62024CO0372
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 12 de diciembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Retribución de los jueces de primera instancia — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Principio de independencia judicial — Competencia de los poderes legislativo y ejecutivo de los Estados miembros para fijar las modalidades de determinación de la retribución de los jueces — Exigencia de una retribución en consonancia con la importancia de las funciones desempeñadas — Obligación de tener en cuenta el contexto socioeconómico nacional»
En el asunto C‑372/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Upravni sud u Rijeci (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Rijeka, Croacia), mediante resolución de 22 de mayo de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de mayo de 2024, en el procedimiento entre
B. B.
y
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por el Sr. F. Schalin, Presidente de Sala, y los Sres. M. Gavalec (Ponente) y Z. Csehi, Jueces;
Abogado General: Sr. D. Spielmann;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre B. B., juez croata, y el Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske (Ministerio de Justicia, Administración Pública y Transformación Digital de la República de Croacia), en relación con el cálculo de su retribución.
Marco jurídico
3
El artículo 4 de la Zakon o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika (Ley sobre la retribución y otros derechos materiales de los funcionarios de la Administración de Justicia), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia»), dispone en sus tres primeros párrafos:
«La retribución de funcionarios de justicia se determinará multiplicando la base salarial de cálculo de la retribución por un coeficiente previsto para cada funcionario de justicia.
La base de cálculo de la retribución de los funcionarios de justicia se fija en 706,50 euros brutos.
Los coeficientes de cálculo de las retribuciones de los funcionarios de justicia se establecen como sigue:
[…]
8.
a)
jueces de los tribunales municipales 4,21,
b)
jueces de los tribunales de lo contencioso-administrativo 4,21,
c)
jueces de los tribunales de lo mercantil 4,21,
d)
fiscales adjuntos de los tribunales municipales 4,21.»
Litigio principal, procedimiento ante el Tribunal de Justicia y cuestiones prejudiciales
4
B. B. es un juez que ejerce sus funciones en el Upravni sud u Zagrebu (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Zagreb, Croacia). El 22 de noviembre de 2023, interpuso un recurso ante el Upravni sud u Rijeci (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Rijeka, Croacia), que es el órgano jurisdiccional remitente, que tiene por objeto, en particular, la anulación de la resolución del Ministerio de Justicia, Administración Pública y Transformación Digital de la República de Croacia, de 9 de octubre de 2023, que desestima la reclamación que presentó contra la resolución de la presidenta del Upravni sud u Zagrebu (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Zagreb), de 10 de julio de 2023, por la que se determina su sueldo en aplicación del artículo 4, párrafo primero, de la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia. B. B. alega que la referida disposición viola el principio de independencia judicial, tal y como se deriva del artículo 19 TUE, apartado 2, y del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta.
5
El órgano jurisdiccional remitente señala que, del 1 de julio de 2023 al 1 de marzo de 2025, la retribución bruta mensual de B. B. era de 2974,37 euros, importe que se obtenía multiplicando el importe de la base salarial de cálculo de la retribución de los jueces y demás funcionarios de justicia de 706,50 euros por el coeficiente de 4,21 previsto en el artículo 4, párrafo tercero, de la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia.
6
Según el órgano jurisdiccional remitente, de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística croata y de hechos generalmente conocidos se desprende que, hasta la entrada en vigor de la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia, la retribución de los jueces de primera instancia, como B. B., era de 2295,75 euros, importe que se obtenía multiplicando el importe de la base salarial de cálculo de la retribución de los jueces y demás funcionarios de 652,20 euros por un coeficiente de 3,52. Dicho órgano jurisdiccional añade que, en los últimos veinte años, por una parte, la retribución bruta de un juez de primera instancia ha aumentado, pasando de 2187,72 euros a 3063,61 euros, y, por otra parte, que dicha retribución se incrementa entre un 0,5 % y un 20 % por cada año de servicio cumplido a partir de seis años de antigüedad. Señala que, durante esos mismos veinte años, el salario neto mensual medio en Croacia ha aumentado en un 125 %, pasando de 522,93 euros a 1163,00 euros. Así, según el órgano jurisdiccional remitente, mientras que, en el momento de la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, la retribución bruta de un juez de primera instancia de un importe de 2187,72 euros equivalía a 2,08 veces el salario bruto de un trabajador empleado por una persona jurídica, que era entonces de 1053,69 euros, esa retribución, que ciertamente alcanzaría en adelante 2974,37 euros, ya solo corresponde a 1,77 veces el salario de un trabajador empleado por una persona jurídica, cuyo importe asciende a 1679 euros. En cuanto a la retribución neta de un juez de un tribunal de primera instancia, el órgano jurisdiccional remitente señala que esta es de 2020,79 euros, lo que equivale a 1,67 veces el salario de un trabajador empleado por una persona jurídica.
