SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
4 de octubre de 2024 (*)
« Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 2001/42/CE — Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente — Artículo 2, letra a) — Concepto de “planes y programas […] que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas” — Medida adoptada por el Gobierno de un Estado miembro con arreglo únicamente a una disposición de la Constitución de ese Estado miembro que establece que el poder ejecutivo del Estado será ejercido por dicho Gobierno o bajo su autoridad »
En el asunto C‑727/22,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda), mediante resolución de 24 de noviembre de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de noviembre de 2022, en el procedimiento entre
Friends of the Irish Environment CLG
y
Government of Ireland,
Minister for Housing, Planning and Local Government,
Ireland,
Attorney General,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por la Sra. A. Prechal, Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y los Sres. N. Wahl y J. Passer (Ponente) y la Sra. M. L. Arastey Sahún, Jueces;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretaria: Sra. L. Carrasco Marco, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 8 de noviembre de 2023;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Friends of the Irish Environment CLG, por el Sr. N. Steen, SC, el Sr. J. Kenny, BL, y el Sr. F. Logue, Solicitor;
–        en nombre de Irlanda, por la Sra. M. Browne, Chief State Solicitor, y los Sres. A. Joyce y M. Tierney, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. M. Gray, SC, el Sr. F. Valentine, SC, y la Sra. E. Synnott, BL;
–        en nombre del Gobierno checo, por las Sras. A. Edelmannová y L. Langrová y por los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. C. Hermes y M. Noll-Ehlers, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 21 de marzo de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO 2001, L 197, p. 30).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Friends of the Irish Environment CLG, una organización no gubernamental que opera en el sector del medio ambiente, y el Government of Ireland (Gobierno irlandés), el Minister for Housing, Planning and Local Government (Ministro de Vivienda, Planificación y Administración Local, Irlanda), Irlanda y el Attorney General (Fiscal General, Irlanda) sobre una decisión dictada por el Gobierno irlandés relativa a la adopción de un marco nacional de planificación y un plan de desarrollo nacional.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        A tenor del artículo 1 de la Directiva 2001/42, titulado «Objetivos»:
«La presente Directiva tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas con el fin de promover un desarrollo sostenible, garantizando la realización, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva, de una evaluación medioambiental de determinados planes y programas que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.»
4        El artículo 2 de esta Directiva, titulado «Definiciones», dispone lo siguiente:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
a)      planes y programas: los planes y programas, incluidos los cofinanciados por la Comunidad Europea, así como cualquier modificación de los mismos:
–        cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban a una autoridad nacional, regional o local, o que estén siendo elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno, y
–        que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas;
[…]».
5        El artículo 3 de dicha Directiva, que lleva por título «Ámbito de aplicación», establece:
«1.      Se llevará a cabo una evaluación medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 a 9 de la presente Directiva, en relación con los planes y programas a que se refieren los apartados 2[, 3] y 4 que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.
2.      Salvo lo dispuesto en el apartado 3, serán objeto de evaluación medioambiental todos los planes y programas:
a)      que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE [del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 1985, L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9)]; […]
[…]
4.      En relación con los planes y programas distintos a los mencionados en el apartado 2, que establezcan un marco para la autorización en el futuro de proyectos, los Estados miembros determinarán si el plan o programa en cuestión puede tener efectos medioambientales significativos.
[…]
8.      La presente Directiva no será de aplicación a los siguientes planes y programas:
–        los que tengan como único objetivo el servir los intereses de defensa nacional y casos de emergencia civil;
–        los de tipo financiero o presupuestario.
9.      La presente Directiva no se aplicará a los planes y programas cofinanciados con cargo a los respectivos períodos de programación vigentes […] para los Reglamentos (CE) n.os 1260/1999 [del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DO 1999, L 161, p. 1),] y 1257/1999 [del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (DO 1999, L 160, p. 80)].»
