62024CJ0445
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 13 de noviembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva (UE) 2015/2302 — Viajes combinados y servicios de viaje vinculados — Artículo 3, apartado 6 — Concepto de “viajero” — Persona jurídica que ha celebrado un contrato de viaje para sus miembros»
En el asunto C‑445/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Hof van Cassatie (Tribunal de Casación, Bélgica), mediante resolución de 3 de junio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de junio de 2024, en el procedimiento entre
MS Amlin Insurance SE
y
(W)onderweg VZW,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. J. Passer, Presidente de Sala, y los Sres. D. Gratsias y B. Smulders (Ponente), Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de MS Amlin Insurance SE, por el Sr. J. van Bellinghen y la Sra. B. Vanlerberghe, advocaten;
–
en nombre de (W)onderweg VZW, por el Sr. Y. Teughels, advocaat;
–
en nombre del Gobierno belga, por los Sres. S. Baeyens y P. Cottin y por la Sra. C. Pochet, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. C. Kokkosi y E.‑E. Krompa, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por la Sra. M. F. Severi, avvocato dello Stato;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. I. Rubene y F. van Schaik, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo (DO 2015, L 326, p. 1).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre MS Amlin Insurance SE, una compañía de seguros, y (W)onderweg VZW, una asociación sin ánimo de lucro que celebró un contrato de viaje combinado para sus miembros con una agencia de viajes asegurada con MS Amlin Insurance, en relación con la negativa de esta última a reembolsar a (W)onderweg, tras el concurso de dicha agencia de viajes, los pagos realizados en virtud del contrato de viaje.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 90/314/CEE
3
A tenor del décimo considerando de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO 1990, L 158, p. 59):
«Considerando que el consumidor debe beneficiarse de la protección que establece la presente Directiva, ya sea parte en el contrato, cesionario o miembro de un grupo en cuyo nombre otra persona haya celebrado un contrato relativo a un viaje combinado».
4
El artículo 2 de dicha Directiva establecía, en su punto 4:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
[…]
4)
Consumidor: la persona que compra o se compromete a comprar el viaje combinado (“el contratante principal”), la persona en nombre de la cual el contratante principal se compromete a comprar el viaje combinado (“los demás beneficiarios”) o la persona a la cual el contratante principal u otro beneficiario cede el viaje combinado (“cesionario”).»
Directiva 2015/2302
5
Los considerandos 1 a 3, 7, 25 y 39 de la Directiva 2015/2302 tienen el siguiente tenor:
«(1)
La Directiva [90/314] establece una serie de importantes derechos de los consumidores en relación con los viajes combinados, en particular por lo que se refiere a los requisitos de información, la responsabilidad de los empresarios en relación con la ejecución del viaje combinado y la protección frente a la insolvencia del organizador o minorista. Sin embargo, es necesario adaptar el marco legislativo a la evolución del mercado para adecuarlo mejor al mercado interior, eliminar ambigüedades y colmar las lagunas legislativas.
2)
El turismo desempeña un papel importante en la economía de la Unión [Europea], y los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados […] representan una parte significativa del mercado de los viajes. Dicho mercado ha evolucionado considerablemente desde la adopción de la Directiva [90/314]. […] La presente Directiva tiene por objeto adaptar el alcance de la protección para tener en cuenta esta evolución, aumentar la transparencia y la seguridad jurídica de los viajeros y empresarios.
(3)
El artículo 169 [TFUE, apartado 1 y apartado 2, letra a),] establece que la Unión contribuirá a la consecución de un alto nivel de protección de los consumidores mediante las medidas que adopte en virtud [del artículo 114 TFUE].