7
Además, por lo que respecta a otras profesiones judiciales, indica, por una parte, que las retribuciones de los jueces están comprendidas en el duodécimo de los dieciséis escalones salariales en los que se clasifican las retribuciones del personal al servicio del Estado y de los funcionarios públicos y que equivalen a las retribuciones de los fiscales adjuntos de los tribunales municipales. Por otra parte, señala que el baremo de honorarios de abogados aplicable en Croacia prevé que, por redactar un recurso en el marco de un litigio administrativo y acudir a la vista, un abogado tendrá derecho a una retribución de 2500 euros, impuesto sobre el valor añadido (IVA) incluido.
8
El órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo 4 de la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia viola el principio de independencia judicial, tal y como se deriva del artículo 19 TUE, apartados 1 y 2, y del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta. En efecto, a su entender, el importe de la retribución de los jueces de primera instancia croatas es demasiado bajo en comparación con otras profesiones jurídicas, con el salario y el nivel de vida medios en Croacia y con la ratio entre la retribución de los jueces y el salario mensual medio de un trabajador empleado por una persona jurídica en el momento de la adhesión de la República de Croacia a la Unión. A su juicio, la retribución de los jueces de primera instancia no es adecuada, lo que socava su independencia y viola el principio de tutela judicial efectiva. Por otra parte, señala que la retribución de los jueces se abona con cargo al presupuesto del Estado croata, lo que, en su opinión, viola indirectamente el principio de independencia y autonomía del poder judicial, ya que su importe depende de decisiones del poder ejecutivo y del poder legislativo.
9
Según B. B., la retribución de un juez independiente debe estar en consonancia con sus responsabilidades, con el hecho de que desempeña personalmente una función judicial definida en la Constitución y con el nivel de vida y las condiciones sociales en el país en el que desempeña sus funciones. Pues bien, a su entender, el artículo 4 de la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia no cumple esos requisitos. B. B. afirma que su retribución apenas ha aumentado menos de un 30 % en los últimos veinte años, mientras que el salario neto mensual medio en la República de Croacia ha aumentado casi en un 125 %, alcanzando aproximadamente 1os 1160 euros. B. B. subraya que, desde la interposición de su recurso, se han adoptado nuevas disposiciones que han aumentado significativamente las retribuciones de todo el personal al servicio del Estado y de los funcionarios públicos, con excepción de los jueces. Indica, por otra parte, que, como consecuencia del considerable aumento del baremo de honorarios de abogados que tuvo lugar en 2023, un abogado que solo se ocupara de dos asuntos podría percibir una retribución equivalente a la de un juez.
10
En estas circunstancias, el Upravni sud u Rijeci (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Rijeka), en su resolución de 22 de mayo de 2024, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia cinco cuestiones prejudiciales.
11
Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de agosto de 2024, el procedimiento en el presente asunto quedó suspendido hasta el pronunciamiento de la sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė (C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109).
12
Mediante escrito de 13 de marzo de 2025, la Secretaría del Tribunal de Justicia comunicó dicha sentencia al órgano jurisdiccional remitente y le instó a indicar si, a la luz de la referida sentencia, deseaba mantener su petición de decisión prejudicial.
