Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 12 de marzo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 4/2009 — Competencia en materia de obligaciones de alimentos — Artículo 12 — Litispendencia — Determinación del tribunal ante el que se ha interpuesto la primera demanda — Artículo
9, letra a) — Concepto de “documento equivalente” a un escrito de demanda — Presentación de una solicitud de asistencia jurídica gratuita ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro por un acreedor de alimentos con vistas al ejercicio de una acción para obtener la modificación de las obligaciones de alimentos de las que es beneficiario — Subsiguiente interposición, por el deudor de los alimentos, de una demanda de modificación de sus obligaciones de alimentos ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro — Ejercicio ulterior de la acción del acreedor de alimentos ante el primer órgano jurisdiccional tras la concesión por este de la asistencia jurídica gratuita — Calificación de esta solicitud de asistencia jurídica gratuita de “documento equivalente” — Requisitos »
En el asunto C‑516/24 [Winderwill] (i),
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Amtsgericht Schleswig (Tribunal de lo Civil y Penal de Schleswig, Alemania), mediante resolución de 22 de julio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de julio de 2024, en el procedimiento entre
BC, representado por su representante legal,
y
LG,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente) y los Sres. S. Rodin, N. Piçarra y N. Fenger, Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretaria: Sra. E. Sartori, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 18 de junio de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de BC, por la Sra. A. Kröner, Rechtsanwältin;
–        en nombre de LG, por la Sra. M. Horn, Rechtsanwältin;
–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller, M. Hellmann y A. Sahner, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno checo, por la Sra. A. Pagáčová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. B. Ernst y los Sres. M. Wasmeier y W. Wils, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 2 de octubre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, letra a), del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO 2009, L 7, p. 1).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre BC, un menor de edad, y LG, su padre, relativo a la modificación de la prestación de alimentos adeudada por este último.
Marco jurídico
Convenio de Lugano II
3        El artículo 27 del Convenio relativo a la Competencia Judicial, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil, firmado el 30 de octubre de 2007 (en lo sucesivo, «Convenio de Lugano II»), cuya celebración fue aprobada en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2009/430/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2008 (DO 2009, L 147, p. 1), dispone:
«1.      Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de diferentes Estados vinculados por el presente Convenio, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declarare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera.
2.      Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquel.»
4        A tenor del artículo 30, apartado 1, de este Convenio:
«A efectos de la presente sección, se considerará que un tribunal conoce de un litigio:
1.      desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar toda diligencia necesaria para que se entregare al demandado la cédula de emplazamiento […]».
Derecho de la Unión
Reglamento (CE) n.º 44/2001
5        El artículo 27 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), disponía que:
«1.      Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declarare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera.
2.      Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquel.»
6        El artículo
30, punto
1, de dicho Reglamento tenía el siguiente tenor:
«A efectos de la presente Sección, se considerará que un tribunal conoce de un litigio:
1)      desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para que se entregare al demandado la cédula de emplazamiento […]».
Reglamento n.º 4/2009
7        Los considerandos 15 y 36 del Reglamento n.º 4/2009 exponen:
«(15)      Con el fin de preservar los intereses de los acreedores de alimentos y de favorecer una buena administración de justicia en la Unión Europea, deberían adaptarse las reglas relativas a la competencia, tal como dimanan del Reglamento [n.º 44/2001]. […]
[…]
(36)      Teniendo en cuenta los costes de procedimiento, conviene prever un régimen de asistencia jurídica gratuita muy favorable, a saber, la asunción total de los costes ligados a los procedimientos iniciados a través de las autoridades centrales relacionados con las obligaciones de alimentos respecto de menores de 21 años. Así, pues, las normas existentes en la Unión Europea en materia de justicia gratuita en virtud de la Directiva 2003/8/CE [del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios (2003, L 26, p. 41)] deberían completarse mediante normas específicas que creen un régimen especial de asistencia jurídica gratuita para las obligaciones de alimentos. […]»
8        El artículo
9 del Reglamento n.º 4/2009, titulado «Recurso a un órgano jurisdiccional», tiene el siguiente tenor:
«A efectos del presente capítulo, se considerará que un órgano jurisdiccional conoce de un litigio:
a)      desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para que se entregue al demandado la cédula de emplazamiento, o
b)      si dicho documento hubiere de notificarse al demandado antes de su presentación al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo recibiere la autoridad encargada de la notificación, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para presentar el documento al órgano jurisdiccional.»
