Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA
presentadas el 5 de marzo de 2026 (1)
Asunto C‑507/24 P
YS
contra
Consejo de la Unión Europea,
Comisión Europea
« Casación — Derecho institucional — Cooperación reforzada
para la creación de la Fiscalía Europea — Reglamento (UE) 2017/1939 — Nombramiento de los fiscales europeos de la Fiscalía Europea — Nombramiento de uno de los candidatos designados por la República Helénica — Supuesta infracción de las normas aplicables al nombramiento de los fiscales europeos — Recurso de anulación — Control de la legalidad de la propuesta de nombramiento »
1.        Mediante la Decisión (UE) 2023/1335, (2) el Consejo designó cinco «fiscales europeos de la Fiscalía Europea» (en lo sucesivo, «fiscales europeos»), entre los que se hallaba el candidato propuesto por Grecia.
2.        Un magistrado griego que no había sido proclamado candidato en la fase nacional del procedimiento interpuso un recurso de anulación ante el Tribunal General (3) contra la Decisión 2023/1335. (4)
3.        En el auto de 8 de mayo de
2024 (en lo sucesivo, «auto recurrido»),
el Tribunal General se consideró incompetente para pronunciarse sobre la validez de la Decisión 2023/1335, en la medida en que su pretendida ilegalidad resultaría de la ilicitud de un acto nacional que, como la propuesta de candidatos a fiscales europeos, sólo puede ser apreciada por los tribunales nacionales.
4.        YS ha recurrido en casación el auto dictado por el Tribunal General. Su recurso ofrece al Tribunal de Justicia la ocasión de analizar la distribución de las competencias de control jurisdiccional sobre los actos, nacional y de la Unión, integrados en el procedimiento de nombramiento de los fiscales europeos, que establece el Reglamento (UE) 2017/1939. (5)
I.      Antecedentes del litigio
5.        Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados
2 a
12 del auto recurrido y pueden resumirse en los siguientes términos:
–        El 27 de septiembre de
2022, las autoridades helénicas convocaron un concurso entre fiscales para la designación de tres candidatos al cargo de fiscal europeo a partir del 29 de julio de 2023.
–        El 17 de octubre de 2022, YS depositó su candidatura ante las autoridades griegas.
–        Mediante resolución de 20 de diciembre de
2022, el Anotato Dikastiko Symvoulio Politikis kai Poinikis Dikaiosynis (Consejo Superior de la Magistratura para la Justicia civil y penal, Grecia; en lo sucesivo, «CSM») rechazó la candidatura de YS
porque no cumplía el requisito previsto en la Ley nacional n.º 4786/2021, ya que YS
no tenía la condición de fiscal, sino la de magistrado.
–        En la misma resolución, el CSM designó, en nombre de la República Helénica, a tres candidatos para el cargo de fiscal europeo.
–        El 22 de marzo de
2023, YS impugnó ante el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado, Grecia) la resolución del CSM. (6)
–        A la vista de las candidaturas presentadas por las autoridades nacionales, el Comité de selección (7) establecido en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento 2017/1939 elaboró los dictámenes motivados y la clasificación de cada uno de los candidatos designados por las autoridades nacionales y los transmitió al Consejo.
–        Recibida la propuesta del Comité de selección, el Consejo aprobó la Decisión 2023/1335.
II.    Procedimiento ante el Tribunal General y auto recurrido
6.        En su recurso de anulación, interpuesto ante el Tribunal General, YS solicitó:
–        Anular la Decisión 2023/1335, bien en su totalidad, bien, al menos, en la parte referida a la nominación del candidato griego al cargo de fiscal europeo.
–        Constatar y «anular» la inacción de la Comisión, en la medida en que se habría abstenido ilegalmente de controlar la propuesta de designación de los candidatos a la Fiscalía Europea realizada por las autoridades griegas.
–        Condenar en costas al Consejo y a la Comisión.
