62024TJ0414_EXT
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
de 3 de diciembre de 2025 (
*1
)
«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria — Inmovilización de capitales — Restricciones a la entrada en el territorio de los Estados miembros — Listas de personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de capitales y de recursos económicos y que están sujetos a restricciones a la entrada en el territorio de los Estados miembros — Mantenimiento del nombre del demandante en las listas — Criterio de la asociación con una persona o entidad sujeta a las medidas restrictivas — Caída del régimen de Bashar al‑Asad — Error de apreciación»
En el asunto T‑414/24,
Amer Foz, con domicilio en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), representado por el Sr. L. Cloquet, abogado,
parte demandante,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por la Sra. D. Laurent y el Sr. E. Nadbath, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),
integrado, durante las deliberaciones, por el Sr. J. Svenningsen, Presidente, y los Sres. J. Laitenberger y J. Martín y Pérez de Nanclares (ponente), Jueces;
Secretaria: Sra. M. Zwozdziak‑Carbonne, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 10 de septiembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia (
1
)
1
Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, el Sr. Amer Foz, parte demandante, solicita la anulación de la Decisión (PESC) 2024/1510 del Consejo, de 27 de mayo de 2024, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L, 2024/1510); del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1517 del Consejo, de 27 de mayo de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L, 2024/1517) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de mantenimiento de 2024»); de la Decisión (PESC) 2025/1096 del Consejo, de 27 de mayo de 2025, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L, 2025/1096); de la Decisión de Ejecución (PESC) 2025/1095 del Consejo, de 27 de mayo de 2025, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L, 2025/1095); del Reglamento (UE) 2025/1098 del Consejo, de 27 de mayo de 2025, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L, 2025/1098), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1094 del Consejo, de 27 de mayo de 2025, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L, 2025/1094), en la medida en que todos estos actos le afectan.
I. Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso
[omissis]
3
El presente asunto se inscribe en el contexto de las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo de la Unión Europea a partir de 2011 contra la República Árabe Siria y contra las personas responsables de la represión violenta ejercida contra la población civil de Siria, como se desprende de la Decisión 2011/273/PESC del Consejo, de 9 de mayo de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO 2011, L 121, p. 11).
4
Los nombres de las personas responsables de esa represión, así como los de las personas y entidades que se benefician del régimen sirio o que lo apoyan y los de las personas o entidades asociadas con aquellas, han sido incluidos en las listas que figuran en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 442/2011 (DO 2012, L 16, p. 1), y en el anexo I de la Decisión 2013/255/PESC del Consejo, de 31 de mayo de 2013, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO 2013, L 147, p. 14) (en lo sucesivo, conjuntamente, «listas controvertidas»).
A. Sobre el mantenimiento del nombre del demandante en las listas anexas a los actos de mantenimiento de 2024
5
El nombre del demandante fue añadido en la línea 291 de las listas controvertidas en virtud de la Decisión de Ejecución (PESC) 2020/212 del Consejo, de 17 de febrero de 2020, por la que se aplica la Decisión 2013/255 (DO 2020, L 43, p. 6), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/211 del Consejo, de 17 de febrero de 2020, por el que se aplica el Reglamento n.o 36/2012 (DO 2020, L 43, p. 1).
6
Posteriormente, el nombre del demandante se mantuvo en las listas controvertidas. Los motivos de la inclusión se modificaron en el momento de la adopción de la Decisión (PESC) 2021/855 del Consejo, de 27 de mayo de 2021, por la que se modifica la Decisión 2013/255 (DO 2021, L 188, p. 90), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/848 del Consejo, de 27 de mayo de 2021, por el que se aplica el Reglamento n.o 36/2012 (DO 2021, L 188, p. 18) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de mantenimiento de 2021»).
7
Mediante escrito de 31 de marzo de 2023, el Consejo informó al demandante de su intención de mantener su nombre en las listas controvertidas por motivos parcialmente distintos de los motivos anteriores. Dicha institución le remitió los documentos con las referencias WK 3121/2023 INIT, de 3 de marzo de 2023 (en lo sucesivo, «documento WK 3121/2023»), y WK 206/2023 EXT 2, de 24 de marzo de 2023 (en lo sucesivo, «documento WK 206/2023»), que incluían las pruebas que sustentaban la propuesta de modificación de los motivos del mantenimiento del nombre del demandante con respecto de los motivos anteriores. Por otro lado, le invitó a presentar sus observaciones sobre dicha propuesta a más tardar el 17 de abril de 2023.
[omissis]
9
El 25 de mayo de 2023, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2023/1035, por la que se modifica la Decisión 2013/255 (DO 2023, L 139, p. 49), que prorrogó la aplicación de esta última Decisión hasta el 1 de junio de 2024, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1027, por el que se aplica el Reglamento n.o 36/2012 (DO 2023, L 139, p. 1). El nombre del demandante se mantuvo en la línea 291 de las listas controvertidas. El Consejo justificó la adopción de las medidas restrictivas con respecto al demandante citando motivos diferentes de los mencionados en los actos de mantenimiento de 2021 (en lo sucesivo, «motivación de 2023»).
10
La motivación de 2023 está redactada en los siguientes términos:
«Destacado empresario con intereses y actividades comerciales familiares y personales en múltiples sectores de la economía siria. Se beneficia económicamente del acceso a oportunidades comerciales y respalda al régimen sirio.
Está asociado además con su hermano [el Sr.] Samer Foz, incluido en la lista por el Consejo desde enero de 2019 como destacado empresario que opera en Siria y por apoyar al régimen y beneficiarse de él. Junto con su hermano, lleva a cabo una serie de proyectos comerciales, en particular en la zona de Adra al-Ummaliyya (afueras de Damasco). Estos proyectos incluyen una fábrica de cableado y sus accesorios, así como un proyecto de producción de electricidad mediante energía solar. También llevaron a cabo diversas actividades con el [Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL, Dáesh)] en nombre del régimen [de Bashar al‑Asad], en particular el suministro de armas y municiones a cambio de trigo y petróleo.»
11
El 27 de mayo de 2024, el Consejo adoptó los actos de mantenimiento de 2024. Los motivos indicados para el mantenimiento del nombre del demandante son los mismos que los de 2023. Mediante escrito de 28 de mayo de 2024, el Consejo informó al demandante del mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas.
B. Sobre el mantenimiento del nombre del demandante en las listas anexas a la Decisión de Ejecución 2025/1095 y al Reglamento de Ejecución 2025/1094
12
A raíz de la caída del régimen de Bashar al‑Asad en Siria el 8 de diciembre de 2024, el Consejo adoptó, el 27 de mayo de 2025, la Decisión 2025/1096 y el Reglamento 2025/1098.
