62015TJ0624(01)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda ampliada)
de 2 de octubre de 2024 (
*1
)
«Ayuda de Estado — Artículos 107 TFUE y 108 TFUE — Tratado bilateral de inversión — Cláusula arbitral — Rumanía — Adhesión a la Unión Europea — Derogación de un régimen de incentivos fiscales antes de la adhesión — Laudo arbitral por el que se concede una indemnización por daños y perjuicios tras la adhesión — Decisión que declara la ayuda incompatible con el mercado interior y ordena su recuperación — Artículo 351 TFUE, párrafo primero — Obligación de motivación — Concepto de “ayuda de Estado” — Ventaja — Selectividad — Imputabilidad al Estado — Compatibilidad con el mercado interior — Ayuda destinada a favorecer el desarrollo económico de regiones desfavorecidas — Recuperación — Concepto de “unidad económica” — Confianza legítima — Derecho a ser oído»
En los asuntos T‑624/15 RENV, T‑694/15 RENV y T‑704/15 RENV,
European Food SA, con domicilio social en Păntășești (Rumanía),
Starmill SRL, con domicilio social en Păntăşeşti,
Multipack SRL, con domicilio social en Păntăşeşti,
Scandic Distilleries SA, con domicilio social en Păntăşeşti,
representadas por el Sr. N. Forwood, Barrister‑at‑Law, la Sra. G. Forwood y el Sr. W. De Catelle, abogados,
partes demandantes en el asunto T‑624/15 RENV,
Ioan Micula, con domicilio en Oradea (Rumanía), representado por el Sr. N. Forwood, la Sra. G. Forwood y el Sr. W. De Catelle,
parte demandante en el asunto T‑694/15 RENV,
Viorel Micula, con domicilio en Oradea,
European Drinks SA, con domicilio social en Ştei (Rumanía),
Rieni Drinks SA, con domicilio social en Rieni (Rumanía),
Transilvania General Import-Export SRL, con domicilio social en Oradea,
West Leasing SRL, anteriormente West Leasing International SRL, con domicilio social en Păntăşeşti,
representados por los Sres. J. Derenne, D. Vallindas, la Sra. A. Álvarez Vidal, el Sr. R. Chiriţă y la Sra. O. Chiriţă, abogados,
partes demandantes en el asunto T‑704/15 RENV,
contra
Comisión Europea, representada por los Sres. T. Maxian Rusche y P.‑J. Loewenthal, en calidad de agentes,
parte demandada,
apoyada por
República Federal de Alemania, representada por los Sres. R. Kanitz, J. Möller y N. Scheffel, en calidad de agentes,
por
Reino de España, representado por la Sra. M. J. Ruiz Sánchez, en calidad de agente,
por
República de Letonia, representada por la Sra. K. Pommere, en calidad de agente,
por
Hungría, representada por los Sres. M. Fehér y G. Koós, en calidad de agentes,
y por
República de Polonia, representada por la Sra. D. Lutostańska y por los Sres. B. Majczyna y M. Rzotkiewicz, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda ampliada),
integrado por la Sra. A. Marcoulli, Presidenta, y las Sras. V. Tomljenović y N. Półtorak y los Sres. R. Norkus (Ponente) y W. Valasidis, Jueces;
Secretario: Sr. A. Marghelis, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
habiendo considerado la sentencia de 25 de enero de 2022, Comisión/European Food y otros (C‑638/19 P, EU:C:2022:50);
celebrada la vista los días 4 y 5 de marzo de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia (
1
)
1
Mediante sus recursos basados en el artículo 263 TFUE, los demandantes, European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL y Scandic Distilleries SA, en el asunto T‑624/15, el Sr. Ioan Micula, en el asunto T‑694/15, y el Sr. Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL y West Leasing SRL, en el asunto T‑704/15, solicitan la anulación de la Decisión (UE) 2015/1470 de la Comisión, de 30 de marzo de 2015, relativa a la ayuda estatal SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) ejecutada por Rumanía Laudo arbitral Micula/Rumanía de 11 de diciembre de 2013 (DO 2015, L 232, p. 43; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
I. Antecedentes del litigio
2
Los demandantes fueron designados en la Decisión impugnada como beneficiarios de la indemnización por daños y perjuicios concedida por un laudo arbitral dictado el 11 de diciembre de 2013 en el asunto ARB/05/20 Micula y otros/Rumanía (en lo sucesivo, «laudo arbitral») por un tribunal arbitral (en lo sucesivo, «tribunal arbitral») constituido bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
3
Los Sres. Ioan y Viorel Micula, ciudadanos suecos que residen en Rumanía, son los accionistas mayoritarios de European Food and Drinks Group (EFDG), cuyas actividades consisten en la producción de alimentos y bebidas en la región de Ștei‑Nucet, provincia de Bihor, en Rumanía. European Food, Starmill, Multipack, Scandic Distilleries, European Drinks, Rieni Drinks, Transilvania General Import‑Export y West Leasing pertenecen a EFDG.
4
El 2 de octubre de 1998, las autoridades rumanas adoptaron el Decreto‑ley n.o 24/1998, que concedía a determinados inversores de regiones desfavorecidas que hubieran obtenido un certificado de inversor permanente una serie de incentivos, en particular, la exención del pago de los derechos de aduana y del impuesto sobre el valor añadido sobre maquinaria, la devolución de los derechos de aduana sobre materias primas e incluso la exención del impuesto de sociedades, aplicables mientras la zona de inversión mantuviera la calificación de «región desfavorecida».
5
Mediante decisión de 25 de marzo de 1999, con efecto desde el 1 de abril de 1999, el Gobierno rumano calificó la cuenca minera de Ștei‑Nucet de región desfavorecida por un período de diez años.
6
El 1 de julio de 2000, el Decreto‑ley n.o 75/2000 modificó el Decreto‑ley n.o 24/1998, manteniendo los incentivos fiscales de que se trata (en lo sucesivo, conjuntamente, «régimen de incentivos fiscales de que se trata»).
7
Basándose en los certificados de inversores permanentes, obtenidos el 1 de junio de 2000 por European Food y el 17 de mayo de 2002 por Starmill y Multipack, estas tres sociedades realizaron inversiones en la cuenca minera de Ștei‑Nucet.
8
En febrero de 2000, comenzaron las negociaciones de adhesión de Rumanía a la Unión. En este contexto, la Unión hizo constar, en la Posición Común de 21 de noviembre de 2001, que en Rumanía existía «una serie de programas de ayuda previos y nuevos incompatibles que no se [habían] alineado con el acervo», incluidos los «incentivos dispuestos en virtud [del régimen de incentivos fiscales de que se trata]».
9
El 29 de mayo de 2002, los Gobiernos sueco y rumano celebraron un tratado bilateral de inversión para la promoción y la protección recíproca de las inversiones (en lo sucesivo, «TBI»). Este tratado entró en vigor el 1 de julio de 2003 y establecía determinadas medidas de protección respecto a las inversiones realizadas por inversores de uno de estos países en el otro país (incluidas las inversiones concluidas antes de la entrada en vigor del TBI).
10
El artículo 2, apartado 3, del TBI dispone, en particular, que «cada parte contratante garantizará en todo momento un trato justo y equitativo a las inversiones realizadas por los inversores de la otra parte contratante y no obstaculizará, mediante medidas arbitrarias o discriminatorias, la administración, la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute o la cesión de dichas inversiones por parte de dichos inversores». Además, el artículo 7 del TBI establece que las controversias entre los inversores y los países signatarios se someterán a un tribunal arbitral bajo los auspicios del CIADI. A este respecto, con arreglo al artículo 54, apartado 1, del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, de 18 de marzo de 1965 (en lo sucesivo, «Convenio CIADI»), cada Estado contratante tiene la obligación de ejecutar los laudos arbitrales dictados en virtud de él, siendo el laudo obligatorio para las partes, las cuales, con arreglo al artículo 53, apartado 1, de ese Convenio, deben aplicarlo de conformidad con sus términos.
11
El 26 de agosto de 2004, Rumanía derogó todas las medidas concedidas por el régimen de incentivos fiscales de que se trata, salvo la exención del impuesto de sociedades, precisando que, «con el fin de cumplir los criterios de la normativa comunitaria en materia de ayudas estatales y, asimismo, con el de completar las negociaciones en virtud del capítulo n.o 6 sobre la política de competencia, [era] necesario eliminar todas las formas de ayuda estatal en la legislación nacional incompatibles con el acervo comunitario en este ámbito». Esa derogación surtió efecto el 22 de febrero de 2005.
12
El 28 de julio de 2005, los Sres. Ioan y Viorel Micula, European Food, Starmill y Multipack (en lo sucesivo, «demandantes en el procedimiento arbitral») solicitaron la constitución de un tribunal arbitral con arreglo al artículo 7 del TBI, con el fin de obtener la reparación del perjuicio causado por la derogación del régimen de incentivos fiscales de que se trata.
13
El 1 de enero de 2007, se produjo la adhesión de Rumanía a la Unión.
14
Mediante decisión de 24 de septiembre de 2008, el tribunal arbitral declaró admisible la solicitud de arbitraje.
15
Mediante su laudo arbitral, el tribunal arbitral consideró que, al derogar el régimen de incentivos fiscales de que se trata antes del 1 de abril de 2009, Rumanía había vulnerado la confianza legítima de los demandantes en el procedimiento arbitral, que creían que tales incentivos estarían vigentes, esencialmente en la misma forma, hasta el 31 de marzo de 2009 inclusive, no había actuado de manera transparente, al no advertir a estos demandantes en tiempo oportuno, y no había garantizado un trato justo y equitativo de las inversiones efectuadas por dichos demandantes, en el sentido del artículo 2, apartado 3, del TBI. Por tanto, el tribunal arbitral condenó a Rumanía a abonar a los demandantes en el procedimiento arbitral, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, un importe de 791882452 leus rumanos (RON) (aproximadamente 178 millones de euros), importe que se fijó teniendo en cuenta principalmente los perjuicios supuestamente sufridos por esos demandantes durante el período comprendido entre el 22 de febrero de 2005 y el 31 de marzo de 2009.
[omissis]
19
El 1 de octubre de 2014, la Comisión informó a Rumanía de su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal establecido en el artículo 108 TFUE, apartado 2, respecto a la ejecución parcial del laudo arbitral por parte de Rumanía a principios de 2014, así como a cualquier aplicación o ejecución ulteriores de dicho laudo arbitral (en lo sucesivo, «decisión de incoar el procedimiento de investigación formal»). En esa decisión, que fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 7 de noviembre de 2014, la Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones.
[omissis]
25
El 30 de marzo de 2015, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, cuyo artículo 1 establece que el abono de la indemnización por daños y perjuicios concedida por el tribunal arbitral en el laudo arbitral (en lo sucesivo, «importes controvertidos») a la única unidad económica compuesta por los Sres. Ioan y Viorel Micula, European Food, Starmill, Multipack, European Drinks, Rieni Drinks, Scandic Distilleries, Transilvania General Import-Export y West Leasing es constitutiva de una «ayuda estatal», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, incompatible con el mercado interior. De conformidad con el artículo 2, apartado 1, de la referida Decisión, Rumanía es conminada a no abonar ninguna ayuda incompatible a la que se hace referencia en el artículo 1 de dicha Decisión y a recuperar las ya abonadas a cualquiera de las entidades que constituyen esa única unidad económica, así como cualquier ayuda abonada a esas entidades que no haya sido notificada a la Comisión con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, o abonada tras la fecha de la propia Decisión. El apartado 2 de dicho artículo precisa que los demandantes son responsables de manera solidaria de devolver la ayuda estatal recibida por cada uno de ellos. Con arreglo a los apartados 3 y 4 del mismo artículo, las cantidades pendientes de recuperación son las resultantes de la aplicación o de la ejecución de dicho laudo y que devengan intereses a partir de la fecha en que se pusieron a disposición de los beneficiarios.
II. Procedimientos previos ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia
[omissis]
28
Mediante sentencia de 18 de junio de 2019, European Food y otros/Comisión (T‑624/15, T‑694/15 y T‑704/15, en lo sucesivo, sentencia inicial, EU:T:2019:423), el Tribunal General anuló la Decisión impugnada. Estimó las pretensiones de los demandantes acogiendo la primera parte del primer motivo invocado en el asunto T‑704/15, así como la primera parte del segundo motivo invocado en los asuntos T‑624/15 y T‑694/15, en la medida en que, mediante las alegaciones formuladas en su apoyo, los demandantes rebatían la competencia de la Comisión para adoptar dicha Decisión. El Tribunal General también estimó la segunda parte del segundo motivo invocada en los asuntos T‑624/15 y T‑694/15 y la primera parte del segundo motivo invocada en el asunto T‑704/15, relativas, en esencia, al error de calificación jurídica del laudo arbitral en cuanto a los conceptos de «ventaja» y de «ayuda», en el sentido del artículo 107 TFUE.
[omissis]
32
Mediante sentencia de 25 de enero de 2022, Comisión/European Food y otros (C‑638/19 P, en lo sucesivo, sentencia de casación, EU:C:2022:50), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia inicial, sobreseyó la adhesión a la casación, devolvió el asunto al Tribunal General para que este se pronunciara sobre los motivos y alegaciones formulados ante él sobre los que el Tribunal de Justicia no se había pronunciado y reservó la decisión sobre las costas.
III. Pretensiones de las partes tras la devolución del asunto
33
La República Federal de Alemania, la República de Letonia, Hungría y la República de Polonia no han presentado observaciones escritas sobre las consecuencias que deben extraerse de la sentencia de casación en virtud del artículo 217 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
34
Los demandantes en los asuntos T‑624/15 RENV y T‑694/15 RENV solicitan al Tribunal General que:
–
Anule la Decisión impugnada.
–
Con carácter subsidiario, anule la Decisión impugnada en la medida en que esta:
–
afecta a cada uno de ellos en estos dos asuntos;
–
impide que Rumanía ejecute el laudo arbitral;
–
ordena a Rumanía que recupere todas las ayudas incompatibles;
–
dispone que los demandantes son solidariamente responsables de la devolución de la ayuda estatal recibida por cualquiera de las entidades contempladas en su artículo 2, apartado 2.
–
Condene a la Comisión a cargar con las costas, por una parte, del procedimiento ante el Tribunal General y, por otra parte, del procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia.
35
Los demandantes en el asunto T‑704/15 RENV solicitan al Tribunal General que:
–
Anule la Decisión impugnada.
–
Con carácter subsidiario, anule la Decisión impugnada en la medida en que esta:
–
califica al Sr. Viorel Micula de «empresa» y lo considera parte de la unidad económica beneficiaria de la ayuda;
–
identifica al beneficiario de la ayuda como una unidad económica constituida por los Sres. Viorel e Ioan Micula, European Food, Starmill, Multipack, European Drinks, Rieni Drinks, Scandic Distilleries, Transilvania General Import-Export y West Leasing;
–
dispone, en el artículo 2, apartado 2, que los Sres. Viorel e Ioan Micula, European Food, Starmil, Multipack, European Drinks, Rieni Drinks, Scandic Distilleries, Transivania General Import-Export y West Leasing son solidariamente responsables del reembolso de la ayuda estatal que recibieron.
–
Condene a la Comisión a cargar con las costas, por una parte, del procedimiento ante el Tribunal General y, por otra parte, del procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia.
36
En los asuntos T‑624/15 RENV, T‑694/15 RENV y T‑704/15 RENV, la Comisión solicita al Tribunal General que:
–
Desestime los recursos.
–
Condene a los demandantes al pago de las costas del procedimiento, incluidas las relativas al procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia.
37
En los asuntos T‑624/15 RENV, T‑694/15 RENV y T‑704/15 RENV, el Reino de España solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a los demandantes.
IV. Fundamentos de Derecho
[omissis]
A. Sobre la admisibilidad de los recursos
42
La Comisión, apoyada por el Reino de España, propone una excepción de inadmisibilidad basada en la falta de interés en ejercitar la acción por parte de los demandantes.