9        El artículo 12 de este Reglamento, titulado «Litispendencia», establece:
«1.      Si se formulasen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se haya formulado la segunda demanda suspenderá de oficio el proceso hasta que se declare competente el órgano jurisdiccional ante el cual se interpuso la primera.
2.      Cuando el tribunal ante el cual se interpuso la primera demanda se declare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquel.»
10      El artículo
44 de dicho Reglamento, titulado «Derecho a justicia gratuita», dispone:
«1.      Las partes en un litigio contemplado en el presente Reglamento tendrán garantizado el acceso efectivo a la justicia en otro Estado miembro, también para los procedimientos de ejecución y recurso, en las condiciones establecidas en el presente capítulo.
[…]
2.      Con el fin de garantizar este acceso efectivo, los Estados miembros proporcionarán el beneficio de justicia gratuita de conformidad con el presente capítulo, salvo que sea de aplicación el apartado 3.
3.      En los casos contemplados en el capítulo VII, los Estados miembros no estarán obligados a proporcionar el beneficio de justicia gratuita en la medida en que sus procedimientos permitan a las partes actuar ante los órganos jurisdiccionales sin necesidad del beneficio de justicia gratuita y la autoridad central proporcione gratuitamente los servicios necesarios.
4.      Las condiciones de acceso a la justicia gratuita no serán más restrictivas que las fijadas en los asuntos internos equivalentes.
[…]»
11      El artículo 46 del mismo Reglamento, titulado «Asistencia jurídica gratuita para las solicitudes de alimentos a favor de niños presentadas a través de las autoridades centrales», tiene el siguiente tenor:
«1.      El Estado miembro requerido proporcionará asistencia jurídica gratuita para todas las demandas relativas a obligaciones de alimentos a favor de una persona menor de 21 años que se deriven de una relación paterno-filial, que sean presentadas por un acreedor en virtud del artículo 56.
2.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente del Estado miembro requerido podrá denegar la asistencia jurídica gratuita, para las solicitudes no contempladas en el artículo 56, apartado 1, letras a) y b), si considera que la demanda o cualquier recurso conexo resulta manifiestamente infundado.»
Derecho alemán
Ley de Procedimiento en Materia de Familia y de Jurisdicción Voluntaria
12      El artículo
113, apartado
1, de la Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Ley de Procedimiento en Materia de Familia y de Jurisdicción Voluntaria), de 17 de diciembre de 2008 (BGBl. 2008 I, p. 2586), en su versión aplicable al litigio principal, dispone, en su primera frase, que determinadas disposiciones de esta Ley no son aplicables a los asuntos matrimoniales ni a los litigios de familia. La segunda frase de esta disposición dispone que, a este respecto, se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones generales de la Zivilprozessordnung (Ley de Procedimiento Civil)
y las disposiciones de dicha Ley relativas al procedimiento incoado ante los tribunales regionales (Landgerichte).
ZPO
13      El artículo
114, apartado
1, de la Ley de Procedimiento Civil, en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «ZPO»), dispone:
«Si una parte, a causa de su situación personal y económica, no pudiera hacer frente a los gastos del proceso, o solo pudiera hacerlo en parte o en varios pagos, obtendrá asistencia jurídica gratuita, previa solicitud, si la acción o la defensa jurídica propuesta presenta perspectivas suficientes de éxito y no resulta temeraria. […]»
14      El artículo 117 de la ZPO establece:
«1.      La solicitud de concesión de la asistencia jurídica gratuita se presentará ante el órgano jurisdiccional que conozca del asunto; dicha solicitud podrá presentarse mediante declaración ante la secretaría del tribunal. La solicitud deberá exponer los elementos del litigio e indicar los medios de prueba. […]
2.      La solicitud se acompañará de una declaración de la parte sobre su situación personal y económica (situación familiar, profesión, patrimonio, ingresos y cargas) y de los documentos acreditativos correspondientes. La declaración y los documentos justificativos solo podrán comunicarse a la parte contraria con el consentimiento de la parte, a menos que, en virtud del Derecho civil, la parte contraria tenga derecho a obtener información sobre los ingresos y el patrimonio del solicitante. El solicitante deberá tener la posibilidad de presentar sus observaciones antes de que su declaración sea transmitida a la parte contraria. Se le informará de la transmisión de su declaración.
