62024CJ0551
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 9 de octubre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion — Competencia especial en materia contractual — Determinación del órgano jurisdiccional competente — Contrato de transporte aéreo celebrado entre un consumidor y un profesional — Crédito de compensación del pasajero derivado del retraso de un vuelo — Cesión de ese crédito a una sociedad de gestión de cobros — Demanda de compensación presentada por el cesionario contra el transportista aéreo ante el órgano jurisdiccional del lugar de salida del avión — Lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirve de base a la demanda — Lugar del Estado miembro en el que, según el contrato de transporte, hayan sido o deban ser prestados los servicios»
En el asunto C‑551/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunal Regional de Cracovia, Polonia), mediante resolución de 1 de agosto de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de agosto de 2024, en el procedimiento entre
Deutsche Lufthansa AG
y
AirHelp Germany GmbH,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. S. Rodin y N. Piçarra, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Deutsche Lufthansa AG, por el Sr. M. Korcz, radca prawny;
–
en nombre de AirHelp Germany GmbH, por el Sr. P. P. Gad y la Sra. K. Żbikowska, adwokaci;
–
en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Hottiaux y el Sr. S. Noë, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, puntos 1, letra b), segundo guion, y 5, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Deutsche Lufthansa AG (en lo sucesivo, «Lufthansa») y AirHelp Germany GmbH (en lo sucesivo, «AirHelp»), sociedades con domicilio social en Alemania, relativo a una demanda de reclamación de cantidad presentada por la segunda de dichas sociedades —cesionaria de un crédito de compensación de un pasajero—, a raíz del retraso de un vuelo, contra la primera ante un órgano jurisdiccional polaco.
Marco jurídico
3
Los considerandos 15 y 16 del Reglamento n.o 1215/2012 enuncian:
«(15)
Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.
(16)
El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación.»
4
El capítulo II de este Reglamento, bajo el epígrafe «Competencia», incluye, entre otras, una sección 1, titulada «Disposiciones generales», y una sección 2, titulada «Competencias especiales». El artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, que figura en la sección 1, establece:
«Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
5
El artículo 5, apartado 1, del mismo Reglamento, que también figura en dicha sección 1, dispone:
«Las personas domiciliadas en un Estado miembro solo podrán ser demandadas ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de las normas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.»
6
El artículo 7 del Reglamento n.o 1215/2012, que figura en la sección 2 del capítulo II de este Reglamento, establece lo siguiente:
«Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro:
1)
a)
en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda;
b)
a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:
–
cuando se trate de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser entregadas las mercaderías,
–
cuando se trate de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios;
c)
cuando la letra b) no sea aplicable, se aplicará la letra a);
[…]
5)
si se trata de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el órgano jurisdiccional en que se hallen sitos;
[…]».
Litigio principal y cuestión prejudicial
7
De los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia resulta que, el 4 de abril de 2023, AirHelp interpuso ante el Sąd Rejonowy dla Krakowa — Krowodrzy w Krakowie (Tribunal de Distrito de Cracovia — Krowodrza, Polonia) una demanda contra Lufthansa con el fin de obtener su condena al pago de la cantidad de 250 euros, más los intereses legales, correspondiente a la compensación debida a un pasajero por el retraso de un vuelo con salida de Cracovia operado por esta compañía aérea.
8
Lufthansa formuló oposición al requerimiento de pago emitido por dicho órgano jurisdiccional y propuso una excepción basada en su falta de competencia internacional.
9
Mediante auto de 5 de diciembre de 2023, dicho órgano jurisdiccional desestimó la excepción de incompetencia y la oposición formuladas.
10
Lufthansa recurrió ese auto ante el Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunal Regional de Cracovia, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente. En apoyo de su recurso, Lufthansa alegó que el Sąd Rejonowy dla Krakowa — Krowodrzy w Krakowie (Tribunal de Distrito de Cracovia — Krowodrza) no podía fundar su competencia internacional para conocer de la demanda de compensación ni en el punto 1, letra b), segundo guion, ni en el punto 5 del artículo 7 del Reglamento n.o 1215/2012, ya que las partes del litigio principal no están vinculadas por un contrato de transporte. Lufthansa adujo que la pretensión de AirHelp tiene su origen en un contrato de cesión de crédito celebrado con un pasajero, que es el único vinculado a Lufthansa por un contrato de transporte.
