Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 4 de septiembre de 2025 (1)
Asunto C‑81/24 [Jenec] (i)
LH
contra
OTP banka d.d., anteriormente NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Okrajno sodišče v Mariboru (Tribunal Regional de Maribor, Eslovenia)]
« Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Servicios financieros — Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo — Directiva
2014/92/UE — Directiva (UE) 2015/849 — Consumidor que figura en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) — Negativa del banco a efectuar un pago y denegación de una solicitud de apertura de una cuenta de pago básica »
I.      Introducción
1.        ¿Cómo conciliar el derecho a una cuenta bancaria con las normas de lucha contra el blanqueo de capitales?
2.        La Directiva 2014/92/UE (2) prevé el derecho a una cuenta de pago para promover la inclusión, a menos que se incumplan las disposiciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo. Sin embargo, la Directiva (UE) 2015/849 (3) establece principios para la evaluación de riesgos, la identificación de los clientes y de sus titulares reales, y la verificación de su identidad, así como la aplicación de medidas de diligencia debida a la entrada y a lo largo de toda la relación comercial para evitar que el sistema financiero se utilice con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
3.        A partir del momento en que la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales se construye en torno a un enfoque global basado en los riesgos, se plantea la cuestión de cómo ha de entenderse el supuesto particular de que se deniegue al consumidor la apertura de una cuenta de pago básica por su inclusión en una lista de sanciones elaborada por un tercer país, cuando no ha sido objeto de ninguna condena penal firme en el mundo por las infracciones que justificaron su inclusión en dicha lista ni de ninguna medida restrictiva por parte de su Estado miembro, de la Unión Europea o de una organización internacional de la que sea miembro el Estado miembro de que se trate o la Unión.
4.        A petición del Tribunal de Justicia, centraré mis conclusiones en la primera cuestión prejudicial planteada por el Okrajno sodišče v Mariboru (Tribunal Regional de Maribor, Eslovenia), que se pregunta si el artículo
16, apartado
4, de la Directiva
2014/92, en relación con la Directiva
2015/849, puede interpretarse en el sentido de que autoriza a los Estados miembros a exigir a los bancos que denieguen la solicitud de un consumidor de abrir una cuenta de pago básica por estar inscrito en una lista de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) [Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Estados Unidos], que depende del United States Department of the Treasury (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América).
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
1.      Directiva 2014/92
5.        De conformidad con los considerandos 34, 37 y 47 de la Directiva
2014/92:
«(34) […] Aunque para las entidades de crédito es importante asegurarse de que sus clientes no utilicen el sistema financiero con fines ilícitos, como el fraude, el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, no por ello deberán poner trabas a aquellos consumidores que deseen aprovechar las ventajas del mercado interior mediante la apertura y utilización de cuentas de pago transfronterizas. Por consiguiente, las disposiciones de la Directiva [2005/60/CE (4)] por sí solas no pueden utilizarse como pretexto para rechazar a los consumidores menos atractivos desde el punto de vista comercial.
[…]
(37)      Los Estados miembros, respetando plenamente las libertades fundamentales garantizadas por los Tratados, deberán tener la posibilidad de pedir a los consumidores que deseen abrir una cuenta de pago básica en su territorio que demuestren un interés genuino en hacerlo. Sin perjuicio de los requisitos adoptados de conformidad con la Directiva [2005/60] para evitar el blanqueo de capitales, no se requerirá la presencia física en los locales de las entidades de crédito con el fin de demostrar dicho interés genuino.
[…]
(47)      Las entidades de crédito deben denegar la apertura de una cuenta de pago básica o rescindir un contrato de cuenta de pago básica solo en circunstancias específicas, como, por ejemplo, en caso de incumplimiento de la legislación sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o sobre la prevención e investigación de delitos. Incluso en esos supuestos, la denegación solo puede estar justificada si el consumidor incumple esa legislación, y no si el procedimiento para verificar el cumplimiento de la legislación es demasiado prolijo o costoso. No obstante, pueden darse casos en que un consumidor pueda abusar de su derecho de abrir y utilizar cuentas de pago básicas. Por ejemplo, un Estado miembro debe poder permitir que una entidad de crédito tome medidas contra un consumidor que haya cometido un delito, como, por ejemplo, un fraude grave contra una entidad de crédito, con el fin de evitar que no vuelva a producirse de nuevo. Dichas medidas podrán incluir, por ejemplo, la limitación del acceso de dicho consumidor a una cuenta de pago básica durante un determinado período de tiempo. Además, pueden darse casos en que la denegación previa de una solicitud de cuenta de pago puede resultar necesaria para identificar a aquellos consumidores que pueden acogerse a la apertura de una cuenta de pago en condiciones más ventajosas. En este caso, la entidad de crédito debe informar al consumidor de que puede recurrir al mecanismo específico indicado en caso de denegación de una solicitud de cuenta de pago a la que las entidades de crédito aplican comisiones, tal que previsto en la presente Directiva, para conseguir el acceso a una cuenta de pago básica gratuita. No obstante, estos dos casos adicionales deberán ser limitados, específicos y basados en disposiciones de la legislación nacional acotadas de forma precisa. Al determinar [los] casos adicionales en los que las entidades de crédito pueden negarse a ofrecer cuentas de pago a los consumidores, los Estados miembros deben poder incluir, entre otras, razones de seguridad u orden público.»
