62002CO0381_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-381/02,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la cour d'appel de Caen (Francia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Association comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel)
y
François Faou,
GAEC de Kerlidou,
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 15 ter, apartado 8, del Reglamento (CEE) nº 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (DO L 118, p. 1; EE 03/05, p. 258), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 3284/83 del Consejo, de 14 de noviembre de 1983 (DO L 325, p. 1; EE 03/29, p. 112),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. P. Jann (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas, A. La Pergola, S. von Bahr y K. Lenaerts, Jueces;
Abogado General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. R. Grass;
habiéndose informado al órgano jurisdiccional remitente de que el Tribunal de Justicia se propone resolver mediante auto motivado, conforme al artículo 104, apartado 3, de su Reglamento de Procedimiento;
habiéndose instado a los interesados contemplados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia a que presenten sus eventuales observaciones sobre este particular;
dicta el siguiente
Auto
Motivación de la sentencia
1. Mediante resolución de 17 de octubre de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de octubre siguiente, la cour d’appel de Caen planteó, con arreglo al artículo 234 CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 15 ter, apartado 8, del Reglamento (CEE) nº 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (DO L 118, p. 1; EE 03/05, p. 258), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 3284/83 del Consejo, de 14 de noviembre de 1983 (DO L 325, p. 1; EE 03/29, p. 112; en lo sucesivo, «Reglamento nº 1035/72»).
2. Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la Association comité économique regional agricole fruits et légumes de Bretagne (en lo sucesivo, «Cerafel») y el Sr. Faou y el GAEC de Kerlidou, sobre el pago de cotizaciones que supuestamente adeudaban estos últimos a la citada asociación, correspondientes a los años 1992 y 1993, por la producción de coliflores procedentes de la agricultura ecológica.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
3. En el marco de la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, el artículo 15 ter,
apartado 1, del Reglamento nº 1035/72 establece:
«En caso de que
– una organización de productores
o
– una asociación de organizaciones de productores que haya adoptado las mismas normas,
que opere en una circunscripción económica determinada sea considerada, para un producto dado, representativa de la producción y de los productores de dicha circunscripción, el Estado miembro de que se trate podrá, a instancia de dicha organización o asociación y, durante los tres primeros años de aplicación, previa consulta a los productores de la circunscripción, declarar obligatorias para los productores establecidos en la circunscripción y no asociados a alguna de las organizaciones anteriormente mencionadas:
a) las normas de conocimiento de la producción contempladas en el tercer guión del punto b) del apartado 1 del artículo 13;
b) las normas de producción contempladas en el segundo guión del punto b) del apartado 1 del artículo 13;
c) las normas de comercialización contempladas en el segundo guión del punto b) del apartado 1 del artículo 13;
d) para los productos contemplados en el Anexo II, las normas adoptadas por la organización o asociación en materia de retirada del mercado [...]
siempre que dichas normas sean de aplicación por lo menos desde hace un año.»
4. Entre los productos contemplados en el anexo II del Reglamento nº 1035/72, al cual se remite el artículo 15 ter, apartado 1, letra d), de éste, figura la coliflor.
5. El artículo 15 ter,
apartado 8, del Reglamento nº 1035/72 dispone:
«Cuando sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 1, el Estado miembro de que se trate podrá decidir que los productores no asociados sean deudores ante la organización o, en su caso, ante la asociación, de todas o parte de las cotizaciones pagadas por los productores asociados, en la medida en que las mismas estén destinadas a cubrir:
– los gastos administrativos resultantes de la aplicación del régimen contemplado en el apartado 1,
– los gastos resultantes de las acciones de investigación, de estudios de mercado y de promoción de las ventas emprendidas por la organización o la asociación y que beneficien al conjunto de la producción de la circunscripción.»
6. El Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (DO L 198, p. 1), que se aplica en particular a los productos agrícolas vegetales no transformados, precisa en su artículo 3 que sus disposiciones «se aplicarán sin perjuicio de las restantes disposiciones comunitarias que regulan la producción, elaboración, comercialización, etiquetado y control de los productos contemplados en el artículo 1».
Normativa nacional
7. El artículo 15 ter
del Reglamento nº 1035/72 se aplicó en Francia en particular mediante la Orden Ministerial de 18 de junio de 1992, por la que se extienden las normas adoptadas por el Comité économique agricole fruits et légumes de Bretagne (JORF de 28 de junio de 1992, p. 8469).
