Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 23 de abril de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Trabajadores migrantes — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Prestaciones por desempleo — Cálculo — Artículo
62, apartados
1 y 2 — Última actividad por cuenta ajena o propia ejercida bajo la legislación de un Estado miembro — Artículo 62, apartado 3 — Residencia del beneficiario de las prestaciones por desempleo en un Estado miembro distinto del “Estado miembro competente” — Regla de cálculo que no tiene en cuenta “exclusivamente” la retribución o los ingresos profesionales percibidos por el interesado en virtud de su última actividad por cuenta ajena o propia — Normativa nacional que establece una regla de cálculo diferente para las personas que hayan ejercido su último empleo en otro Estado miembro »
En el asunto C‑116/25,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Administrativen sad — Blagoevgrad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Blagoevgrad, Bulgaria), mediante resolución de 3 de febrero de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de febrero de 2025, en el procedimiento entre
Ts. E. S.
y
Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut — Blagoevgrad,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por la Sra. I. Ziemele, Presidenta de Sala, el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de la Sala Primera, en funciones de Juez de la Sala Sexta, y el Sr. A. Kumin, Juez;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Ts. E. S., por la Sra. D. Grozdanova y el Sr. K. Spiriev, advokati;
–        en nombre del Gobierno búlgaro, por las Sras. T. Mitova y T. Tsingileva, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. B.‑R. Killmann y la Sra. G. Koleva, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 62, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (DO 2009, L 284, p. 43) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 883/2004»).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Ts. E. S., nacional búlgara, y el Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut — Blagoevgrad (Director del Departamento Regional del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Blagoevgrad, Bulgaria), en relación con el importe de las prestaciones por desempleo que este último le concedió con arreglo a una nueva norma introducida en el Derecho búlgaro a efectos del cálculo de las prestaciones por desempleo adquiridas bajo la legislación de otro Estado miembro.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        Los considerandos 1, 4 y 45 del Reglamento n.º 883/2004 enuncian:
«(1)      Las normas sobre coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social forman parte del marco de la libre circulación de personas y deben contribuir a mejorar el nivel de vida y las condiciones de empleo de estas.
[…]
(4)      Es necesario respetar las características especiales de las legislaciones nacionales en materia de seguridad social y establecer únicamente un sistema de coordinación.
[…]
(45)      Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, la adopción de medidas de coordinación para garantizar que el derecho a la libre circulación de personas pueda ejercerse de forma efectiva, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. […]»
4        El artículo 1 de este Reglamento, titulado «Definiciones», establece lo siguiente:
«Para los fines del presente Reglamento se entenderá por:
[…]
j)      “residencia”: el lugar en que una persona reside habitualmente;
[…]».
5        El artículo 62 del mencionado Reglamento, titulado «Cálculo de las prestaciones», dispone:
«1.      La institución competente de un Estado miembro cuya legislación disponga que el cálculo de las prestaciones se base en la cuantía de la retribución o de los ingresos profesionales anteriores tendrá en cuenta exclusivamente el sueldo o los ingresos profesionales percibidos por el interesado con motivo de su última actividad como trabajador por cuenta ajena o propia con arreglo a dicha legislación.
2.      El apartado 1 se aplicará igualmente en caso de que la legislación que aplique la institución competente prevea un período de referencia determinado para establecer la retribución que servirá de base al cálculo de las prestaciones, y de que el interesado haya estado sujeto durante la totalidad o una parte de ese período a la legislación de otro Estado miembro.
3.      No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, por lo que respecta a los desempleados mencionados en la letra a) del apartado 5 del artículo 65, la institución del lugar de residencia tendrá en cuenta la retribución o los ingresos profesionales del interesado en el Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto durante su última actividad por cuenta ajena o propia, con arreglo al Reglamento de aplicación.»
