Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ATHANASIOS RANTOS
presentadas el 10 de julio de 2025 (1)
Asuntos acumulados C‑722/23 [Rugu] y C‑91/24 [Aucroix] (i)
AR
con intervención de
Procureur général (C‑722/23)
y
Procureur général de Mons
contra
HL (C‑91/24)
[Peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Bélgica)]
« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 1, apartado 3 — Procedimientos de entrega entre Estados miembros — Motivos para la no ejecución — Respeto de los derechos fundamentales — Condiciones de reclusión en el Estado miembro emisor — Artículo 4, punto 6 — Motivo de no ejecución facultativa — Objetivo de reinserción social — Nacional de un Estado miembro que reside en el territorio del Estado miembro de ejecución — Lucha contra la impunidad — Reconocimiento de sentencias por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en otro Estado miembro — Decisión Marco 2008/909/JAI — Artículo 25 — Ejecución de una condena en el marco del artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584 — Consentimiento del Estado miembro emisor »
I.      Introducción
1.        AR, nacional rumano, y HL, nacional belga, ambos residentes en Bélgica, fueron objeto de sendas órdenes de detención europea (en lo sucesivo, «ODE») emitidas, respectivamente, por las autoridades judiciales rumanas y griegas para la ejecución de penas privativas de libertad. Los órganos jurisdiccionales de apelación belgas que conocieron del asunto denegaron la ejecución de estas ODE debido a que, en caso de entrega, las condiciones de reclusión en los Estados miembros emisores expondrían a AR y HL al riesgo de que se vulneraran sus derechos fundamentales.
2.        En este contexto, la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Bélgica) pregunta al Tribunal de Justicia si, en una situación en la que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución deniegan la ejecución de una ODE sobre la base del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, (2) estos órganos jurisdiccionales pueden o deben aplicar el motivo de no ejecución facultativa previsto en el artículo 4, punto
6, de dicha Decisión Marco con vistas a la ejecución, en el Estado miembro de ejecución, de la pena impuesta cuando las personas de que se trate sean nacionales de ese Estado miembro o residan en él.
3.        Los presentes asuntos acumulados se inscriben en el contexto jurisprudencial posterior a la sentencia Aranyosi y Căldăraru, (3) en la que el Tribunal de Justicia declaró por primera vez, en esencia, que si, en circunstancias excepcionales, la autoridad judicial de ejecución llega a la conclusión de que, por una parte, existen razones serias y fundadas para creer que la persona buscada, en caso de entrega al Estado miembro emisor, correrá un riesgo de que se vulneren sus derechos fundamentales y de que, por otra parte, ese riesgo no puede excluirse en un plazo razonable, dicha autoridad judicial de ejecución no puede ejecutar la ODE, de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584, interpretado a la luz del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Así pues, estos asuntos plantean la cuestión inédita de las consecuencias que deben extraerse de la denegación de ejecución de una ODE debido a las condiciones de reclusión en el Estado miembro emisor en cuanto a la situación de las personas afectadas, a saber, si la autoridad judicial de ejecución debe ponerlas en libertad o si, para evitar su impunidad, puede o está obligada a hacer que cumplan su pena en el territorio del Estado miembro de ejecución, sobre la base del artículo 4, punto
6, de la citada Decisión Marco, cuando concurran los requisitos establecidos en esta disposición.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
1.      Decisión Marco 2002/584
4.        A tenor de los considerandos 5, 6 y 12 de la Decisión Marco 2002/584:
«(5)      El objetivo atribuido a la Unión [Europea] de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia da lugar a la supresión de la extradición entre los Estados miembros, debiéndose sustituir por un sistema de entrega entre autoridades judiciales. Por otro lado, la creación de un nuevo sistema simplificado de entrega de personas condenadas o sospechosas, con fines de ejecución de las sentencias o de diligencias en materia penal permite eliminar la complejidad y los riesgos de retraso inherentes a los actuales procedimientos de extradición. Es preciso sustituir las relaciones clásicas de cooperación que prevalecían entre Estados miembros por un sistema de libre circulación de decisiones judiciales en materia penal, tanto previas a la sentencia como definitivas, en el espacio de libertad, seguridad y justicia.
(6)      La [ODE] prevista en la presente Decisión marco es la primera concreción en el ámbito del Derecho penal del principio del reconocimiento mutuo que el Consejo Europeo ha calificado como “piedra angular” de la cooperación judicial.
[…]
(12)      La presente Decisión marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 [TUE] y reflejados en la [Carta], en particular en su capítulo VI. […]»
5.        El artículo
1 de dicha Decisión Marco, titulado «Definición de la [ODE] y obligación de ejecutarla», dispone:
«1.      La [ODE] es una resolución judicial dictada por un Estado miembro con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.
2.      Los Estados miembros ejecutarán toda [ODE], sobre la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la presente Decisión marco.
3.      La presente Decisión marco no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 [TUE].»
6.        El artículo
3 de la citada Decisión Marco, titulado «Motivos para la no ejecución obligatoria de la [ODE]», tiene el siguiente tenor:
«La autoridad judicial del Estado miembro de ejecución (denominada en lo sucesivo “autoridad judicial de ejecución”) denegará la ejecución de la [ODE] en los casos siguientes:
1)      cuando el delito en que se base la orden de detención europea esté cubierto por la amnistía en el Estado miembro de ejecución si este tuviere competencia para perseguir dicho delito según su propio Derecho penal;
2)      cuando de la información de que disponga la autoridad judicial de ejecución se desprenda que la persona buscada ha sido juzgada definitivamente por los mismos hechos por un Estado miembro siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución, o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado miembro de condena;
3)      cuando la persona que sea objeto de la [ODE] aún no pueda ser, por razón de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en que se base dicha orden, con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución.»
7.        El artículo
4 de la misma Decisión Marco, titulado «Motivos de no ejecución facultativa de la [ODE]», prevé, en su punto 6:
«La autoridad judicial de ejecución podrá denegar la ejecución de la [ODE]:
[…]
6)      cuando la [ODE] se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad contra una persona buscada que sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él y este se comprometa a ejecutar él mismo dicha pena o medida de seguridad de conformidad con su Derecho interno».
8.        El artículo
4 bis de la Decisión Marco 2002/584 se refiere a las resoluciones dictadas a raíz de un juicio celebrado sin comparecencia del imputado.
2.      Decisión Marco 2008/909/JAI
9.        Los considerandos 9 y 12 de la Decisión Marco 2008/909/JAI (4) están redactados en los siguientes términos:
«(9)      El cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución debe incrementar las posibilidades de reinserción social del condenado. Para asegurarse de que el Estado de ejecución hará ejecutar la condena cumpliendo la finalidad de facilitar la reinserción social del condenado, la autoridad competente del Estado de emisión debe tener en cuenta aspectos como la relación del condenado con el Estado de ejecución, por ejemplo si el condenado considera que allí se encuentran sus vínculos familiares, lingüísticos, culturales, sociales o económicos, y otros lazos con el Estado de ejecución.
[…]
(12)      La presente Decisión Marco se aplicará también, mutatis mutandis, a la ejecución de condenas en los supuestos contemplados en el artículo 4, apartado 6, y en el artículo 5, apartado 3, de la Decisión Marco [2002/584]. Ello implica, entre otras cosas, que, no obstante lo dispuesto en dicha Decisión Marco, el Estado de ejecución podrá verificar si existen motivos de denegación conforme a lo previsto en el artículo 9 de la presente Decisión Marco y comprobar la posible doble tipificación, en la medida en que el Estado de ejecución haya formulado una declaración en virtud del artículo 7, apartado 4, de la presente Decisión Marco, como condición para reconocer y ejecutar la sentencia, con vistas a estudiar si opta por entregar al condenado o ejecutar la sentencia en los casos que se ajusten al artículo 4, apartado 6, de la Decisión Marco
[2002/584].»
10.      El artículo 3 de la Decisión Marco 2008/909, titulado «Objetivo y ámbito de aplicación», prevé, en sus apartados 1 y 2:
«1.      La presente Decisión Marco tiene por objeto establecer las normas con arreglo a las cuales un Estado miembro, para facilitar la reinserción social del condenado, reconocerá una sentencia y ejecutará la condena.
2.      La presente Decisión Marco se aplicará cuando el condenado se encuentre en el Estado de emisión o en el Estado de ejecución.»
11.      El artículo
4 de esta Decisión Marco, titulado «Criterios para la transmisión de una sentencia y un certificado a otro Estado miembro», establece:
«1.      Siempre que el condenado se encuentre en el Estado de emisión o en el Estado de ejecución, y siempre que haya dado su consentimiento cuando así lo exija el artículo 6, podrá transmitirse una sentencia, acompañada del certificado cuyo formulario normalizado figura en el anexo I, a uno de los siguientes Estados miembros:
a)      el Estado miembro de nacionalidad del condenado en el que este viva, o
b)      el Estado miembro de nacionalidad al que, si no es el Estado miembro en el que vive, el condenado será expulsado una vez puesto en libertad […], o
c)      cualquier Estado miembro, distinto de los Estados miembros mencionados en las letras a) y b), cuya autoridad competente consienta en que se le transmita la sentencia y el certificado a dicho Estado miembro.