[…]
(7)
La mayoría de los viajeros que contratan viajes combinados o servicios de viaje vinculados son consumidores en el sentido del Derecho de la Unión en materia de defensa de los consumidores. Al mismo tiempo, no siempre es fácil distinguir entre los consumidores y los representantes de las pequeñas empresas o profesionales que reservan viajes relacionados con su negocio o profesión a través de los mismos canales de reserva que los consumidores. Dichos viajeros necesitan a menudo un nivel de protección similar. En cambio, hay empresas u organizaciones que elaboran sus fórmulas de viaje sobre la base de un convenio general, celebrado a menudo para múltiples fórmulas de viaje para un período específico, por ejemplo con una agencia de viajes. Este último tipo de fórmulas de viaje no requiere el nivel de protección previsto para los consumidores. Por lo tanto, la presente Directiva solo debe aplicarse a los viajeros de negocios, incluidos los que ejercen profesiones liberales, o a los trabajadores autónomos u otras personas físicas, en la medida en que no organicen sus viajes sobre la base de un convenio general. Para evitar la confusión con la definición del término “consumidor” utilizado en otros actos legislativos de la Unión, procede referirse a las personas amparadas por la presente Directiva como “viajeros”.
[…]
(25)
El viajero debe recibir toda la información necesaria antes de contratar un viaje combinado, ya se venda a través de un medio de comunicación a distancia, en un mostrador o a través de otros canales de distribución. Al facilitar esa información, el empresario debe tener en cuenta aquellas necesidades específicas de los viajeros particularmente vulnerables por razón de su edad o enfermedad física que pueda prever razonablemente.
[…]
(39)
Los Estados miembros deben garantizar que los viajeros que contratan un viaje combinado estén plenamente protegidos frente a la insolvencia del organizador. Los Estados miembros en los que estén establecidos los organizadores deben asegurarse de que estos garanticen el reembolso de todos los pagos realizados por los viajeros o en su nombre y, en caso de que el viaje combinado incluya el transporte de pasajeros, la repatriación del viajero en caso de insolvencia del organizador. No obstante, ha de ser posible ofrecer a los viajeros la continuación del viaje combinado. Aun conservando su discrecionalidad en cuanto a la forma que revista la protección frente a la insolvencia, los Estados miembros deben garantizar que la protección sea efectiva. Por “efectiva” se entiende que la protección debe estar disponible tan pronto como, a consecuencia de los problemas de liquidez del organizador, los servicios de viaje dejen de ejecutarse, no vayan a ejecutarse, o vayan a ejecutarse solo en parte, o cuando los prestadores de servicios exijan su pago a los viajeros. Los Estados miembros deben poder exigir que los organizadores faciliten a los viajeros un certificado que acredite el derecho a reclamar directamente al que sea garante en caso de insolvencia.»
6
El artículo 2 de la Directiva 2015/2302, titulado «Ámbito de aplicación», establece:
«1.   La presente Directiva se aplica a los viajes combinados ofrecidos para la venta o vendidos por empresarios a viajeros y a los servicios de viaje vinculados facilitados por empresarios a viajeros.
2.   La presente Directiva no se aplica a:
a)
los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados de duración inferior a 24 horas, a menos que se incluya la pernoctación;
b)
los viajes combinados que se ofrezcan, y los servicios de viaje vinculados que se faciliten, de manera ocasional y sin ánimo de lucro únicamente a un grupo limitado de viajeros;
c)
los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados contratados sobre la base de un convenio general para la organización de viajes de negocios entre un empresario y otra persona física o jurídica que actúe con fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión.
3.   La presente Directiva no afecta a las disposiciones generales del Derecho contractual nacional, por ejemplo a las normas sobre validez, formalización o efectos de los contratos, en la medida en que esos aspectos generales del Derecho contractual no estén regulados en la presente Directiva.»
7
El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Definiciones», dispone en sus puntos 1 a 3 y 6 a 8:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1)   “servicio de viaje”:
a)
el transporte de pasajeros;
b)
el alojamiento cuando no sea parte intrínseca del transporte de pasajeros y no tenga fines residenciales;
[…]
2)   “viaje combinado”: la combinación de al menos dos tipos de servicios de viaje a efectos del mismo viaje o vacación, si esos servicios:
a)
son combinados por un solo empresario, incluso a petición o según la selección del viajero, antes de que se celebre un contrato único por la totalidad de los servicios, o
[…]
3)   “contrato de viaje combinado”: el contrato por el conjunto del viaje combinado […];
[…]
6)   “viajero”: toda persona que tiene la intención de celebrar un contrato o tiene derecho a viajar con arreglo a un contrato celebrado en el ámbito de aplicación de la presente Directiva;
7)   “empresario”: toda persona física o toda persona jurídica, ya sea de titularidad privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona que obre en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión en relación con contratos regulados por la presente Directiva, tanto si actúa como organizador, minorista, empresario que facilita servicios de viaje vinculados o como prestador de servicios de viaje;
8)   “organizador”: un empresario que combina y vende u ofrece viajes combinados […]».
