62023TJ0179
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada)
de 11 de diciembre de 2024 (
*1
)
«Derecho institucional — Acuerdo para la aplicación del artículo 10 quater del Estatuto celebrado entre el Consejo y organizaciones sindicales o profesionales — Procedimiento de comprobación de los criterios de reconocimiento y representatividad de las organizaciones sindicales o profesionales — Nota por la que se informa de los resultados del procedimiento de comprobación — Obligación de motivación — Principio de buena administración — Principio de buena fe contractual — Libertad sindical»
En el asunto T‑179/23,
Section Conseil de la Fédération de la fonction publique européenne (FFPE section Conseil), con sede en Bruselas (Bélgica), representada por la Sra. A. Champetier y el Sr. S. Rodrigues, abogados,
parte demandante,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. M. Bauer y la Sra. I. Demoulin, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada),
integrado por el Sr. S. Papasavvas, Presidente, el Sr. L. Truchot (Ponente), y los Sres. H. Kanninen, M. Sampol Pucurull y T. Tóth, Jueces;
Secretario: Sr. L. Ramette, administrador;
visto el auto de 9 de junio de 2023, FFPE section Conseil/Consejo (T‑179/23 R, no publicado, EU:T:2023:328);
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 12 de julio de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso, la section Conseil de la Fédération de la fonction publique européenne (FFPE section Conseil), parte demandante, solicita, por un lado, la anulación, sobre la base del artículo 263 TFUE, de la nota del Consejo de la Unión Europea de 3 de abril de 2023 relativa al resultado del segundo procedimiento de comprobación que la concierne, en la medida en que suspende los derechos que se le habían conferido como organización sindical o profesional (en lo sucesivo, «OSP») representativa (en lo sucesivo, «decisión impugnada») y, por el otro, la reparación, sobre la base del artículo 268 TFUE, del daño moral que alega haber sufrido por ello.
I. Antecedentes del litigio
2
A tenor del artículo 10 quater del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), «cada institución podrá celebrar acuerdos relativos a su personal con sus [OSP] representativas. Dichos acuerdos no podrán suponer una modificación del Estatuto de los funcionarios ni compromisos presupuestarios, y tampoco podrán afectar al funcionamiento de la institución considerada. Las [OSP] representativas signatarias actuarán en cada institución con sujeción a las competencias estatutarias del comité de personal».
3
Con vistas a la aplicación de esta disposición, el 28 de marzo de 2006, el Consejo y varias OSP de la Secretaría General del Consejo (SGC), entre ellas la demandante, firmaron en Bruselas (Bélgica) un documento titulado «Acuerdo entre el Consejo de la Unión Europea y las Organizaciones Sindicales o Profesionales del Personal de la Secretaría General del Consejo», con el fin de fijar los criterios de reconocimiento y representatividad de las OSP del Consejo (en lo sucesivo, «Acuerdo»).
4
Por un lado, el artículo 2 del Acuerdo, relativo al reconocimiento de las OSP, establece el principio del reconocimiento oficial de las OSP del personal de la SGC. De este modo, el artículo 2, apartado 2, letra f), del Acuerdo precisa que se reconocerán las OSP que acrediten contar con, al menos, sesenta afiliados en la SGC que tengan la condición de elector y elegible en las elecciones del comité de personal y se hallen al corriente en el pago de las cuotas de sus OSP (en lo sucesivo, «umbral de reconocimiento»).
5
De conformidad con el artículo 13 del Acuerdo, las OSP reconocidas podrán hacer uso de los medios de traducción, reproducción, difusión y comunicación de la SGC, incluida una «página de inicio» en su sitio intranet; celebrar reuniones en los locales de la SGC fuera del horario de trabajo; disponer de una oficina estándar, compartida con las demás OSP reconocidas, y conceder a sus responsables o delegados un permiso especial de hasta cuatro días al año para participar en asambleas o congresos sindicales fuera de la SGC, así como permisos especiales para la formación sindical, en las mismas condiciones que los permisos para la formación profesional.
6
Por otra parte, en virtud del artículo 4, apartado 1, del Acuerdo, relativo a la representatividad de las OSP, el Consejo reconocerá, en el seno de la SGC, el carácter representativo de las OSP reconocidas, siempre que cuenten con al menos trescientos afiliados en dicha institución que tengan la condición de elector y elegible en las elecciones del comité de personal y se hallen al corriente en el pago de las cuotas de sus OSP, incluidos antiguos funcionarios u otros agentes de la SGC titulares de una pensión comunitaria y afiliados a una OSP, hasta un máximo de cincuenta afiliados (en lo sucesivo, «umbral de representatividad»).
7
Conforme a un documento anexo al Acuerdo, titulado «Condiciones de puesta a disposición de recursos a favor de las OSP representativas en el sentido del artículo 4 del Acuerdo» (en lo sucesivo, «anexo»), las OSP representativas de la SGC disfrutan de la puesta a disposición temporal de miembros del personal, de un apoyo de secretaría, de oficinas equipadas y de un teléfono móvil para cada agente puesto a disposición a tiempo completo, así como del acceso colectivo a un espacio polivalente de 27 m2.
8
Además, el artículo 5, apartado 1, del Acuerdo, relativo a la comprobación de determinados criterios de reconocimiento y representatividad de las OSP, establece que el presidente de cada una de estas OSP comunicará, mediante declaración jurada, el número de afiliados de las OSP signatarias del Acuerdo (en lo sucesivo, «OSP cosignatarias») a un organismo independiente elegido de común acuerdo, e indicará cuántos de ellos tienen la condición de funcionario u otro agente de la SGC, así como el número de antiguos funcionarios u otros agentes de la SGC titulares de una pensión comunitaria.
9
Esta disposición precisa, asimismo, que el organismo independiente mencionado en el apartado 8 de la presente sentencia debe comprobar si las OSP cosignatarias alcanzan, en particular, los umbrales de reconocimiento y representatividad, así como ponderar el peso relativo de cada OSP representativa (en lo sucesivo, «procedimiento de comprobación»). Al término de dicho procedimiento de comprobación, el organismo debe comunicar el resultado de sus comprobaciones a las OSP afectadas y a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, sin divulgar, no obstante, ninguna información obtenida en el curso del referido procedimiento.
10
Por último, en virtud del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, del Acuerdo, la declaración jurada mencionada en el apartado 8 de la presente sentencia y el procedimiento de comprobación se efectuarán cada tres años y siempre que una nueva OSP solicite adherirse al Acuerdo.
11
Mediante nota de 29 de marzo de 2022, la Dirección General de Desarrollo Organizativo y Servicios de la SGC informó a las OSP cosignatarias de que se había iniciado un procedimiento de comprobación con arreglo al artículo 5 del Acuerdo.
12
Los días 3 y 17 de mayo de 2022, la SGC mantuvo reuniones con las OSP cosignatarias, en las que les presentó el proyecto de carta de mandato que debía dirigirse al organismo independiente mencionado en el artículo 5 del Acuerdo (en lo sucesivo, «primera carta de mandato»). En estas reuniones, los representantes de las tres OSP cosignatarias manifestaron su deseo de que la fecha de referencia que dicho organismo debía tener en cuenta para la elaboración de las listas de sus afiliados (en lo sucesivo, «primera fecha de referencia») se fijara el 31 de julio de 2022.
13
El 17 de junio de 2022, la SGC informó a las OSP cosignatarias, en esencia, de que un agente judicial establecido en Bruselas (en lo sucesivo, «agente judicial») había aceptado tramitar el procedimiento de comprobación y de que la primera fecha de referencia sería el 31 de mayo de 2022.
14
En septiembre de 2022, el agente judicial examinó, en el contexto del procedimiento de comprobación mencionado en el apartado 13 de la presente sentencia (en lo sucesivo, «primer procedimiento de comprobación»), la información facilitada por las OSP cosignatarias, al objeto de determinar si estas alcanzaban los umbrales de reconocimiento y representatividad.
15
El 20 de octubre de 2022, el agente judicial levantó acta de la que se desprende que, el 31 de mayo de 2022, la demandante no alcanzaba el umbral de reconocimiento ni, en consecuencia, el umbral de representatividad (en lo sucesivo, «primera acta»).
16
Mediante nota de 24 de noviembre de 2022 (en lo sucesivo, «nota de 24 de noviembre de 2022»), la secretaria general del Consejo hizo constar, en particular, que la demandante no cumplía los criterios previstos en los artículos 2, apartado 2, letra f), y 4, apartado 1, del Acuerdo y la instó a atenerse a dichos criterios en un plazo de tres meses, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, del Acuerdo.
