62023CJ0123
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 19 de diciembre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Directiva 2013/32/UE — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Solicitud de protección internacional — Motivos de inadmisibilidad — Artículo 2, letra q) — Concepto de “solicitud posterior” — Artículo 33, apartado 2, letra d) — Denegación por un Estado miembro de una solicitud de protección internacional por inadmisible debido a la denegación de una solicitud anterior formulada en otro Estado miembro o a la suspensión, por otro Estado miembro, del procedimiento relativo a la solicitud anterior»
En los asuntos acumulados C‑123/23 y C‑202/23 [Khan Yunis y Baabda], (
i
)
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Verwaltungsgericht Minden (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Minden, Alemania), mediante resoluciones de 28 de octubre de 2022, recibidas en el Tribunal de Justicia el 1 de marzo de 2023 (C‑123/23) y el 28 de marzo de 2023 (C‑202/23), en los procedimientos entre
N. A. K.,
E. A. K.,
Y. A. K. (C‑123/23),
M. E. O. (C‑202/23)
y
Bundesrepublik Deutschland,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. D. Gratsias (Ponente) y E. Regan, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretaria: Sra. A. Juhász-Tóth, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de febrero de 2024;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. J. Möller, la Sra. A. Hoesch y el Sr. R. Kanitz, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno francés, por los Sres. R. Bénard y J. Illouz, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. Azéma y J. Hottiaux, el Sr. B. Schima y la Sra. J. Vondung, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de junio de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60), en relación con el artículo 2, letra q), de dicha Directiva.
2
Estas peticiones se han presentado en el contexto de dos litigios entre N. A. K., E. A. K. e Y. A. K. (asunto C‑123/23) y M. E. O. (asunto C‑202/23), por una parte, y la Bundesrepublik Deutschland (República Federal de Alemania), por otra, en relación con la legalidad de sendas resoluciones del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Oficina Federal de Migración y Refugiados, Alemania; en lo sucesivo, «Oficina Federal»), por las que denegó por inadmisibles sus solicitudes de asilo.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2011/95/UE
3
El artículo 2 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9; corrección de errores en DO 2017, L 167, p. 58), titulado «Definiciones» establece:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a)
“protección internacional”: el estatuto de refugiado y de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g);
b)
“beneficiario de protección internacional”: una persona a la que se ha concedido el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g);
[…]
d)
“refugiado”: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12;
e)
“estatuto de refugiado”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado;
f)
“persona con derecho a protección subsidiaria”: un nacional de un tercer país o un apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplica el artículo 17, apartados 1 y 2, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país;
g)
“estatuto de protección subsidiaria”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria;
h)
“solicitud de protección internacional”: petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y pueda solicitarse por separado;
[…]».
Directiva 2013/32
4
El considerando 13 de la Directiva 2013/32 expone:
«La aproximación de las normas sobre procedimientos para conceder y retirar la protección internacional debería contribuir a limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de protección internacional entre Estados miembros, cuando dichos movimientos estuvieran originados por diferencias entre los marcos jurídicos, y crear condiciones equivalentes para la aplicación de la Directiva [2011/95] en los Estados miembros.»
5
El artículo 2 de dicha Directiva, titulado «Definiciones», tiene el siguiente tenor:
«A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
b)
“solicitud” o “solicitud de protección internacional”, la petición de protección formulada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la Directiva [2011/95] que pueda solicitarse por separado;
[…]
e)
“resolución definitiva”, resolución por la cual se establece si se concede o no al nacional de un tercer país o al apátrida el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria en virtud de la Directiva [2011/95] y contra la que ya no puede interponerse recurso en el marco de lo dispuesto en el capítulo V de la presente Directiva, con independencia de que el recurso tenga el efecto de permitir que el solicitante permanezca en el Estado miembro de que se trate a la espera de su resultado;
f)
“autoridad decisoria”, cualquier organismo cuasi-judicial o administrativo de un Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de protección internacional y competente para dictar resoluciones en primera instancia en tales casos;
[…]
q)
“solicitud posterior”, una nueva solicitud de protección internacional formulada después de que se haya adoptado una resolución definitiva sobre una solicitud anterior, incluidos los casos en los que el solicitante haya retirado explícitamente su solicitud y los casos en los que la autoridad decisoria haya denegado una solicitud tras su retirada implícita de conformidad con el artículo 28, apartado 1.»
6
El artículo 6 de la mencionada Directiva, que lleva por título «Acceso al procedimiento», dispone:
«1.   Cuando una persona formule una solicitud de protección internacional a una autoridad competente para el registro de estas solicitudes con arreglo al Derecho nacional, el registro se realizará en el plazo máximo de los tres días hábiles siguientes a que se formule la solicitud.
