61963J0013
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 17 de julio de 1963 (
*1
)
En el asunto 13/63,
Gobierno de la República Italiana, representada por el Profesor Riccardo Monaco, Jefe del Servicio Jurídico del ministero degli Affari esteri, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Pietro Peronaci, sustituto del Avvocato generale dello Stato, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de la República Italiana,
parte demandante,
contra
Comisión de la Comunidad Económica Europea, representada por el Sr. Alberto Sciolla-Lagrange, Consejero Jurídico de las Instituciones ejecutivas europeas, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Henri Manzanares, Secretario del Servicio Jurídico de las Instituciones ejecutivas europeas, 2, place de Metz,
parte demandada,
que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de 17 de enero de 1963 (DO 1963, 23, pp. 268 y ss.) por la que se autorizaba a la República Francesa a adoptar medidas de salvaguardia, en aplicación del artículo 226 del Tratado CEE, contra la importación de refrigeradores electrodomésticos, así como de ciertas piezas de recambio procedentes de Italia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: A.M. Donner, Presidente; L. Delvaux y R. Lecourt, Presidentes de Sala; Ch.L. Hammes, R. Rossi, A. Trabucchi, W. Strauss (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. M. Lagrange;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
SENTENCIA
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
I. Sobre los vicios sustanciales de forma
1. SOBRE LA DENEGACIÓN DE AUDIENCIA AL GOBIERNO ITALIANO
Considerando que el demandante sostiene que la Comisión hubiera debido oírle antes de adoptar su Decisión;
que resulta innecesario analizar en este caso en qué medida podría exigirse semejante consulta previa;
que en efecto no se discute que, después de haber intercambiado comunicaciones telefónicas con la Representación Permanente del demandante en Bruselas y de haber informado a ésta sobre la petición del Gobierno francés, la demandada planteó por escrito a la citada Representación diversas cuestiones relativas a esta petición, a las cuales no se dio respuesta;
que el silencio que el demandante ha guardado durante un mes no le permite acusar a la demandada de haber adoptado sin más la Decisión impugnada.
Considerando que el presente motivo debe ser desestimado.
2. SOBRE LA IMPUTACIÓN DE MOTIVACIÓN INSUFICIENTE
Considerando que el demandante formuló una serie de imputaciones pretendiendo que se declarara que la motivación de la Decisión impugnada no reunía los requisitos exigidos por el artículo 190 del Tratado.
Considerando que los motivos de la Decisión son insuficientes según la demandante para achacar únicamente a las importaciones italianas la causa de las dificultades de que se trata;
que, sin embargo, la Decisión no se limitó a considerar el volumen de las distintas importaciones, sino que también consideró la comparación entre el precio del producto italiano y los precios, según ella sensiblemente superiores, tanto de los productos franceses como de otros productos importados.
Considerando que se ha alegado indebidamente que la Decisión hubiera debido tener en cuenta también la diferencia entre los precios de venta al consumidor, puesto que en esta fase es imposible cualquier apreciación exacta a causa de las rebajas concedidas y que las dificultades deben valorarse a nivel de la fabricación, lo que supone la necesidad de tener en cuenta los precios facturados a los mayoristas;
que tampoco existía interés en investigar si el margen de beneficios concedido a los mayoristas por los fabricantes franceses era o no equitativo, puesto que se trataba de valorar la diferencia de precio entre el producto francés y el producto italiano en el momento de su llegada a territorio francés, esto es, en el momento en que estos dos productos se hallan en el mismo mercado y en la misma fase comercial.
Considerando que, según la demandante, la exposición de motivos habría debido precisar si la concesión por los fabricantes italianos de un margen mayor a sus distribuidores en Francia no estaba justificada por las cargas más gravosas que habían de soportar estos últimos;
que, sin embargo, si la citada exposición de motivos reconoce que la diferencia entre el precio franco frontera de los productos italianos y el precio franco fábrica de los productos franceses era del 30 %, de ello se deduce claramente que, ajuicio de la demandada, no existían otras posibilidades para reducir en la práctica la ventaja que supone este porcentaje para la competencia.
Considerando que el demandante reprocha a la demandada no haber investigado si los fabricantes de los demás países exportadores no ofrecían a sus distribuidores en Francia ventajas comparables a las que disfrutaban los importadores de productos italianos;
que, aunque la exposición de motivos reconoce que los precios italianos no eran comparables a los de los otros productos importados, sobreentiende claramente que los importadores de productos italianos podían comprar a mejor precio que los otros importadores;
que, por consiguiente, la indicación reclamada por el demandante resulta superflua.