8
El artículo 4 de la mencionada Directiva, titulado «Nivel de armonización», está redactado en los siguientes términos:
«Salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva, los Estados miembros no mantendrán ni establecerán, en su Derecho nacional, disposiciones contrarias a las establecidas en la presente Directiva, en particular disposiciones más o menos estrictas que den a los viajeros un nivel diferente de protección.»
9
El artículo 5 de la misma Directiva, titulado «Información precontractual», dispone en su apartado 1:
«Los Estados miembros garantizarán que, antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje combinado u oferta correspondiente, el organizador y también el minorista, cuando el viaje combinado se venda a través de este, proporcionen al viajero […] la información siguiente:
a)
las principales características de los servicios de viaje:
[…]
viii)
si el viaje o vacación es en términos generales apto para personas con movilidad reducida y, a petición del viajero, información precisa sobre la idoneidad del viaje o vacación en función de las necesidades del viajero;
[…]».
10
El artículo 12 de la Directiva 2015/2302, con el epígrafe «Terminación del contrato de viaje combinado y derecho de desistimiento antes del inicio del viaje», establece en sus apartados 2 y 4:
«2.   […] El viajero tendrá derecho a poner fin al contrato de viaje combinado antes del inicio del viaje sin pagar ninguna penalización de concurrir circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En caso de terminación del contrato de viaje combinado con arreglo al presente apartado, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualesquiera pagos realizados por el viaje combinado, pero no a una indemnización adicional.
[…]
4.   El organizador […] reembolsará cualquier pago realizado por el viajero o en su nombre por el viaje combinado menos la penalización adecuada por terminación. […]»
11
El artículo 17 de dicha Directiva, titulado «Efectividad y alcance de la protección frente a la insolvencia», establece en sus apartados 1, 3 y 5:
«1.   Los Estados miembros garantizarán que los organizadores establecidos en su territorio constituyan una garantía que permita reembolsar todos los pagos realizados por los viajeros o en su nombre en la medida en que los servicios correspondientes no se hayan ejecutado por causa de la insolvencia del organizador. Si el transporte de pasajeros está incluido en el contrato de viaje combinado, los organizadores constituirán asimismo una garantía para la repatriación de los viajeros. Podrá ofrecerse la continuación del viaje combinado.
[…]
3.   La protección frente a la insolvencia del organizador beneficiará a los viajeros sin tener en cuenta su lugar de residencia, el lugar de salida o dónde se ha vendido el viaje combinado, y sin tener en cuenta el Estado miembro en que está situada la entidad garante en caso de insolvencia.
[…]
5.   Los reembolsos correspondientes a servicios de viaje no ejecutados se efectuarán sin demora indebida previa solicitud del viajero.»
12
El artículo 23 de la mencionada Directiva, titulado «Carácter imperativo de la Directiva», establece en su apartado 2:
«Los viajeros no podrán renunciar a los derechos que les confieran las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva.»
Derecho belga
13
Con arreglo al artículo 2, punto 6, de la Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reispriementen en reisdiensten (Ley relativa a la Venta de Viajes Combinados, Servicios de Viaje Vinculados y Servicios de Viaje), de 21 de noviembre de 2017 (Belgisch Staatsblad, de 1 de diciembre de 2017, p. 106673) (en lo sucesivo, «Ley relativa a los Viajes Combinados»), se entenderá por «viajero» toda persona que tiene la intención de celebrar un contrato o tiene derecho a viajar con arreglo a un contrato celebrado en el ámbito de aplicación de la presente Ley.
