62023TJ0435_RES
Asuntos T‑435/23 y T‑224/24
YL
contra
Consejo de la Unión Europea y Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Intermedia) de 10 de septiembre de 2025
«Función pública — Agentes temporales — Decisión del Consejo de Administración de la EUIPO de no presentar al Consejo una propuesta de prórroga del mandato del demandante — Decisión del Consejo de no prorrogar el mandato del demandante — Derecho a ser oído — Obligación de motivación — Error manifiesto de apreciación — Responsabilidad»
Recursos de funcionarios — Competencia del juez de la Unión — Origen del litigio que se sitúa en la relación de empleo que vincula al funcionario con la institución de que se trate — Falta de prórroga del mandato del director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea — Suspensión de algunas de sus competencias delegadas como director ejecutivo — Admisibilidad
[Arts. 270 TFUE y 340 TFUE; Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91; Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 143, ap. 1, 153, aps. 1, letra h), y 2, y 158, aps. 1 y 3]
(véanse los apartados 52 a 62, 66 y 67)
Recursos de funcionarios — Requisitos de admisibilidad — Observancia del procedimiento administrativo previo
(Art. 270 TFUE; Estatuto de los Funcionarios, arts. 90, ap. 2, y 91, ap. 2)
(véanse los apartados 68 a 76)
Recursos de funcionarios — Acto lesivo — Concepto — Decisión del Consejo de Administración de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de no proponer la renovación del mandato de director ejecutivo de la Oficina — Acto de trámite — Exclusión
[Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91; Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 158, aps. 3 y 4]
[véanse los apartados 83 a 90]
Funcionarios — Agentes temporales — Selección — Falta de renovación del mandato del director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea — Derecho del interesado a ser oído — Alcance — Violación — Consecuencias
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra a)]
(véanse los apartados 105 a 123]
Recursos de funcionarios — Acto lesivo — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Decisión de suspender la delegación en el director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos — Inclusión
(Estatuto de los Funcionarios, art. 91, ap. 1)
(véanse los apartados 130 a 132)
Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Concepto — Recurso que puede reportar un beneficio al demandante — Interés que debe perdurar hasta que se pronuncie la resolución jurisdiccional — Acto impugnado que ha dejado de producir efectos jurídicos frente al demandante — Pretensiones de indemnización basadas parcialmente en la ilegalidad del acto impugnado — Persistencia del interés en ejercitar la acción
(Artículo 263 TFUE)
(véanse los apartados 135 a 137)
Funcionarios — Organización de los servicios — Suspensión de la delegación en el director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos — Requisito — Circunstancias excepcionales — Facultad de apreciación de la administración — Control jurisdiccional — Límites
[Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 153, ap. 2]
(véanse los apartados 145 a 161)
Funcionarios — Decisión lesiva — Suspensión de la delegación en el director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos — Obligación de motivación — Regularización de una motivación insuficiente durante el procedimiento contencioso — Requisito — Circunstancias excepcionales
(Art. 296 TFUE, párr. 2)
(véanse los apartados 163 a 170)
Recursos de funcionarios — Pretensión de indemnización que tiene por objeto la reparación del daño causado por un comportamiento carente de carácter decisorio — Inexistencia de un procedimiento administrativo previo conforme al Estatuto — Inadmisibilidad
(Art. 270 TFUE; Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
(véanse los apartados 176, 177, 179, 184 a 186 y 190 y 206)
Recursos de funcionarios — Recurso de indemnización — Anulación del acto ilegal impugnado — Reparación adecuada del perjuicio moral
(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)
(véanse los apartados 188, 189 y 208)
Recursos de funcionarios — Competencia jurisdiccional plena — Reparación del perjuicio material derivado de la pérdida de una oportunidad — Evaluación — Criterios
(Estatuto de los Funcionarios, art. 91, ap. 1)
(véanse los apartados 194 a 203)
Resumen
El Tribunal General, que conoce de dos recursos interpuestos por YL, anula, debido a la vulneración del derecho del demandante a ser oído, la decisión del Consejo de la Unión Europea de no prorrogar su mandato como director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En esta ocasión, declara que debe considerarse que el Consejo es la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo (en lo sucesivo, «AFCC») del director ejecutivo de la EUIPO en lo que respecta al procedimiento de prórroga de su mandato, por lo que un recurso dirigido a obtener la anulación de la decisión de no prorrogar dicho mandato debe basarse en el artículo 270 TFUE.
