62024CJ0654
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 29 de enero de 2026 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Prestación en forma de una tarjeta electrónica para fomentar la formación continua del personal docente y mejorar sus competencias profesionales — Concesión reservada a los profesores contratados por tiempo indefinido — Discriminación de los profesores con contrato de duración determinada — Jurisprudencia nacional que excluye la concesión a posteriori de la ventaja controvertida a los profesores afectados cuando estos ya no forman parte del sistema educativo — Sustitución, bajo determinadas condiciones, por el derecho a una indemnización por daños y perjuicios»
En el asunto C‑654/24 [Bariello], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por Tribunale ordinario di Ravenna (Tribunal Ordinario de Rávena, Italia), mediante resolución de 8 de octubre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de octubre de 2024, en el procedimiento entre
M. M.
y
Ministero dell’Istruzione e del Merito,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias y B. Smulders (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de M. M., por el Sr. S. Solidoro, avvocato;
–
en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por la Sra. L. Fiandaca, avvocata dello Stato;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. S. Delaude y D. Recchia, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo Marco»), que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada (DO 1999, L 175, p. 43), y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre M. M., antigua profesora con contrato de duración determinada, y el Ministero dell’Istruzione e del Merito (Ministerio de Educación y Mérito, Italia) (en lo sucesivo, «Ministerio»), en relación con la negativa a conceder a esta, para los cursos escolares 2020/2021 a 2023/2024, la prestación anual en forma de tarjeta electrónica que permite a los profesores adquirir diferentes bienes y servicios, concedida con vistas a promover su formación continua y mejorar sus competencias profesionales.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
A tenor del artículo 1 de la Directiva 1999/70, esta tiene por objeto «aplicar el [Acuerdo Marco]».
4
La cláusula 2 del Acuerdo Marco, titulada «Ámbito de aplicación», establece en su punto 1:
«El presente Acuerdo se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro.»
5
La cláusula 3 del Acuerdo Marco, titulada «Definiciones», está redactada en los siguientes términos:
«A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por
1.
“trabajador con contrato de duración determinada”: el trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado;
2.
“trabajador con contrato de duración indefinida comparable”: un trabajador con un contrato o relación laboral de duración indefinid[a], en el mismo centro de trabajo, que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y las tareas que desempeña.
[…]»
6
La cláusula 4 del Acuerdo Marco, titulada «Principio de no discriminación», establece en su punto 1:
«Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.»
Derecho italiano
7
El artículo 1 de la legge n. 107 — Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Ley n.o 107 de reforma del sistema nacional de enseñanza y formación y delegación para la reforma de las disposiciones legislativas en vigor), de 13 de julio de 2015 (GURI n.o 162, de 15 de julio de 2015; en lo sucesivo, «Ley n.o 107/2015»), establece, en sus apartados 121 y 122, lo siguiente:
«121.   Con objeto de fomentar la formación continua del personal docente y mejorar sus competencias profesionales, se crea, con arreglo al límite de gasto establecido en el apartado 123, una tarjeta electrónica para la puesta al día y la formación del personal docente titular de las instituciones de enseñanza de todos los tipos y niveles. La tarjeta, que tendrá un importe nominal de 500 euros anuales por cada curso escolar, se podrá utilizar para adquirir libros y manuales, incluidos los de formato digital, publicaciones y revistas útiles para la actualización profesional, hardware y software, para inscribirse en cursos de puesta al día y cualificación de las competencias profesionales, impartidos por entidades acreditadas por el [Ministerio], en cursos de grado, de primer o de segundo nivel, especializados o de un solo ciclo, relacionados con el perfil profesional, y en cursos de perfeccionamiento o en másteres universitarios, relacionados con el perfil profesional, para asistir a representaciones teatrales y [proyecciones] de películas, visitar museos, exposiciones y eventos culturales y espectáculos en directo, así como para iniciativas compatibles con las actividades identificadas en el marco del Plan Trienal de Oferta Formativa de los centros de enseñanza y del Plan Nacional de Formación contemplado en el apartado 124. El importe mencionado en la tarjeta no constituye un complemento de retribución ni un ingreso imponible.
122.   Mediante decreto del presidente del Consejo de Ministros, de común acuerdo con el [Ministerio] y con el Ministerio de Economía y Finanzas, que se adoptará en el plazo de sesenta días desde la entrada en vigor de la presente Ley, se definirán los criterios y las modalidades de concesión y utilización de la tarjeta contemplada en el apartado 121, la cuantía asignada dentro del límite de los recursos disponibles conforme al apartado 123, teniendo en cuenta el sistema público para la gestión de la identidad digital, y las modalidades de atribución de las ventajas y los beneficios asociados a la tarjeta.»