[…]»
15      El artículo 118, apartado 1, de la ZPO tiene el siguiente tenor:
«La parte contraria deberá tener la posibilidad de pronunciarse sobre si considera que se cumplen los requisitos para obtener una asistencia jurídica gratuita, salvo que ello resulte inadecuado por razones especiales. Esta declaración de la parte contraria podrá realizarse ante la secretaría del tribunal. El tribunal podrá convocar a las partes a una vista si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo; el tribunal deberá consignar el acuerdo transaccional en un acta judicial. […]»
16      A tenor del artículo 167 de la ZPO:
«Cuando la notificación tenga por objeto cumplir un plazo, hacer correr un nuevo plazo de prescripción o suspender dicho plazo de conformidad con el artículo 204 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil, RGBl. 1896, p. 195), dicho efecto se producirá desde el momento de la recepción de la solicitud o de la declaración, si esta se notifica sin demora.»
Código Civil
17      El artículo
204, apartado
1, punto
14, del Código Civil, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, dispone:
«La prescripción se suspenderá por:
[…]
14.      la notificación de la solicitud inicial de concesión de asistencia jurídica gratuita; si la solicitud se notifica sin demora después de su presentación, la prescripción se suspenderá a partir de la fecha de presentación de la solicitud.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
18      BC, que reside en Suecia y era menor de edad en la fecha de los hechos del litigio principal, es el hijo de LG, que reside en Alemania.
19      El 17 de diciembre de 2021, BC, representado por el Bundesamt für Justiz (Oficina Federal de Justicia, Alemania), presentó ante el Amtsgericht Schleswig (Tribunal de lo Civil y Penal de Schleswig, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, una solicitud de asistencia jurídica gratuita con vistas a la interposición ulterior de una demanda de modificación de la prestación de alimentos de la que es acreedor frente a LG. Se adjuntó un borrador de la demanda de modificación de dicha prestación y se indicó que se interpondría la demanda en caso de que se concediese la asistencia jurídica gratuita solicitada.
20      El 28 de enero de 2022, antes de que el órgano jurisdiccional remitente se pronunciara sobre la solicitud de asistencia jurídica gratuita de BC, LG interpuso ante el Eskilstuna tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Eskilstuna, Suecia) una demanda de modificación de sus obligaciones de alimentos frente a BC.
21      Después de que se estimara su solicitud de asistencia jurídica gratuita el 27 de mayo de 2022, BC interpuso ante el órgano jurisdiccional remitente la demanda de modificación mencionada en el apartado
19 de la presente sentencia. Esta demanda fue notificada a LG el 21 de julio de 2022.
22      En Suecia, el Eskilstuna tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Eskilstuna) inadmitió la demanda interpuesta por LG por carecer de competencia internacional. El Högsta domstolen (Tribunal Supremo, Suecia) anuló dicha resolución desestimatoria y devolvió el asunto al Eskilstuna tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Eskilstuna), el cual, mediante auto de 6 de mayo de 2024, suspendió el procedimiento, con arreglo al artículo
12, apartado
1, del Reglamento n.º 4/2009.