43
Según la Comisión, el Tribunal de Justicia, basándose en la sentencia de 6 de marzo de 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), reconoció, en la sentencia de casación, la incompatibilidad con el Derecho de la Unión del laudo arbitral que dio lugar a la indemnización controvertida. Además, de conformidad con el auto de 21 de septiembre de 2022, Romatsa y otros (C‑333/19, no publicado, EU:C:2022:749), los órganos jurisdiccionales de la Unión están obligados a inaplicar dicho laudo, sin que puedan en ningún caso garantizar su ejecución. En estas circunstancias y en esencia, los demandantes carecen de interés «legítimo» en que se anule la Decisión impugnada.
44
Instada a precisar su argumentación en la vista, la Comisión sostuvo, en esencia, que un interés en ejercitar la acción es legítimo cuando no es contrario a un interés fundamental del orden público de la Unión.
45
En sus observaciones complementarias sobre las consecuencias que deben extraerse de la sentencia de casación, los demandantes sostienen que los recursos son admisibles.
46
A este respecto, ha de recordarse que un recurso de anulación promovido por una persona física o jurídica únicamente es admisible en la medida en que esta tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Un interés de este tipo presupone que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto (sentencia de 27 de febrero de 2014, Stichting Woonpunt y otros/Comisión, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, apartado 67). El interés en ejercitar la acción constituye, por tanto, el primer y fundamental requisito para promover una acción judicial (sentencia de 15 de junio de 2023, Shindler y otros/Consejo, C‑501/21 P, EU:C:2023:480, apartado 63).
47
En cambio, únicamente faltará el interés en ejercitar la acción cuando la conclusión favorable del recurso no pueda en ninguno de los casos satisfacer al demandante o recurrente (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de junio de 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, EU:C:2011:370, apartado 49, y de 23 de noviembre de 2017, Bionorica y Diapharm/Comisión, C‑596/15 P y C‑597/15 P, EU:C:2017:886, apartado 85).
48
Por otra parte, el interés de un demandante en ejercitar la acción no depende de la fundamentación de su recurso (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2017, European Dynamics Luxembourg y otros/Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, T‑392/15, EU:T:2017:462, apartado 41).
49
En el caso de autos, procede recordar que, mediante la Decisión impugnada, la Comisión calificó el abono de los importes controvertidos de ayuda de Estado incompatible con el mercado interior y ordenó a Rumanía recuperar los importes ya abonados de los demandantes, a saber, los demandantes en el procedimiento arbitral y otras cinco sociedades, debido a que formaban, conjuntamente, una unidad económica. Tal decisión es manifiestamente lesiva para los demandantes, ya que obliga a Rumanía a recuperar de ellos las cantidades abonadas, así como los intereses que estas hayan devengado hasta la fecha de su recuperación efectiva. A este respecto, procede señalar que, según la Comisión y como se desprende del considerando 42 de dicha Decisión, las autoridades rumanas ejecutaron en su totalidad el laudo arbitral.
50
El hecho de que el Tribunal de Justicia haya considerado que el laudo arbitral es, desde la adhesión de Rumanía a la Unión, incompatible con el Derecho de la Unión, en particular con sus artículos 267 TFUE y 344 TFUE, y que, por tanto, no puede producir ningún efecto (auto de 21 de septiembre de 2022, Romatsa y otros, C‑333/19, no publicado, EU:C:2022:749, apartados 42 y 43) no priva a los demandantes de su interés en ejercitar la acción.
51
En efecto, por una parte, como señalan los demandantes, el hecho de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro no pueda en ningún caso, de conformidad con el auto de 21 de septiembre de 2022, Romatsa y otros (C‑333/19, no publicado, EU:C:2022:749), apartado 44, proceder a la ejecución del laudo arbitral es independiente de la cuestión de si la Decisión impugnada, adoptada por la Comisión, es conforme con el Derecho de la Unión y, en particular, si la medida contemplada en ella cumple, desde el punto de vista material, los requisitos establecidos en el artículo 107 TFUE, apartado 1, para ser calificada de ayuda de Estado en el sentido de dicha disposición y para, como tal, ser objeto de una obligación de recuperación a cargo de Rumanía.
52
Por otra parte, el hecho de que el abono de los importes controvertidos haya conducido, según la Comisión, a «la ejecución de un laudo arbitral que [vulnera] principios fundamentales del Derecho de la Unión» no puede privar a los demandantes, con independencia de la fundamentación de su acción, de su derecho a impugnar la legalidad de un acto que les resulta lesivo.
53
Por otra parte, debe observarse que, al estimar el Tribunal de Justicia, en los apartados 154 y 155 de la sentencia de casación, que, por lo que respecta a las alegaciones, partes y motivos relativos a la fundamentación de la Decisión impugnada, el estado del litigio no permitía su resolución, mientras que sí estaba en condiciones de apreciar la admisibilidad de este, y que procedía, en consecuencia, devolver el asunto al Tribunal General para que este se pronunciara sobre ellos, el Tribunal de Justicia consideró, implícita pero necesariamente, que el presente litigio era admisible.
54
En estas circunstancias, debe desestimarse la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión y basada en la falta de interés en ejercitar la acción de los demandantes.
B. Sobre la fundamentación de los recursos
[omissis]
1.
Sobre el primer motivo, basado en una desviación de poder y en la infracción del artículo 351 TFUE y de los principios generales del Derecho
[omissis]
b)
Sobre la segunda parte, basada en la infracción del artículo 351 TFUE y de los principios generales del Derecho
65
Los demandantes sostienen, en esencia, que Rumanía debía cumplir las obligaciones que había contraído, con anterioridad a su entrada en la Unión, en virtud del TBI y del Convenio CIADI, en particular, los artículos 53 y 54 de dicho Convenio que la obligaban a ejecutar el laudo arbitral incluso en el supuesto de que el abono de los importes controvertidos fuera constitutivo de una ayuda de Estado en el sentido del Derecho de la Unión.
66
Según los demandantes, el respeto del Convenio CIADI vincula a Rumanía respecto de todos los Estados signatarios de dicho Convenio, de modo que este puede ser invocado por cualquier tercer Estado, sin que le sea necesario invocar un interés particular en la resolución del litigio.
67
En particular, los demandantes hacen referencia a la sentencia de la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido), de 19 de febrero de 2020, dictada en el asunto Micula y otros/Rumanía, que autorizó la ejecución del laudo arbitral al reconocer que «las obligaciones de los Estados contratantes [del Convenio CIADI emanadas de los] artículos 53, 54 y 69 están [expresadas] en términos absolutos, sin límite alguno en cuanto a las personas a las que se les deben».
68
En estas circunstancias, según los demandantes, aunque el TBI no estuviera comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 351 TFUE, ello no afectaría a la obligación de Rumanía de ejecutar el laudo arbitral en aplicación del Convenio CIADI, incluso después de su adhesión a la Unión. De este modo, el consentimiento dado por Rumanía al procedimiento arbitral sigue vinculando a ese país sobre la base del artículo 25, apartado 1, de dicho Convenio, que dispone que, cuando un Estado contratante ha dado su consentimiento al arbitraje, ya no puede retirarlo unilateralmente.
69
En los asuntos T‑624/15 RENV y T‑694/15 RENV, los demandantes añaden a este respecto que, si Rumanía incumpliera sus obligaciones, cualquier Estado contratante, incluido cualquier Estado contratante que no fuera miembro de la Unión, podría interponer una acción contra Rumanía ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en virtud del artículo 64 del Convenio CIADI.
70
En consecuencia, la Decisión impugnada, al ordenar la recuperación de la medida de ayuda de que se trata, impide a Rumanía cumplir tales obligaciones, siendo, por ello, contraria al artículo 351 TFUE, párrafo primero, en virtud del cual las disposiciones de los Tratados no afectan a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados entre un Estado miembro antes de su adhesión y terceros Estados.
71
A juicio de los demandantes, la Decisión impugnada también es contraria al principio general del Derecho de la Unión pacta sunt servanda, del que el artículo 351 TFUE, párrafo primero, constituye la expresión. Añaden que la Decisión impugnada también vulnera el principio de cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros, cuyo carácter recíproco se subraya en el artículo 4 TUE, apartado 3, y «evoca» el artículo 351 TFUE.
72
La Comisión, apoyada por el Reino de España, rebate los argumentos de los demandantes.
73
El artículo 351 TFUE, párrafo primero, dispone que «las disposiciones de los Tratados no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad al 1 de enero de 1958 o, para los Estados que se hayan adherido, con anterioridad a la fecha de su adhesión, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra».
74
Según reiterada jurisprudencia, el artículo 351 TFUE, párrafo primero, tiene por objeto precisar, conforme a los principios del Derecho internacional, tal como se desprende, en particular, del artículo 30, apartado 4, letra b), del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1155, p. 331), que la aplicación del Tratado FUE no afecta al compromiso del Estado miembro de que se trata de respetar los derechos de los países terceros que resultan de un convenio anterior y de cumplir sus obligaciones correspondientes (véase la sentencia de 15 de septiembre de 2011, Comisión/Eslovaquia, C‑264/09, EU:C:2011:580, apartado 41 y jurisprudencia citada).
75
El artículo 351 TFUE, párrafo primero, tiene alcance general, en el sentido de aplicarse a todo convenio internacional, cualquiera que sea su objeto, que pueda afectar a la aplicación de los Tratados de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de agosto de 1993, Levy, C‑158/91, EU:C:1993:332, apartado 11).
76
De este modo, el artículo 351 TFUE, párrafo primero, tiene como finalidad salvaguardar los derechos de los terceros Estados (sentencia de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, 56/64 y 58/64, EU:C:1966:41, p. 500), permitiendo a los Estados miembros interesados cumplir con las obligaciones que les incumben en virtud de un convenio internacional anterior (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, Air Transport Association of America y otros, C‑366/10, EU:C:2011:864, apartado 61).
77
En cambio, el artículo 351 TFUE, párrafo primero, no autoriza a los Estados miembros a invocar los derechos derivados de tales convenios en sus relaciones dentro de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de julio de 1996, Comisión/Luxemburgo, C‑473/93, EU:C:1996:263, apartado 40, y de 7 de julio de 2005, Comisión/Austria, C‑147/03, EU:C:2005:427, apartado 58).
78
De ello se infiere que, en el artículo 351 TFUE, párrafo primero, los términos «derechos y obligaciones» se refieren, en cuanto a los «derechos», a los derechos de los terceros Estados y, en cuanto a las «obligaciones», a las obligaciones de los Estados miembros (sentencia de 2 de agosto de 1993, Levy, C‑158/91, EU:C:1993:332, apartado 12).
79
Por consiguiente, para determinar si un convenio internacional anterior puede obstaculizar la aplicación de una norma del Derecho de la Unión, procede analizar si dicho convenio impone al Estado miembro de que se trate obligaciones cuyo cumplimiento puede ser todavía exigido por los terceros Estados que son partes en el convenio (sentencias de 2 de agosto de 1993, Levy, C‑158/91, EU:C:1993:332, apartado 13, y de 15 de septiembre de 2011, Comisión/Eslovaquia, C‑264/09, EU:C:2011:580, apartado 42).
80
Así pues, para que, en virtud del artículo 351 TFUE, párrafo primero, un convenio internacional pueda obstaculizar la aplicación de una norma del Derecho de la Unión deben concurrir dos requisitos: que se trate de un convenio celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de los Tratados de la Unión en el Estado miembro de que se trate y que de ese convenio se deriven derechos para el tercer Estado interesado cuyo respeto este pueda exigir al citado Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 1998, T. Port, C‑364/95 y C‑365/95, EU:C:1998:95, apartado 61).
81
Por lo tanto, el artículo 351 TFUE, párrafo primero, en la medida en que constituye una norma que puede permitir excepciones a la aplicación del Derecho de la Unión, incluso del Derecho primario, ha de ser objeto de una interpretación estricta para que las normas generales que incluyen los Tratados de la Unión no queden vacías de contenido [sentencia de 14 de marzo de 2024, Comisión/Reino Unido (Sentencia de la Supreme Court), C‑516/22, EU:C:2024:231, apartados 78 y 81].
82
El Convenio CIADI, que entró en vigor con respecto a Rumanía el 12 de octubre de 1975, estipula en su artículo 25, apartado 1:
«La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado.»
83
El artículo 53, apartado 1, del Convenio CIADI tiene el siguiente tenor:
«El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en este Convenio. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos […]».
84
El Artículo 54, apartado 1, del Convenio CIADI establece lo siguiente:
«Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. […]»
85
El artículo 64 del Convenio CIADI enuncia que «toda diferencia que surja entre Estados Contratantes sobre la interpretación o aplicación de este Convenio y que no se resuelva mediante negociación se remitirá, a instancia de una u otra parte en la diferencia, a la [CIJ], salvo que dichos Estados acuerden acudir a otro modo de arreglo».
86
El artículo 7 del TBI indica que las diferencias entre los inversores y los países signatarios se someterán, en particular, a un tribunal arbitral que aplicará el Convenio CIADI.
87
En el caso de autos, la Comisión indicó, en los considerandos 126 y 127 de la Decisión impugnada, que los derechos y las obligaciones en los que se basan los demandantes en el procedimiento arbitral eran los derivados del TBI. Tras constatar que dicho Tratado había sido celebrado entre dos Estados miembros, y no entre uno o varios Estados miembros y uno o varios terceros Estados, la Comisión concluyó que el artículo 351 TFUE no era aplicable al caso. De ello dedujo que, en las circunstancias del caso, la aplicación de las normas sobre ayudas estatales no afectaba a los derechos y obligaciones previstos en el artículo 351 TFUE.
88
La Comisión añadió, en el considerando 129 de la Decisión impugnada, que, debido a que ningún tercer país contratante del Convenio CIADI era parte del TBI objeto del procedimiento arbitral, el artículo 351 TFUE no era pertinente en el caso.
89
Habida cuenta de la argumentación de los demandantes y de la motivación de la Decisión impugnada sobre este aspecto, el análisis de esta parte lleva a verificar previamente si, en el caso de autos, las obligaciones contraídas por Rumanía sobre la base, por una parte, del TBI y, por otra, del Convenio CIADI están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 351 TFUE.
1) Sobre la existencia de obligaciones, en el sentido del artículo 351 TFUE, contraídas por Rumanía sobre la base del TBI
90
Como se desprende de los anteriores apartados 74 y 78, el artículo 351 TFUE se refiere a los derechos de los terceros Estados y a las correspondientes obligaciones de los Estados miembros. Las obligaciones de Rumanía sobre la base del TBI, contraídas con anterioridad a su adhesión, corresponden a los derechos del Reino de Suecia adquiridos sobre esa misma base.
91
En la fecha de la firma del TBI, el Reino de Suecia era un Estado miembro y no un Estado ajeno a la Unión. Por lo tanto, un tratado bilateral de esa índole debe considerarse, desde la adhesión de Rumanía a la Unión, como un tratado que afecta a dos Estados miembros [sentencia de 14 de marzo de 2024, Comisión/Reino Unido (Sentencia de la Supreme Court), C‑516/22, EU:C:2024:231, apartado 72].
92
Pues bien, el artículo 351 TFUE no es aplicable a un tratado bilateral celebrado entre dos Estados miembros, habida cuenta de que ningún tercer Estado es Parte en él (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, C‑478/07, EU:C:2009:521, apartado 99).
93
En estas circunstancias, en la fecha en que se concedió la ayuda, que es determinante para apreciar la aplicabilidad del artículo 351 TFUE, en el presente asunto, el día en que se dictó el laudo arbitral (véase el anterior apartado 62), el TBI no puede considerarse un convenio del que resulten, en el sentido de dicho artículo, derechos para Estados terceros y obligaciones para dicho Estado miembro que puedan verse afectados por la aplicación, con arreglo a la Decisión impugnada, de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE.
94
No desvirtúa esta interpretación que el hecho generador del daño, a saber, la derogación —supuestamente contraria al TBI— del régimen de incentivos fiscales de que se trata, por la que el laudo arbitral concedió una indemnización, tuviera lugar antes de la adhesión de Rumanía a la Unión.
