Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DEAN SPIELMANN
presentadas el 15 de enero de 2026 (1)
Asunto C‑748/24 [Kotaňák] (i)
Okresná prokuratúra Bratislava III
Procedimiento penal
contra
AC
con intervención de:
LZ
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Mestský súd Bratislava I (Tribunal de Distrito de Bratislava I, Eslovaquia)]
« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia penal — Derechos fundamentales — Presunción de inocencia y derechos de la defensa — Auto de sobreseimiento dictado por un tribunal de primera instancia por no ser constitutivos de delito los hechos examinados — Anulación por el tribunal superior — Carácter delictivo de esos hechos apreciado por el tribunal superior — Medidas adecuadas para reparar la vulneración de la presunción de inocencia».
I.      Introducción
1.        Principio esencial del procedimiento penal del Estado de Derecho, la presunción de inocencia, como subrayaba Robert Badinter, «encuentra su primera expresión en una cuestión de procedimiento, la carga de la prueba […]. Pero, en realidad, en cada etapa del procedimiento penal, el acusado debe disponer de garantías que protejan la presunción de inocencia […]. Sobre todo, a falta de pruebas concluyentes, la duda debe beneficiar al acusado». (2) Por lo tanto, en cada etapa, es necesario «que el Derecho pueda escuchar el razonamiento de la inocencia». (3)
2.        Mediante su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que precise el alcance de las garantías procesales que abarca la presunción de inocencia en el marco de las resoluciones preliminares de carácter procesal adoptadas por las autoridades judiciales antes del procedimiento en el que se decide sobre la culpabilidad de la persona acusada.
3.        La petición de decisión prejudicial, presentada en el contexto de un procedimiento penal incoado contra AC por difamación, se refiere más concretamente a la interpretación de los artículos 4 y 6, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/343 (4) y del artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
4.        El artículo 48 de la Carta, titulado «Presunción de inocencia y derechos de la defensa», establece en su apartado 1 que «todo acusado se presume inocente mientras su culpabilidad no haya sido declarada legalmente».
5.        Los considerandos 9, 10, 16 y 48 de la Directiva 2016/343 exponen lo siguiente:
«(9)      La finalidad de la presente Directiva consiste en reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo, estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a determinados aspectos de la presunción de inocencia y al derecho a estar presente en el juicio.
(10)      Mediante el establecimiento de normas mínimas comunes sobre la protección de los derechos procesales de los sospechosos y acusados, la presente Directiva tiene la finalidad de reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal. Dichas normas mínimas comunes pueden suprimir también los obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos en el territorio de los Estados miembros.
[…]
(16)      Se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas declaraciones y resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable. Todo ello sin perjuicio de los actos procesales encaminados a demostrar la culpabilidad del sospechoso o acusado, como por ejemplo el escrito de acusación, y sin perjuicio de las resoluciones judiciales como resultado de las cuales adquiere eficacia una condena suspendida, siempre y cuando se respete el derecho de defensa. Se entiende, asimismo, sin perjuicio de las resoluciones preliminares de carácter procesal, adoptadas por las autoridades judiciales u otras autoridades competentes y que se basen en sospechas o pruebas de cargo, como las resoluciones relativas a la prisión preventiva, siempre y cuando no se refieran al sospechoso o acusado como culpable. Antes de adoptar una resolución preliminar de carácter procesal, la autoridad competente debe comprobar previamente que existen suficientes pruebas de cargo contra el sospechoso o acusado que justifiquen la resolución de que se trate, y la resolución podría contener una referencia a dichas pruebas.
[…]
(48)      Dado que la presente Directiva fija normas mínimas, los Estados miembros deben poder ampliar los derechos en ella establecidos para proporcionar un mayor grado de protección. El grado de protección que establezcan los Estados miembros nunca debe ser inferior al previsto en la [Carta] y el [Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, “CEDH”)], según la interpretación del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [(en lo sucesivo, “TEDH”)].»
6.        El artículo 1 de dicha Directiva establece lo siguiente:
«La presente Directiva establece normas mínimas comunes relativas a:
a)      determinados aspectos de la presunción de inocencia en el proceso penal;
b)      el derecho a estar presente en el juicio en el proceso penal.»
7.        El artículo 3 de la Directiva está redactado como sigue:
«Los Estados miembros garantizarán que se presume la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley».
8.        El artículo 4 de la misma Directiva, titulado «Referencias públicas a la culpabilidad», precisa en sus apartados 1 y 2:
«1.      Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable. Todo ello sin perjuicio de los actos procesales encaminados a demostrar la culpabilidad del sospechoso o acusado, y de las resoluciones preliminares de carácter procesal, adoptadas por las autoridades judiciales u otras autoridades competentes y que se basen en indicios o en pruebas de cargo.
2.      Los Estados miembros velarán por que se disponga de medidas adecuadas en caso de incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 del presente artículo, de no referirse a los sospechosos o acusados como culpables, de conformidad con la presente Directiva, en particular con su artículo 10.»
9.        Según el artículo 6 de la Directiva 2016/343, titulado «Carga de la prueba»:
«1.      Los Estados miembros garantizarán que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recaiga en la acusación. Esta disposición se entiende sin perjuicio de cualquier obligación del juez o tribunal competente de buscar pruebas tanto de cargo como de descargo, y del derecho de la defensa a proponer pruebas con arreglo al Derecho nacional aplicable.
2.      Los Estados miembros garantizarán que cualquier duda sobre la culpabilidad beneficie siempre al sospechoso o acusado, incluso cuando el órgano jurisdiccional valore si el interesado debe ser absuelto.»
10.      El artículo 10, apartado 1, de esta Directiva dispone lo siguiente:
«Los Estados miembros velarán por que, en caso de vulneración de los derechos establecidos en la presente Directiva, los sospechosos y acusados dispongan de vías efectivas de recurso».
B.      Derecho eslovaco
11.      El artículo 373, apartados 1 y 2, de la zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zakon (Ley n.º 300/2005 Rec., por la que se establece el Código Penal), de 20 de mayo de 2005 (en lo sucesivo, «Código Penal»), que tipifica el delito de difamación, dispone lo siguiente:
«(1)      Quien difunda información falsa sobre otra persona que pueda causar un daño significativo a la reputación de la que goza entre sus conciudadanos, perjudicarle en su trabajo o en el marco de su actividad, deteriorar sus relaciones familiares o causarle otro perjuicio grave será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años.
(2)      El autor de la infracción será castigado con una pena privativa de libertad de uno a cinco años si comete el acto mencionado en el apartado 1:
[…]
c)      en público;
[…]».
12.      El artículo 327, apartado 1, del zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok (Ley n.º 301/2005, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Criminal), de 24 de mayo de 2005 (en lo sucesivo, «Código de Enjuiciamiento Criminal»), establece que «el órgano jurisdiccional al que se haya devuelto el asunto para un nuevo examen y resolución estará vinculado por la opinión jurídica expresada por el órgano jurisdiccional de apelación en su resolución y obligado a llevar a cabo las actuaciones y pruebas ordenadas por el órgano jurisdiccional de apelación».
C.      El litigio principal, las cuestiones prejudiciales y el procedimiento ante el Tribunal de Justicia
13.      El 18 de noviembre de 2020, el fiscal presentó ante el Okresný súd Bratislava III (Tribunal Comarcal de Bratislava III, Eslovaquia), un escrito de acusación contra AC por un delito de difamación, tipificado en el artículo 373, apartados 1 y 2, letra c), del Código Penal, a raíz de haber publicado en Internet varios vídeos que contenían una serie de afirmaciones erróneas.
14.      Mediante auto de 8 de noviembre de 2021, el Okresný súd Bratislava III (Tribunal Comarcal de Bratislava III) sobreseyó la causa por considerar que la conducta descrita en la acusación no constituía delito.
15.      El fiscal recurrió esta auto. Mediante resolución de 8 de febrero de 2022, el Krajský súd v Bratislave (Tribunal Regional de Bratislava, Eslovaquia) anuló la resolución del tribunal de primera instancia y devolvió el asunto a este para que prosiguiera las actuaciones, volviendo a valorar todas las pruebas.
16.      Mediante auto de 3 de octubre de 2022, el Okresný súd Bratislava III (Tribunal Comarcal de Bratislava III) volvió a sobreseer el procedimiento contra AC.
17.      Mediante resolución de 18 de abril de 2023, el Krajský súd v Bratislave (Tribunal Regional de Bratislava) anuló este nuevo sobreseimiento y devolvió el asunto al tribunal de primera instancia.
18.      A raíz de una reorganización del sistema judicial eslovaco, la competencia para conocer del asunto principal se transfirió, el 1 de junio de 2023, al Mestský súd Bratislava I (Tribunal de Distrito de Bratislava I, Eslovaquia), que es el tribunal remitente.
19.      Ante dicho tribunal, AC alega que las apreciaciones del tribunal de apelación vulneran su presunción de inocencia, ya que no dejan lugar a otra conclusión que la de su culpabilidad, pese a que no era necesario que el tribunal de apelación apreciara si eran fundadas las acusaciones formuladas en su contra. Por ello, AC considera que el tribunal remitente debería rechazar las apreciaciones del tribunal de apelación.
20.      El órgano jurisdiccional remitente señala que, en virtud de las normas procesales eslovacas, está vinculado por las apreciaciones del tribunal de apelación. Sin embargo, considera que esas apreciaciones vulneran la presunción de inocencia de AC y que la normativa nacional no prevé medidas adecuadas para garantizar el respeto de dicha presunción.
