Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 11 de diciembre de 2025 (1)
Asunto C‑655/24 [Latranov] (i)
Rayonna prokuratura — grad Veliki Preslav (Fiscalía del distrito de Veliki Preslav, Bulgaria)
contra
EZ
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Rayonen sad — Veliki Preslav (Tribunal de primera instancia de Veliki Preslav, Bulgaria)]
« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad
y justicia — Decisión marco 2005/212/JAI — Artículo 2 — Directiva 2014/42/UE — Artículos 3 y 14 — Ámbito de aplicación — Directiva
(UE) 2024/1260 — Artículo 38 — Aplicabilidad — Decomiso de instrumentos del delito — Conducción de vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas — Decomiso del vehículo o de su valor si no pertenece al autor del delito — Vehículo de motor como instrumento del delito »
1.        La policía búlgara interceptó al conductor de un vehículo de motor para someterlo a un control de alcoholemia. Como su índice de alcohol
superaba el legalmente admisible, fue condenado por una infracción penal de conducción de vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
2.        A raíz de esa condena, se ha planteado si procede el decomiso del vehículo, o la confiscación de su valor equivalente cuando no fuera propiedad del condenado. En este caso, el vehículo pertenecía
(en comunidad de bienes matrimonial) al conductor y a su cónyuge.
3.        El órgano judicial que ha de resolver sobre el decomiso dirige al Tribunal de Justicia varias preguntas prejudiciales. Con las dos primeras quiere saber, en síntesis:
–        Si la infracción penal consistente en la conducción de un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas entra en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2024/1260, (2) la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») o la Decisión marco 2005/212/JAI. (3)
–        En el caso de que fuera aplicable alguna de las anteriores normas, si el vehículo de motor utilizado puede calificarse de instrumento para cometer la infracción penal.
I.      Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
1.      Decisión marco 2005/212
4.        El artículo 2 («Decomiso») señala:
«1.      Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para poder proceder al decomiso, total o parcial, de los instrumentos y productos de infracciones penales que lleven aparejadas penas privativas de libertad de duración superior a un año, o de bienes cuyo valor corresponda a tales productos.
[…]».
5.        Conforme al artículo 4 («Vías de recurso»):
«Cada Estado miembro adoptará las disposiciones necesarias para garantizar que las partes interesadas afectadas por las medidas a las que se refieren los artículos 2 y 3 dispongan de vías de recurso efectivas para defender sus derechos».
6.        El artículo 5 («Garantías») reza:
«La presente Decisión no tendrá el efecto de modificar la obligación de respetar los derechos y principios fundamentales, incluida en particular la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea».
2.      Directiva 2014/42/UE (4)
7.        Según el artículo 2 («Definiciones»):
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
3)      “instrumento”: cualquier bien utilizado o destinado a utilizarse de cualquier forma, total o parcialmente, para cometer una o varias infracciones penales;
[…]».
8.        El artículo 3 («Ámbito de aplicación») enumera:
«La presente Directiva se aplicará a las infracciones penales contempladas en:
a)      el Convenio establecido sobre la base del artículo K.3, apartado 2, letra c), del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (“el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios”);
b)      la Decisión Marco 2000/383/JAI del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del euro;
c)      la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo;
d)      la Decisión Marco 2001/500/JAI del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito;
e)      la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo;
f)      la Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado;
g)      la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas;
h)      la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada;
i)      la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo;
j)      la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo;
k)      la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo,
así como cualquier otro acto jurídico, si en el acto de que se trate se establece expresamente que la presente Directiva se aplica a las infracciones penales que se armonicen en el mismo».
9.        El artículo 14 («Sustitución de la Acción Común 98/699/JAI y de determinadas disposiciones de las Decisiones Marco 2001/500/JAI y 2005/212/JAI») prevé:
«1.      […] los cuatro primeros guiones de los artículos 1 y 3 de la Decisión Marco 2005/212/JAI, son sustituidos por la presente Directiva en lo que respecta a los Estados miembros obligados por la presente Directiva, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos para la transposición de las Decisiones Marco en su Derecho nacional.
[…]».
3.      Directiva 2024/1260
10.      El artículo 33 («Transposición») indica:
«1.      Los Estados miembros pondrán en vigor a más tardar el 23 de noviembre de 2026 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
[…]».
11.      De conformidad con el artículo 36 («Sustitución de la Acción Común 98/699/JAI, las Decisiones Marco 2001/500/JAI y 2005/212/JAI, la Decisión 2007/845/JAI y la Directiva 2014/42/UE»):
«1.      [La Decisión marco] 2005/212/JAI […] se sustituy[e] por lo que respecta a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, sin perjuicio de las obligaciones de dichos Estados miembros relativas a la fecha de transposición de estos actos al derecho interno.
[…]».