2.      Podrá transmitirse la sentencia y el certificado cuando la autoridad competente del Estado de emisión, en su caso después de consultas entre las autoridades competentes del Estado de emisión y del Estado de ejecución, tenga el convencimiento de que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado.
3.      Antes de transmitir la sentencia y el certificado, la autoridad competente del Estado de emisión podrá consultar, por todos los medios apropiados, a la autoridad competente del Estado de ejecución. La consulta será obligatoria en los casos a que se refiere el apartado 1, letra c). En esos casos, la autoridad competente del Estado de ejecución informará inmediatamente al Estado de emisión de su decisión de autorizar o no la transmisión de la sentencia.
[…]
5.      El Estado de ejecución podrá igualmente solicitar, por propia iniciativa, al Estado de emisión la transmisión de la sentencia junto con el certificado. […] Las solicitudes realizadas en virtud del presente apartado no supondrán la obligación del Estado de emisión de transmitir la sentencia acompañada del certificado.
6.      En la aplicación de la presente Decisión Marco, los Estados miembros adoptarán medidas que tendrán en cuenta especialmente el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado, y que constituirán la base sobre la que sus autoridades competentes adoptarán las decisiones de autorizar o no la transmisión de la sentencia y del certificado en los casos contemplados en el apartado 1, letra c).
[…]»
12.      El artículo
8 de la misma Decisión Marco, titulado «Reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena», dispone lo siguiente:
«1.      La autoridad competente del Estado de ejecución reconocerá toda sentencia que haya sido transmitida de conformidad con el artículo 4 y mediante el procedimiento previsto en el artículo 5, y adoptará sin dilación las medidas necesarias para la ejecución de la condena, a no ser que decida acogerse a alguno de los motivos de no reconocimiento y de no ejecución que se contemplan en el artículo 9.
2.      En caso de que la condena, por su duración, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá tomar la decisión de adaptar la condena únicamente cuando supere la pena máxima contemplada por su legislación nacional para delitos del mismo tipo. La duración de la condena adaptada no podrá ser inferior a la pena máxima contemplada por la legislación del Estado de ejecución para delitos del mismo tipo.
3.      En caso de que la condena, por su naturaleza, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá adaptarla a la pena o medida contemplada en su propia legislación para delitos similares. Esta pena o medida deberá corresponder siempre que sea posible a la condena impuesta en el Estado de emisión y por consiguiente la condena no podrá transformarse en una sanción pecuniaria.
4.      La condena adaptada no podrá agravar por su naturaleza o por su duración la condena impuesta en el Estado de emisión.»
13.      El artículo
25 de la mencionada Decisión Marco, titulado «Ejecución de condenas a raíz de una [ODE]», prevé:
«Sin perjuicio de la Decisión Marco [2002/584], lo dispuesto en la presente Decisión Marco se aplicará, mutatis mutandis y en la medida en que sea compatible con lo dispuesto en dicha Decisión Marco, a la ejecución de condenas cuando un Estado miembro se comprometa a ejecutar la condena en virtud del artículo 4, apartado 6, de dicha Decisión Marco, o cuando un Estado miembro, en aplicación del artículo 5, apartado 3, de la citada Decisión Marco, haya impuesto la condición de que la persona condenada sea devuelta para cumplir la condena en el Estado miembro de que se trate, a fin de impedir la impunidad de la persona de que se trate.»
B.      Derecho belga
14.      La loi relative au mandat d’arrêt européen (Ley relativa a la Orden de Detención Europea), de 19 de diciembre de 2003 (en lo sucesivo, «Ley de 19 de diciembre de 2003»), (5) dispone, en su artículo 4:
«Se denegará la ejecución de una [ODE] en los casos siguientes:
[…]
5°      cuando existan razones serias para considerar que la ejecución de la [ODE] tendría por efecto vulnerar los derechos fundamentales de la persona de que se trate, consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.»
15.      A tenor de lo dispuesto en el artículo 6, punto 4, de dicha Ley:
«La ejecución podrá denegarse en los casos siguientes:
[…]
4°      si la [ODE] se ha dictado a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad, cuando la persona afectada sea belga o resida en Bélgica y las autoridades belgas competentes se comprometan a ejecutar dicha pena o medida de seguridad de conformidad con el Derecho belga.»
III. Litigios principales, cuestiones prejudiciales y procedimientos ante el Tribunal de Justicia
A.      Asunto C‑722/23
16.      El 1 de agosto de 2023, AR, nacional rumano residente en Bélgica, fue objeto de una ODE emitida por la autoridad judicial rumana con vistas a la ejecución de una pena de prisión de cuatro años. La chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Cámara del Consejo del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Bélgica) denegó, mediante auto, la ejecución de dicha ODE, sobre la base del artículo 4, punto
5, de la Ley de 19 de diciembre de 2003, por considerar que las condiciones de reclusión en Rumanía habrían expuesto a AR al riesgo de que se vulneraran sus derechos fundamentales, en este caso los contemplados en el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). (6)
17.      Mediante sentencia de 30 de octubre de 2023, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica), a raíz de un recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, confirmó dicho auto y, además, decidió que esa pena de prisión de cuatro años «podrá ejecutarse en Bélgica», de conformidad con el artículo 6, punto
4, de la Ley de 19 de diciembre de 2003, dado que el riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de AR no se refiere al procedimiento que dio lugar a la condena de este ni a la propia condena, sino a una modalidad de ejecución de la pena impuesta en Rumanía.
18.      AR interpuso recurso de casación contra la citada sentencia ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación), el órgano jurisdiccional remitente, invocando un motivo basado en la infracción del artículo 25 de la Decisión Marco
2008/909, del artículo 4, punto 5, de la Ley de 19 de diciembre de 2003 y del artículo 38, apartado 1, de la Ley de 15 de mayo de 2012 relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de penas u otras medidas privativas de libertad dictadas en un Estado miembro de la Unión Europea. (7) A este respecto, AR sostuvo que, tras haber constatado la aplicación del motivo de no ejecución obligatoria de la ODE previsto en el artículo 4, punto 5, de la Ley de 19 de diciembre de 2003, el órgano jurisdiccional de apelación no podía aplicar los efectos del motivo de no ejecución facultativa contemplado en el artículo 6, punto 4, de dicha Ley, ni, dado que residía en Bélgica, ordenar la ejecución en este Estado miembro de la pena de prisión que se le había impuesto en Rumanía.
19.      En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente señala que de la sentencia Openbaar Ministerie (Independencia de la autoridad judicial emisora) (8) se desprende que el mecanismo de la ODE tiene por objeto, en particular, luchar contra la impunidad de una persona buscada que se encuentre en un territorio distinto de aquel en el que supuestamente ha cometido un delito. Este órgano jurisdiccional se refiere también a la sentencia Popławski I, (9) en la que el Tribunal de Justicia declaró que, en caso de que se deniegue la ejecución de una ODE dictada a efectos de la entrega de una persona que haya sido objeto, en el Estado miembro emisor, de una sentencia firme que la condene a una pena privativa de libertad, la autoridad judicial de ejecución tiene la obligación de garantizar la ejecución efectiva de la pena impuesta a esa persona.
20.      Según el órgano jurisdiccional remitente, el motivo invocado por AR plantea la cuestión de si, cuando los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución de una ODE han constatado que, en caso de entrega de la persona buscada al Estado miembro emisor, existía un riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de esta y que ese riesgo no podía excluirse en un plazo razonable, por lo que están obligados a denegar la ejecución de dicha ODE, estos órganos jurisdiccionales pueden, no obstante, decidir, con el fin de evitar la impunidad de esa persona cuando resida en un territorio distinto de aquel en el que es sospechosa de haber cometido un delito, ordenar, de conformidad con la disposición nacional por la que se incorpore al ordenamiento jurídico nacional el artículo 4, punto
6, de la Decisión Marco 2002/584, la ejecución, en el Estado miembro de ejecución, de la pena de prisión impuesta a esa misma persona en el Estado miembro emisor y que es objeto de la mencionada ODE. Así pues, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la constatación de que existe un motivo de denegación de la ejecución obligatoria de una ODE se opone a que puedan aplicarse los efectos del motivo de no ejecución facultativa contemplado en el artículo 4, punto
6, de la citada Decisión Marco. El órgano jurisdiccional remitente precisa que, a diferencia del asunto que dio lugar a la sentencia Popławski I, el presente asunto se caracteriza por el hecho de que la persona de que se trata reside en el Estado miembro de ejecución y que procede aplicar el motivo de no ejecución obligatoria contemplado en el artículo 4, punto
5, de la Ley de 19 de diciembre de 2003.
21.      En estas circunstancias, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«Cuando los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución de una [ODE] hayan constatado que, en caso de entrega de la persona buscada al Estado miembro de emisión, existe un riesgo de que se vulneren los derechos fundamentales de dicha persona, vinculado a la ejecución de la pena extranjera, de modo que procede denegar la ejecución, ¿autoriza el artículo 4, [punto] 6, de la Decisión Marco [2002/584] a estos órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución, que comprueban que la persona buscada reside en este último Estado, a decidir a continuación que, con arreglo a la disposición que transpone al ordenamiento jurídico nacional el artículo 4, [punto] 6, de [la citada] Decisión Marco, procede ejecutar en el Estado miembro de ejecución la pena de prisión impuesta en el Estado miembro de emisión de la [ODE], pena que es objeto de dicho acto?»
