62021CC0522
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 27 de octubre de 2022 (
1
)
Asunto C‑522/21
MS
contra
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal del Palatinado en Zweibrücken, Alemania)]
«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Protección de las obtenciones vegetales — Reglamento (CE) n.o 2100/94 — Excepción contemplada en el artículo 14, apartado 3 — Artículo 94, apartado 2 — Infracciones — Derecho de reparación — Reglamento (CE) n.o 1768/95 — Artículo 18, apartado 2 — Indemnización por daños y perjuicios — Cantidad a tanto alzado calculada tomando como base el cuádruple del importe cobrado por la licencia — Competencia de la Comisión Europea — Apreciación de la validez»
I. Introducción
1.
La presente petición de decisión prejudicial se plantea en el contexto de un litigio entre una agrupación de titulares de una obtención vegetal y un agricultor a propósito del cálculo del importe del perjuicio resultante de la plantación ilícita por este último de una de las variedades protegidas.
2.
El órgano jurisdiccional remitente solicita que se aprecie la validez del artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1768/95 (
2
) (en lo sucesivo, «disposición controvertida»), el cual fija una cantidad mínima a tanto alzado en concepto de indemnización, a la luz del artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 2100/94. (
3
)
3.
En la medida en que las dudas de ese órgano jurisdiccional derivan de la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de dicha disposición del Reglamento n.o 2100/94, el presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de abordar de nuevo la interpretación de la citada disposición.
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
1.
Reglamento n.o 2100/94
4.
El artículo 13 del Reglamento n.o 2100/94, que lleva por epígrafe «Derechos del titular de una protección comunitaria de obtención vegetal y limitaciones», establece lo siguiente en sus apartados 1 a 3:
«1.   La protección comunitaria de las obtenciones vegetales tiene el efecto de reservar al titular o a los titulares de una protección comunitaria de obtención vegetal, denominados en lo sucesivo “el titular”, el derecho de llevar a cabo respecto de la variedad las operaciones a que se refiere el apartado 2.
2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del titular para la ejecución de las operaciones siguientes con componentes de una variedad o material cosechado de la variedad en cuestión, todo ello denominado en lo sucesivo “material”:
a)
producción o reproducción (multiplicación);
[…]
El titular podrá condicionar o restringir su autorización.
3.   Lo dispuesto en el apartado 2 se aplicará al material cosechado solo si este se ha obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida, y siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre dichos componentes de la variedad.»
5.
El artículo 14 de dicho Reglamento, cuyo epígrafe es «Excepción a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales», tiene el siguiente tenor:
«1.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13 y con objeto de salvaguardar la producción agrícola, los agricultores estarán autorizados a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido de haber plantado en sus propias explotaciones material de propagación de una variedad que, no siendo híbrida ni sintética, esté acogida a un derecho de protección comunitaria de las obtenciones vegetales.
2.   Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán únicamente a las especies vegetales agrícolas de:
[…]
b)
cereales:
[…]
Hordeum vulgare L. — cebada común
[…]
3.   Las condiciones para hacer efectiva la excepción del apartado 1 y proteger los intereses legítimos del obtentor y del agricultor se establecerán antes de la entrada en vigor del presente Reglamento mediante normas de desarrollo, de conformidad con el artículo 114, sujetas a los criterios siguientes:
–
no habrá restricciones cuantitativas en la explotación del agricultor cuando así lo requieran las necesidades de la explotación;
–
el producto de la cosecha podrá ser sometido a tratamiento para su plantación, por el propio agricultor o por medio de servicios a los que este recurra, sin perjuicio de las restricciones que puedan establecer los Estados miembros con respecto a la organización del tratamiento del mencionado producto de la cosecha, en particular para garantizar la identidad del producto que se va a someter a tratamiento y del resultante del procesamiento;
–
no se exigirá de los pequeños agricultores que paguen remuneraciones al titular; se considerará que son pequeños agricultores:
[…]
–
los demás agricultores estarán obligados a pagar al titular una remuneración justa, que será apreciablemente menor que la cantidad que se cobre por la producción bajo licencia de material de propagación de la misma variedad en la misma zona [en lo sucesivo, “producción bajo licencia”]; el nivel efectivo de dicha remuneración equitativa podrá ser modificado con el tiempo, teniendo en cuenta en qué medida se va a hacer uso de la excepción contemplada en el apartado 1 con respecto a la variedad de que se trate;
–
el control de la observancia de las disposiciones del presente artículo o de las disposiciones que se adopten de conformidad con el mismo será responsabilidad exclusiva de los titulares; al organizar dicho control no podrán solicitar asistencia de organismos oficiales;
–
los agricultores y los prestadores de servicios de tratamiento facilitarán al titular, a instancia de este, información pertinente; los organismos oficiales que intervengan en el control de la producción agrícola podrán facilitar asimismo información pertinente, si han obtenido dicha información en el cumplimiento ordinario de sus tareas, sin que esto represente nuevas cargas o costes. Estas disposiciones se entienden sin perjuicio, por lo que respecta a los datos personales, de las disposiciones nacionales o comunitarias sobre la protección de las personas en materia de tratamiento y libre circulación de datos personales.»
6.
El artículo 94 del citado Reglamento, bajo el epígrafe «Infracción», dispone:
«1.   Toda persona que:
a)
sin estar legitimada para ello realice alguna de las operaciones mencionadas en el apartado 2 del artículo 13 en relación con una variedad para la que ya se haya concedido una protección comunitaria de obtención vegetal; […]
[…]
podrá ser demandada por el titular a fin de que ponga fin a la infracción o pague una indemnización razonable o con ambos fines.
2.   Toda persona que cometa infracción deliberadamente o por negligencia estará obligada además a indemnizar al titular por el perjuicio resultante. En caso de negligencia leve, el derecho de reparación podrá reducirse en consecuencia, sin que pueda no obstante ser inferior a la ventaja obtenida por la persona que cometió la infracción.»
2.
Reglamento n.o 1768/95
7.
El Reglamento n.o 1768/95 fue adoptado sobre la base del artículo 114 del Reglamento n.o 2100/94.
8.
El artículo 18 del Reglamento n.o 1768/95, que lleva por epígrafe «Acciones civiles especiales», establece en su apartado 2:
«Si esa persona hubiere incumplido repetida e intencionadamente su obligación derivada del cuarto guion del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento [n.o 2100/94] con respecto a una o más variedades del titular, la responsabilidad de indemnizar al titular por cualquier perjuicio resultante según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 94 del Reglamento [n.o 2100/94] cubrirá, como mínimo, una cantidad a tanto alzado calculada tomando como base el cuádruple del importe cobrado, por término medio, por la producción bajo licencia […], sin perjuicio de la indemnización de cualquier otro perjuicio más importante.»
III. Antecedentes de hecho del litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
9.
La sociedad Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (en lo sucesivo, «STV») es una asociación de titulares de una obtención vegetal a la que estos le han encomendado la salvaguardia de sus derechos, en particular, ejerciendo las facultades de información y de cobro en nombre propio.
10.
MS, recurrente en el procedimiento principal, es un agricultor al que STV requirió en primera instancia, entre otras cosas, que informara sobre la plantación ilícita de la variedad «KWS Meridian», una variedad de cebada de invierno protegida por el Derecho de la Unión, durante las campañas de comercialización de 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016.
11.
El recurrente en el procedimiento principal facilitó por primera vez, en el contexto del litigio [en primera instancia] entre él y STV, las cifras relativas a la extensión del tratamiento de dicha semilla correspondientes a esas cuatro campañas, a saber, respectivamente, de 24,5, de 26, de 34 y de 45,4 decitoneladas (dt).
12.
A raíz de la sentencia dictada en primera instancia, el recurrente en el procedimiento principal pagó, a posteriori, el importe cobrado, por término medio, por la producción bajo licencia adeudado por la campaña de comercialización 2015/2016 en concepto de indemnización razonable en virtud del artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94. (
4
)
13.
STV reclamó el pago de una indemnización adicional por cualquier perjuicio resultante de 2151 euros, correspondiente al cuádruple del importe cobrado por la licencia por las campañas de comercialización 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016 (
5
) en concepto de la indemnización prevista en el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, en relación con la disposición controvertida, con deducción de la cuantía «simple» del importe cobrado por la licencia, pagada a posteriori por el recurrente en el procedimiento principal, por la producción de material de propagación de la variedad protegida.
