62017CC0635
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NILS WAHL
presentadas el 29 de noviembre de 2018 (
1
)
Asunto C‑635/17
E.
contra
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
[Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Haarlem, Países Bajos)]
«Procedimiento prejudicial — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de inmigración — Derecho a la reagrupación familiar — Directiva 2003/86/CE — Derecho a la reagrupación familiar de los beneficiarios de protección internacional — Artículo 11, apartado 2 — Carga y grado de la prueba exigidos para demostrar la existencia de vínculos familiares — Falta de documentos justificativos oficiales — Regla de procedimiento nacional que permite denegar la solicitud de reagrupación familiar cuando el reagrupante no explica de manera verosímil la falta de tales documentos — Admisibilidad»
I. Introducción
1.
¿Puede una autoridad nacional denegar una solicitud de reagrupación familiar presentada por un beneficiario de protección internacional cuando este no ha explicado de manera verosímil las razones que le impiden presentar certificados de estado civil que acrediten la existencia de vínculos familiares?
2.
Este es, en esencia, el objeto de la cuestión prejudicial que plantea el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Haarlem, Países Bajos) al Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento de reagrupación familiar relativo a un menor de nacionalidad eritrea cuya filiación no ha podido demostrar la reagrupante (
2
) mediante la presentación de los certificados de estado civil preceptivos.
3.
El presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la ocasión de pronunciarse sobre las disposiciones particulares destinadas a los beneficiarios de protección internacional y que regulan el ejercicio de su derecho a la reagrupación familiar y, en particular, sobre la carga y el grado de la prueba exigidos para demostrar la existencia de vínculos familiares de conformidad con el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86.
4.
El Tribunal de Justicia deberá, en particular, determinar el alcance del deber de cooperación que incumbe al reagrupante y a la autoridad nacional competente a la hora de apreciar la existencia de dichos vínculos. En concreto, habrá de ponderar todos los intereses en juego, teniendo en cuenta, por un lado, las dificultades particulares a las que, por razón de su estatuto y su situación, pueden enfrentarse los beneficiarios de protección internacional para presentar u obtener documentos oficiales de su país de origen y, por otro lado, los riesgos asociados a una instrumentalización del procedimiento de reagrupación familiar para legalizar, fraudulentamente, la entrada o la residencia de un nacional de un tercer país en un Estado miembro.
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
5.
La Directiva 2003/86 establece las condiciones de ejercicio del derecho a la reagrupación familiar que asiste a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros.
6.
Los considerandos 2 y 8 de esta Directiva tienen el siguiente tenor:
«(2)
Las medidas sobre reagrupación familiar deben adoptarse de conformidad con la obligación de proteger la familia y respetar la vida familiar que se consagra en numerosos instrumentos del Derecho internacional. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular por el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950], y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
[…]
(8)
La situación de los refugiados requiere una atención especial, debido a las razones que les obligaron a huir de su país y que les impiden llevar en el mismo una vida de familia. A este respecto, conviene prever condiciones más favorables para el ejercicio de su derecho a la reagrupación familiar.»
7.
En el capítulo III de dicha Directiva, relativo a la presentación y el examen de las solicitudes de reagrupación familiar, el artículo 5, apartados 2 y 5, dispone:
«2.   La solicitud irá acompañada de los documentos acreditativos de los vínculos familiares y del cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 4 y 6 y, en su caso, en los artículos 7 y 8, así como copias certificadas de los documentos de viaje del miembro o miembros de la familia.
Si fuera conveniente, a fin de obtener la prueba de la existencia de vínculos familiares, los Estados miembros podrán realizar entrevistas con el reagrupante y los miembros de su familia y efectuar cualquier otra investigación que estimen necesaria.
[…]
5.   Al examinar la solicitud, los Estados miembros velarán por que se tenga debidamente en cuenta el interés mejor del menor.»
8.
El artículo 10, apartado 2, que figura en el capítulo V de la Directiva 2003/86, relativo a la reagrupación familiar de refugiados, establece:
«Los Estados miembros podrán autorizar la reagrupación de otros miembros de la familia no mencionados en el artículo 4 si están a cargo del refugiado.»
9.
El artículo 11 de la Directiva, cuya interpretación se solicita en el presente asunto, enuncia lo siguiente:
«1.   Por lo que respecta a la presentación y al examen de la solicitud, será de aplicación el artículo 5, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo.
2.   Si un refugiado no puede presentar documentos justificativos que acrediten los vínculos familiares, el Estado miembro examinará otras pruebas de la existencia de dichos vínculos, que se evaluarán con arreglo a la legislación nacional. Una resolución denegatoria de una solicitud no podrá basarse únicamente en la falta de documentos justificativos.»
10.
El artículo 17, que se encuentra en el capítulo VII de la citada Directiva, relativo a las sanciones y recursos, está redactado en los siguientes términos:
«Al denegar una solicitud, al retirar el permiso de residencia o denegar su renovación, así como al dictar una decisión de devolver al reagrupante o un miembro de su familia, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta la naturaleza y la solidez de los vínculos familiares de la persona y la duración de su residencia en el Estado miembro, así como la existencia de lazos familiares, culturales o sociales con su país de origen.»
B.
Derecho neerlandés
11.
La Directiva 2003/86 fue incorporada al Derecho neerlandés mediante la Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Ley de Reforma General de la Ley de Extranjería), (
3
) de 23 de noviembre de 2000.
12.
Con arreglo al artículo 29, apartado 2, de esta Ley, los menores tendrán derecho a la reagrupación familiar con un progenitor al que se haya conferido protección internacional si la solicitud de reagrupación familiar se presenta en un plazo de tres meses contados a partir de la concesión de dicha protección. Esta disposición resulta aplicable cuando el menor en cuestión es un huérfano con el que el reagrupante tiene vínculos familiares efectivos.
13.
La práctica legislativa relativa a la prueba de los vínculos familiares se precisa en la Vreemdelingencirculaire 2000 (Circular sobre extranjería de 2000) y en la Werkinstructie 2014/9 (Instrucción pública de servicio n.o 2014/9) del Immigratie- en Naturalisatiedienst (Servicio de inmigración y naturalización, Países Bajos). (
4
)
14.
