62001CC0221_ES
Conclusiones del abogado general
Conclusiones del abogado general
1. Mediante el presente recurso, interpuesto con arreglo al artículo 226 CE, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP), y, en particular, de sus artículos 7, apartado 5, 9, apartado 3, y 14, apartados 1 y 2, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para dar cumplimiento a dicha Directiva.
La Directiva 97/33
2. La Directiva 97/33 «establece un marco reglamentario para garantizar en la Comunidad la interconexión de las redes de telecomunicaciones y, en particular, la interoperabilidad de los servicios, y para asegurar la prestación de un servicio universal en el contexto de unos mercados abiertos y competitivos [y] tiene por objeto la armonización de las condiciones necesarias para una interconexión abierta y eficaz a las redes públicas de telecomunicaciones y a los servicios de telecomunicaciones accesibles al público, y para el acceso a tales redes y servicios».
3. A efectos del presente recurso, los elementos esenciales de la Directiva 97/33 son los que se exponen a continuación. Las disposiciones específicas controvertidas se explicarán posteriormente, en relación con cada una de las imputaciones.
4. El artículo 3, apartado 1, de la Directiva, exige a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para suprimir cualquier restricción que impida a los organismos de telecomunicaciones autorizados negociar entre sí acuerdos de interconexión. Los mecanismos comerciales relacionados con la interconexión serán objeto de acuerdos entre las partes interesadas, de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva y las normas sobre competencia del Tratado.
5. El artículo 4 dispone que los organismos de telecomunicaciones autorizados tendrán el derecho y, cuando así lo soliciten organismos de esta categoría, la obligación de negociar la interconexión mutua.
6. El artículo 5 dispone que los organismos de telecomunicaciones deberán compartir, si se dan determinadas circunstancias, el coste de las obligaciones de servicio universal.
7. El artículo 7 establece una serie de principios sobre cuotas de interconexión y sistemas de contabilidad de costes que deberán aplicarse a los organismos de telecomunicaciones que tengan un peso significativo en el mercado en el sentido del artículo 4, apartado 3.
8. El artículo 9 define los cometidos generales de las autoridades nacionales de reglamentación.
9. El artículo 10 establece una serie de requisitos esenciales aplicables a la interconexión relativos a la seguridad en el funcionamiento de la red, el mantenimiento de la integridad de la red, la interoperabilidad de los servicios y la protección de los datos.
10. El artículo 12 exige a los Estados miembros que velen por que se proporcionen números e intervalos de numeración adecuados para todos los servicios de telecomunicaciones accesibles al público.
11. El artículo 14 exige que la información a que se refieren diversos artículos sea publicada o sea puesta a disposición de las partes interesadas, a petición de éstas.
12. El artículo 23 exigía a los Estados miembros que adoptasen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1997 e informasen inmediatamente a la Comisión.
Procedimiento administrativo previo
13. Mediante escrito de 13 de enero de 1998, las autoridades belgas comunicaron a la Comisión la adopción de una Ley de 19 de diciembre de 1997, destinada a adaptar el Derecho interno a la Directiva 97/33.
14. El 6 de agosto de 1998, la Comisión remitió un escrito de requerimiento con arreglo al artículo 169 del Tratado CE (actualmente artículo 226 CE), por el que informaba al Gobierno belga de que la normativa comunicada no adaptaba adecuadamente al Derecho interno todas las disposiciones de la Directiva 97/33.
15. Mediante escrito de 8 de septiembre de 1998, las autoridades belgas informaron a la Comisión de la adopción de nuevas disposiciones por las que se adaptaba el Derecho interno a la Directiva. Mediante escrito de 12 de octubre de 1998, dichas autoridades respondieron al escrito de requerimiento.
16. La Comisión mantuvo su opinión, según la cual Bélgica no había adaptado adecuadamente su Derecho interno a la Directiva y, en consecuencia, el 15 de abril de 1999, remitió al Reino de Bélgica un dictamen motivado con arreglo al artículo 226 CE, en el que afirmaba que la legislación belga no reflejaba determinadas disposiciones específicas de la Directiva.
17. Las autoridades belgas informaron a la Comisión de la adopción de nuevas disposiciones legislativas mediante escritos de 26 de abril de 1999, 21 de junio de 1999 (en respuesta al dictamen motivado), 18 de octubre de 1999 y 10 de diciembre de 1999.
