62024CJ0398
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 30 de octubre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Artículo 25, apartado 1 — Acuerdo atributivo de competencia — Nulidad de pleno Derecho en cuanto a su validez material según el Derecho del Estado miembro ante cuyos órganos jurisdiccionales se interponga la demanda — Concepto»
En el asunto C‑398/24 [Pome], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Riigikohus (Tribunal Supremo, Estonia), mediante resolución de 5 de junio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de junio de 2024, en el procedimiento entre
A
y
B,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de la Sala Primera, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y los Sres. A. Kumin y S. Gervasoni, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de A, por el Sr. K. Tamm, vandeadvokaat;
–
en nombre de B, por el Sr. J. Tehver, vandeadvokaat;
–
en nombre del Gobierno estonio, por la Sra. M. Kriisa, en calidad de agente;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. S. Noë y la Sra. E. Randvere, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre A y B, dos personas físicas, en relación con la competencia de los órganos jurisdiccionales estonios para conocer de una demanda de reclamación de cantidad.
Marco jurídico
Reglamento n.o 1215/2012
3
Los considerandos 4, 6, 15, 16, 19, 20 y 22 del Reglamento n.o 1215/2012 están redactados en los siguientes términos:
«(4)
[…] Son indispensables […] disposiciones mediante las que se unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, y se garanticen un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro.
[…]
(6)
Para alcanzar el objetivo de la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, es necesario y oportuno que las normas relativas a la competencia judicial y al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales se establezcan en un instrumento jurídico de la Unión vinculante y directamente aplicable.
[…]
(15)
Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.
(16)
El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. […]
[…]
(19)
Debe respetarse la autonomía de las partes de un contrato, excepto en los contratos de seguro, los contratos celebrados por los consumidores o los de trabajo, en los que solo se concede una autonomía limitada para elegir el órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio de los criterios de competencia exclusiva establecidos en el presente Reglamento.
(20)
La cuestión de si un acuerdo atributivo de competencia en favor de un órgano jurisdiccional determinado de un Estado miembro o de sus órganos jurisdiccionales en general es nulo de pleno Derecho en cuanto a su validez material debe decidirse con arreglo al Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional o de los órganos jurisdiccionales designados en el acuerdo, incluidas las normas sobre conflictos de leyes de dicho Estado miembro.
[…]
(22)
Sin embargo, a fin de mejorar la eficacia de los acuerdos exclusivos de elección de foro y de evitar las prácticas litigiosas abusivas, es necesario prever una excepción a la norma general de litispendencia para resolver satisfactoriamente una situación particular en la que se desarrollen procedimientos paralelos. […]»
4
El artículo 15 del citado Reglamento establece lo siguiente:
«Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos:
[…]
2)
que permitan al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario formular demandas ante órganos jurisdiccionales distintos de los indicados en la presente sección;
[…]».
5
El artículo 19 del mencionado Reglamento dispone:
«Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos:
[…]
2)
que permitan al consumidor formular demandas ante órganos jurisdiccionales distintos de los indicados en la presente sección, […]
[…]».
6
El artículo 23 del mismo Reglamento es del siguiente tenor:
«Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos:
[…]
2)
que permitan al trabajador formular demandas ante órganos jurisdiccionales distintos de los indicados en la presente sección.»
7
El artículo 25, apartados 1 y 4, del Reglamento n.o 1215/2012 preceptúa lo siguiente:
«1.   Si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal órgano jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno Derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. El acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse:
a)
por escrito o verbalmente con confirmación escrita;
b)
en una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecido entre ellas, o
c)
en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.
[…]
4.   No surtirán efecto los acuerdos atributivos de competencia […] si son contrarios a las disposiciones de los artículos 15, 19 o 23, o si excluyen la competencia de órganos jurisdiccionales exclusivamente competentes en virtud del artículo 24.»
Derecho estonio
8
El artículo 104 del tsiviilkohtumenetluse seadustik (Código de Enjuiciamiento Civil), de 20 de abril de 2005 (RT I 2005, 26, 197; 22/03/2024, 8) (en lo sucesivo, «TsMS»), presenta la siguiente redacción:
«(1)   Un órgano jurisdiccional también puede ejercer su competencia si esta se prevé en un acuerdo entre las partes y si el litigio está relacionado con las actividades económicas o profesionales de ambas partes, o si el contrato está relacionado con las actividades económicas o profesionales de una de las partes y la otra parte es el Estado, una entidad local u otra persona jurídica de Derecho público o si ambas partes son personas jurídicas de Derecho público.