Con arreglo a esta normativa, el reagrupante debe demostrar que la persona con la que solicita la reagrupación formaba efectivamente parte de su familia antes de su llegada a los Países Bajos y que ese vínculo no se ha roto. A estos efectos, debe acreditar, mediante documentos oficiales, la identidad de la persona (pasaporte, documento de identidad, declaración de nacionalidad, cartilla militar, etc.) y demostrar la realidad y la efectividad del vínculo familiar que lo une a ella (por ejemplo, mediante la presentación de un certificado de matrimonio, partida de nacimiento, libro de familia, certificado de defunción, etc.), y ello tanto si se trata de un menor con el que tiene una filiación biológica, como de un menor adoptado o un huérfano. (
5
) Además, se solicita al reagrupante que, al presentar la solicitud, aporte todos aquellos documentos que permitan demostrar la existencia de ese vínculo familiar.
15.
Cuando el reagrupante solicita la reagrupación familiar con un huérfano, la efectividad de este vínculo deberá apreciarse teniendo en cuenta, en particular, los motivos que llevaron a la familia a acoger al menor. Si el reagrupante no presenta documentos oficiales, el legislador nacional le exige demostrar de manera verosímil que la incapacidad de aportar tales documentos no le es imputable. (
6
)
16.
En el supuesto de que la autoridad competente admita, a la luz de las explicaciones proporcionadas por el reagrupante, que este es incapaz de aportar documentos oficiales que acrediten la efectividad del vínculo familiar, deberá apreciar, tomando en cuenta los demás elementos de prueba aportados por dicho reagrupante, tales como fotografías, diplomas, cartillas de vacunación o incluso declaraciones de una autoridad religiosa, si resulta necesario llevar a cabo investigaciones más exhaustivas, como entrevistas en las se formulen preguntas de identificación o la realización de pruebas de ADN en las representaciones consulares de los Países Bajos.
17.
Por el contrario, si la autoridad nacional competente considera que el reagrupante no ha explicado de manera verosímil los motivos por los que no dispone de documentos oficiales que acrediten la existencia de vínculos familiares y estima, además, que los demás elementos de prueba aportados por él son insuficientes, no estará obligada a adoptar tales medidas de investigación complementarias y podrá, por tanto, denegar la solicitud de reagrupación familiar.
III. Antecedentes del litigio, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
18.
La reagrupante, de nacionalidad eritrea, reside con su hija en los Países Bajos. El 11 de marzo de 2015, las autoridades neerlandesas le concedieron el estatuto de protección subsidiaria y, en virtud de este, un permiso de residencia.
A.
Examen de la solicitud de reagrupación familiar por el Secretario de Estado
19.
El 16 de abril de 2015, la reagrupante presentó una solicitud de reagrupación familiar en nombre del demandante, un menor de nacionalidad eritrea nacido el 1 de julio de 2003 en Eritrea. (
7
) Alega que este menor es el hijo de su hermana mayor y que, desde que fallecieran sus padres cuando tenía cinco años, se encuentra bajo su tutela. La reagrupante afirma haber huido de Eritrea en 2013 para reunirse con su hija y dicho menor en Sudán. Sin embargo, por no disponer de recursos suficientes, se vio obligada a abandonar a este último en Sudán cuando partió a los Países Bajos. El menor, que ahora tiene quince años, fue acogido por una conocida en Sudán.
20.
En el presente asunto ha quedado acreditado que la reagrupante no ha presentado documentos justificativos oficiales que permitan acreditar la identidad del menor en cuestión, el fallecimiento de los padres de este ni la tutela que ejerce sobre él. La declaración pericial que se ha presentado sobre el valor del certificado expedido a estos efectos por el Frente de Liberación de Eritrea muestra que este documento fue emitido por una autoridad carente de competencia y el Gobierno neerlandés puntualizó durante la vista que se trata de un documento falso.
21.
Tampoco se discute que el Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Secretario de Estado de Seguridad y Justicia, Países Bajos) (
8
) señaló durante el procedimiento los motivos por los que no había quedado acreditado el vínculo familiar y solicitó a la reagrupante, en consecuencia, que explicase de forma exhaustiva y pormenorizada las razones por las que no disponía de los documentos oficiales exigidos.
22.
El Secretario de Estado alegó que no se había facilitado ninguna explicación verosímil sobre la falta de documentos justificativos que acreditasen la identidad del menor en la medida en que, según el documento de información sobre la situación en Eritrea elaborado por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), (
9
) Eritrea expide documentos de identidad, tarjetas escolares, tarjetas de estudiante y tarjetas de residencia. En respuesta a las alegaciones formuladas a este respecto por la reagrupante, el Secretario de Estado dejó de oponer frente a ella la falta de estos documentos.
23.
Ahora bien, sí formuló una serie de preguntas complementarias a la reagrupante, con el objetivo de determinar las razones y la naturaleza de los vínculos que la unían al menor en cuestión, a las que esta respondió a través de una organización que representaba sus intereses.
24.
Por su parte, el Secretario de Estado mantuvo su postura según la cual no se había proporcionado ninguna explicación verosímil sobre la falta de documentos justificativos que acreditasen el fallecimiento de los padres biológicos del menor en cuestión y la tutela ejercida por la reagrupante sobre él. En su opinión, del documento de información de la EASO se deduce asimismo que Eritrea expide certificados de defunción y certificados de tutela. Con arreglo a la legislación nacional aplicable, no consideró, por tanto, necesario adoptar medidas de investigación complementarias, como la realización de una entrevista en la que le formulase preguntas de identificación, y, mediante resolución de 12 de mayo de 2016, denegó la solicitud de reagrupación familiar. Asimismo, mediante resolución de 27 de octubre de 2016, desestimó por infundada la reclamación presentada por la reagrupante contra la resolución de 12 de mayo de 2016.
25.
En consecuencia, la reagrupante interpuso un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente.
B.
Recurso ante el órgano jurisdiccional remitente
26.
