Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. RIMVYDAS NORKUS
presentadas el 5 de febrero de 2026 (1)
Asunto C‑606/24
XY, y otros
contra
Ministerul Finanţelor
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest, Rumanía)]
« Procedimiento prejudicial — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Independencia judicial — Tribunal establecido previamente por la ley — Normativa nacional que obliga a los órganos jurisdiccionales inferiores a plantear una petición de decisión prejudicial al órgano jurisdiccional superior — Asuntos relativos la determinación o al pago de derechos salariales o de derechos relacionados con los salarios del personal abonados con cargo a fondos públicos — Obligación de plantear una cuestión prejudicial sobre cuestiones de Derecho que no han sido resueltas anteriormente por el órgano jurisdiccional supremo — Incidencia en el procedimiento del artículo
267 TFUE »
I.      Introducción
1.        En el presente asunto, se solicita al Tribunal de Justicia que examine de nuevo la cuestión del Estado de Derecho y de la independencia del poder judicial desde la perspectiva de la independencia interna dentro del propio poder judicial. A pesar de la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el principio de independencia judicial, (2) el presente asunto plantea una cuestión de Derecho inédita, ya que el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre la compatibilidad con ese principio de un procedimiento nacional de remisión prejudicial. El procedimiento nacional obliga a los órganos jurisdiccionales inferiores que resuelven determinadas cuestiones a dirigirse al órgano jurisdiccional supremo para que este se pronuncie sobre una cuestión de Derecho.
2.        La presente petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest, Rumanía) se inscribe en el marco de un recurso interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por varias personas contra el Ministerul Finanțelor (Ministerio de Hacienda, Rumanía) (en lo sucesivo, «recurrido») en relación, entre otras cosas, con los derechos salariales del personal abonados con cargo a fondos públicos.
3.        La petición se refiere a un Decreto-ley
—OUG n.º 62/2024 (3)adoptado por el Gobierno rumano en 2024 con el fin de garantizar una práctica judicial coherente y armonizada. El OUG n.º 62/2024 establece, en esencia, que si, en el marco de un recurso relativo, en particular, a los derechos salariales del personal abonados con cargo a fondos públicos, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto en primera o segunda instancia considera que la Înalta Curte de Casație şi Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía; en lo sucesivo, «ÎCCJ») (4) no se ha pronunciado sobre una cuestión de Derecho de cuya aclaración dependa la resolución del fondo del asunto, el órgano jurisdiccional en cuestión debe solicitar a la ÎCCJ que se pronuncie sobre dicha cuestión. La resolución de remisión a la ÎCCJ se comunicará a los demás órganos jurisdiccionales competentes para conocer, en primera o segunda instancia, de litigios similares. Estos órganos jurisdiccionales deben suspender los procedimientos sobre recursos similares pendientes ante ellos hasta que la ÎCCJ se haya pronunciado sobre la cuestión de Derecho de que se trate. A este respecto, la ÎCCJ debe pronunciarse sobre la cuestión de Derecho en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de remisión.
4.        Los recurrentes en el procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente alegan que no se puede privar a los órganos jurisdiccionales del derecho a resolver asuntos y que una sola instancia judicial, la ÎCCJ, no puede pronunciarse sobre una cuestión de Derecho que afecta a numerosos asuntos diferentes. El órgano jurisdiccional remitente desea saber si el artículo
2 TUE, el artículo
19 TUE, apartado
1, párrafo segundo, y el artículo
47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») se oponen a tal normativa nacional. Pone de relieve que la Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă ( Ley n.º 134/2010 por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil) (5) ya prevé la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales de última instancia soliciten a la ÎCCJ una resolución sobre una cuestión de Derecho que requiera aclaraciones. No obstante, a diferencia del procedimiento establecido en el OUG n.º 62/2024, que solo resulta aplicable a procedimientos relativos, entre otras cosas, a los derechos salariales y de pensión del personal abonados con cargo a fondos públicos, el procedimiento previsto en el Código de Enjuiciamiento Civil es de carácter facultativo y tiene un ámbito de aplicación ratione materiae más amplio.
5.        Dado que tanto la independencia judicial como la seguridad jurídica que se derivan de la coherencia o uniformidad de la jurisprudencia (6) son elementos inherentes al Estado de Derecho, (7) puede surgir cierta tensión entre estos dos elementos que el Tribunal de Justicia debe conciliar.
6.        Sería un tanto engañoso no reconocer de entrada ciertas similitudes entre el procedimiento del OUG n.º 62/2024 y el del artículo
267 TFUE. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia debe examinar cómo interactúan esos dos procedimientos de remisión prejudicial y si el procedimiento nacional previsto en el OUG n.º 62/2024 interfiere en el procedimiento de remisión prejudicial establecido en el artículo
267 TFUE y en la primacía del Derecho de la Unión.
II.    Marco jurídico — Derecho rumano
A.      OUG n.º 62/2024
7.        Los artículos
1 a 4 del OUG n.º 62/2024 disponen:
«Artículo 1
(1)      El presente Decreto-ley se aplicará a los procedimientos relativos al establecimiento o al pago de los derechos salariales o de los derechos relacionados con los salarios del personal abonados con cargo a fondos públicos […]
(2)      El presente Decreto-ley se aplicará también a los procedimientos relativos al establecimiento o al pago de derechos de pensión […]
[…]
Artículo 2
(1)      Si, en el curso de los procedimientos a que se refiere el artículo 1, la formación de jueces que conoce del asunto en primera o segunda instancia aprecia que la [ÎCCJ] no se ha pronunciado sobre una cuestión de Derecho de cuya aclaración dependa la resolución del fondo del asunto, y que esa cuestión de Derecho tampoco es objeto de un recurso de casación pendiente en interés de la ley, solicitará a la [ÎCCJ] que dicte una resolución en la que ofrezca una solución de principio a esa cuestión de Derecho.
(2)      El órgano jurisdiccional remitente también enviará una copia de la resolución de remisión de la cuestión de Derecho, junto con la comunicación a la [ÎCCJ], por correo electrónico, a los demás órganos jurisdiccionales que conozcan, en primera o segunda instancia, de litigios de la misma naturaleza que el procedimiento en el que se dictó esa resolución. […]
(3)      Los procedimientos relativos a asuntos similares que se encuentren pendientes ante los órganos jurisdiccionales quedarán suspendidos hasta que la [ÎCCJ] adopte la decisión prejudicial sobre la cuestión de Derecho.
[…]
(5)      Las remisiones a que se refiere el apartado 1 se resolverán con carácter prioritario en un plazo máximo de sesenta días a partir de la fecha de remisión del asunto a la [ÎCCJ].
(6)      La motivación de la resolución se comunicará a más tardar quince días después de la fecha de su pronunciamiento y la resolución se publicará, a más tardar, cinco días después de la comunicación de la motivación, en el Monitorul Oficial al României, Parte I.
Artículo 3
Las disposiciones de los artículos
1 y 2 se aplicarán también a los procedimientos en curso en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-ley.
Artículo 4
Las disposiciones del presente Decreto-ley se completarán con [el Código de Enjuiciamiento Civil] […]»
B.      Código de Enjuiciamiento Civil
8.        Los artículos
519 a 521 del Código de Enjuiciamiento Civil, relativos a la remisión prejudicial ante la ÎCCJ con el fin de resolver una o varias cuestiones de Derecho, establecen:
«Artículo 519
Objeto de la remisión
Si, en el curso del procedimiento, una formación de jueces de la [ÎCCJ], de un tribunal de apelación o de un tribunal regional que resuelva en última instancia aprecia que una cuestión de Derecho de cuya aclaración dependa la resolución del fondo del asunto es nueva y que la [ÎCCJ] no se ha pronunciado sobre ella, y que esa cuestión de Derecho tampoco es objeto de un recurso de casación pendiente en interés de la ley, esa formación de jueces podrá solicitar a la [ÎCCJ] que dicte una resolución en la que ofrezca una solución de principio a esa cuestión de Derecho.
Artículo 520
Procedimiento
(1)      Siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo
519, la formación de jueces remitirá el asunto a la [ÎCCJ], tras un intercambio de opiniones, mediante una resolución que no podrá ser objeto de recurso alguno. Si en la resolución se ordena remitir el asunto, la remisión incluirá los motivos que justifican su admisibilidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo
519, así como el punto de vista de la formación de jueces y de las partes.
(2)      Mediante la resolución prevista en el apartado 1, el procedimiento quedará suspendido hasta que la [ÎCCJ] adopte la decisión prejudicial sobre la cuestión de Derecho.
(3)      Una vez inscrito el asunto en el registro de la [ÎCCJ], la resolución de remisión se publicará en el sitio de Internet de dicho tribunal.
(4)      Los procedimientos relativos a asuntos similares que se encuentren pendientes ante los órganos jurisdiccionales podrán suspenderse hasta que se resuelva el procedimiento de remisión.
[…]
(7)      […] [el Presidente de la formación] designará a un juez para que redacte un informe sobre la cuestión de Derecho planteada. […]
[…]
(10)      El informe se notificará a las partes que, en un plazo de 15 días a partir de su notificación, presentarán […] sus observaciones escritas sobre la cuestión de Derecho planteada.
