Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 30 de abril de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores — Directiva 2005/29/CE — Ámbito de aplicación — Relación entre las disposiciones de esta Directiva y otras normas de la Unión que regulan aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales — Artículo 3, apartado 4 — Prácticas desleales en materia de información alimentaria — Reglamento (UE) n.º 1169/2011 — Existencia de un conflicto — Complementariedad de los regímenes de protección »
En el asunto C‑301/25,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), mediante resolución de 22 de abril de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de abril de 2025, en el procedimiento entre
Lidl Italia Srl
y
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM),
con intervención de:
Wiise Srl,
Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori (ADOC Aps),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, y la Sra. I. Ziemele y los Sres. A. Kumin, S. Gervasoni y M. Bošnjak (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Lidl Italia Srl, por los Sres. F. Capelli, U. Corea y M. Valcada, avvocati;
–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por los Sres. I. Fresu y E. Manzo, avvocati dello Stato;
–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. D. Lutostańska, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Kienapfel y las Sras. D. Recchia y B. Rous Demiri, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación:
–        del artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión (DO 2011, L 304, p. 18), y
–        de los artículos 6 y siguientes y 13 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Lidl Italia Srl y la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) [Autoridad de Defensa de la Competencia y del Mercado (AGCM), Italia] en relación con una multa administrativa impuesta por esta última a Lidl Italia por una práctica comercial desleal en la comercialización de determinados tipos de pasta de sémola de trigo duro.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2005/29
3        A tenor de los considerandos 7, 8, 11, 13 y 14 de la Directiva 2005/29:
«(7)      La presente Directiva aborda las prácticas comerciales que influyen directamente en las decisiones de los consumidores sobre transacciones relacionadas con productos. […]
(8)      La presente Directiva protege directamente los intereses económicos de los consumidores frente a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. Por lo tanto, protege también indirectamente a las empresas que operan lícitamente de aquellos de sus competidores que no cumplen lo dispuesto en la Directiva, garantizando así una competencia leal en el ámbito coordinado por la Directiva. […]
[…]
(11)      El alto grado de convergencia conseguido con la aproximación de las disposiciones nacionales a través de esta Directiva crea un elevado nivel común de protección de los consumidores. La Directiva establece una única prohibición general de aquellas prácticas comerciales desleales que distorsionan el comportamiento económico de los consumidores. […]
[…]
(13)      A fin de conseguir los objetivos comunitarios mediante la eliminación de los obstáculos al mercado interior, es preciso reemplazar las cláusulas generales y principios jurídicos divergentes de los Estados miembros. La prohibición general común establecida por la presente Directiva abarca por ello las prácticas comerciales desleales que distorsionan el comportamiento económico de los consumidores. Para fomentar la confianza del consumidor, la prohibición general debe aplicarse también a las prácticas comerciales desleales que se produzcan fuera de cualesquiera relaciones contractuales existentes entre un comerciante y un consumidor o tras la celebración de un contrato y durante su ejecución. Esta prohibición general se desarrolla mediante normas sobre dos tipos de prácticas comerciales que son, con mucho, las más comunes: las prácticas comerciales engañosas y las prácticas comerciales agresivas.
(14)      Es conveniente que se consideren prácticas comerciales engañosas aquellas prácticas, incluida la publicidad engañosa, que al inducir a engaño al consumidor, le impiden elegir con el debido conocimiento de causa y, en consecuencia, de manera eficiente. […]»
4        Con arreglo al artículo 1 de esta Directiva, titulado «Objeto»:
«La presente Directiva tiene por objeto contribuir al buen funcionamiento del mercado interior y alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores mediante la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las prácticas comerciales desleales que perjudican a los intereses económicos de los consumidores.»