6        El artículo 65 del Reglamento n.º 883/2004, con el epígrafe «Personas desempleadas que residen en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente», establece:
«[…]
2.      Las personas en situación de desempleo total que durante su último período de actividad por cuenta ajena o propia hayan residido en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente y sigan residiendo en dicho Estado miembro o regresen a él se pondrán a disposición de los servicios de empleo del Estado miembro de residencia. Sin perjuicio del artículo 64, las personas en situación de desempleo total podrán, como medida complementaria, ponerse a disposición de los servicios de empleo del Estado miembro en que haya transcurrido su último período de actividad por cuenta ajena o propia.
Las personas en situación de desempleo, salvo los trabajadores fronterizos, que no regresen a su Estado miembro de residencia se pondrán a disposición de los servicios de empleo del Estado miembro a cuya legislación hayan estado sujetas en último lugar.
3.      Las personas desempleadas a que se refiere la primera frase del apartado 2 deberán registrarse como demandantes de empleo en los servicios de empleo del Estado miembro en que residan, someterse al procedimiento de control organizado en este y cumplir los requisitos que establezca la legislación de dicho Estado miembro. Si optaran asimismo por registrarse como demandantes de empleo en el Estado miembro en el que haya transcurrido su último período de actividad por cuenta ajena o propia, deberán cumplir los requisitos aplicables en dicho Estado miembro.
4.      El Reglamento de aplicación establecerá las normas de desarrollo de la segunda frase del apartado 2 y de la segunda frase del apartado 3, así como las condiciones de intercambio de información, cooperación y asistencia recíproca entre las instituciones y servicios del Estado miembro competente y del Estado miembro en el que haya transcurrido su último período de actividad.
5.      a)      Las personas desempleadas que se indican en la primera y en la segunda frase del apartado 2 recibirán prestaciones con arreglo a la legislación del Estado miembro de residencia como si hubieran estado sujetas a la legislación de este durante su último período de actividad como trabajador por cuenta ajena o propia. Estas prestaciones serán otorgadas por la institución del lugar de residencia.
[…]»
Derecho búlgaro
7        Titulado «Derecho a las prestaciones por desempleo», el artículo
54a del Kodeks za sotsialno osiguryavane (Código de la Seguridad Social) (DV n.º 110, de 17 de diciembre de 1999), en su versión modificada (DV n.º 67, de 9 de agosto de 2024), en vigor a partir del 13 de agosto de 2024 (en lo sucesivo, «KSO»), dispone:
«Tendrán derecho a prestaciones por desempleo las personas por las que se hayan abonado o devengado cotizaciones obligatorias en concepto de seguro al Fondo de “desempleo” durante al menos 12 de los 18 meses anteriores a la baja en el seguro y que:
1.      estén inscritas como desempleadas en la agencia de empleo;
2.      no hayan adquirido el derecho a una pensión de jubilación en la República de Bulgaria o a una pensión de vejez en otro Estado ni perciban una pensión de jubilación reducida en virtud del artículo 68a o una pensión profesional en virtud del artículo 168;
3.      no ejerzan ninguna actividad profesional para la que estén sujetas al seguro obligatorio en virtud del presente Código o de la legislación de otro Estado, con excepción de las personas contempladas en el artículo
114a, apartado
1, del Kodeks na truda [(Código de Trabajo) (DV n.º 26, de 1 de abril de 1986, y DV n.º 27, de 4 de abril de 1986)].»
8        El artículo
54b del KSO, titulado «Importe de las prestaciones por desempleo», establece en sus apartados
1, 5 y 8:
«(1)      La prestación diaria por desempleo ascenderá al 60 % del salario diario medio o de los ingresos diarios medios sujetos a cotización por los que se adeuden o se hayan abonado cotizaciones al Fondo de “desempleo” por los 24 meses naturales anteriores al mes de cese del seguro y no podrá ser inferior al importe diario mínimo ni superior al importe diario máximo de la prestación por desempleo.
[…]
(5)      El importe mensual de la prestación por desempleo se determinará multiplicando el importe percibido con arreglo al apartado
1, multiplicado por el número de días hábiles del mes al que se refiera.