[…]
(12)      La remisión se tramitará, sin citar a las partes, en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de la resolución [de remisión], y la solución será adoptada por al menos dos tercios del número de jueces de la formación. No se permitirá la abstención en la votación.
Artículo 521
Contenido y efectos de la resolución
(1)      La formación encargada de la resolución de cuestiones de Derecho se pronunciará sobre la remisión mediante una resolución, únicamente en lo que respecta a la cuestión de Derecho que deba resolverse.
[…]
(3)      Las soluciones adoptadas sobre cuestiones de Derecho serán vinculantes a partir de la fecha de publicación de la resolución en el Monitorul Oficial al României, Parte I, y, para el órgano jurisdiccional que haya solicitado la resolución de la cuestión de Derecho de que se trate, a partir de la fecha de pronunciamiento de la resolución.
[…]»
III. Litigio principal y cuestión prejudicial
9.        El 20 de noviembre de 2023, los recurrentes interpusieron un recurso ante el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) solicitando al recurrido, entre otras cosas, que recalculara y abonara, sobre la base del principio de no discriminación, la diferencia entre los derechos salariales efectivamente pagados y los derechos salariales adeudados al nivel máximo de remuneración para puestos similares en varias administraciones e instituciones públicas. El 14 de junio de 2024 y, por lo tanto, durante el desarrollo de dicho procedimiento, entró en vigor el OUG n.º 62/2024. Con arreglo al artículo
3 del OUG n.º 62/2024, los artículos
1 y 2 de este resultan aplicables también a los procedimientos pendientes de resolución en la fecha de entrada en vigor de dicho Decreto-ley. En una vista celebrada el 4 de septiembre de 2024, el órgano jurisdiccional remitente preguntó a las partes si consideraban conveniente plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia. Los recurrentes alegaron, en esencia, que «no se puede privar a un órgano jurisdiccional que conoce de un litigio relativo a derechos salariales del derecho a resolver un asunto y que una única formación de jueces [ (8)] no puede resolver, a nivel nacional, una cuestión de Derecho que afecta a muchos asuntos diferentes». El recurrido arguyó que el OUG n.º 62/2024 se adoptó con el fin de unificar la jurisprudencia divergente y de garantizar la estabilidad de las relaciones jurídicas en el ámbito de los derechos salariales del personal abonados con cargo a fondos públicos.
10.      El Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) sometió el asunto al Tribunal de Justicia el 17 de septiembre de 2024 e indicó cinco razones que le llevaron a plantear una petición de decisión prejudicial.
11.      En primer lugar, de conformidad con la jurisprudencia de la ÎCCJ relativa al artículo
519 del Código de Enjuiciamiento Civil, la función de dicho órgano jurisdiccional en virtud de esta disposición es excepcional. Solo se produce cuando una cuestión de Derecho que es decisiva para resolver el fondo del asunto no está suficientemente clara y, por lo tanto, puede dar lugar a una jurisprudencia no unitaria. La ÎCCJ no tiene la facultad de sustituir al juez o jueces que conocen del asunto. La ÎCCJ no puede resolver las cuestiones de Derecho que se planteen en un asunto, a menos que esas cuestiones planteen dificultades. Además, el procedimiento previsto en el artículo
519 del Código de Enjuiciamiento Civil es facultativo y los jueces son libres de apreciar la dificultad de la cuestión de Derecho y de tramitar el asunto sobre la base de sus hechos concretos. Esta disposición garantiza asimismo que solo el órgano jurisdiccional de última instancia pueda acudir a la ÎCCJ si comprueba la existencia de una cuestión de Derecho nueva que no es objeto de un recurso de casación en interés de la ley en virtud de los artículos
514 a 518 del Código de Enjuiciamiento Civil. Además, el artículo
519 del citado Código es aplicable a toda persona.
12.      En cambio, para los asuntos comprendidos en su ámbito de aplicación, el OUG n.º 62/2024 transforma un procedimiento facultativo en un procedimiento obligatorio, ya que obliga a los órganos jurisdiccionales a acudir a la ÎCCJ aun cuando no tengan ninguna duda sobre el fondo del asunto. El OUG n.º 62/2024 modifica el concepto de «cuestión de Derecho» que figura en el artículo
519 del Código de Enjuiciamiento Civil. Este concepto no está definido por la ley y la ÎCCJ ha aclarado su significado para garantizar una delimitación estricta entre, por un lado, el análisis y la interpretación de las normas jurídicas en el marco del mecanismo de unificación de la práctica judicial, y, por otro, resoluciones concretas e individuales.
13.      Por otra parte, la exigencia de acudir a la ÎCCJ y la suspensión automática de todos los procedimientos relativos a asuntos similares que se hallen pendientes de resolución ante los órganos jurisdiccionales viola el principio de independencia de los jueces, ya que les priva de la posibilidad de evaluar la manera en que la cuestión de Derecho debe resolverse y adaptarse al asunto de que conocen. Puede dar lugar a un retraso considerable en los asuntos sometidos a los órganos jurisdiccionales, lo que complica aún más la gestión eficaz de los asuntos y dilata la duración de los procedimientos judiciales. Ello contraviene el objetivo declarado del OUG n.º 62/2024 de hacer más eficiente la administración de justicia.
14.      Con arreglo a la jurisprudencia de la ÎCCJ, la función de dicho órgano jurisdiccional en virtud del artículo
519 del Código de Enjuiciamiento Civil no es aplicar la ley para resolver el asunto de que se trate. Esta responsabilidad incumbe al órgano jurisdiccional que conoce del asunto. El órgano jurisdiccional remitente considera que la jurisprudencia antes mencionada de la ÎCCJ relativa a la admisibilidad de tal remisión carece de objeto si los jueces están obligados a remitir todos los asuntos comprendidos en el ámbito de aplicación del OUG n.º 62/2024 a la ÎCCJ.
15.      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que el OUG n.º 62/2024 es contrario a los principios del Estado de Derecho y de separación de poderes. Constituye una injerencia inadmisible del poder ejecutivo en la actividad judicial. El OUG n.º 62/2024 no indica por qué solo se aplica a determinados procedimientos judiciales y no establece requisitos o plazos claros y precisos. De conformidad con el preámbulo del OUG n.º 62/2024, su adopción es necesaria debido a una práctica judicial no unitaria que puede afectar negativamente al presupuesto general y a la estabilidad socioeconómica. Ello da a entender que el procedimiento de unificación de la práctica judicial debe conducir a resultados favorables para el presupuesto del Estado, demostrando así que el legislador tiene ciertas expectativas en cuanto al resultado del procedimiento de unificación.
16.      En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que el OUG n.º 62/2024 vulnera el derecho a un juez imparcial garantizado, entre otros, por el artículo
47 de la Carta. Los justiciables pueden percibir que el referido Decreto-ley favorece a la Administración en asuntos relativos a derechos salariales y que los jueces de los órganos jurisdiccionales inferiores no gozan de la confianza pública necesaria para adoptar resoluciones por sí mismos, lo que socava la confianza pública en el sistema judicial. Crea, además, un peligroso precedente de centralización excesiva de la jurisprudencia y de uniformización forzosa de la interpretación de la ley en determinadas categorías de litigios. Los mecanismos destinados a garantizar la coherencia de la jurisprudencia no pueden prescindir del requisito de acceso a un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley.
17.      En cuarto lugar, el hecho de que haya un gran número de asuntos pendientes ante los órganos jurisdiccionales no puede confundirse con la existencia de una jurisprudencia divergente. En cualquier caso, tal divergencia es inherente a cualquier sistema judicial que se base en una red de órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia con competencia territorial. (9) La normativa rumana (10) contiene suficientes mecanismos para la unificación de la práctica judicial. El Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) considera que el principio de independencia judicial también se aplica dentro del poder judicial. Según la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho
(Comisión de Venecia), «una organización jerárquica de la magistratura en la cual los jueces estarían subordinados a los presidentes de los tribunales o a instancias superiores en el ejercicio de su actividad jurisdiccional violaría manifiestamente este principio». (11)
18.      En quinto lugar, en su Hotărârea nr. 2 din 27 iunie 2019 (sentencia n.º 2, de 27 de junio de 2019; en lo sucesivo, «Sentencia n.º 2/2019»), la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional, Rumanía) confirmó los resultados del referéndum nacional de 26 de mayo de 2019, en el que la ciudadanía rumana expresó, entre otras cosas, su acuerdo con la prohibición de la adopción por el Gobierno rumano de decretos-leyes en el ámbito de la organización judicial. El OUG n.º 62/2024 es un Decreto-ley de este tipo. Por lo tanto, según el órgano jurisdiccional remitente, el Gobierno rumano debería «haber respetado la «obligación de lealtad constitucional» y haber propuesto al Parlamento la adopción de una ley en dicha materia».
19.      Habida cuenta de lo anterior, el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo (en relación con el artículo 2 TUE y con el artículo 47 de la [Carta]) en el sentido de que el principio de independencia de los jueces se opone a una normativa nacional que establece la obligación de que las formaciones de jueces competentes para conocer de los procedimientos relativos a la determinación o al pago de los derechos salariales o de naturaleza salarial del personal remunerado con fondos públicos soliciten a la [ÎCCJ] que, en todos los asuntos de los que conozcan, emita un pronunciamiento previo sobre cuestiones de Derecho que no hayan sido previamente resueltas por el Tribunal Supremo, mermando con ello la capacidad de que los jueces encargados de los asuntos de que se trate los resuelvan de forma independiente por el mero hecho de que la práctica judicial no unitaria puede afectar al presupuesto y a la estabilidad socioeconómica del país?»
IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
20.      El órgano jurisdiccional remitente solicitó al Tribunal de Justicia que tramitara el presente asunto mediante el procedimiento acelerado previsto en el artículo
105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Mediante auto de 12 de febrero de 2025, el Tribunal de Justicia denegó dicha solicitud. El Tribunal de Justicia consideró, entre otras cosas, que no existían circunstancias excepcionales que justificaran la utilización de dicho procedimiento.
21.      Han presentado observaciones escritas el Gobierno rumano y la Comisión Europea.
22.      El 30 de septiembre de 2025, el Tribunal de Justicia instó al Gobierno rumano a que facilitara, a más tardar el 3 de octubre de 2025, el texto de los artículos
514 a 521 del Código de Enjuiciamiento Civil aplicable a los hechos del litigio principal. El Gobierno rumano atendió este requerimiento.
V.      Apreciación
23.      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
19 TUE, apartado
1, párrafo segundo, en relación con el artículo
2 TUE y el artículo
47 de la Carta, y el principio de independencia judicial se oponen a una normativa nacional que obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen de asuntos relativos, entre otros, a los derechos salariales del personal abonados con cargo a fondos públicos, a solicitar al órgano jurisdiccional supremo que emita un pronunciamiento previo sobre una cuestión de Derecho que no haya sido previamente resuelta por este último órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional remitente considera que esta obligación, junto con la obligación que incumbe a otros órganos jurisdiccionales que conocen de recursos similares de suspender los procedimientos pendientes de resolución ante ellos, menoscaba la independencia de los jueces de los órganos jurisdiccionales inferiores.
24.      Con carácter preliminar, es útil subrayar algunos elementos del sistema judicial rumano que son pertinentes para comprender el mecanismo introducido por el OUG n.º 62/2024 y su articulación con las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión. Según el artículo
126, apartado
3, de la Constituția României (Constitución de Rumanía), la ÎCCJ proporcionará una interpretación y aplicación unitarias de la ley por el resto de los tribunales de justicia, según su competencia. Los tribunales supremos de muchos Estados miembros tienen encomendada esa misma función, que generalmente cumplen conociendo de recursos de casación. Estos recursos de casación se limitan a menudo a cuestiones de Derecho. (12) Por este motivo, los asuntos en los que se plantea una cuestión jurídica importante pueden, en principio, ser objeto de recurso ante el órgano jurisdiccional supremo del Estado miembro de que se trate. Para que los tribunales supremos puedan centrarse en cuestiones de importancia fundamental, pueden aplicarse diversas normas procesales, como el control de los recursos de casación. (13)
25.      En el presente asunto, parece que (14) en el ordenamiento jurídico rumano determinadas cuestiones jurídicas planteadas en asuntos relativos, entre otros ámbitos, al establecimiento o al pago de los derechos salariales del personal abonados con cargo a fondos públicos no pueden ser necesariamente objeto de recurso ante la ÎCCJ. En tales asuntos, los órganos jurisdiccionales distintos de la ÎCCJ actúan como órganos jurisdiccionales de última instancia. Sin embargo, el OUG n.º 62/2024 establece un mecanismo que garantiza que una cuestión de Derecho que tal vez no sea resuelta en casación por la ÎCCJ se someta, pese a ello, a dicho órgano jurisdiccional mediante un mecanismo obligatorio de remisión prejudicial. En mi opinión, ese mecanismo plantea una cuestión jurídica adicional que abordaré en la última sección de las presentes conclusiones: en tales circunstancias, ¿cuál es el órgano jurisdiccional cuya decisión no es susceptible de ulterior recurso judicial de Derecho interno con arreglo al artículo
267 TFUE, párrafo tercero?
26.      Antes de analizar esas cuestiones, examinaré en primer lugar la competencia del Tribunal de Justicia en el contexto de la presente petición de decisión prejudicial. A continuación, recordaré brevemente los aspectos pertinentes de la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia sobre el Estado de Derecho, con especial referencia a los procedimientos destinados a unificar la jurisprudencia nacional, antes de analizar esa jurisprudencia a la luz de las preocupaciones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente. Por último, a la luz de las observaciones de la Comisión a este respecto, examinaré si el procedimiento nacional en cuestión puede poner en peligro el diálogo entre los órganos jurisdiccionales rumanos y el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo
267 TFUE y la primacía del Derecho de la Unión.
A.      Competencia del Tribunal de Justicia y admisibilidad de la cuestión prejudicial
27.      El Gobierno rumano y la Comisión consideran que el artículo
47 de la Carta no es aplicable al litigio principal.
28.      El ámbito de aplicación de la Carta en lo que se refiere a la actuación de los Estados miembros se define en su artículo
51, apartado
1, que establece que las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros
únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Así pues, los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión resultan aplicables en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas. (15) El órgano jurisdiccional remitente no ha aportado indicación alguna de que el litigio principal tenga por objeto la interpretación o aplicación de una norma del Derecho de la Unión aplicada a nivel nacional. (16) Por consiguiente, de conformidad con el artículo
51, apartado
1, de la Carta, el artículo
47 de esta no resulta aplicable, como tal, al presente asunto.
29.      El artículo 19 TUE, que se refiere con mayor concreción al valor del Estado de Derecho proclamado en el artículo 2 TUE, confía a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia la tarea de garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial que ese ordenamiento jurídico confiere a los justiciables. (17) En virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos para garantizar la tutela judicial efectiva en «los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión», con independencia de la situación en la que los Estados miembros apliquen este Derecho. Esta disposición es aplicable a cualquier instancia nacional que pueda pronunciarse, como órgano jurisdiccional, sobre cuestiones relativas a la aplicación o a la interpretación del Derecho de la Unión y, por lo tanto, comprendidas en los ámbitos cubiertos por este Derecho. (18) Así sucede con el órgano jurisdiccional remitente. El Tribunal de Justicia ha declarado que la existencia misma de un control judicial efectivo para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión es inherente a un Estado de Derecho. (19)
30.      Dado que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, obliga a todos los Estados miembros a establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, en el sentido en particular del artículo 47 de la Carta, esta última disposición, aunque no es aplicable al litigio principal, debe tomarse debidamente en consideración a los efectos de la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. (20)
31.      Por consiguiente, el Tribunal de Justicia es competente para interpretar el artículo
2 TUE y el artículo
19 TUE, apartado
1, párrafo segundo, en relación con el artículo
47 de la Carta, en el presente asunto.
32.      Sobre la cuestión de la admisibilidad, considero, al igual que el Gobierno rumano, que la respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente basada en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, puede proporcionar a este último una interpretación del Derecho de la Unión que le permita resolver cuestiones procesales de Derecho nacional
—relativas a su competencia y a la de la ÎCCJ—
antes de pronunciarse sobre el fondo del litigio que se le ha sometido. (21) Además, nada indica que el órgano jurisdiccional remitente no pueda deducir las consecuencias de dicha interpretación. (22) Por lo tanto, la cuestión prejudicial es admisible.
B.      Análisis
33.      Según reiterada jurisprudencia, corresponde a los Estados miembros determinar cómo organizan su Administración de Justicia, en particular el establecimiento, la composición, las competencias y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales nacionales. No obstante, al ejercer esta competencia, los Estados miembros deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión y, en particular, los artículos 2 TUE y 19 TUE. (23)
34.      El principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, al que se refiere el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, constituye un principio general del Derecho de la Unión reiterado por el artículo
47 de la Carta. Como se ha indicado anteriormente, (24) aunque esta última disposición no es aplicable al presente asunto, como tal, debe tomarse debidamente en consideración a la hora de interpretar el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. Del artículo
47, párrafo segundo, primera frase, de la Carta resulta que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. El Tribunal de Justicia ha subrayado que las garantías de acceso a un tribunal independiente, imparcial y predeterminado por la ley constituyen la piedra angular del derecho a un proceso justo. (25)
35.      Existe una abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los aspectos internos (26) y externos (27) de la independencia judicial. Este último aspecto tiene por objeto no solo preservar la independencia de los tribunales respecto de los poderes legislativo y ejecutivo de conformidad con el principio de separación de poderes, sino también proteger a los jueces contra influencias indebidas procedentes del órgano jurisdiccional de que se trate (28) y, a fortiori, de otros tribunales.
