Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ATHANASIOS RANTOS
presentadas el 5 de junio de 2025 (1)
Asunto C‑743/23
A
contra
GKV-Spitzenverband,
con intervención de:
Moguntia Food Group AG
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Landessozialgericht für das Saarland (Tribunal Regional de lo Social del Sarre, Alemania)]
« Procedimiento prejudicial — Trabajadores migrantes — Seguridad social — Legislación aplicable — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 13, apartado 1, letras a) y b), inciso i) — Reglamento (CE) n.º 987/2009 — Artículo 14, apartado 8 — Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra — Anexo II — Artículo 1, apartado 2 — Persona que ejerce normal y simultáneamente una actividad por cuenta ajena en Alemania, en Suiza y, respecto de una parte cuantitativamente mayoritaria, en terceros Estados — Criterios de vinculación — Concepto de “parte sustancial de la actividad” — Consideración de las actividades ejercidas en terceros Estados — Aplicabilidad de la legislación del Estado miembro en el que se encuentra el domicilio social del empleador »
I.      Introducción
1.        A (en lo sucesivo, «demandante»), que residía en Alemania, en donde trabajaba normalmente diez días y medio por trimestre, fue contratado por la sociedad Moguntia Food Group AG, cuyo domicilio social está situado en Suiza. También trabajaba normalmente diez días y medio por trimestre en dicho Estado, aun cuando desempeñaba una parte cuantitativamente mayoritaria de su trabajo en terceros Estados distintos de la Confederación Suiza.
2.        En esta situación, se plantea la cuestión de qué legislación de seguridad social era aplicable al demandante. A este respecto, ¿deben considerarse las actividades ejercidas en terceros Estados para determinar si realizaba en su Estado miembro de residencia una «parte sustancial» de sus actividades por cuenta ajena, en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 883/2004, (2) en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 465/2012 (3) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 883/2004»), y del artículo 14, apartado 8, del Reglamento (CE) n.º 987/2009, (4) en su versión modificada por el Reglamento n.º 465/2012 (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 987/2009»)? Esta es, en esencia, la cuestión que ha planteado el Landessozialgericht für das Saarland (Tribunal Regional de lo Social del Sarre, Alemania).
3.        La petición de decisión prejudicial se ha presentado en el marco de un litigio entre el demandante y el Spitzenverband Bund der Krankenkassen (en lo sucesivo, «GKV‑Spitzenverband»), que es la institución alemana designada para determinar la legislación de seguridad social aplicable cuando la actividad se ejerce normalmente en dos o más Estados miembros, en relación con su decisión de que la legislación alemana era aplicable a la relación laboral entre el demandante y Moguntia Food Group.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho internacional
4.        La Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, firmaron, el 21 de junio de 1999, siete acuerdos, entre los que figuraba el Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas. (5) Mediante la Decisión 2002/309/CE, (6) estos siete acuerdos fueron aprobados en nombre de la Comunidad Europea y entraron en vigor el 1 de junio de 2002.
5.        A tenor de la exposición de motivos de este Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas, en su versión modificada por la Decisión n.º 1/2012 (7) (en lo sucesivo, «ALCP»), las partes contratantes están «decidid[a]s a hacer efectiva entre ellas la libre circulación de personas, apoyándose en las disposiciones que se hallan en aplicación en la Comunidad Europea».
6.        El artículo 8 del ALCP, titulado «Coordinación de los sistemas de seguridad social», dispone, en su letra b):
«Las Partes Contratantes, de acuerdo con el Anexo II, regularán la coordinación de los sistemas de seguridad social con el fin de garantizar en particular:
[…]
b)      la determinación de la legislación aplicable.»
7.        El anexo II del ALCP, que lleva por título «Coordinación de los regímenes de seguridad social», establece, en su artículo 1:
«1.      Las partes contratantes acuerdan aplicar entre ellas, en el ámbito de la coordinación de los regímenes de seguridad social, los actos jurídicos de la Unión Europea a los que se hace referencia o se modifican conforme a lo dispuesto en la sección A del presente anexo, o normas equivalentes.
2.      Se entenderá que el término “Estado(s) miembro(s)” que figura en los actos jurídicos mencionados en la sección A del presente anexo incluye a Suiza, además de a los Estados cubiertos por los actos jurídicos pertinentes de la Unión Europea.»
8.        La sección A de dicho anexo II, titulada «Actos jurídicos a los que se hace referencia», menciona los Reglamentos n.os 883/2004 y 987/2009, en sus versiones modificadas.
B.      Derecho de la Unión
1.      Reglamento n.º 883/2004
9.        El artículo 1 del Reglamento n.º 883/2004, titulado «Definiciones», dispone, en su letra a):
«Para los fines del presente Reglamento se entiende por:
a)      “actividad por cuenta ajena”: toda actividad o situación asimilada considerada como tal a efectos de la legislación de seguridad social del Estado miembro en el que se ejerza dicha actividad o se produzca dicha situación.»
10.      En el título I de este Reglamento, que lleva por rúbrica «Disposiciones generales», figura su artículo 2, titulado «Campo de aplicación personal», que tiene, en su apartado 1, el siguiente tenor literal:
«El presente Reglamento se aplicará a las personas nacionales de uno de los Estados miembros y a los apátridas y refugiados residentes en uno de los Estados miembros, que estén o hayan estado sujetas a la legislación de uno o de varios Estados miembros, así como a los miembros de sus familias y a sus supérstites.»
11.      El título II de dicho Reglamento, titulado «Determinación de la legislación aplicable», comprende sus artículos 11 a 16. El artículo 11 del mismo Reglamento, que lleva por título «Normas generales», enuncia, en sus apartados 1 y 3:
«1.      Las personas a las cuales sea aplicable el presente Reglamento estarán sometidas a la legislación de un único Estado miembro. Esta legislación será determinada con arreglo al presente título.
[…]
3.      A reserva de lo dispuesto en los artículos 12 a 16:
a)      la persona que ejerza una actividad por cuenta ajena o propia en un Estado miembro estará sujeta a la legislación de ese Estado miembro;
[…]».
12.      En virtud del artículo 13 del Reglamento n.º 883/2004, titulado «Ejercicio de actividades en dos o más Estados miembros»:
«1.      La persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros estará sujeta:
a)      a la legislación del Estado miembro de residencia, si ejerce una parte sustancial de su actividad en dicho Estado miembro, o
b)      si no ejerce una parte sustancial de su actividad en el Estado miembro de residencia:
i)      a la legislación del Estado miembro en el que tenga su sede o domicilio la empresa o el empleador, cuando la persona solo esté contratada por una empresa o empleador, o
[…]
2.      La persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta propia en dos o más Estados miembros estará sujeta a:
a)      la legislación del Estado miembro de residencia, si ejerce una parte sustancial de su actividad en dicho Estado miembro;
o
b)      la legislación del Estado miembro en el que se encuentra el centro de interés de sus actividades, si no reside en uno de los Estados miembros en los que ejerce una parte sustancial de su actividad.
