Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS (EMILIOU
presentadas el 26 de junio de 2025 (1)
Asuntos acumulados C‑50/24 a C‑56/24 [Danané] (i)
X (C‑50/24)
X (C‑51/24)
X (C‑52/24)
X (C‑53/24)
X (C‑54/24)
X (C‑55/24)
X (C‑56/24)
contra
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil du Contentieux des Étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería, Bélgica)]
« Procedimiento prejudicial — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Procedimientos para la concesión de la protección internacional — Procedimientos fronterizos — Directiva 2013/32/UE — Artículo 43 — Lugar de internamiento durante un procedimiento fronterizo — Internamiento que se extiende más allá del plazo de cuatro semanas previsto para los procedimientos fronterizos — Examen prioritario de una solicitud de protección internacional — Continuación del procedimiento fronterizo como procedimiento ordinario — Facultades ex officio del órgano jurisdiccional nacional »
I.      Introducción
1.        El contraste, frecuentemente comentado, entre la presencia física de los solicitantes de protección internacional en el territorio de un Estado miembro y la ficción jurídica de que no han entrado formalmente en él, así como el uso, a menudo criticado, del internamiento en el marco de los procedimientos fronterizos constituyen el telón de fondo de los presentes asuntos acumulados, que se someten al Tribunal de Justicia en un momento clave de la reforma legislativa del Sistema Europeo Común de Asilo.
2.        La presente petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil du Contentieux des Étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería, Bélgica; en lo sucesivo, «órgano jurisdiccional remitente») invita al Tribunal de Justicia a precisar el alcance del procedimiento fronterizo previsto en el artículo 43 de la Directiva 2013/32/UE (2) (en lo sucesivo, «Directiva sobre procedimientos») y las consecuencias derivadas del transcurso del plazo de cuatro semanas en el que dicho procedimiento debe concluir.
3.        El núcleo de las cuestiones planteadas consiste en si un solicitante de asilo puede ser internado, en el marco de un procedimiento fronterizo, en un centro que no se halla geográficamente «en la frontera o en una zona de tránsito», y si dicho internamiento puede mantenerse, en virtud de la Directiva 2013/33/UE (3) (en lo sucesivo, «Directiva de acogida»), en el mismo centro físico, más allá del plazo de cuatro semanas previsto para el procedimiento fronterizo.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
1.      Directiva sobre procedimientos
4.        El artículo 31 de esta Directiva, titulado «Procedimiento de examen», dispone en sus apartados 7 y 8:
«7.      Los Estados miembros podrán dar prioridad a un examen de una solicitud de protección internacional de conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II, en particular:
a)      cuando la solicitud es probable que esté bien fundada;
b)      cuando el solicitante sea vulnerable en el sentido del artículo 22 de la Directiva [2013/33], o necesite garantías procedimentales especiales, en particular los menores no acompañados.
8.      Los Estados miembros podrán disponer que se acelere y/o se lleve a cabo en la frontera o en zonas de tránsito de conformidad con el artículo 43 un procedimiento de examen de conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II, si:
a)      el solicitante, al presentar su solicitud y exponer los hechos, hubiese planteado exclusivamente cuestiones que no guardan relación con el examen de los requisitos para ser beneficiario de protección internacional en virtud de la Directiva 2011/95/UE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9)], […]
[…]»
5.        Con arreglo al artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos, titulado «Procedimientos fronterizos»:
«1.      Los Estados miembros podrán, de conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II, estipular procedimientos en la frontera o en las zonas de tránsito del Estado miembro para tomar decisiones sobre:
a)      la admisibilidad de una solicitud, de conformidad con el artículo 33, presentadas en estos lugares, y/o
b)      el fondo de una solicitud en un procedimiento de conformidad con el artículo 31, apartado 8.
2.      Los Estados miembros garantizarán que se tome una decisión en el marco del procedimiento descrito en el apartado 1 dentro de un plazo razonable. Si no se ha tomado una decisión antes del transcurso de cuatro semanas, se concederá al solicitante la entrada al territorio del Estado miembro para que se tramite su solicitud de conformidad con las demás disposiciones de la presente Directiva.
3.      En caso de llegadas de un número elevado de nacionales de terceros países o de apátridas que presenten una solicitud de protección internacional en la frontera o en las zonas de tránsito, que imposibiliten en la práctica la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1, podrán aplicarse también esos procedimientos a condición de que dichos nacionales de terceros países o apátridas sean alojados en condiciones normales en las proximidades de la frontera o de la zona de tránsito.»
6.        El artículo 46 de la misma Directiva, titulado «Derecho a un recurso efectivo», establece en sus apartados 1 y 3:
«1.      Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes tengan derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional contra lo siguiente:
a)      una resolución adoptada sobre su solicitud de protección internacional, incluida:
i)      la decisión de considerar infundada una solicitud en relación con el estatuto de refugiado y/o el estatuto de protección subsidiaria,
ii)      la decisión de considerar inadmisible una solicitud de conformidad con el artículo 33, apartado 2,
iii)      la decisión adoptada en la frontera o en las zonas de tránsito de un Estado miembro a que se refiere el artículo 43, apartado 1,
[…]
3.      Para cumplir el apartado 1, los Estados miembros garantizarán que un recurso efectivo suponga el examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido cuando proceda un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva [2011/95], al menos en los recursos ante un juzgado o tribunal de primera instancia.»
2.      Directiva de acogida
7.        El artículo 8 de la Directiva de acogida, con el epígrafe «Internamiento», dispone:
«1.      Los Estados miembros no internarán a una persona por la única razón de que sea un solicitante de protección internacional, de conformidad con la [Directiva sobre procedimientos].
2.      Cuando ello resulte necesario, sobre la base de una evaluación individual de cada caso, los Estados miembros podrán internar a un solicitante siempre que no se puedan aplicar efectivamente medidas menos coercitivas.
3.      Un solicitante solo podrá ser internado:
[…]
b)      para determinar los elementos en que se basa la solicitud de protección internacional que no podrían obtenerse sin el internamiento, en particular cuando exista riesgo de fuga del solicitante;
c)      para decidir, en el marco de un procedimiento, sobre el derecho del solicitante a entrar en el territorio;
[…]»
B.      Derecho belga
1.      Ley de 15 de diciembre de 1980
8.        La loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre la entrada en el territorio, la residencia, el establecimiento y la expulsión de los extranjeros; en lo sucesivo, «Ley de 15 de diciembre de 1980») (4) transpone al Derecho belga las disposiciones de las Directivas sobre procedimientos y de acogida pertinentes en el presente asunto.
9.        En particular, el artículo 57/6/4 de dicha Ley transpone el artículo 43, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre procedimientos, y establece, en particular, que el Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides [Comisario General para los Refugiados y Apátridas; en lo sucesivo, «CGRA»] será competente para declarar la inadmisibilidad de una solicitud presentada en la frontera o para adoptar una resolución sobre el fondo de la solicitud en determinadas situaciones definidas (correspondientes a las previstas en el artículo 31, apartado 8, de la Directiva sobre procedimientos). En virtud de aquella disposición, en relación con el artículo 74/5, apartados 4 y 5, de la misma Ley, si el CGRA no adopta una resolución en un plazo de cuatro semanas, se autorizará al solicitante a entrar en el territorio.
10.      En lo que atañe al internamiento, el artículo 74/5 de la citada Ley dispone que los extranjeros que no cumplan los requisitos de entrada y que presenten una solicitud de protección internacional en la frontera «podrán ser internados en un centro determinado situado en la frontera». Este artículo establece, además, que «el Rey podrá designar otros centros situados en el Reino [de Bélgica], que se considerarán equivalentes a [un centro determinado situado en la frontera]», y que el internamiento en tales centros no se entenderá como una autorización de entrada en el territorio.
11.      Por último, el artículo 74/6, apartados 1 y 2, de la Ley de 15 de diciembre de 1980 precisa que un solicitante de protección internacional podrá ser internado «en un centro determinado situado en el Reino», en particular, por el motivo enunciado en el artículo 8, apartado 3, letra b), de la Directiva de acogida.
2.      Reales Decretos de 14 de mayo de 2009 y de 17 de febrero de 2012
12.      En virtud del Real Decreto de 14 de mayo de 2009 (en lo sucesivo, «Real Decreto de 2009»), (5) los centros de acogida, como el de Sint-Gillis-Waas, se asimilan a los «centros determinados situados en la frontera».
13.      En virtud de un Real Decreto de 17 de febrero de 2012 (6) (en lo sucesivo, «Real Decreto de 2012»), el centro de tránsito «Caricole», situado en el territorio de Bélgica, también se asimila a un «centro determinado situado en la frontera».