22.      El órgano jurisdiccional remitente solicitó que el asunto C‑722/23 se tramitara conforme al procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Mediante resolución de 6 de diciembre de 2023, la Sala Primera del Tribunal de Justicia decidió, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, que no procedía estimar dicha solicitud.
B.      Asunto C‑91/24
23.      El 9 de marzo de 2016, HL, un nacional belga residente en Bélgica, fue objeto de una ODE emitida por la autoridad judicial griega con vistas a la ejecución de una pena de prisión de cinco años.
24.      Mediante sentencia de 18 de enero de 2024, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons (Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Mons, Bélgica) denegó la ejecución de dicha ODE, sobre la base del artículo 4, punto
5, de la Ley de 19 de diciembre de 2003, debido a que las deficiencias mentales que padece HL, junto con las condiciones de reclusión en el Estado miembro emisor, no permitían respetar las garantías previstas en los artículos
3 y 5 (10) del CEDH en la medida en que HL estaría expuesto al riesgo de ser internado en una prisión superpoblada donde no podría recibir la asistencia adecuada a su estado de salud.
25.      El procureur général près la cour d’appel de Mons (Fiscal General ante el Tribunal de Apelación de Mons) interpuso recurso de casación contra esa sentencia ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación), el órgano jurisdiccional remitente, alegando que, tras haberse negado a ejecutar dicha ODE debido a las condiciones de ejecución de la pena de prisión en el Estado miembro emisor, aquella Sala debería haber considerado la aplicación del motivo de no ejecución facultativa contemplado en el artículo 6, punto
4, de la Ley de 19 de diciembre de 2003. A este respecto, adujo que esta disposición pretendía evitar la impunidad de la persona cuya entrega se deniega.
26.      El órgano jurisdiccional remitente, por las mismas razones que las expuestas, en esencia, en su resolución de remisión en el asunto C‑722/23, se pregunta si, cuando los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución de una ODE han constatado que existía un riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de la persona buscada en caso de ser entregada al Estado miembro emisor, el artículo 4, punto
6, de la Decisión Marco 2002/584 impone a estos órganos jurisdiccionales, con el fin de evitar la impunidad de esa persona, cuando sea nacional del Estado miembro de ejecución o resida en él, examinar si procede ordenar, de conformidad con la citada disposición, la ejecución, en este Estado miembro, de la pena de prisión impuesta a dicha persona en el Estado miembro emisor y que es objeto de esa ODE.
27.      En estas circunstancias, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«Cuando los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución de una [ODE] hayan constatado que, en caso de entrega de la persona buscada al Estado miembro de emisión, existe un riesgo de que se vulneren los derechos fundamentales de dicha persona, vinculado a la ejecución de la pena extranjera, de modo que procede denegar la ejecución de tal [ODE], ¿debe interpretarse el artículo 4, [punto]
6, de la Decisión Marco [2002/584] en el sentido de que obliga a esos mismos órganos jurisdiccionales del Estado de ejecución a examinar, con el fin de evitar la impunidad de la persona buscada que tenga la nacionalidad de dicho Estado o que resida en él, si procede, de conformidad con la disposición que transpone al ordenamiento jurídico nacional el artículo 4, [punto] 6, antes citado, ordenar la ejecución, en el Estado miembro de ejecución, de la pena de prisión impuesta a la persona contra la que se dirige esta [ODE] en el Estado miembro de emisión de la [ODE], pena que es objeto de dicho acto?»
28.      Mediante decisión del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 2025 se acordó la acumulación de los asuntos C‑722/23 y C‑91/24 a efectos del procedimiento oral y de la sentencia.
29.      Han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia en ambos asuntos los Gobiernos belga, francés y rumano y la Comisión Europea. El Gobierno neerlandés solo ha presentado observaciones escritas en el asunto C‑91/24 y el Gobierno polaco únicamente en el asunto C‑722/23. A excepción del Gobierno polaco, estas partes y AR también formularon observaciones orales en la vista celebrada el 18 de marzo de 2025.
IV.    Apreciación
30.      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, punto
6, de la Decisión Marco 2002/584 debe interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial de ejecución, cuando deniega la ejecución de una ODE sobre la base del motivo de no ejecución derivado del artículo 1, apartado 3, de esta Decisión Marco debido a la existencia de un riesgo de que la persona de que se trate sea objeto, en caso de ser entregada a la autoridad judicial emisora, de una vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia de las condiciones de reclusión en el Estado miembro emisor, tiene la facultad o la obligación, para evitar la impunidad de esa persona, de examinar si procede ordenar la ejecución de dicha pena en el territorio del Estado miembro de ejecución cuando compruebe que esa persona es nacional de este Estado miembro o reside en él.
A.      Observaciones preliminares
31.      Con carácter preliminar, he de recordar que la Decisión Marco 2002/584 pretende, a través del establecimiento de un sistema simplificado y eficaz de entrega de personas condenadas o sospechosas de haber infringido la ley penal, facilitar y acelerar la cooperación judicial para contribuir a que se logre el objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia basado en el grado de confianza elevado que debe existir entre los Estados miembros. En el ámbito regulado por esta Decisión Marco, el principio de reconocimiento mutuo, que constituye, como se desprende, en particular, del considerando
6 de esta, la «piedra angular» de la cooperación judicial en materia penal, tiene su expresión en el artículo 1, apartado 2, de dicha Decisión Marco, que consagra la norma en virtud de la cual los Estados miembros están obligados a ejecutar toda ODE sobre la base del principio de reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de tal Decisión Marco. De ello se deriva, por un lado, que las autoridades judiciales de ejecución solo pueden negarse a ejecutar una ODE por los motivos enumerados en la Decisión Marco 2002/584, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia. Por otro lado, mientras que la ejecución de la ODE constituye el principio, la denegación de la ejecución se concibe como una excepción, que debe ser objeto de interpretación estricta. (11) Esta Decisión Marco recoge, en su artículo 3, motivos de no ejecución obligatoria de la ODE y, en sus artículos 4 y 4 bis, motivos de no ejecución facultativa de esta. (12)
32.      Además, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tanto el principio de confianza mutua entre los Estados miembros como el principio de reconocimiento mutuo, que se basa a su vez en la confianza recíproca entre aquellos, tienen una importancia fundamental en el Derecho de la Unión, dado que permiten la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores. Más específicamente, el principio de confianza mutua obliga a cada uno de los Estados miembros, en particular en lo que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia, a considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese Derecho. Así pues, cuando aplican el Derecho de la Unión, los Estados miembros están obligados a presumir que los demás Estados miembros respetan los derechos fundamentales, de forma que no pueden ni exigir a otro Estado miembro un nivel de protección nacional de los derechos fundamentales superior al garantizado por el Derecho de la Unión ni verificar, salvo en supuestos excepcionales, si ese otro Estado miembro ha respetado efectivamente, en un caso concreto, los derechos fundamentales garantizados por la Unión. (13)
33.      Siempre según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pese a que para garantizar la plena aplicación de los principios de confianza y de reconocimiento mutuos que subyacen al funcionamiento del mecanismo de la ODE corresponde esencialmente a cada Estado miembro garantizar, bajo el control último del Tribunal de Justicia, la salvaguardia de las exigencias inherentes a los derechos fundamentales garantizados por la Carta, absteniéndose de toda medida que pueda menoscabarlas, la existencia de un riesgo real de que la persona objeto de una ODE sufra, en caso de ser entregada a la autoridad judicial emisora, una vulneración de esos derechos fundamentales permite a la autoridad judicial de ejecución abstenerse, con carácter excepcional, de dar curso a dicha ODE, sobre la base del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584, (14) a tenor del cual esta no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo
6 TUE.
34.      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a esta Decisión Marco se desprende asimismo que la apreciación, en un procedimiento de ejecución de una ODE, de la realidad del riesgo de vulneración de los derechos fundamentales garantizados por la Carta debe realizarse, en principio, mediante un examen estructurado en dos fases distintas que no pueden confundirse, en la medida en que implican un análisis basado en criterios diferentes, y que, por tanto, deben llevarse a cabo de forma sucesiva. A tal fin, la autoridad judicial de ejecución debe determinar, en una primera fase, si existen elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados que permitan demostrar la existencia de un riesgo real de vulneración, en el Estado miembro emisor, de uno de estos derechos fundamentales bien por deficiencias sistémicas o generalizadas, bien por deficiencias que afecten más específicamente a un grupo de personas objetivamente identificable. En una segunda fase, la autoridad judicial de ejecución debe comprobar, de modo concreto y preciso, en qué medida las deficiencias identificadas en la primera fase del examen pueden incidir en la persona objeto de una ODE y si, habida cuenta de su situación individual, existen razones serias y fundadas para creer que dicha persona correrá un riesgo real de que se vulneren tales derechos fundamentales en caso de ser entregada al Estado miembro emisor. (15) Si la autoridad judicial de ejecución considera que no dispone de todos los elementos necesarios para adoptar una decisión sobre la entrega de la persona afectada, deberá, con arreglo al artículo 15, apartado 2, (16) de la Decisión Marco
2002/584, solicitar a la autoridad judicial emisora que le facilite urgentemente toda la información complementaria que considere necesaria sobre las condiciones de reclusión previstas para esa persona. (17)
35.      Como ha señalado el Abogado General Campos Sánchez-Bordona, la jurisprudencia expuesta en los puntos 32 a 34 de las presentes conclusiones, consagrada en la sentencia Aranyosi y Căldăraru, constituye un ejemplo de creación pretoriana del Derecho, por parte del Tribunal de Justicia, justificada por la necesidad de arbitrar una vía de protección de los derechos fundamentales de la persona, en supuestos no expresamente previstos por el legislador de la Unión en el marco de la ODE. (18) Así pues, procede constatar que la exigencia de garantizar la protección de los derechos fundamentales de la persona de que se trate, en las condiciones enunciadas por dicha jurisprudencia, constituye un nuevo motivo de no ejecución obligatoria de una ODE, que se añade a los ya previstos en el artículo 3 de la Decisión Marco
2002/584.