7.        Tanto el Consejo como la Comisión opusieron una objeción de inadmisibilidad al recurso de YS.
8.        En el auto recurrido, el Tribunal General declaró su incompetencia para pronunciarse sobre la legalidad de la propuesta de candidatos elevada por las autoridades nacionales al Consejo. (8)
9.        El Tribunal General fundó su pronunciamiento en los siguientes apartados del auto recurrido:
–        En el apartado 37, reprodujo los apartados 45 y 46 de la sentencia Berlusconi y Fininvest. (9)
–        En el apartado 38, declaró que las disposiciones del artículo 16, apartado 2, del Reglamento 2017/1939 determinan la facultad de apreciación del Consejo con respecto a las candidaturas a la Fiscalía Europea presentadas por los Estados miembros, limitada a la mera verificación de las candidaturas propuestas a la luz de los requisitos exigidos para ejercer las funciones de fiscal europeo. Por el contrario, el Consejo no tiene ninguna facultad para examinar los motivos que justifican el rechazo de las candidaturas descartadas en la fase del procedimiento nacional.
–         En el apartado 39, afirmó que, de la distribución de competencias entre las autoridades nacionales y las instituciones de la Unión, establecida en el ámbito al que se refieren las disposiciones del Reglamento 2017/1939, se desprende que el acto por el que se designa a los candidatos para el nombramiento en la Fiscalía Europea, adoptado por la autoridad nacional, vincula al Consejo y determina los términos de su decisión, en la medida en que ésta no puede referirse a candidaturas distintas de las que le presentan los Estados miembros interesados.
–        En el apartado 40, dedujo de lo anterior que no corresponde al Tribunal General examinar la alegación relativa a la supuesta ilegalidad de la resolución del CSM por la que se rechazó la candidatura de
YS, cuyo control compete a los órganos jurisdiccionales nacionales en las condiciones recordadas en el apartado 37 del mismo auto.
–        En el apartado 41, apreció que YS
no había formulado ninguna otra alegación tendente a demostrar la ilegalidad de la Decisión 2023/1335, por lo que sus pretensiones de anulación debían declararse inadmisibles.
10.      Con carácter subsidiario, el Tribunal General entendió que YS no había conseguido demostrar la existencia de un interés actual o cierto para impugnar la Decisión 2023/1335. Su legitimación para impugnar esta Decisión dependería de un hecho futuro e incierto, como era la previa anulación de la resolución nacional que rechazó su candidatura. (10)
III. Recurso de casación y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
11.      El recurso de casación interpuesto por YS se registró en el Tribunal de Justicia el 18 de julio de 2024.
12.      En su recurso de casación, YS solicita al Tribunal de Justicia:
–        Anular el auto recurrido.
–        Anular la Decisión 2023/1335, bien en su totalidad, bien en la parte referida a la nominación del candidato griego y al rechazo de la candidatura de YS al cargo de fiscal europeo.
–        Condenar en costas al Consejo y a la Comisión.
13.      El recurso de casación se articula en dos motivos:
–        Error de derecho en cuanto a la incompetencia del Tribunal General.
–        Error de derecho en cuanto a la falta de legitimación para impugnar la Decisión 2023/1335.
14.      El Consejo y la Comisión instan al Tribunal de Justicia a desestimar el recurso y condenar en costas a YS.
IV.    Apreciación
A.      Admisibilidad del recurso de casación
1.      Alegaciones
15.      Aun cuando no solicita formalmente su inadmisibilidad, el Consejo sostiene que el recurso de casación de YS se limita a repetir o reformular los argumentos presentados en la primera instancia. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el recurso de casación sería, pues, inadmisible.
16.      YS ha alegado en su escrito de réplica que la objeción del Consejo es manifiestamente infundada, pues de la lectura atenta del recurso se desprende que sus argumentos pretenden corregir el error de derecho cometido por el Tribunal General.
2.      Análisis
17.      Un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión. (11)
18.      Los elementos de un recurso de casación que no contienen ningún argumento destinado específicamente a identificar el error de derecho en el que incurriría la resolución impugnada y se limitan a reproducir los argumentos ya presentados ante el Tribunal General no cumplen este requisito y deben desestimarse por ser manifiestamente inadmisibles. (12)
19.      En cambio, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del derecho de la Unión efectuada por el Tribunal General, las cuestiones de derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. Si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal General, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido. (13)
20.      En este recurso, YS cuestiona abierta y pormenorizadamente los argumentos que han llevado al Tribunal General a dictar el auto recurrido. Censura esos argumentos con alegaciones referidas, por un lado, a su incompetencia para pronunciarse sobre la legalidad de la propuesta de candidatos elevada por las autoridades nacionales al Consejo y, por otro lado, a la falta de legitimación de YS
para impugnar la Decisión 2023/1335.