[…]
4.      La persona empleada como funcionario en un Estado miembro y que ejerza una actividad por cuenta ajena y/o por cuenta propia en otro u otros Estados miembros estará sujeta a la legislación del Estado miembro a la que esté sujeta la administración que l[a] emplea.
[…]»
2.      Reglamento n.º 987/2009
13.      El título II del Reglamento n.º 987/2009, bajo la rúbrica «Determinación de la legislación aplicable», incluye sus artículos 14 a 21. El artículo 14 de este Reglamento, titulado «Precisiones relativas a los artículos 12 y 13 del Reglamento [n.º 883/2004]», establece, en sus apartados 8, 9 y 11:
«8.      A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento [n.º 883/2004], se entenderá que el trabajador ejerce “una parte sustancial de su actividad” por cuenta propia o por cuenta ajena en un Estado miembro si ejerce en él una parte cuantitativamente importante del conjunto de sus actividades por cuenta propia o ajena, sin que se trate necesariamente de la mayor parte de esas actividades.
Para determinar si una parte sustancial de la actividad se ejerce en un Estado miembro se tendrá en cuenta la siguiente lista indicativa de criterios:
a)      en el caso de las actividades asalariadas, el tiempo de trabajo o la remuneración, y
b)      en el caso de las actividades por cuenta propia, el volumen de negocios, el tiempo de trabajo, el número de servicios prestados o los ingresos.
En el contexto de una evaluación global, el hecho de alcanzar un porcentaje inferior al 25 % para los criterios antes mencionados será un indicador de que una parte sustancial de las actividades no se ejerce en el Estado miembro de que se trate.
9.      A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartado 2, letra b), del Reglamento [n.º 883/2004], el “centro de interés” de las actividades de un trabajador por cuenta propia se determinará teniendo en cuenta todos los aspectos de sus actividades profesionales y, en particular, el lugar donde se encuentre la sede fija y permanente de las actividades del interesado, el carácter habitual o la duración de las actividades que ejerza, el número de servicios prestados y la voluntad del interesado, según se desprenda de todas las circunstancias.
[…]
11.      Cuando una persona ejerza su actividad asalariada en dos o más Estados miembros por cuenta de un empleador establecido fuera del territorio de la Unión y resida en un Estado miembro sin ejercer en él una actividad sustancial, quedará sujeta a la legislación del Estado miembro de residencia.»
III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
14.      El demandante, que residía en Alemania, fue contratado como técnico alimentario por la sociedad Moguntia Food Group, ubicada en Suiza, con el fin de ejercer una actividad de técnico de exportación, durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020. Esta actividad consistía en visitar a clientes y asesorarlos, así como en organizar cursos de formación, seminarios y degustaciones. El demandante trabajaba habitualmente diez días y medio por trimestre en Suiza, diez días y medio por trimestre en Alemania, bajo el régimen de teletrabajo en su domicilio, y, en cuanto a la parte cuantitativamente mayoritaria, en terceros Estados, en los que se encontraban principalmente sus clientes, a saber, en Bielorrusia, Irán, Moldavia, Rusia y Ucrania. Percibía su retribución mensual de forma unitaria y sin prorrateo en función del lugar de realización de sus actividades.
15.      El 19 de noviembre de 2015, el demandante se dirigió al GKV‑Spitzenverband, que, de conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento n.º 987/2009, (8) es la institución designada del lugar de residencia para determinar la legislación aplicable cuando la actividad profesional del interesado se ejerce normalmente en dos o más Estados miembros, indicando que trabajaba por cuenta de Moguntia Food Group y que realizaba menos del 25 % de su actividad en Alemania. El 1 de diciembre de 2015, el demandante suscribió un seguro de enfermedad en Suiza con un organismo de salud. El 16 de diciembre de 2015, le fue concedida una autorización de trabajo fronterizo para Suiza. Mediante escrito de 22 de febrero de 2016, el Amt für Sozialbeiträge des Kantons Basel‑Stadt (Oficina de Cotizaciones Sociales del Cantón de Basilea-Ciudad, Suiza) comunicó al demandante que había recibido su justificante relativo al seguro de enfermedad y que tomaba nota del hecho de que estaba afiliado en Suiza al seguro obligatorio previsto en la Bundesgesetz über die Krankenversicherung (Ley Federal Suiza sobre el Seguro de Enfermedad), de 18 de marzo de 1994. Esta oficina añadió que, en principio, ya no era posible efectuar un cambio en favor de un seguro obligatorio o privado en el extranjero.
16.      Mediante resolución de 18 de agosto de 2016 (en lo sucesivo, «resolución de 18 de agosto de 2016»), el GKV-Spitzenverband declaró, sobre la base del artículo 13 del Reglamento n.º 883/2004, que la legislación de seguridad social alemana era aplicable al demandante respecto del período comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de noviembre de 2020 y este organismo le expidió el correspondiente certificado A1, con arreglo al artículo 19, apartado 2, del Reglamento n.º 987/2009. (9) Esta resolución establecía que el demandante ejercía habitualmente su actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros y que efectuaba una parte sustancial de sus actividades en su Estado miembro de residencia, a saber, Alemania. Dicha resolución, también acompañada del certificado A1, fue comunicada a Moguntia Food Group y al Bundesamt für Sozialversicherungen (Oficina Federal de la Seguridad Social, Suiza), así como, a efectos del control de las cotizaciones, a la caja del seguro de enfermedad alemana afectada y al régimen obligatorio del seguro de accidentes alemán.