[…]
(3)   No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, un acuerdo atributivo de competencia será válido igualmente si:
1)
se ha acordado tras el nacimiento del litigio;
2)
la competencia se ha acordado para el caso de que el demandado, tras la celebración de este acuerdo, establezca su domicilio en un país extranjero o traslade a este su establecimiento o su sede o si su establecimiento, su domicilio o su sede no se conocen en el momento de presentarse la demanda.»
9
El artículo 106, apartado 1, punto 1, del TsMS estipula lo siguiente:
«El acuerdo atributivo de competencia será nulo si […] es contrario a lo dispuesto en el artículo 104, apartado 1, del presente Código […]».
Litigio principal y cuestión prejudicial
10
Desde 2020, A y B vivían juntos en Portugal y, el 3 de mayo de 2022, adquirieron allí la propiedad a partes iguales de una vivienda.
11
El 27 de agosto de 2022, A y B celebraron un contrato en virtud del cual A cedía a B su parte de propiedad del 50 % de la vivienda. Como contrapartida, B reconocía una deuda frente a A, cuyo importe reflejaba, en particular, el hecho de que A había contribuido con 150000 euros a la adquisición y renovación de la vivienda y de que B se había enriquecido en esa cantidad al adquirir la propiedad exclusiva de la vivienda.
12
Las partes acordaron que ese contrato estuviera sujeto al Derecho sustantivo estonio y que los litigios relacionados con el mismo se resolvieran amistosamente y de buena fe, precisándose que, en caso de que no llegasen a un acuerdo, todos los litigios relacionados directa o indirectamente con dicho contrato serían resueltos por el Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju, Estonia).
13
Basándose en esta cláusula de elección de foro, A presentó, el 23 de octubre de 2023, una demanda de reclamación de cantidad contra B ante el Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju).
14
Mediante resolución de 15 de noviembre de 2023, el Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju) rechazó esa demanda por incompetencia territorial. Dicho órgano jurisdiccional se basó en el artículo 25, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.o 1215/2012 para examinar si el acuerdo atributivo de competencia era nulo de pleno Derecho en cuanto a su validez material según el Derecho del Estado miembro al que pertenece el órgano jurisdiccional designado, a saber, según el Derecho estonio. Pues bien, dado que el artículo 106, apartado 1, del TsMS, en relación con el artículo 104, apartado 1, de este, solo autoriza, a juicio del citado órgano jurisdiccional, los acuerdos atributivos de competencia si se refieren a la actividad económica o profesional de las dos partes del contrato en cuestión, lo que no ocurre en este caso, el mencionado órgano jurisdiccional consideró que este acuerdo atributivo de competencia era nulo.
15
A interpuso un recurso contra esa resolución ante el Tallinna Ringkonnakohus (Tribunal de Apelación de Tallin, Estonia). Alegó ante este órgano jurisdiccional que la referencia, en el artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012, a una causa de nulidad de pleno Derecho del acuerdo atributivo de competencia prevista por el Derecho del Estado miembro de que se trate «en cuanto a su validez material» remite al Derecho nacional sustantivo y no al Derecho procesal, al que, en su opinión, pertenecen sin embargo los artículos 104 y 106 del TsMS.
16
Mediante auto de 6 de diciembre de 2023, el Tallinna Ringkonnakohus (Tribunal de Apelación de Tallin) desestimó ese recurso y confirmó la citada resolución. Este entiende que, para determinar si la cláusula de elección de foro es válida en cuanto a su validez material según el Derecho estonio, procede referirse no solo a las disposiciones del Derecho sustantivo de este, sino también a los artículos 104, apartado 1, y 106, apartado 1, del TsMS, que remiten al tipo de litigio en cuestión, lo cual constituye una cuestión de validez material y no de forma.
17
A interpuso un recurso de casación contra ese auto ante el Riigikohus (Tribunal Supremo, Estonia), que es el tribunal remitente. A estima que la cláusula atributiva de competencia controvertida en el litigio principal es válida puesto que el artículo 104, apartado 1, del TsMS no puede aplicarse paralelamente al Reglamento n.o 1215/2012, al remitir el artículo 25 de este exclusivamente al Derecho nacional sustantivo. B considera que esa cláusula no es válida en virtud de los artículos 104, apartado 1, y 106, apartado 1, del TsMS.
18
Según el citado tribunal, tal como se desprende del considerando 20 del Reglamento n.o 1215/2012, el artículo 25, apartado 1, de este remite al Derecho del Estado miembro en su conjunto, también a las normas sobre conflictos de leyes. Pues bien, a su juicio, las normas sobre conflictos de leyes del Derecho estonio no permiten a las partes excluir la aplicación de las normas que son aplicables a los acuerdos atributivos de competencia.
