61979C0784
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. GERHARD REISCHL
presentadas el 20 de marzo de 1980 (
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Señor Presidente,
Señores Jueces,
El presente asunto versa sobre la interpretación del párrafo segundo del artículo 1 del Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; EE 01/02, p. 28) anexo al Convenio, de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186) (en lo sucesivo, «Convenio»). La mencionada disposición reza así: «Cualquier convenio atributivo de competencia en el sentido del artículo 17 sólo producirá efectos con respecto a una persona domiciliada en Luxemburgo cuando ésta lo hubiere expresa y especialmente aceptado».
Las partes en el litigio principal celebraron en 1977 una serie de contratos de arrendamiento financiero de automóviles, respecto a los cuales la sociedad alemana Porta-Leasing GmbH, demandante en el litigio principal, invoca derechos relativos a su cumplimiento y reclama una indemnización frente a la sociedad luxemburguesa Prestige International SA, demandada en el litigio principal.
Los contratos-tipo, idénticos entre sí, contenían entre otras una cláusula atributiva de competencia redactada como sigue :
«Artículo 12. Disposiciones generales
[...]
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El lugar de cumplimiento así como el órgano jurisdiccional competente para todas las obligaciones derivadas del presente contrato son los del domicilio social del arrendador.»
En el marco del litigio principal ante el Landgericht Trier, la demandada alegó la incompetencia del órgano jurisdiccional debido a que ella no había aceptado expresa y especialmente la cláusula atributiva de competencia, en contra de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1 del Protocolo anexo al Convenio de Bruselas.
El Landgericht Trier se declaró incompetente al estimar que para que una cláusula atributiva de competencia obligue a una persona domiciliada en Luxemburgo debe figurar en un documento separado distinto del que contiene las demás cláusulas del contrato.
La Sala Segunda de lo Civil del Oberlandesgericht Koblenz, que conoce de la apelación, acordó suspender el procedimiento y plantear, con arreglo al artículo 1 y al apartado 2 del artículo 2 del Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, la siguiente cuestión prejudicial:
«Un convenio atributivo de competencia, que de modo ordinario se inserta entre las cláusulas de un contrato-tipo, firmado por una persona domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo, ¿reúne las condiciones de validez previstas en el párrafo segundo del artículo 1 del Protocolo anexo al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil?»
En mi opinión, de acuerdo con las consideraciones que expongo más adelante y que recogen en sustancia el punto de vista de la Comisión, se debe dar una respuesta negativa a la cuestión planteada, contrariamente a lo que sostiene la demandante en el litigio principal.
Según el artículo 17 del Convenio de Bruselas, por regla general, para que sea válido un convenio atributivo de competencia, debe celebrarse por escrito o sobre la base de un convenio verbal confirmado por escrito. A tenor del párrafo segundo del artículo 1 del Protocolo anexo al Convenio de Bruselas, la validez de un convenio atributivo de competencia respecto de una persona domiciliada en Luxemburgo depende de un requisito de forma suplementario, que consiste en la aceptación expresa y especial del convenio por parte de dicha persona. Tal como resulta de forma inequívoca del informe Jenard (DO 1979, C 59, p. 63), esta exigencia formal constituye una protección en favor de las personas domiciliadas en Luxemburgo, quienes, habida cuenta del gran número de contratos internacionales que celebran, se exponen mucho más a menudo que las personas domiciliadas en otros Estados contratantes a ser demandadas ante órganos jurisdiccionales extranjeros. Como señala con razón la Comisión, el objetivo de protección se alcanza ya, en parte, al supeditar la admisibilidad de la cláusula atributiva de competencia a su aceptación expresa y especial por la parte contratante luxemburguesa. Por otro lado, procede resaltar que numerosos contratos internacionales redactados, como en el caso de autos, en forma de contrato-tipo, contienen, además de otras muchas estipulaciones contractuales, una cláusula atributiva de competencia, de manera que no se le presta suficiente atención aunque se destaque de modo especial. Por esta razón, mediante el párrafo segundo del artículo 1 del Protocolo anexo al Convenio de Bruselas, los autores del Convenio supeditaron la eficacia de las cláusulas atributivas de competencia relativas a personas domiciliadas en Luxemburgo a su aceptación expresa y especial por éstas. La reunión de estos dos elementos constitutivos, ilustrada por la conjunción y, pone de manifiesto por sí misma que la aceptación expresa constituye, junto a los demás requisitos, una exigencia suplementaria, para la eficacia del convenio atributivo de competencia.
Por esta razón, la Comisión considera que sólo se cumple con la exigencia de aceptación expresa si el convenio atributivo de competencia es objeto de una declaración de aceptación de la parte contratante luxemburguesa separada y por escrito, en la que no figure ninguna otra cláusula contractual además de la atributiva de competencia.
No obstante, en mi opinión, no hace falta llegar tan lejos. Hay que admitir, como lo hace la parte demandante en el litigio principal, que el tenor de la disposición controvertida no milita en favor de la necesidad de un documento separado. Considero que la protección prevista en favor de la parte luxemburguesa queda garantizada cuando ésta reconoce expresamente la cláusula atributiva de competencia en una declaración distinta por escrito. Tal aceptación puede efectuarse en forma de documento separado, pero puede resultar también de una firma especial estampada en el mismo documento que contiene las demás cláusulas contractuales, mediante la cual la parte contratante declara así que acepta la cláusula atributiva de competencia.
Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada:
El convenio atributivo de competencia incluido sencillamente en un contrato-tipo celebrado por una persona domiciliada en Luxemburgo no reúne los requisitos para ser eficaz exigidos por el párrafo segundo del artículo 1 del Protocolo anexo al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Para cumplir con los requisitos de eficacia impuestos por la mencionada disposición, es necesario acompañar el contrato de una declaración escrita distinta, en la que la parte domiciliada en Luxemburgo reconozca expresamente el convenio atributivo de competencia.
(
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)	Lengua original: alemán.