5        El artículo 2 de dicha Directiva, con el epígrafe «Definiciones», establece:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
d)      “prácticas comerciales de las empresas en sus relaciones con los consumidores” (en lo sucesivo “prácticas comerciales”): todo acto, omisión, conducta o manifestación, o comunicación comercial, incluidas la publicidad y la comercialización, procedente de un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la venta o el suministro de un producto a los consumidores;
[…]»
6        El artículo 3 de la misma Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone en sus apartados 1, 3 y 4:
«1.      La presente Directiva será aplicable a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores según establece el artículo 5, antes, durante y después de una transacción comercial en relación con un producto.
[…]
3.      La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las normas nacionales o [de la Unión] relativas a los aspectos de salud y seguridad de los productos.
4.      En caso de conflicto entre las disposiciones de la presente Directiva y otras normas [de la Unión] que regulen aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales, estas últimas prevalecerán y serán aplicables a esos aspectos concretos.»
7        El artículo 5 de la Directiva 2005/29, titulado «Prohibición de las prácticas comerciales desleales», establece lo siguiente:
«1.      Se prohibirán las prácticas comerciales desleales.
[…]
4.      En particular, serán desleales las prácticas comerciales que:
a)      sean engañosas según lo establecido en los artículos 6 y 7,
[…]»
8        El artículo 6 de esta Directiva, titulado «Acciones engañosas», dispone:
«1.      Se considerará engañosa toda práctica comercial que contenga información falsa y por tal motivo carezca de veracidad o información que, en la forma que sea, incluida su presentación general, induzca o pueda inducir a error al consumidor medio, aun cuando la información sea correcta en cuanto a los hechos, sobre uno o más de los siguientes elementos, y que en cualquiera de estos dos casos le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado:
[…]
b)      las características principales del producto, tales como […] su composición, […] su origen geográfico o comercial […];
[…]»
9        A tenor del artículo 13 de la citada Directiva, titulado «Sanciones»:
«Los Estados miembros establecerán sanciones para los casos de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva, y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las mismas. Las sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.»
Reglamento n.º 1169/2011
10      Los considerandos 5 y 20 del Reglamento n.º 1169/2011 son del siguiente tenor:
«(5)      En la Directiva [2005/29] se contemplan determinados aspectos de la información al consumidor específicamente para evitar acciones y omisiones de información engañosas. Los principios generales sobre prácticas comerciales desleales deben complementarse mediante normas específicas sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
[…]
(20)      La legislación sobre información alimentaria debe prohibir el uso de información que pueda inducir a engaño al consumidor, en especial en cuanto a las características de los alimentos o sus efectos o propiedades, o atribuir propiedades medicinales a los alimentos. Para ser eficaz, dicha prohibición debe extenderse a la publicidad y la presentación de los alimentos.»
11      El artículo 1 de dicho Reglamento, con el título «Objeto y ámbito de aplicación», dispone:
«1.      El presente Reglamento establece la base para garantizar un alto nivel de protección de los consumidores en relación con la información alimentaria, teniendo en cuenta las diferencias en la percepción de los consumidores y sus necesidades de información, al mismo tiempo que asegura un funcionamiento correcto del mercado interior.
2.      El presente Reglamento establece los principios generales, los requisitos y las responsabilidades que rigen la información alimentaria y, en particular, el etiquetado de los alimentos. Asimismo, establece los medios para garantizar el derecho de los consumidores a la información, así como los procedimientos para facilitar información alimentaria, teniendo en cuenta la necesidad de dar la flexibilidad suficiente para responder a los futuros avances y los nuevos requisitos de información.
3.      El presente Reglamento se aplicará a los operadores de empresas alimentarias en todas las fases de la cadena alimentaria, en caso de que sus actividades conciernan a la información alimentaria facilitada al consumidor. Se aplicará a todos los alimentos destinados al consumidor final, incluidos los entregados por las colectividades y los destinados al suministro de las colectividades.
[…]»
12      El artículo 3 del citado Reglamento, que lleva como epígrafe «Objetivos generales», establece, en su apartado 1, lo siguiente:
«La información alimentaria facilitada perseguirá un nivel de protección elevado de la salud y los intereses de los consumidores, proporcionando una base para que el consumidor final tome decisiones con conocimiento de causa y utilice los alimentos de forma segura, teniendo especialmente en cuenta consideraciones sanitarias, económicas, medioambientales, sociales y éticas.»