El 18 de septiembre de 2018, el demandante fue nombrado, en virtud del artículo 158, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea, director ejecutivo de la EUIPO, por un período de cinco años, desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2023. (
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)
Tras confirmar la disponibilidad de YL y su voluntad de ser renovado para su puesto en la EUIPO, el presidente del Consejo de Administración invitó, mediante nota de 31 de octubre de 2022, a los miembros de este a adoptar una decisión sobre la prórroga del mandato del demandante para proponer al Consejo.
A pesar del dictamen favorable expresado por su presidente en dicha nota, el Consejo de Administración decidió, en su reunión de 22 de noviembre de 2022, no proponer al Consejo la prórroga de dicho mandato, teniendo en cuenta la evaluación de la actuación del demandante durante su primer mandato y los cometidos y retos futuros de la EUIPO, e iniciar un procedimiento de selección para encontrar un sucesor a YL. En marzo de 2023, el Consejo de Administración decidió asimismo suspender la delegación en el demandante de las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN»).
Mediante escrito notificado a la EUIPO el 30 de mayo de 2023, el Consejo denegó la solicitud de prórroga del mandato del demandante, tras haber tomado en consideración la evaluación realizada por el Consejo de Administración.
Al haber sido desestimadas sus reclamaciones contra las decisiones del Consejo de Administración relativas a la falta de propuesta de prórroga de su mandato, al procedimiento de selección de un nuevo director ejecutivo y a la suspensión de la delegación de competencias de la AFPN, el demandante interpuso un primer recurso en el asunto T‑435/23 por el que solicitaba la anulación de esas decisiones, así como la de la decisión de no prorrogar su mandato, tal como se refleja en el escrito notificado a la EUIPO el 30 de mayo de 2023. Tras la desestimación de su reclamación posterior contra esta última decisión, interpuso ante el Tribunal General un segundo recurso en el asunto T‑224/24, por el que solicitaba su anulación.
En ambos recursos, el demandante solicita también la reparación del perjuicio material y moral que considera haber sufrido.
Apreciación del Tribunal General
Con carácter preliminar, el Tribunal General se declara competente para conocer de los recursos interpuestos por el demandante con arreglo al artículo 270 TFUE.
A este respecto, el Tribunal General recuerda que, en virtud de esta disposición, es competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Unión y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezcan el Estatuto y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión (en lo sucesivo, «ROA») y que, en este marco, la jurisprudencia interpreta de manera extensiva el concepto de «litigio entre la Unión y sus agentes».
Por lo que respecta, en primer lugar, a la competencia rationae personae en virtud del artículo 270 TFUE, el artículo 91, apartado 1, del Estatuto indica que el Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Unión y «alguna de las personas a quienes se aplica el […] Estatuto».
Pues bien, del artículo 158, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 se desprende que el director ejecutivo de la EUIPO es contratado como agente temporal, de conformidad con el artículo 2, letra a), del ROA, lo que, por otra parte, menciona expresamente el contrato de trabajo firmado entre la EUIPO y el demandante. Además, el director ejecutivo forma parte del personal de la EUIPO, al que se aplican el Estatuto, el ROA y sus normas de desarrollo, mientras que el Consejo de Administración es designado, en virtud del artículo 6, párrafo primero, del ROA, como AFCC del director ejecutivo por lo que respecta a las modalidades de ejercicio de sus competencias a efectos del funcionamiento de la EUIPO.
En consecuencia, el demandante interpuso sus recursos en su condición de agente de la Unión, en el sentido del artículo 270 TFUE, y de persona a la que se aplica el Estatuto en el sentido de los artículos 90 y 91 de este.
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la competencia ratione materiae, todo litigio entre un funcionario y la institución de la que depende está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 270 TFUE cuando ese litigio tenga su origen en la relación de empleo que vincula al primero con la segunda.
A este respecto, el Tribunal General observa que la decisión relativa a la suspensión de la delegación de las competencias de la AFPN la adopta el Consejo de Administración y tiene por objeto suspender las competencias de la AFPN que dicho Consejo delegó en el demandante en su condición de director ejecutivo. Así pues, en la medida en que el litigio concierne a dicha decisión, se refiere a la relación de empleo que vincula al demandante con la EUIPO.