8
El decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Decreto del presidente del Consejo de Ministros por el que se regulan las modalidades de concesión y de utilización de la tarjeta electrónica para la puesta al día y la formación del personal docente titular de las instituciones de enseñanza de todos los niveles), de 28 de noviembre de 2016 (GURI n.o 281, de 1 de diciembre de 2016), adoptado en aplicación del artículo 1, apartado 122, de la Ley n.o 107/2015, dispone, en su artículo 3, apartado 2:
«La tarjeta [a que se refiere el artículo 1, apartado 121, de la Ley n.o 107/2015] no podrá utilizarse a partir del cese en el servicio.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
9
Durante los cuatro cursos escolares 2020/2021 a 2023/2024, M. M. estuvo empleada como profesora con contrato de duración determinada por el Ministerio.
10
Al no habérsele concedido la tarjeta electrónica prevista en el artículo 1, apartado 121, de la Ley n.o 107/2015 (en lo sucesivo, «tarjeta electrónica controvertida») para esos cursos escolares, el 5 de abril de 2024 M. M. interpuso un recurso ante el Tribunale ordinario di Ravenna (Tribunal Ordinario de Rávena, Italia), órgano jurisdiccional remitente, solicitando que se condenara al Ministerio, con carácter principal, a poner a su disposición, con arreglo a las modalidades que regulan la concesión y la utilización de la tarjeta electrónica controvertida, la prestación anual de 500 euros correspondiente a dicha tarjeta por cada uno de esos cursos escolares y, con carácter subsidiario, a abonarle la cuantía total de 2000 euros.
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El órgano jurisdiccional remitente indica, para empezar, que la tarjeta electrónica controvertida, que tiene por objeto fomentar la formación continua del personal docente, consiste en una aplicación de Internet que genera un código de compra o un bono de compra a favor del profesor para los bienes o servicios que este haya seleccionado anteriormente y que el comerciante de que se trate solo puede aceptar dicha tarjeta para productos acordes con la normativa. Una vez realizada la compra de un producto o la adquisición de un servicio, al comerciante se le reconoce un crédito frente al Ministerio por el importe correspondiente.
12
Dicho órgano jurisdiccional precisa, además, que, en virtud del artículo 1, apartado 121, de la Ley n.o 107/2015, la tarjeta electrónica controvertida solo se concedía inicialmente a los profesores contratados por tiempo indefinido. Añade que, sin embargo, del auto de 18 de mayo de 2022, Ministero dell’istruzione (Tarjeta electrónica) (C‑450/21, EU:C:2022:411), resulta que esta Ley es contraria a la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco, en la medida en que excluye de dicha tarjeta a los profesores con contrato de duración determinada, como es el caso de M. M.
13
Según el órgano jurisdiccional remitente, de dicho auto parecía derivarse un derecho, para los profesores con contrato de duración determinada, a la concesión de la tarjeta electrónica controvertida. Ahora bien, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia) limitó en varios aspectos, mediante su resolución n.o 29961/2023, de 4 de octubre de 2023, las modalidades de ejercicio de una acción ante los tribunales con el fin disfrutar de tal derecho, al declarar, en particular, que, entre las personas que se han visto privadas indebidamente del disfrute de dicha tarjeta, solo tienen derecho a que se les conceda a posteriori esa tarjeta aquellas que, en la fecha en la que el juez se pronuncie sobre su derecho, sigan formando parte del sistema educativo, por tener encomendada una sustitución, estar inscritas en las listas de reserva para sustituciones o haberse convertido en profesores titulares.
14
En cambio, según dicha sentencia, si el interesado ha abandonado entretanto el sistema educativo, como es el caso de M. M., cuyo último contrato de trabajo finalizó el 30 de junio de 2024 y que ya no ejerce ninguna función docente ni está inscrita en dichas listas de reserva, la obligación pecuniaria vinculada a la tarjeta electrónica controvertida debe extinguirse retroactivamente y la solicitud de concesión de dicha tarjeta debe desestimarse en cuanto al fondo.
15
Según el órgano jurisdiccional remitente, es cierto que, en dicha sentencia, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) declaró que, en tal situación, el antiguo profesor puede solicitar, en lugar de la concesión de la tarjeta electrónica controvertida, la reparación del perjuicio sufrido por no habérsele concedido dicha tarjeta.
