SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 5 de febrero de 2026 (*)
« Recurso de casación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania — Inmovilización de fondos — Prohibición de prestar servicios especializados de mensajería financiera a determinadas entidades de crédito rusas y a sus filiales rusas — Decisión 2014/145/PESC — Artículo 2, apartado 1, letras b) y d), y anexo — Reglamento (UE) n.º 269/2014 — Artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y anexo I — Decisión 2014/512/PESC — Artículo 1 sexies y anexo VIII — Reglamento (UE) n.º 833/2014 — Artículo 5 nonies y anexo XIV — Listas de las personas, entidades y organismos a los que se aplican las medidas restrictivas — Inclusión y mantenimiento del nombre de la recurrente en esas listas — Obligación de motivación — Derecho de propiedad — Proporcionalidad — Igualdad de trato — Derecho a la tutela judicial efectiva — Desviación de poder »
En el asunto C‑572/24 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 23 de agosto de 2024,
State Development Corporation «VEB.RF», con domicilio social en Moscú (Rusia), representada por los Sres. L. M. García López, J. L. Iriarte Ángel y L. Rodríguez Jiménez y por la Sra. F. M. Rodríguez González-Chaves, abogados,
parte recurrente,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. A. Limonet y E. Nadbath, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
Comisión Europea, representada por la Sra. M. Carpus-Carcea y el Sr. G. Luengo, en calidad de agentes,
parte coadyuvante en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por el Sr. M. Condinanzi, Presidente de Sala, y el Sr. N. Jääskinen y la Sra. R. Frendo (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. A. Biondi;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso de casación, State Development Corporation «VEB.RF» solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 12 de junio de 2024, VEB.RF/Consejo (T‑288/22, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2024:372), por la que este desestimó su recurso de anulación:
–        de la Decisión (PESC) 2022/265 del Consejo, de 23 de febrero de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 42 I, p. 98), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/260 del Consejo, de 23 de febrero de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 42 I, p. 3) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos individuales iniciales»);
–        de la Decisión (PESC) 2022/1530 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 149), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1529 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 1);
–        de la Decisión (PESC) 2023/572 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 134), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/571 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 1), y
–        de la Decisión (PESC) 2023/1767 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 226, p. 104), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1765 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 226, p. 3),
en la medida en que los actos contemplados en los cuatro guiones anteriores (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos individuales controvertidos») la afectan, así como:
–        del artículo 1 sexies de la Decisión 2014/512/PESC del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2014, L 229, p. 13), en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2022/346 del Consejo, de 1 de marzo de 2022 (DO 2022, L 63, p. 5), en relación con el anexo VIII de dicha Decisión, y del artículo 5 nonies del Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2013, L 229, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2022/345 del Consejo, de 1 de marzo de 2022 (DO 2022, L 63, p. 1), en relación con el anexo XIV de dicho Reglamento (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos sectoriales iniciales»);
–        del artículo 1 sexies de la Decisión 2014/512, en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2022/1313 del Consejo, de 26 de julio de 2022 (DO 2022, L 198, p. 17), en relación con el anexo VIII de dicha Decisión, y del artículo 5 nonies del Reglamento n.º 833/2014, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2022/1269 del Consejo, de 21 de julio de 2022 (DO 2022, L 193, p. 1), en relación con el anexo XIV de dicho Reglamento;
–        del artículo 1 sexies de la Decisión 2014/512, en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2023/191 del Consejo, de 27 de enero de 2023 (DO 2023, L 26, p. 44), en relación con el anexo VIII de dicha Decisión, y del artículo 5 nonies del Reglamento n.º 833/2014, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2022/2474 del Consejo, de 16 de diciembre de 2022 (DO 2022, L 322 I, p. 1), en relación con el anexo XIV del citado Reglamento, y
–        del artículo 1 sexies de la Decisión 2014/512, en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2023/1517 del Consejo, de 20 de julio de 2023 (DO 2023, L 184, p. 40), en relación con el anexo VIII de esa Decisión, y del artículo 5 nonies del Reglamento n.º 833/2014, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2023/1214 del Consejo, de 23 de junio de 2023 (DO 2023, L 159 I, p. 1), en relación con el anexo XIV de ese Reglamento,
en tanto en cuanto los actos contemplados en los cuatro guiones anteriores (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos sectoriales controvertidos») la afectan.
Marco jurídico y antecedentes del litigio
2        El marco jurídico y los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 3 a 34 de la sentencia recurrida y, a efectos del presente procedimiento, pueden resumirse como sigue.
Decisión 2014/145/PESC, Reglamento (UE) n.º 269/2014 y sus respectivas modificaciones
3        Tras la anexión de Crimea por parte de la Federación de Rusia, el 17 de marzo de 2014 el Consejo de la Unión Europea adoptó:
–        sobre la base del artículo 29 TUE, la Decisión 2014/145/PESC, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16), y
–        sobre la base del artículo 215 TFUE, el Reglamento (UE) n.º 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6).
4        Las letras b) y d) del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en la versión anterior a su modificación por la Decisión 2022/265, que es uno de los dos actos individuales iniciales, tenían el siguiente tenor:
«Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:
[…]
b)      personas jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, acciones que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania;
[…]
d)      personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización del este de Ucrania, o se beneficien de ellos, […]».
5        Las letras b) y d) del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, en la versión anterior a su modificación por el Reglamento de Ejecución 2022/260, que es el otro de los dos actos individuales iniciales, enumeraba criterios análogos, en esencia, a los previstos, respectivamente, en las letras b) y d) del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145 [en lo sucesivo, respectivamente, «criterio b)» y «criterio d)»].
6        El 23 de febrero de 2022, el Consejo adoptó los actos individuales iniciales por los que el nombre de la recurrente fue incluido en el anexo de la Decisión 2014/145 y en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014.
7        Los actos individuales iniciales contienen, por lo que respecta a la recurrente, la motivación siguiente:
«VEB.RF es una importante institución de desarrollo financiero cuyo presidente es nombrado directamente por el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y recibe instrucciones directamente de él. VEB.RF genera una importante fuente de ingresos para el Gobierno ruso y gestiona sus fondos estatales de pensiones.
VEB.RF desempeña un papel activo en la diversificación del sector de la defensa de la Federación de Rusia y tiene proyectos con empresas del sector de la defensa, entre ellas Rostec, que prestan apoyo a acciones que menoscaban y amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
VEB[.RF] ha concedido préstamos a pequeñas y medianas empresas en Crimea y la considera una “región prioritaria”; además, mantiene asociaciones con el Ministerio de Asuntos de Crimea, responsable de la integración en la Federación de Rusia de la “República Autónoma de Crimea” anexionada.
En calidad de tal, VEB.RF apoya activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización del este de Ucrania, u obtiene beneficios de ellos.»
8        El 24 de febrero de 2022, el Consejo informó a la recurrente de que había adoptado respecto a ella los actos individuales iniciales y le notificó el expediente WK 2610/2022 INIT (en lo sucesivo, «expediente WK»).
9        Ante la gravedad de la situación existente en Ucrania, el 25 de febrero de 2022, el Consejo adoptó, por un lado, la Decisión (PESC) 2022/329, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 50, p. 1), y, por otro lado, el Reglamento (UE) 2022/330, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 51, p. 1), fundamentalmente con el fin de modificar los criterios con arreglo a los cuales las personas físicas o jurídicas, las entidades o los organismos podían ser objeto de las medidas restrictivas en cuestión.
10      Los criterios b) y d) que figuran en la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, y en el Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, son similares a los reproducidos en el apartado 4 de la presente sentencia, con la salvedad de que, por una parte, el adverbio «activamente» se ha retirado del criterio d) y, por otra, la referencia al este de Ucrania se ha extendido a la totalidad de ese Estado.
11      El 13 de marzo de 2023, el Consejo adoptó la Decisión 2023/572 y el Reglamento de Ejecución 2023/571. El 13 de septiembre de 2023, el Consejo adoptó la Decisión 2023/1767 y el Reglamento de Ejecución 2023/1765. Mediante estos actos se ha mantenido el nombre de la recurrente en las listas que figuran, respectivamente, en el anexo de la Decisión 2014/145 y en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014.
