61965C0032
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. KARL ROEMER
presentadas el 22 de marzo de 1966 (
*1
)
índice
Introducción (hechos, pretensiones de las partes)
Discusión jurídica
A. Cuestiones procesales
I. ¿Se dirige verdaderamente el recurso contra la Comisión de la CEE?
II ¿Es admisible el recurso contra la Comisión?
1. Aspecto formal
2. ¿Se cumplen los requisitos para la aplicación del artículo 184 del Tratado?
III. Admisibilidad de la excepción de ilegalidad relativa al Reglamento no 17
B. El fondo del litigio
I. Primer motivo: infracción del artículo 87 del Tratado en relación con los apartados 1 y 3 del artículo 85
II. Segundo motivo: infracción del artículo 87 del Tratado en relación con los apartados 1 y 2 del artículo 85, el artículo 2 y la letra f) del artículo 3; desviación de poder
III. Tercer motivo: Infracción de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 85 y de los artículos 86 y 222
a) Contratos de exclusiva
1. «Acuerdos entre empresas»
2. «Acuerdos que tengan por objeto o efecto restringir la competencia»
3. ¿Cuándo puede un acuerdo «afectar al comercio entre los Estados miembros»?
b) Contratos de licencia
C. Conclusión
Señor Presídeme,
Señores Jueces,
Entre los diversos asuntos relativos al Derecho de la competencia que están pendientes actualmente ante este Tribunal de Justicia, hemos de ocuparnos hoy del recurso interpuesto por el Gobierno de la República Italiana contra el Consejo de Ministros y la Comisión de la Comunidad Económica Europea. Constituye el objeto de este recurso resolver una cuestión jurídica de principio y no la mera aplicación del Derecho comunitario en materia de competencia a un caso concreto; por esta razón, debe darse a la resolución judicial de este recurso una prioridad lógica sobre los restantes asuntos de este tipo.
Mis observaciones preliminares sobre este asunto serán relativamente breves.
Es bien sabido que, en lo relativo a las disposiciones del Tratado CEE en materia de competencia, el Consejo adoptó el 6 de febrero de 1962, tras realizar trabajos preparatorios muy detallados, un Reglamento de aplicación previsto en el artículo 87 del Tratado. En este Reglamento se recoge una normativa detallada en materia de prácticas colusorias, que constituyen el objeto del artículo 85 del Tratado (con carácter provisional me permitiré designar el contenido de esta disposición valiéndome de este breve término: Kartellrecht- Derecho sobre prácticas colusorias), así como el contenido del artículo 86, que se aplica a las empresas que tengan una posición dominante en el mercado, especialmente disposiciones relativas a la notificación de los acuerdos cuya exención establece el apartado 3 del artículo 85. Entre estas disposiciones, las que más nos interesan son las que el demandante invoca en su argumentación, concretamente el apartado 2 del artículo 4 y el apartado 2 del artículo 5, con arreglo a los cuales la obligación de notificación no se aplica a determinados acuerdos (vigentes en el momento de la entrada en vigor del Reglamento no 17 o celebrados con posterioridad a su entrada en vigor) en los que no participan más de dos empresas, tanto si contienen cláusulas que limiten la reventa de mercancías suministradas por uno de los participantes en el acuerdo, como si imponen al adquirente o al usuario de derechos de marca limitaciones relativas a la utilización de tales derechos.
En el proceso de ulterior desarrollo del Derecho sobre prácticas colusorias, cuyos detalles no tengo la intención de exponer aquí, la Comisión, haciendo uso de la autorización del artículo 24 del Reglamento no 17, adoptó el 3 de mayo de 1962 el Reglamento de aplicación no 27 (DO 1962, 35, p. 1118; EE 08/01, p. 31). Este Reglamento regula los detalles relativos a la notificación de las prácticas colusorias, disponiendo que las notificaciones previstas en los artículos 4 y 5 del Reglamento no 17 deberán ser presentadas por medio del formulario B. Posteriormente, el 21 de diciembre de 1962 (DO 1962, 139, p. 2918), la Comisión adoptó el Reglamento complementario no 153, el cual, teniendo en cuenta el elevado número de contratos denominados de exclusiva, aprobó un formulario simplificado B 1, que había de utilizarse para la notificación de tales contratos siempre que no participasen en ellos más de dos empresas y que cumpliesen determinados requisitos.
Por último, habida cuenta del elevado número de notificaciones recibidas, las Instituciones europeas interesadas hubieron de arbitrar un procedimiento que hiciese posible la tramitación acelerada de las solicitudes de exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE. El resultado de estos esfuerzos se concretó en el Reglamento no 19/65/CEE del Consejo (DO 1965, 36, p. 533; EE 08/01, p. 85), que, de conformidad con el artículo 87 del Tratado y a propuesta de la Comisión, fue adoptado el 2 de marzo de 1965. Este Reglamento autoriza a la Comisión a que, mediante Reglamento, disponga la exención de determinadas categorías de acuerdos (posibilidad que prevé, en principio, el apartado 3 del artículo 85 del Tratado). El Reglamento atañe fundamentalmente a los acuerdos celebrados entre dos empresas y que impongan a los participantes cláusulas de suministro en exclusiva o de aprovisionamiento en exclusiva, o que contengan limitaciones en cuanto a la adquisición de los derechos de propiedad industrial. Los Reglamentos de la Comisión deberán mencionar detalladamente las restricciones y cláusulas que no podrán figurar en los acuerdos, así como las cláusulas que deberán figurar en ellos para que la exención sea efectiva.
Contra este Reglamento no 19/65 del Consejo interpuso recurso el Gobierno de la República Italiana. Por los motivos que más adelante examinaré, dicho Gobierno solicita su anulación. Por otra parte, el demandante solicita que, con arreglo al artículo 184 del Tratado CEE, sean declarados inaplicables las letras a) y b) del número 2 del apartado 2 del artículo 4 y el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, así como también el Reglamento no 153 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1962.
El Consejo de Ministros, parte demandada, opina que las pretensiones del demandante son improcedentes en la medida en que tienen por objeto la anulación del Reglamento no 19/65; por otra parte, considera que no pueden admitirse las pretensiones que tienen por objeto que se declare la inaplicabilidad de los otros dos Reglamentos. Por lo que se refiere a la Comisión, parte demandada, ésta solicita que se declare la inadmisibilidad de las pretensiones relativas al Reglamento no 153, únicas pretensiones que le afectan. La Comisión solicitó, incluso, que este Tribunal de Justicia decidiese sobre este extremo en vía incidental con arreglo al artículo 91 del Reglamento de Procedimiento; sin embargo, el Tribunal de Justicia no estimó dicha demanda.