B.      Derecho búlgaro. Nakazatelen kodeks (Código penal)
12.      El artículo 53 reza:
«(1)      Con independencia de la responsabilidad penal, se decomisarán en beneficio del Estado:
a)      […] los bienes pertenecientes a la persona declarada culpable que se hubieran destinado o hubieran sido utilizados para cometer deliberadamente una infracción penal o, cuando estos bienes ya no existieran o hubieran sido cedidos, se decomisará su contravalor;
[…]».
13.      En virtud del artículo 343b, en su versión aplicable a los hechos:
«(1)      […] Quien conduzca un vehículo de motor con una tasa de alcoholemia superior a 1,2 por mil, debidamente acreditada, será castigado con una pena privativa de libertad de uno a tres años y con una multa de doscientas a mil [levas búlgaras (BGN)].
(2)      […] Quien conduzca un vehículo de motor con una tasa de alcoholemia superior a 0,5 por mil, debidamente acreditada, después de haber sido condenado mediante sentencia firme por la infracción mencionada en el apartado 1, será castigado con una pena privativa de libertad de uno a cinco años y con una multa de quinientas a mil quinientas BGN.
(3)      […] Quien conduzca un vehículo de motor bajo los efectos, debidamente acreditados, de estupefacientes y sustancias análogas será castigado con una pena privativa de libertad de uno a tres años y con una multa de quinientas a mil quinientas BGN.
(4)      […] Cuando la persona cometa el acto a que se refiere el apartado 4 de forma reincidente, será castigada con una pena privativa de libertad de uno a cinco años y con una multa de quinientas a mil quinientas BGN.
(5)      […] En los supuestos contemplados en los apartados 1 a 4, el órgano jurisdiccional ordenará el decomiso, en beneficio del Estado, del vehículo de motor utilizado para cometer la infracción penal y que sea propiedad del autor de dicha infracción o, cuando el autor no sea su propietario, le condenará a pagar su valor.
[…]».
II.    Hechos, litigio y preguntas prejudiciales
14.      El 27 de julio de 2024, en la ciudad de Veliki Preslav (Bulgaria), el Sr. EZ conducía un vehículo de motor con una tasa de alcoholemia de 3,23 por mil. (5)
15.      El 15 de agosto de 2024, el conductor llegó un acuerdo con el Ministerio Fiscal. Con arreglo al acuerdo, aprobado por sentencia (6) que devino firme ese mismo día, se le impusieron:
–         Una pena privativa de libertad de un año, cuya ejecución fue suspendida durante un período de tres años.
–         Una multa de 500 BGN.
–        Una pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor durante un período de un año y ocho meses.
16.      El vehículo
que conducía el Sr. EZ pertenece a la comunidad de bienes matrimonial formada por él y por su mujer. Esta última no intervino en el proceso, al no permitírselo la regulación procesal nacional entonces vigente. (7)
17.      Antes de adoptar una decisión sobre el decomiso, se acordaron medidas cautelares respecto del 50 %
correspondiente a EZ sobre la propiedad del vehículo. (8)
18.      Para decidir sobre la confiscación del valor del vehículo, el Rayonen sad — Veliki Preslav (Tribunal de primera instancia de Veliki Preslav, Bulgaria) ha estimado necesario suscitar
cuatro preguntas prejudiciales, de las que transcribo las dos primeras, que, por indicación del Tribunal de Justicia, serán objeto de estas conclusiones. Su tenor es como sigue:
«1)      ¿Son aplicables la Directiva [2024/1260], la [Carta] o la Decisión Marco [2005/212] a los delitos de tráfico cometidos bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿constituye un vehículo de motor un instrumento utilizado para cometer la infracción penal en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva [2024/1260]?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
19.      La petición de decisión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 9 de octubre de 2024.
20.      Han depositado observaciones escritas el Gobierno polaco y la Comisión Europea.
21.      En la vista celebrada el 1 de octubre de 2025, comparecieron el Gobierno búlgaro y la Comisión.
IV.    Apreciación
A.      Preliminar
22.      De acuerdo con el derecho búlgaro, la comisión de la infracción penal de conducción de un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas lleva aparejado
el decomiso del vehículo en favor del Estado, si es propiedad del autor, o, si no lo es, la sustitución por el pago de su valor al Estado. (9)
23.      De la lectura del auto de reenvío y de las observaciones de cuantos han intervenido en este procedimiento se infiere que, en casos como éste, la obligación de decretar el decomiso del vehículo (o la cantidad sustitutoria, si el vehículo no fuese propiedad del autor de la infracción) es absoluta. (10)
B.      Primera pregunta prejudicial
24.      El tribunal a quo quiere saber, en primer lugar, si la normativa de la Unión aplicable al litigio comprende la Directiva 2024/1260, la Carta o la Decisión marco 2005/212.
25.      Según el artículo 33, apartado 1, de la Directiva 2024/1260, «los Estados miembros pondrán en vigor a más tardar el 23 de noviembre de 2026 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión».
26.      La Comisión
asevera (11) que la República de Bulgaria no le ha comunicado la transposición de la Directiva 2024/1260. (12)
27.      En estas circunstancias, y dado que la conducción del vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas se produjo el 27 de julio de 2024, la Directiva 2024/1260 es inaplicable
ratione temporis.
