Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
S. RA LAILA MEDINA
presentadas el 12 de marzo de 2026 (1)
Asunto C‑60/25 [Livronsa] (i)
SR
contra
FT SpA,
Otra parte en el procedimiento:
Assoutenti
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’appello di Cagliari (Tribunal de Apelación de Cagliari, Italia)]
« Petición de decisión prejudicial — Competencia — Acuerdos, decisiones y prácticas concertadas — Artículo 101 TFUE, apartado 2 — Reglamento (CE) n.º 1/2003 — Artículo
16, apartado 1 — Sector de los derivados sobre tipos de interés en euros — Fuerza vinculante de la decisión de la Comisión Europea para una jurisdicción nacional — Litigio entre un prestatario y el banco acreedor respecto a la validez de un tipo de interés indexado al euríbor »
I.      Introducción
1.        Las presentes conclusiones se refieren a una petición de decisión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 101 TFUE, apartado
2, y del artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003. (2) La remisión procede de la Sala Civil de la Corte d’appello di Cagliari (Tribunal de Apelación de Cagliari, Italia) en el marco de un litigio entre un prestatario, SR, y el banco que le concedió un préstamo hipotecario, FT. La controversia trata de la validez de una cláusula que determina los intereses pagaderos por dicho préstamo, referidos al tipo europeo de oferta interbancaria (euríbor).
2.        La petición deriva de las Decisiones de la Comisión Europea de 4 de diciembre de 2013 (3) y de 7 de diciembre de 2016 (4) (en lo sucesivo, «Decisiones EIRD») en las que dicha institución concluyó que determinados bancos implicados en el panel responsable de establecer el euríbor habían participado en un cártel entre septiembre de 2005 y mayo de 2008. (5) En concreto, la Comisión consideró que dichos bancos habían vulnerado el artículo 101 TFUE, apartado 1, y el artículo 53 del Acuerdo EEE al incurrir en una única infracción continuada, consistente en una serie de acuerdos o prácticas concertadas dirigidas a la distorsión del curso normal de los componentes de precio de los derivados sobre tipos de interés en euros (EIRD). (6) El Tribunal General, (7) en primera instancia, y el Tribunal de Justicia, en casación, (8) confirmaron las apreciaciones de la Comisión, en particular la calificación de la infracción como restricción de la competencia por el objeto. (9)
3.        Con su remisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea aclarar las consecuencias que las Decisiones EIRD (y la sentencia del Tribunal de Justicia recaída al respecto) tienen sobre la validez de una cláusula referida al euríbor en un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un banco que no participó en la infracción apreciada por la Comisión. En esencia, dicho órgano jurisdiccional desea elucidar, en primer lugar, si el artículo 101 TFUE, apartado
2, que dispone la nulidad de pleno derecho de todo acuerdo o decisión prohibido por el apartado 1 del mismo artículo, ha de derivar automáticamente en la nulidad de dicha cláusula, aunque el contrato de préstamo en cuestión se celebrase al margen del mercado de los EIRD. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente quiere saber en qué medida, en su caso, la manipulación del euríbor apreciada por la Comisión tiene valor probatorio en un procedimiento nacional con arreglo al artículo
16, apartado
1, del Reglamento n.º 1/2003.
II.    Antecedentes de hecho del litigio, procedimiento y cuestión prejudicial
4.        El 15 de diciembre de 2005, SR
y FT celebraron un contrato de préstamo hipotecario, cuyo tipo de interés sería fijo durante un período inicial de seis meses. Posteriormente, el tipo se recalcularía sobre la base de un componente variable vinculado al euríbor. El contrato fue objeto de renegociación el
20 de febrero de 2015.
5.        SR
presentó una demanda ante el Tribunale di Oristano (Tribunal de Oristano, Italia), en que solicitaba, en primer lugar, un nuevo cálculo de la deuda en concepto de intereses sobre el préstamo hipotecario y, en segundo lugar, que se declarase la existencia de un crédito a su favor. SR
argumentaba que determinadas cláusulas del contrato, en particular la que determinaba el tipo de interés en referencia al euríbor, eran inválidas debido a su indeterminación y falta de fiabilidad. En su sentencia, dicho tribunal consideró que el tipo de interés acordado en el contrato de préstamo había sido determinado con arreglo a la legislación aplicable. Asimismo, observó que el tipo variable se basaba en criterios predefinidos y objetivos, no sujetos a la discrecionalidad de la institución de crédito, lo que excluía toda causa de nulidad del contrato.
6.        SR
recurrió dicha sentencia ante la Corte d’appello di Cagliari (Tribunal de Apelación de Cagliari), el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto. En su recurso, solicita que la cláusula del contrato de préstamo que hace referencia al euríbor sea declarada inválida y que se recalcule el plan de amortización del contrato. En particular, SR
alega que, debido a la manipulación artificiosa del euríbor, apreciada por la Comisión en las Decisiones EIRD, no pudo valorar correctamente la aplicación del índice a su préstamo. En el curso del procedimiento, la parte recurrente solicitó que se remitiese una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.