16
No obstante, afirmó que tal acción de indemnización está sujeta a una serie de requisitos adicionales, tanto materiales como procesales. Así, estimó que, corresponde en particular al interesado alegar y demostrar que ha sufrido un perjuicio específico, distinto del relacionado con la mera pérdida de la cuantía de 500 euros anuales. Además, el daño no se presume y, si bien el juez puede evaluar el daño de manera equitativa, tal evaluación implica, en principio, la concesión de un importe inferior a dicha cuantía en concepto de compensación.
17
Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, en el caso de autos, habida cuenta de estos requisitos, el recurso interpuesto por M. M. debería desestimarse, en la medida en que, en particular, esta no ha alegado ni demostrado la existencia de un perjuicio específico y diferente de la mera pérdida de la ventaja económica de 500 euros anuales.
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A juicio de dicho órgano jurisdiccional, estos requisitos parecen ser contrarios a la prohibición de discriminación establecida en la cláusula 4 del Acuerdo Marco, puesto que no se aplican a los profesores contratados por tiempo indefinido.
19
Por otra parte, considera que, en el caso de autos, el perjuicio consiste en el hecho mismo de que M. M. se hubiera visto privada, infringiendo dicha cláusula 4, de la cuantía asociada a la tarjeta electrónica controvertida, habiendo de precisarse que el impago de dicha cuantía es, por regla general, suficiente para que el juez conceda automáticamente al interesado una cantidad en concepto de indemnización por dicho perjuicio, más los intereses correspondientes.
20
Por consiguiente, estima que exigir al antiguo profesor con contrato de duración determinada que cumpla requisitos específicos para obtener la indemnización del perjuicio que haya sufrido como consecuencia de la no concesión de la tarjeta electrónica controvertida menoscaba el efecto útil del Derecho de la Unión y el derecho a la tutela judicial efectiva, en el sentido del artículo 47 de la Carta, de ese profesor.
21
El órgano jurisdiccional remitente añade, por una parte, que el objetivo perseguido con la creación de la tarjeta electrónica controvertida de fomentar la formación continua del personal docente no justifica tales requisitos, puesto que dicha tarjeta permite comprar productos de consumo corriente que no son herramientas de formación en sentido estricto, sino que solo presentan un potencial en este sentido.
22
Por otra parte, afirma que no existen obstáculos prácticos o jurídicos para conceder la prestación de 500 euros vinculada a la tarjeta electrónica controvertida a un profesor que ya no forme parte del sistema educativo o para abonar una indemnización automática por el importe de dicha prestación, dado que, en Derecho italiano, la ejecución de una obligación pecuniaria siempre es posible, obligación que, según afirma, no puede extinguirse de manera retroactiva.
23
Así pues, según el órgano jurisdiccional remitente, parece contrario a la cláusula 4 del Acuerdo Marco, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia en el auto mencionado en el apartado 12 de la presente sentencia, que M. M. se vea privada retroactivamente de la concesión, en forma de la tarjeta electrónica controvertida, de una cuantía total de 2000 euros por los cursos escolares 2020/2021 a 2023/2024, por el mero hecho de que ya no forme parte del sistema educativo.
24
En estas circunstancias, el Tribunale ordinario di Ravenna (Tribunal Ordinario de Rávena) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse la cláusula 4 del [Acuerdo Marco] (tomando también en consideración el efecto útil del Derecho de la [Unión] y la garantía de la tutela judicial efectiva conforme al artículo 47 de la Carta) en el sentido de que se opone a las limitaciones enunciadas en la motivación [de la petición de decisión prejudicial] (en caso de que el demandante deje de formar parte del sistema educativo) introducidas por la jurisprudencia nacional relativa a la concesión de la [tarjeta electrónica controvertida] y, en consecuencia, también en cuanto respecta a los antiguos docentes (que ya no integran el sistema educativo), es necesario y suficiente, a efectos de obtener el pago de las cantidades a las que habrían tenido derecho durante su relación laboral a título de la [tarjeta electrónica controvertida] (500 euros anuales), que interpongan una demanda para obtener el pago de tales cantidades, conforme a las modalidades previstas en la [tarjeta electrónica controvertida], o directamente en dinero, sin que deban soportar otras cargas relativas a la interposición de una demanda, a la formulación de alegaciones o a la presentación de pruebas?»