19
El tribunal remitente considera que, para poder pronunciarse sobre el litigio principal, se ha de responder a la cuestión de si el hecho de que el Derecho estonio supedite la validez de un acuerdo atributivo de competencia a que las personas físicas partes de ese acuerdo actúen en el marco de una actividad económica o profesional, tal como exigen los artículos 104, apartado 1, y 106, apartado 1, del TsMS, constituye una cuestión de validez de dicho acuerdo en cuanto a su validez material, en el sentido del artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012. Según el referido tribunal, ni el tenor de esta disposición del Derecho de la Unión ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia permiten determinar claramente si el concepto de «nulidad de pleno Derecho en cuanto a la validez material» satisface igualmente los requisitos previstos en esa normativa nacional.
20
En estas circunstancias, el Riigikohus (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿La circunstancia de que la validez de un acuerdo atributivo de competencia esté condicionada a que las personas físicas que lo hayan celebrado actúen en el marco de una actividad económica y profesional, tal como establece el artículo 106, apartado 1, punto 1, del [TsMS], según el cual un acuerdo atributivo de competencia celebrado entre personas físicas será nulo si infringe la disposición del artículo 104, apartado 1, [de este], con arreglo al cual un litigio entre personas físicas que haya sido sometido a un órgano jurisdiccional en virtud de un acuerdo atributivo de competencia deberá estar relacionado con la actividad económica o profesional de ambas partes, constituye un requisito de validez material de un acuerdo atributivo de competencia en el sentido del artículo 25, apartado 1, primera frase, in fine (“a menos que el acuerdo sea nulo de pleno Derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro”), del Reglamento [n.o 1215/2012]?»
Sobre la cuestión prejudicial
21
Mediante su cuestión prejudicial, el tribunal remitente solicita esencialmente que se dilucide si el artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que un requisito impuesto por el Derecho nacional aplicable en el Estado miembro del órgano jurisdiccional cuya competencia se ha acordado entre partes contratantes, según el cual un acuerdo atributivo de competencia celebrado entre personas físicas solo es válido si el litigio en cuestión está relacionado con la actividad económica o profesional de estas partes, constituye una causa de «[nulidad] de pleno Derecho en cuanto a su validez material», en el sentido de dicha disposición.
22
Con carácter preliminar, procede recordar que, en la medida en que el Reglamento n.o 1215/2012 ha derogado y sustituido al Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), que, a su vez, sustituyó al Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo que respecta a las disposiciones de estos últimos instrumentos jurídicos sigue siendo válida para la interpretación del Reglamento n.o 1215/2012 cuando esas disposiciones puedan calificarse de «equivalentes» a las de este último Reglamento [sentencia de 16 de mayo de 2024, Toplofikatsia Sofia (Concepto de domicilio del demandado), C‑222/23, EU:C:2024:405, apartado 49 y jurisprudencia citada]. Por consiguiente, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia respecto al artículo 17, párrafo primero, del Convenio de Bruselas y al artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001 es válida también para el artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012, en la medida en que esta última disposición ha reproducido, en términos similares o incluso idénticos, el contenido de esas primeras disposiciones.
23
Según reiterada jurisprudencia, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión requiere tener en cuenta no solo su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte (sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 9 de octubre de 2025, Cabris Investments, C‑540/24, EU:C:2025:766, apartado 33 y jurisprudencia citada).
24
En virtud del artículo 25, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.o 1215/2012, si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal órgano jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno Derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro.
25
Si bien del tenor del artículo 25, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.o 1215/2012 se desprende que un acuerdo atributivo de competencia puede declararse nulo de pleno Derecho en virtud del Derecho del Estado miembro al que pertenece el órgano jurisdiccional designado en ese acuerdo, ni dicho artículo ni ninguna otra disposición de este Reglamento definen el concepto de «[nulidad] de pleno Derecho en cuanto a su validez material».
26
Según el sentido habitual de los términos «en cuanto a su validez material», estos se utilizan en las sentencias y en los escritos procesales por oposición a los conceptos de «forma» y de «admisibilidad», los cuales son examinados antes de que el juez aborde el objeto del proceso, a saber, las cuestiones de hecho o de Derecho en que se basa la pretensión de las partes (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2025, Società Italiana Lastre, C‑537/23, EU:C:2025:120, apartado 31).