17
El 30 de noviembre de 2022, la SGC publicó en su intranet un anuncio según el cual, a diferencia de las otras dos OSP cosignatarias, la demandante ya no alcanzaba los umbrales de reconocimiento y representatividad previstos en el Acuerdo y disponía de un plazo de tres meses para subsanar esta situación.
18
El 16 de enero de 2023, la SGC remitió a la demandante un nuevo proyecto de carta de mandato dirigida al agente judicial con el objetivo de que se volviera a comprobar su situación por lo que respecta a los umbrales de reconocimiento y representatividad (en lo sucesivo, «segundo procedimiento de comprobación»).
19
El 19 de enero de 2023, la SGC y la demandante participaron en una reunión en la que, por un lado, la demandante solicitó que, en el segundo procedimiento de comprobación, el agente judicial elaborase la lista de sus afiliados tomando una fecha de referencia (en lo sucesivo, «segunda fecha de referencia») posterior al 17 de abril de 2023 y, por el otro, la SGC indicó que, según su interpretación del Acuerdo, esta segunda fecha de referencia debía fijarse el 28 de febrero de 2023, por ser ese el día que finalizaba el plazo de tres meses que había dado comienzo con la nota de 24 de noviembre de 2022.
20
En marzo de 2023, el agente judicial examinó, en el contexto del segundo procedimiento de comprobación, la información facilitada por la demandante.
21
El 28 de marzo de 2023, el agente judicial remitió a la demandante una segunda acta, fechada el 27 de marzo de 2023, de la cual resultaba que, en vista de las listas oficiales de funcionarios y otros agentes y de antiguos funcionarios y otros agentes elaboradas, respectivamente, el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2023, la demandante cumplía los requisitos de reconocimiento establecidos en el Acuerdo, incluido el criterio de su artículo 2, apartado 2, letra f), si bien no alcanzaba el umbral de representatividad previsto en el artículo 4, apartado 1, de dicho Acuerdo (en lo sucesivo, «segunda acta»).
22
Mediante la decisión impugnada, la SGC informó a la demandante de la suspensión de los derechos que le confería el artículo 14 del Acuerdo en condición de OSP representativa. Por otra parte, la informó de que seguiría beneficiándose de los recursos previstos en el artículo 13 del Acuerdo en condición de OSP reconocida.
II. Pretensiones de las partes
23
La demandante solicita al Tribunal General que:
–
Anule la decisión impugnada.
–
Condene al Consejo al pago de un euro simbólico como reparación del daño moral supuestamente sufrido.
–
Condene en costas al Consejo.
24
El Consejo solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
III. Fundamentos de Derecho
A. Sobre las pretensiones de anulación
25
En apoyo de las pretensiones de anulación, la demandante invoca, en esencia, tres motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 5 del Acuerdo y en irregularidades en el primer procedimiento de comprobación; el segundo, en la vulneración del espíritu de cooperación leal que se deriva de dicho Acuerdo y de los principios de buena administración, de proporcionalidad y de buena fe contractual, y, el tercero, en la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical.
26
Por otra parte, en respuesta a una diligencia de ordenación del procedimiento, la demandante invocó, en esencia, un cuarto motivo, basado en la insuficiencia de motivación de la decisión impugnada.
27
Dado que, según reiterada jurisprudencia, la falta o insuficiencia de motivación es un vicio sustancial de forma, en el sentido del artículo 263 TFUE, y constituye un motivo de orden público que debe ser examinado, en su caso, de oficio por el juez de la Unión (véase la sentencia de 12 de julio de 2023, Eurecna/Comisión, T‑377/21, EU:T:2023:398, apartado 18 y jurisprudencia citada), el Tribunal General considera oportuno, habida cuenta de las circunstancias particulares del presente asunto, pronunciarse sobre el cuarto motivo antes de examinar sucesivamente los otros tres motivos invocados por la demandante.
1.
Sobre el cuarto motivo, basado en la insuficiencia de motivación de la decisión impugnada
28
La demandante sostiene, en esencia, que, dado que la validez de la decisión impugnada está supeditada al incumplimiento del umbral de representatividad, la segunda acta debería haber indicado de forma clara el número preciso de afiliados que el agente judicial tuvo en cuenta para llegar a la conclusión de que no había alcanzado dicho umbral. Considera, pues, que no puede conocer ni las razones por las que no alcanzó ese umbral ni, por tanto, la justificación esencial de la decisión impugnada, que le permitiría defender sus derechos, de modo que, en su opinión, se ha incumplido la obligación de motivación de los actos de las instituciones de la Unión.
29
El Consejo rebate las alegaciones de la demandante.
30
A este respecto, según reiterada jurisprudencia, la motivación de los actos de las instituciones de la Unión exigida por el artículo 296 TFUE y por el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de todas las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias de las citadas disposiciones debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 31 de mayo de 2018, Groningen Seaports y otros/Comisión, T‑160/16, no publicada, EU:T:2018:317, apartado 78).
31
Además, la inexistencia de motivación puede declararse incluso aunque la decisión controvertida incluya determinadas explicaciones. Así pues, una motivación contradictoria o incomprensible equivale a la inexistencia de motivación. Lo mismo ocurre cuando las explicaciones que figuran en la decisión en cuestión son tan deficientes que en modo alguno permiten a su destinatario, en el contexto en el que se adoptó dicha decisión, entender el razonamiento de su autor (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 55 y jurisprudencia citada).
32
En el presente asunto, en primer lugar, en la decisión impugnada se precisa que el agente judicial designado para tramitar el segundo procedimiento de comprobación había emitido su informe el 28 de marzo de 2023 y que, según dicho informe, la demandante cumplía los requisitos para ser considerada una OSP reconocida, pero no una OSP representativa.
33
En segundo lugar, de las indicaciones que figuran en la segunda acta, a la que se refiere expresamente la decisión impugnada, se desprende que, habida cuenta, en particular, de una lista oficial de funcionarios y otros agentes de la SGC elaborada el 28 de febrero de 2023 y de otra lista oficial de antiguos funcionarios y otros agentes de la SGC elaborada el 1 de marzo de 2023, por un lado, la demandante alcanzaba el umbral de reconocimiento de al menos sesenta afiliados previsto en el artículo 2, apartado 2, letra f), del Acuerdo, si bien, por el otro, no alcanzaba el umbral de representatividad de al menos trescientos afiliados con la condición de elector y elegible en las elecciones del comité de personal y al corriente en el pago de las cuotas, establecido en el artículo 4, apartado 1, del Acuerdo, sin que la diferencia constatada fuera inferior a veinte afiliados.
34
Así pues, procede señalar que la decisión impugnada, adoptada en aplicación del Acuerdo del que la demandante era parte cosignataria, se adoptó después de que el agente judicial le dirigiera, el 28 de marzo de 2023, la segunda acta, en un contexto que esta conocía.
35
Además, la decisión impugnada, al remitirse, en particular, al Acuerdo y a la segunda acta, exponía los elementos de hecho y de Derecho que revestían una importancia esencial en el sistema de dicha decisión y que permitían tanto a la demandante como al Tribunal General apreciar su legalidad.
36
Es cierto que ni la decisión impugnada ni la segunda acta mencionan, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, del Acuerdo, el número exacto de afiliados que el agente judicial tuvo en cuenta para declarar que la demandante no alcanzaba el umbral de representatividad.
37
No obstante, de la lectura de la decisión impugnada en relación con la segunda acta resulta que el número de afiliados de la demandante contabilizado por el agente judicial era, por un lado, igual o superior al umbral de reconocimiento y, por el otro, inferior al umbral de representatividad, sin que la diferencia comprobada fuera inferior a veinte afiliados, esto es, un número de afiliados comprendido entre 60 y 280.
38
Así pues, la motivación de la decisión impugnada no es contradictoria ni ininteligible y muestra el razonamiento de su autor de manera clara e inequívoca.
39
Por consiguiente, procede desestimar por infundado el cuarto motivo, basado en una motivación insuficiente.
2.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 5 del Acuerdo y en irregularidades en el primer procedimiento de comprobación
40
El primer motivo consta, en esencia, de dos partes, basadas, la primera, en la infracción del artículo 5 del Acuerdo en el primer procedimiento de comprobación y, la segunda, en irregularidades que afectan a la primera acta.
41
El Consejo rebate las alegaciones de la demandante.