36.      El artículo
19 TUE, apartado
1, párrafo segundo, exige asimismo la existencia de un tribunal «establecido previamente por la ley», considerando los vínculos indisociables que existen entre las garantías de independencia judicial, de imparcialidad de los jueces y de acceso a un tribunal de ese tipo. Esta exigencia se refiere no solo a la base jurídica de la propia existencia del tribunal, sino también a la composición del órgano enjuiciador en cada asunto, (29) así como a cualquier otra disposición de Derecho interno cuyo incumplimiento conlleve la irregularidad de la participación de uno o varios jueces en el examen del asunto. (30) Esto implica, en particular, que la formación del órgano jurisdiccional que esté a cargo del asunto adopte ella sola la resolución que ponga fin al proceso. Así, las exigencias de una tutela judicial efectiva requieren, en particular, la existencia de reglas, transparentes y conocidas por los justiciables, sobre la composición de las formaciones que permitan excluir cualquier injerencia indebida, en el proceso de toma de decisiones en un asunto determinado, procedente de personas externas a la formación a cargo de dicho asunto y ante las cuales las partes no hayan podido formular alegaciones. (31) En ocasiones, las exigencias relativas a la composición del órgano jurisdiccional son designadas mediante el concepto de «juez predeterminado por la ley». (32)
37.      El Tribunal de Justicia ha declarado que un Estado miembro podía, en determinadas circunstancias, encomendar a un único órgano o a varios órganos descentralizados la competencia exclusiva para conocer de ciertas cuestiones sustantivas comprendidas en el Derecho de la Unión. La atribución de competencia exclusiva a un único órgano jurisdiccional podía permitir a este adquirir una pericia particular capaz de limitar de este modo la duración media de los procedimientos o de garantizar una práctica uniforme en el territorio nacional, contribuyendo de esta manera a la seguridad jurídica. De igual modo, la designación de órganos jurisdiccionales de mayor grado y cuyos jueces posean una experiencia profesional más dilatada podía facilitar una administración de justicia más homogénea y especializada en el ámbito del Derecho sustantivo de la Unión en cuestión, así como una protección más eficaz de los derechos que confiere a los justiciables este Derecho. (33) No obstante, corresponde a los Estados miembros garantizar, en cada caso, una protección efectiva de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables. (34)
38.      Por lo que respecta específicamente a las medidas nacionales de unificación de la jurisprudencia nacional, el Tribunal de Justicia precisó en su sentencia Hann-Invest que toda medida o práctica nacional que tenga como propósito evitar o corregir divergencias jurisprudenciales y garantizar, así, la seguridad jurídica debe respetar el artículo
19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. (35) El Tribunal de Justicia también señaló en dicha sentencia (36) que un mecanismo procesal que permita que un juez de un órgano jurisdiccional nacional que no sea miembro de la formación competente remita un asunto a una formación ampliada de ese órgano jurisdiccional no incumple las exigencias que se derivan del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, siempre que se cumplan tres requisitos: i) el asunto no se haya sometido aún a deliberación en la formación a la que inicialmente se haya atribuido; ii) los presupuestos para efectuar tal remisión estén claramente determinados en la legislación aplicable, (37) y iii) dicha remisión no prive a las personas interesadas de la posibilidad de participar en el procedimiento ante esa formación ampliada. (38) Como ha puesto de relieve la Comisión, los hechos del presente asunto difieren de los de la sentencia Hann-Invest. El OUG n.º 62/2024 establece un procedimiento obligatorio de unificación de la jurisprudencia por un órgano jurisdiccional superior, a saber, la ÎCCJ, más que un mecanismo o una práctica interna que permite la intervención en la actividad judicial de una formación de otras personas que ejercen una función en el órgano jurisdiccional de que se trate. Además, si bien la remisión a la ÎCCJ es obligatoria en algunos casos, contrariamente a los hechos indicados en la sentencia Hann-Invest, esa remisión tiene su origen en la propia formación de jueces. A pesar de esas diferencias, considero, no obstante, que la resolución del Tribunal de Justicia en dicha sentencia es particularmente instructiva en el contexto del presente procedimiento. En mi opinión, los tres requisitos enunciados en dicha sentencia son de carácter general y pueden aplicarse mutatis mutandis al presente asunto.
39.      Si bien el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) cuestiona la legalidad del OUG n.º 62/2024 por varios motivos, procede subrayar que dicho órgano jurisdiccional no pone en tela de juicio la legalidad de su propia composición ni la de la ÎCCJ. Además, como ha señalado la Comisión, a diferencia de la situación existente en la República de Polonia cuando se dictó la sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), (39) en el presente asunto no se sugiere que el procedimiento previsto en el OUG n.º 62/2024 impida a los órganos jurisdiccionales nacionales que deben aplicar el Derecho de la Unión comprobar si, por su composición, son órganos jurisdiccionales independientes e imparciales establecidos por la ley. (40) El Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) tampoco afirma que estos órganos jurisdiccionales carezcan de imparcialidad en el marco del procedimiento establecido por el OUG n.º 62/2024. (41) Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente no ha planteado dudas en cuanto a su impermeabilidad frente a elementos externos y a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio, ni ha planteado tales dudas con respecto a la ÎCCJ. (42) Además, en el presente asunto, la injerencia alegada en la independencia judicial no resulta de los órganos jurisdiccionales inferiores de Rumanía ni de la propia ÎCCJ, sino más bien de la implicación «obligatoria» de la ÎCCJ en la resolución de los asuntos pendientes ante los órganos jurisdiccionales inferiores de conformidad con el OUG n.º 62/2024.
40.      No obstante, el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) considera que, al adoptar el OUG n.º 62/2024, el poder ejecutivo rumano interfirió de manera inadecuada en el ámbito judicial y menoscabó la independencia de los órganos jurisdiccionales inferiores debido a la obligación de plantear remisiones prejudiciales a la ÎCCJ. El órgano jurisdiccional remitente ha puesto de relieve, en particular, el hecho de que, además del OUG n.º 62/2024, en Rumanía ya existen una serie de procedimientos para evitar divergencias en la jurisprudencia nacional y garantizar la seguridad jurídica. (43) Por ejemplo, los artículos
514 a 518 del Código de Enjuiciamiento Civil establecen un procedimiento de unificación de la jurisprudencia en interés de la ley, (44) mientras que los artículos
519 a 521 del Código de Enjuiciamiento Civil prevén un procedimiento «general» de remisión de cuestiones de Derecho a la ÎCCJ con carácter prejudicial. El Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) se refiere ampliamente a este último procedimiento e insinúa que el OUG n.º 62/2024 es, al menos en cierta medida, redundante y que, por lo tanto, su adopción no está justificada. El órgano jurisdiccional remitente también pone de relieve y critica las diferencias entre el procedimiento previsto en los artículos
519 a 521 del Código de Enjuiciamiento Civil y el del OUG n.º 62/2024. Critica así el carácter obligatorio del previsto en el OUG n.º 62/2024 y el hecho de que se aplique a todos los órganos jurisdiccionales inferiores en lugar de a los órganos jurisdiccionales que resuelven en última instancia y de que obligue a dichos órganos jurisdiccionales a acudir a la ÎCCJ aun cuando no tengan ninguna duda sobre el fondo del asunto. En esencia, el órgano jurisdiccional remitente considera que ello conduce a la usurpación de competencia de los órganos jurisdiccionales inferiores por parte de la ÎCCJ.
41.      El Gobierno rumano señala, no obstante, que el OUG n.º 62/2024 no establece un procedimiento «mecánico» o «automático» para la remisión de cualquier nueva cuestión de Derecho a la ÎCCJ. De conformidad con los artículos 519 y 520 del Código de Enjuiciamiento Civil, (45) que completan el OUG n.º 62/2024, las cuestiones de Derecho inéditas no requieren una remisión prejudicial a la ÎCCJ. Solo las cuestiones de Derecho difíciles que puedan dar lugar a resoluciones divergentes pueden ser objeto de una remisión prejudicial a la ÎCCJ. Los órganos jurisdiccionales inferiores deben apreciar si se cumplen todos los requisitos de admisibilidad antes de plantear una cuestión de Derecho a la ÎCCJ y las razones que justifican tal remisión deben exponerse en la resolución de remisión. (46) El Gobierno rumano afirmó asimismo que, con el fin de no mermar la función de los tribunales ordinarios, la función de la ÎCCJ en virtud del OUG n.º 62/2024 reviste un carácter excepcional. Además, si bien la interpretación de una cuestión de Derecho adoptada por la ÎCCJ es vinculante en virtud del artículo
521, apartado
3, del Código de Enjuiciamiento Civil y del artículo
126, apartado
3, de la Constitución de Rumanía, la ÎCCJ no puede aplicar su interpretación de la cuestión de Derecho a las circunstancias específicas de un asunto. Esta función incumbe exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente. Así pues, una decisión prejudicial de la ÎCCJ solo proporciona una respuesta abstracta a una cuestión de Derecho difícil.
42.      Procede subrayar de entrada que, en principio, es competencia del poder legislativo o del poder ejecutivo rumanos apreciar si es necesaria la adopción de un mecanismo adicional de unificación de la jurisprudencia. (47) Considero, al igual que la Comisión, que la existencia de otros procedimientos de Derecho nacional con objetivos y mecanismos similares no cuestiona, en sí misma, la legalidad del OUG n.º 62/2024 a la luz del artículo
19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. Parece que el referido Decreto-ley es una lex specialis que, en determinados casos, establece una excepción a los artículos
519 a 521 del Código de Enjuiciamiento Civil. El procedimiento previsto en el OUG n.º 62/2024 se completa asimismo con estas disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y se basa en gran medida en ellas. Además, la jurisprudencia de la ÎCCJ relativa a los artículos
519 a 521 del Código de Enjuiciamiento Civil y, en particular, la competencia de la ÎCCJ en virtud de esta parece aplicarse mutatis mutandis en el contexto del procedimiento previsto en el OUG n.º 62/2024. Basta con señalar que el órgano jurisdiccional remitente no cuestiona la legalidad de esas disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil ni, por otra parte, ningún otro procedimiento de unificación de la jurisprudencia en Rumanía. Además, ningún elemento de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia indica que la coexistencia de tales procedimientos dé lugar, entre otras cosas, a inseguridad jurídica, menoscabando así el Estado de Derecho.
