62001CJ0455_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-455/01,
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. R.B. Wainwright y R. Amorosi, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandante,
contra
República Italiana, representada por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por el Sr. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandada,
que tiene por objeto que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 y 30 CE, al haber mantenido en vigor una legislación que supedita la comercialización de productos aún no totalmente armonizados, destinados a ser utilizados en buques mercantes que enarbolen pabellón italiano, a la expedición de un certificado de conformidad por un organismo nacional -limitando en su caso únicamente al titular de dicho certificado el derecho a comercializar los citados productos- y al no haber reconocido la validez de los ensayos efectuados según las normas internacionales por organismos reconocidos en los demás Estados miembros o en los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3), incluso cuando tales datos son puestos a disposición de la autoridad competente y de los certificados se desprende que los equipos garantizan un nivel de seguridad equivalente al que deben tener los productos italianos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. D.A.O. Edward y S. von Bahr, Jueces;
Abogado General: Sr. S. Alber;
Secretario: Sr. R. Grass;
visto el informe del Juez Ponente;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría el 27 de noviembre de 2001, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 226 CE, con objeto de que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 y 30 CE, al haber mantenido en vigor una legislación que supedita la comercialización de productos aún no totalmente armonizados, destinados a ser utilizados en buques mercantes que enarbolen pabellón italiano, a la expedición de un certificado de conformidad por un organismo nacional -limitando en su caso únicamente al titular de dicho certificado el derecho a comercializar los citados productos- y al no haber reconocido la validez de los ensayos efectuados según las normas internacionales por organismos reconocidos en los demás Estados miembros o en los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), incluso cuando tales datos son puestos a disposición de la autoridad competente y de los certificados se desprende que los equipos garantizan un nivel de seguridad equivalente al que deben tener los productos italianos.
Marco jurídico
La normativa comunitaria
2 El artículo 28 CE dispone:
«Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.»
3 El artículo 30 CE prevé:
«Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de [...] protección de la salud y vida de las personas [...] No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.»
4 El artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas (DO L 319, p. 20), tiene el siguiente tenor:
«1. Los Estados miembros sólo podrán reconocer a aquellas organizaciones que cumplan los criterios establecidos en el Anexo. Las organizaciones presentarán a los Estados miembros a los que se haya solicitado el reconocimiento una información completa, con el fin de probar que reúnen estos criterios. Los Estados miembros notificarán su reconocimiento a las organizaciones en la forma que proceda.
2. Cada Estado miembro notificará a la Comisión y a los demás Estados miembros las organizaciones que haya reconocido.»
5 El artículo 1 de la Directiva 96/98/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre equipos marinos (DO 1997, L 46, p. 25), en su versión modificada por la Directiva 98/85/CE de la Comisión, de 11 de noviembre de 1998 (DO L 315, p. 14; en lo sucesivo, «Directiva 96/98»), prevé:
«El objetivo de la presente Directiva es aumentar la seguridad en el mar y prevenir la contaminación marina mediante la aplicación uniforme de los instrumentos internacionales en relación con el equipo detallado en el Anexo A que se haya de embarcar en buques para los que los Estados miembros u otros en su nombre expiden certificados de seguridad con arreglo a los convenios internacionales, y garantizar la libre circulación de dicho equipo dentro de la Comunidad.»
6 La Directiva 96/98 prevé a tal fin disposiciones que armonizan las legislaciones nacionales relativas a los documentos y a los requisitos necesarios para la obtención del certificado del equipo destinado a ser embarcado en los buques enumerado en su anexo A.1, a saber, el equipo para el que ya existen normas detalladas de ensayo en los instrumentos internacionales a los que se refiere este anexo.
7 El equipo para el que todavía no existen normas detalladas de ensayo en los instrumentos internacionales se enumera en el anexo A.2 de la Directiva 96/98.
La normativa nacional
8 A tenor del artículo 2, apartado 1, del Decreto del Presidente de la República nº 347, de 18 de abril de 1994 (suplemento ordinario de la GURI nº 132, de 8 de junio de 1994; en lo sucesivo, «Decreto nº 347/94»):
«En los buques para los cuales las disposiciones de los convenios internacionales para la seguridad de la vida humana en el mar [...] requieran la adopción de aparatos, dispositivos y equipos [...] a los que se refiere la tabla A anexa al libro I del presente Reglamento, éstos deberán ser homologados por el ministerio, salvo las exenciones previstas por el Reglamento.»
