CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 136/79 
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 
SR. JEAN-PIERRE WARNER 
presentadas el 30 de abril de 1980 * 
Señor Presidente, 
Señores Jueces, 
El presente recurso ha sido interpuesto, con 
arreglo al artículo 173 del Tratado CEE, por 
una empresa inglesa, National Panasonic 
(UK) Limited, para impugnar una Deci­
sión de la Comisión, de fecha 22 de junio de 
1979, por la que se le obliga a someterse a 
una visita de inspección conforme al aparta­
do 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17. 
Por lo que es relevante en el presente asun­
to, el artículo 14 del Reglamento n° 17 está 
redactado en los siguientes términos: 
«Poderes de la Comisión en materia de 
verificación. 
1. . En el cumplimiento de las tareas que le 
son asignadas [...] por las disposiciones 
adoptadas en aplicación del artículo 87 del 
Tratado, la Comisión podrá proceder a 
cuantas verificaciones considere necesarias 
en las empresas [...] 
A este fin, los agentes acreditados por la 
Comisión estarán facultados para: 
a) controlar los libros y demás documen­
tos profesionales; 
b) hacer copias o extractos de los libros y 
documentos profesionales; 
c) pedir en las dependencias correspon­
dientes explicaciones verbales; 
d) acceder a los locales, terrenos y medios 
de transporte de las empresas. 
2. Los agentes acreditados por la Comi­
sión para efectuar estas verificaciones, 
ejercerán sus facultades en base a la presen­
tación de un mandato escrito que indique el 
objeto y la finalidad de la verificación, así 
como la sanción prevista en la letra c) del 
apartado 1 del artículo 15 del presente 
Reglamento en el caso de que los libros u 
otros documentos profesionales requeridos 
fueran presentados de manera incompleta. 
La Comisión dará aviso, con la suficiente 
* Lengua original: inglés. 
622
NATIONAL PANASONIC / COMISIÓN 
antelación, a la autoridad competente del 
Estado miembro en cuyo territorio deba ser 
efectuada la verificación, de esta misión y 
de la identidad de los agentes acreditados. 
3. Las empresas [...] deberán someterse a 
las verificaciones que la Comisión haya 
ordenado mediante decisión. En ésta se 
señalará el objeto y la finalidad de la 
verificación, se fijará la fecha en la que 
dará comienzo y se indicarán las sancio­
nes previstas en la letra c) del apartado 1 
del artículo 15 y en la letra d) del apartado 
1 del artículo 16, así como el recurso inter­
puesto ante el Tribunal de Justicia contra la 
decisión. 
4. La Comisión tomará las decisiones a 
que se alude en el apartado 3 tras haber oído 
a la autoridad competente del Estado miem­
bro en cuyo territorio deba efectuarse la 
verificación. 
5. Los agentes de la autoridad competente 
del Estado miembro en cuyo territorio deba 
efectuarse la verificación podrán, a petición 
de esta autoridad o de la Comisión, ayudar 
a los agentes de la Comisión en el cumpli­
miento de sus tareas. 
6. Cuando una empresa se oponga a una 
verificación ordenada en virtud del presente 
artículo, el Estado miembro interesado 
prestará a los agentes acreditados por la 
Comisión la asistencia necesaria para permi­
tirles cumplir su misión de verificación. A 
tal fin, los Estados miembros adoptarán [...] 
previa consulta a la Comisión, las medidas 
necesarias [...]» 
La demandante, National Panasonic (UK) 
Limited, es una filial al 100 % de una em-
presajaponesa, Matsushita Electric Trading 
Company Limited, que, a su vez, es una 
filial al 100 % de otra empresa japonesa, 
Matsushita Electric Industrial Company 
Limited. La demandante es el distribuidor 
exclusivo en el Reino Unido, Irlanda e 
Islandia de aparatos eléctricos y electróni­
cos, tales como televisores, radios, sistemas 
de videocasete, material de alta fidelidad y 
dictáfonos, fabricados por el grupo Matsus­
hita y vendidos bajo diversas marcas y 
nombres, en particular «National Panaso­
nic» y «Technics». (Me referiré a estos 
aparatos, en general, como «los productos 
Panasonic»). Otra filial al 100 % del grupo 
Matsushita es National Panasonic Vertriebs­
gesellschaft mbH, una empresa alemana que 
distribuye los productos Panasonic en la 
República Federal. 