23      El órgano jurisdiccional remitente expone en esencia que debe determinar si, en efecto, es internacionalmente competente, antes que este último órgano jurisdiccional sueco, para conocer del asunto como «órgano jurisdiccional ante el cual se interpuso la primera» demanda en el sentido del artículo 12 del Reglamento n.º 4/2009, en relación con el artículo 9, letra a), de este. La respuesta solo podría ser afirmativa si debiera considerarse que la solicitud de asistencia jurídica gratuita que presentó BC antes de que LG acudiera al órgano jurisdiccional sueco es un «documento equivalente» al escrito de demanda en el sentido de ese artículo 9, letra a). Pues bien, en este punto, la jurisprudencia y la doctrina nacionales están divididas.
24      En tales circunstancias, el Amtsgericht Schleswig (Tribunal de lo Civil y Penal de Schleswig) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Constituye una solicitud de asistencia jurídica gratuita, a la que acompaña, únicamente como borrador, una demanda de modificación de la pensión de alimentos, que se presentará formalmente en caso de que se conceda dicha asistencia, un “documento equivalente” en el sentido del artículo 9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009, de manera que se considera presentada una demanda ante un órgano jurisdiccional nacional y con ello queda constituida la competencia de este tribunal?»
Sobre la cuestión prejudicial
25      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009 debe interpretarse en el sentido de que una solicitud de asistencia jurídica gratuita presentada ante un órgano jurisdiccional, a la que se adjunta un borrador de la demanda que, sobre el fondo del asunto en materia de obligación de alimentos, tiene previsto interponer el solicitante en caso de que se le conceda la asistencia jurídica gratuita solicitada, constituye un «documento equivalente» en el sentido de la citada disposición.
26      Con carácter preliminar, procede señalar, en primer término, que el órgano jurisdiccional remitente indica que, en el litigio principal entre BC y LG en relación con una demanda de modificación de la prestación de alimentos adeudada por LG, debe resolver la cuestión de su competencia internacional en una situación en la que un órgano jurisdiccional sueco, en el marco de un litigio entre LG y BC relativo a una demanda de modificación de esa obligación, suspendió el procedimiento con arreglo al artículo
12, apartado
1, del Reglamento n.º 4/2009.
27      Esta disposición establece que, si se formulasen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se haya formulado la segunda demanda suspenderá de oficio el proceso hasta que se declare competente el órgano jurisdiccional ante el cual se interpuso la primera.
28      En el presente asunto, de la formulación y de la motivación de la cuestión prejudicial planteada se desprende que, al tratar de determinar si fue él o si fue el órgano jurisdiccional sueco que suspendió el procedimiento con arreglo a dicha disposición el que conoció de la primera demanda que se interpuso, según la norma sobre el conocimiento de los litigios del artículo
9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009, el órgano jurisdiccional remitente considera que hay litispendencia entre el litigio principal y el entablado ante el referido órgano jurisdiccional sueco, y que en ambos litigios, entre BC y LG, se trata de resolver si debe modificarse la prestación de alimentos de la que BC es acreedor frente a LG.
29      En segundo término, es preciso advertir que, en la medida en que, en materia de obligaciones de alimentos, las disposiciones del Reglamento n.º 4/2009 relativas a las reglas de competencia han sustituido a las del Reglamento n.º 44/2001, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre
la interpretación de las disposiciones de este último Reglamento es válida para la interpretación de las del Reglamento n.º 4/2009 que puedan ser calificadas de «correspondientes» o «equivalentes» (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de diciembre de 2014, Sanders y Huber, C‑400/13 y C‑408/13, EU:C:2014:2461, apartado 23, y de 6 de junio de 2024, Geterfer, C‑381/23, EU:C:2024:467, apartados 23 y 24). Lo mismo vale para la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación de las disposiciones equivalentes del Convenio de Lugano II y de los Reglamentos n.º 44/2001 y n.º 4/2009 (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, apartados 42
y 47).
30      El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 12 del Reglamento n.º 4/2009 es equivalente al artículo 27 del Reglamento n.º 44/2001 y al artículo 27 del Convenio de Lugano II (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de diciembre de 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, apartados 44 y 46, y de 6 de junio de 2024, Geterfer, C‑381/23, EU:C:2024:467, apartado 26). Por otra parte, el artículo 9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009 tiene prácticamente el mismo tenor que el artículo 30, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001 y que el artículo 30, punto 1, del Convenio de Lugano II (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, apartados 45
y 46).