[…]
(8)      Cuando el período a que se refiere el apartado
1, sobre cuya base se determine el salario diario medio o los ingresos medios diarios cotizados, o el mes en que finalice el seguro, incluya períodos de seguro adquiridos bajo la legislación de un Estado que aplique los reglamentos europeos de coordinación de los sistemas de seguridad social, a efectos de determinar el importe de las prestaciones por desempleo, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
1.      los ingresos obtenidos por la persona durante su último empleo;
2.      todos los ingresos obtenidos en Bulgaria, […] así como los ingresos percibidos en otros Estados a los que se apliquen los reglamentos europeos sobre coordinación de los sistemas de seguridad social en los últimos 24 meses naturales anteriores al mes en que se haya extinguido el seguro.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
9        La demandante en el litigio principal, Ts. E. S., es una nacional búlgara que reside de manera permanente en Bulgaria, donde se encuentra su centro de interés.
10      Hasta finales de mayo de 2024, Ts. E. S. ejerció una actividad por cuenta ajena en Bulgaria. En junio de 2024, se trasladó temporalmente a España, donde ocupó, durante un período comprendido entre el 7 de junio y el 13 de julio de 2024, es decir, un período de 28 días en total, un empleo de trabajadora estacional con un empleador español, por el que percibió un salario de 2 590,80 euros.
11      A partir del 14 de julio de 2024, la demandante en el litigio principal se encontró en situación de desempleo total y regresó a Bulgaria, donde presentó, el 2 de agosto de 2024, una solicitud de concesión de una prestación por desempleo ante las autoridades búlgaras competentes.
12      Mediante resolución de 13 de septiembre de 2024, la Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut — Blagoevgrad (Departamento Regional del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Blagoevgrad, Bulgaria) estimó dicha solicitud y concedió a la demandante en el litigio principal el derecho a la prestación por desempleo por un importe diario de 29,71 levas búlgaras (BGN) (aproximadamente 15 euros) por el período comprendido entre el 25 de julio de 2024 y el 22 de julio de 2025.
13      Este importe se determinó sobre la base de todos los ingresos sujetos a cotización percibidos por la demandante en el litigio principal durante los últimos 24 meses naturales anteriores al mes en que cesaron sus cotizaciones, a saber, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 13 de julio de 2024, es decir, un importe total de 25 154,03 BGN (aproximadamente 12 860 euros), incluidos tanto los salarios percibidos durante el período de empleo y de cotización en el marco de su último empleo en España como cualquier otro ingreso sujeto a cotización correspondiente a períodos de empleo y de cotización anteriores cubiertos en Bulgaria durante ese período de 24 meses.
14      La Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut — Blagoevgrad (Departamento Regional del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Blagoevgrad), teniendo en cuenta que, en los últimos 24 meses naturales anteriores al mes en que cesaron sus cotizaciones, la demandante en el litigio principal cubrió períodos de empleo y de cotización tanto bajo la legislación búlgara como bajo la legislación de otro Estado miembro, aplicó el artículo
54b, apartado
8, del KSO. Esta disposición, que entró en vigor el 13 de agosto de 2024, introduce una excepción al método de cálculo de las prestaciones por desempleo establecido en el artículo
54b, apartado
1, del KSO aplicable a las personas que hayan ejercido durante dicho período de 24 meses actividades por cuenta ajena o por cuenta propia únicamente en Bulgaria.
15      A raíz de la desestimación, mediante resolución del Director del Departamento Regional del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Blagoevgrad de 16 de octubre de 2024, de su recurso administrativo contra la resolución mencionada en el apartado
12 de la presente sentencia, la demandante en el litigio principal interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Administrativen sad — Blagoevgrad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Blagoevgrad, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente, en apoyo del cual sostiene que no le es aplicable el artículo
62, apartado
3, del Reglamento n.º 883/2004, que prevé que se «tendrá en cuenta» la retribución del interesado en el Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto durante su última actividad por cuenta ajena. Alega, en cambio, que su situación está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo
62, apartados
1 y 2, de dicho Reglamento, que exige que, a efectos del cálculo de la cuantía de la prestación por desempleo, se «tendrá en cuenta exclusivamente» el sueldo percibido por el interesado con motivo de su último empleo.