13
El Consejo indicó, en el considerando 8 de la Decisión 2025/1096, que, «a pesar de la caída del régimen de [Bashar al‑Asad] y del establecimiento de las autoridades de transición, la situación en Siria [seguía] siendo inestable; en cuanto a la red de [Bashar al‑Asad], extendida por el interior y el exterior de Siria, aún no se le [habían] exigido responsabilidades y todavía no [podía] darse por disuelta. El Consejo añadió que «[persistía] un riesgo creíble de desestabilización y de posible resurgimiento de la influencia del régimen anterior [y que eran] ejemplo de ello los incidentes en apoyo del régimen de [Bashar al‑Asad] dirigidos a menoscabar el proceso de transición: actos violentos que [habían] causado víctimas mortales en la región costera de Siria». Según el Consejo, algunas «personas y entidades incluidas en la lista vinculadas al régimen de [Bashar al‑Asad] todavía ocupan puestos de gran relevancia e influencia, y existe el riesgo de que apoyen nuevos conflictos armados, mediante financiación o por otros medios, y de que participen en intentos de dar marcha atrás en la transición».
14
En particular, a tenor del considerando 13 de la Decisión 2025/1096, «destacados empresarios que operan en Siria vinculados al régimen de [Bashar al-Asad] que han amasado considerable riqueza y poder debido a esta conexión […] conservan su influencia y sus redes» y, «por tanto, conllevan un riesgo inherente de represión violenta de la sociedad civil y para la transición pacífica en Siria».
15
La Decisión 2025/1096 modificó la redacción de los artículos 27, apartados 1 y 2, y 28, apartados 1 y 2, de la Decisión 2013/255. Estos artículos establecen actualmente restricciones a la entrada en el territorio de los Estados miembros o al tránsito por ellos, así como la inmovilización de capitales, respecto de, en particular, «las personas responsables de la represión violenta contra la población civil en Siria, las personas que se benefician del régimen anterior de [Bashar al‑Asad] o que lo apoyan y las personas asociadas con aquellas», así como de «destacados empresarios que operen en Siria vinculados al régimen anterior de [Bashar al‑Asad]». El Reglamento 2025/1098 modificó, en particular, la redacción del artículo 15 del Reglamento n.o 36/2012 con el fin de integrar en él los nuevos criterios de inclusión definidos en la Decisión 2025/1096.
16
Mediante escrito de 15 de abril de 2025, el Consejo informó al demandante de su intención de mantener su nombre en las listas controvertidas basándose en motivos parcialmente distintos de los que constituyen la motivación de 2023. A continuación, le remitió los documentos con las referencias WK 4862/2025 INIT, de 11 de abril de 2025 (en lo sucesivo, «documento WK 4862/2025»), y WK 4875/2025 REV 1, de 14 de abril de 2025 (en lo sucesivo, «documento WK 4875/2025»), que incluían las pruebas que sustentaban la propuesta de modificación de los motivos del mantenimiento de su nombre con respecto de los que constituían la motivación de 2023. Finalmente, le invitó a presentar sus observaciones sobre dicha propuesta a más tardar el 27 de abril de 2025.
[omissis]
18
El 27 de mayo de 2025, el Consejo adoptó la Decisión de Ejecución 2025/1095 y el Reglamento de Ejecución 2025/1094. El nombre del demandante se mantuvo en la línea 291 de las listas controvertidas. El Consejo justificó el mantenimiento de las medidas restrictivas con respecto al demandante citando motivos parcialmente diferentes de los de 2023 (en lo sucesivo, «motivación de 2025»).
19
La motivación de 2025 está redactada en los siguientes términos:
«Destacado empresario, vinculado al régimen anterior de [Bashar al‑Asad], con intereses y actividades comerciales familiares y personales en múltiples sectores de la economía siria. Se beneficia económicamente del acceso a oportunidades comerciales y respalda al régimen anterior de [Bashar al‑Asad].
Está asociado además con su hermano [el Sr.] Samer Foz, incluido en la lista por el Consejo desde enero de 2019 como destacado empresario que opera en Siria y por apoyar el régimen de [Bashar al‑Asad] y beneficiarse de él. También llevaron a cabo diversas actividades con el EIIL (Dáesh) en nombre del régimen anterior de [Bashar al‑Asad], en particular el suministro de armas y municiones a cambio de trigo y petróleo.»
II. Pretensiones de las partes
20
El demandante solicita al Tribunal General que:
–
Anule la Decisión 2024/1510, el Reglamento de Ejecución 2024/1517, la Decisión 2025/1096, la Decisión de Ejecución 2025/1095, el Reglamento 2025/1098 y el Reglamento de Ejecución 2025/1094 en la medida en que le afectan.
–
Condene en costas al Consejo.
21
El Consejo solicita al Tribunal General que:
–
Declare la inadmisibilidad del recurso en la medida en que se refiere al Reglamento 2025/1098.
–
Desestime el recurso por infundado.
–
Condene en costas al demandante.
–
Con carácter subsidiario, en el supuesto de que el Tribunal General decidiera anular la Decisión 2024/1510 y la Decisión de Ejecución 2025/1095 en la medida en que afectan al demandante, ordene que se mantengan sus efectos, en la medida en que afecten al demandante, hasta la expiración del plazo para interponer recurso de casación conforme a lo establecido en el artículo 56, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o, si se interpusiera un recurso de casación dentro de dicho plazo, hasta su eventual desestimación.
III. Fundamentos de Derecho
[omissis]
B. Sobre la admisibilidad de las pretensiones de anulación referidas al Reglamento 2025/1098
28
El Consejo cuestiona la admisibilidad de las pretensiones de anulación referidas al Reglamento 2025/1098 por carecer el demandante de legitimación activa. En efecto, el Consejo sostiene, en primer lugar, que el demandante no es el destinatario del Reglamento 2025/1098; en segundo lugar, que las disposiciones de dicho Reglamento no le afectan ni directa ni individualmente, y, en tercer lugar, que estas disposiciones requieren medidas de ejecución.
29
El demandante rebate las alegaciones del Consejo. En la vista, subrayó el hecho de que el Reglamento 2025/1098 hubiera sido mencionado en el escrito de 28 de mayo de 2025, enviado por el Consejo, por el que se le notificaba la adopción de la Decisión 2025/1096, de la Decisión de Ejecución 2025/1095, del Reglamento 2025/1098 y del Reglamento de Ejecución 2025/1094. Si el Reglamento 2025/1098 no hubiera tenido efecto directo e individual en la situación del demandante, no habría sido necesario notificárselo. Por otra parte, alega que los considerandos del Reglamento 2025/1098 son importantes e influyen en la manera en que el Consejo debe interpretar el Reglamento de Ejecución 2025/1094.
30
A este respecto, para empezar, procede señalar que el hecho de que el Reglamento 2025/1098 se mencionara en el escrito de 28 de mayo de 2025 no permite al demandante eludir los requisitos imperativos en materia de admisibilidad establecidos en el artículo 263 TFUE.
31
Seguidamente, con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos primero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.
32
Es importante destacar que, como se ha indicado en el apartado 15 de la presente sentencia, el Reglamento 2025/1098 modifica el Reglamento n.o 36/2012 para integrar en él los nuevos criterios de inclusión en la lista especificados en la Decisión 2025/1096, sin modificar, no obstante, el anexo II de dicho Reglamento.