6        El artículo 4, apartado 3, de la citada Directiva está redactado en los siguientes términos:
«En el caso de planes y programas que formen parte de una jerarquía de planes y programas, los Estados miembros, a fin de evitar una repetición de la evaluación, tendrán en cuenta que esta se deberá efectuar, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, a diferentes niveles jerárquicos. Con objeto de evitar, entre otras cosas, la duplicidad de evaluaciones, los Estados miembros aplicarán los apartados 2 y 3 del artículo 5.»
7        A tenor del artículo 5 de la Directiva 2001/42, titulado «Informe medioambiental»:
«1.      Cuando se requiera una evaluación medioambiental de conformidad con el apartado 1 del artículo 3, se elaborará un informe medioambiental en el que se identificarán, describirán y evaluarán los probables efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa. La información que se habrá de facilitar al respecto se menciona en el anexo I.
2.      En el informe medioambiental elaborado conforme al apartado 1 se hará constar la información que se considere razonablemente necesaria, teniendo en cuenta los conocimientos y métodos de evaluación existentes, el contenido y grado de especificación del plan o programa, la fase del proceso de decisión en que se encuentra y la medida en que la evaluación de determinados aspectos es más adecuada en fases distintas de dicho proceso, con objeto de evitar su repetición.
3.      Para proporcionar la información indicada en el anexo I, podrá utilizarse la información pertinente disponible sobre los efectos medioambientales de los planes y programas que se haya obtenido en otras fases del proceso de decisión o por vía de otro acto legislativo comunitario.
[…]»
8        La Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 2012, L 26, p. 1), que entró en vigor el 17 de febrero de 2012, derogó y sustituyó a la Directiva 85/337.
Derecho irlandés
9        De conformidad con el artículo 28, apartado 2, de la Constitución irlandesa:
«Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Constitución, el poder ejecutivo del Estado será ejercido por el Gobierno o bajo su autoridad.»
10      El artículo 2, apartado 1, de la Planning and Development Act 2000 (Ley de Ordenación y Desarrollo Urbanístico de 2000), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de 2000»), disponía:
«Por “estrategia nacional de ordenación del territorio” se entenderá la “estrategia nacional de ordenación del territorio: 2002‑2020” publicada por el Gobierno el 28 de noviembre de 2002, o cualquier documento publicado por el Gobierno que modifique o sustituya dicha estrategia».
11      Tras la entrada en vigor, el 22 de octubre de 2018, de la Planning and Development (Amendment) Act 2018 (Ley Modificativa de Ordenación y Desarrollo Urbanístico de 2018; en lo sucesivo, «Ley de 2018»), el capítulo IIA de la parte II de la Ley de 2000 tiene la siguiente redacción:
«Marco nacional de planificación
20A.      La estrategia nacional de ordenación del territorio, tal como ha sido modificada con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo, incluido cualquier documento publicado por el Gobierno que modifique o sustituya esta estrategia o ese documento posterior, se denominará “marco nacional de planificación”.
[…]
Cuestiones que han de abordase en el marco nacional de planificación
20C.      […]
(4)      El Gobierno elaborará y publicará el marco nacional de planificación y supervisará su ejecución.
(5)      Cada 6 años a partir de la fecha de publicación del marco nacional de planificación, el Gobierno:
a)      revisará el marco o lo sustituirá por uno nuevo, o
b)      publicará una declaración en la que se explique el motivo por el que el Gobierno ha decidido no revisar el marco e indicará en dicha declaración una fecha en la que se revisará o se publicará un nuevo marco nacional de planificación.
(6)      El Ministro establecerá una consulta pública para la elaboración de un marco nacional de planificación nuevo o revisado […].
(7)      La elaboración del marco nacional de planificación estará sujeta a las disposiciones de las directivas medioambientales de la Unión pertinentes […].
(8)      El Gobierno someterá el proyecto del marco nacional de planificación revisado o nuevo, así como el informe medioambiental y el informe de evaluación adecuado, a la aprobación de cada Cámara del Oireachtas [(Parlamento irlandés)] antes de su publicación.