El 11 de enero de 1977, la empresa alemana 
notificó a la Comisión un acuerdo relativo a 
la distribución de los productos Panasonic 
en la República Federal de Alemania, solici­
tando una declaración negativa o una exen­
ción con arreglo al apartado 3 del artículo 
85 del Tratado. La notificación no sugería 
que dicho acuerdo estuviera apoyado por 
una prohibición de exportar impuesta en 
otro Estado miembro. 
No obstante, ciertos indicios que llegaron a 
la Comisión hicieron que surgiera en esta 
623
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 136/79 
Institución la sospecha de que se estaban 
imponiendo prohibiciones de exportar en la 
Comunidad en relación con los productos 
Panasonic. En particular, se indujo a la 
Comisión a sospechar, acertada o equivocar 
damente, que la demandante estaba prohi­
biendo las exportaciones del Reino Unido a 
Alemania. La Comisión ha facilitado algu­
nos detalles de estos indicios, pero creo que 
no es necesario analizarlos. 
Uno de los motivos por los que la deman­
dante niega la validez de la Decisión de 22 
de junio de 1979 es que ésta no fue adecua­
damente motivada. Por lo tanto debo leer 
los principales considerandos de su exposi­
ción de motivos. Después de remitirse al 
artículo 85 del Tratado, al apartado 3 del 
artículo 14 del Reglamento n° 17 y al hecho 
de que la Comisión consultó a «la autoridad 
competente del Estado miembro afectado, a 
efectos del apartado 4 del artículo 14 del 
Reglamento n° 17» (es decir, el «Director-
General of Fair Trading»), el preámbulo 
continuaba: 
«Considerando que National 
Panasonic (UK) Ltd. es una filial de Mat­
sushita Electric Industrial Company de 
Japón y el distribuidor exclusivo en el Rei­
no Unido de los productos electrónicos 
National Panasonic y Technics destinados 
a la venta al público. 
Considerando que National Panasonic Ver­
triebsgesellschaft mbH notificó a la Comi­
sión, el 11 de enero de 1977, un acuerdo de 
distribución selectiva de los productos 
National Panasocic y Technics en la Repú­
blica Federal de Alemania, solicitando una 
certificación negativa o una exención con 
arreglo al apartado 3 del artículo 85 del 
Tratado CEE. 
Considerando que la Comisión ha obte­
nido evidencia documental y otras infor­
maciones que indican que National Panaso­
nic (UK) Ltd obligó a sus revendedores ano 
reexportar los productos National Panaso­
nic y Technics a otros Estados miembros de 
la CEE. 
Considerando que, en consecuencia, la 
Comisión tiene motivos para creer que 
National Panasonic (UK) Ltd ha participa­
do y sigue participando en acuerdos y prác­
ticas concertadas cuyo objeto y efecto es 
proteger los mercados nacionales de la 
CEE del efecto de las importaciones parale­
las de otros Estados miembros sobre la 
competencia. 
Considerando que los elementos anterior­
mente expuestos constituyen, si se prueban, 
una grave infracción del artículo 85 del 
Tratado CEE y que deben ser tomados en 
consideración por la Comisión en su 
valoración del acuerdode distribución selec-
tiva notificado por National 
Panasonic Vertriebsgesellschaft. 
Considerando que, para que la Comisión 
establezca todos los hechos y circunstancias 
relevantes, debe adoptarse una Decisión por 
la que se obligue a National Panasonic (UK) 
Ltd a someterse a una visita de inspección y 
624
NATIONAL PANASONIC / COMISIÓN 
a presentar los documentos profesionales 
requeridos.» 
Por último, la exposición de motivos resume 
el contenido de la letra c) del apartado 1 del 
artículo 15 y de la letra d) del apartado 1 del 
artículo 16 del Reglamento n° 17, cuyo 
texto íntegro se acompaña como Anexo a la 
Decisión. 
La parte dispositiva de la Decisión se com­
pone de tres artículos. 
Por el artículo 1, se obligaba a la demandan­
te a someterse a una visita de inspección en 
sus locales profesionales de Slough, Berks. 
Debía permitir que los agentes acreditados 
por la Comisión para efectuar la visita de 
inspección entraran en sus locales durante el 
horario normal de trabajo y presentar los 
documentos profesionales requeridos pol­
los agentes para examinarlos y fotocopiar-
los, incluyendo determinadas categorías de 
documentos que se enumeraban en este 
artículo. También debía dar las explicacio­
nes que los agentes pudieran solicitar en 
relación con el objeto de la investigación. 
