61969J0006
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 10 de diciembre de 1969 (
*1
)
En los asuntos acumulados 6/69 y 11/69,
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero Jurídico, Sr. Joseph Griesmar, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgoel despacho del Sr. Émile Reuter, Consejero Jurídico de la Comisión, 4, boulevard Royal,
parte demandante en el asunto 6/69,
parte demandada en el asunto 11/69,
contra
República Francesa, representada por su Excelencia, el Sr. Renaud Sivan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Francia,
parte demandada en el asunto 6/69,
parte demandante en el asunto 11/69,
que tienen por objeto:
1)
En el asunto 6/69,
que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, al mantener, después del 1 de noviembre de 1968, en lo que se refiere al tipo de redescuento preferencial para los créditos a la exportación, una bonificación superior a 1,5 puntos en relación con el tipo de redescuento ordinario, con infracción de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 68/301/CEE de la Comisión, de 23 de julio de 1968.
2)
En el asunto 11/69,
a)
La anulación de la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 1968, adoptada con arreglo al artículo 88 del Tratado CECA, sobre el mantenimiento por la República Francesa, después del 1 de noviembre de 1968, de un tipo de redescuento preferencial para los créditos a la exportación, con infracción de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 de la Decisión no 914/68/CECA de la Comisión, de 6 de julio de 1968.
b)
Que se declare que el Gobierno de la República Francesa puede mantener, sin contravenir las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CECA, un tipo de redescuento preferencial para los efectos creados con objeto de refinanciar créditos frente el extranjero,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: R. Lecourt (Presidente), R. Monaco y P. Pescatore, Presidentes de Sala; A.M. Donner, A. Trabucchi, W. Strauss y J. Mertens de Wilmars (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. K. Roemer;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
1
Considerando que mediante una comunicación de 12 de junio de 1968, el Gobierno de la República Francesa recibió la conformidad de la Comisión, en particular, para «mantener e incluso aumentar con carácter provisional la bonificación concedida a los exportadores franceses mediante el tipo de redescuento privilegiado aplicado por la Banque de France a los créditos a corto y medio plazo concedidos para las exportaciones destinadas a países de la Comunidad»;
2
que el 24 y el 26 de junio de 1968 dicho Gobierno comunicó que estas medidas entrarían en vigor a partir del 1 de julio de 1968, como medidas de salvaguardia adoptadas al amparo de los artículos 108 y 109 del Tratado CEE;
3
que el 6 y el 23 de julio de 1968 la Comisión adoptó dos Decisiones, basadas respectivamente en el artículo 67 del Tratado CECA y en el apartado 3 del artículo 108 del Tratado CEE, que autorizaban a dicho Gobierno a mantener un tipo de redescuento preferencial para la exportación, por una parte, de productos siderúrgicos y, por otra, de los productos incluidos en el ámbito del Tratado CEE;
4
que dichas Decisiones precisan que la diferencia entre el tipo preferencial cuyo mantenimiento autorizaban provisionalmente y el tipo ordinario, no podría exceder de 1,5 puntos a partir del 1 de noviembre de 1968 y habría de ser suprimida antes del 31 de enero de 1969.
5
Considerando que es hecho no controvertido que se ha mantenido una diferencia superior a 1,5 puntos después del 1 de noviembre de 1968;
6
que la Comisión, considerando que el Gobierno de la República Francesa había incumplido las obligaciones que le incumbían con arreglo a los Tratados, adoptó el 18 de diciembre de 1968, con arreglo al artículo 88 del Tratado CECA, una Decisión por la que instaba a dicho Gobierno a atenerse a la Decisión de 6 de julio de 1968 y emitió, en lo que atañe al. incumplimiento de la Decisión de 23 de julio de 1968, el dictamen motivado previsto en el artículo 169 del Tratado CEE;
7
que la Comisión, basándose en el antedicho artículo 169 interpuso seguidamente el recurso 6/69 ante el Tribunal de Justicia;
8
que, por su parte, mediante el recurso 11/69, el Gobierno de la República Francesa solicitó al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 88 del Tratado CECA, la anulación de la Decisión de 18 de diciembre de 1968, así como la declaración de que, sin infringir las obligaciones impuestas por dicho Tratado, podía mantener un tipo de redescuento preferencial para la exportación hacia los restantes países miembros.