18. Si bien dichas disposiciones legislativas respondían en parte a las imputaciones de la Comisión, ésta, no obstante, siguió estimando que la adaptación del Derecho belga a la Directiva 97/33, en particular a los artículos 7, apartado 5, 9, apartado 3, y 14, apartados 1 y 2, era inadecuada. En consecuencia, la Comisión interpuso el presente recurso.
La imputación relativa al artículo 7, apartado 5
19. El artículo 7 lleva por rúbrica «Principios aplicables a las cuotas de interconexión y a los sistemas de contabilidad de costes». Dicha disposición se aplica a las organizaciones que tengan, según notificación de las autoridades nacionales de reglamentación, un peso significativo en el mercado.
20. El artículo 7, apartado 5, exige a la Comisión que elabore recomendaciones para los sistemas de contabilidad de costes y de separación contable en relación con la interconexión. Las dos últimas frases del párrafo segundo disponen, en cuanto aquí interesa:
«La autoridad nacional de reglamentación u otro órgano competente, [...] comprobará que se aplica el sistema de contabilidad de costes. Anualmente se publicará una declaración relativa a esta aplicación.»
21. La Comisión alega que la legislación belga pertinente no prevé ningún método para comprobar la aplicación del sistema de contabilidad de costes ni para publicar una declaración relativa a dicha aplicación.
22. En su escrito de contestación, Bélgica invoca el «arsenal législatif belge» y cita numerosas disposiciones que confieren diversas facultades al Instituto (el Institut belge des services postaux et des télécommunications, la autoridad belga de reglamentación). En su dúplica, sin embargo, Bélgica reconoce que su legislación no contiene un método para comprobar la aplicación del sistema, como exige el artículo 7, apartado 5, y comunica al Tribunal de Justicia que se propone colmar esa laguna legal con la adopción próximamente de nuevas disposiciones legislativas.
23. En estas circunstancias, procede estimar el recurso de la Comisión.
El artículo 9, apartado 3
24. El artículo 9 lleva por título «Cometidos generales de las autoridades nacionales de reglamentación».
25. Según el artículo 9, apartado 1, las autoridades nacionales de reglamentación «fomentarán y garantizarán una interconexión adecuada en interés de todos los usuarios, y desempeñarán sus cometidos con vistas a obtener el máximo rendimiento económico y alcanzar el máximo beneficio para los usuarios finales». En particular, las autoridades nacionales de reglamentación tendrán en cuenta diversos factores específicos, tales como la necesidad de fomentar un mercado competitivo, la necesidad de asegurar el desarrollo justo y adecuado de un mercado europeo de telecomunicaciones armonizado y los principios de no discriminación (incluida la igualdad de acceso) y proporcionalidad.
26. El artículo 9, apartado 3, párrafo primero, dispone lo siguiente:
«Para la consecución de los objetivos contemplados en el apartado 1, las autoridades nacionales de reglamentación podrán intervenir, por propia iniciativa y en cualquier momento, y tendrán obligación de hacerlo a petición de cualquiera de las partes, para especificar las cuestiones que deban incluirse en un acuerdo de interconexión o establecer las condiciones específicas que deban observar una o varias de las partes firmantes de tales acuerdos. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir, en casos excepcionales, que se introduzcan modificaciones en los acuerdos de interconexión ya celebrados, siempre que ello esté justificado para garantizar una competencia efectiva o la interoperabilidad de los servicios para los usuarios.»
27. La Comisión alega que la legislación belga por la que se adaptó el Derecho interno a la Directiva no prevé la intervención de las autoridades de reglamentación en negociaciones «por propia iniciativa y en cualquier momento», como exige la disposición antes citada.
28. En su escrito de contestación, Bélgica se remite a dos disposiciones generales contenidas en la Ley de reforma de determinadas empresas públicas, de 21 de marzo de 1991. El artículo 75, apartado 3, encomienda al Instituto «la misión de vigilar y controlar», con carácter general, ciertas disposiciones de dicha Ley. El artículo 79 bis, apartado 1, dispone que para el cumplimiento de las tareas asignadas, el Instituto «podrá recabar toda la información necesaria de empresas y asociaciones de empresas». Bélgica alega que dichas disposiciones conceden a la autoridad de reglamentación la facultad general de intervenir en cualquier momento si se aprecia un incumplimiento de alguna obligación legal o de los objetivos generales establecidos en la legislación de ejecución.