16      El órgano jurisdiccional remitente expone que, hasta la entrada en vigor de la nueva norma relativa al cálculo de las prestaciones por desempleo adquiridas con arreglo a la legislación de otro Estado miembro, enunciada en el artículo
54b, apartado
8, del KSO, el artículo
62, apartados
1 y 2, del Reglamento n.º 883/2004 ha sido objeto, en la jurisprudencia nacional, de una interpretación constante en el sentido de que el cálculo de la prestación por desempleo debe basarse exclusivamente en el sueldo o en los ingresos percibidos por la última actividad por cuenta ajena o propia. Añade que, sin embargo, desde la adopción de esta nueva norma, algunos órganos jurisdiccionales nacionales han abandonado la jurisprudencia anterior y han considerado que, dado que el Reglamento n.º 883/2004 solo tiene por objeto coordinar los regímenes de seguridad social sin establecer un régimen general de seguridad social, los Estados miembros siguen siendo competentes para fijar los requisitos que den derecho a obtener las prestaciones de seguridad social. Por consiguiente, afirma que dichos órganos jurisdiccionales consideran ahora que el artículo
62, apartados
1 y 2, de ese Reglamento no exige que los Estados miembros determinen el importe de las prestaciones por desempleo teniendo en cuenta exclusivamente el sueldo o los ingresos percibidos por la última actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, con independencia de la legislación del Estado miembro con arreglo a la cual se ha cumplido esa actividad.
17      El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto a la conformidad del artículo
54b, apartado
8, del KSO con el artículo
62, apartados
1 y 2, del Reglamento n.º 883/2004.
18      Por una parte, señala que el Tribunal de Justicia declaró, en los apartados 32 a 37 de la sentencia de 23 de enero de 2020, Bundesagentur für Arbeit (C‑29/19, EU:C:2020:36), que esta disposición del Reglamento n.º 883/2004, interpretada a la luz del derecho a la libre circulación de los trabajadores, exige, para el cálculo de las prestaciones por desempleo, que se tenga en cuenta exclusivamente la retribución percibida por el interesado con motivo de su última actividad como trabajador por cuenta ajena con arreglo a la legislación de más de un Estado miembro.
19      Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente estima que, al establecer una regla de cálculo de las prestaciones por desempleo que introduce una excepción a la prevista en el artículo
54b, apartado
1, del KSO, cuando una parte o la totalidad del período de referencia se ha cubierto bajo la legislación de otro Estado miembro, el artículo
54b, apartado
8, del KSO podría ser incompatible con el artículo
62, apartados
1 y 2, del Reglamento n.º 883/2004.
20      En estas circunstancias, el Administrativen sad — Blagoevgrad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Blagoevgrad) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 62, apartados 1 y 2, del [Reglamento n.º 883/2004] en el sentido de que no se opone a que el importe de las prestaciones por desempleo no se determine exclusivamente en función de la retribución percibida durante el último período de empleo en caso de que la legislación nacional aplicada por la institución competente requiera cierto período de tiempo para la determinación de la base de cálculo de las prestaciones y el último período de empleo sea inferior a dicho período mínimo, pero todos o parte de los períodos de empleo se hayan cumplido con arreglo a la legislación de otro Estado miembro?
2)      ¿Debe interpretarse el artículo 62, apartados 1 y 2, del [Reglamento n.º 883/2004] en el sentido de que no se opone a las disposiciones de un Estado miembro que establecen métodos distintos de cálculo de las prestaciones por desempleo, dependiendo de si los períodos de empleo requeridos por la legislación correspondiente se han cumplido íntegramente con arreglo a esta legislación o si se han cumplido total o parcialmente con arreglo a la legislación de otro Estado miembro?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones preliminares
21      Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del artículo
62, apartados
1 y 2, del Reglamento n.º 883/2004.