9 El artículo 3 del Decreto nº 347/94 prevé:
«1. La solicitud de declaración de homologación deberá presentarse o enviarse por correo al ministerio competente.
2. Deberá acompañar a la solicitud el informe técnico del Registro italiano de buques que deberá obtener el solicitante.»
10 A raíz de modificaciones legislativas posteriores a la adopción del Decreto nº 347/94, las disposiciones anteriormente mencionadas de éste únicamente se aplican al equipo enumerado en el anexo A.2 de la Directiva 96/98.
11 De estas disposiciones se desprende que, para la comercialización y la instalación a bordo de los buques del equipo enumerado en el citado anexo A.2, se debe aportar un certificado de conformidad expedido por el Registro italiano de buques (en lo sucesivo, «RINA») y una declaración de homologación expedida por el ministerio competente. El certificado de conformidad sólo podrá emitirse si los ensayos y los análisis han sido realizados por los servicios del RINA.
El procedimiento administrativo previo
12 Como consecuencia de una denuncia presentada en 1997 por un productor danés de equipos marinos, la Comisión dirigió un escrito de requerimiento a la República Italiana el 11 de junio de 1998, completado por un escrito de 30 de julio de 1999. En dichos escritos, la Comisión indicaba, en particular, que la falta de reconocimiento, por una parte, de los certificados de conformidad de equipos marinos expedidos en los demás Estados miembros o en los Estados signatarios del Acuerdo EEE y, por otra parte, de los ensayos de conformidad de dichos equipos realizados en esos mismos Estados era incompatible con los artículos 28 CE y 30 CE, así como con el artículo 11 del citado Acuerdo.
13 El 28 de octubre de 1999, las autoridades italianas respondieron a los citados escritos indicando que habían solucionado las críticas formuladas por la Comisión mediante la adopción de la legislación que adapta el Derecho italiano a la Directiva 96/98.
14 Por estimar que la adopción de esta legislación no ponía fin al incumplimiento relativo al equipo al que se refiere el anexo A.2 de la Directiva 96/98, la Comisión, mediante escrito de 17 de febrero de 2000, emitió un dictamen motivado que recogía las críticas formuladas en su escrito de requerimiento, pero limitándolas, sin embargo, a dicho equipo.
15 En una reunión el 6 de junio de 2000, las autoridades italianas reconocieron la incompatibilidad de la legislación nacional con la Directiva 96/98 e informaron a la Comisión de su intención de atenerse al dictamen motivado modificando dicha legislación. Indicaban además que, hasta la entrada en vigor de estas modificaciones, se adoptarían circulares con el fin de dar las instrucciones necesarias para cumplir las obligaciones que se derivan de la Directiva 96/98.
16 Mediante escrito de 8 de junio de 2000, las autoridades italianas informaron a la Comisión de la adopción de la circular de 22 de febrero de 2000 que reconoce, para el equipo marino al que se refiere el anexo A.2 de la citada Directiva, los certificados de homologación expedidos por las autoridades de los demás Estados miembros. Por lo que respecta al reconocimiento de los ensayos, precisaban que había en estudio modificaciones legislativas.
17 Mediante escrito de 16 de noviembre de 2000, dirigido a la Comisión, las autoridades italianas indicaban que se había iniciado el procedimiento de modificación del Decreto nº 347/94. En el mismo escrito, remitieron a la Comisión el texto de la orden de servicio nº 57/2000 del Comando del Corpo delle capitanie di porto, de 4 de agosto de 2000, que establece que los organismos competentes tendrán en cuenta los ensayos y controles ya realizados en los demás Estados miembros.
18 Mediante escrito de 29 de marzo de 2001, la Comisión llamó la atención de las autoridades italianas sobre el hecho de que sólo se podía terminar con la incompatibilidad de la legislación nacional con el Derecho comunitario a través de la adopción de una norma que tuviera al menos el mismo rango legal que el Decreto nº 347/94 y que, por tanto, una orden de servicio no podía remediar dicha incompatibilidad.
19 Mediante escrito de 2 de mayo de 2001, las autoridades italianas informaron a la Comisión de que se estaba tramitando el procedimiento legislativo y adjuntaron a dicho escrito las modificaciones que tenían previsto introducir en el Decreto nº 347/94.
20 Al comprobar que había transcurrido más de un año desde que las autoridades italianas anunciaran, en la reunión de 6 de junio de 2000, de su intención de modificar la legislación de que se trata, la Comisión interpuso el presente recurso.