El Secretario de Estado ha alegado ante el órgano jurisdiccional remitente que el procedimiento seguido es conforme con el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86, habida cuenta, en particular, de los términos que utiliza el legislador de la Unión en la primera parte de esta disposición. En su opinión, la expresión «si un refugiado no puede presentar documentos justificativos que acrediten los vínculos familiares» implica que el reagrupante debe proporcionar una explicación verosímil sobre la falta de tales documentos. Así, el Secretario de Estado señaló que «cuando puedan exigirse documentos justificativos oficiales y el refugiado no disponga de ellos ni facilite una explicación verosímil a este respecto, [la autoridad nacional competente] no estará obligad[a] a tener en cuenta otras pruebas ni a mantener una entrevista en la que se le formulen preguntas de identificación».
27.
Por el contrario, según el demandante, este procedimiento no es conforme con el artículo 11, apartado 2, de la citada Directiva. En primer lugar, habida cuenta, en particular, de la segunda frase de esta disposición, un Estado miembro no puede denegar una solicitud de reagrupación familiar por el mero hecho de que el reagrupante no ha aportado los documentos justificativos oficiales que acreditan los vínculos familiares. En ese supuesto, el demandante sostiene que el Estado miembro debe tomar en consideración otras pruebas de la existencia de tales vínculos, lo que implica que realizase una entrevista en el marco de la cual se formulasen preguntas de identificación. En segundo lugar, el demandante rechaza la interpretación del Secretario de Estado según la cual el uso del término «puede» implica que el reagrupante debe proporcionar una explicación verosímil del hecho de que no dispone, no ha dispuesto o no ha podido disponer de dichos documentos justificativos. En tercer lugar, el demandante señala que, en el caso de que el Tribunal de Justicia aceptase tal interpretación, las explicaciones que ha proporcionado sobre la falta de certificados de defunción de los padres biológicos del menor en cuestión son verosímiles.
28.
El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la interpretación del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86 y, en particular, de la primera parte de este: «si un refugiado no puede presentar documentos justificativos que acrediten los vínculos familiares». Señala, a este respecto, que el legislador de la Unión no ha previsto expresamente un criterio de verosimilitud ni ha reconocido margen de apreciación a los Estados miembros. Se pregunta, sin embargo, si el término «puede» no implica que el refugiado ha de proporcionar una explicación verosímil sobre el hecho de no haber aportado documentos justificativos oficiales que acrediten estos vínculos, y de no poder disponer de ellos. El órgano jurisdiccional remitente se refiere, a este respecto, a los principios que rigen el examen de las solicitudes de protección internacional, según los cuales puede tenerse en cuenta, en el marco de dicho examen, el hecho de que el solicitante haya realizado un auténtico esfuerzo para aportar documentos que respalden su solicitud y haya proporcionado una explicación satisfactoria sobre la falta de elementos de prueba que demuestren la existencia de un riesgo de persecución o de daños graves en su país de origen.
C.
Cuestiones prejudiciales
29.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Haarlem) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
A la luz del artículo 3, apartado 2, inicio y letra c), de la Directiva [2003/86] y de la sentencia de 18 de octubre de 2012, Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638), ¿es competente el Tribunal de Justicia para responder a cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales neerlandeses sobre la interpretación de las disposiciones de la citada Directiva 2003/86 en un litigio relativo al derecho de residencia de un miembro de la familia de una persona que disfruta de protección subsidiaria, si se ha declarado en el Derecho neerlandés que dicha Directiva es aplicable de forma directa e incondicional a los beneficiarios de protección subsidiaria?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86, en el sentido de que se opone a la desestimación de una solicitud de reagrupación familiar de un refugiado por el mero hecho de no haber acompañado su solicitud con documentos justificativos que acrediten los vínculos familiares, o bien debe interpretarse el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86 en el sentido de que se opone únicamente a la desestimación de la solicitud de reagrupación familiar de un refugiado por la mera falta de documentos que acrediten los vínculos familiares, si éste ha dado una explicación verosímil de la falta de presentación de estos documentos y que respalda su tesis de que sigue sin poder presentarlos?»
30.
Han presentado observaciones escritas y orales el demandante, junto con la reagrupante, el Gobierno neerlandés y la Comisión Europea.
31.
Es preciso, no obstante, señalar que tras la presentación de esta remisión prejudicial el Tribunal de Justicia tuvo ocasión de pronunciarse sobre una cuestión idéntica a la primera cuestión prejudicial en la sentencia de 7 de noviembre de 2018, K y B (C‑380/17, EU:C:2018:877), y se declaró competente.
IV. Análisis
32.
Antes de abordar el examen de la segunda cuestión prejudicial que el órgano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia, conviene precisar que el Gobierno neerlandés rechaza los términos en los que está formulada.
33.
En el marco de sus observaciones, dicho Gobierno aduce que la premisa en la que se basa la petición de decisión prejudicial es errónea. En particular, considera que la formulación de esta no refleja la realidad del procedimiento seguido en el litigio principal. Contrariamente al tenor de la cuestión prejudicial, el Secretario de Estado no se limitó a denegar la solicitud presentada por la reagrupante por el mero hecho de que esta no presentó documentos oficiales y tampoco proporcionó explicaciones verosímiles sobre la falta de dichos documentos. En efecto, antes de denegarla, el Secretario de Estado adoptó distintas medidas de instrucción durante el procedimiento de examen, pues tuvo en cuenta otros elementos de prueba, como la declaración del Frente de Liberación de Eritrea, y formuló a la reagrupante una serie de preguntas complementarias destinadas a determinar los motivos y la naturaleza de los vínculos que la unen al menor en cuestión.
34.
Tanto ante el órgano jurisdiccional remitente como ante el Tribunal de Justicia, la reagrupante reprocha en realidad al Secretario de Estado haber, con arreglo a la legislación nacional aplicable, denegado su solicitud de reagrupación familiar sin haber atendido previamente a su solicitud de realización de una entrevista en el marco de la cual le formulase preguntas de identificación. Se trata de una medida de investigación complementaria prevista en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2003/86.
35.
En consecuencia, a la luz de estos elementos, considero que la segunda cuestión prejudicial que el órgano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia trata, en esencia, de dilucidar si, en el marco del examen de una solicitud de reagrupación familiar presentada por el beneficiario de protección internacional cuando no se han aportado documentos justificativos oficiales que acrediten los vínculos familiares, una autoridad nacional competente puede denegar dicha solicitud, con arreglo al artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86, sin adoptar medidas de investigación complementarias cuando ese beneficiario no explica de manera verosímil los motivos por los que no puede aportar tales documentos.