33
Así pues, se trata de un acto de alcance general del que el demandante no es destinatario.
34
Pues bien, sin que sea necesario determinar si el Reglamento 2025/1098 constituye un acto reglamentario, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, procede señalar que incluye medidas de ejecución. En efecto, para que las medidas restrictivas que en él se establecen sean aplicables a particulares determinados, los nombres de estos deben incluirse o mantenerse en la lista anexa al Reglamento n.o 36/2012, como se desprende del artículo 32, apartado 1, de este último Reglamento. En el caso de autos, tales medidas de ejecución se adoptaron, respecto del demandante, mediante el Reglamento de Ejecución 2025/1094.
35
Por último, en cuanto a la alegación del demandante de que los considerandos del Reglamento 2025/1098 son importantes e influyen en la manera en que el Consejo debe interpretar el Reglamento de Ejecución 2025/1094, cabe señalar que el demandante no explica por qué este hecho justifica la admisibilidad de su recurso de anulación del Reglamento 2025/1098. En cualquier caso, si bien un considerando de un reglamento puede aclarar la interpretación que ha de darse a una norma jurídica, no constituye, en sí mismo, tal norma. La exposición de motivos de un acto de la Unión no tiene un valor jurídico vinculante (véase la sentencia de 26 de octubre de 2017, Marine Harvest/Comisión, T‑704/14, EU:T:2017:753, apartado 150 y jurisprudencia citada), de modo que no produce ningún efecto en la situación jurídica del demandante.
36
Por consiguiente, el demandante no está legitimado para solicitar la anulación del Reglamento 2025/1098.
37
En cambio, como reconoce el Consejo, el demandante está legitimado para solicitar la anulación, por una parte, de la Decisión 2025/1096 en la medida en que prorroga la aplicación de las medidas restrictivas en lo que a él respecta hasta el 1 de junio de 2026 y, por otra parte, de la Decisión de Ejecución 2025/1095 y del Reglamento de Ejecución 2025/1094 en la medida en que estos dos actos mantienen su nombre en las listas controvertidas (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de mantenimiento de 2025»).
C. Sobre la fundamentación
38
En apoyo de su recurso de anulación de los actos de mantenimiento de 2024, el demandante invoca tres motivos, basados, el primero, en un error de apreciación; el segundo, en la infracción de los artículos 27 y 28 de la Decisión 2013/255 y la violación del concepto de «asociación con una persona sancionada», tal como lo define la jurisprudencia del Tribunal General y del Tribunal de Justicia, y, el tercero, en el incumplimiento de lo establecido en la sentencia de 18 de mayo de 2022, Foz/Consejo (T‑296/20, EU:T:2022:298).
39
Procede señalar que los tres motivos invocados por el demandante tienen por objeto, en esencia, invocar la comisión de un error de apreciación por parte del Consejo, ya que se alega, en primer lugar, que la motivación de 2023 no está respaldada por pruebas suficientemente fiables o creíbles; en segundo lugar, que el Consejo se basó únicamente en la existencia de un vínculo familiar entre el demandante y el Sr. Samer Foz, persona incluida en las listas controvertidas, para justificar el mantenimiento de las medidas restrictivas en su contra, y, en tercer lugar, que el Consejo mantuvo erróneamente la mención de los proyectos comerciales llevados a cabo en la zona de Adra al‑Ummaliyya (Siria) en los motivos de mantenimiento de su nombre en la lista, pese a que el Tribunal General consideró, en el apartado 160 (no publicado) de la sentencia de 18 de mayo de 2022, Foz/Consejo (T‑296/20, EU:T:2022:298), que el Consejo no había presentado un conjunto de indicios suficientemente precisos y concordantes para demostrar que el demandante había llevado a cabo una serie de proyectos comerciales en la zona de Adra al‑Ummaliyya.
40
El Consejo rebate las alegaciones del demandante.
41
Habida cuenta de las alegaciones formuladas en el marco de los tres motivos de recurso invocados por el demandante, procede examinarlos conjuntamente.
42
Por lo que respecta a los actos de mantenimiento de 2025, el demandante reitera los motivos primero y segundo, que procede examinar conjuntamente por las mismas razones que las expuestas en el apartado 39 de la presente sentencia. En cambio, dado que la motivación de 2025 ya no hace referencia a los proyectos comerciales en la zona de Adra al‑Ummaliyya, considera que ya no es preciso mantener el tercer motivo.
1.
Consideraciones preliminares
[omissis]
48
La apreciación del fundamento de una inclusión en una lista debe llevarse a cabo examinando los medios de prueba no de forma aislada, sino en el contexto en el que se integran (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, apartado 51, y de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, apartado 50).
[omissis]
2.
Sobre los actos de mantenimiento de 2024
[omissis]
b)
Sobre la pertinencia de las pruebas presentadas por el Consejo
[omissis]
66
En cuanto a las pruebas incluidas en el documento WK 206/2023, ha de reconocerse que el contenido de los documentos no hace referencia al demandante de manera individual. No obstante, proporcionan el contexto en el que se produjo la designación del interesado, en particular, a la luz de las estrategias adoptadas por los empresarios sirios para eludir las medidas restrictivas adoptadas por la Unión y del lugar que ocupa el Sr. Samer Foz en la economía siria. Así pues, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 48 de la presente sentencia y aunque estas pruebas, consideradas por separado, no permitan justificar por sí solas el fundamento del mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas, esta circunstancia no puede privarles de toda pertinencia en el marco del examen de la legalidad de los actos de mantenimiento de 2024. En efecto, proporcionan información contextual que puede completar y reforzar las demás pruebas presentadas que mencionen al demandante de manera más específica [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de diciembre de 2020, Haikal/Consejo, T‑189/19, no publicada, EU:T:2020:607, apartado 120, y de 18 de mayo de 2022, Foz/Consejo, T‑296/20, EU:T:2022:298, apartado 101 (no publicado)]. En consecuencia, debe desestimarse esta alegación.
[omissis]
69
Por lo que respecta, en primer término, al informe Pro‑justice, procede señalar, por una parte, que, si bien la motivación de 2023 fue modificada con respecto a la que aparecía en los actos de mantenimiento de 2021, esta modificación no afectaba a la parte de la motivación que el informe Pro‑justice pretendía sustentar. En efecto, la motivación de 2023 difiere de la de 2021 en que se suprimió la referencia a que, «entre 2012 y 2019, [el demandante] fue director general de ASM International [General] Trading LLC». Sin embargo, el informe Pro‑justice había sido presentado por el Consejo para fundamentar otra parte de la motivación del mantenimiento de su nombre, que no fue modificada con la adopción de la motivación de 2023, a saber, aquella según la cual el demandante y su hermano, el Sr. Samer Foz, participaban en proyectos comerciales en la zona de Adra al‑Ummaliyya y desarrollaban actividades con el EIIL en nombre del régimen de Bashar al-Asad.