14.
El recurrente en el procedimiento principal cuestionó el derecho de STV a reclamar ese pago. A este respecto, alegó que, en virtud del pago del importe «simple» cobrado por la licencia en lugar del importe cobrado por plantación conforme al artículo 5, apartado 5, del Reglamento n.o 1768/95, el perjuicio causado a STV por su comportamiento ilícito había sido suficientemente compensado. Asimismo, adujo que una indemnización punitiva adicional y a tanto alzado es incompatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
15.
Mediante resolución de 4 de diciembre de 2020, el Landgericht Kaiserslautern (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Kaiserslautern, Alemania) estimó, (
6
) en esencia, la demanda de STV refiriéndose al «tenor claro» de la disposición controvertida.
16.
El recurrente en el procedimiento principal impugnó dicha resolución ante el Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal del Palatinado en Zweibrücken, Alemania). En su opinión, la disposición controvertida no es conforme con lo dispuesto en el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 y debe ser anulada. Afirma que esta última disposición no debe interpretarse en el sentido de que permite fijar, en beneficio del titular, una indemnización punitiva a tanto alzado —en el caso que nos ocupa equivalente al cuádruple del importe cobrado por la licencia—, sino que la cuantía de la indemnización debe corresponderse con la mayor precisión posible con los perjuicios causados efectiva y ciertamente al titular como consecuencia de la infracción de su derecho.
17.
STV sostiene que la disposición controvertida no infringe lo dispuesto en el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 y es conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Habida cuenta de la infracción intencionada y reiterada de los derechos que le confiere su condición de titular, el establecimiento de una indemnización mínima a tanto alzado del cuádruple del importe «simple» cobrado por la licencia constituye, en su opinión, una compensación justa y razonable.
18.
El órgano jurisdiccional remitente considera que su decisión depende exclusivamente de la validez de la disposición controvertida. Observa que dicha disposición, por la que la Comisión Europea fijó una indemnización a tanto alzado de cuantía equivalente como mínimo al cuádruple del importe cobrado por la licencia, podría ser contraria al artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.o 2100/94 y, por ende, nula.
19.
El órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94 tiene por objeto compensar la ventaja obtenida por el infractor —esto es, el agricultor que no se puede acoger a la excepción a la protección de la Unión de las obtenciones vegetales con arreglo al artículo 14 de dicho Reglamento— mediante el establecimiento de una indemnización razonable, que equivale a la cuantía «simple» del importe cobrado por la licencia. En este contexto, el artículo 94, apartado 2, primera frase, del citado Reglamento podría interpretarse en el sentido de que, en caso de infracción deliberada o por negligencia, el titular tendría derecho a la reparación de un perjuicio ulterior únicamente si puede demostrarlo en concreto.
20.
En opinión del órgano jurisdiccional remitente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es indicativa de que la primera frase del artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 se opone a una generalización de principio de una indemnización mínima. (
7
) Recuerda que un reglamento de aplicación, adoptado en virtud de una habilitación contenida en un reglamento de base, no puede ir en contra de las disposiciones de este último, del cual deriva, y, en caso de contradicción, debe anularse. (
8
)
21.
En este contexto, mediante resolución de 18 de agosto de 2021, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de agosto de 2021, el Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal del Palatinado de Zweibrücken) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Es compatible con el Reglamento [n.o 2100/94], en particular con su artículo 94, apartado 2, primera frase, [la disposición controvertida], en la medida en que dispone que, en las condiciones que señala, se puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios mínima equivalente al cuádruple del importe cobrado por la licencia?»
22.
Las partes del procedimiento principal y la Comisión presentaron observaciones por escrito. Las mismas partes y la Comisión también formularon observaciones orales en la audiencia celebrada el 14 de julio de 2022.
IV. Análisis
23.
Antes de examinar la validez de la disposición controvertida, es preciso comprobar la admisibilidad de la cuestión prejudicial.
A. Sobre la admisibilidad
24.
La Comisión, antes de abordar el análisis del asunto en cuanto al fondo, señala en sus observaciones, sin por ello sostener abiertamente la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial, que las circunstancias subyacentes al procedimiento principal, según se deducen de la resolución de remisión, no están claras. Indica que alberga dudas acerca de si, en el presente asunto, en las campañas 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016, cuando el recurrente en el procedimiento principal cultivó la variedad protegida de que se trata, se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94, en particular el de emplear, en su propia explotación, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha. La Comisión señala que, de no ser así, la cuestión prejudicial de apreciación de la validez de la disposición controvertida no sería decisiva para la resolución del litigio. Sin embargo, afirma que esta cuestión solo puede ser apreciada por el órgano jurisdiccional remitente, al que corresponde determinar todos los hechos pertinentes.
25.
En primer lugar, debo recordar que es jurisprudencia reiterada que, dado que el órgano jurisdiccional remitente es el único competente para determinar y apreciar los hechos del litigio de que conoce, el Tribunal de Justicia debe en principio limitar su examen a los elementos de apreciación que el órgano jurisdiccional remitente haya decidido someterle y atenerse de esta forma a la situación que este órgano jurisdiccional considere probada, y no puede estar vinculado por las hipótesis planteadas por cualquiera de las partes del litigio principal. (
9
)
26.
En segundo lugar, he de recordar asimismo que es jurisprudencia consolidada que las cuestiones prejudiciales relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. (
10
) El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación de una norma de la Unión que se ha solicitado carece de relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas. (
11
)
27.
Pues bien, no es lo que sucede en el presente asunto.
28.
En efecto, debo señalar, en primer lugar, que, si bien es cierto que el órgano jurisdiccional remitente no precisó por qué el artículo 14, apartados 1 y 3, del Reglamento n.o 2100/94 es aplicable al litigio principal, ni el recurrente en el procedimiento principal ni STV cuestionan que dicha disposición y, en principio, la disposición controvertida se apliquen en el caso de autos.
29.
En segundo lugar, he de indicar que de la formulación de la cuestión prejudicial puede deducirse que el órgano jurisdiccional remitente no alberga dudas en cuanto a la aplicabilidad de la disposición controvertida, sino solamente acerca de su compatibilidad con el Reglamento n.o 2100/94, en particular con su artículo 94, apartado 2, primera frase.
30.
Procede observar, a este respecto, que STV precisa que es pacífico entre las partes que el recurrente en el procedimiento principal replantó en su propia explotación material de propagación de la variedad de cebada de invierno «KWS Meridian» que él mismo produjo sin haber cumplido los requisitos exigidos para la plantación, en particular durante las campañas de comercialización de 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016.
31.
Por lo tanto, considero que la admisibilidad de la presente petición de decisión prejudicial no suscita duda alguna.
B. Sobre el fondo
32.
Para proponer una respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente, en primer término, aclararé la articulación entre el principio según el cual se requiere la autorización del titular de la protección de la Unión de una obtención vegetal para la ejecución de operaciones con componentes de una variedad o material cosechado de la variedad en cuestión, en particular para la producción o reproducción (multiplicación), y la excepción a dicha autorización, y, en segundo término, a la luz de esta articulación, examinaré concretamente la validez de la disposición controvertida.
1.
Consideraciones generales sobre la articulación entre la autorización del titular de la protección de la Unión de una obtención vegetal y la excepción a dicha autorización
33.
He de señalar que, en virtud del artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 2100/94, se requiere la autorización del titular de la protección de la Unión de una obtención vegetal para la ejecución de operaciones con componentes de una variedad o material cosechado de la variedad en cuestión, en particular para la producción o reproducción (multiplicación). (
12
)
34.
A falta de tal autorización, el artículo 94, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 2100/94 prevé la posibilidad de que el titular ejercite, en particular, una acción de reclamación de una indemnización razonable contra la persona que sin estar legitimada para ello ejecute tal operación de producción o reproducción (multiplicación). Además, si esa persona ha prescindido deliberadamente o por negligencia de la autorización requerida, el titular también tiene derecho a una indemnización por el perjuicio resultante, de conformidad con el artículo 94, apartado 2, de dicho Reglamento. (
13
)
35.