28.      El litigio ha de zanjarse, desde el punto de vista del derecho de la Unión, acudiendo a la Decisión marco 2005/212. Ahora bien, aunque el auto de reenvío no la mencione, ha de tenerse en cuenta si la Directiva 2014/42, vigente en la fecha de los hechos, podría ser también aplicable.
29.      Como es bien sabido, el Tribunal de Justicia puede facilitar al de reenvío elementos de interpretación del derecho de la Unión que aquel no haya mencionado en su auto de remisión. (13)
30.      La
respuesta a las preguntas prejudiciales
debería, pues, no sólo ceñirse al artículo 2, apartado 1, de la Decisión
marco 2005/212,
sino también
valorar la eventual incidencia de la Directiva 2014/42.
31.      Ante las dudas surgidas sobre la aplicabilidad de la Decisión marco 2005/212 a los delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, importa ante todo examinar la base jurídica de esa Decisión marco.
1.      Base jurídica de la Decisión marco 2005/212
32.      La Decisión marco 2005/212 menciona como base jurídica, además del artículo 34
UE, apartado 2, letra b), los artículos 29 UE y 31 UE, apartado 1, letra c).
33.      En la vista, el Gobierno búlgaro sostuvo no sólo que la Decisión marco 2005/212 era inaplicable a este caso, (14) sino también que, de aplicarse a delitos como el de autos, pudiera no atenerse al derecho primario de la Unión.
34.      La Comisión se opone a esta tesis, creo que con razón.
35.      Según el artículo 29 UE, el objetivo de «ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia elaborando una acción en común entre los Estados miembros en los ámbitos de la cooperación […] judicial en materia penal» «habrá de lograrse mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia, organizada o no».
36.      Por su parte, el artículo 31 UE, apartado 1, letra c), establece que la acción en común sobre cooperación judicial en materia penal incluirá «la consecución de la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros, en la medida necesaria para mejorar dicha cooperación».
37.      Ambos preceptos del derecho primario de la Unión dotan de cobertura suficiente a la Decisión marco 2005/212 para aplicarla a delitos de una cierta gravedad, esto es, castigados con una pena privativa de libertad de duración superior a un año, pero sin circunscribirlos a una lista ni a una categoría específica (como pudiera ser la delincuencia organizada).
38.      En efecto, según el Tratado
UE en su versión anterior al Tratado de Lisboa, la base jurídica de la Decisión marco 2005/212 se vincula de modo directo a la cooperación judicial en materia penal, como acreditan las dos disposiciones citadas:
–        El artículo 29 UE alude explícitamente a la cooperación judicial penal para luchar contra la delincuencia, ya sea organizada o no.
–        El artículo 31 UE, apartado 1, letra c), (15) tiene una textura abierta, esto es, permite adoptar disposiciones de derecho derivado que propicien la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros, en la medida necesaria para mejorar la cooperación judicial penal. (16)
39.      En definitiva, las normas de derecho primario que la Decisión marco 2005/212 cita como base jurídica ofrecen cobertura suficiente para que su artículo 2 se extienda, de modo horizontal, a los delitos que el legislador europeo haya creído conveniente, sin restringirlos a los de ningún ámbito de criminalidad en particular.
40.      El artículo 9 del Protocolo 36 sobre disposiciones transitorias del Tratado de Lisboa, (17) al regular las correspondientes a los actos adoptados en virtud de los títulos V y VI del Tratado de la Unión, prevé que «los efectos jurídicos de los actos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión adoptados en virtud del Tratado de la Unión Europea antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se mantienen en tanto dichos actos no hayan sido derogados, anulados o modificados en aplicación de los Tratados».
41.      El Tribunal de Justicia ha declarado que:
–        «El artículo 9 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias debe entenderse en el sentido de que tiene principalmente por objeto garantizar que los actos adoptados en el marco de [la cooperación judicial] puedan seguir aplicándose de manera eficaz a pesar de la modificación del marco institucional de dicha cooperación». (18)
–        «Dado que la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado […], la legalidad del artículo 18, apartado 2, de la Decisión 2008/633 debe apreciarse en relación con las disposiciones que, en la fecha de la adopción de esa Decisión, regulaban la adopción de una medida como la Decisión impugnada […]». (19)
42.      Por consiguiente, la evaluación de los preceptos de la Decisión marco 2005/212 debe considerar el contexto normativo vigente cuando se aprobó, de modo que las referencias de derecho primario continúan siendo las del Tratado UE relativas a la cooperación judicial penal.
43.      La aprobación de la Directiva 2014/42, que sustituyó sólo parte de los preceptos de la Decisión marco 2005/212, no altera esa conclusión, pues los preceptos que siguen estando vigentes lo están en cuanto integrantes de la Decisión
marco. De lo contrario, la Directiva 2014/42 los habría incorporado como parte de su articulado. (20)
44.      En cualquier caso, si se quisiera interpretar la Decisión marco 2005/212 en sintonía con las normas del Tratado FUE relativas a la cooperación judicial penal, habría que tener en cuenta cómo, para el legislador de la Unión, el artículo 82 TFUE no se circunscribe a los delitos especialmente graves con dimensión transfronteriza.