El artículo 2 establecía que la visita de 
inspección se llevaría a cabo en los locales 
profesionales de la demandante sitos en 
Slough y comenzarían el 25 de junio de 
1979 o en una fecha posterior. 
Tras declarar que la Decisión iba dirigida a 
la demandante, el artículo 3 continuaba en 
los siguientes términos: 
«Se notificará, inmediatamente antes de que 
comience la visita de inspección, mediante 
su entrega en mano a un representante de la 
empresa por los agentes acreditados por la 
Comisión para efectuar la visita. 
De conformidad con el artículo 173 del 
Tratado CEE, la presente Decisión podrá 
ser objeto de recurso ante el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas de 
Luxemburgo. A tenor del artículo 185 del 
Tratado CEE, dicho recurso no tendrá efec­
to suspensivo.» 
La visita de inspección tuvo lugar el 27 de 
junio de 1979. Fue dirigida por dos funcio­
narios de la Comisión a los que acompañaba 
un funcionario del Office of Fair Trading. 
Conforme al artículo 3 de la Decisión, la 
demandante no recibió notificación previa 
de la visita de inspección. 
Las partes dan, en sus escritos, descripcio­
nes de la visita de inspección que difieren 
en aspectos menores. No obstante, no consi­
dero que estas diferencias sean relevantes en 
relación con cualquiera de las cuestiones 
que se discuten en el presente asunto. 
Los funcionarios llegaron a los locales de la 
demandante alrededor de las diez de la 
mañana. La Decisión se entregó al Sr. Aoki, 
director de ventas de la demandante, el cual 
firmó un acta de su notificación (véase el 
Anexo 2 al recurso). Se le explicó la natura­
leza y finalidad de la visita de inspección 
y transmitió la información por teléfono al 
Sr. Imura, director general. El Sr. Imura 
625
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 136/79 
envió al Sr. Maskrey, descrito como «res­
ponsable jurídico y de formación» de la 
demandante, para que se reuniera con los 
funcionarios y el Sr. Aoki. Se contactó con 
el solicitor de la demandante, Sr. Robinson, 
en su despacho de Norwich y se tomaron las 
medidas oportunas para trasladarlo a Slough 
en avión y por carretera. Los inspectores 
denegaron una solicitud (formulada por el 
Sr. Aoki o por el Sr. Maskrey) de aplazar la 
visita de inspección hasta la llegada del 
Sr. Robinson e iniciaron su trabajo alrede­
dor de las once menos cuarto de la mañana. 
El Sr. Imura, el Sr. Aoki y otros ejecutivos 
de la demandante abandonaron los locales a 
la hora del almuerzo, ya que, anteriormente, 
habían previsto asistir a una exposición 
comercial en Cardiff. 
El Sr. Robinson llegó a la una y media de la 
tarde. Fue presentado a los funcionarios y se 
le entregó una copia de la Decisión. Se le 
informó de lo que los funcionarios habían 
hecho hasta entonces y se quedó hasta el 
final de la visita de inspección. 
La visita de inspección finalizó hacia las 
cinco y media de la tarde. Los funcionarios 
de la Comisión se llevaron copias de varios 
documentos de los archivos de la demandan­
te, según la Comisión, 26 documentos que, 
en total, representaban 50 páginas; según la 
demandante, mucho más. No se llevaron 
originales ni, por supuesto, estaban faculta­
dos para hacerlo, lo que es uno de los 
aspectos que distinguen el presente asunto 
del asunto CIR/Rossminster Ltd [1980] 2 
WLR 1, al que se ha hecho referencia du­
rante los debates. 
Las alegaciones de la demandante, tal como 
se exponían inicialmente en su recurso, se 
basaban en cuatro motivos distintos: 
1) que el artículo 14 del Reglamento 
n° 17, correctamente interpretado, no 
permite que la Comisión adopte 
una Decisión por la que se obligue a 
una empresa a someterse a una visita 
de inspección, sin instarle primero a 
que lo haga mediante «el procedimiento 
informal»; 
2) que la Decisión de la Comisión no 
estaba debidamente motivada; 
3) que al actuar mediante Decisión, en 
lugar de hacerlo mediante una solicitud 
informal, la Comisión violó el principio 
de proporcionalidad; 
y 
4) que la Comisión violó los derechos 
fundamentales de la demandante. 