95
Lo mismo cabe decir de la circunstancia de que los hechos que subyacen a la responsabilidad de Rumanía tuvieran lugar, al menos en parte, antes de su adhesión a la Unión, cuando dicho Estado era todavía un Estado tercero, en el sentido del artículo 351 TFUE.
96
Como subrayó el Tribunal de Justicia en la sentencia dictada en casación, no puede ciertamente excluirse que, según los principios derivados de los Derechos nacionales en materia de responsabilidad civil, nazca un derecho a reparación en la fecha de la derogación del régimen de incentivos fiscales de que se trata, hecho reconocido como generador del daño (sentencia de casación, apartados 117 y 118). En cambio, este derecho a reparación se distingue del derecho a percibir la indemnización concedida por el laudo arbitral, de modo que la medida de ayuda de que se trata no se concedió en la fecha de dicha derogación (sentencia de casación, apartados 119 a 127).
97
Habida cuenta de lo anterior, debe concluirse que las obligaciones de Rumanía contraídas sobre la base del TBI y examinadas en el marco del presente litigio no estaban comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 351 TFUE.
98
Por lo tanto, los demandantes no pueden sostener que, mediante la Decisión impugnada, la Comisión infringiera el artículo 351 TFUE en la medida en que obstaculizó la ejecución por parte de Rumanía de las obligaciones que le incumbían en virtud del TBI.
2) Sobre la existencia de obligaciones, en el sentido del artículo 351 TFUE, contraídas por Rumanía sobre la base del Convenio CIADI
99
De conformidad con la sentencia de casación, a partir de la adhesión de Rumanía a la Unión, esto es, desde el 1 de enero de 2007, el sistema de vías de recurso judicial previsto por los Tratados UE y FUE sustituyó al procedimiento arbitral previsto en el TBI (sentencia de casación, apartado 145).
100
Consta que el tribunal arbitral, que aplica el Convenio CIADI y al que se sometió la controversia entre los demandantes en el procedimiento arbitral y Rumanía, no forma parte del sistema jurisdiccional de la Unión (sentencia de casación, apartado 141).
101
En consecuencia, el laudo arbitral, adoptado por el tribunal arbitral el 11 de diciembre de 2013, es decir, después de la adhesión de Rumanía a la Unión, no puede producir ningún efecto y, por tanto, no puede ejecutarse con el fin de proceder al pago de la indemnización concedida por él (véase, en este sentido, el auto de 21 de septiembre de 2022, Romatsa y otros, C‑333/19, no publicado, EU:C:2022:749, apartado 43).
102
En consecuencia, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conoce de la ejecución forzosa de un laudo arbitral está obligado a no aplicarlo y, por lo tanto, no puede en ningún caso ejecutarlo para permitir a sus beneficiarios obtener el pago de la indemnización que les conceda (auto de 21 de septiembre de 2022, Romatsa y otros, C‑333/19, no publicado, EU:C:2022:749, apartado 44). Esta conclusión vincula a Rumanía, como Estado miembro.
103
Por lo tanto, Rumanía no tenía obligación alguna de ejecutar el laudo arbitral ni, a fortiori, de aplicarlo, al margen de cualquier ejecución forzosa.
104
Por consiguiente, debe concluirse que el artículo 53 del Convenio CIADI, según el cual las partes vinculadas por el laudo lo cumplirán en todos sus términos, como se ha recordado en el apartado 83 de la presente sentencia, no ha creado para Rumanía, en este caso, obligaciones que estén comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 351 TFUE.
105
En consecuencia, debe considerarse que el artículo 54 del Convenio CIADI, según el cual «todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo», como se ha precisado en el anterior apartado 84, no puede haber creado derechos en favor de terceros Estados que se correspondieran con las obligaciones de Rumanía, que son, en este caso, inexistentes.
106
Además, como ha declarado el Tribunal de Justicia, el Convenio CIADI, pese a su carácter multilateral, tiene por objeto regular las relaciones bilaterales entre las partes contratantes de manera análoga a un tratado bilateral. Si bien los demandantes sostienen, en esencia, que los Estados terceros que han celebrado el Convenio CIADI pueden tener interés en que Rumanía cumpla sus obligaciones con respecto a otro Estado miembro procediendo, conforme a las disposiciones de dicho Convenio, a ejecutar un laudo arbitral comprendido en su ámbito de aplicación, tal interés puramente fáctico no puede equipararse a un «derecho» en el sentido del artículo 351 TFUE, párrafo primero, capaz de justificar la aplicación de la referida disposición [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2024, Comisión/Reino Unido (Sentencia de la Supreme Court), C‑516/22, EU:C:2024:231, apartados 75 y 76].
107
Por consiguiente, los artículos 53 y 54 del Convenio CIADI no pueden interpretarse en el sentido de que hayan creado, en favor de los Estados terceros signatarios de dicho Convenio, «derechos» a efectos del artículo 351 TFUE, párrafo primero, que se correspondan con las obligaciones de Rumanía de ejecutar el laudo arbitral.
108
En estas circunstancias, y sin que sea necesario pronunciarse sobre la incidencia, alegada por los demandantes, de los artículos 25, apartado 1, y 64 del Convenio CIADI en la obligación de Rumanía de ejecutar el laudo arbitral en aplicación del mismo Convenio, la Decisión impugnada, al ordenar la recuperación de la ayuda, no puede haber impedido a dicho Estado miembro cumplir obligaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 351 TFUE. En consecuencia, tal Decisión no ha infringido este último artículo, en virtud del cual las disposiciones de los Tratados no afectan a los derechos y obligaciones que resulten de un convenio celebrado entre un Estado miembro antes de su adhesión y Estados terceros.
109
Así pues, la Comisión no incurrió en error de Derecho al considerar que «la aplicación de las normas sobre ayudas estatales no [afectaba] a los derechos y obligaciones previstos en el artículo 351 TFUE».
110
Por tanto, debe desestimarse la imputación basada en la infracción del artículo 351 TFUE, párrafo primero, y, en consecuencia, la imputación basada en la vulneración del principio pacta sunt servanda, del que ese artículo constituye la expresión.
111
Debe igualmente desestimarse la imputación basada en la vulneración del principio de cooperación leal, en la medida en que este se aplique mediante el artículo 351 TFUE, párrafo primero.
112
Habida cuenta de todo lo anterior, debe desestimarse la presente parte y, en consecuencia, el primer motivo en su totalidad.
2.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1
113
Los demandantes sostienen que la Comisión no ha demostrado que en el presente caso se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 107 TFUE, apartado 1. Articulan su motivo en tres partes.
114
La Comisión, apoyada por el Reino de España, rebate las alegaciones de los demandantes.
115
Procede recordar que, conforme al artículo 107 TFUE, apartado 1, «serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».
116
En virtud de reiterada jurisprudencia, la calificación de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, exige que se cumplan todos los requisitos previstos en dicha disposición. Así pues, para que se pueda calificar una medida de ayuda de Estado, en primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales; en segundo lugar, esta intervención debe poder afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros; en tercer lugar, debe conferir una ventaja a su beneficiario, y, en cuarto lugar, debe falsear o amenazar falsear la competencia (véase la sentencia de 12 de noviembre de 2013, MOL/Comisión, T‑499/10, EU:T:2013:592, apartado 51 y jurisprudencia citada).
a)
Sobre la primera parte, relativa a la inexistencia de ventaja económica
117
Los demandantes sostienen que la medida de ayuda de que se trata no les confiere ventaja económica alguna. Formulan tres imputaciones principales.
118
En primer lugar, los demandantes alegan que, contrariamente a lo que estimó la Comisión, el laudo arbitral no indemnizó a los demandantes en el procedimiento arbitral por las consecuencias de la derogación del régimen de incentivos fiscales de que se trata, sino que les concedió una indemnización por el perjuicio sufrido como consecuencia de no haberles garantizado Rumanía un trato justo y equitativo, infringiendo con ello el artículo 2, apartado 3, del TBI. Cuando menos, suponiendo que sea exacta la interpretación por parte de la Comisión de dicho laudo, la compensación de las consecuencias indirectas de dicha derogación, como el lucro cesante o la pérdida de la oportunidad de conquistar nuevos mercados, no puede calificarse de ventaja en el sentido de la normativa sobre ayudas de Estado.
119
En segundo lugar, los demandantes sostienen que, con arreglo a la jurisprudencia derivada de la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros (106/87 a 120/87, EU:C:1988:457), apartados 23 y 24, la indemnización por daños y perjuicios concedida por el laudo arbitral no constituía una ventaja en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
120
En tercer y último lugar, los demandantes alegan que, aun suponiendo que el laudo arbitral hubiera podido constituir una ventaja, la Decisión impugnada identifica erróneamente la medida de ayuda de que se trata como el abono de los importes controvertidos, y no como dicho laudo. Pues bien, este abono se inscribe en «el curso normal» de la ejecución o de la aplicación de ese laudo, de modo que el abono de la indemnización, como condena a Rumanía, no puede constituir una ventaja distinta de la supuestamente concedida por el mismo laudo.
121
Ha de señalarse que se consideran ayudas de Estado las intervenciones que, bajo cualquier forma, puedan favorecer directa o indirectamente a las empresas o que pueden considerarse una ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado (véanse las sentencias de 15 de mayo de 2019, Achema y otros, C‑706/17, EU:C:2019:407, apartado 83 y jurisprudencia citada, y de 17 de septiembre de 2020, Compagnie des pêches de Saint-Malo, C‑212/19, EU:C:2020:726, apartado 39 y jurisprudencia citada).
122
A este respecto, para evaluar si un Estado miembro ha conferido una ventaja a una empresa determinada, debe compararse la situación financiera de la empresa después de la introducción de la medida con la situación financiera en la que se habría encontrado de no haberse adoptado dicha medida. Se consideran ayudas, entre otras, las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa. Por lo tanto, existe una ventaja cuando, como consecuencia de la medida y sin que ello encuentre justificación en la naturaleza o en la estructura de dicho régimen, se mejora la situación financiera neta del beneficiario (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2020, Compagnie des pêches de Saint-Malo, C‑212/19, EU:C:2020:726, apartado 40).
123
El Tribunal General considera oportuno examinar, en primer lugar, la tercera imputación, basada en la identificación errónea de la medida de ayuda de que se trata, antes de analizar las imputaciones primera y segunda, que se basan en la premisa de que dicha medida está constituida por la atribución de una indemnización por daños y perjuicios concedida por el laudo arbitral.
1) Sobre la tercera imputación, basada en la identificación errónea de la medida de ayuda de que se trata
124
Los demandantes sostienen, en esencia, como se ha recordado en el anterior apartado 120, que la medida de ayuda de que se trata no está constituida por el abono de los importes controvertidos, sino por el laudo arbitral. Por lo tanto, la Comisión incurrió en un error de Derecho en la Decisión impugnada, al identificar erróneamente la medida sometida a su examen, de modo que no podía, sin incurrir en error de apreciación, calificar de ventaja, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, dicho abono.
125
En el caso de autos, la medida de ayuda de que se trata se identifica en el considerando 39 de la Decisión impugnada de la siguiente manera: «la medida objeto de evaluación es el pago [de los importes controvertidos] en virtud del laudo arbitral, mediante la aplicación o ejecución de dicho laudo, más los intereses devengados desde que se dictó el laudo arbitral».
126
Se desprende sin ambigüedad del considerando 39 de la Decisión impugnada, referido a la «Descripción de la medida» y comprendido en la parte 3 de dicha Decisión, titulada «Descripción de la medida y motivos para incoar el procedimiento», que la medida contemplada por la citada Decisión es el abono de los importes controvertidos, y no el laudo arbitral.
127
La identificación por la Comisión de la medida de ayuda de que se trata como el abono de los importes controvertidos queda confirmada en el considerando 123 de la Decisión impugnada, en el que se indica que «independientemente de que dicho pago [a los demandantes en el procedimiento arbitral] se conceda mediante la aplicación o la ejecución del laudo arbitral, mejoraría su posición competitiva».
128
Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación que los demandantes basan en el apartado 124 de la sentencia de casación, según el cual «solo el laudo arbitral concedió el derecho a la indemnización para reparar el perjuicio que los demandantes en el procedimiento arbitral alegan haber sufrido como consecuencia de la derogación, supuestamente contraria al TBI, del régimen de incentivos fiscales [del que se trata]».
129
En efecto, ha de precisarse que, al proceder de este modo, el Tribunal de Justicia se pronunció únicamente sobre la competencia rationae temporis de la Comisión para adoptar la Decisión impugnada con arreglo al artículo 108 TFUE. De este modo, en el apartado 124 de la sentencia de casación, el Tribunal de Justicia solo se pronunció sobre la fecha en la que se concedió el derecho a la indemnización a los demandantes y no sobre la calificación del abono de los importes controvertidos como ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, tal como fue examinada en dicha Decisión.
130
A este respecto, no afecta a la identificación de la medida de ayuda de que se trata, constituida por el abono de los importes controvertidos, la cuestión de si, con independencia de los abonos examinados, el laudo arbitral constituye en sí una ventaja que puede calificarse de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
131
Por otra parte, en el apartado 135 de la sentencia de casación, el Tribunal de Justicia declaró expresamente que, mediante la Decisión impugnada, la Comisión examinó, a la luz de las normas del Tratado FUE en materia de ayudas de Estado, el abono de los importes controvertidos en ejecución del laudo arbitral.
132
Por lo demás, la Comisión no puede pretender que el Tribunal General considere ahora, como se desprende de sus observaciones escritas complementarias y de los debates mantenidos en la vista, que el objeto de su examen fue una medida única constituida por el laudo arbitral y la ejecución de este. En efecto, según reiterada jurisprudencia, en el marco de un recurso de anulación, el Tribunal General no puede sustituir la motivación del autor del acto impugnado por la suya propia (véase la sentencia de 26 de octubre de 2016, PT Musim Mas/Consejo, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, apartado 64 y jurisprudencia citada).
133
Si bien los demandantes también sostienen que el abono de la indemnización por daños y perjuicios no es sino «la consecuencia automática» del laudo arbitral, se limitan a afirmar, con ello, que dicho laudo es la causa del abono de los importes controvertidos por parte de Rumanía, sin que puedan sostener válidamente, mediante tal afirmación, que ese abono no constituyó una ventaja distinta del citado laudo.
134
En efecto, el artículo 107 TFUE, apartado 1, no distingue según las causas de las intervenciones estatales, sino que, como recordó la Comisión en el considerando 80 de la Decisión impugnada, las define en función de sus efectos (sentencias de 4 de marzo de 2021, Comisión/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, apartado 61, y de casación, apartado 122).
135
Aun suponiendo que el laudo arbitral no sea disociable de su ejecución, no es menos cierto que el abono de los importes controvertidos, en ejecución o mediante la aplicación de dicho laudo, constituyó la medida sometida a la apreciación de la Comisión en la Decisión impugnada.
136
En estas circunstancias, la Comisión pudo definir acertadamente, contrariamente a lo que alegan los demandantes, la medida de ayuda de que se trata como el abono de los importes controvertidos a efectos de verificar, en el marco de su apreciación de la existencia de una ayuda estatal, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, si tal abono constituía una ventaja económica de la que los demandantes no habrían disfrutado en condiciones normales de mercado.
137
Habida cuenta de todo lo anterior, debe desestimarse la presente imputación.
2) Sobre la primera imputación, basada en que la medida de ayuda de que se trata no puede constituir una ventaja abonada como compensación por las consecuencias de la derogación del régimen de incentivos fiscales en cuestión
138
Como se desprende del anterior apartado 118, la presente imputación se basa en dos argumentos principales.
i) Sobre el primer argumento, basado en el error cometido por la Comisión al considerar que el laudo arbitral indemnizaba a los demandantes en el procedimiento arbitral por las consecuencias de la derogación del régimen de incentivos fiscales de que se trata
139
Del apartado 131 anterior se desprende que la Comisión examinó, a la luz de las normas del Tratado FUE en materia de ayudas de Estado, el abono de los importes controvertidos y no el régimen de incentivos fiscales de que se trata, el cual, al haber sido derogado antes de la adhesión de Rumanía a la Unión, ya no estaba en vigor en el momento de la adopción de la Decisión impugnada (sentencia de casación, apartado 135).