45.      El legislador de la Unión ha declarado (precisamente en relación con el reconocimiento y la ejecución de resoluciones de decomiso dictadas por otro Estado miembro en el marco de procesos penales), que «los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación del [Reglamento (UE) 2018/1805] (21) no deben limitarse […] a los delitos especialmente graves con dimensión transfronteriza, ya que el artículo 82 [TFUE]
no exige dicha limitación para las medidas que establecen normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal». (22)
2.      Interpretación de la Decisión marco 2005/212
46.      A tenor del artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2005/212,
cada Estado miembro «adoptará las medidas necesarias para poder proceder al decomiso, total o parcial, de los instrumentos y productos de infracciones penales que lleven aparejadas penas privativas de libertad de duración superior a un año, o de bienes cuyo valor corresponda a tales productos».
47.      Como en el derecho búlgaro la infracción controvertida está castigada con una pena de hasta tres años de prisión, encaja, literalmente, dentro del artículo 2, apartado 1,
de la Decisión
marco 2005/212.
48.      Ahora bien, podría plantearse (así lo defienden los Gobiernos búlgaro y polaco)
una lectura más restrictiva de la Decisión marco 2005/212, de modo que sólo fuera aplicable en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada.
49.      Este argumento no es en absoluto desdeñable. El preámbulo de la Decisión
marco 2005/212 contiene indicaciones que, leídas de forma aislada, pudieran sugerir una limitación de su ámbito de aplicación a aquella forma de criminalidad. Varios preceptos de su articulado van en esa misma línea, a la que el criterio hermenéutico contextual daría apoyo.
50.      Creo, sin embargo, que en este caso:
–        Hay que privilegiar la clara (y taxativa) dicción del artículo 2 de la Decisión
marco 2005/212, que descarta su limitación a los delitos relacionados con la delincuencia organizada.
–        Hay que interpretar ese artículo en relación con las bases jurídicas de la propia Decisión marco 2005/212, en particular con los artículos 29 UE y 31 UE, apartado 1, letra c), que, como ya he avanzado, propician su extensión más allá de la delincuencia organizada.
–        Se debe atender a la finalidad de la Decisión marco 2005/212, esto es, extender la cooperación judicial en materia penal a conductas de una cierta gravedad, definidas por el legislador europeo, que ha optado por considerar tales las que lleven aparejadas penas privativas de libertad de duración superior a un año.
51.      Cuando los considerandos primero, segundo, cuarto, quinto y sexto de la Decisión marco 2005/212 aluden a la delincuencia organizada, lo hacen para expresar la preocupación por la prevención y lucha contra esa delincuencia. Tal preocupación justifica medidas dirigidas, por ejemplo, a mitigar la carga de la prueba en cuanto al origen del patrimonio de una persona, en casos de infracciones relacionadas con manifestaciones delictivas especialmente graves.
52.      En
contraste, el considerando décimo de la Decisión marco 2005/212 aporta mayor claridad:
«la finalidad de la presente Decisión marco es garantizar que todos los Estados miembros dispongan de normas efectivas que regulen el decomiso de los productos del delito, en particular en relación con la carga de la prueba sobre el origen de los bienes que posea una persona condenada por una infracción relacionada con la delincuencia organizada» (cursiva añadida).
53.      Así pues, el factor «delincuencia organizada» no es consustancial para interpretar el artículo 2 de la Decisión marco 2005/212, aunque pueda incidir en la carga de la prueba sobre el origen de los bienes decomisados.
54.      El artículo 2 de la Decisión marco 2005/212 tiene por objetivo, insisto, que los Estados dispongan de normas mínimas (de alcance horizontal) para regular el decomiso, de modo que las correspondientes resoluciones nacionales puedan ejecutarse en otros Estados miembros, en el seno de la cooperación judicial penal.
55.      El Tribunal de Justicia asocia, sin ambages, los objetivos de la Decisión marco 2005/212 a los propios de la cooperación judicial penal.
56.      En particular, subraya cómo «la Decisión Marco 2005/212 se basa en las disposiciones del título VI del Tratado
UE, en su versión anterior al Tratado de Lisboa, titulado “Disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal”, […]» y que su finalidad es «[…] garantizar, como expone su considerando 10, que todos los Estados miembros dispongan de normas efectivas que regulen el decomiso de los productos del delito». (23)
57.      Además de recordar la conexión de la Decisión marco 2005/212 con la Decisión marco 2006/783/JAI, (24) el Tribunal de Justicia proclama que, «habida cuenta de los objetivos y del tenor de las disposiciones de la Decisión marco 2005/212 y del contexto en el que esta se adoptó, […] dicha Decisión marco es un acto que obliga a los Estados miembros a establecer normas mínimas comunes de decomiso de los instrumentos y productos relacionados con infracciones penales con el fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales de decomiso adoptadas en el marco de procesos penales […]». (25)
58.      Hasta aquí, pues, no parece que haya motivos para limitar esas normas mínimas comunes relativas al decomiso a los supuestos de criminalidad organizada (entre los que, lógicamente, no figuraría el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas).