14
En virtud del artículo 4 de la Ley relativa a los Viajes Combinados, esta Ley no se aplica, en primer lugar, a los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados de duración inferior a veinticuatro horas, a menos que se incluya la pernoctación; en segundo lugar, a los viajes combinados que se ofrezcan, y los servicios de viaje vinculados que se faciliten, de manera ocasional y sin ánimo de lucro únicamente a un grupo limitado de viajeros, así como, en tercer lugar, a los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados contratados sobre la base de un convenio general para la organización de viajes de negocios entre un empresario y otra persona física o jurídica que actúe con fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión.
15
El artículo 2, punto 3, del Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reispriementen en reisdiensten (Real Decreto relativo a la Protección frente a la Insolvencia en la Venta de Viajes Combinados, de Servicios de Viaje Vinculados y de Servicios de Viaje), de 29 de mayo de 2018 (Belgisch Staatsblad, de 11 de junio de 2018, p. 48438), establece que, a efectos de la aplicación de dicho Real Decreto, se entenderá por «beneficiario» todo viajero, en el sentido del artículo 2, punto 6, de la Ley relativa a los Viajes Combinados, en favor del cual se estipulan las prestaciones de seguro contempladas en el capítulo 4 de dicho Real Decreto.
Litigio principal y cuestión prejudicial
16
(W)onderweg es una asociación sin ánimo de lucro que ofrece apoyo a personas con trastornos del espectro autista provenientes de familias con bajos ingresos.
17
El 18 de enero de 2020, dicha asociación celebró, en favor de algunos de sus miembros, un contrato de viaje denominado «citytrip», con destino a Lyon (Francia), que incluía los billetes de tren y la estancia en un hotel. La realización del viaje estaba prevista del 21 al 24 de abril de 2020. En concepto de este viaje combinado, pagó la cantidad de 9165,14 euros.
18
El 16 de marzo de 2020, a raíz de la entrada en vigor de las medidas de confinamiento adoptadas con motivo de la pandemia de COVID‑19, (W)onderweg solicitó a la agencia de viajes que aplazara el viaje al mes de septiembre de 2020, manteniendo el mismo precio y el mismo hotel.
19
Al no resultar posible dicho aplazamiento, (W)onderweg solicitó a la agencia de viajes información acerca de la posibilidad de aplazar el viaje un año, a saber, hasta el 20 de abril de 2021. En las conversaciones mantenidas entre ambas, también se mencionó la posibilidad de compensar a (W)onderweg mediante un bono válido durante un año, ya que, según la agencia de viajes, el reembolso de los pagos realizados por aquella solo era posible, en principio, una vez hubiera expirado la validez del bono.
20
El 7 de septiembre de 2020, (W)onderweg reclamó a la agencia de viajes el reembolso del importe abonado en virtud del contrato de viaje combinado.
21
Dado que la agencia de viajes fue declarada en concurso el 22 de septiembre de 2020, (W)onderweg reclamó el reembolso a MS Amlin Insurance, compañía de seguros que garantizaba los riesgos derivados de la insolvencia de la primera.
22
Ante la negativa de MS Amlin Insurance a atender la reclamación presentada, (W)onderweg interpuso una demanda ante el rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunal de Primera Instancia de Amberes, Sección de Amberes, Bélgica) por la que solicitó que se condenara a dicha compañía de seguros a reembolsarle la cantidad correspondiente al precio del viaje combinado, debido a que el contrato de viaje no se había ejecutado.
23
Dicho órgano jurisdiccional desestimó la demanda al considerar que el viaje se había anulado antes de que la agencia de viajes hubiese sido declarada insolvente.
24
A raíz del recurso de apelación interpuesto por (W)onderweg, el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes, Bélgica) condenó a MS Amlin Insurance al pago de una suma que ascendía a 9165,14 euros, más intereses y gastos.
25
MS Amlin Insurance interpuso recurso de casación ante el Hof van Cassatie (Tribunal de Casación, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente.