29. En segundo lugar, Bélgica se remite a otras disposiciones que, en su respuesta al dictamen motivado, había presentado como preceptos de ejecución del artículo 9, apartado 3. Dichas disposiciones son i) el artículo 109 ter, apartados 4 y 5, de la Ley de 21 de marzo de 1991, en su versión modificada, y ii) los artículos 8 y 12 del Real Decreto de 20 de abril de 1999, por el que se establecen los límites temporales y los principios generales aplicables a las negociaciones comerciales mantenidas con objeto de celebrar acuerdos de interconexión, la forma de publicación de la oferta de interconexión de referencia y las condiciones que deben incluirse en el acuerdo de interconexión.
30. El artículo 109 ter, apartado 4, párrafo primero, de la Ley de 21 de marzo de 1991, en su versión modificada, exige que toda entidad que tenga un peso significativo en el mercado publique una oferta de interconexión.
31. Los párrafos quinto y sexto disponen lo siguiente:
«El Instituto podrá imponer modificaciones de la oferta de interconexión que considere indispensables.
Si los proveedores de redes públicas de telecomunicaciones o de servicios de telecomunicaciones ofrecidos al público no han interconectado sus redes o servicios y el Instituto considera que dicha interconexión es indispensable en interés de los usuarios, el Instituto podrá exigir que la interconexión se realice. En tal caso, el Instituto fijará las condiciones de interconexión, sin perjuicio del derecho de las partes de celebrar un acuerdo con arreglo al apartado 5 del presente artículo.»
32. El artículo 109 ter, apartado 5, párrafo segundo, dispone lo siguiente:
«Si resulta indispensable para garantizar condiciones equitativas de competencia e interoperabilidad, el Instituto podrá exigir la modificación de acuerdos ya concluidos.»
33. El Real Decreto de 20 de abril de 1999 versa sobre las negociaciones de interconexión comercial. El artículo 8 dispone que si, una vez expirado el período previsto en el anterior artículo, las partes no han alcanzado un acuerdo, podrán solicitar conjuntamente o por separado la intervención de la «Cámara para la interconexión, el acceso especial y el uso compartido». El artículo 12 dispone que si las partes no alcanzan un acuerdo de interconexión, la parte a quien se solicitó la interconexión deberá presentar una oferta de interconexión; el Instituto podrá decidir modificar dicha oferta con objeto de alcanzar un acuerdo entre las partes.
34. La Comisión mantiene la opinión de que las disposiciones antes citadas no prevén la intervención de las autoridades de reglamentación en negociaciones «por propia iniciativa y en cualquier momento», tal como exige el artículo 9, apartado 3, de la Directiva.
35. Comparto las alegaciones de la Comisión sobre este punto. De su propio tenor se desprende que el artículo 9, apartado 3, exige que las autoridades nacionales de reglamentación estén facultadas para intervenir en el curso de negociaciones que conduzcan a un acuerdo de interconexión. El legislador comunitario ha previsto claramente que esta facultad debe distinguirse de la de exigir modificaciones de los acuerdos de interconexión ya concluidos. Sin embargo, la legislación nacional invocada por Bélgica parece conferir bien facultades de supervisión muy generales que, a mi juicio, no cabe considerar que establecen adecuadamente una facultad específica para intervenir en las negociaciones comerciales, o bien facultades específicas para intervenir en situaciones que no se corresponden plenamente con las previstas en el artículo 9, apartado 3.
36. En particular, como afirma la Comisión, el artículo 109 ter, apartado 5, párrafo segundo, versa únicamente sobre acuerdos ya celebrados y no permite a las autoridades intervenir en las negociaciones que conduzcan a un acuerdo de interconexión. El artículo 109 ter, apartado 4, se refiere únicamente a la exigencia, establecida en el Derecho belga, de que las entidades que tengan un peso significativo en el mercado publiquen la denominada oferta de referencia -como se prevé en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva- que sirva de base para ulteriores negociaciones. Esta oferta de referencia puede ser modificada por el Instituto. Este derecho, sin embargo, es distinto del derecho del Instituto a intervenir en cualquier negociación de un acuerdo de interconexión. El artículo 8 del Real Decreto se aplica únicamente si las partes solicitan la intervención, y el artículo 12 sólo si las partes no han celebrado un acuerdo de interconexión.