Sobre la cuestión prejudicial
Sobre la admisibilidad
25
El Gobierno italiano sostiene que la cuestión prejudicial planteada es inadmisible por varias razones. En primer lugar, considera que esta cuestión no distingue entre las diferentes categorías de profesores con contrato de duración determinada, pese a que, en particular, la categoría de profesores que efectúan sustituciones de corta duración no tiene, en ningún caso, derecho a la concesión de la tarjeta electrónica controvertida. En segundo lugar, afirma que esta cuestión no es comprensible en la medida en que se refiere, en cuanto a su alcance, al conjunto de la motivación de la petición de decisión prejudicial. En tercer lugar, sostiene que la cuestión se refiere a una diferencia de trato basada no en la duración determinada de la relación laboral, sino en el mero hecho de que el profesor de que se trate haya abandonado el sistema educativo, cualquiera que sea el motivo para ello. En cuarto y último lugar, aduce que, dado que la demandante en el litigio principal ya no está en activo, el Acuerdo Marco ya no le es aplicable.
26
Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones relativas al Derecho de la Unión disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 4 de septiembre de 2025, Pelavi, C‑253/24, EU:C:2025:660, apartado 30 y jurisprudencia citada).
27
En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente señala que M. M. solicita, en esencia, que se le abone la prestación vinculada a la tarjeta electrónica controvertida, correspondiente a los cursos escolares 2020/2021 a 2023/2024, durante los cuales trabajó como profesora con contrato de duración determinada. Dicho órgano jurisdiccional considera que, en principio, procede estimar esa solicitud, pero indica que no puede hacerlo por los requisitos impuestos por la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) para la concesión a posteriori de dicha tarjeta.
28
Así pues, resulta, para empezar, que, contrariamente a lo que parece sugerir el Gobierno italiano, dicho órgano jurisdiccional parte de la premisa de que M. M. no pertenece a una categoría de profesores que, en cualquier caso, quedaría excluida del beneficio de la tarjeta electrónica controvertida.
29
A continuación, procede señalar que, en la petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente describe con precisión el alcance de los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), tal como se exponen en los apartados 13 a 16 de la presente sentencia. Si bien es cierto que el tenor de esta cuestión prejudicial remite a la «motivación» de esa petición, no lo es menos que, además de las precisiones que figuran esa motivación, dicha cuestión es comprensible en sí misma.
30
Por otra parte, procede señalar que el examen de la alegación del Gobierno italiano según la cual los requisitos derivados de la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) se aplican con independencia de la duración de la relación laboral de los interesados, de modo que no son discriminatorios a la luz de la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco, forma parte del fondo de la cuestión planteada.
31
Por último, dicho Gobierno invoca erróneamente la circunstancia de que, en el momento de su solicitud, M. M. ya no estaba en activo para afirmar que el Acuerdo Marco no es aplicable al litigio principal. En efecto, de las precisiones aportadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que la solicitud de concesión de la tarjeta electrónica controvertida se refiere a períodos durante los cuales M. M. estuvo empleada como profesora con contrato de duración determinada y era, por tanto, una «trabajador[a] con contrato de duración determinada», en el sentido de la cláusula 2, punto 1, del Acuerdo Marco, en relación con la cláusula 3, punto 1, de este.
32
Pues bien, dado que la discriminación contraria a la cláusula 4 del Acuerdo Marco, de la que M. M. alega ser víctima, se refiere a los períodos de servicio prestados como trabajadora con contrato de duración determinada, el hecho de que, entretanto, haya perdido esa condición carece de relevancia (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, apartado 35).
33
De ello se sigue que procede declarar la admisibilidad de la cuestión prejudicial planteada.
Sobre el fondo
34
Mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco, interpretada a la luz del principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual, en el caso de una acción ejercitada por un profesor con contrato de duración determinada para subsanar la privación indebida, como consecuencia de la aplicación de una normativa nacional contraria a la primera de esas disposiciones, de una ventaja económica de un importe de 500 euros anuales, concedida mediante una tarjeta electrónica que permite adquirir bienes y servicios destinados a fomentar la formación continua del personal docente, por una parte, se supedita la concesión a posteriori de dicha tarjeta al requisito de que ese profesor siga formando parte del sistema educativo y, por otra parte, en caso de que no se le conceda a posteriori esa tarjeta, el mencionado profesor solo puede invocar el derecho a la indemnización del perjuicio sufrido por no habérsele concedido dicha tarjeta si cumple ciertos requisitos específicos.
35
Con carácter preliminar, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en esencia, en su auto de 18 de mayo de 2022, Ministero dell’istruzione (Tarjeta electrónica) (C‑450/21, EU:C:2022:411), apartado 48, que la cláusula 4 del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que reserva la tarjeta electrónica controvertida únicamente al personal docente fijo de un ministerio, y no al personal docente con contrato de duración determinada de ese ministerio.