70
Por otra parte, el demandante no ha presentado pruebas que permitan considerar que la situación en Siria había cambiado entre la fecha de adopción de los actos de mantenimiento de 2021 y la de los actos de mantenimiento de 2024 y que, por tanto, el informe Pro‑justice ya no es pertinente. En efecto, el demandante se limita a considerar que el informe Pro‑justice está obsoleto porque data de 2020, mientras que dichos actos fueron adoptados en 2024.
71
Además, el documento WK 206/2023 contiene pruebas que demuestran que la estructura de la economía siria seguía siendo la misma en la fecha de adopción de los actos de mantenimiento de 2024, a saber, una economía basada en la existencia de un estrecho control ejercido por el régimen sirio y de estrechos vínculos entre dicho régimen y un círculo restringido de destacados empresarios sirios. Así, a título ilustrativo, la prueba n.o 5, a saber, un informe titulado «Replacing the Old Business Elite With the New War Profiteers in Syria» (Sustituir la antigua élite empresarial por los nuevos oportunistas de la guerra en Siria) y elaborado por el Centro Harmoon, publicado en julio de 2022, examina los papeles de los oportunistas de guerra en la economía siria y la manera en que se han enriquecido, ayudados por el régimen, mientras que la prueba n.o 7, a saber, un artículo titulado «Syria using maze of shell companies to avoid sanctions on Assad regime’s elite» (Siria utiliza sociedades ficticias para eludir las sanciones económicas impuestas a la élite del régimen de Bashar al‑Asad), publicado por el periódico The Guardian el 22 de marzo de 2022, pone de manifiesto la existencia de documentos oficiales sirios que acreditan la estrategia del régimen sirio consistente en crear sociedades ficticias con el fin de eludir las medidas restrictivas. Por lo tanto, como sostiene el Consejo, la situación en Siria seguía siendo preocupante en la fecha de adopción de los actos de mantenimiento de 2024.
[omissis]
c)
Sobre la fiabilidad de las pruebas presentadas por el Consejo
74
En su primer motivo, el demandante cuestiona la fiabilidad del documento informativo titulado «Syrian personalities subject to Western sanctions system» (Personalidades sirias sometidas al sistema de sanciones occidental) publicado el 18 de febrero de 2022 por el Jusoor Institute cuyo pasaje se reproduce como prueba n.o 7 del documento WK 3121/2023, alegando que es inaccesible.
[omissis]
d)
Sobre el fundamento de los motivos que justifican el mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas en virtud del criterio relativo a la asociación con una persona o entidad sujeta a las medidas restrictivas
1) Sobre el alcance del criterio de mantenimiento del nombre del demandante
[omissis]
83
A este respecto, cabe señalar que, al contrario de lo que sostiene el demandante, la motivación de 2023 en virtud de la cual el Consejo estimó que existía un vínculo entre el demandante y su hermano, el Sr. Samer Foz, no se limita exclusivamente a sus vínculos familiares, sino que se refiere también a sus vínculos comerciales. Además, el Consejo no sostiene que la pertenencia a la familia Foz sea un criterio de inclusión autónomo, a diferencia de lo que sucede con la pertenencia a las familias al‑Asad o Makhlouf, que es un criterio autónomo previsto como tal por los artículos 27, apartado 2, letra b), y 28, apartado 2, letra b), de la Decisión 2013/255, en su versión modificada, en particular, por la Decisión (PESC) 2015/1836 del Consejo, de 12 de octubre de 2015 (DO 2015, L 266, p. 75), y recogido, por lo que respecta a la inmovilización de capitales, en el artículo 15, apartado 1 bis, letra b), del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/1828 del Consejo, de 12 de octubre de 2015 (DO 2015, L 266, p. 1). De ello resulta igualmente que, en el examen del criterio de la asociación con una persona o entidad sujeta a las medidas restrictivas, la existencia de tal vínculo fraterno debe examinarse como un elemento fáctico.
[omissis]
3) Sobre las diversas actividades con el EIIL llevadas a cabo por el demandante y su hermano, el Sr. Samer Foz, en nombre del régimen sirio
[omissis]
98
A este respecto, el Tribunal General declaró, en el apartado 162 (no publicado) de la sentencia de 18 de mayo de 2022, Foz/Consejo (T‑296/20, EU:T:2022:298), que, habida cuenta de la información procedente del informe Pro‑justice, podía constatarse que el demandante y su hermano habían llevado a cabo actividades en nombre del régimen sirio, que incluían el suministro de armas y municiones a cambio de trigo y petróleo. Según dicho informe, esos intercambios comerciales tuvieron lugar cuando el EIIL controlaba todo el este de Siria, lo que, por otra parte, confirmó un dirigente del EIIL. El Tribunal General añadió que, según el artículo titulado «Factsheet: Samer Foz, Syria’s Most Powerful Businessman» (Ficha informativa: Samer Foz, el empresario más poderoso de Siria), publicado el 19 de abril de 2018 en el sitio de Internet The Syria Report e incluido en el documento WK 1751/2020 como prueba n.o 10, el transporte de trigo, en particular en las regiones controladas por el EIIL, estaba a cargo de la filial de Aman Holding, lo que constituía otro factor revelador de la importancia del Sr. Samer Foz a los ojos del régimen sirio. Además, el Tribunal General indicó que Aman Holding, dirigida por la familia Foz, actuaba por cuenta del régimen sirio en el comercio de cereales, según el artículo titulado «Exclusive — [Bachar al‑]Assad allies profit from Syria’s lucrative food trade» (Exclusiva — Los aliados de Bashar al‑Asad se aprovechan del lucrativo comercio de alimentos en Siria), publicado el 14 de noviembre de 2013 en el sitio de Internet Reuters e incluido en el documento WK 1751/2020 como prueba n.o 13. El Tribunal General hizo constar que, según este último sitio de Internet, Aman Holding desarrollaba una actividad de corretaje, en el comercio de cereales, con Hoboob, sociedad propiedad del Estado sirio. Aman Holding confirmó que había importado trigo a Siria en 2013. Por último, ASM International General Trading, con domicilio social en los Emiratos Árabes Unidos, también ejercía actividades de comercio de trigo, como se desprendía de dos artículos incluidos en el documento WK 1751/2020, a saber, el artículo titulado «US sanctions Syrian Businessman Samer Foz, [and his] entities for links to Assad» (Los Estados Unidos sancionan al empresario sirio Samer Foz y sus sociedades por sus vínculos con Asad), actualizado el 12 de junio de 2019, publicado en el sitio de Internet Arab News y reproducido como prueba n.o 12, y el artículo titulado «US sanctions Syrian oligarch and his luxury reconstruction business empire» (Los Estados Unidos sancionan a un oligarca sirio y su imperio comercial de reconstrucción de lujo), publicado el 11 de junio de 2019 por el sitio de Internet Al Arabiya y reproducido como prueba n.o 8.