21.      En estas circunstancias, el Mestský súd Bratislava I (Tribunal de Distrito de Bratislava I) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:
«1)      ¿Se oponen el derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 48, apartado 1, de la [Carta], en relación con los artículos 4, apartado 1, y 6, apartado 1, de la [Directiva 2016/343], así como el principio de proporcionalidad y el derecho de defensa consagrados en el artículo 48, apartado 2, de la [Carta], a que un órgano jurisdiccional superior, en el marco de un procedimiento sobre un recurso presentado por el Fiscal contra el auto de sobreseimiento de un proceso penal dictado por el órgano jurisdiccional de primera instancia, formule en la motivación de su resolución, incluso antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto y sin practicar pruebas ante el tribunal, las siguientes conclusiones de hecho y de Derecho:
“La falsa información de carácter puramente íntimo, que el acusado ha puesto a disposición de un gran número de observadores a través de una publicación, es, por su contenido, capaz de perjudicar gravemente las relaciones de pareja, de familia y de amistad y de socavar la confianza en la víctima […]. De las pruebas practicadas en el procedimiento de instrucción, en las que también se basó el [órgano jurisdiccional de primera instancia], se desprende, sin lugar a dudas, que el acusado ha mentido sobre ella y la ha atacado, lo que ha provocado que se haya visto en situaciones muy desagradables tanto dentro de su círculo familiar como entre las personas de su entorno. La relación íntima entre esta y S. B. es una invención del acusado y lo que este mantuvo en sus declaraciones nunca ha tenido lugar […]. Por lo que respecta a la determinación de cuál de las informaciones publicadas era falsa, se trata, sin duda, de la información relativa a la relación íntima entre la víctima y el testigo S. B. y a las prácticas sexuales claramente descritas por el acusado en la publicación, cuya veracidad se examinó en el procedimiento de instrucción sobre la base de las pruebas practicadas”?
2)      ¿Incide en la respuesta a la primera cuestión prejudicial el hecho de que ni la legislación ni la práctica nacionales exigían que el órgano jurisdiccional superior realizara una apreciación de hecho y de Derecho en la motivación de su resolución de anulación y de que dicha motivación podía limitarse a señalar que la resolución del órgano jurisdiccional inferior adolecía de vicios porque el órgano jurisdiccional de primera instancia debería haber practicado las pruebas en el procedimiento principal y haber resuelto el asunto basándose en los resultados de dichas pruebas?
3)      ¿Incide en la respuesta a la primera cuestión prejudicial el hecho de que el órgano jurisdiccional superior, al conocer del recurso del Fiscal, se pronunciase exclusivamente sobre la base de las pruebas practicadas durante el procedimiento de instrucción, que ni siquiera se habían practicado ante el órgano jurisdiccional de primera instancia?
4)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial: ¿Son las siguientes actuaciones y resoluciones medidas adecuadas para garantizar la presunción de inocencia en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2016/343, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio?
i)      la actuación del órgano jurisdiccional nacional de primera instancia que, invocando los principios de primacía y efectividad del Derecho de la Unión, hace caso omiso de las conclusiones de hecho y de Derecho formuladas por el órgano jurisdiccional superior en la motivación de su resolución, en la medida en que sean contrarias al Derecho de la Unión, aun cuando, de otro modo, en virtud de las normas nacionales, dichas conclusiones serían jurídicamente vinculantes, y resuelve el asunto por sí mismo tras practicar las pruebas pertinentes;
o bien
la actuación del órgano jurisdiccional nacional de primera instancia que, invocando los principios de primacía y efectividad del Derecho de la Unión, hace caso omiso de las conclusiones de hecho y de Derecho formuladas por el órgano jurisdiccional superior en la motivación de su resolución, en la medida en que sean contrarias al Derecho de la Unión, aun cuando, de otro modo, en virtud de las normas nacionales, dichas conclusiones serían jurídicamente vinculantes, y resuelve, por sí mismo, de nuevo el asunto dictando el mismo auto de sobreseimiento del proceso penal que ya ha sido revocado una vez por el órgano jurisdiccional superior;
o bien
ii)      la exclusión de los jueces del órgano jurisdiccional superior de la participación en el proceso por falta de imparcialidad debido a la vulneración de la presunción de inocencia basada en la falta de imparcialidad invocada por el sospechoso».
22.      La parte acusada AC, los Gobiernos de Eslovaquia y Hungría y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas. AC y la Comisión formularon observaciones orales en la vista celebrada el 16 de octubre de 2025.
III. Análisis
A.      Sobre la admisibilidad de las cuestiones
23.      El Gobierno eslovaco sostiene, en primer lugar, que la petición de decisión prejudicial es inadmisible en su totalidad. Afirma que, en primer lugar, no menciona las circunstancias de hecho y de Derecho necesarias para dar una respuesta útil, ni las razones por las que necesitaría una respuesta del Tribunal de Justicia y, en segundo lugar, la interpretación solicitada no es, a su juicio, pertinente para resolver el litigio principal.
24.      Según jurisprudencia reiterada, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado. (5)
25.      Además, el Tribunal de Justicia ya ha recalcado que puede ser necesario responder a cuestiones prejudiciales para poder proporcionar a los órganos jurisdiccionales remitentes una interpretación del Derecho de la Unión que les permita dirimir cuestiones procesales de Derecho nacional antes de poder resolver sobre el fondo de los litigios de que conocen. (6)
26.      En el presente caso, mediante sus tres primeras cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas se oponen a que un órgano jurisdiccional penal, que se pronuncia en apelación contra una resolución preliminar de carácter procesal, se pronuncie sobre las pruebas de cargo mediante una apreciación acerca de si se reúnen de los elementos constitutivos del delito en cuestión, pese a que no estaba obligado a hacerlo en virtud del Derecho nacional y que la práctica de la prueba no se llevó a cabo de manera completa en esa fase preliminar del procedimiento. También plantea sus dudas sobre cómo se pronunció el tribunal de apelación con respecto a la presunción de inocencia. En la cuarta cuestión, se pregunta cuáles serían las consecuencias procesales de una respuesta afirmativa a las tres primeras cuestiones.
27.      A mi juicio, aunque se ha basado en gran medida en los argumentos de la defensa, el órgano jurisdiccional remitente ha precisado suficientemente las circunstancias de hecho y de Derecho necesarias para responder de manera útil a las cuestiones planteadas. Añadiré que el contenido de la petición de decisión prejudicial era suficiente para permitir a la Comisión, al Gobierno húngaro y a AC, así como al Gobierno eslovaco con carácter subsidiario, ejercer el derecho a presentar observaciones que les confiere el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
28.      Por otra parte, el Gobierno eslovaco sostiene que la interpretación solicitada no es pertinente para resolver el litigio principal. En su opinión, una posible vulneración de la presunción de inocencia por parte del tribunal de apelación no impediría al tribunal remitente sobreseer la causa por otra razón o por las mismas razones, pero basándose en hechos complementarios.
29.      Pues bien, dado que el Derecho eslovaco obliga al órgano jurisdiccional remitente a ajustarse a las apreciaciones del tribunal de apelación, considero que las respuestas del Tribunal de Justicia a las tres primeras cuestiones le facilitarán elementos útiles que le permitan apreciar la conformidad de la resolución del tribunal de apelación con la presunción de inocencia y que la respuesta a la cuarta cuestión le permitirá, en su caso, deducir las consecuencias procesales adecuadas. En este sentido, la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no me parece manifiestamente ajena al objeto del litigio principal.
30.      Sin embargo, en la tercera parte de la cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, entre las consecuencias procesales de las medidas adecuadas en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2016/343, es posible recusar a los jueces del tribunal de apelación.
31.      Pues bien, tanto de las observaciones del Gobierno eslovaco como de las respuestas a las preguntas formuladas en la vista se desprende que el órgano jurisdiccional remitente no es competente para pronunciarse sobre la recusación de los jueces del tribunal superior a que se refiere la mencionada cuestión. (7)
32.      Por lo tanto, la tercera parte de la cuarta cuestión tiene carácter hipotético y, por lo tanto, es inadmisible.
33.      Por consiguiente, la petición de decisión prejudicial me parece admisible, salvo en lo que respecta a la tercera parte de la cuarta cuestión.
B.      Sobre el fondo
1.      Sobre la primera, segunda y tercera cuestiones prejudiciales
34.      Mediante sus tres primeras cuestiones, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 4, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 2016/343, en relación con el artículo 48 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un órgano jurisdiccional penal que conoce de un recurso contra una resolución preliminar de carácter procesal se pronuncie sobre las pruebas de cargo formulando una apreciación acerca de si se dan los elementos constitutivos del delito en cuestión, pese a que no está obligado a hacerlo para pronunciarse y a que la práctica de la prueba no se ha llevado a cabo de manera completa.
a)      Sobre la inaplicabilidad del artículo 6 de la Directiva 2016/343
35.      El órgano jurisdiccional remitente menciona, en su primera cuestión, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2016/343, según el cual «los Estados miembros garantizarán que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recaiga en la acusación […] sin perjuicio de cualquier obligación del juez o tribunal competente de buscar pruebas tanto de cargo como de descargo, y del derecho de la defensa a proponer pruebas con arreglo al Derecho nacional aplicable».
36.      El Gobierno eslovaco y la Comisión sostienen que esta disposición, que se refiere a las resoluciones sobre la culpabilidad, no es aplicable en el litigio principal.
37.      Comparto esta opinión.
38.      En efecto, recuérdese que, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia en relación con las resoluciones de mantenimiento en prisión provisional, (8) se deduce del artículo 4 de la Directiva 2016/343 que esta Directiva establece una distinción entre las resoluciones judiciales que se pronuncian sobre la culpabilidad, las cuales se producen necesariamente al término del proceso penal, y otros actos procesales, tales como los actos de instrucción y las resoluciones preliminares de carácter procesal. La referencia a la determinación de la «culpabilidad» que figura en el artículo 6 de la Directiva 2016/343 debe interpretarse, por tanto, en el sentido de que implica que dicha disposición tiene por objeto regular del reparto de la carga de la prueba únicamente en la que se refiere a la adopción de resoluciones judiciales que se pronuncien sobre la culpabilidad.
39.      Pues bien, en el presente asunto, las cuestiones planteadas se refieren a una fase preliminar del procedimiento penal eslovaco, en la que un juez único debe verificar si un escrito de acusación determinado constituye una base suficiente para iniciar un proceso penal o si, por el contrario, procede sobreseer la causa o tramitarla por otra vía.