7.        El órgano jurisdiccional remitente considera necesario, para resolver el procedimiento principal y para otros muchos litigios pendientes, aclarar el alcance del artículo 101 TFUE, apartado
2, y el valor probatorio de las Decisiones EIRD ante las jurisdicciones nacionales en virtud del artículo 16 del Reglamento n.º 1/2003. En particular, alberga dudas acerca de la forma en que se han de interpretar dichas decisiones a efectos de valorar la validez de una cláusula contenida en un contrato de préstamo hipotecario que, durante el período de la infracción apreciada por la Comisión, determinaba el tipo de interés de dicho préstamo en referencia al euríbor.
8.        A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala, ante todo, que la jurisprudencia de la Corte Suprema di Cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia) parece caracterizarse por una diversidad de pareceres, que la resolución de remisión describe en los siguientes términos.
9.        Por una parte, según una primera línea jurisprudencial, debe atribuirse un elevado valor probatorio a la manipulación del euríbor apreciada en las Decisiones EIRD en apoyo de las acciones en que se pretenda una declaración de nulidad respecto a una cláusula contractual referida al euríbor, con independencia de si el banco que celebró el contrato de préstamo en cuestión intervino en la infracción apreciada por la Comisión. Además, según esta línea jurisprudencial, cuando el índice externo especificado en el contrato de préstamo deja de constituir un reflejo fiel de la intención expresada por las partes, a causa de su manipulación ilícita, no es posible determinar el objeto de la cláusula contractual. Con arreglo al Derecho civil nacional, esta situación implica que la cláusula deba considerarse parcialmente inválida, respecto al período afectado por la infracción. Asimismo, solo mediante una acción dirigida a la declaración de invalidez, y no una acción indemnizatoria, se puede garantizar la plena protección del consumidor final y protegerle frente a los efectos de un acuerdo contrario a la competencia.
10.      Por otra parte, según una segunda y más reciente línea jurisprudencial, si bien las Decisiones EIRD vinculan a los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 1/2003, no constituyen una prueba con suficiente valor probatorio para declarar la invalidez de una cláusula que determina el tipo de interés de un contrato de préstamo en referencia al euríbor. Esta línea jurisprudencial reconoce que la infracción apreciada por la Comisión en dichas Decisiones consistía en una conducta dirigida a reducir los flujos de caja que los participantes en el cártel en otro caso hubieran debido abonar por los EIRD. Por lo tanto, la restricción de la competencia solo afectaba al mercado de los EIRD, sin posible efecto sobre el mercado de los préstamos a tipo variable vinculados al euríbor.
11.      En cualquier caso, el órgano jurisdiccional remitente se inclina por considerar que, una vez constatada la manipulación del tipo de referencia, esta manipulación debe considerarse acreditada en todos los mercados en los que se aplicaba este índice. En su opinión, sería contradictorio que la manipulación apreciada por la Comisión en sus Decisiones afectase exclusivamente al mercado de los EIRD y no a otros mercados, incluido el de los préstamos a tipo variable. Además, el órgano jurisdiccional remitente sugiere que una interpretación según la cual el artículo 101 TFUE, apartado
2, no genera efectos sobre las relaciones contractuales referidas al euríbor durante el período de la infracción desvirtuaría la función disuasoria de dicha disposición.
12.      En tales circunstancias, la Corte d’appello di Cagliari (Tribunal de Apelación de Cagliari)
ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«Es preciso aclarar si, a la vista de lo establecido en el artículo 16, apartado 1, del [Reglamento n.º 1/2003], la prueba de las manipulaciones del [índice] euríbor, constatadas en las [Decisiones EIRD] y en la sentencia [HSBC Holdings y otros], debe considerarse definitivamente acreditada también en las jurisdicciones nacionales y si la restricción de la competencia objeto de [dichas] resoluciones de la Comisión y del Tribunal de Justicia es un acuerdo prohibido por el artículo 101 [TFUE] solo en el mercado de los derivados [sobre tipos de interés en euros] o en cualquier mercado en que se haya utilizado el índice euríbor manipulado?»
13.      La petición de decisión prejudicial se presentó ante la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de enero de 2025. La parte recurrente, la
parte recurrida, la coadyuvante en el litigio principal y la Comisión han presentado observaciones escritas. No se ha celebrado vista oral en el presente asunto.
III. Apreciación
14.      Con su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 1/2003 debe interpretarse en el sentido de
que, cuando la Comisión constata, en una decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, que un tipo de interés utilizado como referencia ha sido manipulado, tal infracción se ha de considerar definitivamente acreditada por los órganos jurisdiccionales nacionales en los procedimientos de que conozcan. Asimismo, el mismo órgano jurisdiccional desea aclarar si tal apreciación implica que un contrato referido a dicho índice de referencia, celebrado fuera del mercado al que se refiere la decisión de la Comisión, constituye un contrato prohibido por el artículo 101 TFUE.