Tal como se desarrolló el razonamiento, 
dichos motivos parecían confundirse entre 
sí, ya que la reclamación de la demandante 
se basa en que no se le advirtió de la visita 
de inspección. 
626
NATIONAL PANASONIC / COMISIÓN 
No obstante, la primera cuestión es determi­
nar si el artículo 14, correctamente interpre­
tado, prevé, tal como afirma la demandante, 
un procedimiento obligatorio en dos fases, 
conforme al cual la Comisión debe empezar 
por pedir informalmente a la empresa afec­
tada que se someta a una visita de inspec­
ción, únicamente sobre la base de un man­
dato a efectos del apartado 2 de dicho ar­
tículo, y sólo puede recurrir a una Decisión 
imperativa a efectos del apartado 3 si no se 
ha satisfecho, o si se ha satisfecho de mane­
ra incompleta, dicha petición, o bien si, tal 
como afirma la Comisión, el artículo le 
reconoce una facultad discrecional para 
efectuar una visita de inspección bien única­
mente sobre la base de un mandato a efectos 
del apartado 2, bien sobre la base de una 
Decisión a efectos del apartado 3, sin que 
esté obligada a utilizar el primer procedi­
miento antes de adoptar el segundo. 
No hay duda de que la actual redacción del 
artículo 14 no es adecuada para imponer a 
la Comisión la obligación que alega la 
demandante. Por otra parte, el representante 
de la demandante tampoco pretendió afir­
mar lo contrario. Su alegación consistía en 
afirmar que el Tribunal de Justicia debería 
dejar de lado el tenor literal del artículo y 
tener en cuenta su espíritu y su finalidad. A 
este respecto la Comisión indicó, en mi 
opinión acertadamente, que el espíritu y 
finalidad del artículo 14 quedarían frustra­
dos si la Comisión estuviera siempre obliga­
da a adoptar un procedimiento que diera a la 
empresa afectada la oportunidad de escon­
der o destruir documentos relevantes. La 
Comisión se remitió también a la sentencia 
del Tribunal de Justicia de 14 de abril 
de 1960, Acciaeria e tubificio di 
Brescia/Alta Autoridad (31/59, Rec. 
p. 151 ). Por supuesto, esta jurisprudencia no 
es directamente aplicable al caso de autos, 
ya que, en aquel asunto, el Tribunal de 
Justicia se pronunció sobre la interpretación 
del artículo 47 del Tratado CECA, pero 
existe una similitud entre dicho artículo y el 
artículo 14 del Reglamento n° 17 y, por lo 
menos, la sentencia demuestra que el Tribu­
nal de Justicia no deducirá rápidamente de 
esta disposición la exigencia de reunir 
información antes de proceder a una visita 
de inspección. Pienso que es significativo 
que el Tribunal de Justicia declarara en 
dicha sentencia (p. 173) que «ni el tenor 
literal, ni el espíritu, ni la finalidad del 
párrafo primero del artículo 47 impiden que 
se obtenga información y se efectúe una 
visita de inspección al mismo tiempo». 
En apoyo de la tesis de la demandante se 
presentaron cinco alegaciones. 
En primer lugar, se señalaba que el ar­
tículo 11 del Reglamento n° 17, relativo a 
las solicitudes de información de la Comi­
sión, prevé indudablemente un procedi­
miento obligatorio en dos fases y se hacía 
referencia a lo que dije a este respecto en el 
asunto Transocean Marine Paint 
Association/Comisión (17/74,« Rec. 1974, 
pp. 1063 y ss., especialmente 
pp. 1089-1090). Se alegaba que lo mismo 
«debe» decirse respecto al artículo 14. En 
mi opinión no es así, ya que ni la redacción 
ni la finalidad de ambos artículos son igua­
les. Respecto a la redacción, los apartados 2 
y 4 del artículo 11 establecen un procedi­
miento con arreglo al cual la Comisión 
627
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 136/79 
puede enviar a una empresa una solicitud de 
información. A continuación, el apartado 5 
establece: 
«Si una empresa [...] no facilitare la infor­
mación requerida en el plazo fijado por la 
Comisión, o la suministrare de manera 
incompleta, la Comisión la pedirá mediante 
Decisión [...].» 
Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 11, 
la falta de respuesta satisfactoria a una 
solicitud de información constituye expresa­
mente un requisito previo a la adopción de 
una Decisión. En el artículo 14 no existe 
una fórmula correspondiente. Dada la proxi­
midad de ambas disposiciones, su diferente 
redacción debe significar, en mi opinión, 
que se pretende que operen de forma distin­
ta. En cuanto a la finalidad, el artículo 11 
faculta a la Comisión para solicitar y, si es 
necesario, exigir, la colaboración de la 
empresa afectada mediante el suministro de 
información, que puede o no estar contenida 
en documentos de los que dispone la empre­
sa. Por el contrario, el artículo 14 faculta a 
la Comisión para actuar directamente a 
través de sus propios funcionarios al objeto 
de obtener pruebas. 
La segunda alegación de la demandante se 
basaba también en el artículo 11. Refirién­
dose a la facultad reconocida en la letra c) 
del apartado 1 del artículo 14 de «pedir en 
las dependencias correspondientes explica­
ciones verbales», la demandante afirmó que, 
a menos que se aceptara su interpretación 
del artículo 14, la Comisión podría utilizar 
dicho artículo para evitar el procedimiento 
en dos fases establecido por el artículo 11. 
En mi opinión, esto no es así, ya que, tal 
como afirmó la Comisión, las únicas expli­
caciones que pueden pedirse con arreglo a 
la letra c) del apartado 1 del artículo 14 son 
las relativas a los libros y documentos exa­
minados o a su contenido. 
En tercer lugar, la demandante alegaba que 
podían encontrarse elementos de apoyo para 
su interpretación del artículo 14 en un pasa­
je del Informe de la Comisión de Mercado 
Interior del Parlamento Europeo sobre la 
propuesta que finalmente se convirtió en el 
Reglamento n° 17, conocido como «Informe 
Deringer» (Parlamento Europeo 57/1961, 
Anexo 2/5, al recurso, apartado 120), en 
un discurso pronunciado ante el Parlamen­
to Europeo el 19 de octubre de 1961, duran­
te los debates sobre dicha propuesta, por el 
Dr. Hans von der Groeben, que era entonces 
el miembro de la Comisión responsable de 
la política de competencia (véase el Anexo 
2/6 al recurso, p. 233), y en un artículo 
escrito por el Dr. W. Schlieder, Director 
General de la Comisión para los asuntos de 
competencia, en Der Betriebs-Berater, 
1962, p. 311 (Anexo 1 a la réplica). En mi 
opinion, dichos pasajes sugieren efectiva­
mente que sus autores consideraban que los 
artículos 11 y 14 (que eran, respectivamen­
te, los artículos 9 y 11 de la propuesta) 
establecían procedimientos similares. No 
obstante, considero que esto no puede servir 
de orientación respecto a las intenciones del 
Consejo cuando adoptó el. Reglamento 
n° 17. Tal como me permití indicar en el 
asunto Milac (28/76, Rec. 1976, pp. 1639 y 
ss., especialmente p. 1664), lo que los 
miembros del Consejo hacen cuando adop­
tan un Reglamento es ponerse de acuerdo 
628
NATIONAL PANASONIC / COMISIÓN 
sobre un texto. No todos tienen necesaria­
mente la misma opinión sobre su significa­
do. Este debe determinarse, si es necesario, 
mediante la interpretación judicial del texto. 
No puede determinarse a través de una 
investigación entre los miembros individua­
les del Consejo. A fortiori, no puede deter­
minarse averiguando la opinión de miem­
bros concretos del Parlamento o de la 
Comisión, sin hablar de la de los miembros 
del personal de la Comisión, por eminentes 
que sean y por mucho que hayan podido 
participar en la preparación del texto. La 
jurisprudencia invocada por la demandante 
para defender la opinión contraria era la 
sentencia de este Tribunal de Justicia en el 
asunto Stauder (29/69,- Rec. 1969, p. 419). 