6.        Los apartados
1 a 4 y
7 del artículo 16 de la Directiva
2014/92 establecen lo siguiente:
«1.      Los Estados miembros velarán por que todas las entidades de crédito o un número suficiente de entidades de crédito ofrezcan a los consumidores cuentas de pago básicas, a fin de garantizar el derecho de acceso de todos los consumidores en su territorio y evitar toda distorsión de la competencia. […]
2.      Los Estados miembros velarán por que los consumidores que residan legalmente en la Unión, incluidos los consumidores que no tengan domicilio fijo, los solicitantes de asilo y los consumidores a los que no se haya concedido un permiso de residencia pero cuya expulsión sea imposible [por] razones jurídicas o de hecho, tengan derecho a abrir y utilizar una cuenta de pago básica en entidades de crédito situadas en su territorio. Este derecho será válido con independencia del lugar de residencia del consumidor.
Los Estados miembros, respetando plenamente las libertades fundamentales garantizadas por los Tratados, podrán pedir a los consumidores que deseen abrir una cuenta de pago básica en su territorio que muestren un interés genuino en hacerlo.
Los Estados miembros velarán por que el ejercicio de este derecho no resulte demasiado difícil o gravoso para el consumidor.
3.      Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito que ofrezcan cuentas de pago básicas rechacen las solicitudes de acceso a una cuenta de pago básica o de apertura de una cuenta de pago básica formuladas por los consumidores sin demora injustificada y, a más tardar en un plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de una solicitud completa.
4.      Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito rechacen las solicitudes de acceso a cuentas de pago básicas siempre que la apertura de una de tales cuentas vulnere las disposiciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales y a la lucha contra la financiación del terrorismo establecidas en la Directiva [2005/60].
[…]
7.      Los Estados miembros velarán por que, en los casos a que se [refiere el apartado] 4, […] la entidad de crédito, una vez tomada su decisión, comunique inmediatamente al consumidor la denegación y los motivos específicos de tal denegación, por escrito y de forma gratuita, a menos que ello vaya en detrimento de los intereses de seguridad nacional o de orden público o de la Directiva [2005/60]. En caso de denegación, la entidad de crédito deberá informar al consumidor del procedimiento que ha de seguir para presentar una reclamación contra la denegación y de su derecho a dirigirse a la autoridad competente correspondiente y al organismo designado de resolución alternativa de litigios, cuyos datos de contacto le facilitará.»
2.      Directiva 2015/849
7.        A tenor del considerando 22 de la Directiva
2015/849:
«El riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo no es el mismo en todos los casos. En consecuencia, debe adoptarse un planteamiento holístico basado en el riesgo. Este tipo de planteamiento no constituye una opción excesivamente permisiva para los Estados miembros y las entidades obligadas. Implica tomar decisiones basadas en hechos para centrarse mejor en los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a que se enfrenta la Unión y quienes operan en
ella.»
8.        El artículo
1, apartado
1, de dicha Directiva preceptúa:
«La presente Directiva tiene por objeto la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.»
9.        El artículo
8 de la misma Directiva tiene el siguiente tenor:
«1.      Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas adopten medidas adecuadas para detectar y evaluar sus riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, teniendo en cuenta factores de riesgo, incluidos los relativos a clientes, países o zonas geográficas, productos, servicios, operaciones o canales de distribución. Estas medidas deberán guardar proporción con la naturaleza y el tamaño de las entidades obligadas.
2.      Las evaluaciones de riesgos contempladas en el apartado
1 deberán estar documentadas, mantenerse actualizadas y ponerse a disposición de las autoridades competentes y organismos autorreguladores que corresponda. Las autoridades competentes podrán decidir que no se requieren evaluaciones de riesgos documentadas de cada una de las entidades obligadas si los riesgos específicos inherentes al sector están claros y se han comprendido.
3.      Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas dispongan de políticas, controles y procedimientos para atenuar y gestionar eficazmente los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo detectados a escala de la Unión, de los Estados miembros y de las entidades obligadas. Estas políticas, controles y procedimientos guardarán proporción con la naturaleza y el tamaño de las entidades obligadas.
4.      Las políticas, controles y procedimientos a que se refiere el apartado
3 deberán incluir, como mínimo:
a)      la elaboración de políticas, controles y procedimientos internos, que comprendan modelos de prácticas de gestión de riesgos, diligencia debida con respecto al cliente, comunicación, conservación de datos, control interno, gestión del cumplimiento (incluido, cuando resulte apropiado debido al tamaño y la naturaleza de la empresa, el nombramiento de un responsable del cumplimiento a nivel de dirección) y escrutinio de los empleados;
b)      cuando proceda, habida cuenta del tamaño y la naturaleza de la empresa, una función de auditoría independiente para examinar las políticas, controles y procedimientos internos a que se refiere la letra a).
5.      Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que obtengan la aprobación de la dirección para las políticas y procedimientos que establezcan, y supervisarán y reforzarán, en su caso, las medidas adoptadas.»
10.      En virtud del artículo 13 de la Directiva
2015/849:
«1.      Las medidas de diligencia debida con respecto al cliente comprenderán las actuaciones siguientes:
a)      la identificación del cliente y la comprobación de su identidad sobre la base de documentos, informaciones o datos obtenidos de fuentes fiables e independientes […];
b)      la identificación del titular real y la adopción de medidas razonables para comprobar su identidad, de modo que la entidad obligada tenga la seguridad de que sabe quién es el titular real; asimismo, en lo que respecta a las personas jurídicas, fideicomisos (del tipo “trust”), sociedades, fundaciones e instrumentos jurídicos análogos, la adopción de medidas razonables a fin de comprender la estructura de propiedad y control del cliente.