140
Para ello, como se desprende del considerando 93 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó los elementos en los que se había basado el tribunal arbitral para caracterizar la ayuda que había concedido a los demandantes en el procedimiento arbitral y la descripción de los daños supuestamente sufridos.
141
Del considerando 94 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión estimó, primero, que el tribunal arbitral había indemnizado el perjuicio resultante de la derogación prematura del régimen de incentivos fiscales de que se trata. A continuación, consideró que la aplicación o la ejecución del laudo arbitral por parte de Rumanía concedía a los demandantes en el procedimiento arbitral, como se desprende del considerando 95 de dicha Decisión, un importe correspondiente a las ventajas que estos debieron haber percibido en el marco de dicho régimen por el período comprendido entre el momento de su derogación, el 22 de febrero de 2005, y la fecha prevista para su expiración, el 1 de abril de 2009. Por último, la Comisión declaró que el importe del perjuicio representaba, esencialmente, por una parte, el reembolso del importe de los derechos de aduana percibidos sobre el azúcar y las demás materias primas que los demandantes en el procedimiento arbitral habrían evitado si dicha derogación no se hubiera producido y, por otra parte, el importe del lucro cesante de la venta de productos terminados ocasionado por esa derogación.
142
En consecuencia, en el considerando 96 de la Decisión impugnada, la Comisión calificó el abono de los importes controvertidos de ventaja económica que los demandantes en el procedimiento arbitral no habrían podido obtener en condiciones normales de mercado, basándose en que ese abono estaba destinado a indemnizarles por los perjuicios que habían sufrido como consecuencia de la derogación del régimen de incentivos fiscales de que se trata.
143
Para rebatir la interpretación que la Comisión hace del laudo arbitral, los demandantes sostienen que el tribunal arbitral concedió a los demandantes en el procedimiento arbitral una indemnización por el perjuicio que supuestamente habían sufrido, como se ha recordado en el anterior apartado 118, al no haber garantizado Rumanía un trato justo y equitativo a las inversiones de estos últimos, infringiendo con ello el artículo 2, apartado 3, del TBI. A este respecto, los demandantes precisan que Rumanía infringió tal artículo al haber suprimido, por una parte, las principales ventajas del régimen de incentivos fiscales de que se trata, manteniendo a la vez en vigor las obligaciones concomitantes, y, por otra parte, al no haber actuado con transparencia por no haber advertido a su debido tiempo a los demandantes en el procedimiento arbitral sobre la derogación de dicho régimen.
144
Los demandantes añaden que, si bien el tribunal arbitral cuantificó el perjuicio sufrido por referencia al régimen de incentivos fiscales de que se trata, ello no puede significar, por sí mismo, que el laudo arbitral haya reinstaurado ese régimen.
145
En el caso de autos, del apartado 872 del laudo arbitral, tal como se ha reproducido en el apartado 27 de la sentencia de casación y en el considerando 26 de la Decisión impugnada, se desprende que el tribunal arbitral consideró que, al derogar el régimen de incentivos fiscales de que se trata antes del 1 de abril de 2009, Rumanía, primero, había vulnerado la confianza legítima de los demandantes en el procedimiento arbitral, que creían que tales incentivos estarían vigentes, esencialmente en forma idéntica, hasta el 31 de marzo de 2009 inclusive, segundo, no había actuado de manera transparente, al no haber advertido a esos demandantes a su debido tiempo y, tercero, no había garantizado un trato justo y equitativo a las inversiones efectuadas por dichos demandantes, en el sentido del artículo 2, apartado 3, del TBI. Por lo tanto, ese tribunal condenó a Rumanía a abonarles una indemnización por daños y perjuicios, cuyo importe se fijó teniendo en cuenta principalmente los perjuicios supuestamente sufridos por esos demandantes durante el período comprendido entre el 22 de febrero de 2005 y el 31 de marzo de 2009.
146
Una vez recordado lo anterior, procede señalar, en primer lugar, que los perjuicios indemnizados por el laudo arbitral, tal como se identifican en el fallo de dicho laudo y se resumen en el considerando 27 de la Decisión impugnada, corresponden a los daños siguientes: el aumento del coste del azúcar (para cuya importación los demandantes en el procedimiento arbitral tuvieron que pagar derechos de aduana tras la derogación del incentivo para las materias primas), el aumento del coste de las materias primas distintas del azúcar y ciertos tipos de tereftalato de polietileno (PET) (para los que el tribunal arbitral había desestimado la pretensión de indemnización por daños y perjuicios debido a que los demandantes nunca se habían beneficiado del incentivo para las materias primas en lo que respecta a su importación), la pérdida de la capacidad de almacenamiento de azúcar a precios más bajos (cuyo importe se calculó sobre la base de los derechos de aduana percibidos sobre el azúcar importado que podrían haberse evitado si los demandantes en el procedimiento arbitral hubieran podido almacenar el azúcar antes del 1 de abril de 2009), el lucro cesante ocasionado por la pérdida de ventas de productos terminados (correspondiente a la pérdida de cuotas de mercado en el período 2004‑2008 para las sodas y los demás productos que contienen azúcar, cuyo encarecimiento dio lugar a una subida de precios de dichos productos, lo que a su vez causó una disminución de las ventas de esos mismos productos).
147
Los importes abonados como indemnización por los perjuicios así identificados devengaron intereses, calculados a partir del 1 de marzo de 2007 respecto del incremento del coste del azúcar y de otras materias primas, a partir del 1 de noviembre de 2009 respecto de la pérdida de la capacidad de almacenamiento de azúcar y a partir del 1 de mayo de 2008 respecto del lucro cesante.
148
En segundo lugar, procede recordar que, como se desprende de la Decisión impugnada, el régimen de incentivos fiscales de que se trata concedía a determinados inversores de regiones que el Gobierno rumano consideraba desfavorecidas la exención de los derechos de aduana para las materias primas necesarias para la inversión realizada en la región desfavorecida en cuestión, exención de los derechos que, tras la modificación del régimen, sucedió a la devolución de esos derechos inicialmente prevista.
149
Como se ha señalado en el anterior apartado 7, los demandantes en el procedimiento arbitral se beneficiaron, por su condición de inversores en la región minera de Ștei-Nucet, considerada como desfavorecida, desde principios de los años 2000, de las exenciones de los derechos de aduana sobre las materias primas previstas por el régimen de incentivos fiscales de que se trata, hasta su derogación el 22 de febrero de 2005.
150
En tercer lugar, ha de añadirse que, si bien los demandantes cuestionan las consecuencias que pueden extraerse del método de cálculo de la indemnización utilizado por el tribunal arbitral, no niegan, en cambio, que el importe de los daños indemnizados se fijó teniendo en cuenta el régimen de incentivos fiscales en cuestión.
151
De los apartados 944 y 945 del laudo arbitral se desprende que el método elegido por el tribunal arbitral para calcular los daños sufridos fue propuesto por los demandantes en el procedimiento arbitral y consistió en cuantificar el aumento de los costes y el lucro cesante sufrido por los demandantes en el procedimiento arbitral por no haber podido desarrollar su empresa como habían previsto, mediante la realización de inversiones adicionales y la venta de productos fabricados a base de azúcar.
152
A este respecto, el tribunal arbitral indicó, en el apartado 917 del laudo arbitral, reproducido en el considerando 94 de la Decisión impugnada, que la indemnización debía concederse sobre la base del principio de que «debe volver a situarse al demandante en la posición en la que habría estado “con toda probabilidad” si no se hubiera cometido el ilícito internacional». El tribunal arbitral también consideró, como se desprende del apartado 928 de dicho laudo, que solamente las pérdidas causalmente vinculadas con el acto ilícito internacional podrían compensarse mediante la concesión de una indemnización por daños y perjuicios, y que «todas las violaciones del TBI alegadas por los demandantes [en el procedimiento arbitral] tienen su origen en el mismo hecho: la derogación prematura de los incentivos [previstos por el régimen de incentivos fiscales de que se trata], o están directamente relacionadas con ella».
153
En estas circunstancias, como señaló la Comisión en el considerando 94 de la Decisión impugnada, el tribunal arbitral tuvo en cuenta, al determinar el importe de la indemnización por daños y perjuicios debida a los demandantes, si las pérdidas se habían contraído realmente y si estaban directamente relacionadas con la derogación del régimen de incentivos fiscales de que se trata, como se desprende, en particular, del apartado 953 del laudo arbitral, por lo que respecta a la concesión de una indemnización por daños y perjuicios por el aumento del precio del azúcar, del apartado 971 del referido laudo, en lo que atañe a la concesión de una indemnización por el aumento del precio de las materias primas distintas del azúcar y del PET, de los apartados 982 a 985 de dicho laudo, en lo concerniente a la concesión de una indemnización por la pérdida de capacidad de almacenamiento de azúcar, y de los apartados 1016 a 1020 del mismo laudo, en lo que respecta a la concesión de una indemnización por el lucro cesante de las ventas de productos terminados.
154
En cuarto y último lugar, como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 117 de la sentencia de casación, la indemnización concedida por el laudo arbitral, en la medida en que tiene por objeto reparar el perjuicio que los demandantes en el procedimiento arbitral alegan haber sufrido como consecuencia de la derogación por Rumanía, supuestamente contraria al TBI, del régimen de incentivos fiscales de que se trata, trae causa de dicha derogación, que constituye el hecho generador del perjuicio por el que el tribunal arbitral concedió esa indemnización.
155
De los anteriores apartados 146 a 154 se desprende que, al considerar que Rumanía, como se ha recordado en el anterior apartado 145, no había garantizado un trato justo y equitativo de las inversiones efectuadas por los demandantes en el procedimiento arbitral, en el sentido del artículo 2, apartado 3, del TBI, el tribunal arbitral pretendió indemnizar a estos últimos por las consecuencias pecuniarias de la derogación del régimen de incentivos fiscales de que se trata.
156
Como subrayó la Comisión en la vista, el tribunal arbitral, por lo demás, no caracterizó ni cuantificó, por una parte, el perjuicio que supuestamente resultó de las consecuencias del mantenimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios del régimen de incentivos fiscales de que se trata, pese a la supresión de las ventajas anteriormente asociadas a ese régimen, ni, por otra parte, el perjuicio que supuestamente resultó del comportamiento no transparente de Rumanía, por no haber advertido a los inversores de manera adecuada de que dicho régimen iba a desaparecer antes de la fecha declarada para su expiración.
157
Por lo tanto, los demandantes no pueden sostener fundadamente que el laudo arbitral no indemnizó a los demandantes en el procedimiento arbitral de las consecuencias de la derogación del régimen de incentivos fiscales de que se trata, sino que les concedió una indemnización por el perjuicio sufrido como consecuencia del comportamiento de Rumanía, por una parte, al haber mantenido las obligaciones correspondientes a las ventajas establecidas por dicho régimen a pesar de la derogación de este, y, por otra, al no haberles advertido a su debido tiempo de dicha derogación, incumpliendo con ello su obligación de garantizar un trato justo y equitativo a las inversiones de los inversores, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del TBI.
ii) Sobre el segundo argumento, basado en que la indemnización de las consecuencias indirectas de la derogación del régimen de incentivos fiscales de que se trata no puede calificarse de ventaja a efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1
158
Como se ha precisado en el anterior apartado 118, los demandantes añaden que, suponiendo que el Tribunal General considere que el laudo arbitral indemnizó a los demandantes en el procedimiento arbitral por las consecuencias de la derogación del régimen de incentivos fiscales de que se trata, cuando menos la compensación de las consecuencias indirectas de dicha derogación, como el lucro cesante o la pérdida de la oportunidad de conquistar nuevos mercados, no podría calificarse de ventaja en el sentido de la normativa sobre ayudas de Estado.
159
A este respecto, los demandantes señalan que los importes controvertidos no se corresponden con los importes que habrían percibido si el régimen de incentivos fiscales de que se trata no hubiera sido derogado. En su opinión, la indemnización concedida por el tribunal arbitral en virtud del laudo arbitral compensa las consecuencias indirectas de la derogación de dicho régimen, a saber, el incremento de costes debido a la imposibilidad de almacenar el azúcar antes de la fecha planificada de expiración de dicho régimen y la disminución de los beneficios por la pérdida de cuotas de mercado resultante del encarecimiento del coste de las materias primas importadas, debido al pago de los derechos de aduana.
160
En estas circunstancias, aun suponiendo que el abono de los importes controvertidos hubiera llevado a la indemnización por la retirada de una ayuda ilegal o incompatible supuestamente constituida por el régimen de incentivos fiscales de que se trata, los demandantes en el asunto T‑704/15 RENV subrayan que las cantidades concedidas por el tribunal arbitral como compensación del lucro cesante o de la pérdida de oportunidades a raíz de la derogación de dicho régimen en ningún caso pueden constituir, de conformidad con la jurisprudencia pertinente, «ventajas» a efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1.
161
Según la jurisprudencia invocada por los demandantes, la recuperación de una ayuda ilegal a fin del restablecimiento de la situación anterior no implica una reconstrucción diferente del pasado en función de factores hipotéticos e implica únicamente la restitución de la ventaja conferida por esta al beneficiario y no la restitución del eventual beneficio económico que este pueda haber obtenido de la utilización de dicha ventaja (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Aer Lingus y Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P y C‑165/15 P, EU:C:2016:990, apartados 91 y 92).
162
Para empezar, procede señalar que, para la calificación de la indemnización concedida por el tribunal arbitral en virtud del laudo arbitral, es indiferente el hecho, acreditado o no, de que dicha indemnización corresponda a la compensación de la retirada de una ayuda ilegal o incompatible, pues solo es pertinente al respecto la cuestión de si la indemnización concedida podía constituir una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Tampoco incide en la calificación que, a la luz de la citada disposición, debe efectuar la Comisión de la indemnización concedida por dicho laudo hecho de que la recuperación de una ayuda ilegal solo implique, conforme a la jurisprudencia invocada por los demandantes, la restitución de la ventaja concedida por esta a su beneficiario.
163
A continuación, ha de señalarse que la jurisprudencia citada en el anterior apartado 161 se opone a que la recuperación de una ayuda ilegal tenga por objeto la restitución del eventual beneficio económico obtenido por la explotación de la ayuda ilegal por parte de su beneficiario. Pues bien, en cualquier caso, la Decisión impugnada ordena la recuperación de los importes controvertidos abonados, y no la recuperación de una hipotética ventaja derivada de la explotación de estos por el beneficiario.
164
La ventaja de que disfrutaron los demandantes en el presente litigio es, en efecto, el abono de la indemnización concedida en virtud del laudo arbitral.
165
Además, una acción por resarcimiento como la ejercitada por los demandantes en el procedimiento arbitral ante el tribunal arbitral no puede dar lugar a eludir la aplicación efectiva de las normas en materia de ayudas de Estado (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de noviembre de 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C‑505/14, EU:C:2015:742, apartados 42 a 44). De este modo, la indemnización por daños y perjuicios abonada como compensación por la pérdida de cuotas de mercado o como compensación por pérdidas de almacenamiento de materias primas o, en definitiva, por cualquier perjuicio resultante de la derogación de un régimen de ayudas, no puede eludir la calificación de ayuda de Estado, puesto que tal indemnización por daños y perjuicios responde a la definición de ventaja económica a efectos de dichas normas.
166
A este respecto, la Comisión estimó, en el considerando 96 de la Decisión impugnada, lo siguiente:
«[…] la indemnización concedida a los demandantes [en el procedimiento arbitral] en concepto de lucro cesante, porque debían sufragar sus propios gastos de funcionamiento ellos mismos, constituye igualmente una ventaja económica de la que no dispondrían en condiciones normales de mercado, y en ausencia del laudo arbitral; en condiciones normales de mercado la empresa tendría que haber sufragado ella misma los costes inherentes a su actividad económica y, por tanto, no habría generado dichos beneficios. En tercer lugar, el abono de intereses a los demandantes [en el procedimiento arbitral] sobre pagos supuestamente adeudados en el pasado, pero que en sí mismos deben calificarse como concedentes de una ventaja, confiere una ventaja independiente adicional.»
