62021CC0766(01)
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 6 de junio de 2024 (
1
)
Asunto C‑766/21 P
Parlamento Europeo
contra
AXA Assurances Luxembourg SA,
Bâloise Assurances Luxembourg SA,
La Luxembourgeoise SA,
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV
«Recurso de casación — Cláusula compromisoria contenida en un contrato celebrado por la Unión Europea — Artículos 123 y 166 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General — Demandado en rebeldía — Sentencia en rebeldía — Oposición a una sentencia dictada en rebeldía — Artículos 41 y 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Admisibilidad del recurso de casación y de la adhesión a la casación»
I. Introducción
1.
El presente litigio tiene por objeto un recurso de casación interpuesto por el Parlamento Europeo contra la sentencia del Tribunal General de 29 de septiembre de 2021, Parlamento/Axa Assurances Luxembourg y otros, (
2
) así como la adhesión a la casación presentada por Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV (en lo sucesivo, «NN») contra dicha sentencia.
2.
En las presentes conclusiones, las segundas que presento en este asunto, puesto que se ha reabierto la fase oral tras la presentación de mis primeras conclusiones el 18 de enero de 2024, (
3
) examinaré si el recurso de casación interpuesto por el Parlamento debe declararse inadmisible, a la luz de los principios derivados de la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2024 dictada en el asunto Eulex Kosovo/SC. (
4
)
II. Marco jurídico
3.
El artículo 41 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») tiene el siguiente tenor:
«Cuando la parte demandada, debidamente emplazada, se abstenga de contestar por escrito a la demanda, se dictará respecto de ella sentencia en rebeldía. La sentencia podrá ser impugnada en el plazo de un mes a partir de la fecha de su notificación. […]»
4.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56, párrafo primero, del Estatuto:
«Contra las resoluciones del Tribunal General que pongan fin al proceso, así como contra las que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución impugnada.»
5.
El artículo 123 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General (en lo sucesivo, «RPTG»), titulado «Sentencias en rebeldía», dispone:
«1.   Cuando el Tribunal General compruebe que el demandado, debidamente emplazado, no contesta a la demanda en la forma o en el plazo prescritos […], el demandante podrá pedir al Tribunal General, en el plazo fijado por el Presidente, que dicte sentencia estimatoria en rebeldía […]
[…]
3.   En la sentencia que dicte en rebeldía, el Tribunal General estimará las pretensiones del demandante, a menos que sea manifiestamente incompetente para conocer del recurso o que el recurso sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
[…]»
6.
En virtud del artículo 166 del RPTG, titulado «Oposición a una sentencia dictada en rebeldía»:
«1.   Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto, contra la sentencia dictada en rebeldía se podrá formular oposición.
2.   El demandado rebelde deberá presentar oposición […] dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia en rebeldía.
3.   Tras notificarse la oposición, el Presidente fijará a la otra parte un plazo para la presentación de sus observaciones escritas.
[…]
5.   El Tribunal General decidirá mediante sentencia, contra la que no se podrá formular oposición».
III. Antecedentes de las presentes conclusiones
7.
Los aspectos más relevantes de los antecedentes de hecho y de Derecho del litigio, hasta la presentación de mis primeras conclusiones, se exponen en los puntos 13 a 31 de dichas conclusiones. Considero que no es necesario reproducirlos aquí.
8.
En mis primeras conclusiones, que, a petición del Tribunal de Justicia, se centraron en la admisibilidad de la adhesión a la casación y en algunas otras cuestiones procesales, propuse al Tribunal de Justicia que: i) declarase la admisibilidad del escrito de contestación presentado por NN al recurso de casación del Parlamento, y ii) desestimase la adhesión a la casación formulada por NN por inadmisible. Con carácter subsidiario, propuse al Tribunal de Justicia, en caso de que considerase admisible la adhesión a la casación formulada por NN, que anulase los puntos 1 y 3 del fallo de la sentencia recurrida, debido a la infracción del artículo 123, apartado 3, del RPTG. (
5
)
9.
El mismo día que presenté mis primeras conclusiones, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) dictó la sentencia Eulex Kosovo, antes citada, cuyos principales aspectos expondré brevemente a continuación.