26
A este respecto, MS Amlin Insurance sostiene que, contrariamente a lo que declaró el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes), (W)onderweg no puede ser considerara viajero en el sentido de la normativa nacional que da aplicación a la Directiva 2015/2302 ni invocar derechos fundados en dicha normativa. En su opinión, el concepto de «viajero» que en ella se define únicamente engloba a las personas físicas, a saber, en el presente asunto, a los miembros de (W)onderweg para los que adquirió el viaje, y no a la propia (W)onderweg, que es una persona jurídica.
27
El órgano jurisdiccional remitente señala que, por tanto, debe dilucidar si una persona jurídica, como una asociación sin ánimo de lucro, que adquiere de un empresario, con carácter ocasional, un viaje combinado para sus miembros puede ser considerada viajero, en el sentido del artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/2302, y que los jueces que conocen del fondo del asunto, por su parte, han considerado que una persona jurídica efectivamente puede englobarse en el concepto de «viajero».
28
En estas circunstancias, el Hof van Cassatie (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el concepto de “viajero”, con arreglo al artículo 3, punto 6, de la Directiva [2015/2302], en el sentido de que incluye también a una persona jurídica, como una asociación sin ánimo de lucro, que contrata de manera ocasional con un empresario un viaje combinado para sus miembros?»
Sobre la cuestión prejudicial
29
Con carácter preliminar, se debe señalar, por un lado, que la cuestión prejudicial planteada se basa en la premisa de que el contrato de viaje objeto del litigio principal versa sobre un viaje combinado, en el sentido del artículo 3, punto 2, de la Directiva 2015/2302, y, por lo tanto, está comprendido, en principio, en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, tal y como se ha delimitado en su artículo 2, apartado 1. A este respecto, si bien los gobiernos belga, helénico e italiano, así como la Comisión Europea, han abordado en sus observaciones escritas, con el fin de excluirla, la eventual pertinencia de las excepciones a dicho ámbito de aplicación establecidas en el apartado 2 del artículo 2 de esta Directiva, es importante destacar que esas excepciones no son objeto de la cuestión planteada, y, por lo demás, el órgano jurisdiccional remitente ha excluido la aplicación de la excepción prevista por la legislación nacional que transpone el artículo 2, apartado 2, letra b), de esta Directiva, relativa, en particular, a los viajes combinados que se ofrezcan «de manera ocasional» y sin ánimo de lucro únicamente a un grupo limitado de viajeros.
30
Por otro lado, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que si bien (W)onderweg celebró el contrato de que se trata en el litigio principal por cuenta de sus miembros, lo hizo en nombre propio, y que el litigio principal tiene por objeto el derecho al reembolso que la propia asociación pretende obtener como «viajero», en el sentido del artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/2302, frente a MS Amlin Insurance, y ello en virtud del Derecho nacional que da aplicación al artículo 17 de dicha Directiva, disposición relativa a la protección de los viajeros contra el riesgo de insolvencia de los organizadores, como la agencia de viajes en el litigio principal de que se trata, por lo que se refiere, en particular, al reembolso de los pagos realizados por un viaje combinado cuando los servicios que forman parte de ese viaje combinado no se han prestado.
31
En estas circunstancias, es preciso considerar que, mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/2302 debe interpretarse en el sentido de que una persona jurídica, como una asociación sin ánimo de lucro, que haya celebrado con un organizador, en su propio nombre, pero por cuenta de algunos de sus miembros, un contrato de viaje combinado está comprendida en el concepto de «viajero» en el sentido de dicha disposición.
32
Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, hay que tener en cuenta no solo sus términos, sino también su contexto, los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte y, en su caso, su génesis. No obstante, cuando el sentido de una disposición del Derecho de la Unión se desprende sin ambigüedad de su propio tenor literal, el Tribunal de Justicia no puede apartarse de esta interpretación (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, HDI Global y MS Amlin Insurance, C‑771/22 y C‑45/23, EU:C:2024:644, apartado 56 y jurisprudencia citada).
