62023CO0097(01)
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 21 de julio de 2023 (
*1
)
«Recurso de casación — Demanda de intervención — Artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Interés en la solución del litigio — Demanda presentada por el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) — Desestimación»
En el asunto C‑97/23 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 17 de febrero de 2023,
WhatsApp Ireland Ltd, con domicilio social en Dublín (Irlanda), representada por el Sr. H.‑G. Kamann, Rechtsanwalt, el Sr. F. Louis y la Sra. A. Vallery, avocats, los Sres. B. Johnston, C. Monaghan y P. Nolan, Solicitors, los Sres. D. McGrath y P. Sreenan, SC, y las Sras. E. Egan McGrath y C. Geoghegan, BL,
parte recurrente,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Comité Europeo de Protección de Datos, representado por las Sras. C. Foglia y M. Gufflet, el Sr. G. Le Grand y la Sra. I. Vereecken, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. G. Haumont, E. de Lophem, G. Ryelandt y P. Vernet, avocats,
parte demandada en primera instancia,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
vista la propuesta del Sr. T. von Danwitz, Juez Ponente;
oída la Abogada General, Sra. T. Ćapeta;
dicta el siguiente
Auto
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Mediante su recurso de casación, la demandante, WhatsApp Ireland Ltd, solicita la anulación del auto del Tribunal General de 7 de diciembre de 2022, WhatsApp Ireland/Comité Europeo de Protección de Datos (T‑709/21, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2022:783), por el que se declaró la inadmisibilidad de su recurso de anulación de la Decisión 1/2021 del Comité Europeo de Protección de Datos, de 28 de julio de 2021 (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), adoptada en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO 2016, L 119, p. 1; en lo sucesivo, «RGPD»), a raíz de una investigación llevada a cabo por la Data Protection Commission (Autoridad de Supervisión en materia de Protección de los Datos Personales de las Personas Físicas, Irlanda), al amparo del artículo 56 de dicho Reglamento, en relación con el tratamiento transfronterizo de WhatsApp Ireland en el marco de la prestación de sus servicios en la Unión Europea.
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Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia, el 28 de abril de 2023, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) solicitó, al amparo del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del artículo 130 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 190, apartado 1, de ese mismo Reglamento, y del artículo 58, apartado 4, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39), que se admitiese su intervención en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones del Comité Europeo de Protección de Datos.
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Para fundamentar su demanda de intervención, el SEPD alega, en primer lugar, que el resultado del presente asunto repercutirá en el cumplimiento de sus misiones, consistentes en supervisar y garantizar la aplicación de las disposiciones del Reglamento 2018/1725 y de cualquier otro acto de la Unión relativo a la protección de las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas frente a los tratamientos de datos personales efectuados por una institución u órgano de la Unión, así como en asesorar a las instituciones y órganos de la Unión en todo lo relativo a tales tratamientos. A este respecto, el SEPD subraya, en primer lugar, que como, según él, se desprende especialmente de los considerandos 4 y 5 del Reglamento 2018/1725, debe garantizar una interpretación y una aplicación homogéneas de las disposiciones del RGPD y de las del citado Reglamento. Seguidamente, el SEPD observa que el resultado del presente asunto puede tener una influencia sobre su competencia consultiva, prevista en el artículo 42 del Reglamento 2018/1725. Así, señala que contribuyó a la iniciativa de la Comisión Europea encaminada a racionalizar la cooperación entre las autoridades nacionales de supervisión de la protección de datos a efectos de la aplicación del RGPD en los asuntos transfronterizos y que en el futuro podría tener que emitir su dictamen sobre el funcionamiento de los mecanismos de cooperación previstos por el RGPD y sobre las futuras enmiendas de las normas relativas a esos mecanismos.
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En segundo lugar, el SEPD observa que la Decisión controvertida afecta a principios y normas aplicables a las instituciones, órganos y organismos de la Unión que se corresponden, en lo sustancial, con los enunciados en el RGPD, y que, con arreglo al artículo 68, apartado 6, del RGPD, ejerció su derecho de voto en el seno del Comité Europeo de Protección de Datos en el marco de la adopción de dicha Decisión. Añade que fue el ponente principal en el marco de la adopción de las Directrices 3/2021 del Comité Europeo de Protección de Datos, de 13 de abril de 2021, sobre la aplicación del artículo 65, apartado 1, letra a), del RGPD, en el que, según él, se basa la Decisión controvertida.