No obstante, dicho asunto se refería a una 
Decisión de la Comisión adoptada conforme 
al procedimiento del Comité de Gestión. Se 
descubrió que, mientras que las versiones 
francesa e italiana de la Decisión se corres­
pondían con el texto sobre el que se había 
alcanzado el acuerdo del Comité de Ges­
tión, no ocurría lo mismo con las versiones 
alemana y neerlandesa. De forma no sor­
prendente, el Tribunal de Justicia declaró 
que debían preferirse las versiones francesa 
e italiana. Dichajurisprudencia sería aplica­
ble al presente asunto únicamente si se 
comprobara que el texto del Reglamento 
n° 17 en una o varias lenguas oficiales de la 
Comunidad no se corresponde con el texto 
sobre el que se alcanzó el acuerdo del Con­
sejo. No apoya la propuesta en favor de la 
cual la ha invocado la demandante. Debo 
añadir que la Comisión ha llamado la aten­
ción del Tribunal de Justicia sobre un pasaje 
de un libro escrito por el Dr. Deringer en el 
que éste expresó claramente la opinión de 
que el artículo 14 no imponía un procedi­
miento obligatorio en dos fases (véase 
Deringer, The Competition Law of the 
European Economic Community, Commer­
ce Clearing House 1968, p. 33 5). En efecto, 
las partes revisaron exhaustivamente en sus 
escritos las opiniones de conocidos autores 
sobre esta cuestión y es manifiesto que, 
sopesándolas, son favorables a la opinión 
defendida por la Comisión. 
En cuarto lugar, la demandante alegó lo que 
describía como la práctica de la Comisión. 
Esto llevó a una discusión sobre la forma en 
que la Comisión había aplicado en el pasado 
el artículo 14. Pienso que no es necesario 
que entre en los detalles de esta discusión. 
De ella se deduce que la Comisión recurrió 
a Decisiones con arreglo al apartado 3 del 
artículo 14, sin notificación previa, con 
mucha más frecuencia que antes, a partir de 
principios de 1979. La Comisión ha explica­
do a este Tribunal de Justicia que esto se 
debió a que, como el contenido del Derecho 
comunitario se conoce mejor y está más 
claro actualmente, las empresas tendían 
cada vez más a ocultar sus prácticas coluso­
rias, en particular las más claramente injus­
tificables. En cualquier caso, no creo que la 
naturaleza de las facultades reconocidas a la 
Comisión por el artículo 14 pueda depender 
de la forma en la que ésta considerara opor­
tuno ejercerlas en el pasado. 
En relación con esta primera cuestión, la 
demandante se refirió, por último, a los 
derechos fundamentales. Aunque sus alega­
ciones a este respecto eran, por supuesto, 
similares a sus alegaciones en apoyo de su 
cuarto motivo de impugnación de la validez 
de la Decisión de la Comisión, existía una 
diferencia esencial. Esta vez, su alegación 
629
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 136/79 
consistía en que, a falta de una redacción 
clara que dispensara a la Comisión de toda 
obligación de notificar previamente una 
visita de inspección, el artículo 14 debe 
interpretarse de forma que se perjudiquen lo 
menos posible los derechos fundamentales 
de una empresa, es decir, como si se exigie­
ra dicha notificación previa. Los derechos 
fundamentales invocados por la demandante 
eran el derecho al respeto de la vida priva­
da, el derecho a ser oído (con el correspon­
diente derecho a ser informado de lo que 
pensaba hacerse), el derecho a «prepararse 
para la visita de inspección» y el derecho a 
recurrir ante el Tribunal de Justicia y solici­
tar una suspensión de la ejecución. 
En relación con el derecho al respeto de la 
vida privada, la demandante invocó el ar­
tículo 8 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos, 
redactado en los siguientes términos: 
«1. Toda persona tiene derecho al respeto 
de su vida privada y familiar, de su domici­
lio y de su correspondencia. 
2. No podrá haber injerencia de la autori­
dad pública en el ejercicio de este derecho, 
sino en tanto en cuanto esta injerencia esté 
prevista por la Ley y constituya una medida 
que, en una sociedad democrática, sea 
necesaria para la seguridad nacional, la 
seguridad pública, el bienestar económico 
del país, la defensa del orden y la preven­
ción del delito, la protección de la salud o 
de la moral, o la protección de los derechos 
y las libertades de los demás.» 