36
En el caso de autos, el litigio principal se refiere a la misma normativa nacional que la controvertida en el asunto que dio lugar a dicho auto, a saber, el artículo 1, apartados 121 y 122, de la Ley n.o 107/2015, que prevé la creación de una «tarjeta electrónica para la puesta al día y la formación del personal docente titular de las instituciones de enseñanza de todos los tipos y niveles […] que tendrá un importe nominal de 500 euros anuales por cada curso escolar».
37
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente parte de la premisa de que los profesores con contrato de duración determinada como M. M., de los que consta que se han visto privados del beneficio de la tarjeta electrónica controvertida infringiendo la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco, tienen derecho a la concesión a posteriori de dicha tarjeta o, al menos, al pago del importe correspondiente a su valor nominal.
38
Sin embargo, de la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), posterior al mencionado auto, se desprende que una acción ejercitada ante los tribunales con el fin de hacer valer ese derecho está sujeta a ciertos requisitos. Así, el órgano jurisdiccional remitente indica, por un lado, que esos profesores deben estar aún en activo en la fecha de la decisión sobre su solicitud de concesión a posteriori de dicha tarjeta, de modo que ya no tienen derecho a disfrutar de esa tarjeta si entretanto han «salido del sistema educativo», lo que sucede cuando ya no tienen encomendada ninguna sustitución, ya no están inscritos en las listas de reserva para sustituciones o no se han convertido en profesores titulares. Por otra parte, en esta situación, dichos profesores únicamente tienen la posibilidad de ejercitar una acción de indemnización del perjuicio sufrido como consecuencia de la no concesión de dicha tarjeta, que, no obstante, solo puede estimarse si concurren determinados requisitos adicionales de carácter material y procesal, como los mencionados en el apartado 16 de la presente sentencia.
39
Así pues, para responder a la cuestión prejudicial planteada, procede examinar, en primer lugar, si tales requisitos son contrarios a la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco por suponer, como se inclina por considerar el órgano jurisdiccional remitente, un trato menos favorable de los trabajadores con contrato de duración determinada en comparación con los trabajadores con contrato de duración indefinida comparables por lo que respecta a las condiciones de trabajo, que no esté justificado por razones objetivas.
40
En este contexto, procede recordar, en primer término, como se desprende del apartado 31 de la presente sentencia, que la cuestión planteada se basa en la premisa de que un profesor, como M. M., está comprendido en el ámbito de aplicación del Acuerdo Marco, en el sentido de la cláusula 2, punto 1, de dicho Acuerdo, en relación con la cláusula 3, punto 1, de este, respecto de los períodos en los que ha trabajado como trabajador con contrato de duración determinada. Además, como se ha mencionado en el apartado 32 de la presente sentencia, esta premisa no queda desvirtuada por el hecho de que el interesado haya perdido entretanto esa condición.
41
Asimismo, en segundo término, la tarjeta electrónica controvertida debe considerarse comprendida en las «condiciones de trabajo», en el sentido de la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco (sentencia de 3 de julio de 2025, Lalfi, C‑268/24, EU:C:2025:526, apartado 43 y jurisprudencia citada).
42
En tercer término, por lo que respecta, en particular, a la existencia de una diferencia de trato, en el sentido de la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco, procede recordar que basta con que los trabajadores con un contrato de duración determinada de que se trate sean tratados de manera menos favorable que los trabajadores fijos que se encuentren en una situación comparable para que los primeros puedan reivindicar que se les aplique dicha cláusula (sentencia de 3 de julio de 2025, Lalfi, C‑268/24, EU:C:2025:526, apartado 49 y jurisprudencia citada).
43
Dicho esto, una diferencia de trato que se base en un criterio que no sea el de la duración determinada o indefinida de la relación de trabajo no está comprendida en la prohibición que se establece en la cláusula 4 del Acuerdo Marco (sentencia de 4 de septiembre de 2025, Gnattai, C‑543/23, EU:C:2025:653, apartado 43 y jurisprudencia citada).
44
En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente parece considerar que los requisitos mencionados en su cuestión prejudicial implican una diferencia de trato, en el sentido de la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco, en detrimento de los profesores con contrato de duración determinada, puesto que esos requisitos a los que se someten las acciones ejercitadas ante los tribunales por estos últimos «no se aplican a los profesores con contrato de duración indefinida».
45
Por su parte, el Gobierno italiano afirma, como se ha señalado en los apartados 25 y 30 de la presente sentencia, que, por el contrario, esos mismos requisitos son aplicables a todos los profesores, incluidos los profesores contratados por tiempo indefinido, en el supuesto de que hayan salido del sistema educativo, por el motivo que sea.