31      A la vista de estas observaciones preliminares, procede recordar que la norma de litispendencia establecida en el artículo 12 del Reglamento n.º 4/2009 pretende, en aras de la buena administración de la justicia, tal como se menciona en el considerando 15 de dicho Reglamento, reducir la posibilidad de que se sustancien procedimientos paralelos ante órganos jurisdiccionales de diferentes Estados miembros y evitar que se dicten resoluciones inconciliables cuando varios fueros sean competentes para conocer del mismo litigio. El mecanismo para resolver los casos de litispendencia previsto en el citado artículo 12 reviste un carácter objetivo y automático y se basa en el orden cronológico en el que las demandas se presentaron ante los tribunales (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de junio de 2024, Geterfer, C‑381/23, EU:C:2024:467, apartados 27 y 29), de manera que será considerado competente el tribunal ante el que una de las partes decidió entablar el primer litigio.
32      En este contexto, el artículo 9 del Reglamento n.º 4/2009 define de manera uniforme y autónoma la fecha en la que se considera que se ha presentado una demanda ante un órgano jurisdiccional a efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de dicho Reglamento, para reducir el riesgo de que se desarrollen procedimientos paralelos en diferentes Estados miembros (véanse, por analogía, las sentencias de 4 de mayo de 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, apartado 29, y de 20 de diciembre de 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, apartado 50). Este artículo 9 tiene por objeto, en particular, solucionar los problemas derivados de las divergencias nacionales sobre la fecha en la que un asunto se considera pendiente, y esta fecha debe definirse de manera autónoma. Además, el referido artículo 9 tiene por objeto reducir las incertidumbres jurídicas causadas por la gran variedad de sistemas existentes en los Estados miembros para determinar la fecha en la que un tribunal conoce de un litigio, mediante una norma material que permita identificar tal fecha de manera simple y uniforme (véase, por analogía, la sentencia de 4 de mayo de 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, apartado 30).
33      En virtud del mismo artículo 9, letra a), un tribunal conoce de un litigio desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para que se entregue al demandado la cédula de emplazamiento. El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la interpretación de esta disposición y, más concretamente, sobre la interpretación del concepto de «documento equivalente» que figura en ella.
34      A este respecto, conviene recordar que, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones relativas a las reglas de competencia, como la del artículo 9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009, deben interpretarse no como una mera remisión al Derecho interno de los Estados miembros, sino de manera autónoma atendiendo a su tenor y refiriéndose a los objetivos y al sistema de ese Reglamento, así como a los principios generales que se deducen de todos los sistemas jurídicos nacionales (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, Sanders y Huber, C‑400/13 y C‑408/13, EU:C:2014:2461, apartados 24 y 25 y jurisprudencia citada, y, por analogía, la sentencia de 7 de mayo de 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, apartado 30).
35      Del tenor del artículo
9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009 se desprende que el concepto de «documento equivalente» debe apreciarse en relación con el de «escrito de demanda», con el matiz de que, conforme a su definición en el lenguaje corriente, el término «equivalente» no significa que el documento equivalente deba ser idéntico al escrito de demanda, sino que debe constituir un documento comparable que cumpla la misma función.
36      En materia de obligaciones de alimentos de que trata el Reglamento n.º 4/2009, un escrito de demanda tiene por objeto iniciar un litigio sobre el fondo, en el marco de un procedimiento en principio contradictorio, entre uno o varios demandantes y uno o varios demandados. Del requisito que figura al final del artículo
9, letra a), del expresado Reglamento, según el cual, tras la presentación tanto del documento equivalente como del escrito de demanda, el demandante no debe haber dejado de tomar las medidas que se le exigieran para que se entregase al demandado la correspondiente cédula de emplazamiento, se infiere de hecho que el litigio debe haberse iniciado en el marco de un procedimiento contradictorio.