37. Bélgica parece aceptar en su dúplica que su normativa no ha adaptado adecuadamente su Derecho interno al artículo 9, apartado 3, de la Directiva y adjunta un proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto de 20 de abril de 1999 introduciendo en el mismo un nuevo artículo 7 bis, que reproduce literalmente el tenor de la Directiva.
38. En estas circunstancias, procede estimar el recurso de la Comisión.
El artículo 14, apartados 1 y 2
39. El artículo 14, que lleva por rúbrica «Publicación de la información y acceso a la misma», dispone, en cuanto aquí interesa:
«1. En relación con la información a que se refieren el apartado 3 del artículo 7, el apartado 2 del artículo 9, el artículo 10 y el apartado 4 del artículo 12, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se publique de manera apropiada una información actualizada para que las partes interesadas puedan acceder a ella fácilmente. En el boletín oficial nacional del Estado miembro afectado se hará referencia a la manera en que se publicará dicha información.
2. En relación con la información a que se refieren el apartado 1 del artículo 4, los apartados 3 y 5 del artículo 5, la letra c) del artículo 6 y el apartado 3 del artículo 9, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se ponga a disposición de las partes interesadas, a petición de éstas, la información específica actualizada a que se hace referencia en los mencionados artículos para su consulta durante la jornada laboral normal y de forma gratuita. En el boletín oficial nacional del Estado miembro afectado se hará referencia a los horarios y lugares en que podrá estar disponible dicha información.»
40. La Comisión alega en su recurso que Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de i) el artículo 14, apartado 1, en relación con los artículos 7, apartado 3, 9, apartado 2, 10 y 12, apartado 4, y ii) el artículo 14, apartado 2, en relación con el artículo 9, apartado 3.
41. En su réplica, la Comisión reconoce que, a la luz de las explicaciones facilitadas por Bélgica en su escrito de contestación, la situación en relación con los artículos 7, apartado 3, y 9, apartado 3, puede considerarse satisfactoria. No obstante, mantiene su imputación en lo que respecta a los artículos 9, apartado 2, 10 y 12, apartado 4, que no fueron mencionados en el escrito de contestación.
El artículo 9, apartado 2
42. El artículo 9, apartado 2, de la Directiva, dispone lo siguiente:
«Las condiciones generales establecidas de antemano por la autoridad nacional de reglamentación deberán publicarse con arreglo al apartado 1 del artículo 14.
En particular, en relación con la interconexión entre los organismos que figuran en el Anexo II, las autoridades nacionales de reglamentación:
- podrán establecer las condiciones ex ante en los ámbitos enumerados en la parte 1 del Anexo VII,
- deberán fomentar la inclusión en los acuerdos de interconexión de las cuestiones enumeradas en la parte 2 del Anexo VII».
43. En su dúplica, Bélgica sostiene que el Real Decreto de 20 de abril de 1999, y en particular sus artículos 17 a 21, adaptan su Derecho interno al artículo 14, apartado 1, en relación con el artículo 9, apartado 2, de la Directiva.
44. Los artículos 17 a 20 del Real Decreto de 20 de abril de 1999 constituyen la sección segunda del capítulo II del mismo. El título del capítulo II es «Publicación de la oferta de interconexión de referencia». El artículo 17 exige a los organismos con un peso significativo en el mercado que publiquen una comunicación relativa a la aprobación por el Instituto de la oferta de interconexión de referencia; el artículo 18 prevé que dicha publicación deberá efectuarse antes del 30 de diciembre de cada año; el artículo 19 dispone que la oferta de interconexión de referencia ha de ser pública y gratuita, y el artículo 20 prevé que la oferta de interconexión de referencia deberá, en principio, ser válida para el año civil siguiente al año de publicación.
45. El artículo 21 del Real Decreto está comprendido en el capítulo III, «Condiciones técnicas y financieras». Dicha disposición establece las condiciones mínimas técnicas y financieras que deben fijarse en los acuerdos de interconexión de conformidad con el artículo 109 ter, apartado 5, de la Ley de 21 de marzo de 1991.
46. El artículo 109 ter, apartado 5, párrafo primero, dispone, en cuanto aquí interesa:
«La interconexión se regulará por un acuerdo entre las partes afectadas. Dicho acuerdo establecerá las condiciones técnicas y financieras de interconexión. El Rey fijará mediante Decreto, a propuesta del Instituto, las condiciones mínimas que debe contener un acuerdo de interconexión.»