22      A este respecto, procede señalar que de los propios términos de esta disposición se desprende que esta establece una regla de cálculo de las prestaciones por desempleo aplicable a la situación de una persona que ha desempeñado su última actividad por cuenta ajena o propia bajo la legislación de la institución competente de un Estado miembro.
23      En lo que atañe a las prestaciones por desempleo a las que esa persona tiene derecho por parte de la institución competente de dicho Estado miembro, el artículo
62, apartados
1 y 2, del Reglamento n.º 883/2004 establece que la institución competente de un Estado miembro cuya legislación disponga que el cálculo de las prestaciones se base en la cuantía de la retribución o de los ingresos profesionales anteriores tendrá en cuenta «exclusivamente el sueldo o los ingresos profesionales percibidos por el interesado con motivo de su última actividad como trabajador por cuenta ajena o propia», regla de cálculo que se aplica igualmente en caso de que la legislación aplicada prevea un período de referencia.
24      En cambio, por lo que respecta a las personas en situación de desempleo total que durante su último período de actividad por cuenta ajena o propia hayan residido en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente y sigan residiendo en dicho Estado miembro o regresen a él, en el sentido del artículo
65, apartado
2, frases primera y segunda, del Reglamento n.º 883/2004, tal como se contempla en el artículo
65, apartado
5, letra a), de este, debe precisarse así que el artículo
62, apartado
3, del citado Reglamento introduce una excepción a las reglas de cálculo establecidas en los apartados
1 y 2 de ese artículo 62.
25      En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende, por un lado, que la demandante en el litigio principal desempeñó su última actividad por cuenta ajena bajo una legislación distinta de aquella en virtud de la cual percibe las prestaciones por desempleo. En efecto, ejerció su última actividad por cuenta ajena en España, bajo la legislación de dicho Estado miembro, mientras que se le reconoció el derecho a prestaciones por desempleo en Bulgaria, en virtud de la legislación de este último Estado miembro.
26      Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente precisa que la demandante en el litigio principal reside de manera permanente en Bulgaria, donde se encuentra su centro de interés. En los autos remitidos al Tribunal de Justicia no figura ningún elemento que permita considerar que la demandante en el litigio principal haya trasladado su residencia de Bulgaria a España durante el período correspondiente al ejercicio de su última actividad por cuenta ajena o con posterioridad a su cese.
27      En estas circunstancias, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, resulta que, cuando ejerció su última actividad por cuenta ajena en España, la demandante en el litigio principal residía en Bulgaria y seguía residiendo en el territorio de dicho Estado miembro tras el cese de esta última actividad por cuenta ajena, a saber, en un Estado miembro distinto del de su último empleo, de modo que la regla de cálculo enunciada en el artículo
62, apartado
3, del Reglamento n.º 883/2004 puede aplicarse a su situación.
28      Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido en el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial [sentencias de 20 de marzo de 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, apartado 9, y de 11 de diciembre de 2025, Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport (Cigarrillos electrónicos), C‑665/24, EU:C:2025:960, apartado 37].
29      Por lo tanto, procede considerar que, mediante sus dos cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que interprete el artículo
62, apartado
3, del Reglamento n.º 883/2004.
Primera cuestión prejudicial
30      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
62, apartado
3, del Reglamento n.º 883/2004, en relación con el artículo
65, apartados
2, frases primera y segunda, y
5, letra a), de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como Estado miembro de residencia, con arreglo a la cual el importe de las prestaciones por desempleo debidas a una persona que ha cumplido una parte o la totalidad del período de referencia previsto por la legislación de ese Estado miembro, a efectos del cálculo de las prestaciones por desempleo adquiridas bajo la legislación de otro Estado miembro, a saber, el del último empleo, no se determina teniendo en cuenta «exclusivamente» la retribución o los ingresos profesionales percibidos por esa persona en virtud de su última actividad por cuenta ajena o propia ejercida bajo la legislación de ese otro Estado miembro.