42
Con carácter preliminar, procede señalar que, mediante la alegación formulada en apoyo del presente motivo, la demandante critica con carácter incidental la regularidad del primer procedimiento de comprobación que llevó al Consejo a adoptar la nota de 24 de noviembre de 2022, así como el fundamento de dicha nota.
43
A este respecto, procede recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, si bien las medidas de naturaleza puramente preparatoria no pueden, como tales, ser objeto de un recurso de anulación, las posibles ilegalidades de que estuvieran viciadas pueden invocarse en apoyo del recurso dirigido contra el acto definitivo del que constituyen una fase de elaboración (véase la sentencia de 22 de abril de 2021, thyssenkrupp Electrical Steel y thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Comisión, C‑572/18 P, EU:C:2021:317, apartado 50 y jurisprudencia citada).
44
En el presente asunto, es preciso señalar que la nota de 24 de noviembre de 2022 resulta de la aplicación del artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, del Acuerdo, según el cual la Secretaría General del Consejo instará a toda OSP representativa que deje de alcanzar el umbral de representatividad a atenerse al criterio previsto en el artículo 4, apartado 1, de dicho Acuerdo en un plazo de tres meses, ya que, de lo contrario, se suspenderían sus derechos como OPS representativa.
45
De este modo, la nota de 24 de noviembre de 2022, que no exponía la posición definitiva del Consejo en cuanto a si debía considerarse que la demandante seguía siendo representativa con arreglo al Acuerdo, se enmarcaba, conforme al artículo 6 del Acuerdo, en una fase preliminar del procedimiento que condujo a la adopción de la decisión impugnada, que sí describe dicha posición definitiva.
46
Por consiguiente, dado que la nota de 24 de noviembre de 2022 tiene el carácter de una medida meramente preparatoria, la demandante está legitimada, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 43 de la presente sentencia, para impugnar, con carácter incidental, el primer procedimiento de comprobación que condujo a la adopción de dicha nota, así como el fundamento de esta.
a)
Sobre la primera parte, basada en la infracción del artículo 5 del Acuerdo durante el primer procedimiento de comprobación
47
En apoyo de esta parte, la demandante invoca dos imputaciones, basadas, la primera, en la infracción del artículo 5, apartado 1, del Acuerdo y, la segunda, en la infracción del apartado 3 de ese mismo artículo.
1) Sobre la primera imputación, basada en la infracción del artículo 5, apartado 1, del Acuerdo
48
La demandante sostiene, por un lado, que el Consejo impuso a las OSP la elección del organismo independiente para llevar a cabo el primer procedimiento de comprobación y, por el otro, que las OSP no aprobaron el contenido de la primera carta de mandato.
49
A este respecto, cabe recordar, en primer lugar, que el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, del Acuerdo, relativo a la comprobación de determinados criterios de reconocimiento y representatividad de las OSP, establece que sus presidentes respectivos comunicarán, mediante declaración jurada, el número de afiliados a un organismo independiente elegido de común acuerdo.
50
En el presente asunto, de la nota mencionada en el apartado 11 de la presente sentencia se deduce que, el 29 de marzo de 2022, la SGC invitó a las OSP cosignatarias a designar un organismo independiente de común acuerdo y les propuso así confiar la ejecución del primer procedimiento de comprobación al mismo agente judicial al que se había recurrido en 2010 y 2014.
51
Además, del acta de la reunión mantenida el 3 de mayo de 2022 por el Consejo y las OSP cosignatarias, que se adjunta en un correo electrónico enviado en esa misma fecha por una asesora jurídica de la unidad competente de la Dirección General de Desarrollo Organizativo y Servicios a su jefa de unidad, resulta que todas las OSP cosignatarias expresaron su acuerdo en cuanto a la propuesta de la SGC de encomendar la ejecución del primer procedimiento de comprobación al mismo agente judicial al que se había recurrido para el procedimiento de comprobación anterior.
52
Por último, de los autos no se desprende que las OSP cosignatarias formularan objeciones a la SGC respecto de la designación del agente judicial que pudieran suscitar dudas sobre el carácter probatorio de las indicaciones que figuran en el acta de la reunión de 3 de mayo de 2022, mencionada en el apartado 51 de la presente sentencia.
53
Por tanto, debe desestimarse por carecer de fundamento fáctico la alegación de la demandante según la cual el Consejo eligió el organismo independiente encargado del primer procedimiento de comprobación por sí solo y no de común acuerdo con las OSP.
54
En segundo lugar, procede señalar que ni el artículo 5, apartado 1, del Acuerdo ni otras disposiciones de este obligan al Consejo a enviar una carta de mandato al organismo independiente encargado de llevar a cabo un procedimiento de comprobación, de modo que ninguna disposición de dicho Acuerdo obligaba al Consejo a recabar el consentimiento de las OSP cosignatarias sobre el contenido de la primera carta de mandato.
55
Por consiguiente, la primera imputación es infundada y debe desestimarse.
2) Sobre la segunda imputación, basada en la infracción del artículo 5, apartado 3, del Acuerdo
56
La demandante alega, en esencia, que la decisión impugnada se adoptó tardíamente respecto del calendario trienal de comprobación de los umbrales de reconocimiento y representatividad.
57
A este respecto, del artículo 5, apartado 3, del Acuerdo, relativo a la comprobación de determinados criterios de reconocimiento y representatividad de las OSP, resulta que, sin perjuicio de los procedimientos extraordinarios de comprobación de los criterios de reconocimiento que puedan aplicarse a petición de cualquier OSP reconocida, los procedimientos de comprobación relativos a las OSP cosignatarias debían llevarse a cabo cada tres años. Además, el artículo 16, apartado 5, de dicho Acuerdo, relativo a las disposiciones transitorias y finales, establecía que la primera comprobación de los criterios de reconocimiento y representatividad prevista en el artículo 5 del mismo Acuerdo debía tener lugar durante los seis meses siguientes a su firma, es decir, a más tardar, el 28 de septiembre de 2006.
58
En el presente asunto, de los autos se desprende que los procedimientos de comprobación seguidos a partir de la firma del Acuerdo finalizaron los días 15 de mayo de 2007, 24 de junio de 2010 y 14 de enero de 2014, de modo que no cumplieron el calendario trienal exigido por las disposiciones mencionadas en el apartado 57 de la presente sentencia, y que tampoco se llevó a cabo ningún procedimiento de comprobación entre el de 14 de enero de 2014 y el primer procedimiento de comprobación.
59
Además, según las explicaciones aportadas por el Consejo, el primer procedimiento de comprobación se retrasó debido a las negociaciones de revisión del Acuerdo llevadas a cabo en 2017 y 2018, que tenían por objeto, en particular, simplificar las condiciones de medición de la representatividad de las OSP cosignatarias y, posteriormente, debido a la pandemia de COVID‑19.
60
Si bien la demandante no cuestiona el contenido de estas explicaciones, considera, no obstante, que no justifican que no se llevara a cabo ninguna comprobación entre el final de las negociaciones de revisión del Acuerdo y el inicio de la pandemia de COVID‑19.
61
No obstante, aunque el Acuerdo no contempla ninguna excepción al calendario trienal derivado de sus artículos 5, apartado 3, y 16, apartado 5, es preciso comenzar observando que la finalidad de dicho calendario es garantizar la comprobación, a intervalos regulares, de los requisitos de reconocimiento y representatividad de las OSP del Consejo, previstos en el Acuerdo, con el fin de garantizar la existencia de relaciones estructuradas entre dichas OSP y la citada institución, sin que la expiración del plazo resultante de ese calendario conlleve automáticamente la pérdida de los derechos de que disfrutan las OSP reconocidas y representativas.
62
Por otra parte, es preciso señalar que los signatarios del Acuerdo no han previsto ninguna disposición con vistas a evitar y sancionar el incumplimiento del calendario trienal dimanante de los artículos 5, apartado 3, y 16, apartado 5, del Acuerdo. Por tanto, al sujetar la aplicación de los procedimientos de comprobación a dicho calendario, el Consejo, con el consentimiento de las OSP cosignatarias, no pretendió imponer dicho calendario so pena de nulidad de tales procedimientos ni conferir carácter imperativo a las citadas disposiciones, sino fijar un objetivo para la comprobación, a intervalos regulares, de los requisitos de reconocimiento y representatividad de las OSP del Consejo.
63
En consecuencia, el incumplimiento del calendario previsto por el Acuerdo no puede considerarse un vicio sustancial de forma, sino una irregularidad de procedimiento.