En caso de que la solicitud de protección internacional se formule ante otras autoridades que, pese a ser probable que reciban tales solicitudes, no sean competentes para registrarlas conforme a su Derecho nacional, los Estados miembros velarán por que el registro se realice en el plazo máximo de los seis días hábiles siguientes a la formulación de la solicitud.
[…]
2.   Los Estados miembros garantizarán que la persona que haya formulado una solicitud de protección internacional tenga efectivamente la oportunidad de presentarla lo antes posible. Cuando el solicitante no aproveche esta oportunidad, los Estados miembros podrán aplicar el artículo 28 en consecuencia.
[…]»
7
El artículo 28 de la misma Directiva, titulado «Procedimiento en caso de retirada o desistimiento implícitos de la solicitud», establece:
«1.   Cuando existan indicios razonables de que un solicitante ha retirado implícitamente su solicitud o ha desistido implícitamente de ella, los Estados miembros velarán por que la autoridad decisoria resuelva suspender su examen o, siempre que la autoridad decisoria considere la solicitud infundada sobre la base de un examen adecuado del fondo de la misma en consonancia con el artículo 4 de la Directiva [2011/95], denegar la solicitud.
Los Estados miembros podrán presumir que el solicitante ha retirado o abandonado implícitamente su solicitud de protección internacional, en particular cuando se compruebe:
a)
que no ha respondido a las peticiones de que facilite información esencial para su solicitud según lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva [2011/95] o no se ha presentado a la entrevista personal como estipulan los artículos 14, 15, 16 y 17 de la presente Directiva; a menos que demuestre en un plazo razonable que su ausencia se debió a circunstancias ajenas a su voluntad;
b)
que se ha evadido de la justicia o ha abandonado sin autorización el lugar en donde vivía o estaba internado, sin ponerse en contacto con la autoridad competente en un plazo de tiempo razonable, o no ha cumplido en un plazo razonable con sus obligaciones de información u otras similares, a menos que el solicitante demuestre que ello se debió a circunstancias ajenas a su voluntad.
[…]
2.   Los Estados miembros garantizarán que un solicitante que se vuelva a presentar ante la autoridad competente después de que haya recaído la resolución de suspensión a que se refiere el apartado 1 del presente artículo tenga derecho a pedir la reapertura de su caso o a formular una nueva solicitud, que no estará sujeta al procedimiento contemplado en los artículos 40 y 41.
Los Estados miembros podrán estipular un plazo de al menos nueve meses transcurrido el cual no pueda reabrirse el expediente de un solicitante o la nueva solicitud podrá tramitarse como solicitud posterior, sujeta al procedimiento contemplado en los artículos 40 y 41. Los Estados miembros podrán disponer que el expediente del solicitante solo pueda reabrirse una vez.
Los Estados miembros velarán por que tal persona no sea expulsada en violación del principio de no devolución.
Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad decisoria que reanude el examen de la solicitud en la fase en que se suspendió.
3.   El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 604/2013 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31; en lo sucesivo, “Reglamento Dublín III”)].»
8
A tenor del artículo 33 de la Directiva 2013/32, titulado «Solicitudes inadmisibles»:
«1.   Además de los casos en que la solicitud no se examine con arreglo al Reglamento [Dublín III], los Estados miembros no estarán obligados a examinar si el solicitante cumple los requisitos para la protección internacional de conformidad con la Directiva [2011/95] cuando una solicitud se considere inadmisible con arreglo al presente artículo.
2.   Los Estados miembros podrán considerar inadmisible una solicitud de protección internacional solo si:
[…]
d)
se trata de una solicitud posterior, cuando no hayan surgido ni hayan sido aportados por el solicitante nuevas circunstancias o datos relativos al examen de la cuestión de si el solicitante cumple los requisitos para ser beneficiario de protección internacional en virtud de la Directiva [2011/95];
[…]».
9
El artículo 40 de dicha Directiva, titulado «Solicitudes posteriores», establece:
«1.   Cuando una persona que haya solicitado protección internacional en un Estado miembro haga alegaciones adicionales o [formule] una solicitud posterior en el mismo Estado miembro, dicho Estado miembro examinará dichas gestiones o datos de la solicitud posterior en el contexto del examen de la solicitud anterior o en el contexto del examen de la decisión que sea objeto de revisión o recurso, en la medida en que las autoridades competentes puedan tener en cuenta y considerar todos los elementos en los que se basan las otras gestiones o la solicitud posterior en este marco.
2.   A los efectos de adoptar una resolución sobre la admisibilidad de una solicitud de protección internacional de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letra d), una solicitud de protección internacional posterior será objeto en primer lugar de un examen inicial que determine si han surgido o el solicitante ha aportado nuevas circunstancias o datos relativos al examen de su derecho a ser beneficiario de protección internacional en virtud de la Directiva [2011/95].