46
Pues bien, las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente no permiten determinar si los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) se aplican o no también a los profesores contratados por tiempo indefinido cuando, al igual que un profesor con contrato de duración determinada, como M. M., se les ha privado indebidamente, por razones distintas de la duración de su relación laboral, del disfrute de la tarjeta electrónica controvertida y, en el marco de una acción ejercitada ante los tribunales para subsanar esa privación indebida, solo solicitan su concesión, a posteriori, después de haber abandonado el sistema educativo. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente efectuar las comprobaciones necesarias a este respecto.
47
Si, al término de esas comprobaciones, dicho órgano jurisdiccional constata que esos requisitos se aplican, entre los profesores que han salido del sistema escolar y que han solicitado la concesión a posteriori de la tarjeta electrónica controvertida, únicamente a los antiguos profesores con contrato de duración determinada, pero no a los antiguos profesores contratados por tiempo indefinido, procederá declarar que la aplicación de dichos requisitos establece una diferencia de trato, en el sentido de la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco, en detrimento de esos primeros profesores en comparación con los antiguos profesores contratados por tiempo indefinido.
48
En ese supuesto, corresponderá a dicho órgano jurisdiccional apreciar si estas dos categorías de antiguos profesores se encuentran en situaciones comparables y, en caso afirmativo, si existen, en su caso, «razones objetivas», en el sentido de la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco, que puedan justificar esta diferencia de trato, debiendo precisarse que los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no contienen indicios que permitan considerar que la apreciación que debe efectuarse a este respecto deba basarse en elementos significativamente distintos de los que el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta para declarar, en el asunto que dio lugar al auto de 18 de mayo de 2022, Ministero dell’istruzione (Tarjeta electrónica) (C‑450/21, EU:C:2022:411), y en el que dio lugar a la sentencia de 3 de julio de 2025, Lalfi (C‑268/24, EU:C:2025:526), que dicha cláusula 4, punto 1, se oponía a una normativa que reservaba el beneficio de la mencionada tarjeta electrónica a los profesores titulares, con exclusión de los profesores con contrato de duración determinada, aun cuando estos efectúen sustituciones de corta duración.
49
Si, en cambio, el órgano jurisdiccional remitente determina que esos mismos requisitos se aplican indistintamente a todos los profesores mencionados en el apartado 47 de la presente sentencia, no podría considerarse que dichos requisitos dan lugar a una diferencia de trato, en el sentido de la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco, y ello a pesar de que la normativa nacional en virtud de la cual se privó inicialmente a los profesores con contrato de duración determinada del beneficio de la tarjeta electrónica controvertida sea contraria a dicha cláusula.
50
Dicho esto, y habida cuenta de las dudas expresadas por el órgano jurisdiccional remitente, procede, en segundo lugar, comprobar si los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), a los que se refiere la cuestión prejudicial planteada, pueden, no obstante, ser contrarios a la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco por menoscabar el efecto útil de dicha disposición o el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta, pese a carecer de carácter discriminatorio, en la medida en que los antiguos profesores con contrato de duración determinada se han visto privados de la tarjeta electrónica controvertida como consecuencia de la aplicación de una normativa nacional que, según el auto mencionado en el apartado 35 de la presente sentencia, es contraria a la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco.
51
A este respecto, procede recordar, en primer término, que, en virtud de reiterada jurisprudencia, una vez que se ha constatado la existencia de una discriminación contraria al Derecho de la Unión y mientras no se adopten medidas que restablezcan la igualdad de trato, el respeto del principio de igualdad solo puede garantizarse concediendo a las personas de la categoría desfavorecida las mismas ventajas de las que disfrutan las personas de la categoría privilegiada. Por lo tanto, es preciso colocar a las personas desfavorecidas en la misma situación que las personas que disfrutan de la ventaja de que se trate (sentencia de 9 de marzo de 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, apartado 66 y jurisprudencia citada).
52
En tal situación, el juez nacional debe dejar sin aplicar toda disposición nacional discriminatoria, sin solicitar o esperar su previa derogación por el legislador, y debe aplicar a los miembros del grupo desfavorecido el mismo régimen del que disfruten las personas incluidas en la otra categoría. Está obligado a ello con independencia de que en el Derecho interno existan disposiciones que le confieran la competencia para hacerlo (sentencia de 9 de marzo de 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, apartado 67 y jurisprudencia citada).
53
Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha precisado que esta solución solo es aplicable cuando exista un sistema de referencia válido (sentencia de 9 de marzo de 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, apartado 68 y jurisprudencia citada).
54
Pues bien, así sucede en el litigio principal, ya que el régimen nacional aplicable a los profesores contratados por tiempo indefinido en cuanto a la concesión de la tarjeta electrónica controvertida sigue siendo el único sistema de referencia válido, mientras el legislador nacional no haya adoptado medidas que restablezcan la igualdad de trato.