17.      Mediante resolución de 18 de diciembre de 2020, el GKV-Spitzenverband desestimó la reclamación interpuesta por el demandante contra la resolución de 18 de agosto de 2016, señalando, en particular, que los Reglamentos n.os 883/2004 y 987/2009 eran aplicables a los hechos del caso de autos y que, habida cuenta del ámbito de aplicación geográfico de estos, procedía tener en cuenta únicamente los períodos de trabajo efectuados por el demandante en Alemania y en Suiza, lo que implicaba que ejercía una parte sustancial de sus actividades en el Estado miembro en el que residía. El 28 de diciembre de 2020, el demandante interpuso un recurso contra esta resolución de 18 de diciembre de 2020 ante el Sozialgericht für das Saarland (Tribunal de lo Social del Sarre, Alemania) alegando, en concreto, que, a los efectos de determinar si ejercía una parte sustancial de sus actividades en su Estado miembro de residencia, era preciso basarse en su actividad por cuenta ajena en su totalidad y, por tanto, también en sus actividades efectuadas en terceros Estados. Mediante sentencia de primera instancia de 4 de agosto de 2022, ese tribunal anuló la resolución de 18 de agosto de 2016 y condenó al GKV-Spitzenverband a determinar que, con arreglo al artículo 13 del Reglamento n.º 883/2004, en relación con el artículo 16 del Reglamento n.º 987/2009, la legislación de seguridad social suiza era aplicable a la actividad por cuenta ajena ejercida por el demandante en Moguntia Food Group. A este respecto, dicho tribunal señaló, en particular, que el demandante solo trabajaba diez días y medio por trimestre en Alemania, es decir, apenas un sexto de su tiempo de trabajo trimestral, y que este período no podía considerarse como una «parte sustancial» de sus actividades, en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004 y del artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.º 987/2009. Según el mismo tribunal, el Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado en este sentido en la sentencia INAIL e INPS.
(10)
18.      El 6 de septiembre de 2022, el GKV-Spitzenverband interpuso un recurso de apelación contra esta sentencia de primera instancia ante el Landessozialgericht für das Saarland (Tribunal Regional de lo Social del Sarre), el tribunal remitente, solicitando su anulación, sobre la base, en particular, de que la legislación aplicable se refiere exclusivamente a las actividades ejercidas en el marco del ámbito de aplicación de los Reglamentos n.os 883/2004 y 987/2009 y que si, en el contexto del artículo 13 del primer Reglamento, el legislador de la Unión hubiera querido que se tuvieran en cuenta las actividades ejercidas en terceros Estados, se habrían adoptado normas a tal efecto. Además, a su entender, la sentencia INAIL e INPS no es pertinente en el presente asunto, dado que se refiere a la situación concreta del personal de vuelo y no indica que las personas afectadas hayan ejercido una actividad en un Estado en el que el Reglamento n.º 883/2004 no sea aplicable.
19.      El tribunal remitente subraya que la cuestión de saber en qué Estado miembro estaba sujeto el demandante a la obligación de afiliación al seguro de enfermedad durante el período controvertido depende de la interpretación correcta del artículo 13 del Reglamento n.º 883/2004 y del artículo 14 del Reglamento n.º 987/2009. Habida cuenta de que el demandante percibía su retribución mensual de forma unitaria y sin prorrateo en función del lugar de realización de sus actividades, su retribución no proporciona ninguna indicación de que haya ejercido una parte sustancial de sus actividades en Alemania. En consecuencia, a su juicio, su tiempo de trabajo tiene una importancia crucial y, a este respecto, de los aproximadamente sesenta y cinco días de actividad por trimestre, trabajó diez días y medio (aproximadamente el 16 % de su tiempo de trabajo) en Alemania, donde reside, otros diez días y medio (es decir, la misma proporción) en Suiza y los días restantes en terceros Estados (esto es, aproximadamente el 68 % de su tiempo de trabajo).
20.      El citado tribunal expone que, en el supuesto de que proceda basarse en el tiempo de trabajo total del demandante, es decir, teniendo en cuenta sus actividades en terceros Estados, desestimaría el recurso de apelación del GKV‑Spitzenverband. En efecto, en este caso, la parte de la actividad por cuenta ajena del demandante en Alemania sería inferior al 25 % de su tiempo de trabajo y, en consecuencia, no constituiría una «parte sustancial» de sus actividades, en el sentido del artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.º 987/2009, lo que implicaría que le sería aplicable la legislación suiza. En ese caso, el demandante también podría exigir que el GKV-Spitzenverband declarara la aplicabilidad de esta legislación, con arreglo al artículo 16, apartado 2, primera frase, de ese Reglamento. En cambio, en el supuesto de que únicamente deba tenerse en cuenta la actividad del demandante en los Estados miembros, la parte de su actividad en Alemania ascendería al 50 % de su tiempo de trabajo y, por tanto, constituiría una parte sustancial de sus actividades, con la consecuencia de que estaría sujeto a la legislación alemana.
21.      Según dicho tribunal, el Tribunal de Justicia aún no se ha pronunciado claramente sobre la cuestión de si, para determinar si se ejerce una parte sustancial de la actividad en el Estado miembro de residencia, procede basarse en la totalidad de esas actividades, incluidas las que se efectúan en terceros Estados. En particular, la sentencia INAIL e INPS, así como dos sentencias citadas por el GKV-Spitzenverband, a saber, las sentencias Inspecteur van de Belastingdienst (11) y Finanzamt Österreich (Subsidios familiares para cooperantes), (12) se refieren a otros supuestos distintos del que constituye el objeto del presente asunto.
22.      En estas condiciones, el Landessozialgericht für das Saarland (Tribunal Regional de lo Social del Sarre) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 13, apartado 1, del Reglamento [n.º 883/2004], en relación con el artículo 14, apartado 8, del Reglamento [n.º 987/2009], en el sentido de que, para determinar si una parte sustancial de la actividad se ejerce en un Estado miembro, deben tenerse en cuenta todas las actividades del trabajador, incluida su actividad en terceros países?
2)      ¿O debe interpretarse el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, en relación con el artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.º 987/2009, en el sentido de que, para determinar si una parte sustancial de la actividad se ejerce en un Estado miembro, solo deben tenerse en cuenta las actividades ejercidas por el trabajador en Estados miembros?»
23.      El demandante, el GKV-Spitzenverband, Moguntia Food Group, los Gobiernos alemán y belga, así como la Comisión Europea, han presentado observaciones escritas al Tribunal de Justicia. Estas partes y el Gobierno francés han formulado observaciones orales en la vista celebrada el 5 de marzo de 2025.
IV.    Apreciación
24.      Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que deben ser examinadas de forma conjunta, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, en relación con el artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.º 987/2009, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si una persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros está sujeta a la legislación de seguridad social de su Estado miembro de residencia, el concepto de «parte sustancial de la actividad», en el sentido de estas disposiciones, implica tomar en consideración todas las actividades de dicha persona, incluidas las efectuadas en terceros Estados, o solamente las actividades que realiza en los Estados miembros.
