62024CJ0279_RES
Asunto C‑279/24
AY
contra
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 4 de diciembre de 2025
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.o 593/2008 — Artículo 3, apartados 1 y 2 — Elección de la ley aplicable — Artículo 6 — Ámbito de aplicación — Contrato celebrado entre un profesional y un consumidor residente en otro Estado miembro — Actividad del profesional dirigida al Estado miembro en el que el consumidor tiene su residencia habitual tras la fecha de celebración del contrato que contiene una cláusula de elección de la ley aplicable»
Cooperación judicial en materia civil — Ley aplicable a las obligaciones contractuales — Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales — Reglamento (CE) n.
o
593/2008 — Contratos de consumo — Ámbito de aplicación — Contrato celebrado entre un profesional y un consumidor residente en otro Estado miembro — Actividad del profesional dirigida al Estado miembro en el que el consumidor tiene su residencia habitual tras la fecha de celebración del contrato que contiene una cláusula de elección de la ley aplicable — Exclusión
[Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerandos 6, 11, 16 y 23 y arts. 3 y 6]
(véanse los apartados 24 a 42 y el fallo)
Resumen
Al conocer de una petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), el Tribunal de Justicia aporta algunas precisiones sobre la ley aplicable a un contrato de consumo celebrado entre un consumidor residente en un primer Estado miembro y un banco establecido en un segundo, a la luz del Reglamento Roma I. (
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En 2013, AY, un consumidor residente en Italia, celebró con el banco austriaco Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (en lo sucesivo, «banco») un contrato para abrir una cuenta corriente y una cuenta de depósito de valores.
De conformidad con las «Condiciones generales de las operaciones bancarias» establecidas por el banco y conocidas por AY, todas las relaciones jurídicas entre las partes del contrato se regían por el Derecho austriaco. Además, tanto en el momento de la firma del contrato como en las actualizaciones posteriores de su perfil de cliente, el interesado había optado por una «relación sin asesoramiento».
En 2016, AY participó en un evento organizado en Padua (Italia) por una empresa de servicios de inversión italiana (en lo sucesivo, «evento de Padua»), en el que el gerente de dicha empresa presentó un fondo cuya cartera también incluía títulos de deuda negociables en los mercados de valores. Un empleado del banco también participó en este evento para presentar la entidad a los inversores que asistieron.
Poco tiempo después, AY adquirió, por iniciativa propia, a través del banco, títulos de deuda negociables, así como participaciones del fondo que se había presentado en el evento de Padua.
Al considerar que había sufrido una pérdida económica como consecuencia de dichas compras, AY ejercitó una acción judicial reclamando una indemnización por el perjuicio sufrido debido a que el banco había incumplido su obligación de asesoramiento e información. Considera que el Derecho italiano, que le es más ventajoso que el Derecho austriaco, es aplicable porque, con su presencia en el evento de Padua, el banco dirigió su actividad al mercado italiano. Al haber desestimado su demanda los órganos jurisdiccionales inferiores, AY recurrió ante el órgano jurisdiccional remitente, que planteó al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial en relación con la ley aplicable al litigio principal.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer término, el Tribunal de Justicia recuerda la norma general según la cual, con arreglo al artículo 3 del Reglamento Roma I, el contrato se rige por la ley elegida por las partes. Además, el artículo 6 del mismo Reglamento, titulado «Contratos de consumo», establece, en su apartado 1, que los contratos celebrados por un consumidor con un profesional se regirán por la ley del país en que el consumidor tenga su residencia habitual, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en dicha disposición, a saber, que el profesional ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el país donde el consumidor tenga su residencia habitual o que, por cualquier medio, dirija estas actividades a ese país o a distintos países, incluido ese país, y que el contrato estuviera comprendido en el ámbito de dichas actividades.
Solo para el supuesto de que el contrato de que se trate no cumpla estos requisitos, que deben verificarse en la fecha de su celebración, se regirá por la ley elegida por las partes. (
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En el presente asunto, en la fecha de celebración del contrato de que se trata, el banco ni ejercía su actividad profesional en el país en el que el consumidor tenía su residencia habitual ni la dirigía a ese país, de modo que no se cumplían esos requisitos.
No obstante, posteriormente, el banco dirigió su actividad profesional al país en el que el consumidor tenía su residencia habitual, por lo que este requisito se cumplió con posterioridad a la firma del contrato celebrado entre dicho consumidor y el banco.
A continuación, el Tribunal de Justicia procede a la interpretación literal, contextual y teleológica del artículo 6, apartado 1, del Reglamento Roma I.
Habida cuenta de la interpretación literal, el tenor de dicha disposición no prevé expresamente la posibilidad de un cambio de la ley aplicable a un contrato celebrado con consumidores cuando los requisitos previstos en la citada disposición no se cumplían en la fecha de celebración de ese contrato, pero sí posteriormente durante la relación comercial.
Por lo que se refiere a la interpretación contextual y teleológica, es preciso recordar, en primer término, que el Reglamento Roma I tiene por objeto, en particular, garantizar la seguridad jurídica en el espacio judicial europeo mediante normas de conflicto de leyes que presenten un alto grado de previsibilidad.
En segundo término, el apartado 2 del artículo 3 de dicho Reglamento precisa que una modificación de la ley aplicable a un contrato convenida por las partes en el momento de la celebración de dicho contrato solo podrá resultar del acuerdo de las partes, cuya libertad para elegir la ley aplicable debe constituir además una de las claves del sistema de normas de conflicto de leyes en materia de obligaciones contractuales. Para atribuir plena eficacia al principio de autonomía de la voluntad de las partes en un contrato, es preciso hacer todo lo necesario para garantizar que se respete la elección realizada libremente por las partes en cuanto a la ley aplicable en el marco de su relación contractual.
En tercer término, es conveniente proteger a las partes de un contrato consideradas más débiles por medio de normas de conflicto de leyes más favorables a sus intereses que las normas generales. No obstante, una interpretación en virtud de la cual fuese posible establecer excepciones a las normas de conflicto de leyes previstas en el Reglamento Roma I para determinar la ley aplicable a los contratos de consumo, debido a que otra ley sería más favorable para el consumidor, menoscabaría necesariamente de manera considerable la exigencia general de previsibilidad de la ley y, por tanto, el principio de seguridad jurídica en las relaciones contractuales en las que haya consumidores.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, la posibilidad de modificar la ley aplicable a un contrato de consumo cuando los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento Roma I no se cumplían en la fecha de celebración de ese contrato, pero sí posteriormente durante la relación comercial, queda excluida por el tenor de esta disposición, interpretación que corroboran la lógica y los objetivos perseguidos por la citada disposición. Además, tal modificación menoscabaría la elección de ley realizada por las partes de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento.
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1
)	Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I, DO 2008, L 177, p. 6; en lo sucesivo, «Reglamento Roma I»)
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2
)	Artículos 3 y 6, apartados 1, letras a) y b), y 3, del Reglamento Roma I