55
Por consiguiente, debe garantizarse a los profesores con contrato de duración determinada un trato idéntico al que la normativa nacional controvertida en el litigio principal dispensa a los profesores contratados por tiempo indefinido (véase, por analogía, la sentencia de 22 de enero de 2019, Cresco Investigation, C‑193/17, EU:C:2019:43, apartado 83).
56
En segundo término, para garantizar tal trato idéntico, es preciso tener en cuenta, de manera completa y coherente, todos los elementos que forman parte integrante de dicha normativa nacional, purgada de su componente discriminatorio, y que condicionan la concesión de las ventajas que establece, incluidos, en su caso, los requisitos que pueden restringir su concesión.
57
A este último respecto, no puede, en efecto, considerarse que tener en cuenta tales requisitos privaría de efecto útil a la constatación del carácter discriminatorio de dicha normativa nacional, aun cuando dichos requisitos conlleven la exclusión de la concesión de una ventaja como la tarjeta electrónica controvertida, dado que tal exclusión no sería entonces sino la consecuencia de la aplicación a las personas del grupo perjudicado del mismo régimen que el aplicable a las personas del grupo privilegiado (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de mayo de 2025, Melbán y Sergamo, C‑623/23 y C‑626/23, EU:C:2025:358, apartados 88 y 89).
58
En el caso de autos, el Gobierno italiano sostiene que los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) están intrínsecamente vinculados a la finalidad perseguida por la creación de la tarjeta electrónica controvertida, consistente en fomentar la formación continua del personal docente, puesto que esa finalidad ya no podría alcanzarse tras la salida de los interesados del sistema educativo, extremo que corrobora el artículo 3, apartado 2, del Decreto del presidente del Consejo de Ministros mencionado en el apartado 8 de la presente sentencia, en virtud del cual «la tarjeta [electrónica controvertida] no podrá utilizarse a partir del cese en el servicio». Por otra parte, afirma que estos requisitos están justificados por la naturaleza de la ventaja de que se trata, ya que el artículo 1, apartado 121, de la Ley n.o 107/2015 establece, a este respecto, que «el importe mencionado en [esta] tarjeta no constituye un complemento de retribución ni un ingreso imponible». A su juicio, conceder dicha tarjeta a profesores que han abandonado el sistema educativo es, por tanto, contrario a su finalidad y a su naturaleza, sin perjuicio del derecho de los interesados a solicitar la indemnización del perjuicio sufrido por no habérseles concedido la tarjeta electrónica controvertida.
59
En estas circunstancias, parece que los requisitos relativos a las acciones ejercitadas ante los tribunales para subsanar la privación indebida del disfrute de la tarjeta electrónica controvertida establecidos por la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) —si, conforme a la premisa que figura en el apartado 50 de la presente sentencia, se comprueba que no son discriminatorios— forman parte integrante de la normativa nacional controvertida en el litigio principal y, por ende, del sistema de referencia, de modo que no puede considerarse que su aplicación menoscabe el efecto útil del principio de igualdad de trato consagrado en la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco, extremo que, no obstante, corresponde comprobar, en su caso, al órgano jurisdiccional remitente.
60
En tal supuesto, procede, con arreglo a dicho sistema y, en particular, a esos requisitos, conceder a posteriori la tarjeta electrónica controvertida a los profesores indebidamente privados de esta ventaja, siempre que, no obstante, sigan estando en el sistema educativo, y los profesores que hayan abandonado el sistema educativo pueden ejercer, por su parte, su derecho a la indemnización del perjuicio sufrido, el cual también forma parte, en este supuesto, de dicho sistema de referencia.
61
Por lo que respecta, en tercer lugar, al derecho a indemnización, es preciso recordar que toda medida que tenga por objeto eliminar una discriminación contraria al Derecho de la Unión, incluidas las medidas individuales relativas a la concesión a las personas de la categoría perjudicada de las mismas ventajas que aquellas de las que disfrutan las personas de la categoría privilegiada, constituye una aplicación de ese Derecho, que debe ajustarse a sus exigencias (sentencia de 20 de abril de 2023, Landespolizeidirektion Niederösterreich y Finanzamt Österreich, C‑650/21, EU:C:2023:300, apartado 80 y jurisprudencia citada).
62
Tal es el caso de un derecho a indemnización que forma parte integrante del sistema de referencia de que se trata y que, por tanto, debe extenderse a las personas pertenecientes a la categoría perjudicada para garantizar el respeto del principio de igualdad de trato consagrado en la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 51 de la presente sentencia.