37      Asimismo, es preciso recordar, como se ha indicado en el apartado
31 de la presente sentencia, que las normas de litispendencia establecidas en el artículo
12 de dicho Reglamento tienen por objeto que se respete el orden cronológico en el que se acudió a los tribunales y, por tanto, la elección del foro por la parte que decidió entablar el primer litigio en cuestión.
38      En estas circunstancias, procede considerar que, a efectos de la determinación del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda en caso de litispendencia, el concepto de «documento equivalente» comprende cualquier documento que esté estrechamente relacionado con el fondo del litigio en cuestión, de modo que pueda considerarse, de manera análoga a un escrito de demanda, que dicho litigio se inició, aunque solo sea de manera parcial o previa, para permitir un debate contradictorio entre las partes litigantes.
39      Pero del tenor del artículo
9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009 no se desprende que los conceptos de «documento equivalente» y de «escrito de demanda» se excluyan mutuamente, porque esta disposición impidiera en cualquier circunstancia que un documento equivalente y un escrito de demanda puedan sucederse en el tiempo. En efecto, dado que el término «equivalente» no significa «idéntico», no se excluye que un documento equivalente pueda preceder al escrito de demanda, siempre que concurran las condiciones de equivalencia que permitan considerar, como se desprende del anterior apartado
38 de la presente sentencia, que se ha iniciado el litigio, a saber, una estrecha conexión con el fondo del asunto y la existencia de un procedimiento contradictorio.
40      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, cuando dos procedimientos que se suceden se caracterizan, en su relación, por una autonomía o una clara distinción, no cabe considerar que la iniciativa del litigio se adopte en el momento de la presentación del escrito mediante el cual se inició el primero de esos procedimientos, por lo que dicho documento no puede calificarse de «documento equivalente», en el sentido del artículo
9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009 (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de mayo de 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, apartado 35).
41      En cambio, cuando dos procedimientos que se suceden no se caracterizan, en su relación, por una autonomía o una clara distinción, sino que están estrechamente relacionados en cuanto al fondo, el objetivo de respetar el orden cronológico en el que se interpusieron las demandas ante los órganos jurisdiccionales en cuestión y, por tanto, la elección del foro por la parte que decidió entablar el primer litigio en cuestión no se alcanzaría si se admitiera que, entre las fechas en que se instaron ante un mismo órgano jurisdiccional de un Estado miembro dos procedimientos contradictorios sucesivos estrechamente relacionados en cuanto al fondo, el demandado podría, interponiendo una demanda ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, eludir esa elección aprovechando que, en el marco del primero de esos dos procedimientos, se le comunicó el segundo procedimiento que se pretende iniciar en cuanto al fondo.
42      En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente debe determinar si la solicitud de asistencia jurídica gratuita que le presentó BC antes de que LG ejercitara su acción en Suecia puede calificarse de «documento equivalente», en el sentido del artículo
9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009, al escrito de demanda que BC presentó ante dicho órgano jurisdiccional después de que este le concediera la asistencia jurídica gratuita solicitada y LG ejercitara su acción. A tal efecto, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse sobre una cuestión prejudicial, puede aportar precisiones destinadas a orientar al órgano jurisdiccional nacional en su resolución (sentencia de 15 de enero de 2026, bluechip, C‑822/24, EU:C:2026:13, apartado
37 y jurisprudencia citada).
43      Sin perjuicio de la verificación que realice el órgano jurisdiccional remitente, de las observaciones escritas del Gobierno alemán y de las respuestas ofrecidas por dicho Gobierno en la vista se desprende, en primer lugar, que, conforme al artículo
117 de la ZPO, aplicable mutatis mutandis a un proceso de familia como el del litigio principal en virtud del artículo
113, apartado
1, de la Ley de Procedimiento en Materia de Familia y de Jurisdicción Voluntaria, en su versión aplicable al litigio principal, un demandante como BC puede solicitar la asistencia jurídica gratuita ante el órgano jurisdiccional que conoce del fondo del asunto exponiendo, en particular, las circunstancias del litigio y los medios de prueba.