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Tras notificar el Secretario del Tribunal de Justicia a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 131, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 190, apartado 1, de este, la demanda de intervención presentada por el SEPD, WhatsApp Ireland y el Comité Europeo de Protección de Datos presentaron observaciones sobre esta demanda dentro del plazo señalado.
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Mientras que el Comité Europeo de Protección de Datos apoya la demanda de intervención del SEPD, WhatsApp Ireland, por su parte, solicita la desestimación de dicha demanda.
Sobre la demanda de intervención
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El artículo 40, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que los Estados miembros y las instituciones de la Unión podrán intervenir como coadyuvantes en los litigios sometidos al Tribunal de Justicia. A tenor de la primera frase del segundo párrafo del artículo 40, el mismo derecho tendrán los órganos y organismos de la Unión y cualquier otra persona siempre que puedan demostrar un interés en la solución del litigio.
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En el caso concreto del SEPD, su capacidad procesal ante los órganos jurisdiccionales de la Unión está prevista expresamente en el artículo 58, apartado 4, del Reglamento 2018/1725, a cuyo tenor el SEPD «estará facultado para someter un asunto al Tribunal de Justicia en las condiciones previstas en los Tratados e intervenir en los asuntos presentados ante dicho Tribunal».
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No obstante, este derecho de intervención no es absoluto, dado que el SEPD no está incluido entre los coadyuvantes «privilegiados» mencionados en el artículo 40, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otro lado, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el derecho de intervención del SEPD queda circunscrito a los límites que se derivan de la misión que tiene encomendada (véase, por analogía, el auto de 17 de marzo de 2005, Parlamento/Consejo, C‑317/04, EU:C:2005:189, apartado16; véase igualmente, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2008, Comisión/Alemania, C‑518/07, EU:C:2008:563, apartados 12, 17 y 18).
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Por consiguiente, habida cuenta de que su derecho de intervención se basa en el artículo 40, párrafo segundo, del citado Estatuto, el SEPD debe demostrar un interés en la solución del litigio para poder ejercer ese derecho en el ámbito de un determinado litigio.
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Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «interés en la solución del litigio», en el sentido de dicha disposición, debe definirse en relación con el propio objeto del litigio y entenderse como un interés directo y actual en que se estimen las pretensiones en sí mismas, y no como un interés respecto a los motivos formulados o las alegaciones invocadas. En efecto, los términos «solución del litigio» hacen referencia a la decisión final que se solicita, tal como quedaría consagrada en el fallo de la futura sentencia o auto (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 1 de septiembre de 2022, Google y Alphabet/Comisión, C‑48/22 P, EU:C:2022:667, apartado 5 y jurisprudencia citada).
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No obstante, procede señalar que los órganos y organismos de la Unión, a diferencia de las personas físicas y jurídicas, pueden solicitar intervenir en un litigio sometido al Tribunal de Justicia no para defender intereses privados, sino más bien, cuando el acto que ha originado el litigio ha sido adoptado al término de un procedimiento en el que ha tenido que participar el órgano u organismo en cuestión, para defender el dictamen que haya emitido o las evaluaciones que haya efectuado en el marco de dicho procedimiento. Por lo tanto, en lo que respecta a las demandas de intervención de los órganos y organismos de la Unión, el Tribunal de Justicia aplica el requisito consistente en la existencia de un interés directo y actual en la solución del litigio de forma que refleje esa especificidad (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2022, Mylan IRE Healthcare/Comisión, C‑237/22 P, EU:C:2022:726, apartados 15 y 16 y jurisprudencia citada).
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Así, cuando se trata de demandas de intervención en un litigio que tiene por objeto la anulación de un acto de la Unión, o incluso de una resolución del Tribunal General por la que se desestima un recurso de anulación de tal acto, presentadas por órganos y organismos de la Unión, procede considerar que la exigencia de un interés directo y actual en la solución de ese litigio por parte de ese órgano o ese organismo se cumple, en particular, si dicho órgano u organismo es capaz de demostrar que el acto de la Unión controvertido ha sido adoptado al término de un procedimiento en el que, de conformidad con el Derecho de la Unión, su participación está prevista, en su caso, mediante la adopción de un dictamen o la realización de evaluaciones (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2022, Mylan IRE Healthcare/Comisión, C‑237/22 P, EU:C:2022:726, apartado 17 y jurisprudencia citada).