B.      Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales
36.      El Gobierno francés, sin proponer formalmente una excepción de inadmisibilidad, alega en sus observaciones escritas que el contexto y el título de las cuestiones prejudiciales se refieren únicamente a un riesgo, en caso de entrega de las personas buscadas, de vulneración de los derechos fundamentales vinculado a la ejecución de la pena extranjera, sin precisiones adicionales ni demostración de la verificación en dos fases que requiere
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y se expone en el punto
34 de las presentes conclusiones. Por consiguiente, existe una duda sobre si estas cuestiones responden a una necesidad inherente a la solución efectiva de los litigios principales. (19)
37.      Ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. No obstante, también es jurisprudencia reiterada que el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir. La justificación de la remisión prejudicial no es la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino su necesidad para la resolución efectiva de un litigio. (20) Como se desprende de los propios términos del artículo 267 TFUE, la decisión prejudicial solicitada debe ser «necesaria» para que el tribunal remitente pueda «emitir su fallo» en el asunto de que conoce. (21)
38.      A este respecto, de las resoluciones de remisión se desprende que los órganos jurisdiccionales de apelación belgas ante los que se interpuso recurso denegaron la ejecución de las ODE dictadas contra AR y HL basándose en el artículo 4, punto
5, de la Ley de 19 de diciembre de 2003, a tenor del cual se denegará la ejecución de una ODE cuando existan razones serias para considerar que dicha ejecución tendría por efecto vulnerar los derechos fundamentales de la persona de que se trate, consagrados en el Derecho de la Unión.
39.      Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, tal disposición, siempre que se interprete que tiene el mismo alcance que el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584, únicamente permite denegar la ejecución de una ODE en el contexto recordado en el punto
33 de las presentes conclusiones y, por tanto, no puede considerarse que establezca un motivo de no ejecución que no se derive de dicha Decisión Marco. El Tribunal de Justicia concluyó de ello que esta Decisión Marco debe interpretarse en el sentido de que una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una ODE basándose en un motivo de no ejecución que no se derive de dicha Decisión Marco, sino del Derecho del Estado miembro de ejecución exclusivamente, y que, en cambio, esa autoridad judicial puede aplicar una disposición nacional que establezca que se denegará la ejecución de una ODE cuando dicha ejecución daría lugar a la vulneración de un derecho fundamental consagrado por el Derecho de la Unión, siempre que el alcance de esta disposición no exceda el del artículo
1, apartado
3, de la Decisión Marco
2002/584, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia. (22)
40.      En el presente asunto, de las resoluciones de remisión se desprende que los órganos jurisdiccionales belgas consideraron, por una parte, que existían razones serias y fundadas para creer que las personas buscadas correrían un riesgo de que se vulneraran sus derechos fundamentales en caso de ser entregadas a los Estados miembros emisores y que, por otra parte, ese riesgo no podía excluirse en un plazo razonable. Así pues, en estas resoluciones, el órgano jurisdiccional remitente parte de la premisa, que resulta de un examen de las circunstancias de los litigios principales, de que se cumplen los requisitos de aplicación del motivo de no ejecución derivado del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584. Esta premisa, cuyo fundamento dicho órgano jurisdiccional no solicita al Tribunal de Justicia que confirme, no se discute en el contexto de las presentes peticiones de decisión prejudicial. En efecto, mediante sus cuestiones prejudiciales, este órgano jurisdiccional no se pregunta sobre la legalidad de las condiciones en las que no se ejecutaron las ODE, sino sobre las consecuencias que deben extraerse de esa situación en lo que respecta a la ejecución de las penas impuestas a estas personas, a la luz de la citada Decisión Marco.
41.      Por consiguiente, procede constatar que las cuestiones prejudiciales planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión y que su respuesta resulta necesaria y pertinente para que el órgano jurisdiccional remitente pueda dictar sus resoluciones. Por lo tanto, considero que las cuestiones prejudiciales son admisibles.
C.      Sobre el fondo
1.      Sobre la Decisión Marco 2002/584
42.      El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre si la autoridad judicial de ejecución, en la situación en la que deniega la ejecución de una ODE sobre la base del motivo de no ejecución derivado del artículo
1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584, está obligada, para evitar que la persona afectada quede impune, a aplicar con carácter complementario el motivo de no ejecución facultativa previsto en el artículo 4, punto
6, de dicha Decisión Marco, cuando compruebe que esa persona es nacional del Estado miembro de ejecución o reside en él, con vistas a la ejecución en este último Estado miembro de la pena que se le ha impuesto en el Estado miembro emisor.
43.      A tenor del artículo
4, punto
6, de la Decisión Marco 2002/584, la aplicación del motivo de no ejecución facultativa de la ODE previsto en la citada disposición está supeditada al cumplimiento de dos requisitos, a saber, por una parte, que la persona buscada sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él y, por otra parte, que este Estado se comprometa a ejecutar, de conformidad con su Derecho interno, la pena o la medida de seguridad para la que se dictó la ODE. Por lo que respecta al primero de esos requisitos, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una persona buscada «reside» en el Estado miembro de ejecución cuando ha establecido su residencia real en este Estado y «habita» en él cuando, a raíz de una permanencia estable de cierta duración en ese Estado miembro, ha creado vínculos con dicho Estado que tengan fuerza similar a los resultantes de una residencia. (23) Por lo que respecta al segundo de los citados requisitos, del tenor del artículo 4, punto 6, de esa Decisión Marco resulta que toda denegación de ejecutar una ODE presupone un verdadero compromiso del Estado miembro de ejecución de ejecutar la pena privativa de libertad dictada contra la persona buscada. (24)
44.      Cuando la autoridad judicial de ejecución compruebe que concurren estos dos requisitos, aún tendrá que apreciar si existe un interés legítimo que justifique que la pena impuesta en el Estado miembro emisor sea ejecutada en el territorio del Estado miembro de ejecución. Esta apreciación permite a esa autoridad tener en cuenta el objetivo perseguido por el artículo
4, punto
6, de la citada Decisión Marco, que consiste, según reiterada jurisprudencia, en incrementar las posibilidades de reinserción social de la persona buscada una vez cumplida la pena a la que haya sido condenada. (25)
45.      En este caso, procede señalar que, en los litigios principales, el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584 se aplicó en lo que respecta a las condiciones de reclusión en los Estados miembros emisores. No se ha alegado que AR y HL no hayan disfrutado, en particular, del derecho fundamental a un proceso equitativo ante un tribunal establecido previamente por la ley, garantizado en el artículo
47, párrafo segundo, de la Carta. En estas circunstancias, las condenas penales que se les impusieron, respectivamente, en Rumanía y en Grecia, no se cuestionan y deben ejecutarse en las condiciones previstas en dicha Decisión Marco. Además, no se discute que HL es un nacional belga y que AR, un nacional rumano, «reside» en Bélgica, en el sentido del artículo 4, punto
6, de la referida Decisión Marco, de modo que se cumple,
en lo que les concierne,
el primer requisito a efectos de la aplicación del motivo de no ejecución facultativa previsto en esa disposición, recordado en el punto
43 de las presentes conclusiones.
46.      En estas circunstancias, considero que una autoridad judicial de ejecución, cuando deniega la ejecución de una ODE sobre la base del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584, debe aplicar, con carácter complementario, el motivo de no ejecución facultativa previsto en el artículo 4, punto
6, de dicha Decisión Marco y está obligada a examinar si procede ordenar la ejecución en el territorio del Estado miembro de ejecución de la pena privativa de libertad impuesta a la persona buscada, siempre que exista un interés legítimo que lo justifique.
47.      En efecto, en primer lugar, en lo que atañe al tenor de la citada Decisión Marco, ninguna de las disposiciones de esta prevé que pueda invocarse un único motivo de no ejecución de una ODE ni que uno de estos motivos prevalezca sobre otro. Así pues, cuando una autoridad judicial de ejecución se basa en el artículo 1, apartado 3, de esta misma
Decisión Marco para denegar la ejecución de una ODE, también está facultada para aplicar paralelamente el motivo de no ejecución facultativa previsto en su artículo
4, punto
6, en las condiciones establecidas en dicha disposición.