25.      Como observación previa, debo recordar que las disposiciones del título II del Reglamento n.º 883/2004, en el que se integra su artículo 13, apartado 1, constituyen, de acuerdo con una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, un sistema completo y uniforme de normas de conflicto de leyes. Estas disposiciones tienen por finalidad no solo evitar la aplicación simultánea de varias legislaciones nacionales y las complicaciones que pueden resultar de ello, sino también impedir que las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento se vean privadas de protección en materia de seguridad social, a falta de legislación que les sea aplicable. Así pues, cuando una persona está comprendida en el ámbito de aplicación personal de dicho Reglamento, tal como se define en su artículo 2, le es aplicable, en principio, la regla de unicidad formulada en el artículo 11, apartado 1, del referido Reglamento y la legislación nacional aplicable se determina con arreglo a las disposiciones del título II del Reglamento n.º 883/2004. A estos efectos, el artículo 11, apartado 3, letra a), de este Reglamento sienta el principio de que la persona que ejerce una actividad por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro está sometida a la legislación de ese Estado. Sin embargo, este principio se formula «a reserva de lo dispuesto en los artículos 12 a 16» de dicho Reglamento. En efecto, en determinadas situaciones particulares, existe el riesgo de que la aplicación pura y simple de la norma general del artículo 11, apartado 3, letra a), del mismo Reglamento no evite, sino, al contrario, origine, tanto para el trabajador como para el empresario y los organismos de seguridad social, complicaciones administrativas que podrían tener como efecto obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas a quienes se aplica el Reglamento n.º 883/2004. (13)
26.      Entre estas situaciones particulares, figura la contemplada en el artículo 13, apartado 1, letras a) y b), inciso i), de este Reglamento, según la cual la persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros está sujeta a la legislación del Estado miembro de residencia, si ejerce una parte sustancial de su actividad en dicho Estado miembro, o, si no ejerce en dicho Estado una parte sustancial de su actividad, a la legislación del Estado miembro en el que tenga su sede o domicilio la empresa o el empleador, cuando la persona solo esté contratada por una empresa o empleador. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que únicamente puede considerarse que una persona está comprendida en el ámbito de aplicación del citado artículo 13 cuando ejerza habitualmente actividades significativas en el territorio de dos o más Estados miembros. (14)
27.      El artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.º 987/2009 dispone que, a los efectos de la aplicación del artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 883/2004, se entenderá que el trabajador ejerce una «parte sustancial» de su actividad por cuenta propia o por cuenta ajena en un Estado miembro si ejerce en él una parte «cuantitativamente importante» del conjunto de sus actividades por cuenta propia o ajena, sin que se trate necesariamente de la mayor parte de esas actividades. Este artículo 14, apartado 8, precisa que, para determinar si una parte sustancial de la actividad se ejerce en un Estado miembro, se tendrán en cuenta, en el caso de las actividades asalariadas, los criterios indicativos constituidos por el tiempo de trabajo o la remuneración y que, en el contexto de una evaluación global, el hecho de alcanzar un porcentaje inferior al 25 % para estos criterios será un indicador de que una parte sustancial de las actividades no se ejerce en el Estado miembro de que se trate.
28.      En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que, durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, el demandante residía en Alemania y trabajaba habitualmente diez días y medio por trimestre en este Estado miembro, bajo la modalidad de teletrabajo en su domicilio, diez días y medio por trimestre en Suiza, donde se situaba el domicilio social de su empleador, y, en cuanto al resto, en terceros Estados. En este contexto, el tribunal remitente se pregunta si el demandante estaba sujeto a la legislación de seguridad social alemana o bien a la suiza.
29.      A este respecto, debo señalar que, a tenor del artículo 8 del ALCP, las Partes contratantes, de acuerdo con su anexo II, regularán la coordinación de los sistemas de seguridad social con el fin de garantizar, en particular, la determinación de la legislación aplicable. Este anexo II establece, en su artículo 1, apartado 2, que «se entenderá que el término “Estado(s) miembro(s)” que figura en los actos jurídicos mencionados en la sección A del presente anexo incluye a Suiza, además de a los Estados cubiertos por los actos jurídicos pertinentes de la Unión Europea». Pues bien, esta sección A establece la aplicación, entre las Partes contratantes, de los Reglamentos n.os 883/2004 y 987/2009. Por consiguiente, a los efectos del presente asunto, no debe considerarse a la Confederación Suiza como un tercer Estado, sino como un Estado miembro.
30.      Asimismo, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la mera circunstancia de que las actividades de un trabajador se ejerzan fuera del territorio de la Unión no basta para excluir la aplicación de las normas de la Unión sobre la libre circulación de los trabajadores, y en particular del Reglamento n.º 883/2004, siempre que la relación laboral conserve una vinculación suficientemente estrecha con ese territorio. Existe tal vinculación, en particular, si un ciudadano de la Unión, residente en un Estado miembro, ha sido contratado por una empresa establecida en otro Estado miembro por cuenta de la cual ejerce sus actividades. (15) Asimismo, la aplicación del sistema de normas de conflicto de leyes establecido por este Reglamento depende únicamente de la situación objetiva en la que se encuentre el trabajador interesado y del conjunto de las circunstancias de su ocupación. (16)
31.      Habida cuenta de que el demandante ejerció su actividad en dos Estados miembros, a saber, Alemania y Suiza, y dado que la Confederación Suiza está asimilada a un Estado miembro, el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, en relación con el artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.º 987/2009, determina la legislación de seguridad social que le es aplicable.
32.      Según se desprende del artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.º 987/2009, es obligatorio tener en cuenta el tiempo de trabajo y/o la remuneración. (17) En este caso concreto, como ha especificado el tribunal remitente, el demandante percibía su retribución mensual de forma unitaria y sin prorrateo en función del lugar de realización de sus actividades. Dado que ese tribunal no menciona otros criterios que pudieran tenerse en cuenta, la legislación a la que estaba sujeto el demandante debe determinarse sobre la base de su tiempo de trabajo. Según los cálculos de dicho tribunal, teniendo en cuenta que existen aproximadamente sesenta y cinco días de actividad por trimestre, las actividades del demandante en Alemania representaban aproximadamente el 16 % de su tiempo de trabajo si se toman en consideración las efectuadas en los terceros Estados, mientras que si se excluyen estas últimas, efectuaba el 50 % de su tiempo de trabajo en Alemania, habida cuenta de su trabajo en Suiza.
33.      Considero que se desprende tanto del tenor literal del Reglamento n.º 987/2009 como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que debe tomarse en consideración la totalidad de las actividades de un trabajador por cuenta ajena, incluidas las ejercidas en terceros Estados.