64
Pues bien, cabe recordar que, conforme a jurisprudencia reiterada, una irregularidad de procedimiento solo genera la anulación de la decisión adoptada al término del procedimiento administrativo de que se trate si, de no haberse producido tal irregularidad, dicho procedimiento podía llevar a un resultado diferente. En este contexto, no puede exigirse a un demandante que invoca un vicio de procedimiento que demuestre que la decisión de la institución de la Unión de que se trate habría tenido un contenido diferente, sino únicamente que tal hipótesis no queda completamente excluida, apreciación que debe efectuarse, por lo demás, en función de las circunstancias de hecho y de Derecho específicas de cada caso (véase la sentencia de 6 de octubre de 2021, AV y AW/Parlamento, T‑43/20, no publicada, EU:T:2021:666, apartado 94 y jurisprudencia citada).
65
Es preciso señalar que, en el presente asunto, la demandante no aporta ningún indicio razonable de que dispusiera de un número suficiente de afiliados para ser calificada de representativa en las fechas en las que deberían haberse realizado las mediciones de la representatividad de haberse respetado el calendario trienal previsto por el Acuerdo. Por tanto, la demandante no demuestra que no fuera de todo punto imposible que, de no haberse producido la irregularidad invocada, la decisión impugnada habría podido tener un contenido diferente.
66
Además, como alega el Consejo, la inexistencia de un procedimiento de comprobación no tuvo consecuencias negativas sobre la situación de la demandante, que pudo disfrutar ininterrumpidamente de los medios puestos a disposición de las OSP representativas durante los nueve años transcurridos entre el procedimiento de comprobación de 14 de enero de 2014 y los que dieron lugar al presente litigio.
67
Por consiguiente, esta imputación debe desestimarse.
b)
Sobre la segunda parte, basada en irregularidades que afectan a la primera acta
68
En apoyo de esta parte, la demandante invoca, en esencia, cuatro imputaciones, basadas, la primera, en una mención errónea en la primera acta; la segunda, en el incumplimiento por el agente judicial del calendario previsto en la primera carta de mandato; la tercera, en un error relativo a la primera fecha de referencia, y, la cuarta, en el carácter erróneo de la primera acta.
1) Sobre la primera imputación, basada en una mención errónea en la primera acta
69
La demandante aduce que la primera acta adolece de un error de hecho, puesto que indica que la primera carta de mandato fue redactada de común acuerdo entre el Consejo y las OSP cosignatarias.
70
A este respecto, procede recordar que ninguna disposición de los Tratados obliga al juez de la Unión a examinar, en cualquier caso, el fundamento de los motivos o las alegaciones invocados en apoyo de las pretensiones de que conoce. Por el contrario, el juez de la Unión puede, en particular, por razones relativas a una administración eficaz de la justicia, abstenerse de examinar el fundamento de los motivos o las alegaciones que deban desestimarse por inadmisibles o inoperantes (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 29 de septiembre de 2022, HIM/Comisión, C‑500/21 P, no publicada, EU:C:2022:741, apartados 72 y 73).
71
En el presente asunto, si bien es cierto que la primera acta se refiere, en sus menciones preliminares, a «la carta de mandato del Consejo, elaborada con el acuerdo de las [OSP], para proceder a la comprobación del número de afiliados en el seno de las “organizaciones” en el sentido de dicho Acuerdo», del apartado 54 de la presente sentencia se desprende que ninguna disposición del Acuerdo obligaba al Consejo a recabar el consentimiento de las OSP sobre la primera carta de mandato dirigida al agente judicial.
72
Por consiguiente, la mención reproducida en el apartado 71 de la presente sentencia, que figura en la primera acta, aun suponiendo que fuese errónea, no incide en el contenido ni en la validez de dicha acta ni, en consecuencia, en la legalidad de la nota de 24 de noviembre de 2022 y de la decisión impugnada. A este respecto, cabe añadir que la demandante no aporta ninguna prueba de que dicha mención haya afectado al primer procedimiento de comprobación o a la primera acta.
73
Por consiguiente, esta imputación debe desestimarse por inoperante.
2) Sobre la segunda imputación, basada en el incumplimiento por el agente judicial del calendario previsto en la primera carta de mandato
74
La demandante sostiene que el primer procedimiento de comprobación se llevó a cabo durante el mes de septiembre de 2022, pese a que debió haber concluido, a más tardar, el 31 de julio de 2022, de conformidad con el mandato encomendado al agente judicial mediante la primera carta de mandato.
75
A este respecto, es cierto que, según los términos de la primera carta de mandato, el agente judicial debía concluir el primer procedimiento de comprobación, a más tardar, el 31 de julio de 2022, y que de la primera acta, fechada el 20 de octubre de 2022, resulta que dicho procedimiento se llevó a cabo los días 1, 6, 9 y 29 de septiembre de 2022.
76
Pues bien, en primer lugar, ni de la primera carta de mandato ni de las disposiciones del Acuerdo se deduce que el hecho de rebasar el plazo que finalizaba el 31 de julio de 2022 debiera tener alguna incidencia en la regularidad del primer procedimiento de comprobación o a la validez de la primera acta.
77
En segundo lugar, de la primera acta resulta que, en el primer procedimiento de comprobación, el agente judicial contabilizó el número de afiliados de cada OSP cosignataria teniendo en cuenta la primera fecha de referencia fijada el 31 de mayo de 2022, de conformidad con la primera carta de mandato.
78
Por consiguiente, dado que el agente judicial no estaba facultado para tener en cuenta, al contabilizar el número de afiliados de las OSP cosignatarias, una eventual evolución de dicho número después de la primera fecha de referencia de 31 de mayo de 2022 y que debía terminar sus comprobaciones en dicha fecha, de los autos no se desprende que el incumplimiento del plazo que finalizaba el 31 de julio de 2022 previsto para la redacción final del acta afectase en modo alguno a la regularidad del primer procedimiento de comprobación o a la validez de la primera acta ni, en consecuencia, a la legalidad de la nota de 24 de noviembre de 2022 y de la decisión impugnada.
79
Por consiguiente, esta imputación debe desestimarse por inoperante.
3) Sobre la tercera imputación, basada en un error relativo a la primera fecha de referencia
80
La demandante alega que, de conformidad con la primera carta de mandato, el agente judicial debió llevar a cabo el primer procedimiento de comprobación tomando en cuenta el 31 de agosto de 2022 como primera fecha de referencia, puesto que se trataba del último día del mes anterior a la conclusión del primer procedimiento de comprobación, y no el 31 de mayo de 2022.
81
A este respecto, en primer lugar, procede recordar, por un lado, que la determinación de las fechas de referencia de las operaciones de comprobación de los requisitos de reconocimiento y representatividad de las OSP no se rige por el Acuerdo y, por el otro, que la primera carta de mandato exigía que el agente judicial, para llevar a cabo el primer procedimiento de comprobación, se pusiera en contacto con la Dirección General de Desarrollo Organizativo y Servicios con vistas a obtener una lista oficial de funcionarios y otros agentes y una lista oficial de antiguos funcionarios y otros agentes a 31 de mayo de 2022.
82
En segundo lugar, el Tribunal no puede acoger la interpretación propuesta por la demandante según la cual la primera fecha de referencia que debe tenerse en cuenta para contabilizar el número de afiliados de las OSP cosignatarias debería haber correspondido al último día del mes anterior a las operaciones concretas de comprobación del agente judicial, en la medida en que tal interpretación habría llevado al Consejo a vulnerar el principio de seguridad jurídica y, en su caso, el principio de igualdad de trato.
83
En efecto, procede recordar que la exigencia fundamental de seguridad jurídica, en sus distintas manifestaciones, tiene por finalidad garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas que entran dentro del ámbito del Derecho de la Unión (véase la sentencia de 9 de marzo de 2023, Galeote y Watson/Parlamento, C‑715/21 P y C‑716/21 P, no publicada, EU:C:2023:190, apartado 113 y jurisprudencia citada). En particular, del principio de seguridad jurídica resulta que la legislación de la Unión debe ser precisa y su aplicación previsible para los justiciables (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2015, Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei, C‑144/14, EU:C:2015:452, apartado 34 y jurisprudencia citada).
84
Por otra parte, el principio de igualdad de trato, consagrado en el artículo 20 de la Carta, constituye un principio general del Derecho de la Unión que exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (véase la sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 95 y jurisprudencia citada).