63
Entre las exigencias del Derecho de la Unión que deben respetarse en lo que concierne a ese derecho a indemnización figuran las derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta [véase, en este sentido, la sentencia de 20 de febrero de 2024, X (Omisión de causas de resolución), C‑715/20, EU:C:2024:139, apartado 77], que constituye una reafirmación del principio de tutela judicial efectiva (sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C‑132/21, EU:C:2023:2, apartado 50 y jurisprudencia citada).
64
Dicho esto, de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente no se desprende de qué modo las vías de recurso de que dispone M. M. para hacer valer su derecho a indemnización podrían incumplir las exigencias del Derecho de la Unión, en particular las previstas en el artículo 47 de la Carta, siempre que, no obstante, se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.
65
A este respecto, en lo que concierne a estos principios, procede recordar que, ante la inexistencia de una normativa de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal de estos, designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables (sentencia de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, apartado 87 y jurisprudencia citada).
66
Sin embargo, en este contexto, como se desprende de una jurisprudencia consolidada, la regulación procesal de las acciones destinadas a garantizar la tutela de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables no debe ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de Derecho interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad) (sentencia de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, apartado 89 y jurisprudencia citada).
67
De ello se sigue que, en el supuesto contemplado en el apartado 62 de la presente sentencia, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente asegurarse de que M. M. dispone, ante él mismo o, en su caso, ante otro órgano jurisdiccional, de una posibilidad real de hacer valer su derecho a la indemnización del perjuicio sufrido, con arreglo a modalidades procesales, probatorias o de otro tipo, que no sean menos favorables que las previstas para recursos similares de Derecho interno, en particular para todos aquellos recursos de que disponen los antiguos profesores contratados por tiempo indefinido para obtener la concesión a posteriori de la tarjeta electrónica controvertida, y que no hagan imposible o excesivamente difícil el ejercicio de ese derecho a indemnización.
68
Dicho esto, en la medida en que ese derecho se refiere, precisamente, a la indemnización del perjuicio sufrido a raíz de la no concesión de la tarjeta electrónica controvertida, no es, en sí mismo, contrario al principio de efectividad exigir al interesado que alegue y pruebe, con el fin de ejercer ese derecho, la realidad de un perjuicio específico, distinto del vinculado a la mera pérdida de la cantidad de 500 euros anuales, o conceder una compensación cuyo importe no sea equivalente al valor monetario de la tarjeta electrónica controvertida, en particular si resulta que el perjuicio sufrido es menor.
69
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual, en el caso de una acción ejercitada por un profesor con contrato de duración determinada para subsanar la privación indebida, como consecuencia de la aplicación de una normativa nacional contraria a dicha disposición, de una ventaja económica de un importe de 500 euros anuales, concedida mediante una tarjeta electrónica que permite adquirir bienes y servicios destinados a fomentar la formación continua del personal docente, por una parte, se supedita la concesión a posteriori de dicha tarjeta al requisito de que ese profesor siga formando parte del sistema educativo y, por otra parte, en caso de que no se le conceda a posteriori esa tarjeta, el mencionado profesor solo puede invocar el derecho a la indemnización del perjuicio sufrido por no habérsele concedido dicha tarjeta si cumple ciertos requisitos específicos, siempre que todos esos requisitos se apliquen también a los profesores contratados por tiempo indefinido que soliciten la concesión a posteriori de la misma tarjeta y que las modalidades procesales que regulan el ejercicio de ese derecho a indemnización respeten, además, los principios de equivalencia y de efectividad.
Costas
70
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
La cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual, en el caso de una acción ejercitada por un profesor con contrato de duración determinada para subsanar la privación indebida, como consecuencia de la aplicación de una normativa nacional contraria a dicha disposición, de una ventaja económica de un importe de 500 euros anuales, concedida mediante una tarjeta electrónica que permite adquirir bienes y servicios destinados a fomentar la formación continua del personal docente, por una parte, se supedita la concesión a posteriori de dicha tarjeta al requisito de que ese profesor siga formando parte del sistema educativo y, por otra parte, en caso de que no se le conceda a posteriori esa tarjeta, el mencionado profesor solo puede invocar el derecho a la indemnización del perjuicio sufrido por no habérsele concedido dicha tarjeta si cumple ciertos requisitos específicos, siempre que todos esos requisitos se apliquen también a los profesores contratados por tiempo indefinido que soliciten la concesión a posteriori de la misma tarjeta y que las modalidades procesales que regulan el ejercicio de ese derecho a indemnización respeten, además, los principios de equivalencia y de efectividad.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.