Decisión 2014/512, Reglamento n.º 833/2014 y sus respectivas modificaciones
12      El 31 de julio de 2014, el Consejo adoptó:
–        sobre la base del artículo 29 TUE, la Decisión 2014/512, con el objeto de adoptar medidas restrictivas selectivas en los ámbitos del acceso a los mercados de capitales de la Unión Europea, la defensa, los productos de doble uso y las tecnologías sensibles, en particular en el sector energético, y,
–        sobre la base del artículo 215 TFUE, el Reglamento n.º 833/2014, con el fin de dar efecto, en el ámbito tanto de la Unión como de los Estados miembros, a lo dispuesto en la Decisión 2014/512.
13      El 8 de septiembre de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/659/PESC, por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2014, L 271, p. 54), así como el Reglamento (UE) n.º 960/2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 833/2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2014, L 271, p. 3).
14      El artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/512, en su versión modificada por la Decisión 2014/659, tiene el siguiente tenor:
«Quedan prohibidas las operaciones directas o indirectas de compra o venta o de prestación de servicios de inversión o de asistencia en la emisión, o cualquier otra forma de negociación, en relación con bonos, obligaciones, acciones o instrumentos financieros similares con vencimiento a más de 90 días, emitidos después del 1 de agosto de 2014 y hasta el 12 de septiembre de 2014, o con vencimiento a más de 30 días, emitidos después del 12 de septiembre de 2014 por:
a)      grandes entidades de crédito o de desarrollo financiero establecidas en Rusia, propiedad o bajo control del Estado ruso en más del 50 %, a fecha de 1 de agosto de 2014, que figuren en la lista del anexo I;
[…]».
15      El nombre de la recurrente fue incluido en esa lista.
16      Mediante la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Vnesheconombank/Consejo (T‑737/14, EU:T:2018:543), el Tribunal General desestimó el recurso de anulación interpuesto por la recurrente contra la Decisión 2014/512, en su versión modificada por la Decisión 2014/659, y contra el Reglamento n.º 833/2014, en su versión modificada por el Reglamento n.º 960/2014. Mediante la sentencia de 25 de junio de 2020, Vnesheconombank/Consejo (C‑731/18 P, EU:C:2020:500), el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación mediante el que la recurrente solicitaba la anulación de esa sentencia del Tribunal General.
17      El artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014, en su versión modificada por el Reglamento n.º 960/2014, contiene disposiciones similares a las mencionadas en el apartado 14 de la presente sentencia. El nombre de la recurrente figura en la lista que constituye el anexo III del Reglamento n.º 833/2014.
18      El 1 de marzo de 2022, el Consejo adoptó los actos sectoriales iniciales.
19      Los considerandos 4 y 5 de la Decisión 2022/346, que es uno de los dos actos sectoriales iniciales, enuncian lo siguiente:
«(4)      En sus Conclusiones del 24 de febrero de 2022, el Consejo Europeo condenó con la máxima firmeza la agresión militar no provocada e injustificada que la Federación de Rusia ha llevado a cabo contra Ucrania. Con las acciones militares ilegales que ha emprendido, Rusia está violando gravemente el Derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y socavando la seguridad y la estabilidad europeas y mundiales. El Consejo Europeo pidió que se preparara y adoptara urgentemente un nuevo paquete de sanciones individuales y económicas.
(5)      Habida cuenta de la gravedad de la situación, y en respuesta a la agresión militar de Rusia contra Ucrania, procede introducir nuevas medidas restrictivas con respecto a la prestación de servicios especializados de mensajería financiera a determinadas entidades de crédito rusas y sus filiales rusas que sean relevantes para el sistema financiero ruso y ya sean objeto de medidas restrictivas impuestas por la Unión o por países socios […]».
20      Mediante la Decisión 2022/346, el Consejo introdujo un nuevo artículo 1 sexies en la Decisión 2014/512, con el siguiente tenor:
«Queda prohibido, a partir del 12 de marzo de 2022, prestar servicios especializados de mensajería financiera, utilizados para intercambiar datos financieros, a las personas jurídicas, entidades u organismos que figuran en el anexo VIII o a cualquier persona jurídica, entidad u organismo establecido en Rusia cuyos derechos de propiedad pertenezcan directa o indirectamente en más del 50 % a una entidad que figura en el anexo VIII.»
21      El Consejo introdujo igualmente un anexo VIII en la Decisión 2014/512, titulado «Lista de personas jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el artículo 1 sexies», que menciona el nombre de la recurrente.
22      Los considerandos 3 y 4 del Reglamento 2022/345, que es el otro de los dos actos sectoriales iniciales, indican, en esencia, que, tras la adopción de la Decisión 2022/346, resulta necesario adoptar un acto reglamentario de la Unión, en particular para garantizar la aplicación uniforme de las medidas restrictivas así adoptadas.
23      Mediante el Reglamento 2022/345, el Consejo introdujo el artículo 5 nonies y el anexo XIV en el Reglamento n.º 833/2014, que reproducen respectivamente, en esencia, los contenidos del artículo 1 sexies de la Decisión 2014/512 y del anexo VIII de dicha Decisión.
24      Mediante las Decisiones 2022/1313, 2023/191 y 2023/1517, el Consejo modificó la Decisión 2014/512 con el fin de prolongar la aplicación de esta.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
25      Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 18 de mayo de 2022, tal como fue adaptado en seis ocasiones durante el procedimiento, la recurrente solicitó la anulación de los actos individuales controvertidos y de los actos sectoriales controvertidos, en la medida en que la afectan.
26      Se admitió la intervención en el litigio de la Comisión Europea, en apoyo de las pretensiones del Consejo.
27      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó todos los motivos invocados por la recurrente, basados, en esencia, en:
–        la falta o la insuficiencia de motivación tanto de los actos individuales controvertidos como de los actos sectoriales controvertidos;
–        un error de apreciación que afecta tanto a los actos individuales controvertidos como a los actos sectoriales controvertidos;
–        la violación del derecho de propiedad en relación con el principio de proporcionalidad;
–        la vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación, y
–        la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y en desviación de poder.
Pretensiones de las partes en el recurso de casación
28      Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Resuelva definitivamente el pleito en el sentido de admitir las pretensiones solicitadas en el litigio de instancia.
–        Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.
–        Condene en costas al Consejo respecto de las dos instancias.
29      El Consejo y la Comisión solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene en costas a la recurrente.
Sobre el recurso de casación
30      En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca cinco motivos, basados, en esencia, respectivamente, en errores de Derecho, en tanto en cuanto el Tribunal General:
–        consideró erróneamente que el Consejo había respetado la obligación de motivación;
–        consideró erróneamente, a resultas de una desnaturalización de los hechos, que el Consejo no había incurrido en error de apreciación;
–        no declaró la vulneración de su derecho de propiedad;
–        no declaró la violación del principio de igualdad de trato y de no discriminación, y
–        no declaró la violación de su derecho a la tutela judicial efectiva ni la existencia de desviación de poder.
31      En sendos escritos presentados ante el Tribunal de Justicia, el Consejo y la Comisión invocan, en particular, varias causas de inadmisión que tienen por objeto varios motivos o alegaciones de la recurrente. La Comisión también invoca una causa de inadmisión relativa al conjunto de motivos del recurso de casación.
Sobre la causa de inadmisión relativa al conjunto de motivos del recurso de casación
Alegaciones de las partes
32      La Comisión sostiene que los argumentos formulados por la recurrente en apoyo del conjunto de sus motivos de casación consisten en volver a presentar ante el Tribunal de Justicia los argumentos que ya había presentado en primera instancia. Por ello, invoca la inadmisibilidad de todos esos motivos de casación.
33      La recurrente replica que las alegaciones de la Comisión no están suficientemente sustentadas para permitirle defenderse, a la vez que indica que se pueden someter al Tribunal de Justicia cuestiones de Derecho ya examinadas por el Tribunal General y que ella ha formulado argumentos específicos de su recurso de casación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
34      Del artículo 256 TFUE, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia resulta que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustentan de manera específica esta pretensión. Según reiterada jurisprudencia, no cumple este requisito el recurso de casación que, sin contener siquiera una argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho del que supuestamente adolece la sentencia recurrida, se limita a reproducir los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal General. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, una demanda destinada a obtener un mero reexamen de la demanda presentada ante el Tribunal General, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia (véanse las sentencias de 16 de diciembre de 2020, Consejo/K. Chrysostomides & Co. y otros, C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P y C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, apartado 127 y jurisprudencia citada, y de 21 de noviembre de 2024, UG/Comisión, C‑546/23 P, EU:C:2024:975, apartado 51 y jurisprudencia citada).