III. Antecedentes del litigio y cuestiones prejudiciales
14.      Los siete asuntos acumulados que dieron lugar a la presente petición de decisión prejudicial proceden de unas circunstancias fácticas muy similares, que pueden resumirse del siguiente modo:
15.      Todos los demandantes en el litigio principal son nacionales de terceros países que llegaron en avión al aeropuerto de Bruselas (Bélgica) entre septiembre y octubre de 2023. En la fecha de su llegada, o al día siguiente, los demandantes presentaron sendas solicitudes de protección internacional en la frontera. Estas solicitudes fueron a continuación transmitidas a la autoridad decisoria competente, el CGRA, para que las examinase según el «procedimiento fronterizo», de conformidad con el artículo 57/6/4 de la Ley de 15 de diciembre de 1980, que transpone el artículo 43, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre procedimientos.
16.      Posteriormente, el ministre de l’Asile et de la Migration (Ministro de Asilo y Migración, Bélgica; en lo sucesivo, «Ministro») notificó dos resoluciones a cada uno de los demandantes, a saber, por un lado, una resolución por la que se les denegaba la entrada en el territorio belga (7) y, por el otro, una resolución por la que se ordenaba su «internamiento en un centro determinado situado en la frontera» (en lo sucesivo, «primera resolución de internamiento»). (8)
17.      En los asuntos C‑50/24 a C‑53/24, los demandantes fueron internados en el centro de tránsito Caricole, situado en las inmediaciones del aeropuerto de Bruselas (que constituye una frontera exterior de la Unión), (9) a unos dos kilómetros en línea recta. En los asuntos C‑54/24 a C‑56/24, los demandantes fueron internados en el centro de acogida de Sint-Gillis-Waas, (10) situado a más de 40 kilómetros de distancia del aeropuerto de Bruselas. Por tanto, estos centros, pese a no estar situados exactamente «en la frontera», se asimilan a «centros determinados situados en la frontera», de conformidad con los Reales Decretos de 2012 y 2009, respectivamente.
18.      En ninguno de los siete asuntos se adoptó una decisión sobre la solicitud de protección internacional en el plazo de cuatro semanas previsto en el artículo 43, apartado 2, de la Directiva sobre procedimientos, tal como fue transpuesta por el artículo 57/6/4 de la Ley de 15 de diciembre de 1980 (en lo sucesivo, «plazo de cuatro semanas»).
19.      En cambio, en todos ellos, cuando transcurrió dicho plazo, los demandantes respectivos recibieron una nueva resolución del Ministro en la que se ordenaba su «internamiento en un centro determinado», esto es, en un centro que ya no estuviera «situado en la frontera», como indicaba la primera resolución de internamiento, sino en el territorio. Esta resolución (en lo sucesivo, «segunda resolución de internamiento») señalaba que, por haber transcurrido el plazo de cuatro semanas, se entendía que el solicitante estaba autorizado a entrar en el territorio. Sin embargo, en virtud de dicha resolución, era necesario mantener su internamiento, sobre la base del artículo 74/6, apartados 1 y 2, de la Ley de 15 de diciembre de 1980, «para determinar los elementos en que se [basaba] la solicitud de protección internacional que no podrían obtenerse sin el internamiento, en particular [a la vista del] riesgo de fuga del solicitante».
20.      La segunda resolución de internamiento no dio lugar a la reubicación física de los demandantes, que permanecieron internados en los mismos centros que antes (el centro de tránsito Caricole y el centro de acogida de Sint-Gillis-Waas, respectivamente). Sin embargo, las autoridades nacionales consideraron que la ficción jurídica en virtud de la cual se consideraba que esos centros estaban ubicados «en la frontera» había dejado de ser aplicable una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas y que, en lo sucesivo, debían ser tratados como centros de internamiento situados en el territorio, que es lo que realmente eran. En otras palabras, aunque el fundamento jurídico del internamiento de los solicitantes y la calificación jurídica del centro de internamiento cambiaron, el lugar físico donde se mantuvo internados a los demandantes no varió.
21.      Al mismo tiempo, el CGRA, como autoridad decisoria competente para examinar las solicitudes de protección internacional, mantuvo entrevistas personales con cada demandante. En los asuntos C‑51/24 y C‑53/24, las entrevistas tuvieron lugar en el plazo de cuatro semanas y, por tanto, antes de la segunda resolución de internamiento. En el resto de los asuntos, los demandantes fueron entrevistados una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas, después de que se adoptase la segunda resolución de internamiento.
22.      Entre noviembre y diciembre de 2023, el CGRA, siguiendo un procedimiento prioritario, (11) denegó todas las solicitudes de protección internacional. En particular, en el asunto C‑51/24, el CGRA declaró la inadmisibilidad de la solicitud y en los otros seis asuntos adoptó resoluciones por las que denegó, por razones de fondo, tanto el estatuto de refugiado como el estatuto de protección subsidiaria.
23.      Los demandantes interpusieron recursos contra esas resoluciones denegatorias de sus respectivas solicitudes de protección internacional ante el órgano jurisdiccional remitente.
24.      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente, al albergar dudas sobre la compatibilidad del procedimiento seguido con el Derecho de la Unión y, más concretamente, con el artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos, decidió suspender el procedimiento en los siete asuntos de que conoce y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 43 de la Directiva [sobre procedimientos] el procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional presentada en la frontera o en una zona de tránsito por un solicitante al que, durante dicho procedimiento, se mantiene internado en un centro situado geográficamente en el territorio, pero asimilado en virtud de un acto reglamentario a un centro de internamiento situado en la frontera?
2)      ¿Está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 43 de la Directiva [sobre procedimientos] el examen de tal solicitud de protección internacional de un solicitante al que, una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas establecido en el artículo 43, apartado 2, de dicha Directiva, se admite de pleno derecho en el territorio nacional con arreglo al Derecho nacional, pero al que, en virtud de una nueva resolución de internamiento, se mantiene en el mismo centro de internamiento, inicialmente considerado un centro situado en la frontera y posteriormente calificado por las autoridades como centro situado en el territorio?
–        ¿Puede un mismo centro de internamiento, en el mismo procedimiento de protección internacional, ser asimilado inicialmente, en virtud de un acto reglamentario, a un centro situado en la frontera y, una vez autorizada la entrada del solicitante en el territorio debido al transcurso del plazo de cuatro semanas o a raíz de una decisión de examen posterior, ser considerado un centro situado en el territorio?
–        ¿Qué implicaciones tiene para la competencia temporal y material de la autoridad decisoria que se mantenga internado al solicitante en un mismo centro, situado geográficamente en el territorio, pero inicialmente asimilado a un centro situado en la frontera y posteriormente calificado por las autoridades belgas como centro situado en el territorio debido al transcurso del plazo de cuatro semanas?
3.1)      La autoridad decisoria que ha iniciado el examen de una solicitud de protección internacional en el marco de un procedimiento fronterizo y que deja transcurrir el plazo de cuatro semanas previsto en el artículo 43, apartado 2, de la Directiva [sobre procedimientos] para pronunciarse sobre dicha solicitud o que ha adoptado previamente una decisión de examen posterior, ¿puede continuar el examen de dicha solicitud con carácter prioritario, en el sentido del artículo 31, apartado 7, de la misma Directiva, aunque todos los actos de instrucción, incluida la entrevista personal, hayan tenido lugar antes de la expiración de dicho plazo, cuando el solicitante permanezca, sobre la base de una resolución de otra autoridad, en el mismo centro de internamiento, inicialmente asimilado a un centro situado en la frontera, debido a que su internamiento es necesario “para determinar los elementos en que se basa la solicitud de protección internacional que no podrían obtenerse sin el internamiento, en particular cuando exista riesgo de fuga del solicitante”?
3.2)      La autoridad decisoria que ha iniciado el examen de una solicitud de protección internacional en el marco de un procedimiento fronterizo y que deja transcurrir el plazo de cuatro semanas previsto en el artículo 43, apartado 2, de la Directiva [sobre procedimientos] para pronunciarse sobre dicha solicitud o que ha adoptado previamente una decisión de examen posterior sin haber celebrado una entrevista personal con el solicitante dentro de dicho plazo, ¿puede continuar el examen de dicha solicitud con carácter prioritario, en el sentido del artículo 31, apartado 7, de la misma Directiva, cuando el solicitante permanezca, sobre la base de una resolución de otra autoridad, en el mismo centro de internamiento, inicialmente asimilado a un centro situado en la frontera, debido a que su internamiento es necesario “para determinar los elementos en que se basa la solicitud de protección internacional que no podrían obtenerse sin el internamiento, en particular cuando exista riesgo de fuga del solicitante”?
4)      ¿Es compatible tal aplicación de la normativa nacional con el carácter excepcional del internamiento del solicitante que se desprende del artículo 8 de la Directiva [de acogida] y del objetivo general de la Directiva [sobre procedimientos]?