33
A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/2302, el concepto de «viajero» se define como «toda persona que tiene la intención de celebrar un contrato o tiene derecho a viajar con arreglo a un contrato celebrado en el ámbito de aplicación de la presente Directiva».
34
Dado que esta disposición define el concepto de «viajero» sin remitirse a los Derechos nacionales en lo que respecta al significado que ha de darse a este concepto, debe entenderse, a los efectos de la aplicación de dicha Directiva, que la disposición contiene un concepto autónomo de Derecho de la Unión, que ha de interpretarse de manera uniforme en el territorio que la integra (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2016, Wathelet, C‑149/15, EU:C:2016:840, apartado 29).
35
Además, pese a que el término «viajero» figura en otros actos del Derecho de la Unión, el concepto específicamente recogido en el artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/2302 solamente se encuentra en esta Directiva. Así, se trata de un concepto que debe ser interpretado a la luz de su función particular en el marco de dicha Directiva y de los objetivos perseguidos por esta (véase, por analogía, la sentencia de 9 de noviembre de 2016, Wathelet, C‑149/15, EU:C:2016:840, apartado 30).
36
Precisado lo anterior, procede señalar, en primer lugar, que el tenor del artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/2302 se refiere, para definir el concepto de «viajero», a «toda persona» que se encuentra en uno de los dos supuestos contemplados en el apartado 33 de la presente sentencia.
37
Se debe subrayar que dicho tenor no hace distinción alguna entre personas físicas y personas jurídicas, a diferencia, en particular, de la definición del concepto de «empresario», que figura en el artículo 3, punto 7, de dicha Directiva, conforme a cuyos términos este concepto puede entenderse referido a «toda persona física o toda persona jurídica», y de la generalmente adoptada, en Derecho de la Unión, del concepto de «consumidor», que, en principio, está expresamente limitado a las personas físicas (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 2020, Condominio di Milano, via Meda, C‑329/19, EU:C:2020:263, apartados 24 y 25 y jurisprudencia citada).
38
Por otra parte, es preciso señalar que, para que quede incluida en el concepto de «viajero», en el sentido del artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/2302, la persona de que se trate debe, alternativamente, estar comprendida en una de las dos categorías contempladas en dicha disposición, a saber, o bien debe «[tener] la intención de celebrar un contrato [de viaje combinado]», o bien debe «[tener] derecho a viajar» con arreglo a dicho contrato. Procede señalar que aunque es cierto que una persona jurídica no puede viajar con arreglo a un contrato de esta naturaleza, sí puede, sin embargo, tener la intención de celebrarlo por cuenta de una o de varias personas físicas que sí vayan a realizar el viaje objeto del contrato.
39
De ello se infiere que aunque el tenor del artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/2302 se presta claramente a una interpretación que incluya a las personas jurídicas en el concepto de «viajero», en el sentido de esta disposición, a saber, cuando «[tienen] la intención de celebrar un contrato [de viaje combinado]», no permite descartar de entrada una interpretación más restrictiva según la cual este concepto se refiera únicamente a las personas físicas, que, en efecto, son las únicas que pueden viajar en virtud de dicho contrato.
40
Así pues, en segundo lugar, procede examinar el contexto en el que se inscribe el artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/2302.
41
A este respecto, del considerando 7 de dicha Directiva se desprende que esta tiene por objeto proteger no solo a los consumidores, sino también a las personas «que reservan viajes relacionados con su negocio o profesión a través de los mismos canales de reserva que los consumidores», categoría que puede incluir «a los viajeros de negocios, incluidos los que ejercen profesiones liberales, o a los trabajadores autónomos u otras personas físicas». Así, «para evitar la confusión con la definición del término “consumidor” utilizado en otros actos legislativos de la Unión», el concepto de «viajero» ha sustituido al de «consumidor», que figuraba en el artículo 2, punto 4, de la Directiva 90/314, al ser esta Directiva derogada y sustituida por la Directiva 2015/2302.
42
No obstante, el referido considerando 7 nada dice sobre si dicha sustitución implica incluir también en el concepto de «viajero», además de a las personas físicas distintas de consumidores, a las personas jurídicas.