48.      A este respecto, el Gobierno neerlandés ha afirmado en sus observaciones escritas que existe una estratificación en niveles en la Decisión Marco 2002/584. (26) Por su parte, la Comisión alegó en sus observaciones escritas en el asunto C‑722/23 que, si bien estos dos motivos de no ejecución coexisten y su invocabilidad depende del cumplimiento de sus respectivos criterios, no existe jerarquía entre ellos, lo que significa que si la autoridad judicial de ejecución considera, tras llevar a cabo el examen en dos fases exigido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que existe un riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de la persona de que se trate, deberá denegar la entrega sobre la base del artículo 1, apartado 3, de la citada Decisión Marco, y puede, además, cuando concurran los requisitos de aplicación del artículo 4, punto
6, de esta, comprometerse a ejecutar la pena de conformidad con su Derecho interno y denegar la entrega sobre la base de esta última disposición. A mi modo de ver, existe efectivamente una jerarquía entre estos dos motivos de no ejecución que se deriva de su propia naturaleza, uno de carácter obligatorio y el otro facultativo, sin que esta jerarquía imponga a una autoridad judicial de ejecución seguir un orden preciso a la hora de invocar estos motivos.
49.      En segundo lugar, en las circunstancias de los litigios principales, entre los distintos motivos de no ejecución facultativa de la ODE mencionados en el artículo
4 de la Decisión Marco 2002/584, solo el contemplado en su punto
6 permite que se ejecute en el Estado miembro de ejecución la pena impuesta a la persona objeto de una ODE. Así pues, de no aplicarse esta disposición, esta persona tendría que ser puesta en libertad aunque hubiera sido condenada con carácter firme y pueda, según el delito cometido, presentar un grado de peligrosidad elevado para la sociedad, incluso en el Estado miembro de ejecución.
50.      Pues bien, como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el mecanismo de la ODE tiene por objeto luchar contra la impunidad de una persona buscada que se encuentre en un territorio distinto de aquel en el que es sospechosa de haber cometido un delito. (27) Admitir tal impunidad, que vulneraría los derechos de las víctimas de los delitos cometidos, sería incompatible con el objetivo perseguido tanto por la Decisión Marco
2002/584 como por el artículo
3 TUE, apartado
2, según el cual la Unión ofrece a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que está garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas, en particular, en materia de control de las fronteras exteriores, así como de prevención y lucha contra la delincuencia. (28) Por tanto, el Tribunal de Justicia ha afirmado que, si bien las disposiciones de la Decisión Marco 2002/584 no tienen efecto directo, el órgano jurisdiccional nacional competente está obligado, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, a interpretar las disposiciones nacionales de que se trate, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de dicha Decisión Marco, lo que implica que, en caso de que se deniegue la ejecución de una ODE dictada a efectos de la entrega de una persona que haya sido objeto, en el Estado miembro emisor, de una sentencia firme que la condene a una pena privativa de libertad, la autoridad judicial de ejecución tiene la obligación de garantizar la ejecución efectiva de la pena impuesta a esa persona. (29) De esta jurisprudencia se desprende que una autoridad judicial de ejecución debe poder garantizar la ejecución, en su propio territorio, de la pena impuesta a la persona buscada para que esta cumpla la pena que se le hubiere impuesto con carácter firme, sobre la base del artículo 4, punto 6, de la citada Decisión Marco.
51.      En tercer lugar, siempre según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el objetivo perseguido por el motivo de no ejecución facultativa enunciado en el artículo
4, punto
6, de la misma Decisión Marco consiste en permitir que la autoridad judicial de ejecución pueda conceder particular importancia a la posibilidad de aumentar las oportunidades de «reinserción social» de la persona buscada. (30) Pues bien, esta reinserción social presupone, por definición, que la pena se ejecute efectivamente y que, una vez cumplida dicha pena, la persona condenada sea asistida en el proceso de reintegración en la sociedad. Una persona condenada mediante sentencia firme que no cumpla su pena no solo no puede ser reinsertada socialmente, sino que también puede desarrollar un sentimiento de impunidad que puede fomentar la reincidencia.
52.      En cuarto lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que la Decisión Marco 2002/584 ha de ser interpretada de tal manera que se garantice la conformidad con las exigencias del respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas, sin que por ello se ponga en peligro la efectividad del sistema de cooperación judicial entre los Estados miembros, del que la ODE, tal y como está establecida por legislador de la Unión, constituye un elemento fundamental. (31)
53.      Así pues, los artículos 1, apartado 3, y 4, punto
6, de la Decisión Marco
2002/584 persiguen objetivos diferentes que no resultan antagónicos, sino complementarios en interés de la persona objeto de una ODE.
Mientras que la primera disposición tiene por objeto proteger los derechos fundamentales garantizados por el Derecho de la Unión en relación con la persona buscada, la segunda, tal como puso de manifiesto el Gobierno belga en sus observaciones escritas, pretende aumentar las posibilidades de reinserción social de esa persona tras haber cumplido su pena. El hecho de que una autoridad judicial de ejecución deniegue la ejecución de una ODE debido al riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de la persona de que se trate no excluye en absoluto que, al mismo tiempo, esta autoridad pueda considerar que la pena impuesta deba ejecutarse en el territorio del Estado miembro de ejecución cuando esa persona sea nacional o residente de dicho Estado y exista un interés legítimo que justifique que la pena sea ejecutada en el territorio de ese Estado. En otras palabras, como sostuvo la Comisión en la vista, la denegación de entrega basada en el citado artículo 1, apartado 3, en relación con las condiciones de reclusión en el Estado miembro emisor, no cuestiona la condena impuesta, mientras que el motivo de no ejecución previsto en el mencionado artículo 4, punto 6, sin cuestionar tampoco la condena, plantea la cuestión del lugar más adecuado para la ejecución de la pena.
54.      He de añadir que, en lo tocante a los motivos de no ejecución facultativa de la ODE enumerados en el artículo 4 de la Decisión Marco 2002/584, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en el contexto de la transposición de esta Decisión Marco a su Derecho interno, los Estados miembros disponen de un margen de apreciación. En este sentido, son libres de transponer o no esos motivos a su Derecho interno. Asimismo, pueden optar por limitar las situaciones en las que la autoridad judicial de ejecución puede denegar la ejecución de una ODE, para así facilitar la entrega de personas buscadas de conformidad con el principio de reconocimiento mutuo recogido en el artículo 1, apartado 2, de la citada Decisión Marco. Así sucede, en particular, con el artículo 4, punto 6, de dicha Decisión Marco. (32)
55.      Sin embargo, quisiera
señalar que la Decisión Marco
2002/584 establece, en su artículo
3, únicamente tres motivos para la no ejecución obligatoria de una ODE, a saber, la amnistía, la aplicación del principio non bis in idem y la edad de la persona objeto de la ODE. Estos motivos están relacionados, en realidad, con la falta de responsabilidad penal de la persona de que se trate y, en estas situaciones, la no ejecución de la pena impuesta, ya sea en el Estado miembro emisor o en el Estado miembro de ejecución, resulta totalmente lógica y coherente con el mecanismo de la ODE.
56.      Además, como he indicado en el punto
35 de las presentes conclusiones, la sentencia Aranyosi y Căldăraru constituye un ejemplo de creación pretoriana del Derecho por parte del Tribunal de Justicia, que ha añadido un motivo adicional de no ejecución obligatoria de una ODE, basado en el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584 y relativo al respeto de los derechos fundamentales de la persona de que se trate, en particular en lo que respecta a las condiciones de reclusión en el Estado miembro emisor. Este motivo de no ejecución obligatoria no se basa en la falta de responsabilidad penal de la persona de que se trate. Pues bien, la aplicación facultativa del motivo de no ejecución previsto en el artículo 4, punto
6, de dicha Decisión Marco puede dar lugar a que una persona condenada mediante sentencia firme en el Estado miembro emisor no cumpliera ninguna pena por el mero hecho de haber podido, al huir, residir en un Estado miembro distinto de aquel en el que cometió el delito por el que fue definitivamente condenado, incluso cuando su grado de peligrosidad sea elevado.
57.      En este contexto jurisprudencial, parecería incoherente con el mecanismo de la ODE conferir solo una mera facultad a la autoridad judicial de ejecución de aplicar el motivo de no ejecución previsto en el artículo 4, punto 6, de la citada Decisión Marco. Si dicha autoridad deniega la entrega de la persona buscada sobre la base del artículo
1, apartado 3, de esta, el carácter facultativo del citado artículo
4, punto
6, debería, a raíz de la creación pretoriana del Tribunal de Justicia establecida en la sentencia Aranyosi y Căldăraru, que consagró un nuevo motivo de no ejecución obligatoria de una ODE, transformarse, también mediante una creación pretoriana, en una obligación siempre que concurran los requisitos para su aplicación, lo que permitiría uniformizar las prácticas seguidas por los Estados miembros en el marco de la lucha contra la impunidad.