59.      La Directiva 2014/42 abandona el enfoque general de la Decisión marco 2005/212 y lo sustituye por un elenco específico
de infracciones, que se plasma en su artículo 3. Se trata de un catálogo de conductas de notoria gravedad, muchas de ellas caracterizadas por la presencia del elemento organizativo (delincuencia organizada).
60.      El catálogo de infracciones del artículo 3 de la Directiva 2014/42, que tiene carácter exhaustivo, (26) no cubre los delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
61.      Sin embargo, la regulación de la Directiva 2014/42 no expulsó del ordenamiento de la Unión a la Decisión marco 2005/212. (27) Y es que, por el contexto en el que se adoptó,
debe entenderse que la Directiva 2014/42 pretendía ampliar las disposiciones de la Decisión marco 2005/212. (28)
62.      El criterio que subyace en el artículo 2 de la Decisión marco 2005/212 (no ceñido tan sólo a las infracciones cometidas por organizaciones criminales, sino a cualquier delito que lleve aparejada una pena privativa de libertad de duración superior a un año)
lo asumen posteriores instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.
63.      Así, el Reglamento 2018/1805, a tenor de su considerando décimo cuarto, «debe ser aplicable a las resoluciones de […] decomiso relativas a los delitos contemplados en la Directiva 2014/42/UE, así como a […] las resoluciones de decomiso dictadas en relación con otros delitos […]» (cursiva añadida).
64.      Es lógico, pues, que el Tribunal de Justicia haya interpretado los preceptos de la Decisión
marco 2005/212 en relación con
hechos que no necesariamente guardaban relación con actividades de organizaciones criminales. El factor para apreciar la aplicabilidad de la Decisión marco 2005/212 fue, estrictamente, el relativo a la duración de la pena privativa de libertad señalada a la infracción. (29)
65.      Entiendo que no hay motivos para apartarse de esta postura del Tribunal de Justicia. Con arreglo a ella, el decomiso derivado de la conducción de un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas encaja en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2005/212, si la pena privativa de libertad que se le asigna supera el año de duración.
66.      La aplicación de la Decisión marco 2005/212 tiene, además, consecuencias favorables en cuanto a las garantías procesales de las personas sometidas al decomiso de los instrumentos del delito. Son justamente esas garantías las que propician que no haya obstáculos a la cooperación judicial en materia penal.
67.      Con arreglo al artículo 4 de la Decisión marco 2005/212, en relación con el decomiso acordado ante cualquiera de las infracciones definidas (ampliamente) en su artículo 2, cada Estado miembro ha de adoptar «las disposiciones necesarias para garantizar que las partes interesadas afectadas por las medidas a las que se [refiere el artículo 2] dispongan de vías de recurso efectivas para defender sus derechos». Además, las garantías a las que se refiere el artículo 5
de la Decisión marco 2005/212 permanecen plenamente operativas.
68.      Esta vía de contacto con el derecho derivado de la Unión posibilita que,
en virtud de su artículo 51,
se aplique la Carta a las medidas de decomiso contempladas en la Decisión marco 2005/212.
69.      Bajo este criterio, el Tribunal de Justicia ha declarado que el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta ha de protegerse frente al decomiso de bienes de terceros de buena fe. (30) Ha puesto en relación, asimismo, el artículo 47 de la Carta (derecho a la tutela judicial efectiva) con el artículo 4 de la Decisión marco 2005/212. (31)
70.      Desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales, las disposiciones reguladoras del decomiso en los Estados miembros que no respeten, manifiestamente, esos derechos podrán abocar a la negativa al reconocimiento de resoluciones judiciales, que quedaría obstaculizado. (32)
71.      Con estas últimas reflexiones puede responderse a la parte de la primera pregunta prejudicial en la que el tribunal de reenvío demanda si la Carta (en general, sin detallar cuál de sus artículos) resulta aplicable.
72.      Por lo demás, no estimo necesario analizar la influencia que en el litigio pudiera tener la Directiva 2024/1260, a la que alude el tribunal de reenvío, dado que, como ya avancé, es inaplicable ratione temporis a los hechos aquí examinados.
73.      De acometer ese análisis, habría que dilucidar si la Directiva 2024/1260 influye retroactivamente en la interpretación de la Decisión marco 2005/212, para lo que no encuentro razones suficientes.