34.      En efecto, en cuanto al tenor literal del Reglamento n.º 987/2009, su artículo 14, apartado 8, párrafo primero, dispone que procede referirse al conjunto de las actividades del trabajador. Por consiguiente, esta disposición no se refiere únicamente a las actividades realizadas en Estados miembros. Además, el párrafo tercero de esta disposición precisa que, en el caso de una actividad asalariada, «en el contexto de una evaluación global, el hecho de alcanzar un porcentaje inferior al 25 % para los criterios [del tiempo de trabajo o de la remuneración] será un indicador de que una parte sustancial de las actividades no se ejerce en el Estado miembro de que se trate». De este modo, dicha disposición prevé, en unas circunstancias como las del litigio principal, en las que la remuneración no constituye un criterio pertinente, que la legislación del Estado miembro de residencia de un trabajador se aplique a este únicamente cuando efectúe más del 25 % de su tiempo de trabajo en dicho Estado miembro. Asimismo, según la misma disposición, es preciso realizar una evaluación global para determinar si una parte sustancial de la actividad se ejerce en el referido Estado miembro. El artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.º 987/2009 no establece a este respecto ninguna distinción dependiendo de si las actividades se realizan en un Estado miembro o en un tercer Estado. Por lo tanto, el método adoptado por este Reglamento se concentra en la parte de la actividad ejercida en el Estado miembro de residencia, entre el conjunto de las actividades del trabajador de que se trate, y en comprobar si alcanza al menos un 25 %, sin que sea preciso examinar si las demás partes de las actividades se desarrollan en un Estado miembro o en un tercer Estado.
35.      Esta interpretación se ve corroborada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la determinación de la legislación de seguridad social aplicable en el marco de los Reglamentos n.os 883/2004 y 987/2009. Ciertamente, como ha señalado el tribunal remitente, esta jurisprudencia no versa directamente sobre la cuestión planteada en el presente asunto. Sin embargo, proporciona indicaciones sobre el método a seguir cuando una persona trabaje normal y simultáneamente en dos o más Estados miembros y en terceros Estados.
36.      Así pues, en primer lugar, debo observar que, si bien el Reglamento n.º 883/2004, conforme a su considerando 3, tenía como objetivo modernizar y simplificar las normas de coordinación de las legislaciones nacionales de seguridad social, conservó los mismos objetivos que figuraban en el Reglamento (CEE) n.º 1408/71. (18) A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que de la lógica y del sistema de este Reglamento se desprende que el criterio del «lugar de ejercicio» de la actividad por cuenta ajena o por cuenta propia del trabajador es el criterio principal para designar la única legislación aplicable y que no deben establecerse excepciones a este criterio sino en situaciones específicas, mediante criterios subsidiarios de conexión, tales como el Estado de residencia del trabajador, el Estado del domicilio social de la empresa que lo emplea, el lugar donde radique una sucursal o representación permanente de esta, o el lugar de la actividad principal del trabajador. (19) Pues bien, según el Tribunal de Justicia, debe entenderse que el concepto de «lugar de ejercicio» de una actividad designa el lugar concreto en el que la persona de que se trata realiza los actos relacionados con esa actividad. (20) Por ello, con el fin de determinar a qué legislación de seguridad social está sometido el trabajador, hay que examinar su situación real y así tener en cuenta el conjunto de las actividades que efectúa, con independencia del lugar de ejercicio de estas. Dicho de otro modo, considerar únicamente las actividades ejercidas en Estados miembros crearía una ficción jurídica alejada de la realidad de la actividad realizada en el Estado miembro de residencia, a saber, el 16 % de su tiempo de trabajo efectivo.
37.      En segundo lugar, en la sentencia INAIL e INPS, que el demandante invoca en apoyo de su argumentación, el Tribunal de Justicia examinó, en las circunstancias de ese caso de autos, qué legislación de seguridad social era aplicable al personal de vuelo de una compañía aérea. A este respecto, en el apartado 64 de esta sentencia, el Tribunal de Justicia señaló que la resolución de remisión no contenía información sobre la remuneración de los trabajadores de que se trataba y que, por lo que respectaba al tiempo de trabajo de estos, el órgano jurisdiccional remitente había indicado que, durante los períodos controvertidos, esos trabajadores residían en Italia y efectuaban cuarenta y cinco minutos de su jornada diaria en el territorio de ese Estado miembro, más concretamente en el local destinado a acoger a la tripulación situado en un aeropuerto, y, el resto del tiempo, a bordo de las aeronaves de la compañía aérea. El Tribunal de Justicia dedujo de ello que, sin perjuicio de la determinación del tiempo de trabajo diario total de dichos trabajadores, no parecía que al menos el 25 % del tiempo de trabajo de estos se efectuase en su Estado miembro de residencia. (21) Por consiguiente, el Tribunal de Justicia procedió como se ha indicado en el punto 34 de las presentes conclusiones, a saber, concentrándose en la parte de la actividad ejercida en Italia, sin examinar si las restantes partes del tiempo de trabajo se habían efectuado en Estados miembros o en terceros Estados. En efecto, para llegar a la conclusión de que la legislación del Estado miembro de residencia no es aplicable, basta con constatar que el porcentaje de la actividad realizada en dicho Estado es inferior al 25 % del total de las actividades. En otros términos, como ha señalado Moguntia Food Group en sus observaciones escritas, de la sentencia INAIL e INPS se desprende que es preciso averiguar únicamente qué parte de las actividades se ejerce en el Estado miembro de residencia y qué parte se realiza fuera de este.
38.      Al igual que el tribunal remitente, opino que las sentencias Inspecteur van de Belastingdienst (22) y Finanzamt Österreich (Subsidios familiares para cooperantes) (23) no parecen pertinentes para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas en la medida en que, a diferencia del asunto principal, los trabajadores afectados trabajaban únicamente en terceros Estados y no estaban comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 13 del Reglamento n.º 883/2004. Por otro lado, la sentencia Sozialversicherungsanstalt, (24) mencionada en la vista por el GKV-Spitzenverband, el Gobierno francés y la Comisión, se refería, a su vez, a cómo aplicar el ALCP y el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, (25) en su versión modificada por el Acuerdo sobre la Participación de la República de Bulgaria y Rumanía en el Espacio Económico Europeo, (26) en la situación en la que un ciudadano de la Unión, que ejerce actividades profesionales por cuenta propia simultáneamente en un Estado miembro de la Unión y en un Estado de la Asociación Europea de Libre Comercio que es parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, inicia una actividad profesional adicional por cuenta propia en Suiza. Así pues, la cuestión no era la consideración de las actividades ejercidas en Estados terceros para determinar si una parte sustancial de las actividades se ejerce en un Estado miembro, sino la delimitación del ámbito de aplicación de tales acuerdos.