A primera vista, el tenor literal de este 
artículo podría sugerir que se aplica sola­
mente a un individuo y a su domicilio. No 
obstante, en el asunto Acciaeria di Brescia 
(antes citado), este Tribunal de Justicia 
consideró claramente que el derecho al 
respeto de la vida privada se extiende a los 
locales profesionales, bien se trate de los de 
un individuo o de los de una empresa (véase 
Rec. 1960, p. 173). En efecto, debe ser así, 
dado que en una «sociedad democrática», 
no puede permitirse que una autoridad 
pública invada la propiedad privada, salvo 
en virtud de una facultad específica recono­
cida por la ley. La demandante no negó que, 
conforme al apartado 2 del artículo 8, la ley 
puede autorizar una invasión de la esfera 
privada en interés del «bienestar económico 
del país». El punto fuerte de su alegación 
era que la persona afectada debería ser 
previamente informada de la invasión que 
se iba a realizar. Pero el artículo 8 no con­
tiene disposiciones al respecto y la deman­
dante tampoco ha invocado en apoyo de su 
propuestajurisprudencia alguna. Además, si 
dicha propuesta fuera correcta, quedarían 
invalidadas la mayoría de las facultades de 
inspección e investigación reconocidas a 
autoridades nacionales, como la policía, las 
autoridades fiscales, las autoridades sanita­
rias y las autoridades competentes en mate­
ria de pesos y medidas, aparte de las encar­
gadas de garantizar el respeto del Derecho 
de la competencia. 
Lo que es algo inusual en relación con el 
artículo 14, si éste significa lo que creo que 
quiere decir, es que la Comisión está facul­
tada para actuar sin mandamiento judicial. 
En general, aunque no siempre, las legisla­
ciones de los Estados miembros exigen que 
630
NATIONAL PANASONIC / COMISIÓN 
los funcionarios de una autoridad pública 
dispongan de dicho mandamiento para 
poder entrar en los locales privados. Ade­
más, citando la Constitución alemana, el 
Informe Deringer sugería que dicha exigen­
cia debería incluirse en lo que hoy son los 
artículos 11 y 14 del Reglamento n° 17; 
señalaba que el derecho a someter una 
Decisión de la Comisión al control de este 
Tribunal de Justicia no ofrecía la misma 
garantía (véase el apartado 121 del Infor­
me). Se puede especular sobre la razón por 
la cual no se aceptó esta sugerencia, pero, 
en mi opinión, por el hecho de que no se 
aceptara no se puede llegar a la conclusión 
de que deba interpretarse que el artículo 14 
reconoce a una empresa el derecho a obte­
ner notificación previa de una Decisión. 
En cuanto al derecho a ser oído, señalaré en 
primer lugar que no me ha impresionado 
una alegación formulada por la Comisión 
apoyándose en el artículo 19 del Reglamen­
to n° 17. Dicho artículo enumera determina­
das categorías de Decisiones que la Comi­
sión no puede adoptar sin dar a las empresas 
afectadas la oportunidad de ser oídas. No 
menciona las Decisiones con arreglo al 
artículo 14. No obstante, puede existir un 
derecho a ser oído aunque ninguna disposi­
ción normativa lo reconozca expresamente 
-véase, por ejemplo, el asunto Transocean 
Marine Paint Association (antes citado). No 
obstante, la norma según la cual una perso­
na cuyos derechos pueden verse afectados 
por una decisión administrativa tiene dere­
cho a ser oída por la autoridad de que se 
trate es solamente una norma general. Está 
sujeta a excepciones. Nadie ha llegado a 
clasificar las excepciones o definir las cir­
cunstancias en las que existen. Tal vez 
pueda remitirme, sin falsa modestia, a la 
discusión mantenida sobre este problema en 
el 8.° Congreso de la FIDE celebrado en 
Copenhague en 1978 (véase el resumen de 
las sesiones de dicho Congreso, vol. 3, 
pp. 1-6 y 1-7; vol. 1, pp. 40-41). Pero, en 
mi opinion, una de las excepciones debe ser 
el supuesto en el que la finalidad de la 
Decisión se frustrara o pudiera frustrarse si 
se reconociera el derecho. Por supuesto, se 
vuelve así a la alegación de la Comisión de 
que la finalidad de efectuar una visita de 
inspección sin previo aviso es evitar la 
posible destrucción u ocultamiento de docu­
mentos relevantes. Pero tampoco se trata de 
dejar a una empresa afectad por dicha visita 
de inspección sin posibilidad alguna de 
recurso. El artículo 14 protege expresamen­
te su derecho a que el Tribunal de Justicia 
controle la Decisión de la Comisión. Es 
cierto que, si se da la razón a la Comisión, 
dicho remedio sólo puede ser invocado 
después de que se haya efectuado la visita 
de inspección, pero esto no hace que el 
remedio no sea eficaz. Como reconoce la 
Comisión, el Tribunal de Justicia puede, si 
declara que la Decisión es ilegal, ordenar a 
la Comisión que devuelva a la empresa 
todas las copias de documentos obtenidos 
como resultado de la visita de inspección y 
se abstenga de utilizar cualquier informa­
ción obtenida de esta forma. 