21.      En consecuencia, el recurso de casación es, a mi juicio, admisible.
B.      Sobre el fondo
1.      Primer motivo de casación
22.      YS
imputa al Tribunal General la comisión de un error de derecho al considerarse incompetente para pronunciarse sobre la legalidad de la propuesta de candidatos presentada por las autoridades nacionales al Consejo.
a)      Alegaciones de las partes
23.      YS sostiene que el Tribunal General ha aplicado erróneamente la jurisprudencia establecida en la sentencia Berlusconi y Fininvest.
24.      De esa jurisprudencia resultaría que la determinación del órgano jurisdiccional competente para controlar la legalidad de la designación, por un Estado miembro, de candidatos al cargo de fiscal europeo depende de que las instituciones de la Unión dispongan de un margen suficiente para apreciar el acto nacional en cuestión.
25.      Así, si el acto nacional vincula a las instituciones de la Unión, la competencia corresponde a los tribunales nacionales. En caso contrario, el acto nacional se considera preparatorio y su control incidental es competencia del juez de la Unión en el marco de
la
verificación de la legalidad del acto definitivo del Consejo. (14)
26.      A juicio de YS, el Tribunal General incurre en error al concluir que el Consejo está vinculado por la propuesta nacional. De un lado, porque es impensable que el Consejo no pueda descartar una propuesta manifiestamente ilegal y solicitar la presentación de nuevas candidaturas. De otro lado, porque sería absurdo impedir que el Consejo controle la legalidad de la propuesta cuando, como ha admitido el propio Tribunal General, dispone de un amplio margen de apreciación para evaluar y comparar los méritos de los candidatos. (15)
27.      Esta circunstancia, unida a las amplias competencias del Comité de selección, supone, para YS, que las instituciones de la Unión tienen una implicación tan activa en el procedimiento que no pueden permanecer insensibles ante
una infracción flagrante
del derecho de la Unión, como sería la presentación de candidatos seleccionados con arreglo a un procedimiento nacional que no se ajuste al principio de legalidad.
28.      El Consejo y la Comisión alegan que el Tribunal General no ha incurrido en el error de derecho denunciado y se ha limitado a aplicar correctamente la doctrina establecida en la sentencia Berlusconi y Fininvest.
b)      Análisis
1)      Procedimiento de nombramiento de fiscales europeos
29.      En virtud del artículo
16, apartado
1, del Reglamento
2017/1939, el procedimiento de nombramiento de los fiscales europeos comienza con la designación por cada Estado miembro de tres candidatos que:
–        sean miembros activos del Ministerio Fiscal o de la judicatura del correspondiente Estado miembro;
–        ofrezcan absolutas garantías de independencia, y
–        reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones del Ministerio Fiscal o de la judicatura en sus respectivos Estados miembros, y tengan una experiencia práctica pertinente en lo que atañe a los sistemas jurídicos nacionales, las investigaciones financieras y la cooperación judicial internacional en materia penal.
30.      El cumplimiento de estos requisitos ha de ser verificado, según el artículo
16, apartado
2, del Reglamento
2017/1939, mediante un dictamen motivado del Comité de selección mencionado en el artículo
14, apartado
3, del mismo Reglamento. (16)
31.      Recibido el dictamen motivado del Comité de selección, el Consejo seleccionará y nombrará a uno de los candidatos a fiscal europeo del Estado miembro correspondiente, según previene el artículo
16, apartado
2, del Reglamento
2017/1939.
32.      En el caso de que el Comité estime que un candidato no reúne las condiciones requeridas para el desempeño de las funciones de fiscal europeo, su dictamen vinculará al Consejo.
33.      De la lectura de estas disposiciones se desprende que el procedimiento de nombramiento de fiscales europeos consta de tres fases:
–        En la primera, estrictamente nacional, cada uno de los Estados miembros propone tres candidatos.
–        En la segunda, el Comité de selección establecido en el Reglamento
2017/1939 emite un dictamen motivado sobre la idoneidad de los candidatos propuestos.
–        En la tercera y última fase, el Consejo nombra a uno de los candidatos considerados idóneos por el Comité de selección.