11
Según Lufthansa, los órganos jurisdiccionales alemanes son los únicos competentes para conocer de tal demanda, de conformidad con la regla de competencia general establecida en el artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento.
12
El órgano jurisdiccional remitente precisa que está obligado a examinar, incluso de oficio, en cualquier fase del procedimiento, la cuestión de su competencia internacional.
13
A tal efecto, dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre la aplicabilidad del artículo 7, puntos 1, letra b), segundo guion, y 5, del Reglamento n.o 1215/2012 a fin de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de un litigio relativo al cobro de un crédito derivado de un contrato de transporte aéreo y transferido a una sociedad de gestión de cobros a raíz de una cesión realizada por un consumidor, parte en ese contrato de transporte aéreo.
14
Dicho órgano jurisdiccional expone que la práctica de los órganos jurisdiccionales polacos pone de manifiesto dos orientaciones sobre la interpretación de las disposiciones citadas. Según indica, una parte de la jurisprudencia considera que, con independencia de la naturaleza del contrato de cesión de crédito en Derecho polaco, esas disposiciones permiten fundamentar la competencia de los órganos jurisdiccionales polacos para conocer de tal litigio, mientras que otra parte de la jurisprudencia se apoya en las particularidades de este contrato en Derecho polaco para considerar que las mismas disposiciones excluyen la competencia de dichos órganos jurisdiccionales.
15
El órgano jurisdiccional remitente señala que, en la jurisprudencia a favor de la competencia de los órganos jurisdiccionales polacos, se pone el acento en la estrecha conexión que existe entre el contrato y el órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Por tanto, la competencia de dichos órganos jurisdiccionales descansa no en consideraciones subjetivas vinculadas a la condición de las partes del litigio, sino en el objeto de este, a saber, una demanda de reclamación de un crédito derivado de un contrato de prestación de servicios o relacionado con la actividad de una sucursal, una agencia u otro establecimiento.
16
Dicho órgano jurisdiccional precisa, asimismo, que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, para cobrar un crédito derivado de la ejecución de un contrato de transporte aéreo, un demandante puede acudir bien al órgano jurisdiccional del domicilio del demandado, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012, bien al órgano jurisdiccional del lugar en el que hayan sido o deban ser prestados los servicios, a saber, el órgano jurisdiccional competente del lugar de salida o de llegada del vuelo de que se trate, de conformidad con el artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, de este Reglamento. Siempre que se cumplan los requisitos de aplicación de las reglas de competencia especial establecidas en la sección 2 del capítulo II de dicho Reglamento, en la que figura el artículo 7, puntos 1, letra b), segundo guion, y 5, del mismo Reglamento, estas disposiciones serán aplicables incluso cuando se trate de un litigio entre profesionales.
17
No obstante, dicho órgano jurisdiccional considera que es necesario interpretar esta reserva y señala, a este respecto, que, a tenor del artículo 7, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012, el órgano jurisdiccional competente para conocer de un litigio en materia contractual es el del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda. Pues bien, en caso de cesión de crédito, la cuestión que se plantea es si el litigio versa sobre el cobro de un crédito derivado del contrato de cesión o del contrato de prestación de servicios, en el presente asunto un contrato de transporte aéreo.
18
El órgano jurisdiccional remitente indica que, según el Derecho nacional, un acreedor puede, sin el consentimiento del deudor, ceder su crédito a un tercero, a menos que la ley, el contrato o la naturaleza de la obligación se oponga a ello. A su juicio, el objeto de tal cesión es el derecho subjetivo del acreedor a exigir al deudor que cumpla su obligación, lo que no incluye los derechos procesales del acreedor, en particular, la facultad de proponer excepciones de incompetencia, de prescripción o de compensación, a menos que el contrato de cesión lo prevea.
19
Dicho órgano jurisdiccional precisa que del contrato de cesión de crédito objeto del litigio principal resulta que AirHelp solo adquirió la legitimación activa para reclamar el cumplimiento de la obligación de compensación del cedente. Por tanto, en su opinión, no puede considerarse que, en virtud de dicho contrato, AirHelp adquiriera todos los derechos resultantes del contrato de transporte aéreo, incluidos los derechos procesales de que goza el cedente como consumidor.