10.
En su recurso ante el Tribunal General, la demandante en dicho asunto había solicitado la anulación de una decisión adoptada por Eulex Kosovo y la reparación del perjuicio supuestamente sufrido como consecuencia del comportamiento de Eulex Kosovo. En respuesta, Eulex Kosovo propuso una excepción de incompetencia y de inadmisibilidad contra dicho recurso, pero no presentó escrito de contestación dentro del plazo que se había señalado.
11.
La demandante solicitó al Tribunal General que dictase una sentencia en rebeldía. En su sentencia, dictada en rebeldía, el Tribunal General desestimó las pretensiones de Eulex Kosovo. (
6
)
12.
Eulex Kosovo formuló oposición, sobre la base del artículo 166 del RPTG, contra la sentencia dictada en rebeldía y, poco después, interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante el Tribunal de Justicia.
13.
En su sentencia, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación, por considerar que «no puede admitirse el recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada en rebeldía que sea objeto de un recurso de oposición». En particular, el Tribunal de Justicia declaró que, «dado que [la interposición de un recurso de oposición contra una sentencia dictada en rebeldía] tiene como efecto la reapertura del procedimiento ante el Tribunal General, no se puede considerar que la sentencia dictada en rebeldía contra la que se ha interpuesto [tal recurso] haya puesto fin al proceso, en el sentido del artículo 56 del [Estatuto]». (
7
)
14.
A la luz de la sentencia Eulex Kosovo, en el presente asunto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decidió, mediante auto de 20 de marzo de 2024, reabrir la fase oral del procedimiento y celebrar una vista, para que las partes pudieran debatir y el Abogado General presentar sus conclusiones sobre el sentido que debe darse a los pasajes citados de dicha sentencia y sobre su eventual incidencia en el presente procedimiento, en particular en lo que atañe a la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el Parlamento. En este contexto, el Tribunal de Justicia también remitió a las partes dos preguntas para que las respondieran en la vista.
15.
Axa Assurances Luxembourg SA, Bâloise Assurances Luxembourg SA, La Luxembourgeoise SA (en lo sucesivo, conjuntamente, «otras partes demandadas»), NN (
8
) y el Parlamento expusieron sus tesis y respondieron a las preguntas en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia el 17 de abril de 2024.
IV. Análisis
16.
En mi opinión, el recurso de casación interpuesto por el Parlamento es admisible. Como expondré a continuación, contrariamente a las alegaciones formuladas en la vista por las demandadas, la conclusión contraria no es conforme ni con las normas de procedimiento pertinentes de la Unión ni con la sentencia Eulex Kosovo.
A.
Consideración de la sentencia recurrida como un conjunto de sentencias
17.
Antes de nada, debo señalar que la sentencia recurrida no es una sentencia dictada en su totalidad en rebeldía en el sentido del artículo 41 del Estatuto. Ello resulta, en primer lugar, del claro tenor de dicha disposición: «cuando la parte demandada, debidamente emplazada, se abstenga de contestar por escrito a la demanda, se dictará respecto de ella sentencia en rebeldía». (
9
)
18.
Por tanto, solo se dictó en rebeldía la parte de la sentencia que afecta a NN, en la medida en que fue ella quien «se [abstuvo] de contestar por escrito a la demanda». El resto de la sentencia difiere a este respecto, dado que las otras demandadas en primera instancia participaron debidamente en dicho procedimiento.
19.
En segundo lugar, el carácter compuesto de la sentencia recurrida también se refleja en su estructura y su contenido. Dicha sentencia se divide en dos partes: una relativa a las pretensiones del Parlamento frente a NN (apartados 45 a 61 de los fundamentos de Derecho y puntos 1 y 3 del fallo) y otra relativa a las pretensiones del Parlamento frente a las otras tres demandadas (apartados 62 a 138 de los fundamentos de Derecho y puntos 2 y 4 del fallo). Por consiguiente, las dos partes de la sentencia son distintas e independientes.
20.