En cuanto al tercer derecho fundamental 
invocado por la demandante, el derecho a 
«prepararse para la visita de inspección», 
solicitando asesoría jurídica, ordenando los 
documentos que la empresa considera rele­
vantes y no se hallan amparados por el 
secreto y asegurándose de que pueden estar 
presentes los «directivos y juristas oportu-
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CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 136/79 
nos», considero que basta con señalar que la 
demandante no ha citado jurisprudencia 
alguna en apoyo de la existencia de un 
derecho de esta naturaleza. 
Este último «derecho fundamental» invoca­
do por la demandante no era, en realidad, 
más que un derecho a solicitar a este Tribu­
nal de Justicia un aplazamiento de la visita 
de inspección. Se decía que este derecho 
quedaba reconocido por el artículo 185 del 
Tratado, que establece: 
«Los recursos interpuestos ante el Tribunal 
de Justicia no tendrán efecto suspensivo. 
Sin embargo, el Tribunal de Justicia podrá, 
si estima que las circunstancias así lo exi­
gen, ordenar la suspensión de la ejecución 
del acto impugnado.» 
No obstante, cualquier derecho reconocido 
por el artículo 185 a solicitar del Tribunal 
de Justicia una resolución por la que se 
ordene la suspensión de la ejecución de una 
Decisión de la Comisión con arreglo al 
artículo 14 del Reglamento n° 17 sólo puede 
ser accesorio respecto al derecho a interpo­
ner un recurso contra la validez de dicha 
Decisión con arreglo al artículo 173 del 
Tratado. En consecuencia, es un derecho 
que sólo puede invocarse después de que se 
haya adoptado la Decisión. Por lo tanto, su 
existencia no puede llevar a la conclusión 
de que el artículo 14 obliga a la Comisión a 
adoptar un procedimiento informal como el 
que defiende la demandante como requisito 
previo a la adopción de la Decisión. 
Por estas razones, considero que el artículo 
14 no deb e ser interpretado de la forma 
que defiende la demandante. 
Puedo referirme mucho más brevemente a 
los motivos segundo, tercero y cuarto por 
los cuales la demandante impugnó la Deci­
sión de la Comisión. Por supuesto, dichos 
motivos se alegaron partiendo de la base de 
que el artículo 14 no preveía un procedi­
miento obligatorio en dos fases. 
Tal como recordará este Tribunal de Justi­
cia, el segundo motivo era que la Decisión 
no estaba adecuadamente motivada y el 
tercero era que violaba el principio de pro­
porcionalidad. Los examinaré conjuntamen­
te, ya que, tal como afirmó el representante 
de la demandante durante la vista, eran 
conexos. En mi opinión, el razonamiento en 
el que se apoyaban era, esencialmente, el 
siguiente. O bien la Comisión tenía razones 
para temer que la demandante fuera a ocul­
tar o destruir las pruebas, y en tal caso la 
Comisión debería haberlo dicho en la expo­
sición de motivos de la Decisión para justi­
ficar su actuación mediante Decisión inme­
diata, en lugar de utilizar una solicitud 
informal previa, o bien no tenía tal temor, y 
en tal caso su forma de actuar fue, en estas 
circunstancias, desproporcionada. Yo recha­
zaría este razonamiento, aunque sólo sea 
porque me parece obvio que no puede 
exigirse que la Comisió incluya en una 
Decisión un considerando en el que se 
declara que tiene razones para creer que una 
empresa puede ocultar o destruir pruebas, 
cuando la Decisión va dirigida a dicha 
empresa, o, en general, a cualquier empresa. 
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NATIONAL PANASONIC / COMISIÓN 
En cuanto al cuarto motivo de la de­
mandante, pienso que ya he dicho bas­
tante sobre los derechos fundamentales 
como para demostrar que, en mi opinión, 
la Comisión no violó los derechos de la 
demandante. La demandante no alegó 
que, si se interpretara que no impone un 
procedimiento en dos fases, el propio ar­
tículo 14 violaría los derechos fundamen­
tales de alguien. Por lo demás, tampoco 
creo que éste pudiera ser el caso. 
En conclusión, considero que debe desestimarse este recurso y condenar en costas 
a la demandante. 
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