[omissis]
4) Conclusiones acerca de la asociación con una persona sujeta a las medidas restrictivas
[omissis]
103
Además, en el apartado 166 de la sentencia de 18 de mayo de 2022, Foz/Consejo (T‑296/20, EU:T:2022:298), el Tribunal General consideró que la existencia de vínculos comerciales entre el demandante y su hermano, el Sr. Samer Foz, también se concretaba en una forma de concertación en la gestión de sus carteras de acciones. En este sentido, el Tribunal General constató, en primer término, que del escrito del Ministerio de Comercio Interior y Protección del Consumidor sirio de 22 de noviembre de 2020, que acredita la nueva composición del accionariado de Aman Holding, y del certificado de registro de Aman Holding, fechado el 3 de diciembre de 2020, que acredita la nueva distribución del accionariado de Aman Holding, presentados por el demandante, se desprende que tanto él como el Sr. Samer Foz habían cedido sus participaciones en Aman Holding durante un mismo período (concretamente, entre el 22 de noviembre de 2020 y el 3 de diciembre de 2020). En segundo término, la decisión de liquidar ASM International General Trading demostraba la existencia de cierta forma de concertación. A este respecto, el Tribunal General indicó que de las pruebas presentadas por el demandante resultaba que la decisión había sido adoptada el 26 de marzo de 2019 por los accionistas que integraban la junta extraordinaria de dicha sociedad —de la que formaban parte el Sr. Samer Foz y el demandante— como reacción a la inclusión del nombre del Sr. Samer Foz en las listas controvertidas, en enero de 2019.
104
A este respecto, el demandante considera que la inquietud del Tribunal General acerca de esta forma de concertación entre él y el Sr. Samer Foz ya no es actual y está obsoleta, por cuanto ASM International General Trading fue disuelta y liquidada y él cedió las acciones que poseía en Aman Holding.
105
Pues bien, es precisamente el contexto en el que se produjeron la cesión de las participaciones del demandante en Aman Holding y la liquidación de ASM International General Trading lo que llevó al Tribunal General a concluir que existía cierta forma de concertación entre el demandante y su hermano.
106
Además, es preciso señalar, por un lado, que el demandante no sostiene haber roto sus relaciones con el Sr. Samer Foz o haberse distanciado de él y, por otro, que la persistencia de tales vínculos queda también acreditada por la prueba n.o 7 del documento WK 3121/2023, que se ha mencionado en el apartado 74 de la presente sentencia, prueba de la que se desprende que trabaja junto a su hermano, y por la prueba n.o 4 de dicho documento, a saber, un informe titulado «Tactics of Sanctions evasion in Syria» (Tácticas de elusión de las sanciones en Siria), publicado en enero de 2022 por el Syrian Legal Development Programme y Baytna, que menciona el hecho de que el demandante sirve de testaferro a su hermano para ayudarle a eludir las medidas restrictivas impuestas a este último.
107
En segundo lugar, el demandante sostiene que ni él ni su familia están vinculados al régimen sirio, como, según él, demuestra la prueba n.o 10 del documento WK 1751/2020, que se ha mencionado en el apartado 98 de la presente sentencia, así como que se ha distanciado del régimen sirio y condena enérgicamente y sin reservas los estragos causados por este último.
108
A este respecto, procede recordar que, según los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la Decisión 2013/255, en su versión modificada, en particular, por la Decisión 2015/1836, las personas, entidades u organismos pertenecientes a alguna de las categorías contempladas en los artículos 27, apartado 2, y 28, apartado 2, de dicha Decisión no se incluirán o mantendrán en la lista de personas y entidades del anexo I de la Decisión 2013/255 si existe información suficiente que indique que no están vinculadas al régimen o han dejado de estarlo, ni ejercen influencia alguna sobre este ni plantean un riesgo real de elusión. Este requisito se reprodujo, en lo relativo a la inmovilización de capitales, en el artículo 15, apartado 1 ter, del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1828.
109
No obstante, la afirmación del demandante de que la prueba n.o 10 del documento WK 1751/2020 demuestra la falta de vínculos entre él y su familia, por una parte, y entre él y el régimen sirio, por otra, en la medida en que indica que el Sr. Samer Foz no forma parte de la familia del Sr. Bashar al‑Asad, que no tiene relación con los servicios de seguridad y que ni siquiera forma parte de la comunidad alauí, se basa en una lectura truncada de dicho artículo. En efecto, este último indica que «el estrecho vínculo de la familia Foz con [el] primo hermano del [Sr. Bashar al‑Asad,] [que es] la persona responsable de la seguridad personal de los dos últimos presidentes, [el Sr.] Hafez [al‑Asad] y [su sucesor], [el Sr. Bashar al‑Asad], es considerado por varias fuentes en Damasco como un factor primordial que explica la influencia de la familia [Foz]» y que, «en la actualidad, se considera que la familia [Foz] está directamente relacionada con propio [Sr. Bashar al‑Asad].
110
En cuanto a la afirmación de que el demandante se ha distanciado del régimen sirio y condena sus acciones, es preciso señalar que no está fundamentada en modo alguno y que la prueba n.o 7 del documento WK 3121/2023 la contradice. En efecto, de esta prueba se desprende que el demandante presentó un estudio estratégico elaborado para reactivar la economía siria, además de un mecanismo mediante el cual se eluden las sanciones económicas impuestas al régimen sirio por la Unión y los Estados Unidos de América.
111
Pues bien, por una parte, los intentos del régimen sirio de eludir las medidas restrictivas impuestas, en particular, por la Unión se ven corroborados por otras pruebas incluidas en el documento WK 206/2023, especialmente las pruebas n.os 5 y 7, que se han mencionado en el apartado 71 de la presente sentencia, y también la prueba n.o 6, a saber, un artículo titulado «Names... Fake companies to mislead Western sanctions against Assad, [an] economic researcher warns» (Nombres... Un investigador en economía advierte de la existencia de empresas falsas para inducir a error en la imposición de las sanciones occidentales contra Asad), publicado el 4 de febrero de 2022 en el sitio de Internet Orient net. Estas pruebas indican que el régimen sirio intenta eludir las medidas restrictivas impuestas, en particular, por la Unión a través de sociedades ficticias. Por otra parte, la prueba n.o 4 del documento WK 3121/2023, que se ha mencionado en el apartado 106 de la presente sentencia, también pone de manifiesto que el propio demandante intenta eludir las medidas restrictivas que se le imponen utilizando a sus suegros como testaferros.
112
Además, el mero hecho de que el demandante y su familia vivan en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y de que rara vez vayan a Siria no constituye, como tal, una circunstancia suficiente que permita afirmar que no está vinculado al régimen sirio (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de abril de 2021, Al-Tarazi/Consejo, T‑260/19, no publicada, EU:T:2021:187, apartado 149).
[omissis]
116
Pues bien, según la jurisprudencia, habida cuenta del carácter preventivo de las decisiones por las que se adoptan medidas restrictivas, si el juez de la Unión considera que al menos uno de los motivos mencionados es lo bastante preciso y concreto, que está respaldado por hechos y que constituye, por sí solo, una base suficiente para fundamentar la decisión, la circunstancia de que otros de esos motivos no presenten tales características no puede justificar la anulación de dicha decisión (véase la sentencia de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, apartado 72 y jurisprudencia citada).