35      No obstante, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal General, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal General, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido (sentencias de 6 de marzo de 2003, Interporc/Comisión, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, apartado 17, y de 9 de febrero de 2023, Boshab/Consejo, C‑708/21 P, EU:C:2023:84, apartado 70 y jurisprudencia citada).
36      En el caso de autos, sin perjuicio de la eventual inadmisibilidad de determinados motivos o alegaciones invocados por la recurrente, esta alega en sus escritos una serie de errores de Derecho de los que adolece, según ella, la sentencia recurrida. Así pues, la Comisión sostiene erróneamente que el presente recurso de casación no cumple, en su conjunto, los requisitos de admisibilidad derivados de las disposiciones y de la jurisprudencia recordadas en los dos apartados anteriores.
37      Por consiguiente, procede desestimar la causa de inadmisión de la Comisión relativa al recurso de casación en su conjunto.
Primer motivo de casación
38      Mediante su primer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el Consejo había cumplido su obligación de motivación.
39      Este motivo se subdivide en dos partes, que se refieren, respectivamente, a los apartados 49 a 60 de la sentencia recurrida, relativos a la motivación de los actos individuales controvertidos, y a los apartados 70 a 82 de dicha sentencia, relativos a los actos sectoriales controvertidos.
Primera parte del primer motivo de casación
–       Alegaciones de las partes
40      La recurrente sostiene que la motivación que el Consejo expuso respecto de ella en los actos individuales iniciales, y que el Tribunal General consideró suficiente, únicamente reproduce, en su último párrafo, el contenido del criterio d). Ello le impidió comprender lo que se le reprochaba en relación con el criterio b). La recurrente añade que el Consejo no clarificó esta motivación en la posterior adopción de los demás actos individuales controvertidos.
41      Además, la recurrente reprocha al Tribunal General que considerara, en el apartado 59 de la sentencia recurrida, que sus alegaciones relativas a la imposibilidad de comprender la relación entre el criterio d) y varios elementos mencionados en la motivación reproducida en el apartado 7 de la presente sentencia se referían al fundamento de los motivos expuestos por el Consejo, y no al cumplimiento de la obligación de motivación.
42      El Consejo invoca la inadmisibilidad de la alegación de la recurrente según la cual nunca se modificó la motivación enunciada en dichos actos, toda vez que esta alegación no tiene por objeto impugnar la sentencia recurrida. Por lo demás, dicha institución niega que esta primera parte del motivo esté fundada.
43      La Comisión alega que los apartados 49 a 55 de la sentencia recurrida no adolecen de ningún error de Derecho.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
44      Según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivar un acto lesivo, que constituye un corolario del principio del respeto del derecho de defensa, tiene como finalidad, por una parte, proporcionar al interesado indicaciones suficientes para apreciar si el acto está bien fundado o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su validez ante el juez de la Unión y, por otra parte, permitir a este el ejercicio de su control sobre la legalidad de ese acto (sentencia de 18 de febrero de 2016, Consejo/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, apartado 74 y jurisprudencia citada).
45      La motivación exigida por el artículo 296 TFUE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y al contexto en el que este se adopta. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todas las razones de hecho y de Derecho pertinentes, pues, para apreciar si la motivación es suficiente, deben tenerse en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. Un acto lesivo estará suficientemente motivado cuando se haya dictado en un contexto conocido por el interesado que le permita comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él (sentencia de 18 de febrero de 2016, Consejo/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, apartado 75 y jurisprudencia citada).
46      En cuanto a las medidas restrictivas, el deber de motivación establecido en el artículo 296 TFUE exige en cualquier circunstancia que dicha motivación identifique las razones individuales, específicas y concretas por las que las autoridades competentes consideran que la persona afectada debe ser objeto de tales medidas. Así pues, el juez de la Unión debe comprobar, en particular, si los motivos invocados son suficientemente precisos y concretos (sentencia de 18 de febrero de 2016, Consejo/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, apartado 76 y jurisprudencia citada).
47      En el caso de autos, los actos individuales iniciales contienen, por lo que respecta a la recurrente, la motivación reproducida en el apartado 7 de la presente sentencia.
48      En primer lugar, la recurrente critica al Tribunal General por haber declarado que dicha motivación le permitía comprender lo que se le imputaba en virtud tanto del criterio b) como del criterio d), cuando dicha motivación no era suficientemente precisa en lo que respecta al criterio b).
49      A este respecto, procede recordar que el criterio b) se refiere, en particular, a personas jurídicas que apoyen, material o financieramente, acciones que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Por su parte, el criterio d) designa, en particular, a las personas jurídicas que apoyen activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania.
50      Es cierto que, como alega la recurrente, el último párrafo de la motivación reproducida en el apartado 7 de la presente sentencia está redactado en términos que coinciden con los del criterio d).
51      No obstante, por un lado, en los apartados 52 y 53 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló fundadamente, en esencia, que el Consejo hizo en esa motivación referencia, implícita pero necesariamente, al criterio b), en la medida en la que indicó que la recurrente tenía proyectos con empresas del sector de la defensa que prestan apoyo a las acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
52      Por otro lado, el Tribunal General recordó, en el apartado 54 de la sentencia recurrida, que el Consejo comunicó a la recurrente, en el momento de la adopción de los actos individuales iniciales, el expediente WK, en el que esta institución precisaba que le había aplicado los dos criterios en cuestión.
53      Por lo tanto, el Tribunal General declaró fundadamente que la motivación reproducida en el apartado 7 de la presente sentencia, considerada en su contexto, permitía a la recurrente comprender lo que se le imputaba en virtud del criterio b).
54      En segundo lugar, la recurrente reprocha al Tribunal General que, en el marco de su imputación basada en que el Consejo incumplió su obligación de motivación, no examinara la alegación —supuestamente formulada en su demanda en primera instancia— de que no podía comprender el vínculo entre, por una parte, el criterio d) y, por otra parte, el hecho de que fuera una importante entidad de desarrollo financiero, su presidente fuera nombrado por el presidente de la Federación de Rusia y hubiera concedido préstamos en Crimea. Afirma que, para ello, el Tribunal General se basó erróneamente, en esencia, en la distinción entre, por un lado, el cumplimiento de la obligación de motivación y, por otro, el fundamento de la aplicación del criterio d) por parte del Consejo en relación con la recurrente.
55      A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE constituye un requisito sustancial de forma que debe distinguirse de la cuestión de si la motivación está fundada, que pertenece al ámbito de la legalidad material del acto controvertido. En efecto, la motivación de una decisión consiste en expresar formalmente los fundamentos en los que se basa. Si esos fundamentos no están respaldados o adolecen de errores, estos afectan a la legalidad material de la decisión, pero no a su motivación (sentencia de 6 de octubre de 2020, Bank Refah Kargaran/Consejo, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, apartado 64 y jurisprudencia citada).
56      Resulta igualmente de la jurisprudencia que, en lo relativo a los actos por los que se adoptan o mantienen medidas restrictivas respecto a una persona o entidad, el juez de la Unión debe verificar, por un lado, el cumplimiento de la obligación de motivación que impone el artículo 296 TFUE y, por tanto, que los motivos invocados son suficientemente precisos y concretos, y, por otro lado, que dichos motivos están respaldados, lo que implica que, al controlar la legalidad material de dichos motivos, ese juez se asegure de que tales actos disponen de una base fáctica suficientemente sólida y verifique los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basan tales actos (sentencia de 22 de abril de 2021, Consejo/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, apartado 52 y jurisprudencia citada).
57      De ello se deduce que la comprobación del cumplimiento de la obligación de motivación de un acto es distinta del examen de la legalidad material de los motivos expuestos en dicho acto respecto de una persona o entidad.
58      En el caso de autos, la lectura del punto 45 del escrito de demanda en primera instancia, que la recurrente invoca en el apartado 19 de su recurso de casación en apoyo de su alegación basada en el incumplimiento de la obligación de motivación, confirma que la recurrente comprendió lo que se le imputaba en virtud del criterio d), pero que rebatía que tal criterio pudiera considerarse satisfecho en el caso de autos por el hecho de que fuera una importante entidad de desarrollo financiero, su presidente fuera nombrado por el presidente de la Federación de Rusia y hubiera concedido préstamos en Crimea.