58.      El establecimiento de la obligación de aplicar dicho artículo
4, punto 6, resulta conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual, en caso de que se deniegue la ejecución de una ODE dictada a efectos de la entrega de una persona que haya sido objeto, en el Estado miembro emisor, de una sentencia firme que la condene a una pena privativa de libertad, la autoridad judicial de ejecución tiene la obligación de garantizar la ejecución efectiva de dicha pena. (33) En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado que la facultad de esta autoridad de denegar la ejecución de la ODE solo debe ejercerse a condición de que se garantice la ejecución efectiva en el Estado miembro de ejecución de la pena impuesta por el Estado miembro emisor contra la persona buscada, de modo que se consiga así una solución conforme con la finalidad perseguida por la Decisión Marco
2002/584, (34) a saber, la lucha contra la impunidad de la persona de que se trate. (35)
59.      En sus observaciones escritas y orales, el Gobierno francés y la Comisión alegan que obligar al Estado miembro de ejecución a hacerse cargo de una pena de prisión impuesta en el Estado miembro emisor equivaldría a liberar a este último de sus obligaciones a expensas del Estado miembro de ejecución y no incitaría a los Estados miembros incumplidores a subsanar esas deficiencias. El Gobierno francés añade que esta asunción tendría «graves consecuencias operativas» para el Estado miembro de ejecución.
60.      No obstante, ha de señalarse que, si el Estado miembro de ejecución decide aplicar el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584 en un caso concreto, tal decisión conlleva necesariamente consecuencias que debe poder asumir en lo que respecta a hacerse cargo en su territorio de la persona condenada. Redunda en el propio interés de dicho Estado miembro garantizar que así se haga para preservar su seguridad nacional y su orden público. Por otra parte, la alegación basada en la falta de incitación de los Estados miembros «incumplidores» a mejorar las condiciones de su sistema penitenciario parece débil. En efecto, la mayor incitación procede de la constatación, por parte de las instancias y de los órganos jurisdiccionales internacionales, de que sus condiciones de reclusión no se ajustan al estándar de protección de los derechos fundamentales garantizado por el Derecho de la Unión y, en particular, del artículo 4 de la Carta. (36) Además, puesto que la aplicación de este
artículo 1, apartado 3, solo tiene lugar en circunstancias excepcionales, como ha señalado el Tribunal de Justicia, es difícil concebir cómo esta asunción podría conllevar «graves consecuencias operativas» que pesarían sobre el Estado miembro de ejecución.
61.      Si bien la aplicación del artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco
2002/584 reviste carácter facultativo y las transposiciones nacionales de esta disposición varían de un Estado miembro a otro, (37) me parece útil precisar que solo algunos Estados miembros lo han transpuesto como motivo facultativo de no ejecución, ya que la mayoría lo han convertido en obligatorio o en parcialmente obligatorio. (38) Pues bien, en el marco de la aplicación del artículo 1, apartado 3, de dicha Decisión Marco, las autoridades judiciales de ejecución podrían verse privadas de una base jurídica que les permitiera ordenar la ejecución de la pena impuesta a la persona objeto de una ODE. (39) Por lo tanto, convertir este motivo de no ejecución en obligatorio constituiría una solución adaptada para paliar las dificultades prácticas encontradas por estas autoridades cuando aplican el artículo 1, apartado 3, de la referida Decisión Marco. (40)
62.      De las consideraciones anteriores resulta que una autoridad judicial de ejecución que deniega la ejecución de una ODE por el motivo de no ejecución derivado del artículo
1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584 está obligada, cuando compruebe que la persona de que se trate es nacional del Estado miembro de ejecución o reside en él, a aplicar el artículo
4, punto
6, de dicha Decisión Marco y, siempre que se cumplan los requisitos de aplicación de esta disposición, a ordenar la ejecución de la pena de prisión impuesta por el Estado miembro emisor en su propio territorio con el fin de evitar la impunidad de esa persona.
63.      En este caso, consta que el Reino de Bélgica transpuso a su Derecho nacional el motivo de no ejecución facultativa previsto en el artículo
4, punto
6, de dicha Decisión Marco mediante el artículo
6, punto
4, de la Ley de 19 de diciembre de 2003. Además, como se ha indicado en las presentes conclusiones, se cumple el primer requisito de aplicación del artículo 4, punto 6, de la citada Decisión Marco. (41) En cuanto al segundo requisito relativo al compromiso del Estado miembro de ejecución de ejecutar la pena «de conformidad con su Derecho interno», este implica que las medidas dirigidas a la ejecución de la pena impuesta por el Estado miembro emisor se rijan por el Derecho del Estado miembro de ejecución y deban permitir garantizar la ejecución material de la pena y asegurar la reinserción social de la persona condenada.
2.      Sobre la Decisión Marco 2008/909
64.      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al igual que la Decisión Marco 2002/584, la Decisión Marco 2008/909 concreta, en el ámbito penal, los principios de confianza mutua y de reconocimiento mutuo. Esta Decisión Marco, como subraya su considerando
5, profundiza la cooperación judicial en materia de reconocimiento y ejecución de las sentencias penales cuando se haya condenado a ciudadanos de la Unión a penas privativas de libertad en otro Estado miembro, con miras a facilitar su reinserción social. (42) A tenor de su artículo 3, apartados 1 y 2, la referida Decisión Marco, que se aplica cuando el condenado se encuentra en el Estado miembro de emisión o en el de ejecución, tiene por objeto establecer las normas con arreglo a las cuales un Estado miembro, para facilitar la reinserción social del condenado, reconocerá una sentencia y ejecutará la condena dictada por un tribunal de otro Estado miembro. Del artículo 25 de dicha Decisión Marco se desprende que lo en ella dispuesto se aplicará, mutatis mutandis y en la medida en que sea compatible con lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/584, a la ejecución de condenas cuando un Estado miembro se comprometa a ejecutar la condena en virtud del artículo 4, punto 6, de esta última Decisión Marco. (43)
65.      Así pues, la vinculación prevista por el legislador de la Unión entre la Decisión Marco 2002/584 y la Decisión Marco 2008/909 debe contribuir a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social de la persona en cuestión. Tal reinserción, por lo demás, redunda en interés no solo del condenado, sino también de la Unión en general. (44)
66.      Por consiguiente, como señaló el Abogado General Richard de la Tour en sus conclusiones presentadas el 13 de junio de 2024 en el asunto C. J. (Ejecución de una condena a raíz de una ODE), (45) del artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909 resulta que la aplicación por la autoridad judicial de ejecución del motivo de no ejecución facultativa previsto en el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584 presupone que se respeten el procedimiento y los requisitos que se establecen en la Decisión Marco 2008/909 para el reconocimiento y la ejecución de una sentencia en materia penal en un Estado miembro distinto del Estado miembro de emisión. (46) En otras palabras, la autoridad judicial de ejecución, para poder comprometerse a ejecutar la pena impuesta a la persona de que se trate tras verificar que dispone de la posibilidad de ejecutar realmente dicha pena de conformidad con su Derecho interno, como exige dicho artículo 4, punto 6, y evitar así todo riesgo de que esa persona quede impune, debe estar facultada para hacerse cargo de la ejecución de la citada pena con observancia de las normas previstas en la Decisión Marco 2008/909.
67.      El Tribunal de Justicia ha precisado que, entre estas normas figura, en particular, por una parte, el artículo 8, apartado 1, de esta Decisión Marco, según el cual la autoridad competente del Estado miembro de ejecución está, por regla general, obligada a acceder a la solicitud de reconocimiento de una sentencia y de ejecución de una condena a una pena privativa de libertad o una medida privativa de libertad, dictadas en otro Estado miembro, que le haya sido transmitida de conformidad con los artículos 4 y 5 de dicha Decisión Marco. En principio, la referida autoridad solo puede negarse a dar curso a tal solicitud por los motivos para el no reconocimiento y la no ejecución taxativamente relacionados en el artículo 9 de la mencionada Decisión Marco. (47) Además, el artículo 8, apartados 2 a 4, de la Decisión Marco
2008/909 establece, en esencia, estrictos requisitos para la adaptación de la condena dictada en el Estado miembro de emisión por parte de la autoridad competente del Estado miembro de ejecución, que son las únicas excepciones a la obligación de principio impuesta a tal autoridad, con arreglo al artículo 8, apartado 1, de esta Decisión Marco, de reconocer la sentencia que se le ha transmitido y de ejecutar la condena cuya duración y naturaleza corresponden a lo previsto en la sentencia dictada en el Estado de emisión. (48)
68.      Por otra parte, el artículo 4, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/909 prevé, en esencia, la posibilidad de que el Estado miembro de emisión, siempre que
el condenado haya dado su consentimiento cuando así lo exija el artículo 6 de la propia Decisión Marco, transmita a ese otro Estado miembro tal sentencia, acompañada del certificado cuyo formulario figura en el anexo I de esta. En virtud del artículo 4, apartado 2, de la misma Decisión Marco, podrá transmitirse la sentencia y el certificado cuando la autoridad competente del Estado de emisión, en su caso después de consultas entre las autoridades competentes del Estado de emisión y del Estado de ejecución, tenga el convencimiento de que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado. Asimismo, el artículo 4, apartado 5, de la Decisión Marco 2008/909 dispone que el Estado de ejecución podrá igualmente solicitar, por propia iniciativa, al Estado de emisión la transmisión de la sentencia junto con el certificado y que las solicitudes realizadas en virtud de dicho apartado no supondrán la obligación del Estado de emisión de transmitir la sentencia acompañada del certificado.