27
Además, procede señalar que el artículo 25, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.o 1215/2012 se limita a establecer una norma sobre conflicto de leyes precisando cuál es el Derecho nacional aplicable a la cuestión de si, a pesar de que se cumplan todos los requisitos de validez establecidos en dicho artículo, tal acuerdo puede ser anulado por motivos contemplados en ese Derecho nacional relativos a la validez material (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2025, Società Italiana Lastre, C‑537/23, EU:C:2025:120, apartado 32).
28
No obstante, además de la referencia al concepto de «[nulidad] de pleno Derecho en cuanto a la validez material», el artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012 establece requisitos de validez propios de los acuerdos atributivos de competencia, entre los que figuran requisitos materiales y diferentes requisitos de forma que debe respetar tal acuerdo (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de julio de 2016, Hőszig, C‑222/15, EU:C:2016:525, apartado 33 y jurisprudencia citada, y de 27 de febrero de 2025, Società Italiana Lastre, C‑537/23, EU:C:2025:120, apartado 35).
29
Así, para ser válido, un acuerdo atributivo de competencia debe, en virtud del artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012, celebrarse bien por escrito o verbalmente con confirmación escrita, bien en una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecido entre ellas, o bien, en el comercio internacional, en una forma conforme a un uso que las partes conozcan o deban conocer.
30
Al exigir que un acuerdo atributivo de competencia cumpla los requisitos materiales y de forma que impone, el artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012 permite garantizar la realidad del consentimiento de los interesados para evitar, con el deseo de proteger a la parte contratante más débil, que pasen desapercibidas cláusulas atributivas de competencia insertadas en el contrato por una sola de las partes (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de julio de 2016, Hőszig, C‑222/15, EU:C:2016:525, apartado 36 y jurisprudencia citada).
31
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la validez de una cláusula atributiva de competencia solo puede depender del cumplimiento de un requisito de forma específico en el caso de que dicho requisito guarde relación con las exigencias del artículo 25 del Reglamento n.o 1215/2012 y que los Estados miembros no están facultados para establecer unos requisitos de forma distintos de los previstos en el mencionado Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, apartados 35 y 37). El Tribunal de Justicia ha precisado igualmente que consideraciones referentes a los vínculos entre el órgano jurisdiccional designado y la relación objeto de litigio o a la validez material del acuerdo atributivo de competencia son ajenas a tales exigencias (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de febrero de 2024, Inkreal, C‑566/22, EU:C:2024:123, apartado 34).
32
De ello se desprende que el concepto de «[nulidad] de pleno Derecho en cuanto a la validez material», empleado en la última parte de la primera frase del artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012, por cuanto se refiere necesariamente a requisitos de validez diferentes de los que son propios de los acuerdos atributivos de competencia previstos en dicho Reglamento, se refiere a las causas generales de nulidad que pueden afectar a una relación contractual, a saber, en particular, los vicios del consentimiento, como el error, el dolo, la violencia o la incapacidad para contratar, causas que están previstas por el Derecho del Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales hayan sido designados (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2025, Società Italiana Lastre, C‑537/23, EU:C:2025:120, apartado 36).
33
Esta conclusión se ve corroborada por la génesis de esta última parte de la primera frase del artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012, que no figuraba ni en el artículo 23 del Reglamento n.o 44/2001 ni en el artículo 17, párrafo primero, del Convenio de Bruselas, y que tenía por objeto introducir una regla armonizada de conflicto de leyes en materia de validez material de los acuerdos de elección de foro, garantizando así una resolución similar en esta cuestión sea cual sea el órgano jurisdiccional al que se someta el asunto y que corresponde a las soluciones establecidas en el Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro, de 30 de junio de 2005 (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2025, Società Italiana Lastre, C‑537/23, EU:C:2025:120, apartado 40). Pues bien, el informe explicativo, elaborado por los profesores Hartley y Dogauchi, hace referencia, en el título de las «causas materiales de nulidad», en sus puntos 125 y 126, a las causas de nulidad generalmente reconocidas como el error, el dolo, la violencia, el fraude, la incompetencia o la incapacidad.
34
En este caso, procede constatar que el requisito impuesto por el Derecho estonio, según el cual un acuerdo atributivo de competencia aplicable entre personas físicas solo es válido si el litigio en cuestión está relacionado con la actividad económica y profesional de estas personas, podría, ciertamente, asimilarse al de la capacidad para contratar de las personas de que se trate. No obstante, no se corresponde con un caso clásico de incapacidad de menor o mayor de edad protegido, sino que hace referencia, en realidad, al tipo de actividad, no privada, llevada a cabo por las partes contratantes.