15.      En primer lugar, me voy a ocupar de la parte de la cuestión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 101 TFUE (primera parte), antes de entrar a valorar aquella relativa a la interpretación del artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 1/2003 (segunda parte).
16.      En cuanto a la primera parte de la cuestión prejudicial, de la resolución de remisión se infiere que las dudas del órgano jurisdiccional remitente respecto al alcance de dicha disposición se refieren a las consecuencias jurídicas de las constataciones a las que se llega en las Decisiones EIRD, confirmadas por la sentencia HSBC Holdings y otros del Tribunal de Justicia. En concreto, se pregunta si la apreciación de que un tipo de interés de referencia ha sido manipulado en un mercado específico, lo que constituiría una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, puede derivar en la nulidad de una cláusula de un contrato celebrado en un mercado diferente, que se remite a dicho índice de referencia, durante el período de la infracción, en virtud del apartado 2 del mismo artículo.
17.      A tenor del artículo 101 TFUE, apartado
2, los acuerdos o decisiones prohibidos por el apartado 1 del mismo artículo son nulos de pleno derecho. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un acuerdo que no cumpla las condiciones establecidas en el artículo 101 TFUE, apartado 3, deviene nulo de pleno Derecho en la medida en que su objeto o su efecto sea incompatible con la prohibición del artículo 101 TFUE, apartado 1. (10) Además, como la nulidad que establece el artículo 101 TFUE, apartado 2, tiene carácter absoluto, un acuerdo nulo con arreglo a dicha disposición no produce efectos, pasados o futuros, en las relaciones entre las partes contratantes. (11) Tal acuerdo tampoco es oponible frente a terceros. (12)
18.      Por lo tanto, el Tribunal de Justicia ha esbozado el alcance del artículo 101 TFUE, apartado 2, (13) limitando su aplicación a los acuerdos que estén comprendidos en la prohibición que establece el apartado 1 del mismo artículo. (14) Es cierto que, según la jurisprudencia, la nulidad de pleno derecho de un acuerdo prohibido puede ser invocada por cualquier persona y vincula a los órganos jurisdiccionales. (15) Sin embargo, únicamente resulta inoponible la decisión o acuerdo sujeto al artículo 101 TFUE, apartado 1, en principio en su integridad, a no ser que los elementos restrictivos puedan separarse del resto del acuerdo. (16) Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, el Derecho de la Unión no cubre las consecuencias de la nulidad establecida en el artículo 101 TFUE, apartado
2, para las partes del acuerdo que no sean incompatibles con el artículo 101 TFUE, apartado 1, y para los pedidos y entregas efectuados en virtud de dicho acuerdo y las consiguientes obligaciones financieras. (17)
19.      A mi parecer, el razonamiento que subyace a las sentencias del Tribunal de Justicia se puede explicar fácilmente en referencia, en primer lugar, a la necesidad de evitar un efecto cascada como el contemplado en la resolución de remisión, a saber, sobre las relaciones contractuales entre terceros no implicados en el acuerdo concreto que la Comisión ha considerado prohibido. Esta es, en particular, la situación de una cláusula como la controvertida en el litigio principal, que se refiere a un producto y un mercado distintos de los que son objeto de las decisiones de la Comisión relativas a la manipulación del euríbor respecto a los EIRD. El carácter imprevisible de las consecuencias jurídicas y económicas que podrían derivarse de la declaración sistemática de nulidad de todos los acuerdos o cláusulas que, en sí mismos, no hayan sido declarados prohibidos por el artículo 101 TFUE, apartado 1, a mi entender justifica la opción interpretativa del Tribunal de Justicia en relación con el apartado
2 del mismo artículo.
20.      En segundo lugar, la interpretación que el Tribunal de Justicia hace del artículo 101 TFUE, apartado
2, también es coherente, como afirma la recurrida en el litigio principal, con el principio según el cual la responsabilidad por las infracciones de las normas de competencia de la Unión es de carácter personal. Según la jurisprudencia, solo la empresa que las infrinja debe responder por ello. (18) Aunque dicha jurisprudencia surgió en el contexto de decisiones prejudiciales relativas a acciones indemnizatorias, la consecuencia lógica es que la nulidad prevista en el artículo 101 TFUE, apartado 2, respecto a los acuerdos y decisiones contrarios al artículo 101 TFUE, apartado 1, no se pueda extender a las relaciones contractuales contraídas por partes no implicadas en la infracción.