20
El órgano jurisdiccional remitente sostiene que, por tanto, puede afirmarse que el profesional que adquiere un crédito derivado de un contrato de transporte aéreo no puede invocar válidamente, como fundamento de su demanda de compensación presentada contra el transportista aéreo, únicamente el contrato de transporte que vincula al cedente con dicho transportista, dado que, en la base de dicha demanda, se encuentra el contrato de cesión de crédito que le confiere legitimación activa. A su juicio, en la medida en que el cesionario no es parte en el contrato de transporte aéreo, la relación contractual vincula al cedente y al cesionario y no al cesionario y al transportista aéreo obligado al pago del crédito derivado del contrato de transporte.
21
Dicho órgano jurisdiccional estima que, en el presente asunto, AirHelp no puede ampararse en la jurisprudencia relativa a la competencia judicial en materia del contrato de transporte aéreo, invocando el artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 1215/2012, tal como ha sido interpretado en la sentencia de 9 de julio de 2009, Rehder (C‑204/08, EU:C:2009:439), ya que las partes del litigio principal no están vinculadas por un contrato de transporte.
22
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente indica que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular de las sentencias de 20 de mayo de 2021, CNP (C‑913/19, EU:C:2021:399), y de 21 de octubre de 2021, T. B. y D. (Competencia en materia de seguros) (C‑393/20, EU:C:2021:871), se desprende que una entidad que, actuando como profesional, ha adquirido un crédito a una parte más débil podría invocar el artículo 7 del Reglamento n.o 1215/2012. Sostiene que, a la luz de esta jurisprudencia, puede admitirse la competencia de los órganos jurisdiccionales polacos para conocer de una demanda de reclamación de un crédito de un consumidor derivado de un contrato de transporte aéreo adquirido por un profesional.
23
En estas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunal Regional de Cracovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Están sometidos a la competencia de los órganos jurisdiccionales polacos resultante del artículo 7, puntos 1, letra b), segundo guion, y 5, del Reglamento [n.o 1215/2012] los litigios relativos a la reclamación de un crédito adquirido en virtud de un contrato de cesión de crédito celebrado entre un consumidor y un profesional que tiene su domicilio fuera de la República de Polonia, por el que se transmite la acción de que dispone el consumidor frente a otro profesional que también tiene su domicilio en otro Estado de la Unión Europea?»
Sobre la cuestión prejudicial
Sobre la admisibilidad de la cuestión prejudicial en lo que respecta a la interpretación del artículo 7, punto 5, del Reglamento n.o 1215/2012
24
Lufthansa propuso una excepción de inadmisibilidad de la cuestión prejudicial planteada en la medida en que se refiere a la interpretación del artículo 7, punto 5, del Reglamento n.o 1215/2012, en vista del carácter hipotético de esta cuestión, por considerar que no se ha alegado, en el marco del litigio principal, que su establecimiento en Polonia haya estado implicado de algún modo en la celebración del contrato de transporte del que trae causa el crédito reclamado por AirHelp.
25
A este respecto, de una jurisprudencia reiterada se desprende que la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el órgano jurisdiccional remitente exige que este defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones. Dicho órgano jurisdiccional debe indicar, además, las razones precisas que le han conducido a plantearse la interpretación del Derecho de la Unión y a estimar necesario plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia (véanse las sentencias de 26 de enero de 1993, Telemarsicabruzzo y otros, C‑320/90 a C‑322/90, EU:C:1993:26, apartado 6; de 8 de septiembre de 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional y Bwin International, C‑42/07, EU:C:2009:519, apartado 40, y de 29 de julio de 2024, LivaNova, C‑713/22, EU:C:2024:642, apartado 54).
26
Como establece el artículo 94, letras a) y c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, una petición de decisión prejudicial debe contener, en particular, una exposición concisa de los hechos pertinentes o, al menos, una exposición de los datos fácticos en que se basan las cuestiones, así como la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión y la relación que, a su juicio, existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.
27
En el presente asunto, procede recordar que el artículo 7, punto 5, del Reglamento n.o 1215/2012 establece, por lo que respecta a los litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, una regla de competencia especial en favor del órgano jurisdiccional del lugar en que se hallen sitos.