[omissis]
3.
Sobre los actos de mantenimiento de 2025
a)
Sobre la determinación de los elementos de los motivos de mantenimiento relacionados con cada uno de los criterios
118
De manera análoga a la motivación de 2023, debe inferirse de la motivación de 2025 que el nombre del demandante se mantuvo en las listas controvertidas a la luz de tres criterios, a saber, en primer lugar, el de ser un destacado empresario que opera en Siria vinculado al régimen anterior de Bashar al‑Asad, previsto en los artículos 27, apartado 2, letra a), y 28, apartado 2, letra a), de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por última vez por la Decisión 2025/1096, y en el artículo 15, apartado 1 bis, letra a), del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada en último lugar por el Reglamento 2025/1098; en segundo lugar, el de la asociación con el régimen anterior de Bashar al‑Asad, contemplado en los artículos 27, apartado 1, y 28, apartado 1, de la Decisión 2013/255 y en el artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 36/2012, y, en tercer lugar, el de la asociación con una persona o entidad sujeta a las medidas restrictivas, que se establece en los artículos 27, apartado 2, última parte de la frase, y 28, apartado 2, última parte de la frase, de la Decisión 2013/255, así como en el artículo 15, apartado 1 bis, última parte de la frase, del Reglamento n.o 36/2012.
119
La motivación de 2023 y la motivación de 2025 difieren en que, en esta última, por una parte, se hace referencia al vínculo del demandante con el régimen anterior de Bashar al‑Asad y, por otra parte, se ha suprimido la referencia al hecho de haber llevado a cabo una serie de proyectos comerciales, en particular en la zona de Adra al‑Ummaliyya.
[omissis]
b)
Sobre la pertinencia de las pruebas presentadas por el Consejo
122
En el escrito de adaptación de su demanda, el demandante alega, primero, que la prueba n.o 1 del documento WK 4862/2025 está obsoleta, ya que data del 26 de agosto de 2024 y es, por tanto, anterior a la caída del régimen de Bashar al‑Asad. A continuación, sostiene que las pruebas del documento WK 4875/2025 no son pertinentes, ya que solo tres de las veintiuna pruebas que contiene lo mencionan. Por último, el demandante niega la pertinencia de la prueba n.o 7 del documento WK 4875/2025, que es el informe Pro‑justice ya presentado como prueba n.o 1 en el documento con la referencia WK 4361/2021 INIT.
123
El Consejo rebate las alegaciones del demandante.
124
En primer lugar, por lo que respecta a la prueba n.o 1 del documento WK 4862/2025, a saber, un artículo publicado en el sitio de Internet Brookings y titulado «Networked authoritarianism and economic resilience in Syria» (Autoritarismo en red y resiliencia económica en Siria), es cierto que, como sostiene el demandante, es anterior a la caída del régimen de Bashar al‑Asad, ya que data del 26 de agosto de 2024. No obstante, esa circunstancia no puede privarle por sí sola de toda pertinencia, en la medida en que permite tener una imagen de la situación económica del país tal como existía solo algunos meses antes de la caída de dicho régimen y comprender las interacciones entre el régimen de Bashar al‑Asad y los destacados empresarios que operan en Siria.
125
En segundo lugar, por lo que respecta a las pruebas del documento WK 4875/2025 que no mencionan el nombre del demandante, procede desestimar la alegación de este por los mismos motivos que los expuestos en el apartado 66 de la presente sentencia. En efecto, la finalidad de estas pruebas es proporcionar una imagen del contexto económico existente tanto antes como después de la caída del régimen de Bashar al‑Asad y, en particular, de los retos a los que se enfrenta el nuevo Gobierno sirio.
126
En tercer lugar, en cuanto al informe Pro‑justice, procede señalar que el aportado como prueba n.o 7 del documento WK 4875/2025 es rigurosamente idéntico al aportado como prueba n.o 1 del documento con la referencia WK 4361/2021 INIT. Dado que, además, no se menciona ninguna información sobre una eventual actualización de dicho informe, procede deducir de ello que la edición del informe Pro‑justice presentada como prueba n.o 7 del documento WK 4875/2025 es la de 2020, extremo que las partes confirmaron, en esencia, en la vista. Por lo tanto, dicho informe se había elaborado cinco años antes de la adopción de los actos de mantenimiento de 2025.
127
Además, como se ha indicado en el apartado 69 de la presente sentencia, el informe Pro‑justice había sido presentado por el Consejo para fundamentar la parte de la motivación de 2023 según la cual el demandante y su hermano, el Sr. Samer Foz, participaban en proyectos comerciales en la zona de Adra al‑Ummaliyya y desarrollaban actividades con el EIIL en nombre del régimen de Bashar al‑Asad.
128
Preguntado sobre este extremo en la vista, el Consejo alegó que el informe Pro‑justice seguía siendo pertinente, en la medida en que tenía por objeto demostrar la asociación del demandante con su hermano. A su juicio, además, esta asociación se mantenía en ese momento y así lo demostraba la prueba n.o 3 del documento WK 4875/2025, a saber, un artículo del sitio de Internet Daraj, de 15 de mayo de 2024, titulado «“Dubai Unlocked”: 10 Individuals Within Assad’s Close Circle Hide 50 Million Dollars in Dubai Estates» («Dubai Unlocked»: 10 individuos cercanos a Asad esconden 50 millones de dólares en propiedades en Dubái). Así pues, considera que el contexto en el que se adoptaron las medidas restrictivas contra el demandante no había cambiado.
129
A este respecto, por una parte, es preciso señalar que la situación en Siria cambió sensiblemente entre la fecha de adopción de los actos de mantenimiento de 2021 y de 2024 y la de los actos de mantenimiento de 2025, ya que el régimen de Bashar al‑Asad cayó antes de la adopción de estos últimos. Pues bien, ninguna de las pruebas con fecha posterior a la caída del régimen de Bashar al‑Asad contenidas en los documentos WK 4862/2025 y WK 4875/2025 menciona la persistencia de vínculos directos o indirectos entre el EIIL y el régimen anterior de Bashar al‑Asad. Además, ninguna otra prueba hace referencia a las relaciones del demandante o de su hermano con el EIIL, ni tampoco a los intercambios comerciales que se habían llevado a cabo en nombre del régimen anterior de Bashar al‑Asad.
130
Por otra parte, la referencia a los proyectos comerciales del demandante y de su hermano en la zona de Adra al‑Ummaliyya, que el informe Pro‑justice ponía de manifiesto, fue suprimida de los motivos de los actos de mantenimiento de 2025, como se ha indicado en el apartado 119 de la presente sentencia.