21.      Es cierto que, en la sentencia Allianz Hungária, (19) referida por la Comisión en sus observaciones escritas, el Tribunal de Justicia declaró que los acuerdos verticales celebrados en ejecución de un acuerdo horizontal (de reparto del mercado) contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, también pueden ser declarados contrarios a esta disposición. (20) En concreto, la cuestión suscitada por dicho asunto era si los acuerdos verticales por los cuales dos compañías de seguros de automóvil pactaban bilateralmente, bien con concesionarios de automóvil o bien con una asociación que los representaba, una tarifa horaria aplicable a la reparación de los vehículos asegurados constituían una restricción por el objeto con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado
1. En su sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la existencia de un acuerdo horizontal entre dichas dos empresas con el objeto de repartirse el mercado podía hacer que también fuesen ilegales los acuerdos verticales celebrados para aplicarlo.
22.      Sin embargo, las conclusiones de la sentencia Allianz Hungária no pueden ser trasladadas
al presente asunto. De dicha sentencia se desprende que el Tribunal de Justicia no extendió la nulidad prevista en el artículo 101 TFUE, apartado
2, a los acuerdos que no estuviesen comprendidos por la prohibición del artículo 101 TFUE, apartado 1. Por el contrario, consideró que los acuerdos verticales necesarios para la aplicación del acuerdo horizontal, sin los cuales este no podría haberse llevado a cabo, también podían considerarse contrarios al artículo 101 TFUE, apartado 1, y eran, por ello, nulos por sí mismos, a reserva de la valoración que hiciese el órgano jurisdiccional remitente en dicho asunto.
23.      A este respecto, baste señalar que el contrato de préstamo controvertido en el procedimiento principal no forma parte de ninguna infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, apreciada por la Comisión. Además, a diferencia de la situación en que se basó la sentencia Allianz Hungária, dicho contrato no se celebró para aplicar o hacer efectivo el acuerdo restrictivo constatado por la Comisión en las Decisiones EIRD. Simplemente se remitió al euríbor como índice de referencia para determinar el tipo de interés variable aplicado a un préstamo hipotecario que un banco había concedido a una persona física, el cual, con mayor motivo, no guardaba relación alguna con la conducta ilícita apreciada por la Comisión. En tales circunstancias, a mi parecer resulta evidente que el contrato no se puede considerar sujeto a los efectos prescritos por el artículo 101 TFUE, apartado 2, los cuales, según la jurisprudencia citada en el punto 18 de las presentes conclusiones, solo son aplicables a los acuerdos contrarios al apartado
1 del mismo artículo.
24.      En consecuencia, el artículo 101 TFUE, apartado 2, no debe interpretarse en el sentido de que, cuando la Comisión, en una decisión por la que declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, aprecia que un tipo de interés de referencia ha sido manipulado, ello implica también la nulidad de una cláusula contenida en un contrato de préstamo que se refiere a dicho índice, si la cláusula no forma parte del acuerdo restrictivo objeto de la decisión de la Comisión y, en sí misma, no ha sido declarada contraria al artículo
101 TFUE, apartado 1.
25.      En este punto es importante señalar que el hecho de que el artículo 101 TFUE, apartado 2, no proporcione una base jurídica para declarar nula una cláusula contenida en un contrato de préstamo que no está sujeto al apartado 1 del mismo artículo no significa que las partes de dicho contrato no dispongan de otras vías jurídicas para invocar la invalidez de tal cláusula. (21) A este respecto, procede recordar que, según se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las consecuencias que un acuerdo prohibido en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 1, puede tener para las relaciones contractuales entre terceros han de ser determinadas por los órganos jurisdiccionales nacionales con arreglo a su propia legislación. (22)
26.      En el presente asunto, no es mucha la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente a este respecto. Sin embargo, de la resolución de remisión se puede inferir que el litigio principal versa sobre una acción de nulidad basada en la supuesta falta de fiabilidad de una cláusula que determina el tipo de interés de un contrato de préstamo en referencia al euríbor. En atención a la jurisprudencia citada en el punto 25 de las presentes conclusiones, nada impide al órgano jurisdiccional remitente valorar la validez y los efectos de dicha cláusula a la luz de la legislación nacional aplicable, por ejemplo, la relativa a la legalidad del objeto de los contratos
mencionada en la resolución de remisión. (23)
27.      Precisamente en tal situación adquiere especial relevancia la interpretación del artículo 16 del Reglamento n.º 1/2003 (del que trata la segunda parte de la cuestión prejudicial) en un asunto como el del procedimiento principal, en particular respecto a las Decisiones EIRD. Con esa parte, el órgano jurisdiccional remitente desea aclarar, en esencia, si la manipulación apreciada por la Comisión en las referidas Decisiones posee valor probatorio en un procedimiento sobre la validez, con arreglo al Derecho nacional, de una cláusula que se refería al euríbor durante el período de la infracción.