13
En su respuesta de 24 de abril de 2025, dicho órgano jurisdiccional informó al Tribunal de Justicia de que tenía la intención de mantener su petición de decisión prejudicial, por considerar que el presente asunto presentaba diferencias importantes con respecto a los que dieron lugar a la mencionada sentencia. Así, según el órgano jurisdiccional remitente, a diferencia de las normativas nacionales controvertidas en los asuntos que dieron lugar a esa misma sentencia, la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia no prevé la determinación de la retribución de los jueces sobre la base de criterios objetivos. Además, el órgano jurisdiccional remitente menciona las particularidades del contexto existente en Croacia. A este respecto, indica que la crisis económica que justificó una reducción de la retribución de los jueces cesó en 2016, por lo que ya no existía ningún motivo legítimo que justificara aplazar la adaptación de su retribución. El referido órgano jurisdiccional considera asimismo, en esencia, y por analogía con la sentencia de 20 de abril de 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311), apartados 64 y 65, que el debilitamiento de la ratio entre la retribución bruta de un juez de primera instancia y el salario medio de un trabajador empleado por una persona jurídica, en el período comprendido entre la adhesión de la República de Croacia a la Unión y la fecha en la que B. B. interpuso su recurso, refleja una regresión de la protección de la independencia judicial.
14
Por último, el órgano jurisdiccional remitente indica que es cierto que la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia ha sido objeto de una nueva modificación que es aplicable desde el 1 de marzo de 2025 y que tiene por objeto alinear la base de cálculo de la retribución de los jueces con la aplicable a las retribuciones del personal al servicio del Estado y de los funcionarios públicos. Sin embargo, señala que, a pesar de esta reforma, la retribución bruta de los jueces de primera instancia es equivalente a la correspondiente al tercer grado de retribución previsto para los funcionarios del Estado y los de la función pública, y ello sin tener en cuenta todos los complementos salariales de que disfrutan determinadas categorías de funcionarios. Además, indica que, a pesar de esta nueva modificación de la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia, los jueces siguen teniendo prohibido ejercer cualquier otra actividad, recibir regalos y percibir cualquier otro ingreso. Por otra parte, observa que siguen sin disfrutar de una prestación por enfermedad idéntica a la de los funcionarios y agentes de los servicios públicos. En definitiva, según el órgano jurisdiccional remitente, un juez croata sigue recibiendo una retribución inferior a la de muchos de sus colegas del mismo nivel de formación, con independencia de su profesión.
15
Habida cuenta de los nuevos elementos que mencionó en su respuesta de 24 de abril de 2025, el Upravni sud u Rijeci (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Rijeka) adaptó el tenor de sus cuestiones prejudiciales, que tienen la siguiente redacción:
«1)
¿Debe interpretarse el principio de independencia judicial, consagrado en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, en el sentido de que se opone a lo dispuesto en el artículo 4 [de la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia], sobre cuya base se adoptó la resolución administrativa impugnada por el demandante [en el litigio principal], y que fija la retribución de base (sin complementos) es decir, la base y el coeficiente salarial de los jueces de primera instancia de [Croacia]?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿deben interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, en un caso en el que la no aplicación del artículo 4 de la [referida] Ley […] daría lugar a una situación aún peor para la independencia de los jueces de primera instancia, y en el que el Estado miembro evita continuadamente establecer un sistema de retribución conforme con las exigencias de una autoridad judicial independiente, en el sentido de que el órgano jurisdiccional nacional está obligado a hacer todo lo legalmente admisible para garantizar la independencia de los jueces, incluso determinar, con respecto al período comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 1 de marzo de 2025, la retribución de base bruta, sin complementos, del demandante como juez de un tribunal de primera instancia por referencia al importe de la retribución bruta mensual del año en curso, que se obtiene multiplicando el salario bruto mensual medio del año anterior de los empleados de personas jurídicas en [Croacia] por un coeficiente (2,08) correspondiente a la relación entre la retribución bruta de un juez de un tribunal especializado de primera instancia y el salario bruto medio de los empleados de personas jurídicas en [Croacia], tal como existía en el momento de la adhesión de la República de Croacia a la [Unión]?
