esta última. En efecto, habida cuenta de la formulación de la segunda cuestión prejudicial, podría no ser este el caso cuando lo que existe es un contrato de cesión interna a una sociedad en virtud del cual el cedente y el cesionario responden solidariamente de las deudas y obligaciones existentes en el momento de la cesión.
51      En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente concluya que en el litigio principal se cumple el requisito del artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.o 1260/1999, le corresponderá, en segundo lugar, examinar los efectos de dicha modificación cuando compruebe si la modificación de que se trata está comprendida en alguno de los supuestos enunciados en el artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letra a), de dicho Reglamento en la medida en que afecte a la naturaleza o a las condiciones de aplicación de la operación de inversión de que se trata o porque confiera una ventaja indebida a una empresa o a un ente público.
52      Por una parte, en lo que respecta al requisito relativo a la naturaleza o a las condiciones de aplicación de la operación de inversión de que se trate, han de tenerse en cuenta los fines de la medida en la que se enmarca la financiación de dicha operación (sentencia de 8 de mayo de 2019, Järvelaev, C‑580/17, EU:C:2019:391, apartado 54), a saber, el apoyo financiero a las PYME de la región de Macedonia Occidental en el sector turístico. Ese objetivo figura entre los objetivos prioritarios y más generales de los Fondos Estructurales y de aquellos, más específicos, del FEDER.
53      En efecto, con arreglo al considerando 4 del Reglamento n.o 1260/1999, la intervención de los Fondos Estructurales responde a objetivos prioritarios, a saber, el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias estructurales y la adaptación y modernización de las políticas y sistemas de educación, formación y empleo. Además, a tenor del considerando 6 de este Reglamento, «el desarrollo del turismo [contribuye] a hacer de las regiones lugares más atractivos económica y socialmente, en la medida en que [favorece] la creación de empleos duraderos».
54      En particular, según el considerando 7 de dicho Reglamento, el FEDER contribuye principalmente a la realización del objetivo de desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y a la reconversión económica y social de las regiones con deficiencias estructurales.
55      En la medida en que, y siempre que la región de Macedonia Occidental pueda calificarse de región menos desarrollada o de región con deficiencias estructurales —extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente—, la subvención controvertida en el litigio principal se inscribía en un objetivo de desarrollo de la región de Macedonia Occidental, de apoyo financiero a las PYME de esa región y de desarrollo del sector turístico, el hecho de que el sujeto responsable de ese proyecto, es decir la recurrente en el litigio principal, haya sido sustituido por una sociedad cesionaria, a saber Gousios Vaios — Monoprosopi EPE, no implica de por sí que no se haya alcanzado dicho objetivo ni, por tanto, que se haya producido una modificación en la naturaleza o en las condiciones de aplicación de la operación de inversión cofinanciada controvertida en el litigio principal (véase, por analogía, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Järvelaev, C‑580/17, EU:C:2019:391, apartado 56).
56      Así pues, el mero hecho de que el establecimiento objeto de la operación haya sido cedido no permite concluir que exista una modificación de la naturaleza o de las condiciones de aplicación de dicha operación, en el sentido del artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letra a), del Reglamento n.o 1260/1999 (véase, por analogía, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Järvelaev, C‑580/17, EU:C:2019:391, apartado 57).
57      Corresponde por tanto al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la cesión controvertida en el litigio principal supuso una modificación de la naturaleza o de las condiciones de aplicación de la operación cofinanciada por el FEDER con respecto al objetivo perseguido por la subvención recordado en el apartado 52 de la presente sentencia.
58      Por otra parte, por lo que se refiere al otro requisito previsto, con carácter alternativo, en el artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letra a), del Reglamento n.o 1260/1999, es preciso señalar que este requisito implica que se compruebe si la modificación de la operación de que se trate proporciona una ventaja indebida a una empresa o a un organismo público.