28.      El artículo 16 del Reglamento n.º 1/2003, bajo la rúbrica «Aplicación uniforme de la normativa […] de competencia [de la Unión]» dispone que, cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE que ya hayan sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión. (24) Dicha disposición codifica la jurisprudencia
previa, (25) en que el Tribunal de Justicia había declarado, en esencia, que en un sistema de defensa de la competencia en que intervienen diversos actores, incluidos los órganos jurisdiccionales nacionales, los principios de seguridad jurídica y de aplicación uniforme de las normas de competencia de la Unión exigen evitar decisiones contradictorias. (26)
29.      Además, en su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha establecido los límites de la norma que se deriva del artículo 16 del Reglamento n.º 1/2003. Por ejemplo, en el contexto de una acción civil por daños y perjuicios en que se trata de determinar si se ha producido una conducta dañosa, una pérdida y si hay un vínculo causal directo entre dicha conducta y la pérdida, el órgano jurisdiccional nacional está vinculado por la apreciación de la Comisión de que un acuerdo está prohibido y por la calificación jurídica de dicho acuerdo. (27) Asimismo, en una jurisprudencia que, a mi parecer, podría ser corroborada por el Tribunal de Justicia, (28) el Tribunal General ha declarado que los órganos jurisdiccionales nacionales también se hallan vinculados por las apreciaciones de la Comisión en cuanto a la dimensión temporal y geográfica de la conducta examinada y por la existencia o no de responsabilidad de las personas investigadas al respecto.
(29)
30.      En el presente asunto, respecto a las Decisiones EIRD, es importante señalar que la Comisión ha declarado que ciertos bancos del panel del euríbor participaron en un cártel del mercado de los EIRD, que esencialmente se extendió entre septiembre de 2005 y mayo de 2008. (30) En particular, la Comisión consideró acreditado que, durante dicho período, los participantes en el cártel habían intervenido en una serie de prácticas dirigidas a distorsionar el curso normal de los componentes de precio de los EIRD, a saber, el euríbor. Entre dichas prácticas figuraba el intercambio de información sobre sus preferencias por tipos de interés fijos, bajos o altos (fixings) para ciertos vencimientos del euríbor, en función de sus posiciones o exposiciones de negociación. Los participantes también intercambiaban información confidencial sobre sus posiciones o exposición. Intercambiaron asimismo información confidencial sobre posiciones e intenciones de negociación respecto a futuras presentaciones del euríbor para vencimientos concretos. En algunas ocasiones, los comerciantes también estudiaban la posibilidad de concertar al menos una de las futuras presentaciones del euríbor de sus bancos, basándose en la información recibida de otros participantes. (31)
31.      Puede ser conveniente recordar que el euríbor es un índice de referencia ampliamente utilizado en los mercados monetarios internacionales. (32) Pretende reflejar el coste de los préstamos interbancarios denominados en euros. Su cálculo se lleva a cabo diariamente a partir de datos de múltiples instituciones bancarias dentro de un panel designado que se utiliza para llevar a cabo el proceso. Se basa en las
cifras proporcionadas por los bancos del panel, que estiman los tipos a los cuales un hipotético banco principal prestaría dinero a otro banco principal. Los tipos del euríbor se reflejan en los precios de los EIRD, que son productos financieros negociados a escala mundial. Estos productos son utilizados por grandes empresas, instituciones financieras, fondos de cobertura y otras entidades internacionales para gestionar su exposición a un riesgo de tipo de interés (cubriendo tanto a prestatarios como a inversores) o con fines especulativos. (33)
32.      Como acertadamente alega la Comisión en sus observaciones escritas, se ha de prestar especial atención al hecho de que las Decisiones EIRD no contienen ninguna apreciación específica acerca de los efectos del acuerdo restrictivo sobre el nivel del euríbor. En particular, de dichas Decisiones trasluce que los bancos implicados en el panel podían manipular el euríbor para elevarlo, reducirlo o dejarlo inalterado, en función de las posiciones que los miembros el cártel mantuviesen en el mercado de los derivados. (34) Así pues, en las Decisiones EIRD no se dilucidó si el cártel había tendido a forzar la subida o la bajada del euríbor. Aunque puede ser razonable presumir, atendiendo a la conducta de los bancos que intervinieron en el acuerdo prohibido, que el euríbor no siguió su curso normal durante el período de la práctica colusoria, (35) la Comisión no llegó a ninguna conclusión definitiva acerca de la dirección general en que se manipuló el índice. Con sus respectivas sentencias, (36) tanto el Tribunal General como el Tribunal de Justicia confirmaron las apreciaciones de la Comisión y concluyeron que la infracción cometida constituía una restricción «por el objeto», en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado
1, en relación con el mercado de los EIRD. (37)
33.      De las consideraciones anteriores se deduce que, por lo que atañe a las Decisiones EIRD, el artículo 16 del Reglamento n.º 1/2003 exige que los órganos jurisdiccionales nacionales consideren definitivamente acreditada la existencia de una manipulación del euríbor durante el período definido por la Comisión. En cambio, dado que la infracción controvertida ha sido calificada como restricción por el objeto, no es posible inferir efectos concretos sobre el euríbor únicamente a partir de los actos que la Comisión estimó contrarios al artículo 101 TFUE, apartado 1.