34.      Se trata, por tanto, de un procedimiento compuesto en el que el ejercicio de una facultad decisoria atribuida con carácter exclusivo a una institución de la Unión (el nombramiento de fiscales europeos) requiere el previo ejercicio por parte de los Estados miembros de una facultad de propuesta que el derecho de la Unión les confiere con carácter igualmente exclusivo (la presentación de candidatos a fiscales europeos).
2)      Distribución de las competencias de control jurisdiccional de los actos integrados en un procedimiento compuesto
35.      En la sentencia Berlusconi y Fininvest, el Tribunal de Justicia sentó la siguiente doctrina:
–        «[E]l acto de una autoridad nacional que forma parte de un proceso de toma de decisiones de la Unión no está comprendido en la competencia exclusiva del juez de la Unión cuando, conforme al reparto de competencias establecido en el ámbito de que se trata entre las autoridades nacionales y las instituciones de la Unión, el acto adoptado por la autoridad nacional es una etapa necesaria del procedimiento de adopción de un acto de la Unión en el que las instituciones de la Unión únicamente disponen de un margen de apreciación limitado o inexistente, de modo que el acto nacional vincula a la institución de la Unión». (17)
–        «Corresponde en consecuencia a los órganos jurisdiccionales nacionales conocer de las irregularidades de que pueda adolecer un acto nacional, en su caso tras plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia, en las mismas condiciones de control aplicables a todo acto definitivo que, adoptado por la misma autoridad nacional, pueda ser lesivo para terceros y considerar, en aras del principio de tutela judicial efectiva, admisible el recurso interpuesto a tal efecto, aunque las normas nacionales de procedimiento no lo prevean». (18)
36.      En los procedimientos compuestos en los que participan autoridades nacionales y de la Unión, puede suceder que la autoridad nacional ostente un poder de decisión propio, específico y exclusivo, en cuyo caso sólo los órganos jurisdiccionales nacionales serán competentes para controlar la legalidad de sus actos. (19)
37.      A diferencia de lo que ocurre en los procedimientos compuestos existentes en el marco de la unión bancaria
(donde la fase nacional es simplemente preparatoria de la fase europea, en la que la institución u organismo de la Unión concentra el poder de decisión), (20) la fase nacional del procedimiento de nombramiento de los fiscales europeos tiene sustantividad propia, ya que las autoridades nacionales adoptan decisiones con efectos vinculantes, en el sentido que a continuación analizaré. Esas decisiones están únicamente sujetas al control de los órganos jurisdiccionales nacionales.
3)      Competencia jurisdiccional en el supuesto controvertido
38.      El Tribunal General adopta como premisa que el acto por el que una autoridad nacional designa a los candidatos al nombramiento de fiscales europeos es vinculante para el Consejo y determina los términos de su decisión, en la medida en que ésta no puede referirse a candidaturas diferentes a las que han sido presentadas por los Estados miembros. (21)
39.      YS considera, por el contrario, que la propuesta nacional deja un amplio margen de apreciación al Consejo para verificar la elegibilidad de los candidatos propuestos y, por tanto, necesariamente, para controlar la legalidad del procedimiento nacional de selección. (22)
40.      A mi juicio, lleva razón la Comisión al sostener que el recurrente no ha interpretado correctamente el apartado
39 del auto recurrido.
41.      En efecto, el acto nacional por el que se proponen tres candidatos para su nombramiento como fiscales europeos no es vinculante para la Unión en el sentido de que ésta deba necesariamente nombrar a uno de los propuestos, sino en el sentido de que el Consejo no puede nombrar a un candidato no incluido en la propuesta.
42.      Prueba de ello es que, si el Consejo rechaza todas las candidaturas, corresponde (exclusivamente) al Estado miembro hacer una nueva propuesta. (23)
43.      Las instituciones de la Unión disponen de plena libertad para evaluar los méritos de los candidatos y, en ese sentido, no están vinculadas por la propuesta nacional. Pero sí lo están, y sin margen alguno de divergencia, por la decisión del Estado miembro de circunscribir a los tres candidatos propuestos el círculo de quienes pueden ser nombrados por el Consejo. Este acto de propuesta nacional, al delimitar el contexto en el que el Consejo debe decidir, no deja margen de apreciación (es decir, vincula) a esta institución de la Unión.
44.      En otras palabras, el Consejo es libre para rechazar la propuesta nacional, pero no para sustituirla o modificarla. No le corresponde la competencia para proponer candidatos, sino estrictamente la competencia para nombrar alguno de los propuestos por el Estado miembro.