59      Así pues, el Tribunal General consideró fundadamente, en el apartado 59 de la sentencia recurrida, que no estaba obligado a examinar tal alegación en relación con el incumplimiento de la obligación de motivación, toda vez que esta alegación se refería más bien al fundamento de los actos individuales controvertidos.
60      En tercer lugar, procede considerar inadmisible —como sostiene el Consejo— la alegación mediante la que la recurrente reprocha a este que no clarificara, con ocasión de las modificaciones de los actos individuales iniciales, la motivación que figura en ellos.
61      En efecto, esta alegación no cumple el requisito, recordado en el apartado 34 de la presente sentencia, de que un recurso de casación debe indicar de manera precisa, en particular, los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita.
62      En consecuencia, procede desestimar la primera parte del primer motivo de casación por ser, en parte, infundada y, en parte, inadmisible.
Segunda parte del primer motivo de casación
–       Alegaciones de las partes
63      La recurrente sostiene que los considerandos 4 y 5 de la Decisión 2022/346 no exponen las razones específicas y concretas por las que es objeto de las medidas restrictivas previstas en los actos sectoriales controvertidos. Arguye que los considerandos de un acto no tienen fuerza normativa y carecen de imperatividad. Precisa que, en cualquier caso, el considerando 5 de dicha Decisión enuncia un motivo vago, puesto que incluye el concepto jurídico indeterminado de «entidad de crédito relevante para el sistema financiero ruso», tal como ya sostuvo la recurrente ante el Tribunal General.
64      Además, la recurrente alega que el Consejo no expuso tales razones específicas y concretas con ocasión de las modificaciones de los actos sectoriales iniciales.
65      Según el Consejo, la alegación de la recurrente relativa al carácter impreciso del concepto de «entidad de crédito relevante para el sistema financiero ruso» es inadmisible, ya que no fue invocada en primera instancia. Añade que la recurrente no ha precisado el error de Derecho en el que, según ella, incurrió el Tribunal General en relación con este concepto.
66      En todo lo demás, la argumentación de la recurrente en apoyo de esta segunda parte del motivo es, según el Consejo, infundada.
67      La Comisión sostiene que los apartados 74 y 79 de la sentencia recurrida no adolecen de errores de Derecho.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
68      En primer lugar, la recurrente reprocha, en esencia, al Tribunal General que declarara que los considerandos 4 y 5 de la Decisión 2022/346 enuncian las razones específicas y concretas que le permiten comprender por qué es objeto de los actos sectoriales iniciales.
69      A este respecto, ha de recordarse que, según jurisprudencia reiterada, aunque el preámbulo de un acto de la Unión no tiene un valor jurídico vinculante y no puede ser invocado ni para establecer excepciones a las propias disposiciones del acto de que se trate ni para interpretarlas en un sentido contrario a su tenor literal, puede precisar el contenido de las disposiciones de ese acto, ya que los considerandos que figuran en dicho preámbulo constituyen importantes elementos interpretativos que pueden arrojar luz sobre la voluntad del autor de ese acto (sentencia de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk, C‑422/19 y C‑423/19, EU:C:2021:63, apartado 64 y jurisprudencia citada).
70      Además, de la jurisprudencia resulta que la propia función de los considerandos de un acto es exponer las razones por las que se adopta una medida (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de julio de 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, C‑80/16, EU:C:2017:588, apartado 54, y de 26 de marzo de 2020, Hungeod y otros, C‑496/18 y C‑497/18, EU:C:2020:240, apartados 69 y 70).
71      En el presente asunto, el considerando 4 de la Decisión 2022/346 expone las modificaciones del contexto internacional pertinente y la respuesta del Consejo Europeo a raíz de esas modificaciones. Por su parte, el considerando 5 de esa Decisión precisa los requisitos que deben cumplirse para que se aplique la prohibición establecida en el artículo 1 sexies de la Decisión 2014/512, que fue introducido en esta última por la Decisión 2022/346. Esta prohibición se refiere, concretamente, a las entidades de crédito rusas que son relevantes para el sistema financiero ruso y que ya están sujetas a medidas restrictivas impuestas, en particular, por la Unión.
72      A este respecto, ha de subrayarse, de entrada, que no existe contradicción alguna entre las disposiciones de los actos sectoriales controvertidos en virtud de las cuales la recurrente fue sometida a medidas restrictivas y los considerandos 4 y 5 de la Decisión 2022/346.
73      Además, de la jurisprudencia resulta que las razones específicas y concretas por las que el Consejo estima que el nombre de una persona debe incluirse en la lista de las personas que son objeto de medidas restrictivas pueden deducirse de las disposiciones generales de los actos por los que se adoptan dichas medidas (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, Vnesheconombank/Consejo, C‑731/18 P, EU:C:2020:500, apartado 40).
74      Así pues, y habida cuenta de lo expuesto en los apartados 69 y 70 de la presente sentencia, el Consejo cumple su obligación de motivación cuando estas razones figuran en los considerandos del acto por el que adopta las medidas restrictivas de que se trate, que deben interpretarse conjuntamente con las disposiciones de dicho acto.
75      Por último, ha de señalarse que las medidas restrictivas previstas por los actos sectoriales controvertidos se han aplicado a la recurrente por el hecho, en particular, de que ya había sido objeto de otras medidas restrictivas adoptadas anteriormente por el Consejo, entre ellas las que ya estaban previstas por la Decisión 2014/512, como se desprende de los apartados 12 a 15 de la presente sentencia.
76      Pues bien, como se ha indicado en el apartado 16 de la presente sentencia, en la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Vnesheconombank/Consejo (T‑737/14, EU:T:2018:543), confirmada por la sentencia de 25 de junio de 2020, Vnesheconombank/Consejo (C‑731/18 P, EU:C:2020:500), el Tribunal General desestimó el recurso de anulación interpuesto por la recurrente, en particular, contra dicha Decisión. Concretamente, en los apartados 35 a 49 de esta última sentencia, el Tribunal de Justicia consideró que el Tribunal General había desestimado fundadamente el motivo de la recurrente basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.
77      Habida cuenta de la jurisprudencia recordada en el apartado 45 de la presente sentencia, según la cual un acto lesivo estará suficientemente motivado cuando se haya dictado en un contexto conocido por el interesado, procede considerar que, en el caso de autos, la motivación de las medidas restrictivas que ya estaban previstas por la Decisión 2014/512 formaba parte del contexto, conocido por la recurrente, en el que se inscribieron las medidas restrictivas derivadas de los actos sectoriales controvertidos.
78      En segundo lugar, la recurrente sostiene que el concepto de «entidad de crédito relevante para el sistema financiero ruso», que resulta del considerando 5 de la Decisión 2022/346, no es suficientemente preciso, por lo que no puede saber lo que se le imputa a este respecto.
79      En lo que atañe a la admisibilidad de esta alegación, refutada por el Consejo, es preciso recordar que, ciertamente, según reiterada jurisprudencia, permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo de impugnación que no invocó ante el Tribunal General equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más amplio que aquel del que conoció el Tribunal General. En el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está, pues, limitada al examen de la apreciación por el Tribunal General de los motivos y alegaciones que fueron objeto de debate ante este (sentencia de 4 de octubre de 2024, Aeris Invest/Comisión y JUR, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, apartado 253 y jurisprudencia citada).
80      Dicho esto, en el caso de autos, del apartado 66 de la sentencia recurrida se desprende que la recurrente alegó ante el Tribunal General, en esencia, que el concepto de «entidad de crédito relevante para el sistema financiero ruso» era vago, de modo que le resultaba imposible determinar el umbral a partir del cual tal entidad puede considerarse relevante.
81      En consecuencia, procede desestimar la causa de inadmisión invocada por el Consejo.
82      En cuanto al fondo, es cierto que el Tribunal General no respondió expresamente a la alegación de la recurrente relativa a la supuesta falta de precisión del concepto de «entidad de crédito relevante para el sistema financiero ruso».
83      Sin embargo, según la jurisprudencia, la obligación de motivar las sentencias que incumbe al Tribunal General, en virtud de los artículos 36 y 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no le obliga a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes del litigio. Así pues, la motivación puede ser implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones en las que se basó el Tribunal General y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control en el marco de un recurso de casación (sentencia de 9 de marzo de 2023, PlasticsEurope/ECHA, C‑119/21 P, EU:C:2023:180, apartado 144 y jurisprudencia citada).