Discusión jurídica
Al analizar ahora el asunto, y basándose en las pretensiones de las partes que acabo de evocar, resulta obvio que habrá que ocuparse en primer lugar de ciertas cuestiones procesales, y ello desde varios aspectos.
A. Cuestiones procesales
I. ¿Se dirige verdaderamente el recurso contra la Comisión de la CEE?
La Comisión se preguntó al principio si el demandante tenía verdaderamente la intención de demandarla en este asunto. Sus dudas se basaban, por una parte, en las diferentes fórmulas utilizadas en el recurso («contro», en lo relativo al Consejo; «nonché nei confronti», en lo relativo a la Comisión), y, por otra parte, en el hecho de que no se había formulado contra ella ninguna pretensión de anulación, puesto que lo único que había era una pretensión destinada a que se declarase la inaplicabilidad del Reglamento no 153, y ello únicamente «en la medida en que se considere que el litigio afecta […] al Reglamento», fórmula ésta que, según la Comisión, no tiene otro sentido que el de expresar una reserva.
No obstante, estas dudas se disiparon posteriormente, no sólo porque el demandante utilizó en su réplica, también con respecto a la Comisión, la palabra «contro», sino sobre todo porque hizo declaraciones expresas de las que es preciso deducir que en este asunto demandaba verdaderamente a la Comisión. Así, no había, en efecto, razón alguna para informar simplemente a la Comisión de la interposición del recurso, de conformidad con lo que dispone el apartado 4 del artículo 3 de las Instrucciones al Secretario, a fin de permitirle intervenir voluntariamente en el proceso. En cambio, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de Procedimiento, la demanda fue acertadamente notificada a la Comisión en tanto que parte demandada, y, acertadamente también, se requirió a ésta, con arreglo a las disposiciones generales vigentes, para que presentase su escrito de contestación.
II. ¿Es admisible el recurso contra la Comisión?
Es evidente que estas consideraciones no permiten llegar a conclusión alguna sobre la admisibilidad del recurso, admisibilidad que viene determinada exclusivamente por normas objetivas y no por la voluntad de las partes. A este respecto, la Comisión mantiene que se podrían presentar objeciones bajo diferentes puntos de vista:
—
Por un lado, el demandante no indicó claramente si la declaración de inaplicabilidad del Reglamento no 153 era indispensable para resolver el litigio; en cualquier caso, el demandante no motivó dicha afirmación.
—
Por otra lado, en el caso de autos no se dan los requisitos objetivos que, para invocar la ilegalidad del Reglamento de que se trata, establece el artículo 184 del Tratado.
1. Aspecto formal
Por lo que se refiere, en primer lugar, a la cuestión formal, sin ninguna duda forma parte de los problemas de la admisibilidad y, en cuanto tal, puede ser resuelta sin entrar en el fondo del asunto.
Al resolver esta cuestión, es preciso tener en cuenta que el demandante tan sólo solicitó la declaración de inaplicabilidad del Reglamento no 153 para el supuesto de que se considere que el litigio afecta a dicho Reglamento. En puridad de términos, pues, se trata de una pretensión formulada para el caso de que resulte necesaria. Sin embargo, no se debe dar excesiva importancia a esta circunstancia, habida cuenta de que, en otros asuntos, este Tribunal de Justicia consideró que, en ciertas circunstancias, podía declararse la admisibilidad de un recurso aunque hubiese sido formulado con la reserva de «en la medida en que resulte necesario».
En cambio, creo que habrá que dar más importancia al argumento de la Comisión según el cual el demandante no ha expuesto con la suficiente precisión por qué considera que la declaración de ilegalidad del Reglamento no 153 resulta indispensable para resolver el litigio. En efecto, ciertamente existe esta obligación de motivar. Parece evidente que no se puede satisfacer esta exigencia mediante una referencia general a los motivos invocados para fundamentar la pretensión de anulación del Reglamento no 19/65, puesto que tales motivos se refieren al fondo del problema (legalidad o ilegalidad del Reglamento no 153), sin que sirvan para explicar en qué medida la declaración de ilegalidad resulta indispensable para resolver el litigio.
Sin embargo, teniendo en cuenta que, por otro lado, en la demanda se hacen ciertas alusiones -es verdad que bastante vagas- a la importancia que tiene el Reglamento no 153 para resolver el litigio, y que, en escritos posteriores, el demandante completó esas alusiones mediante una argumentación más detallada, en mi opinión no se debería declarar por motivos formales la inadmisibilidad del recurso dirigido contra la Comisión.
2. ¿Se cumplen los requisitos para la aplicación del artículo 184 del Tratado?
En cuanto a la cuestión de si la validez del Reglamento no 153 de la Comisión es verdaderamente importante para resolver el litigio, puede resultar dudoso si procede tratarla en el ámbito de la admisibilidad del recurso. Parecería más natural referirse a la admisibilidad de un determinado motivo de recurso, y, en consecuencia, examinarla junto con las cuestiones de fondo. Sin embargo, es preciso admitir que, por lo que respecta a la Comisión, el único objeto del litigio es precisamente la cuestión de la inaplicabilidad del Reglamento no 153. Por consiguiente, parece legítimo decidir, sin entrar en el fondo del asunto, sobre la cuestión de si la declaración de inaplicabilidad resulta indispensable para resolver el litigio y considerarla así, de alguna manera, como un problema de admisibilidad (como, por ejemplo, desde el punto de vista del interés para ejercitar la acción).
Al proceder de esta manera, no voy a entretenerme con el examen de la cuestión (planteada únicamente por la Comisión) de si el artículo 184 se aplica también a los Estados miembros, que están legitimados para recurrir. Creo que bastará con referirse a la muy general formulación que emplea la disposición de que se trata («cualquiera de las partes»), así como al hecho de que ciertamente es concebible que los Estados miembros tengan el derecho, digno de protección, de proponer excepciones de inadmisibilidad, habida cuenta de que los vicios de que adolece un Reglamento de carácter general a menudo no se manifiestan con toda su intensidad sino en el momento de su aplicación al caso concreto. En el ámbito de la CECA, tampoco ha habido nunca dudas en lo que respecta al caso análogo de los artículos 33 y 36.