No obstante, con objeto de salvaguardar la producción agrícola, el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94 contempla una excepción a la protección de la Unión de las obtenciones vegetales, comúnmente conocida como «privilegio del agricultor». (
14
) La citada disposición autoriza a los agricultores a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido de haber plantado en sus propias explotaciones material de propagación de una variedad incluida en la lista de especies de plantas agrícolas enumeradas en el artículo 14, apartado 2, de dicho Reglamento, tales como el cereal «Hordeum vulgare L. — cebada común» de que se trata en el presente asunto.
36.
Con el fin de aclarar la articulación entre el principio de la autorización del titular y las condiciones para hacer efectiva la excepción a dicho principio, por una parte abordaré las cuestiones relativas a los requisitos que debe cumplir el agricultor para poder acogerse a la excepción que figura en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94, en particular el relativo al pago de una «remuneración justa», y la distinción entre esta y la «indemnización razonable» prevista en el artículo 94, apartado 1, del mismo Reglamento. Por otra parte, expondré con detalle las normas de desarrollo relativas a las condiciones para hacer efectiva la excepción contemplada en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94, establecidas por el Reglamento n.o 1768/95.
a)
Sobre los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94
37.
La excepción a la protección de la Unión de las obtenciones vegetales está sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94. (
15
) Por consiguiente, el privilegio del agricultor no se aplica si este no cumple dichos requisitos. Estos «[se encuentran establecidos en el Reglamento n.o 1768/95] de conformidad con el artículo 114» del Reglamento n.o 2100/94, sobre la base de una serie de criterios enunciados en el artículo 14, apartado 3, de dicho Reglamento, que permiten, por una parte, hacer efectiva dicha excepción y, por otra, proteger los intereses legítimos del obtentor y del agricultor. (
16
)
38.
Entre estos criterios figura, en el artículo 14, apartado 3, cuarto guion, del Reglamento n.o 2100/94, la obligación de los agricultores de pagar al titular una remuneración justa, que, a tenor de dicha disposición, «será apreciablemente menor que la cantidad que se cobre por la producción bajo licencia».
39.
A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el agricultor que no abone al titular tal remuneración justa cuando emplee el producto de la cosecha que haya obtenido de la plantación de material de propagación de una variedad protegida (
17
) no puede invocar el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94 y, por lo tanto, debe considerarse que ha realizado, sin haber sido autorizado para ello, una de las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento. (
18
) Ello implica que no puede beneficiarse del privilegio del agricultor y debe, sencillamente, «partir de cero». Dicho de otro modo, si en el momento de la plantación no se cumplen los criterios indicados en el artículo 14, apartado 3, del citado Reglamento, no se aplica la excepción y el cultivo constituye una infracción de los derechos que confiere al titular el artículo 13, apartado 2, del mismo Reglamento.
40.
En su caso, el agricultor está sujeto a la aplicación del artículo 94 del Reglamento n.o 2100/94. (
19
) Por lo tanto, puede ser demandado por el titular para que ponga fin a la infracción o pague una indemnización razonable o con ambos fines. Si se trata de infracciones cometidas deliberadamente o por negligencia, el agricultor está obligado además a reparar el perjuicio sufrido por el titular. (
20
)
41.
Me parece oportuno señalar aquí la diferencia entre el concepto de «remuneración justa» que figura en el artículo 14, apartado 3, cuarto guion, del Reglamento n.o 2100/94 y el de «indemnización razonable» contenido en el artículo 94, apartado 1, de dicho Reglamento. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que, pese a que los términos utilizados en estas dos disposiciones son muy similares, no hacen referencia al mismo concepto. (
21
) Así, mientras que el concepto de «remuneración justa» a que se refiere el artículo 14, apartado 3, cuarto guion, del Reglamento n.o 2100/94, en relación con el artículo 5, apartado 5, del Reglamento n.o 1768/95, tiene por objetivo establecer un equilibrio entre los intereses legítimos recíprocos de los agricultores y de los titulares de las obtenciones vegetales, el contemplado en el artículo 94, apartado 1, del primero de estos Reglamentos, cuya redacción no diferencia en función de la condición del infractor, se refiere específicamente al pago de una indemnización razonable en el contexto de una acción por infracción. (
22
)
42.
De ello se desprende, según el Tribunal de Justicia, que el canon por el cultivo autorizado, en el sentido del artículo 14 del Reglamento n.o 2100/94, no puede utilizarse como base de cálculo de la indemnización razonable prevista en el artículo 94, apartado 1, de dicho Reglamento. (
23
) En efecto, cualquier otra interpretación no podría garantizar la finalidad del Reglamento, ni su efecto útil. (
24
) Volveré más adelante sobre este punto, que reviste una importancia crucial en el contexto del examen de la cuestión prejudicial. (
25
)
b)
Sobre las normas de desarrollo de las condiciones para hacer efectivo el privilegio del agricultor: el Reglamento n.o 1768/95
43.
Procede recordar que las normas de desarrollo a las que hace referencia el artículo 114 del Reglamento n.o 2100/94 se recogen en el Reglamento n.o 1768/95. (
26
) De conformidad con su artículo 1, el Reglamento n.o 1768/95 establece las normas de desarrollo de las condiciones para hacer efectiva la excepción contemplada en el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento n.o 2100/94. (
27
)
44.
El Reglamento n.o 1768/95 establece, entre otras cosas, por una parte, las normas para determinar el nivel de la remuneración justa (artículo 5 de dicho Reglamento) (
28
) y, por otra parte, el momento en que nace la obligación individual de pagarla al titular, en virtud del artículo 14, apartado 3, cuarto guion, del Reglamento n.o 2100/94, a saber, el momento en que el agricultor utilice realmente el producto de la cosecha con fines de propagación en el campo (artículo 6 del Reglamento n.o 1768/95).
45.
El Reglamento n.o 1768/95 prevé asimismo, en su artículo 18, las acciones civiles especiales ejercitables en caso de incumplimiento de los requisitos relativos al privilegio del agricultor.
46.
En este sentido, la disposición controvertida dispone que, en caso de que se incumpla repetida e intencionadamente la obligación de pagar una remuneración justa, establecida en el artículo 14, apartado 3, cuarto guion, del Reglamento n.o 2100/94, respecto a una o varias variedades del titular, la responsabilidad de indemnizar al titular por cualquier perjuicio resultante según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 94, de dicho Reglamento, cubrirá, como mínimo, una cantidad a tanto alzado calculada tomando como base el cuádruple del importe cobrado, por término medio, por la producción bajo licencia, sin perjuicio de la indemnización de cualquier otro perjuicio más importante.
47.
Así pues, esta es la disposición que es objeto de la cuestión de apreciación de validez planteada por el órgano jurisdiccional nacional y que examinaré a la luz de las consideraciones generales anteriores.
2.
Control de la validez
48.
Mediante su cuestión prejudicial única, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la disposición controvertida es inválida a la luz del artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.o 2100/94, en la medida en que fija, para el supuesto de que se incumpla repetida e intencionadamente la obligación de pagar una «remuneración justa» con arreglo al artículo 14, apartado 3, cuarto guion, del citado Reglamento, una indemnización del perjuicio sufrido por el titular que asciende a una cuantía equivalente como mínimo al cuádruple del importe cobrado, por término medio, por la producción bajo licencia.
49.
En el contexto de este control indicaré, para empezar, por qué deben desestimarse las alegaciones del recurrente en el procedimiento principal relativas a la falta de competencia de la Comisión para adoptar la disposición controvertida. A continuación, analizaré, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el contenido normativo del artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, conforme al cual el órgano jurisdiccional remitente ha formulado la cuestión prejudicial para apreciar la validez de la disposición controvertida. Por último, extraeré las conclusiones pertinentes para responder a dicha cuestión prejudicial.
a)
Sobre la competencia de la Comisión para adoptar la disposición controvertida
50.
El recurrente en el procedimiento principal alega que la Comisión no era competente para adoptar la disposición controvertida y, por ende, para determinar la indemnización razonable que ha de abonarse en virtud del artículo 94 del Reglamento n.o 2100/94.
51.
No comparto este planteamiento.
52.