47. Las condiciones se describen en el «Rapport au Roi» que sirve de preámbulo del Real Decreto de 20 de abril de 1999, y se dividen en tres amplias categorías: la primera, las condiciones técnicas relativas a la infraestructura de redes y al tipo de servicio que debe ofrecerse; la segunda, las condiciones legales o contractuales y, la tercera, las condiciones financieras y comerciales. Dichas condiciones reproducen prácticamente en su totalidad el tenor de los «Otros asuntos cuya inclusión en los acuerdos de interconexión debe fomentarse» enunciados en la parte 2 del anexo VII de la Directiva, en virtud de su artículo 9, apartado 3, párrafo segundo.
48. La Comisión sostiene que los artículos 17 a 21 del Real Decreto prevén la publicación de la aprobación por el Instituto de la oferta de interconexión de referencia, pero no prevén forma alguna de publicación o notificación de las condiciones generales establecidas de antemano por la autoridad de reglamentación, como prevé el artículo 9, apartado 2, de la Directiva.
49. A mi juicio, el argumento de la Comisión es acertado por cuanto respecta a los artículos 17 a 20 del Real Decreto. Sin embargo, el artículo 21, interpretado a la luz del artículo 109 ter, apartado 5, de la Ley de 21 de marzo de 1991, parece enumerar las condiciones establecidas de antemano por la autoridad nacional de reglamentación a efectos del artículo 9, apartado 2.
50. El artículo 14, apartado 1, de la Directiva exige a las autoridades nacionales de reglamentación que, en relación con la información a que se refiere el artículo 9, apartado 2, velen por que «se publique de manera apropiada una información actualizada para que las partes interesadas puedan acceder a ella fácilmente», y establece que «en el boletín oficial nacional del Estado miembro afectado se hará referencia a la manera en que se publicará dicha información».
51. Bélgica alega que, dado que la propia legislación belga se publica en el Moniteur belge, se respeta el requisito de publicación previsto en el artículo 14, apartado 1.
52. Si, como sucede en el presente asunto, la información de que se trata -en particular, en relación con la presente imputación, las condiciones generales establecidas de antemano por la autoridad nacional de reglamentación- se publica en el boletín oficial nacional del Estado miembro afectado, convengo con Bélgica en que ello constituye una publicación a efectos del artículo 14, apartado 1. Sería absurdo -como señala Bélgica- exigir que se mencione en el Moniteur belge, en donde se publica la información, el hecho de que dicha información se publica en el mismo.
53. En consecuencia, considero que no procede estimar la petición de la Comisión de que se declare que Bélgica no ha adaptado su Derecho interno al artículo 14, apartado 1, en cuanto respecta al artículo 9, apartado 2.
El artículo 10
54. El artículo 10, párrafo segundo, de la Directiva dispone:
«Cuando la autoridad nacional de reglamentación imponga la utilización de condiciones basadas en requisitos esenciales en los acuerdos de interconexión, dichas condiciones se publicarán de la forma prevista en el apartado 1 del artículo 14.»
55. En su dúplica, Bélgica se remite a la correspondencia mantenida anteriormente con la Comisión, en la que, según parece, se afirmaba que mediante dos Reales Decretos de 22 de junio de 1998, relativos, respectivamente, a las condiciones de establecimiento y utilización de redes públicas de telecomunicaciones, y al establecimiento de los requisitos para el servicio de telefonía vocal y el procedimiento de concesión de licencias individuales, el Derecho interno había sido adaptado al artículo 14, apartado 1, de la Directiva en lo que respecta al artículo 10.
56. Los dos Reales Decretos contienen disposiciones que exigen a los operadores la adopción de medidas en sus acuerdos de interconexión que garanticen el cumplimiento de los requisitos esenciales y, en particular (en ambos Decretos), la interoperabilidad de los servicios y la protección de los datos y (en el caso de las redes públicas de telecomunicaciones) la seguridad de las operaciones de red y el mantenimiento de la integridad de la red. Ambos Decretos mencionan, en sus considerandos, la Directiva y el dictamen del Instituto.