167
Pues bien, es preciso señalar que los demandantes no han formulado ninguna alegación que pueda poner en entredicho las conclusiones de la Comisión, que figuran en el considerando 96 de la Decisión impugnada, según las cuales la indemnización concedida por el tribunal arbitral constituía una ventaja económica a efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1, tras haber analizado las ventajas que se concedieron a los demandantes en el marco del régimen de incentivos fiscales de que se trata durante el período comprendido entre el momento de su derogación y la fecha planificada de su expiración.
168
Habida cuenta de todo lo anterior, los demandantes no demuestran que la Comisión errara al considerar que la medida de ayuda en cuestión constituía una ventaja económica a efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1, abonada a los demandantes en el procedimiento arbitral como compensación por las consecuencias de la derogación del régimen de incentivos fiscales de que se trata.
169
En consecuencia, la presente imputación debe desestimarse en su totalidad.
3) Sobre la segunda imputación, basada en la inobservancia de la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros (106/87 a 120/87)
170
Como se desprende del anterior apartado 119, la presente imputación se basa en la premisa de que el laudo arbitral ha producido efectos jurídicos respecto de los demandantes, al concederles una indemnización de daños y perjuicios como reparación de un perjuicio sufrido como consecuencia de la supuesta infracción del TBI, de la que trae causa su derecho a indemnización reconocido por dicho laudo. De ello deducen los demandantes que el abono de una indemnización por daños y perjuicios en virtud de dicho laudo elude la calificación de ayuda de Estado con arreglo a la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros (106/87 a 120/87, EU:C:1988:457), apartados 23 y 24.
171
A este respecto, procede recordar que las ayudas públicas, que son medidas de las autoridades públicas que favorecen a determinadas empresas o producciones, revisten una naturaleza jurídica fundamentalmente diferente de las indemnizaciones que las autoridades nacionales pudieran, eventualmente, ser condenadas a pagar a los particulares como reparación de un perjuicio que ellas les hubieren causado. Por tanto, la indemnización por daños y perjuicios no constituye una ayuda de Estado en el sentido del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros, 106/87 a 120/87, EU:C:1988:457, apartados 23 y 24).
172
Según reiterada jurisprudencia, procede distinguir, además, entre las demandas de indemnización de un perjuicio resultante de una ilegalidad y una acción de reclamación del pago de cantidades adeudadas en virtud de una normativa (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros, 106/87 a 120/87, EU:C:1988:457, apartados 25 y 26).
173
En efecto, en el caso de que las cantidades reclamadas judicialmente, incluso formalmente en el terreno indemnizatorio, correspondan al pago de una ventaja que el demandante solicita con arreglo a una normativa, la acción no tiene por objeto reparar un perjuicio distinto del consistente en la falta de pago íntegro de la ventaja a la que el demandante consideró tener derecho con arreglo a esa misma normativa (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartados 61 y 62).
174
Por lo tanto, cuando una normativa nacional ha instaurado una «ayuda de Estado», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, el pago de una cantidad reclamada judicialmente con arreglo a dicha normativa también constituye tal ayuda (sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartado 65).
175
En consecuencia, como se ha recordado en el apartado 165 anterior, el beneficiario de una ayuda no puede eludir la aplicación efectiva de las normas en materia de ayudas de Estado al obtener, sin invocar el Derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado, una sentencia indemnizatoria cuyo efecto le permitiría, en definitiva, seguir ejecutando la ayuda en cuestión durante varios años (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 11 de noviembre de 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C‑505/14, EU:C:2015:742, apartados 42 a 44).
176
En el caso de autos, como se desprende de los anteriores apartados 99 a 101, el sistema jurisdiccional de la Unión, en el que no se sitúa el tribunal arbitral (sentencia de casación, apartado 141), sustituyó al procedimiento arbitral establecido por el TBI a partir de la adhesión de Rumanía a la Unión, a saber, a partir del 1 de enero de 2007, de modo que el laudo arbitral, adoptado por dicho tribunal después de dicha adhesión, no puede producir efectos respecto de los demandantes (auto de 21 de septiembre de 2022, Romatsa y otros, C‑333/19, no publicado, EU:C:2022:749, apartados 40 a 43).
177
En estas circunstancias, y en cualquier caso, la calificación adoptada en el laudo arbitral no es determinante para el análisis de la cuestión de la existencia de una ayuda de Estado. Por lo tanto, el abono de los importes controvertidos en ejecución de dicho laudo no puede calificarse, jurídicamente, de indemnización por daños y perjuicios en el sentido del Derecho de la Unión, por el mero hecho de que tal calificación resulte de dicho laudo.
178
A este respecto, la Comisión estaba facultada para, con independencia de la calificación jurídica adoptada por el tribunal arbitral, analizar la existencia de una ayuda de Estado, tal como hizo en la Decisión impugnada.
179
Pues bien, como se desprende del análisis de la primera imputación de la primera parte del segundo motivo, la Comisión concluyó, sin que los demandantes hayan logrado poner en tela de juicio tal apreciación, que la medida de ayuda de que se trata constituía una ventaja económica abonada a los demandantes en el procedimiento arbitral como compensación por las consecuencias de la derogación del régimen de incentivos fiscales de que se trata, y no por el perjuicio que supuestamente sufrieron como consecuencia del comportamiento de Rumanía, por una parte, al haber mantenido las obligaciones correspondientes a las ventajas establecidas por dicho régimen a pesar de la derogación de este y, por otra parte, al no haberles advertido a su debido tiempo de dicha derogación.
180
Dado que no se ha demostrado, tal como acaba de exponerse en el anterior apartado 157, que el abono de los importes controvertidos tuviera como efecto la reparación de un perjuicio resultante del comportamiento supuestamente culposo de Rumanía, los demandantes no pueden sostener válidamente que la medida de ayuda de que se trata no puede calificarse de ayuda estatal en aplicación de la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros, 106/87 a 120/87, EU:C:1988:457, apartados 23 y 24.
181
Sin embargo, los demandantes añaden que el laudo arbitral tampoco puede haberles indemnizado por la retirada de una ayuda ilegal o incompatible constituida por el régimen de incentivos fiscales de que se trata. Así lo consideran, en esencia, porque dicho régimen, que se aplicó antes de la adhesión de Rumanía a la Unión, nunca estuvo sujeto a la normativa de la Unión en materia de ayudas de Estado ni a la competencia de la Comisión.
182
Con carácter preliminar, debe recordarse que la jurisprudencia derivada de la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros (106/87 a 120/87, EU:C:1988:457), apartados 23 y 24, cuya inobservancia alegan los demandantes, se refiere únicamente a la calificación de una ayuda pública, puesto que solo dispone que las ayudas públicas revisten una naturaleza jurídica fundamentalmente diferente de la indemnización por daños y perjuicios.
183
Como se desprende de los anteriores apartados 139 a 157, la Comisión concluyó fundadamente que la ventaja obtenida por los demandantes en el procedimiento arbitral no constituía la reparación de un perjuicio resultante de una ilegalidad, en el sentido de la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros (106/87 a 120/87, EU:C:1988:457), apartados 23 y 24. Por consiguiente, las alegaciones de los demandantes dirigidas a cuestionar la motivación complementaria de la Decisión impugnada relativa a la ilegalidad de la ayuda, expuesta por la Comisión para excluir la aplicación de la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros (106/87 a 120/87, EU:C:1988:457), no pueden desvirtuar la fundamentación de dicha Decisión a este respecto.
184
En cualquier caso, y a mayor abundamiento, cabe recordar que, con arreglo al artículo 64, apartado 1, inciso iii), del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Rumanía, por otra, celebrado y aprobado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 94/907/CECA/CE, Euratom del Consejo y de la Comisión, de 19 de diciembre de 1994 (DO 1994, L 357, p. 2; en lo sucesivo, «Acuerdo europeo»), las ayudas públicas que falseen o amenacen con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o determinados productos serán incompatibles con el buen funcionamiento de ese Acuerdo, siempre que puedan afectar al comercio entre la Comunidad y Rumanía. De conformidad con el artículo 64, apartado 2, del Acuerdo europeo, las prácticas contrarias a dicho artículo se evaluarán «sobre la base de los criterios derivados de la aplicación de las normas de los artículos 85, 86 y 92 del Tratado [CEE, actualmente artículos 101 TFUE, 102 TFUE y 107 TFUE]».
185
Para cumplir su obligación de armonización establecida en el Acuerdo europeo, Rumanía adoptó, en 1999, la lege nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (Ley n.o 143/1999 relativa a las Ayudas Estatales), que incluía la misma definición de ayudas estatales que la prevista en el artículo 64 de dicho Acuerdo y en el Derecho de la Unión. Esta Ley designó al Consiliul Concurenţei (Consejo de la Competencia, Rumanía) y al Oficiul Concurenței (Oficina de Competencia, Rumanía) como autoridades nacionales encargadas de la supervisión de las ayudas estatales, competentes para apreciar la compatibilidad de las ayudas estatales concedidas por Rumanía a las empresas.
186
En el caso de autos, la Comisión precisó que el presente litigio no estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros (106/87 a 120/87, EU:C:1988:457), apartados 23 y 24, basándose en que, como se desprende, en esencia, del considerando 103 de la Decisión impugnada, el régimen de incentivos fiscales de que se trata había tenido como efecto la concesión de una ayuda de Estado ilegal, ya que la indemnización concedida a los demandantes en el procedimiento arbitral cuyo importe correspondía a los incentivos fiscales de los que se habían visto privados a raíz de la derogación de dicho régimen constituía, en sí misma, una ayuda de Estado ilegal.
187
A este respecto, de los autos se desprende que el Consejo de la Competencia rumano consideró, mediante resolución de 15 de mayo de 2000, que «la exención de los derechos de aduana sobre las materias primas se [debía] considera[r] ayuda estatal de funcionamiento», y dicha resolución no fue impugnada ni anulada.
188
En estas circunstancias, el mero hecho, invocado en apoyo de la alegación de los demandantes recordada en el apartado 181 anterior, de que el régimen de incentivos fiscales de que se trata se implantara antes de la adhesión de Rumanía a la Unión no significa que dicho régimen no haya sido examinado a la luz de las normas aplicables en la Unión en materia de ayudas de Estado. Carece de relevancia a este respecto la circunstancia de que la Comisión no tuviera competencia para proceder a tal apreciación, puesto que esta fue efectuada por una autoridad cuya competencia no se cuestiona en el presente litigio.
189
En consecuencia, los demandantes no pueden sostener válidamente, solo por ello, que la Comisión incurrió en error de Derecho por haber considerado, como se desprende del considerando 103 de la Decisión impugnada, que la indemnización concedida por el laudo arbitral había tenido como efecto indemnizar a los demandantes en el procedimiento arbitral por la retirada de una ayuda ilegal o incompatible constituida por el régimen de incentivos fiscales de que se trata, de conformidad con los principios jurisprudenciales recordados en los anteriores apartados 172 a 174.
190
Habida cuenta de todo lo anterior, debe desestimarse la presente imputación y, en consecuencia, la presente parte del motivo en su totalidad.
[omissis]
c)
Sobre la tercera parte, basada en la no imputabilidad a Rumanía de la medida de ayuda de que se trata
201
En esencia, los demandantes sostienen que, con arreglo a los artículos 53 y 54 del Convenio CIADI, la aplicación o la ejecución del laudo arbitral por parte de Rumanía es una consecuencia involuntaria y automática de sus obligaciones legales respecto de los demás firmantes de dicho Convenio. Dado que Rumanía está obligada a aplicar o a ejecutar dicho laudo, el abono de los importes controvertidos no es, por tanto, una decisión unilateral y autónoma de ese Estado miembro. En consecuencia, no puede imputársele la supuesta ayuda para considerar que esta constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
202
En apoyo de su razonamiento, los demandantes invocan la jurisprudencia derivada de la sentencia de 5 de abril de 2006, Deutsche Bahn/Comisión (T‑351/02, EU:T:2006:104), apartados 100 a 102, según la cual las medidas que los Estados miembros están obligados a adoptar en virtud del Derecho de la Unión y para las que no disponen de ninguna facultad de apreciación no les son imputables. Alegan que lo mismo debería suceder con las medidas impuestas por el Derecho internacional.
203
Los demandantes añaden que, de conformidad con el Convenio CIADI, el laudo arbitral es ejecutable en todos los países contratantes, incluso fuera de la Unión. Dado que los demandantes en el procedimiento arbitral tienen, de este modo, derecho a proceder a su ejecución forzosa sobre los activos que Rumanía posee en el extranjero, su ejecución no debe necesariamente ser decidida por un órgano jurisdiccional rumano, de manera que, también por esta razón, la ayuda alegada no puede imputarse a Rumanía.
204
En sus observaciones escritas sobre las conclusiones que deben extraerse de la sentencia de casación, los demandantes añaden que, en cualquier caso, el laudo arbitral no es imputable a Rumanía. En efecto, dicho laudo fue adoptado por un tribunal independiente, ya que Rumanía no ejerce ningún control sobre sus decisiones, que no pueden ser objeto de recurso ante los tribunales rumanos. Por este motivo, el citado laudo no puede ser imputable a ese Estado miembro.
205
La Comisión, apoyada por el Reino de España, rebate los argumentos de los demandantes.
206
De la jurisprudencia se desprende que, para que unas ventajas puedan ser calificadas de «ayudas» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, es necesario que sean imputables al Estado (véase la sentencia de 13 de septiembre de 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, apartado 20 y jurisprudencia citada). A este respecto, procede señalar que, cuando una autoridad pública concede una ventaja, esta es, por definición, imputable al Estado (véase la sentencia de 15 de diciembre de 2021, Oltchim/Comisión, T‑565/19, EU:T:2021:904, apartado 160 y jurisprudencia citada).
207
En el caso de autos, la Comisión recuerda, en el considerando 43, quinto guion, de la Decisión impugnada, que en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal había hecho constar que la decisión de concesión de la ventaja era imputable a Rumanía, ya hubiera ejecutado el laudo arbitral de forma voluntaria o por orden de un órgano jurisdiccional.
208
En los considerandos 118 a 120 de la Decisión impugnada, la Comisión señala, en primer lugar, que la decisión voluntaria de Rumanía de celebrar el TBI creó las condiciones para la ventaja selectiva.
209
A continuación, la Comisión precisa que el abono de la parte de la indemnización concedida a los demandantes en el procedimiento arbitral en virtud del laudo arbitral mediante la compensación de tasas e impuestos adeudados a las autoridades rumanas por uno de los demandantes y el abono del saldo efectuado por esas mismas autoridades eran imputables a dicho Estado miembro, ya que esas acciones se habían realizado voluntariamente en el marco de la aplicación del laudo arbitral.
210
La Comisión considera, además, que el abono de la parte de la indemnización por daños y perjuicios efectuado por Rumanía a raíz de las acciones emprendidas, a instancia de los demandantes en el procedimiento arbitral, por los órganos jurisdiccionales nacionales y los agentes judiciales designados por estos, también es imputable a dicho Estado miembro, puesto que tales acciones son imputables a autoridades públicas del Estado rumano.
211
Señalando que Rumanía no estaba obligada por la legislación de la Unión a ejecutar el laudo arbitral, la Comisión concluye que «cualquier decisión de aplicar o ejecutar [ese] laudo arbitral, adoptada tanto por el gobierno rumano como por sus órganos jurisdiccionales nacionales [era], pues, imputable al Estado rumano».
212
Para rebatir la apreciación de la Comisión en cuanto a la imputabilidad a Rumanía de la medida de ayuda de que se trata, los demandantes se basan, en esencia, en la premisa de que la aplicación o la ejecución del laudo arbitral por parte de Rumanía constituía una obligación para dicho Estado miembro frente a los demás firmantes del Convenio CIADI.