(9)      En la elaboración o revisión del marco nacional de planificación, el Gobierno tendrá en cuenta cualquier resolución o informe del Parlamento irlandés o de cualquiera de sus comisiones, adoptado durante el período de examen, en lo que respecta a la estrategia propuesta o, en su caso, al marco propuesto para revisar.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
12      Mediante decisión de 16 de febrero de 2018, el Gobierno irlandés adoptó el National Planning Framework (Marco Nacional de Planificación) (en lo sucesivo, «NPF») y el National Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo) (en lo sucesivo, «NDP»), dos partes del Project Ireland 2040 (Proyecto Irlanda 2040). Dicha decisión fue «confirmada» por una decisión de ese mismo Gobierno, de 29 de mayo de 2018.
13      El Project Ireland 2040 persigue establecer un plan unificado y coherente de utilización y desarrollo del suelo del país. El NPF establece un marco de planificación para orientar el desarrollo y la inversión durante los próximos años y define, según su prólogo, «unos objetivos nacionales y unos principios clave de los que se derivarán los detalles y los planes más precisos». Así, el NPF no contiene todos los detalles para cada parte del país, sino que «faculta a cada región para dirigir la planificación y el desarrollo de sus comunidades». El NPF va acompañado del NDP, que se describe como una estrategia a diez años en materia de inversión de capital público de hasta 116 000 millones de euros, que define cómo se pondrá a disposición la financiación para determinados proyectos considerados esenciales para alcanzar los resultados estratégicos que se describen en el NPF, e indica las grandes obras de infraestructuras que propone financiar sin contemplar las cuestiones relativas a la planificación y al desarrollo urbanístico.
14      Mediante una sentencia y un auto de 24 de abril de 2020, así como mediante un auto de 13 de mayo de 2020, la High Court (Tribunal Superior, Irlanda) denegó la petición presentada por la recurrente en el litigio principal relativa a la adopción de autos de certiorari con el fin de anular la decisión de 16 de febrero de 2018 tal como había sido confirmada por la decisión de 29 de mayo de 2018.
15      Mediante una sentencia de 26 de noviembre de 2021 y un auto de 7 de diciembre de 2021, la Court of Appeal (Tribunal de Apelación, Irlanda) desestimó el recurso de apelación interpuesto por la recurrente en el litigio principal contra las anteriores resoluciones de la High Court (Tribunal Superior).
16      El 4 de enero de 2022, la recurrente en el litigio principal interpuso recurso de casación contra estas resoluciones de la Court of Appeal (Tribunal de Apelación) ante la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda), que es el órgano jurisdiccional remitente, mediante el que impugna la validez del NPF y del NDP. Sostiene, en esencia, que no se respetaron las exigencias de la Directiva 2001/42 al adoptar tales actos y que, en particular en el caso del NPF, las alternativas razonables no estaban suficientemente descritas y evaluadas sobre una base correcta en relación con el análisis efectuado para la opción preferida.
17      Las partes recurridas en el litigio principal alegan ante el órgano jurisdiccional remitente que, si bien el NPF fue objeto de una evaluación con arreglo a la Directiva 2001/42, dicha Directiva no exigía tal evaluación, ya que el NPF no es un plan o un programa contemplado en el artículo 2, letra a), de la referida Directiva, pues el NPF no viene «exigido por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas» en el sentido de esta disposición. Lo mismo sucede con el NDP, que está excluido además del ámbito de aplicación de la misma Directiva en virtud del artículo 3, apartado 8, de esta.
18      En tales circunstancias, la Supreme Court (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 2, letra a), de la Directiva [2001/42], en relación con el artículo 3, apartado 2, letra a), en el sentido de que un acto adoptado por el poder ejecutivo de un Estado miembro que no responda a una obligación legal o administrativa y que no se adopte en virtud de un acto reglamentario, administrativo o legislativo puede constituir un plan o un programa al que se aplica la Directiva, si el plan o programa así adoptado define un marco para la posterior concesión o denegación de la autorización, cumpliendo por lo tanto el criterio del artículo 3, apartado 2, de la Directiva?