He de recordar que la apreciación del Tribunal de Justicia sobre la validez de una disposición del Derecho de la Unión debe hacerse en el contexto de la cuestión prejudicial que se le plantea. (
29
)
53.
En el asunto que nos ocupa, la cuestión versa sobre la viabilidad de la disposición controvertida a la luz, en particular, del artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.o 2100/94. En consecuencia, el recurrente en el procedimiento principal, al cuestionar la competencia de la Comisión para adoptar la disposición controvertida, pretende ampliar la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente. (
30
)
54.
Por lo demás, es evidente que el control de la validez de la disposición controvertida que el órgano jurisdiccional nacional solicita realizar al Tribunal de Justicia debe efectuarse teniendo en cuenta la naturaleza y la finalidad de dicho acto, cuya base jurídica es, como se ha indicado en el punto 7 anterior, el artículo 14, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94. (
31
) A este respecto, el artículo 114 del Reglamento n.o 2100/94, en relación con el artículo 14, apartado 3, de este mismo Reglamento, faculta a la Comisión para establecer las normas de desarrollo relativas a la excepción contemplada en dicha disposición. (
32
)
55.
De ello se desprende que, sobre la base de estas disposiciones, la Comisión está facultada para adoptar normas de desarrollo, materializadas en el Reglamento n.o 1768/95, con el fin de establecer las condiciones para hacer efectiva la excepción contemplada en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94 y proteger los intereses legítimos del obtentor y del agricultor. A este respecto, por lo que se refiere a la finalidad y la motivación del Reglamento n.o 1768/95, de sus considerandos segundo, tercero, décimo y undécimo resulta que este tiene por objeto establecer tales condiciones y precisar, por una parte, la relación entre el derecho del titular y los derechos derivados de las disposiciones del artículo 14 del Reglamento n.o 2100/94 y, por otra, la relación entre la autorización concedida al agricultor y la explotación de dicha autorización.
56.
Por otro lado, en la medida en que el Reglamento n.o 1768/95 tiene por objetivo precisar los criterios establecidos en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94 para hacer efectiva la excepción de que se trata y proteger los intereses legítimos del obtentor y del agricultor, queda por determinar si, como se pregunta el órgano jurisdiccional nacional, la Comisión, al fijar en la disposición controvertida una indemnización del perjuicio sufrido por el titular que asciende a una cuantía equivalente como mínimo al cuádruple del importe cobrado, por término medio, por la producción bajo licencia, ha infringido el contenido del artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia.
57.
Para ello, me parece necesario recordar brevemente la jurisprudencia pertinente relativa al artículo 94 del Reglamento n.o 2100/94.
b)
Sobre la jurisprudencia relativa al artículo 94 del Reglamento n.o 2100/94: la sentencia Hansson
58.
En mi opinión, la sentencia Hansson (
33
) constituye un precedente en el que el Tribunal de Justicia se puede basar de forma útil para responder a la cuestión prejudicial. En el asunto que dio lugar a dicha sentencia, el órgano jurisdiccional nacional deseaba, en esencia, conocer los principios que rigen la fijación y determinación de las indemnizaciones debidas en virtud del artículo 94 del Reglamento n.o 2100/94.
1) Naturaleza de las indemnizaciones
59.
Por lo que respecta a la naturaleza de las indemnizaciones debidas en virtud del artículo 94 del Reglamento n.o 2100/94, el Tribunal de Justicia señaló, en primer lugar, que se desprende del enunciado del artículo 94, apartado 2, de dicho Reglamento que la citada disposición se centra exclusivamente en el resarcimiento del perjuicio sufrido por el titular de una protección de la Unión de obtención vegetal como consecuencia de una infracción de dicha obtención. (
34
)
60.
En efecto, por una parte, el Tribunal de Justicia indicó que el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94 tiene por objeto compensar económicamente la ventaja que obtiene de esa transgresión el infractor, que corresponde al importe equivalente al canon que no se ha abonado. (
35
) A este respecto, el Tribunal de Justicia precisó que esta disposición no prevé la reparación de perjuicios distintos a los ligados a la falta de pago de la indemnización razonable, en el sentido de la referida disposición. (
36
) Por otra parte, el Tribunal de Justicia señaló que el artículo 94, apartado 2, del citado Reglamento atañe al perjuicio que el infractor está obligado a indemnizar «además» al titular en caso de infracción cometida «deliberadamente o por negligencia». (
37
)
61.
Según el Tribunal de Justicia, de ello se desprende que el artículo 94 del Reglamento n.o 2100/94 crea un derecho de resarcimiento en favor del titular del derecho a la protección de la Unión de una obtención vegetal «que no solo es íntegro, sino que se funda, además, en una base objetiva, a saber, que cubre únicamente el perjuicio resultante de la infracción». (
38
) En consecuencia, afirmó, suscribiendo las conclusiones presentadas por el Abogado General Saugmandsgaard Øe, (
39
) que dicha disposición no puede interpretarse en el sentido de que pueda servir de base jurídica, en beneficio de ese titular, para que se condene al infractor a una indemnización por daños y perjuicios de índole punitiva, fijada mediante una cantidad a tanto alzado. Añadió que, por el contrario, la extensión de la indemnización debida en virtud de la citada disposición debe reflejar con precisión, en la medida de lo posible, los perjuicios reales y ciertos sufridos por el titular de la obtención vegetal como consecuencia de la infracción. (
40
)
62.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia declaró, refiriéndose a los considerandos 17 y 26 de la Directiva 2004/48/CE (
41
) y al artículo 13, apartado 1, de esta, (
42
) que tal interpretación concuerda con los objetivos de dicha Directiva, que establece un parámetro mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual en general. (
43
)
2) Reglas para fijar las indemnizaciones: extensión de la indemnización
63.
En cuanto a la extensión de la indemnización, en el sentido del artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, el Tribunal de Justicia señaló que corresponde al titular de la variedad infringida aportar las pruebas que demuestren que su perjuicio es superior a los elementos cubiertos por la indemnización razonable establecida en el apartado 1 del artículo 94 de dicho Reglamento. (
44
) A este efecto, el Tribunal de Justicia definió la extensión de esta indemnización señalando que el importe del canon habitual que suele adeudarse por la producción bajo licencia no puede servir per se de fundamento para la evaluación de ese perjuicio. De hecho, tal canon permite calcular la indemnización razonable establecida en el artículo 94, apartado 1, del citado Reglamento y no tiene necesariamente relación con el perjuicio aún no resarcido y cuya indemnización está prevista en el artículo 94, apartado 2, del mismo Reglamento. (
45
)
64.
A este respecto, el Tribunal de Justicia recordó, por un lado, que las circunstancias que hayan justificado un incremento del canon habitual que suele adeudarse por la producción bajo licencia en el cálculo de la indemnización razonable no pueden repercutirse una segunda vez en concepto de la indemnización prevista en el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94. (
46
) Por otro lado, consideró que corresponde al juez que conoce del asunto apreciar en qué medida pueden demostrarse con precisión los perjuicios alegados por el titular de la variedad infringida o si cabe fijar una cantidad a tanto alzado, que refleje lo mejor posible la realidad de esos perjuicios. (
47
)
c)
Sobre la impugnación de la validez de la disposición controvertida, a la luz del artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia
65.
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, si, en lo que respecta al perjuicio resultante, la generalización de principio, en la disposición controvertida, de la cantidad fijada a tanto alzado equivalente como mínimo al cuádruple del importe cobrado por la licencia es compatible con el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia.
1) Alegaciones formuladas por el recurrente en el procedimiento principal, STV y la Comisión
66.
El recurrente en el procedimiento principal sostiene que la disposición controvertida, al menos su segunda parte, es nula y puede ser fácilmente anulada o excluida, manteniendo la vigencia del resto del Reglamento n.o 1768/95. Añade que la primera parte de dicha disposición limita la obligación de indemnizar el perjuicio prevista en el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 en caso de infracción de «una o más variedades del titular». Opina que tal restricción del alcance y del ámbito de aplicación de la citada disposición no se refleja en sus términos ni resulta de su redacción, de modo que la primera parte también es ilícita y debe ser anulada.
67.