Parece más importante, en cambio, examinar la cuestión de cuál debe ser la interpretación que se haga del artículo 184, especialmente de la frase «de un litigio en el que se cuestione un Reglamento del Consejo o de la Comisión». En este punto, dos tesis se contraponen: la tesis de la Comisión, según la cual el Reglamento cuya ilegalidad se trata de declarar con arreglo al artículo 184 debe constituir la base jurídica del acto directamente impugnado, y la tesis del demandante, según la cual es suficiente con que un Reglamento que sea cuestionado tan sólo de un modo indirecto se base en la misma concepción jurídica que el acto directamente impugnado (lo que se puede manifestar, por ejemplo, mediante referencias de uno a otro), puesto que en este último supuesto es de temer que la posible sentencia anulatoria que dicte el Tribunal de Justicia resulte difícil de ejecutar si se mantiene en vigor el Reglamento cuestionado con arreglo al artículo 184.
No me cabe la menor duda de que la tesis que mantiene la Comisión es la única exacta. Manifiestamente, el objetivo de la excepción de ilegalidad basada en el artículo 184 es el de hacer posible probar que el acto jurídico impugnado está viciado en su base, es decir, que carece de una base jurídica correcta. A este respecto, voy a permitirme recordar la jurisprudencia recaída en relación con el artículo 36 del Tratado CECA, concretamente en el asunto 9/56↔, en el que se declaró expresamente que la concepción desarrollada en el ámbito del artículo 36 del Tratado CECA se aplica asimismo al artículo 184 del Tratado CEE. Recordaré también el asunto Wöhrmann/Comisión (asuntos acumulados 31/62 y 33/62↔), en el que este Tribunal de Justicia declaró que el artículo 184 únicamente puede invocarse cuando el acto impugnado directamente deba ser considerado como un supuesto de aplicación de la disposición general cuya ilegalidad se alegue.
Tan sólo en este caso puede admitirse la existencia de un interés en cuestionar una disposición jurídica distinta de la que se impugna directamente, y no cuando se trate de actos paralelos, concebidos con arreglo a una misma concepción de base. En realidad, en este último supuesto, no existe ningún obstáculo para que este Tribunal de Justicia aprecie la validez de un acto entre varios. Es verdad que, en su caso, el Ejecutivo puede verse obligado, con posterioridad a la anulación de un acto por motivos determinados, a no mantener en vigor actos anteriores basados en una concepción jurídica similar.
Al plantearme de este modo la cuestión de si el caso de autos presenta las características necesarias para aplicar el artículo 184, la respuesta no puede ser difícil: el Reglamento de la Comisión no constituye, manifiestamente, el fundamento jurídico del Reglamento no 19/65. La tesis contraria no sólo resulta incomprensible en la medida en que, según el informe Consejo-Comisión, los Reglamentos del primero prevalecen sobre los de la segunda, sino que, a la luz de un examen del contenido del Reglamento no 153, dicha tesis resulta sobre todo errónea. Este Reglamento se limita a regular un procedimiento simplificado de notificación para algunos acuerdos determinados. Si este Tribunal de Justicia hubiese de declarar su ilegalidad, su única consecuencia sería que a los supuestos contemplados en el Reglamento no 153 habría que aplicarles el procedimiento general de notificación previsto por el Reglamento no 27. En cambio, la declaración de su ilegalidad no facilitaría en modo alguno la apreciación del Reglamento no 19/65 sobre la exención por categorías, Reglamento que es obvio se basa directamente en el Tratado.
De este modo, sin perjuicio del hecho de que el Reglamento no 19/65 contiene diversas referencias al Reglamento no 153, referencias que no pueden tener otro sentido que el de subrayar la identidad de las concepciones jurídicas que inspiran a ambos Reglamentos, debemos considerar que no cabe admitir que se invoque la ilegalidad del Reglamento no 153 al cuestionar el Reglamento no 19/65. Cualquier otra conclusión equivaldría, de hecho, a eludir los plazos para recurrir que establece el artículo 173, dentro de los cuales han de impugnarse los actos de las Instituciones comunitarias.
Dado que el recurso contra la Comisión no tiene otro objeto que el que acabo de indicar, debe declararse su inadmisibilidad.
III. Admisibilidad de la excepción de ilegalidad relativa al Reglamento no 17
Creo que, con ocasión de lo anterior, sería oportuno examinar la excepción análoga que el Consejo propone contra la pretensión del demandante de que se declare la inaplicabilidad del Reglamento no 17, y ello sobre todo porque el hecho de admitir lo acertado de la argumentación del Consejo no implica la inadmisibilidad de todo el recurso interpuesto contra el Consejo, habida cuenta de que, como ya sabemos, dicho recurso tiene aún otro objeto.
En efecto, por lo que atañe al Reglamento no 17 del Consejo, la argumentación de las partes nos muestra que los problemas planteados no difieren mucho de los que acabo de examinar. En particular, carece de importancia que la excepción de ilegalidad relativa al Consejo se refiera a un Reglamento anterior de éste, puesto que es evidente que el artículo 184 del Tratado no permite una interpretación divergente sobre este punto.
Por consiguiente, importa poco saber si el Reglamento no 19/65, que ha sido impugnado directamente, hace referencia al Reglamento no 17, o si, en lo que respecta a sus artículos 4 y 5 -únicos que nos interesan aquí-, este último Reglamento se inspira en las mismas concepciones que el Reglamento no 19/65. Lo único que importa es, por el contrario, saber si el Reglamento no 17 sirvió de base jurídica para el Reglamento no 19/65. Manifiestamente no sucede así. Y lo que es inexacto sobre todo es que a lo largo del litigio el Consejo, al defender el Reglamento no 19/65, haya aducido argumentos jurídicos esenciales del Reglamento no 17. De los antecedentes de hecho se desprende que los artículos 4 y 5 del Reglamento no 17 regulan exclusivamente la notificación de aquellos acuerdos que, con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado, las empresas interesadas desean que queden exentos de la prohibición de las prácticas colusorias. Si fuese anulado el apartado 2 de cada uno de esos dos artículos, el procedimiento de notificación voluntaria utilizado hasta ahora con respecto a determinados acuerdos sería sustituido por las disposiciones generales aplicables en materia de notificación de acuerdos. Ahora bien, resulta manifiesto que ello no sirve para motivar la anulación del Reglamento no 19/65, que autoriza las exenciones por categorías. Como el contenido del Reglamento no 17 no constituye la base jurídica del Reglamento no 19/65, el demandante no podrá cuestionar este Reglamento basándose en el artículo 184. Esta constatación me ha de permitir descartar en lo sucesivo todas las alegaciones aducidas en relación con el Reglamento no 17.