213
A este respecto, procede recordar que, desde la adhesión de Rumanía a la Unión, el sistema de recursos judiciales establecido en los Tratados UE y FUE sustituyó al procedimiento arbitral establecido en el TBI (sentencia de casación, apartado 145), de modo que el laudo arbitral, dictado con posterioridad a dicha adhesión, no produjo ningún efecto respecto de Rumanía y no puede ejecutarse (auto de 21 de septiembre de 2022, Romatsa y otros, C‑333/19, no publicado, EU:C:2022:749, apartado 43).
214
En estas circunstancias, Rumanía estaba obligada a no aplicar el laudo arbitral (véase, en este sentido, el auto de 21 de septiembre de 2022, Romatsa y otros, C‑333/19, no publicado, EU:C:2022:749, apartado 44). En consecuencia, y a fortiori, los demandantes carecen de fundamento para sostener que Rumanía tenía la obligación de aplicar o de ejecutar ese laudo arbitral (véase, en este sentido, el auto de 21 de septiembre de 2022, Romatsa y otros, C‑333/19, no publicado, EU:C:2022:749, apartado 43).
215
En cualquier caso, en el presente asunto, el Convenio CIADI no puede imponer a Rumanía, por lo que respecta a la ejecución del laudo arbitral, obligaciones que esta ya tuviera frente a Estados terceros y que estos tuvieran derecho a invocar frente a Rumanía. Como se ha precisado en el anterior apartado 106, un interés puramente fáctico de un Estado tercero que haya celebrado el Convenio CIADI en que se ejecute tal laudo no puede asimilarse a un «derecho» respecto de ese tercer Estado, que genere la obligación de Rumanía de proceder a dicha ejecución [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2024, Comisión/Reino Unido (Sentencia de la Supreme Court), C‑516/22, EU:C:2024:231, apartado 76].
216
Dado que la premisa en la que se basan los demandantes en apoyo de esta parte es errónea, las alegaciones en las que se fundamenta no inciden en la legalidad de la Decisión impugnada.
217
Por lo demás, al limitarse a invocar una jurisprudencia relativa al Derecho de la Unión, los demandantes no aportan ningún elemento que demuestre, como afirman, que un acto que se derive de obligaciones ajenas al ordenamiento jurídico interno de un Estado miembro no puede considerarse una decisión imputable a dicho Estado, a efectos de la aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1. Como observa la Comisión, admitir el razonamiento de los demandantes supondría en la práctica permitir que todos los Estados miembros eludieran el control de las ayudas de Estado contrayendo una obligación internacional que les obligara a conceder una determinada medida de ayuda de Estado.
218
Además, el hecho de que Rumanía intentara oponerse a la ejecución del laudo arbitral o de que la Comisión no pudiera basar su apreciación de la imputabilidad de la medida en el carácter voluntario de la adhesión de Rumanía al TBI, como sostienen los demandantes, no significa que la aplicación o la ejecución de dicho laudo no fuera imputable a Rumanía por los demás motivos invocados por la Comisión en la Decisión impugnada. Consta, en efecto, como se desprende del considerando 120 de dicha Decisión, reproducido en el anterior apartado 210, que las autoridades públicas de ese Estado miembro procedieron al abono efectivo de la indemnización por daños y perjuicios, de modo que intervinieron en su aplicación o en su ejecución (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de mayo de 2019, Achema y otros, C‑706/17, EU:C:2019:407, apartado 48 y jurisprudencia citada).
219
Por otra parte, en lo que atañe al hecho invocado por los demandantes de que la ejecución forzosa del laudo arbitral dictado a raíz de una resolución judicial dictada por un órgano jurisdiccional de un tercer Estado se traduciría en un embargo sobre los activos de Rumanía en el extranjero, basta con señalar que tal ejecución no había tenido lugar en el momento de la adopción de la Decisión impugnada, de modo que tal alegación carece de pertinencia en el presente litigio.
220
Por último, el hecho de que el laudo arbitral haya sido adoptado por un tribunal independiente carece de incidencia en la apreciación de la imputabilidad de la medida de ayuda de que se trata. En efecto, como se desprende de los anteriores apartados 125 a 136, la medida objeto de la Decisión impugnada no es dicho laudo, sino el abono de los importes controvertidos en ejecución o mediante la aplicación de ese laudo.
221
Habida cuenta de todo lo anterior, debe desestimarse la presente parte y, en consecuencia, el segundo motivo en su totalidad.
[omissis]
5.
Sobre el quinto motivo, basado en la determinación errónea de los beneficiarios de la medida de ayuda de que se trata y en la falta de motivación
284
Los demandantes sostienen que la Comisión vició su apreciación de los beneficiarios de la medida de ayuda de que se trata de error manifiesto y de falta de motivación al concluir, en primer término, que los Sres. Ioan y Viorel Micula, como personas físicas, formaban parte de una entidad económica única con las demás partes demandantes, sin demostrar que estos ejercieran por sí mismos una actividad económica para ser considerados empresas en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, en segundo término, que todos ellos formaban una unidad económica única y, en tercer término, que las empresas demandantes que no eran partes en el arbitraje eran beneficiarias de la medida de ayuda de que se trata.
285
La Comisión rebate las alegaciones de los demandantes.
286
En aras de una buena administración de la justicia, la segunda parte del presente motivo, relativa a la falta de motivación de la Decisión impugnada, ha de examinarse antes que la primera parte de este, relativa al fundamento de dicha Decisión.
287
Habida cuenta de las alegaciones formuladas en apoyo del presente motivo, también resulta oportuno apreciar cada parte del mismo, por un lado, en lo que atañe a los Sres. Ioan y Viorel Micula y, por otro lado, en lo que respecta a las empresas demandantes que no fueron partes en el procedimiento arbitral.
a)
Segunda parte, basada en la falta de motivación
288
Ha de recordarse que la motivación exigida por el artículo 296 TFUE, que dispone que los actos jurídicos deberán estar motivados, constituye un requisito sustancial de forma (sentencia de 18 de junio de 2015, Ipatau/Consejo, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, apartado 37) y debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. Así, la exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas por dicho acto en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse en relación no solo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencias de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, apartado 63, y de 15 de abril de 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, apartado 79).
289
A este respecto, con carácter preliminar, procede señalar que, contrariamente a lo que sostienen los demandantes, la Comisión podía, sin modificar la motivación de la Decisión impugnada, invocar elementos basados en el laudo arbitral —adjunto a la demanda por los propios demandantes—, pero que no se recogieron en la motivación de dicha Decisión, para responder a las alegaciones que estos formularon durante el procedimiento contencioso ante el Tribunal General.
290
Como se ha recordado en el anterior apartado 288, la motivación de un acto se aprecia, en efecto, no solo a la luz del contenido del propio acto impugnado, sino también del contexto en el que se inscribe, contexto que en el caso de autos está constituido por el procedimiento arbitral y por el laudo arbitral que de él resulta.
291
Tales elementos eran, además, conocidos por los demandantes en el procedimiento arbitral, destinatarios del laudo arbitral. Por otro lado, procede considerar que las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral estaban en condiciones de conocer esos elementos de manera indirecta, a través de los Sres. Ioan y Viorel Micula, a saber, sus accionistas mayoritarios (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 12 de septiembre de 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Comisión, T‑68/03, EU:T:2007:253, apartado 45).
292
En estas circunstancias, los demandantes no pueden sostener válidamente que la Comisión, al responder a las alegaciones que habían formulado en la demanda y en la réplica, completó la motivación de la Decisión impugnada por referencia al contenido del laudo arbitral.
293
En el caso de autos, la Comisión concluyó, como se desprende del considerando 91 de la Decisión impugnada, lo siguiente:
«Los hermanos Micula y las tres empresas demandantes [en el procedimiento arbitral] forman en conjunto una sola unidad económica que constituye una empresa a los efectos de aplicación del artículo 107 [TFUE], apartado 1. Las otras empresas de EFDG por cuyas supuestas pérdidas se concedió indemnización a los hermanos Micula mediante el laudo arbitral (European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing SRL) forman parte, asimismo, de dicha única unidad económica. El beneficiario último de la medida de ayuda es dicha única unidad económica, constituida por los cinco demandantes [en el procedimiento arbitral] y dichas empresas de EFDG».
1) Sobre la motivación de la Decisión impugnada en la medida en que designa a los Sres. Ioan y Viorel Micula como beneficiarios de la medida de ayuda de que se trata
294
Tras haber indicado, en el considerando 85 de la Decisión impugnada, que las tres empresas demandantes en el procedimiento arbitral y los hermanos Micula en conjunto formaban una sola unidad económica a los efectos de la aplicación de la normativa en materia de ayudas estatales, la Comisión dedujo que esa entidad económica única debía considerarse la empresa en cuestión y expuso, en los considerandos 85 a 89 de dicha Decisión, las razones por las que estimaba que los cinco demandantes en el procedimiento arbitral formaban una unidad económica única. En particular, señaló que los Sres. Ioan y Viorel Micula poseían, directa o indirectamente, la práctica totalidad del capital de las empresas demandantes, de modo que, por tener estos «prácticamente la propiedad exclusiva», ejercían el «control absoluto» sobre esas mismas empresas. En el considerando 88 de dicha Decisión, añadió que las empresas demandantes en el procedimiento arbitral habían solicitado que los importes controvertidos se abonaran a los Sres. Ioan y Viorel Micula y concluyó que tal comportamiento demostraba la falta de autonomía de las empresas demandantes en el procedimiento arbitral con respecto a estos últimos.
295
Por último, como respuesta a las alegaciones de los demandantes, ante la presente instancia, la Comisión se ha referido al laudo arbitral, exponiendo los propios testimonios de los demandantes de los que se desprende que formaban una sola y única empresa con las empresas demandantes en el procedimiento arbitral. De este modo, la Comisión subrayó que, durante el procedimiento arbitral, los demandantes en él habían calificado su organización empresarial de «modelo de empresa integrado», de «empresa familiar cuyas decisiones se adoptaban verbalmente y que no solía funcionar sobre la base de planes escritos» o de «sistema integrado de empresas de producción».
296
En estas circunstancias, la Decisión impugnada está suficientemente motivada para permitir a los Sres. Ioan y Viorel Micula conocer las razones por las que la Comisión estimó que debía considerarse que formaban, junto con las empresas demandantes en el procedimiento arbitral, una entidad económica única a efectos de la aplicación de la normativa relativa a las ayudas de Estado, de modo que se les considere beneficiarios de la medida de ayuda de que se trata. La motivación de dicha Decisión era tanto más suficiente cuanto que se adoptó en un contexto bien conocido por estos últimos (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2017, Grecia/Comisión, T‑314/15, no publicada, EU:T:2017:903, apartado 110 y jurisprudencia citada).
297
Por consiguiente, debe desestimarse la primera imputación de la presente parte del motivo.
2) Sobre la motivación de la Decisión impugnada en la medida en que designa a las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral como beneficiarias de la medida de ayuda de que se trata
298
De la Decisión impugnada se desprende que la Comisión, tras haber recordado, en sus considerandos 81 y 82, la definición de empresa en el sentido de la jurisprudencia y los requisitos que permiten considerar que las entidades jurídicas, personas físicas o jurídicas, podían constituir conjuntamente una única unidad económica a efectos de la aplicación de las normas en materia de ayudas de Estado, indicó las razones por las que consideraba que todos los demandantes, incluidas las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral, formaban una única unidad económica.
299
Por lo que respecta a la pertenencia a una única unidad económica de las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral, tras haber señalado la Comisión que formaban parte de un grupo de empresas más amplio, a saber, el grupo EFDG, indicó, en el considerando 87 de la Decisión impugnada, que los demandantes en el procedimiento arbitral habían solicitado, durante el procedimiento, una indemnización por daños y perjuicios para las empresas demandantes que no eran partes en el arbitraje y cuantificó el importe de la indemnización solicitada en función de las pérdidas supuestamente sufridas por dicho grupo en su conjunto. La Comisión añadió, en el mismo considerando, que el tribunal arbitral había determinado que los Sres. Ioan y Viorel Micula poseían al menos el 99,96 % del capital de estas y subrayó que el comportamiento de los demandantes en el procedimiento arbitral y las evaluaciones de la indemnización realizadas por dicho tribunal demostraban que «los hermanos Micula y las tres empresas demandantes [en el procedimiento arbitral], así como las empresas […] que forman parte de[l grupo] EFDG, [que no eran partes en el procedimiento arbitral] constitu[ían] una sola unidad económica con un único interés económico». En el considerando 89 de dicha Decisión, la Comisión precisó que, de hecho, en virtud de su derecho de propiedad, los Sres. Ioan y Viorel Micula tienen igualmente «control absoluto» sobre las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral. En estas circunstancias, como se ha precisado en el anterior apartado 293, la Comisión concluyó que «el beneficiario último de la medida de ayuda [era] dicha única unidad económica, constituida por los cinco demandantes [en el procedimiento arbitral] y dichas empresas [del citado grupo]».
300
En respuesta a las alegaciones formuladas por los demandantes ante la presente instancia, la Comisión, remitiéndose a los testimonios de los demandantes aportados en el procedimiento arbitral, consideró, asimismo, que el desarrollo del grupo EFDG había seguido un plan empresarial integrado y único, «al haberse integrado las nuevas empresas y las nuevas inversiones en las empresas e inversiones existentes, de modo que todas las empresas cooperaron para crear, fabricar, envasar y distribuir los productos de manera eficiente».
301
De la motivación de la Decisión impugnada y del contexto en el que fue adoptada se desprende que las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral pudieron comprender las razones por las que la Comisión estimó que también ellas debían ser consideradas beneficiarias de la medida de ayuda de que se trata.
302
A este respecto, la alegación de los demandantes basada en que la Decisión impugnada no proporciona motivación alguna en cuanto al supuesto «disfrute efectivo» de la medida de ayuda de que se trata por parte de las empresas que no son demandantes en el procedimiento arbitral es, además, inoperante, puesto que, en ninguna parte de dicha Decisión, la Comisión se basó en el concepto de «disfrute efectivo» para identificar a los beneficiarios de esa medida.
303
Habida cuenta de todo lo anterior, debe desestimarse la segunda imputación de la presente parte del motivo y, en consecuencia, la referida parte en su totalidad.
b)
Primera parte, basada en un error manifiesto de apreciación
304
Los demandantes sostienen que la Comisión no ha demostrado de modo suficiente en Derecho y en esencia que, por razón tanto de su participación en el capital de las empresas del grupo EFDG como de sus vínculos con estas, los Sres. Ioan y Viorel Micula, más allá del ejercicio de sus derechos en su condición de accionistas en esas empresas, pudieran intervenir efectivamente en la gestión concreta de las empresas de ese grupo, formando con tales empresas una única unidad económica.
305
Los demandantes alegan, en particular, que la motivación de la Decisión impugnada sobre la existencia de intereses mayoritarios —por lo demás no probada— en el capital de las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral, sobre el hecho de que se autorizara a los Sres. Ioan y Viorel Micula, durante el procedimiento arbitral, a solicitar una indemnización por las pérdidas que sufrieron a través de dichas empresas y sobre la circunstancia de que el tribunal arbitral indemnizó «colectivamente» a los cinco demandantes en el procedimiento arbitral, no basta para demostrar la existencia de un control por parte de los Sres. Ioan y Viorel Micula sobre la supuesta unidad económica que estos formaban con las empresas del grupo EFDG.
306
Según los demandantes, dado que una ayuda de Estado no puede beneficiar a personas físicas que no son empresas, la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación en la Decisión impugnada, al designar a los Sres. Ioan y Viorel Micula, que no ejercían ninguna actividad económica, como beneficiarios de la medida de ayuda de que se trata.
307
Los demandantes añaden que, mientras que los Sres. Ioan y Viorel Micula fueron indemnizados por el laudo arbitral por los perjuicios que sufrieron por su mera condición de accionistas de las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral, estas últimas, que no recibieron cantidad alguna, tampoco pueden considerarse beneficiarias de la medida de ayuda de que se trata.
