62021TJ0402_RES
Asunto T‑402/21
UniCredit Bank AG
contra
Junta Única de Resolución
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava ampliada) de 17 de julio de 2024
«Unión económica y monetaria — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2021 — Obligación de motivación — Derecho a ser oído — Seguridad jurídica — Tutela judicial efectiva — Excepción de ilegalidad — Limitación de los efectos de la sentencia en el tiempo»
Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) por la que se establecen las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (FUR) — No consideración de indicadores y subindicadores de riesgo en el cálculo de dichas aportaciones — Procedencia
[Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, art. 20, ap. 1]
(véanse los apartados 97, 98 y 100)
Política económica y monetaria — Política económica — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución — No consideración de indicadores y subindicadores de riesgo en el cálculo de dichas aportaciones — Requisitos
[Reglamentos de Ejecución (UE) de la Comisión n.o 680/2014, 2021/451 y 2021/763; Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, arts. 6, 7, 14 y 20, ap. 1; Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo]
(véanse los apartados 254 a 258, 263, 264, 269, 271, 275 a 278, 283 y 285)
Resumen
El Tribunal General, conocedor de un recurso de anulación, que estima, anula la decisión de la Junta Única de Resolución (en lo sucesivo, «JUR») por la que se determinan las aportaciones ex ante para 2021 al Fondo Único de Resolución (en lo sucesivo, «FUR»), en lo que respecta a UniCredit Bank, la demandante, como consecuencia del incumplimiento por la JUR de su obligación de motivación relativa al cálculo del objetivo de financiación anual.
En su sentencia, el Tribunal General se pronuncia sobre el alcance de la obligación que recae sobre la JUR de razonar por qué no se aplicaron los indicadores de riesgo «ratio de financiación estable neta» (en lo sucesivo, «indicador NSFR») y «fondos propios y pasivos admisibles en poder de la entidad que excedan del requisito mínimo de pasivos admisibles» (en lo sucesivo, «indicador MREL» y «MREL») ni los subindicadores de riesgo «complejidad» y «viabilidad de la resolución» para calcular las contribuciones ex ante tanto sobre la base de datos de la Unión como sobre la base nacional. (
1
) Asimismo, el Tribunal General se pronuncia por vez primera sobre la conformidad de no aplicar esos indicadores y subindicadores de riesgo con los artículos 6, 7 y 20 del Reglamento Delegado 2015/63. (
2
)
La demandante es una entidad de crédito con domicilio social en Alemania. El 14 de abril de 2021, la JUR adoptó una decisión en la que determinaba (
3
) las aportaciones ex ante para 2021 al FUR de las entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión, entre ellas la demandante (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). (
4
)
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, por lo que respecta a la motivación de que la JUR no aplicara los indicadores de riesgo NSFR y MREL ni los subindicadores de riesgo «complejidad» y «viabilidad de la resolución» a los que se refiere el Reglamento Delegado 2015/63 (
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) para calcular las aportaciones ex ante para el período de contribución 2021, el Tribunal General declara que el artículo 20, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 establece que, cuando la información exigida por un indicador específico, según se contempla en el anexo II de dicho Reglamento, no forme parte de las obligaciones de información con fines de supervisión aplicables a que se refiere su artículo 14 respecto del año de referencia, dicho indicador de riesgo no se aplicará hasta tanto la obligación de información no sea aplicable.
En el presente asunto, la JUR señaló, en la Decisión impugnada, que no había aplicado los indicadores NSFR y MREL ni los subindicadores «complejidad» y «viabilidad de la resolución» debido a que, en el momento de la adopción de dicha Decisión, la información necesaria para tales indicadores y subindicadores no estaba disponible de forma armonizada para todas las entidades.
En lo que se refiere más concretamente al indicador NSFR, la JUR señaló que en la Unión no se aplicaba ninguna norma vinculante armonizada en materia de NSFR y, por lo tanto, que no había podido identificar indicadores a nivel nacional. En cuanto al indicador MREL, la JUR precisó que, puesto que los requisitos relativos al MREL en general se habían aplicado de forma gradual, no disponía de datos que le permitieran aplicar este indicador a nivel de cada entidad que contribuía al FUR. En lo que atañe a los subindicadores «complejidad» y «viabilidad de la resolución», la JUR indicó que no estaban disponibles de forma armonizada los datos necesarios para estos subindicadores, respecto del año de referencia 2019, de todas las entidades de los Estados miembros participantes.