B. El fondo del litigio
Una vez hechas estas observaciones preliminares e indispensables sobre los problemas de la admisibilidad y otras cuestiones procesales, estamos en condiciones de examinar las alegaciones que se han presentado en cuanto al fondo con respecto al Reglamento no 19/65. En lo fundamental, se trata de tres motivos. Es verdad que los argumentos jurídicos alegados no se han delimitado siempre con la deseable precisión, lo que hace que su examen resulte un tanto difícil. No obstante, voy a proceder a examinarlos uno por uno, ciñéndonos al orden que siguió y a la redacción que utilizó el demandante.
I. Primer motivo: infracción del artículo 87 del Tratado en relación con los apartados 1 y 3 del artículo 85
El primer motivo del demandante puede resumirse de la siguiente manera. El artículo 87 del Tratado dispone que se adoptarán Reglamentos de ejecución en materia de Derecho sobre prácticas colusorias. Hasta el momento presente no existen disposiciones de ejecución relativas a la prohibición de ciertos acuerdos y decisiones que se mencionan en el apartado 1 del artículo 85, a pesar de que su necesidad resulta tanto más apremiante cuanto que el apartado 2 del artículo 85 prevé su nulidad. Teniendo en cuenta esta situación, constituye una mala técnica legislativa el definir las excepciones admisibles en virtud del apartado 3 antes de precisar la regla general del apartado 1.
Veamos qué se puede decir de esta tesis.
El contenido del artículo 87 del Tratado no permite llegar a la conclusión de que dicho artículo imponga al Consejo una obligación absoluta de adoptar medidas de ejecución relativas especialmente al apartado 1 del artículo 85. Según lo demuestran los propios términos empleados por el apartado 1 del artículo 87 («zweckdienlich» - «apropiados»), el legislador comunitario, es decir, el Consejo, dispone al respecto de una competencia discrecional. Por otra parte, los ejemplos que se citan en el apartado 2 del artículo 87 permiten determinar cuáles son, a juicio de los autores del Tratado, las materias que debe regular con carácter prioritario un Reglamento de ejecución: se trata de problemas como la fijación de sanciones pecuniarias y multas coercitivas, o también la determinación de las modalidades de aplicación del apartado 3 del artículo 85, pero no sin duda de definir más concretamente el apartado 1 del artículo 85.
Tampoco podrá ser afirmativa la respuesta a la cuestión de si, habida cuenta del texto, la prohibición del apartado 1 del artículo 85 exige imperativamente en cuanto tal definiciones adicionales, utilizando para ello normas de ejecución. En efecto, ya en la sentencia recaída en el asunto Bosch este Tribunal de Justicia subrayó que las referidas disposiciones son «self-executing» (directamente aplicables), por lo menos a partir de la entrada en vigor del Reglamento no 17, el cual aportó asimismo algunas precisiones relativas a la interpretación del apartado 1. Así pues, el Tribunal de Justicia dio a entender que es legítimo encomendar la tarea de precisar los criterios contenidos en el apartado 1 a una práctica administrativa que se va desarrollando con el tiempo.
De este modo, la única cuestión que podría plantearse es la relativa a determinar si es «inoportuno» o «pernicioso» precisar por vía legislativa las excepciones al apartado 3 del artículo 85 antes de realizar una precisión legislativa complementaria sobre la prohibición en materia de prácticas colusorias, lo que, sin embargo, puede suscitar inmediatamente la objeción de que una práctica legislativa «inadecuada» no tiene por qué implicar necesariamente la ilegalidad de las disposiciones que sean fruto de la misma. Opino que en este punto tampoco se le puede dar la razón al demandante. En efecto, no conviene olvidar que el Reglamento no 19/65 no constituye sino una autorización a la Comisión. De ello se deduce que antes de utilizarla para establecer una exención por categorías, la Comisión habrá de decidir si a los acuerdos objeto de exención les resulta aplicable la regulación del apartado 1 del artículo 85, lo que requerirá al menos una definición normativa de una parte de las situaciones contempladas por el apartado 1 del artículo 85. Ahora bien, no es legítimo criticar el hecho de que, para empezar, una definición normativa del artículo 85 tan sólo abarque una parte de todas las situaciones imaginables. Para todo aquel que conozca las dificultades en materia de prácticas colusorias y de concentraciones, resultará evidente que dicha materia no se presta en absoluto a que se resuelvan de una manera global y completa, por vía legislativa, todos los problemas que pudieran presentarse. Por consiguiente, las Instituciones competentes en esta materia actúan acertadamente cuando proceden por etapas. También actúan acertadamente cuando, al hacer esto, se ocupan en primer lugar de aquellos casos que, como los contratos de exclusiva, pueden tener por objeto restricciones de la competencia relativamente anodinas, pero que, debido a su considerable número, requieren una regulación acelerada en interés de una administración eficaz. Si bien es verdad que, antes de haberlos resuelto con carácter aislado, no resulta posible evitar cierta incertidumbre provisional en relación con determinados acuerdos no contemplados por el Reglamento no 19/65, es preciso reconocer que dificultades de este tipo son inherentes a la muy compleja materia del Derecho sobre prácticas colusorias, y ello sobre todo en el momento inicial de su evolución. Por otra parte, sin embargo, estas dificultades pueden atenuarse, en la medida en que, si se procede a una notificación en tiempo y forma, es posible conceder exenciones con efecto retroactivo.
Por consiguiente, ninguno de los argumentos aducidos con respecto al primer motivo me parece lo suficientemente pertinente como para justificar la anulación del Reglamento no 19/65.
II. Segundo motivo: infracción del artículo 87 del Tratado en relación con los apartados 1 y 2 del artículo 85, el artículo 2 y la letra f) del artículo 3; desviación de poder
Mediante su segundo motivo, el demandante alega que el Reglamento no 19/65 viola la concepción liberal en la que se inspira el Tratado, al establecer, cuando menos en apariencia, el principio según el cual, en materia de prácticas colusorias, está prohibido todo lo que no esté expresamente autorizado. Considerando que con arreglo al apartado 2 del artículo 4 del Reglamento no 17 determinados acuerdos (en los que tan sólo participan dos empresas) quedan automáticamente excluidos de la aplicación del apartado 1 del artículo 85, resulta obvio según él que, en la medida en que el artículo 1 del Reglamento no 19/65 no enumera supuestos similares, genera con respecto a ellos una grave incertidumbre, por cuanto autoriza a pensar que, en virtud del apartado 1 del artículo 85, adolecerán de nulidad absoluta.