28
Debe observarse que, a pesar de que el órgano jurisdiccional remitente hace referencia al citado artículo 7, punto 5, tanto en la motivación de la petición de decisión prejudicial como en la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia, no menciona ningún dato fáctico concerniente a actos relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento de Lufthansa en Polonia, o a compromisos asumidos por tales entidades en nombre de Lufthansa, como una eventual implicación de las mismas en la celebración del contrato de transporte aéreo objeto del litigio principal. Si bien dicho órgano jurisdiccional dedica una amplia exposición a la cuestión de si el contrato que dio origen a la obligación que sirve de base a la demanda, en el sentido del artículo 7, punto 1, de dicho Reglamento, es el contrato de cesión de crédito o el contrato de transporte, no indica las razones que le llevaron a preguntarse también sobre la interpretación del artículo 7, punto 5, de dicho Reglamento.
29
El órgano jurisdiccional remitente se limita a precisar que está obligado a comprobar de oficio su competencia internacional para conocer de la demanda presentada ante él. Si bien no se puede excluir que tal comprobación pueda llevarle a examinar el criterio de competencia establecido en el artículo 7, punto 5, del Reglamento n.o 1215/2012, el Tribunal de Justicia debería disponer de información suficiente para asegurarse de que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada guarda relación con la realidad o con el objeto del litigio principal.
30
Ahora bien, en el presente asunto no se dispone de tal información. Por consiguiente, en la medida en que se refiere a la interpretación del artículo 7, punto 5, del Reglamento n.o 1215/2012, la cuestión prejudicial es inadmisible.
Sobre el fondo
31
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro es competente, con arreglo a dicha disposición, para conocer de un litigio relativo a una demanda de compensación presentada contra un transportista aéreo, establecido en el territorio de otro Estado miembro, por una sociedad cesionaria del crédito de un pasajero resultante de la ejecución de un contrato de transporte celebrado con ese transportista.
32
Con carácter preliminar, ha de recordarse, por una parte, que el Reglamento n.o 1215/2012 pretende unificar las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil mediante reglas de competencia judicial que presenten un alto grado de previsibilidad. Dicho Reglamento persigue de este modo un objetivo de seguridad jurídica que consiste en reforzar la protección jurídica de las personas que tienen su domicilio en la Unión, permitiendo al mismo tiempo al demandante determinar fácilmente el órgano jurisdiccional ante el cual puede ejercitar una acción y al demandado prever razonablemente ante qué órgano jurisdiccional puede ser demandado (sentencia de 11 de abril de 2024, Credit Agricole Bank Polska, C‑183/23, EU:C:2024:297, apartado 40 y jurisprudencia citada).
33
Por otra parte, el sistema de atribución de competencias comunes previstas en el capítulo II del Reglamento n.o 1215/2012 se basa en la regla general formulada en su artículo 4, apartado 1, según la cual las personas domiciliadas en el territorio de un Estado miembro están sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, con independencia de la nacionalidad de las partes. El capítulo II, sección 2, del Reglamento n.o 44/2001 prevé la atribución de una serie de competencias especiales, entre las que figura la del artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, de dicho Reglamento, únicamente con carácter de excepción a la regla general de la competencia de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado (sentencia de 14 de septiembre de 2023, EXTÉRIA, C‑393/22, EU:C:2023:675, apartado 27 y jurisprudencia citada).
34
En virtud de la regla de competencia especial establecida en esta última disposición, el órgano jurisdiccional competente para conocer de una demanda basada en un contrato de prestación de servicios es el órgano jurisdiccional del lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios.
35
También resulta de la jurisprudencia que la regla de competencia especial enunciada en el artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 1215/2012 responde a un objetivo de proximidad y está basada en la existencia de un estrecho vínculo de conexión entre el contrato y el tribunal que debe conocer del mismo (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2023, EXTÉRIA, C‑393/22, EU:C:2023:675, apartado 29 y jurisprudencia citada).
36
Procede determinar a la luz de estas consideraciones si el hecho de que un crédito, derivado de la ejecución de un contrato de transporte aéreo celebrado entre un consumidor y un profesional, haya sido transferido por dicho consumidor a una sociedad especializada en el cobro de los créditos de pasajeros aéreos puede impedir la aplicación del artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 1215/2912, a efectos de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de una demanda de compensación presentada por la sociedad cesionaria contra el transportista aéreo.
37
A este respecto, como se desprende del apartado 35 de la presente sentencia, la regla de competencia especial enunciada en el citado artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, no tiene por objeto proteger a la parte más débil de una relación contractual, ya que esta regla no se estableció atendiendo a la condición de las partes contratantes, sino que descansa en la existencia de una estrecha conexión entre el órgano jurisdiccional que conoce del asunto y el contrato de que se trate. En estas circunstancias, el hecho de que el crédito de compensación del consumidor haya sido transferido a un profesional carece de incidencia en la aplicación de dicha regla.