43.      Parece (48) que la competencia de la ÎCCJ y la de los órganos jurisdiccionales que le remiten cuestiones de Derecho en virtud del OUG n.º 62/2024 están definidas de manera clara y precisa por la legislación y la jurisprudencia nacionales. (49) La competencia de la ÎCCJ se limita estrictamente a la interpretación de cuestiones de Derecho difíciles y abstractas que es probable que den lugar a divergencias en la jurisprudencia en asuntos relativos, entre otros aspectos, a los derechos salariales del personal abonados con cargo a fondos públicos. De ello se deduce que, a pesar de la obligación que incumbe a los órganos jurisdiccionales inferiores de remitir tales cuestiones de Derecho a la ÎCCJ para su interpretación, la función de este último órgano jurisdiccional en virtud del OUG n.º 62/2024 solo se plantea en circunstancias limitadas y definidas, por lo que reviste un carácter excepcional. Así se desprende, en particular, de las normas relativas a la admisibilidad de las remisiones prejudiciales en virtud del artículo
519 del Código de Enjuiciamiento Civil que se aplican a tales remisiones en virtud del OUG n.º 62/2024. (50) Más importante aún, la ÎCCJ no es competente para aplicar su interpretación de la cuestión de Derecho de que se trate a los hechos de un asunto concreto y para pronunciarse sobre él. Parece que, con arreglo al artículo
521, apartado
1, del Código de Enjuiciamiento Civil y, en particular, mediante el empleo del término «únicamente» que figura en él, dicha competencia se reserva estrictamente al órgano jurisdiccional inferior que ha remitido la cuestión de Derecho a la ÎCCJ para su interpretación o a un órgano jurisdiccional inferior que haya suspendido un procedimiento relativo a un asunto similar en virtud del artículo
2, apartado
3, del OUG n.º 62/2024 hasta que la ÎCCJ se pronuncie sobre la cuestión de Derecho. De este modo, el procedimiento previsto en el referido Decreto-ley, completado por los artículos 519 a 521 del Código de Enjuiciamiento Civil, garantiza que la ÎCCJ no usurpe la competencia de los órganos jurisdiccionales inferiores de que se trate para pronunciarse sobre los hechos concretos de un asunto.
44.      No excluyo que el hecho de privar a los órganos jurisdiccionales inferiores de la posibilidad de pronunciarse sobre una cuestión de Derecho y de obligarlos a remitir esa tarea a la ÎCCJ pueda percibirse como una muestra de cierta desconfianza hacia los órganos jurisdiccionales inferiores. No obstante, considero que el procedimiento previsto en el OUG n.º 62/2024 puede estar justificado por el objetivo de evitar la aparición de una jurisprudencia contradictoria a nivel de los órganos jurisdiccionales inferiores, que puede tardar un tiempo considerable en resolverse mediante el procedimiento de recurso ordinario. (51) Así pues, corresponde a los responsables políticos rumanos ponderar los intereses en juego y encontrar un equilibrio adecuado entre el objetivo de garantizar, de manera preventiva, la coherencia de la jurisprudencia y la preservación de la plena competencia de los órganos jurisdiccionales inferiores para pronunciarse sobre un asunto. El cumplimiento de las exigencias derivadas del artículo
19 TUE, apartado
1, debe garantizarse en el marco de este ejercicio.
45.      Parece (52) que la competencia de la ÎCCJ y su resolución sobre una cuestión de Derecho intervienen antes de la deliberación final (53) de los asuntos
por parte de la formación a la que estos se atribuyeron inicialmente. Por lo tanto, es la formación del órgano jurisdiccional inferior encargada del asunto la que adopta la resolución que pone fin al procedimiento, garantizando así que se cumpla el primer requisito indicado en la sentencia Hann-Invest. (54) Esta conclusión no queda desvirtuada por la obligación de suspender los procedimientos relativos a otros asuntos similares hasta que la ÎCCJ se pronuncie sobre la cuestión de Derecho, aun cuando estos asuntos se encuentren en la fase de deliberación del procedimiento. La suspensión obligatoria de asuntos sometidos a órganos jurisdiccionales inferiores a la espera de que los tribunales supremos, constitucionales o incluso internacionales resuelvan una cuestión jurídica es una característica inherente a diversos sistemas procesales nacionales. Está claramente justificada por el objetivo de evitar que los órganos jurisdiccionales inferiores adopten decisiones que puedan entrar en conflicto con una interpretación (inminente) de una cuestión de Derecho por parte de los tribunales supremos, constitucionales o internacionales. (55)
46.      Además, los requisitos procesales relativos a la remisión a la ÎCCJ en virtud del OUG n.º 62/2024, en particular los relativos a la admisibilidad y al concepto de «cuestión de Derecho» parecen estar establecidos por la normativa o por la jurisprudencia nacionales y cumplen por tanto el segundo requisito de transparencia enunciado en la sentencia Hann-Invest. (56) Según el Gobierno rumano y la Comisión, para garantizar el respeto del principio de audi alteram partem, (57) un asunto se remite a la ÎCCJ tras un intercambio de opiniones entre las partes. Asimismo, las partes pueden presentar observaciones escritas sobre la cuestión de Derecho examinada ante la ÎCCJ. A la luz de lo dispuesto en el artículo
520, apartados 7 y 10, del Código de Enjuiciamiento Civil, parece cumplirse el principio que establece que las partes deben ser oídas, que forma parte integrante del derecho a un proceso equitativo y a la tutela judicial efectiva, (58) y, por lo tanto, en particular, el tercer requisito de la sentencia Hann-Invest. (59)
47.      Aunque el órgano jurisdiccional remitente ha indicado que el OUG n.º 62/2024 puede dar lugar a un retraso en la tramitación de los asuntos, dicho órgano jurisdiccional no ha indicado que tal retraso se haya producido efectivamente. Además, de conformidad con el artículo
2, apartado
5, del OUG n.º 62/2024, las remisiones a que se refiere el artículo
2, apartado
1, de dicho Decreto-ley deben resolverse con carácter prioritario en un plazo máximo de sesenta días a partir de la fecha de remisión del asunto a la ÎCCJ. Este procedimiento y la consiguiente exigencia de suspensión de los procedimientos relativos a otros asuntos similares (60) es claro y preciso y no parece que pueda dar lugar a retrasos indebidos en los procedimientos, en particular a la luz de las ventajas procesales que se derivan de las resoluciones prejudiciales de la ÎCCJ que interpretan cuestiones de Derecho difíciles y del plazo objetivamente breve en cuestión. Además, el procedimiento del OUG n.º 62/2024 es más acelerado que el previsto en los artículos
519 a 521 del Código de Enjuiciamiento Civil. A este respecto, el artículo
520, apartado
12, de ese Código establece un plazo de tres meses para que la ÎCCJ se pronuncie. Por lo tanto, parece que el OUG n.º 62/2024 mejora, en lugar de poner en peligro, la gestión eficiente de los asuntos. (61)
48.      En su tercera razón para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) considera, en particular, que las declaraciones que figuran en el preámbulo del OUG n.º 62/2024 pueden dar lugar a una percepción de parcialidad judicial, menoscabando así la confianza del público en el sistema judicial. (62) Por lo tanto, se basa esencialmente en la máxima según la cual «no solo debe hacerse justicia, sino que también se debe mostrar que se hace justicia». (63)
49.      Del preámbulo del OUG n.º 62/2024 se desprende que el poder ejecutivo rumano consideraba que «existe un fenómeno generalizado, que se está afianzando, de práctica judicial no unitaria a nivel de los órganos jurisdiccionales que resuelven en los procedimientos relativos al establecimiento o al pago de derechos salariales […]» y que «estas categorías de litigios tienen un impacto directo y considerable en el presupuesto general consolidado, efecto que se ve acentuado por la necesidad de garantizar la igualdad de trato jurídico». El preámbulo indica asimismo que el OUG n.º 62/2024 se adoptó para remediar y prevenir las consecuencias negativas derivadas de este fenómeno de resoluciones judiciales divergentes.
50.      Procede subrayar que el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) no cuestiona la veracidad o el carácter
objetivo del contenido del preámbulo del OUG n.º 62/2024. De dicho preámbulo se infiere que la adopción del referido Decreto-ley estuvo motivada por la existencia de un fenómeno de resoluciones contradictorias de los órganos jurisdiccionales inferiores en un ámbito concreto y por la necesidad primordial de garantizar la estabilidad de las relaciones jurídicas y, en particular, la igualdad ante la ley en los asuntos de ese ámbito. El hecho de que una jurisprudencia uniforme pueda contribuir a una mayor previsibilidad de los gastos presupuestarios no menoscaba, en sí mismo, el Estado de Derecho, tal como se establece en los artículos
2 TUE y 19 TUE, apartado
1, párrafo segundo. En efecto, una jurisprudencia uniforme puede reforzar el Estado de Derecho al reducir la inseguridad jurídica y garantizar la igualdad ante la ley.