Ello se debe a que, mientras que en la segunda parte de la sentencia el Tribunal General examinó las pretensiones de la demandante procediendo a un control exhaustivo de los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la primera analizó sus pretensiones con arreglo al criterio establecido en el artículo 123, apartado 3, del RPTG, que, como observé en mis primeras conclusiones, exige llevar a cabo un examen «ligero». (
10
)
21.
Por tanto, la sentencia recurrida debe considerarse un «conjunto de sentencias». Afecta individual y específicamente a la situación jurídica de las cuatro demandadas. (
11
) En efecto, el Parlamento habría podido interponer un recurso distinto contra cada una de las demandadas, lo que habría dado lugar a cuatro sentencias distintas del Tribunal General.
22.
Como señaló acertadamente el Parlamento en la vista, el hecho de que las cuatro demandadas estén vinculadas por el mismo contrato no excluye que su situación jurídica pueda individualizarse. Esto es tanto más cierto en el presente asunto cuanto que el contrato en cuestión establece una forma de responsabilidad conjunta, pero no solidaria, entre las cuatro compañías de seguros. Además, ninguna estipulación del contrato, ni siquiera la cláusula compromisoria que figura en su artículo I.19, obliga al Parlamento a ejercitar una acción frente a todas las demandadas al mismo tiempo.
23.
El hecho de que el Parlamento haya optado por actuar contra las demandadas en un único procedimiento judicial no afecta en modo alguno a lo anterior. En efecto, el resultado de un litigio como este no debe ser necesariamente el mismo para todas las partes demandadas afectadas. Cabría la posibilidad, por ejemplo, de que las demandadas eligieran diferentes vías de defensa o de que algunas de ellas decidieran llegar a un acuerdo con el demandante, que podría, a cambio, renunciar a una parte de sus pretensiones. (
12
)
24.
La sentencia Eulex Kosovo no pone en duda lo anterior. Ciertamente, como se ha mencionado en los puntos 10 a 12 de las presentes conclusiones, dicho litigio afectaba a una sola parte demandada, que no había presentado escrito de contestación dentro del plazo señalado. Todo el procedimiento en primera instancia se tramitó in absentia y, por consiguiente, la totalidad de la sentencia se dictó en rebeldía. Por tanto, el procedimiento iniciado por la demandada con arreglo al artículo 166 del RPGC tenía por objeto la sentencia en su totalidad. (
13
)
25.
Pues bien, esto no es lo que sucede en el presente asunto, puesto que, en el recurso presentado con arreglo al artículo 166 del RPTG, (
14
) NN únicamente solicitó la anulación de los puntos 1 y 3 del fallo de la sentencia recurrida. Después de todo, no podría haber sido de otro modo: esos puntos son las únicas partes de la sentencia dictada en rebeldía respecto de NN, en el sentido del artículo 41 del Estatuto.
B.
Carácter parcialmente definitivo de la sentencia recurrida
26.
De lo anterior se desprende que el mero hecho de que una de las demandadas en el litigio de que se trata no presentara escrito de contestación en primera instancia no priva a la sentencia del Tribunal General de su carácter definitivo por lo que respecta a las pretensiones formuladas por el Parlamento contra las otras demandadas.
27.
En lo que atañe a dichas demandadas, esa sentencia constituye una «resolución que pone fin al proceso» en el sentido del artículo 56, párrafo primero, del Estatuto, contra la que puede interponerse, por tanto, recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. Con respecto a las referidas partes de la sentencia recurrida, no queda —citando la expresión empleada por el Tribunal de Justicia en el apartado 29 de la sentencia Eulex Kosovo— ninguna otra vía de recurso.
28.
En particular, estas partes no pueden cuestionarse en un procedimiento iniciado por el demandado en rebeldía al amparo del artículo 166 del RPTG. La conclusión contraria llevaría a una situación un tanto singular. El Tribunal General tendría que reexaminar no solo los elementos que se apreciaron sobre la base de un examen ligero de los antecedentes de hecho y de Derecho pertinentes (respecto de NN), (
15
) sino también aquellos que fueron objeto de un examen exhaustivo (respecto de las otras demandadas).
29.