74.      El problema, con el que probablemente deberá enfrentarse el Tribunal de Justicia en el futuro, es que, al establecer su ámbito de aplicación, la Directiva 2024/1260 parece seguir una técnica similar a la que, literalmente, empleaba la Directiva 2014/42 (sólo para delitos de naturaleza especialmente grave, sin atender a la pena asignada a cada delito), pero, a diferencia de la Directiva 2014/42, (33) sustituye totalmente el contenido de la Decisión marco 2005/212. (34)
C.      Segunda pregunta prejudicial
75.      Aunque la decisión de reenvío se refiere al artículo 1 de la Decisión marco 2005/212, la definición de «instrumento» contenida en esta última había sido sustituida, en la fecha de los hechos, por la recogida en la Directiva 2014/42.
76.      La segunda pregunta prejudicial ha de reformularse, pues, de manera que se examine si un vehículo de motor conducido bajo la influencia de bebidas alcohólicas encaja en la definición de «instrumento»
del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2014/42 («cualquier bien utilizado o destinado a utilizarse de cualquier forma, total o parcialmente, para cometer una o varias infracciones penales»). (35)
77.      Comparto el punto de vista de la Comisión cuando afirma que la noción de «instrumento»
de la Directiva 2014/42 es muy amplia y subraya su autonomía conceptual en el seno del derecho de la Unión. (36)
78.      El Tribunal de Justicia ya ha aceptado que un vehículo de motor puede calificarse de instrumento (susceptible de decomiso) para la comisión de una infracción penal
constitutiva de
fraude fiscal. (37) ¿Esa misma calificación puede aplicarse en los casos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas?
79.      El medio
específico que sirve para el traslado de las mercancías de contrabando, el
tráfico de drogas o cualquier otro desplazamiento ilícito de objetos será instrumento en cuanto utilizado
«de cualquier forma» para cometer esas infracciones. Resulta indiferente que se trate de un vehículo de motor o de otro medio de transporte.
80.      En cambio, para la comisión de una infracción penal consistente en la conducción de un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el uso del vehículo de motor constituye un elemento imprescindible del propio tipo penal.
81.      ¿El vehículo de motor pierde su carácter de instrumento del delito cuando se integra en la descripción de la infracción penal? ¿Puede entenderse, más bien, que ese vehículo es objeto de tal infracción?
82.      La respuesta que los derechos de los Estados miembros (por lo general, a través de sus códigos penales, que adoptan soluciones divergentes) (38) han dado a estos interrogantes no es uniforme.
83.      En ciertos Estados miembros, su legislación dispone que el vehículo de motor se considera instrumento del delito en las infracciones penales contra la seguridad vial, en general, o, de modo particular, cuando se ha conducido bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. (39)
84.      Otros Estados miembros, sin embargo, consideran que el vehículo es instrumento en supuestos de conducción temeraria, pero estiman que es objeto material de la infracción respecto de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. En el mismo sentido, para este último tipo delictivo, determinadas legislaciones consideran que el vehículo conducido es objeto indispensable para la comisión de la infracción. (40)
85.      A mi juicio, la amplia definición de instrumento
que utiliza el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2014/42
no se opone a que el legislador nacional califique de tal al vehículo que una persona conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
86.      Si un vehículo de motor
puede reputarse instrumento
en cuanto elemento accidental de
una infracción penal, no veo por qué, desde la perspectiva del derecho de la Unión, no lo sería cuando se trate de un factor cardinal para su comisión.
87.      Esa decisión del legislador nacional puede responder a consideraciones de política criminal que no necesariamente han de compartir todos los Estados miembros. Distinto es que una legislación nacional, en concreto, desborde los límites del principio de proporcionalidad al regular las condiciones en las que procederá de modo insoslayable el decomiso del vehículo, lo que constituye el objeto de otra pregunta prejudicial.
V.      Conclusión
88.      En atención a lo expuesto, sugiero responder a las dos primeras preguntas prejudiciales del Rayonen sad — Veliki Preslav (Tribunal de primera instancia de Veliki Preslav, Bulgaria)
en estos términos:
«La Decisión marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito, y la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea,
han de interpretarse en el sentido de que:
–        El artículo 2 de la Decisión marco 2005/212 resulta aplicable al decomiso de un vehículo de motor conducido bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes
cuando esta conducta constituya una infracción penal que lleve aparejada una pena privativa de libertad de duración superior a un año.
–        En esa misma medida, resulta de aplicación al decomiso la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
–        Nada impide que un vehículo de motor pueda calificarse de instrumento, en el sentido del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2014/42, para la comisión de una infracción penal consistente en la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas».
1      Lengua original: español.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, sobre recuperación y decomiso de activos (DO L, 2024/1260).
3      Decisión marco del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (DO 2005, L 68, p. 49).
4      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO 2014, L 127, p. 39).
5      El artículo 343b del Código penal búlgaro tipifica el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas a partir de un grado de alcoholemia superior a 1,2 por mil. La tasa admisible disminuye a 0,5 por mil si el conductor es reincidente.
6      El auto de reenvío no especifica qué órgano dictó esa sentencia.
7      En la vista, el Gobierno búlgaro sostuvo que una posterior modificación legislativa hace ya posible tal intervención.