39.      Con arreglo al artículo 13, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.º 883/2004, si la persona de que se trata no ejerce una parte sustancial de su actividad en el Estado miembro de residencia, está sujeta a la legislación del Estado miembro en el que tenga su sede o domicilio la empresa o el empleador.
40.      Quisiera añadir que considerar las actividades efectuadas en terceros Estados no invalida en modo alguno la regla general según la cual un trabajador que ejerza actividades en varios Estados miembros está siempre sometido a la legislación de un Estado miembro. En efecto, si el domicilio social del empleador se sitúa en un tercer Estado, resulta expresamente del artículo 14, apartado 11, del Reglamento n.º 987/2009 que, «cuando una persona ejerza su actividad asalariada en dos o más Estados miembros por cuenta de un empleador establecido fuera del territorio de la Unión y resida en un Estado miembro sin ejercer en él una actividad sustancial, quedará sujeta a la legislación del Estado miembro de residencia».
41.      Ninguno de los elementos alegados por el GKV-Spitzenverband o por los Gobiernos alemán, belga y francés puede poner en entredicho la interpretación según la cual, en un caso como el del demandante, la legislación de seguridad social aplicable debe determinarse tomando en consideración el conjunto de las actividades ejercidas, incluidas las realizadas en terceros Estados.
42.      En efecto, en primer término, el GKV-Spitzenverband y los Gobiernos alemán, belga y francés alegan que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004 se basa explícitamente en el supuesto de una persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros. De este modo, según el artículo 1, letra a), de este Reglamento, la definición de la expresión «actividad por cuenta ajena» implica que este concepto siempre se encuentre vinculado a una actividad en un Estado miembro. Además, consideran que no existe una actividad por cuenta ajena habitual en dos o más Estados miembros cuando una persona ejerce su actividad en un Estado miembro y en un tercer Estado. Por consiguiente, el artículo 13 de dicho Reglamento no cubre las actividades efectuadas en terceros Estados y no debe tenerse en cuenta el tiempo de trabajo dedicado a las actividades en dichos Estados a la hora de apreciar si se ejerce una parte sustancial de la actividad por cuenta ajena en el Estado miembro de residencia. Sin embargo, en el presente caso, no se discute que el demandante «ejer[ce] normalmente» una actividad por cuenta ajena en un Estado miembro, a saber, la República Federal de Alemania, y en un Estado asimilado a un Estado miembro, a saber, la Confederación Suiza. Tampoco cabe duda de que el demandante trabaja por cuenta y bajo la dirección de un empleador cuyo domicilio social está situado en Suiza. De ello resulta que este artículo 13, apartado 1, es aplicable a la situación del demandante, aun cuando haya trabajado mayoritariamente en terceros Estados, como se confirma en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el punto 30 de las presentes conclusiones, sin que esta disposición establezca que las actividades efectuadas en terceros Estados deban excluirse a la hora de determinar la legislación aplicable.
43.      En segundo término, las partes sostienen que el objetivo perseguido por el artículo 13 del Reglamento n.º 883/2004 es someter a la persona afectada a la legislación del Estado miembro con el que mantiene los vínculos más estrechos y que este objetivo podría verse comprometido si se tomaran en consideración las actividades ejercidas en terceros Estados. Es cierto que tal consideración, únicamente a los efectos del cálculo del porcentaje de las actividades del trabajador realizadas en los diferentes Estados miembros afectados, conduce de facto a reducir la parte cuantitativa de las actividades efectuadas en el Estado miembro de residencia, lo que favorece la aplicación de la legislación del Estado miembro del domicilio social del empleador. Sin embargo, según los propios términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del Reglamento n.º 1408/71, la aplicación de la legislación del Estado miembro de residencia del trabajador es una norma accesoria que entra en juego únicamente cuando dicha legislación tiene alguna vinculación con la relación laboral. (27) Por consiguiente, esta norma constituye una excepción a la regla general consistente en aplicar la legislación del Estado miembro del lugar de actividad. En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia ha reconocido el carácter excepcional de la vinculación al Estado miembro de residencia. (28) Esta interpretación se aplica por analogía al Reglamento n.º 883/2004, en el bien entendido de que el artículo 14, apartado 8, párrafo tercero, del Reglamento n.º 987/2009 ha precisado la parte cuantitativa necesaria para establecer este vínculo de conexión. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con la alegación del Gobierno alemán según la cual la aplicabilidad del Derecho del Estado miembro de residencia constituye el punto de partida de las normas de conflicto establecidas en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004.
44.      En tercer término, según el GKV-Spitzenverband y los Gobiernos alemán y francés, aun suponiendo que, en el marco del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, se considerasen las actividades por cuenta ajena ejercidas en terceros Estados, no podría ser así en lo referente al apartado 2 de este artículo, relativo a las actividades por cuenta propia. En efecto, en tal caso, habida cuenta del tenor literal del artículo 13, apartado 2, letra b), de este Reglamento y del hecho de que no existe una norma similar en el artículo 14, apartado 11, del Reglamento n.º 987/2009 respecto de las actividades por cuenta propia, no estaría clara la cuestión de a qué legislación de seguridad social quedaría sujeto el trabajador por cuenta propia. Con respecto a este argumento, debo señalar que las normas aplicables a los trabajadores por cuenta ajena y a los trabajadores por cuenta propia son diferentes, de manera que la solución adoptada para los primeros no puede aplicarse por analogía a los segundos. En cuanto a estos últimos, el artículo 13, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 883/2004 dispone que la persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta propia en dos o más Estados miembros estará sujeta a la legislación del Estado miembro en el que se encuentra el centro de interés de sus actividades, si no reside en uno de los Estados miembros en los que ejerce una parte sustancial de su actividad. También en este caso, esta disposición lleva expresamente a designar la legislación de seguridad social de un Estado miembro y no la de un tercer Estado. Además, a tenor del artículo 14, apartado 9, del Reglamento n.º 987/2009, el «centro de interés» de las actividades de un trabajador por cuenta propia, en el sentido del artículo 13, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 883/2004, se determinará teniendo en cuenta todos los aspectos de sus actividades profesionales y, en particular, el lugar donde se encuentre la sede fija y permanente de las actividades del interesado, el carácter habitual o la duración de las actividades que ejerza, el número de servicios prestados y la voluntad del interesado, según se desprenda de todas las circunstancias. Por consiguiente, se trata de una apreciación de hecho, que no puede modificarse dependiendo de si las actividades ejercidas en los terceros Estados se consideran o no para calcular el porcentaje de las actividades ejercidas en el Estado miembro de residencia.