STV alega que la disposición controvertida fue adoptada válidamente por la Comisión de conformidad con los objetivos y las directrices establecidos en el Reglamento n.o 2100/94 y no puede ser declarada inválida. Asimismo, consta que el recurrente en el procedimiento principal actuó intencionadamente sin la autorización del titular de una protección de la Unión de obtención vegetal. Por lo tanto, es incuestionable que se cumplen las condiciones indicadas en los artículos 94, apartado 2, y 14, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94, en relación con la disposición controvertida.
68.
La Comisión, por su parte, sostiene que la disposición controvertida es conforme con las exigencias del Reglamento n.o 2100/94 en la medida en que, en las condiciones establecidas en dicha disposición, puede reclamarse una indemnización de cuantía equivalente como mínimo al cuádruple del importe cobrado por la licencia.
69.
Más concretamente, en sus observaciones escritas, la Comisión afirma que la aplicación de la cantidad mínima a tanto alzado contemplada en la disposición controvertida está justificada porque, cuando la plantación de una variedad protegida no está cubierta por el privilegio del agricultor, esto es, en caso de nueva siembra ilícita, el hecho de no pagar la remuneración justa, de menor cuantía que la cantidad habitualmente cobrada por la licencia, constituye un «ejercicio abusivo» de tal privilegio, lo cual confiere al titular el derecho a obtener no solo el abono de ese importe en virtud del artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94, sino también el pago de la indemnización del perjuicio resultante según lo dispuesto en el artículo 94, apartado 2, del mismo Reglamento. En opinión de la Comisión, tal indemnización debe imponerse, por tanto, cuando el abuso es repetido e intencionado, respetándose la cantidad mínima establecida en la disposición controvertida. (
48
)
70.
Según la Comisión, dado que el artículo 14 del Reglamento n.o 2100/94, relativo al privilegio del agricultor, regula el complejo equilibrio de intereses entre los titulares de las obtenciones vegetales y los agricultores, es adecuado sancionar con mayor severidad el incumplimiento de un agricultor que se beneficia de dicho privilegio pero que soslaya reiterada e intencionadamente la obligación de pagar una remuneración justa, de menor importe que la cantidad habitualmente cobrada por la licencia (artículo 14, apartado 3, cuarto guion, de dicho Reglamento), que un «mero» supuesto de acto sujeto a autorización llevado a cabo deliberadamente o por negligencia sin esa autorización (artículo 94, apartado 2, de dicho Reglamento). (
49
) Dicha institución añade que, en efecto, la cantidad mínima a tanto alzado cuestionada corresponde a una aproximación normalizada de los daños y perjuicios que suelen sufrir los titulares de variedades protegidas.
71.
A este respecto, la Comisión se refirió en la vista a la sentencia Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, (
50
) en la que el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 13 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual el titular de un derecho de propiedad intelectual vulnerado puede solicitar a la persona que ha vulnerado dicho derecho, bien la reparación del perjuicio sufrido, tomando en consideración todos los aspectos pertinentes del caso de que se trate, bien, sin que ese titular tenga que demostrar el perjuicio efectivo, el pago de una cantidad correspondiente al doble de la remuneración adecuada que se habría debido abonar por la autorización para utilizar la obra afectada.
72.
Además, la Comisión alegó en la vista que la complejidad del objetivo de garantizar el equilibrio entre los intereses de los titulares de la protección de la variedad vegetal protegida y los de los agricultores se debe, en particular, a que la replantación ilícita se produce en la explotación del agricultor, lo que complica a los titulares el control del uso que se hace de las variedades protegidas. En estas circunstancias, sostuvo que las medidas deben ofrecer incentivos suficientes para evitar, en particular, que se favorezca a los agricultores que eluden la obligación de pagar una remuneración justa al titular, en virtud del artículo 14, apartado 3, cuarto guion, del Reglamento n.o 2100/94, con respecto a los que sí la cumplen. Según dicha institución, así debe ser máxime teniendo en cuenta que, en virtud del artículo 14, apartado 3, quinto guion, de dicho Reglamento, los titulares son los únicos responsables del control y de la supervisión de la utilización de las variedades protegidas en el contexto de la plantación autorizada, y que, por tanto, dependen de la buena fe y de la cooperación de los agricultores de que se trate.
2) Apreciación
73.
En primer lugar, procede desestimar las alegaciones relativas a la idoneidad de la cantidad mínima a tanto alzado objeto de examen por los siguientes motivos.
74.
He de recordar que la disposición controvertida establece que la indemnización del perjuicio resultante para el titular según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 94 del Reglamento n.o 2100/94 cubrirá, como mínimo, una cantidad a tanto alzado calculada tomando como base el cuádruple del importe cobrado, por término medio, por la producción bajo licencia, sin perjuicio de la indemnización de cualquier otro perjuicio más importante.
75.
En efecto, cuando el agricultor cumple los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 3, n.o 2100/94 y, en particular, paga la remuneración justa correspondiente a una campaña de comercialización, abona, en esencia, el 50 % del canon que debe pagarse por la producción bajo licencia, (
51
) mientras que cuando no los cumple, (
52
) y en caso de aplicarse la disposición controvertida, (
53
) paga, en esencia, una cantidad mínima a tanto alzado del 400 % del canon adeudado por esa producción bajo licencia, esto es, cuatro veces el 100 % del importe cobrado, por término medio, por tal producción, lo que equivale sustancialmente a ocho veces la remuneración justa exigida en virtud de la referida disposición, y ello por cada campaña de comercialización. (
54
)
76.
Ciertamente, según la lógica de la Comisión, (
55
) esa cantidad mínima a tanto alzado puede estar «técnicamente» justificada, por una parte, por el hecho de que, cuando el agricultor se beneficia de la excepción contemplada en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94, el importe que se cobra por la plantación no se puede utilizar como base para el cálculo de la indemnización razonable prevista en el artículo 94, apartado 1, de dicho Reglamento (
56
) y, por otra, porque, en consecuencia, el agricultor, en caso de llevar a cabo una nueva siembra ilícita, está obligado a abonar el 100 % del importe que debe pagarse por la producción bajo licencia en concepto de indemnización razonable prevista en dicha disposición.
77.
Sin embargo, el tenor del artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 y las conclusiones extraídas de la sentencia Hansson me llevan a considerar que tal cantidad mínima a tanto alzado no es compatible con el texto de la citada disposición.
78.
En primer lugar, en la sentencia Hansson, el Tribunal de Justicia señaló que el objetivo del artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 es reparar el perjuicio sufrido por el titular de la obtención vegetal que ha sido víctima de una infracción (
57
) y calificó esta compensación de resarcimiento «íntegro y objetivo del perjuicio sufrido». Indicó que, para obtener tal indemnización, el titular de la variedad infractora debe aportar las pruebas que demuestren que «su perjuicio es superior a los elementos cubiertos por la indemnización razonable establecida en el [apartado 1 del artículo 94 de dicho Reglamento]». (
58
)
79.
En segundo lugar, de la sentencia Hansson (
59
) se desprende que corresponde al órgano jurisdiccional que conoce del asunto apreciar si los perjuicios alegados por el titular víctima de la infracción pueden demostrarse «con precisión»o si es preciso «fijar una cantidad a tanto alzado». Así, si bien el Tribunal de Justicia admite, en dicha sentencia, la posibilidad de que el juez que conozca del asunto fije a tanto alzado la cuantía de la indemnización prevista en el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, a mi parecer, es evidente que corresponde a dicho juez adoptar esa decisión y, en cualquier caso, que esa indemnización «debe reflejar con precisión, en la medida de lo posible, los perjuicios reales y ciertos sufridos por el titular de la obtención vegetal como consecuencia de la infracción». (
60
) En consecuencia, según el Tribunal de Justicia, el artículo 94 del citado Reglamento debe interpretarse en el sentido de que «el derecho a reparación que reconoce al titular de una variedad vegetal protegida infringida se extiende a todo el perjuicio que sufre, sin que este artículo pueda servir de base para que se imponga un recargo por infracción mediante una cantidad a tanto alzado». (
61
)
80.