A.
Observaciones preliminares
36.
Antes de proceder a interpretar el citado artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86, me gustaría formular algunas observaciones preliminares sobre las dificultades particulares que plantea el presente asunto.
37.
En efecto, el legislador de la Unión no define el concepto de «familia» en el contexto de la Directiva 2003/86.
38.
Del considerando 9 y del artículo 4, apartado 1, de esta Directiva se deduce que la reagrupación familiar debe aplicarse en todo caso a los miembros de la familia nuclear, es decir, al cónyuge y a los hijos menores de edad, incluidos los hijos adoptivos en virtud de una resolución adoptada por la autoridad competente del Estado miembro de que se trate o de una resolución ejecutiva en virtud de obligaciones internacionales. (
10
)
39.
En cuanto atañe, en particular, a la reagrupación familiar de los beneficiarios de protección internacional, del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2003/86 se deduce que los Estados miembros podrán autorizar la reagrupación de «otros miembros de la familia no mencionados en el artículo 4 si están a cargo del refugiado». En este contexto, la legislación neerlandesa autoriza la reagrupación familiar de los huérfanos con quienes el reagrupante presente vínculos familiares efectivos.
40.
En la medida en que la existencia de la familia entraña necesariamente la del vínculo familiar —un vínculo jurídico particular—, el reconocimiento del derecho a la reagrupación familiar exige demostrar la existencia de este vínculo familiar y, cuando se trata de un huérfano, su efectividad. Dicho vínculo se acredita, en principio, mediante documentos oficiales emitidos por las autoridades competentes del país de origen.
41.
El litigio principal plantea dificultades en este punto, dado que la reagrupante no ha presentado ningún documento oficial que pueda acreditar la existencia y la efectividad de tal vínculo familiar con el menor en cuestión, necesario para aplicar la Directiva 2003/86. En realidad, la «tutela» que afirma ejercer sobre este menor se asemejaría más bien a un compromiso consuetudinario y desinteresado de hacerse cargo del mantenimiento, la educación y la protección de un menor perteneciente a la familia extensa. Pues bien, en este tipo de situación, para atender mejor los intereses de dicho menor, es necesario garantizar que los padres biológicos de este realmente han fallecido y que presenta un vínculo familiar efectivo con la reagrupante, con el objetivo de evitar exponerlo a un riesgo de abuso o explotación.
42.
Tras haber puesto de relieve las particularidades del presente asunto, es preciso examinar ahora las normas y los principios que regulan la prueba de la existencia de vínculos familiares, en el sentido del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86.
B.
Normas y principios que regulan la prueba de la existencia de vínculos familiares en el sentido del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86
43.
En el marco del procedimiento de reagrupación familiar que establece la Directiva 2003/86, el legislador de la Unión distingue dos tipos de regímenes relativos a la prueba de los vínculos familiares.
44.
El primero es un régimen general destinado a nacionales de terceros países, cuyos requisitos materiales se enumeran en su artículo 5, apartado 2.
45.
Esta disposición exige que el reagrupante acompañe su solicitud de documentos que acrediten la existencia de vínculos familiares. No obstante, la autoridad nacional competente puede considerar que estos documentos no bastan para acreditar la existencia de tales vínculos, así como decidir realizar entrevistas con el reagrupante y los miembros de su familia y efectuar cualquier otra investigación que estime necesaria. (
11
) En línea con lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 2003/86, (
12
) el legislador de la Unión trató en este caso de luchar contra las solicitudes de reagrupación familiar fraudulentas o abusivas basadas, por ejemplo, en matrimonios de conveniencia o en el reconocimiento fraudulento o ficticio de la paternidad mediante la realización de investigaciones complementarias que, junto con la presentación de documentos oficiales, permitan demostrar si el vínculo familiar es o no real y efectivo.
46.
El segundo es un régimen particular dirigido a los beneficiarios de protección internacional, cuyos requisitos materiales, por su parte, figuran en el artículo 11 de la Directiva 2003/86.
47.
Este régimen debe permitir garantizar la efectividad del derecho a una vida familiar normal mediante la agrupación de los miembros de una familia que, debido a las circunstancias acaecidas en su país de origen, han huido de persecuciones o daños graves y han sido separados con ocasión de un desplazamiento forzoso o de una huida.
48.
Habida cuenta de las dificultades particulares a las que deben enfrentarse los miembros de tales familias para que sus países de origen expidan o les proporcionen documentos oficiales, este régimen establece, con arreglo al considerando 8 de la Directiva 2003/86 y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, requisitos para probar la existencia de vínculos familiares, que deben ser necesariamente más «favorables» para al ejercicio de este derecho. (
13
)
49.
Así, cuando un beneficiario de protección internacional presenta una solicitud de reagrupación familiar, resultan aplicables las disposiciones generales del artículo 5 de la Directiva 2003/86, sin perjuicio de las disposiciones específicamente previstas en el artículo 11, apartado 2, de esta Directiva.
50.
Este último artículo prevé reglas particulares para el caso de que «un refugiado no pued[a] presentar documentos justificativos que acrediten los vínculos familiares».
51.
En primer lugar, del artículo 11, apartado 2, primera frase, de la Directiva 2003/86 resulta que los Estados miembros están obligados a tener en cuenta «otras pruebas» de la existencia de estos vínculos. (
14
) Estas deben examinarse con arreglo al Derecho nacional. (
15
) Ahora bien, el margen de apreciación del que disponen los Estados miembros no puede emplearse de un modo que pueda menoscabar el objetivo de la Directiva 2003/86, consistente en ajustar el régimen de prueba a las dificultades particulares a las que podría hacer frente el beneficiario de protección internacional. Estas pruebas deben ser realistas y adaptarse a la situación concreta en la que se encuentran las personas en cuestión. (
16
)
52.