34.      En cuanto al presente asunto, sigue planteándose la cuestión de si el artículo 16 del Reglamento n.º 1/2003 constituye una base jurídica adecuada para concluir que, en un asunto en el que un órgano jurisdiccional nacional debe pronunciarse sobre la validez de una cláusula contractual de conformidad con su propio Derecho nacional, en particular, en lo que respecta a la legalidad del objeto de dicha cláusula, las constataciones formuladas por la Comisión en una decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, son vinculantes para tal órgano jurisdiccional nacional.
35.      A este respecto, basta con señalar que el artículo 16 del Reglamento n.º 1/2003 es una disposición que exige a los órganos jurisdiccionales nacionales que se abstengan de adoptar decisiones contrarias a las adoptadas por la Comisión únicamente «cuando […] se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud [del artículo 101 TFUE o del artículo 102 TFUE]». Dado que, en un caso como el del litigio principal, el órgano jurisdiccional nacional no aplicaría, en cualquier caso, las normas de competencia de la Unión para resolver el litigio del que conoce, no puede considerarse que el artículo 16 del Reglamento n.º 1/2003 constituya formalmente un fundamento jurídico que obligue a un órgano jurisdiccional nacional a considerar como probadas las constataciones a las que ha llegado la Comisión en las Decisiones EIRD.
36.      En este contexto, podría argumentarse que, cuando un órgano jurisdiccional nacional examina un asunto exclusivamente a la luz de su propio Derecho nacional, el carácter vinculante de las constataciones de la Comisión en una decisión por la que declara la existencia de una infracción del artículo 101
TFUE, apartado 1, también debe determinarse de conformidad con dicho Derecho. Sin embargo, este enfoque no puede aceptarse por dos razones principales. En primer lugar, no tiene en cuenta el hecho de que los actos adoptados por las instituciones de la Unión en el ámbito de sus competencias no requieren reconocimiento en el ordenamiento jurídico nacional. Por el contrario, forman parte integrante de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y, por lo tanto, no pueden ignorarse en el contexto de los procedimientos nacionales. En segundo lugar, ese enfoque podría dar lugar, en última instancia, a que un órgano jurisdiccional nacional se negara a tener en cuenta un acto de la UE que es legal y válido de conformidad con la jurisprudencia establecida, cuyas constataciones han sido confirmadas, además, por el Tribunal de Justicia en la sentencia HSBC Holdings y otros.
37.      De ello se desprende que, aunque el artículo 16 del Reglamento n.º 1/2003 no pueda considerarse aplicable en el litigio principal, como ya se ha dicho, uno de los principios que expresa, a saber, que no puede ignorarse una constatación establecida en virtud del ordenamiento jurídico de la Unión, conduce, en esencia, a un resultado con consecuencias jurídicas similares. Un órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta las constataciones fácticas y jurídicas formuladas en procedimientos de la Unión cuando sean pertinentes en los litigios nacionales, incluso cuando deban resolverse fuera del marco específico del Derecho de la Unión.
38.      En el presente asunto, en el contexto de una acción ejercitada por un justiciable que pretende obtener una declaración de invalidez de una cláusula con arreglo al Derecho nacional, la constatación de la Comisión en las Decisiones EIRD en cuanto a la manipulación del euríbor debe considerarse definitivamente acreditada y debe ser tenida en cuenta, si bien, por supuesto, como ya he expuesto, en los términos concretos de dichas Decisiones.
39.      A la luz de las consideraciones anteriores, es preciso concluir que el artículo 101 TFUE, apartado 2, y el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 1/2003 deben interpretarse en el sentido de que la constatación por parte de la Comisión Europea, en una decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, de que se ha manipulado un índice de referencia de tipos de interés, no implica la nulidad de una cláusula contenida en un contrato de préstamo que hace referencia a dicho índice si dicha cláusula no forma parte del acuerdo restrictivo mencionado en la decisión de la Comisión y no se ha considerado, como tal, contraria al artículo 101 TFUE, apartado 1. No obstante, aunque el artículo 16 del Reglamento n.º 1/2003 no resulte formalmente aplicable, la constatación de la manipulación en la decisión de la Comisión no puede ser obviada por una jurisdicción nacional en el marco de un procedimiento relativo a la validez de una cláusula con arreglo al Derecho nacional, con sujeción a los términos concretos de dicha decisión.
IV.    Conclusión
40.      Basándome en el análisis que antecede, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión planteada por la Corte d’appello di Cagliari (Tribunal de Apelación de Cagliari, Italia):
«El artículo 101 TFUE, apartado 2, y el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1)
deben interpretarse en el sentido de que la constatación por parte de la Comisión Europea, en una decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, de que se ha manipulado un índice de referencia de tipos de interés, no implica la nulidad de una cláusula contenida en un contrato de préstamo que hace referencia a dicho índice si dicha cláusula no forma parte del acuerdo restrictivo mencionado en la decisión de la Comisión y no se ha considerado, como tal, contraria al artículo 101 TFUE, apartado 1. No obstante, aunque el artículo 16 del Reglamento n.º 1/2003 no resulte formalmente aplicable, la constatación de la manipulación en la decisión de la Comisión no puede ser obviada por una jurisdicción nacional en el marco de un procedimiento relativo a la validez de una cláusula con arreglo al Derecho nacional, con sujeción a los términos concretos de dicha decisión.»