131
Por consiguiente, en la fecha de adopción de los actos de mantenimiento de 2025, la situación del demandante y el contexto en Siria ya no eran los mismos que los existentes en la fecha de adopción de los actos de mantenimiento de 2021 y de 2024. Habida cuenta, además, de que el informe Pro‑justice está fechado en 2020, es decir, cinco años antes, no puede alegarse que permita tener una imagen de la situación personal del demandante o de Siria existente en la fecha de adopción de los actos de mantenimiento de 2025.
132
De lo anterior resulta que, con excepción del informe Pro‑justice, todos los elementos de prueba contenidos en los documentos WK 4862/2025 y WK 4875/2025 son pertinentes.
c)
Sobre la fiabilidad de las pruebas presentadas por el Consejo
133
En el escrito de adaptación de su demanda, el demandante cuestiona la fiabilidad de las pruebas contenidas en los documentos WK 4862/2025 y WK 4875/2025, en la medida en que proceden de sitios de Internet.
134
El Consejo rebate las alegaciones del demandante.
135
A este respecto, para empezar, procede recordar que, en la apreciación de la importancia de los intereses en juego, que forma parte del control de la proporcionalidad de las medidas restrictivas discutidas, se pueden tener en cuenta el contexto en el que estas se integran, en particular la dificultad de obtener pruebas más concretas en un Estado en situación de inestabilidad tras la caída de un régimen autoritario que, además, el Consejo no considera disuelto (véase, por analogía, la sentencia de 14 de abril de 2021, Al-Tarazi/Consejo, T‑260/19, no publicada, EU:T:2021:187, apartado 71 y jurisprudencia citada).
136
Seguidamente, hay que recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, la actuación del Tribunal de Justicia y del Tribunal General se rige por el principio de libre apreciación de la prueba, y que el único criterio de apreciación del valor de las pruebas aportadas reside en su credibilidad. Pues bien, como se ha recordado en el apartado 76 de la presente sentencia, para apreciar el valor probatorio de un documento es necesario comprobar la verosimilitud de la información que en él se contiene y tener en cuenta, en especial, el origen del documento y las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (véase la sentencia de 14 de abril de 2021, Al‑Tarazi/Consejo, T‑260/19, no publicada, EU:T:2021:187, apartado 72 y jurisprudencia citada).
137
Por último, al carecer de competencias de investigación en países terceros, la apreciación de las autoridades de la Unión debe basarse, por ello, en fuentes de información accesibles al público, informes, artículos de prensa u otras fuentes de información similares (véase la sentencia de 14 de abril de 2021, Al‑Tarazi/Consejo, T‑260/19, no publicada, EU:T:2021:187, apartado 74 y jurisprudencia citada).
138
En estas circunstancias, el demandante no puede limitarse a reprochar al Consejo haber presentado pruebas procedentes de sitios de Internet, sin indicar de manera más precisa cuáles de ellas podrían suscitar dudas en cuanto a su fiabilidad y las razones de dichas dudas.
d)
Sobre el fundamento de los motivos que justifican el mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas en virtud del criterio relativo a la asociación con una persona o entidad sujeta a las medidas restrictivas
139
Con carácter preliminar, procede señalar que de la motivación de 2025, recordada en el apartado 19 de la presente sentencia, se desprende, en esencia, que el nombre del demandante fue mantenido en las listas controvertidas, en particular, por sus intereses comerciales familiares y por su asociación con su hermano, el Sr. Samer Foz, incluido en tales listas desde enero de 2019.
140
Como se ha expuesto en el apartado 83 de la presente sentencia, ha de hacerse constar que, contrariamente a lo que sostiene el demandante, la motivación de 2025 en virtud de la cual el Consejo estimó que existía un vínculo entre el demandante y su hermano, el Sr. Samer Foz, no se limita exclusivamente a sus vínculos familiares, sino que se refiere también a sus vínculos comerciales.
141
Además, al igual que cuando se adoptaron los actos de mantenimiento de 2024, el Consejo consideró, al adoptar los actos de mantenimiento de 2025, que el demandante estaba asociado con su hermano, el Sr. Samer Foz, en el marco de relaciones comerciales en razón de diversos intereses comerciales comunes y de diversas actividades con el EIIL llevadas a cabo en nombre del régimen sirio.
142
Por lo que respecta, en primer término, a las diversas actividades con el EIIL llevadas a cabo por el demandante y su hermano, el Sr. Samer Foz, en nombre del régimen sirio, cabe señalar que, como se desprende del apartado 132 de la presente sentencia, el informe Pro‑justice no es pertinente. Dado que, además, el Consejo no ha formulado ninguna alegación ni ha presentado ninguna otra prueba para acreditar que el demandante y su hermano seguían manteniendo relaciones comerciales con el EIIL en nombre del régimen anterior de Bashar al‑Asad, procede concluir que el Consejo no ha demostrado de modo suficiente en Derecho que el demandante estuviera asociado con su hermano, el Sr. Samer Foz, en el marco de relaciones comerciales con el EIIL.
143
En segundo término, por lo que respecta a los vínculos del demandante y de su hermano, el Sr. Samer Foz, en el marco de intereses comerciales comunes, procede señalar que el Consejo ya no se basa en los proyectos comerciales en la zona de Adra al‑Ummaliyya para demostrar la existencia de tales vínculos.
144
En cambio, de la prueba n.o 3 del documento WK 4875/2025, que se menciona en el apartado 128 de la presente sentencia, se desprende que determinados empresarios cercanos al régimen de Bashar al‑Asad, entre los que se menciona al demandante y a su hermano, encontraron refugio en Dubái, donde adquirieron bienes inmuebles de lujo. También se indica que el Sr. Samer Foz tiene tres empresas en el Líbano —entre ellas Solid 1 Offshore, que es la más reciente— de las que es socio el demandante.
145
Pues bien, es preciso señalar que, en el escrito de adaptación de su demanda, el demandante no refutó el contenido de esa prueba ni los vínculos que podía mantener con su hermano en el marco de esas empresas situadas en el Líbano, ni tampoco el hecho de que el cambio de situación en Siria hubiera tenido repercusiones en los negocios que él y su hermano tenían en el Líbano. Preguntado sobre esta prueba en la vista, el demandante no presentó ninguna alegación detallada, limitándose a rebatir de manera general la afirmación contenida en dicha prueba.
146
Además, para demostrar que ya no mantenía vínculos con su hermano, el demandante no formuló ninguna alegación nueva respecto de la formulada en la demanda y desestimada en el apartado 105 de la presente sentencia.
147
En cuanto a la inexistencia de vínculo entre el demandante y el régimen anterior de Bashar al‑Asad, aparte de las alegaciones ya formuladas en la demanda y en la réplica y desestimadas en los apartados 107 a 112 de la presente sentencia, el demandante alega que tal circunstancia queda acreditada por el hecho de que el nuevo Gobierno sirio no haya adoptado sanciones contra él.
148
Sin embargo, se trata de una afirmación no fundamentada.