En segundo lugar, el artículo 11, apartado 2, segunda frase, de dicha Directiva, dispone expresamente que «una resolución denegatoria de una solicitud no podrá basarse únicamente en la falta de documentos justificativos». En mi opinión, no cabe duda de que el legislador de la Unión se refiere en este caso a documentos justificativos oficiales. Esta disposición sigue la lógica del punto anterior de las presentes conclusiones al establecer una prohibición clara e incondicional según la cual la falta de documentos que acrediten la existencia de vínculos familiares no puede constituir por sí misma un motivo de denegación de la solicitud de reagrupación familiar. Esta disposición se enmarca igualmente en el contexto de las recomendaciones emitidas por el Consejo de Europa (
17
) y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (
18
)
53.
En este punto, la cuestión que plantea el presente asunto consiste en saber si, en el marco de una solicitud de reagrupación familiar que no se acompaña de ningún documento justificativo oficial que acredite la existencia de vínculos familiares, un Estado miembro puede supeditar la realización de las medidas de investigación complementarias previstas en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2003/86 al requisito de que el reagrupante explique de una manera verosímil los motivos por los que no puede presentar tales documentos.
C.
Obligación del reagrupante de proporcionar una explicación verosímil de la falta de documentos oficiales que acrediten la existencia de vínculos familiares
54.
El Tribunal de Justicia ha reconocido que los miembros de una familia no son titulares de un derecho subjetivo a ser admitidos en el territorio de los Estados miembros y que, en aplicación de la Directiva 2003/86, estos últimos disponen de cierto margen de apreciación al examinar las solicitudes de reagrupación familiar y están facultados para supeditar el ejercicio de tal derecho a determinadas condiciones. (
19
)
55.
Ahora bien, el Tribunal de Justicia ha señalado igualmente que dicha facultad debe interpretarse de manera estricta, pues la reagrupación familiar sigue siendo la norma, y no debe ser utilizada por los Estados miembros de manera que menoscabe el objetivo de la Directiva 2003/86. (
20
)
56.
En el presente asunto, el requisito previsto por la normativa controvertida, pese a no deducirse de manera expresa del tenor de la Directiva 2003/86, se enmarca perfectamente en el contexto de la cooperación que debe existir entre el reagrupante y la autoridad nacional competente a efectos del examen de una solicitud de reagrupación familiar que no se acompaña de documentos justificativos oficiales y permite alcanzar, cuando se aplica respetando los requisitos procesales previstos por dicha Directiva, los objetivos de esta sin menoscabar por ello el régimen particular aplicable a los beneficiarios de protección internacional.
1. La obligación controvertida está comprendida en el deber de cooperación que incumbe al reagrupante en el marco del examen de una solicitud de reagrupación familiar que no se acompaña de documentos justificativos oficiales
57.
Como se deduce de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, y en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86, la carga de la prueba recae, en primer lugar, en el solicitante. En efecto, es él quien inicia el procedimiento para que se le confiera un derecho y es solo él quien, además, dispone de los documentos justificativos oficiales que permiten respaldar sus declaraciones y acreditar la existencia de los vínculos familiares alegados, de todo lo cual depende en última instancia la resolución que deba darse a su solicitud.
58.
El legislador de la Unión también impone a los Estados miembros una obligación de cooperación. De las disposiciones citadas resulta que, en el supuesto de que el beneficiario de protección internacional no pueda presentar documentos oficiales que acrediten los vínculos familiares, el Estado miembro estará obligado, con arreglo al artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86, a tomar en consideración otras pruebas de la existencia de estos vínculos y podrá, además, en aplicación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva, realizar investigaciones complementarias, como entrevistas con el reagrupante y los miembros de su familia, y efectuar cualquier otra investigación que estime necesaria.
59.
En el marco de esta cooperación y a efectos de su correcto desarrollo, la autoridad nacional competente está facultada, en mi opinión, para solicitar al reagrupante que explique las razones por las que no ha presentado ningún certificado de estado civil que acredite la existencia de vínculos familiares y para atribuir una importancia particular al carácter verosímil de dichas explicaciones.
60.
Es cierto que, si bien el régimen probatorio previsto en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86 tiene como objetivo, en efecto, adaptar a favor de los beneficiarios de protección internacional el régimen probatorio aplicable a la acreditación de los vínculos familiares mediante la aplicación de unas normas más flexibles, dicho régimen debe asimismo imponer obligaciones a estos últimos a fin de evitar, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva, que el procedimiento de reagrupación familiar se utilice de un modo fraudulento o abusivo para eludir las normas que regulan la entrada y la residencia de los nacionales de terceros países o de un Estado miembro o, de forma malintencionada, exponiendo a los menores a riesgos de abuso, explotación o tráfico. (
21
)
61.
En estas condiciones, si el beneficiario de protección internacional decide iniciar un procedimiento de reagrupación familiar pese a no disponer de ningún documento oficial que acredite la existencia de vínculos familiares, la carga de la prueba que recae sobre él exige, a efectos del examen de su solicitud, que explique las razones que le impiden aportar tal tipo de documento.
62.
Ciertamente, no puede exigirse a la autoridad nacional competente que, al examinar tal solicitud, adopte medidas de investigación complementarias aunque el reagrupante no haya presentado ningún certificado de estado civil que acredite la existencia de un vínculo familiar y tampoco haya proporcionado, obviando los trámites que dicha autoridad ha llevado a cabo y los medios que esta ha puesto a su disposición, una explicación suficiente.
63.
Por tanto, aunque el reagrupante no está obligado a probar la efectividad del vínculo familiar mediante documentos oficiales, debe, no obstante, tratar de explicar, de un modo suficientemente exhaustivo y pormenorizado, las razones que le impiden disponer de tales documentos. Esto debería permitirle demostrar que su solicitud sigue siendo legítima, pese a la falta de tales documentos, y que su examen precisa de la cooperación de la autoridad nacional competente para permitir que se reúnan todos los elementos que puedan acreditar la existencia de dichos vínculos. (
22
)
64.
Por consiguiente, la autoridad nacional competente está en condiciones de diferenciar, a la luz de las explicaciones proporcionadas por el reagrupante y, en su caso, de los demás elementos de prueba comunicados, una situación en la que es preciso denegar de entrada la solicitud por ser manifiestamente infundada o por ser fraudulenta o abusiva de una situación en la que debe colaborar con el reagrupante y adoptar medidas de investigación complementarias, dado que existen motivos serios para pensar que verdaderamente no puede disponer de documentos oficiales.