En cambio, como indicó la propia Comisión en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia, cuando se aplica la disposición controvertida, el titular víctima de una infracción no debe probar la extensión exacta del perjuicio sufrido, sino únicamente la vulneración repetida e intencionada de sus derechos. No obstante, como he expuesto, el titular de los derechos tiene que demostrar que su perjuicio es superior a lo que cubre la indemnización razonable, correspondiendo al órgano jurisdiccional que conozca del asunto la tarea de apreciar la extensión exacta del perjuicio sufrido o fijar, en su caso, la cantidad a tanto alzado correspondiente. (
62
)
81.
Por lo tanto, utilizar el importe del canon habitual que suele adeudarse por la producción bajo licencia, esto es, el 100 % de dicho canon, como fundamento para evaluar el perjuicio sufrido por el titular de la obtención vegetal multiplicando ese importe por cuatro, como se desprende de la disposición controvertida, no es compatible con el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, por cuanto tal importe sirve de referencia para el cálculo de la indemnización razonable prevista en el apartado 1 del artículo 94 de dicho Reglamento, sin que guarde necesariamente relación con el perjuicio sufrido por el titular, cuyo resarcimiento está previsto en el artículo 94, apartado 2, de dicho Reglamento. (
63
)
82.
Por otra parte, procede recordar que, en la sentencia Hansson, el Tribunal de Justicia descartó la posibilidad de que el artículo 94 del Reglamento n.o 2100/94 se interprete en el sentido de que «pueda servir de base jurídica, en beneficio de ese titular, para que se condene al infractor a una indemnización por daños y perjuicios [de carácter punitivo], fijada mediante una cantidad a tanto alzado». (
64
) A este respecto, añadió que la extensión de la indemnización debida en virtud de la citada disposición debe reflejar «con precisión, en la medida de lo posible, los perjuicios reales y ciertos sufridos por el titular de la obtención vegetal como consecuencia de la infracción». (
65
)
83.
Por consiguiente, también contraviene el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, establecer un postulado, como premisa rectora de la disposición controvertida, según el cual la indemnización del titular debe fijarse en una cantidad equivalente como mínimo al cuádruple del importe cobrado, por término medio, por la producción bajo licencia. Contrariamente a lo que sostiene la Comisión, tal postulado daría lugar a la concesión de indemnizaciones por daños y perjuicios de carácter punitivo en la medida en que la primera de estas disposiciones tiene por objeto reparar «el perjuicio sufrido por el titular» y únicamente ese perjuicio. A este respecto, considero que no puede acogerse la alegación de la Comisión según la cual afirma, como hizo en la vista, que la disposición controvertida corresponde a una aproximación normalizada típica del perjuicio mínimo que suelen sufrir los titulares. (
66
)
84.
En segundo lugar, de la utilización de la locución adverbial «como mínimo» en la disposición controvertida deduzco que, en el contexto de su apreciación de los perjuicios alegados por el titular de la variedad infringida, el juez, en caso de fijar una cantidad a tanto alzado, está obligado a determinar la indemnización del perjuicio resultante basándose en el postulado, establecido por la Comisión en el Reglamento n.o 1768/95, según el cual el resarcimiento de los daños debe fijarse en un importe equivalente como poco al cuádruple del importe cobrado por la licencia. (
67
) Por otro lado, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia relativa a este extremo, la Comisión reconoció que, aun cuando pueda determinarse fácilmente el perjuicio real y este resulte de importe inferior a la cantidad mínima a tanto alzado fijada en la disposición controvertida, el juez que conoce del asunto, en caso de incumplimiento repetido e intencionado de las obligaciones que se derivan de tal disposición, podría, habida cuenta del tenor de esta, incrementar dicha cantidad, pero nunca rebajarla.
85.
Esto significa que, aunque pudiera demostrarse «con precisión» el perjuicio alegado por el titular víctima de la infracción, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto tendría que «fijar una cantidad a tanto alzado», cuando ello no es necesario. Además, en el supuesto de que el perjuicio no pudiera probarse con precisión, si dicho órgano jurisdiccional decidiera fijar un importe a tanto alzado, este no podría ser inferior a la cantidad mínima a tanto alzado fijada en la disposición controvertida. (
68
) Evidentemente, tal limitación del margen de apreciación del órgano jurisdiccional que conoce del asunto no solo infringe el artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.o 2100/94, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, (
69
) sino también el principio de proporcionalidad. Aun cuando, de lege ferenda, la Comisión pueda establecer una cantidad mínima a tanto alzado en lo que respecta al importe que debe pagarse por la licencia, la disposición que la fije debe ofrecer al demandado la posibilidad de impugnar esa cantidad mínima, que no debe ser vinculante para el órgano jurisdiccional que conozca del asunto.
86.
En tercer y último lugar, considero que las alegaciones basadas en la sentencia dictada en el asunto Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (
70
) no son pertinentes para el examen de la cuestión de validez objeto del presente asunto. En efecto, me parece que los datos del procedimiento principal son considerablemente distintos de los del asunto que dio lugar a dicha sentencia.
87.
Por una parte, en la medida en que la Directiva 2004/48 deja cierto margen de apreciación a los Estados miembros en su transposición y no solo se refiere a los derechos de propiedad intelectual en materia de obtenciones vegetales, sino también a todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de propiedad industrial, (
71
) las posibles infracciones y vulneraciones de estos derechos pueden ser diversas y numerosas. Por lo tanto, como señaló el Abogado General Saugmandsgaard Øe, (
72
) si bien esta Directiva puede constituir, en su caso, un elemento de contexto pertinente que debe ser tenido en cuenta a efectos de la interpretación del Reglamento n.o 2100/94, debe evitarse crear, al amparo de una interpretación contextual de dicho Reglamento, derechos directamente aplicables que no estén previstos en dicha norma, basándose en la citada Directiva.
88.
Por otra parte, y lo que es más importante, el asunto que dio lugar a la sentencia Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (
73
) se refería a la interpretación de la Directiva 2004/48, mientras que en el presente asunto el Tribunal de Justicia debe examinar una cuestión de apreciación de la validez de una disposición del Reglamento n.o 1768/95, a saber, la disposición controvertida, que es una norma de desarrollo y, como tal, debe ser conforme con el Reglamento n.o 2100/94 y, en particular, con su artículo 94, apartado 2.
89.
De ello se deduce que el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 no permite establecer la cantidad mínima a tanto alzado fijada en la disposición controvertida. En efecto, el contenido de la disposición controvertida va más allá del tenor del artículo 94, apartado 2, de dicho Reglamento. Además, como se desprende de los puntos anteriores, las alegaciones formuladas por STV y la Comisión no pueden desvirtuar la interpretación que hizo el Tribunal de Justicia de la referida disposición en la sentencia Hansson.
90.
En estas circunstancias, considero que la generalización de principio en la disposición controvertida de una cantidad fijada a tanto alzado en concepto de indemnización equivalente como mínimo al cuádruple del importe cobrado por la licencia no es compatible con el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, aun cuando, como sostienen STV y la Comisión, la disposición controvertida solo se aplique en el supuesto de que se infrinja repetida e intencionadamente la obligación de pagar la remuneración justa prevista en el artículo 14, apartado 3, cuarto guion, de dicho Reglamento.
91.
En consecuencia, la Comisión se extralimitó en el ejercicio de sus competencias al adoptar la disposición controvertida, a la luz, en particular, del artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94.
V. Conclusión
92.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada por el Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal del Palatinado Zweibrücken, Alemania):
«El artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, es inválido a la luz del artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.o 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, en la medida en que dicha disposición fija, para el supuesto de que se incumpla repetida e intencionadamente la obligación de pagar una remuneración justa en virtud del artículo 14, apartado 3, cuarto guion, del Reglamento n.o 2100/94, una indemnización del perjuicio sufrido por el titular que asciende a una cuantía equivalente como mínimo al cuádruple del importe cobrado, por término medio, por la producción bajo licencia de material de propagación de la misma variedad en la misma zona.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	Reglamento de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO 1995, L 173, p. 14).
(
3
)	Reglamento del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO 1994, L 227, p. 1).
(
4
)	De la resolución de remisión se desprende que, dado que la cuantía simple del importe habitual que habría adeudado por la licencia es de 11,95 euros por dt, el recurrente en el procedimiento principal abonó a STV la cantidad de 537,75 euros (11,95 euros x 45 dt).