84      En el caso de autos, el Tribunal General consideró, en el apartado 78 de la sentencia recurrida, que, mediante su alegación, la recurrente no invocaba una falta de motivación, sino que rebatía en cuanto al fondo la decisión del Consejo de incluirla en la lista de personas objeto de las medidas restrictivas previstas por los actos sectoriales controvertidos. En el apartado 136 de dicha sentencia, el Tribunal General apreció la existencia de elementos de hecho, en particular la circunstancia de que la recurrente había concedido más de 1 billón de rublos rusos (RUB) (aproximadamente 10 000 millones de euros) a entidades públicas o privadas, que le llevaron a declarar, en el apartado 137 de la citada sentencia, que «tales elementos son suficientes para concluir que la [recurrente] es una entidad de crédito relevante para el sistema financiero ruso». Por lo tanto, al confirmar de este modo que la recurrente estaba incluida en el concepto de «entidad de crédito relevante para el sistema financiero ruso», el Tribunal General desestimó, implícita pero necesariamente, la alegación de esta basada en la supuesta falta de precisión de ese concepto.
85      En consecuencia, la presente alegación debe desestimarse por infundada.
86      En tercer lugar, en la medida en que la recurrente critica al Consejo por no proporcionar, con ocasión de las modificaciones de los actos sectoriales iniciales, las razones específicas y concretas por las que consideraba que ella debía ser objeto de medidas restrictivas, procede señalar que tal alegación no tiene por objeto impugnar la sentencia recurrida. Así pues, por las razones indicadas en los apartados 34 y 61 de la presente sentencia, esta alegación es, como sostiene el Consejo, inadmisible.
87      En consecuencia, procede desestimar la segunda parte del primer motivo de casación por ser, en parte, infundada y, en parte, inadmisible.
Segundo motivo de casación
88      Mediante el segundo motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General, por haber cometido una desnaturalización de los hechos, consideró erróneamente que el Consejo no había incurrido en un error de apreciación.
89      Este motivo se subdivide en dos partes, la primera de las cuales se dirige contra los apartados 100 a 130 de la sentencia recurrida, relativos a los actos individuales controvertidos.
90      En cuanto a la segunda parte, tiene por objeto los apartados 136 a 140 de dicha sentencia, relativos a los actos sectoriales controvertidos.
Primera parte del segundo motivo de casación
–       Alegaciones de las partes
91      En lo que atañe a los actos individuales controvertidos, la recurrente sostiene que no puede ser considerada como una parte del Estado ruso, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en el apartado 109 de la sentencia recurrida.
92      A este respecto, la recurrente precisa que tiene la obligación jurídica de funcionar de manera totalmente independiente del Estado ruso, como se desprende de las disposiciones del Código Civil ruso que invocó y aportó en primera instancia, sin que el Tribunal General las analizara. Subraya que el documento n.º 5 del expediente WK, mencionado en el apartado 102 de la sentencia recurrida, no cuestiona esta independencia.
93      Además, la recurrente critica los apartados 106 y 107 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General, sobre la base de varias disposiciones de la Ley federal relativa al estatuto de VEB.RF, declaró que esta, por su objeto social, apoyaba la política económica determinada por el presidente de la Federación de Rusia y dirigida por el Gobierno de dicha Federación. Según la recurrente, tal apreciación no debe basarse en el mero contenido de dichas disposiciones, sino en hechos reales. Puntualiza que los elementos en los que el Tribunal General se basó a tal efecto no demuestran que cumpla el criterio b), apoyando de manera cuantitativa o cualitativamente relevante acciones que menoscaben o amenacen a Ucrania.
94      En cuanto al criterio d), la recurrente rebate la apreciación del Tribunal General, en los apartados 128 y 129 de la sentencia recurrida, según la cual prestaba apoyo material o financiero al presidente de la Federación de Rusia. Arguye que el Consejo, en quien recaía la carga de la prueba, no demostró que la política de inversiones de la recurrente y los proyectos en los que participaba, consistentes en fomentar la diversificación de la industria militar rusa, respondieran a la voluntad de dicho presidente. Añade que tampoco se ha demostrado que esos proyectos se hayan desarrollado en la práctica. Según ella, el Tribunal General invirtió la carga de la prueba al apreciar que la recurrente ni siquiera había alegado que esos proyectos hubieran sido abandonados. El documento n.º 7 del expediente WK, que se refiere a una reunión del presidente de la Federación de Rusia con el presidente de Pomsvyazbank, entidad bancaria que no tiene ninguna vinculación con la recurrente, no es, según ella, pertinente para sustentar esa apreciación del Tribunal General.
95      El Consejo sostiene que las alegaciones de la recurrente basadas en la falta de examen de las disposiciones del Código Civil ruso son inadmisibles, por haberlas invocado por primera vez en su escrito de réplica.
96      Lo mismo sucede, según el Consejo, con las alegaciones de la recurrente relativas a la importancia de su apoyo material o financiero a las acciones a las que se refiere el criterio b). Arguye, a este respecto, que el examen de esas alegaciones requiere que el Tribunal de Justicia realice una nueva apreciación de los hechos, lo que excede de su competencia de control en el marco de un recurso de casación, salvo en caso de una desnaturalización de estos hechos, la cual no ha sido alegada ni, a fortiori, probada por la recurrente.
97      Por lo demás, el Consejo y la Comisión rebaten el fundamento de todas las alegaciones de la recurrente en apoyo de esta primera parte del motivo.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
98      Es preciso recordar que, según la jurisprudencia, en cuanto al control de la legalidad de una decisión por la que se adoptan medidas restrictivas, habida cuenta de su carácter preventivo, si el juez de la Unión considera que al menos uno de los motivos mencionados es lo bastante preciso y concreto, que está respaldado y que constituye, por sí solo, una base suficiente para fundamentar la decisión, la circunstancia de que otros de esos motivos no presenten tales características no puede justificar la anulación de dicha decisión (sentencia de 29 de noviembre de 2018, Bank Tejarat/Consejo, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, apartado 60 y jurisprudencia citada).
99      En el caso de autos, por un lado, en los apartados 100 a 119 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó las alegaciones de la recurrente mediante las que criticaba que se le aplicara el criterio b).
100    Por otro lado, en los apartados 120 a 129 de dicha sentencia, el Tribunal General desestimó las alegaciones de la recurrente mediante las que cuestionaba que se le aplicara el criterio d).
101    En particular, en cuanto a la aplicación de este último criterio, el Tribunal General examinó el contenido de los documentos n.º 1, n.º 3, n.º 4 y n.º 7 del expediente WK y concluyó que existían indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 97 de la sentencia recurrida, para considerar que la recurrente prestaba apoyo material o financiero al presidente de la Federación de Rusia en la dirección de la política económica que este determina.
102    A este respecto, es preciso recordar que, según jurisprudencia reiterada, el Tribunal General es el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus apreciaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y para apreciar las pruebas admitidas. Por consiguiente, la determinación de los hechos y la apreciación de las pruebas no constituyen, salvo en caso de desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia (sentencia de 1 de agosto de 2025, Francia y Comisión/CWS Powder Coatings y otros, C‑71/23 P y C‑82/23 P, EU:C:2025:601, apartado 66 y jurisprudencia citada).
103    Tal desnaturalización existe cuando, sin la práctica de nuevas pruebas, la apreciación de los elementos de prueba que constan en autos resulta manifiestamente errónea. En todo caso, es preciso que la desnaturalización pueda deducirse de forma manifiesta de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. Por otra parte, cuando un recurrente alega la desnaturalización de los elementos de prueba por parte del Tribunal General, está obligado a indicar de manera precisa los elementos que, en su opinión, han sido desnaturalizados por este y a demostrar los errores de análisis que, en su apreciación, han llevado al Tribunal General a dicha desnaturalización (sentencia de 1 de agosto de 2025, Francia y Comisión/CWS Powder Coatings y otros, C‑71/23 P y C‑82/23 P, EU:C:2025:601, apartado 67 y jurisprudencia citada).