8. El artículo 1 de dicha Orden Ministerial extiende al conjunto de los productores de coliflor establecidos en determinados departamentos las normas adoptadas por Cerafel en materia de conocimiento de la producción, de producción y de comercialización, así como la obligación de respetar las modalidades de intervención y los precios de retirada.
9. El artículo 3 de la citada Orden Ministerial autoriza a Cerafel a percibir cotizaciones de los productores que no pertenezcan a asociaciones de productores, cuyo importe será fijado posteriormente mediante orden ministerial. Se contempla que tales cotizaciones se destinen, por una parte, a garantizar el funcionamiento corriente del fondo de gestión administrativa creado por Cerafel y, por otra parte, a nutrir el fondo de promoción, estudio e investigación que establezca, en su caso, Cerafel para dar cobertura a acciones generales que beneficien a la producción de la región en su conjunto.
10. Sobre esta base, se aprueban anualmente las órdenes por las que se establecen los requisitos para la percepción de las cotizaciones que pueden ser reclamadas por Cerafel a los productores de coliflor que no pertenezcan a dicha asociación.
El litigio principal y la cuestión prejudicial
11. Cerafel presentó una demanda contra el Sr. Faou y el GAEC de Kerlidou, productores de coliflor procedentes de la agricultura ecológica, con el fin de lograr el pago de las cotizaciones relativas a su producción correspondientes a los años 1992 y 1993.
12. Mediante resolución de 9 de enero de 1995, el tribunal d’instance de Morlaix (Francia) desestimó las pretensiones de Cerafel por cuanto no existía ninguna disposición aplicable que estableciera la obligatoriedad de que los agricultores que aplican las normas de la producción ecológica paguen cotizaciones a dicha asociación.
13. Mediante sentencia de 17 de marzo de 1998, la cour d’appel de Rennes (Francia) anuló dicha resolución y estimó las pretensiones de Cerafel basándose principalmente en que, en virtud del artículo 3 del Reglamento nº 2092/91, las disposiciones comunitarias que regulan la producción de los productos agrícolas no transformados son aplicables a los productos procedentes de la agricultura ecológica.
14. La Cour de cassation (Francia), en su sentencia de 22 de mayo de 2001, anuló la sentencia de la cour d’appel de Rennes por falta de base jurídica y devolvió el asunto a la cour d’appel de Caen. La Cour de cassation reprochó a la cour d’appel de Rennes que no hubiese investigado si la producción de hortalizas siguiendo los métodos de la agricultura ecológica se regía por normas de producción y de comercialización distintas de las adoptadas por Cerafel, mientras que el Tribunal de Justicia había declarado, en su sentencia de 13 de julio de 2000, Unilet y Le Bars (C-117/99, Rec. p. I-6077), que, cuando las normas de producción y de comercialización adoptadas por una organización de productores para determinados productos y declaradas obligatorias para los productores no asociados a dicha organización tan sólo puedan aplicarse parcialmente, o incluso no se apliquen, a aquellos productos para los que se utilicen unos métodos de producción y de comercialización distintos, un Estado miembro está facultado, con arreglo al artículo 15 ter,
apartado 8, del Reglamento nº 1035/72, para no someter a algunos de estos productores a la obligación de cotización.
15. En estas circunstancias, la cour d’appel de Caen decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Puede un Estado miembro, sin vulnerar el principio de no discriminación, aplicar el artículo 15 ter,
apartado 8, del Reglamento (CEE) nº 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972, declarando obligatorias determinadas normas de producción y de comercialización para los productores establecidos en la circunscripción de un comité económico y no asociados a éste, y declarándoles deudores de todas o parte de las cotizaciones pagadas por los productores asociados, sin hacer distinción en función de que los productores no asociados formen parte o no de un sector de producción legalmente regulado, como el sector de la agricultura ecológica, en el que las acciones del comité económico carecen de interés o tienen solamente un interés ocasional y marginal para ellos?»
Sobre la cuestión prejudicial
16. Al considerar que la respuesta a la cuestión planteada puede deducirse claramente de la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia informó al órgano jurisdiccional remitente, conforme al artículo 104, apartado 3, de su Reglamento de Procedimiento, que se proponía resolver mediante auto motivado e instó a los interesados a los que se refiere el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia a presentar sus eventuales observaciones sobre este particular.