69.      Como se desprende de estas disposiciones de la Decisión Marco 2008/909, la transmisión por el Estado miembro de emisión de la sentencia y del certificado previsto en dicha Decisión Marco es necesaria a efectos del reconocimiento de la sentencia y de la ejecución de la condena, ya que tal transmisión refleja el consentimiento de ese Estado miembro a que el Estado miembro de ejecución se haga cargo de la ejecución de la pena. El reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena tienen lugar entonces sobre la base de la información contenida en el certificado, que, por lo demás, puede ser retirado por el Estado miembro de emisión, (49) en particular si considera que la adaptación de la pena prevista no le conviene. De ello se colige que, si no se transmite la sentencia acompañada del certificado previsto en la referida Decisión Marco, el Estado miembro de ejecución no está facultado para ejecutar en su territorio una pena impuesta en el Estado miembro de emisión, puesto que este último no ha dado su consentimiento. Por lo tanto, como han alegado los Gobiernos rumano y francés en sus observaciones escritas y orales, considero que el Estado miembro de ejecución solo puede hacerse cargo de la ejecución de la pena en el contexto establecido por la Decisión Marco 2008/909, que requiere una estrecha cooperación con el Estado miembro de emisión
y, en particular, que este último dé su consentimiento respecto
a la ejecución de la pena en el Estado miembro de ejecución.
70.      En el marco de los litigios principales, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si se han cumplido los requisitos establecidos en la Decisión Marco 2008/909 para que el Reino de Bélgica pueda hacerse cargo de la ejecución de las penas impuestas a AR y a HL.
71.      En este caso, de las observaciones escritas formuladas por el Gobierno rumano en el asunto C‑722/23 se desprende que la autoridad judicial belga solicitó a la autoridad judicial rumana que le facilitara los documentos necesarios para hacerse cargo de la ejecución de la pena de prisión de cuatro años impuesta a AR en territorio belga, incluido el certificado que recoge el consentimiento de esta última, como exige el artículo 4, apartado 5, de la Decisión Marco 2008/909, documentos que ha recibido. Por lo tanto, procede considerar que se cumple el segundo requisito de aplicación del artículo
4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, dado que la autoridad judicial belga está en condiciones de ejecutar materialmente esta pena de conformidad con su Derecho interno, a saber, el artículo 38, apartado 1, de la Ley de 15 de mayo de 2012. La autoridad judicial belga debe apreciar además si existe un interés legítimo que justifique que la pena impuesta a AR en el Estado miembro emisor se ejecute en el territorio del Estado miembro de ejecución. En general, corresponde al órgano jurisdiccional remitente llevar a cabo una apreciación global de todos los elementos concretos que caracterizan la situación de AR y que pueden indicar que existen vínculos entre este y el Reino de Bélgica que permiten constatar que está suficientemente integrado en este y que la ejecución en dicho Estado miembro de la pena que se le impuso en el Estado miembro emisor contribuirá a la consecución del objetivo de reinserción social perseguido por el citado artículo
4, punto
6. No obstante, en la situación particular en que, como sucede en este caso, la pena no puede ser ejecutada en el Estado miembro emisor sobre la base del artículo 1, apartado 3, de la referida Decisión Marco, considero que existe, por este mero hecho, un interés legítimo que justifica que esta pena sea ejecutada en el territorio del Estado miembro de ejecución.
72.      Habida cuenta de todo lo anterior, considero que el artículo
4, punto
6, de la Decisión Marco 2002/584 debe interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial de ejecución, cuando deniega la ejecución de una ODE sobre la base del motivo de no ejecución derivado del artículo 1, apartado 3, de esta Decisión Marco debido a la existencia de un riesgo de que la persona de que se trate sea objeto, en caso de ser entregada a la autoridad judicial emisora, de una vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia de las condiciones de reclusión en el Estado miembro emisor, tiene la obligación, para evitar la impunidad de esa persona, de ordenar la ejecución de dicha pena en el territorio del Estado miembro de ejecución cuando compruebe que esa persona es nacional de ese Estado miembro o reside en él, siempre que se respeten el procedimiento y los requisitos establecidos en la Decisión Marco 2008/909 con vistas a la asunción efectiva de la pena en ese territorio.
D.      Observaciones complementarias
73.      A fin de completar mi análisis, quisiera formular algunas observaciones relativas a situaciones en las que, a diferencia de los presentes asuntos acumulados, no puede aplicarse el artículo
4, punto
6, de la Decisión marco 2002/584.
74.      En efecto, en el marco de la transposición de esta Decisión Marco a su Derecho interno, los Estados miembros, que disponen de un margen de apreciación, pueden haber optado por no transponer el motivo de no ejecución facultativa previsto en el citado artículo
4, punto
6. (50) Además, la persona buscada puede no ser nacional o residente del Estado miembro de ejecución ni habitar en él. (51) En tales situaciones, se plantea la cuestión de si esa persona quedaría impune al hacer uso de su libertad de circulación para desplazarse a un Estado miembro distinto de aquel en el que se le impuso la condena penal y cuando la denegación de la ejecución de la ODE está prevista sobre la base del artículo
1, apartado
3, de dicha Decisión Marco. (52)
75.      Las Decisiones Marco 2002/584 y 2008/909 no pueden dar lugar a que una persona buscada pueda eludir la condena firme de la que ha sido objeto. En efecto, por una parte, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, para garantizar, en particular, que no se paralice el funcionamiento de la ODE, la obligación de cooperación leal, prevista en el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo primero, debe presidir el diálogo entre las autoridades judiciales de ejecución y las autoridades judiciales emisoras. Del principio de cooperación leal se desprende, en concreto, que los Estados miembros deben respetarse y asistirse mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. (53) Por otra parte, estas Decisiones Marco brindan a las autoridades judiciales emisora y de ejecución los medios que deben poner en práctica para que la pena impuesta en el Estado miembro emisor se ejecute efectivamente en el único territorio en el que ello siga siendo posible, a saber, el del Estado miembro de ejecución, a fin de cumplir el objetivo de lucha contra la impunidad perseguido por la Decisión Marco 2002/584.
76.      A este respecto, como resulta del artículo 4, apartado 5, de la Decisión Marco
2008/909, el Estado miembro de ejecución podrá igualmente solicitar, por propia iniciativa, al Estado miembro de emisión la transmisión de la sentencia junto con el certificado. (54) Considero que la autoridad judicial de ejecución está obligada a efectuar tal solicitud. En efecto, como alegó el Gobierno rumano en la vista, en el marco del objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia, la aplicación autónoma del artículo 4, apartado 5, de esta Decisión Marco contribuye a luchar contra la impunidad y a la reinserción social de la persona condenada. No obstante, las solicitudes formuladas en virtud de dicho apartado
5 no impondrán al Estado miembro de emisión la obligación de transmitir la sentencia junto con el certificado. Por consiguiente, es indispensable obtener el consentimiento de este Estado miembro. En mi opinión, y como afirmó el Gobierno francés en sus observaciones orales, si la autoridad judicial de ejecución inicia un procedimiento de reconocimiento mutuo de la resolución condenatoria sobre la base de la misma Decisión Marco, sin que ello afecte desproporcionadamente a la pena impuesta por la autoridad judicial de emisión, esta última estará dispuesta a aceptar dicho reconocimiento mutuo. Además, me parece coherente con el mecanismo de la ODE que el Estado miembro de emisión, de no entregarse la persona condenada, se incline, para evitar el riesgo de impunidad de esta persona, por aceptar que la pena se ejecute, con su consentimiento, en el territorio del Estado miembro de ejecución.
V.      Conclusión
77.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Bélgica) del siguiente modo:
El artículo 4, punto
6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009,
debe interpretarse en el sentido de que
la autoridad judicial de ejecución, cuando deniega la ejecución de una orden de detención europea sobre la base del motivo de no ejecución derivado del artículo 1, apartado 3, de esa Decisión Marco debido a la existencia de un riesgo de que la persona de que se trate sea objeto, en caso de ser entregada a la autoridad judicial emisora, de una vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia de las condiciones de reclusión en el Estado miembro emisor, está obligada, para evitar la impunidad de esa persona, a ordenar la ejecución de la pena en el territorio del Estado miembro de ejecución cuando compruebe que esa persona es nacional de este Estado miembro o reside en él, siempre que se respeten el procedimiento y los requisitos establecidos en la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, con vistas a la asunción efectiva de la pena en ese territorio.
1      Lengua original: francés.
i      La denominación de los presentes asuntos es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 81, p. 24) (en lo sucesivo, «Decisión Marco 2002/584»).
3      Sentencia de 5 de abril de 2016 (C‑404/15 y C‑659/15 PPU, en lo sucesivo, «sentencia Aranyosi y Căldăraru», EU:C:2016:198).
4      Decisión Marco del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (DO 2008, L 327, p. 27).
5      Moniteur belge de 22 de diciembre de 2003, p. 60075.
6      Este artículo 3 se refiere a la prohibición de la tortura.
7      Moniteur belge de 8 de junio de 2012, p. 32117. En virtud de esta disposición, «cuando la Cámara del Consejo aplique el artículo 6, punto 4, de la [Ley de 19 de diciembre de 2003], su resolución conllevará el reconocimiento y la ejecución de la pena o de la medida privativa de libertad contemplada en la resolución judicial objeto de la [ODE]. La condena se ejecutará a continuación conforme a lo previsto en la presente Ley. El fiscal territorialmente competente exigirá a la autoridad emisora de la [ODE] la sentencia, junto con el certificado, y, en caso necesario, procederá a la adaptación de la pena de conformidad con el artículo 18».