104    En el presente asunto, procede señalar que la recurrente no sostiene que el Tribunal General desnaturalizara los elementos de prueba resultantes de los documentos n.º 1, n.º 3 y n.º 4 del expediente WK, sobre la base de los cuales consideró acreditada la participación de esta en proyectos de diversificación del sector de la defensa ruso, en particular un proyecto, contemplado en el documento n.º 1 de ese expediente, cuyo valor se estimaba en más de 600 000 millones de RUB (aproximadamente 6 700 millones de euros), mencionado en el apartado 126 de la sentencia recurrida.
105    En efecto, la recurrente alega que el Tribunal General invirtió la carga de la prueba, en tanto en cuanto declaró, en el apartado 127, que «la [recurrente] no puede reprochar al Consejo que no haya probado la materialización de dicho proyecto, mientras que ella no alega ni prueba que dicho proyecto haya sido abandonado».
106    Pues bien, ciertamente, según reiterada jurisprudencia, en materia de medidas restrictivas, es la autoridad competente de la Unión quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos invocados contra la persona afectada son fundados, y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de la carencia de fundamento de tales motivos (sentencia de 3 de julio de 2025, Grodno Azot y Khimvolokno Plant/Consejo, C‑326/24 P, EU:C:2025:522, apartado 35 y jurisprudencia citada).
107    No obstante, en el caso de autos, dado que el Consejo demostró, mediante pruebas respecto de las cuales no se invoca desnaturalización alguna en el marco del presente recurso de casación, que la recurrente se había involucrado en el proyecto específicamente mencionado en el apartado 104 de la presente sentencia, el Tribunal General podía legítimamente desestimar la alegación de la recurrente relativa a la falta de prueba de la materialización de dicho proyecto, a propósito del cual la recurrente ni siquiera sostuvo que se hubiera abandonado.
108    En cuanto al documento n.º 7 del expediente WK, que el Tribunal General examinó en el apartado 125 de la sentencia recurrida, la recurrente alega que no se refiere a instrucciones que el presidente de la Federación de Rusia le diera a ella, sino a otra entidad financiera.
109    Pues bien, basta con señalar, para excluir que ese documento haya sido desnaturalizado por el Tribunal General, que este último solo se basó en él para confirmar que la diversificación del sector de la defensa ruso era un deseo de dicho presidente, y no para demostrar la participación de la recurrente en esa diversificación.
110    De ello se deduce que la presente parte del motivo, en la medida en que tiene por objeto rebatir las apreciaciones del Tribunal General relativas al criterio d), debe desestimarse por infundada.
111    Toda vez que las demás alegaciones que la recurrente formula en apoyo de esta parte del motivo se refieren a fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida relativos al criterio b), tales alegaciones deben calificarse de inoperantes, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 98 de la presente sentencia, sin que sea necesario pronunciarse sobre su admisibilidad o sobre si están fundadas.
112    Por consiguiente, procede desestimar la primera parte del segundo motivo de casación por ser, en parte, infundada y, en parte, inoperante.
Segunda parte del segundo motivo de casación
–       Alegaciones de las partes
113    En lo que atañe a los actos sectoriales controvertidos, la recurrente alega que el Tribunal General erró al considerar, en los apartados 136 a 139 de la sentencia recurrida, que varios documentos del expediente WK demostraban que era una «entidad de crédito relevante para el sistema financiero ruso», en el sentido del considerando 5 de la Decisión 2022/346. Arguye que esta relevancia debe apreciarse en el marco del volumen real de ese sistema, que es muy grande.
114    El Consejo replica que, mediante esta parte del motivo, la recurrente pretende rebatir la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal General, por lo que debe declararse inadmisible.
115    El Consejo y la Comisión sostienen que esta parte del motivo es, en todo caso, infundada.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
116    De conformidad con la jurisprudencia mencionada en los apartados 102 y 103 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia no es competente, en el marco de un recurso de casación, para apreciar los hechos, salvo si se alega que el Tribunal General los desnaturalizó.
117    En los apartados 136 y 137 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que los documentos n.º 1, n.º 2, n.º 3, n.º 6 y n.º 8 del expediente WK demostraban que la recurrente constituía una «entidad de crédito relevante para el sistema financiero ruso», debido a que había concedido más de 1 billón de RUB (aproximadamente 10 000 millones de euros) a entidades públicas o privadas rusas.
118    Ahora bien, toda vez que la recurrente no pone en entredicho el hecho de que concedió préstamos de tal envergadura, no demuestra que la apreciación del Tribunal General según la cual el Consejo podía calificarla fundadamente de «entidad de crédito relevante para el sistema financiero ruso», al margen del tamaño real de dicho sistema, esté basada en una desnaturalización de los hechos.
119    Por lo tanto, debe declararse la inadmisibilidad de la segunda parte del segundo motivo de casación.
Tercer motivo de casación
120    Mediante su tercer motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no declarar la existencia de una vulneración de su derecho de propiedad.
121    Este motivo se articula, en esencia, en dos partes. La primera parte tiene por objeto, en particular, rebatir las apreciaciones del Tribunal General, en los apartados 150 a 163 de la sentencia recurrida, según las cuales, en sustancia, aunque los actos individuales controvertidos implicaban restricciones al derecho de propiedad de la recurrente, eran conformes con el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
122    En cuanto a la segunda parte, tiene por objeto el apartado 164 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General declaró que la recurrente no había demostrado que los actos sectoriales controvertidos vulneraran su derecho de propiedad.
Primera parte del tercer motivo de casación
–       Alegaciones de las partes
123    La recurrente alega, en esencia, basándose en la remisión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), realizada por el artículo 6 TUE, apartado 3, que su derecho de propiedad, consagrado, en particular, en el artículo 17 de la Carta, es objeto de restricciones derivadas de los actos individuales controvertidos, a raíz de procedimientos que no respetan ni el derecho a ser oído ni la obligación de notificación personal a los interesados. Añade que estas restricciones no son conformes con el artículo 1 del Protocolo Adicional n.º 1 del CEDH, firmado en París el 20 de marzo de 1952 (en lo sucesivo, «Protocolo Adicional»), debido a que no están justificadas, son discriminatorias y no dan lugar a una compensación.
124    La recurrente sostiene igualmente que las restricciones que comportan los actos individuales controvertidos no pueden justificarse con arreglo al artículo 52, apartado 1, de la Carta, ya que no cumplen los requisitos establecidos en este. Según ella, las medidas restrictivas adoptadas por la Unión a menudo se prorrogan, por lo que no tienen carácter temporal. Por lo tanto, no respetan la esencia del derecho de propiedad. Añade que la experiencia demuestra que tales medidas no responden a objetivos de interés general y que, en todo caso, son innecesarias y desproporcionadas para alcanzar dichos objetivos.
125    El Consejo sostiene que las alegaciones de la recurrente basadas en el artículo 6 TUE, apartado 3, y en el Protocolo Adicional son inadmisibles porque no fueron formuladas ante el Tribunal General. Igualmente inadmisibles son, según el Consejo, las alegaciones de la recurrente basadas en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, en particular en la medida en que la recurrente se limita a remitirse a los elementos invocados en primera instancia, sin indicar las razones por las que considera que el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
126    La Comisión invoca una causa de inadmisión con respecto a esta primera parte del motivo, sosteniendo que las alegaciones de la recurrente no ponen de manifiesto de una manera clara los errores que el Tribunal General haya podido cometer. En cualquier caso, esta institución niega que tales alegaciones estén fundadas.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
127    En primer lugar, la recurrente alega que las restricciones a su derecho de propiedad derivadas de los actos individuales controvertidos resultan, por un lado, de procedimientos que no respetan ni el derecho a ser oído ni la obligación de notificación personal de ese tipo de actos al interesado, vulnerando con ello el CEDH, e infringen, por otro, el artículo 1 del Protocolo Adicional, debido a que son discriminatorias y a que no dan lugar a una compensación.
128    Procede recordar que, como se desprende del apartado 79 de la presente sentencia, la competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación está limitada al examen de la apreciación por el Tribunal General de los motivos y alegaciones que se debatieron ante él.
129    Pues bien, ha de observarse que, como sostiene fundadamente el Consejo, la recurrente no formuló ante el Tribunal General alegaciones como las resumidas en el apartado 123 de la presente sentencia, ya sea sobre la base de disposiciones del CEDH, del Protocolo Adicional o de la Carta.
130    Por consiguiente, tales alegaciones son inadmisibles.
131    En segundo lugar, la recurrente refuta el fundamento del examen que el Tribunal General, tras haber reconocido la existencia de restricciones al derecho de propiedad, efectuó en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta.