Creo que este motivo es erróneo, al igual que las diferentes conclusiones que se derivan del mismo.
En primer lugar, debe precisarse que el objetivo del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento no 17 no es el de declarar que a los acuerdos que enumera no les resulta en modo alguno aplicable el apartado 1 del artículo 85. Según su tenor literal, por el contrario, la finalidad del artículo 4 es eximir de la notificación obligatoria. Ahora bien, si en lo relativo a los acuerdos allí mencionados se hace referencia a la posibilidad de su notificación voluntaria, habrá de llegarse a la conclusión de que el Consejo de Ministros considera que les puede resultar aplicable el régimen del apartado 1 del artículo 85, puesto que, de lo contrario, la notificación carecería de sentido.
En segundo lugar, considero que el Reglamento no 19/65 sin duda alguna tiene como única finalidad la de facilitar el procedimiento de exención, atribuyendo a la Comisión poderes reglamentarios en relación con determinadas categorías de acuerdos, poderes que, por lo demás, pueden ampliarse con efecto retroactivo a acuerdos anteriores. Como ya dije, antes de hacer uso de esta posibilidad la Comisión habrá de decidir si las categorías de acuerdos que especifica incurren en la prohibición del apartado 1 del artículo 85. Por consiguiente, no acierto a comprender cómo el demandante puede creer que el objetivo del Reglamento no 19/65 es el de hacer extensible la prohibición del apartado 1 del artículo 85 a hechos que hasta ahora nunca habían incurrido en la misma. Ni los considerandos ni las diferentes disposiciones del Reglamento a que el demandante se refiere permiten llegar a esta conclusión. De este modo, el considerando quinto del Reglamento no 19/65 se limita a declarar que la Comisión se abstuvo acertadamente de prever, para determinados grupos de acuerdos, una simplificación del procedimiento de notificación, lo que no dice nada definitivo sobre la existencia de los criterios contemplados en el apartado 1 del artículo 85. El séptimo y último considerando evoca la posibilidad de llevar a cabo, mediante Reglamento o Decisión individual, una modificación de los acuerdos con vistas a hacer que se atengan a los requisitos del apartado 3 del artículo 85, lo que, evidentemente, tan sólo puede aplicarse a los acuerdos que incurran en la prohibición del apartado 1 del artículo 85. Por último, cuando el apartado 3 del artículo 4 precisa que una exención por categorías no podrá ser invocada en los litigios ya en curso en la fecha de adopción por la Comisión de un Reglamento de exención, ello no significa necesariamente que tales acuerdos sean nulos, habida cuenta de que, en cualquier caso, una exención individual solicitada a su debido tiempo puede producir idénticos efectos con arreglo a las disposiciones generales en vigor.
Por consiguiente, a lo sumo se puede llegar a la conclusión de que el principio del examen individual resulta aplicable con respecto a todos los acuerdos no mencionados por el Reglamento no 19/65; basándose en dicho examen podrá determinarse, bien que el apartado 1 del artículo 85 no resulta aplicable, bien que debe concederse una exención con arreglo al apartado 3, aunque no se reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 85, o bien que la exención debe denegarse porque no se cumplen los requisitos del apartado 3. Si como consecuencia de ello los interesados padecen una situación de incertidumbre hasta que se dicta una decisión definitiva para ellos, ya he dicho que eso no puede evitarse en un momento en que el Derecho comunitario en materia de prácticas colusorias está prácticamente en sus comienzos. Por lo demás, resulta obvio que tal incertidumbre no sería menor si el Consejo se hubiese abstenido de adoptar un Reglamento estableciendo exenciones por categorías.
Por consiguiente, el segundo motivo, cuyos restantes extremos serán examinados en relación con el tercer motivo, tampoco puede dar lugar a la anulación del Reglamento no 19/65.
III. Tercer motivo: infracción de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 85 y de los artículos 86 y 222 del Tratado
El tercer motivo constituye el motivo principal alegado en el caso de autos y nos sitúa ante el problema de la interpretación del apartado 1 del artículo 85. En lo fundamental, la argumentación del demandante en este punto se centra en que el Reglamento no 19/65 hace posible, equivocadamente a su juicio, que ciertos acuerdos verticales se valoren a la luz del artículo 85, siendo así que les resultan aplicables el artículo 86 u otras disposiciones del Tratado. Por otra parte, afirma que en la medida en que el Reglamento no 19/65 se refiere a acuerdos sobre derechos de propiedad industrial, infringe también el artículo 222, según el cual el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros.
Antes de examinar este motivo, me parece útil subrayar una vez más las características esenciales de los acuerdos mencionados en el Reglamento no 19/65. Se trata, y cito el Reglamento, de acuerdos en los que solamente participen dos empresas y:
«a)
—
en los que una se comprometa respecto a la otra a suministrarle en exclusiva determinados productos con objeto de revenderlos en una zona definida del territorio del mercado común, o
—
en los que una se comprometa respecto a la otra a comprarle en exclusiva determinados productos con objeto de revenderlos, o
—
en los que las dos empresas hayan concluido, con el fin de reventa, los compromisos exclusivos de suministro y compra mencionados en los dos incisos precedentes;»
(En lo sucesivo, utilizaré al respecto el término «contratos de exclusiva».) Y se trata de contratos celebrados entre dos empresas.
«b)
que lleven aparejadas limitaciones impuestas en relación con la adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial -especialmente patentes, modelos de utilidad, diseños y modelos o marcas— o en relación con los derechos derivados de contratos que lleven aparejada la cesión o concesión de procedimientos de fabricación o conocimientos relativos a la utilización y aplicación de técnicas industriales.»
(A este respecto utilizaré el término resumido de «contratos de licencia».) Ciñéndome a la argumentación del demandante, examinaré en primer lugar los contratos de exclusiva, para a continuación examinar los contratos de licencia. Por otra parte, creo que es lógico tener en cuenta argumentos jurídicos extraídos de otros asuntos, sin los que un examen de esta naturaleza quedaría incompleto.
a) Contratos de exclusiva
Examinar la cuestión de si a los contratos de exclusiva les puede resultar aplicable el régimen del apartado 1 del artículo 85 supone analizar con mayor detenimiento los tres criterios siguientes:
—
¿Qué son los acuerdos entre empresas?
—
¿Cuándo puede afirmarse que tienen por objeto o efecto restringir la competencia?