9
Considerando que los dos recursos plantean en gran medida las mismas cuestiones a este Tribunal de Justicia y que procede, por lo tanto, acumularlos a los efectos de la sentencia.
A. Sobre el recurso 6/69 (CEE)
10
Considerando que en relación con el procedimiento entablado por la Comisión en el marco del Tratado CEE, el Gobierno de la República Francesa, invocando: «la insuficiencia de las normas del Tratado en materia monetaria», alega que la fijación del tipo de descuento forma parte de la política monetaria, la cual es de la competencia exclusiva de los Estados miembros y que por ello, al emprender las actuaciones que culminaron en la Decisión de 23 de julio de 1968, la Comisión actuó de forma contraria a Derecho, arrogándose una competencia que el Tratado le niega.
11
Considerando que, como la Decisión del 23 de julio de 1968 no fue objeto de un recurso de anulación dentro del plazo establecido por el párrafo tercero del artículo 173 del Tratado, debe considerarse que ha adquirido firmeza;
12
que, sin negar que dejó pasar dicho plazo, el Gobierno francés, invocando por una parte el orden público comunitario, y estimando por otra que: «una excesiva sujeción a las formas (sería) tan contraria al verdadero espíritu comunitario como su inobservancia», afirma, no obstante, que dicha Decisión fue adoptada en un ámbito que es competencia exclusiva de los Estados miembros;
13
que si esta tesis fuera cierta, la antedicha Decisión carecería de toda base jurídica en el ordenamiento comunitario, y que en un procedimiento en el que la Comisión, en interés de la Comunidad, actúa contra el incumplimiento de un Estado, es una exigencia fundamental del ordenamiento jurídico que el Tribunal de Justicia examine dicha alegación.
14
Considerando que, si bien con arreglo al artículo 104 del Tratado los Estados miembros tienen la responsabilidad de velar por el equilibrio de su balanza global de pagos y por el mantenimiento de la confianza en sus monedas, tienen igualmente, con arreglo a los artículos 105 y 107, la obligación de coordinar para este fin sus políticas económicas y tratar sus políticas de cambio como un problema de interés común;
15
que el apartado 3 del artículo 108 y el apartado 3 del artículo 109 atribuyen a las Instituciones comunitarias facultades de autorización o de intervención que quedaría desprovistos de objeto si los Estados miembros, con el pretexto de que su actuación pertenece únicamente a la política monetaria, pudieran apartarse unilateralmente y al margen del control de dichas Instituciones de las obligaciones que para ellos derivan de las disposiciones del Tratado;
16
que la solidaridad, en la que se basan estas obligaciones y el conjunto del sistema comunitario, de acuerdo con el compromiso establecido por el artículo 5 del Tratado, es por lo demás objeto de desarrollo, en favor de los Estados, en el procedimiento de asistencia mutua previsto por el artículo 108, para el caso de amenaza grave de dificultades en la balanza de pagos de un Estado miembro;
17
que el ejercicio de las competencias que conservan los Estados no puede, pues, autorizar la adopción unilateral de medidas prohibidas por el Tratado.