308
Por lo demás, los demandantes puntualizan que el análisis que realizó el tribunal arbitral en el laudo arbitral se refiere al período comprendido entre los años 2000 y 2009, y no al período tenido en cuenta en la Decisión impugnada.
309
Procede recordar que el Derecho de la Unión en materia de competencia y, en particular, la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE, apartado 1, se refieren a las actividades de las empresas (sentencia de 25 de julio de 2018, Comisión/España y otros, C‑128/16 P, EU:C:2018:591, apartado 34).
310
Según reiterada jurisprudencia, en el contexto del Derecho de la competencia, el concepto de «empresa» comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación (véase la sentencia de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros, C‑222/04, EU:C:2006:8, apartado 107 y jurisprudencia citada).
311
Constituye una actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado (véase la sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, apartado 45 y jurisprudencia citada).
312
De este modo, el Derecho de la competencia de la Unión, al contemplar las actividades de las empresas, consagra como criterio decisivo la existencia de una unidad de comportamiento en el mercado, sin que la separación formal entre diversas sociedades resultante de su personalidad jurídica distinta pueda oponerse a tal unidad a efectos de la aplicación de las normas sobre la competencia (sentencia de 27 de junio de 2024, Unichem Laboratories/Comisión, C‑166/19 P, no publicada, EU:C:2024:548, apartado 52).
313
Por lo tanto, cuando personas físicas o jurídicas distintas desde el punto de vista jurídico constituyen una unidad económica, deben ser tratadas como una sola empresa para lo que se refiere a la aplicación de las normas de competencia de la Unión. En el ámbito de las ayudas de Estado, la cuestión de si existe una unidad económica se plantea, en particular, cuando se trata de identificar al beneficiario de una ayuda [véase la sentencia de 19 de mayo de 2021, Ryanair/Comisión (KLM; Covid‑19), T‑643/20, EU:T:2021:286, apartado 46 y jurisprudencia citada].
314
Entre los factores que la jurisprudencia ha tenido en cuenta para determinar si existe o no una unidad económica en el ámbito de las ayudas de Estado figuran, en particular, la participación de la sociedad de que se trate en un grupo de sociedades controladas directa o indirectamente por una de ellas, la realización de actividades económicas idénticas o paralelas, el hecho de que las sociedades en cuestión no gocen de autonomía económica, la formación de un grupo único controlado por una entidad, la posibilidad de que una entidad que posee participaciones de control en otra sociedad ejerza sobre esta funciones de control, promoción y financiación y la existencia de vínculos orgánicos y funcionales entre ellas [véase la sentencia de 19 de mayo de 2021, Ryanair/Comisión (KLM; Covid‑19), T‑643/20, EU:T:2021:286, apartado 47 y jurisprudencia citada].
315
Si bien habitualmente la actividad económica se ejerce de forma directa en el mercado, no cabe excluir que pueda ser ejercida de modo conjunto por un operador en contacto directo con el mercado e, indirectamente, por otra entidad que controla a dicho operador formando con él una unidad económica (sentencia de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros, C‑222/04, EU:C:2006:8, apartados 109 y 110).
316
No obstante, es necesario subrayar que la mera tenencia de participaciones, aunque sean de control, no basta para caracterizar una actividad económica de la entidad que las posee cuando dicha circunstancia solo implique el ejercicio de los derechos vinculados a la condición de accionista o socio, así como, en su caso, la percepción de dividendos, que no son más que los frutos que produce la propiedad de un bien (sentencia de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros, C‑222/04, EU:C:2006:8, apartado 111).
317
En cambio, debe estimarse que una entidad que posee el control de una sociedad y ejerce efectivamente dicho control interviniendo directa o indirectamente en la gestión de esta última, participa en la actividad económica desarrollada por la empresa controlada, por lo que debe considerarse, en sí misma, una empresa en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1 (sentencia de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros, C‑222/04, EU:C:2006:8, apartados 112 y 113).
318
La Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación para determinar si las sociedades que forman parte de un grupo deben ser consideradas como una unidad económica o como sociedades jurídica y financieramente autónomas, a efectos de la aplicación del régimen de las ayudas de Estado (sentencia de 29 de junio de 2000, DSG/Comisión, T‑234/95, EU:T:2000:174, apartado 124).
319
El control del juez de la Unión debe limitarse a la comprobación, además de del respeto de las normas de procedimiento y de motivación, de la exactitud material de los hechos y de la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder. Con tal fin, el juez de la Unión no solo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen la totalidad de los datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sustentar las conclusiones que se deducen de los mismos [véase la sentencia de 19 de mayo de 2021, Ryanair/Comisión (KLM; Covid‑19), T‑643/20, EU:T:2021:286, apartados 69 y 70 y jurisprudencia citada].
320
A este respecto, el juez de la Unión debe examinar la legalidad de una decisión en materia de ayudas de Estado en función de la información de que podía disponer la Comisión en el momento en que la adoptó, que incluye aquella que parecía pertinente para la apreciación que había de llevarse a cabo y que habría podido obtener, si lo hubiera solicitado, durante el procedimiento administrativo (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Comisión/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, apartados 70 y 71).
1) Primera imputación, basada en un error manifiesto de apreciación en cuanto a la designación de los Sres. Ioan y Viorel Micula como beneficiarios de la medida de ayuda de que se trata
321
Consta, en el caso de autos, que todos los demandantes en el procedimiento arbitral fueron destinatarios del abono de los importes controvertidos. Los Sres. Ioan y Viorel Micula reconocen expresamente que fueron beneficiarios de dicho abono en sus respuestas a las preguntas escritas que el Tribunal General les dirigió el 30 de mayo de 2023 mediante una diligencia de ordenación del procedimiento practicada sobre la base del artículo 89 del Reglamento de Procedimiento (en lo sucesivo, «diligencia de ordenación del procedimiento de 30 de mayo de 2023»).
322
El hecho de que una parte de los importes fuera «bloqueada» en una cuenta abierta a nombre de los cinco demandantes en el procedimiento arbitral no puede desvirtuar esta afirmación. En efecto, no se exige una transferencia efectiva de fondos estatales, toda vez que se confiere el derecho a los beneficiarios (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Arriva Italia y otros, C‑385/18, EU:C:2019:1121, apartado 36).
323
Los Sres. Ioan y Viorel Micula afirman, no obstante, que los importes controvertidos solo pueden haberles beneficiado, en esencia, como accionistas de las empresas del grupo EFDG y no como entidades que ejercen una actividad económica. Deducen esta afirmación, en particular, del razonamiento seguido por el tribunal arbitral en apoyo del laudo arbitral.
324
En primer lugar y sin que los demandantes cuestionen las apreciaciones fácticas realizadas por el tribunal arbitral y reproducidas en apoyo de la Decisión impugnada, de los autos se desprende que, durante el procedimiento arbitral, como demuestran las observaciones y testimonios presentados por los demandantes en el procedimiento arbitral el 22 de diciembre de 2009 y reproducidos en apoyo del laudo arbitral, los Sres. Ioan y Viorel Micula, tras el éxito de sus inversiones iniciales, ampliaron sus actividades de producción de bebidas, como resulta del apartado 160 de dicho laudo, construyendo lo que se convertiría en un sistema de producción integrado. A este respecto, los demandantes en el procedimiento arbitral alegaron, como se desprende del apartado 161 del citado laudo, que estaba prevista la expansión de sus actividades de producción, mediante la creación de nuevas empresas, para coincidir con la expiración de los incentivos fiscales previstos para las empresas anteriores. De este modo, las nuevas empresas e inversiones estaban integradas en las empresas e inversiones existentes, por lo que todas las empresas cooperaron «para crear, fabricar, envasar y distribuir los productos de manera eficiente». En particular, de su réplica de 22 de diciembre de 2009, reproducida en el apartado 164 del mismo laudo, resulta que los demandantes en el procedimiento arbitral desplazaron su destilería, convertida más tarde en la sociedad Scandic Distilleries, a la provincia de Bihor para acogerse al régimen de incentivos fiscales de que se trata.
325
Mientras que los Sres. Ioan y Viorel Micula habían previsto inicialmente reorientar sus actividades de la región minera de Ștei‑Nucet, decidieron, como se precisa en el apartado 554 del laudo arbitral, permanecer en la provincia de Bihor para acogerse al régimen de incentivos fiscales de que se trata. A este respecto, los Sres. Ioan y Viorel Micula declararon que las empresas demandantes European Food, Starmill y Multipack habían sido creadas, la primera, para importar la mayoría de las materias primas, la segunda, para crear instalaciones de molienda de grano integradas internamente y, la tercera, para establecer el envase y el etiquetado de la casi totalidad de los productos de las sociedades del grupo. Indicaron igualmente, como se desprende de sus testimonios presentados el 22 de diciembre de 2009, que, gracias a una integración vertical de sus instalaciones, su modelo de estrategia comercial pretendía alcanzar una rentabilidad a largo plazo beneficiándose de dicho régimen. De este modo, los demandantes en el procedimiento arbitral tuvieron que realizar una inversión inicial para aprovechar los incentivos para el desarrollo de una actividad integrada, competitiva y eficiente a largo plazo.
326
Asimismo, de las observaciones presentadas por los demandantes en el procedimiento arbitral el 13 de mayo de 2011, tal como se recogen en el apartado 555 del laudo arbitral, se desprende que ellos se definían como «empresas familiares» y que los Sres. Ioan y Viorel Micula habían examinado cuidadosamente el impacto del régimen de incentivos fiscales de que se trata y la manera en que podían beneficiarse de él y, antes de tomar la decisión de invertir allí, habían sopesado los inconvenientes de operar en una región desfavorecida, que carecía de infraestructuras y de trabajadores cualificados, y las ventajas proporcionadas por dicho régimen.
327
Los demandantes en el procedimiento arbitral también mencionaron en él, como se desprende del apartado 1067 del laudo arbitral, su «modelo económico global», que consistía en construir «una plataforma de producción» duradera al expirar el régimen de incentivos fiscales de que se trata.
328
Se desprende del testimonio de uno de sus coadyuvantes, al que se hace referencia en el apartado 1072 del laudo arbitral, citado en el escrito de contestación y reproducido en el apartado 1071 de dicho laudo, que ese coadyuvante incluyó, en el marco de su primera declaración, diagramas que mostraban «la integración de las diferentes instalaciones», que permitieron poner de manifiesto, en esencia, que la planificación inicial del grupo EFDG en cuanto al uso compartido de esa infraestructura había permitido ahorros considerables que se habían reinvertido en «la expansión y la integración de la empresa».
329
De los testimonios y de las observaciones presentados de este modo por los demandantes en el procedimiento arbitral en tal procedimiento se desprende que los Sres. Ioan y Viorel Micula intervenían en las actividades económicas de las empresas demandantes que eran partes en dicho procedimiento, interfiriendo directa o indirectamente en la gestión de estas.
330
En segundo lugar, ha de añadirse que la indemnización colectiva concedida por el laudo arbitral y el hecho de que las empresas demandantes en el procedimiento arbitral solicitaron, en ese procedimiento, que los importes controvertidos se abonaran a los Sres. Ioan y Viorel Micula —extremo que estos últimos no niegan— corroboran la existencia de una falta de autonomía tanto funcional como organizativa de las empresas demandantes en el procedimiento arbitral respecto de estos últimos.
331
En tercer y último lugar, del apartado 1245 del laudo arbitral —invocado por la Comisión— se desprende que el tribunal arbitral no tuvo «la intención de abordar la cuestión de si la indemnización por daños y perjuicios de los accionistas [era] equivalente al perjuicio sufrido por la sociedad subyacente» y añadió que estaba convencido de que, «habida cuenta de la importancia de su participación en las sociedades [del grupo EFDG, los Sres. Ioan y Viorel Micula] […] [habían sufrido], indirectamente, al menos una gran parte, incluso la casi totalidad, del perjuicio sufrido directamente por las sociedades demandantes». En estas circunstancias, los demandantes no pueden sostener que los Sres. Ioan y Viorel Micula fueron indemnizados exclusivamente por su condición de accionistas de las empresas de que se trata.
332
Las demás alegaciones de los demandantes tampoco pueden respaldar eficazmente las pretensiones de estos.
333
Para empezar, el hecho de que ni el Sr. Ioan Micula ni el Sr. Viorel Micula posean, por separado, la mayoría del capital de ninguna de las empresas del grupo EFDG carece de incidencia en cuanto a la existencia de una única unidad económica entre ellos y dichas empresas, al ser, conjuntamente, accionistas mayoritarios de las mismas empresas.
334
A continuación, los demandantes alegan que los elementos basados en el laudo arbitral se refieren únicamente al período comprendido entre los años 2000 y2009 y, por tanto, no son pertinentes para apreciar la existencia de una única unidad económica cuando se adoptó la Decisión impugnada.
335
A este respecto, procede señalar que, en sus respuestas a las preguntas escritas que se le habían planteado en el marco de la diligencia de ordenación del procedimiento de 30 de mayo de 2023, la Comisión indicó que «los demandantes nunca [sostuvieron] durante el procedimiento de investigación formal que [los] vínculos [de control] de los Sres. Ioan y Viorel Micula sobre las sociedades [del grupo] EFDG por las que se [había] concedido la indemnización por daños y perjuicios hubieran cambiado después [del] período [cubierto por la indemnización]». La Comisión añadió que, aunque la cuestión de la existencia de una única unidad económica se había planteado durante el procedimiento de investigación formal, «los demandantes en el procedimiento arbitral no [aportaron] ningún hecho o elemento de prueba que contradijese la conclusión provisional de la Comisión según la cual los Sres. Ioan y Viorel Micula controlaban las sociedades por cuyas pérdidas el tribunal arbitral concedía una indemnización por daños y perjuicios, ni las razones por las que [dicho tribunal] la [concedió] también a dichas personas físicas».
336
Los demandantes, que no han negado tales afirmaciones, no demuestran, ni siquiera alegan, que su estructura de capital o su modo de funcionamiento interno hubieran evolucionado entre el final del período por el que fueron indemnizados y la adopción de la Decisión impugnada.
337
Por último, aunque la Comisión no consideró en la Decisión impugnada, como ella misma reconoce, que los Sres. Ioan y Viorel Micula, como personas físicas, también debían ser considerados, cada uno de ellos, empresas a efectos de la aplicación de la normativa relativa a las ayudas de Estado, esto no afecta a la calificación de los beneficiarios de la medida de ayuda de que se trata, puesto que la Comisión estimó, en el considerando 85 de dicha Decisión, que los Sres. Ioan y Viorel Micula formaban, junto con todas las empresas demandantes en el procedimiento arbitral, una sola unidad económica que constituía la empresa de que se trata a efectos de la aplicación de dicha normativa.
338
Por lo tanto, los Sres. Ioan y Viorel Micula no pueden pretender que no ejercen actividad económica para rebatir que, mediante el abono de los importes controvertidos, fueron beneficiarios de una medida de ayuda de Estado.
339
Habida cuenta de todo lo anterior y a la vista de la amplia facultad de apreciación reconocida a la Comisión, debe desestimarse la primera imputación de la presente parte del motivo.
2) Sobre la segunda imputación, basada en un error manifiesto de apreciación en cuanto a la designación de las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral como beneficiarias de la medida de ayuda de que se trata
340
En el caso de autos, en primer lugar, del diagrama representativo de la estructura del grupo EFDG, aportado en el procedimiento arbitral por uno de los expertos llamados por los demandantes en ese procedimiento y reproducido en el apartado 937 del laudo arbitral citado por la Comisión en su escrito de contestación, se desprende que los Sres. Ioan y Viorel Micula son titulares del 95 % del capital de la sociedad Transilvania General Import‑Export, que posee, por una parte, el 20 % del capital de European Drinks, mientras que el 80 % restante pertenece directamente a los hermanos Micula, y, por otra parte, el 58 % del capital de la sociedad West Leasing, de cuyo 42 % restante estos también son directamente titulares.