—
¿Qué debe entenderse por la expresión «que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros»?
1.
Por lo que se refiere a la primera cuestión, no veo dificultades especiales, y el concepto de acuerdo, en particular, no tiene por qué presentarlas, puesto que, con toda seguridad, se refiere a los contratos en el sentido más amplio del Derecho civil.
Por lo que se refiere al concepto de empresa, nos pueden ser de utilidad las definiciones acuñadas por el Derecho CECA y por el Derecho nacional en materia de prácticas colusorias. De este modo, con independencia de la forma jurídica que adopten y de si tienen o no ánimo de lucro, las empresas son personas físicas o jurídicas que participan activa e independientemente en la vida económica y que, por consiguiente, no persiguen una actividad puramente privada (véase la nota 2 del apartado 1 del «Kommentar zum Gesetz gegen Wettbewerbsbescharankungen», Müller- Henneberg-Schwartz, 2.a ed.).
Es fácil comprobar que esta definición engloba también a los concesionarios exclusivos que actúan asumiendo su propio riesgo, y ello con independencia del hecho de que su potencial económico equivalga o no al del productor, parte en el contrato, siempre que no exista un dominio completo de uno por otro. Así pues, se diferencian nítidamente de las sucursales, de las agencias de distribución y de los empleados de los productores, privados todos ellos de autonomía comercial.
Por consiguiente, los contratos de exclusiva constituyen «acuerdos entre empresas» y, en cualquier caso, parece erróneo pretender, como hace el demandante, que se trata de una mera cesión unilateral de derechos por parte del productor.
2.
Resulta ya más difícil, en cambio, determinar el sentido de la fórmula «acuerdos […] que tengan por objeto o efecto […] restringir […] el juego de la competencia».
En mi opinión, hay que partir de la base de que el Tratado utiliza el concepto de competencia en un sentido muy amplio, que no se refiere únicamente al comportamiento de los productores. Por el contrario, cuando se trata del referido juego de la competencia y de las restricciones que puede experimentar, debe pensarse también en el comercio, en las diferentes fases de la distribución. La Comisión ha observado acertadamente que para muchas mercancías los gastos de distribución constituyen una parte considerable del coste total. Por consiguiente, una competencia efectiva a nivel comercial puede resultar adecuada para racionalizar considerablemente la distribución, lo que no se puede pasar por alto en el marco de los esfuerzos dirigidos al desarrollo armonioso de las actividades económicas que prevé el artículo 2 del Tratado.
Hay que señalar, por otra parte, que el artículo 85 del Tratado no hace distinción expresa entre los acuerdos verticales y los horizontales. En efecto, a diferencia del apartado 1 de la Ley alemana (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkkungen), el artículo 85 se abstiene de hacer la precisión de «con un fin común», lo que autoriza a llegar a la conclusión de que, en principio, dicho artículo 85 se refiere a los acuerdos de cualquier naturaleza. Algunos ejemplos de restricciones de la competencia, recogidos en las letras d) y e) del apartado 1 del artículo 85, permiten incluso llegar a la conclusión de que dicho artículo se refiere también precisamente a los acuerdos verticales, habida cuenta de que en esos ejemplos se hace referencia a las repercusiones sobre la situación competitiva de los terceros, siendo así que éstos no son parte de un acuerdo determinado y ejercen su actividad en un plano económico diferente. El hecho de que el artículo 86 contenga ejemplos análogos no constituye un argumento en sentido contrario, sino que se limita a poner de relieve el hecho de que las restricciones de la competencia como aquellas a las que me he referido pueden tener su origen tanto en posiciones dominantes en el mercado como en acuerdos o prácticas colusorias.
Es verdad que todo esto no nos permite todavía llegar a un juicio definitivo sobre los contratos de exclusiva, únicos que ahora nos interesan; por lo demás, parece dudoso que dicho juicio pueda formarse recurriendo tan sólo a consideraciones teóricas o a tareas generales de interpretación, sin tener en cuenta las posibles repercusiones en el mercado. Esto es aplicable a los argumentos en favor del Consejo que pudieran basarse en el Reglamento no 17 (apartado 2 del artículo 4), habida cuenta de que, con toda seguridad, dicho Reglamento no se adoptó con la finalidad de determinar de manera definitiva el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85; lo anterior se aplica con igual razón a la tesis del demandante, a la que puede oponerse la sentencia dictada por este Tribunal de Justicia en el asunto Bosch. Cuando en aquella sentencia este Tribunal de Justicia declara que la apreciación de las prohibiciones de exportar (es decir, de cláusulas que se encuentran en muchos contratos de exclusiva) a la luz del apartado 1 del artículo 85 requiere un conocimiento preciso de todos los elementos del acuerdo de que se trate, ello equivale sin duda a afirmar que la mera interpretación de las disposiciones del Tratado CEE no puede aportar sino una respuesta abstracta y general a este tipo de cuestiones. Por consiguiente, procede examinar cuáles pueden ser los efectos particulares de los contratos de exclusiva y si tales efectos revisten importancia en relación con el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.
En este punto debe mencionarse la cláusula de suministro en exclusiva, con arreglo a la cual, en un territorio determinado, tan sólo el concesionario puede ser abastecido con fines de reventa. Dicha cláusula prohibe que, en el territorio en cuestión, el productor abastezca directamente a otros comerciantes, y excluye a éstos de las beneficiosas condiciones de venta vinculadas a la exclusiva; además prohibe las ventas directas del productor al consumidor. Ni que decir tiene que, de este modo, en lo relativo a estos productos el concesionario queda liberado de la posible competencia por parte de terceros, y que, en algunos casos, debido a determinadas legislaciones nacionales («oponibilidad frente a terceros» en el Derecho francés), este hecho de quedar libre de toda competencia no podrá compensarse mediante importaciones paralelas, o tal vez no podrá serlo sino dentro de los límites que impongan el coste del transporte, los derechos de aduana y la entrada en el circuito de otros intermediarios.
Por lo que se refiere a la obligación de comprar únicamente los productos de un productor determinado, supuesto contemplado asimismo en la letra a) del artículo 1 del Reglamento no 19/65 (compromiso de no vender ningún producto de la competencia), dicha obligación también puede constituir un obstáculo para la competencia, puesto que influye en el acceso de otros productores al mercado, actuando sobre las condiciones de competencia, y ello, conviene subrayarlo, manifiestamente de una manera distinta a la de un contrato de venta particular. Una cláusula de este tipo puede ejercer una influencia considerable en las condiciones de la competencia, especialmente en el caso de productos de un elevado grado de tecnicismo, cuya distribución únicamente puede ser realizada por especialistas.