13      El artículo 7 del mismo Reglamento, que lleva como epígrafe «Prácticas informativas leales» prevé:
«1.      La información alimentaria no inducirá a error, en particular:
a)      sobre las características del alimento y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, país de origen o lugar de procedencia, y modo de fabricación o de obtención;
[…]
2.      La información alimentaria será precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor.
[…]
4.      Los apartados 1, 2 y 3 también se aplicarán a:
[…]
b)      la presentación de los alimentos y, en especial, a la forma o el aspecto que se les dé a estos o a su envase, al material usado para este, a la forma en que estén dispuestos así como al entorno en el que estén expuestos.»
Derecho italiano
Código de Consumo
14      El Decreto Legislativo n.º 206 — Codice del consumo (Decreto Legislativo n.º 206, por el que se aprueba el Código de Consumo), de 6 de septiembre de 2005 (GURI n.º 235, de 8 de octubre de 2005, suplemento ordinario n.º 162), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código de Consumo»), transpone, en particular, la Directiva 2005/29 al Derecho italiano.
15      El artículo 21 del Código de Consumo, titulado «Acciones engañosas», establece:
«1.      Se considerará engañosa toda práctica comercial que contenga información que no se corresponda con la realidad o que, en la forma que sea, incluida su presentación general, induzca o pueda inducir a error al consumidor medio, aun cuando la información presentada sea correcta en cuanto a los hechos, sobre uno o más de los siguientes aspectos, y que, en cualquiera de estos dos casos, le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado:
[…]
b)      las características principales del producto, como […] su composición, […] su origen geográfico […];
[…]»
Decreto Legislativo n.º 231/2017
16      El artículo 1 del Decreto Legislativo n.º 231 — Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n.º 1169/2011 [Decreto Legislativo n.º 231, por el que se establece el régimen sancionador en caso de infracción de las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1169/2011], de 15 de diciembre de 2017 (GURI n.º 32, de 8 de febrero de 2018), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.º 231/2017»), titulado «Ámbito de aplicación», establece en su apartado 1:
«El presente Decreto establece el régimen de sanciones aplicables en caso de infracción de las disposiciones del Reglamento [n.º 1169/2011], sin perjuicio del régimen sancionador previsto en el [Código de Consumo].»
17      El artículo 3 del Decreto Legislativo n.º 231/2017, titulado «Incumplimiento de las prácticas informativas leales contempladas en el artículo 7 del Reglamento [n.º 1169/2011]», dispone en su apartado 1:
«Sin perjuicio del supuesto de que los hechos estén comprendidos en la calificación de infracción penal y con exclusión de los casos específicamente sancionados por las demás disposiciones del presente Decreto, la infracción de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento [n.º 1169/2011], relativo a las prácticas leales en materia de información, expone al operador del sector alimentario a la imposición de una sanción administrativa pecuniaria por importe de entre 3 000 y 24 000 euros.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
18      Mediante decisión de 20 de diciembre de 2019, la AGCM impuso a Lidl Italia una sanción administrativa pecuniaria por importe de un millón de euros debido a que dicha sociedad había comercializado determinados tipos de pasta de sémola de trigo duro utilizando envases en los que se ponía de relieve el origen italiano del producto de que se trata y se indicaba que el país de molienda del trigo era Italia, mientras que el trigo utilizado para fabricar dicha sémola era de origen «UE y no UE» y, por lo tanto, la pasta en cuestión se fabricaba a partir de mezclas de trigo que contenían un porcentaje significativo de trigo que no se producía en Italia.
19      La AGCM señaló que la utilización de envases que llaman claramente la atención sobre el origen italiano del producto de que se trata daba o podía dar a entender al consumidor que esta indicación también se refería al origen de las materias primas utilizadas para la fabricación de dicho producto. Añade que, con el fin de garantizar una información adecuada al consumidor, la eventual utilización de materias primas procedentes del extranjero debería ponerse de relieve de una manera igualmente evidente mediante elementos situados cerca de las menciones que evocan el origen italiano del producto en cuestión. Al menos, tal indicación debería figurar en el mismo lado del envase que esas menciones.