Considerando, para terminar, que el demandante pretende equivocadamente que la Decisión compara la producción francesa calculada sobre diez meses con las importaciones y exportaciones calculadas sobre siete y seis meses, respectivamente, cuando lo cierto es que el cuadro que figura en la Decisión comparaba datos de períodos equivalentes.
Considerando, por fin, que el demandante alega que el considerando relativo a la diferencia entre los precios franceses e italianos no resulta claro y se apoya en hechos inexactos;
que, desde el punto de vista de la motivación, al texto discutido no le falta claridad, pues permite encontrar con facilidad los datos considerados decisivos por la demandada.
Considerando que de todo lo anterior resulta que la imputación de motivación insuficiente debe ser desestimada.
II. Sobre la desviación de poder
Considerando que el demandante imputa a la Comisión haber utilizado facultades que le atribuye el artículo 226 para alcanzar un resultado que corresponde a las medidas antidumping del artículo 91;
que, sin embargo, ni en la Decisión impugnada ni en la actitud de la demandada hay nada que dé pie para considerar esta Decisión como una medida antidumping encubierta, puesto que no se ha alegado ninguna práctica de este tipo;
que el hecho de haber limitado en el tiempo y de haber escalonado la percepción del gravamen discutido es incompatible con semejante medida, que hubiera debido adoptarse en función de la duración de las prácticas que se quieren combatir, normalmente imprevisible;
que, por tanto, esta imputación debe ser desestimada.
III. Sobre la violación del Tratado
1. SOBRE EL CONCEPTODE «SECTOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA»
Considerando que el demandante se opone a que la industria francesa de refrigeradores sea un «sector de la actividad económica» en el sentido del artículo 226;
que la producción de una mercancía puede constituir un «sector» siempre que la mercancía, según criterios generalmente admitidos, se distinga claramente de otros productos afines;
que en el presente caso se cumplen dichos requisitos.
2. SOBRELA SUJECIÓN A IMPUESTO DE LOS MOTOCOMPRESORES
Considerando que no se discute que, en materia de motocompresores, no hay dificultades comparables a las que la demandada alegó respecto al sector de los refrigeradores completos;
que, sin embargo, la demandada alegó la necesidad de evitar las prácticas defraudatorias y observó que el montaje de los motocompresores en refrigeradores no equipados sería una operación muy fácil;
que, por su parte, la demandante alegó que los importadores a Francia de productos italianos deben hacerse cargo de la reparación de los productos vendidos;
que, en consecuencia, es probable que estén suficientemente equipados para realizar también el montaje de motocompresores sin necesidad de crear nuevas industrias;
que, por tanto, la demandante no ha demostrado que careciera de fundamento la preocupación por evitar las prácticas defraudatorias;
que, por consiguiente, esta imputación debe ser desestimada.
3. SOBRE EL CONCEPTO DE «GRAVES DIFICULTADES SUSCEPTIBLES DE PERSISTIR»
Considerando que, según el párrafo primero del artículo 226 del Tratado, cabe autorizar medidas de salvaguardia en caso de graves dificultades susceptibles de persistir en un sector de la actividad económica.
a)
Considerando que, analizadas por sí mismas, las cifras expuestas por la demandada y que reflejan la disminución de la producción francesa de 1961 a 1962, así como el aumento de las importaciones a Francia correspondiente al mismo período -cifras que la demandante no discute- permiten deducir la existencia de dichas dificultades;
que se debe, sin embargo, examinar si los argumentos expuestos por la demandante pueden contrarrestar esta presunción.
b)
Considerando que la demandante afirma que la producción francesa de 1962, cifrada en 265.000 aparatos, no ha llegado a satisfacer las necesidades del mercado interno;
que este argumento está fuera de lugar;
que, en efecto, esta circunstancia no supone necesariamente que sean insuficientes las instalaciones de producción, sino que puede atribuirse también al hecho de que las importaciones hayan causado precisamente el retroceso de la producción francesa.