45.      En cuarto término, las partes estiman que los Reglamentos n.os 883/2004 y 987/2009 establecen mecanismos de información y de cooperación para garantizar la buena aplicación de sus disposiciones, concretamente en el artículo 76 del Reglamento n.º 883/2004. (29) Sin embargo, a su entender, la obligación de cooperación leal solo existe entre los Estados miembros y la información, por ejemplo sobre el tiempo de trabajo o el domicilio del empleador que necesita la institución competente para determinar la legislación aplicable, no puede obtenerse de terceros Estados o comprobarse ante ellos, lo que crea un riesgo de abusos. A este respecto, quisiera recordar que, en virtud de estos Reglamentos, la legislación de seguridad social aplicable será siempre la de un Estado miembro. En estas condiciones, aun suponiendo que la consideración de las actividades ejercidas en terceros Estados dé lugar a la aplicación de la legislación del Estado miembro en el que el empleador tiene su domicilio social, la institución competente de este último Estado y la del Estado miembro de residencia, al igual que el trabajador afectado, están sujetos a una obligación mutua de información y de cooperación. (30) En particular, como destacó la Comisión en la vista, la institución competente del Estado miembro de residencia, en el marco de la evaluación global que debe realizar, puede consultar a la institución del Estado miembro en el que se encuentra el domicilio social del empleador para verificar ante esta la realidad de las prestaciones realizadas por el trabajador en terceros Estados, solicitando, por ejemplo, pruebas tales como títulos de transporte o facturas. Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno belga, la consideración de las actividades ejercidas en un tercer Estado no lleva a que estas actividades vengan definidas por las legislaciones de los terceros Estados en los que se efectúa el trabajo.
46.      En quinto término, el Gobierno belga ilustra su posición con el ejemplo de una persona que reside en un Estado miembro A y que ejerce una actividad por cuenta ajena en los territorios de los Estados miembros B y D. Paralelamente, esta persona pertenece a la fuerza armada de reserva de un tercer Estado en el que lleva a cabo, durante el fin de semana o sus días de vacaciones, misiones activas y acude a cursos de formación en el territorio de dicho Estado tercero. Según este Gobierno, en virtud de su Derecho nacional, el mencionado Estado tercero considerará, por regla general, que estas actividades son de servicio público, lo que, basándose en el artículo 13, apartado 4, del Reglamento n.º 883/2004, llevará a aplicar a dicha persona la legislación de seguridad social de ese Estado tercero. A este respecto, debo señalar que, con arreglo a esta disposición, la persona empleada como funcionario «en un Estado miembro» y que ejerza una actividad por cuenta ajena y/o por cuenta propia en otro u otros Estados miembros estará sujeta a la legislación del Estado miembro a la que esté sujeta la administración que la emplea. Por consiguiente, la citada disposición no puede aplicarse a una persona que sea funcionaria en un tercer Estado.
47.      En sexto término, en la vista, los Gobiernos belga y francés afirmaron que incluir las actividades ejercidas en terceros Estados reforzaría artificialmente, de facto o de iure, al Estado miembro del domicilio social del empleador. El Gobierno francés dio así el ejemplo de un trabajador por cuenta ajena que reside en Francia, mientras que el domicilio social de su empleador se sitúa en Alemania, y que trabaja, además, en Dinamarca y, el resto del tiempo, en terceros Estados. Para este trabajador, la legislación de seguridad social aplicable sería la legislación alemana, aunque pase en dicho país un 0 % de su tiempo de trabajo. Si bien es indudable que un trabajador tiene ciertamente un mejor conocimiento de la legislación de su Estado miembro de residencia, a la vez que domina la lengua utilizada para comunicarse con la institución competente, la lógica que subyace a los Reglamentos n.os 883/2004 y 987/2009, como se ha expuesto, es la de someter al trabajador que ejerza actividades en varios Estados miembros a la legislación del Estado miembro en el que se sitúe el domicilio social de su empleador cuando, como sucede en el asunto principal, no ejerza una parte sustancial de sus actividades en su Estado miembro de residencia. En este sentido, ignorar completamente la mayor parte del tiempo de trabajo, debido únicamente a que se realiza en terceros Estados, contradice el objetivo de estos Reglamentos. Asimismo, considerar que el 16 % del tiempo de trabajo efectuado en el Estado miembro de residencia debe contabilizarse como si representara el 50 % del tiempo total de las actividades ejercidas parece claramente artificial.
48.      Por último, la Comisión, por su lado, estimó, en sus observaciones, que la intención del legislador de la Unión no era dejar completamente al margen las actividades ejercidas en los Estados terceros. Así, dicha institución propuso responder a las cuestiones prejudiciales planteadas en el sentido de que, para examinar si una parte sustancial de la actividad se ejerce en el Estado miembro de residencia, se han de considerar todas las actividades efectuadas por el trabajador de que se trata, incluidas las que se realizan en terceros Estados, siendo así que estas últimas deben imputarse al Estado miembro en el que tenga su domicilio social la empresa que lo emplee, dado que este trabajador ejerce también actividades en el Estado miembro del domicilio de la empresa y efectúa sus actividades en el extranjero en nombre de dicha empresa y según sus instrucciones. Como he indicado en el punto 34 de las presentes conclusiones, la legislación aplicable debe determinarse empezando por examinar qué parte cuantitativamente importante del conjunto de las actividades del trabajador por cuenta ajena se ejerce en el Estado miembro de residencia. Dependiendo de si esta parte es superior o inferior al 25 %, se aplicará bien la legislación del Estado miembro de residencia, bien la del Estado miembro en el que se encuentra el domicilio social del empleador.
49.      Habida cuenta de todo lo anterior, estimo que, para determinar si una persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros está sujeta a la legislación del Estado miembro de residencia, el concepto de «parte sustancial de la actividad» implica considerar el conjunto de las actividades de esta persona, incluidas las efectuadas en terceros Estados, y no únicamente las actividades que realiza en Estados miembros.
50.      De ello resulta que, en el caso de autos, era aplicable al demandante la legislación de seguridad social del Estado asimilado a un Estado miembro en el que se hallaba la sede social de su empleador, esto es, la Confederación Suiza.