341
Además, el diagrama de la estructura de capital de las empresas del grupo EFDG demuestra que los Sres. Ioan y Viorel Micula poseen el 99 % del capital de la sociedad Rieni Drinks y el 96 % del de la sociedad Scandic Distilleries.
342
En el procedimiento arbitral, como se desprende del apartado 156 del laudo arbitral —sin que los demandantes cuestionen su exactitud—, los Sres. Ioan y Viorel Micula afirmaron expresamente ser los accionistas mayoritarios de las empresas del grupo EFDG.
343
Por lo tanto, los Sres. Ioan y Viorel Micula, que no demuestran, ni siquiera alegan, que su participación en el capital de las empresas del grupo EFDG haya evolucionado desde la adopción del laudo arbitral, como se desprende del anterior apartado 336, poseen, directa e indirectamente, la práctica totalidad de las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral. Además, no se discute, por un lado, que esas demandantes son empresas en la medida en que ejercen efectivamente una actividad económica y, por otro lado, que tales empresas pertenecen a dicho grupo, que interviene, en particular, en la fabricación industrial de productos alimenticios, de productos de molinería o de envases de plástico.
344
En estas circunstancias, debe considerarse que, habida cuenta de su derecho de propiedad sobre todas las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral, los Sres. Ioan y Viorel Micula, mediante la titularidad de la totalidad o de la práctica totalidad del capital de estas últimas, ejercen funciones de promoción y financiación sobre el conjunto de dichas empresas, de modo que aseguran el control exclusivo o casi exclusivo de estas.
345
Además, al desarrollar actividades económicas idénticas o paralelas, las empresas controladas por los Sres. Ioan y Viorel Micula constituyen un todo coherente, tanto desde el punto de vista financiero como industrial, formando así un grupo único controlado por estos últimos.
346
En segundo lugar, de los propios testimonios de los demandantes en el procedimiento arbitral, aportados durante ese procedimiento, se desprende que su modelo de estrategia comercial contemplaba una integración vertical de sus instalaciones, que estos se definían como una «empresa familiar» cuyas decisiones se tomaban verbalmente, sin costumbre de operar sobre la base de planes escritos y, por último, que su «modelo económico global» consistía en construir una plataforma de producción duradera a la expiración del régimen de incentivos fiscales de que se trata, de manera que los Sres. Ioan y Viorel Micula se implicaban directamente en la decisión de invertir en nuevas instalaciones, examinando el impacto de dicho régimen, sus ventajas y sus inconvenientes, como se ha precisado, respectivamente, en los apartados 325 a 327 de la presente sentencia.
347
En particular, los demandantes en el procedimiento arbitral alegaron que, como se ha precisado en el anterior apartado 324, en la expansión de sus actividades de producción las nuevas empresas e inversiones estaban integradas en las empresas e inversiones existentes, de modo que todas las empresas cooperan para «crear, fabricar, envasar y distribuir los productos de manera eficiente». A este respecto, según se ha recordado en el anterior apartado 328, la planificación inicial del grupo EFDG en cuanto al uso compartido de las diferentes instalaciones permitió un ahorro considerable que se reinvirtió en «la expansión y la integración de la empresa».
348
Así pues, del análisis de la primera imputación de esta parte del motivo se desprende que los elementos obrantes en autos, tal como se reproducen en los anteriores apartados 324 a 328, permiten confirmar la existencia de vínculos económicos y organizativos que unen a los demandantes, incluidas las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral, dentro de un mismo mercado y de una misma actividad integrada, con el fin de ser competitivos y eficaces a largo plazo.
349
Si bien los demandantes sostienen, no obstante, que los Sres. Ioan y Viorel Micula no intervenían en la gestión directa de las empresas del grupo EFDG, se limitan a afirmar al respecto que estas actuaban «de manera independiente», determinando su propia línea de acción en el mercado, pero no aportan el más mínimo dato concreto y documentado en apoyo de esta afirmación.
350
En tercer y último lugar, cabe señalar que, contrariamente a lo que sostienen los demandantes, la falta de autonomía económica de las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral se ve corroborada por el hecho de que, en tal procedimiento, los demandantes en el procedimiento arbitral solicitaron que la evaluación de su perjuicio también tuviera en cuenta el sufrido por esas empresas.
351
En estas circunstancias y de conformidad con los principios jurisprudenciales recordados en el apartado 314 de la presente sentencia, debe concluirse que los Sres. Ioan y Viorel Micula pertenecen, junto con las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral, a una única y misma empresa a efectos de la aplicación de la normativa en materia de ayudas de Estado.
352
Sin embargo, los demandantes añaden que las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral no pueden ser consideradas como beneficiarias de la medida de ayuda de que se trata, puesto que el tribunal arbitral no les concedió indemnización alguna.
353
A este respecto, basta en todo caso con señalar que la Comisión no estimó que las empresas que no eran partes en el procedimiento arbitral fueran beneficiarias de la medida de ayuda de que se trata por haberse beneficiado efectivamente del abono de los importes controvertidos. La Comisión consideró que esas empresas eran beneficiarias de tal medida por el mero hecho de que formaban, junto con los demás demandantes, una única unidad económica que constituía la empresa de que se trata a efectos de la aplicación de las normas en materia de ayudas de Estado, como se desprende de los considerandos 85 a 91 de la Decisión impugnada.
354
Pues bien, de los anteriores apartados 340 a 351 se desprende que la Comisión podía legítimamente considerar que las empresas que no eran partes en el procedimiento arbitral formaban, junto con los demás demandantes, una sola y misma empresa a efectos de la aplicación de la normativa en materia de ayudas de Estado.
355
Por lo tanto, los importes abonados a los demandantes en el procedimiento arbitral, en ejecución o mediante la aplicación del laudo arbitral, podían beneficiar, directa o indirectamente, a las empresas que no eran partes en el procedimiento arbitral. Así sucede, ya que los Sres. Ioan y Viorel Micula, que ejercían funciones de promoción y de financiación esas mismas empresas, podían considerar necesario, para alcanzar de forma duradera el objetivo económico asignado a las empresas del grupo EFDG, invertir total o parcialmente esos importes en la consolidación financiera o el desarrollo económico de dichas empresas.
356
Por consiguiente, carece de incidencia sobre la designación de las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral como beneficiarias de la medida de ayuda de que se trata el hecho de que estas últimas no hubieran sido designadas como beneficiarias de la indemnización concedida por el tribunal arbitral en virtud del laudo arbitral.
357
Habida cuenta de todo lo anterior, debe desestimarse la segunda imputación de la presente parte y, por lo tanto, esta parte y, en consecuencia, el quinto motivo en su totalidad.
6.
Sobre el sexto motivo, basado en un error de Derecho en lo concerniente a la recuperación de la ayuda
[omissis]
360
Mediante la segunda parte, los demandantes alegan que la recuperación de los importes controvertidos no puede reclamarse a determinadas entidades a las que se refiere la Decisión impugnada, a saber, en el asunto T‑704/15, el Sr. Viorel Micula, que no puede considerarse una empresa y, en los tres asuntos acumulados, las empresas demandantes que no eran partes en el procedimiento arbitral, puesto que no fueron designadas como beneficiarias en el laudo arbitral.
361
A este respecto, los demandantes añaden que la recuperación de los importes controvertidos solo puede reclamarse a aquellos que disfrutaron efectivamente de ellos, es decir, solo los demandantes en el procedimiento arbitral, todos o algunos de ellos.
362
Por lo tanto, según los demandantes, la Comisión no debería haber concluido que todos ellos eran responsables solidarios de la devolución, sino que debería haber demostrado cuáles de ellos se habían beneficiado efectivamente de la ayuda.
363
La Comisión rebate las alegaciones de los demandantes.
364
Procede recordar que, de conformidad con el Derecho de la Unión, cuando la Comisión compruebe que unas ayudas no son compatibles con el mercado interior, puede ordenar al Estado miembro que recupere dichas ayudas de los beneficiarios (sentencia de 8 de mayo de 2003, Italia y SIM 2 Multimedia/Comisión, C‑328/99 y C‑399/00, EU:C:2003:252, apartado 65).
365
La supresión de una ayuda ilegal mediante su recuperación es la consecuencia lógica de la declaración de su ilegalidad y tiene por objeto restablecer la situación anterior. Dicho objetivo se logra una vez que las ayudas de que se trata, más, en su caso, los intereses de demora han sido devueltas por el beneficiario o, en otros términos, por las empresas que las han disfrutado efectivamente (sentencias de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Aer Lingus y Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P y C‑165/15 P, EU:C:2016:990, apartados 89 y 90, y de 13 de diciembre de 2018, Transavia Airlines/Comisión, T‑591/15, EU:T:2018:946, apartado 299). A través de esta devolución, el beneficiario pierde, en efecto, la ventaja de que hubiera disfrutado en el mercado respecto a sus competidores y queda restablecida la situación anterior a la concesión de la ayuda (sentencia de 1 de octubre de 2015, Electrabel y Dunamenti Erőmű/Comisión, C‑357/14 P, EU:C:2015:642, apartado 110 y jurisprudencia citada).
366
A este respecto, procede recordar que la existencia de una unidad económica permite identificar la empresa, aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas, beneficiarias de la ayuda de que se trate [véase, en este sentido, la sentencia de 17 de marzo de 2015, Pollmeier Massivholz/Comisión, T‑89/09, EU:T:2015:153, apartados 122 y 123 (no publicados)].
367
Por otra parte, la recuperación de la ayuda, con objeto de restablecer la situación anterior, no puede considerarse, en principio, una medida desproporcionada en relación con los objetivos de las disposiciones del Tratado FUE en materia de ayudas de Estado (véanse las sentencias de 11 de marzo de 2010, CELF y ministre de la Culture et de la Communication, C‑1/09, EU:C:2010:136, apartado 54 y jurisprudencia citada, y de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Aer Lingus y Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P y C‑165/15 P, EU:C:2016:990, apartado 116 y jurisprudencia citada).
368
El Tribunal General considera oportuno analizar, en primer lugar, la segunda parte del presente motivo, relativa a los beneficiarios de la ayuda, y, en segundo lugar, su primera parte, relativa al importe de la ayuda.
a)
Sobre la segunda parte, basada en el error de Derecho de que adolece la Decisión impugnada en la medida en que ordena recuperar la medida de ayuda de que se trata de determinados demandantes
369
La Comisión indicó, en el considerando 160 de la Decisión impugnada, que «Rumanía [debía] recuperar cualquier pago de la indemnización concedida a los demandantes por el [tribunal arbitral], puesto que dicho pago e[ra] constitutivo de ayuda estatal ilegal e incompatible» y afirmó que «como los cinco demandantes [en el procedimiento arbitral], junto con las otras empresas pertinentes de EFDG forma[ba]n una sola unidad económica […], [eran] responsables de manera solidaria de devolver la ayuda estatal recibida por cada uno de ellos al Estado rumano».
370
Con carácter preliminar, dado que se ha concluido, en apoyo del análisis de la primera imputación de la primera parte del quinto motivo, que los Sres. Ioan y Viorel Micula formaban parte de una única unidad económica, procede desestimar la alegación de que la medida de ayuda de que se trata no podía recuperarse del Sr. Viorel Micula, como sostuvieron los demandantes en el asunto T‑704/15, debido a que este no podía considerarse una empresa a efectos de la aplicación de la normativa en materia de ayudas de Estado.
371
Además, si bien es cierto que, a falta de normativa de la Unión en la materia, la recuperación de la ayuda ilegal debe efectuarse conforme a las modalidades de aplicación previstas por el Derecho nacional aplicable (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, apartado 108), para rebatir la legalidad de la Decisión impugnada, los demandantes en los asuntos T‑624/15 RENV y T‑694/15 RENV no pueden sostener válidamente, en cambio, que la recuperación del Sr. Ioan Micula de las «deudas [de las empresas demandantes] [vulneraría] ilegalmente la personalidad jurídica e infring[iría] la legislación rumana sobre sociedades, reflejada en diversas directivas sobre los derechos de los accionistas».
372
Dicho esto, para rebatir la apreciación de la Comisión, los demandantes sostienen, en esencia, que la recuperación de los importes controvertidos solo podía efectuarse de las empresas que hubieran tenido «el disfrute efectivo», a saber, únicamente los demandantes en el procedimiento arbitral, que fueron designados como beneficiarios por el laudo arbitral. Alegan que el hecho, suponiéndolo fundado, de que todas las empresas demandantes pertenezcan a una única entidad económica carece de pertinencia.
373
Los demandantes basan su argumentación en las sentencias de 11 de mayo de 2005, Saxonia Edelmetalle y ZEMAG/Comisión (T‑111/01 y T‑133/01, EU:T:2005:166), apartado 113, y de 19 de octubre de 2005, Freistaat Thüringen/Comisión (T‑318/00, EU:T:2005:363), apartado 324, que reproducen la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en el apartado 365 de la presente sentencia.
374
Sin embargo, contrariamente a lo que sostienen los demandantes, las sentencias citadas en el anterior apartado 373 no pueden obstar a la recuperación de una medida de ayuda de todas las entidades que constituyen una única unidad económica.
375
En efecto, por una parte, los asuntos que dieron lugar a las sentencias citadas en el anterior apartado 373 no se refieren, como en el caso de autos, a entidades económicas que forman una sola y misma empresa en el marco de una única unidad económica.
376
Por otra parte, como se ha recordado en el anterior apartado 312, el Derecho de la competencia de la Unión, al contemplar las actividades de las empresas, consagra como criterio decisivo la existencia de una unidad de comportamiento en el mercado, sin que la separación formal entre diversas sociedades resultante de su personalidad jurídica distinta pueda obstar a tal unidad a efectos de la aplicación de las normas sobre la competencia.
377
En el caso de autos, como se desprende del análisis del quinto motivo y, en particular, de los anteriores apartados 344 y 355, los Sres. Ioan y Viorel Micula, ejerciendo funciones de promoción y de financiación a todas las empresas del grupo EFDG, pueden hacer que esas empresas se beneficien de la medida de ayuda de que se trata, directa o indirectamente, a falta de cualquier decisión autónoma de las propias empresas. Mediante la devolución de la medida de ayuda de que se trata, la unidad económica única que forman conjuntamente los demandantes pierde de este modo la ventaja de la que había disfrutado en el mercado respecto a sus competidores y queda restablecida la situación anterior a la concesión de la ayuda.
378
Habida cuenta de todo lo anterior, debe desestimarse la presente parte del motivo.
[omissis]
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda ampliada)
decide:
1)
Acumular los asuntos T‑624/15 RENV, T‑694/15 RENV y T‑704/15 RENV a efectos de la sentencia.
2)
Desestimar los recursos.
3)
European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, los Sres. Ioan y Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL y West Leasing SRL, anteriormente West Leasing International SRL, cargarán con sus propias costas y con las costas en las que incurrió la Comisión Europea en los asuntos T‑624/15, T‑694/15, T‑704/15, T‑624/15 RENV, T‑694/15 RENV, T‑704/15 RENV y C‑638/19 P.
4)
La República Federal de Alemania cargará con sus propias costas en los asuntos T‑624/15 RENV, T‑694/15 RENV, T‑704/15 RENV y C‑638/19 P.
5)
El Reino de España cargará con sus propias costas en los asuntos T‑624/15, T‑694/15, T‑704/15, T‑624/15 RENV, T‑694/15 RENV, T‑704/15 RENV y C‑638/19 P.
6)
La República de Letonia cargará con sus propias costas en los asuntos T‑624/15 RENV, T‑694/15 RENV, T‑704/15 RENV y C‑638/19 P.
7)
Hungría cargará con sus propias costas en los asuntos T‑624/15, T‑694/15, T‑704/15, T‑624/15 RENV, T‑694/15 RENV, T‑704/15 RENV y C‑638/19 P.
8)
La República de Polonia cargará con sus propias costas en los asuntos T‑624/15 RENV, T‑694/15 RENV, T‑704/15 RENV y C‑638/19 P.
Marcoulli
Tomljenović
Półtorak
Norkus
Valasidis
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de octubre de 2024.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento inglés.
(
1
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.