45.      El acto de propuesta de candidatos (vinculante para el Consejo, en los términos ya referidos) sólo puede ser objeto de revisión jurisdiccional por los tribunales nacionales. Corresponderá, por el contrario, al juez de la Unión el control de la validez del nombramiento por el Consejo de uno de los candidatos propuestos por el Estado miembro.
46.      El Tribunal General no incurrió, por tanto, en error de derecho al declararse incompetente para juzgar sobre la legalidad de la propuesta de candidatos elevada por las autoridades helénicas al Consejo, pues la competencia a ese respecto corresponde a los tribunales griegos.
47.      YS
ha insistido en que no es posible que el Consejo esté vinculado por una propuesta elaborada a partir de un procedimiento flagrantemente ilícito. Ilustra su alegación al respecto valiéndose de ejemplos que él mismo reconoce como extremos. (24)
48.      Esta alegación de YS presenta unos escenarios hipotéticos que no se corresponden con el de autos (25) y, por lo tanto, no pueden influir en la suerte del recurso de casación, circunscrito a los hechos que el Tribunal General tuvo en cuenta.
49.      Si el Tribunal de Justicia considerase necesario pronunciarse sobre este argumento de YS a pesar de su carácter hipotético,
opino que debería rechazarlo.
50.      En efecto, si un Estado miembro organiza un procedimiento abierto de selección —a lo que no está obligado por el Reglamento
2017/1939—,
deberá configurarlo de tal manera que sea conforme con el derecho de la Unión:
–        En primer lugar, ese procedimiento habrá de atenerse al Reglamento
2017/1939, es decir, habrá de diseñarse de manera que haga posible la selección de candidatos que reúnan las condiciones exigidas por el artículo
16, apartado
1, del mencionado Reglamento.
–        En segundo término, y con carácter general, el procedimiento habrá de ser respetuoso con los principios y las normas del derecho de la Unión; en particular, con la prohibición de discriminación.
51.      Ahora bien, lo que en este recurso de casación se dirime es una cuestión distinta, circunscrita a la validez de la Decisión 2023/1335 en cuanto tal. Esa cuestión no se puede identificar con la de dilucidar a quién corresponde dispensar la garantía del respeto del derecho de la Unión
en relación con la propuesta nacional de candidatos a fiscales europeos.
52.      Desde luego, la revisión de la legalidad de esa propuesta no compete al Consejo, tal y como preconiza
YS, ni al juez de la Unión, pues la jurisprudencia compendiada en la sentencia Berlusconi y Fininvest atribuye el control de la legalidad de los actos nacionales, en los términos antes expuestos para casos como éste, a los órganos jurisdiccionales nacionales.
53.      Corrobora lo hasta ahora enunciado el pronunciamiento del Tribunal de Justicia en un supuesto que guarda similitud con el que ahora nos ocupa: el control de los actos integrados en el procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal General. Se trata de la sentencia de 29 de julio de
2024, Valančius. (26)
54.      El procedimiento para nombrar jueces del Tribunal General incorpora tres fases, de las que importan, para lo que atañe a este recurso de casación, la primera y la segunda:
–        En la primera fase, el Gobierno del Estado miembro propone un candidato para el cargo y transmite la propuesta a la Secretaría General del Consejo.
–        En la segunda fase, el Comité del artículo 255 TFUE emite un dictamen sobre la idoneidad de ese candidato para el ejercicio del cargo de juez del Tribunal General, a la luz de las exigencias prescritas en el artículo 254 TFUE, párrafo segundo.
55.      El Tribunal de Justicia, lejos de cuestionar la competencia de un tribunal nacional para verificar la legalidad de una propuesta de candidatura para el Tribunal General (adoptada por las autoridades nacionales en la primera fase del procedimiento), (27) facilitó al órgano de reenvío la interpretación de los preceptos de la Unión sobre los que versaba su petición de decisión prejudicial.
56.      Para el Tribunal de Justicia, el control de la legalidad de la propuesta de un candidato a juez del Tribunal General, efectuada por las autoridades nacionales en la primera fase del procedimiento,
corresponde a la jurisdicción nacional, que debe verificarla «desde el prisma de las exigencias prescritas en los […] preceptos» del derecho de la Unión que disciplinan el proceso de nombramiento. (28)
57.      En definitiva, el Consejo no tendría por qué verse abocado inexorablemente a asumir la propuesta nacida de un procedimiento que no respete el derecho de la Unión. Por el contrario, podrá contar con la garantía del control de la legalidad de esa propuesta, verificada, en su caso, por los tribunales nacionales.