65.
Es evidente que los requisitos impuestos en relación con las explicaciones del reagrupante deben ser proporcionados a fin de que no recaiga sobre él una carga excesiva respecto de lo que es necesario para demostrar su incapacidad de presentar documentos.
66.
En consecuencia, el nivel de exigencia de estos requisitos ha de depender de la naturaleza y el grado de las dificultades concretas a las que se enfrenta el reagrupante a la hora de presentar documentos oficiales. Si bien la autoridad nacional competente puede exigir explicaciones exhaustivas y pormenorizadas cuando no quepa duda de que el reagrupante puede obtener tales documentos, debe, en mi opinión, rebajar el nivel de estos requisitos cuando dicha obtención sea imposible debido, por ejemplo, a la inexistencia o a las graves deficiencias de funcionamiento del Registro Civil en el país de origen del reagrupante.
67.
En este punto, es preciso señalar que una obligación como la que establece la legislación nacional controvertida resulta aplicable al examen de una solicitud de protección internacional.
2. La obligación controvertida está comprendida en las obligaciones que incumben al solicitante en el marco del examen de una solicitud de protección internacional
68.
Ciertamente, el procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional y el relativo a una solicitud de reagrupación familiar tienen objetivos distintos. El primero está destinado a reconocer el estatuto de refugiado o de beneficiario de protección subsidiaria a las personas que están expuestas a actos de persecución o a riesgos de daños graves en el país de origen. El segundo pretende reagrupar a los miembros de la familia del beneficiario de protección internacional que se ha dispersado durante un desplazamiento forzoso o una huida.
69.
Ahora bien, estos procedimientos presentan características comunes asociadas a la identidad del solicitante y a la situación muy particular en la que este se halla, lo que explica, sin duda, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se remita a su jurisprudencia relativa a la prueba del riesgo de persecuciones en caso de regreso al país de origen (solicitud de protección internacional) para establecer la carga y el grado de la prueba exigidos para demostrar la existencia de vínculos familiares (solicitud de reagrupación familiar). (
23
)
70.
Así pues, en ambos procedimientos, la cooperación que deben prestarse el solicitante y la autoridad nacional competente se fundamenta en un postulado idéntico, a saber, que, por haberse visto obligado a huir de su país de origen, el solicitante de protección internacional o el beneficiario de dicha protección no puede disponer de documentos oficiales que acrediten, en particular, su identidad, su nacionalidad o incluso la existencia de vínculos familiares.
71.
Pues bien, en el marco de una solicitud de protección internacional, el Tribunal de Justicia ha declarado que, conforme al artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2013/32/UE, (
24
) el solicitante tiene la obligación de cooperar con la autoridad nacional competente, en particular con vistas a establecer su identidad, su nacionalidad y los motivos de su solicitud, lo que a su juicio supone proporcionar, en la medida de lo posible, los justificantes requeridos y, en su caso, las explicaciones e información solicitadas. (
25
) Estos son elementos esenciales y necesarios para examinar la solicitud.
72.
Esta obligación guarda relación con la que establece el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2011/95/UE, (
26
) relativa a la evaluación de los hechos y las circunstancias que debe llevar a cabo la autoridad nacional competente al examinar tal solicitud. Este artículo dispone, en efecto, que, cuando determinados aspectos de las declaraciones del solicitante no estén avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición, si ha presentado todos los elementos pertinentes y ha dado una explicación «satisfactoria» en relación con la falta de otros elementos pertinentes, (
27
) y si estas declaraciones se consideran coherentes y verosímiles y no contradicen la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso.
73.
A la vista de estos elementos, considero, en consecuencia, que el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86 puede interpretarse en el sentido de que una autoridad nacional competente está facultada para exigir al reagrupante que proporcione una explicación verosímil cuando este no presente documentos justificativos oficiales que acrediten la existencia de vínculos familiares.
74.
No obstante, es preciso sujetar a ciertas condiciones la facultad de apreciación de que dispone a este respecto tal autoridad.
D.
Obligaciones que incumben a la autoridad nacional competente en el marco del examen de la verosimilitud de las explicaciones proporcionadas por el reagrupante
75.
La autoridad nacional es la única competente para apreciar, con sujeción al control del juez nacional, las explicaciones proporcionadas por el reagrupante. Ahora bien, al cumplir esta obligación debe observar los requisitos procesales previstos en la Directiva 2003/86 y, en particular, en su artículo 17.
76.
Por tanto, si bien es cierto que el reagrupante debe explicar de manera verosímil las razones que le impiden acreditar, mediante documentos oficiales, la existencia de un vínculo familiar, la autoridad nacional competente, por su parte, ha de examinar debidamente las explicaciones que este último proporcione.
77.
En particular, con arreglo al artículo 17 de la Directiva 2003/86, (
28
) la autoridad nacional está obligada a realizar una evaluación individualizada que no solo tenga en cuenta la información específica de carácter general relativa a la situación del país de origen del reagrupante, sino también la personalidad de este, su situación concreta y las dificultades particulares a las que se enfrenta. (
29
)
78.
Este método permite regular una apreciación que, pese a los elementos fácticos en los que debe fundamentarse, sigue estando cargada de subjetividad.
79.
Por un lado, las explicaciones relativas a la incapacidad del reagrupante para presentar un documento oficial que acredite el vínculo familiar deben apreciarse de manera objetiva, a la luz de información tanto específica como general relativa a la situación de su país de origen. Debe tratarse de información pertinente, objetiva, fiable, precisa y actualizada, que pueda estar comprendida en los informes elaborados por las administraciones nacionales e internacionales y, en particular, por los órganos del Consejo de Europa o del sistema de las Naciones Unidas, así como de resoluciones judiciales internacionales, como las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (
30
) En el contexto de una solicitud de reagrupación familiar a la que no se ha acompañado ningún documento oficial que acredite la existencia de vínculos familiares, esta información, a la que las autoridades nacionales tienen pleno acceso, debe permitir apreciar el funcionamiento de los servicios del Registro Civil del país de origen y, en particular, la realidad de las deficiencias que afectan a determinadas localidades de dicho país o a ciertos grupos de personas.
80.