5)      ¿Deben interpretarse los artículos 31, apartados 7 y 8, 43 y 46 de la Directiva [sobre procedimientos], en relación con el artículo 47 de la Carta [de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, “Carta”)], en el sentido de que el [órgano jurisdiccional remitente], cuando conoce de un recurso interpuesto contra una resolución adoptada en un procedimiento iniciado en la frontera, debe apreciar de oficio el incumplimiento del plazo de cuatro semanas?»
IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
25.      Las peticiones de decisión prejudicial se presentaron en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 26 de enero de 2024. Mediante resolución de 14 de marzo de 2024, los siete asuntos se acumularon a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.
26.      Han presentado observaciones escritas los Gobiernos belga, alemán, checo e italiano, así como la Comisión Europea y el demandante en el asunto C‑53/24. Los Gobiernos belga, checo y alemán, la Comisión y los demandantes en los asuntos C‑51/24 y C‑52/24 formularon observaciones orales en la vista celebrada el 27 de febrero de 2025.
V.      Análisis
27.      Todas las cuestiones prejudiciales se refieren al procedimiento fronterizo, previsto en el artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos. Abordaré estas cuestiones sucesivamente, en el orden en el que han sido planteadas por el órgano jurisdiccional remitente. No obstante, antes de proceder a su examen, considero oportuno exponer brevemente las características esenciales del procedimiento fronterizo, a la luz de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia, al que ya se solicitó anteriormente la interpretación de esta disposición. (12)
A.      Principales características del procedimiento fronterizo
28.      Como señala el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos ofrece a los Estados miembros la posibilidad de prever, en sus fronteras o en sus zonas de tránsito, procedimientos específicos, conocidos como «procedimientos fronterizos», para tomar decisiones sobre i) la admisibilidad de las solicitudes de asilo presentadas en estos lugares y/o ii) el fondo de esas solicitudes en las circunstancias previstas taxativamente en el artículo 31, apartado 8, de dicha Directiva. Tales circunstancias se refieren, en esencia, a supuestos en los que el comportamiento o las afirmaciones del solicitante tienden a indicar que su solicitud es manifiestamente infundada y abusiva. (13)
29.      Además, como ha señalado el Tribunal de Justicia, del considerando 38 de la Directiva sobre procedimientos se desprende que el procedimiento fronterizo va dirigido a que los Estados miembros puedan pronunciarse sobre las solicitudes de protección internacional formuladas en la frontera o en una zona de tránsito «antes de que se tome una decisión sobre la entrada de los solicitantes» en su territorio. (14) El hecho de que no se haya autorizado oficialmente a los solicitantes a entrar en el territorio es una característica esencial del procedimiento fronterizo. En particular, permite que los Estados miembros dispongan el retorno de los solicitantes cuya solicitud ha sido denegada, sin estar obligados a respetar todas las garantías previstas en la Directiva 2008/115/CE. (15)
30.      No obstante, de conformidad con el artículo 43, apartado 2, de la Directiva sobre procedimientos, se concederá al solicitante la entrada al territorio si no se ha tomado una decisión sobre su solicitud de protección internacional antes del transcurso de cuatro semanas desde la presentación de dicha solicitud. Por consiguiente, para permitir la adopción de una decisión en ese plazo de cuatro semanas, los procedimientos fronterizos suelen caracterizarse por unos plazos procesales más cortos. (16)
31.      Por último, aunque el artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos no prevé expresamente el internamiento, el Tribunal de Justicia ha declarado que dicha disposición, en relación con el artículo 8, apartado 3, letra c), de la Directiva de acogida, autoriza a los Estados miembros a proceder al internamiento de los solicitantes que son objeto de un procedimiento fronterizo durante un plazo máximo de cuatro semanas. (17)
B.      Primera cuestión prejudicial: aplicabilidad del procedimiento fronterizo en caso de internamiento en un lugar que no esté situado geográficamente «en la frontera»
32.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional presentada en la frontera o en una zona de tránsito constituye un «procedimiento fronterizo», en el sentido del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos, cuando se mantiene al solicitante internado en un centro situado geográficamente en el territorio, pero asimilado en virtud del Derecho nacional a un centro de internamiento situado en la frontera. (18) Así pues, la cuestión que se plantea, en esencia, es si el internamiento de un solicitante en un centro que no está geográficamente situado «en la frontera o en una zona de tránsito» impide la aplicación de un procedimiento fronterizo.
33.      A este respecto, es preciso señalar, antes de nada, que el tenor del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos no hace ninguna referencia expresa al internamiento ni, por tanto, más concretamente, a los posibles lugares de internamiento en el marco de un procedimiento fronterizo. En cambio, esta disposición se refiere únicamente a las decisiones tomadas «en la frontera o en las zonas de tránsito» y a las solicitudes presentadas «en estos lugares».
34.      Dicho esto, el artículo 31, apartado 8, de la misma Directiva (al que se remite el artículo 43 solo en lo que respecta a las decisiones sobre el fondo) se refiere a procedimientos «llev[ados] a cabo en la frontera o en zonas de tránsito». Cabría argumentar que esto podría implicar que los solicitantes deben permanecer (y, en su caso, ser internados) estrictamente en la frontera o en las zonas de tránsito durante todo el procedimiento. Además, procede subrayar asimismo que el artículo 8, apartado 3, letra c), de la Directiva de acogida, que permite el internamiento en el contexto de procedimientos fronterizos, y el artículo 18, apartado 1, letra a), de esta misma Directiva, relativo al alojamiento de los solicitantes durante el examen de una solicitud de protección internacional formulada en una frontera o en zonas de tránsito, no contienen ninguna referencia al lugar donde deben permanecer los solicitantes mientras se desarrolla el procedimiento fronterizo.
35.      Es cierto que la modalidad más sencilla y habitual de aplicación de los procedimientos fronterizos por los Estados miembros implica el internamiento de los solicitantes en la frontera o en las zonas de tránsito. (19) Este es el contexto en el Tribunal de Justicia ha examinado el internamiento «en la frontera o en zonas de tránsito» durante los procedimientos fronterizos.
36.      Sin embargo, no creo que esa sea la única opción. En mi opinión, el tenor del artículo 43 no permite concluir de manera inequívoca que, para que se aplique el procedimiento fronterizo, el lugar de internamiento de los solicitantes debe estar situado geográficamente en la misma frontera o en una zona de tránsito. (20)
37.      Por otra parte, considero que esta interpretación restrictiva, defendida por la Comisión, no se deduce ni del objetivo ni del contexto del artículo 43 y sería contraria a los intereses tanto de los Estados miembros como de los solicitantes que son objeto de un procedimiento fronterizo.
38.      En particular, por lo que respecta, en primer término, al objetivo del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos (véanse los puntos 28 y 29 de las presentes conclusiones), el procedimiento fronterizo permite a los Estados miembros hacer un cribado inicial de las solicitudes de protección internacional antes de autorizar formalmente la entrada solo de aquellos solicitantes cuyas solicitudes no han sido denegadas. (21) La consecución de este objetivo no se ve afectada en modo alguno por la ubicación física del solicitante durante el examen de su solicitud y no exige necesariamente que se desarrolle estrictamente en la frontera o en una zona de tránsito.
39.      Al contrario, insistir en que el internamiento se lleve a cabo geográficamente en la misma frontera o zona de tránsito podría poner en riesgo este objetivo y privar al artículo 43 de su efecto útil, en función de las particularidades geográficas y de las infraestructuras de los Estados miembros. Como ha subrayado el Gobierno italiano, tal interpretación restrictiva del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos podría dificultar excesivamente a algunos Estados miembros
—por ejemplo, a los que tienen largos tramos de fronteras marítimas—
la aplicación de los procedimientos fronterizos con plena observancia tanto de los principios y las garantías fundamentales del capítulo II de la Directiva sobre procedimientos como de las garantías en materia de internamiento previstas en los artículos 9 a 11 de la Directiva de acogida.
40.      Por el contrario, exigir que los solicitantes sean internados en la frontera o en las zonas de tránsito
—con las consiguientes limitaciones estructurales y espaciales—
podría llevar a los Estados miembros a utilizar instalaciones deficitarias, simplemente para poder aplicar procedimientos fronterizos, aun cuando pudieran garantizarse mejores condiciones de internamiento para los solicitantes en el territorio. A mi juicio, es evidente que un enfoque tan formalista no serviría a los intereses de los solicitantes internados en el marco de un procedimiento fronterizo.