31      Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión hay que tener en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencias de 6 de octubre de 1982, Cilfit, 283/81, EU:C:1982:335, apartado 20, y de 11 de diciembre de 2025, GKV-Spitzenverband, C‑743/23, EU:C:2025:954, apartado 41).
32      En primer lugar, el artículo
62, apartado
3, del Reglamento n.º 883/2004 establece que, a efectos del cálculo de las prestaciones por desempleo, la institución del lugar de residencia «tendrá en cuenta la retribución o los ingresos profesionales del interesado en el Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto durante su última actividad por cuenta ajena o propia».
33      En segundo lugar, el artículo
62, apartados 1 y 2, de ese Reglamento dispone, como se ha recordado en el apartado
23 de la presente sentencia, que, a efectos de ese cálculo, la institución competente del Estado miembro del último empleo tendrá en cuenta «exclusivamente el sueldo o los ingresos profesionales percibidos por el interesado con motivo de su última actividad como trabajador por cuenta ajena o propia», regla de cálculo que se aplica igualmente en caso de que la legislación que aplique la institución competente prevea un período de referencia.
34      Por consiguiente, mientras que el artículo
62, apartado
1, de dicho Reglamento obliga a la institución competente del Estado miembro del último empleo a tener en cuenta exclusivamente el sueldo o los ingresos profesionales percibidos por el interesado con motivo de la última actividad por cuenta ajena o propia, la falta de tal precisión en el apartado
3 de ese artículo 62 implica que la institución del lugar de residencia está obligada a tener en cuenta, sin que deba hacerlo «exclusivamente», la retribución o los ingresos profesionales percibidos por un desempleado contemplado en el artículo
65, apartado
5, letra a), del mismo Reglamento durante su última actividad por cuenta ajena o propia.
35      En tercer lugar, como se desprende del considerando 4 del Reglamento n.º 883/2004, este respeta las características propias de las legislaciones nacionales en materia de seguridad social y pretende elaborar únicamente un sistema de coordinación. Este objetivo no exige que se interprete el artículo
62, apartado
3, de ese Reglamento en el sentido de que obliga a tener en cuenta exclusivamente la retribución o los ingresos profesionales del interesado durante su última actividad por cuenta ajena o por cuenta propia para el cálculo de las prestaciones por el Estado miembro de residencia, y ello a pesar del tenor de esa disposición y del contexto en el que esta se inscribe, como se exponen en los apartados
32 a 34 de la presente sentencia.
36      En cualquier caso, un desempleado como el que se indica en el artículo
65, apartado
5, letra a), del Reglamento n.º 883/2004 no puede invocar, ante las autoridades de su Estado de residencia, la interpretación del artículo
62, apartados
1 y 2, de ese Reglamento adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 23 de enero de 2020, Bundesagentur für Arbeit (C‑29/19, EU:C:2020:36), a la que se refiere el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial. En efecto, el asunto que dio lugar a dicha sentencia tenía por objeto un trabajador comprendido en el ámbito de aplicación de ese Reglamento que residía en el Estado miembro en el que había ejercido su última actividad profesional y en virtud de cuya legislación disfrutaba de una prestación por desempleo. Tal situación estaba comprendida en la regla de cálculo establecida en el artículo
62, apartados
1 y 2, del citado Reglamento y se distingue, por consiguiente, de aquella en la que se encuentra la demandante en el litigio principal.