2) a)      ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, en relación con el artículo 3, apartados 8 y 9, de la Directiva [2001/42], en el sentido de que un plan o un programa que contiene disposiciones específicas, pese a ser calificadas de “indicativas”, para asignar fondos destinados a la realización de determinados proyectos de infraestructuras en apoyo de la estrategia de desarrollo territorial de otro plan, que a su vez sirve de base a la estrategia de desarrollo territorial posterior, puede ser un plan o un programa en el sentido de la Directiva [2001/42]?
b)      En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, letra a), ¿el hecho de que un plan tenga como objetivo la asignación de recursos significa que debe asimilarse a un plan presupuestario en el sentido del artículo 3, apartado 8?
3) a)      ¿Deben interpretarse el artículo 5 y el anexo 1 de la Directiva [2001/42] en el sentido de que, en caso de que se requiera una evaluación medioambiental con arreglo al artículo 3, apartado 1, el informe medioambiental previsto en dicho artículo 5 debe, una vez que se identifiquen alternativas razonables a la opción preferida, proceder a una evaluación de la opción preferida y de las alternativas razonables sobre una base comparable?
b)      En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, letra a), ¿se cumplen las exigencias de la Directiva si las alternativas razonables se evalúan sobre una base comparable antes de seleccionar la opción preferida, y posteriormente se evalúa el proyecto de plan o programa y se lleva a cabo una evaluación medioambiental estratégica más completa solo respecto de la opción preferida?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
19      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42 debe interpretarse en el sentido de que una medida adoptada por el Gobierno de un Estado miembro únicamente sobre la base de una disposición de la Constitución de dicho Estado miembro que establece que el poder ejecutivo del Estado será ejercido por el Gobierno o bajo su autoridad puede constituir un «plan» o un «programa», en el sentido del citado artículo 2, letra a), cuando la referida medida define un marco en el que podrá autorizarse o denegarse en el futuro la ejecución de determinados proyectos.
20      El artículo 3 de la Directiva 2001/42 establece que determinados planes o programas que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente deberán ser sometidos a una evaluación medioambiental.
21      En particular, en virtud del artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42, deberá efectuarse una evaluación medioambiental para todos los planes y programas que cumplan dos requisitos acumulativos, a saber, primero, ser elaborados para los sectores contemplados en esa disposición y, segundo, definir el marco para la autorización en el futuro de los proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 2011/92 [sentencia de 9 de marzo de 2023, An Bord Pleanála y otros (Emplazamiento de St Teresa’s Gardens), C‑9/22, EU:C:2023:176, apartado 36].
22      En el presente asunto, según el órgano jurisdiccional remitente, el NPF cumple el segundo requisito del artículo 3, apartado 2, letra a), de la citada Directiva.
23      No obstante, es preciso señalar que solo están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/42 y, por tanto, de su artículo 3, los «planes y programas» que respondan a la definición de este concepto que figura en el artículo 2, letra a), de dicha Directiva.
24      A este respecto, el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42 define los «planes y programas», a efectos de esta Directiva, como aquellos que cumplen los dos requisitos acumulativos que establece, esto es, por un lado, que su elaboración o adopción incumba a una autoridad nacional, regional o local, o que estén siendo elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un procedimiento legislativo, por parte de un parlamento o gobierno (primer requisito), y, por otro lado, que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas (segundo requisito) [sentencia de 9 de marzo de 2023, An Bord Pleanála y otros (Emplazamiento de St Teresa’s Gardens), C‑9/22, EU:C:2023:176, apartado 27 y jurisprudencia citada].