20      La AGCM consideró que la circunstancia de que Lidl Italia facilitara información incompleta constituía una práctica comercial desleal, en el sentido del Código de Consumo, en la medida en que dicha práctica podía inducir a error al consumidor sobre una característica esencial del producto de que se trata, en particular sobre el origen del trigo duro utilizado. A efectos de la determinación del importe de la sanción con arreglo al Código de Consumo, la AGCM tuvo en cuenta el elevado número de consumidores afectados, debido a que, solo en 2018, Lidl Italia había vendido decenas de millones de paquetes de pasta, así como a la duración de la práctica en cuestión, que llevaba establecida, al menos, desde enero de 2017.
21      Al haber sido desestimado en primera instancia el recurso que Lidl Italia había interpuesto contra la decisión de la AGCM de 20 de diciembre de 2019, esta sociedad interpuso un recurso de casación ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente. Ante dicho órgano jurisdiccional, Lidl Italia sostiene, en particular, que a las prácticas comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1169/2011 solo se les aplica el citado Reglamento, sin que pueda admitirse una sanción de tales prácticas en virtud de la Directiva 2005/29 y del Código de Consumo.
22      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente observa que el comportamiento de Lidl Italia, consistente en presentar información que, sin ser falsa ni engañosa, puede inducir a error al consumidor del producto de que se trata en cuanto al origen del trigo utilizado como materia prima para su fabricación, puede estar comprendido tanto en el ámbito de las prácticas comerciales desleales, sancionadas en virtud del artículo 6 de la Directiva 2005/29 y del artículo 21 del Código de Consumo, como en el de los comportamientos prohibidos por el artículo 7 del Reglamento n.º 1169/2011 y sancionados con arreglo al Decreto Legislativo n.º 231/2017.
23      Según el órgano jurisdiccional remitente, estas dos normativas pueden considerarse complementarias, pero plantean un problema de concurso de leyes. A este respecto, estima que la norma de conflicto prevista en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 en favor de otras normas de la Unión que regulan aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales no se aplica, puesto que ambas normativas persiguen la protección de los consumidores frente a prácticas que pueden inducirles a error en materia de productos alimenticios. En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente indica que la sanción prevista por el Decreto Legislativo n.º 231/2017 en caso de infracción del artículo 7 del Reglamento n.º 1169/2011 es mucho menos severa que la prevista por el Código de Consumo, que transpone la Directiva 2005/29.
24      En este contexto, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Constituyen las prácticas contempladas en el artículo 7 del Reglamento [n.º 1169/2011] supuestos particulares de prácticas comerciales incorrectas o desleales, comprendidas, en todo caso, en los artículos 6 y siguientes de la Directiva [2005/29],
sujetas también, como tales, a los artículos 11 y siguientes de dicha Directiva y a la legislación de transposición, o, por el contrario, constituyen un sistema distinto, para cuya aplicación o ejecución no cabe hacer referencia a la Directiva sino, por lo que respecta a Italia, únicamente al Decreto Legislativo n.º 231/2017?
2)      ¿Agotan las prácticas contempladas en el artículo 7 del Reglamento n.º 1169/2011 la protección del consumidor en la compra de productos alimenticios, de modo que debe excluirse la posibilidad de aplicar la protección general prevista en la Directiva 2005/29 o, por el contrario, forman parte de la protección del consumidor junto con las disposiciones de la Directiva 2005/29 y la legislación nacional que la desarrolla?
3)      En caso de que las prácticas contempladas en el artículo 7 del Reglamento n.º 1169/2011 sean consideradas prácticas comerciales desleales y estén sujetas a la Directiva 2005/29, ¿es adecuado el régimen sancionador previsto en el artículo 3 del Decreto Legislativo n.º 231/2017 para asegurar el efecto disuasorio de las prácticas ilícitas, garantizando la protección de los consumidores, en el sentido del artículo 169 TFUE, y, en cualquier caso, es compatible con el artículo 13 de la Directiva 2005/29?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
25      Con carácter preliminar, es preciso recordar que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado y tomar en consideración, si es preciso, normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial (sentencia de 30 de enero de 2025, Caronte & Tourist, C‑511/23, EU:C:2025:42, apartado 35 y jurisprudencia citada).