149
Es cierto que el nombre del demandante no aparece en las pruebas aportadas por el Consejo que mencionan la inmovilización de las cuentas bancarias acordada por el nuevo Gobierno sirio respecto de destacados empresarios, a saber, las pruebas n.os 1 y 9 del documento WK 4875/2025, que son artículos publicados por la Agencia Reuters el 23 de enero y el 13 de febrero de 2025, respectivamente, y titulados «Syria orders freeze of bank accounts linked to former regime» (Siria ordena la inmovilización de las cuentas bancarias vinculadas al régimen anterior) y «Exclusive: Syria’s new leaders zero in on Assad’s business barons» (Exclusiva: los nuevos dirigentes de Siria se centran en los barones comerciales de Asad), la prueba n.o 11 de dicho documento, que es un artículo publicado en el sitio de Internet Watan el 13 de febrero de 2025 y titulado «Syria’s New Government Investigates Assad’s Billionaire Allies in Anti-Corruption Drive» (El nuevo Gobierno sirio investiga a los aliados millonarios de Asad en el marco de una campaña anticorrupción), y la prueba n.o 17 de dicho documento, que es un artículo publicado en el sitio de Internet KaramShaar el 18 de marzo de 2025 y titulado «Tracking Regime Cronies: How to Deal with Assad’s Economic Networks» (Seguir el rastro de los cómplices del régimen: cómo abordar el entramado económico de Asad).
150
No obstante, la mera circunstancia de que no se mencione el nombre del demandante no demuestra que no sea objeto de medidas de inmovilización de capitales. En efecto, estos artículos no contienen la lista completa de las personas afectadas, sino que, a lo sumo, ofrecen algunos ejemplos de personas afectadas, entre los que, por otra parte, se cita al hermano del demandante.
151
Además, en cuanto a la circunstancia de que el demandante vive en Dubái, procede señalar, sin perjuicio de lo que ya se ha indicado en el apartado 112 de la presente sentencia, que el Consejo aportó pruebas, a saber, la prueba n.o 3 del documento WK 4875/2025, que se menciona en el apartado 144 de la presente sentencia, y la prueba n.o 2 del documento WK 4862/2025, a saber, un artículo del sitio de Internet Worldcrunch de 14 de diciembre de 2024 y titulado «From Beirut To Moscow, On the Trail Of Syria’s Fleeing Kleptocracy» (De Beirut a Moscú: siguiendo el rastro de la cleptocracia siria huida), que demuestran que algunos de los destacados empresarios sirios próximos al régimen anterior de Bashar al‑Asad invirtieron en bienes inmuebles en Dubái, incluidos el demandante y su hermano, el Sr. Samer Foz.
152
En estas circunstancias, procede concluir que el Consejo ha demostrado suficientemente la existencia de un vínculo entre el demandante y su hermano, el Sr. Samer Foz, a través de relaciones comerciales en la fecha de adopción de los actos de mantenimiento de 2025.
153
Las demás alegaciones del demandante no desvirtúan esta conclusión.
154
En primer término, sin invocar la ilegalidad del régimen de medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Siria tras la caída del régimen de Bashar al‑Asad, como confirmó en la vista, el demandante estima, no obstante, que la caída de dicho régimen hace inútiles las medidas restrictivas en lo que le afectan. En efecto, el objetivo fijado por la Decisión 2013/255 y el Reglamento n.o 36/2012, a saber, la caída del régimen de Bashar al‑Asad, ya se ha alcanzado.
155
A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia, por lo que respecta a las reglas generales de las medidas restrictivas, el Consejo dispone de una amplia facultad de apreciación respecto de los elementos que hay que tener en cuenta para tomar medidas restrictivas. Teniendo en cuenta que el juez de la Unión no puede, en particular, sustituir la apreciación del Consejo sobre las pruebas, hechos y circunstancias que justifican la adopción de tales medidas por su propia apreciación, el control del Tribunal General al respecto debe limitarse a comprobar la observancia de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos, así como la inexistencia de error manifiesto de apreciación de los hechos y de desviación de poder. Este control limitado se aplica, en particular, a la valoración de las consideraciones de oportunidad sobre las que se basa la adopción de tales medidas (sentencias de 14 de octubre de 2009, Bank Melli Iran/Consejo, T‑390/08, EU:T:2009:401, apartado 36, y de 27 de abril de 2022, Kanyama/Consejo, T‑105/21, no publicada, EU:T:2022:250, apartado 83).
156
Pues bien, para impugnar el mantenimiento de las medidas restrictivas contra él tras la caída del régimen de Bashar al‑Asad, el demandante se limita a hacer referencia a la caída de dicho régimen, considerando que las justificaciones expuestas por el Consejo en el considerando 8 de la Decisión 2025/1096 son de carácter general.
157
Así pues, el demandante no formula ninguna alegación concreta ni presenta prueba alguna dirigida a rebatir la afirmación del Consejo, reflejada en el considerando 8 de la Decisión 2025/1096, de que «persiste un riesgo creíble de desestabilización y de posible resurgimiento de la influencia del régimen anterior [y] son ejemplo de ello los incidentes en apoyo del régimen de [Bashar al-Asad] dirigidos a menoscabar el proceso de transición: actos violentos que han causado víctimas mortales en la región costera de Siria».
158
Por el contrario, el Consejo ha aportado pruebas que demuestran, por una parte, la fragilidad de la economía siria, en la que amplios sectores todavía estaban en manos de empresarios vinculados al régimen anterior de Bashar al‑Asad, a saber, las pruebas n.os 9 y 17 del documento WK 4875/2025, que se mencionan en el apartado 149 de la presente sentencia, y, por otra parte, la implicación de personalidades vinculadas al régimen anterior de Bashar al‑Asad, entre ellos el Sr. Rami Makhlouf, en la financiación de la violencia perpetrada en la región costera de Siria, a saber, la prueba n.o 21 del documento WK 4875/2025, que es un artículo publicado por Syria TV, de 12 de abril de 2025, titulado «Special Source: Rami Makhlouf Involved in Financing Coastal Events» (Fuente exclusiva: Rami Makhlouf implicado en la financiación de los incidentes en la costa).
159
En segundo término, el demandante señala que la justificación expuesta por el Consejo para mantener las medidas restrictivas contra la categoría de destacados empresarios que operan en Siria vinculados al régimen anterior de Bashar al‑Asad es de carácter general.
160
Esta alegación, sin embargo, no es pertinente en el marco del examen del fundamento de los motivos relativos al criterio de la asociación con una persona o una entidad sujeta a las medidas restrictivas.
161
Por consiguiente, a la vista de cuanto antecede, procede considerar que el motivo de mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas por su asociación con una persona sujeta a las medidas restrictivas está suficientemente acreditado, de modo que, a la luz de este criterio, el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas está fundado.
162
Habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 116 de la presente sentencia, procede desestimar el presente motivo y, en consecuencia, las pretensiones de anulación en lo que se refieren a los actos de mantenimiento de 2025 y, por consiguiente, el recurso en su totalidad.
[omissis]
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas al Sr. Amer Foz.
Svenningsen
Laitenberger
Martín y Pérez de Nanclares
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de diciembre de 2025.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.
(
1
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.