43
Asimismo, varias disposiciones de la Directiva 2015/2302 contemplan supuestos en los que se considera que el viajero es una persona física. Este es el caso, por ejemplo, del artículo 5, apartado 1, letra a), inciso viii), de la Directiva, que se refiere a la obligación del organizador de proporcionar al viajero, antes de que quede obligado por cualquier contrato de viaje combinado, en particular, información precisa sobre la idoneidad del viaje en función de «las necesidades del viajero». El considerando 25 de la citada Directiva precisa a tal respecto que el empresario, en este contexto, debe «tener en cuenta aquellas necesidades específicas de los viajeros particularmente vulnerables por razón de su edad o enfermedad física que pueda prever razonablemente».
44
Sim embargo, se debe subrayar que esos elementos del contexto en el que se inscribe el artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/2302 no hacen más que confirmar que, con toda evidencia, las personas físicas pueden incluirse en el concepto de «viajero» en el sentido de dicha disposición, en particular cuando tengan la intención de celebrar un contrato de viaje combinado, sin, no obstante, excluir a las personas jurídicas que se encuentren en la misma situación.
45
Además, del artículo 2, apartado 2, letra c), de dicha Directiva, que excluye de su ámbito de aplicación, en particular, los viajes combinados contratados sobre la base de un convenio general para la organización de viajes de negocios entre un empresario y otra persona física «o jurídica» con fines empresariales, puede deducirse que los viajes combinados contratados por personas jurídicas, en principio, están incluidos en dicho ámbito de aplicación.
46
En tercer lugar, esta interpretación se ve corroborada por los objetivos perseguidos por la Directiva 2015/2302, que, como se desprende de su artículo 1, en relación con sus considerandos 1 a 3, consisten tanto en eliminar ambigüedades, colmar lagunas legislativas y adaptar la extensión de la protección conferida a los viajeros por la Directiva 90/314 a fin de tener en cuenta la evolución del mercado como en contribuir a la consecución de un nivel elevado de protección de los consumidores tal como se exige en el artículo 169 TFUE. La Directiva 2015/2302 contribuye así a garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores en la política de la Unión en materia de viajes combinados, conforme al artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (sentencia de 29 de julio de 2024, HDI Global y MS Amlin Insurance, C‑771/22 y C‑45/23, EU:C:2024:644, apartado 74).
47
A tal respecto, en primer término, a la vista de estos objetivos y del hecho de que los derechos conferidos por la Directiva 2015/2302 tienen carácter imperativo, tal como se desprende del artículo 23, apartado 2, de dicha Directiva, debe preferirse una interpretación amplia del concepto de «viajero», en el sentido del artículo 3, punto 6, de la citada Directiva, para garantizar el efecto útil de esta (véase, por analogía, la sentencia de 24 de octubre de 2024, Zabitoń, C‑347/23, EU:C:2024:919, apartado 28 y jurisprudencia citada).
48
En segundo término, una interpretación del concepto de «viajero», en el sentido del artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/2302, que excluya a una persona jurídica que tenga la intención de celebrar un contrato de viaje combinado, en su propio nombre, pero por cuenta de una o de varias personas físicas, daría lugar necesariamente a un debilitamiento del nivel de protección de esas personas físicas, que a menudo serán consumidores, respecto a una situación en la que se reconociese la condición de «viajero» a la persona jurídica en cuestión, máxime cuando, como en el presente asunto, se trate de una asociación sin ánimo de lucro que actúe en beneficio de algunos de sus miembros que pueden considerarse personas vulnerables.
49
En efecto, en el primer supuesto, esa persona jurídica, pese a ser a priori la única contraparte contractual del organizador en el contrato de viaje combinado celebrado, no podría, por no ser considerada «viajero», invocar, en su propio nombre, pero en beneficio de las personas físicas por cuenta de las que celebró el contrato, los derechos que de otro modo se derivarían de la Directiva 2015/2302, entre ellos el derecho contemplado en su artículo 17. Serían entonces las propias personas físicas las que tendrían que hacer valer sus derechos, cada una en lo que le afectase individualmente, ante los órganos jurisdiccionales nacionales, aun sin ser parte en dicho contrato.