85
De este modo, si el Consejo hubiera aceptado la interpretación mencionada en el apartado 82 de la presente sentencia, ello habría podido llevar al agente judicial a elegir unas fechas de referencia diferentes en función de la OSP cosignataria, en el supuesto de que, por razones prácticas relativas a la disponibilidad de sus directivos o de sus representantes, el agente judicial no hubiera podido llevar a cabo durante el mismo mes las operaciones de comprobación que le incumbían.
86
En estas circunstancias, adoptar la interpretación mencionada en el apartado 82 de la presente sentencia habría llevado al Consejo a vulnerar los principios de igualdad de trato y de seguridad jurídica que le obligaban a fijar una primera fecha de referencia que, además de ser la misma para todas las OSP cosignatarias, también fuera clara y previsible.
87
Por consiguiente, esta imputación debe desestimarse por infundada.
4) Sobre la cuarta imputación, basada en el carácter erróneo de la primera acta
88
La demandante aduce que la primera acta es errónea en la medida en que declara que no alcanzaba el umbral de reconocimiento, pese a que había justificado que, en la primera fecha de referencia, contaba con al menos 221 afiliados.
89
A este respecto, es cierto que, en la nota de 24 de noviembre de 2022, el Consejo hizo suya la constatación del agente judicial que figuraba en la primera acta, según la cual del primer procedimiento de comprobación se desprendía que la demandante había dejado de alcanzar el umbral de reconocimiento.
90
No obstante, debe observarse que, en la decisión impugnada, el Consejo rectificó la constatación mencionada en el apartado 89 de la presente sentencia e indicó a la demandante que, por el contrario, conservaría los derechos que la amparaban en virtud del Acuerdo como OSP reconocida.
91
Por otra parte, la demandante no niega que no se la privó de sus derechos como OSP reconocida entre las fechas de adopción de la nota de 24 de noviembre de 2022 y de la decisión impugnada.
92
Por consiguiente, el error de que pudiera adolecer la primera acta no afecta a la legalidad de la decisión impugnada, por lo que la presente imputación debe desestimarse por inoperante.
93
En consecuencia, procede desestimar la segunda parte del presente motivo y el primer motivo en su totalidad.
3.
Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del espíritu de cooperación leal que se deriva del Acuerdo y de los principios de buena administración, proporcionalidad y buena fe contractual
94
En apoyo del segundo motivo, la demandante invoca, en esencia, tres partes, basadas, la primera, en la vulneración del principio de buena fe contractual; la segunda, en la vulneración del principio de buena administración y, más concretamente, en el incumplimiento de las obligaciones de diligencia e imparcialidad, y, la tercera, en la vulneración del «espíritu de cooperación leal», interpretado a la luz del principio de proporcionalidad.
95
El Consejo rebate las alegaciones de la demandante.
a)
Sobre la primera parte, basada en la vulneración del principio de buena fe contractual
96
La demandante sostiene que, al tratarse de un documento negociado sobre una base convencional, el Acuerdo debe ejecutarse de buena fe, conforme al principio de buena fe contractual o de «sinceridad contractual», que constituye un principio general del Derecho de la Unión inspirado en las tradiciones jurídicas comunes de los Estados miembros.
97
En particular, la demandante reprocha al Consejo haber adoptado una medida unilateral que se asemeja más a un acto de autoridad que a un acto negociado, por un lado, al no haber atendido su solicitud de aplazamiento de la primera fecha de referencia al 31 de julio de 2022 y, por el otro, al haber iniciado el primer procedimiento de comprobación sin tener en cuenta determinados puntos de debate o determinadas consideraciones relativos a la situación de ciertas categorías de funcionarios que habían sido planteados por las OSP cosignatarias y seguían pendientes.
98
A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, las medidas que afectan directamente al interés colectivo que defiende una OSP en el marco de sus relaciones con una institución pueden ser objeto de un recurso de anulación interpuesto por dicha OSP sobre la base del artículo 263 TFUE, también cuando dichas medidas se adoptan en virtud de un acuerdo entre la institución en cuestión y las OSP (véase el auto de 9 de abril de 2014, Colart y otros/Parlamento, F‑87/13, EU:F:2014:53, apartado 40 y jurisprudencia citada; véase asimismo, en este sentido, el auto de 31 de marzo de 2003, Hecq/Comisión, T‑227/02, EU:T:2003:89, apartado 17 y jurisprudencia citada).
99
Así pues, ha de hacerse constar que, de conformidad con esta jurisprudencia, la demandante interpuso su recurso sobre la base del artículo 263 TFUE, sin que el Consejo haya cuestionado esta base jurídica.
100
De ello se sigue que las partes del presente litigio consideraron implícita pero necesariamente que la apreciación de la legalidad de la decisión impugnada no era competencia del juez del contrato.
101
Por otra parte, cabe señalar que el Acuerdo no somete a la negociación del Consejo y las OSP cosignatarias elementos como la fijación de la fecha de referencia y la decisión de iniciar el procedimiento de comprobación.
102
Por consiguiente, la demandante no puede reprochar válidamente al Consejo haber vulnerado el principio de buena fe contractual por haber fijado la primera fecha de referencia el 31 de mayo de 2022 y haber iniciado el primer procedimiento de comprobación sin tener en cuenta determinadas cuestiones planteadas por las OSP cosignatarias.
103
De lo anterior se desprende que la alegación basada en la vulneración del principio de buena fe contractual debe desestimarse por inoperante.
b)
Sobre la segunda parte, basada en la vulneración del principio de buena administración y, más concretamente, en el incumplimiento de las obligaciones de diligencia e imparcialidad
104
En apoyo de su alegación relativa a la vulneración del principio de buena administración y, más concretamente, en el incumplimiento de las obligaciones de diligencia e imparcialidad, la demandante formula tres imputaciones, basadas, la primera, en irregularidades que afectan al inicio del primer procedimiento de comprobación; la segunda, en el hecho de que el Consejo no tomara en cuenta las dificultades a las que se enfrentó la demandante para acceder a la información correcta que le permitía cumplir las exigencias de dicho procedimiento y, la tercera, en la publicación por el Consejo, el 30 de noviembre de 2022, de los resultados de dicho procedimiento.
1) Sobre la primera imputación, basada en irregularidades que afectan al inicio del primer procedimiento de comprobación
105
En apoyo de esta imputación, la demandante formula tres alegaciones, basadas, la primera, en el incumplimiento de la obligación de diligencia en la medida en que el Consejo inició el primer procedimiento de comprobación sin tener en cuenta determinados puntos de debate o determinadas consideraciones relativos a la situación de ciertas categorías de funcionarios; la segunda, en el incumplimiento de la obligación de diligencia en la medida en que el inicio del primer procedimiento de comprobación y la fijación de la primera fecha de referencia no se decidieron de acuerdo con las OSP cosignatarias, y, la tercera, en el incumplimiento de la obligación de imparcialidad.
i) Sobre la primera alegación, basada en el incumplimiento de la obligación de diligencia en la medida en que el Consejo inició el primer procedimiento de comprobación sin tener en cuenta determinados puntos de debate o determinadas consideraciones relativos a la situación de ciertas categorías de funcionarios
106
La demandante alega que el Consejo incumplió la obligación de diligencia en la medida en que inició el primer procedimiento de comprobación sin tener en cuenta determinados puntos de debate o determinadas consideraciones relativos a la situación de ciertas categorías de funcionarios que habían sido planteados por las OSP cosignatarias y seguían pendientes, en particular, a la situación de los funcionarios en comisión de servicios, en situación de invalidez o reincorporados tras una excedencia voluntaria o licencia familiar.
107
A este respecto, cabe recordar que el derecho a una buena administración, previsto en el artículo 41 de la Carta, incluye, en particular, la obligación de imparcialidad y el deber de actuar dentro de un plazo razonable, protegidos por el apartado 1 de dicho artículo, así como la obligación de diligencia, que implica que las instituciones deben actuar con minuciosidad y prudencia al examinar todos los elementos relevantes del asunto de que se trate (véase la sentencia de 16 de junio de 2022, SGL Carbon y otros/Comisión, C‑65/21 P y C‑73/21 P a C‑75/21 P, EU:C:2022:470, apartados 30 y 31 y jurisprudencia citada).
108
Por otra parte, de la jurisprudencia citada en el apartado 64 de la presente sentencia resulta que una irregularidad de procedimiento solo genera la anulación de la decisión adoptada al término del procedimiento administrativo de que se trate si, de no haberse producido tal irregularidad, dicho procedimiento podía llevar a un resultado diferente.