44      En segundo lugar, habida cuenta de que, con arreglo al artículo
114, apartado
1, de la ZPO, la asistencia jurídica gratuita solo puede concederse a un demandante como BC si la acción que se propone ejercitar presenta perspectivas suficientes de éxito y no resulta temeraria, el demandante debe, en principio, adjuntar a su solicitud de asistencia jurídica gratuita un borrador de demanda o incluir en dicha solicitud los elementos esenciales de la demanda que tiene previsto interponer en caso de que se le conceda la asistencia jurídica gratuita solicitada, de modo que el órgano jurisdiccional que debe resolver pueda comprobar si se cumplen los requisitos para la concesión de dicha asistencia jurídica gratuita.
45      En tercer lugar, del artículo
118, apartado
1, de la ZPO resulta que la parte contraria deberá tener la posibilidad de pronunciarse sobre si considera que se cumplen esos requisitos, salvo que ello resulte inadecuado por razones especiales, lo cual implica, como indicó el Gobierno alemán en la vista, que el órgano jurisdiccional que debe resolver ponga en conocimiento de la parte contraria la solicitud de asistencia jurídica gratuita, generalmente por medio de una simple comunicación, sin perjuicio de la facultad de dicho órgano jurisdiccional de optar por la notificación.
46      Por otra parte, como indicó el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial, del artículo
204 del Código Civil, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, en relación con el artículo
167 de la ZPO, resulta que la notificación de una solicitud de asistencia jurídica gratuita produce el efecto de interrumpir el plazo de prescripción, y ello a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud en caso de que esta haya sido notificada sin demora después de dicha presentación.
47      Del Derecho alemán, tal como se ha expuesto en los apartados
43 a 46 de la presente sentencia, parece desprenderse que, salvo que existan razones especiales que lo desaconsejen, una solicitud de asistencia jurídica gratuita que incluya, en particular, los elementos esenciales de la demanda que se interpondrá en cuanto al fondo en caso de que se conceda la asistencia jurídica gratuita solicitada debe ponerse en conocimiento de la parte contraria para que esta tenga la posibilidad de pronunciarse sobre la cuestión de si la acción que se va a ejercitar presenta, en cuanto al fondo, perspectivas suficientes de éxito y no resulta temeraria.
48      Resulta, pues, que el procedimiento de asistencia jurídica gratuita, en el proceso de familia alemán, en principio es un procedimiento inter partes estrechamente relacionado con el futuro procedimiento contradictorio sobre el fondo, en la medida en que permite, por un lado, a la parte contraria conocer las pretensiones y alegaciones resumidas que el solicitante de asistencia jurídica gratuita se propone formular en cuanto al fondo y pronunciarse al respecto y, por otro lado, al juez que debe resolver efectuar un análisis prima facie del fondo para decidir sobre la concesión de la asistencia jurídica gratuita solicitada. Tal relación estrecha queda corroborada, además, por la circunstancia de que una solicitud de asistencia jurídica gratuita notificada tiene por efecto suspender el plazo de prescripción.
49      En vista de lo anterior, procede considerar, sin perjuicio de la verificación que realice el órgano jurisdiccional remitente del Derecho alemán expuesto en los apartados
43 a 46 de la presente sentencia, que, en dicho ordenamiento jurídico, una solicitud de asistencia jurídica gratuita presentada ante un órgano jurisdiccional podría calificarse de «documento equivalente» en el sentido del artículo
9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009.
50      Paralelamente, para que se mantenga, a efectos de la calificación de «documento equivalente» de una solicitud de asistencia jurídica gratuita como la controvertida en el litigio principal, la relación «estrecha» entre el procedimiento de asistencia jurídica gratuita y el procedimiento sobre el fondo del asunto, es necesario además, primero, que se haya concedido la asistencia jurídica gratuita solicitada; segundo, que la acción sobre el fondo se ejercite en un plazo razonable tras la concesión de dicha asistencia, y, tercero, que el contenido de esa acción corresponda en esencia al que se desprende del borrador de demanda sobre el fondo examinado por el órgano jurisdiccional durante el procedimiento de asistencia jurídica gratuita.