En consecuencia, el Tribunal General estima que la anterior motivación permite a la demandante comprender las razones por las que la JUR no aplicó los indicadores y subindicadores de riesgo en cuestión y por lo tanto se ajusta a los requisitos enunciados en la jurisprudencia.
Por lo que respecta a las razones por las que la JUR no aplicó los indicadores NSFR y MREL para calcular el porcentaje de la contribución ex ante determinado sobre la base nacional, el Tribunal General estima que la JUR proporcionó una motivación suficiente que explicaba que los datos necesarios para aplicar tales indicadores no estaban disponibles a nivel nacional. En primer término, en cuanto al indicador NSFR, la JUR explicó que no había podido identificar indicadores a nivel nacional, puesto que había considerado que las obligaciones de información con fines de supervisión relativas a ese indicador no eran adecuadas. En segundo término, en lo relativo al indicador MREL, de la Decisión impugnada se desprende que la JUR no disponía de datos recopilados a nivel nacional que le permitieran aplicar dicho indicador, como consecuencia de la aplicación gradual de los requisitos relativos a ese indicador por parte de las autoridades nacionales de resolución.
En lo que atañe a las razones por las que no se aplicaron los subindicadores «complejidad» y «viabilidad de la resolución» para calcular el porcentaje de la contribución ex ante determinado sobre la base nacional, el Tribunal General estima que, como operador económico informado, la demandante podía entender, en relación con el tenor de la Decisión impugnada y con su contexto, que, al no haberse elaborado planes de resolución para todas las entidades alemanas, la JUR no disponía de datos adecuados recopilados a nivel nacional a efectos de la aplicación de los subindicadores de riesgo «complejidad» y «viabilidad de la resolución».
En segundo lugar, por lo que respecta a la conformidad de no aplicar esos indicadores y subindicadores de riesgo con las disposiciones del Reglamento Delegado 2015/63, el Tribunal General comienza señalando que este Reglamento Delegado supedita la posibilidad de no aplicar un indicador de riesgo al doble requisito de que, por un lado, la información exigida por ese indicador no forme parte de las obligaciones de información con fines de supervisión citadas en el artículo 14 de dicho Reglamento Delegado y, por otro lado, que ese indicador se mencione en el anexo II de dicho Reglamento Delegado, que lleva por título «Datos que deben presentarse a las autoridades de resolución».
En lo relativo al primer requisito, el Tribunal General observa que, para determinar si (
6
) la información exigida por un indicador específico forma parte de las obligaciones de información con fines de supervisión, la JUR debe comprobar si las entidades estaban obligadas a comunicar a la autoridad competente esa información con fines de supervisión respecto al ejercicio de referencia en cuestión, de conformidad con el Reglamento de Ejecución n.o 680/2014 (
7
) o con el Derecho nacional. Ese ejercicio de referencia (
8
) es el del año al que corresponden los estados financieros anuales aprobados disponibles a 31 de diciembre del año anterior al período de contribución, es decir, en el caso de autos, el ejercicio de referencia de 2019 (en lo sucesivo, «ejercicio de referencia pertinente»).
Por lo que respecta al segundo requisito, el Tribunal General precisa que el artículo 20, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 se aplica no solo cuando los datos mencionados en su anexo II son, en sí mismos, indicadores de riesgo, sino también cuando dicho anexo se refiere a los datos que, sin ser en sí mismos indicadores de riesgo, son determinantes para el cálculo de esos indicadores de riesgo, los cuales, por su parte, no se mencionan en ese anexo. Así pues, un indicador de riesgo puede no aplicarse si los datos indispensables para su cálculo figuran en el citado anexo.
A este respecto, el Tribunal General recuerda que, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte y la eficacia de esta. Esta disposición tiene en cuenta el hecho de que el proceso de establecimiento de los requisitos prudenciales y de las obligaciones de información correspondientes tiene un carácter gradual que se extiende en el tiempo. Además, el Tribunal General indica que el Reglamento Delegado 2015/63 fue adoptado en un momento en el que no se habían establecido aún tales requisitos con carácter definitivo o estaban sometidos todavía a ajustes. De ello resulta que esos datos necesarios para el cálculo de algunos de dichos indicadores de riesgo quizás no estuvieran disponibles para todas las entidades afectadas o, cuando menos, para todas las entidades con domicilio social en un Estado miembro, durante al menos una parte del período inicial, habida cuenta de que esos datos posiblemente no se hubieran comunicado como información con fines de supervisión con arreglo al Derecho de la Unión o, en su caso, al Derecho nacional.