8      Según explicó el Gobierno búlgaro en la vista, la medida cautelar persigue la inmovilización y el depósito del vehículo hasta que recae una decisión definitiva de decomiso. Para ejecutar esta decisión, se saca el vehículo a subasta pública y se reparte el importe de la venta entre el Estado búlgaro y el propietario no implicado en los hechos delictivos.
9      Según la Comisión (apartado 6 de sus observaciones escritas), contra la nueva versión, de 2023, del artículo 343b, apartado 5, del Código penal se habían presentado dos recursos de constatación de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno búlgaro informó en la vista de que, el 17 de julio de 2025, había recaído sentencia (número 8/2025) en la que se declaró que la norma se ajustaba a la Constitución de Bulgaria.
10      En la vista, preguntado el Gobierno búlgaro sobre si, en su sistema penal, la aplicación del decomiso al delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas era automática, respondió en sentido afirmativo. El automatismo, añadió, obedece a la valoración previa que el legislador llevó a cabo, al imponer el decomiso en todo caso, en atención al riesgo creado. Los órganos jurisdiccionales penales pueden determinar si el delito se cometió o no, pero, en el primer caso, necesariamente se ha de acordar el decomiso.
11      Apartado 9 de sus observaciones escritas.
12      La obligación de notificación a la Comisión deriva del artículo 33, apartado 2, de la Directiva 2024/1260. El Gobierno búlgaro, que no había presentado observaciones escritas, no desmintió a la Comisión en la vista. Debe suponerse, por consiguiente, que no ha habido transposición.
13      Sentencia de 18 de septiembre de 2019, VIPA (C‑222/18, EU:C:2019:751), apartado 50 y jurisprudencia citada.
14      En lo que coincidió con las observaciones escritas del Gobierno polaco.
15      Como se puso de relieve en la vista, la elección de la letra c) es intencionada. De haberse querido restringir la Decisión marco 2005/212 a las reglas mínimas para luchar contra la criminalidad organizada, se hubiera utilizado la letra e) del artículo 31 UE, apartado 1.
16      En la vista hubo un cierto debate sobre el grado de «necesidad» de la mejora de la compatibilidad entre las legislaciones de los Estados miembros en el ámbito de la cooperación judicial penal. A mi juicio, corresponde al legislador de la Unión evaluar cuándo se produce esa necesidad, como ha hecho en la Decisión marco 2005/212.
17      DO 2008, C 115, p. 322.
18      Sentencia de 16 de abril de 2015, Parlamento/Consejo (C‑540/13, EU:C:2015:224), apartado 44. En relación con las posiciones comunes, «el hecho de que, en materia de PESC, el TUE ya no establezca la adopción de posiciones comunes, sino de decisiones, no tiene por efecto que dejen de existir las posiciones comunes adoptadas antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, so pena de privar al artículo 9 del protocolo (n.º 36) de gran parte de su efectividad. […] En tales circunstancias, si bien el contexto jurídico de ambas categorías de actos jurídicos no es idéntico, las posiciones comunes que no hayan sido derogadas, anuladas o modificadas tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa pueden equipararse, a efectos de la aplicación del artículo 215 TFUE, a las decisiones adoptadas de conformidad con el capítulo 2 del título V del TUE a que se refiere dicho artículo» [sentencia de 19 de julio de 2012, Parlamento/Consejo (C‑130/10, EU:C:2012:472), apartados 109 y 110)].
19      Sentencia de 16 de abril de 2015, Parlamento/Consejo (C‑540/13, EU:C:2015:224), apartado 35.
20      La supervivencia de ciertos preceptos de la Decisión marco 2005/212 fue valorada en el procedimiento legislativo post-Lisboa, en el contexto del Tratado FUE.
21      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso (DO 2018, L 303, p. 1).
22      Considerando décimo cuarto del Reglamento 2018/1805. Véase, asimismo la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 2019, Moro (C‑646/17, EU:C:2019:489), apartados 32 a 37.
23      Sentencia de 19 de marzo de 2020, Agro In 2001 (C‑234/18, EU:C:2020:221), apartados 52 y 53. En lo sucesivo, «sentencia Agro In 2001».
24      Decisión marco del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso (DO 2006, L 328, p. 59). En el apartado 55 de la sentencia Agro In 2001, el Tribunal de Justicia declara que «la Decisión Marco 2005/212 está asociada a una propuesta del Reino de Dinamarca que dio lugar a la adopción de la Decisión Marco 2006/783. Como se indica en el considerando 8 de esta última Decisión Marco, su objeto es facilitar la cooperación entre Estados miembros en lo referente al reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones de decomiso de bienes, de manera que se obligue a los Estados miembros a reconocer y ejecutar en su territorio las resoluciones de decomiso dictadas por un tribunal competente en materia penal de otro Estado miembro».