59      En un caso como el controvertido en el litigio principal, de dicho requisito resulta que la invariabilidad de una operación de inversión cofinanciada requiere que no se haya proporcionado una ventaja indebida ni al cedente ni al cesionario. En efecto, la creación de tal ventaja, ya sea a favor del propietario que cede el establecimiento en cuestión, o bien a favor de la sociedad cesionaria, puede constituir una modificación importante de la operación en cuestión en el sentido de esa disposición (véase, por analogía, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Järvelaev, C‑580/17, EU:C:2019:391, apartado 59).
60      Ahora bien, aun cuando se den circunstancias que pongan de manifiesto, prima facie, la existencia de una ventaja indebida, el beneficiario de la subvención debe tener la posibilidad de demostrar que la cesión del establecimiento objeto de la operación subvencionada de que se trata no proporcionó tal ventaja ni a él mismo ni a dicha sociedad (véase, por analogía, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Järvelaev, C‑580/17, EU:C:2019:391, apartado 60).
61      El Tribunal de Justicia ha declarado que, en caso de que la autoridad nacional competente deba investigar si a una empresa o a un organismo público se le ha proporcionado una ventaja indebida, corresponde a esa autoridad nacional necesariamente determinar en qué consiste concretamente esa ventaja (véase, por analogía, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Järvelaev, C‑580/17, EU:C:2019:391, apartado 66).
62      En el presente asunto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente tener en cuenta, en su caso, los efectos concretos y reales de la cesión, la incidencia de esta en la subvención en cuestión, la existencia y la naturaleza de la contraprestación fijada por la cesión del establecimiento hotelero de que se trata, así como todos los elementos pertinentes que permitan apreciar si dicha cesión proporcionó una ventaja al cedente o al cesionario. En ese contexto, puede tenerse en cuenta el hecho de que el cedente y el cesionario sean, con arreglo al Derecho helénico, responsables solidarios de las deudas y obligaciones existentes en el momento de esa cesión.
63      Procede añadir que, en cuanto al beneficiario de la subvención, la existencia y la importancia de tal ventaja deben apreciarse a la vista de la eventual diferencia entre las ventajas, pecuniarias o de otro tipo, que dicho beneficiario iba a obtener de la operación inicialmente diseñada y las que obtiene a raíz de la cesión del establecimiento objeto de esa operación (véase, por analogía, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Järvelaev, C‑580/17, EU:C:2019:391, apartado 61).
64      En cuanto a la sociedad cesionaria, procede señalar que esta cesión puede procurarle una ventaja indebida cuando percibe, sin que ello se explique objetivamente por las circunstancias del caso, ingresos superiores a los que percibía el beneficiario de la subvención hasta la fecha de la cesión. También puede constatarse una ventaja indebida si la contraprestación que la sociedad cesionaria pagó por la cesión no se fijó con arreglo a las condiciones de mercado (véase, por analogía, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Järvelaev, C‑580/17, EU:C:2019:391, apartado 62).
65      En tercer lugar, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que se cumplen los dos requisitos acumulativos mencionados en el apartado 43 de la presente sentencia, le corresponderá comprobar si la modificación controvertida es «importante», en el sentido del artículo 30, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento n.o 1260/1999, es decir, si tiene cierta entidad (sentencia de 14 de noviembre de 2013, Comune di Ancona, C‑388/12, EU:C:2013:734, apartado 35).