41.      Esta consideración es especialmente pertinente en los presentes asuntos. Como han señalado tanto el órgano jurisdiccional remitente como el Gobierno belga, actualmente no existe ningún centro de internamiento en Bélgica situado en la frontera o en zonas de tránsito, pues las instalaciones que hubo en el pasado en el aeropuerto de Bruselas fueron cerradas debido a la insuficiencia de las infraestructuras. En efecto, el centro de tránsito Caricole se diseñó con el objetivo específico de sustituir esas instalaciones deficientes y de ofrecer a los solicitantes de protección internacional mejores condiciones de internamiento.
42.      En segundo término, en lo que atañe al contexto del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos, procede señalar que los procedimientos fronterizos se basan en una serie de ficciones jurídicas. En primer lugar, en virtud de lo que se denomina habitualmente la «ficción de no entrada», (22) se considera legalmente, a efectos del procedimiento fronterizo, que los solicitantes que han cruzado la frontera y, por tanto, se hallan físicamente presentes en el territorio no han entrado en el territorio, por lo que deben esperar a que se adopte una decisión sobre si se les autoriza la entrada.
43.      En segundo lugar, los puertos de entrada, y en particular los aeropuertos internacionales como el de Bruselas, se consideran «fronteras», también en virtud de una ficción jurídica, (23) aunque estén situados geográficamente en el territorio de los Estados miembros. De la misma manera, las zonas de tránsito se asimilan a las fronteras, tanto en la Directiva sobre procedimientos como en la Directiva de acogida, aunque geográficamente estén situadas más allá del paso fronterizo y, por tanto, en el territorio de un Estado. (24)
44.      Estas ficciones jurídicas demuestran, en mi opinión, que la realidad geográfica de la presencia de un solicitante en el territorio no impide la aplicación de un procedimiento fronterizo.
45.      A mi parecer, de todas las consideraciones anteriores se desprende que, en virtud del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos, no puede exigirse que el internamiento tenga lugar estrictamente en la frontera para que se apliquen los procedimientos fronterizos. No obstante, debo precisar que, a mi juicio, esto no significa que los Estados miembros puedan trasladar a los solicitantes de manera arbitraria y ad hoc desde el punto de entrada a cualquier centro situado en el territorio, puesto que ello los expondría a incertidumbre y a traslados innecesarios. Por el contrario, considero, habida cuenta del imperativo de seguridad jurídica, que sí es posible autorizar la designación anticipada y general de centros de internamiento a efectos del procedimiento fronterizo, (25) que, en efecto, pueden estar situados en el interior del país, con el fin de garantizar a los solicitantes las condiciones más adecuadas.
46.      Debo señalar que la conclusión anterior se aplica con independencia de que el centro de internamiento designado se sitúe a 2 kilómetros de la frontera (como el centro de tránsito Caricole) o más al interior (como sucede, por ejemplo, con el centro de acogida de Sint‑Gillis‑Waas).
47.      La propuesta de la Comisión en sentido contrario, según la cual la flexibilidad de que disponen los Estados miembros para determinar el centro de internamiento en los procedimientos fronterizos debería en todo caso limitarse a zonas que estén «suficientemente próximas» a la frontera, (26) sería difícil de aplicar de forma jurídicamente segura y coherente. Por otra parte, un requisito estricto de proximidad a la frontera afectaría de forma diferente a los Estados miembros en función de su tamaño y de su geografía. Además, daría lugar a la clásica paradoja sorites: ¿en qué momento preciso se entiende que una zona «suficientemente próxima» deja de serlo?
48.      En aras de la exhaustividad, debo señalar asimismo que la conclusión alcanzada en el punto 45 de las presentes conclusiones no queda desvirtuada por la alegación formulada por la Comisión sobre la base del artículo 43, apartado 3, de la Directiva sobre procedimientos. De conformidad con dicha disposición, en caso de llegada masiva de solicitantes de protección internacional, podrán aplicarse procedimientos fronterizos «a condición de que dichos [solicitantes] sean alojados en condiciones normales en las proximidades de la frontera o de la zona de tránsito». La Comisión, en esencia, ha deducido del tenor de esta disposición un argumento a contrario sensu según el cual, salvo en la situación excepcional de llegada masiva de solicitantes, el procedimiento fronterizo no puede llevarse a cabo «en las proximidades» de la frontera (y, con mayor razón, en el territorio del país), sino que debe desarrollarse estrictamente «en la frontera o en la zona de tránsito».
49.      Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha precisado que el artículo 43, apartado 3, tiene el objetivo, más bien, de ampliar, en circunstancias excepcionales, el alcance temporal del procedimiento fronterizo más allá de las cuatro semanas («a condición de que»), en cuyo caso los solicitantes no podrían permanecer internados, sino «alojados en condiciones normales». (27) Por consiguiente, a mi parecer, esta disposición no puede servir para restringir el alcance del procedimiento fronterizo en circunstancias normales, limitando la ubicación aceptable de los centros de internamiento durante el plazo de cuatro semanas.
50.      Por último, debo señalar que la conclusión a la que se llega en el punto 45 de las presentes conclusiones se corresponde con el enfoque expresamente adoptado en el nuevo Reglamento sobre procedimientos de asilo, (28) que está previsto que entre en vigor y sustituya a la Directiva sobre procedimientos a partir del 12 de junio de 2026. Dicho Reglamento da expresamente a los Estados miembros cierta flexibilidad para determinar los lugares en los que los solicitantes pueden ser internados durante los procedimientos fronterizos, al disponer que se exigirá «a los solicitantes que, como norma general, residan en la frontera exterior o las zonas de tránsito o en sus proximidades, o en otros lugares designados dentro de su territorio, teniendo plenamente en cuenta las circunstancias geográficas específicas del Estado miembro de que se trate». (29) Si bien la Comisión sostiene que el hecho de que el nuevo Reglamento reconozca expresamente dicha flexibilidad implica que esta no se contempla en el marco jurídico actual, tal interpretación no está respaldada ni por la exposición de motivos del Reglamento ni por sus trabajos preparatorios.
51.      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial que el artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos no se opone al examen, en el marco de un procedimiento fronterizo, de una solicitud de protección internacional presentada en la frontera o en una zona de tránsito cuando se mantiene al solicitante internado en un centro situado geográficamente en el territorio.
C.      Segunda cuestión prejudicial: consecuencias del transcurso del plazo de cuatro semanas
1.      ¿Se aplica el procedimiento fronterizo una vez transcurrido el período de cuatro semanas en caso de que se mantenga internado al solicitante?
52.      La segunda cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente consta de tres subcuestiones. Mediante la primera subcuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el procedimiento fronterizo del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos sigue siendo aplicable, una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas, cuando el solicitante de que se trate permanece internado en el mismo lugar de internamiento que, antes de finalizar dicho período, se asimilaba a un centro en la frontera y posteriormente fue considerado un centro situado en el territorio.
53.      En mi opinión, la respuesta a esta cuestión se deduce claramente del artículo 43, apartado 2, de la Directiva sobre procedimientos, según el cual, si no se ha tomado una decisión sobre la solicitud de protección internacional en el plazo de cuatro semanas, se concederá al solicitante la entrada al territorio del Estado miembro «para que se tramite su solicitud de conformidad con las demás disposiciones de la presente Directiva». El Tribunal de Justicia ya ha interpretado lo anterior en el sentido de que, transcurrido el plazo de cuatro semanas, la solicitud de protección internacional debe tramitarse de conformidad con el procedimiento ordinario, (30) en particular, con arreglo al procedimiento general previsto en el artículo 31 de la Directiva sobre procedimientos. Por consiguiente, en virtud del artículo 43, apartado 2, de dicha Directiva, el procedimiento fronterizo no puede aplicarse una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas.
54.      Considero que el hecho de que el solicitante de que se trate pueda permanecer internado, en la frontera o en el territorio, no afecta en modo alguno a esta conclusión inequívoca. Como ha precisado el Tribunal de Justicia, lo que se infiere del artículo 43, apartado 2, de la Directiva sobre procedimientos es que, una vez finalizado el procedimiento fronterizo tras cuatro semanas, cualquier internamiento que perdure no puede justificarse sobre la base de dicho procedimiento. (31) En consecuencia, mantener el internamiento, incluso en la frontera o en una zona fronteriza, no puede llevar a que el procedimiento aplicado una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas se califique de «procedimiento fronterizo».
55.      Por tanto, la calificación jurídica del centro de internamiento (de centro situado en la frontera o en el territorio) una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas no afecta al tipo de procedimiento seguido, que en cualquier caso ya no puede ser un «procedimiento fronterizo». Esta conclusión se impone con independencia de la postura adoptada en relación con la primera cuestión prejudicial y, con mayor razón, si se considerase, como he defendido anteriormente, que el lugar de internamiento no es determinante para el tipo de procedimiento aplicado incluso durante el plazo de cuatro semanas.