37      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 62, apartado 3, del Reglamento n.º 883/2004, en relación con el artículo 65, apartados 2, frases primera y segunda, y 5, letra a), de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro, como Estado miembro de residencia, con arreglo a la cual el importe de las prestaciones por desempleo debidas a una persona que ha cumplido una parte o la totalidad del período de referencia previsto por la legislación de ese Estado miembro, a efectos del cálculo de las prestaciones por desempleo adquiridas bajo la legislación de otro Estado miembro, a saber, el del último empleo, no se determina teniendo en cuenta «exclusivamente» la retribución o los ingresos profesionales percibidos por esa persona en virtud de su última actividad por cuenta ajena o propia ejercida bajo la legislación de ese otro Estado miembro.
Segunda cuestión prejudicial
38      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
62 del Reglamento n.º 883/2004 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece, a efectos del cálculo de las prestaciones por desempleo, normas diferentes en función de que las personas en situación de desempleo hayan cubierto la totalidad del período de referencia con arreglo a la legislación nacional o hayan cubierto una parte o la totalidad de ese período de referencia bajo la legislación de otro Estado miembro.
39      A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que el artículo
54b, apartado
8, del KSO establece, por una parte, que el período de referencia incluye tanto los períodos de empleo y de cotización cubiertos bajo la legislación nacional como los cubiertos bajo la legislación de otro Estado miembro y, por otra parte, que, cuando ese período de referencia comprende períodos de empleo y de cotización cubiertos bajo la legislación de otro Estado miembro, a efectos de la determinación de la cuantía de las prestaciones por desempleo, se tendrán en cuenta los ingresos percibidos por el último empleo y los percibidos con arreglo a la legislación búlgara y a la legislación de cualquier otro Estado miembro durante los últimos 24 meses naturales anteriores al mes de cese del seguro.
40      Pues bien, las normas específicas previstas por una disposición nacional, como la controvertida en el litigio principal, respecto de personas que han hecho uso de su derecho a la libre circulación y cuya situación está comprendida en la regla de cálculo enunciada en el artículo
62, apartado
3, del Reglamento n.º 883/2004 toman en consideración tanto los períodos de empleo cubiertos bajo la legislación nacional como los cubiertos bajo la legislación de otro Estado miembro, respetando el objetivo que se desprende de los considerandos 1 y 45 de dicho Reglamento de garantizar que el derecho a la libre circulación de personas pueda ejercerse de forma efectiva. Además, de conformidad con el citado artículo
62, apartado
3, aseguran que se tengan en cuenta la retribución o los ingresos profesionales percibidos durante la última actividad por cuenta ajena o propia ejercida bajo la legislación de otros Estados miembros.
41      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 62 del Reglamento n.º 883/2004 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que establece, a efectos del cálculo de las prestaciones por desempleo, normas diferentes en función de que las personas en situación de desempleo hayan cubierto la totalidad del período de referencia con arreglo a la legislación de ese Estado o hayan cubierto una parte o la totalidad de ese período de referencia bajo la legislación de otro Estado miembro.
Costas
42      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
1)      El artículo 62, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, en relación con el artículo 65, apartados 2, frases primera y segunda, y 5, letra a), del Reglamento n.º 883/2004, en su versión modificada,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa de un Estado miembro, como Estado miembro de residencia, con arreglo a la cual el importe de las prestaciones por desempleo debidas a una persona que ha cumplido una parte o la totalidad del período de referencia previsto por la legislación de ese Estado miembro, a efectos del cálculo de las prestaciones por desempleo adquiridas bajo la legislación de otro Estado miembro, a saber, el del último empleo, no se determina teniendo en cuenta «exclusivamente» la retribución o los ingresos profesionales percibidos por esa persona en virtud de su última actividad por cuenta ajena o propia ejercida bajo la legislación de ese otro Estado miembro.
2)      El artículo 62 del Reglamento n.º 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.º 988/2009,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa de un Estado miembro que establece, a efectos del cálculo de las prestaciones por desempleo, normas diferentes en función de que las personas en situación de desempleo hayan cubierto la totalidad del período de referencia con arreglo a la legislación de ese Estado o hayan cubierto una parte o la totalidad de ese período de referencia bajo la legislación de otro Estado miembro.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: búlgaro.