40.      Al igual que las resoluciones relativas, por ejemplo, al mantenimiento en prisión preventiva de una persona acusada, (9) una decisión procesal de este tipo no puede calificarse de resolución judicial de condena de la persona acusada, sino que constituye, por el contrario, una «resolución judicial que no sea de condena», en el sentido del artículo 4 de la Directiva 2016/343. No modifica esta conclusión el hecho de que, como sostiene la parte acusadora, las apreciaciones de hecho y las consideraciones de Derecho formuladas en la resolución de apelación vinculen al juez de primera instancia, en particular en lo que se refiere a la constatación de que se dan los elementos constitutivos del delito (en este caso, la difamación).
41.      Por consiguiente, dado que el procedimiento principal no se refiere a la cuestión de la culpabilidad en cuanto al fondo de la persona acusada, no es necesario responder a las cuestiones planteadas sobre la base del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2016/343.
b)      Sobre el alcance de la presunción de inocencia
42.      Las tres primeras cuestiones prejudiciales me llevan a examinar el alcance de la presunción de inocencia, por una parte, en relación con el contenido de una resolución preliminar y, por otra, en relación con los requisitos para la adopción de una resolución de este tipo.
1)      Sobre el contenido de la resolución preliminar (primera cuestión prejudicial)
43.      El órgano jurisdiccional remitente pregunta si el órgano jurisdiccional penal que se pronunció sobre el recurso de apelación contra la resolución preliminar de carácter procesal vulneró la presunción de inocencia al expresarse como lo hizo. A este respecto, cita un extracto de la fundamentación expuesta por el juez de apelación.
44.      Cabe recordar que, conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/343 los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar, en particular, que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable, sin perjuicio de las resoluciones preliminares de carácter procesal, adoptadas por las autoridades judiciales y que se basen en indicios o en pruebas de cargo.
45.      Esta disposición debe leerse, en particular, a la luz del artículo 48, apartado 1, de la Carta (10) y del artículo 3 de la Directiva 2016/343 relativo a la presunción de inocencia, así como del considerando 16 de la Directiva, según el cual el respeto de la presunción de inocencia se entiende sin perjuicio de las resoluciones preliminares de carácter procesal, adoptadas por las autoridades judiciales u otras autoridades competentes y que se basen en indicios o pruebas de cargo, siempre y cuando no se refieran al sospechoso o acusado como culpable. Según ese considerando, antes de que las autoridades judiciales adopten una resolución preliminar de carácter procesal, deben comprobar previamente que existen suficientes pruebas de cargo contra el sospechoso o acusado que justifiquen la resolución de que se trate, y la resolución podría contener una referencia a dichas pruebas.
46.      A falta de indicaciones precisas en la Directiva 2016/343 y en la jurisprudencia relativa al artículo 48, apartado 1, de la Carta acerca de cómo debe determinarse si una resolución judicial se refiere a una persona como culpable, es preciso indagar en la jurisprudencia del TEDH. (11)
i)      Sobre la jurisprudencia del TEDH
47.      La presunción de inocencia rige todo el procedimiento penal (12) y el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 2, del CEDH, «así ampliado desde el principio más allá de su ámbito natural, irá extendiéndose progresivamente aún más, en particular ratione temporis, es decir, a las fases del procedimiento en las que el interesado ya no es o aún no es “acusado”». (13) Así, comprende un primer aspecto como garantía procesal en el proceso penal (14) y un segundo aspecto, una vez concluido el procedimiento penal, destinado más concretamente a proteger la reputación del interesado. (15) A la vista de los elementos del procedimiento principal, me centraré aquí únicamente en el primer aspecto.
48.      A este respecto, recuerdo que se vulnera la presunción de inocencia si una declaración de una autoridad pública, como un magistrado, (16) sobre un sospechoso o acusado refleja la opinión de que es culpable, cuando su culpabilidad no ha sido antes demostrada jurídicamente. Por lo tanto, los magistrados no deben partir de la idea preconcebida de que la persona sospechosa o acusada ha cometido el acto imputado: la carga de la prueba recae en la acusación y, en caso de duda, se aplica el principio in dubio pro reo (la duda favorece al acusado). (17) La presunción de inocencia puede vulnerarse incluso a falta de una afirmación formal, si una declaración oficial de una autoridad pública o la fundamentación de una decisión judicial dan a entender que la autoridad o el magistrado considera culpable al interesado. (18)
49.      El TEDH subraya la importancia de la elección de los términos utilizados por una autoridad pública antes de que una persona haya sido juzgada y declarada culpable de un delito. (19) Así, debe distinguirse entre las decisiones o declaraciones que revelan la opinión de que la persona en cuestión es culpable y aquellas que se limitan a describir un estado de sospecha. Las primeras vulneran la presunción de inocencia, mientras que las segundas se han considerado en repetidas ocasiones conformes con el espíritu del artículo 6 del CEDH. (20)
50.      Por ejemplo, en la sentencia Marziano c. Italia, el juez que instruyó las diligencias previas formuló ciertamente un pronóstico, pero se limitó a señalar que, ante la existencia de razones plausibles para sospechar que el interesado habría cometido el delito imputado, otros elementos llevaban a creer que, ante un tribunal, la acusación habría tenido pocas posibilidades de prosperar. (21) De este modo, el TEDH consideró que su decisión describía un «estado de sospecha» que no implicaba una declaración de culpabilidad y, por lo tanto, no era contraria a la presunción de inocencia.
51.      En la sentencia Lavents c. Letonia, la juez que conocía de la causa concedió varias entrevistas a la prensa, en las que mencionó, en particular, que aún no sabía «si la sentencia sería condenatoria o de absolución parcial» y expresó su sorpresa por el hecho de que los acusados se obstinaran en declararse inocentes de todos los cargos, con lo que vulneraba la presunción de inocencia, (22) ya que el hecho de que esas manifestaciones se hicieran en forma interrogativa o dubitativa no bastaba para sustraerlas del ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 2, del CEDH. Según el TEDH, lo que importa a efectos de la aplicación de esta disposición «es el sentido real de las declaraciones en cuestión, y no su forma literal».
52.      En la sentencia Gutsanovi c. Bulgaria, (23) el demandante impugnaba la fundamentación de la resolución del tribunal que lo mantenía en prisión provisional. El TEDH consideró que el juez del Tribunal de distrito debía asegurarse de que seguían existiendo razones plausibles para sospechar que el demandante había cometido un delito y que los términos utilizados (24) iban más allá de la mera descripción de una situación de sospecha, lo que constituía una vulneración del artículo 6, apartado 2, del CEDH.
53.      Si bien la elección de los términos es importante, cabe recordar también que la cuestión de si la declaración de un funcionario público constituye una vulneración del principio de presunción de inocencia debe resolverse en el contexto de las circunstancias particulares en las que se formuló la declaración controvertida. (25) Así, en caso de manifestaciones «desafortunadas», es preciso examinar el contexto del procedimiento en su conjunto y sus características particulares para determinar si las declaraciones vulneran el artículo 6, apartado 2, del CEDH. (26) En la sentencia Daktaras c. Lituania, (27) fue un fiscal quien formuló las declaraciones en cuestión en una decisión motivada, dictada en una fase preliminar del procedimiento, por la que se desestimaba la solicitud de sobreseimiento de la causa presentada por el demandante. El TEDH consideró que afirmar que la culpabilidad del demandante estaba «demostrada» por los datos de los autos era «desafortunado», pero que, teniendo en cuenta el contexto, el fiscal no se refería a la cuestión de si la culpabilidad del interesado estaba probada —cuestión sobre la que evidentemente no le correspondía pronunciarse—, sino a la de si los autos contenían pruebas suficientes de la culpabilidad del interesado para justificar su enjuiciamiento. No se consideró que se hubiera vulnerado la presunción de inocencia en ese caso.
54.      Sin embargo, la sentencia Daktaras c. Lituania, en la que las declaraciones incriminatorias procedían de un fiscal, da pie a recordar que las declaraciones de los jueces son objeto de un examen más minucioso que las de las autoridades de investigación, como la policía y la fiscalía. (28)
55.      Por último, cabe mencionar la reciente sentencia Ravier c. Francia, en la que el TEDH ha desestimado la vulneración de la presunción de inocencia en relación con el uso por parte del Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo, Francia) de la expresión según la cual el demandante había «realizado maniobras de carácter fraudulento con el fin de alterar la veracidad del escrutinio», ya que la resolución del Conseil d’État (Consejo de Estado) se había mantenido en el ámbito puramente electoral. (29)
56.      Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente debe tener en cuenta tanto los términos utilizados por las autoridades judiciales como las circunstancias particulares en las que se formularon, como la naturaleza y el contexto del procedimiento en cuestión.
ii)    Aplicación en el caso de autos
57.      Es preciso recordar que, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, toda apreciación de los hechos del asunto es competencia del juez nacional. Sin embargo, para proporcionarle una respuesta útil, el Tribunal de Justicia puede, en aras de la cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales, facilitarle todas las indicaciones que considere necesarias. (30)
58.      En primer lugar, he de señalar que la acusación se refiere en este caso al delito de difamación, cuyos tres elementos constitutivos son, con arreglo al Derecho eslovaco, en primer lugar, la divulgación, en segundo lugar, el hecho de que se trate de una información falsa y, en tercer lugar, el hecho de que «pueda causar un daño significativo a la reputación» de la persona afectada, en particular en su trabajo o en sus relaciones familiares. (31)
59.      En segundo lugar, en lo que respecta a los términos utilizados, es de señalar que algunos pasajes de la fundamentación expuesta por el juez de apelación se desprende que parece convencido de que esos elementos del delito se dan efectivamente en el presente caso. Utiliza afirmaciones como que «la falsa información» fue «puest[a] a disposición de un gran número de observadores» y que «se desprende, sin lugar a dudas», de las pruebas aportadas en la instrucción, en las que también se basó el Okresný súd Bratislava III (Tribunal Comarcal de Bratislava III), que el acusado «ha mentido sobre [la víctima]».
60.      En mi opinión, estas afirmaciones van más allá de meras sospechas y, sobre la base de los elementos de cargo resultantes de la instrucción, reconocen la culpabilidad de la persona sospechosa o acusada en lo que respecta a la falsedad de la información divulgada.