c)
Considerando que la demandante se dedica a continuación a demostrar que, sobre la producción francesa de 1962, el número de refrigeradores no vendidos al final del año se elevaba a lo sumo a unos 8.000;
que, si se acepta el método de cálculo del demandante, sustituyendo las cifras que ésta proporcionó por las que fueron admitidas en la vista por ambas partes, se llega, salvo divergencias insignificantes, a una cantidad entre 48.000 y 57.000;
que se debe tener en cuenta no sólo la situación existente en 1962, sino ante todo la evolución que tuvo lugar desde la liberalización de los intercambios;
que a este respecto la importante cifra de las existencias en poder de los fabricantes, al final de los años 1961 y 1962 (145.000 y 193.000), así como la diferencia entre estas dos cifras, adquieren toda su importancia;
que el demandante sostiene que los modelos almacenados estaban anticuados;
que, sin embargo, una crisis en la fase de venta puede también manifestarse por el hecho de que el productor no consiga dar salida a la producción de los años anteriores;
que, finalmente, el argumento de la demandante supone que los productos franceses vendidos en 1962 procedían exclusivamente de la producción de dicho año, lo que no ha sido demostrado.
d)
Considerando, en fin, que las partes discuten si la disminución del precio efectuada por los fabricantes franceses poco antes de adoptarse la Decisión impugnada afectaba a la totalidad o a la mayor parte de los productos, como estima la demandante, o bien solamente a una pequeña parte de ellos;
que la afirmación de la demandante, de considerarse exacta, revelaría más bien la existencia de «graves dificultades», puesto que es normal presumir que una disminución considerable, decidida espontáneamente por los productores, puede ser síntoma de una competencia extremada;
que, a fin de cuentas, si el artículo 226 tiene por objeto permitir la adaptación al mercado común del sector en dificultades, supone que los interesados están en condiciones de apoyar las medidas de la Comisión mediante esfuerzos propios; que, por consiguiente, el hecho de que se emprendan tales esfuerzos no excluye la existencia de «graves dificultades».
e)
Considerando, por lo tanto, que no se ha demostrado que la demandada haya realizado una aplicación inexacta del concepto de «graves dificultades»;
que, en consecuencia, este Tribunal de Justicia debe desestimar esta imputación.
4. SOBRE LA DISCRIMINACIÓN
a)
Considerando que se imputa a la Decisión haber transgredido indebidamente el principio de no discriminación al autorizar al Gobierno francés el establecimiento de un gravamen especial tan sólo sobre los productos italianos, con exclusión de los mismos productos originarios bien de otros Estados miembros de la Comunidad, bien de países terceros.
Considerando que el tratamiento diferente de situaciones no comparables no permite deducir automáticamente que existe una discriminación;
que una apariencia de dscriminación formal puede corresponder de hecho a una falta de discriminación material;
que la discriminación material habría consistido en tratar sea de manera diferente situaciones similares, sea de manera idéntica situaciones diferentes.
b)
Considerando, además que, al tener que limitar sus intervenciones a aquello que es «estrictamente necesario», la Comisión debe tener la facultad de examinar únicamente los fenómenos que constituyen la causa de las dificultades de que se trata;
que, por otro lado, está obligada a elegir «con prioridad […] aquellas medidas que menos perturben el funcionamiento del mercado común»; que a este respecto debe tener en cuenta que, en caso de duda, el carácter «común» del mercado sufre menos si no se aparta de las normas del Tratado más que en el marco de las relaciones entre dos Estados miembros;
que, por otra parte, la tesis que acaba de ser rechazada podría precisamente favorecer las discriminaciones, pudiendo consistir éstas en que se trate de forma idéntica situaciones no similares;
que, al autorizar medidas de salvaguardia, la Comisión tiene derecho a distinguir según los países y no según las empresas del mercado común, siempre que dicha distinción obedezca a motivos razonables;
que esto sucede cuando se observa que el nivel de precios en el interior de cada país se diferencia claramente del nivel de precios de otros países.
c)
Considerando que, por todo ello, es importante saber si en este caso las circunstancias pueden justificar que las medidas de salvaguardia se circunscriban únicamente a las importaciones italianas.
Considerando que la demandada ha visto en el «aumento masivo de las importaciones procedentes de la República Italiana» el origen de las dificultades francesas, y ha circunscrito por consiguiente la medida de salvaguardia a los productos italianos;
que, para justificar su apreciación y la elección de esta medida, la Comisión se ha basado fundamentalmente en el hecho de que, por una parte, el volumen de las importaciones procedentes de países terceros «no ha experimentado un crecimiento anormal» y por tanto «no puede impedir la reestructuración del sector francés de que se trata» y, por otra, que el precio de los productos importados de otros países miembros «no difiere sensiblemente del precio de los productos franceses similares y que el aumento del volumen de importación, siendo elevado, no se considera anormal»;
que de los datos sometidos al conocimiento del Tribunal de Justicia no se desprende que esta valoración de la Comisión sea manifiestamente errónea;
que no se discute que las importaciones de países terceros sean de poca importancia;
que no se ha demostrado que la Comisión se haya equivocado al afirmar que el precio de los productos originarios de otros Estados miembros no difería sensiblemente del precio de los productos franceses similares;
que por lo tanto, en comparación con el volumen — que ella no considera anormal- de las importaciones procedentes de otros Estados miembros, podía considerar que el aumento masivo de las importaciones italianas era un hecho que justificaba la medida específica objeto de la Decisión.
