62018TJ0310_RES
Asunto T‑310/18
European Federation of Public Service Unions (EPSU)
y
Jan Goudriaan
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Novena ampliada) de 24 de octubre de 2019
«Política social — Diálogo entre los interlocutores sociales en el ámbito de la Unión — Acuerdo titulado “Marco general de información y consulta a los funcionarios y a los empleados públicos de las administraciones dependientes de un gobierno central” — Petición conjunta de las partes firmantes para la aplicación de dicho Acuerdo a nivel de la Unión — Negativa de la Comisión a presentar una propuesta de decisión al Consejo — Recurso de anulación — Acto recurrible — Admisibilidad — Margen de apreciación de la Comisión — Autonomía de los interlocutores sociales — Principio de subsidiariedad — Proporcionalidad»
Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Decisión de la Comisión por la que se niega a presentar al Consejo una propuesta de decisión que tenga por objetivo aplicar, en el ámbito de la Unión, un acuerdo celebrado por los interlocutores sociales — Inclusión
(Arts. 155 TFUE, ap. 2, y 263 TFUE)
(véanse los apartados 20 y 22 a 36)
Política social — Acuerdo sobre la política social — Acuerdos de los interlocutores sociales — Aplicación sobre la base de una decisión del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión — Facultad de iniciativa de la Comisión — Alcance — Petición conjunta de las partes firmantes — Obligación de la Comisión de presentar al Consejo una propuesta de decisión — Inexistencia
(Art. 17 TUE, ap. 2; art. 155 TFUE, ap. 2)
(véanse los apartados 51, 66, 67, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 90, 93 y 103)
Actos de las instituciones — Naturaleza jurídica — Acto legislativo — Concepto — Medidas adoptadas a raíz de un procedimiento de aplicación, en el ámbito de la Unión, de acuerdos celebrados por los interlocutores sociales — Exclusión
(Arts. 155 TFUE, ap. 2, y 289 TFUE)
(véase el apartado 69)
Política social — Acuerdo sobre la política social — Acuerdos de los interlocutores sociales — Aplicación sobre la base de una decisión del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión — Facultad de iniciativa de la Comisión — Requisito — Respeto del principio de democracia — Representatividad de los firmantes del Acuerdo — Respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad
(Art. 17 TUE, ap. 1; art. 155 TFUE)
(véanse los apartados 75, 95, 96, 98 y 137)
Política social — Acuerdo sobre la política social — Acuerdos de los interlocutores sociales — Aplicación sobre la base de una decisión del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión — Facultad de iniciativa de la Comisión — Margen de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional — Límites
(Art. 17 TUE, ap. 1; art. 155 TFUE)
(véanse los apartados 108 a 112)
Resumen
En la sentencia EPSU y Goudriaan/Comisión (T‑310/18), dictada el 24 de octubre de 2019, el Tribunal desestimó un recurso de anulación interpuesto contra una decisión de la Comisión por la que se niega a presentar al Consejo una propuesta de decisión que aplique, en el ámbito de la Unión, un acuerdo firmado por los interlocutores sociales europeos.
En diciembre de 2015, los interlocutores sociales firmaron un acuerdo titulado «Marco general de información y consulta a los funcionarios y a los empleados públicos de las administraciones dependientes de un gobierno central» (en lo sucesivo, «Acuerdo»), en virtud del artículo 155 TFUE, apartado 1. Posteriormente, pidieron conjuntamente a la Comisión que presentara una propuesta para la aplicación del Acuerdo a nivel de la Unión mediante una decisión del Consejo adoptada sobre la base del artículo 155 TFUE, apartado 2. Ahora bien, en marzo de 2018, la Comisión informó a los interlocutores sociales de su negativa a presentar esa propuesta de decisión al Consejo. Esta decisión denegatoria se fundamentaba en motivos basados, en primer lugar, en la especificidad de las administraciones dependientes de un gobierno central, ya que ejercen prerrogativas de poder público; en segundo lugar, en la existencia, en los Derechos nacionales de muchos Estados miembros, de disposiciones relativas a la información y consulta a los funcionarios y empleados públicos de esas administraciones; y, en tercer lugar, en la existencia de diferencias significativas entre los Estados miembros en cuanto a la definición y a la dimensión de dichas administraciones, de modo que una eventual decisión del Consejo para la aplicación del Acuerdo tendría un ámbito de aplicación más o menos amplio en función de los Estados miembros.
El Tribunal declaró, en primer término, que la decisión denegatoria de la Comisión constituía un acto impugnable. En efecto, por un lado, no podía calificarse de acto preparatorio y, por otro, la eventual existencia de un amplio margen de apreciación no impedía la admisibilidad del recurso.
En segundo término, el Tribunal puso de relieve que, cuando los interlocutores sociales han negociado y celebrado un acuerdo sobre la base del artículo 155 TFUE, apartado 1, y las partes firmantes presentan una petición conjunta para la aplicación de dicho acuerdo a nivel de la Unión mediante una decisión del Consejo adoptada en virtud del artículo 155 TFUE, apartado 2, la Comisión no está obligada a estimar esa petición y le corresponde apreciar si procede presentar una propuesta en ese sentido al Consejo.
El Tribunal añadió al respecto que la Comisión no solo ha de verificar la estricta legalidad de las cláusulas de ese acuerdo, sino también debe tener en cuenta el interés general de la Unión y, por tanto, apreciar la oportunidad, incluso teniendo en cuenta consideraciones de orden político, económico y social, de la eventual aplicación a nivel de la Unión de dicho acuerdo.
Por último, el Tribunal precisó que la Comisión dispone de un amplio margen de apreciación y que, en caso de denegación, la decisión adoptada por la Comisión debe ser objeto de un control limitado por parte del Tribunal.