56.      Si se acepta esta postura, cabe deducir, sobre la base de las consideraciones expuestas por el órgano jurisdiccional remitente, (32) que las demás subcuestiones de que consta la segunda cuestión prejudicial carecen en gran medida de pertinencia para la resolución de los litigios principales. No obstante, procederé a examinarlas con el fin de realizar un análisis exhaustivo de la segunda cuestión prejudicial.
2.      ¿Puede el mismo centro de internamiento ser considerado inicialmente un centro «situado en la frontera» y posteriormente un centro «situado en el territorio»?
57.      Mediante la segunda subcuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el mismo centro de internamiento puede ser asimilado inicialmente a un centro situado en la frontera y, transcurrido el plazo de cuatro semanas, (33) ser considerado, habida cuenta de su situación geográfica real, un centro situado en el territorio.
58.      En mi opinión, ninguna disposición de la Directiva sobre procedimientos ni de la Directiva de acogida se opone a este planteamiento. Como ya he señalado en las presentes conclusiones, ninguna de estas Directivas establece que el internamiento deba producirse en una ubicación geográfica concreta. Lo que sí se exige es, más fundamentalmente, que las condiciones de internamiento y las garantías de los solicitantes internados, previstas en los artículos 9 a 11 de la Directiva de acogida, se respeten plenamente. (34) Como ha subrayado el Gobierno belga, estas condiciones y garantías no difieren en función de la ubicación geográfica o de la calificación jurídica del centro de internamiento.
59.      Por otra parte, también considero fundada la alegación del Gobierno belga según la cual este planteamiento, en circunstancias como las de los presentes asuntos, daría lugar a un procedimiento general más eficaz y rápido. En particular, este enfoque evitaría la necesidad de someter al solicitante a un procedimiento de traslado a otro centro cuando se le mantenga internado.
60.      En efecto, todo ello presupone la existencia de una justificación válida para mantener internado al solicitante, basada en uno de los otros motivos autónomos (35) de internamiento previstos en el artículo 8 de la Directiva de acogida, y la adopción de una nueva decisión de internamiento a tal fin. Asimismo, es esencial, en mi opinión, que se informe debidamente al solicitante del cambio de su situación jurídica
—es decir, de que se le ha autorizado a entrar en el territorio—
aun cuando, en esta fase, ese cambio jurídico no vaya acompañado de un traslado físico.
3.      ¿Qué repercusiones tiene para la competencia de la autoridad decisoria que se mantenga internado al solicitante una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas?
61.      Mediante la tercera subcuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber qué repercusiones tiene para la competencia temporal y material de la autoridad decisoria que se mantenga internado al solicitante en un mismo centro (asimilado inicialmente a un centro situado en la frontera y, una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas, a un centro situado en el territorio).
62.      A la luz de mis observaciones anteriores, considero que el mantenimiento del internamiento y el cambio de la calificación jurídica del centro de internamiento, en el plazo de cuatro semanas, no afectan, por sí solos, a la competencia de la autoridad decisoria, es decir, la autoridad designada por los Estados miembros como autoridad responsable de examinar las solicitudes de protección internacional y de adoptar una decisión al respecto. (36)
63.      Por el contrario, es el transcurso del plazo de cuatro semanas lo que podría tener un impacto apreciable en la competencia de dicha autoridad, ya que en ese momento el procedimiento fronterizo se convierte en un procedimiento ordinario. No obstante, debo señalar que, en el caso de Bélgica, la autoridad decisoria competente para decidir sobre las solicitudes de protección internacional en el marco de ambos procedimientos, dentro de los límites, claro está, de las normas respectivas y de los diferentes plazos de cada procedimiento, es la misma: el CGRA.
64.      El órgano jurisdiccional remitente parece centrarse (37) en si, en caso de que el procedimiento fronterizo específico se convierta en un procedimiento ordinario, la competencia de la autoridad decisoria sigue estando limitada por los plazos y el alcance (38) aplicables a los procedimientos fronterizos. En mi opinión, no es así. Del artículo 43, apartado 2, de la Directiva sobre procedimientos se desprende que, una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas, la solicitud se tramitará de conformidad con las demás disposiciones de dicha Directiva, de modo que el examen ya no estará sujeto a las limitaciones materiales y temporales de las disposiciones que regulan el procedimiento fronterizo. (39)
65.      A la vista de todo lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión prejudicial que, una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas previsto en el artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos, el examen de una solicitud de protección internacional no está comprendido en el ámbito de aplicación de dicha disposición, con independencia de que se mantenga internado al solicitante y al margen de que el centro de internamiento sea calificado jurídicamente como centro situado en la frontera o centro situado en el territorio.
D.      Tercera cuestión prejudicial: examen de las solicitudes una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas
66.      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si una solicitud de protección internacional, inicialmente sometida a un procedimiento fronterizo, puede, una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas, ser examinada con carácter prioritario, en el sentido del artículo 31, apartado 7, de la Directiva sobre procedimientos, mientras que el solicitante permanece internado, en virtud del artículo 8, apartado 3, letra b), de la Directiva de acogida, en el mismo centro, cuando i) todos los «actos de instrucción», incluida la entrevista personal, han tenido lugar durante el plazo de cuatro semanas o ii) la entrevista personal no se ha celebrado dentro de dicho plazo. A mi juicio, esta cuestión suscita dos interrogantes que procede examinar.
1.      ¿Pueden tramitarse las solicitudes con carácter prioritario una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas?
67.      La primera cuestión que debe abordarse es si, tras la expiración del plazo de cuatro semanas, puede «darse prioridad», en el sentido del artículo 31, apartado 7, de la Directiva sobre procedimientos, al examen de una solicitud de protección internacional presentada en el marco de un procedimiento fronterizo y cuya tramitación se efectúa a continuación conforme a un procedimiento ordinario.
68.      En mi opinión, la respuesta a esta cuestión es sencilla. El artículo 31, apartado 7, de la Directiva sobre procedimientos ofrece a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para dar prioridad a una solicitud de protección internacional y examinarla antes que otras, dentro de los plazos, principios y garantías procedimentales normalmente aplicables. Este artículo no enumera de manera exhaustiva las situaciones en las que puede darse prioridad a un examen, sino que se limita a enumerar algunas de estas situaciones a título indicativo. Así pues, a tenor del considerando 19 de la Directiva sobre procedimientos, los Estados miembros pueden «dar prioridad al examen de una solicitud» (el subrayado es mío) siempre que se respeten los principios y garantías fundamentales del capítulo II de la Directiva.
69.      Como tal, la elección del legislador belga, aplicable a los presentes asuntos, de dar prioridad al examen de las solicitudes cuando los solicitantes en cuestión se hallan internados es, en principio, conforme al artículo 31, apartado 7, de la Directiva sobre procedimientos. Cabe añadir que este planteamiento también parece llevar a un procedimiento rápido y eficaz, de acuerdo con el considerando 18 de la Directiva sobre procedimientos, (40) y garantiza que el internamiento solo se imponga durante el mínimo tiempo necesario, de conformidad con los requisitos de la Directiva de acogida. (41)
2.      ¿Pueden invocarse los actos de instrucción del procedimiento fronterizo una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas?
70.      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente también parece preguntar si los actos de instrucción llevados a cabo durante el procedimiento fronterizo pueden invocarse a efectos de una decisión una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas y, por tanto, con arreglo al procedimiento ordinario.
71.      A mi juicio, esto es precisamente lo que implica que el examen de una solicitud pase de un procedimiento fronterizo a ser un procedimiento ordinario, con arreglo al artículo 43, apartado 2, de la Directiva sobre procedimientos. Exigir a la autoridad decisoria que inicie su examen ex novo y no tenga en cuenta los actos de instrucción que se han practicado anteriormente iría en contra de la exigencia de un procedimiento eficaz y rápido.
72.      No obstante, no puedo pasar por alto el contexto en el que se enmarca esta cuestión, que el órgano jurisdiccional remitente ha expuesto del siguiente modo: «en la práctica, la brevedad de los plazos y el internamiento en la frontera [que caracterizan el procedimiento fronterizo belga] pueden comprometer la aplicación de determinados principios básicos y de determinadas garantías fundamentales previstas en el capítulo II de la [Directiva sobre procedimientos] (en particular, el acceso a un abogado [o] el tiempo necesario para reunir todos los documentos útiles en apoyo de la solicitud […])». (42)
73.      El órgano jurisdiccional remitente parece sugerir, a mi entender, que, por consiguiente, los actos de instrucción practicados conforme al procedimiento fronterizo pueden ser de menor calidad y, por tanto, no deben invocarse en el procedimiento ordinario. A este respecto, debo subrayar que los actos de instrucción que no cumplan las exigencias de los principios y las garantías fundamentales del capítulo II de la Directiva sobre procedimientos no pueden invocarse para adoptar una decisión ni en un procedimiento ordinario ni en un procedimiento fronterizo. El respeto de estos principios y garantías fundamentales es una condición esencial y expresa para la aplicación de todos los procedimientos previstos en la Directiva sobre procedimientos, incluido el procedimiento fronterizo. (43) Por tanto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, al examinar los asuntos de que conoce, si dichos principios y garantías fundamentales han sido respetados en los procedimientos aplicados.