(
5
)	A saber, por las dos primeras campañas de comercialización, las cantidades de 932,10 euros y de 1218,90 euros, respectivamente, que corresponden al cuádruple del importe cobrado por la licencia «general», con deducción de la cuantía «simple» del importe cobrado a posteriori por la licencia, la cual ascendió respectivamente a 310,70 euros (11,95 euros x 26 dt) y a 406,30 euros (11,95 euros x 34 dt), esto es, una suma total de 2151 euros, y, por lo que respecta a la tercera campaña, una suma de 1613,25 euros, que corresponden al cuádruple del importe cobrado por la licencia «general», con deducción de la cuantía «simple».
(
6
)	A excepción de un importe de 0,25 euros.
(
7
)	Sentencias de 5 de julio de 2012, Geistbeck (C‑509/10, en lo sucesivo, «sentencia Geistbeck, EU:C:2012:416), apartado 39, y de 9 de junio de 2016, Hansson (C‑481/14, en lo sucesivo, «sentencia Hansson, EU:C:2016:419), apartados 32 a 34.
(
8
)	Véase la sentencia de 2 de marzo de 1999, España/Comisión (C‑179/97, EU:C:1999:109).
(
9
)	Sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany (C‑567/18, EU:C:2020:267), apartado 22 y jurisprudencia citada.
(
10
)	En el contexto de una cuestión de validez, véase también, en este sentido, la sentencia de 26 de junio de 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone y otros (C‑305/05, EU:C:2007:383), apartado 18.
(
11
)	Sentencia de 10 de diciembre de 2018, Wightman y otros (C‑621/18, EU:C:2018:999), apartado 27 y jurisprudencia citada.
(
12
)	Véase, en particular, la sentencia de 25 de junio de 2015, Saatgut‑Treuhandverwaltung (C‑242/14, EU:C:2015:422), apartado 20 y jurisprudencia citada.
(
13
)	A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha indicado el carácter objetivo de esta disposición, precisando que de la comparación del tenor del apartado 2 con el del apartado 1 del artículo 94 de dicho Reglamento resulta que «en el apartado 1 no existe ningún elemento subjetivo»; véase la sentencia de 20 de octubre de 2011, Greenstar-Kanzi Europe (C‑140/10, EU:C:2011:677), apartado 48.
(
14
)	El decimoséptimo considerando del Reglamento n.o 2100/94 establece que «el ejercicio de los derechos conferidos por la protección comunitaria de obtención vegetal debe supeditarse a restricciones previstas en disposiciones adoptadas en interés público». Según el decimoctavo considerando del citado Reglamento, «la protección de la producción agrícola responde a dicho interés público; […] a tal fin, debe autorizarse a los agricultores a utilizar el producto de su cosecha para la siembra, y ello bajo ciertas condiciones».
(
15
)	Véase, en particular, la sentencia de 25 de junio de 2015, Saatgut-Treuhandverwaltung (C‑242/14, EU:C:2015:422), apartado 20 y jurisprudencia citada.
(
16
)	Dichos criterios se refieren, en particular, a la falta de restricciones cuantitativas en el privilegio del agricultor (artículo 14, apartado 3, primer guion); a la posibilidad de que el propio agricultor someta el producto de la cosecha a tratamiento para su cultivo (artículo 14, apartado 3, segundo guion); a la exención de los «pequeños agricultores» de la obligación de los agricultores de pagar una remuneración justa al titular (artículo 14, apartado 3, tercer guion); a la responsabilidad exclusiva de los titulares del control de la observancia del privilegio (artículo 14, apartado 3, quinto guion), y a las obligaciones de información de los agricultores frente al titular (artículo 14, apartado 3, sexto guion).
(
17
)	Por consiguiente, se trata de una plantación ilícita o, en otras palabras, de una nueva siembra ilegal.
(
18
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de abril de 2003, Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218), apartado 71; Geistbeck, apartado 23, y de 25 de junio de 2015, Saatgut-Treuhandverwaltung (C‑242/14, EU:C:2015:422), apartado 22.
(
19
)	Véanse los puntos 33 y ss. de las presentes conclusiones.
(
20
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de abril de 2003, Schulin (C‑305/00, EU:C:2003:218), apartado 71; Geistbeck, apartados 23 y 25, y de 25 de junio de 2015, Saatgut-Treuhandverwaltung (C‑242/14, EU:C:2015:422), apartado 22.
(
21
)	Sentencia Geistbeck, apartado 28. A este respecto, el uso, concretamente en la versión en francés, del mismo término en ambas disposiciones es engañoso. En efecto, «no cabe decir lo mismo en otras versiones lingüísticas, en particular, las versiones alemana e inglesa».
(
22
)	Sentencia Geistbeck, apartados 30 y 31.
(
23
)	Véase, en este sentido, la sentencia Geistbeck, apartado 32. Pongamos un ejemplo imaginario: si el canon de cultivo autorizado fuera de 10 euros, la «remuneración justa» que debería pagar el agricultor en virtud del artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94 sería de 5 euros. En cambio, en ese mismo supuesto, si no se cumplen los requisitos del artículo 14, apartado 3, de dicho Reglamento, dicho agricultor no podría beneficiarse de su «privilegio» y, con arreglo al artículo 94, apartado 1, de dicho Reglamento, tendría que abonar la «indemnización razonable», que sería de 10 euros.
(
24
)	Véanse las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:187), punto 58.
(
25
)	Véanse los puntos 81 y 82 de las presentes conclusiones.
(
26
)	Véase el punto 37 de las presentes conclusiones.
(
27
)	Véase el punto 35 de las presentes conclusiones.
(
28
)	El Reglamento (CE) n.o 2605/98 de la Comisión, de 3 de diciembre de 1998, que modifica el Reglamento n.o 1768/95 (DO 1998, L 328, p. 6) añadió, en particular, el apartado 5 al artículo 5 del Reglamento n.o 1768/95. A tenor de dicho apartado 5: «Cuando, en el caso contemplado en el apartado 2, no se aplique un acuerdo de los previstos en el apartado 4, la remuneración que habrá de pagarse ascenderá al 50 % de los importes que se cobran para la producción bajo licencia de material de propagación, como se establece en el apartado 2.»
(
29
)	Sentencia de 28 de octubre de 1982, Dorca Marina y otros (50/82 a 58/82, EU:C:1982:378), apartado 13.
(
30
)	De las consideraciones generales que se acaban de exponer sobre la articulación entre el principio de autorización del titular y el privilegio del agricultor se desprende que las alegaciones formuladas por el recurrente en el procedimiento principal a este respecto carecen de fundamento. Véanse los puntos 33 y ss. de las presentes conclusiones.
(
31
)	Véase, por analogía, la sentencia de 20 de mayo de 2021, Renesola UK (C‑209/20, EU:C:2021:400), apartados 31 y ss.
(
32
)	Véanse, a este respecto, los puntos 37 a 46 de las presentes conclusiones.
(
33
)	A modo de recordatorio, el litigio que dio lugar a esta sentencia enfrentaba al Sr. Jørn Hansson, titular de un derecho a la protección de la Unión de obtención vegetal sobre una variedad específica de margarita, y a la sociedad Jungpflanzen Grünewald GmbH, que, durante siete años, había cultivado y distribuido esta variedad floral bajo una denominación distinta, a propósito de la indemnización del perjuicio sufrido por el primero como consecuencia de la distribución no autorizada de la variedad en cuestión.
(
34
)	Sentencia Hansson, apartado 30.
(
35
)	Sentencia Hansson, apartado 31. Esta cantidad asciende, en esencia, al 100 % de los derechos consignados en las licencias para la producción de semillas certificadas. En el ejemplo que figura en la nota 23 anterior, se trataría del pago de un importe de 10 euros.
(
36
)	Como ya he indicado en el punto 41 de las presentes conclusiones, es preciso distinguir este concepto de «indemnización razonable» del que figura en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94. Véase asimismo, a este respecto, el punto 42 de las presentes conclusiones.
(
37
)	Sentencia Hansson, apartados 31 y 32.
(
38
)	Sentencia Hansson, apartado 33. El subrayado es mío. Véanse, asimismo, las conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe presentadas en el asunto Hansson (C‑481/14, EU:C:2016:73), punto 30, y las del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:187), punto 40.