Lo mismo sucede con el litigio relativo a la falta de prórroga del mandato del demandante. En efecto, durante el procedimiento de prórroga del mandato del director ejecutivo, el Consejo de Administración evalúa la actuación de dicho director y los cometidos y retos futuros de la EUIPO, mientras que el Consejo puede prorrogar dicho mandato teniendo en cuenta esa evaluación. Desde este punto de vista, aunque el director ejecutivo no tenga una relación laboral formal con el Consejo, no es menos cierto que dicha institución adopta una decisión que, cualquiera que sea su contenido, tiene consecuencias sobre la relación de empleo entre el director ejecutivo y su empleador, la EUIPO, y, por tanto, sobre su contratación como agente temporal. Así pues, debe considerarse que el Consejo es la AFCC del director ejecutivo por lo que respecta al procedimiento de prórroga de su mandato.
Además, el Tribunal General examina la admisibilidad de las pretensiones de anulación dirigidas contra la decisión relativa a la falta de propuesta de prórroga del mandato del demandante.
Recuerda, a este respecto, que constituyen actos que pueden ser objeto de un recurso de anulación todos los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante. Cuando la adopción de actos o de decisiones se produce al término de un procedimiento que consta de varias fases de elaboración, solo las medidas que fijan definitivamente la postura de la institución constituyen actos impugnables, con exclusión de las medidas intermedias que las precedieron y que tenían por objeto prepararlas.
Pues bien, en el caso de autos, el procedimiento de prórroga del mandato del director ejecutivo se desarrolla en dos etapas, la primera de las cuales consiste en la realización de una evaluación por el Consejo de Administración y la segunda en la adopción de una decisión por el Consejo, que tiene en cuenta dicha evaluación, pero no está vinculado por ella. Dado que la decisión final debe ser adoptada por el Consejo, la decisión por la que se decide no presentar una propuesta de prórroga del mandato del demandante es un acto de trámite, en la medida en que no produce ningún efecto jurídico obligatorio que pueda afectar a los intereses del demandante y en que no puede afectar a la libertad de elección del Consejo en cuanto a dicha prórroga. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión de anulación de esta última decisión.
En cambio, el Tribunal General declara admisibles las pretensiones de anulación contra la decisión del Consejo de no prorrogar el mandato del demandante. Al examinar estas pretensiones en cuanto al fondo, se interesa por la alegación del demandante basada en la vulneración del derecho a ser oído.
Comienza recordando que este derecho se aplica a cualquier procedimiento incoado contra una persona que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses, aun cuando la normativa aplicable no lo prevea. En el caso de autos, el demandante había confirmado expresamente su disponibilidad y su voluntad de mantener su puesto en la EUIPO antes de la decisión de no prorrogar su mandato. Por lo tanto, debe considerarse que esta última decisión se adoptó a raíz de una solicitud por su parte de que se prorrogara su mandato. Pues bien, dado que la decisión de falta de prórroga conduce inevitablemente a la no renovación de su contrato como agente temporal de la EUIPO, le afecta desfavorablemente y hace aplicable el derecho a ser oído en el momento de su adopción A este respecto, carece de pertinencia la cuestión de si el procedimiento de nombramiento del director ejecutivo y de prórroga de su mandato está comprendido en el ámbito de aplicación del Estatuto y del ROA.
A continuación, el Tribunal General señala que el interés del demandante en ser oído se manifestó sobre todo una vez que, al final de la reunión del Consejo de Administración de 22 de noviembre de 2022, resultó que no había mayoría en dicho Consejo a favor de una prórroga de su mandato. En efecto, con anterioridad el demandante solo tenía conocimiento de la nota de 31 de octubre de 2022, que tenía un contenido positivo respecto a él e incluía una recomendación, por parte del presidente del Consejo de Administración, de prorrogar su mandato. Por lo tanto, el Consejo debía permitir al demandante ejercer eficazmente su derecho a ser oído en un momento oportuno entre la reunión del Consejo de Administración de 22 de noviembre de 2022 y la adopción de la decisión de no prorrogar su mandato.
Dado que el Consejo no dio al demandante la posibilidad de hacerlo pese a que el procedimiento habría podido llevar a un resultado diferente, el Tribunal General anula la decisión de no prorrogar su mandato por vulneración del derecho a ser oído. Además, concede una indemnización a tanto alzado de 25000 euros como reparación del perjuicio material resultante de la pérdida de la oportunidad del demandante de que se prorrogara su mandato.
El Tribunal General anula asimismo la decisión relativa a la suspensión de la delegación en el demandante de las competencias de la AFPN, ya que el Consejo de Administración no ha demostrado la existencia de circunstancias excepcionales que puedan fundamentar dicha decisión.
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)	Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).