Además, debería hacerlo a pesar de que las otras demandadas no sean parte del procedimiento de oposición contra la sentencia dictada en rebeldía. En efecto, el artículo 166 del RPTG precisa que solo «la otra parte» (es decir, la parte demandante) puede presentar sus observaciones en el procedimiento iniciado mediante la oposición formulada por el demandado contra la sentencia dictada en rebeldía. En mi opinión, tal situación sería difícilmente compatible con la necesidad de proteger el derecho de defensa de las otras demandadas y el principio de igualdad de armas.
30.
Ciertamente, cabe sostener que el empleo del singular en el término «parte» en la mencionada disposición —que, debo añadir, es coherente en todas las versiones lingüísticas del RPTG— no excluye necesariamente, en ciertos casos, que pueda haber una pluralidad de partes.
31.
Sin embargo, tal interpretación del artículo 166 del RPTG sería contraria a la lógica del mecanismo previsto en dicho artículo. El procedimiento establecido en esa disposición no constituye una vía de recurso ni de revisión de una sentencia. Se trata más bien de un mecanismo procesal que permite la reapertura del procedimiento, (
16
) gracias al cual la parte en rebeldía puede formar parte del procedimiento, de modo que el asunto que ha sido resuelto provisionalmente inaudita altera parte (
17
) puede ser objeto de una resolución definitiva dictada a raíz de un procedimiento contradictorio en el que se ha respetado el principio audi alteram partem. (
18
) Desde este punto de vista, es evidente que no hay necesidad de que las otras demandadas participen en un procedimiento iniciado con arreglo al artículo 166 del RPTG, puesto que ellas ya han sido oídas.
32.
En este contexto, debo precisar asimismo, al hilo de lo anterior, que una interpretación diferente del artículo 166 del RPTG podría dar lugar a abusos procesales. En efecto, en las acciones ejercitadas contra varios codemandados, uno de ellos podría optar estratégicamente por mantenerse al margen del primer procedimiento, de modo que, en caso de que se desestimaran las pretensiones del resto de codemandados, la oposición formulada contra la sentencia dictada en rebeldía permitiría a todos ellos tener una «segunda oportunidad». En este nuevo procedimiento, los demandados disfrutarían también de la ventaja de conocer las razones por las que las alegaciones formuladas hasta ese momento no han resultado convincentes para el Tribunal General. (
19
) Además, en tales circunstancias se reduciría considerablemente el efecto útil de las disposiciones relativas a la carga de las alegaciones que recae sobre las partes, recogidas en el Reglamento de Procedimiento. (
20
)
33.
Por consiguiente, no procede considerar que el carácter provisional de una parte de una sentencia dictada en rebeldía se extiende a las demás partes de la sentencia en las que el Tribunal General examinó las cuestiones en el contexto de un procedimiento contradictorio y se pronunció con pleno conocimiento de las alegaciones de hecho y de Derecho formuladas por todas las partes afectadas. En consecuencia, contra dichas partes de la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 56 del Estatuto.
C.
Plazo de interposición del recurso de casación
34.
En la vista, las demandadas también propusieron una interpretación alternativa del marco procesal pertinente. Alegaron, al igual que el Parlamento, que la sentencia es definitiva respecto de las otras demandadas, aunque no puede ser recurrida en casación hasta que concluya el procedimiento relativo a la oposición formulada por NN contra la sentencia dictada en rebeldía. A su juicio, esto es necesario para salvaguardar el derecho de defensa de NN y evitar el riesgo de que se adopten resoluciones contradictorias sobre las mismas cuestiones.
35.
Estas alegaciones no me convencen.
36.
El tenor del artículo 56, párrafo primero, del Estatuto es muy claro al disponer que podrá interponerse recurso de casación, en particular, contra las resoluciones del Tribunal General que pongan fin al proceso «en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución impugnada». Ninguna disposición del Estatuto, del RPTG o del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, «RPTJ») establece una excepción a esta norma. (
21
)
37.
La tesis de las demandadas también sería incompatible con el principio de buena administración de la justicia, al menos por dos motivos.
38.