Por consiguiente, no parece que deba excluirse la posibilidad de que los contratos de exclusiva contemplados en el Reglamento no 19/65 puedan constituir obstáculos para la competencia.
Si a lo anterior se responde que el objetivo principal de los contratos de exclusiva es el de abrir nuevos mercados e introducirse en ellos y que esto está relacionado con el aumento y la intensificación de la competencia, no discutiré, en principio, tales afirmaciones. Es un hecho cierto el que, para introducir un nuevo producto en el mercado, el contrato de exclusiva puede suponer una gran ventaja e incluso una necesidad, al menos durante cierto tiempo. Sin embargo, en semejante supuesto debe reconocerse que la restricción de la competencia constituye uno de los objetivos, y no se puede admitir que, sin tal restricción de la competencia, resultaría imposible encontrar mercado para el producto de que se trate, con carácter general o en todos los casos.
Del mismo modo, tampoco pueden darse por buenas en todos los supuestos objeciones del siguiente tenor: no existe ninguna restricción de la competencia porque, por la naturaleza de las cosas, no existe competencia entre el productor y sus concesionarios, ni entre los diferentes concesionarios de un mismo productor; no se puede comparar a un representante exclusivo con otros comerciantes mayoristas, habida cuenta de que, asociado como está a un productor, su única función es la de competir con otros productores. O bien del siguiente tenor: la supresión de un contrato de exclusiva no puede modificar la situación en un mercado determinado, puesto que, en ese caso, la única oferta del «representante exclusivo» sería sustituida por la única oferta del «productor».
Es posible que este último argumento resulte exacto en algunos casos, incluso en muchos de ellos; sin embargo, es lógico que no siempre sea así. En cuanto a las relaciones entre el representante exclusivo y otros distribuidores, basta con hacer constar que, incluso dejando totalmente al margen a los restantes mayoristas, las condiciones de competencia pueden resultar modificadas por las diferentes delimitaciones de los territorios de venta de los representantes exclusivos. En cuanto a las relaciones concesionario/productor y concesionario /concesionario, es preciso observar que no hay que basarse en la situación jurídica creada por la celebración del contrato, sino que se debe intentar determinar cómo habrían evolucionado las condiciones de la competencia sin el acuerdo.
Por último, no puedo hacer mía la tesis según la cual, habida cuenta de la similitud de las funciones económicas dentro de una organización comercial, es posible equiparar sin más al concesionario exclusivo con los agentes de un productor; tal equiparación equivaldría a considerar que los contratos celebrados con los concesionarios tienen para el Derecho sobre prácticas colusorias tan poco interés como los contratos celebrados con agentes que actúan exclusivamente por cuenta de otro y que «gestionan los negocios de un tercero». Es preciso poner de relieve, por el contrario, que a este respecto existen considerables diferencias, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista económico. En relación con esto, me permito hacer referencia a la Comunicación de la Comisión (DO 1962, 13, p. 2627), que especifica las funciones particulares del concesionario exclusivo. Piénsese, concretamente, en los diferentes grados de dependencia económica o en los diversos márgenes de beneficios, consecuencia del reparto de los riesgos. Por lo demás, las mencionadas diferencias generan asimismo consecuencias jurídicas también en otras materias, según ha demostrado la Comisión mediante referencias al Tratado CECA (artículo 63) y a las legislaciones nacionales (Derecho fiscal, Derecho de quiebras, etc.). No veo ningún motivo decisivo para que haya que dejar de lado tales diferencias en el Derecho de la competencia.
Por consiguiente, carece de fundamento en su conjunto la tesis del demandante según la cual los contratos de exclusiva no pueden en ningún caso reunir los requisitos que justifiquen una declaración de que obstaculizan la competencia.
3.
Por lo que se refiere a la cuestión de determinar en qué casos, con arreglo al apartado 1 del artículo 85, un acuerdo puede «afectar al comercio entre los Estados miembros», podría examinarla de un modo sumario, dado que el demandante no ha presentado argumentos especiales al respecto. No obstante, examinaremos la cuestión con mayor detalle.
En primer lugar, habría que preguntarse qué debe entenderse por la expresión «que pueda afectar al comercio». No es difícil responder a esta pregunta. Es obvio que con ello el Tratado no exige que los acuerdos influyan efectivamente en el comercio internacional, sino que es suficiente con que tal influencia resulte posible, aunque no como una mera hipótesis lejana sino como una consecuencia razonablemente previsible.
Observemos a continuación que, a pesar de una frecuente opinión en contrario, se trata ciertamente de un concepto autónomo, que en la práctica no es idéntico al de restricción de la competencia. En efecto, si al utilizar la expresión «afectar al comercio entre los Estados miembros» se hubiese querido únicamente hacer referencia al mero hecho de que las restricciones de la competencia del apartado 1 del artículo 85 tenían que producir sus efectos más allá de las fronteras nacionales, se habría escogido sin duda una fórmula menos pronunciada, y no una redacción que se distingue tan nítidamente del primer criterio (restricción de la competencia).
Del mismo modo, no me parece acertado considerar que es suficiente con que un acuerdo restrictivo de la competencia influya de cualquier modo en el comercio entre los Estados miembros, es decir, para utilizar la expresión de la Comisión, que dicho comercio siga una evolución diferente como consecuencia del acuerdo. Las versiones alemana, italiana y neerlandesa del Tratado demuestran claramente lo contrario cuando hablan de una influencia desfavorable, perjudicial, obligándonos así a llegar a la conclusión de que, en el caso que nos ocupa, el término francés «affecter», que en sí mismo tiene con frecuencia un significado neutro aunque a veces también un sentido negativo, debe interpretarse de la misma manera.
Partiendo de estas consideraciones -que, como preconiza la Comisión, deberían excluir todos los criterios meramente cuantitativos- debo llegar a la conclusión de que los contratos de exclusiva pueden perfectamente ejercer una influencia negativa en las relaciones comerciales entre los Estados miembros. Al reservar a un distribuidor exclusivo la distribución de ciertos productos en un Estado miembro determinado, los referidos contratos de exclusiva tienden a regular las relaciones comerciales internacionales de un modo que, en una situación determinada, puede considerarse que modifica en un sentido desfavorable el normal comportamiento del comercio entre los Estados miembros. Tampoco puede admitirse aquí el argumento de que, con carácter general, la apertura de un mercado extranjero, y, por lo tanto, la creación de las condiciones previas para el comercio interestatal, no serían posibles sin acuerdos de este tipo.