1      Lengua original: inglés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte del procedimiento.
2      Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1).
3      Decisión de la Comisión
C(2013) 8512 final, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 [TFUE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE [Asunto AT.39914 — Derivados sobre tipos de interés en euros (EIRD)] (transacción) (en lo sucesivo, «Decisión de 2013»). Esta decisión iba dirigida a los bancos pertenecientes a los grupos Barclays, Deutsche Bank, Société Gérérale y Royal Bank of Scotland.
4      Decisión de la Comisión
C(2016) 8530 final, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 [TFUE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE [Asunto AT.39914 — Derivados sobre tipos de interés en euros (EIRD)] (en lo sucesivo, «Decisión de 2016»). Esta decisión iba dirigida a los bancos pertenecientes a los grupos Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan Chase.
5      La adopción de dos decisiones diferentes se debe a que algunos de los bancos implicados, que se enumeran en el considerando 2 de la Decisión de 2013, aceptaron participar en un procedimiento de transacción con arreglo al artículo 10, letra a), del Reglamento (CE) n.º 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2004, L 123, p. 18). En cambio, otros bancos, que se enumeran en los considerandos 52 a 64 de la Decisión de 2016, decidieron no participar en dicho procedimiento, de modo que la Decisión adoptada respecto a ellos se basó en el procedimiento ordinario del artículo 7 del Reglamento n.º 1/2003.
6      Véase, entre otros, el considerando 67 de la Decisión de 2013, así como su artículo 1. Véanse también el considerando 357 de la Decisión de 2016, así como su artículo 1.
7      Sentencia de 24 de septiembre de 2019, HSBC Holdings y otros/Comisión (T‑105/17, EU:T:2019:675).
8      Sentencia de 12 de enero de 2023, HSBC Holdings y otros/Comisión (C‑883/19 P, EU:C:2023:11) (en lo sucesivo, «sentencia HSBC Holdings y otros»).
9      Las sentencias del Tribunal General y del Tribunal de Justicia se referían exclusivamente a la Decisión de 2016 y no se ocuparon de la Decisión de 2013, que había devenido firme. A consecuencia de ambas sentencias, la Decisión de 2016 fue parcialmente anulada, en particular respecto a la determinación de la multa impuesta por la Comisión a los demandantes en dicho asunto. El Tribunal General llegó a una conclusión similar en sus sentencias de 20 de diciembre de 2023, JPMorgan Chase y otros/Comisión (T‑106/17, EU:T:2023:832), y de 20 de diciembre de 2023, Crédit agricole y Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Comisión (T‑113/17, EU:T:2023:847). Los recursos de casación interpuestos contra estas sentencias se hallan actualmente pendientes ante el Tribunal de Justicia como asuntos C‑160/24 P y C‑191/24 P, respectivamente. Además, tras la anulación parcial de la Decisión de 2016 en cuanto a la multa impuesta, la Comisión adoptó la Decisión
C(2021) 4600 final, de 28 de junio de 2021. Esta Decisión derivó en la sentencia de 27 de noviembre de 2024, HSBC Holdings y otros/Comisión (T‑561/21, EU:T:2024:869), que ya ha adquirido firmeza.
10      Sentencia de 25 de noviembre de 1971, Béguelin Import (22/71, EU:C:1971:113), apartado 26.
11      Sentencia de 6 de febrero de 1973, Brasserie de Haecht (48/72, EU:C:1973:11), apartado 26.
12      Sentencia de 25 de noviembre de 1971, Béguelin Import (22/71, EU:C:1971:113), apartado 29.
13      Véanse, entre otros, Jones, A., Sufrin, B. y Dunne, N., EU Competition Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2023, p. 228; Van Bael, I. y Bellis, J.-F., Competition Law of the European Union, Wolters Kluwer, 2021, pp. 77 y 78; Argenton, C., Geradin, D. y Stephan, A., EU Cartel Law and Economics, Oxford University Press, 2020, pp. 69 y 70, y Meeßen, G., «Article 101 TFEU», en Kellerbauer, M., Klamert, M., y Tomkin, J. (eds.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Oxford University Press, 2019, pp. 1034 y 1035.
14      Todas estas sentencias siguen siendo pertinentes, tal como se trasluce en las sentencias de 20 de abril de 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C‑25/21, EU:C:2023:298), apartados 70 a 73, y de 25 de enero de 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71), apartados 57 y 58, que se remiten expresamente a ellas.