61.      Puede considerarse que, mediante sus afirmaciones, el juez de apelación se pronunció sobre las pruebas de cargo evaluando si concurrían los elementos constitutivos del delito en cuestión en términos que van más allá de la mera sospecha y que reflejan claramente la sensación de que la persona procesada es culpable.
62.      En tercer lugar, en lo que respecta a la naturaleza de la resolución controvertida y su contexto, ha de reconocerse que la culpabilidad del acusado no era una cuestión que debiera resolverse en esa fase preliminar del procedimiento. En efecto, no se trataba de determinar si los hechos imputados eran ciertos, sino si, en su caso, eran punibles con arreglo al Derecho nacional.
63.      Sin embargo, ello no justifica formulaciones que vulneren la presunción de inocencia, ya que, de lo contrario, bastaría con constatar que la culpabilidad aún no se ha determinado para excluir toda posibilidad de vulneración de la presunción de inocencia en esta fase. Tal enfoque no puede admitirse, ya que, como se ha visto, la garantía de la presunción de inocencia se aplica a todo el procedimiento penal y no únicamente al examen del fundamento de la acusación. (32)
64.      Añado que, como también se ha visto, los magistrados, y en particular los magistrados instructores, deben prestar particular atención a los términos que utilizan en sus resoluciones. (33)
65.      Además, en el caso que nos ocupa, cabe señalar que el juez de apelación, en el procedimiento preliminar, parece resolver, en última instancia, (34) que su resolución vincula al juez de primera instancia en esta fase preliminar y que los términos que utiliza también pueden influir en el tribunal jerárquicamente inferior que decidirá sobre el fondo del asunto, lo que confiere a su resolución un alcance nada desdeñable en el conjunto del procedimiento, independientemente de que la persona sea finalmente enviada ante al juez civil o penal.
66.      Además, no cabe duda de que en esta fase del procedimiento pueden utilizarse fácilmente fórmulas que respeten la presunción de inocencia (35) y que, al mismo tiempo, sean lo suficientemente convincentes en lo que respecta a la concurrencia de los elementos constitutivos del delito para justificar, en su caso, el envío de la persona acusada ante el juez penal.
67.      Por otra parte, no me convence el argumento del Gobierno eslovaco, según el cual ha de distinguirse, por una parte, entre las expresiones que pretenden exponer los hechos extraídos de los autos y las pruebas destinadas a verificar la exactitud de la apreciación jurídica sobre el carácter penal o no de los actos difamatorios en cuestión y, por otra parte, las expresiones sobre la culpabilidad en cuanto al fondo que pueden dar a entender que se ha vulnerado la presunción de inocencia. Este enfoque sugiere, en efecto, que la resolución contiene pasajes que pueden separarse unos de otros en lo que atañe al respeto de la presunción de inocencia. Ahora bien, aunque un término o una expresión desafortunada pueden entenderse, en su caso, como accidentales en determinadas circunstancias, los magistrados están obligados a no dar la impresión de que actúan con la idea preconcebida de la culpabilidad de la persona sospechosa o acusada. En mi opinión, esto implica que deben elegir los términos de toda su fundamentación con especial atención y cuidado. (36)
68.      Ciertamente, no se puede excluir que las insinuaciones o pasajes ambiguos con respecto a la presunción de inocencia puedan considerarse accidentales o contrarrestados por otros pasajes de la fundamentación que reflejen el hecho de que el juez no cree que la persona procesada sea culpable. (37) Sin embargo, las declaraciones que reflejan la convicción del juez, que no conoce el fondo del asunto, de que la persona sospechosa o acusada es culpable pueden bastar para viciar la totalidad de una fundamentación, cuestión que debe evaluarse caso por caso.
69.      Por lo tanto, si bien el derecho al respeto de la presunción de inocencia reconocido en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/343, interpretado a la luz del artículo 48, apartado 1, de la Carta, no se opone a que un tribunal superior, que resuelve un recurso interpuesto por el fiscal contra el auto de sobreseimiento dictado por el tribunal inferior, se pronuncie sobre los elementos constitutivos de la infracción penal en cuestión para justificar su decisión de revocar o no dicho auto de sobreseimiento, es preciso para ello que no presente a la persona sospechosa o acusada como culpable, extremo que corresponde apreciar al juez remitente.
70.      ¿Ha de modificarse esta afirmación por el hecho de que el juez de apelación no estuviera obligado por el Derecho nacional a realizar una apreciación de hecho y de Derecho en la fundamentación de su resolución a este respecto (segunda cuestión) y por la circunstancia de que la práctica de la prueba no se llevara a cabo de manera completa (tercera cuestión)? Es lo que abordaré a continuación.
2)      Sobre los requisitos para adoptar una resolución preliminar (segunda y tercera cuestiones prejudiciales)
71.      Cabe recordar que, de conformidad con el considerando 10 de la Directiva 2016/343, esta se limita a establecer normas mínimas comunes sobre la protección de los derechos procesales de los sospechosos y acusados, y tiene la finalidad de reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal. Por lo tanto, habida cuenta del carácter mínimo de la armonización que establece la Directiva 2016/343, esta no puede interpretarse como un instrumento completo y exhaustivo cuyo objeto sea establecer todos los requisitos para la adopción de una resolución preliminar.
72.      El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los requisitos para adoptar una resolución preliminar en relación con la presunción de inocencia, en particular en lo que respecta a las resoluciones de mantenimiento en prisión provisional. Dicha resolución puede basarse en sospechas o pruebas de cargo, siempre que no presente al detenido como culpable. (38) Del mismo modo, cuando el órgano jurisdiccional competente examine los indicios racionales que permitan suponer que la persona sospechosa o encausada ha cometido la infracción que se le imputa con el fin de pronunciarse sobre la legalidad de una resolución relativa a la prisión preventiva, dicho órgano jurisdiccional puede sopesar las pruebas de cargo y de descargo que se le presenten y motivar su resolución no solo indicando las pruebas en que se ha basado, sino también pronunciándose sobre las objeciones de la defensa de la persona de que se trate, siempre que la resolución que se adopte al respecto no se refiera a la persona privada de libertad como culpable. (39)
73.      Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que el margen de apreciación de los Estados miembros a la hora de adoptar las medidas necesarias a efectos del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/343 incluye la posibilidad de mencionar un acuerdo de reducción de la pena, pactado entre el fiscal y una persona acusada que reconoce su culpabilidad y que mencione a otras personas acusadas, siempre que estas últimas no sean presentadas como culpables. (40) El mismo razonamiento se aplicó, mutatis mutandis, a una decisión por la que un tribunal nacional aceptaba una «declaración de culpabilidad» de uno de los coacusados. (41)
74.      Por lo tanto, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/343, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, deja a los Estados miembros cierto margen de apreciación en lo que respecta a los requisitos para adoptar una resolución dictada en una fase preliminar por un órgano jurisdiccional nacional y, en particular, en lo que respecta a las modalidades de examen de los distintos elementos de prueba y al alcance de la fundamentación que debe ofrecerse en respuesta a los argumentos que se le han formulado, cuestiones cuya valoración es competencia exclusiva del Derecho nacional.
75.      En este contexto, en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta por la apreciación de hecho y de Derecho realizada por el juez de apelación en la fundamentación de su resolución, a pesar de que el Derecho nacional no se lo impone (segunda cuestión).
76.      Pues bien, a este respecto, además de que el órgano jurisdiccional remitente no hace referencia a ninguna disposición de su Derecho nacional, considero que tal fundamentación detallada no modifica en nada la interpretación de las disposiciones en cuestión en lo que respecta a la presunción de inocencia.
77.      Por una parte, como ha señalado el Gobierno eslovaco, el tribunal de apelación se pronuncia mediante auto y, según el artículo 176 del Código de Enjuiciamiento Criminal, todo auto, como resolución judicial, debe estar debidamente motivado.
78.      Por otra parte, y en cualquier caso, es conforme con una recta administración de la justicia que las resoluciones judiciales, incluso en esta fase preliminar del procedimiento, indiquen de manera suficiente las razones en las que se basan, siempre que no contengan formulaciones que prejuzguen la culpabilidad de la persona acusada. Por otra parte, una fundamentación suficientemente precisa parece adecuada para facilitar a la persona acusada una mejor información sobre los cargos que se le imputan y sobre las razones por las que los hechos que se enjuician en el proceso penal pueden constituir delitos que justifiquen la apertura del juicio oral ante juez de lo penal para que este se pronuncie sobre el fondo del asunto. (42)
79.      Añadiría que tal motivación, siempre que respete la presunción de inocencia, puede considerarse particularmente adecuada en un caso como el del procedimiento principal, en el que el tribunal de apelación se pronuncia por segunda vez sobre el auto de sobreseimiento dictado por el órgano jurisdiccional de primera instancia.
80.      Por lo tanto, no me parece que las disposiciones y los principios del Derecho de la Unión invocados por el órgano jurisdiccional remitente deban interpretarse en el sentido de que se oponen a una fundamentación detallada, siempre que esta no prejuzgue la culpabilidad de la persona acusada.
81.      En segundo lugar, tampoco me parece que deba modificar la respuesta a la primera cuestión el hecho de que el tribunal de apelación se pronunciara basándose únicamente en las pruebas practicadas en la instrucción, es decir, en una fase en la que no se había completado la práctica de la prueba (tercera cuestión).
82.      Recuérdese que, en la fase preliminar del procedimiento principal, se trata, como se desprende de las observaciones del Gobierno eslovaco, de determinar, a la luz de los autos de la instrucción, si el escrito de acusación constituye una base fiable para la continuación del procedimiento, si la instrucción se ha llevado a cabo de conformidad con la ley y si puede celebrarse el juicio oral o debe darse otro curso a las actuaciones. Así, el juez puede sobreseer la causa si la infracción en cuestión no es de carácter penal, lo que puede estar justificado por meras dudas o contradicciones en las pruebas. La apreciación de los jueces se centra en esta fase en la cuestión de si la calificación de los hechos imputados es o no de carácter penal.
83.      Ahora bien, por definición, en esta fase preliminar solo pueden utilizarse las pruebas obtenidas en la instrucción. Es lo que establece expresamente el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/343 cuando menciona la posibilidad de que las autoridades judiciales u otras autoridades competentes, al adoptar resoluciones preliminares de carácter procesal, como en el caso de autos, se basen en indicios o en pruebas de cargo.