En primer lugar, dilataría considerablemente la duración del procedimiento —y, en consecuencia, generaría inseguridad jurídica— respecto de las partes del litigio que no sean objeto del procedimiento iniciado con arreglo al artículo 166 del RPGC. En segundo lugar, permitiría que las partes que pretendan interponer un recurso de casación contra las partes de la sentencia que no han sido dictadas en rebeldía dispusieran de hecho de un plazo de tiempo más largo —en la mayoría de los casos, significativamente más largo— para preparar dicho recurso. Ello sería contrario al principio de igualdad de armas en la medida en que las demás partes en el asunto en cuestión ante el Tribunal General, y en particular las que se oponen a las pretensiones de la demandante, solo disponen de un plazo de dos meses para contestar a las alegaciones de esta última. (
22
)
39.
Tampoco me convence la alegación formulada por las demandadas en cuanto al riesgo de que se adopten resoluciones contradictorias. Existen mecanismos procesales específicos que han sido concebidos a tal fin. En particular, de conformidad con el artículo 54 del Estatuto, el artículo 69 del RPTG y el artículo 55 del RPTJ, tanto el Tribunal General como el Tribunal de Justicia pueden ordenar, en situaciones como la que es objeto del presente asunto, la suspensión del procedimiento hasta que el otro órgano jurisdiccional haya dictado su resolución.
40.
En efecto, esto es lo que ha ocurrido en el presente asunto, en la medida en que el procedimiento relativo a la oposición contra la sentencia dictada en rebeldía formulada por NN ante el Tribunal General ha sido suspendido hasta que el Tribunal de Justicia adopte una resolución en el presente procedimiento de casación.
41.
En este contexto, he de subrayar asimismo que la posibilidad de soluciones diferentes en procedimientos distintos, en una situación como la examinada en el presente asunto, no implica necesariamente la existencia de resoluciones contradictorias. Ciertamente, como ya he mencionado en el punto 23, la posición de las distintas demandadas puede diferir desde un punto de vista tanto material como procesal. En cualquier caso, corresponde normalmente al Tribunal de Justicia garantizar la coherencia de la jurisprudencia, pronunciándose en casación respecto de las resoluciones dictadas en primera instancia.
42.
Tampoco me convence la argumentación relativa a la vulneración del derecho de defensa de la demandada en rebeldía. Si la he entendido correctamente, la alegación se resume en que el recurso de oposición contra la sentencia dictada en rebeldía interpuesto ante el Tribunal General podría quedar privado de todo sentido en la medida en que el Tribunal de Justicia puede pronunciarse con carácter definitivo sobre las cuestiones pertinentes al examinar el recurso de casación interpuesto por las otras demandadas.
43.
Pues bien, por las razones expuestas en los puntos 44 a 65 de mis primeras conclusiones, dado que NN fue parte demandada en el procedimiento de primera instancia y tenía «interés en la estimación o en la desestimación del recurso de casación», puede presentar un escrito de contestación al recurso de casación interpuesto por el Parlamento. El hecho de que, en primera instancia, fuera parte demandada en rebeldía no afecta en modo alguno a lo anterior. Una de las razones en las que fundamento mi opinión es que, dada la similitud de las cuestiones que deben tratarse en ambos procedimientos (recurso de oposición contra la sentencia en rebeldía ante el Tribunal General y recurso de casación ante el Tribunal de Justicia), era necesario proteger los derechos de NN a la tutela judicial efectiva y a ser oída.
44.
Por consiguiente, NN puede expresar su punto de vista sobre todas aquellas cuestiones sobre las que el Tribunal de Justicia puede pronunciarse en casación. En estas circunstancias, no puede vulnerarse su derecho a ser oída.
45.
Para NN, quizás es poco práctico que su posición jurídica sea apreciada en dos procedimientos distintos (directamente ante el Tribunal General, en el procedimiento relativo a la oposición contra la sentencia dictada en rebeldía, e indirectamente ante el Tribunal de Justicia, en el procedimiento de casación), pero ello es simplemente una consecuencia de su propia decisión de no comparecer en el procedimiento inicial incoado por el Parlamento.
46.