109
En el presente asunto, es preciso señalar que la decisión impugnada se adoptó al término de dos procedimientos de comprobación sucesivos y distintos, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, del Acuerdo. En particular, el número de afiliados que el Consejo tuvo en cuenta para llegar a la conclusión definitiva de que la demandante no alcanzaba el umbral de representatividad corresponde al constatado por el agente judicial en la segunda fecha de referencia, en el marco del segundo procedimiento de comprobación.
110
Pues bien, en el caso de autos, la demandante no reitera la primera alegación, formulada con carácter incidental contra el primer procedimiento de comprobación, por lo que respecta al segundo procedimiento de comprobación.
111
De este modo, por un lado, la demandante no demuestra, ni siquiera alega, que el Consejo se negara a que el agente judicial tuviera en cuenta, al hacer el recuento de sus afiliados en la segunda fecha de referencia de 28 de febrero de 2023, a los funcionarios en comisión de servicios, en situación de invalidez o reincorporados tras una excedencia voluntaria o licencia familiar.
112
Por otro lado, de los autos no se desprende que la eventual negativa del Consejo a tener en cuenta la situación particular de determinadas categorías de funcionarios en el primer procedimiento de comprobación haya influido en el recuento por el agente judicial del número de sus afiliados en el contexto del segundo procedimiento de comprobación.
113
Por consiguiente, esta primera alegación debe desestimarse por inoperante.
ii) Sobre la segunda alegación, basada en el incumplimiento de la obligación de diligencia en la medida en que el inicio del primer procedimiento de comprobación no se decidió de acuerdo con las OSP cosignatarias
114
La demandante sostiene, que, en la fecha de inicio del primer procedimiento de comprobación, sus estatutos no le permitían celebrar una asamblea general por videoconferencia, que la primera asamblea general no podía reunirse antes del levantamiento de las restricciones sanitarias vinculadas a la pandemia de COVID‑19 que tuvo lugar en mayo de 2022 y que cualquier decisión de dicha junta general sobre el importe de las cuotas solo podía surtir efecto tres meses más tarde, a saber, en julio de 2022, dado el carácter trimestral de la recaudación de las cuotas.
115
De este modo, la demandante alega que, al negarse a tener en cuenta estas dificultades y a aplazar la primera fecha de referencia al 31 de julio de 2022, el Consejo incumplió su obligación de diligencia, en la medida en que no examinó con minuciosidad todos los elementos relevantes del expediente.
116
Pues bien, sin que sea necesario examinar el carácter operativo de esta alegación, no parece, en primer lugar, que, al fijar la primera fecha de referencia el 31 de mayo de 2022, el Consejo incumpliera su obligación de diligencia.
117
En efecto, en primer término, procede recordar que el artículo 5 del Acuerdo no obligaba al Consejo a recabar el consentimiento de las OSP cosignatarias por lo que respecta a la fecha de inicio del procedimiento de comprobación ni a la fecha de referencia para la comprobación de los umbrales de reconocimiento y representatividad.
118
En segundo término, ninguna disposición del Acuerdo obligaba al Consejo a fijar la primera fecha de referencia el último día del mes anterior a la firma de la primera carta de mandato, de modo que podía fijar una fecha de referencia posterior al envío de dicha carta, siempre que fuera la misma para todas las OSP cosignatarias y se estableciera con suficiente antelación. No obstante, esta solución habría tenido como consecuencia aumentar la duración del procedimiento de comprobación y retrasar las verificaciones del agente judicial.
119
En efecto, en tal caso, por un lado, las OSP cosignatarias habrían necesitado un plazo adicional para, después de la fecha de referencia, analizar los datos de que disponían y comunicárselos al agente judicial mediante la declaración jurada prevista en el artículo 5, apartado 1, del Acuerdo. Por otra parte, el agente judicial también habría requerido un plazo adicional para analizar y comprobar estos datos, así como los transmitidos por el Consejo.
120
En tercer término, si bien es cierto que de las indicaciones concordantes de las partes se desprende que las OSP cosignatarias tuvieron conocimiento de la intención del Consejo de fijar como primera fecha de referencia el 31 de mayo de 2022 cuando se les comunicó, el 3 de mayo de 2022, el proyecto de primera carta de mandato, del apartado 11 de la presente sentencia se desprende que el 29 de marzo de 2022 se les informó de la intención del Consejo de iniciar el primer procedimiento de comprobación, de modo que dispusieron, para preparar dicho procedimiento, de un plazo de casi dos meses, el cual, en las circunstancias del presente asunto, no resulta insuficiente.
121
En segundo lugar, y en cualquier caso, de los autos no se desprende que el eventual incumplimiento de la obligación de diligencia resultante de la negativa del Consejo a aplazar la primera fecha de referencia al 31 de julio de 2022 hubiera podido afectar a la legalidad de la decisión impugnada.
122
Ciertamente, la demandante reprocha al Consejo que, durante el primer procedimiento de comprobación, no tuviera en cuenta que a ella le resultaba imposible reunir a su asamblea general, debido a las restricciones vinculadas a la pandemia de COVID‑19, al objeto de adaptar los importes de las cuotas adeudadas por sus afiliados.
123
A este respecto, cabe recordar que, en el contexto del primer y segundo procedimiento de comprobación, el agente judicial tenía que comprobar el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 2, apartado 2, letra e), del Acuerdo, según el cual, para ser contabilizados en dichos procedimientos, los afiliados a las OSP cosignatarias deben pagar una cuota mensual equivalente al menos al 0,2 % de su salario o pensión básicos.
124
Pues bien, dado que las OSP cosignatarias no tienen conocimiento, en tiempo real, de la evolución de la retribución de sus afiliados, vinculada a su situación estatutaria o personal, es posible que, en la fecha de referencia elegida para efectuar el procedimiento de comprobación, algunos de ellos no puedan ser contabilizados a efectos de la comprobación del umbral de reconocimiento o representatividad debido a que, de resultas de la evolución de su retribución, el importe de sus cuotas mensuales ha pasado a ser inferior al porcentaje mencionado en el apartado 123 de la presente sentencia.
125
Sin embargo, la demandante no aporta ninguna prueba que demuestre que, a fecha de 31 de julio de 2022 o en la segunda fecha de referencia, habría podido alcanzar el umbral de representatividad, y ello aun cuando en el segundo procedimiento de comprobación se le ofreció un plazo adicional y una nueva ocasión para adaptar el nivel de las cuotas de sus afiliados y aumentar su número, habida cuenta de la nueva fecha de referencia que se había fijado para el 28 de febrero de 2023.
126
Por consiguiente, el Consejo no incumplió su obligación de diligencia cuando consideró la fecha de 31 de mayo de 2022 como primera fecha de referencia.
iii) Sobre la tercera alegación, basada en el incumplimiento de la obligación de imparcialidad
127
La demandante se queja del incumplimiento de la obligación de imparcialidad, si bien no expone en su argumentación precisiones suficientes que permitan apreciar su fundamento.
128
A este respecto, procede recordar que el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General dispone que la demanda presentada en primera instancia debe contener «los motivos y alegaciones invocados y una exposición concisa de dichos motivos». Según reiterada jurisprudencia, no incumbe al juez de la Unión responder a las alegaciones de una parte que no sean suficientemente claras y precisas por no haber sido desarrolladas y no estar acompañadas de una argumentación específica que las fundamente (véase la sentencia de 18 de noviembre de 2021, Grecia/Comisión, C‑107/20 P, no publicada, EU:C:2021:937, apartado 76 y jurisprudencia citada).
129
En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de esta tercera alegación y desestimar la primera imputación de la presente parte en su totalidad.
2) Sobre la segunda imputación, basada en el hecho de que el Consejo no tomara en cuenta las dificultades a las que se enfrentó la demandante para acceder a la información correcta que le permitía cumplir las exigencias del primer y segundo procedimiento de comprobación
130
La demandante alega que el Consejo no tuvo en cuenta las dificultades a las que se enfrentó para acceder a la información correcta que le permitiera cumplir las exigencias del primer y segundo procedimiento de comprobación, a saber, los niveles retributivos de los funcionarios, agentes y pensionistas, correspondientes a sus grados.
131
Así pues, la demandante considera que el Consejo debería haberle comunicado, en el primer y el segundo procedimiento de comprobación, en su caso de forma anonimizada, la información relativa a los grados de los funcionarios, agentes y pensionistas, al objeto de comprobar la proporción de las cuotas respecto de la retribución básica.