15      Véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465), apartado 22.
16      Véase, en este sentido, sentencia de 28 de febrero de 1991, Delimitis (C‑234/89, EU:C:1991:91), apartado 40.
17      Sentencia de 14 de diciembre de 1983, Société de vente de ciments et bétons de l’est (319/82, EU:C:1983:374), apartados 11 y 12.
18      Sentencia de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros (C‑724/17, EU:C:2019:204), apartado 31.
19      Sentencia de 14 de marzo de 2013, Allianz Hungária Biztosító y otros (C‑32/11, EU:C:2013:160) (en lo sucesivo, «sentencia Allianz Hungária»).
20      Ibid., apartado 50.
21      Por otro lado, si alguien considera que se ha visto perjudicado por la manipulación de un índice de referencia para el tipo de interés puede ejercitar una acción indemnizatoria con arreglo a la legislación nacional que transponga la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DO 2014, L 349, p. 1). Por su parte, el órgano jurisdiccional nacional que conozca de dicha acción debe proteger los derechos que se derivan directamente del artículo 101 TFUE, apartado 1, también cuando el demandante sea un tercero respecto al acuerdo que la Comisión ha declarado ilegal. Véase, entre otras, las sentencias de 5 de junio de 2014, Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:1317), apartado 37, y de 20 de abril de 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C‑25/21, EU:C:2023:298), apartados 50 a 52 y jurisprudencia citada.
22      Véase, a este respecto, las sentencias de 14 de diciembre de 1983, Société de vente de ciments et bétons de l’est (319/82, EU:C:1983:374), apartado 12, y de 30 de noviembre de 2006, Brünsteiner y Autohaus Hilgert (C‑376/05 y C‑377/05, EU:C:2006:753), apartado 48 y jurisprudencia citada.
23      La resolución de remisión y las observaciones escritas de las partes se refieren, en cuanto a ello, a los artículos 1346 y 1418 del Código Civil italiano.
24      Véase también la sentencia de 18 de abril de 2024, Heureka Group (Comparadores de precios en línea) (C‑605/21, EU:C:2024:324), apartado 74.
25      Véanse el considerando 22 del Reglamento n.º 1/2003 y la sentencia de 14 de diciembre de 2000, Masterfoods y HB (C‑344/98, EU:C:2000:689), apartado 60.
26      Pachev, A., «Jurisdiction of the Courts of the European Union Member States to apply European Union antitrust law in private disputes», en La justice en transition: vers une union européenne solidaire et durable, Mélanges en l’honneur d’Alexander Arabadjiev, Bruylant, 2025, p. 573.
27      Dicho esto, el órgano jurisdiccional nacional sigue debiendo valorar la existencia de una pérdida y el vínculo causal directo entre esta y el acuerdo o práctica de que se trate. Aunque la Comisión ya haya determinado en su decisión los efectos exactos de la infracción, sigue incumbiendo al órgano jurisdiccional nacional valorar individualmente la pérdida ocasionada a cada persona que haya ejercitado una acción de daños y perjuicios. Véase, a este respecto, sentencia de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros (C‑199/11, EU:C:2012:684), apartados 65 y 66.
28      Sentencia de 16 de diciembre de 2015, British Airways/Comisión (T‑48/11, EU:T:2015:988), apartado 40. Véase también «Article 16: Uniform application of Community competition law — Commentary», en Prete, L., Dekeyser, K. y otros (eds.), Regulation 1/2003 and EU Antitrust Enforcement, A Systematic Guide, Wolters Kluwer, 2002, p. 399.
29      Véase también Carovano, G., «Boosting the coherent application of EU competition law in private litigations while augmenting national courts’ independence», European Law Journal, Vol. 31, n.º 3, 2025, pp. 272 y 273
30      Véase la nota 6 de las presentes conclusiones.
31      Véanse, en particular, el considerando 32 de la Decisión de 2013 y los considerandos 113 a 115, 358 y 359 de la Decisión de 2016. Véase también la sentencia HSBC Holdings y otros, apartados 18 y 19.
32      Véanse el considerando 1 del Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO 2016, L 171, p. 1) y el considerando 5 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368 de la Comisión, de 11 de agosto de 2016, por el que se establece una lista de los índices de referencia cruciales utilizados en los mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 (DO 2016, L 217, p. 1).
33      Véanse los considerandos 5 a 9 de la Decisión de 2013 y los considerandos 20 a 26 de la Decisión de 2016. Véanse también las conclusiones del Abogado General Emiliou presentadas en el asunto HSBC Holdings y otros/Comisión (C‑883/19 P, EU:C:2022:384), punto 1.
34      Véanse, en particular, los considerandos 388 y 392, letras a) y e), de la Decisión de 2016.
35      Véanse, en particular, los considerandos 397 y 404 a 408 de la Decisión de 2016.
36      Véanse las notas 7 y 8 de las presentes conclusiones.
37      Véase, en particular, la sentencia HSBC Holdings y otros, apartados 125, 191, 206 y 208.