84.      La presunción de inocencia no se opone a que un tribunal que se pronuncia en apelación contra una resolución preliminar se base así en las pruebas de que dispone en esa fase del procedimiento para adoptar su resolución, siempre que no presente al acusado como culpable.
85.      En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente parece tener dudas sobre el respeto del derecho de defensa, garantizado por el artículo 48, apartado 2, de la Carta, por el hecho de que la resolución del órgano jurisdiccional de apelación se adoptó sin que el acusado pudiera formular observaciones al respecto.
86.      En este punto, recuerdo que, según jurisprudencia antigua y reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las garantías de un juicio equitativo del artículo 6 del CEDH son aplicables tan pronto como existe una «acusación en materia penal» en el sentido de dicha disposición y, por lo tanto, pueden ser relevantes antes del inicio del juicio en la medida en la que su inobservancia inicial comprometa seriamente la equidad del juicio. (43) Las garantías de un juicio justo, entre ellas los derechos de la defensa, se aplican así desde la fase de instrucción. (44)
87.      Dicho esto, en principio, la apreciación se realiza sobre la totalidad del procedimiento y en función de las circunstancias de la causa. (45)
88.      Pues bien, por una parte, en lo que respecta a los derechos de la defensa en el procedimiento de apelación, de los autos se desprende que el acusado pudo presentar observaciones en respuesta al informe del fiscal de apelación. Por otra parte, en lo que respecta a los derechos de la defensa relativos al respeto de la presunción de inocencia tras la resolución del juez de apelación, ha de señalarse que el procedimiento continuará ante el órgano jurisdiccional remitente, ante el cual el acusado podrá hacer valer sus argumentos.
89.      En este contexto, pueden descartarse, a mi juicio, las dudas del tribunal remitente sobre el respeto de los derechos de la defensa.
c)      Conclusión sobre las tres primeras cuestiones
90.      Considero que procede responder al órgano jurisdiccional remitente que el derecho al respeto de la presunción de inocencia reconocido en los artículos 3 y 4, apartado 1, de la Directiva 2016/343, leídos a la luz del artículo 48, apartado 1, de la Carta, no se opone a que un órgano jurisdiccional penal, que conoce en apelación de un recurso contra una resolución preliminar de carácter procesal, se pronuncie sobre las pruebas de cargo mediante una apreciación de hecho y de Derecho acerca de si concurren los elementos constitutivos del delito imputado, pese a no estar obligado a hacerlo en virtud del Derecho nacional y aunque la práctica de la prueba no se llevó a cabo de manera completa en esa fase preliminar del procedimiento, siempre que no presente al acusado como culpable, extremo que corresponde apreciar al juez remitente.
2.      Sobre la cuarta cuestión prejudicial
91.      A la vista de la respuesta que propongo dar a la primera cuestión y dado que corresponderá al órgano jurisdiccional remitente determinar si se ha vulnerado la presunción de inocencia en el procedimiento principal, considero que ha de responderse a la cuarta cuestión, cuyo objeto es identificar las medidas que deben adoptarse en tal hipótesis.
92.      Mediante las dos primeras partes de esta cuarta cuestión, (46) el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, en caso de que se constate la vulneración de la presunción de inocencia, constituiría una medida adecuada, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2016/343 rechazar las apreciaciones del tribunal de apelación que anuló un auto de sobreseimiento para, a continuación, resolver bien tras practicar la prueba en debida forma (primera parte), bien dictando la misma resolución ya anulada por el tribunal de apelación (segunda parte).
93.      Ha de tenerse en cuenta que, si bien el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2016/343 exige que se adopten «medidas adecuadas», dicha disposición no precisa la naturaleza de esas medidas y se limita a referirse «en particular» al artículo 10 de la Directiva, lo que implica que dichas medidas podrían adoptar, en particular, la forma de vías de recurso efectivas a disposición de los acusados en el sentido de la citada disposición. Además, habida cuenta del carácter mínimo de la armonización perseguida por la Directiva 2016/343, esta no puede interpretarse en el sentido de que es un instrumento completo y exhaustivo que tiene por objeto fijar la totalidad de las condiciones de adopción de las medidas adecuadas. (47)
94.      Por lo tanto, ante la inexistencia de normas de la Unión en la materia, las «medidas adecuadas» deben ser definidas por los Estados miembros en virtud de su autonomía procesal, dentro de los límites derivados de los principios de equivalencia y efectividad. (48)
95.      Con carácter previo, observo que el órgano jurisdiccional remitente no menciona los recursos nacionales establecidos a este respecto.
96.      Por su parte, el Gobierno eslovaco hace referencia a cuatro vías de recurso en caso de vulneración de la presunción de inocencia por un tribunal superior, a saber: en primer lugar, la posibilidad de alegar la parcialidad de los jueces si posteriormente se les atribuye la causa penal para que se pronuncien sobre el fondo; en segundo lugar, la posibilidad de interponer un recurso por responsabilidad del Estado; en tercer lugar, la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad, y, en cuarto lugar, la posibilidad de alegar la responsabilidad por falta disciplinaria de los jueces que hayan cometido tal vulneración. (49)
97.      La Comisión sostiene, por su parte, que es preciso examinar en primer lugar qué medidas disponibles podrían restablecer a los sospechosos o a las personas acusadas en la situación en la que se habrían encontrado si no se hubiera producido la vulneración y que solo si el Derecho nacional no prevé ninguna posibilidad cabe plantearse si procede dejar inaplicada la resolución del tribunal superior.
98.      Sin embargo, observo que de la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que esta no se refiere a las medidas adecuadas adoptadas por el Estado miembro para garantizar recursos efectivos en caso de vulneración de la presunción de inocencia, sino a la forma en que el órgano jurisdiccional remitente puede garantizar el respeto efectivo de dicha presunción ante un posible incumplimiento a este respecto por parte del órgano jurisdiccional de apelación que es su superior.
99.      Por lo tanto, considero que, sin perjuicio de la idoneidad o no de las vías de recurso a las que se refiere el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2016/343 establecidas en el Derecho nacional, su existencia no excluye que un juez, ante una vulneración de la presunción de inocencia en la fase preliminar del proceso penal, deba, en su condición de juez ordinario de la Unión, adoptar determinadas medidas para garantizar su respeto. (50)
100. En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente menciona la posibilidad de no aplicar una resolución de un órgano jurisdiccional superior que considera contraria a la presunción de inocencia.
101. A mi juicio, tal medida se basa no tanto en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2016/343, en lo que respecta a las medidas adecuadas, como en la primacía de la presunción de inocencia proclamada en el artículo 48, apartado 1, de la Carta y en el artículo 3 de la Directiva.
102. En efecto, de las observaciones escritas y orales de las partes interesadas, y en particular de los Gobiernos eslovaco y húngaro, se desprende que tal medida sería contraria a la norma de que la apreciación jurídica del tribunal superior tiene, en Derecho nacional, carácter jurídicamente vinculante para el tribunal remitente. (51)
103. Sin embargo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el principio de primacía del Derecho de la Unión se opone a que un órgano jurisdiccional nacional, al que corresponde resolver un asunto que le ha sido remitido por un órgano jurisdiccional superior ante el que se interpuso un recurso de casación, se encuentre vinculado, con arreglo al Derecho procesal nacional, por valoraciones jurídicas efectuadas por el órgano jurisdiccional superior, si, habida cuenta de la interpretación que ha solicitado al Tribunal de Justicia, estima que dichas valoraciones no son compatibles con el Derecho de la Unión. (52)
104. De ello se desprende que, si el órgano jurisdiccional remitente considera, a la luz de la sentencia que dicte el Tribunal de Justicia, que la fundamentación expuesta por el órgano jurisdiccional de apelación ha vulnerado la presunción de inocencia, debería, en ejercicio de su competencia para pronunciarse tras la devolución de la causa por el tribunal de apelación, no considerarse vinculado por las apreciaciones materiales del tribunal de apelación que considere viciadas por tal vulneración y no aplicarlas.
105. A este respecto, no me convence el argumento del Gobierno eslovaco sobre el carácter «accesorio» de una posible vulneración de la presunción de inocencia, basado en que no afectaría a «una parte integrante de la apreciación jurídica del tribunal superior». Es cierto que la apreciación jurídica del tribunal superior en esta fase del procedimiento no es necesariamente vinculante en el futuro procedimiento sobre la culpabilidad o inocencia en cuanto al fondo de la persona acusada y que una vulneración de la presunción de inocencia en esta fase podría repararse en una fase posterior del procedimiento. (53) Sin embargo, no cabe excluir que el incumplimiento inicial de un requisito de un juicio justo, antes de que pase a conocer el juez que se pronunciará sobre el fondo, pueda comprometer gravemente el carácter justo del juicio. (54) Pues bien, en lo que respecta a la vulneración de la presunción de inocencia, que figura entre los elementos de un juicio penal justo, aunque los términos de la resolución del tribunal de apelación no vinculen al juez que deberá pronunciarse sobre el fondo, esta resolución preliminar da lugar a que la persona acusada sea enviada o no ante el juez penal, lo que constituye una etapa determinante del proceso penal. Además, no puede excluirse que las apreciaciones formuladas por el juez de apelación en esta fase preliminar, aunque contrarias a la presunción de inocencia, puedan tener cierta relevancia ante el juez del fondo, que, además, es jerárquicamente inferior, con consecuencias que pueden afectar, en su caso, a la carga de la prueba.
106. Por lo tanto, el principio de primacía del Derecho de la Unión exige, desde esta fase preliminar del proceso penal, descartar las apreciaciones del tribunal de apelación que el tribunal remitente considere contrarias a la presunción de inocencia.
107. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta qué consecuencias procesales lleva consigo la constatación de que el juez de apelación ha vulnerado la presunción de inocencia y, en particular, si, a la luz de los principios de primacía y efectividad, debe o no reevaluar las pruebas y examinar de nuevo si se dan todos los elementos constitutivos del delito.