132    Es preciso señalar, de entrada, que las objeciones formuladas por el Consejo y por la Comisión en cuanto a la admisibilidad de la alegación de la recurrente a este respecto no pueden prosperar. En efecto, esta alegación se dirige claramente contra los apartados 154, 156 a 159 y 164 de la sentencia recurrida y tiene por objeto rebatir el análisis efectuado por el Tribunal General en esos apartados sobre la cuestión de si las medidas restrictivas derivadas de los actos individuales controvertidos cumplían algunos de los requisitos que permiten, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, excluir toda vulneración del derecho de propiedad de la recurrente.
133    En cuanto al fondo de dicha alegación, procede recordar que el artículo 17, apartado 1, de la Carta dispone que toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos, y que nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. Además, el uso de los bienes puede regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general.
134    Según reiterada jurisprudencia, el derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 de la Carta no constituye una prerrogativa absoluta y su ejercicio puede ser objeto de restricciones justificadas por objetivos de interés general perseguidos por la Unión (sentencia de 10 de septiembre de 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, apartado 85 y jurisprudencia citada).
135    Sin embargo, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por ella debe ser establecida por la ley y respetar su contenido esencial y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, ser necesaria y responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás (sentencia de 10 de septiembre de 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, apartado 86).
136    Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que debe reconocerse al legislador de la Unión una amplia facultad de apreciación en ámbitos como el de las medidas restrictivas, en los que se ve obligado a escoger entre diversas opciones de naturaleza política, económica y social y en los que debe realizar valoraciones complejas. El Tribunal de Justicia deduce de ello que solo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en esos ámbitos, en relación con el objetivo que pretenda conseguir la institución competente, puede afectar a la legalidad de tal medida (sentencia de 13 de marzo de 2025, Shuvalov/Consejo, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, apartado 76 y jurisprudencia citada).
137    La recurrente alega que las medidas restrictivas adoptadas por la Unión a menudo se prorrogan y que, por ello, no tienen carácter temporal, de modo que no respetan la esencia del derecho de propiedad. Añade que esas medidas no responden a objetivos de interés general y que son en todo caso innecesarias y desproporcionadas para alcanzarlos.
138    A ese respecto, ha de subrayarse que la recurrente no rebate, en sí, que, de conformidad con las disposiciones del Derecho de la Unión que el Tribunal General recuerda en los apartados 156, 157 y 162 de la sentencia recurrida, las medidas restrictivas son medidas cautelares de carácter temporal y reversible, que están sometidas periódicamente a revisión, y que las autoridades nacionales pueden autorizar la utilización de fondos inmovilizados u otorgar autorizaciones específicas que permitan la movilización de los fondos.
139    En tales circunstancias, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar, en esencia, en los apartados 156, 157 y 160 a 162 de la sentencia recurrida, que las mencionadas disposiciones de Derecho de la Unión dejan patente que los actos individuales controvertidos no menoscaban el contenido esencial del derecho de propiedad y que la limitación introducida por esos actos al ejercicio del derecho de propiedad de la recurrente no es, a la luz del principio de proporcionalidad, manifiestamente inadecuada con respecto al objetivo perseguido —que es, como indica el apartado 158 de la sentencia recurrida, ejercer una presión directa o indirecta sobre el Gobierno de la Federación de Rusia y sobre sus dirigentes con la finalidad de que estos pongan fin a las acciones y políticas que desestabilizan Ucrania—, máxime si se tiene en cuenta que la argumentación de la recurrente solo constituye un conjunto de alegaciones generales que tienen por objeto, sin demostración alguna, cuestionar que la aplicación de dichas disposiciones sea adecuada.
140    Por tanto, la recurrente no ha demostrado que los actos individuales controvertidos tengan carácter manifiestamente inadecuado en relación con el objetivo perseguido, de modo que, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 136 de la presente sentencia, no puede cuestionarse la legalidad de dichos actos.
141    Por consiguiente, procede desestimar la primera parte del tercer motivo de casación por ser, en parte, inadmisible y, en parte, infundada.
Segunda parte del tercer motivo de casación
–       Alegaciones de las partes
142    La recurrente sostiene que el Tribunal General afirmó erróneamente que no había probado que su exclusión de los servicios de mensajería utilizados para el intercambio de datos entre entidades financieras de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (en lo sucesivo, «servicios SWIFT»), resultante de los actos sectoriales controvertidos, vulnera su derecho de propiedad, infringiendo el artículo 17 de la Carta. Según ella, no es necesario probar lo que es obvio, como lo es el hecho de que tal exclusión perjudica gravemente la actividad de una entidad financiera.
143    El Consejo invoca la inadmisibilidad de esta parte del motivo, basándose en que la recurrente no formula alegaciones que contradigan la conclusión a la que llegó el Tribunal General en cuanto a la falta de prueba de la vulneración del derecho de propiedad.
144    También la Comisión sostiene que las alegaciones de la recurrente son inadmisibles, en la medida en que no ponen de manifiesto de manera clara los errores de Derecho en los que, según la recurrente, incurrió el Tribunal General. Considera que este último, en todo caso, desestimó fundadamente el motivo basado en la vulneración del derecho de propiedad.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
145    La recurrente alega que es evidente que su exclusión de los servicios SWIFT, como consecuencia de los actos sectoriales controvertidos, menoscaba su actividad de entidad financiera y, por tanto, su derecho de propiedad. De ello infiere que el Tribunal General erró al considerar, en el apartado 164 de la sentencia recurrida, que no había probado la existencia de tal menoscabo.
146    En lo que atañe a la admisibilidad de esta parte del motivo, rebatida, en esencia, por el Consejo y por la Comisión, basándose en que la recurrente, contrariamente a los principios recordados en el apartado 34 de la presente sentencia, no indica el error en el que, según ella, incurrió el Tribunal General, procede señalar que, mediante su alegación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber violado las reglas de la carga de la prueba.
147    Pues bien, según la jurisprudencia, la facultad de control del Tribunal de Justicia de las comprobaciones de hecho efectuadas por el Tribunal General se extiende, en particular, a la cuestión de si se han cumplido las reglas en materia de carga y práctica de la prueba (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de septiembre de 2019, HX/Consejo, C‑540/18 P, EU:C:2019:707, apartado 43, y de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, apartado 25).
148    De ello se infiere que la presente parte del motivo es admisible.
149    En cuanto al fondo, es preciso señalar que, en el apartado 164 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la recurrente no había probado que su exclusión de los servicios SWIFT vulnerara su derecho de propiedad, al entender que la mera restricción del acceso a servicios y el posible lucro cesante vinculado a tal restricción no constituyen, por sí solos, una vulneración de ese derecho.
150    A este respecto, de la jurisprudencia resulta que las medidas restrictivas producen, por definición, efectos que atañen a los derechos de propiedad y al libre ejercicio de las actividades profesionales, ocasionando así perjuicios a terceros que no tienen ninguna responsabilidad respecto de la situación que condujo a la adopción de las sanciones, y que, con mayor motivo, ese es el efecto que producen las medidas restrictivas selectivas en las entidades a las que van dirigidas (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de septiembre de 2018, Bank Mellat/Consejo, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, apartado 60 y jurisprudencia citada, y de 25 de junio de 2020, Vnesheconombank/Consejo, C‑731/18 P, EU:C:2020:500, apartado 86).
151    Además, en el caso de autos, ha de señalarse que, ante el Tribunal General y en respuesta a la alegación de la recurrente de que el hecho de privarla de los servicios SWIFT equivalía a restringir considerablemente su actividad económica y, por ende, su derecho de propiedad, el Consejo no negó la existencia de una injerencia en el derecho de propiedad de la recurrente, sino que se limitó a alegar que dicha injerencia era conforme con los requisitos derivados del artículo 52, apartado 1, de la Carta.
152    En estas circunstancias, la recurrente no estaba obligada a demostrar en mayor medida la existencia de una restricción a su derecho de propiedad.
153    De ello se sigue que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al afirmar que la recurrente no había probado que los actos sectoriales controvertidos conllevan una restricción de su derecho de propiedad.