26      En el caso de autos, las dudas del órgano jurisdiccional remitente acerca de la articulación de los regímenes de protección consagrados, respectivamente, en la Directiva 2005/29 y en el Reglamento n.º 1169/2011 se basan en la premisa de que el comportamiento reprochado a Lidl Italia en materia de presentación de información relativa a determinadas características de los productos en envases de pasta está comprendido tanto en la prohibición de prácticas comerciales engañosas, en virtud del artículo 6, apartado 1, de esa Directiva, como en la prohibición de prácticas desleales en materia de información alimentaria, en virtud del artículo 7, apartado 1, de ese Reglamento. Pues bien, el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 establece expresamente una regla de delimitación del ámbito de aplicación de esta Directiva que permite determinar los supuestos en los que las normas establecidas en ella quedan excluidas por otras normas de la Unión que regulan aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales.
27      En estas circunstancias, ha de entenderse que las cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, tienen por objeto que se determine, en esencia, si el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el comportamiento de un comerciante que constituye una práctica comercial engañosa, a efectos del artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva, pueda sancionarse con arreglo a la normativa nacional de transposición de esa Directiva, en un supuesto en el que ese comportamiento también está comprendido en la prohibición de prácticas desleales en materia de información alimentaria, establecida en el artículo 7 del Reglamento n.º 1169/2011 y en la normativa nacional de aplicación de ese Reglamento.
28      El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 establece que, en caso de conflicto entre las disposiciones de esa Directiva y otras normas de la Unión que regulen aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales, estas últimas prevalecerán y serán aplicables a esos aspectos concretos. Habida cuenta del tenor de esta disposición, solo si se cumple el doble requisito de que, por una parte, en el contexto de la información alimentaria, el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 1169/2011 regule aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales, y de que, por otra parte, exista un conflicto entre esta disposición y las de la Directiva 2005/29, esos aspectos concretos estarían comprendidos exclusivamente en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Reglamento n.º 1169/2011.
29      A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2005/29, esta será aplicable a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, según establece el artículo 5 de esta, antes, durante y después de una transacción comercial en relación con un producto. El artículo 2, letra d), de esta Directiva define el concepto de «práctica comercial» utilizando una formulación particularmente amplia, ya que el único criterio contemplado en esta disposición se basa en que la práctica del comerciante debe estar directamente relacionada con la promoción, la venta o el suministro de un bien o de un servicio al consumidor (véase, en ese sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2024, Guldbrev, C‑379/23, EU:C:2024:1002, apartado 31 y jurisprudencia citada).
30      En virtud del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2005/29, se considera engañosa toda práctica comercial que, en la forma que sea, incluida su presentación general, por una parte, induzca o pueda inducir a error al consumidor medio sobre, en particular, las características principales del producto, tales como su composición o su origen geográfico o comercial y, por otra parte, haga o pueda hacer que ese consumidor tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. Tales prácticas pertenecen a una categoría específica de prácticas comerciales desleales prohibidas en virtud del artículo 5, apartados 1 y 4, letra a), de esta (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Trento Sviluppo y Centrale Adriatica, C‑281/12, EU:C:2013:859, apartado 27 y jurisprudencia citada).
31      El artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 1169/2011 dispone que este último establece los principios generales, los requisitos y las responsabilidades que rigen la información alimentaria y, en particular, su etiquetado. Así, el artículo 7, apartados 1, letra a), y 2, de ese Reglamento establece que la información alimentaria debe facilitarse de manera precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor, de modo que no se induzca a error al consumidor sobre las características del alimento de que se trate, en particular sobre su composición, país de origen, lugar de procedencia o modo de fabricación o de obtención. De conformidad con el artículo 7, apartado 4, de dicho Reglamento, los requisitos mencionados se aplican a la presentación de los alimentos y, en especial, a su envase.
32      De los considerandos 5 y 20 del Reglamento n.º 1169/2011 se desprende que este completa los principios generales aplicables a las prácticas comerciales desleales en virtud de la Directiva 2005/29 con normas específicas sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, entre otras cosas prohibiendo el uso de información que pueda inducir a error al consumidor, en particular en lo que se refiere a las características de los alimentos. Desde esta perspectiva, los requisitos específicos que delimitan la presentación de la información relativa a las características principales de estos últimos que resultan del artículo 7, apartados 1, letra a), 2 y 4, del Reglamento n.º 1169/2011 permiten, como indica el propio título de dicho artículo, determinar el carácter eventualmente desleal y, por consiguiente, prohibido de una práctica en materia de información relativa a tales alimentos. De ello se deduce que estas disposiciones del Reglamento n.º 1169/2011 regulan aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales, en el sentido del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29.
33      En segundo lugar, el concepto de «conflicto», a efectos del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29, se refiere a una relación entre las disposiciones de que se trate que va más allá de la mera disparidad o de la simple diferencia y que revela una divergencia de imposible superación mediante una fórmula integradora que haga posible la convivencia de ambas situaciones sin necesidad de desvirtuarlas. Solo existe un conflicto de ese tipo cuando disposiciones ajenas a la Directiva 2005/29 que regulan aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales imponen a los comerciantes, sin margen alguno de maniobra, obligaciones incompatibles con las que establece esa Directiva (véanse, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Wind Tre y Vodafone Italia, C‑54/17 y C‑55/17, EU:C:2018:710, apartados 60 y 61, y el auto de 14 de mayo de 2019, Acea Energia y otros, C‑406/17 a C‑408/17 y C‑417/17, EU:C:2019:404, apartado 49).
34      A este respecto, el objetivo de la Directiva 2005/29 es alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores y, a tal efecto, garantizar que las prácticas comerciales desleales se combatan con medios eficaces en interés de estos (véase, en ese sentido, la sentencia de 30 de enero de 2025, Trenitalia, C‑510/23, EU:C:2025:41, apartado 33 y jurisprudencia citada). El artículo 6, apartado 1, de esta Directiva tiene precisamente por objeto garantizar una protección adecuada de los consumidores en lo que respecta a las formas que puede revestir la presentación de la información facilitada en el marco de una práctica comercial.
35      Del mismo modo, de la interpretación conjunta de los artículos 1, apartado 1, y 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1169/2011 se desprende que el objetivo de este Reglamento consiste en garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en materia de información alimentaria, teniendo en cuenta sus diferencias de percepción y proporcionándoles las bases a partir de la cuales puedan decidir con pleno conocimiento de causa. A tal efecto, dicho Reglamento tiene por objeto impedir que la información relativa a los alimentos que se facilite a esos consumidores los induzca a error (véanse, en ese sentido, las sentencias de 1 de octubre de 2020, Groupe Lactalis, C‑485/18, EU:C:2020:763, apartado 43 y jurisprudencia citada, y de 1 de diciembre de 2022, LSI — Germany, C‑595/21, EU:C:2022:949, apartados 29 y 30).
36      Por lo tanto, los regímenes de protección establecidos en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2005/29 y en el artículo 7 del Reglamento n.º 1169/2011 persiguen un objetivo común que consiste en garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores contra la información engañosa y evitar así que se induzca a error a estos, en particular en cuanto a determinadas características de un producto o, más concretamente, de un alimento. Aunque los elementos constitutivos de las prácticas prohibidas por estas disposiciones no coinciden plenamente, tales disposiciones establecen, como se desprende de los apartados 29 a 31 de la presente sentencia, obligaciones en materia de información de los consumidores que son muy similares.