Sobre el recurso
21 De los artículos 2, apartado 1, y 3 del Decreto nº 347/94 se deduce que todo equipo marino destinado a ser utilizado en buques mercantes que enarbolen el pabellón italiano, procedente de un Estado miembro distinto de la República Italiana y que figure en el anexo A.2 de la Directiva 96/98, para poder ser comercializado en Italia, debe ser objeto tanto de una declaración de homologación expedida por un organismo dependiente de las autoridades italianas, a saber el RINA, como de ensayos y análisis que únicamente pueden ser realizados por los servicios de este último.
22 Por tanto, las citadas disposiciones nacionales pueden obstaculizar el comercio intracomunitario y constituyen, por tanto, una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa prohibida por el artículo 28 CE (véanse las sentencias de 11 de julio de 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, apartado 5, y de 9 de febrero de 1999, Van der Laan, C-383/97, Rec. p. I-731, apartado 18).
23 Si bien es cierto que, a falta de armonización, un obstáculo a la libre circulación de mercancías puede justificarse, con arreglo al artículo 30 CE, entre otras, por la protección de la salud y vida de las personas, o por una razón imperiosa de interés general, hay que señalar que, en el presente caso, la República Italiana no ha invocado una justificación de esta naturaleza. En efecto, esta última, en su escrito de contestación a la demanda, se limita a alegar que está en trámite la modificación del Decreto nº 347/94 y a exponer las razones del retraso de dicha modificación.
24 En cualquier caso, dado que el citado Decreto no permite tomar en consideración los análisis o ensayos ya realizados en un procedimiento de homologación en otro Estado miembro, la restricción al comercio intracomunitario generada por la necesidad de obtener una declaración de homologación expedida por el RINA no cumple el requisito de proporcionalidad y por tanto, no puede justificarse en virtud del Derecho comunitario (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 1998, Harpegnies, C-400/96, Rec. p. I-5121, apartados 34 y 35).
25 Con respecto a la orden de servicio nº 57/2000, ésta no puede acabar con la incompatibilidad constatada entre los artículos 2, apartado 1, y 3 del Decreto nº 347/94 y el artículo 28 CE. En efecto, según reiterada jurisprudencia, la incompatibilidad de una legislación nacional con las disposiciones comunitarias, aunque sean directamente aplicables, sólo puede quedar definitivamente eliminada mediante disposiciones internas de carácter obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que aquellas que deben modificarse (véase, en particular, la sentencia de 4 de diciembre de 1997, Comisión/Italia, C-207/96, Rec. p. I-6869, apartado 26).
26 De esto se desprende que las citadas disposiciones nacionales son contrarias al artículo 28 CE. Dado que, contrariamente al objeto del procedimiento administrativo previo, el del recurso de la Comisión no se refiere expresamente al artículo 11 del Acuerdo EEE, procede limitar la declaración del Tribunal de Justicia al citado artículo del Tratado CE.
27 Habida cuenta de las consideraciones que preceden, procede declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 CE, al haber mantenido en vigor una legislación que supedita la comercialización de productos aún no totalmente armonizados, destinados a ser utilizados en buques mercantes que enarbolen pabellón italiano, a la expedición de un certificado de conformidad por un organismo nacional -limitando en su caso únicamente al titular de dicho certificado el derecho a comercializar los citados productos- y al no haber reconocido la validez de los ensayos efectuados según las normas internacionales por organizaciones reconocidas en los demás Estados miembros, incluso cuando tales datos son puestos a disposición de la autoridad competente y de los certificados se desprende que los equipos garantizan un nivel de seguridad equivalente al que deben tener los productos italianos.
Decisión sobre las costas
Costas
28 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber pedido la Comisión que se condene en costas a la República Italiana y al haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
decide:
1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 CE, al haber mantenido en vigor una legislación que supedita la comercialización de productos aún no totalmente armonizados, destinados a ser utilizados en buques mercantes que enarbolen pabellón italiano, a la expedición de un certificado de conformidad por un organismo nacional -limitando en su caso únicamente al titular de dicho certificado el derecho a comercializar los citados productos- y al no haber reconocido la validez de los ensayos efectuados según las normas internacionales por organizaciones reconocidas en los demás Estados miembros, incluso cuando tales datos son puestos a disposición de la autoridad competente y de los certificados se desprende que los equipos garantizan un nivel de seguridad equivalente al que deben tener los productos italianos.
2) Condenar en costas a la República Italiana.