66      Por lo que respecta, en primer lugar, a la cuestión de si un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de una infraestructura, en el sentido del artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.o 1260/1999, tiene tal entidad, procede considerar que, en el caso de una cesión como la controvertida en el litigio principal, no cabe hablar de una modificación importante si el cesionario, como nuevo propietario de la infraestructura en cuestión, queda obligado, en virtud de lo dispuesto en el contrato de cesión o de las disposiciones legales aplicables, a proseguir la explotación de esa infraestructura de conformidad, por un lado, con las modalidades y condiciones asociadas a la subvención de que se trate y, por otro lado, al objetivo perseguido en el momento de la concesión de esta y si, además, de un examen detallado se desprende que el cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de la referida infraestructura no se realizó objetivamente con el fin de eludir las normas relativas a la participación de los Fondos, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
67      Seguidamente, por lo que respecta a la cuestión de si una modificación que afecte a la naturaleza o a las condiciones de aplicación de la operación de que se trate es importante, en el sentido del artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letra a), del Reglamento n.o 1260/1999, procede señalar que, según el considerando 41 de ese Reglamento, la ayuda aportada por uno de los Fondos Estructurales solo se considera devengada total o parcialmente para una operación cuando ni su naturaleza ni sus condiciones de ejecución experimenten modificaciones importantes que alteren el objetivo inicial de la operación objeto de la ayuda. En consecuencia, cuando una modificación cumple el requisito que figura en el artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letra a), del Reglamento n.o 1260/1999, al afectar a la naturaleza o a las condiciones de aplicación de una operación, tal modificación únicamente puede calificarse de «modificación importante», en el sentido de dicho artículo 30, apartado 4, si merma de manera significativa la capacidad de la operación de que se trate para alcanzar el objetivo que le fue asignado (sentencia de 14 de noviembre de 2013, Comune di Ancona, C‑388/12, EU:C:2013:734, apartados 36 y 37).
68      Por tanto, en el contexto del examen que debe efectuar el órgano jurisdiccional nacional a este respecto, ha de comprobarse si la sociedad cesionaria de que se trata puede ser calificada de PYME. En efecto, si bien es cierto que los elementos obrantes en autos, en particular la circunstancia de que se trata de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, proporcionan indicios en ese sentido, es importante velar por que la subvención en cuestión contribuya, en particular, a la realización del objetivo de apoyo financiero a las PYME.
69      Si, tras esa comprobación, se constata que dicha sociedad no puede calificarse de PYME y que la capacidad de la operación de que se trata para alcanzar dicho objetivo es reducida, o incluso inexistente, el órgano jurisdiccional remitente podrá constatar una modificación importante que afecta a la naturaleza o a las condiciones de aplicación de la operación en cuestión.
70      Por último, por lo que respecta a la cuestión de si una modificación que proporciona una ventaja indebida a una empresa o a un organismo público, en el sentido del artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letra a), del Reglamento n.o 1260/1999, es importante, debe precisarse, como se ha señalado en el apartado 65 de la presente sentencia, que, para estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 30, apartado 4, del Reglamento n.o 1260/1999, la modificación que proporcione la ventaja indebida de que se trate debe tener cierta entidad, lo que excluye las ventajas indebidas cuya importancia o importe sean mínimos o insignificantes.
71      De ello se deduce que corresponderá al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la luz de todas las circunstancias pertinentes y teniendo en cuenta los elementos expuestos en los apartados 47 a 70 de la presente sentencia, si la cesión del establecimiento objeto de la operación de inversión cofinanciada controvertida en el litigio principal constituye una «modificación importante», en el sentido del artículo 30, apartado 4, del Reglamento n.o 1260/1999.
Sobre las exigencias derivadas del principio de invariabilidad previsto en el artículo 30, apartado 4, del Reglamento n.o 1260/1999
72      Con arreglo al artículo 30, apartado 3, del Reglamento n.o 1260/1999, las normas nacionales pertinentes se aplicarán a los gastos subvencionables, salvo si, en caso necesario, la Comisión decide, en el marco de las disposiciones de aplicación de dicho artículo 30, adoptar normas comunes de subvencionabilidad de los gastos.
73      Por otra parte, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento n.o 1260/1999, las operaciones financiadas por los Fondos Estructurales deberán ajustarse a las disposiciones del Tratado FUE y de los actos adoptados en virtud de este.
74      Pues bien, al establecer de manera exclusiva, en su artículo 30, apartado 4, los requisitos relativos a la invariabilidad de las operaciones cofinanciadas, el Reglamento n.o 1260/1999 separó claramente esta cuestión del Derecho nacional (véase, por analogía, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Järvelaev, C‑580/17, EU:C:2019:391, apartado 79).
