62023CJ0536_RES
Asunto C‑536/23
Bundesrepublik Deutschland
contra
Mutua Madrileña Automovilista
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht München I)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 30 de abril de 2025
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Competencia en materia de seguros — Artículo 11, apartado 1, letra b) — Artículo 13, apartado 2 — Acción directa entablada por la persona perjudicada contra el asegurador — Concepto de “persona perjudicada” — Funcionario víctima de un accidente de tráfico — Retribución mantenida durante su incapacidad laboral — Estado miembro que actúa como empleador subrogado en los derechos a indemnización de ese funcionario — Competencia del órgano jurisdiccional del lugar en el que el demandante tiene su domicilio — Lugar de la sede de la entidad administrativa que emplea a dicho funcionario»
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.
o
1215/2012 — Competencia en materia de seguros — Acción entablada contra el asegurador — Acción directa de la persona perjudicada — Concepto de persona perjudicada — Estado miembro que actúa como empleador subrogado en los derechos de un funcionario herido en un accidente de tráfico, que ha mantenido la retribución de este durante su incapacidad laboral — Inclusión — Competencia del órgano jurisdiccional del lugar del domicilio del demandante — Estado miembro que puede demandar a la compañía que ha asegurado el vehículo implicado en este accidente ante el órgano jurisdiccional del lugar de la sede de la entidad administrativa que emplea a dicho funcionario
[Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerandos 15, 16 y 18 y arts. 1, ap. 1, 11, ap. 1, letras a) y b), 13, ap. 2, y 63, ap. 1]
(véanse los apartados 27 a 49 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, ante el que se ha planteado una petición de decisión prejudicial por el Landgericht München I (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich I, Alemania), se pronuncia sobre las normas especiales de competencia previstas por el Reglamento n.o 1215/2012 (
1
) en materia de seguros en una situación en la que la acción judicial se ha ejercitado por el empleador de una víctima de un accidente de tráfico, subrogado en los derechos de esta, contra la compañía que ha asegurado el vehículo responsable de este accidente.
En marzo de 2020, una funcionaria federal que trabajaba en Múnich (Alemania) y estaba domiciliada en esa ciudad fue herida en un accidente de tráfico que tuvo lugar en España, implicando a un vehículo asegurado por Mutua Madrileña Automovilista. Durante el período de incapacidad laboral de esta funcionaria, su empleador, la República Federal de Alemania, continuó abonándole su retribución.
Actuando en su condición de empleador, la República Federal de Alemania entabló ante el Amtsgericht München (Tribunal de lo Civil y Penal de Múnich, Alemania) una acción civil para obtener una indemnización de Mutua Madrileña Automovilista por el perjuicio resultante del abono de la retribución a su empleada. Al tener su domicilio social en España, esta compañía propuso la excepción de falta de competencia internacional de ese órgano jurisdiccional y cuestionó el fundamento del recurso.
En febrero de 2022, el Tribunal de lo Civil y Penal de Múnich declinó su competencia internacional, al considerar que la República Federal de Alemania no podía beneficiarse de las normas especiales de competencia en materia de seguros previstas en los artículos 11, apartado 1, letra b), y 13, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012. La República Federal de Alemania interpuso entonces recurso de apelación ante el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich I.