58.      Ciertamente, el Consejo podrá
encontrarse con propuestas cuya elaboración no haya sido
enjuiciada por un tribunal nacional, bien
porque no existió
un procedimiento de selección público susceptible de ser revisado, bien porque nadie las recurrió. En el primer caso, no habría objeto alguno de control (tampoco para el Consejo); en el segundo, regirá la presunción de legalidad inherente a los actos de los poderes públicos que, siendo revisables jurisdiccionalmente, no han sido impugnados. (29)
59.      En este asunto, como ya se ha puesto de relieve,
existe un proceso ante la jurisdicción nacional sobre la legalidad de la propuesta realizada por el CSM. En ese proceso, se podrá dirimir si
el procedimiento griego de selección de candidatos para ocupar el cargo de fiscal europeo debería haber permitido las candidaturas de magistrados, y no sólo las de los miembros del Ministerio Fiscal.
2.      Segundo motivo de casación
60.      En el segundo motivo de casación, se reprocha al Tribunal General haber cometido un error de derecho al apreciar la falta de interés, actual y cierto, de YS para impugnar la Decisión 2023/1335.
61.      En la medida en que, a mi juicio, procede desestimar el primer motivo de casación, no habría lugar a examinar el segundo.
62.      En efecto, si el Tribunal de Justicia confirmase la falta de competencia del Tribunal General para estimar las pretensiones del recurrente, esta declaración cerraría el paso al análisis de cualquier otro motivo de casación.
63.      Abordaré, sin embargo, este segundo motivo de casación por si el Tribunal de Justicia acogiera
el primero.
a)      Alegaciones de las partes
64.      En opinión de YS:
–        Estimar el primer motivo de casación implicaría que
el Tribunal General es competente para «reexaminar» la Decisión 2023/1335, incluido «el acto preparatorio/decisión del CSM». La eventual constatación, por el Tribunal General, de la ilegalidad de la resolución del CSM conduciría a la anulación del rechazo a la candidatura de YS. (30)
–        Supeditar la legitimación para impugnar la Decisión 2023/1335 a la previa anulación por un tribunal nacional del rechazo de su candidatura supone tanto como privarle del derecho a la tutela judicial efectiva, pues el plazo para interponer un recurso ante el Tribunal General contra aquella Decisión ya habría expirado al concluir el procedimiento judicial nacional.
–        Existe el riesgo de que el tribunal nacional que conoce del recurso interpuesto contra la resolución del CSM no plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.
–        La vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva no podría repararse mediante una acción de indemnización.
65.      El Consejo y la Comisión alegan, sustancialmente, que el Tribunal General ha aplicado correctamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de legitimación para interponer un recurso de anulación.
b)      Análisis
66.      El Tribunal General, como ya he expuesto, consideró, con carácter subsidiario, que YS no había conseguido demostrar la existencia de un interés actual o cierto para impugnar la Decisión 2023/1335.
67.      El Tribunal General, apoyándose en su propia jurisprudencia precedente, (31) recordó que un recurso de anulación promovido por una persona física sólo es admisible cuando ésta tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Un interés de este tipo presupone que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto.
68.      Sentada esta premisa, el Tribunal General sostuvo que la legitimación de YS
para impugnar la Decisión 2023/1335 dependería de un hecho futuro e incierto, como era la previa anulación de la resolución nacional que rechazó su candidatura
para participar en la fase nacional del procedimiento de selección. Tal resolución estaba sub iudice ante un tribunal nacional que aún no se había pronunciado.
69.      Creo que este planteamiento no es correcto. A mi modo de ver, YS gozaba de legitimación para impugnar la Decisión 2023/1335, una vez que, habiendo aspirado a participar en el procedimiento que culminó con esa Decisión, tenía interés en que se declarase su nulidad.
70.      La declaración de nulidad de la Decisión 2023/1335 podía reportar un beneficio a YS (participar en un nuevo proceso de selección) en la medida en que el Tribunal General acogiera sus argumentos sobre la obligación del Consejo de controlar la resolución del CSM.