18
Considerando que, mediante el artículo 92, los Estados miembros acordaron la incompatibilidad con el mercado común de todas las ayudas concedidas por ellos bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia;
19
que, según lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del artículo 92, sólo puede precederse de otro modo en caso de perturbación grave en la economía de un Estado miembro y en las condiciones establecidas en el artículo 93, es decir, tras la decisión de la Comisión, o en su caso, del Consejo;
20
que un tipo de redescuento preferencial para la exportación, concedido por un Estado en favor únicamente de sus productos nacionales exportados con el fin de ayudarles a competir en los restantes Estados miembros con los productos originarios de éstos, constituye una ayuda en el sentido del artículo 92, por cuya observancia debe velar la Comisión;
21
que ni la circunstancia de que el tipo preferencial controvertido sea aplicable a todos los productos nacionales exportados y tan sólo a éstos, ni la de que al fijar dicho tipo el Gobierno francés se propusiera aproximarlo a los practicados en los restantes países miembros, pueden desvirtuar el carácter de ayuda de la medida controvertida, que está prohibida fuera de los casos y procedimientos dispuestos por el Tratado;
22
que, por lo tanto, era necesaria la previa autorización de la Comisión para establecer o mantener un tipo de redescuento preferencial para la exportación y que, al someter dicha autorización a las condiciones adecuadas, la Comisión no invadió las competencias que conservan los Estados miembros;
23
que aún menos cabe oponerse a la necesidad de dicha autorización cuando, mediante su comunicación de 12 de junio de 1968, el propio Gobierno francés se dirigió a la Comisión pidiéndole «mantener e incluso aumentar» el tipo de redescuento privilegiado para las exportaciones con destino a los restantes países de la Comunidad.
24
Considerando que, dado el carácter firme de la Decisión impugnada, no procede examinar los otros motivos que el Gobierno francés alega al margen de los procedimientos y plazos establecidos por el Tratado y cuyo respeto se impone tanto en interés de los propios Estados como de la Comunidad.
25
Considerando que el Gobierno de la República Francesa alega además que el mantenimiento, después del 1 de noviembre de 1968, de la diferencia entre el tipo de redescuento preferencial y el ordinario constituía una nueva medida de salvaguardia en el sentido del artículo 109 del Tratado, justificada por la nueva crisis monetaria sobrevenida durante el otoño de 1968;
26
que la Comisión no podía interrumpir los efectos de dicha medida, mediante un procedimiento por incumplimiento de Estado que se refería a una situación superada por estos acontecimientos y que al emitir el dictamen motivado del 18 de diciembre sin tener en cuenta las nuevas circunstancias, había infringido el artículo 109 del Tratado.
27
Considerando que procede la admisión de dicho motivo, porque se basa en elementos nuevos, posteriores a la Decisión de 23 de julio de 1968.
28
Considerando que, en caso de urgencia y cuando no se haya tomado inmediatamente una Decisión del Consejo con arreglo al apartado 2 del artículo 108, el artículo 109 permite, con carácter cautelar, una acción unilateral del Estado miembro y confía a éste la evaluación de las circunstancias que hacen necesaria dicha actuación;
29
que, sin embargo, cuando se trata de medidas excepcionales que pueden provocar perturbaciones en el funcionamiento del mercado común, éstas tienen a la vez el carácter de singulares y cautelares y son, por lo tanto, de índole provisional a la espera de un control lo más rápido posible de su fundamento y de una eventual actuación basada en los artículos 108 y 109;
30
que en materia de actuación unilateral de los Estados, que se aparte del Tratado, la intervención en el plazo más breve posible de las Instituciones comunitarias responde a una exigencia fundamental del funcionamiento del mercado común;
31
que el respeto de dicha exigencia obliga al Estado que hace uso de la facultad excepcional prevista en el apartado 1 del artículo 109, a informar inmediatamente -o, a más tardar, en el momento de la entrada en vigor de dichas medidas- a la Comisión y a los demás Estados miembros haciendo mención expresa de dicha disposición;
32
que estas obligaciones, que derivan de la propia naturaleza de las medidas unilaterales de salvaguardia, no han sido observadas en el presente caso;
33
que, en efecto, aunque las partes no están de acuerdo acerca del alcance de la comunicación verbal del 5 de noviembre de 1968 y éste no ha podido determinarse, consta, en todo caso, que el escrito del Gobierno francés, de 13 de diciembre de 1968, justifica el mantenimiento de la diferencia debatida tan sólo por la necesidad de evitar las perturbaciones en las previsiones de las empresas francesas y por la consideración de que el alza del tipo de redescuento ordinario del 5 al 6 % a partir del 12 de noviembre de 1968, alteraba la cuestión de la fijación del tipo de redescuento para la exportación;
34
que, por lo tanto, el motivo basado en el artículo 109 no está fundado.