108. Para comprender el alcance de esta cuestión, cabe recordar que, en esta fase preliminar del procedimiento, el tribunal de apelación ha anulado en dos ocasiones la resolución del tribunal de primera instancia y ha devuelto a este las actuaciones para que «vuelva a pronunciarse», habida cuenta de que la resolución de apelación de 8 de febrero de 2022 precisaba que el tribunal de primera instancia debía «reevaluar las pruebas obtenidas y, solo después de ello, examinar individualmente si se reunían todos los elementos constitutivos del delito imputado», para después resolver el asunto de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Cabe señalar asimismo que, aunque el tribunal remitente considerara que la fundamentación del juez de apelación, por sus constataciones materiales o, al menos, por algunas de ellas, vulneraba la presunción de inocencia, lo cierto es que su anulación del auto de sobreseimiento no afecta a la culpabilidad en cuanto al fondo de la persona procesada y tiene un carácter puramente procesal.
109. Es de señalar asimismo que, conforme al reparto de funciones entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, en el que se basa el artículo 267 TFUE, no corresponde al Tribunal de Justicia interpretar las disposiciones del Derecho nacional, pronunciarse sobre la compatibilidad de una medida nacional con el Derecho de la Unión ni indicar qué norma o qué procedimiento del Derecho nacional debe seguir un órgano jurisdiccional remitente. Corresponde a este interpretar su Derecho nacional en virtud de su autonomía procesal, respetando el principio de equivalencia, que exige que las normas nacionales no sean menos favorables que las aplicables a situaciones similares de Derecho interno, y del principio de efectividad, que exige que las modalidades procesales nacionales no hagan imposible en la práctica ni excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión. (55) No obstante, para proporcionar al órgano jurisdiccional remitente algunas indicaciones útiles, considero pertinente precisar lo siguiente.
110. Si bien los principios de primacía y efectividad (56) implican descartar las apreciaciones del tribunal de apelación contrarias a la presunción de inocencia, no me parece que exijan necesariamente descartar también los efectos procesales de la resolución del tribunal de apelación. En efecto, ha de distinguirse entre, por una parte, una violación del Derecho de la Unión relativa a los requisitos orgánicos del tribunal en cuestión, que puede dar lugar a que se considere nula y sin efecto una resolución dictada por un órgano que no constituye un tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley a los efectos del Derecho de la Unión, (57) y, por otra parte, una vulneración «circunstancial», es decir, en un caso concreto, de una garantía de juicio justo, cuyo alcance se limitaría a las apreciaciones formuladas en ese asunto por el tribunal de apelación. En otras palabras, en mi opinión, la efectividad de la presunción de inocencia no se opone a que la anulación, pronunciada por el tribunal de apelación, del auto de sobreseimiento tenga efectos en el plano procesal y a que el tribunal remitente, tras descartar las apreciaciones del tribunal de apelación que considere contrarias a la presunción de inocencia, adopte una nueva resolución, que acuerde o no el sobreseimiento de la causa, reexaminando en su caso los elementos de los autos, de conformidad con la resolución del tribunal de apelación.
111. Añado que el hecho de que el tribunal remitente adopte, en esta fase, una nueva resolución debidamente fundamentada le permitiría justificar el rechazo de las apreciaciones materiales consideradas contrarias a la presunción de inocencia, de modo que se garantice la equidad del procedimiento con respecto a todas las partes implicadas. Por último, tal decisión también podría constituir, para la persona acusada, una base legal para ejercitar, en su caso, el derecho a una indemnización por la vulneración de la presunción de inocencia.
112. Por lo tanto, considero que, en esta fase preliminar del proceso penal, los principios de primacía y efectividad de la presunción de inocencia no se oponen a que el órgano jurisdiccional remitente, aun rechazando las apreciaciones del órgano jurisdiccional de apelación que considere contrarias a la presunción de inocencia, se ajuste a la resolución de apelación en la medida en que le obliga a pronunciarse nuevamente.
113. Por consiguiente, considero que debe responderse al órgano jurisdiccional remitente que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2016/343, leído a la luz del artículo 3 de esta Directiva y del artículo 48, apartado 1, de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el órgano jurisdiccional remitente, por una parte, rechace las apreciaciones del órgano jurisdiccional de apelación que considere contrarias a la presunción de inocencia y, por otra, vuelva a pronunciarse de conformidad con su Derecho procesal nacional, ateniéndose a los principios de equivalencia y de efectividad.
IV.    Conclusión
114. A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal que responda de la siguiente manera a las cuestiones planteadas por el Mestský súd Bratislava I (Tribunal de Distrito de Bratislava I, Eslovaquia):
«1)      El derecho al respeto de la presunción de inocencia reconocido en los artículos 3 y 4, apartado 1, de la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, leídos a la luz del artículo 48, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a que un órgano jurisdiccional penal, que conoce en apelación de un recurso contra una resolución preliminar de carácter procesal, se pronuncie sobre las pruebas de cargo mediante una apreciación de hecho y de Derecho acerca de si concurren los elementos constitutivos del delito imputado, pese a no estar obligado a hacerlo en virtud del Derecho nacional y aunque la práctica de la prueba no se llevó a cabo de manera completa en esa fase preliminar del procedimiento, siempre que no presente al acusado como culpable, extremo que corresponde apreciar al juez remitente.
2)      El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2016/343, leído a la luz del artículo 3 de esta Directiva y del artículo 48, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a que el órgano jurisdiccional remitente, por una parte, rechace las apreciaciones del órgano jurisdiccional de apelación que considere contrarias a la presunción de inocencia y, por otra, vuelva a pronunciarse de conformidad con su Derecho procesal nacional, ateniéndose a los principios de equivalencia y de efectividad.»
1      Lengua original: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Badinter, R., «La présomption d’innocence, histoire et modernité», en Catala, P., Le droit privé français à la fin du XX e siècle: études offertes à Pierre Catala, Litec, París, 2001, p. 134.
3      Véase Vigouroux, C., «Présomption d’innocence», La conscience des droits. Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, Dalloz, París, 2011, pp. 657 y ss., en especial. p. 665.
4      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO 2016, L 65, p. 1).
Cabe recordar que esta Directiva es el resultado de un proceso en varias etapas, basado en el artículo 82 TFUE, relativo a la cooperación judicial en materia penal, que establece el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, comúnmente considerado como la piedra angular de la cooperación judicial en materia penal en la Unión desde el Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999. El Libro Verde de la Comisión Europea, de 26 de abril de 2006, sobre la presunción de inocencia [COM(2006) 174 final, de 24 de junio de 2006], y, posteriormente, la Resolución del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales (DO 2009, C 295, p. 1), que pasó a formar parte integrante del Programa de Estocolmo del Consejo Europeo sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia (Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano) (DO 2010, C 115, p. 1), dieron lugar, en noviembre de 2013, a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se refuerzan ciertos aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el propio juicio en los procesos penales [COM(2013) 821 final], y, posteriormente, a la Directiva 2016/343, adoptada el 9 de marzo de 2016 (véase Daminova, N., «The CJEU Faced with ‘Presumption of Innocence’ Directive 2016/343: Reshaping the ECHR Standards?», European Yearbook of Human Rights, Intersentia, 2022, pp. 137 a 175). Basada en la competencia de que dispone la Unión, en virtud del artículo 82 TFUE, apartado 2, letra b), para establecer normas mínimas relativas a los derechos de las personas durante el procedimiento penal, es una de las seis directivas adoptadas por la Unión para establecer normas mínimas comunes que garanticen el derecho a un tribunal imparcial y los derechos de los sospechosos y acusados, en cumplimiento del Programa de Estocolmo (véase Catteau, F., «Les droits procéduraux des personnes poursuivies et des victimes de criminalité devant la Cour de justice de l’Union. Vers un droit européen de la procédure pénale?», Cahiers de droit européen, 2020/2‑3, pp. 485 a 547).
5      Véase la sentencia de 8 de abril de 2025, Fiscalía Europea (Control jurisdiccional de actos procesales) (C‑292/23, EU:C:2025:255), apartado 36 y jurisprudencia citada.
6      Véase la sentencia de 16 de noviembre de 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim y otros (C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931), apartado 48.
7      Esta afirmación deja abierta la posibilidad, evocada, por lo demás, por el Gobierno eslovaco en sus observaciones escritas, de que, si una sala de un tribunal superior reconoce a una persona investigada como culpable antes de su condena definitiva, dicha persona pueda alegar la parcialidad de esos jueces si vuelven a conocer de la causa penal.
8      Véase la sentencia de 28 de noviembre de 2019, Spetsializirana prokuratura (C‑653/19 PPU, en lo sucesivo, «sentencia Spetsializirana prokuratura», EU:C:2019:1024), apartados 32 y 33.
9      Véase la sentencia Spetsializirana prokuratura, apartados 35 y 37, según la cual «una resolución judicial cuyo solo objeto es el eventual mantenimiento en prisión preventiva de un acusado únicamente pretende zanjar la cuestión de si debe o no ponerse en libertad a esa persona, habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes, sin determinar si dicha persona es culpable o no de la infracción de que se le acusa. […] Dicha resolución no puede calificarse, pues, de resolución judicial que se pronuncia sobre la culpabilidad del acusado, en el sentido de esta Directiva».
10      A este respecto, cabe recordar que el artículo 52, apartado 3, de la Carta precisa que, en la medida en que la Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el CEDH, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Pues bien, según las Explicaciones sobre el artículo 48 de la Carta, que, de conformidad con el artículo 6 TUE, apartado 1, párrafo tercero, y con el artículo 52, apartado 7, de la Carta, deben tenerse en cuenta para la interpretación de esta, el citado artículo 48 coincide con el artículo 6, los apartados 2 y 3, del CEDH. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia debe velar por que su interpretación del artículo 48, apartado 1, de la Carta garantice un nivel de protección que respete el garantizado por el artículo 6, apartado 2, del CEDH, según lo interpreta el TEDH [véase, en este sentido, la sentencia de 23 de noviembre de 2021, IS (Ilegalidad de la resolución de remisión) (C‑564/19, EU:C:2021:949), apartado 101].