74.      En cualquier caso, debo precisar que los actos de instrucción llevados a cabo durante el procedimiento fronterizo deberían poder invocarse sin perjuicio del derecho del solicitante, en primer lugar, a realizar declaraciones posteriores y presentar nuevas pruebas que no haya podido aportar anteriormente (44) y, por en segundo lugar, a disfrutar de cualquier garantía adicional que pueda aplicarse únicamente en el contexto de un procedimiento ordinario (por ejemplo, la posibilidad de recibir una copia del informe o de la transcripción de la entrevista personal antes de que se adopte una resolución). (45)
75.      Habida cuenta de lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos debe interpretarse en el sentido de que permite que, una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas previsto en dicha disposición, una autoridad decisoria continúe con carácter prioritario el examen de una solicitud de protección internacional presentada en el marco de un procedimiento fronterizo y se base en los actos de instrucción llevados a cabo en dicho procedimiento, en circunstancias como las de los presentes asuntos, siempre que se respeten los principios y garantías fundamentales, establecidos en el capítulo II de la Directiva sobre procedimientos, aplicables en cada fase del procedimiento.
E.      Cuarta cuestión prejudicial: compatibilidad de la práctica nacional con las Directivas de acogida y sobre procedimientos
76.      Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si «tal aplicación de la normativa nacional» es compatible con el carácter excepcional del internamiento del solicitante que se desprende del artículo 8 de la Directiva de acogida y del objetivo general de la Directiva sobre procedimientos.
77.      Dado que la referencia que figura en el texto de la cuestión a «tal aplicación de la normativa nacional» es más bien vaga, solo puedo entenderla en el sentido de que engloba todas las etapas seguidas por las autoridades belgas, tal como han sido aplicadas en los siete asuntos en cuestión, y especialmente el internamiento de los solicitantes. La referencia al objetivo general de la Directiva sobre procedimientos también resulta poco clara en este contexto, dado que el objetivo principal de dicha Directiva, como se desprende de su considerando 12, es «desarrollar nuevas normas para los procedimientos en los Estados miembros para conceder o retirar la protección internacional con vistas al establecimiento de un procedimiento común de asilo en la Unión». Cabe entender que el órgano jurisdiccional remitente se refiere más bien al objetivo adicional de la Directiva, mencionado en su considerando 60, de «garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y promover la aplicación de [determinados derechos fundamentales consagrados en] la Carta», principalmente el respeto de la dignidad humana, la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes y el derecho de asilo.
78.      A la vista de lo anterior, debo observar que el órgano jurisdiccional remitente ha precisado que no es competente para controlar las decisiones por las que se ordena el internamiento de los solicitantes y que los litigios de que conoce solo se refieren a las decisiones por las que se deniegan las solicitudes de protección internacional por considerarlas infundadas o inadmisibles. En consecuencia, al igual que el Gobierno belga, he de reconocer que tengo ciertas reservas en cuanto a la pertinencia de la cuestión para los litigios principales y, por tanto, en cuanto a su admisibilidad.
79.      Dicho esto, he de admitir que la cuarta cuestión prejudicial, tal como la entiendo y analizo a continuación, contiene varios parámetros cuya falta de pertinencia para los litigios principales no resulta evidente. En consecuencia, y habida cuenta también de la presunción de pertinencia de que disfrutan las cuestiones prejudiciales, (46) considero oportuno abordar esta cuestión, en la medida en que puede entenderse que, para el órgano jurisdiccional remitente, el planteamiento adoptado por las autoridades nacionales podría afectar a la validez del procedimiento aplicado.
80.      A la vista de la petición de decisión prejudicial en su conjunto, entiendo que el órgano jurisdiccional remitente está preguntando acerca de la compatibilidad con las Directivas sobre procedimientos y de acogida de una práctica de las autoridades belgas consistente en i) iniciar el examen de una solicitud en el marco de un procedimiento fronterizo, mientras se interna al solicitante, sobre la base del artículo 8, apartado 3, letra c), de la Directiva de acogida, en un centro situado en el territorio que se asimila a un centro de internamiento situado en la frontera; ii) una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas, adoptar una nueva decisión de internamiento; iii) prorrogar el internamiento del solicitante en el mismo centro, que ya no se considera un centro situado en la frontera, iv) y justificar el mantenimiento del internamiento en virtud de una base jurídica diferente, a saber, el artículo 8, apartado 3, letra b), de la Directiva de acogida, «para determinar los elementos en que se basa la solicitud de protección internacional que no podrían obtenerse sin el internamiento», al margen de que se hayan practicado o no todos los actos de instrucción, incluida, especialmente, la entrevista personal.
81.      Comenzaré por el inciso iv), que es el único aspecto que no se ha abordado en el examen de las cuestiones anteriores y que ya fue mencionado por el órgano jurisdiccional remitente en su tercera cuestión prejudicial. A este respecto, debo admitir que no percibo qué otros elementos que fundamentan la solicitud de protección internacional quedan pendientes de obtención cuando se han practicado todos los actos de instrucción, incluida, especialmente, la entrevista personal. En este sentido, considero que, después del último acto de instrucción, el artículo 8, apartado 3, letra b), de la Directiva de acogida deja de ser aplicable. También debo señalar a este respecto que el artículo 9, apartado 1, de la misma Directiva dispone que el período de internamiento del solicitante «será lo más breve posible y solo se le mantendrá internado mientras los motivos establecidos en el artículo 8, apartado 3, sean aplicables». (47) A la luz de lo anterior, estimo que, una vez que se han realizado todos los actos de instrucción, lo que significa que las autoridades han recabado toda la información necesaria para su evaluación y que no se contempla ninguna medida adicional, no es posible mantener internado al solicitante sobre la base del artículo 8, apartado 3, letra b), de la Directiva de acogida.
82.      Por otra parte, por lo que respecta a los incisos i)
a iii), ya he expresado mi punto de vista, al examinar las cuestiones anteriores, según el cual no plantean en principio problemas de compatibilidad con el Derecho de la Unión.
83.      Sin embargo, he de añadir que las etapas prácticamente idénticas seguidas en los siete asuntos podrían indicar, como sostienen los solicitantes, que se trata de un enfoque al que las autoridades nacionales recurren de forma sistemática. Ello, junto con la cuestión examinada en el punto 81 de las presentes conclusiones, suscitaría, en mi opinión, dudas sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión y, en particular, con el artículo 8 de la Directiva de acogida y el artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos, a la luz del objetivo de la Directiva sobre procedimientos de promover y respetar los derechos fundamentales de los solicitantes (véase el punto 77 anterior).
84.      Concretamente, el uso sistemático del planteamiento expuesto en el punto 80 de las presentes conclusiones sugeriría que el internamiento, durante el procedimiento tanto fronterizo como ordinario, es prácticamente automático, en lugar de una medida excepcional de último recurso que se impone tras evaluar en cada caso concreto su proporcionalidad y necesidad, conforme a lo establecido en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva de acogida. (48) Partiendo de esa premisa, la aplicación sistemática de un procedimiento fronterizo a las solicitudes de protección internacional, pese a las dificultades previsibles de cumplir el plazo de cuatro semanas, al tiempo que se mantiene internados a los solicitantes sobre la base de una modificación artificial del motivo del internamiento, podría constituir un abuso del procedimiento fronterizo y una elusión de la limitación de cuatro semanas prevista en el artículo 43, apartado 2, de la Directiva sobre procedimientos.
85.      A la luz de estas consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuarta cuestión prejudicial que las Directivas de acogida y sobre procedimientos no se oponen a una práctica como la que es objeto de los litigios principales consistente, en esencia, en mantener internado a un solicitante al que se aplicó inicialmente un procedimiento fronterizo, una vez transcurrido un plazo de cuatro semanas, en el mismo lugar físico, sobre la base de un motivo de internamiento diferente, siempre que cualquier medida de internamiento que se aplique haya sido debidamente adoptada mediante una evaluación individual de la necesidad y la proporcionalidad y se mantenga únicamente mientras siga siendo aplicable el motivo de internamiento pertinente.