Así pues, está justificada la posición del principio del Consejo, tal como se manifiesta en el Reglamento no 19/65; por consiguiente, es posible aplicar a los contratos de exclusiva los criterios del apartado 1 del artículo 85, solución declarada posible mediante la autorización concedida a la Comisión. Por lo demás, este es también el punto de vista de la doctrina dominante y de la jurisprudencia (
1
).
Únicamente por un prurito de exhaustividad examinaré asimismo dos argumentos aducidos por el demandante al margen de su argumentación principal. Si he comprendido bien, el demandante teme que las funciones útiles que en la economía general desempeñan los contratos de exclusiva puedan resultar paralizadas por unos largos procedimientos de autorización de los acuerdos que, además, podrían concluir con la nulidad de ciertos sistemas de distribución, siendo así que la aplicación del artículo 86 no afectaría a la validez de tales contratos, limitándose a prohibir las explotaciones abusivas. Esta situación, sobre todo el diferente trato que reciben los agentes, por un lado, y los concesionarios independientes, por otro, podría tener el resultado, de todo punto perjudicial, de que en lo sucesivo los productores creasen sus propias organizaciones de distribución, excluyendo a los comerciantes establecidos por su cuenta.
Creo que estas preocupaciones carecen de fundamento. En efecto, no tienen en cuenta el hecho manifiesto de que la tendencia de todas las instancias competentes no se orienta a la supresión de los sistemas de contratos de exclusiva de venta, sino hacia un sistema que legalice los contratos de exclusiva mediante la aplicación del apartado 3 del artículo 85, llegándose incluso a contemplar la exención por categorías sin notificación previa de las partes interesadas. En lo esencial, pues, los contratos de exclusiva resultarían tan poco afectados como cuando se les aplica el artículo 86.
Por lo que se refiere a las objeciones de procedimiento basadas en la lentitud y complejidad del procedimiento en materia de prácticas colusorias, tales objeciones han quedado desprovistas de objeto una vez que se ha hecho posible la exención por categorías.
Por lo demás, debo recordar, como ya lo hice en otra ocasión, que esta apreciación general no puede evidentemente eximir a la Comisión de efectuar un riguroso examen de los hechos económicos antes de determinar los acuerdos a los que no resultará aplicable el apartado 1 del artículo 85. Voy a recordar a este respecto una sentencia de la Supreme Court de Estados Unidos, de 4 de marzo de 1963 («White Motor»), que critica la apreciación que de un sistema de exclusiva hizo el Tribunal de primera instancia (District Court), declarando que únicamente es posible formarse una opinión válida acerca de la admisibilidad de un sistema de ese tipo después de haber procedido a un examen exhaustivo de su importancia económica y de sus repercusiones efectivas sobre la competencia. (
2
)
En cuanto a determinar si, basándose únicamente en notificaciones simplificadas efectuadas con arreglo al Reglamento no 153, la Comisión está ya en condiciones de formarse la referida opinión, se trata de una cuestión a la que debe responder la propia Comisión.
b) Contratos de licencia
Dado que el Reglamento no 19/65 se refiere también a los denominados contratos de licencia, mi examen aún no ha terminado.
No obstante, mis observaciones sobre este extremo serán bastante breves, puesto que el demandante tan sólo invoca al respecto un único argumento: el relativo a la observancia del artículo 222 (partiendo manifiestamente de la premisa, totalmente correcta, de que no se puede excluir de un modo absoluto la hipótesis de que los contratos de licencia puedan dar lugar a restricciones de la competencia y afectar en un sentido perjudicial al comercio entre los Estados miembros).
Por consiguiente, habré de examinar únicamente la cuestión de si el Reglamento no 19/65 autoriza las intervenciones en materia de derechos de propiedad industrial, los cuales, con arreglo a los principios del Tratado, no deben ser vulnerados.
No veo que en este punto se infrinja el Tratado. En efecto, incluso admitiendo que el artículo 222 no se limite a prohibir que se intervenga mediante disposiciones legislativas en el régimen de la propiedad de los Estados miembros y que de este modo prive a dicho régimen de su valor de sistema, y admitiendo que prohiba incluso que los derechos individuales de propiedad resulten afectados en un caso concreto, el Reglamento no 19/65 no puede ser objeto de crítica.
Según ha declarado acertadamente el Consejo, el examen de los contratos de licencia y de los acuerdos similares en el marco del Derecho sobre prácticas colusorias no constituye en modo alguno una injerencia en el ejercicio de los referidos derechos; se trata solamente de hacer que el apartado 1 del artículo 85 resulte aplicable a ciertas limitaciones relacionadas con la adquisición y el usufructo de derechos de propiedad industrial, en la medida en que tales limitaciones tengan su fundamento en acuerdos. Sin duda alguna, de conformidad con el artículo 222 del Tratado, a las Instituciones comunitarias no les están prohibidas tales medidas, precisamente porque en principio no afectan a los contratos de licencia, cosa que, por lo demás, el demandante admite sin dificultad en lo relativo al ámbito de aplicación del artículo 86.
Así pues, el Reglamento no 19/65 se atiene en principio a las directrices sobre la aplicación de los apartados 1 y 3 del artículo 86, establecidas por la Comisión mediante sus Comunicaciones del año 1962 (DO 1962, 113, pp. 2628 y ss.).
Por consiguiente, tampoco parece fundado el motivo invocado contra la letra b) del artículo 1 del Reglamento no 19/65; de este modo, el tercer motivo del demandante carece de fundamento en su totalidad. Por lo tanto, la legalidad del Reglamento del Consejo ha quedado demostrada.
C. Conclusión
En virtud de todo lo expuesto, llego a la siguiente conclusión: debe declararse la inadmisibilidad del recurso del Gobierno italiano en la medida en que se dirige contra la Comisión de la CEE; en la medida en que se dirige contra el Consejo de Ministros de la CEE, debe desestimarse por infundado. En lo relativo a las costas, la decisión ha de basarse lógicamente en el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento.
(
*1
)	Lengua original: alemán.
(
1
)	Véanse, por ejemplo, las referencias de Sölter, «Vertriebsbindungen im Gemeinsamen Markt», 1962, p. 63.
(
2
)	Véase Beier, «Die kartellrechtliche Beurteilung von Alleinvertriebsvertragen im Gemeinsamen Markt und USA, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht», 1964, pp. 84 y ss.