Este es el método utilizado por el legislador de la Unión en el marco del examen de las solicitudes de protección internacional.
81.
Así, con arreglo al artículo 4, apartado 3, letra a), de la Directiva 2011/95, el Estado miembro debe efectuar una evaluación individual de la solicitud teniendo en cuenta todos los hechos pertinentes relativos al país de origen, incluidas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes de dicho país y el modo en que se aplican. Además, de conformidad con el artículo 4, apartado 5, letra c), de la Directiva 2011/95, la verosimilitud y coherencia de las declaraciones del solicitante debe apreciarse a la luz de la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso. (
31
)
82.
Para que las autoridades nacionales competentes puedan cumplir habitualmente estos requisitos y lograr una armonización de los procedimientos de examen de las solicitudes de protección internacional de los Estados miembros, se confió a la EASO la misión de elaborar documentos de información que examinasen, por temas, la situación del país o la región de origen del solicitante de protección internacional. Para redactar estos documentos se recoge información «pertinente, fiable, precisa y actualizada» sobre los países de origen, a partir de las fuentes de información pertinentes, incluida la información recabada de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de organizaciones internacionales. (
32
)
83.
En el presente asunto, el Secretario de Estado se remitió, en el marco de su apreciación, a la sección «documentos oficiales sobre el estado civil» del documento de información de la EASO dedicado a Eritrea. (
33
)
84.
Pues bien, incumbe al órgano jurisdiccional remitente asegurarse de que este estudio puede constituir una fuente de información suficiente a efectos de dicha apreciación que permita extraer información fiable y precisa sobre la realidad del funcionamiento del Registro Civil en la zona rural o el municipio de origen de la reagrupante, la expedición de certificados de defunción y de tutela, y la medida en que está facultada, en concreto, de conformidad con la legislación nacional aplicable, para solicitar certificados de estado civil en su país de origen o ante las representaciones diplomáticas de este.
85.
Por otro lado, con arreglo al artículo 17 de la Directiva 2003/86 y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las explicaciones relativas a la incapacidad de la reagrupante de presentar un documento oficial que acredite los vínculos familiares deben apreciarse habida cuenta de su estatuto individual y de su situación personal. En efecto, el documento de información de la EASO no puede sustituir a un examen particular de la solicitud que permita conocer las posibilidades de que dispone la reagrupante.
86.
La edad del reagrupante y, en particular, el hecho de que sea menor de edad, el sexo, el nivel educativo, el origen y el nivel social, así como los motivos que han justificado la concesión de protección internacional y los traumas vividos pueden constituir asimismo elementos que deben tenerse en cuenta al evaluar los motivos por los que no dispone de documentos oficiales y al apreciar el nivel de las dificultades a las que puede enfrentarse.
87.
A la vista de lo anterior, considero que el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86 no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal siempre que la autoridad nacional competente efectúe un examen adecuado de las explicaciones proporcionadas por el reagrupante, que tenga en cuenta no solo la información pertinente, tanto general como específica, relativa a la situación del país de origen de este último, sino también la situación particular en la que se encuentra dicho reagrupante.
V. Conclusión
88.
Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la segunda cuestión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Haarlem, Países Bajos):
«El artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que exige al beneficiario de protección internacional, en el marco del examen de su solicitud de reagrupación familiar, explicar de manera verosímil las razones que le impiden aportar documentos justificativos que acrediten la existencia de vínculos familiares, siempre que la autoridad nacional competente efectúe un examen adecuado de dichas explicaciones que tenga en cuenta no solo la información pertinente, tanto general como específica, relativa a la situación del país de origen de este último, sino también la situación particular en la que se encuentra dicho reagrupante.»
(
1
)	Lengua original: francés
(
2
)	El artículo 2, letra c), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO 2003, L 251, p. 12), define el término «reagrupante» como «la persona nacional de un tercer país que, residiendo legalmente en un Estado miembro, solicita la reagrupación familiar o los miembros de cuya familia la solicitan».
(
3
)	Stb. 2000, n.o 495.
(
4
)	Esta fue sustituida por la Werkinstructie 2016/17 (Instrucción pública de servicio n.o 2016/17).
(
5
)	La Circular sobre extranjería de 2000 precisa, en el punto C2/4, que el menor de que se trate podrá asimismo ser un huérfano con quien el reagrupante presente vínculos familiares efectivos.
(
6
)	Véanse, a este respecto, las explicaciones que proporciona el Servicio de inmigración y naturalización en «The family reunification procedure for holders of an asylum residence permit», disponible en: https://ind.nl/Documents/GHA_Engels.pdf (p. 6, parte 1, paso 3).
(
7
)	Los hechos descritos en el marco de las presentes conclusiones toman en consideración asimismo la información que figura en los autos remitidos al Tribunal de Justicia.
(
8
)	En lo sucesivo, «Secretario de Estado».
(
9
)	Informe relativo a la información sobre el país de origen, Eritrea, Estudio de país, mayo de 2015, disponible en: https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO-Eritrea-Country-Focus-FR.pdf, y mencionado expresamente por el Secretario de Estado en los correos electrónicos que envió a la reagrupante, los cuales se acompañan como anexo a las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia. Véase, por lo que se refiere a la creación de la EASO, el Reglamento (UE) n.o 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo (DO 2010, L 132, p. 11).
(
10
)	A tenor del considerando 10 y del artículo 4, apartados 2 y 3 de la Directiva 2003/86, los Estados miembros podrán autorizar la reagrupación familiar de los ascendientes en línea directa, de los hijos mayores solteros, del miembro de la pareja no casada o registrada, así como en el caso de matrimonio poligámico, cuando se cumplan determinados requisitos, de los hijos menores de otra esposa y del reagrupante.
(
11
)	De la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Directrices de aplicación de la Directiva 2003/86/CE, sobre el derecho a la reagrupación familiar [COM(2014) 210 final; en lo sucesivo «Directrices»] se deduce que, respecto de cada solicitud, los justificantes que la acompañen y el carácter «necesario» de entrevistas y otras investigaciones deben ser objeto de una evaluación en cada caso concreto en el marco de un examen individualizado de la solicitud (punto 3.2, p. 10).