75      En el presente asunto, según el artículo 18, apartado 5, de la Orden Ministerial Conjunta, en caso de concesión de una ayuda financiera para una inversión, el beneficiario de dicha ayuda tiene la obligación de abstenerse de toda cesión de los activos fijos de la empresa subvencionada durante un período de cinco años a contar desde la adopción de la decisión sobre finalización de dicha inversión. De ello se desprende que, en caso de cesión por el beneficiario de esa ayuda de un establecimiento objeto de una operación de inversión cofinanciada, efectuada durante los cinco años siguientes a la adopción de la decisión sobre finalización de dicha inversión, se produce sistemáticamente una corrección financiera.
76      Es preciso señalar que tal normativa nacional es incompatible con el artículo 30, apartado 4, del Reglamento n.o 1260/1999, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia.
77      En efecto, contrariamente a lo que se ha indicado en el apartado 60 de la presente sentencia, esa normativa nacional no permite al beneficiario de una subvención demostrar, en caso de cesión de un establecimiento que es objeto de una operación de inversión cofinanciada, que no se cumplen uno u otro de los dos requisitos mencionados en dicho artículo 30, apartado 4, párrafo primero, letras a) y b), o incluso los dos requisitos, ni que la modificación de la operación en cuestión carece de la entidad suficiente para poder ser calificada de «importante» en el sentido de dicha disposición.
78      Además, por lo que respecta al período durante el cual, en un caso como el controvertido en el litigio principal, se impone la invariabilidad de una operación, cabe recordar que, con arreglo al artículo 30, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento n.o 1260/1999, la participación de los Fondos Estructurales queda garantizada en una operación si esta no sufre ninguna modificación importante durante cinco años a partir de la fecha de la decisión de la autoridad nacional competente o de la autoridad de gestión sobre la contribución de los Fondos. Pues bien, habitualmente, este plazo vence antes que el previsto por una normativa nacional que impone al beneficiario de una subvención la obligación de no llevar a cabo ninguna cesión de los activos fijos de la empresa subvencionada durante un período de cinco años a contar desde la adopción de la decisión sobre finalización de la inversión de que se trate (véase, por analogía, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Järvelaev, C‑580/17, EU:C:2019:391, apartado 81).
79      De ello se deduce que el artículo 30, apartado 4, del Reglamento n.o 1260/1999 se opone a una normativa nacional que obliga al beneficiario de una subvención abonada por una operación de inversión cofinanciada por los Fondos Estructurales de la Unión a no ceder, sin excepción alguna, durante cinco años a contar desde la adopción de la decisión sobre finalización de esa inversión, un establecimiento objeto de dicha operación, so pena de una corrección financiera.
80      Esta conclusión no queda desvirtuada por los artículos 38 y 39, apartado 1, del Reglamento n.o 1260/1999, por la norma 1, punto 1.10, del anexo del Reglamento n.o 1685/2000, por el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 70/2001 o por el artículo 4 del Reglamento n.o 438/2001.
81      En efecto, en primer lugar, con arreglo al artículo 38, apartado 1, letras e) y h), del Reglamento n.o 1260/1999, el Estado miembro en cuestión debe examinar si una modificación que se sitúa fuera del ámbito de aplicación del artículo 30, apartado 4, de dicho Reglamento, y que, por tanto, no debe apreciarse a la luz de esta disposición, no constituye una irregularidad en el sentido de los artículos 38 y 39 del citado Reglamento por la que se deban efectuar, en consecuencia, las correcciones financieras necesarias (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2014, Baltlanta, C‑410/13, EU:C:2014:2134, apartado 47 y jurisprudencia citada). Por ello, los referidos artículos 38 y 39 no se aplican, en principio, a una situación comprendida en el ámbito de aplicación de dicho artículo 30, apartado 4, párrafo primero, caracterizada por la inexistencia de una «modificación importante» de la operación de que se trate.