En este contexto, el artículo 20, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 pretende evitar que, debido precisamente a esa aplicación gradual de los requisitos prudenciales y de las obligaciones de información relativas a los mismos, se impongan a las entidades, en su caso, unas cargas desproporcionadas o discriminatorias a la hora de calcular las aportaciones ex ante. Ese riesgo no existe solo cuando los datos en cuestión son en sí mismos indicadores de riesgo, sino también cuando, sin ser en sí mismos tales indicadores, son, no obstante, necesarios para calcularlos.
A la luz de estas consideraciones, el Tribunal General examina a continuación si, a la hora de calcular las aportaciones ex ante para el período de contribución 2021, la JUR podía no aplicar dos indicadores de riesgo, concretamente los indicadores NSFR y MREL, y dos subindicadores de riesgo, esto es, los subindicadores «complejidad» y «viabilidad de la resolución», sin infringir lo dispuesto en el Reglamento Delegado 2015/63.
Por lo que respecta al indicador NSFR, por un lado, del Reglamento de Ejecución 2021/451 (
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) se desprende que las entidades solo debían comunicar a la autoridad competente los datos específicos de dicho indicador con fines de supervisión y sobre una base armonizada a partir del 28 de junio de 2021, es decir, con posterioridad al ejercicio de referencia pertinente. Además, sin que sea necesario pronunciarse sobre si la eventual existencia de una obligación de comunicar la información exigida relativa al indicador NSFR con fines de supervisión en Derecho nacional obligaba a la JUR a tenerla en cuenta para determinar dicho indicador, al menos, en el cálculo de la aportación ex ante sobre la base nacional, la JUR ha explicado que, en cualquier caso, esa obligación no derivaba del Derecho del Estado miembro en el que estaba domiciliada la demandante en lo relativo al ejercicio de referencia pertinente. Así, el Tribunal General observa que ningún elemento de los autos demuestra que, con respecto al ejercicio de referencia pertinente, los datos relativos al indicador NSFR formaran parte de las obligaciones de información con fines de supervisión en virtud del Derecho del Estado miembro. Por otro lado, el indicador NSFR forma parte de los datos expresamente enumerados en el anexo II del Reglamento Delegado 2015/63. El Tribunal General concluye de ello que la JUR no infringió lo dispuesto en el Reglamento Delegado 2015/63 al no tener en cuenta el indicador NSFR en el cálculo de las aportaciones ex ante para el período de contribución 2021.
En lo que atañe al indicador MREL, ninguna disposición del Reglamento de Ejecución n.o 680/2014 exigía que las entidades facilitaran a la autoridad competente, con respecto al ejercicio de referencia pertinente, información sobre sus pasivos admisibles en concepto de información con fines de supervisión. Tal obligación solo se impuso a partir del 28 de junio de 2021 por el Reglamento de Ejecución 2021/763. (
10
) El artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2014/59 (
11
) no desvirtúa esta apreciación, pues no obliga a comunicar los pasivos admisibles como información con fines de supervisión durante el ejercicio de referencia pertinente. Además, sin que sea necesario pronunciarse sobre si la eventual existencia de una obligación de comunicar los pasivos admisibles como información con fines de supervisión en Derecho nacional obligaba a la JUR a tenerlos en cuenta para determinar el indicador MREL en lo relativo, al menos, al cálculo de la aportación ex ante sobre la base nacional, la JUR ha explicado que, en cualquier caso, esa obligación no derivaba del Derecho del Estado miembro en lo relativo al ejercicio de referencia pertinente. Así pues, ningún elemento de los autos que obran en poder del Tribunal General demuestra que, en virtud del Derecho alemán, la información relativa al indicador MREL estuviera sometida a obligaciones de información con fines de supervisión durante el ejercicio de referencia pertinente. Por otro lado, si bien no se cita al indicador MREL como tal en el anexo II del Reglamento Delegado 2015/63, este anexo menciona los «pasivos admisibles» entre los datos que deben presentarse a las autoridades de resolución. Además, estos pasivos son datos determinantes en el cálculo de dicho indicador de riesgo, que se basa en datos como los fondos propios, los pasivos admisibles y el MREL, habida cuenta de que, para calcular dicho indicador, la JUR debe determinar el excedente de los fondos propios y de los pasivos admisibles con respecto al MREL.
En estas circunstancias, la JUR podía no aplicar el indicador MREL sin infringir el Reglamento Delegado 2015/63.