154    No obstante, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, aun cuando los fundamentos de Derecho de una sentencia del Tribunal General revelen una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, tal infracción no puede dar lugar a la anulación de dicha sentencia y procede efectuar una sustitución de los fundamentos de Derecho (sentencias de 6 de octubre de 2020, Bank Refah Kargaran/Consejo, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, apartado 50 y jurisprudencia citada, y de 3 de julio de 2025, Glonatech/REA, C‑114/24 P, EU:C:2025:520, apartado 48).
155    En el caso de autos, ha de determinarse, a la luz de la jurisprudencia mencionada en los apartados 134 a 136 de la presente sentencia, si las restricciones del derecho de propiedad de la recurrente que se derivan de los actos sectoriales controvertidos son, no obstante, conformes con el artículo 52, apartado 1, de la Carta.
156    En primer lugar, las medidas restrictivas derivadas de los actos sectoriales controvertidos están «establecidas por la ley», pues están enunciadas en actos que tienen alcance general y que disponen de una base jurídica clara en el Derecho de la Unión, y están formuladas en términos suficientemente precisos tanto en lo que respecta a su alcance como a las razones que justifican su aplicación a la recurrente.
157    En segundo lugar, como se desprende, en particular, de los considerandos 4 y 5 de la Decisión 2022/346, estas medidas restrictivas tienen por objeto responder a la agresión militar contra Ucrania por parte de la Federación de Rusia, que viola el Derecho internacional y socava la seguridad y la estabilidad europeas y mundiales.
158    Dichas medidas tienen, por tanto, como objetivo proteger la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y promover una solución pacífica a la crisis en ese país. Se enmarcan en el objetivo, más amplio, de salvaguardar la paz y la seguridad internacional, de conformidad con los objetivos de la acción exterior de la Unión establecidos en el artículo 21 TUE (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, Vnesheconombank/Consejo, C‑731/18 P, EU:C:2020:500, apartado 87).
159    En tercer lugar, en lo que respecta al principio de proporcionalidad, en la medida en que el objetivo perseguido por el Consejo, al adoptar las medidas restrictivas en cuestión, consistía, en particular, en aumentar el coste de las acciones de la Federación de Rusia por menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, el enfoque consistente en centrarse en las entidades de crédito rusas que son relevantes para el sistema financiero ruso responde, de manera coherente, a ese objetivo y, en cualquier caso, no puede considerarse manifiestamente inadecuado en relación con el objetivo perseguido (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, Vnesheconombank/Consejo, C‑731/18 P, EU:C:2020:500, apartado 88).
160    Además, teniendo en cuenta la importancia de los objetivos perseguidos por los actos sectoriales controvertidos y la evolución progresiva de la intensidad de las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo en respuesta a la crisis ucraniana, la injerencia en el derecho de propiedad de la recurrente no puede considerarse desproporcionada (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, Vnesheconombank/Consejo, C‑731/18 P, EU:C:2020:500, apartado 89).
161    Por lo tanto, las medidas restrictivas derivadas de los actos sectoriales controvertidos conllevan restricciones al derecho de propiedad de la recurrente que cumplen los requisitos derivados del artículo 52, apartado 1, de la Carta.
162    Por ello, se ha puesto de manifiesto que, a pesar del error de Derecho identificado en el apartado 153 de la presente sentencia, las alegaciones de la recurrente basadas en la vulneración del derecho de propiedad, consagrado en el artículo 17 de la Carta, carecían de fundamento, por lo que el Tribunal General podía desestimarlas.
163    De lo anterior se desprende que, habida cuenta de la jurisprudencia recordada en el apartado 154 de la presente sentencia, debe desestimarse por infundada la segunda parte del tercer motivo de casación.
Cuarto motivo de casación
164    La recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que no había demostrado la vulneración, por parte del Consejo, del principio de igualdad de trato y de no discriminación. A este respecto, se remite a determinados puntos de la demanda y de la réplica en primera instancia.
165    El Consejo y la Comisión invocan la inadmisibilidad de este motivo basándose en que tiene por objeto obtener un mero reexamen de la demanda presentada ante el Tribunal General, lo que excede de la competencia del Tribunal de Justicia. La Comisión añade que la recurrente no precisa cuáles son las cuestiones de Derecho que, en su opinión, el Tribunal General interpretó erróneamente.
166    Ha de recordarse que, en el apartado 170 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que el hecho de que personas jurídicas que no comparten las mismas características que la recurrente sean objeto de medidas restrictivas no prueba la vulneración del principio de igualdad de trato en lo que a ella respecta, habida cuenta de que este principio debe conciliarse con el principio de legalidad. Precisó que, en consecuencia, si este último principio se respeta en lo que atañe a las medidas restrictivas derivadas de los actos individuales y sectoriales controvertidos, es indiferente que otras personas jurídicas que no comparten las mismas características que la recurrente sean objeto de tales medidas. En el apartado 171 de esa sentencia, el Tribunal General señaló, en esencia, que el Consejo motivó correctamente los actos individuales y sectoriales controvertidos y probó suficientemente el fundamento de dichos actos. Por lo tanto, el Tribunal General desestimó, en el apartado 172 de dicha sentencia, el motivo de la recurrente basado en la violación del principio de igualdad de trato.
167    En estas circunstancias, ha de observarse que la recurrente no cuestiona los motivos expuestos por el Tribunal General, sino que solicita al Tribunal de Justicia que vuelva a examinar las alegaciones que formuló en primera instancia. Pues bien, como se desprende del apartado 34 de la presente sentencia, un recurso de casación no puede limitarse a reproducir los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal General, sino que debe, en particular, indicar los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica la pretensión de anulación de la resolución del Tribunal General objeto de dicho recurso de casación e incluir una argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que supuestamente adolece esa resolución.
168    Por lo tanto, debe declararse la inadmisibilidad del presente motivo de casación.
Quinto motivo de casación
169    La recurrente sostiene, por una parte, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que no había demostrado la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y la existencia de desviación de poder. A este respecto, se remite a determinados puntos de la demanda y de la réplica en primera instancia.
170    Por otra parte, la recurrente alega una vulneración del derecho a ser oído y de la obligación de notificación personal de un acto al interesado.
171    El Consejo y la Comisión invocan la inadmisibilidad de este motivo, por razones análogas a las indicadas en el apartado 165 de la presente sentencia.
172    Procede recordar que, en los apartados 177 y 178 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, en esencia, que, invocando motivos basados en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y en desviación de poder, la recurrente intentaba en realidad rebatir el fundamento y la motivación de las medidas restrictivas de que es objeto. Además, el Tribunal General señaló que ningún elemento de los autos permitía considerar que el Consejo hubiera incurrido en desviación de poder.
173    Toda vez que la recurrente no invoca ningún fundamento de Derecho que ponga en tela de juicio esas apreciaciones del Tribunal General, sino que se limita a remitirse a los escritos que presentó en primera instancia, solo cabe apreciar que no cumple los requisitos de admisibilidad que se desprenden de los apartados 34 y 167 de la presente sentencia.
174    Además, en tanto en cuanto la recurrente alega una vulneración del derecho a ser oído y de la obligación de notificación personal de un acto al interesado, ha de señalarse que no formuló tales alegaciones ante el Tribunal General. Al estar la competencia del Tribunal de Justicia limitada, como se desprende del apartado 79 de la presente sentencia, al examen de la apreciación por el Tribunal General de los motivos y las alegaciones que fueron objeto de debate ante este, no pueden admitirse esas alegaciones de la recurrente, invocadas por primera vez ante el Tribunal de Justicia.
175    En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad del quinto motivo de casación en su totalidad.
176    Al no haberse estimado ninguno de los motivos de casación invocados por la recurrente, procede desestimar íntegramente el recurso de casación.
Costas
177    En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
178    Conforme al artículo 138, apartado 1, de ese Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento, la parte cuyas pretensiones sean desestimadas será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
179    Dado que el Consejo solicitó la condena en costas de la recurrente y se han desestimado las pretensiones de esta, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las costas del Consejo.
180    Con arreglo al artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por tanto, la Comisión cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) decide:
1)      Desestimar el recurso de casación.
2)      State Development Corporation «VEB.RF» cargará, además de con sus propias costas, con las costas en las que haya incurrido el Consejo de la Unión Europea.
3)      La Comisión Europea cargará con sus propias costas.
Condinanzi
Jääskinen
Frendo
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de febrero de 2026.
El Secretario
El Presidente de Sala
A. Calot Escobar
M. Condinanzi
*      Lengua de procedimiento: español.