(
12
)	El artículo 16, apartado 1, letras b) y c), de esta Directiva establece que los Estados miembros podrán denegar una solicitud de entrada y de residencia con fines de reagrupación familiar cuando el reagrupante y el miembro o miembros de su familia no hagan o hayan dejado de hacer vida conyugal o familiar efectiva o cuando se constate que el reagrupante o la pareja no casada ha contraído matrimonio o mantiene una relación estable con otra persona. Con arreglo al apartado 2 de esta disposición, también podrán denegar dicha solicitud de entrada si se demuestra que se utilizó información falsa o engañosa, documentos falsos o falsificados, o se cometió otro tipo de fraude o se utilizaron otros medios ilícitos, o que el matrimonio, la relación en pareja o la adopción se formalizaron únicamente para que la persona interesada pudiera entrar o residir en un Estado miembro.
(
13
)	Véanse, a este respecto, el Libro verde sobre el derecho a la reunificación familiar de los nacionales de terceros países que residen en la Unión Europea (Directiva 2003/86/CE) [COM(2011) 735 final], en particular, el punto 4.2 «Otras cuestiones relacionadas con el asilo» (p. 7), y las Directrices, en particular, el punto 6.1.2. (pp. 23 y 24). Véase asimismo, en este sentido, TEDH, sentencia de 10 de julio de 2014, Mugenzi c. Francia (CE:ECHR:2014:0710JUD005270109), § 54.
(
14
)	Esta obligación se enmarca asimismo en la línea jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, véase TEDH, sentencia de 10 de julio de 2014, Tanda-Muzinga c. Francia (CE:ECHR:2014:0710JUD000226010), § 79.
(
15
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S (C‑550/16, EU:C:2018:248), apartados 42 y 45.
(
16
)	De conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2003/86, los Estados miembros podrán realizar entrevistas con el reagrupante y los miembros de su familia y efectuar cualquier otra investigación que estimen necesaria. En el punto 6.1.2. de las Directrices, la Comisión señala que las «otras pruebas» de la existencia de vínculos familiares pueden consistir en declaraciones escritas y orales de los solicitantes, entrevistas con los miembros de la familia o investigaciones de la situación en el extranjero. Las declaraciones pueden ser corroboradas por documentos justificativos, como material audiovisual, o por pruebas documentales o físicas, como títulos académicos o resguardos de transferencias bancarias. La Comisión señala que, cuando persistan serias dudas tras el examen de los otros tipos de pruebas o cuando haya fuertes indicios de ánimo fraudulento, puede procederse, como último recurso, a pruebas de ADN, las cuales no permiten demostrar vínculos de parentesco más alejados o de dependencia en sentido amplio, especialmente en los casos de adopción (p. 23).
(
17
)	Véase, a este respecto, la Recomendación R(99) 23 del Comité de ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la reagrupación familiar para los refugiados y demás personas que necesiten la protección internacional, adoptada el 15 de septiembre de 1999.
(
18
)	Véase, a este respecto, la Conclusión n.o 24 del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado adoptada durante su 32.a sesión, disponible en: http://www.unhcr.org/publications/legal/41b041534/compilation-conclusions-adopted-executive-committee-international-protection.html (p. 43).
(
19
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de junio de 2006, Parlamento/Consejo (C‑540/03, EU:C:2006:429), apartado 59, y de 6 de diciembre de 2012, O y otros (C‑356/11 y C‑357/11, EU:C:2012:776), apartado 79.
(
20
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, O y otros (C‑356/11 y C‑357/11, EU:C:2012:776), apartado 74 y jurisprudencia citada.
(
21
)	En las Directrices, la Comisión precisa además que, en interés tanto de la sociedad como de los solicitantes de buena fe, es urgente que los Estados miembros actúen con firmeza contra el abuso y el fraude de los derechos otorgados por la Directiva 2003/86 (véase, en particular, el punto 7.3. «Abuso y fraude», p. 27).
(
22
)	El Tribunal de Justicia ha señalado, además, que a un Estado miembro le puede resultar más fácil que al solicitante acceder a determinados tipos de documentos (véase, a este respecto, la sentencia de 22 de noviembre de 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, apartado 66).
(
23
)	Véase, en este sentido, TEDH sentencia de 10 de julio de 2014, Tanda-Muzinga c. Francia (CE:ECHR:2014:0710JUD000226010), § 69.
(
24
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).
(
25
)	Véase la sentencia de 14 de septiembre de 2017, K. (C‑18/16, EU:C:2017:680), apartado 38.
(
26
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9).
(
27
)	Véase la sentencia de 25 de enero de 2018, F (C‑473/16, EU:C:2018:36), apartado 41 y jurisprudencia citada.
(
28
)	Véanse, a este respecto, los puntos 6.1.2 y 7.4 de las Directrices de la Comisión.
(
29
)	Véase, a este respecto, la sentencia de 4 de marzo de 2010, Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117), en la que el Tribunal de Justicia señaló que el artículo 17 de la Directiva 2003/86 se opone a una normativa nacional que permite a la autoridad nacional competente denegar una solicitud de reagrupación familiar sin efectuar un examen concreto de la situación del solicitante. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró contraria a la Directiva una normativa nacional que fijaba un importe de ingresos mínimos por debajo del cual se denegaba cualquier reagrupación familiar, con independencia «del examen concreto de la situación de cada solicitante» (apartado 48).
(
30
)	A este respecto, me refiero, por analogía, a los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru (C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), en relación con la información en la que deben basarse las autoridades nacionales para apreciar las deficiencias del sistema penitenciario de un Estado miembro. En mi opinión, estos criterios son aplicables a fortiori cuando se trata de apreciar el funcionamiento de los servicios de Registro Civil de un Estado.
(
31
)	Con arreglo al artículo 4, apartado 5, letra c), de la Directiva 2011/95, «cuando los Estados miembros apliquen el principio según el cual el solicitante ha de fundamentar la solicitud de protección internacional y si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si […] las declaraciones del solicitante se consider[a]n coherentes y verosímiles y no contradi[ce]n la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso» (el subrayado es mío).
(
32
)	Véase el artículo 4, letras a) y b), del Reglamento n.o 439/2010.
(
33
)	Véanse las referencias de este documento en la nota 9 de las presentes conclusiones.