71.      En otras palabras, si se aceptara (quod non) que el Tribunal General es competente para pronunciarse sobre la legalidad de la fase nacional del procedimiento de selección y, en consecuencia, para enjuiciar (a título incidental) la resolución del CSM, me parece poco discutible que YS estaría legitimado para impugnar la Decisión 2023/1335.
72.      En efecto, la eventual declaración, por el Tribunal General,
de que la resolución del CSM
no había respetado el artículo 16, apartado 1, del Reglamento 2017/1939 (en cuya virtud los candidatos a fiscales europeos deben ser miembros
activos del Ministerio Fiscal o de la judicatura) habría de comportar la reapertura del procedimiento nacional en unos términos que, cuando menos, permitirían a YS
presentar su candidatura. En este escenario, el candidato preterido en la fase nacional del procedimiento tendría legitimación para impugnar la decisión final del procedimiento en su conjunto (es decir, la Decisión 2023/1335).
C.      Costas
73.      De conformidad con el artículo
184 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, y por así interesarlo el Consejo y la Comisión, procede la imposición de costas en esta instancia a YS.
V.      Conclusión
74.      En razón de cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia:
–        Desestimar el recurso de casación.
–        Condenar en costas a YS.
1      Lengua original: español.
2      Decisión del Consejo, de 27 de junio de
2023, por la que se nombra a los fiscales europeos de la Fiscalía Europea (DO 2023, L 166, p. 116).
3      Asunto YS/Consejo y Comisión (T‑411/23, EU:T:2024:310).
4      El recurso de anulación se interpuso, asimismo, contra la constatación de que la Comisión se había abstenido ilegalmente de iniciar un procedimiento por incumplimiento contra la República Helénica. El recurso de casación se ciñe sólo a la parte del auto referido a la pretensión de anulación de la Decisión 2023/1335. No se dirige, por tanto, contra la inadmisión del recurso por omisión entablado a título del artículo 265 TFUE.
5      Reglamento del Consejo, de 12 de octubre de
2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO 2017, L 283, p. 1).
6      El resultado de esta impugnación era desconocido el 8 de mayo de 2024, cuando el Tribunal General dictó el auto recurrido (apartado 44 del auto recurrido).
7      Regulado por la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1696 del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa a las normas de funcionamiento del comité de selección previsto en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento 2017/1939 (DO 2018, L 282, p. 8).
8      Además, el Tribunal General declaró inadmisible la pretensión de que se constatara la indebida inacción de la Comisión al no proceder contra la República Helénica por incumplimiento (apartados 25 a 32 del auto recurrido). YS no ha impugnado en casación esta parte del auto recurrido.
9      Sentencia de 19 de diciembre de 2018, Berlusconi y Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023; en lo sucesivo, «sentencia Berlusconi y Fininvest»).
10      Apartados 42 a 46 del auto recurrido.
11      Sentencia de 23 de enero de
2019, Deza/ECHA (C‑419/17 P, EU:C:2019:52), apartado
93. La base jurídica de esta jurisprudencia se encuentra en el artículo
256 TFUE, apartado
1, párrafo segundo; el artículo
58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y los artículos
168, apartado
1, letra d), y 169, apartado
2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
12      Sentencia de 4 de julio de
2000, Bergaderm y Goupil/Comisión (C‑352/98 P, EU:C:2000:361), apartado
35; y auto de 19 de septiembre de
2019, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Comisión y Italia (C‑325/19 P, EU:C:2019:768), apartado 20.
13      Sentencia de 7 de julio de
2005, Le Pen/Parlamento (C‑208/03 P, EU:C:2005:429), apartado
40, con cita de jurisprudencia.
14      Apartado
21 del recurso de casación.
15      Apartado
28 del recurso de casación, con cita de la sentencia del Tribunal General de 12 de enero de
2022, Verelst/Consejo (T-647/20,
EU:T:2022:5), apartado 122.