(
39
)	Véanse sus conclusiones presentadas en el asunto Hansson (C‑481/14, EU:C:2016:73), punto 34. «En efecto, en mi opinión, la expresión “reparar el perjuicio sufrido” excluye que quepa interpretar la citada disposición en el sentido de que tiene un objetivo “punitivo” consistente en conceder al titular una indemnización que exceda del importe necesario para compensarle el perjuicio sufrido.»
(
40
)	Sentencia Hansson, apartados 34 y 35. En sus conclusiones presentadas en ese asunto (C‑481/14, EU:C:2016:73), punto 35, el Abogado General Saugmandsgaard Øe afirmó que «por el contrario, otras disposiciones del Reglamento n.o 2100/94 permiten imponer al infractor obligaciones adicionales al resarcimiento del perjuicio. Pues bien, el objetivo punitivo puede alcanzarse también mediante la imposición de sanciones penales que, de conformidad con el artículo 107 del citado Reglamento, estén reguladas por el Derecho interno de los Estados miembros, a falta de armonización en el ámbito de la Unión Europea». El subrayado es mío.
(
41
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16). El considerando 17 de dicha Directiva expone que «las medidas, procedimientos y recursos que dispone la presente Directiva deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas, incluidos los rasgos específicos de cada derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infracción». El considerando 26 de la citada Directiva enuncia que, «con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor que haya realizado una actividad que constituya una infracción de este tipo a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación».
(
42
)	En relación con esta Directiva, procede recordar que, en respuesta a una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 13 de la Directiva, que lleva por epígrafe «Daños y perjuicios», el Tribunal de Justicia consideró que la Directiva se aplica, conforme a su artículo 2, apartado 1, sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse, en particular, en la legislación nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos. Véase la sentencia de 25 de enero de 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (C‑367/15, EU:C:2017:36), apartado 22. Haré de nuevo referencia a esta sentencia en los puntos 86 y 88 a continuación. El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 preceptúa lo siguiente: «Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.»
(
43
)	Sentencia Hansson, apartados 36 a 40.
(
44
)	Sentencia Hansson, apartados 33 a 43 y 56.
(
45
)	Sentencia Hansson, apartado 57.
(
46
)	Sentencia Hansson, apartado 58.
(
47
)	Véase la sentencia Hansson, apartado 59.
(
48
)	En la vista, la Comisión señaló que esa cantidad mínima a tanto alzado en concepto de indemnización también permite al agricultor calcular el importe de la indemnización que tendría que abonar en caso de cometer una infracción repetida e intencionada, contribuyendo así a la seguridad jurídica tanto del agricultor como del titular de la variedad protegida.
(
49
)	Por su parte, STV alega que la disposición controvertida «sirve para restablecer el equilibrio» entre los intereses de los titulares de obtenciones vegetales y los de los agricultores tomando en consideración la posición de desventaja de los primeros en relación con el privilegio de plantación de los segundos. No obstante, me parece importante recordar que el objetivo de la indemnización razonable, contemplada en el artículo 14, apartado 3, cuarto guion, del Reglamento n.o 2100/94, es establecer dicho equilibrio. La disposición controvertida, por su parte, contempla la responsabilidad de indemnizar al titular por cualquier perjuicio resultante según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 94 del Reglamento n.o 2100/94 en caso de que el agricultor de que se trate haya incumplido repetida e intencionadamente su obligación derivada del artículo 14, apartado 3, cuarto guion, del Reglamento n.o 2100/94.
(
50
)	Sentencia de 25 de enero de 2017 (C‑367/15, EU:C:2017:36), apartados 23, 25, 26 y 31. Véase una opinión en sentido contrario en las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (C‑367/15, EU:C:2016:900). Véase asimismo la nota 42 anterior. A modo de recordatorio, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia precisó que, aun cuando la indemnización de un perjuicio calculado sobre la base del doble del canon hipotético excediera de forma tan clara y considerable del perjuicio realmente sufrido, de modo que una solicitud en este sentido podría constituir un abuso de derecho, se desprendía, sin embargo, de las observaciones formuladas por el Gobierno interesado en la vista que, según la normativa aplicable al litigio principal, en dicho supuesto, el juez nacional no estaría vinculado por la solicitud del titular del derecho vulnerado.
(
51
)	Es decir, el 50 % de los derechos consignados en las licencias para la producción de semillas certificadas.
(
52
)	Sentencia Hansson, apartado 57.
(
53
)	Es decir, si «esa persona hubiere incumplido repetida e intencionadamente su obligación derivada del cuarto guion del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento [n.o 2100/94]».
(
54
)	Procede señalar que, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia en la vista, la Comisión indicó que la razón de la introducción de dicha cantidad mínima a tanto alzado en la disposición controvertida no se desprende de los documentos preparatorios del citado Reglamento.
(
55
)	Véanse los puntos 39 y 42 de las presentes conclusiones.
(
56
)	Véase, en este sentido, la sentencia Geistbeck, apartado 32.
(
57
)	Sentencias Hansson, apartado 46, y Geistbeck, apartado 36.
(
58
)	Sentencia Hansson, apartados 33 a 43 y 56. El subrayado es mío.
(
59
)	Apartado 59.
(
60
)	Sentencia Hansson, apartado 35. El subrayado es mío.
(
61
)	Ni específicamente con el fin de reembolsar los beneficios y las ventajas obtenidos por el infractor. Sentencia Hansson, apartado 43.
(
62
)	Véanse, a este respecto, los puntos 63 y 64 de las presentes conclusiones. Ha de señalarse que la Comisión observó en la vista que, cuando el obtentor puede demostrar el alcance exacto del perjuicio sufrido, la disposición controvertida no permite al juez que conoce del asunto reducir la cantidad a tanto alzado prevista en dicha disposición.
(
63
)	Véase, en este sentido, la sentencia Hansson, apartado 57.
(
64
)	Sentencia Hansson, apartado 34. Como recordó el Abogado General Saugmandsgaard Øe en sus conclusiones presentadas en el asunto Hansson (C‑481/14, EU:C:2016:73), punto 35, nota 9, en 2013, la Comisión propuso modificar el Reglamento n.o 2100/94 para obligar a los Estados miembros a adoptar sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias [propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la producción y comercialización de los materiales de reproducción vegetal (Reglamento sobre materiales de reproducción vegetal) (COM(2013) 0262 final, de 6 de mayo de 2013, p. 98)]. Dicha propuesta fue rechazada mediante una resolución legislativa del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 2014 (T7‑0185/2014), y posteriormente retirada por la Comisión (DO 2015, C 80, p. 20).
(
65
)	Sentencia Hansson, apartado 35.
(
66
)	Véase, a este respecto, el punto 70 de las presentes conclusiones.
(
67
)	A este respecto, he de recordar que el artículo 94, apartado 2, segunda frase, del Reglamento n.o 2100/94 establece que, en caso de negligencia leve, el derecho de reparación podrá reducirse en consecuencia, sin que pueda no obstante ser inferior a la ventaja obtenida por la persona que cometió la infracción. A contrario sensu, de esta disposición podría deducirse que sería necesario que dicho Reglamento recogiera un precepto específico que permitiera la adopción de una disposición, como la controvertida, que contemple un incremento de ese derecho de reparación por encima del perjuicio sufrido.
(
68
)	Véase la nota 67 anterior. En particular, procede recordar que el artículo 94, apartado 2, segunda frase, del Reglamento n.o 2100/94 contempla la posibilidad de reducir el importe del derecho de reparación del perjuicio sufrido por el titular en caso de negligencia leve, sin que ese derecho de reparación pueda no obstante ser inferior a la ventaja obtenida por la persona que cometió la infracción.
(
69
)	Sentencia Hansson, apartado 59.
(
70
)	Sentencia de 25 de enero de 2017 (C‑367/15, EU:C:2017:36).
(
71
)	Véase, a este respecto, el artículo 1 de la Directiva 2004/48.
(
72
)	Véanse sus conclusiones presentadas en el asunto Hansson (C‑481/14, EU:C:2016:73), punto 52.
(
73
)	Sentencia de 25 de enero de 2017 (C‑367/15, EU:C:2017:36).