50
Si bien es cierto que, en este contexto, es posible que esas personas físicas autoricen, en su caso, a la persona jurídica de que se trate a representarlas ante los tribunales a tal efecto, la necesidad de realizar tales trámites no facilitaría el ejercicio de los derechos conferidos por la Directiva 2015/2302 y, por tanto, no solo no contribuiría a alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores, sino que perjudicaría dicho objetivo.
51
En tercer término, una interpretación del concepto de «viajero» que no incluya a personas jurídicas como las asociaciones sin ánimo de lucro igualmente tendría como consecuencia crear un vacío jurídico, puesto que, entonces, podría existir un contrato de viaje combinado válidamente celebrado por una persona jurídica, sin que esta pudiera, no obstante, ejercer los derechos vinculados a ese contrato conferidos por la Directiva 2015/2302. Por lo tanto, una interpretación del concepto de «viajero» que condujera a ese resultado sería contraria al objetivo mencionado en el apartado 46 de la presente sentencia consistente, en particular, en colmar lagunas legislativas.
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Se ha de añadir, en cuarto lugar, como se ha señalado en el apartado 35 de la presente sentencia, que se debe tener en cuenta la función particular del concepto de «viajero» en el marco de la Directiva.
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Pues bien, como también se desprende del considerando 7 de la Directiva 2015/2302, mencionado en el apartado 41 de la presente sentencia, resulta que, cuando se trata de un viaje combinado comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva tal como se ha delimitado en su artículo 2, la función particular del concepto de «viajero» no consiste en excluir de la protección conferida por esta Directiva a determinadas personas, atendiendo a un criterio funcional relativo, en particular, a la condición con la que contratan ese viaje combinado o a su naturaleza jurídica, sino en delimitar el ámbito de las personas que pueden invocar los derechos conferidos por la citada Directiva únicamente en función de su vinculación con los contratos de viaje combinado, a saber, que tengan la intención de celebrar tales contratos o que tengan derecho a viajar con arreglo a contratos ya celebrados.
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Por consiguiente, los objetivos perseguidos por la Directiva 2015/2302 y la función particular que el concepto de «viajero», con arreglo a su artículo 3, punto 6, cumple en el marco de la Directiva obligan a adoptar una interpretación de este concepto en el sentido de que también incluye a las personas jurídicas que tengan la intención de celebrar, en nombre propio, pero por cuenta de determinadas personas físicas, un contrato de viaje combinado comprendido en el ámbito de aplicación de la citada Directiva.
55
Por último, procede precisar, tal como lo ha hecho la Comisión, que una persona, ya sea física o jurídica, que tiene la intención de celebrar un contrato de viaje combinado y que, por ello, debe ser considerada viajero, en el sentido del artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/2302, conserva esa condición una vez celebrado el contrato. En efecto, no resulta admisible que una persona que tenga la intención de celebrar un contrato de esta naturaleza en beneficio de un tercero pierda su condición de viajero tras la celebración del contrato por el mero hecho de no ser ella misma quien tenga derecho a viajar en virtud de dicho contrato, so pena de neutralizar, en la práctica, la protección que pretende conferirle la Directiva.
56
A la luz de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial plateada que el artículo 3, punto 6, de la Directiva 2015/2302 debe interpretarse en el sentido de que una persona jurídica, como una asociación sin ánimo de lucro, que haya celebrado con un organizador, en su propio nombre, pero por cuenta de algunos de sus miembros, un contrato de viaje combinado está comprendida en el concepto de «viajero» en el sentido de dicha disposición.
Costas
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Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
El artículo 3, apartado 6, de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo,
debe interpretarse en el sentido de que
una persona jurídica, como una asociación sin ánimo de lucro, que haya celebrado con un organizador, en su propio nombre, pero por cuenta de algunos de sus miembros, un contrato de viaje combinado está comprendida en el concepto de «viajero» en el sentido de dicha disposición.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.