d)
Considerando que de cuanto antecede resulta que los considerandos sexto y undécimo de la Decisión impugnada justifican la imposición exclusiva de los productos italianos;
que, por consiguiente, la imputación de la discriminación debe ser desestimada.
5. SOBRE LA IMPUTACIÓN RELATIVA A UN ERROR MATERIAL COMETIDO EN EL CÁLCULO DE LA DIFERENCIA DE PRECIOS
Considerando que según los términos de la Decisión, la diferencia «entre el precio medio por litro de los refrigeradores italianos franco frontera y el precio medio por litro de los mismos aparatos franceses en la fase de venta al por mayor», es decir, el precio franco fábrica como explicó la demandada a lo largo del procedimiento «ascendía a un 30 % del precio italiano franco frontera mientras que la protección aduanera existente era tan sólo de un 7,5 %»;
que el demandante estima que la Comisión hubiera debido tener en cuenta asimismo, otros factores que habrían reducido considerablemente esta diferencia.
a)
Considerando que el demandante no discute las cifras aportadas por la demandada relativas al precio francés facturado a los mayoristas (2,946 FF) así como al precio italiano franco frontera (2,245 FF), cifras de las que incluso resulta una diferencia aritmética del 31,2 %;
que el demandante se limita a oponer al método de cálculo elegido por la demandada otro método de cálculo, basado en las rebajas respectivas;
que, sin embargo, no se ha demostrado que este método de cálculo sea más seguro ni más adecuado al presente caso que el adoptado por la Comisión;
que, efectivamente, no se puede censurar a la demandada por haber elegido los datos más importantes y más seguros sobre los precios;
que, además, el demandante no ha explicado ni especificado en absoluto cómo la diferencia, no discutida, existente entre el precio de los productos franceses en el momento en que salen de la fábrica y los precios de los productos italianos en el momento de llegada al territorio francés se reduciría seguidamente como consecuencia de las rebajas; que tampoco indicó la base sobre la que había evaluado las citadas rebajas.
b)
Considerando que, para demostrar la existencia de cargas especiales que deben soportar los distribuidores de productos italianos, el demandante se ha limitado a citar determinadas cifras extraídas del balance de dos sociedades importadoras;
que, sin embargo, estas cifras no demuestran nada;
que, en primer lugar, su proporción fue calculada sobre la cifra de negocios de las sociedades de que se trata, por tanto sobre una base difícil de comparar con el precio aplicado a los mayoristas, único que aquí se discute;
que, además, dichas cifras dej an totalmente abierta la cuestión de si el balance de los distribuidores de productos franceses no contiene partidas comparables;
que, para terminar, un número considerable de partidas del balance invocadas está constituida por «gastos extraordinarios comerciales», fórmula demasiado general para poder extraer de ella una conclusión.
Considerando que, de las anteriores consideraciones, resulta que debe desestimarse la presente imputación.
IV. Costas
Considerando que, a tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas;
que en el presente caso han sido desestimadas todas las pretensiones de la parte demandante;
que por tanto debe ser condenada en costas;
vistos los autos;
habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
oídos los informes orales de las partes;
oídas las conclusiones del Abogado General;
vistos los artículos 173, 190 y 226 del Tratado CEE;
visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE;
visto el Reglamento del Tribunal de Justicia, y especialmente el apartado 2 del artículo 69;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
desestimando cualesquiera otras pretensiones más amplias o contrarias, decide:
1)
Desestimar el recurso por infundado.
2)
Condenar en costas a la parte demandante.
Donner
Delvaux
Lecourt
Hammes
Rossi
Trabucchi
Strauss
Pronunciada en Luxemburgo, a 17 de julio de 1963.
Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de julio de 1963.
Donner
Delvaux
Lecourt
Hammes
Rossi
Trabucchi
Strauss
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
A.M. Donner
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.