3)
¿Debe interpretarse el principio de independencia judicial, consagrado en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, en el sentido de que se opone a una disposición de una normativa nacional (incluida la última modificación de la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia […] vigente desde el 1 de marzo de 2025) que no contiene ninguna aplicación del criterio establecido por la Unión en materia de grados de retribución de los jueces ni ninguna determinación del grado de retribución (sobre un total de dieciséis grados de retribución) previsto para los funcionarios estatales y los agentes públicos que sería adecuado para la retribución de un juez de un tribunal de primera instancia?
4)
En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿debe interpretarse el principio de independencia judicial, consagrado en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que autoriza la retribución de los jueces con cargo al presupuesto del Estado, adoptado y aprobado por el Gobierno de la República de Croacia y por el Parlamento de la República de Croacia como titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, y que, de este modo, afecta indirectamente a la independencia del poder judicial?
5)
¿Debe interpretarse el principio de independencia judicial, consagrado en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, en el sentido de que el legislador de la República de Croacia, al adoptar una disposición que regula la retribución de los jueces, está obligado a fijar dicha retribución de tal manera que el aumento de la retribución de los jueces siga la tasa de incremento del salario medio en [Croacia] en el mismo período de tiempo?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
16
En virtud del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no suscite ninguna duda razonable, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.
17
Procede recordar, asimismo, que la cooperación judicial establecida por el artículo 267 TFUE se basa en una clara separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia. Por una parte, el Tribunal de Justicia no está facultado para aplicar las normas del Derecho de la Unión a un asunto determinado, sino tan solo para interpretar los Tratados y los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de mayo de 2021, Asociația Forumul Judecătorilor din România y otros, C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 y C‑397/19, EU:C:2021:393, apartado 201 y jurisprudencia citada). Por otra parte, de conformidad con el punto 11 de las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO 2019, C 380, p. 1), corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales extraer en el litigio del que conozcan las consecuencias concretas de los elementos de interpretación proporcionados por el Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2018, Roche Lietuva, C‑413/17, EU:C:2018:865, apartado 43).
18
En el caso de autos, a pesar de las dudas expresadas por el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia considera que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada por el órgano jurisdiccional remitente puede deducirse claramente de la sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė (C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109). Por consiguiente, procede aplicar el artículo 99 del Reglamento de Procedimiento en el presente asunto.
19
Tal como se desprende del apartado 17 del presente auto, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente extraer las consecuencias concretas, en el litigio principal, de los elementos de interpretación que se derivan de esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Cuestiones prejudiciales primera y tercera a quinta
20
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera a quinta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 2 TUE, debe interpretarse en el sentido de que el principio de independencia judicial se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los poderes legislativo y ejecutivo de ese Estado miembro determinan la retribución de los jueces multiplicando la base salarial de la retribución de los jueces y demás funcionarios de justicia por un coeficiente correspondiente a la categoría del juez de que se trate.
21
En primer lugar, aunque, conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho, debe garantizarse la independencia de los órganos jurisdiccionales frente a los poderes legislativo y ejecutivo de un Estado miembro, el mero hecho de que esos poderes estén implicados en la determinación de la retribución de los jueces no puede, en cuanto tal, crear una dependencia de los jueces respecto de estos poderes ni suscitar dudas en cuanto a su independencia o su imparcialidad. En efecto, los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación a la hora de elaborar su presupuesto y adoptar decisiones teniendo en cuenta las diferentes partidas de gasto público, que incluye la determinación del método de cálculo de tal gasto y, en particular, de la retribución de los jueces. Los poderes legislativo y ejecutivo nacionales son, en efecto, los mejor situados para tener en cuenta el contexto socioeconómico particular del Estado miembro en el que debe elaborarse dicho presupuesto y garantizarse la independencia judicial [sentencias de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 51, y de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartado 22].