25      Sentencia Agro In 2001, apartado 56.
26      Sentencia Agro In 2001, apartado 47.
27      Sentencia Agro In 2001, apartado 48: «del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2014/42 resulta que dicha Directiva sustituye únicamente los cuatro primeros guiones del artículo 1 y el artículo 3 de la Decisión Marco 2005/212 para los Estados miembros a los que obliga la Directiva, lo que supone, como indicó la Abogada General, en esencia, en los puntos 48 y 49 de sus conclusiones, que los artículos 2, 4 y 5 de la referida Decisión Marco se mantienen en vigor tras la adopción de la Directiva 2014/42».
28      Sentencia de 28 de octubre de 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo (C‑319/19, EU:C:2021:883), apartado 36: «[…] habida cuenta de los objetivos y del tenor de las disposiciones de la Directiva 2014/42, así como del contexto en el que esta se adoptó, procede considerar que esta Directiva, al igual que la Decisión Marco 2005/212, cuyas disposiciones pretende ampliar, de conformidad con su considerando 9, es un acto destinado a obligar a los Estados miembros a establecer normas mínimas comunes de decomiso de instrumentos y productos relacionados con infracciones penales, particularmente con el fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales de decomiso adoptadas en el marco de procesos penales». Véanse, asimismo, las sentencias Agro In 2001, apartado 56; y de 14 de enero de 2021, Okrazhna prokuratura — Haskovo y Apelativna prokuratura — Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8), apartado 36.
29      En la sentencia de 14 de enero de 2021, Okrazhna prokuratura — Haskovo y Apelativna prokuratura — Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8), se trataba de un delito de contrabando agravado, castigado con una pena privativa de libertad de tres a diez años. En la sentencia Agro In 2001, de un delito de desvío de fondos, que llevaba aparejada una pena privativa de libertad de diez a veinte años.
30      Sentencia de 25 de enero de 2024, Sofiyski gradski sad (C‑722/22, EU:C:2024:80), apartado 28.
31      Sentencia de 14 de enero de 2021, Okrazhna prokuratura — Haskovo y Apelativna prokuratura — Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8), parte dispositiva, punto 2.
32      En virtud del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento 2018/1805, «la autoridad de ejecución podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de una resolución de decomiso solo si: […] h) en situaciones excepcionales, cuando existan motivos fundados para creer, sobre la base de pruebas concretas y objetivas, que la ejecución de la resolución de decomiso implicaría, en las circunstancias particulares del caso, una violación manifiesta de un derecho fundamental aplicable recogido en la Carta, en particular, el derecho a la tutela judicial efectiva, a un juicio justo o a la defensa». Cursiva añadida.
33      Entiendo que la Directiva 2014/42, al salvar la vigencia de los artículos 2, 4 y 5 de la Decisión marco 2005/212, con las garantías a ellos asociadas, se atuvo al respeto de lo previsto en el artículo 52, apartado 1, de la Carta.
34      De conformidad con el considerando sexagésimo segundo de la Directiva 2024/1260, «dado que la presente Directiva establece un conjunto exhaustivo de normas que se solaparía con actos jurídicos ya existentes, debe sustituir a […] la Decisión marco 2005/212/JAI». La sustitución completa del contenido de la Decisión marco 2005/212 por la Directiva 2024/1260 plantea no pocos interrogantes a la aplicación de los instrumentos de cooperación judicial penal en esta materia, pues deja ciertos espacios vacíos en el sistema hasta ahora vigente.
35      Según las informaciones disponibles, hay Estados miembros cuya legislación prevé que la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes lleve aparejado el decomiso del vehículo (Bélgica, España, Francia, Croacia, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia o Eslovaquia). En otros, el decomiso es, más bien, resultado de una construcción jurisprudencial (Hungría, Portugal o Rumanía).
36      Apartados 13 y 14 de las observaciones escritas de la Comisión.
37      Sentencia de 25 de enero de 2024, Sofiyski gradski sad (C‑722/22, EU:C:2024:80), apartado 22: «desde el momento en que un vehículo se utiliza, “de cualquier forma”, para cometer [una] infracción penal [de fraude fiscal], ese vehículo está comprendido en el concepto de “instrumento”, en el sentido del artículo 1, tercer guion, de dicha Decisión marco, sin que proceda distinguir en función de que el vehículo se utilice como medio de transporte o como medio de posesión o almacenamiento de los productos objeto de la infracción penal en cuestión». El tipo delictivo castigaba al poseedor de productos sujetos a impuestos especiales sin precinto fiscal.
38      Hay Estados miembros que restringen la medida de decomiso a los supuestos de conducción temeraria, a la conducción reiterada sin título habilitante o, también de forma reiterada, bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Otros dejan al arbitrio judicial la responsabilidad de decidir, sin automatismos y en virtud de consideraciones ad casum, en qué condiciones procederá el decomiso del vehículo. Otros, en fin, atienden a la naturaleza de la infracción cometida o a la peligrosidad que, en concreto, la conducta haya supuesto para las personas.
39      Según las informaciones disponibles, así parece ocurrir en Bélgica, España, Francia, Croacia, Italia, Países Bajos, Rumanía o Eslovaquia.
40      Según las informaciones disponibles, así parece ocurrir en Letonia, Hungría, Polonia o Portugal.