Según este órgano jurisdiccional, no se discute que la República Federal de Alemania pretende ejercitar una acción directa contra Mutua Madrileña Automovilista y que acudió a la justicia en virtud de una cesión legal de derechos. A fin de evaluar el fundamento del recurso de apelación, este órgano jurisdiccional decidió interrogar al Tribunal de Justicia sobre si un Estado miembro que, como empleador, entabla una acción directa contra un asegurador, sobre la base de una subrogación legal en los derechos a indemnización de un funcionario herido en un accidente, puede invocar las normas especiales de competencia en materia de seguros previstas, en favor de la «persona perjudicada», por el Reglamento n.o 1215/2012.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que, como excepción a la norma general de la competencia del foro del domicilio del demandado prevista en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012, las personas domiciliadas en un Estado miembro pueden ser demandadas ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de las normas establecidas en las secciones 2 a 7 del capítulo II de ese Reglamento. En particular, las disposiciones de la sección 3 del capítulo II de dicho Reglamento pretenden corregir un cierto desequilibrio entre las partes en la acción en materia de seguros, garantizando que la parte más débil pueda demandar a la parte más fuerte ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro fácilmente accesible. Más precisamente, según el artículo 13, apartado 2, del mismo Reglamento, las disposiciones del artículo 11 de este —que regula, en su apartado 1, la competencia en materia de seguros cuando el asegurador está domiciliado en un Estado miembro (
2
)— son aplicables en caso de acción directa entablada por la persona perjudicada contra el asegurador, cuando tal acción es posible.
En segundo lugar, de la jurisprudencia resulta que las normas de competencia que establecen excepciones a la norma general de la competencia del foro del domicilio del demandado deben interpretarse de manera estricta. Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que las normas especiales de competencia en materia de seguros previstas por el Reglamento n.o 1215/2012 benefician a las personas que han sufrido un daño, sin que el círculo de estas personas esté restringido a aquellas que lo hayan sufrido directamente. En efecto, algunas categorías de personas subrogadas en los derechos que ostenta la persona directamente perjudicada por un daño pueden invocar también las normas de competencia previstas en las disposiciones combinadas de los artículos 13, apartado 2, y 11, apartado 1, letra b), del citado Reglamento para demandar a un asegurador ante un órgano jurisdiccional distinto al del domicilio de este, cuando esas personas subrogadas pueden ser calificadas de «personas perjudicadas», en el sentido del artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento.
No obstante, el Tribunal de Justicia ha subrayado que no procede efectuar una apreciación caso por caso de la cuestión de si la persona que ha entablado la acción contra el asegurador en cuestión puede ser considerada la «parte más débil» para poder estar comprendida en el concepto de «persona perjudicada», en el sentido de la referida disposición. Así, respecto a relaciones entre profesionales del sector de los seguros, de los que no cabe presumir de ninguno de ellos que se encuentre en posición de debilidad frente al otro, el Tribunal de Justicia ha excluido la aplicación del artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, en relación con el artículo 11, apartado 1, letra b), de este (o las disposiciones equivalentes del Reglamento n.o 44/2001 (
3
)), en los casos en que el cesionario de los derechos de la persona directamente perjudicada sea tal profesional. Una exclusión similar se decidió respecto de un organismo de seguridad social que ha actuado a efectos del reembolso de las prestaciones a su asegurado perjudicado en un accidente de tráfico.
En cambio, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a estas disposiciones equivalentes del Reglamento n.o 44/2001 se desprende que un empleador, subrogado en los derechos de su empleado por haberle abonado la retribución mientras se encontraba en situación de incapacidad laboral, el cual, solo en esa condición, entabla una acción por el perjuicio sufrido por este, puede considerarse más débil que el asegurador al que demanda, como persona que ha sufrido un daño, al margen de su tamaño y su forma jurídica.
En cuanto a si de esta jurisprudencia se desprende que a un Estado miembro que actúa como empleador subrogado en los derechos a indemnización de una funcionaria directamente perjudicada, que ha resultado herida en un accidente en el que se ve implicado un vehículo asegurado, se le debe reconocer a él mismo la condición de «persona perjudicada», en el sentido del artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, debido al mantenimiento de la retribución de esta funcionaria durante su incapacidad laboral, de modo que tal Estado empleador pudiera demandar al asegurador en cuestión ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que el demandante tenga su domicilio, en virtud del artículo 11, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, cuando tal acción directa es posible, el Tribunal de Justicia señala que el asunto que se examina es análogo al asunto que dio lugar a la sentencia MMA IARD. (
4
) Por consiguiente, las consideraciones del Tribunal de Justicia plasmadas en esta sentencia son extrapolables al presente asunto. En efecto, esta sentencia fue dictada en un contexto y en circunstancias fácticas similares a las que originaron el litigio principal. Esta analogía es tanto más evidente cuanto que la República Federal de Alemania actúa a efectos de indemnización en su sola condición de empleador subrogado en los derechos de uno de sus empleados, y no como sujeto de Derecho internacional público.
Así pues, conforme al Reglamento n.o 1215/2012, (
5
) un empleador que ha mantenido la retribución de su empleado durante el período de incapacidad laboral de este a raíz de un accidente de tráfico, y que se ha subrogado en los derechos de este frente al asegurador del vehículo implicado en ese accidente, debe considerarse una «persona perjudicada», también en el caso en que la parte demandante sea un Estado miembro que actúa en condición de empleador. Es irrelevante a este respecto el hecho de que tal Estado miembro ejerza además las funciones de un organismo de seguridad social, dado que el Estado miembro de que se trate entabla su acción a efectos de indemnización únicamente en condición de empleador subrogado en los derechos a indemnización de su empleado, y no en condición de organismo de seguridad social.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia rechaza la tesis del órgano jurisdiccional remitente según la cual, en aplicación del Reglamento n.o 1215/2012, en el caso en que el demandante haya demandado a un asegurador sea un Estado miembro que actúa en condición de empleador subrogado en los derechos de su empleado directamente perjudicado, es el órgano jurisdiccional del domicilio de este empleado el que será territorialmente competente. En efecto, cuando el artículo 11, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, que designa «el órgano jurisdiccional del lugar donde tenga su domicilio el demandante», sea aplicable, esta disposición determina tanto la competencia internacional como la competencia territorial del órgano jurisdiccional así designado. Además, dado que el empleador subrogado en los derechos de su empleado debido a que le ha abonado la retribución ha sufrido un daño propio y por tanto es él mismo una «persona perjudicada», puede beneficiarse de la posibilidad, prevista en esta disposición, de entablar su acción contra un asegurador ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que tenga su domicilio. Al ser el empleador subrogado el único en poder invocar los derechos a indemnización resultantes de la subrogación, no es necesario, para evitar el riesgo de una multiplicación de los foros, obligarle a acudir al órgano jurisdiccional del domicilio de su empleado. Ello vale también en el caso en que, como sucede en el presente asunto, dicho empleador subrogado sea un Estado miembro. Respecto a la identificación del lugar en el que está domiciliado tal Estado miembro empleador, debe ser el lugar de la sede de la entidad administrativa que emplea al funcionario en cuestión, que ha sufrido, en la práctica, el perjuicio ligado a la ausencia de este último.
Habida cuenta de lo que precede, el Tribunal de Justicia declara que, con arreglo al artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, en relación con el artículo 11, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, un Estado miembro que actúe como empleador subrogado en los derechos de un funcionario herido en un accidente de tráfico cuya retribución ha mantenido durante su incapacidad laboral puede, en condición de «persona perjudicada» en el sentido de dicho artículo 13, apartado 2, demandar a la compañía aseguradora de la responsabilidad civil resultante de la circulación del vehículo involucrado en ese accidente ante el órgano jurisdiccional no del lugar en el que ese funcionario tenga su domicilio, sino del lugar en el que se encuentre la sede de la entidad administrativa que emplea a ese funcionario, cuando sea posible una acción directa.
(
1
)	Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1; también denominado «Reglamento Bruselas I bis»).
(
2
)	En virtud del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012, «el asegurador domiciliado en un Estado miembro podrá ser demandado: a) ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde tenga su domicilio; b) en otro Estado miembro, cuando se trate de acciones entabladas por el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde tenga su domicilio el demandante, […]».
(
3
)	Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1; también denominado «Reglamento Bruselas I»). Más precisamente, estas «disposiciones equivalentes» son el artículo 11, apartado 2, en relación con el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 44/2001.
(
4
)	Sentencia de 20 de julio de 2017, MMA IARD (C‑340/16, EU:C:2017:576).
(
5
)	Artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 1215/2012, en relación con el artículo 11, apartado 1, letra b), de este.