Por lo que respecta a los subindicadores de riesgo «complejidad» y «viabilidad de la resolución», del Reglamento Delegado 2015/63 (
12
) se desprende que, cuando la JUR determina el subindicador de riesgo «complejidad», debe tener en cuenta la medida en que el modelo empresarial y la estructura organizativa de la entidad de que se trate se consideran complejos. (
13
) Asimismo, cuando la JUR determina el subindicador de riesgo de «viabilidad de la resolución», debe tener en cuenta la medida en que esa entidad pueda ser objeto de resolución con rapidez y sin impedimentos legales. Según la Directiva 2014/59, (
14
) la evaluación de la pertinencia de la resolución es realizada por la autoridad de resolución al mismo tiempo que la elaboración y actualización del plan de resolución, y a efectos de las mismas. Por otro lado, para evaluar la pertinencia de la resolución de una entidad, es necesario tener en cuenta la complejidad de su estructura. En estas circunstancias, la complejidad también se aprecia cuando se elabora el plan de resolución, que constituye entonces un requisito previo a la determinación por la JUR de los subindicadores de riesgo «complejidad» y «viabilidad de la resolución». Además, a efectos de elaborar el plan de resolución de las entidades, la autoridad de resolución tendrá en cuenta, como mínimo, los aspectos previstos en dicha Directiva. (
15
) Entre estos aspectos, debe tomar en consideración el importe de pasivos susceptibles de recapitalización interna y su tipo. Pues bien, dichos pasivos se corresponden con los «pasivos admisibles» en el sentido del Reglamento Delegado 2015/63, que son un dato necesario para que la JUR pueda fijar los subindicadores de riesgo «complejidad» y «viabilidad de la resolución».
A este respecto, se desprende, por una parte, que, en virtud del Reglamento de Ejecución n.o 680/2014, las entidades no estaban obligadas a comunicar a la autoridad competente, respecto al ejercicio de referencia pertinente, los pasivos admisibles con fines de supervisión. Por otra parte, sin que sea necesario pronunciarse sobre si la eventual existencia de esa obligación de comunicar los pasivos admisibles obligaba a la JUR a tenerlos en cuenta para determinar los subindicadores de riesgo «complejidad» y «viabilidad de la resolución» en lo relativo, como mínimo, al cálculo de la aportación ex ante sobre la base nacional, ningún elemento obrante en poder del Tribunal General demuestra que existiera tal obligación en Derecho nacional.
Por consiguiente, se cumple el primer requisito establecido en el artículo 20, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 en lo que respecta a esos subindicadores de riesgo. En cuanto al segundo requisito previsto en ese artículo, si bien dichos subindicadores no figuran, como tales, en el anexo II de dicho Reglamento, se mencionan expresamente en él los pasivos admisibles, que son un dato necesario para determinarlos.
Por consiguiente, el Tribunal General considera que la JUR no infringió los artículos 6, 7 y 20 del Reglamento Delegado 2015/63 al no tener en cuenta los subindicadores de riesgo «complejidad» y «viabilidad de la resolución» para el período de contribución 2021.
(
1
)	Se entiende por «base nacional» la base de los datos comunicados por las entidades autorizadas en el territorio del Estado miembro participante de que se trate. En cuanto a la «base de la unión bancaria», se trata de la base de los datos comunicados por todas las entidades autorizadas en los territorios de todos los Estados miembros participantes en el Mecanismo Único de Resolución (MUR).
(
2
)	Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44).
(
3
)	Conforme al artículo 70, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).
(
4
)	Decisión SRB/ES/2021/22 de la Junta Única de Resolución, de 14 de abril de 2021, sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2021 al Fondo Único de Resolución.
(
5
)	Artículo 6, apartado 5, párrafo primero, letra a), del Reglamento Delegado 2015/63.
(
6
)	Conforme al artículo 20, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63.
(
7
)	Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 191, p. 1).
(
8
)	Según la interpretación del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, en relación con su artículo 14, apartados 1 a 4.
(
9
)	Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 (DO 2021, L 97, p. 1).
(
10
)	Reglamento de Ejecución (UE) 2021/763 de la Comisión, de 23 de abril de 2021, por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la presentación con fines de supervisión y la divulgación pública de información sobre el [MREL] (DO 2021, L 168, p. 1).
(
11
)	Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2020, L 378, p. 27).
(
12
)	Según el artículo 6, apartado 6, letra a), inciso iv), del Reglamento Delegado 2015/63.
(
13
)	De conformidad con el título II, capítulo II, de la Directiva 2014/59.
(
14
)	En virtud del artículo 15, apartado 3, de la Directiva 2014/59.
(
15
)	Tal como se indican en la sección C del anexo de la Directiva 2014/59.