35
Además, debe subrayarse, sin perjuicio de que el tribunal remitente compruebe este extremo, que la referida disposición nacional no es aplicable de manera general a las relaciones contractuales, puesto que el requisito de validez que impone es específico de los acuerdos atributivos de competencia. Así pues, este requisito no está comprendido en las causas generales de nulidad, como las previstas en el apartado 32, in fine, de la presente sentencia, y podría figurar, todo lo más, entre los requisitos de validez propios de estos acuerdos, los cuales, sin embargo, se regulan de manera exhaustiva en el artículo 25 del Reglamento n.o 1215/2012, tal como se desprende de los apartados 28 a 31 de la presente sentencia.
36
Por consiguiente, tal requisito, que no forma parte de las causas generales de nulidad que afectan a las relaciones contractuales entre partes, no puede estar comprendido en las causas de «[nulidad] de pleno Derecho en cuanto a la validez material», en el sentido del artículo 25, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.o 1215/2012.
37
La interpretación que se desprende de los apartados 30 a 36 de la presente sentencia se ve corroborada por los objetivos perseguidos por el artículo 25 del Reglamento n.o 1215/2012, consistentes en respetar la autonomía de las partes y en reforzar la eficacia de los acuerdos exclusivos de elección de foro, expuestos en los considerandos 15, 19 y 22 de dicho Reglamento (sentencia de 9 de octubre de 2025, Cabris Investments, C‑540/24, EU:C:2025:766, apartado 43 y jurisprudencia citada).
38
En efecto, el artículo 25 del Reglamento n.o 1215/2012 se basa en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de noviembre de 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, apartado 38) y en virtud de este principio el acuerdo de voluntades entre las partes permite justificar la primacía acordada a la elección de un órgano jurisdiccional distinto del que en principio habría sido competente con arreglo al Reglamento n.o 1215/2012 (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de febrero de 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, apartado 26).
39
Pues bien, el hecho de imponer un requisito en el Derecho nacional según el cual un acuerdo atributivo de competencia no es válido si el litigio no está relacionado con la actividad económica y profesional de las partes contratantes es contrario a la autonomía de la voluntad de las partes.
40
Además, esta interpretación es conforme con la finalidad del Reglamento n.o 1215/2012, consistente, tal como se desprende, en particular, de los considerandos 4, 6, 15 y 16 de ese Reglamento, en unificar las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil en un instrumento jurídico de la Unión vinculante y directamente aplicable, mediante el cual el legislador de la Unión quiso adoptar reglas de competencia judicial que presenten un alto grado de previsibilidad y de transparencia con el fin de reforzar la seguridad jurídica y facilitar una buena administración de justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2025, Società Italiana Lastre, C‑537/23, EU:C:2025:120, apartado 38).
41
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, para promover estos objetivos, en particular el relativo a la seguridad jurídica, procede reforzar la protección jurídica de las personas que tienen su domicilio en la Unión Europea, permitiendo al mismo tiempo al demandante determinar fácilmente el órgano jurisdiccional ante el cual puede ejercitar una acción y al demandado prever razonablemente ante qué órgano jurisdiccional puede ser demandado (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2025, Società Italiana Lastre, C‑537/23, EU:C:2025:120, apartado 39 y jurisprudencia citada).
42
Pues bien, la seguridad jurídica garantizada por el Reglamento n.o 1215/2012 se vería comprometida si fuese posible establecer, por un legislador nacional, requisitos adicionales de validez propios de los acuerdos atributivos de competencia y relativos, en particular, al vínculo existente con el tipo de actividad de las partes en cuestión.
43
En atención a todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que un requisito impuesto por el Derecho nacional aplicable en el Estado miembro del órgano jurisdiccional cuya competencia se ha acordado entre partes contratantes, según el cual un acuerdo atributivo de competencia celebrado entre personas físicas solo es válido si el litigio en cuestión está relacionado con la actividad económica o profesional de estas partes, no constituye una causa de «[nulidad] de pleno Derecho en cuanto a su validez material», en el sentido de dicha disposición.
Costas
44
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
El artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
debe interpretarse en el sentido de que
un requisito impuesto por el Derecho nacional aplicable en el Estado miembro del órgano jurisdiccional cuya competencia se ha acordado entre partes contratantes, según el cual un acuerdo atributivo de competencia celebrado entre personas físicas solo es válido si el litigio en cuestión está relacionado con la actividad económica o profesional de estas partes, no constituye una causa de «[nulidad] de pleno Derecho en cuanto a su validez material», en el sentido de dicha disposición.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: estonio.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.