62024TJ0229_RES
Asunto T‑229/24
Isabel Sánchez
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Décima) de 29 de abril de 2026
«Función pública — Funcionarios — Selección — Convocatoria de oposición — Oposición general EPSO/AD/391/21 — Decisión de no incluir el nombre del demandante en la lista de reserva — Igualdad de trato — Normalización de las puntuaciones — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Principio de buena administración — Duración del procedimiento administrativo — Plazo razonable»
Funcionarios — Oposición — Concurso-oposición — Obligaciones del tribunal calificador — Examen comparativo de los méritos de los candidatos — Recurso a la normalización de las puntuaciones — Obligación de notificación en la convocatoria de oposición o de advertencia a los candidatos antes de las pruebas — Inexistencia
[Estatuto de los Funcionarios, anexo III, art. 1, ap. 1, letra e)]
(véanse los apartados 37 a 44 y 69)
Funcionarios — Oposición — Concurso-oposición — Aplicación de los criterios de puntuación y de su ponderación — Facultad de apreciación del tribunal calificador — Recurso a la normalización de las puntuaciones tras las pruebas — Procedencia
(Estatuto de los Funcionarios, art. 27 y anexo III)
(véanse los apartados 46 a 49 y 51 a 54)
Funcionarios — Oposición — Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) — Desarrollo de una oposición de selección de funcionarios — Función de la EPSO — Asistencia al tribunal calificador — Apoyo técnico en el marco de la normalización de las puntuaciones de los candidatos — Procedencia — Necesidad de prever la intervención de la EPSO en la convocatoria de oposición — Inexistencia
[Estatuto de los Funcionarios, anexo III, arts. 1, ap. 1, letra e), y 7, aps. 1 a 3]
(véanse los apartados 70 a 77)
Funcionarios — Oposición — Tribunal calificador — Decisión de no inclusión en la lista de reserva — Obligación de motivación — Alcance — Respeto del secreto de las actuaciones — Comunicación de las puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas — Procedencia — Necesidad de una motivación adicional en caso de normalización de las puntuaciones por el tribunal calificador — Inexistencia
(Art. 296 TFUE; Estatuto de los Funcionarios, anexo III, art. 6)
(véanse los apartados 91 a 100)
Funcionarios — Principios — Derecho de defensa — Obligación de oír al interesado antes de adoptar un acto que le resulte lesivo — Alcance — Aplicación a las decisiones de un tribunal calificador — Obligación de comunicar la fórmula matemática aplicada en el marco de la normalización de las puntuaciones — Inexistencia
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra a)]
(véanse los apartados 104 a 109 y 117 a 120)
Funcionarios — Oposición — Concurso-oposición — Valoración de los méritos de los candidatos — Reexamen de las candidaturas — Objeto
[Estatuto de los Funcionarios, anexo III, art. 7, ap. 2, letra b)]
(véase el apartado 113)
Recursos de funcionarios — Reclamación administrativa previa — Decisión desestimatoria presunta de la reclamación — Decisión expresa posterior — Incumplimiento de la obligación de actuar en un plazo razonable — Inexistencia
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 1; Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91, ap. 3)
(véanse los apartados 127 a 132)
Funcionarios — Oposición — Obligación de las instituciones de la Unión de garantizar a todos los candidatos el desarrollo sereno y regular de las pruebas — Incumplimiento — Incidencia sobre la legalidad de las pruebas — Requisitos — Carga de la prueba
(véanse los apartados 142 a 145 y 149 a 152)
Resumen
Con ocasión de un recurso de anulación interpuesto por una antigua candidata a la oposición general EPSO/AD/391/21 —el cual desestima—, el Tribunal General se pronuncia, por primera vez, sobre la impugnación de la normalización de las puntuaciones (en lo sucesivo, «normalización») en el marco de una oposición.
En mayo de 2021, la demandante presentó su candidatura a la oposición en cuestión, que tenía por objeto la constitución de listas de reservas a partir de las cuales las instituciones de la Unión Europea, principalmente la Comisión Europea, podrían contratar funcionarios.
En diciembre de 2022, se informó a la demandante de que, al término de las pruebas de la última fase de la oposición, su nombre no había sido incluido en la lista de reserva debido a que no figuraba entre los candidatos que habían obtenido las puntuaciones más elevadas en dichas pruebas.
En el caso de autos, la demandante impugna, en esencia, la falta de publicación del método de normalización, como método de puntuación, en la convocatoria de oposición y considera que dicho método debería haber sido, al menos, determinado y comunicado antes del inicio de las pruebas por el tribunal calificador de la oposición.