17. Por lo que atañe a la intención del Tribunal de Justicia de resolver mediante auto motivado remitiéndose a su jurisprudencia, el Sr. Faou y el GAEC de Kerlidou, así como el Gobierno francés y la Comisión de las Comunidades Europeas, no han formulado objeciones. Cerafel alega que la respuesta a la cuestión prejudicial, la cual versa sobre la sumisión de determinados productores a las cotizaciones agrícolas, no puede deducirse de la sentencia Unilet y Le Bars, antes citada, que se refiere a una exención total del pago de dichas cotizaciones.
18. En cuanto al fondo del asunto, el GAEC de Kerlidou, el Gobierno francés y la Comisión coinciden en interpretar la sentencia Unilet y Le Bars, antes citada, en el sentido de que el artículo 15 ter
del Reglamento nº 1035/72 confiere a los Estados miembros una facultad de apreciación de la que únicamente pueden hacer uso respetando el principio de no discriminación entre los productores, el cual exige que no se traten de manera diferente situaciones que sean comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica.
19. Los pareceres divergen en cuanto al extremo de si los agricultores de la rama ecológica se encuentran en una situación comparable o bien distinta con relación a la de los demás productores. El GAEC de Kerlidou afirma que la situación es distinta. El Gobierno francés estima que los agricultores de la rama ecológica se benefician, al menos parcialmente, de las acciones de Cerafel. La Comisión considera que debe efectuarse la apreciación teniendo en cuenta las ventajas tanto directas como indirectas y que tal apreciación incumbe al juez nacional.
20. Con carácter preliminar, procede señalar que las disposiciones reguladoras de los productos procedentes de la agricultura ecológica son de aplicación, según aclara el artículo 3 del Reglamento nº 2092/91, sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias que regulan la producción, elaboración, comercialización, etiquetado y control de los productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento. De ello se desprende que el Reglamento nº 1035/72 se aplica a los productos obtenidos siguiendo un método de producción ecológico.
21. El artículo 15 ter
del Reglamento nº 1035/72 confiere a los Estados miembros una facultad que tiene carácter discrecional. En efecto, a tenor del apartado 1 de esta disposición, el Estado miembro de que se trate podrá declarar obligatorias para los productores no asociados determinadas normas adoptadas por una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores. Según el apartado 8 de la misma disposición, cuando sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 1, el Estado miembro podrá decidir que los productores no asociados sean deudores ante la organización o ante la asociación de todas o parte de las cotizaciones pagadas por los productores asociados (sentencia Unilet y Le Bars, antes citada, apartado 19).
22. Por consiguiente, los Estados miembros disponen, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 15 ter
del Reglamento nº 1035/72, de una facultad de apreciación que pueden ejercer dentro de los límites del Derecho comunitario (sentencia Unilet y Le Bars, antes citada, apartado 20).
23. Entre estos límites, figura el principio de prohibición de toda discriminación entre productores de la Comunidad, recogido en el artículo 40, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 34 CE, apartado 2, tras su modificación). Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que sean comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado (véanse, en particular, las sentencias de 17 de julio de 1997, National Farmers’ Union y otros, C-354/95, Rec. p. I‑4559, apartado 61, así como Unilet y Le Bars, antes citada, apartado 23).
24. En el apartado 28 de la sentencia Unilet y Le Bars, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró, con arreglo a este principio, que cuando un Estado miembro ha aplicado el apartado 1 de dicha disposición, es decir, cuando ha declarado obligatorias determinadas normas de producción y de comercialización ado ptadas por una organización de productores para los productores establecidos en la circunscripción de dicha organización y no asociados a ésta, puede no someter a la obligación de cotización, respecto de un mismo producto, a determinados productores no asociados en la medida en que su producción no esté destinada al mercado de productos frescos sino a la transformación industrial.
25. El Tribunal de Justicia motivó esta interpretación basándose en que, al ser las situaciones de que se trata objetivamente diferentes, el hecho de que sean tratadas de forma distinta no vulnera el principio general de no discriminación (sentencia Unilet y Le Bars, antes citada, apartado 27).