51      En la vista, la Comisión puso de manifiesto el hecho, que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, de que las solicitudes de asistencia jurídica gratuita como la controvertida en el litigio principal son generalmente objeto, por parte del órgano jurisdiccional que debe resolver, de una simple comunicación a la parte contraria y no de una notificación. A este respecto, es preciso señalar que, aunque el artículo
9, letra a), in fine, del Reglamento n.º 4/2009 solo contempla los casos en que deba entregarse al demandado la cédula de emplazamiento, la obligación impuesta al demandante de adoptar las medidas que se le exigieren para que se entregue al demandado la cédula de emplazamiento es aplicable mutatis mutandis al caso en el que el órgano jurisdiccional que debe resolver procede a una simple comunicación. De ello se sigue que el hecho de que se ponga en conocimiento de la parte contraria una solicitud de asistencia jurídica gratuita mediante una simple comunicación no influye de por sí en la calificación de tal solicitud como «documento equivalente».
52      No obstante, como admitió el Gobierno alemán en la vista, esta particularidad del Derecho alemán puede cerrar el paso a tal calificación si resultase que la parte contraria no ha recibido la comunicación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita y se ha privado al procedimiento de asistencia jurídica gratuita de su carácter contradictorio sin que la parte contraria disponga posteriormente de medios para que se subsane dicho defecto. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar, en su caso, este extremo.
53      Por último, debe precisarse que la calificación de una solicitud de asistencia jurídica gratuita como la controvertida en el litigio principal de «documento equivalente» en el sentido del artículo
9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009 tiene también en cuenta la importancia que el citado artículo atribuye, a efectos de garantizar un acceso efectivo a la justicia, al mecanismo de asistencia jurídica gratuita como elemento indisociable de los litigios en materia de obligaciones de alimentos y a la vez indispensable para los acreedores de alimentos que no disponen de recursos suficientes para ejercer sus derechos. Tanto el artículo
44 como el artículo
46 de dicho Reglamento, en relación con el considerando 36 de este, ilustran la anterior conclusión.
54      Por cuantas razones anteceden, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo
9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009 debe interpretarse en el sentido de que una solicitud de asistencia jurídica gratuita presentada ante un órgano jurisdiccional, a la que se adjunta un borrador de la demanda que, sobre el fondo del asunto en materia de obligación de alimentos, tiene previsto interponer el solicitante en caso de que se le conceda la asistencia jurídica gratuita solicitada, constituye un «documento equivalente», en el sentido de la citada disposición, si durante el procedimiento de que se trate la parte contraria, a la que se ha comunicado dicha solicitud de asistencia jurídica gratuita, incluido el borrador de demanda sobre el fondo del asunto, tiene la posibilidad de pronunciarse acerca de si la acción sobre el fondo presenta perspectivas suficientes de éxito y no resulta temeraria y dicha acción se ejercita en un plazo razonable tras la concesión de esa asistencia, con un contenido que corresponda básicamente al del referido borrador.
Costas
55      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 9, letra a), del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos,
debe interpretarse en el sentido de que
una solicitud de asistencia jurídica gratuita presentada ante un órgano jurisdiccional, a la que se adjunta un borrador de la demanda que, sobre el fondo del asunto en materia de obligación de alimentos, tiene previsto interponer el solicitante en caso de que se le conceda la asistencia jurídica gratuita solicitada, constituye un «documento equivalente», en el sentido de la citada disposición, si durante el procedimiento de que se trate la parte contraria, a la que se ha comunicado dicha solicitud de asistencia jurídica gratuita, incluido el borrador de demanda sobre el fondo del asunto, tiene la posibilidad de pronunciarse acerca de si la acción sobre el fondo presenta perspectivas suficientes de éxito y no resulta temeraria y dicha acción se ejercita en un plazo razonable tras la concesión de esa asistencia, con un contenido que corresponda básicamente al del referido borrador.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: alemán.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.