37      Además, procede señalar que, habida cuenta de los considerandos 7, 11, 13 y 14 de la Directiva 2005/29 y dado que la protección conferida por el artículo 6, apartado 1, de esta Directiva exige que una práctica comercial haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, esta disposición establece una prohibición general de las prácticas comerciales desleales que distorsionan el comportamiento económico de los consumidores (véanse, en ese sentido, las sentencias de 19 de diciembre de 2013, Trento Sviluppo y Centrale Adriatica, C‑281/12, EU:C:2013:859, apartados 31 y 32, y de 19 de septiembre de 2018, Bankia, C‑109/17, EU:C:2018:735, apartado 30).
38      Como se desprende del artículo 1 de la Directiva 2005/29, la protección que esta confiere a los consumidores se vincula a los intereses económicos de estos. Por lo tanto, las disposiciones de esta Directiva se han concebido esencialmente desde la perspectiva de proteger al consumidor en cuanto destinatario y víctima potencial de prácticas comerciales desleales y el objetivo que persigue esta Directiva, recordado en el apartado 34 de la presente sentencia y consistente en proteger plenamente a los consumidores contra las prácticas comerciales desleales, se basa en la circunstancia de que, frente a los comerciantes, los consumidores se encuentran en una posición de inferioridad, particularmente en lo que al nivel de información de que disponen se refiere, por cuanto debe considerárseles económicamente más débiles y jurídicamente menos experimentados que las otras partes contratantes (véase, en ese sentido, la sentencia de 16 de abril de 2015, UPC Magyarország, C‑388/13, EU:C:2015:225, apartados 52 y 53 y jurisprudencia citada). El considerando 8 de dicha Directiva indica que este objetivo se inscribe, a su vez, en una perspectiva más amplia de garantizar una competencia leal en las situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la misma Directiva.
39      En cuanto al Reglamento n.º 1169/2011, su artículo 3, apartado 1, establece que la información alimentaria facilitada persigue un nivel de protección elevado de la salud y los intereses de los consumidores, proporcionando una base para que el consumidor final tome decisiones con conocimiento de causa y utilice los alimentos de forma segura, teniendo especialmente en cuenta consideraciones sanitarias, económicas, medioambientales, sociales y éticas. De conformidad con su artículo 1, apartado 3, párrafo primero, este Reglamento se aplica a los operadores de empresas alimentarias en todas las fases de la cadena alimentaria, en caso de que sus actividades conciernan a la información alimentaria facilitada al consumidor.
40      Por lo tanto, la prohibición de las prácticas desleales en materia de información alimentaria, establecida en el artículo 7 del Reglamento n.º 1169/2011, no se inscribe esencialmente en una lógica de competencia leal, sino que tiene por objeto prevenir, sobre la base de consideraciones de salud y de seguridad alimentaria, los perjuicios a los intereses, económicos o no, de los consumidores derivados de la comercialización de un producto concreto en el mercado interior.
41      De ello se deduce que los regímenes de protección de los consumidores establecidos en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2005/29 y en el artículo 7 del Reglamento n.º 1169/2011 son complementarios, en la medida en que tienen por objeto sancionar aspectos diferentes de un mismo comportamiento contrario al Derecho de la Unión. Por lo demás, corrobora esta conclusión la regla general enunciada en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2005/29, en virtud del cual esta Directiva se aplica sin perjuicio de las normas nacionales o del Derecho de la Unión relativas a los aspectos de salud y a la seguridad de los productos.
42      En estas circunstancias, la aplicación simultánea de las obligaciones derivadas de estos dos regímenes de protección no puede crear una situación de divergencia insuperable y, por consiguiente, de conflicto, en el sentido del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29.
43      No obstante, debe precisarse que, para garantizar el efecto útil del artículo 7 del Reglamento n.º 1169/2011 en relación con las normas establecidas en la Directiva 2005/29 y la aplicación coherente de estos dos actos normativos, una práctica en materia de información alimentaria que sea conforme con el conjunto de los requisitos derivados de dicho artículo 7 no puede, en principio, estar prohibida por la Directiva 2005/29.