25      En cuanto al segundo de los requisitos mencionados en el apartado anterior de la presente sentencia, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que deben considerarse «exigidos», en el sentido de la Directiva 2001/42 y para la aplicación de esta, y, por tanto, sometidos a la evaluación de sus efectos en el medio ambiente en las condiciones que esta determina, los planes y programas cuya adopción se inscriba en el marco de disposiciones legales o reglamentarias nacionales, que determinarán las autoridades competentes para adoptarlos y su procedimiento de elaboración. Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, teniendo en cuenta la finalidad del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42, que consiste en garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente, y con el fin de preservar su efecto útil, un acto debe considerarse «exigido» cuando exista en Derecho nacional una base jurídica concreta que autorice a las autoridades competentes a adoptarlo, aun cuando dicha adopción no tenga carácter obligatorio (sentencia de 22 de febrero de 2022, Bund Naturschutz in Bayern, C‑300/20, EU:C:2022:102, apartado 37 y jurisprudencia citada).
26      Pues bien, en el caso de autos, a la luz de la información de que dispone el Tribunal de Justicia, no parece que el NPF haya sido adoptado sobre el fundamento de esa base jurídica concreta.
27      Según el órgano jurisdiccional remitente, el NPF fue adoptado mediante una decisión del Gobierno actuando exclusivamente en virtud de la competencia que le confiere el artículo 28, apartado 2, de la Constitución irlandesa.
28      Conforme a esta disposición, «sin perjuicio de las disposiciones de la [Constitución irlandesa], el poder ejecutivo del Estado será ejercido por el Gobierno o bajo su autoridad».
29      Así, lejos de delimitar la adopción de planes o programas precisando las autoridades competentes para adoptarlos y su procedimiento de elaboración, dicha disposición se limita a establecer, conforme al principio constitucional de separación de poderes, que, a diferencia de los poderes legislativo y judicial, el poder ejecutivo del Estado será ejercido, de manera general, por el Gobierno o bajo su autoridad.
30      Es cierto que, teniendo en cuenta la finalidad de la Directiva 2001/42 que consiste, con arreglo a su artículo 1, en garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente, las disposiciones que delimitan su ámbito de aplicación, y concretamente las que contienen las definiciones de los actos a los que se refiere, deben interpretarse en sentido amplio (sentencia de 22 de febrero de 2022, Bund Naturschutz in Bayern, C‑300/20, EU:C:2022:102, apartado 44 y jurisprudencia citada).
31      Sin embargo, una interpretación de la Directiva 2001/42 según la cual una medida que cumpla los requisitos para la adopción del NPF está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva implicaría ir más allá de una interpretación amplia de dicha Directiva. Tal interpretación equivaldría, en efecto, a vaciar de contenido el segundo de los dos requisitos acumulativos enunciados en el artículo 2, letra a), de esa misma Directiva.
32      Por consiguiente, una medida como el NPF, adoptada únicamente sobre la base de una disposición de la Constitución de un Estado miembro como la mencionada en el apartado 27 de la presente sentencia, no puede considerarse, por tanto, comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/42, aun cuando esa medida cumpla el segundo requisito del artículo 3, apartado 2, letra a), de dicha Directiva, recordado en el apartado 21 de la presente sentencia.
33      Además, tal interpretación no queda desvirtuada por la circunstancia, señalada por el órgano jurisdiccional remitente, de que el artículo 2, apartado 1, de la Ley de 2000 establecía la publicación de la «estrategia nacional de ordenación del territorio» o de cualquiera de sus modificaciones. En efecto, es preciso constatar que esta disposición se limitaba a exigir la publicación, pero sin determinar el procedimiento de elaboración del NPF. Así pues, aun teniendo en cuenta la citada disposición, no cabe considerar que la adopción del NPF sobre la base del artículo 28, apartado 2, de la Constitución irlandesa estaba «inscrita en un marco» en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 25 de la presente sentencia.