38
Como precisó el Tribunal de Justicia en el marco de un litigio relativo a créditos en el ámbito de la materia delictual o cuasidelictual, una cesión de crédito, realizada por el acreedor inicial, de por sí no puede tener incidencia en la determinación del tribunal competente (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de julio de 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, apartado 58, y de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, apartado 35).
39
De manera análoga, un litigio relativo al cobro de un crédito derivado de la ejecución de un contrato de prestación de servicios presenta también un estrecho vínculo de conexión con el lugar de cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda, a saber, el lugar de un Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios, en el sentido del citado artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, aun cuando ese crédito haya sido cedido a un tercero.
40
Esta interpretación permite garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad, en particular para el demandado, en materia de competencia judicial, objetivos perseguidos por el Reglamento n.o 1215/2012, como se desprende de sus considerandos 15 y 16, por cuanto el órgano jurisdiccional competente para conocer de tal demanda será siempre el del lugar en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios, independientemente de la existencia de una cesión del crédito derivado de ese contrato.
41
En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que AirHelp adquirió un crédito derivado de la ejecución de un contrato de transporte aéreo, celebrado entre un consumidor y Lufthansa, que tiene su origen en el retraso en un vuelo operado por esta compañía aérea, con salida de Cracovia y con destino a Niza (Francia) con una conexión en Múnich (Alemania), extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
42
En la medida en que el lugar de salida de ese vuelo corresponde a uno de los lugares de prestación principal de los servicios que son objeto del contrato en cuestión y presenta, por tanto, el estrecho vínculo de conexión, exigido por las reglas de competencia especial establecidas en el artículo 7, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012, entre dicho contrato y el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción se encuentra dicho lugar, los órganos jurisdiccionales polacos resultan ser competentes para conocer de la demanda principal (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de febrero de 2022, LOT Polish Airlines, C‑20/21, EU:C:2022:71, apartado 20).
43
Ni las particularidades del contrato de cesión de crédito controvertido en el litigio principal ni la inexistencia de vínculo contractual entre las partes del litigio pueden poner en cuestión esta competencia.
44
Por un lado, la circunstancia de que, como se desprende de la resolución de remisión, de conformidad con los términos del contrato de cesión de crédito de que se trata, el consumidor cedente no transmite, según el Derecho polaco, sus derechos procesales al profesional cesionario, no es pertinente para la aplicación de la regla de competencia establecida en el artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 1215/2012. En efecto, esta regla se funda en la obligación que sirve de base a la demanda, es decir, el objeto del litigio, determinado por el del contrato en cuestión, ya que el contrato de cesión de crédito únicamente confiere la legitimación activa al cesionario.
45
Por otro lado, en cuanto a la circunstancia de que las partes del litigio principal no estén directamente vinculadas por un contrato, evocada tanto por el órgano jurisdiccional remitente como por Lufthansa en sus observaciones escritas, procede señalar que, en la medida en que el contrato de cesión confiere al cesionario los derechos de que goza el cedente respecto al transportista y, por tanto, el derecho a incoar un procedimiento de cobro del crédito derivado del contrato de transporte aéreo, esta circunstancia tampoco puede impedir la aplicación de la regla de competencia establecida en dicha disposición.
46
Habida cuenta de tales consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro es competente, con arreglo a dicha disposición, para conocer de un litigio relativo a una demanda de compensación presentada contra un transportista aéreo, establecido en el territorio de otro Estado miembro, por una sociedad cesionaria del crédito de un pasajero derivado de la ejecución de un contrato de transporte celebrado con ese transportista, siempre que dicho órgano jurisdiccional sea el del lugar en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios.
Costas
47
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
debe interpretarse en el sentido de que
un órgano jurisdiccional de un Estado miembro es competente, con arreglo a dicha disposición, para conocer de un litigio relativo a una demanda de compensación presentada contra un transportista aéreo, establecido en el territorio de otro Estado miembro, por una sociedad cesionaria del crédito de un pasajero derivado de la ejecución de un contrato de transporte celebrado con ese transportista, siempre que dicho órgano jurisdiccional sea el del lugar en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.