16      El funcionamiento de este Comité se disciplina en el anexo de la Decisión de Ejecución
2018/1696. Según el punto VI.2 de ese anexo, el Comité de selección examinará las candidaturas de los candidatos designados a la luz de los requisitos establecidos en el artículo
16, apartado
1, del Reglamento
2017/1939. Sobre la base de las conclusiones extraídas a partir de los exámenes de las candidaturas y las audiencias de los candidatos, el Comité emitirá un dictamen motivado sobre sus cualificaciones para el ejercicio de las funciones de fiscal europeo e indicará expresamente si un candidato cumple o no los requisitos previstos en el artículo
16, apartado
1, del Reglamento
2017/1939 (punto VII.2, párrafo primero). En el caso de que los candidatos designados no cumplan dichos requisitos, el Comité encargará al Estado miembro de que se trate que designe un número correspondiente de nuevos candidatos (punto VII.2, párrafo segundo). Por último, el Comité clasificará a los candidatos en función de sus cualificaciones y experiencia, indicando un orden de preferencia sin carácter vinculante (punto VII.2, párrafo tercero).
17      Sentencia Berlusconi y Fininvest, apartado 45.
18      Sentencia Berlusconi y Fininvest, apartado 46.
19      Sentencia de 29 de enero de 2020, GAEC Jeanningros (C‑785/18, EU:C:2020:46), apartado 25: «habida cuenta del poder decisorio de que disponen las autoridades nacionales en el mencionado sistema de reparto de competencias [en el marco del procedimiento de registro de una denominación
de origen protegida], corresponde únicamente a los tribunales nacionales pronunciarse sobre la legalidad de los actos adoptados por aquellas autoridades, tales como los actos que se refieren a la solicitud de registro de una denominación, que constituye una etapa necesaria del procedimiento de adopción de un acto de la Unión, puesto que, en relación con tal acto, las instituciones de la Unión solo disponen de un margen de apreciación limitado o incluso inexistente».
20      Este era el marco en el que se dictó la sentencia Berlusconi y Fininvest.
21      Apartado
39 del auto recurrido.
22      Apartado
6 del escrito de réplica.
23      Punto VII.2, párrafo segundo, del anexo de la Decisión de Ejecución
2018/1696.
24      Sería el caso de que un Estado miembro limitara su propuesta a «personas que, además de poseer los conocimientos requeridos, tuvieran, por ejemplo, la cualidad de jardineros» (apartado
24 del recurso de casación); propusiera a «simples juristas o abogados que no fueran miembros del Ministerio Fiscal o de la judicatura» (apartado
25 del recurso de casación); realizara «una subasta para elegir al candidato o candidata […]» (apartado
4 del escrito de réplica); o, en fin, hiciera una convocatoria de candidaturas que incurriera en discriminación por razón de sexo (loc. ult. cit.).
25      La ilegalidad de la que (supuestamente) adolecería el procedimiento griego de selección de los fiscales europeos nada tiene que ver con las circunstancias que YS ejemplifica en su recurso de casación. Ni se han privilegiado las candidaturas de jardineros, ni se han permitido las de abogados, ni los cargos han salido a subasta, ni consta que se haya discriminado a nadie por razón de sexo.
26      Asunto C‑119/23 (EU:C:2024:653); en lo sucesivo, «sentencia Valančius».
27      Sentencia Valančius, apartado 29.
28      Sentencia Valančius, apartado 38.
29      Estas hipótesis se adentran, una vez más, en un terreno ajeno al presente recurso de casación.
30      Apartado 41 del recurso de casación.
31      El apartado 42 del auto recurrido cita los apartados 30 y 31 del auto del Tribunal General de 17 de diciembre de 2020, IM/BEI y FEI (T-80/20, EU:T:2020:636) que, a su vez, se remiten a los apartados 134 y 135 de la sentencia de 13 de septiembre de 2011, Dredging International y Ondernemingen Jan de Nul/EMSA (T‑8/09, EU:T:2011:461). En el apartado 134 de esta última sentencia se lee: «cuando la oferta de un licitador es rechazada antes de la fase que precede a la decisión de adjudicación del contrato, de modo que no se ha comparado con otras ofertas, la existencia de un interés por parte del licitador de que se trate en ejercitar la acción contra la decisión de adjudicación del contrato está subordinada a la anulación de la decisión de rechazar su oferta. En efecto, sólo en caso de que se anule esta última decisión la anulación de la decisión de adjudicación del contrato podrá tener, en su caso, consecuencias jurídicas para el licitador cuya oferta fue rechazada antes de la fase que precede a la decisión de adjudicación del contrato y procurarle un beneficio, al suprimir una decisión adoptada al término de una comparación que no incluyó, equivocadamente, su oferta».