132
A este respecto, es preciso recordar que el artículo 5, apartado 2, tercer guion, del Acuerdo exigía a las OSP cosignatarias, a efectos de los procedimientos de comprobación, comunicar al agente judicial las listas de sus afiliados en funciones en la SGC, con indicación de sus nacionalidades, las funciones que desempeñan y los grupos de funciones a los que pertenecen, así como una lista de los antiguos funcionarios y otros agentes de la SGC titulares de una pensión comunitaria.
133
Por otra parte, la primera y la segunda carta de mandato exigían que el agente judicial, para llevar a cabo el primer y el segundo procedimiento de comprobación, se pusiera en contacto con la Dirección General de Desarrollo Organizativo y Servicios con vistas a obtener las listas oficiales de funcionarios y otros agentes y las listas oficiales de antiguos funcionarios y otros agentes elaboradas, respectivamente, en la primera fecha de referencia de 31 de mayo de 2022 y en la segunda fecha de referencia de 28 de febrero de 2023 (en lo sucesivo, «listas oficiales elaboradas por el Consejo»).
134
En particular, las listas oficiales elaboradas por el Consejo contenían los datos relativos a los grados y a las retribuciones de los miembros y antiguos miembros del personal de la SGC con el objetivo de que el agente judicial pudiera comprobar el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 2, apartado 2, letra e), del Acuerdo, según el cual, para ser contabilizados en los procedimientos de comprobación, los afiliados a las OSP cosignatarias deben pagar una cuota mensual equivalente al menos al 0,2 % de su salario o pensión básicos.
135
Pues bien, en primer término, cabe señalar que ninguna disposición del Acuerdo exige comunicar a las OSP cosignatarias los datos contenidos en las listas oficiales elaboradas por el Consejo.
136
En segundo término, de los autos no se desprende que la demandante hubiera solicitado al Consejo que le enviara, a efectos del primer y el segundo procedimiento de comprobación, las listas oficiales elaboradas por este.
137
En tercer término, el Consejo no habría podido atender la solicitud de la demandante de que se le comunicaran las listas oficiales elaboradas por él sin incumplir la cláusula de confidencialidad que figura en el artículo 5, apartado 1, del Acuerdo.
138
En efecto, dicha cláusula, que prohibía al agente judicial divulgar la información obtenida en el contexto de los procedimientos de comprobación, permite garantizar el secreto no solo de la afiliación sindical de los funcionarios y otros agentes de la SGC, y de sus antiguos funcionarios y otros agentes, sino también el carácter confidencial de su retribución, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39).
139
En cuarto término, si bien la demandante sostiene que las listas oficiales elaboradas por el Consejo se le habrían podido comunicar de forma anonimizada, no está claro que, en tal supuesto, la demandante no hubiera podido identificar a los miembros y antiguos miembros del personal de la SGC que figuraban en esas listas o, cuando menos, a algunos de ellos, a partir de los datos relativos a sus grados y a su retribución.
140
En consecuencia, esta imputación debe desestimarse por infundada.
3) Sobre la tercera imputación, basada en la publicación por el Consejo, el 30 de noviembre de 2022, de los resultados del primer procedimiento de comprobación
141
La demandante reprocha al Consejo haber vulnerado el principio de buena administración al publicar, el 30 de noviembre de 2022, en su intranet, los resultados del primer procedimiento de comprobación, sin habérselo consultado previamente a ella ni a las otras dos OSP cosignatarias afectadas y de manera precipitada, de modo que no tuvo ocasión de presentar observaciones ni de impugnar, en su caso, dicho procedimiento.
142
Asimismo, la demandante considera que dicha publicación animó a otra OSP cosignataria a emprender una campaña de desprestigio contra ella mediante la publicación, el 23 de enero de 2023, de la primera acta, que dificultó todavía más el trabajo de movilización de sus afiliados con vistas a regularizar su situación.
143
A este respecto, debe observarse que, el 30 de noviembre de 2022, el Consejo difundió en su intranet un breve artículo sobre el Acuerdo, las condiciones de reconocimiento y representatividad de las OSP cosignatarias, y el primer procedimiento de comprobación. De este modo, se informaba de que el agente judicial había presentado recientemente su informe y había acreditado que dos OSP cosignatarias, cuyos nombres se indicaban, alcanzaban los umbrales de reconocimiento y representatividad, a diferencia de la demandante. El artículo precisaba asimismo que, de conformidad con el Acuerdo, la demandante disponía de tres meses para alcanzar dichos umbrales y seguir disfrutando de los derechos previstos en el Acuerdo.
144
En primer lugar, si bien la demandante alega que esta información fue publicada sin haber consultado previamente a las OSP de que se trata y sin informarles de ello, no demuestra, ni siquiera alega, que el Consejo estuviera obligado a consultarle o informarle previamente. En cualquier caso, no indica de qué modo tal circunstancia equivaldría a una vulneración del principio de buena administración.
145
En segundo lugar, procede señalar que, si bien la demandante aduce que la publicación difundida por el Consejo en su intranet el 30 de noviembre de 2022 animó a otra OSP cosignataria a emprender una campaña de desprestigio contra ella al hacer pública, el 23 de enero de 2023, la primera acta, lo que, según la demandante, dificultó todavía más la movilización de sus afiliados con vistas al segundo procedimiento de comprobación, esta no aporta ninguna prueba que sustente esta alegación, pues el documento de 23 de enero de 2023 no demuestra la existencia de ninguna campaña de desprestigio contra ella.
146
Por consiguiente, la presente imputación debe desestimarse por infundada, así como la segunda parte en su totalidad.
c)
Sobre la tercera parte, basada en la vulneración del «espíritu de cooperación leal», interpretado a la luz del principio de proporcionalidad
147
La demandante sostiene que el Consejo vulneró el «espíritu de cooperación leal», interpretado a la luz del principio de proporcionalidad, puesto que debió concederle el beneficio del período transitorio de dieciocho meses previsto en el apartado 4 del anexo para que pudiera gestionar la transición entre la situación resultante de su estatuto de OSP reconocida y representativa y la derivada de su nuevo estatuto de OSP únicamente reconocida.
148
A este respecto, en primer lugar, es preciso recordar que, a tenor del artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo primero, conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados
149
Así pues, esta disposición no impone al Consejo una obligación de cooperación leal en sus relaciones con una persona jurídica como la demandante.
150
Además, la demandante no ha invocado ninguna otra disposición del Derecho de la Unión que haga recaer sobre una institución, en sus relaciones con las OSP, una obligación de «cooperación leal».
151
En particular, cabe señalar que el Acuerdo no establece ninguna obligación de cooperación leal que incumba al Consejo y a las OSP cosignatarias.
152
Por consiguiente, la demandante no puede invocar válidamente el principio de cooperación leal, de modo que esta parte, en la medida en que se basa en la vulneración de dicho principio, debe desestimarse por inoperante.
153
En segundo lugar, en lo que atañe al principio de proporcionalidad, procede recordar que, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, «cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás». Por otra parte, el artículo 5 TUE, apartado 4, dispone que, en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.
154
A este respecto, conviene señalar que el apartado 4 del anexo prevé que, en caso de modificación de la distribución, entre las OSP representativas, del personal puesto a disposición, los agentes puestos a disposición podrán permanecer en su puesto durante un período transitorio de dieciocho meses.
155
Así pues, del tenor de esta disposición se desprende que se aplica únicamente a las OSP representativas, condición que la demandante ya no puede invocar debido a la adopción de la decisión impugnada.
156
Por consiguiente, el Consejo no habría podido conceder a la demandante el período transitorio de dieciocho meses previsto en el apartado 4 del anexo sin infringir dicha disposición y, por tanto, sin incumplir el marco legal que él mismo se ha fijado y el principio de seguridad jurídica.
157
En estas circunstancias, la demandante no puede alegar que la negativa del Consejo a concederle el beneficio del período transitorio previsto en el apartado 4 del anexo constituye una vulneración del principio de proporcionalidad.
158
Por todo ello, procede desestimar la presente parte y, en consecuencia, el segundo motivo en su totalidad.
4.
Sobre el tercer motivo, basado en la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical
159
La demandante aduce que la decisión impugnada vulnera la libertad sindical garantizada por los artículos 12, apartado 1, 27 y 28 de la Carta, y por el artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). Considera, en efecto, que la citada decisión supone un obstáculo al ejercicio de la libertad sindical de sus afiliados, puesto que tiene como efecto inmediato poner fin a la comisión de servicio de su presidenta y a la puesta a disposición de un asistente de secretaría, además de dejarle tan solo una mera dirección de correo electrónico como medio de acción.