51.      Más importante aún, a pesar de la referencia, en el preámbulo del OUG n.º 62/2024, al impacto económico y social de la jurisprudencia no unitaria en cuestión, no hay nada en dicho preámbulo, ni tampoco en el propio Decreto-ley, que obligue a la ÎCCJ a pronunciarse de una manera particular o que lleve a una persona razonable a dudar de que la ÎCCJ resuelva de otro modo que no sea con total imparcialidad. Por lo tanto, parece que el OUG n.º 62/2024 y su preámbulo no conducen a una percepción razonable del hecho de que las resoluciones prejudiciales de la ÎCCJ basadas en dicha normativa pueden ser injustamente parciales en favor del Estado o del presupuesto del Estado. También debo señalar, a mayor abundamiento, que, según el Gobierno rumano, el trato imparcial de dichos asuntos por parte de la ÎCCJ queda confirmado por las resoluciones dictadas hasta la fecha en tales asuntos. Se trata, en definitiva, de cuestiones que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.
52.      Por lo que respecta a la quinta razón del Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, (64) considero que, a pesar de la referencia hecha por el primer órgano jurisdiccional a la sentencia n.º 2/2019 de la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional. Rumanía) y a los resultados del referéndum nacional de 26 de mayo de 2019, no parece que el OUG n.º 62/2024 se haya adoptado infringiendo el Derecho nacional, en particular el Derecho constitucional nacional. El propio órgano jurisdiccional remitente ha subrayado que el referéndum en cuestión era meramente consultivo y que sus efectos eran de naturaleza política y no jurídica. Además, el OUG n.º 62/2024 parece reforzar el papel constitucional de la ÎCCJ, consagrado en el artículo
126, apartado
3, de la Constitución de Rumanía, de garantizar la aplicación y la interpretación coherentes de la ley por todos los órganos jurisdiccionales.
C.      Incidencia en el diálogo entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE
53.      La Comisión considera que cualquier mecanismo procesal destinado a evitar divergencias de jurisprudencia debe garantizar la efectividad del procedimiento de remisión prejudicial previsto en el artículo
267 TFUE y el respeto de la primacía del Derecho de la Unión. De conformidad con el artículo
412, apartado
1, punto 7, del Código de Enjuiciamiento Civil, el planteamiento de una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia suspende el procedimiento. No está claro si esta disposición se aplica también al plazo máximo de sesenta días previsto en el artículo
2, apartado
5, del OUG n.º 62/2024. Si la ÎCCJ resolviera en un plazo de sesenta días, aunque considerara necesario plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, el referido Decreto-ley sería incompatible, entre otros, con el artículo
267 TFUE. Además, si la ÎCCJ resolviera sin esperar la respuesta del Tribunal de Justicia, el procedimiento prejudicial se vería privado de facto de su efecto útil y la ÎCCJ no podría garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión.
54.      Como se ha indicado anteriormente, si bien corresponde a los Estados miembros determinar cómo organizan su Administración de Justicia, estos deben, al ejercer esta competencia, cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. (65) De la respuesta que propongo dar a la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que, aunque el Derecho de la Unión no se opone, en principio, a que los Estados miembros establezcan procedimientos de unificación de la jurisprudencia nacional, como el procedimiento previsto en el OUG n.º 62/2024, la aplicación de tales procedimientos debe cumplir las exigencias que se derivan del Derecho de la Unión, en particular del artículo 267 TFUE. (66)
55.      Para garantizar la preservación de las características específicas y la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, los Tratados han creado un sistema jurisdiccional destinado a garantizar la coherencia y la unidad en la interpretación del Derecho de la Unión, cuya piedra angular es el procedimiento prejudicial previsto en el artículo
267 TFUE. (67) Un órgano jurisdiccional de un Estado miembro cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, como la ÎCCJ, tendrá la obligación, en caso de que se plantee ante él una cuestión relativa a la interpretación del Derecho de la Unión o a la validez de un acto de Derecho derivado, de someter la cuestión al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafo tercero. Esta obligación tiene principalmente como razón de ser impedir que se consolide en un Estado miembro una jurisprudencia nacional que no se atenga a las normas del Derecho de la Unión. (68) El órgano jurisdiccional en cuestión solo podrá quedar dispensado de esa obligación (69) cuando constate que la cuestión suscitada no es pertinente, que la disposición del Derecho de la Unión controvertida ya ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia o que la interpretación correcta del Derecho de la Unión es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable. (70) En cambio, las resoluciones de otros órganos jurisdiccionales nacionales que pueden ser impugnadas por las partes ante un órgano jurisdiccional superior no constituyen decisiones en el sentido del artículo
267 TFUE, párrafo tercero. Si bien dichos órganos jurisdiccionales nacionales tienen la más amplia facultad de plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia, (71) no están obligados a hacerlo. (72)
56.      Una resolución dictada por el Tribunal de Justicia en un procedimiento prejudicial vincula al juez nacional que ha ejercido su facultad discrecional o ha cumplido su obligación de plantear una cuestión prejudicial sobre la interpretación del Derecho de la Unión a efectos de resolver el asunto que se le ha sometido. (73) De no ser así, se reduciría el efecto útil del artículo 267 TFUE. (74)
57.      Debo señalar brevemente que el establecimiento de un mecanismo nacional de remisión prejudicial al tribunal supremo puede, en determinados casos, y dependiendo de la fase en que se encuentre el procedimiento nacional, plantear cuestiones adicionales sobre la identificación del órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial en el sentido del artículo
267 TFUE, párrafo tercero. Esta cuestión no se ha planteado en el presente asunto. No obstante, debe abordarse para examinar la interacción entre un procedimiento nacional obligatorio de remisión prejudicial, como el del presente asunto, y el sistema de tutela judicial creado por el Derecho de la Unión. En el marco del procedimiento previsto en el OUG n.º 62/2024, no cabe duda de que la ÎCCJ actúa como órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial en el sentido del artículo
267 TFUE, párrafo tercero, cuando se pronuncia sobre una petición de decisión prejudicial procedente de órganos jurisdiccionales inferiores y proporciona una interpretación jurídica vinculante sobre la cuestión de Derecho planteada. (75) A falta de tal remisión o cuando la ÎCCJ la declare inadmisible, los órganos jurisdiccionales rumanos que dictan sentencias que no son susceptibles de ulterior recurso actúan como órganos jurisdiccionales en el sentido del artículo
267 TFUE, párrafo tercero. (76) Así sucede también cuando dichos órganos jurisdiccionales se pronuncian sobre otras cuestiones de Derecho que no han sido objeto de remisión a la ÎCCJ. La calificación de un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial en el sentido del artículo
267 TFUE, párrafo tercero, depende, pues, de la remisión o no de una cuestión de Derecho a la ÎCCJ. En cualquier caso, todos los órganos jurisdiccionales conservan la facultad de plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo
267 TFUE, párrafo segundo.
58.      Por lo que respecta al plazo de sesenta días establecido en el artículo
2, apartado
5, del OUG n.º 62/2024, la puesta en práctica de ese plazo, que parece aplicarse únicamente a la ÎCCJ, (77) debe responder a las exigencias derivadas del Derecho de la Unión, en particular del artículo
267 TFUE, párrafo tercero. (78) A este respecto, ningún elemento de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia indica que los órganos jurisdiccionales inferiores de Rumanía, incluido el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest), estén vinculados por ese plazo. Además, esos órganos jurisdiccionales inferiores parecen estar en condiciones de plantear al Tribunal de Justicia cualquier cuestión prejudicial que consideren necesaria en cualquier fase del procedimiento que consideren apropiada, incluso después de que la ÎCCJ se haya pronunciado sobre una cuestión de Derecho en el marco del procedimiento previsto en el OUG n.º 62/2024. (79) Por lo tanto, parece que las observaciones de la Comisión sobre el plazo de sesenta días y el artículo
267 TFUE carecen de objeto, al menos en parte, en el marco del presente procedimiento. No obstante, examinaré brevemente el plazo de sesenta días al que está sujeta la ÎCCJ en aras de la exhaustividad.
59.      El principio de primacía del Derecho de la Unión, que consagra la preeminencia del Derecho de la Unión sobre el Derecho de los Estados miembros, impone la obligación de garantizar la plena eficacia de las distintas normas de la Unión a todos los órganos e instituciones de los Estados miembros, incluidos los órganos jurisdiccionales nacionales, sin que el Derecho de los Estados miembros pueda afectar a la eficacia reconocida a esas distintas normas en el territorio de dichos Estados. (80) De ese principio se desprende que los órganos jurisdiccionales nacionales deben, entre otras cosas, interpretar en la medida de lo posible su Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión, en particular, en el presente asunto, con el artículo
267 TFUE, párrafo tercero. Sin embargo, esta obligación no puede servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional. Habida cuenta de que los órganos jurisdiccionales nacionales son los únicos competentes para interpretar el Derecho nacional, les corresponde apreciar si es posible interpretar la normativa nacional controvertida en el litigio principal de conformidad con las exigencias del artículo 267 TFUE. Dicho esto, corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar determinadas indicaciones útiles a la luz de los elementos que figuran en la resolución de remisión y las observaciones presentadas. (81)
60.      Dado que no parece (82) haber ninguna disposición en el OUG n.º 62/2024 que impida explícitamente la suspensión del plazo de sesenta días de que se trata con arreglo, entre otros, al artículo 412, apartado 1, punto 7, del Código de Enjuiciamiento Civil, considero que es posible interpretar la normativa nacional en cuestión de conformidad con el artículo 267 TFUE. Así pues, si la ÎCCJ plantea al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, debe, para garantizar el efecto útil de esta disposición con arreglo al principio de primacía, suspender el procedimiento del que conoce a la espera de la decisión prejudicial del Tribunal de Justicia, evitando así la expiración o el riesgo de expiración del plazo en cuestión. Además, la ÎCCJ debe aplicar posteriormente esta decisión para resolver el asunto pendiente ante ella. (83) En mi opinión, esta interpretación del Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión no daría lugar a una interpretación del Derecho nacional contra legem.