F.      Quinta cuestión prejudicial: examen de oficio por el órgano jurisdiccional nacional
86.      Mediante su quinta y última cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 31, apartados 7 y 8, 43 y 46 de la Directiva sobre procedimientos, en relación con el artículo 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que, cuando conoce de un recurso interpuesto contra una resolución adoptada en un procedimiento iniciado en la frontera, debe pronunciarse de oficio sobre la falta de adopción de tal resolución en el plazo de cuatro semanas previsto en el artículo 43, apartado 2, de dicha Directiva. (49) De los autos se desprende que esta cuestión solo es pertinente respecto de los demandantes en dos de los siete asuntos, que no parecen haber formulado válidamente una alegación en este sentido ante el órgano jurisdiccional remitente. (50)
87.      Dada mi postura sobre las cuestiones anteriores, considero que ya no es necesario responder a esta cuestión, que ha quedado en gran medida privada de objeto. En efecto, a la vista del análisis anterior y de las circunstancias fácticas específicas del asunto
—en particular, el hecho de que la misma autoridad decisoria sea competente tanto en el procedimiento fronterizo como en el procedimiento ordinario—
es difícil ver en qué modo la respuesta a esta cuestión incidiría en la resolución de los litigios principales.
88.      No obstante, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que debe dar una respuesta a esta cuestión, por haber adoptado una postura diferente en lo que atañe a las cuestiones anteriores, (51) realizaré las siguientes observaciones.
89.      Antes de nada, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Derecho de la Unión no obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales a pronunciarse de oficio sobre motivos basados en la infracción de disposiciones del Derecho de la Unión cuando el examen de esos motivos los obligaría a rebasar el ámbito del litigio tal como ha sido circunscrito por las partes. (52)
90.      No obstante, el Tribunal de Justicia también ha señalado que el artículo 46, apartado 3, de la Directiva sobre procedimientos, en relación con el artículo 47 de la Carta, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de los solicitantes, exige que el órgano jurisdiccional ante el que se presenta el recurso contra la resolución relativa a la solicitud de protección internacional lleve a cabo un «examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho». El Tribunal de Justicia ha declarado que tal examen completo y ex nunc debe incluir la revisión de oficio de determinados aspectos procesales, en la medida en que hayan sido invocados ante el órgano jurisdiccional nacional, que pueden tener repercusiones en el procedimiento de examen de tales solicitudes. (53)
91.      En mi opinión, en principio, la expiración del plazo de cuatro semanas sin que se adopte una decisión sobre la solicitud de protección internacional constituye un aspecto procedimental de este tipo, puesto que conlleva pasar del procedimiento fronterizo al ordinario y, por tanto, supone un cambio en el procedimiento de examen aplicado. (54) Así pues, considero que la jurisprudencia citada en el punto anterior es aplicable al presente contexto y que, en principio, la falta de adopción de una decisión en el plazo de cuatro semanas debe ser examinada de oficio por el juez nacional.
92.      Por consiguiente, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia decida dar respuesta a la quinta cuestión prejudicial, propongo que declare que el artículo 46, apartado 3, de la Directiva sobre procedimientos, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, cuando se interpone un recurso ante un órgano jurisdiccional nacional contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional, que fue inicialmente examinada en el marco de un procedimiento fronterizo con arreglo al artículo 43, dicho órgano jurisdiccional debe, en el contexto de su examen completo y ex nunc, revisar de oficio, sobre la base de los elementos puestos en su conocimiento durante el procedimiento que se sustancia ante él, la falta de adopción de una decisión en el plazo de cuatro semanas previsto en el artículo 43, apartado 2, de dicha Directiva.
VI.    Conclusión
93.      Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Conseil du Contentieux des Étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería, Bélgica):
«1)      El artículo 43 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (“Directiva sobre procedimientos”),
no se opone al examen, en el marco de un procedimiento fronterizo, de una solicitud de protección internacional presentada en la frontera o en una zona de tránsito cuando se mantiene al solicitante internado en un centro situado geográficamente en el territorio.
2)      Una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas previsto en el artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos, el examen de una solicitud de protección internacional no está comprendido en el ámbito de aplicación de dicha disposición, con independencia de que se mantenga internado al solicitante y al margen de que el centro de internamiento sea calificado jurídicamente como centro situado en la frontera o centro situado en el territorio.
3)      El artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos
debe interpretarse en el sentido de que permite que, una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas previsto en dicha disposición, una autoridad decisoria continúe con carácter prioritario el examen de una solicitud de protección internacional presentada en el marco de un procedimiento fronterizo y se base en los actos de instrucción llevados a cabo en dicho procedimiento, en circunstancias como las de los presentes asuntos, siempre que se respeten los principios y garantías fundamentales, establecidos en el capítulo II de la Directiva sobre procedimientos, aplicables en cada fase del procedimiento.
4)      La Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, y la Directiva sobre procedimientos
no se oponen a una práctica como la que es objeto de los litigios principales consistente, en esencia, en mantener internado a un solicitante al que se aplicó inicialmente un procedimiento fronterizo, una vez transcurrido un plazo de cuatro semanas, en el mismo lugar físico, sobre la base de un motivo de internamiento diferente, siempre que cualquier medida de internamiento que se aplique haya sido debidamente adoptada mediante una evaluación individual de la necesidad y la proporcionalidad y se mantenga únicamente mientras siga siendo aplicable el motivo de internamiento pertinente.
5)      El artículo 46, apartado 3, de la Directiva sobre procedimientos, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que, cuando se interpone un recurso ante un órgano jurisdiccional nacional contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional, que fue inicialmente examinada en el marco de un procedimiento fronterizo con arreglo al artículo 43, dicho órgano jurisdiccional debe, en el contexto de su examen completo y ex nunc, revisar de oficio, sobre la base de los elementos puestos en su conocimiento durante el procedimiento que se sustancia ante él, la falta de adopción de una decisión en el plazo de cuatro semanas previsto en el artículo 43, apartado 2, de dicha Directiva.»
1      Lengua original: inglés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).
3      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO 2013, L 180, p. 96).
4      Moniteur belge de 31 de diciembre de 1980, p. 145584.
5      Arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d’hébergement au sens de l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 (Real Decreto de 14 de mayo de 2009 por el que se establecen el régimen y las normas de funcionamiento aplicables a los centros de acogida en el sentido del artículo 74/8, apartado 1, de la Ley de 15 de diciembre de 1980), Moniteur belge de 27 de mayo de 2009, p. 38857.
6      Arrêté royal du 17 février 2012 déterminant un lieu visé par l’article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 (Real Decreto de 17 de febrero de 2012 por el que se establece un centro con arreglo al artículo 78/4, apartado 2, de la Ley de 15 de diciembre de 1980), Moniteur belge de 15 de marzo de 2012, p. 15767.
7      Debido a que los solicitantes no cumplían los requisitos de entrada establecidos en la Ley de 15 de diciembre de 1980 (incluida, por ejemplo, la posesión de un visado válido).
8      Sobre la base del artículo 74/5, apartados 1 y 2, de la Ley de 15 de diciembre de 1980, que se corresponde con el motivo de internamiento del artículo 8, apartado 3, letra c), de la Directiva de acogida, que permite internar a un solicitante para determinar, en el marco de un procedimiento, su derecho a entrar en el territorio.
9      Véase el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO 2016, L 77, p. 1), que define las fronteras exteriores como «las fronteras terrestres de los Estados miembros, incluidas las fronteras fluviales, lacustres y marítimas, así como los aeropuertos y puertos marítimos, fluviales y lacustres, siempre que no sean fronteras interiores».
10      Tanto el órgano jurisdiccional remitente como el Gobierno belga se han referido a este centro de acogida como el centro de internamiento de los demandantes de que se trata.
11      De conformidad con el artículo 57/6, apartado 2, de la Ley de 15 de diciembre de 1980, cuando el solicitante sea internado en un lugar determinado situado en el territorio o en la frontera, la resolución del CGRA deberá adoptarse con carácter prioritario; véase, asimismo, el artículo 31, apartado 7, de la Directiva sobre procedimientos.
12      Véanse las sentencias de 14 de mayo de 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél‑alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU y C‑925/19 PPU, en lo sucesivo, «sentencia FMS y otros», EU:C:2020:367), de 17 de diciembre de 2020, Comisión/Hungría (Acogida de los solicitantes de protección internacional), (C‑808/18, en lo sucesivo, «sentencia Comisión/Hungría», EU:C:2020:1029), y de 30 de junio de 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba y otros (C‑72/22 PPU, en lo sucesivo, «sentencia C‑72/22 PPU», EU:C:2022:505).
13      Véanse la sentencia C‑72/22 PPU, apartado 74, y mis opiniones presentadas en el mismo asunto (EU:C:2022:431, en lo sucesivo, «mis conclusiones presentadas en el asunto C‑72/22 PPU»), punto 126.
14      Véase la sentencia FMS y otros, apartado 236.
15      Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348, p. 98); véanse los artículos 2, apartado 2, letra a), y 4, apartado 4, de dicha Directiva.