35
Considerando que el Gobierno de la República Francesa alega a continuación la admisibilidad y el fundamento de la impugnación por su parte de la legalidad del dictamen motivado de 18 de diciembre de 1968.
36
Considerando que dicho dictamen no constituía más que una fase administrativa previa de un procedimiento que eventualmente culminará con la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia, y que la valoración del fundamento del mencionado dictamen se confunde con la del fundamento del propio recurso que la Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 169;
37
que, por lo tanto, el motivo referente a la ilegalidad del dictamen motivado debe ser desestimado.
38
Considerando, por lo tanto, que el mantenimiento después del 1 de noviembre de 1968 de una diferencia superior a 1,5 puntos, entre el tipo de redescuento preferencial para la exportación hacia los restantes Estados miembros y el tipo ordinario constituye un incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Decisión 68/301, de 23 de julio de 1968.
B. Sobre el recurso 11/69 (CECA)
39
Considerando que, en apoyo de su recurso de anulación, el Gobierno francés alega, en primer lugar, que no estaba obligado a solicitar con arreglo al Tratado CECA la autorización que la Comisión le concedió el 6 de julio de 1968 para que las exportaciones de productos siderúrgicos gozaran de un tipo de redescuento preferencial, ya que la bonificación concedida a dichos productos estaba comprendida en una medida de tipo general, no específica del sector CECA, que entraba, por lo tanto, en relación con dicho Tratado, en el ámbito de las competencias que conservan los Estados.
40
Considerando que como la Decisión de 6 de julio de 1968 no fue objeto de un recurso de anulación dentro de los plazos establecidos por el artículo 33 del Tratado, debe considerarse firme.
41
Considerando que los Estados miembros, en el ejercicio de las competencias que conservan, sólo pueden apartarse de las obligaciones que para ellos derivan de las disposiciones del Tratado, en las condiciones previstas por el propio Tratado;
42
que, en particular, el artículo 4 declara incompatibles con el mercado común del carbón y del acero las subvenciones o ayudas otorgadas por los Estados, o los gravámenes especiales impuestos por los mismos «cualquiera que sea su forma»;
43
que el artículo 67, al prever en el párrafo segundo de su apartado 2 situaciones que permiten a la Comisión autorizar a los Estados miembros, a conceder ayudas apartándose de lo dispuesto en el artículo 4, no distingue entre las ayudas específicas del sector del carbón y del acero y aquellas que se aplican como consecuencia de una medida general;
44
que un tipo de redescuento preferencial para la exportación constituye, por lo tanto, una ayuda que, a efectos del artículo 67, debe ser autorizada por la Comisión en la medida en que afecta al sector del carbón y del acero.
45
Considerando que el presente caso corresponde al supuesto previsto en el párrafo segundo, y no al del párrafo tercero, del apartado 2 del artículo 67, y que, por lo tanto, la Comisión debía actuar por vía de Decisión y no de Recomendación;
46
que la Comisión no invadió el ámbito reservado a los Estados al intervenir ante el Gobierno de la República Francesa para instar el cumplimiento de las disposiciones del Tratado, y al incluir en su Decisión del 6 de julio de 1968 las debidas condiciones;
47
que en razón del carácter firme de dicha Decisión, no procede examinar los otros motivos de ilegalidad aducidos contra la misma.
48
Considerando, no obstante, que la demandante alega que incluso en el caso de inadmisibilidad de las excepciones de ilegalidad contra la Decisión de 6 de julio de 1968, procede admitir que se impugne la legalidad de la Decisión del 18 de diciembre de 1968, que adolece de los mismos vicios que la de 6 de julio de 1968.