26. En el asunto principal, la cuestión planteada versa sobre la posibilidad de que un Estado miembro que haya aplicado el artículo 15 ter,
apartado 1, del Reglamento nº 1035/72 sujete, en virtud del apartado 8 de esta disposición, a determinados productores no asociados a la obligación de cotizar por un producto que, efectivamente, sea de la misma naturaleza, pero que tenga unas características específicas.
27. De los fundamentos de Derecho de la sentencia Unilet y Le Bars, antes citada, se deduce claramente que el principio de no discriminación se opone a que se utilice la facultad de apreciación conferida a los Estados miembros por el artículo 15 ter del Reglamento nº 1035/72 para tratar situaciones diferentes de manera idéntica.
28. Sobre este particular, conviene recordar que según el artículo 15 ter,
apartado 8, del Reglamento nº 1035/72, la posibilidad que se ofrece a un Estado miembro de decidir que los productores no asociados sean deudores ante una organización de productores o ante una asociación de organizaciones de productores, de todas o parte de las cotizaciones pagadas por los productores asociados, sólo se refiere a las cotizaciones destinadas a cubrir determinados gastos, a saber, los gastos administrativos resultantes de la extensión de las normas adoptadas por la mencionada organización o asociación y los gastos resultantes de las acciones de investigación, de estudios de mercado y de promoción de las ventas emprendidas por la organización o la asociación (sentencia Unilet y Le Bars, antes citada, apartado 24).
29. Por lo tanto, incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar, a la vista de todas las pruebas que se les hayan presentado, si y en qué medida determinados productores no asociados a una organización de productores, cuyas normas de producción y de comercialización hayan sido declaradas obligatorias para todos los productores establecidos en su circunscripción económica, se encuentran en una situación objetivamente distinta de la de los productores asociados, particularmente en la medida en que las normas adoptadas por dicha organización no son de aplicación o únicamente se aplican con carácter marginal a los productos de los no asociados y que las acciones emprendidas por esta última no tienen, directa o indirectamente, más que un interés ocasional y marginal para los citados productos.
30. En estas circunstancias, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 15 ter,
apartados 1 y 8, del Reglamento nº 1035/72 debe interpretarse de la siguiente forma:
– Un Estado miembro que haya aplicado el citado apartado 1, declarando obligatorias determinadas normas de producción y de comercialización adoptadas por una organización de productores para los productores establecidos en la circunscripción de dicha organización y no asociados a ésta, no puede, sin vulnerar el principio de no discriminación, aplicar el apartado 8 de la citada disposición convirtiendo a estos últimos en deudores de la totalidad o de una parte de las cotizaciones abonadas por los productores asociados, sin investigar si los productores no asociados se encuentran o no en una situación objetivamente distinta de la de los productores asociados.
– Los productores no asociados se encuentran en una situación objetivamente distinta de la de los productores asociados cuando las normas adoptadas por dicha organización no son de aplicación o únicamente se aplican con carácter marginal a sus productos y las acciones emprendidas por esta última no benefician o benefician tan sólo marginalmente a los citados productos.
– Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar las pruebas presentadas a tal efecto.
Decisión sobre las costas
Costas
31. Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la cour d’appel de Caen mediante resolución de 17 de octubre de 2002, declara:
El artículo 15 ter,
apartados 1 y 8, del Reglamento (CEE) nº 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 3284/83 del Consejo, de 14 de noviembre de 1983, debe interpretarse de la siguiente forma:
– Un Estado miembro que haya aplicado el citado apartado 1, declarando obligatorias determinadas normas de producción y de comercialización adoptadas por una organización de productores para los productores establecidos en la circunscripción de dicha organización y no asociados a ésta, no puede, sin vulnerar el principio de no discriminación, aplicar el apartado 8 de la citada disposición convirtiendo a estos últimos en deudores de la totalidad o de una parte de las cotizaciones abonadas por los productores asociados, sin investigar si los productores no asociados se encuentran o no en una situación objetivamente distinta de la de los productores asociados.
– Los productores no asociados se encuentran en una situación objetivamente distinta de la de los productores asociados cuando las normas adoptadas por dicha organización no son de aplicación o únicamente se aplican con carácter marginal a sus productos y las acciones emprendidas por esta última no benefician o benefician tan sólo marginalmente a los citados productos.
– Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar las pruebas presentadas a tal efecto.