16      Véase, por ejemplo, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Asylum procedures at the border — European implementation assessment, PE 654.201, noviembre de 2020 (en lo sucesivo, «informe del EPRS»).
17      Véase la sentencia FMS y otros, apartado 239.
18      He de señalar que, si bien el término «frontera» puede entenderse remitiéndose al Código de fronteras Schengen (véase la nota 9 de las presentes conclusiones), no existe una definición jurídica de «zona de tránsito» en la Directiva sobre procedimientos ni en ningún otro acto legislativo pertinente. No obstante, según el sentido habitual de la expresión en el lenguaje corriente, las zonas de tránsito suelen entenderse como zonas, ubicadas por lo general en el interior de los aeropuertos y puertos marítimos internacionales, que se hallan en las inmediaciones de los pasos fronterizos o en las zonas adyacentes a estos (aunque su alcance exacto lo determina el Estado de que se trate), en donde las personas que cruzan la frontera permanecen temporalmente, a la espera de un viaje posterior o de una autorización de entrada en el Estado.
Asimismo, debo observar que las disposiciones de la Ley de 15 de diciembre de 1980 que regulan, en el ejercicio del margen de apreciación conferido por el artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos, los procedimientos fronterizos solo aluden a las «fronteras» y no mencionan las «zonas de tránsito». Pues bien, el presente análisis se refiere a ambas expresiones, tal como figuran, conjuntamente, en el artículo 43.
19      Véanse, por ejemplo, los estudios comparativos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), Border procedures for asylum applications in EU+ countries, septiembre de 2020, y el informe del EPRS, nota 16, op.cit.
20      Lo cual se refiere, en concreto, a las zonas adyacentes a los pasos fronterizos, en la medida en que la persona no puede ser internada en la línea fronteriza.
21      Véanse, a este respecto, mis conclusiones presentadas en el asunto C‑72/22 PPU, punto 127.
22      Véase, por ejemplo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre la aplicación del artículo 43 de la Directiva 2013/32 (DO 2021, C 465, p. 47).
23      Expresamente prevista, en el Derecho de la Unión, en el Código de fronteras Schengen; véase la nota 9 de las presentes conclusiones.
24      Véase asimismo TEDH, sentencia de 25 de junio de 1996, Amuur c. Francia (CE:ECHR:1996:0625JUD001977692), p. 52, que hace hincapié en el Derecho aplicable en estas zonas.
25      En lugar de designar directamente el centro de internamiento durante el procedimiento fronterizo, la legislación belga conduce al mismo resultado mediante un enfoque estructurado en dos fases: en un primer momento, se exige el internamiento en un «centro situado en la frontera» y, en un segundo momento, se designa, mediante una ficción jurídica, qué centros pueden ser calificados como tales. Sin embargo, este enfoque no modifica la esencia del presente análisis.
26      El argumento de la Comisión se presenta en el contexto del reconocimiento del margen de apreciación de que disfrutan los Estados miembros para designar la ubicación y la extensión precisas de las zonas de tránsito; véase la nota 18 de las presentes conclusiones.
27      Véanse las sentencias FMS y otros, apartado 242 y ss., y Comisión/Hungría, apartado 181.
28      Reglamento (UE) 2024/1348 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32 (DO 2024/1348).
29      Véase el artículo 54 del Reglamento sobre procedimientos de asilo.
30      Véase la sentencia FMS y otros, apartado 235.
31      Ibidem, apartado 241.
32      Véase, en particular, la jurisprudencia nacional citada en el apartado 3.1.1 de la petición de decisión prejudicial.
33      El órgano jurisdiccional remitente también se refiere (en este punto y en la tercera cuestión prejudicial) a la situación en la que se adopta una decisión de examen posterior, es decir, una decisión intermedia en la que se declara que es necesario un examen posterior. En Derecho belga, la adopción de este tipo de decisión entraña la misma consecuencia que el transcurso del plazo semanas: autorizar al solicitante a entrar en el territorio. Se entiende que en los asuntos C‑54/24 a C‑56/24 se adoptó una decisión de examen posterior, que, sin embargo, no tuvo incidencia alguna en el estatuto de los solicitantes de que se trataba, que ya estaban autorizados a entrar en el territorio debido al transcurso del plazo de cuatro semanas. Por tanto, no procede realizar una apreciación específica en cuanto a la situación de las decisiones de examen posterior.
34      Véase el artículo 26, apartado 1, de la Directiva sobre procedimientos, que se remite a este respecto a la Directiva de acogida.
35      Véase la sentencia C‑72/22 PPU, apartado 83 y jurisprudencia citada.
36      Véanse los artículos 2, letra f), y 4, apartado 1, de la Directiva sobre procedimientos.
37      Véase, en este sentido, el apartado 4.3, letra b), inciso ii), de la petición de decisión prejudicial.
38      Procede recordar que, en el marco de un procedimiento fronterizo, solo puede adoptarse una decisión sobre el fondo en las circunstancias enumeradas taxativamente en el artículo 31, apartado 8, de la Directiva sobre procedimientos.
39      No obstante, si, tras el procedimiento fronterizo, se tramitase un procedimiento acelerado, la decisión sobre el fondo quedaría necesariamente limitada, por lo que respecta a estos dos tipos de procedimientos, a las circunstancias enunciadas de manera exhaustiva en el artículo 31, apartado 8, de la Directiva sobre procedimientos.
40      El considerando 18 de la Directiva sobre procedimientos tiene el siguiente tenor: «en interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes de protección internacional, debe tomarse cuanto antes una decisión sobre las solicitudes de protección internacional, sin perjuicio de que se efectúe un examen suficiente y completo».
41      Véanse el artículo 9 y el considerando 16 de la Directiva de acogida.
42      Véase el punto 4.3, letra b), inciso iv), de la petición de decisión prejudicial.
43      Véanse los artículos 31, apartados 1, 7 y 8, y 43, apartado 1, de la Directiva sobre procedimientos.
44      De conformidad con el artículo 40 de la Directiva sobre procedimientos.
45      Véase, a este respecto, el artículo 17, apartado 5, de la Directiva sobre procedimientos.
46      Véase la sentencia de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento) (C‑704/20 y C‑39/21, en lo sucesivo, «sentencia C‑704/20 y C‑39/21», EU:C:2022:858), apartado 61 y jurisprudencia citada.
47      Por su parte, el artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva de acogida prevé lo siguiente: «Los procedimientos administrativos que correspondan a los motivos de internamiento establecidos en el artículo 8, apartado 3, se tramitarán con la debida diligencia. Las demoras de los procedimientos administrativos que no sean imputables al solicitante no podrán justificar una prórroga del internamiento.» Además, el considerando 16 de dicha Directiva también establece que el internamiento «no debe exceder del tiempo razonablemente necesario para cumplimentar los procedimientos correspondientes».
48      Véanse la sentencia de 25 de junio de 2020, Ministerio Fiscal (Autoridad que es probable que reciba una solicitud de protección internacional) (C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495), apartados 101 a 105 y jurisprudencia citada, así como el considerando 15 de la Directiva de acogida.
49      El órgano jurisdiccional remitente se refiere, más ampliamente, al «incumplimiento del plazo de cuatro semanas». Habida cuenta de que a) dicho órgano jurisdiccional no es competente en materia de internamiento y b) en todos los casos, se autorizó formalmente a los demandantes a entrar en el territorio, el incumplimiento alegado solo puede entenderse en el sentido de que se refiere a la falta de adopción de una resolución en ese plazo de cuatro semanas.
50      Más concretamente, a diferencia del resto de los demandantes, los demandantes en los asuntos C‑52/24 y C‑53/24 no formularon, en sus recursos iniciales, ningún motivo basado en la infracción del artículo 57/6/4 de la Ley de 15 de diciembre de 1980, que transpone el artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos. Aunque los demandantes invocaron este supuesto incumplimiento posteriormente en la vista, el órgano jurisdiccional remitente indicó que los motivos que no se formulan en la fase inicial del procedimiento son, en principio, inadmisibles.
51      Por ejemplo, si el Tribunal de Justicia considera que, una vez transcurrido el plazo de cuatro semanas, no pueden tenerse en cuenta los actos de instrucción efectuados durante dicho plazo de cuatro semanas (contrariamente a la opinión expuesta en los puntos 71 a 75 de las presentes conclusiones).
52      Véase la sentencia C‑704/20 y C‑39/21, apartado 91 y jurisprudencia citada.
53      Sentencia de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (C‑406/22, EU:C:2024:841).
54      Además, en los litigios principales, los demandantes que no invocaron un motivo pertinente en su recurso inicial pusieron, sin lugar a dudas, la cuestión en conocimiento del órgano jurisdiccional remitente, al menos al plantearla en la fase de la vista; véase la nota 50 de las presentes conclusiones.