Por último, me limitaré a añadir que la interpretación alternativa del marco procesal pertinente propuesta por las demandadas evoca el deseo del refrán to have one’s cake and eat it (tenerlo todo sin renunciar a nada). En efecto, las demandadas aducen que las apreciaciones del Tribunal General relativas a las pretensiones formuladas por el Parlamento contra las otras partes demandadas serían, simultáneamente, «definitivas», al no ser objeto del procedimiento iniciado por NN con arreglo al artículo 166 del RPTG, y, sin embargo, no recurribles en casación mientras dicho procedimiento estuviera pendiente.
47.
En mi opinión, solo uno de los dos supuestos puede ser correcto, ya sea que el procedimiento previsto en el artículo 166 del RPTG permita poner de nuevo todo «sobre la mesa», o bien que las partes definitivas de la sentencia recurrida puedan ser objeto de un recurso de casación en el plazo ordinario de dos meses. Por los motivos expuestos en las presentes conclusiones, no me cabe duda de que esta última opción es la correcta. Considero, por tanto, que el recurso de casación interpuesto por el Parlamento debe declararse admisible.
V. Conclusión
48.
Habida cuenta de lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que declare admisible el recurso de casación interpuesto por el Parlamento Europeo.
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	T‑384/19, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2021:630.
(
3
)	Conclusiones presentadas en el asunto Parlamento/Axa Assurances Luxembourg y otros (C‑766/21 P, en lo sucesivo, primeras conclusiones, EU:C:2024:63).
(
4
)	C‑785/22 P, en lo sucesivo, «sentencia Eulex Kosovo», EU:C:2024:52.
(
5
)	Estas conclusiones siguen siendo válidas. Por consiguiente, no abordaré los aspectos conexos del presente litigio.
(
6
)	Sentencia de 19 de octubre de 2022, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV, EU:T:2022:637).
(
7
)	Apartados 31 y 32 de la sentencia Eulex Kosovo.
(
8
)	NN y las otras demandadas se denominarán en lo sucesivo «demandadas».
(
9
)	El subrayado es mío.
(
10
)	Punto 132 de mis primeras conclusiones.
(
11
)	Véase, por analogía, la sentencia de 6 de noviembre de 1990, Weddel/Comisión (C‑354/87, EU:C:1990:371), apartado 23.
(
12
)	En efecto, en el presente asunto, el resultado del procedimiento fue distinto para NN y para las otras demandadas, si bien ello se debió, en mi opinión, a un error de Derecho cometido por el Tribunal General. Véanse los puntos 120 a 148 de mis primeras conclusiones.
(
13
)	Véase el apartado 32 de la sentencia Eulex Kosovo.
(
14
)	Asunto T‑384/19 OP, Parlamento/Axa Assurances Luxembourg y otros, actualmente pendiente.
(
15
)	Véanse, a este respecto, los puntos 130 a 132 de mis primeras conclusiones.
(
16
)	Véase el apartado 31 de la sentencia Eulex Kosovo.
(
17
)	Véase, en este sentido, el punto 40 de mis primeras conclusiones.
(
18
)	En cuanto a la importancia de ese principio en los procedimientos judiciales de la Unión, véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), apartado 57 y jurisprudencia citada.
(
19
)	Llevando este razonamiento al absurdo, cabría concebir incluso situaciones en las que varios codemandados decidieran no participar en el primer procedimiento, y a continuación recurrieran, uno por uno, en virtud del artículo 166 del RPTG, las sentencias del Tribunal General, dando lugar así a una «cascada» de procedimientos en primera instancia. En efecto, hasta que todos los codemandados hubieran participado debidamente en el procedimiento, siempre habría una parte de la sentencia dictada en rebeldía.
(
20
)	Véanse, en particular, los artículos 84 («Motivos nuevos») y 85 («Pruebas y proposición de prueba») del RPTG.
(
21
)	Conviene subrayar que ambos Reglamentos contienen una serie de disposiciones que, en ciertas circunstancias, permiten la suspensión de determinados plazos previstos en ellos. Véanse, en particular, los artículos 55, apartado 3; 71, apartado 2, y 147, apartado 7, del RPTG, y los artículos 46, apartado 3; 55, apartado 5, y 186, apartado 3, del RPTJ.
(
22
)	Véase el artículo 172 del RPTJ, que precisa que «no se concederá ninguna prórroga del plazo de contestación».