82      En segundo lugar, la norma 1, punto 1.10, del anexo del Reglamento n.o 1685/2000 se limitaba a permitir a los Estados miembros aplicar normas nacionales más estrictas para determinar el importe de los gastos subvencionables, sin facultarlos, no obstante, para apartarse de las exigencias de invariabilidad del artículo 30, apartado 4, del Reglamento n.o 1260/1999.
83      En tercer lugar, con arreglo al artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 70/2001, para beneficiarse de límites máximos superiores de ayuda regional y seguir estando exenta de la obligación de notificación, la inversión de que se trate debe mantenerse en la región beneficiaria durante al menos cinco años. Pues bien, es preciso señalar que esta disposición no puede aplicarse al litigio principal y que, en cualquier caso, no impide la cesión de los activos fijos de la empresa subvencionada a otra empresa, siempre que la inversión de que se trate se mantenga en la región beneficiaria de la subvención en cuestión.
84      En cuarto lugar, procede señalar que el artículo 4 del Reglamento n.o 438/2001, conforme al cual los Estados miembros pueden adoptar procedimientos para verificar, en particular, la existencia real de los gastos declarados con cargo a la intervención de los Fondos Estructurales de que se trate, no permite a los Estados miembros introducir nuevos requisitos en cuanto a las normas relativas a la invariabilidad de las operaciones.
85      Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 30, apartado 4, del Reglamento n.o 1260/1999 debe interpretarse en el sentido de que
–        la cesión de un establecimiento que es objeto de una operación de inversión cofinanciada por los Fondos Estructurales de la Unión puede constituir una «modificación importante» de dicha operación en el sentido de la referida disposición, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente teniendo en cuenta todos los elementos de hecho y de Derecho en cuestión, a la luz de los requisitos establecidos en la citada disposición;
–        se opone a una normativa nacional que obliga al beneficiario de una subvención abonada por una operación de inversión cofinanciada por los Fondos Estructurales de la Unión a no ceder, sin excepción alguna, durante cinco años a contar desde la adopción de la decisión sobre finalización de esa inversión, el establecimiento objeto de dicha operación, so pena de una corrección financiera acompañada de la recuperación total o parcial de la referida subvención.
Tercera cuestión prejudicial
86      Con carácter preliminar, procede señalar que, mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en particular, sobre la interpretación del artículo 38, apartado 1, letra h), del Reglamento n.o 1260/1999, del artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.o 448/2001, del artículo 4 del Reglamento n.o 2988/95, del artículo 14 del Reglamento n.o 659/1999 y del principio de seguridad jurídica, pero, infringiendo el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento, no expone con la claridad exigida las razones que le llevaron a preguntarse sobre la interpretación de esas disposiciones y de dicho principio ni la relación que establece entre estos y la normativa nacional aplicable al litigio principal, de modo que no procede interpretar las referidas disposiciones ni el mencionado principio.
87      En tales circunstancias, procede considerar que, mediante esta cuestión prejudicial, dicho órgano jurisdiccional pregunta, en esencia, si los artículos 30, apartado 4, y 39, apartado 1, del Reglamento n.o 1260/1999, en relación con los artículos 17 y 52, apartado 1, de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que no procede efectuar las correcciones financieras previstas en el citado artículo 39, apartado 1, cuando la cesión de un establecimiento que es objeto de una operación de inversión cofinanciada por los Fondos Estructurales de la Unión constituye una modificación importante de esa operación, en el sentido del artículo 30, apartado 4. El referido órgano jurisdiccional desea conocer también el nivel de protección garantizado por el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta, en relación con los artículos 52, apartados 2 y 3, y 53 de la Carta, así como con el artículo 1 del Primer Protocolo Adicional al CEDH.
88      Conforme al artículo 30, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1260/1999, los Estados miembros informarán a la Comisión de cualquier modificación importante de una operación cofinanciada, en el sentido del referido artículo 30, apartado 4, párrafo primero, modificación que implicará la aplicación del artículo 39 de dicho Reglamento.