11      Véase, en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AH y otros (Presunción de inocencia) (C‑377/18, EU:C:2019:670), apartado 42. Para una aplicación en relación con los términos de un comunicado de prensa emitido por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), véase la sentencia de 1 de octubre de 2025, OC/Comisión (T‑384/20 RENV, EU:T:2025:925), apartados 91 y ss.
12      Véase TEDH, sentencia de 25 de marzo de 1983, Minelli c. Suiza (CE:ECHR:1983:0325JUD000866079), § 30.
13      Véase Repík, B., «Réflexions sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la présomption d’innocence», Liber amicorum Marc-André Eissen, Bruselas, Bruylant/L.G.D.J., 1995, pp. 331 a 345, en particular p. 333. Véase también Dold, B., «Artikel 6. Recht auf ein faires Verfahren», en Frowein/Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention, EMRK-Kommentar, 4.a ed., N. P. Engel Verlag, Kehl am Rhein, 2024, pp. 323 a 324, n.os 67 a 69.
14      Considerada como una garantía procesal en el propio proceso penal, la presunción de inocencia impone condiciones relativas, en particular, a la carga de la prueba, las presunciones judiciales y legales, el derecho a no autoincriminarse, la publicidad que puede darse al caso antes de la celebración del juicio o la formulación por parte del juez del fondo o cualquier otra autoridad pública de declaraciones prematuras sobre la culpabilidad de un acusado (véanse TEDH, sentencias de 12 de julio de 2013, Allen c. Reino Unido, CE:ECHR:2013:0712JUD002542409, § 93, y de 11 de junio de 2024, Nealon y Hallam c. Reino Unido, CE:ECHR:2024:0611JUD003248319, § 101).
15      Teniendo en cuenta la necesidad de velar por que el derecho garantizado por el artículo 6, apartado 2, del CEDH sea concreto y efectivo, el TEDH ha desarrollado con el tiempo un «segundo aspecto» de la presunción de inocencia, que entra en juego al concluir el proceso penal, ya sea mediante la absolución o mediante el sobreseimiento de la causa. El TEDH ha expresado claramente que, tras el sobreseimiento de la acción penal, la presunción de inocencia exige que se tenga en cuenta, en un procedimiento posterior, cualquiera que sea su naturaleza, que el interesado no ha sido condenado, y también que el fallo de una sentencia absolutoria debe ser respetado por cualquier autoridad que se pronuncie, de manera directa o incidental, sobre la responsabilidad penal del interesado (TEDH, sentencia de 11 de junio de 2024, Nealon y Hallam c. Reino Unido, CE:ECHR:2024:0611JUD003248319, §§ 102 a 109 y jurisprudencia citada). Véase, a este respecto, Beernaert, M.-A., «La présomption d’innocence et ses prolongements au-delà du procès pénal (obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch, arrêt Nealon et Hallam c. Royaume-Uni, 11 juin 2024)», Revue trimestrielle des droits de l’homme, vol. 2, n.º 142, 1 de abril de 2025, pp. 515 a 526.
Véase también, acerca de esta distinción entre los dos aspectos de la presunción de inocencia, Jebens, S. E., «The Scope of the Presumption of Innocence in Article 6 § 2 of the Convention — Especially on its Reputation-Related Aspect», Droits de l’homme — Regards de Strasbourg, Liber Amicorum Luzius Wildhaber, N. P. Engel, Kehl, 2007, pp. 207 a 227.
16      Esto incluye también las diferentes formas de manifestaciones escritas u orales de las autoridades públicas (funcionarios públicos o magistrados) que figuren en cualquier acto, como declaraciones a la prensa o en entrevistas, incluida la fundamentación de un acto judicial por parte de un juez o un tribunal en una fase preliminar. Véase Dold, B., op. cit., pp. 460 a 462, n.os 369 a 372.
17      Véase, en particular, TEDH, sentencia de 6 de diciembre de 1988, Barberà, Messegué y Jabardo c. España (CE:ECHR:1988:1206JUD001059083), § 77.
Citaré también aquí un ejemplo de la historia judicial antigua. En el famoso juicio de Landru, que se inició el 7 de noviembre de 1921 ante la cour d’assises de Seine-et-Oise à Versailles (Tribunal Superior de lo Penal de Seine-et-Oise en Versalles, Francia), las conclusiones del abogado de Landru, Vincent de Moro-Giafferi, ilustran este principio, cuando preguntó al abogado general Godefroy, encargado de la acusación, «¿cómo se puede condenar hoy a un hombre por el asesinato de diez mujeres y ser incapaz mañana de dictar una sentencia declarativa de fallecimiento en favor de las familias por no haberse encontrado ningún cadáver?» El abogado de Landru fue aún más lejos, en una escena que se ha hecho famosa, al argumentar que una de las víctimas, supuestamente muerta, había sido encontrada y estaba dispuesta a comparecer. Toda la sala, incluidos los miembros del jurado, se giraron entonces hacia la puerta..., demostración, según el abogado de Landru, de que nadie estaba seguro de la culpabilidad de Landru. Cabe añadir que, inmediatamente, el abogado general replicó que solo Landru no había desviado la mirada (véase el sitio de Internet del Ministerio de Justicia francés sobre el juicio de Landru, disponible en la siguiente dirección: https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/proces-landru).
18      Véase TEDH, sentencia de 10 de febrero de 1995, Allenet de Ribemont c. Francia (CE:ECHR:1995:0210JUD001517589), § 35, Revue trimestrielle des droits de l’homme, n.º 24, 1995, p. 661 à 672, nota Spielmann, D. Véanse, también, TEDH, sentencias de 12 de abril de 2012, Lagardère c. Francia (CE:ECHR:2012:0412JUD001885107), § 74, y de 27 de febrero de 2014, Karaman c. Alemania (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310), § 41.
19      Véase Hirsch, C., «La présomption d’innocence dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2006-2013)», Annales du droit luxembourgeois, vol. 23 (2013), Bruylant, Bruselas, 2015, en especial pp. 160 y ss. Véanse, también, TEDH, sentencias de 10 de octubre de 2000, Daktaras c. Lituania (CE:ECHR:2000:1010JUD004209598), § 41, y de 15 de junio de 2021, Vardan Martirosyan c. Armenia (CE:ECHR:2021:0615JUD001361012), §§ 83 y 87 (que cita la jurisprudencia en materia de términos empleados en casos de mantenimiento de la prisión).
20      Véanse TEDH, sentencias de 28 de noviembre de 2002, Marziano c. Italia (CE:ECHR:2002:1128JUD004531399), §§ 30 y 31, y de 12 de abril de 2012, Lagardère c. Francia (CE:ECHR:2012:0412JUD001885107), § 75.
21      TEDH, sentencia de 28 de noviembre de 2002 (CE:ECHR:2002:1128JUD004531399), § 30.
22      TEDH, sentencia de 28 de noviembre de 2002 (CE:ECHR:2002:1128JUD005844200), §§ 126 y 127.
23      TEDH, sentencia de 15 de octubre de 2013 (CE:ECHR:2013:1015JUD003452910), §§ 202 y 203.
24      El tribunal había indicado que «s[eguía] entendiendo que se ha[bía] cometido un delito en el cual est[aba] implicado […] el inculpado».
25      Véanse, en particular, TEDH, sentencias de 26 de marzo de 1982, Adolf c. Austria (CE:ECHR:1982:0326JUD000826978), §§ 36 a 41, y de 27 de febrero de 2014, Karaman c. Alemania (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310), §§ 63 a 65 y jurisprudencia citada. Véase, también, TEDH, sentencia de 15 de junio de 2021, Vardan Martirosyan c. Armenia (CE:ECHR:2021:0615JUD001361012), § 81. En los apartados 83 a 90 de esta última sentencia, el TEDH examinó detenidamente los términos de cada resolución en cuestión en su contexto respectivo. Por ejemplo, la expresión «el acto cometido», aunque desafortunada, se entendía en el contexto del mantenimiento de la prisión provisional, habida cuenta de la naturaleza y la peligrosidad del acto «cometido», indicando además que el demandante estaba «acusado de ese delito», no siendo su culpabilidad una cuestión que debiera resolverse en esa fase, como indicó el tribunal de apelación (apartado 84). Véanse, por el contrario, los apartados 87 y 88 en relación con una vulneración del artículo 6, apartado 2, del CEDH sobre otra resolución, no corregida posteriormente en el procedimiento.
26      Véase TEDH, sentencia de 3 de octubre de 2019, Fleischner c. Alemania (CE:ECHR:2019:1003JUD006198512), § 65, en el que el Tribunal indica que el Derecho nacional forma parte de este contexto.
27      TEDH, sentencia de 10 de octubre de 2000 (CE:ECHR:2000:1010JUD004209598), §§ 44 a 45.
28      En TEDH, sentencia de 21 de septiembre de 2006, Pandy c. Bélgica (CE:ECHR:2006:0921JUD001358302), §§ 19 y 43, las declaraciones de un juez de instrucción se habían difundido en la prensa («Pandy quiere hacerse pasar por Dreyfus, pero yo tengo otras referencias para él: Landru y el doctor Petiot»). Estas declaraciones se consideraron accidentales y secundarias en el marco de una investigación compleja que se desarrolló sin incidentes y que el propio acusado elogió. Sin embargo, el TEDH consideró que no dejaban de ser criticables desde el punto de vista del principio de presunción de inocencia, ya que equiparaban al acusado con asesinos en serie conocidos y reconocidos. No eran «admisibles por parte de un juez de instrucción, encargado en el Derecho belga de instruir tanto a cargo como a descargo, lo que justifica un examen más riguroso» (§ 45).
29      TEDH, sentencia de 19 de junio de 2025 (CE:ECHR:2025:0619JUD003232422), apartados 40 a 42.
30      Véanse las sentencias de 1 de julio de 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376), apartado 30, y de 30 de mayo de 2024, Amazon Services Europe (C‑665/22, EU:C:2024:435), apartado 40.
31      Véase el artículo 373, apartado 1, del Código Penal.
32      Véanse TEDH, sentencias de 25 de marzo de 1983, Minelli c. Suiza (CE:ECHR:1983:0325JUD000866079), § 30), y de 30 de marzo de 2010, Poncelet c. Bélgica (CE:ECHR:2010:0330JUD004441807), § 50.