[…];
c)      la evaluación y, en su caso, la obtención de información sobre el propósito y la índole prevista de la relación de negocios;
d)      la aplicación de medidas de seguimiento continuo de la relación de negocios, en particular mediante el escrutinio de las transacciones efectuadas a lo largo de dicha relación, a fin de garantizar que se ajusten al conocimiento que la entidad obligada tenga del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido, cuando sea necesario, el origen de los fondos, y la adopción de medidas para garantizar que los documentos, datos o informaciones de que se disponga estén actualizados.
[…]
2.      Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas apliquen cada uno de los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente establecidos en el apartado
1. Estas entidades obligadas podrán, no obstante, determinar el alcance de tales medidas en función del riesgo.
3.      Los Estados miembros exigirán que las entidades obligadas tengan en cuenta como mínimo las variables indicadas en el anexo I al evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
4.      Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas estén en condiciones de demostrar a las autoridades competentes o a los organismos autorreguladores que las medidas son adecuadas en vista de los riesgos detectados de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
[…]»
11.      El artículo 14, apartado 4, párrafo primero, de la citada Directiva estipula lo siguiente:
«Los Estados miembros prohibirán a la entidad obligada que no pueda cumplir los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente establecidos en el artículo
13, apartado 1, párrafo primero, letras a), b) y c), efectuar operaciones a través de una cuenta bancaria, establecer una relación de negocios o llevar a cabo una transacción ocasional, y le exigirán que ponga fin a la relación de negocios y se plantee la posibilidad de enviar a la [Unidad de Inteligencia Financiera de la Unión] una comunicación de transacción sospechosa en relación con el cliente, con arreglo al artículo 33.»
12.      El artículo
48, apartado
8, de dicha Directiva establece lo siguiente:
«Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes tengan en cuenta el grado de discrecionalidad permitido a la entidad obligada y revisen debidamente las evaluaciones de riesgo en que se basa esta discrecionalidad, así como la adecuación y la aplicación de sus políticas internas, controles y procedimientos.»
3.      Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) sobre los factores de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
13.      La directriz
1 que figura en las Directrices de la ABE, de 1 de marzo de 2021, en virtud del artículo 17 y el artículo 18, apartado 4, de la Directiva [2015/849] sobre aplicación de medidas de diligencia debida con respecto al cliente y los factores que las entidades financieras y de crédito considerarán al evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo asociado a relaciones de negocios o a transacciones ocasionales («[Directrices sobre los factores de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo]»), por las que se derogan y sustituyen las Directrices JC/2017/37, (5) titulada «Evaluación de riesgos: principios básicos para todas las entidades», dispone, en el punto 1.30, letra c):
«Las entidades siempre considerarán las siguientes fuentes de información:
[…]
c)      información procedente de los Gobiernos, como las evaluaciones nacionales de riesgos realizadas por los Gobiernos, las declaraciones políticas y alertas, y las exposiciones de motivos de la legislación pertinente».
14.      La directriz
2 de la ABE, titulada «Identificación de factores de riesgo de [blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT)]», enuncia, en sus puntos
2.3 y 2.5:
«2.3.      Al identificar el riesgo asociado a sus clientes, incluidos los titulares reales de los clientes, las entidades considerarán el riesgo relacionado con:
[…]
b)      la reputación del cliente y del titular real del cliente; […]
[…]
2.5.      Los siguientes factores de riesgo pueden ser relevantes al identificar el riesgo asociado a la reputación de un cliente o de un titular real:
a)      Si existe información adversa sobre el cliente en medios de comunicación o en otras fuentes de información relevantes, por ejemplo, si existen acusaciones de actos delictivos o de terrorismo contra el cliente o el titular real. En tal caso, si son fiables y creíbles. Las entidades determinarán la credibilidad de las acusaciones en función de la calidad y la independencia de la fuente de la información y la persistencia de la información sobre dichas acusaciones, entre otras consideraciones. Las entidades tendrán en cuenta que la ausencia de condenas penales puede no ser suficiente, por sí sola, para descartar acusaciones de irregularidades.
b)      Si el cliente, el titular real o alguna persona de la que públicamente se sepa que está estrechamente asociada a ellos ha tenido sus activos inmovilizados como consecuencia de un procedimiento administrativo o penal o de acusaciones de terrorismo o de financiación del terrorismo. Si la entidad tiene motivos razonables para sospechar que el cliente, el titular real o alguna persona de la que públicamente se sepa que está estrechamente asociada a ellos ha estado sujeto, en algún momento del pasado, a una inmovilización de activos.
[…]»
15.      La directriz
3 de la ABE, titulada «Evaluación del riesgo de BC/FT», prevé, en sus puntos
3.2 y 3.3:
«3.2.            Las entidades adoptarán una visión de conjunto de los factores de riesgo de BC/FT que hayan identificado y que, conjuntamente, determinarán el nivel de riesgo de BC/FT asociado a una relación de negocios, a una transacción ocasional o a su actividad de negocio.
3.3.      Las entidades tendrán en cuenta que, a menos que la Directiva [2015/849] o la legislación nacional establezcan lo contrario, la presencia de factores de riesgo aislados no necesariamente provoca que una relación pase a una categoría de mayor o menor riesgo.»
16.      La directriz
4 de la ABE, titulada «Medidas de [diligencia debida con respecto al cliente (DDC)] que deben aplicar todas las entidades», establece en los puntos 4.9, 4.10 y 4.66:
«4.9.      “De-risking” hace referencia a la decisión adoptada por las entidades de dejar de ofrecer servicios a algunas categorías de clientes asociados a un mayor riesgo de BC/FT. Puesto que el riesgo asociado a las relaciones de negocios variará incluso dentro de una misma categoría, la aplicación de un enfoque basado en el riesgo no exige que las entidades rechacen o finalicen relaciones de negocios con categorías enteras de clientes que se considera que presentan un mayor riesgo de BC/FT. Las entidades equilibrarán cuidadosamente la necesidad de la inclusión financiera con la necesidad de mitigar el riesgo de BC/FT.
4.10.      Como parte de ello, las entidades implantarán políticas y procedimientos adecuados y en función del riesgo para garantizar que su enfoque de aplicación de medidas de DDC no se traduzca en denegar indebidamente a clientes legítimos el acceso a servicios financieros. Cuando un cliente tenga razones legítimas y creíbles para no poder facilitar las formas tradicionales de documentación de identidad, las entidades considerarán la posibilidad de mitigar el riesgo de BC/FT de otros modos, entre ellos
[…]
b)      ofreciendo únicamente productos y servicios financieros básicos, que restrinjan la capacidad de los clientes de abusar de tales productos y servicios para cometer delitos financieros. Estos productos y servicios básicos también pueden facilitar a las entidades la identificación de transacciones o pautas de transacciones inusuales, incluido el uso no previsto del producto; pero es importante que los límites sean proporcionales y no limiten de manera irrazonable o innecesaria el acceso de los clientes a productos y servicios financieros.
[…]
4.66.      Las entidades no establecerán una relación de negocios si no son capaces de cumplir con sus exigencias de DDC, si no están seguras de que el propósito y la índole de la relación de negocios son legítimos ni de que pueden gestionar eficazmente el riesgo de ser utilizadas con fines de BC/FT. Cuando ya exista dicha relación de negocios, las entidades pondrán fin a la misma o suspenderán las transacciones hasta que puedan poner fin a la relación, siguiendo las instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en su caso.»
B.      Derecho esloveno
1.      Ley sobre servicios de pago, servicios de emisión de dinero electrónico y sistemas de pago
17.      El artículo
180, apartado
1, de la Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Ley sobre servicios de pago, servicios de emisión de dinero electrónico y sistemas de pago), (6) de 7 de febrero de 2018, en su versión aplicable al litigio principal, dispone:
«El consumidor que resida legalmente en la Unión […] y que solicite la apertura o el acceso a una cuenta de pago básica en la Unión […] no podrá sufrir discriminación por parte del banco, en particular, por razón de su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, confesión religiosa o convicciones, ideas políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una comunidad nacional o a una minoría nacional de otro Estado, situación patrimonial, ascendencia, discapacidad, edad u orientación sexual. Las condiciones aplicables a la apertura y al acceso a una cuenta de pago básica no podrán en ningún caso ser discriminatorias injustificadamente.»
18.      El artículo
181 de dicha Ley preceptúa lo siguiente:
«1.      Todos los bancos que gestionen cuentas de pago de consumidores deberán ofrecer a los consumidores una cuenta de pago básica.
[…]
3.      El consumidor que resida legalmente en la Unión […], incluidos los consumidores sin domicilio fijo y los solicitantes de asilo, así como el consumidor al que no se haya concedido un permiso de residencia y cuya expulsión del territorio no sea posible por razones jurídicas o materiales, tendrá derecho a abrir y utilizar una cuenta de pago básica en un banco. Ese derecho existirá con independencia del lugar de residencia habitual del consumidor.
4.      El banco organizará el procedimiento de apertura de una cuenta de pago básica de modo que el ejercicio de este derecho no sea demasiado difícil o gravoso para el consumidor. El banco abrirá la cuenta de pago básica sin demoras innecesarias o a más tardar en un plazo de diez días laborables a partir de la recepción de la solicitud completa del consumidor para la apertura de dicha cuenta de pago básica.
5.      El plazo previsto en el apartado anterior también se aplicará en caso de denegación de la solicitud del consumidor de apertura de una cuenta de pago básica.
6.      El banco denegará la solicitud del consumidor de apertura de una cuenta de pago básica siempre que dicha apertura de cuenta infrinja las disposiciones de la ley que regula la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo […] En tal caso, el banco actuará de conformidad con la ley que regula el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
[…]
8.      En los casos previstos en los apartados 6 y 7 del presente artículo, el banco, tras haber tomado la decisión de denegar la solicitud de apertura de una cuenta de pago básica, informará sin demora al consumidor, por escrito y de forma gratuita, de la denegación de su solicitud y de las razones concretas de tal denegación, salvo que esté prohibido por otras disposiciones.
9.      En caso de denegación de la solicitud de apertura de una cuenta de pago básica, el banco informará al consumidor de las vías de recurso disponibles contra la denegación de su solicitud, del derecho a informar al Banko Slovenije [Banco de Eslovenia] de dicha denegación y del derecho a activar el mecanismo extrajudicial de resolución de litigios previsto en el artículo 286 de la presente Ley. En su notificación, el banco también deberá facilitar los datos de contacto pertinentes.
[…]»
2.      Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
19.      El artículo
4, apartado 1, punto 1, de la Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo), (7) de 4 de abril de 2022, establece lo siguiente:
«Los bancos y sus sucursales en los Estados miembros, las sucursales de bancos de terceros Estados y los bancos de Estados miembros que establezcan una sucursal en la República de Eslovenia adoptarán las medidas de detección y de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo previstas en la presente Ley, antes y con ocasión de la recepción, la entrega, el cambio, la custodia, la tenencia u otra forma de gestión de capitales u otros activos, y en el establecimiento de relaciones de negocios.»
III. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
20.      El 22 de octubre de 2017, LH, el demandante, intentó pagar en una gasolinera mediante transferencia desde una cuenta de su esposa, abierta en NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (en lo sucesivo, «NKBM»). Esta transferencia fue bloqueada tras la introducción de sus datos personales en el sistema. NKBM justificó este bloqueo ante la esposa de LH explicando que había adoptado una serie de medidas más estrictas para cumplir las obligaciones derivadas de la legislación sobre la prevención de la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, en particular la prohibición de colaborar con un cliente incluido en una lista de medidas restrictivas (Unión Europea, OFAC, Naciones Unidas, lista interna). Otros documentos internos de NKBM (8) contienen requisitos similares en relación con las personas que figuren en una lista de la OFAC.
21.      Durante el procedimiento incoado ante el órgano jurisdiccional remitente por el demandante contra NKBM para obtener la apertura de una cuenta de pago básica y una indemnización por daños y perjuicios, aquel acudió personalmente a una sucursal de NKBM, el 23 de marzo de 2022, para solicitar la apertura de esa cuenta. Tras la presentación de su documento de identidad en vigor, la empleada del banco le indicó que el sistema no permitía abrir una cuenta corriente a su nombre. No se dio respuesta por escrito a su solicitud de apertura de cuenta en los diez días siguientes a dicha solicitud.
22.      Pues bien, el 23 de febrero de 2015, el Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije (Fiscal Especial de la República de Eslovenia) había concluido y archivado el procedimiento incoado contra el demandante y que se refería a los mismos delitos por los que se había emitido una orden de detención internacional contra él. El demandante nunca ha sido condenado en ningún lugar del mundo por el delito por el que figura en una lista de la OFAC, y ni las
Naciones Unidas, ni la Unión Europea, ni la República de Eslovenia han adoptado ninguna medida restrictiva en su contra.
23.      El órgano jurisdiccional remitente indica que las partes discrepan acerca de si la mera inclusión en una lista de la OFAC, al margen de cualquier condena penal por el delito por el que se figura en dicha lista o de cualquier medida restrictiva adoptada por las Naciones Unidas, la Unión o un Estado miembro, constituye una infracción de las disposiciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que puede justificar la denegación de la apertura de una cuenta de pago básica. Añade que, si bien esa inclusión constituye una circunstancia particular que justifica una supervisión reforzada, no está claro si puede justificar la denegación de la apertura de cuentas de pago básicas. En el supuesto de que tal negativa esté justificada, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta acerca del respeto del derecho a la presunción de inocencia protegido por el artículo
48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (9)
24.      En estas circunstancias, el Okrajno sodišče v Mariboru (Tribunal Regional de Maribor) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Permite el artículo
16, apartado
4, de la Directiva [2014/92] que los Estados miembros exijan a las entidades bancarias denegar la solicitud de un consumidor de obtener una cuenta de pago básica, debido a que dicho consumidor figura en una lista de la OFAC […], basándose en que la apertura de dicha cuenta constituiría una infracción de la normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales y a la lucha contra la financiación del terrorismo establecida en la Directiva [2015/849]?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿existe una excepción cuando dicho consumidor nunca haya sido condenado en ningún lugar del mundo por el delito por el que figure en dicha lista, o cuando ni el Estado miembro de que se trate, ni la Unión […] ni ninguna otra organización internacional de la que sean miembros el Estado miembro de que se trate o la Unión […] hayan adoptado medidas restrictivas de ningún tipo contra dicho consumidor?
3)      ¿Constituye una respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial una infracción del artículo 48 de la [Carta], que consagra el derecho a la presunción de inocencia?
4)      ¿Constituye una respuesta negativa a la segunda cuestión prejudicial una infracción del artículo
48 de la [Carta], que consagra el derecho a la presunción de inocencia?»
25.      Han presentado observaciones escritas el demandante, NKBM, el Gobierno esloveno, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
IV.    Apreciación
26.      Como ha solicitado el Tribunal de Justicia, centraré mis conclusiones en la primera cuestión prejudicial.
27.      En efecto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo
16, apartado
4, de la Directiva
2014/92 autoriza a los Estados miembros a imponer a los bancos la obligación de denegar a un consumidor la apertura de una cuenta de pago básica debido a que dicho consumidor figura en una lista de la OFAC y la apertura de tal cuenta constituiría una infracción de la normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establecida en la Directiva
2015/849.
28.      El artículo
15 de la Directiva
2014/92 recuerda que, al examinar una solicitud de apertura de una cuenta de pago, no podrá discriminarse a un consumidor que resida legalmente en la Unión por razón de su nacionalidad o lugar de residencia. El artículo
16 de esta Directiva establece el derecho de acceso a una cuenta de pago básica (10) precisando una serie de elementos para garantizar la efectividad de este derecho.
29.      Así, el artículo
16, apartado 1, de la Directiva 2014/92 establece, en particular, que los Estados miembros velarán por que las cuentas de pago básicas sean ofrecidas por un número suficiente de entidades de crédito y por que la oferta de estas cuentas de pago no proceda solo de entidades de crédito que faciliten dichas cuentas únicamente a través de servicios en línea. El primer párrafo del apartado
2 del citado artículo
16 también especifica qué debe entenderse por «consumidor que resida legalmente en la Unión». Por último, el artículo
16, apartado
3, de la misma Directiva
dispone que la apertura o la denegación de apertura deberá tener lugar sin demora injustificada y, a más tardar, en un plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de una solicitud completa.
30.      El artículo
16 de la Directiva
2014/92 también contempla los casos de denegación de apertura de una cuenta de pago básica y distingue tres supuestos. El primer supuesto de denegación es aquel en el que la apertura de una cuenta supondría una infracción de las disposiciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales y a la lucha contra la financiación del terrorismo establecidas en la Directiva
2015/849. (11) En el segundo supuesto, los Estados miembros podrán autorizar a las entidades de crédito a denegar la apertura de una cuenta de pago básica si el consumidor ya es titular de una cuenta de este tipo en su territorio. (12) En el tercer supuesto, los Estados miembros podrán determinar supuestos adicionales limitados en los que las entidades de crédito puedan denegar una solicitud de apertura de cuenta de pago básica, o se les pueda requerir que la denieguen, siempre que tales casos se basen en las disposiciones de la legislación nacional destinadas a facilitar el acceso del consumidor a una cuenta de pago básica gratuita o a evitar que los consumidores abusen de su derecho de acceso a una cuenta de pago básica. (13) En estos tres supuestos de denegación, las entidades de crédito deberán comunicar inmediatamente al consumidor, por escrito y de forma gratuita, los motivos específicos de la denegación, a menos que ello vaya en detrimento de los intereses de seguridad nacional o de orden público o de la normativa de la Unión en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (14)
31.      Así, la Directiva 2014/92 prevé una armonización mínima de los supuestos de denegación de apertura de cuentas de pago básicas, dejando un margen de apreciación a los Estados miembros salvo en los casos en los que dicha apertura suponga una infracción de las disposiciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales y a la lucha contra el terrorismo establecidas en la Directiva
2015/849. En tal caso, los Estados miembros no disponen de un margen de apreciación, lo que se refleja en la expresión «los Estados miembros velarán por que».
32.      Sin embargo, según el considerando
34 de la Directiva
2014/92, las disposiciones de la Directiva
2015/849 (15) no deben utilizarse como pretexto para rechazar a los consumidores menos atractivos desde el punto de vista comercial.
33.      En cuanto al considerando
47 de la Directiva
2014/92, este indica que, en el supuesto de riesgo de incumplimiento de la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la denegación de la apertura solo puede estar justificada si el consumidor incumple dicha legislación y no por el mero hecho de que el procedimiento para verificar el cumplimiento de la legislación sea demasiado prolijo o costoso.
34.      La dificultad de la cuestión planteada al Tribunal de Justicia radica en que la Directiva
2015/849 es también una Directiva de armonización mínima.
35.      En efecto, varias disposiciones de la citada Directiva establecen que los Estados miembros, dentro de los límites establecidos por el Derecho de la Unión, podrán adoptar medidas más estrictas con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (16) Dicha Directiva ofrece también opciones a los Estados miembros como, por ejemplo, autorizar a las entidades obligadas a aplicar medidas simplificadas de diligencia debida cuando un Estado miembro o una entidad obligada identifique ámbitos de menor riesgo, (17) o incluso que las propias entidades puedan determinar el alcance de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente en función de un análisis del riesgo. (18) Esta flexibilidad está vinculada al planteamiento basado en el riesgo adoptado como fundamento de la Directiva
2015/849. (19)
36.      Por lo tanto, procede examinar a la luz de lo anterior cuál sería la infracción de la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que podría justificar la denegación de la apertura de una cuenta de pago básica en el sentido de la Directiva
2014/92.
37.      El artículo
14, apartado
4, de la Directiva
2015/849 solo prevé expresamente un único supuesto en el que no debe establecerse una relación comercial: cuando la entidad obligada no pueda cumplir los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente establecidos en el artículo
13, apartado
1, párrafo primero, letras a), b) o c), de la propia Directiva. Cabe recordar que estas obligaciones de diligencia debida tienen por objeto la identificación del cliente y la comprobación de su identidad [artículo
13, apartado
1, letra a), de la citada Directiva], la identificación del titular real y la adopción de medidas razonables para verificar la identidad de dicha persona [artículo
13, apartado
1, letra b), de la misma Directiva], así como la evaluación y, en su caso, la obtención de información sobre el objeto y la índole prevista de la relación de negocios [artículo
13, apartado
1, letra c), de la Directiva
2015/849]. En el caso de autos, sin perjuicio del examen que efectúe el órgano jurisdiccional remitente, no parece faltar ninguno de estos elementos, ya que el cliente está identificado, no se alega la existencia de un titular real distinto del cliente y la relación de negocios deseada consiste en la apertura de una cuenta de pago básica. Por consiguiente, a primera vista, la denegación de la apertura de la cuenta solicitada no puede justificarse sobre la base de la referida Directiva.
38.      Además, el Gobierno esloveno precisa que no ha impuesto, entre las medidas más estrictas que pueden adoptarse en virtud del artículo
5 de la Directiva
2015/849, ninguna obligación de negarse a establecer una relación de negocios en caso de inscripción en una lista de la OFAC. Por lo tanto, parece que, para NKBM, denegar la apertura de una cuenta bancaria básica por el mero hecho de que el cliente potencial esté incluido en una lista de la OFAC excedería de los límites del Derecho de la Unión que restringe el margen de apreciación de los Estados miembros. (20)
39.      Además, como señala acertadamente el Parlamento, incluso en el caso de las medidas restrictivas adoptadas en virtud del Derecho de la Unión, el marco normativo de la Unión prevé que, con una autorización específica, puedan prestarse servicios financieros a personas sujetas a dichas medidas restrictivas. (21) Así pues, el objetivo de la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales no prohíbe totalmente la utilización del sistema bancario.
40.      Por lo tanto, al prohibir entablar una relación de negocios únicamente en los supuestos antes mencionados (falta de identificación del cliente o del titular real, ausencia de evaluación del objeto y de la naturaleza de la relación de negocios), el legislador de la Unión realizó una ponderación de intereses entre el derecho a abrir una cuenta de pago básica, por una parte, y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por otra.
41.      La simple inclusión en una lista de la OFAC puede tenerse en cuenta, en cambio, para evaluar el nivel de diligencia debida que debe aplicarse a la relación de negocios una vez establecida.
42.      En efecto, la Directiva
2015/849 prevé varios niveles de diligencia debida durante la relación de negocios, ya que el control continuo de dicha relación forma parte de las obligaciones normales de diligencia debida. (22)
43.      Por una parte, los artículos
15 a 17 de dicha Directiva prevén casos en los que los Estados miembros pueden autorizar una obligación simplificada de diligencia debida por la entidad obligada.
44.      Por otra parte, los artículos
18 a 24 de dicha Directiva establecen las obligaciones reforzadas de diligencia debida. El anexo III de la misma Directiva enuncia los factores de riesgo potencialmente mayor que los Estados miembros y las entidades obligadas deben tener en cuenta como mínimo. Este refuerzo de la diligencia debida está vinculado a factores de riesgo geográficos (terceros países de alto riesgo o relaciones transfronterizas que implican a un tercer país), o relativos a productos, servicios, transacciones o canales de distribución (en particular, utilización de nuevas tecnologías) o inherentes al cliente (por ejemplo, personas del medio político).
45.      Por lo que respecta a los factores de riesgo inherentes al cliente, ni el tenor de la Directiva
2015/849 ni el del
anexo III de esta contemplan el supuesto de la inclusión en una lista de sanciones. No obstante, en las Directrices de la ABE, esta autoridad indica que, para ese factor de riesgo, debe tenerse en cuenta el riesgo relacionado con la reputación del cliente (23) y que, a tal efecto, pueden tenerse en cuenta, en particular, la información adversa en medios de comunicación o en otras fuentes de información relevantes, sin que la ausencia de condena penal baste, por sí sola, para descartar acusaciones de irregularidades, (24) o el hecho de que el cliente haya tenido inmovilizados sus activos como consecuencia de un procedimiento administrativo o penal, incluso en el pasado. (25) Además, la ABE recomienda que se tenga en cuenta la información procedente de las autoridades públicas. (26) Por tanto, la inclusión en una lista de la OFAC podría corresponder a estos factores de riesgo relacionados con el cliente.
46.      Por otra parte, la ABE precisa que las entidades financieras deben obtener una visión de conjunto de los factores de riesgo identificados (27) y que deben tener presente que, a menos que la Directiva
2015/849 o la legislación nacional establezcan lo contrario, la presencia de factores de riesgo aislados no necesariamente provoca que una relación deba clasificarse en una categoría de mayor o menor riesgo. (28)
47.      Por consiguiente, cuando la entidad obligada es una entidad bancaria, debe disponer de un análisis global y ponderado del grado de riesgo generado por una nueva relación de negocios a fin de evaluar el grado de diligencia que se le debe aplicar. Por ello, en función de las circunstancias del caso de autos y sin perjuicio de la apreciación del órgano jurisdiccional remitente, la inclusión en una lista de la OFAC podría justificar medidas reforzadas de diligencia debida.
48.      No obstante, el artículo
8, apartado
3, de la Directiva
2015/849 establece que los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas dispongan de políticas, controles y procedimientos para atenuar y gestionar eficazmente los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo detectados a escala de la Unión, de los Estados miembros y de las entidades obligadas, y que estas políticas, controles y procedimientos guardarán proporción con la naturaleza y el tamaño de las entidades obligadas.
49.      Por lo tanto, cabe preguntarse cuál es el margen de maniobra de la entidad bancaria que estime que sus políticas, controles y procedimientos no son suficientes para atenuar y gestionar eficazmente el riesgo que ha identificado a través de medidas proporcionadas a su naturaleza y tamaño. ¿Existe en este caso otro supuesto legítimo de denegación de la apertura de una cuenta de pago básica?
50.      Considero, al igual que la Comisión, que el artículo
16, apartado
4, de la Directiva
2014/92, relativo a la denegación de apertura de una cuenta de pago básica si la apertura de tal cuenta entraña una infracción de las disposiciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, podría, en efecto, servir de fundamento a tal denegación en el supuesto de que la entidad bancaria no pudiera gestionar el riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Las Directrices de la ABE prevén expresamente tal caso. (29)
51.      Sin embargo, en mi opinión, en su análisis para llegar a esta decisión, NKBM debería tener en cuenta varios elementos.
52.      En primer lugar, a favor de la decisión de abrir, pese a todo, una cuenta de pago básica, por una parte, la ABE afirma claramente en sus Directrices que el hecho de ofrecer únicamente productos y servicios financieros básicos restringe la capacidad de los usuarios de abusar de dichos productos y servicios para cometer delitos financieros. (30) Así pues, la solicitud de apertura de una cuenta de pago que disponga únicamente de prestaciones básicas puede limitar el riesgo. Por otra parte, como he recordado anteriormente, (31) la mera cuestión del coste del control no puede justificar la denegación de la apertura de una cuenta de pago básica.
53.      En segundo lugar, la Directiva
2015/849 establece claramente que si, a pesar del examen de estos elementos, la entidad bancaria considera necesario denegar la apertura de tal cuenta, su facultad de apreciación no es ilimitada. Por un lado, el artículo
48, apartado
8, de dicha Directiva dispone que «los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes tengan en cuenta el grado de discrecionalidad permitido a la entidad obligada y revisen debidamente las evaluaciones de riesgo en que se basa esta discrecionalidad, así como la adecuación y la aplicación de sus políticas internas, controles y procedimientos». Por otro lado, el artículo
16, apartado
7, de la Directiva
2014/92 prevé que, cuando una entidad bancaria deniegue la apertura de una cuenta de pago básica, deberá informar al consumidor del procedimiento que ha de seguir para presentar una reclamación contra la denegación y de su derecho a dirigirse a la autoridad competente correspondiente y al organismo designado de resolución alternativa de litigios. En consecuencia, la facultad de apreciación de la entidad bancaria está sometida al control de la autoridad competente de cada Estado miembro.
54.      En el caso de autos, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente apreciar si otros factores de riesgo distintos de la inclusión en una lista de la OFAC justificaron la decisión de denegar la apertura de una cuenta de pago básica y si NKBM podía garantizar el control continuo de la relación de negocios en el supuesto de la apertura de la cuenta.
55.      En conclusión, propongo que se responda a la primera cuestión prejudicial que el artículo
16, apartado
4, de la Directiva
2014/92, en relación con las disposiciones de la Directiva
2015/849, debe interpretarse en el sentido de que una entidad bancaria no puede denegar la apertura de una cuenta de pago básica por el único motivo de que el nombre del consumidor que solicita la apertura de tal cuenta figure en una lista de la OFAC. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si el Derecho nacional contempla expresamente la inscripción en una lista de la OFAC para denegar la apertura de una cuenta de pago básica.
V.      Conclusión
56.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial planteada por el Okrajno sodišče v Mariboru (Tribunal Regional de Maribor, Eslovenia) del siguiente modo:
«El artículo
16, apartado
4, de la Directiva
2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas, en relación con las disposiciones de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019,
debe interpretarse en el sentido de que
una entidad bancaria no puede denegar la apertura de una cuenta de pago básica por el único motivo de que el nombre del consumidor que solicita la apertura de tal cuenta figure en una lista de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) [Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Estados Unidos], dependiente del United States Department of the Treasury (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América).
No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si el Derecho nacional contempla expresamente la inscripción en una lista de la OFAC para denegar la apertura de una cuenta de pago básica.»
1      Lengua original: francés.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (DO 2014, L 257, p. 214).
3      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 2015, L 141, p. 73), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019 (DO 2019, L 334, p. 155) (en lo sucesivo, «Directiva 2015/849»).
4      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO 2005, L 309, p. 15). Esta Directiva fue derogada y sustituida por la Directiva 2015/849.
5      EBA/GL/2021/02, en lo sucesivo, «Directrices de la ABE». Actualmente está en vigor una nueva versión de estas Directrices, a saber, las Directrices de la ABE, de 31 de marzo de 2023, sobre políticas y controles para la gestión eficaz de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT) al proporcionar acceso a servicios financieros (EBA/GL/2023/04).
6      Uradni list RS, n.os 7/18 y 9/18.
7      Uradni list RS, n.º 48/22.
8      Por ejemplo, las instrucciones para establecer relaciones comerciales con personas físicas, la política de aceptación de clientes, la metodología aplicable a las medidas restrictivas y el código de conducta.
9      En lo sucesivo, «Carta».
10      Cabe recordar que los servicios básicos se indican en el artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2014/92 e incluyen, en particular, servicios que permitan efectuar todas las operaciones necesarias para la apertura, utilización y cierre de una cuenta de pago, servicios de depósito de fondos en una cuenta de pago, servicios de retirada de dinero en efectivo en la Unión de una cuenta de pago, así como servicios que permitan efectuar operaciones de adeudo domiciliado, de pago mediante tarjetas de pago o transferencias dentro de la Unión.
11      Véase la nota 4 de las presentes conclusiones. Véase el artículo 16, apartado 4, de la Directiva 2014/92.
12      Véase el artículo 16, apartado 5, párrafo primero, de la Directiva 2014/92.
13      Véase el artículo 16, apartado 6, de la Directiva 2014/92.
14      Véase el artículo 16, apartado 7, de la Directiva 2014/92.
15      Véase la nota 4 de las presentes conclusiones.
16      Véanse, en particular, los artículos 5 y 18 de la Directiva 2015/849 y las sentencias de 17 de noviembre de 2022, Rodl & Partner (C‑562/20, EU:C:2022:883), apartados 46 a 48, y de 2 de marzo de 2023, PrivatBank y otros (C‑78/21, EU:C:2023:137), apartados 63 y 64.
17      Véase el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2015/849.
18      Véase el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2015/849.
19      Véase el considerando 22 de la Directiva 2015/849.
20      Véase el punto 35 de las presentes conclusiones.
21      Véase, en particular, el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO 2001, L 344, p. 70), que contempla posibles excepciones a la prohibición de prestar servicios financieros establecida en el artículo 2, apartado 2, de dicho Reglamento.
22      Véase el artículo 13, apartado 1, letra d), de la Directiva 2015/849.
23      Véanse las Directrices de la ABE, punto 2.3, letra b).
24      Véanse las Directrices de la ABE, punto 2.5, letra a).
25      Véanse las Directrices de la ABE, punto 2.5, letra b).
26      Véanse las Directrices de la ABE, punto 1.30, letra c).
27      Véanse las Directrices de la ABE, punto 3.2.
28      Véanse las Directrices de la ABE, punto 3.3.
29      Véanse las Directrices de la ABE, punto 4.66.
30      Véanse las Directrices de la ABE, punto 4.10, letra b).
31      Véase el punto 33 de las presentes conclusiones.