89      Con arreglo a ese artículo 39, apartado 1, en relación con el mencionado artículo 30, apartado 4, párrafo segundo, incumbe a los Estados miembros investigar las irregularidades, actuar cuando haya pruebas de una modificación importante y efectuar las necesarias correcciones financieras previstas en el citado artículo 39, apartado 1.
90      De ello se deduce que, cuando constaten la existencia de una modificación importante, en el sentido del artículo 30, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento n.o 1260/1999, de una operación cofinanciada en el plazo indicado en dicha disposición, los Estados miembros están obligados, en virtud del artículo 39, apartado 1, de este Reglamento, como corrección financiera, a proceder a la supresión total o parcial de la participación comunitaria y, por tanto, en su caso, a la recuperación total o parcial de la subvención concedida.
91      Por lo que respecta al beneficiario, su obligación de devolver esa subvención no puede asimilarse a una vulneración del derecho de propiedad, reconocido en el artículo 17 de la Carta.
92      En efecto, de los artículos 30, apartado 4, y 39, apartado 1, del Reglamento n.o 1260/1999 se desprende sin ambigüedad que tal devolución tendrá lugar en el supuesto de una modificación importante de una operación subvencionada, resultante del incumplimiento de la exigencia de invariabilidad de esa operación, que constituye un requisito de subvencionabilidad de esta última.
93      Como consecuencia de ello, un beneficiario que tiene la obligación de devolver una subvención que le fue concedida, como mera consecuencia del incumplimiento de los requisitos establecidos para la operación subvencionada de que se trate, no puede invocar la protección ofrecida por el artículo 17 de la Carta (véase, por analogía, la sentencia de 26 de mayo de 2016, Ezernieki, C‑273/15, EU:C:2016:364, apartado 49).
94      Dado que, en el presente asunto, no se produce una limitación del ejercicio del derecho de propiedad reconocido en el artículo 17 de la Carta, no procede analizar tal obligación ni su alcance a la luz de los artículos 52 y 53 de la Carta, así como del artículo 1 del Primer Protocolo Adicional al CEDH.
95      Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que los artículos 30, apartado 4, y 39, apartado 1, del Reglamento n.o 1260/1999, en relación con el artículo 17 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que procede efectuar las correcciones financieras previstas en el citado artículo 39, apartado 1, cuando la cesión de un establecimiento que es objeto de una operación de inversión cofinanciada por los Fondos Estructurales de la Unión constituya una modificación importante de esa operación en el sentido del citado artículo 30, apartado 4.
Costas
96      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
1)      El artículo 30, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales,
debe interpretarse en el sentido de que
–        la cesión de un establecimiento que es objeto de una operación de inversión cofinanciada por los Fondos Estructurales de la Unión Europea puede constituir una «modificación importante» de dicha operación en el sentido de la referida disposición, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente teniendo en cuenta todos los elementos de hecho y de Derecho en cuestión, a la luz de los requisitos establecidos en la citada disposición;
–        se opone a una normativa nacional que obliga al beneficiario de una subvención abonada por una operación de inversión cofinanciada por los Fondos Estructurales de la Unión a no ceder, sin excepción alguna, durante cinco años a contar desde la adopción de la decisión sobre finalización de esa inversión, el establecimiento objeto de dicha operación, so pena de una corrección financiera acompañada de la recuperación total o parcial de la referida subvención.
2)      Los artículos 30, apartado 4, y 39, apartado 1, del Reglamento n.o 1260/1999, en relación con el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que
procede efectuar las correcciones financieras previstas en el citado artículo 39, apartado 1, cuando la cesión de un establecimiento que es objeto de una operación de inversión cofinanciada por los Fondos Estructurales de la Unión constituya una modificación importante de esa operación, en el sentido del citado artículo 30, apartado 4.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: griego.
i      El apartado 35 del presente texto ha sufrido una modificación de carácter lingüístico con posterioridad a su primera publicación en línea.