33      Véanse TEDH, sentencias de 21 de septiembre de 2006, Pandy c. Bélgica (CE:ECHR:2006:0921JUD001358302), § 43, y de 21 de junio de 2007, Kampanellis c. Grecia (CE:ECHR:2007:0621JUD000902905), § 27 (relativas a los términos utilizados en el marco de una resolución de apertura del juicio oral dictada por un juez de instrucción). Véase, también, Dold, B., op. cit., p. 459, nº 367.
34      Las resoluciones dictadas en apelación indican que no son susceptibles de recurso ordinario. Véase, a este respecto, TEDH, sentencia de 15 de junio de 2021, Vardan Martirosyan c. Armenia (CE:ECHR:2021:0615JUD001361012), § 88. El TEDH se mostró dispuesto a examinar la posibilidad de que la «District Court» hubiera cometido únicamente un error técnico al formular incorrectamente su resolución, pero constató que esta nunca fue rectificada posteriormente, ya que la resolución impugnada no era susceptible de recurso.
35      Además del uso del condicional, se pueden considerar fórmulas más respetuosas con la presunción de inocencia, centradas en los hechos no considerados «cometidos», sino «imputados», por ejemplo.
36      Por ejemplo, en TEDH, sentencia de 21 de junio de 2007, Kampanellis c. Grecia (CE:ECHR:2007:0621JUD000902905), § 28, los magistrados formularon una frase incriminatoria en una resolución motivada, dictada en una fase preliminar del proceso penal incoado contra el imputado, por la que se acordaba su procesamiento. Ahora bien, el TEDH consideró que el uso del término «apaciguar» expresaba inequívocamente la idea de que la prisión provisional impuesta al demandante podía haber tenido el efecto de calmarlo y frenar su comportamiento delictivo. Consideró que, independientemente de la postura tomada en la resolución controvertida, tales comentarios no eran admisibles por parte de los magistrados de una sala de acusación, encargados por la legislación griega de instruir tanto a cargo como en descargo, lo que exigía una particular atención al elegir los términos utilizados.
37      Véase, por analogía, la sentencia de 8 de diciembre de 2022, HYA y otros (Imposibilidad de interrogar a los testigos de cargo) (C‑348/21, EU:C:2022:965), apartado 58, en relación con la existencia de elementos compensatorios puedan compensar las dificultades causadas a la defensa por el hecho de que el testigo no pudiera ser interrogado directamente durante la fase del juicio oral.
38      Sobre el mantenimiento en prisión provisional, véanse las sentencias de 19 de septiembre de 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732), apartados 44 y 48, y Spetsializirana prokuratura, apartado 29.
39      Véase, en este sentido, el auto de 12 de febrero de 2019, RH (C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110), apartados 57 a 60.
40      Véase la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AH y otros (Presunción de inocencia) (C‑377/18, EU:C:2019:670), apartado 50.
41      Véase el auto de 28 de mayo de 2020, UL y VM (C‑709/18, EU:C:2020:411), apartado 35.
42      Cabe señalar, por ejemplo, en Derecho luxemburgués, el papel de la chambre des mises en accusation (Sala de Acusación), a la que corresponde «verificar si existen o no indicios sobre cada hecho que constituya un elemento esencial de la información; a continuación, evalúa si los indicios deben considerarse suficientes (Le Poittevin, Code d’instr. cr. annoté, art. 221, n.os 27 y 28). […] El juez de instrucción solo debe decidir si existen o no indicios que permitan creer que el acusado cometió los hechos en circunstancias que caen bajo el ámbito de aplicación de la ley penal» (véase Thiry, R., Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, vol. II, Lucien de Bourcy, Luxemburgo, 1984, pp. 204 a 205). Véase, también, sobre los indicios de culpabilidad y los cargos suficientes, el papel de los jueces de instrucción en el sistema judicial belga (Franchimont, M., Jacobs, A. y Masset, A., Manuel de procédure pénale, Larcier, Bruselas, 2009, 3 ªed., p. 541) y el sistema judicial francés [en virtud del artículo 184 del code de procédure penale (Código de Enjuiciamiento Criminal francés)].
43      Véanse TEDH, sentencias de 24 de noviembre de 1993, Imbrioscia c. Suiza (CE:ECHR:1993:1124JUD001397288), § 36, y de 27 de noviembre de 2008, Salduz c. Turquía (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102), § 50.
44      Véase el comentario de Dold, B., op. cit., en especial p. 323, n.º 67. Véase también TEDH, sentencia de 9 de noviembre de 2018, Beuze c. Bélgica (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910), §§ 147 y ss., en la que el TEDH recuerda que «el enfoque consistente en considerar que la equidad del procedimiento en su totalidad es el punto esencial de la apreciación que debe realizarse no se limita al derecho a asistencia letrada reconocido en el artículo 6, apartado 3, letra c), sino que forma parte de una jurisprudencia más amplia relativa a los derechos de la defensa consagrados en el artículo 6, apartado 1, del Convenio».
45      Véase TEDH, sentencia de 12 de mayo de 2017, Simeonovi c. Bulgaria (CE:ECHR:2017:0512JUD002198004), § 114 y, en especial, § 120, en la que el TEDH enumeró una lista no exhaustiva de factores que deben tenerse en cuenta, cuando proceda, para evaluar las consecuencias de las irregularidades procesales que se produjeron en la fase sumarial sobre la equidad general del proceso penal. Véase también TEDH, sentencia de 9 de noviembre de 2018, Beuze c. Bélgica (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910), §§ 148 y ss., en la que el TEDH precisa que tal enfoque corresponde además a la función del Tribunal, que no consiste en pronunciarse in abstracto ni en uniformizar los diferentes sistemas jurídicos, sino en establecer garantías que aseguren que los procedimientos seguidos en cada caso respeten los requisitos de un juicio justo, teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada acusado.
46      La recusación de los jueces del tribunal superior, tal y como se contempla en la tercera parte de la cuarta cuestión, es, en mi opinión, hipotética y, por lo tanto, inadmisible (véase el punto 32 de las presentes conclusiones).
47      Véase, por analogía, en relación con los requisitos para la adopción de una resolución de prisión preventiva, la sentencia de 19 de septiembre de 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732), apartado 47, y el auto de 12 de febrero de 2019, RH (C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110), apartado 59.
48      Véase la sentencia de 5 de septiembre de 2024, M. S. y otros (Garantías procesales de los menores) (C‑603/22, EU:C:2024:685), apartado 170.
49      Por su parte, la Comisión se refirió a un requerimiento enviado en un procedimiento de infracción relativo a la transposición al Derecho eslovaco del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2016/343 [procedimiento de infracción INFR(2024)2210], que seguía en curso en la fecha de la vista.
50      Véanse, por analogía, las sentencias de 5 de junio de 2018, Kolev y otros (C‑612/15, EU:C:2018:392), apartado 94, relativa, en particular, al momento en que la defensa debe tener acceso a los datos de la investigación, y de 21 de octubre de 2021, ZX (Subsanación del escrito de acusación) (C‑282/20, EU:C:2021:874), apartados 28 y 32, relativa a la falta de claridad e integridad de que adolecía el escrito de acusación y que constituía una vulneración del derecho de los acusados a que se les facilitara información detallada sobre la acusación.
51      El Gobierno eslovaco menciona el artículo 194, apartado 5, del Código de Enjuiciamiento Criminal, según el cual la apreciación jurídica del tribunal superior realizada en caso de anulación de la resolución de primera instancia es vinculante para el tribunal inferior, a menos que tal apreciación haya perdido total o parcialmente su fundamento fáctico como consecuencia de una modificación de las constataciones de hecho, en particular después de que el tribunal inferior haya procedido a una nueva práctica de la prueba.
52      Véanse las sentencias de 5 de octubre de 2010, Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581), apartados 30 a 32, y de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional) (C‑430/21, EU:C:2022:99), apartado 75.
53      Como indica Kuty, F., Justice pénale et procès équitable, 1.ª ed., Larcier, Bruselas, 2023, p. 1711: «la vulneración de la presunción de inocencia por el juez de instrucción no constituye un vicio irremediable. […] Un acto del juez de instrucción afectado por una vulneración de la presunción de inocencia no lleva consigo […] la imposibilidad de celebrar un juicio justo ante el tribunal que haya de juzgar al imputado».
54      Véanse, en relación con el derecho a asistencia letrada desde el inicio del procedimiento, TEDH, sentencias de 24 de noviembre de 1993, Imbrioscia c. Suiza (CE:ECHR:1993:1124JUD001397288), § 36, y de 27 de noviembre de 2008, Salduz c. Turquía (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102), § 54. A este respecto, si el sistema penal funciona «como una máquina de estratificar la culpabilidad», es preciso evitar que la «“capa” de culpabilidad sea demasiado gruesa al iniciarse el juicio» (véase Roets, D., La présomption d’innocence, 2.a ed., Dalloz, París, 2023, pp. 59 a 60).
55      Véase la sentencia de 21 de octubre de 2021, ZX (Subsanación del escrito de acusación) (C‑282/20, EU:C:2021:874), apartado 35. A este respecto, cabe recordar que, según el considerando 44 de la Directiva 2016/343, el principio de eficacia «exige que los Estados miembros implanten vías de recurso adecuadas y eficaces en caso de vulneración de algún derecho otorgado a las personas físicas por el Derecho de la Unión. Toda vía de recurso eficaz, de la que se pueda disponer en caso de vulneración de alguno de los derechos establecidos en la presente Directiva, debe surtir, en la medida de lo posible, el efecto de colocar a los sospechosos o acusados en la misma situación en que se hubiesen encontrado de no haberse producido tal vulneración, con miras a proteger el derecho a un juicio justo y el derecho de defensa.»
56      A falta de indicaciones pertinentes en la petición de decisión prejudicial para pronunciarse sobre el principio de equivalencia, considero que no procede abordarlo.
57      Véase la sentencia de 4 de septiembre de 2025, AW T (C‑225/22, EU:C:2025:649), apartado 68.