44      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en el ámbito alimentario, el comportamiento de un comerciante constitutivo de una práctica comercial engañosa, a efectos del artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva, pueda sancionarse con arreglo a la normativa nacional de transposición de esa Directiva, en un supuesto en el que ese comportamiento también está comprendido en la prohibición establecida en el artículo 7 del Reglamento n.º 1169/2011 y en la normativa nacional de aplicación de ese Reglamento.
Tercera cuestión prejudicial
45      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si el régimen sancionador previsto en el artículo 3 del Decreto Legislativo n.º 231/2017 es conforme con el artículo 13 de la Directiva 2005/29, en virtud del cual los Estados miembros están obligados a establecer sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias aplicables para los casos de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a esa Directiva.
46      El Gobierno italiano y la Comisión Europea albergan dudas en cuanto a la admisibilidad de la tercera cuestión prejudicial, señalando que la sanción impuesta a Lidl Italia se adoptó únicamente sobre la base del Código de Consumo, que transpone la Directiva 2005/29 al Derecho italiano, y no del Decreto Legislativo n.º 231/2017, de modo que este último no es pertinente para la resolución del litigio principal.
47      A este respecto, es preciso recordar que la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea eficaz para el juez nacional exige que este respete escrupulosamente los requisitos relativos al contenido de la petición de decisión prejudicial expresamente mencionados en el artículo 94 del Reglamento del Procedimiento del Tribunal de Justicia, que el órgano jurisdiccional remitente, en el marco de la cooperación instaurada en el artículo 267 TFUE, debe conocer. Estos requisitos, por otro lado, se recuerdan en los puntos 13, 15 y 16 de las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO C, C/2024/6008) (sentencias de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, apartado 68 y jurisprudencia citada, y de 11 de septiembre de 2025, Bervidi, C‑38/24, EU:C:2025:690, apartado 82).
48      De este modo, es indispensable, como dispone el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento, que la resolución de remisión contenga la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal (sentencias de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, apartado 69 y jurisprudencia citada, y de 11 de septiembre de 2025, Bervidi, C‑38/24, EU:C:2025:690, apartado 83).
49      En el caso de autos, la petición de decisión prejudicial no responde, por lo que respecta a la tercera cuestión prejudicial, a los requisitos recordados en el apartado anterior de la presente sentencia.
50      En efecto, por una parte, de esta petición se desprende claramente que solo se impuso a Lidl Italia una sanción con arreglo al Código de Consumo, que transpone la Directiva 2005/29 al Derecho italiano. El órgano jurisdiccional remitente no proporciona ninguna indicación que sugiera que, para resolver el litigio principal, podría verse obligado a pronunciarse sobre el régimen sancionador previsto en el artículo 3 del Decreto Legislativo n.º 231/2017 que, como se desprende inequívocamente del tenor de esta disposición, solo se aplica a las infracciones de las disposiciones del artículo 7 del Reglamento n.º 1169/2011. Por otra parte, ese órgano jurisdiccional no explica en modo alguno las razones por las que estima que debe examinarse la conformidad del artículo 3 del Decreto Legislativo n.º 231/2017 con el artículo 13 de la Directiva 2005/29, siendo así que esta última disposición solo regula las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de dicha Directiva.
51      En estas circunstancias, es preciso señalar que el órgano jurisdiccional remitente no ha expuesto suficientemente las razones que le han llevado a preguntarse acerca de la interpretación del artículo 13 de la Directiva 2005/29 ni la relación que establece entre esta disposición y el Decreto Legislativo n.º 231/2017.
52      De ello se deduce que la tercera cuestión prejudicial es inadmisible.
Costas
53      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»),
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a que, en el ámbito alimentario, el comportamiento de un comerciante constitutivo de una práctica comercial engañosa, a efectos del artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva, pueda sancionarse con arreglo a la normativa nacional de transposición de esa Directiva, en un supuesto en el que ese comportamiento también está comprendido en la prohibición establecida en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión, y en la normativa nacional de aplicación del Reglamento n.º 1169/2011.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: italiano.