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En el caso de autos, en lo que se refiere a la primera alegación formulada por el SEPD en apoyo de su demanda de intervención, basada en la repercusión del presente asunto sobre su cometido de garantizar la homogeneidad en la aplicación de las disposiciones del Reglamento 2018/1725 y las del RGPD, así como de emitir dictámenes sobre el funcionamiento de los mecanismos de cooperación previstos por el RGPD, procede señalar que la Decisión controvertida, adoptada por el Comité Europeo de Protección de Datos, se basa en el artículo 65 del RGPD y que el Reglamento 2018/1725 no contiene ninguna disposición análoga, de modo que la cuestión de la aplicación homogénea de ambos Reglamentos en lo que respecta a ese artículo 65 no parece plantearse en este asunto.
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En cualquier caso, en el auto recurrido, el Tribunal General únicamente se pronunció sobre la admisibilidad del recurso de anulación del que conocía, de modo que en el presente asunto solo se plantea la cuestión de si WhatsApp Ireland puede impugnar directamente la Decisión controvertida ante el juez de la Unión. Por consiguiente, la resolución del Tribunal de Justicia que ponga fin al presente procedimiento únicamente tratará sobre la admisibilidad del recurso de anulación y no sobre la cuestión de si la pretensión de anulación de la Decisión controvertida es fundada. En el supuesto de que el auto recurrido fuese anulado por el Tribunal de Justicia, no podría considerarse que el estado del asunto permite su resolución en cuanto al fondo, en el sentido del artículo 61, párrafo primero del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puesto que el Tribunal General se pronunció con arreglo al artículo 129 de su Reglamento de Procedimiento, sin examinar el fondo del asunto.
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En tales circunstancias, resulta que el SEPD, particularmente en la medida en que se remite a su papel de asesor ante las instituciones y órganos de la Unión con respecto a todas las cuestiones relativas al tratamiento de datos personales, así como a su competencia consultiva prevista en el artículo 42 del Reglamento 2018/1725, podría justificar su interés no con respecto a la solución del litigio de que conoce el Tribunal de Justicia en el presente recurso de casación, a saber, el relativo a la admisibilidad del recurso de anulación de la Decisión controvertida a la vista del sistema de recursos previsto en el Tratado FUE, sino con respecto a la solución que adoptara en su caso el Tribunal General si conociera del asunto tras la anulación por el Tribunal de Justicia del auto recurrido (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 2020, VodafoneZiggo Group/Comisión, C‑689/19 P, EU:C:2020:50, apartado 20 y jurisprudencia citada).
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La segunda alegación del SEPD, basada en que ejerció su derecho de voto en el marco de la adopción de la Decisión controvertida y que, por añadidura, fue ponente principal en el marco de la adopción de las Directrices mencionadas en el punto 4 del presente auto, tampoco permite acreditar un interés en la solución del litigio. En efecto, el SEPD no puede invocar tal interés para fundamentar un derecho a intervenir, puesto que el interés invocado no es propio del SEPD y se confunde por completo, además, con el del Comité Europeo de Protección de Datos, que ya es parte en el litigio y cuyas pretensiones desea apoyar mediante su intervención (véase, por analogía, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 1 de septiembre de 2022, Google y Alphabet/Comisión, C‑48/22 P, EU:C:2022:667, apartado 12)
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Resulta de las anteriores consideraciones que el SEPD no ha demostrado tener un interés en la solución del litigio, en el sentido del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que, por consiguiente, su demanda de intervención debe ser desestimada.
Costas
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A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la demanda de intervención del SEPD ha sido desestimada sin que ni WhatsApp Ireland ni el Comité Europeo de Protección de Datos hayan solicitado su condena en costas, procede acordar que el SEPD, WhatsApp Ireland y el Comité Europeo de Protección de Datos cargarán con sus propias costas relativas a la demanda de intervención del SEPD.
En virtud de todo lo expuesto, el Presidente del Tribunal de Justicia resuelve:
1)
Desestimar la demanda de intervención del Supervisor Europeo de Protección de Datos.
2)
El Supervisor Europeo de Protección de Datos, WhatsApp Ireland Ltd y el Comité Europeo de Protección de Datos cargarán con sus propias costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.