VI.    Conclusión
61.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada por el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest, Rumanía) del siguiente modo:
«El artículo
2 TUE, el artículo
19 TUE, apartado
1, párrafo segundo, y el artículo
267 TFUE
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el Derecho nacional establezca un mecanismo que obligue a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes para conocer de asuntos relativos al establecimiento o al pago de derechos salariales o de derechos relacionados con los salarios del personal abonados con cargo a fondos públicos a solicitar al órgano jurisdiccional supremo nacional que se pronuncie con carácter prejudicial sobre cuestiones de Derecho que no hayan sido previamente resueltas por este último órgano jurisdiccional, siempre que (i) las condiciones en las que puede efectuarse tal remisión estén claramente establecidas en la legislación aplicable, (ii) la remisión no prive a los interesados de la posibilidad de participar en el procedimiento ante el órgano jurisdiccional supremo nacional y (iii) el Derecho nacional no impida al órgano jurisdiccional supremo o a cualquier otro órgano jurisdiccional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno cumplir la obligación prevista en el artículo
267 TFUE, párrafo tercero, o prive a los órganos jurisdiccionales inferiores de la facultad que les confiere el artículo
267 TFUE, párrafo segundo.»
1      Lengua original: inglés.
2      El Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre la cuestión de la independencia judicial en más de treinta asuntos desde la sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117).
3      OUG nr. 62/2024 privind unele măsuri pentru soluționarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a proceselor privind prestații de asigurări sociale (Decreto-ley
n.º 62/2024, sobre determinadas medidas para resolver los litigios relativos a la retribución del personal remunerado con fondos públicos, así como los litigios relativos a prestaciones de la seguridad social), de 13 de junio de 2024, publicado en el Monitorul Oficial al României, Parte I, n.º 559 de 14 de junio de 2024 (en lo sucesivo, «OUG n.º 62/2024»).
4      Este órgano jurisdiccional es el órgano jurisdiccional más alto o supremo de Derecho común de Rumanía.
5      El Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) también hace una breve referencia al Codul de procedură penală (Código de Enjuiciamiento Criminal).
6      Véase la sentencia de 24 de julio de 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606), apartado 114 y jurisprudencia citada. Véanse también las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») de 20 de octubre de 2011, Nejdet Şahin y Perihan Şahin contra Turquía (CE:ECHR:2011:1020JUD001327905), §§ 56 a 58, y de 29 de noviembre de 2016, Lupeni Greek Catholic Parish y otros c. Rumanía (CE:ECHR:2016:1129JUD007694311), §§ 128, 134 y 135.
7      Véase el considerando 3 del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (DO 2020, L 433I, p. 1).
8      La ÎCCJ.
9      TEDH, 4 de junio de 2013, Tudor c. Rumanía (CE:ECHR:2009:0324JUD002191103), § 29.
10      Véanse el Código de Enjuiciamiento Civil y el Código de Enjuiciamiento Criminal.
11      Véase el Informe sobre la independencia del sistema judicial Parte I: La independencia de los jueces, adoptado por la Comisión de Venecia en su 82.ª Sesión Plenaria (Venecia, 12‑13 de marzo de 2010), CDL-AD(2010)004-e, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)004-e, apartado 68.
12      Véase, por ejemplo, Galič, A., A Civil Law Perspective on the Supreme Court and its Functions, Studia Iuridicia, Vol. 81, Varsovia, 2019, pp. 44 a 86.
13      Véanse las conclusiones del Abogado General Emiliou presentadas en el asunto KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:522), punto 3, en las que señaló que, en las últimas décadas, los Estados miembros de la Unión Europea han mostrado una cierta tendencia a establecer mecanismos de filtrado de los recursos ante el órgano jurisdiccional supremo. Aunque en varios Estados miembros existen ahora algunas formas de mecanismos de filtrado, los tribunales supremos de otros Estados miembros no disponen necesariamente de tales mecanismos. Además, cuando existen tales mecanismos, su funcionamiento puede variar de un Estado miembro a otro.
14      Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo.
15      Véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de noviembre de 2024, S. (Modificación de las salas) (C‑197/23, EU:C:2024:956), apartados 35 a 39, y de 4 de septiembre de 2025, AW ‘T’ (C‑225/22, EU:C:2025:649), apartados 31 a 33 y jurisprudencia citada.
16      El Gobierno rumano alega que el litigio principal se refiere exclusivamente a una disposición de Derecho nacional.
17      Sentencia de 8 de mayo de 2024, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (Asociaciones de jueces y fiscales) (C‑53/23, EU:C:2024:388), apartado 34.
18      Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros (C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, en lo sucesivo, «sentencia Hann-Invest», EU:C:2024:594), apartados 34 a 36.
19      Sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartado 36.
20      Tanto el artículo 47 de la Carta como el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, tienen efecto directo [sentencia de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos), C‑824/18, EU:C:2021:153, apartados 143 a 145].
21      Véase, por analogía, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny (C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234), apartado 51.
22      Véase la sentencia de 9 de enero de 2024, G. y otros (Nombramiento de los jueces ordinarios en Polonia) (C‑181/21 y C‑269/21, EU:C:2024:1), apartado 69.
23      Sentencias de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces) (C‑204/21, EU:C:2023:442), apartado 63, y de 14 de noviembre de 2024, S. (Modificación de las salas) (C‑197/23, EU:C:2024:956), apartado 31.
24      Véanse los puntos 28, 30 y 31 de las presentes conclusiones.
25      Sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces) (C‑204/21, EU:C:2023:442), apartado 71 y jurisprudencia citada.
26      La independencia interna, que se asocia al concepto de imparcialidad, exige que se mantenga una distancia equidistante respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de dicho procedimiento. Véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2020, Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2020:17), apartado 61. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró la inadmisibilidad de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Económico-Administrativo Central (España). El Tribunal de Justicia consideró, en particular, que algunas características del procedimiento de recurso extraordinario ante la Sala Especial para la Unificación de Doctrina (España) del Tribunal Económico-Administrativo Central ponían en duda que este último tuviera la condición de «tercero» con respecto a los intereses en litigio debido a los vínculos orgánicos y funcionales existentes entre ese tribunal y el Ministerio de Economía y Hacienda español.
27      La independencia externa exige que el órgano jurisdiccional de que se trate ejerza sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia. Véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartado 44 y jurisprudencia citada.
28      Sentencia de 14 de noviembre de 2024, S. (Modificación de las salas) (C‑197/23, EU:C:2024:956), apartados 54 y 61 y jurisprudencia citada.
29      Véase la sentencia de 6 de marzo de 2025, D. K.
(Apartamiento de un juez) (C‑647/21 y C‑648/21, EU:C:2025:143), apartados 71 a 74 y jurisprudencia citada.
30      Sentencia de 14 de noviembre de 2024, S. (Modificación de las salas) (C‑197/23, EU:C:2024:956), apartados 63 y 64 y jurisprudencia citada. Véase también la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Continuidad en el desempeño del cargo de juez) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), apartados 47 a 53, que se refiere ampliamente a la jurisprudencia del TEDH relativa al Estado de Derecho y a las infracciones del artículo 6, apartado 1, del CEDH en la República de Polonia.
31      Sentencia Hann-Invest, apartados 55 y 59.
32      Véase, por ejemplo, el artículo 101 de la Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Ley Fundamental de la República Federal de Alemania) de 23 de mayo de 1949 (BGBl. p. 1), modificada en último lugar por la Gesetz vom 19.12.2022 (Ley de 19 de diciembre de 2022) (BGBl. I p. 2478) que prevé «(1) […]
Nadie puede ser privado del derecho al juez predeterminado por la ley. […]» (el subrayado es mío). Véase también Dero-Bugny, D., «Le principe du juge légal en droit de l’Union européenne», Journal du droit européen, 2022, p. 154.
33      Sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces) (C‑204/21, EU:C:2023:442), apartados 264 a 266 y 279 y jurisprudencia citada. Habida cuenta de la obligación que incumbe a los órganos jurisdiccionales inferiores, en virtud del OUG n.º 62/2024, de remitir cuestiones de Derecho a la ÎCCJ en determinados casos, considero que esta jurisprudencia es pertinente por analogía. El procedimiento previsto en el OUG n.º 62/2024 parece tener por objeto garantizar una práctica uniforme en Rumanía en un ámbito específico del Derecho, contribuyendo así a la seguridad jurídica.