160
La demandante alega asimismo que, dado que su presidenta debe volver a ocupar un puesto a tiempo completo en la SGC, ya no estará tan disponible como antes para ejercer sus funciones sindicales en nombre de sus afiliados, por lo que está condenada al desinterés de sus afiliados actuales o potenciales y a una «muerte lenta».
161
El Consejo rebate las alegaciones de la demandante.
162
A este respecto, es preciso recordar que, si bien, como confirma el artículo 6 TUE, apartado 3, los derechos fundamentales reconocidos por el CEDH forman parte del Derecho de la Unión como principios generales y el artículo 52, apartado 3, de la Carta dispone que los derechos contenidos en ella que correspondan a derechos garantizados por el CEDH tienen el mismo sentido y alcance que los que les confiere dicho Convenio, este no constituye, dado que la Unión no se ha adherido a él, un instrumento jurídico integrado formalmente en el ordenamiento jurídico de la Unión (sentencia de 22 de octubre de 2020, Silver Plastics y Johannes Reifenhäuser/Comisión, C‑702/19 P, EU:C:2020:857, apartado 24 y jurisprudencia citada).
163
Por otra parte, de las Explicaciones sobre la Carta (DO 2007, C 303, p. 17) se desprende que el derecho garantizado en el artículo 12, apartado 1, de esta se corresponde con el derecho garantizado en el artículo 11 del CEDH y que, de conformidad con el artículo 52, apartado 3, de la Carta, tiene el mismo sentido y alcance que este último (sentencia de 19 de octubre de 2023, Aquino/Parlamento, C‑534/22 P, no publicada, EU:C:2023:802, apartado 30).
164
Por consiguiente, el presente motivo debe examinarse a la luz del artículo 12, apartado 1, de la Carta.
165
Así pues, cabe recordar que, en virtud del artículo 12, apartado 1, de la Carta, «toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que supone el derecho de toda persona a fundar con otros sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses».
166
Por otra parte, los artículos 27 y 28 de la Carta disponen que «deberá garantizarse a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles adecuados, la información y consulta con suficiente antelación, en los casos y condiciones previstos en el Derecho de la Unión y en las legislaciones y prácticas nacionales» y que «los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga».
167
Por último, debe tenerse en cuenta que, con arreglo al artículo 24 ter del Estatuto, «los funcionarios gozarán del derecho de asociación [y] podrán, en particular, ser miembros de organizaciones sindicales o profesionales de funcionarios europeos».
168
En este contexto, de la jurisprudencia se desprende que las instituciones de la Unión están obligadas a no hacer nada que pueda obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical reconocida por las disposiciones mencionadas en los apartados 165 a 167 de la presente sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de enero de 1990, Maurissen y Union syndicale/Tribunal de Cuentas, C‑193/87 y C‑194/87, EU:C:1990:18, apartado 12).
169
La libertad sindical así reconocida a los funcionarios y agentes de la Unión implica la facultad, para las OSP, de dedicarse a cualquier actividad lícita en defensa de los intereses profesionales de sus miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de enero de 1990, Maurissen y Union syndicale/Tribunal de Cuentas, C‑193/87 y C‑194/87, EU:C:1990:18, apartado 13 y jurisprudencia citada).
170
De ello se deduce, por un lado, que las instituciones de la Unión deben aceptar que las OSP desempeñen su labor de representación y concertación en todas las materias que afectan al personal y, por el otro, que no pueden penalizar en forma alguna a los funcionarios o los agentes debido a sus actividades sindicales (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de enero de 1990, Maurissen y Union syndicale/Tribunal de Cuentas, C‑193/87 y C‑194/87, EU:C:1990:18, apartados 14 y 15).
171
En el presente asunto, ha de observarse que, con arreglo a la decisión impugnada, la demandante sigue beneficiándose de los recursos previstos en el artículo 13 del Acuerdo como OSP reconocida para el ejercicio de sus actividades sindicales, de modo que, si bien no dispone de las mismas prerrogativas ni de los mismos recursos que una OSP representativa, conserva la posibilidad de desempeñar su labor de representación y concertación en todas las materias que afectan al personal.
172
Además, la decisión impugnada no impide en modo alguno que la demandante recupere su estatuto de OSP representativa en el supuesto de que vuelva a alcanzar el umbral de representatividad previsto en el Acuerdo.
173
Por otra parte, la decisión impugnada no crea ningún obstáculo ni a la libertad de reunión pacífica, ni a la libertad de asociación de los miembros de la demandante para la defensa de sus intereses, ni a su derecho a ser informados y a ser consultados con suficiente antelación, en particular en el marco del comité de personal creado específicamente por el Estatuto.
174
A este respecto, es preciso recordar que, según el artículo 9, apartado 3, del Estatuto, el comité de personal representará los intereses del personal ante la institución de la que forme parte y asegurará el contacto permanente entre esta y el personal, al tiempo que cooperará al buen funcionamiento de los servicios facilitando la manifestación y expresión de la opinión del personal (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de octubre de 2023, Aquino/Parlamento, C‑534/22 P, no publicada, EU:C:2023:802, apartado 32).
175
Por último, la decisión impugnada no obstaculiza en modo alguno que otras OSP representativas en el seno del Consejo defiendan los intereses de los afiliados de la demandante con ocasión de la negociación y de la celebración de acuerdos como los regulados por el artículo 10 quater del Estatuto ni que sus afiliados recurran a acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.
176
En estas circunstancias, no puede considerarse que la decisión impugnada, que no se adoptó de resultas de las actividades sindicales llevadas a cabo por la demandante, sino que, con arreglo al Acuerdo, está justificada por las comprobaciones del agente judicial según las cuales no alcanzaba el umbral de representatividad previsto por dicho Acuerdo ni en la primera ni en la segunda fecha de referencia, tenga por objeto penalizarla u obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical de sus afiliados o los derechos que les asisten en virtud de los artículos 12, apartado 1, 27 y 28 de la Carta.
177
A este respecto, procede señalar que la demandante no ha alegado, ni, a fortiori, demostrado, que las disposiciones del Acuerdo que regulan la puesta a disposición de las OSP de recursos y medios para facilitar su acción sindical, según se trate de OSP representativas o de OSP reconocidas, constituyan una limitación del ejercicio de los derechos garantizados por los artículos 12, 27 y 28 de la Carta, así como por el artículo 24 ter del Estatuto.
178
Por consiguiente, el tercer motivo debe desestimarse por infundado, así como las pretensiones de anulación en su totalidad.
B. Sobre las pretensiones indemnizatorias
179
La demandante alega que la publicación precipitada de los resultados del primer procedimiento de comprobación, el 30 de noviembre de 2022, sin habérselo consultado ni a ella ni a las otras dos OSP cosignatarias afectadas, constituye una violación suficientemente caracterizada del principio de buena administración en lo que a ella respecta, que le causó un perjuicio moral derivado del daño a su reputación. Solicita que se condene al Consejo al pago de un euro simbólico en consecuencia.
180
El Consejo rebate las alegaciones de la demandante.
181
A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión es necesario que concurra un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al autor del acto y el daño sufrido por los perjudicados (véase la sentencia de 27 de abril de 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro y otros/Comisión, C‑549/21 P, no publicada, EU:C:2023:340, apartado 113 y jurisprudencia citada).
182
En el presente asunto, la demandante invoca únicamente, en apoyo de las presentes pretensiones indemnizatorias, el mismo motivo de ilegalidad que expuso en apoyo de sus pretensiones de anulación, en particular, la tercera imputación de la segunda parte del segundo motivo, basada en la vulneración del principio de buena administración como consecuencia de la publicación, el 30 de noviembre de 2022, de los resultados del primer procedimiento de comprobación.
183
Pues bien, del apartado 146 de la presente sentencia resulta que la tercera imputación de la segunda parte del segundo motivo, invocada en apoyo de las pretensiones de anulación, ha sido desestimada por infundada.
184
Por consiguiente, no concurre el primer requisito mencionado en el apartado 181 anterior, según el cual, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, es necesario que exista una infracción de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares.
185
En consecuencia, procede desestimar las pretensiones indemnizatorias, sin que sea necesario examinar el resto de los requisitos para se genere la responsabilidad de las instituciones de la Unión.
IV. Costas
186
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por el Consejo, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
La section Conseil de la Fédération de la fonction publique européenne (FFPE section Conseil) cargará con las costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.
Papasavvas
Truchot
Kanninen
Sampol Pucurull
Tóth
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de diciembre de 2024.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés