62023CJ0347
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 24 de octubre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Artículo 2, letra b) — Concepto de “consumidor” — Contrato de préstamo hipotecario indexado a una moneda extranjera — Persona física que ha adquirido un bien inmueble residencial destinado a ser arrendado a título oneroso»
En el asunto C‑347/23 [Zabitoń], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), mediante resolución de 8 de mayo de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de junio de 2023, en el procedimiento entre
LB,
JL
y
Getin Noble Bank S.A.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente de Sala, el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de la Sala Cuarta, y el Sr. Z. Csehi (Ponente), Juez;
Abogado General: Sr. A. M. Collins;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de LB y JL, por el Sr. W. Budzewski, adwokat;
–
en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno portugués, por las Sras. C. Alves, P. Barros da Costa y M. I. Gameiro, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. U. Małecka e I. Rubene y por el Sr. N. Ruiz García, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre LB y JL, por una parte, y Getin Noble Bank S.A., por otra, en relación con una demanda de devolución de las cuotas mensuales abonadas en virtud de un contrato de préstamo hipotecario indexado a una moneda extranjera.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El décimo considerando de la Directiva 93/13 enuncia:
«Considerando que puede obtenerse una protección más eficaz del consumidor mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas abusivas; que tales normas deben aplicarse a todos los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor; que por consiguiente quedan excluidos de la presente Directiva, en particular, los contratos de trabajo, los contratos relativos a los derechos de sucesión, los contratos relativos al estatuto familiar, los contratos relativos a la constitución y estatutos de sociedades».
4
El artículo 2 de esta Directiva establece:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
[…]
b)
“consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional;
c)
“profesional”: toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada.»
Derecho polaco
5
El artículo 221 de la ustawa — Kodeks cywilny (Ley por la que se aprueba el Código Civil), de 23 de abril de 1964 (Dz. U. n.o 16, posición 93), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código Civil»), define al «consumidor» como «toda persona física que concluya con un profesional un acto jurídico que no esté directamente relacionado con su actividad comercial o profesional».
6
En virtud del artículo 431 del Código Civil, se considera «profesional» a la persona física, la persona jurídica o la unidad organizativa a la que se refiere el artículo 33, apartado 1, del citado Código que ejerza una actividad profesional en nombre propio.
7
De conformidad con el artículo 3851, apartados 1 y 2, del Código Civil:
«1.   Las cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor que no se hayan negociado individualmente no vincularán al consumidor cuando establezcan los derechos y obligaciones de este de forma contraria a las buenas costumbres y atenten gravemente contra sus intereses (cláusulas contractuales abusivas). Esta disposición no afectará a las cláusulas que establezcan las obligaciones principales de las partes, en particular en lo relativo al precio o a la remuneración, cuando hayan sido formuladas de forma inequívoca.
2.   Cuando una cláusula contractual no vincule al consumidor con arreglo al apartado 1, las demás disposiciones del contrato seguirán siendo obligatorias para las partes.»
8
El artículo 3852 del Código Civil dispone lo siguiente:
«La compatibilidad de las cláusulas de un contrato con las buenas costumbres se apreciará en vista de la situación existente en la fecha de celebración del contrato, teniendo en cuenta el contenido de dicho contrato, las circunstancias concurrentes en su celebración y los contratos relacionados con ese mismo contrato en el que figuren las disposiciones que son objeto de apreciación.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
9
En 2008, los demandantes en el litigio principal, LB y JL, eran un matrimonio que residía en Londres (Reino Unido), donde no ejercían ninguna actividad comercial. LB era oficial de policía judicial y JL era directora de escuela.
10
Durante ese año, los demandantes en el litigio principal celebraron un contrato de préstamo hipotecario indexado al franco suizo con el predecesor legal de Getin Noble Bank, en el que se estipulaba un tipo de interés variable y un reembolso del préstamo en eslotis polacos (en lo sucesivo, «contrato de préstamo hipotecario»).
11
Los demandantes en el litigio principal celebraron el contrato de préstamo hipotecario para adquirir un bien inmueble residencial situado en Varsovia (Polonia), destinado a ser arrendado a título oneroso. Los ingresos en concepto de alquiler se destinaban principalmente a la devolución de las cuotas mensuales de dicho contrato. Los demandantes en el litigio principal no habían dado en arrendamiento otros bienes inmuebles.
12
Para llevar a cabo este proyecto, los demandantes en el litigio principal recurrieron a los servicios de JP, un gestor inmobiliario que ejercía su actividad profesional en Polonia, que pasó a ser su apoderado y los representó en la celebración del contrato de préstamo hipotecario, del contrato de compra del bien inmueble, del contrato de arrendamiento de este y del contrato de servicios a los arrendatarios.
13
En 2019, los demandantes en el litigio principal reembolsaron la totalidad del préstamo hipotecario y vendieron el referido bien inmueble.
14
El 27 de diciembre de 2019, los demandantes en el litigio principal presentaron ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente, una demanda en la que solicitaban obtener la devolución de todas las cantidades abonadas en cumplimiento del contrato de préstamo hipotecario. Sostienen que dicho contrato contiene cláusulas abusivas que dan lugar a su nulidad.
15
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente indica que las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario que prevén la indexación del préstamo al tipo de cambio del franco suizo, que definen el objeto principal del mencionado contrato, tienen carácter abusivo debido a que no fueron negociadas individualmente, no fueron redactadas en términos claros y comprensibles y son contrarias a las exigencias de la buena fe, causando así, en detrimento de los demandantes en el litigio principal, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato de préstamo hipotecario.
16
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si es posible calificar a los demandantes en el litigio principal de «consumidores», en el sentido de la Directiva 93/13. En caso afirmativo, se aplicarían las disposiciones de la Directiva 93/13, de modo que dicho órgano jurisdiccional podría declarar la nulidad del contrato de préstamo hipotecario.
17
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que el arrendamiento de un bien inmueble a título oneroso tiene por objeto generar beneficios, que es el objetivo principal de la explotación de una empresa.
18
Sin embargo, opina que también cabría considerar que, al obtener un préstamo inmobiliario para adquirir un bien inmueble residencial destinado a arrendamiento, el prestatario actúa con un propósito ajeno a una actividad profesional y que, por lo tanto, procede calificar a tal prestatario de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13.
19
Dado el alcance limitado de la actividad en cuestión, esta no es característica de la actividad de una empresa. Además, en la medida en que, en el momento de la celebración del contrato de préstamo hipotecario, los demandantes en el litigio principal estaban empleados, con sus respectivos contratos de trabajo, y no ejercían la profesión de gestor inmobiliario, el arrendamiento de bienes inmuebles no constituía un objetivo profesional importante para ellos ni tampoco estaba destinado a ser su principal fuente de ingresos, sino que era una forma de inversión que, como tal, no estaba vinculada a una empresa. Por último, reconocer la condición de «consumidor» al prestatario, en una situación como la controvertida en el litigio principal, responde mejor al objetivo de la Directiva 93/13 de proteger a los consumidores frente a las cláusulas contractuales abusivas.
20
En estas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 2, letras b) y c), de la Directiva [93/13] en el sentido de que debe considerarse “consumidor” a los efectos de esa Directiva a la persona física que celebre un contrato de préstamo hipotecario para obtener recursos a fin de comprar una vivienda que será destinada a arrendamiento a título oneroso (“buy-to-let”)?»
Sobre la cuestión prejudicial
21
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una persona física que celebre un contrato de préstamo hipotecario con el fin de financiar la compra de un único bien inmueble residencial para arrendarlo a título oneroso está comprendida en el concepto de «consumidor» definido en dicha disposición.
22
Con carácter preliminar, como expone el décimo considerando de la Directiva 93/13, sin perjuicio de las excepciones que en ese mismo considerando se enuncian, las normas uniformes sobre cláusulas abusivas deben aplicarse a «todos los contratos» celebrados entre un profesional y un consumidor conforme a la definición que de ellos ofrece el artículo 2, letras b) y c), de esa misma Directiva [sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de consumidor), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartado 33 y jurisprudencia citada].
23
Con arreglo a dicho artículo 2, letra b), un «consumidor» es toda persona física que, en los contratos regulados por la referida Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional. Por otra parte, un «profesional» es toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la citada Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada.
24
Así pues, la Directiva 93/13 define los contratos a los que se aplica atendiendo a la condición de los contratantes, según actúen o no en el marco de su actividad profesional [sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de consumidor), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartado 34 y jurisprudencia citada].
25
De este modo, la condición de «consumidor» del interesado debe determinarse con arreglo a un criterio funcional, que consiste en apreciar si la relación contractual en cuestión se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar que el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, tiene carácter objetivo y es independiente de los conocimientos concretos que pueda tener la persona de que se trata o de la información de que dicha persona realmente disponga (sentencia de 8 de junio de 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, apartado 48 y jurisprudencia citada).
26
A este respecto, procede recordar que el consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al profesional, en lo que respecta tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que lo lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas (sentencia de 21 de marzo de 2019, Pouvin y Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, apartado 25 y jurisprudencia citada).
27
Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que una interpretación amplia del concepto de «consumidor» del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 permite, en su caso, garantizar la protección que otorga esa Directiva a todas las personas físicas que se encuentren en una situación de inferioridad con respecto al profesional [sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de consumidor), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartado 37 y jurisprudencia citada].
28
En estas circunstancias, el carácter imperativo de las disposiciones que figuran en la Directiva 93/13 y las exigencias particulares de protección de los consumidores que llevan aparejadas requieren que se dé preferencia a una interpretación amplia del concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de dicha Directiva, para garantizar el efecto útil de esta [sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de consumidor), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartado 38].
29
Además, debe recordarse que, en el marco de un contrato de préstamo celebrado con un profesional, cuando el codeudor se encuentra en una situación análoga a la del deudor, en términos de obligaciones contractuales, frente a ese profesional con el que han firmado un contrato, no procede distinguir entre el deudor y el codeudor en lo que respecta a la aplicación de la Directiva 93/13 a ese contrato específico. Por lo tanto, también está comprendida en el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, en el marco de un contrato de este tipo, la persona física que se encuentra en la situación de codeudor cuando actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de consumidor), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartado 52 y jurisprudencia citada].
30
Según reiterada jurisprudencia, corresponde al juez nacional que conoce de un litigio relativo a un contrato que puede estar comprendido en el ámbito de aplicación de la citada Directiva la obligación de comprobar, teniendo en cuenta el conjunto de las pruebas y, en particular, los términos de dicho contrato, si el interesado puede tener la condición de «consumidor» en el sentido de dicha Directiva. A tal efecto, el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso que puedan demostrar con qué finalidad se adquiere el bien o el servicio objeto del contrato de que se trate, en particular, la naturaleza de dicho bien o de dicho servicio (sentencia de 8 de junio de 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, apartado 49 y jurisprudencia citada).
31
Por consiguiente, cuando dos personas físicas celebran un contrato de préstamo hipotecario para financiar la adquisición de un bien inmueble residencial, corresponde al juez nacional determinar, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza del bien objeto de ese contrato, si esas personas físicas actuaron en el marco de su actividad profesional o si actuaron para fines ajenos a esa actividad.
32
En el presente asunto, de la petición de decisión prejudicial se desprende que los demandantes en el litigio principal son personas físicas que, en el momento en que se celebró el contrato de préstamo hipotecario, trabajaban como oficial de policía judicial y como directora de escuela y no ejercían ninguna actividad comercial con carácter profesional en el ámbito de la gestión inmobiliaria. De dicha petición también se desprende que celebraron el referido contrato para financiar la adquisición de un único bien inmueble residencial, situado en Varsovia, destinado a ser arrendado a título oneroso, y que los ingresos en concepto de alquiler sirvieron principalmente para pagar las cuotas mensuales del préstamo. Los demandantes en el litigio principal no habían dado en arrendamiento otros bienes inmuebles.
33
En consecuencia, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, resulta que la celebración del contrato de préstamo hipotecario en cuestión no perseguía, para los demandantes en el litigio principal, una finalidad profesional, sino que tenía por objeto consolidar su patrimonio privado, ya que la adquisición del bien inmueble residencial financiada mediante dicho préstamo constituía para ellos una forma de inversión.
34
Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que los demandantes en el litigio principal tuvieran la intención de arrendar ese bien inmueble residencial con el fin de obtener ventajas financieras, ni siquiera por la circunstancia de que recurrieran a los servicios de un especialista para comprar el bien inmueble y gestionar su arrendamiento.
35
En particular, como resulta de la jurisprudencia, interpretar el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, excluyendo de ese concepto a una persona física que actúa con fines ajenos a una actividad profesional debido a que esa persona obtiene determinadas ventajas financieras, equivaldría a impedir que pueda garantizarse la protección concedida por esa Directiva a todas las personas físicas que se encuentren en una situación de inferioridad respecto a un profesional y que hagan un uso no profesional de los servicios ofrecidos por aquel (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, apartado 53).
36
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una persona física que celebre un contrato de préstamo hipotecario con el fin de financiar la compra de un único bien inmueble residencial para arrendarlo a título oneroso estará comprendida en el concepto de «consumidor» definido en dicha disposición cuando actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional. El mero hecho de que esa persona física pretenda obtener ingresos mediante la gestión de ese bien inmueble no puede, por sí solo, llevar a excluir a dicha persona del concepto de «consumidor» definido en la citada disposición.
Costas
37
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
El artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
debe interpretarse en el sentido de que
una persona física que celebre un contrato de préstamo hipotecario con el fin de financiar la compra de un único bien inmueble residencial para arrendarlo a título oneroso estará comprendida en el concepto de «consumidor» definido en dicha disposición cuando actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional. El mero hecho de que esa persona física pretenda obtener ingresos mediante la gestión de ese bien inmueble no puede, por sí solo, llevar a excluir a dicha persona del concepto de «consumidor» definido en la citada disposición.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.