8      Sentencia de 17 de diciembre de 2020 (C‑354/20 PPU y C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), apartado 62.
9      Sentencia de 29 de junio de 2017 (C‑579/15, en lo sucesivo, «sentencia Popławski I», EU:C:2017:503), apartado 43.
10      Este artículo 5 se refiere al derecho a la libertad y a la seguridad.
11      Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2023, GN (Motivo de denegación basado en el interés superior del niño) (C‑261/22, en lo sucesivo, «sentencia GN», EU:C:2023:1017), apartados 35 a 37 y jurisprudencia citada.
12      Sentencia de 6 de junio de 2023, O. G. (Orden de detención europea contra un nacional de un tercer Estado) (C‑700/21, en lo sucesivo, «sentencia O. G.», EU:C:2023:444), apartado 34 y jurisprudencia citada.
13      Véase la sentencia GN (apartados 33 y 34 y jurisprudencia citada).
14      Véase, en este sentido, la sentencia GN (apartado 43 y jurisprudencia citada).
15      Véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Alchaster (C‑202/24, EU:C:2024:649), apartados 52 a 54 y jurisprudencia citada.
16      Según esta disposición, «si la autoridad judicial de ejecución considerare que la información comunicada por el Estado miembro emisor es insuficiente para poder pronunciarse sobre la entrega, solicitará urgentemente la información complementaria necesaria, especialmente en relación con los artículos 3 a 5 y el artículo 8, y podrá fijar un plazo para su recepción, teniendo en cuenta la necesidad de respetar los plazos que establece el artículo 17.»
17      Véase, en este sentido, la sentencia GN (apartado 49 y jurisprudencia citada).
18      Conclusiones presentadas en el asunto E. D. L. (Motivo de denegación basado en enfermedad) (C‑699/21, EU:C:2022:955), punto 60.
19      En sus observaciones escritas en el asunto C‑91/24, el Gobierno francés añade que de la resolución de remisión no se desprende que la entrega haya sido objeto de una suspensión provisional, sobre la base del artículo 23, apartado 4, de la Decisión Marco 2002/584, a tenor del cual «podrá suspenderse de manera excepcional y con carácter provisional la entrega por motivos humanitarios graves, por ejemplo, cuando existan razones válidas que hagan pensar que podría poner en peligro la vida o la salud de la persona buscada», ni que se haya llevado a cabo una cooperación eficaz que haga pleno uso de los instrumentos previstos en dicha Decisión Marco para obtener garantías.
20      Sentencia de 9 de noviembre de 2023, Všeobecná úverová banka (C‑598/21, EU:C:2023:845), apartado 42 y jurisprudencia citada.
21      Sentencia de 8 de mayo de 2025, Zimir (C‑662/23, EU:C:2025:326), apartado 25 y jurisprudencia citada.
22      Véase la sentencia de 31 de enero de 2023, Puig Gordi y otros (C‑158/21, EU:C:2023:57), apartados 78 y 79.
23      Véase, en este sentido, la sentencia O. G. (apartados 46 y 47 y jurisprudencia citada).
24      Véase la sentencia O. G. (apartado 48 y jurisprudencia citada).
25      Véase la sentencia O. G. (apartado 49 y jurisprudencia citada).
26      Según este Gobierno, el punto de partida de dicha «estratificación» es que la ODE se ejecuta de conformidad con el artículo 1, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584, a menos que: i) exista un motivo de no ejecución obligatoria o facultativa sobre la base, respectivamente, de los artículos 3 o 4 de esta Decisión Marco, o ii) la no ejecución se imponga sobre la base del artículo 1, apartado 3, de esta.
27      Véase la sentencia de 18 de abril de 2023, E. D. L. (Motivo de denegación basado en enfermedad) (C‑699/21, EU:C:2023:295), apartado 44 y jurisprudencia citada.
28      Véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2019, Popławski (C‑573/17, en lo sucesivo, «sentencia Popławski II», EU:C:2019:530), apartado 82 y jurisprudencia citada.
29      Véase la sentencia Popławski I (apartado 43).
30      Véase la sentencia Popławski II (apartado 99 y jurisprudencia citada).
31      Véase la sentencia de 29 de abril de 2021, X (Orden de detención europea — Non bis in idem) (C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339), apartado 58 y jurisprudencia citada.
32      Véase la sentencia O. G. (apartados 34 a 36 y jurisprudencia citada).
33      Véase el punto 50 de las presentes conclusiones.
34      Véase, en este sentido, la sentencia Popławski II (apartado 92 y jurisprudencia citada).
35      Tal responsabilidad, por lo que respecta a la ejecución de la pena impuesta por el Estado miembro emisor, que recae sobre las autoridades judiciales de ejecución, se hace eco del conocido principio del Derecho internacional aut dedere, aut punire/judicare («o extraditar o castigar/juzgar») derivado de los tratados tradicionales de extradición a los que sustituyó el mecanismo de la ODE. Sobre este principio, véase, en particular, Costa, M.
J., «Aut Dedere Aut Judicare», en Caeiro, P. y otros (eds.), Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice, 2024, pp. 178 a 192, en particular pp. 185 a 187.
36      Véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Breian (C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658), apartados 102 y 103 y jurisprudencia citada.
37      Véase, por lo que respecta a la diversidad en las transposiciones nacionales de los motivos de no ejecución facultativa de la Decisión Marco 2002/584, Bot, S., «Section 2. Une transposition délicate par l’autonomie procédurale conservée aux États membres», Le mandat d’arrêt européen, Larcier, Bruselas, 2009, pp. 233 a 246.
38      Véase, en este sentido, el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros [COM(2020) 270 final, en particular p. 18].
39      Véase, en lo que atañe a las dificultades a las que se enfrentan las autoridades judiciales al aplicar el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584, Weyembergh, A., y Pinelli, L., «Detention Conditions in the Issuing Member State as a Ground for Non-Execution of the European Arrest Warrant: State of Play and Challenges Ahead», European Criminal Law Review, vol. 12, n.º 1, 2022, pp. 25 a 52, en particular pp. 37 a 39.
40      Por otra parte, ha de señalarse que ya se ha previsto una solución consistente en imponer a la autoridad judicial de ejecución la obligación explícita de ejecutar ella misma la condena para responder a los obstáculos encontrados en la práctica en la aplicación del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584. Véase, en este sentido, «The EAW and Prison conditions — Outcome Report of the College Thematic Discussion», Eurojust, mayo de 2017, disponible únicamente en inglés en: https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9c1ffe17‑8c64‑11e7-b5c6‑01aa75ed71a1.
41      Véase el punto 45 de las presentes conclusiones.
42      Véase la sentencia de 9 de noviembre de 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C‑819/21, EU:C:2023:841), apartado 19 y jurisprudencia citada.
43      Véase la sentencia Popławski II (apartado 36).
44      Sentencia de 11 de marzo de 2020, SF (Orden de detención europea — Garantía de devolución al Estado de ejecución) (C‑314/18, EU:C:2020:191), apartado 51 y jurisprudencia citada.
45      C‑305/22, EU:C:2024:508 (puntos 41 a 48) (Aún no se ha dictado la sentencia en la fecha de redacción de las presentes conclusiones).
46      Véase también la Comunicación de la Comisión — Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas (DO C, C/2023/1270), en particular, puntos 2.5.2 y 5.5.2.
47      Véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C‑819/21, EU:C:2023:841), apartado 20.
48      Véase la sentencia de 15 de abril de 2021, AV (Juicio global) (C‑221/19, EU:C:2021:278), apartado 35 y jurisprudencia citada.
49      En efecto, según el artículo 13 de la Decisión Marco 2008/909, «mientras no haya comenzado la ejecución de la condena en el Estado de ejecución, el Estado de emisión podrá retirar el certificado a dicho Estado, indicando las razones de su proceder. Una vez retirado el certificado, el Estado de ejecución ya no ejecutará la condena».
50      Véase el punto 54 de las presentes conclusiones.
51      Véase, en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2012, Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517), apartado 35 y jurisprudencia citada.
52      Véase, a este respecto, la sentencia de 25 de julio de 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condiciones de reclusión en Hungría) (C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589), apartado 85.
53      Véase la sentencia de 29 de julio de 2024, Breian (C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658), apartado 93 y jurisprudencia citada. Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha consagrado, en el marco de la ODE, una «obligación positiva procesal de cooperación» entre los Estados miembros, remitiéndose al artículo 2 del CEDH y al artículo 2 de la Carta. 53 Véase la ficha temática conjunta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) titulada «Orden de detención europea y derechos fundamentales — Jurisprudencia del TEDH y del TJUE», actualizada el 28 de febrero de 2025, disponible en inglés y en francés, y que se se puede consultar en la siguiente dirección: https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/mandat-d-arret-europeen-et-droits-fondamentaux. Esta ficha indica que su contenido no vincula al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
54      La autoridad judicial emisora también puede presentar tal solicitud sobre la base del artículo 4, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/909.