34      De ello se deduce que una medida que cumpla los requisitos para la adopción del NPF no satisface el segundo de los dos requisitos enunciados en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42 y, en consecuencia, no constituye un «plan o programa» en el sentido de esta disposición.
35      Esta conclusión se entiende sin perjuicio de la apreciación, a la luz de la Directiva 2001/42, de los planes o programas que se adopten, en su caso, para ejecutar el NPF.
36      A este respecto, en relación con los planes o programas que cumplan los requisitos previstos en la Directiva 2001/42 determinantes de la obligación de efectuar una evaluación medioambiental, procede observar en particular que dado que el NPF no es un «plan» o un «programa» en el sentido del artículo 2, letra a), de esa Directiva, y no forma parte, por tanto, de una «jerarquía», en el sentido del artículo 4, apartado 3, de la citada Directiva, ninguna disposición de esta autoriza a las autoridades nacionales a justificar los eventuales efectos en el medio ambiente de esos planes o programas basándose en que tales efectos se derivan de directrices decididas en una medida como el NPF.
37      La conclusión expuesta en el apartado 34 de la presente sentencia se entiende asimismo sin perjuicio de la apreciación, a la luz de la misma Directiva, de los planes o programas que se adopten, en su caso, en virtud de las disposiciones pertinentes de la Ley de 2000, en su versión modificada por la Ley de 2018, incluida, en particular, la eventual modificación o sustitución del NPF con arreglo al procedimiento establecido en esos preceptos.
38      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42 debe interpretarse en el sentido de que una medida adoptada por el Gobierno de un Estado miembro únicamente sobre la base de una disposición de la Constitución de dicho Estado miembro que establece que el poder ejecutivo del Estado será ejercido por el Gobierno o bajo su autoridad no cumple el requisito de ser «exigid[a] por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas» y, por consiguiente, no puede constituir un «plan» o un «programa» en el sentido del referido artículo 2, letra a).
Segunda cuestión prejudicial
39      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/42, en relación con el artículo 3, apartados 8 y 9, de esta, debe interpretarse en el sentido de que
–        una medida que contiene disposiciones específicas, aunque calificadas de «indicativas», para asignar fondos destinados a la realización de determinados proyectos de infraestructuras en apoyo de la estrategia de ordenación del territorio prevista en otra medida puede constituir un plan o un programa en el sentido de la Directiva 2001/42;
–        tal medida está excluida, no obstante, del ámbito de aplicación de la Directiva 2001/42 en virtud de su artículo 3, apartado 8, ya que tiene como objetivo asignar recursos.
40      De la petición de decisión prejudicial se desprende que esta cuestión se refiere al NDP.
41      Sin embargo, de dicha petición se infiere también que el NDP, que constituye una de las dos partes del Project Ireland 2040, fue adoptado por el Gobierno irlandés sobre la misma base jurídica que el NPF.
42      Por consiguiente, habida cuenta de las consideraciones expuestas en los apartados 26 a 34 de la presente sentencia y de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no ha lugar a responder a la segunda cuestión prejudicial.
Tercera cuestión prejudicial
43      De la respuesta a la primera cuestión prejudicial resulta que una medida como el NPF no constituye un «plan» o un «programa», en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42, y, por consiguiente, no está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva.
44      Por tal razón, no ha lugar a examinar la tercera cuestión prejudicial relativa al artículo 5 de la Directiva 2001/42 y a la metodología aplicable a efectos de la evaluación de los planes y programas sujetos a dicha Directiva.
Costas
45      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
El artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
debe interpretarse en el sentido de que
una medida adoptada por el Gobierno de un Estado miembro únicamente sobre la base de una disposición de la Constitución de dicho Estado miembro que establece que el poder ejecutivo del Estado será ejercido por el Gobierno o bajo su autoridad no cumple el requisito de ser «exigid[a] por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas» y, por consiguiente, no puede constituir un «plan» o un «programa» en el sentido del referido artículo 2, letra a).
Firmas
*      Lengua de procedimiento: inglés.