V.      Conclusión
51.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Landessozialgericht für das Saarland (Tribunal Regional de lo Social del Sarre, Alemania):
«El artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 465/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, en relación con el artículo 14, apartado 8, del Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento n.º 465/2012,
debe interpretarse en el sentido de que,
para determinar si una persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros está sujeta a la legislación de seguridad social de su Estado miembro de residencia, el concepto de “parte sustancial de la actividad”, en el sentido de estas disposiciones, implica considerar el conjunto de las actividades de esta persona, incluidas las efectuadas en terceros Estados, y no únicamente las actividades que realiza en Estados miembros.»
1      Lengua original: francés.
2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1).
3      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4).
4      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2009, L 284, p. 1).
5      DO 2002, L 114, p. 6.
6      Decisión Euratom del Consejo y de la Comisión en lo que se refiere al Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica, de 4 de abril de 2002, sobre la celebración de siete acuerdos con la Confederación Suiza (DO 2002, L 114, p. 1; corrección de errores en DO 2015, L 210, p. 38).
7      Decisión del Comité mixto establecido en virtud del Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, de 31 de marzo de 2012, por la que se sustituye el anexo II de dicho Acuerdo relativo a la coordinación de los regímenes de seguridad social (DO 2012, L 103, p. 51), que entró en vigor el 1 de abril de 2012.
8      Según esta disposición, «la institución designada del lugar de residencia determinará sin demora la legislación aplicable al interesado, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 13 del Reglamento [n.º 883/2004] y del artículo 14 del Reglamento [n.º 987/2009]. Esa determinación inicial tendrá carácter provisional. La institución informará a la institución designada de cada uno de los Estados miembros en los que se ejerza una actividad de su decisión provisional».
9      A tenor de esta disposición, «a petición del interesado o del empleador, la institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable en virtud de una disposición del título II del Reglamento [n.º 883/2004] proporcionará un certificado de que esa legislación es aplicable e indicará, si procede, hasta qué fecha y en qué condiciones».
10      Sentencia de 19 de mayo de 2022 (C‑33/21, en lo sucesivo, «sentencia INAIL e INPS», EU:C:2022:402).
11      Sentencia de 8 de mayo de 2019 (C‑631/17, EU:C:2019:381).
12      Sentencia de 25 de noviembre de 2021 (C‑372/20, EU:C:2021:962).
13      Véase la sentencia de 3 de junio de 2021, TEAM POWER EUROPE (C‑784/19, EU:C:2021:427), apartados 32 a 35 y jurisprudencia citada.
14      Véase la sentencia de 16 de julio de 2020, AFMB y otros (C‑610/18, EU:C:2020:565), apartado 46 y jurisprudencia citada.
15      Véase la sentencia de 25 de noviembre de 2021, Finanzamt Österreich (Subsidios familiares para cooperantes) (C‑372/20, EU:C:2021:962), apartados 36 y 37 y jurisprudencia citada.
16      Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, AFMB y otros (C‑610/18, EU:C:2020:565), apartados 54 y 60 y jurisprudencia citada.
17      «Guía práctica sobre la legislación aplicable en la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza», elaborada y aprobada por la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social y publicada en diciembre de 2013, p. 29, indica que «pueden tomarse también en consideración otros criterios. Las instituciones designadas deberán tener en cuenta todos los criterios pertinentes y realizar una evaluación global de la situación de la persona para determinar la legislación aplicable» sin definir, no obstante, estos otros criterios. Esta guía, disponible en las distintas lenguas oficiales de la Unión, puede consultarse en la siguiente dirección: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/moving-working-europe/eu-social-security-coordination/specialised-information/official-documents_en.
18      Reglamento del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO 1971, L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98). Véase la sentencia de 5 de junio de 2014, I (C‑255/13, EU:C:2014:1291), apartado 41.
19      Véase la sentencia de 27 de septiembre de 2012, Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593), apartado 49.
20      Véase, en este sentido, la sentencia de 27 de septiembre de 2012, Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593), apartado 57.
21      En el apartado 65 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia añadió que, no obstante, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar, sobre la base de los criterios anteriormente indicados, si, durante los períodos controvertidos, los trabajadores de que se trata ejercieron o no una parte sustancial de su actividad en el Estado miembro en el que residen, a saber, en Italia, y que, en caso afirmativo, con arreglo al Reglamento n.º 883/2004, en su versión modificada en 2009, deberán considerarse comprendidos, a partir del 1 de mayo de 2010, fecha de entrada en vigor de dicho Reglamento, en la legislación de seguridad social italiana.
22      Sentencia de 8 de mayo de 2019 (C‑631/17, EU:C:2019:381).
23      Sentencia de 25 de noviembre de 2021 (C‑372/20, EU:C:2021:962).
24      Sentencia de 26 de septiembre de 2024 (C‑329/23, EU:C:2024:802).
25      DO 1994, L 1, p. 3.
26      DO 2007, L 221, p. 15.
27      Véase la sentencia de 19 de marzo de 2015, Kik (C‑266/13, EU:C:2015:188), apartado 58 y jurisprudencia citada. Como señaló el Abogado General Bot en sus conclusiones presentadas en el asunto Chain (C‑189/14, EU:C:2015:345), punto 62, en la época en que se redactó el primer reglamento relativo a la seguridad social de los trabajadores migrantes, la movilidad de los trabajadores consistía fundamentalmente en una migración única a otro Estado miembro y, así, la adscripción al Estado del lugar de ejecución del trabajo se basaba en la presunción de que se trataba de la solución más protectora para el trabajador, habida cuenta de que este último podía, en particular, acogerse a los mismos derechos que los trabajadores nacionales.
28      Véase la sentencia de 13 de septiembre de 2017, X (C‑570/15, EU:C:2017:674), apartado 28.
29      Este artículo prevé, en su apartado 4, que «las instituciones y las personas contempladas en el presente Reglamento tienen la obligación de informarse mutuamente y cooperar entre sí para garantizar la buena aplicación del presente Reglamento».
30      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el buen funcionamiento del sistema establecido por el Reglamento n.º 883/2004 requiere una cooperación eficaz y estrecha tanto entre las instituciones competentes de los diferentes Estados miembros como entre estas instituciones y las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. El Tribunal de Justicia ha añadido que tal cooperación es necesaria para la determinación de los derechos y obligaciones de los interesados y para que estos puedan hacer uso de sus derechos en los menores plazos y las mejores condiciones posibles (véase la sentencia de 16 de noviembre de 2023, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, C‑422/22, EU:C:2023:869, apartado 53).