34      El Tribunal de Justicia también ha declarado que los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, no se oponen a una normativa o práctica nacional en virtud de la cual las resoluciones del tribunal constitucional vinculan a los órganos jurisdiccionales ordinarios, siempre que el Derecho nacional garantice la independencia del tribunal constitucional, en particular frente a los poderes legislativo y ejecutivo, tal como se exige en las citadas disposiciones [sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 44 y jurisprudencia citada].
35      Véase el apartado 48 de esa sentencia.
36      Véase el apartado 80.
37      Esto refleja los principios, entre otros, de transparencia y seguridad jurídica.
38      Ello refleja el principio de que las partes en el procedimiento deben ser oídas adecuadamente o el principio de contradicción.
39      C‑204/21, EU:C:2023:442.
40      Ibidem, apartados 276 a 279.
41      Véanse, no obstante, los puntos 15 y 48 a 51 de las presentes conclusiones.
42      Véase la sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo) (C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982), apartado 123.
43      Véanse las razones primera, segunda y cuarta que llevaron al órgano jurisdiccional remitente a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, expuestas en los puntos 11 a 15 y 17 de las presentes conclusiones. Por motivos de conveniencia, abordaré estas razones conjuntamente.
44      El Procurorul General al României (Fiscal General de Rumanía) puede, entre otras cosas, solicitar a la ÎCCJ que se pronuncie sobre cuestiones de Derecho que hayan dado lugar a jurisprudencia divergente. La ÎCCJ únicamente dictará su resolución en interés de la ley y esta no afectará ni a las resoluciones judiciales objeto de examen ni a la situación de las partes en el procedimiento.
45      Y la jurisprudencia de la ÎCCJ a este respecto.
46      Véase el artículo 520 del Código de Enjuiciamiento Civil.
47      Véase, en este sentido, el punto 33 de las presentes conclusiones. Varios Estados miembros han introducido mecanismos internos de remisión prejudicial ante sus tribunales supremos destinados a aclarar cuestiones jurídicas importantes en litigios pendientes ante órganos jurisdiccionales inferiores Véase, por ejemplo, el artículo 390 del Kodeks postępowania cywilnego (Código de Procedimiento Civil polaco), que prevé «§ 1. Si, en el curso del examen de un recurso de casación, se plantea una cuestión jurídica que suscite serias dudas, el órgano jurisdiccional puede aplazar la vista y remitir dicha cuestión al Tribunal Supremo para su examen. El Tribunal Supremo es competente para conocer del asunto por sí mismo o para remitir la cuestión a su formación ampliada para su examen. § 2. La resolución del Tribunal Supremo relativa a la cuestión jurídica será vinculante en el asunto». La versión oficial en lengua polaca puede consultarse en: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf Véanse también los artículos 392 a 395 del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Código de Enjuiciamiento Civil de los Países Bajos), disponible en: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/dutch-code-of-civil-procedure-2025.pdf Sin embargo, la singularidad del procedimiento rumano introducido en virtud del OUG n.º 62/2024 se deriva de su carácter obligatorio en determinados casos, limitando así el margen de apreciación de los órganos jurisdiccionales inferiores.
48      Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo.
49      Al igual que el procedimiento previsto en los artículos 519 y 520 del Código de Enjuiciamiento Civil.
50      En particular, la exigencia de que exista una «una cuestión de Derecho, de cuya aclaración dependa la resolución del fondo del asunto».
51      Dado que el OUG n.º 62/2024 parece preservar la competencia de los órganos jurisdiccionales inferiores para determinar los hechos y aplicar la resolución abstracta de la ÎCCJ sobre una cuestión de Derecho a los hechos del asunto en cuestión, garantiza que la jurisprudencia no esté sujeta a una «centralización excesiva». Véanse las observaciones del órgano jurisdiccional remitente resumidas en el punto 16 de las presentes conclusiones.
52      Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo.
53      He insertado el término «final», que no fue utilizado en la sentencia Hann-Invest, ya que considero, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, que los órganos jurisdiccionales inferiores de Rumanía pueden remitir un asunto a la ÎCCJ de conformidad con el OUG n.º 62/2024 aunque hayan comenzado a deliberar sobre este, dado que la necesidad de proceder a tal remisión solo puede ponerse de manifiesto en el curso de esas deliberaciones. Además, otros órganos jurisdiccionales inferiores pueden estar obligados a suspender las deliberaciones que hayan iniciado si se ha remitido a la ÎCCJ una cuestión de Derecho relevante para los procedimientos pendientes ante ellos.
54      Véase el punto 38 de las presentes conclusiones. El Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó un enfoque similar al recomendar que «la organización jerárquica de la justicia no [afecte] a la independencia individual» y que «los órganos jurisdiccionales superiores no [den] instrucciones a los jueces sobre la forma en que deben resolver los asuntos individuales, salvo en el marco de decisiones prejudiciales
[…]» (traducción libre). El subrayado es mío. Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades (Adoptada por el Comité de Ministros el 17 de noviembre de 2010 en la 1098.ª reunión de los Delegados de los Ministros), CM/Rec(2010)12, apartados 22 y 23.
55      Véase, por ejemplo, el artículo 163 del Civilinio Proceso Kodekso (Código de Enjuiciamiento Civil lituano), que establece que el órgano jurisdiccional que plantea una cuestión de constitucionalidad o de legalidad de un acto jurídico aplicable en un asunto al Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Tribunal Constitucional de la República de Lituania) o al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), o que plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE, está obligado a suspender el procedimiento relativo a dicho asunto. La obligación de suspensión se aplica también cuando otros órganos jurisdiccionales ya han planteado la misma cuestión. Disponible en: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/asr.
56      Véase el punto 38 de las presentes conclusiones.
57      A veces denominado «principio de contradicción».
58      Véase la sentencia Hann-Invest, apartado 58.
59      Véase el punto 38 de las presentes conclusiones. Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe que se cumplen estos tres requisitos.
60      Véase el artículo 2, apartado 3, del OUG n.º 62/2024.
61      El órgano jurisdiccional remitente debe comprobar cómo funciona efectivamente el procedimiento.
62      Véase el punto 16 de las presentes conclusiones.
63      Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Polonia (Régimen disciplinario de los jueces) (C‑791/19, EU:C:2021:596), apartado 59.
64      Véase el punto 18 de las presentes conclusiones.
65      Véase el punto 33 de las presentes conclusiones.
66      Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de octubre de 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881), apartado 32.
67      Sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces) (C‑204/21, EU:C:2023:442), apartados 274 y 275, y Dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH) de 18 de diciembre de 2014 (EU:C:2014:2454), apartado 198.
68      Sentencia de 15 de octubre de 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881), apartado 35.
69      Por lo que respecta a la obligación de dicho órgano jurisdiccional de motivar la decisión de no plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, véase la sentencia de 15 de octubre de 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881), apartados 61 a 65. Véanse también las conclusiones de la Abogada General Ćapeta presentadas en el asunto Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486), puntos 62 a 85. Sobre la cuestión de la responsabilidad de los Estados miembros por los daños causados por el hecho de que un órgano jurisdiccional nacional de última instancia no hubiera planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafo tercero, y, en particular, la importancia de la motivación en este contexto, véanse las conclusiones de la Abogada General Ćapeta presentadas en el asunto Ferreira da Silva e Brito y otros (C‑293/24, EU:C:2025:850).
70      Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de octubre de 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881), apartados 34 y 36. Véase también la sentencia de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799), apartados 40 a 51, en la que el Tribunal de Justicia estableció criterios detallados para apreciar si un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno está exento de su obligación de someter una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafo tercero. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia aclaró y precisó su jurisprudencia anterior recogida, entre otras, en su sentencia de principio de 6 de octubre de 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335).
71      Esta facultad discrecional les es conferida por el artículo 267 TFUE, párrafo segundo.
72      Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2005, Intermodal Transports (C‑495/03, EU:C:2005:552), apartado 31.
73      Sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional) (C‑430/21, EU:C:2022:99), apartado 74.
74      Sentencia de 24 de julio de 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606), apartado 134 y jurisprudencia citada.
75      De conformidad con el artículo 521, apartado 3, del Código de Enjuiciamiento Civil, las soluciones adoptadas sobre cuestiones de Derecho serán vinculantes a partir de la fecha de publicación de la resolución.
76      En su sentencia de 15 de julio de 1964, Costa (6/64, EU:C:1964:66), el Tribunal de Justicia admitió que el Giudice Conciliatore de Milán (Italia) era un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no eran susceptibles de ulterior recurso y que, por lo tanto, estaba obligado a plantear al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a la interpretación del Tratado.
77      Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo.
78      Véase, por analogía, la sentencia de 15 de octubre de 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881), apartado 32.
79      Véase, por analogía, la sentencia de 22 de junio de 2010, Melki y Abdeli (C‑188/10 y C‑189/10, EU:C:2010:363), apartado 52. Se trata de un extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
80      Sentencia de 24 de julio de 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606), apartados 128 y 129 y jurisprudencia citada.
81      Véase, por analogía, la sentencia de 15 de octubre de 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881), apartados 51 a 53.
82      Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo.
83      Sentencia de 24 de julio de 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606), apartado 132 y jurisprudencia citada.