57. Los dos Reales Decretos de 22 de junio de 1998, que, de este modo, parecen haberse basado, por lo menos en parte, en el dictamen del Instituto, imponen condiciones basadas en requisitos esenciales de los acuerdos de interconexión y, por tanto, están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 10 de la Directiva. El artículo 14, apartado 1, de la Directiva exige a las autoridades nacionales de reglamentación velar por que, en relación con la información a que se refiere el artículo 10, «se publique de manera apropiada una información actualizada para que las partes interesadas puedan acceder a ella fácilmente», y establece que «en el boletín oficial nacional del Estado miembro afectado se hará referencia a la manera en que se publicará dicha información».
58. Bélgica alega que la normativa belga recoge la información a que se refiere el artículo 10 de la Directiva; dado que la propia normativa belga se publicó en el Moniteur belge, se satisface el requisito del artículo 14, apartado 1.
59. Por las razones antes expuestas estimo que esta alegación es correcta y que, en consecuencia, no procede estimar el recurso de la Comisión en la medida en que solicita que se declare que Bélgica no ha adaptado su Derecho interno al artículo 14, apartado 1, en cuanto respecta al artículo 10.
El artículo 12, apartado 4
60. El artículo 12, apartado 4, de la Directiva dispone:
«Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que sean publicados, con arreglo al apartado 1 del artículo 14, los principales elementos de los planes nacionales de numeración y todas las adiciones o modificaciones de que sean objeto posteriormente, con supeditación únicamente a las restricciones impuestas por razones de seguridad nacional.»
61. Bélgica sostiene que ha adaptado adecuadamente su Derecho interno a la disposición antes citada mediante el artículo 2, apartado 2, del Real Decreto de 10 de diciembre de 1997, relativo a la gestión del plan de numeración, el cual establece:
«En el marco de las disposiciones de los Capítulos III a IX, corresponderán al Instituto las tareas de registrar, complementar y, si fuera necesario, modificar los planes de numeración.
El Instituto deberá hacer públicos y poner a disposición, a solicitud de los interesados, los elementos principales mencionados en el párrafo anterior. El Instituto hará referencia a dichos elementos principales en el Moniteur belge.»
62. Conforme a las explicaciones facilitadas por Bélgica, la «referencia» publicada en el Moniteur belge hace alusión a la publicación de los elementos principales en el sitio de Internet del Instituto. A su juicio, ello constituye una referencia «a la manera en que se publicará dicha información» en el sentido del artículo 14, apartado 1.
63. Sin embargo, Bélgica concluye su dúplica mencionando un proyecto de Real Decreto que modifica el artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, del Real Decreto de 10 de diciembre de 1997, con objeto de incorporar literalmente el tenor del artículo 14, apartado 1, de la Directiva. Tras la modificación, la segunda frase del párrafo segundo tendría el siguiente tenor: «El Instituto publicará en el Moniteur belge la manera en que dichos elementos se publicarán».
64. Procede recordar que el artículo 14, apartado 1, obliga a las autoridades nacionales de reglamentación a velar «por que se publique de manera apropiada una información actualizada para que las partes interesadas puedan acceder a ella fácilmente». No se ofrece ninguna indicación más acerca del modo de publicación previsto, si bien esta disposición exige que en el boletín oficial nacional del Estado miembro afectado se haga referencia a la manera en que se publicará dicha información.
65. Si bien estoy dispuesto a admitir que en el moderno sector de las telecomunicaciones la publicación por Internet resulta «apropiada» a efectos del artículo 14, apartado 1, desgraciadamente, de las afirmaciones de Bélgica en su dúplica no se desprende con claridad qué se entiende exactamente por la «referencia» publicada en el Moniteur belge, y aún menos si ya se ha publicado una referencia a la publicación en el sitio de Internet, ni tampoco se ha aportado ante el Tribunal de Justicia ninguna prueba en este sentido.
66. En estas circunstancias, procede estimar la petición de la Comisión de que se declare que Bélgica no ha adaptado su Derecho interno al artículo 14, apartado 1, por cuanto respecta al artículo 12, apartado 4.
Costas
67. Dado que se ha estimado la mayor parte de las pretensiones de la Comisión, procede condenar en costas a Bélgica.
Conclusión
68. A la vista de cuanto antecede, propongo que el Tribunal de Justicia:
1) Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP), al no haber adaptado correctamente su Derecho interno a los artículos 7, apartado 5, 9, apartado 3, y 14, apartado 1, de dicha Directiva.
2) Condene en costas al Reino de Bélgica.