49
Considerando que, a tenor del artículo 88, el único objeto de la Decisión de que se trata tiene es hacer constar el incumplimiento por parte de un Estado de una obligación preexistente y concederle un último plazo para que cese aquél;
50
que, en el presente caso, dicha Decisión no ha impuesto al Estado más obligaciones que aquellas a las que ya estaba sujeto;
51
que si bien el Estado, al que se le imputa un incumplimiento, está facultado para impugnar durante el procedimiento del artículo 88 las nuevas modalidades de ejecución que la Decisión le hubiera impuesto, dicha facultad no puede dar lugar, una vez transcurrido el plazo del recurso de anulación, a la reapertura del debate sobre la legalidad de la medida que el Estado ha incumplido;
52
que los motivos de impugnación formulados contra la Decisión de 18 de diciembre de 1968 son idénticos en todos sus extremos a los formulados contra la Decisión de 6 de julio de 1968, cuya ejecución es único objeto de la antes citada;
53
que, por lo tanto, no ha lugar a admitir dichos motivos.
54
Considerando que, con carácter subsidiario, el Gobierno francés alega además que, según el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 67 del Tratado, el importe, las condiciones y la duración de las ayudas autorizadas por la Comisión deben ser fijados por ella de acuerdo con el Estado interesado, y que, aunque hubiera dado su acuerdo a la Decisión de 6 de julio de 1968, había ocurrido un hecho nuevo en octubre de 1968, en forma de una nueva crisis monetaria;
55
que había comunicado el 5 de noviembre y el 13 de diciembre de 1968 que dichas nuevas circunstancias le obligaban a no reducir la diferencia en los tipos de redescuento, y que de esta forma había revocado el acuerdo anterior.
56
Considerando que, con independencia de la cuestión del grado de gravedad de dichas circunstancias, no se deduce sin embargo que al sobrevenir éstas, las condiciones de la autorización concedida el 6 de julio de 1968 hayan perdido vigencia, o que el Estado interesado haya podido liberarse unilateralmente de las obligaciones que había aceptado;
57
que en el marco del Tratado CECA únicamente, dichas circunstancias no podían justificar, más que una petición de revisión de la Decisión de 6 de julio de 1968 por parte del Gobierno francés;
58
que, dado que dicho Gobierno no hizo uso de esta posibilidad, la revocación de su consentimiento no pudo tener otro efecto que el de poner fin a la facultad de conceder ayudas;
59
que, por lo tanto, el recurso del Gobierno francés debe ser desestimado.
Costas
60
Considerando que, según el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas;
61
que han sido desestimados los motivos de impugnación del Gobierno francés.
En virtud de todo lo expuesto;
vistos los autos;
habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
oídas las observaciones orales de las partes;
oídas las conclusiones del Abogado General;
visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus artículos 2, 3, 5, 6, 92, 93, 104, 105, 107, 108, 109, 169 y 171;
visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, sus artículos 4, 33, 67 y 86;
visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea;
visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero;
visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
desestimando cualesquiera otras pretensiones más amplias o contrarias, decide:
1)
Declarar que la República Francesa ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea al mantener después del 1 de noviembre de 1968, en contra de la Decisión de la Comisión de 23 de julio de 1968, una diferencia superior en 1,5 puntos entre el tipo de redescuento para los créditos a la exportación hacia los restantes Estados miembros y el tipo de redescuento ordinario.
2)
Desestimar por infundado el recurso del Gobierno de la República Francesa contra la Decisión adoptada por la Comisión el 18 de diciembre de 1968 con arreglo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
3)
Condenar en costas al Gobierno de la República Francesa.
Lecourt
Monaco
Pescatore
Donner
Trabucchi
Strauss
Mertens de Wilmars
Pronunciada en Luxemburgo, a 10 de diciembre de 1969.
Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de diciembre de 1969.
Lecourt
Monaco
Pescatore
Donner
Trabucchi
Strauss
Mertens de Wilmars
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
R. Lecourt
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.