Apreciación del Tribunal General
Para empezar, el Tribunal General recuerda que las actuaciones del tribunal de una oposición comprenden, en general, al menos dos fases distintas, a saber, en primer lugar, el examen de las candidaturas para seleccionar los candidatos admitidos a la oposición y, en segundo lugar, el examen de las aptitudes de los candidatos para los puestos de trabajo que han de cubrirse, con objeto de elaborar una lista de reserva.
La normalización, incluida en la segunda fase de las actuaciones del tribunal calificador, tiene por objeto neutralizar la subjetividad relativa de los diferentes correctores en la atribución de puntos, ya que algunos son objetivamente más severos que otros. Puede resultar pertinente en función de las circunstancias propias de cada procedimiento de selección. Este método pretende aplicar el principio de igualdad de trato, en la medida en que, por una parte, se aplica uniformemente a todos los candidatos que hayan sido evaluados independientemente por al menos dos correctores distintos. Por otra parte, permite realizar un examen comparativo de los candidatos a partir de datos comparables, en este caso las puntuaciones normalizadas para todos los candidatos de la oposición, con el fin de garantizar la homogeneidad de la calificación.
El Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), en particular el artículo 1, apartado 1, letra e), de su anexo III, no prevé ni publicación ni comunicación, con anterioridad a las pruebas, de un eventual recurso a la normalización. Por lo tanto, este último no tiene por qué figurar obligatoriamente en una convocatoria de oposición.
Además, la decisión de recurrir a la normalización solo puede adoptarse tras las pruebas, cuando los miembros del tribunal calificador conocen las puntuaciones atribuidas por los correctores y se constata la existencia de demasiadas diferencias entre las puntuaciones de los distintos correctores. Así pues, no es posible saber de entrada si será necesario recurrir a la normalización, de modo que la decisión de recurrir a ella no puede ser adoptada por el tribunal calificador antes de la corrección de las pruebas.
Habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que dispone el tribunal calificador para llevar a cabo sus actuaciones aun cuando no se mencione una eventual normalización en la convocatoria de oposición, el tribunal calificador puede recurrir a ella y determinar sus modalidades.
En efecto, a diferencia de la «clase» y la «puntuación» de los exámenes, que se refieren propiamente a los exámenes y, por tanto, a datos objetivos que deben especificarse en la convocatoria de oposición, la normalización tiene por objeto neutralizar la subjetividad en el marco de las apreciaciones de carácter comparativo del tribunal calificador, que a su vez están amparadas por el secreto que rodea a las actuaciones del tribunal calificador. Además, como admitió la demandante en la vista, saber, antes de las pruebas, que el tribunal calificador recurriría a la normalización no habría supuesto ningún cambio concreto en su preparación para la oposición.
En cuanto a la intervención de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) en la fase de normalización, esta se limitó a aplicar, en el marco de este procedimiento, una fórmula matemática científicamente probada a las puntuaciones atribuidas por los correctores, y el tribunal calificador finalmente decidió adoptar una de las dos propuestas de normalización formuladas por la EPSO. De este modo, la EPSO no se excedió en su función, que consiste, con arreglo al artículo 7, apartados 1 a 3, del anexo III del Estatuto, en prestar su asistencia a las diferentes instituciones definiendo y organizando los procedimientos de selección de los funcionarios respetando las modalidades generales establecidas por dichas instituciones.
Por lo que respecta al alcance de la obligación de motivación de la decisión del tribunal calificador de la oposición, el Tribunal General estima que el recurso a la normalización no exige una motivación adicional.
En efecto, dado que la normalización tiene por objeto contribuir al examen comparativo de los candidatos, la solicitud de un candidato de conocer el impacto de la normalización en su puntuación supondría comunicarle tanto su puntuación intermedia como la de los demás candidatos. Tal conocimiento supondría también la comunicación de los cálculos efectuados.
Pues bien, las puntuaciones intermedias, cuya comunicación podría revelar elementos relativos a apreciaciones de carácter personal o comparativo relativas a los candidatos, están necesariamente amparadas por el secreto inherente a las actuaciones del tribunal calificador de la oposición.
Por consiguiente, habida cuenta de la necesidad de conciliar la obligación de motivación con el respeto del secreto que rodea a las actuaciones del tribunal calificador, no se pueden comunicar a la demandante ni las puntuaciones intermedias ni los cálculos efectuados a partir de dichas puntuaciones.
Del mismo modo, aunque la fórmula matemática aplicada en el marco de la normalización no esté amparada por el secreto de las actuaciones del tribunal calificador, no ocurre lo mismo con las puntuaciones intermedias y los cálculos efectuados en el marco de la normalización, cuya comunicación menoscabaría el equilibrio entre el derecho de defensa y el secreto de las actuaciones del tribunal calificador.