22
No es menos cierto que las normas nacionales relativas a la retribución de los jueces no deben suscitar dudas legítimas, en el ánimo de los justiciables, en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces de que se trate frente a elementos externos y en lo que atañe a su neutralidad ante los intereses en litigio. A tal fin, las cartas, informes y otros documentos elaborados por los órganos del Consejo de Europa o pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas pueden proporcionar indicaciones pertinentes para interpretar el Derecho de la Unión ante disposiciones nacionales adoptadas en la materia [sentencias de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartados 52 y 53, y de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartado 23].
23
En segundo lugar, el principio de independencia judicial, en relación con el principio de seguridad jurídica, exige que las modalidades de determinación de su retribución sean objetivas, previsibles, estables y transparentes, de modo que se excluya toda intervención arbitraria de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado miembro de que se trate (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 56).
24
Pues bien, al establecer que el importe de la retribución de los jueces se determina multiplicando un importe de base por un coeficiente que debe reflejar la importancia de las funciones de un juez, el artículo 4, párrafo primero, de la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia parece cumplir los requisitos mencionados en el apartado anterior, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
25
Por otra parte, en los asuntos que dieron lugar a la sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė (C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109), apartados 10 y 25, el Tribunal de Justicia no cuestionó tales modalidades de cálculo de la retribución de los jueces polacos y lituanos. En cualquier caso, ningún elemento de la petición de decisión prejudicial permite comprender por qué las modalidades de cálculo de la retribución de los jueces croatas, tal como están previstas en la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia, no serían objetivas.
26
En tercer lugar, los jueces deben percibir una retribución cuyo nivel esté en consonancia con la importancia de sus funciones, lo que obliga a tener en cuenta el contexto socioeconómico del Estado miembro de que se trate, es decir, su situación económica, social y financiera. Desde esta perspectiva, es pertinente comparar la retribución media de los jueces con el salario medio en dicho Estado. Además, si bien deben tomarse en consideración los salarios de las demás profesiones jurídicas, de ello no puede deducirse que la retribución de los jueces no pueda ser inferior a la retribución media de otros profesionales del Derecho, en particular de los que ejercen una profesión liberal, como los abogados, dado que estos se encuentran manifiestamente en una situación diferente de la de los jueces. Por otra parte, deben tenerse en cuenta las diversas primas y complementos salariales que perciben los jueces además de su retribución básica ordinaria [sentencias de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartados 58 y 61 a 64, y de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartados 35 y 36].
27
Aunque, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE, no le corresponde aplicar las normas del Derecho de la Unión a un supuesto determinado, el Tribunal de Justicia puede, a fin de proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, proporcionarle indicaciones, basadas en los autos de los litigios principales y en las observaciones escritas que obren en su poder, que permitan a dicho órgano jurisdiccional pronunciarse (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de junio de 1991, Newton, C‑356/89, EU:C:1991:265, apartado 10, y de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 77).
28
En el caso de autos, procede señalar, en particular, que la retribución de base bruta de los jueces de primera instancia equivale a 1,77 veces el salario bruto de un trabajador empleado por una persona jurídica, del que, por otra parte, no se especifica si corresponde al salario bruto medio en ese Estado miembro, y que esa ratio sigue siendo significativa.
29
Además, el órgano jurisdiccional remitente no parece haber tenido en cuenta los complementos salariales que perciben los jueces de primera instancia croatas, en particular el complemento de antigüedad, que lleva a aumentar la retribución de los jueces del 0,5 % al 20 % por cada año de servicio cumplido a partir de seis años de servicio y que puede incrementar considerablemente su retribución.
30
Por otra parte, para comprobar en qué medida la retribución de los jueces está en consonancia con la importancia de sus funciones, el órgano jurisdiccional remitente puede tener en cuenta los datos que figuran en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones [COM(2025) 375 final], de 1 de julio de 2025, titulada «Cuadro de Indicadores de la Justicia en la [Unión] de 2025» [véase, por analogía, la sentencia de 5 de junio de 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Supresión de la asignación por jubilación de los jueces), C‑762/23, EU:C:2025:400, apartado 43]. Pues bien, del gráfico 35 que figura en dicha Comunicación se desprende que la ratio entre la retribución bruta de los jueces de primera instancia croatas al principio de la carrera y el salario medio en ese Estado miembro, que es de 1,77, es comparable a la ratio que puede observarse en otros Estados miembros, como el Reino de Bélgica, la República Italiana, la República de Lituania, Hungría, la República de Austria, la República de Polonia, la República de Finlandia o el Reino de Suecia. Esta ratio es incluso superior a la existente en Alemania, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos o Eslovenia.
31
Además, el hecho de que, por razones presupuestarias, el legislador de un Estado miembro no haya revisado al alza la retribución de los jueces nacionales, de modo que la ratio en cuestión haya disminuido, no puede entenderse necesariamente como una reducción de la protección del valor del Estado de Derecho en ese Estado miembro. Solo circunstancias especiales que respalden la voluntad de dicho legislador de violar el principio de independencia judicial, en particular la adopción de disposiciones nacionales relativas a la organización de la Administración de Justicia que menoscaben las garantías de independencia judicial, podrían demostrar una infracción del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de abril de 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, apartados 64 y 65).
32
Por último, por lo que respecta a la alegación basada en el hecho de que, por redactar un recurso en el marco de un litigio administrativo y acudir a la vista, un abogado percibe en Croacia una retribución de 2500 euros, IVA incluido, es cierto que, como se desprende del informe de evaluación de los sistemas judiciales europeos elaborado en 2020 por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) (página 67), con el fin de garantizar la independencia judicial y, más en general, la calidad de la justicia en un Estado de Derecho, «las políticas en materia de justicia también deberían tener en cuenta los salarios de las demás profesiones jurídicas para hacer atractiva la profesión de juez para los profesionales del Derecho altamente cualificados». Ahora bien, como se ha señalado en el apartado 26 del presente auto, el principio de independencia judicial no se opone a que la retribución de los jueces se fije en un nivel inferior al de la retribución media de otros profesionales del Derecho, dado que estos se encuentran manifiestamente en una situación diferente de la de los jueces.
33
Así pues, y sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, no parece que el artículo 4, párrafo primero, de la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia haya incumplido las exigencias resultantes del principio de independencia judicial, tal como se deriva del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 2 TUE (véase, por analogía, la sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 83).
34
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y tercera a quinta que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 2 TUE, debe interpretarse en el sentido de que el principio de independencia judicial no se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los poderes legislativo y ejecutivo de ese Estado miembro determinan la retribución de los jueces multiplicando la base salarial de la retribución de los jueces y demás funcionarios de justicia por un coeficiente correspondiente a la categoría del juez de que se trate, siempre que dicha determinación no sea arbitraria, sino que se base en modalidades objetivas, previsibles, estables y transparentes y garantice a los jueces un nivel de retribución en consonancia con la importancia de las funciones que desempeñan, habida cuenta de la situación económica, social y financiera del referido Estado miembro y del salario medio en ese Estado.
Segunda cuestión prejudicial
35
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se determine cómo podría restablecer el derecho de los jueces a una retribución en consonancia con la importancia de sus funciones en el supuesto de que el artículo 4 de la Ley sobre la retribución de los funcionarios de justicia viole el principio de independencia judicial, tal como se deriva del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 2 TUE.
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Habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera y tercera a quinta y a falta de elementos que demuestren que el artículo 4 de dicha Ley viole el principio de independencia judicial, no procede responder a la segunda cuestión prejudicial.
Costas
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Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 2 TUE,
debe interpretarse en el sentido de que
el principio de independencia judicial no se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los poderes legislativo y ejecutivo de ese Estado miembro determinan la retribución de los jueces multiplicando la base salarial de la retribución de los jueces y demás funcionarios de justicia por un coeficiente correspondiente a la categoría del juez de que se trate, siempre que dicha determinación no sea arbitraria, sino que se base en modalidades objetivas, previsibles, estables y transparentes y garantice a los jueces un nivel de retribución en consonancia con la importancia de las funciones que desempeñan, habida cuenta de la situación económica, social y financiera del referido Estado miembro y del salario medio en ese Estado.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: croata.