[…]
5.   Cuando no se siga examinando una solicitud posterior con arreglo al presente artículo, será considerada inadmisible de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letra d).
[…]
7.   Cuando una persona respecto de la que deba ejecutarse una decisión de traslado en virtud del Reglamento [Dublín III] haga otras gestiones o una solicitud posterior en el Estado miembro que debe trasladarla, dichas gestiones o solicitudes posteriores serán examinadas por el Estado miembro responsable, tal como se define en dicho Reglamento, de conformidad con la presente Directiva.»
10
El artículo 41 de la mencionada Directiva, titulado «Excepciones al derecho a permanecer en caso de solicitudes posteriores», dispone en su apartado 1:
«Los Estados miembros podrán establecer una excepción al derecho a permanecer en el territorio cuando el interesado:
a)
haya presentado una primera solicitud posterior que ya no se siga examinando en virtud del artículo 40, apartado 5, únicamente para demorar o frustrar la ejecución de una decisión cuya consecuencia sería su expulsión de ese Estado miembro, o
b)
haga otra solicitud posterior en el mismo Estado miembro tras una resolución definitiva por la que se considere inadmisible una primera solicitud posterior de conformidad con el artículo 40, apartado 5, o tras una resolución definitiva por la que se desestime esa solicitud por infundada.
Los Estados miembros podrán hacer una excepción de esa índole solo cuando la autoridad decisoria considere que una decisión de retorno no lleva a una devolución directa o indirecta en violación de las obligaciones, internacionales y de la Unión, de dicho Estado miembro.»
Reglamento Dublín III
11
En virtud de su artículo 48, párrafo primero, el Reglamento Dublín III derogó el Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO 2003, L 50, p. 1), que había sustituido, de conformidad con su artículo 24, al Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 15 de junio de 1990 (DO 1997, C 254, p. 1).
12
A tenor de su artículo 1, titulado «Objeto», el Reglamento Dublín III establece los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida («el Estado miembro responsable»).
13
En el capítulo II de dicho Reglamento, titulado «Principios generales y garantías», su artículo 3, titulado «Acceso al procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional», dispone en su apartado 1:
«Los Estados miembros examinarán toda solicitud de protección internacional [formulada] por un nacional de un tercer país o un apátrida, ya sea en el territorio de cualquiera de ellos, incluida la frontera, o en las zonas de tránsito. La solicitud será examinada por un solo Estado miembro, que será aquel que los criterios mencionados en el capítulo III designen como responsable.»
14
El artículo 17 del mencionado Reglamento, titulado «Cláusulas discrecionales», establece, en su apartado 1, párrafos primero y segundo:
«No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, cualquier Estado miembro podrá decidir examinar una solicitud de protección internacional que le sea [formulada] por un nacional de un tercer país o un apátrida, aun cuando este examen no le incumba en virtud de los criterios establecidos en el presente Reglamento.
El Estado miembro que decida examinar una solicitud de protección internacional con arreglo al presente apartado se convertirá en el Estado miembro responsable y asumirá las obligaciones vinculadas a esa responsabilidad. […]».
15
El artículo 18 del mismo Reglamento, titulado «Obligaciones del Estado miembro responsable», tiene el siguiente tenor:
«1.   El Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento deberá:
a)
hacerse cargo, en las condiciones establecidas en los artículos 21, 22 y 29, del solicitante que haya presentado una solicitud en otro Estado miembro;
b)
readmitir, en las condiciones establecidas en los artículos 23, 24, 25 y 29, al solicitante cuya solicitud esté siendo examinada y que haya formulado una solicitud en otro Estado miembro o se encuentre en el territorio de otro Estado miembro sin un documento de residencia;
c)
readmitir, en las condiciones establecidas en los artículos 23, 24, 25 y 29, al nacional de un tercer país o al apátrida que haya retirado su solicitud en curso de examen y haya formulado una solicitud en otro Estado miembro o se encuentre en el territorio de otro Estado miembro sin un documento de residencia;
d)
readmitir, en las condiciones establecidas en los artículos 23, 24, 25 y 29, al nacional de un tercer país o al apátrida cuya solicitud se haya rechazado y que haya formulado una solicitud en otro Estado miembro o se encuentre en el territorio de otro Estado miembro sin un documento de residencia.
2.   […]
En los supuestos contemplados en el apartado 1, letra c), cuando el Estado miembro responsable haya interrumpido el examen de una solicitud que haya sido retirada por el solicitante antes de que se haya tomado en primera instancia una decisión sobre el fondo, dicho Estado miembro se asegurará de que el solicitante está habilitado para pedir que se complete el examen de su solicitud o para presentar una nueva solicitud de protección internacional que no será tratada como una solicitud posterior tal como se define en la Directiva [2013/32]. En tales casos, los Estados miembros se asegurarán de que el examen de la solicitud se complete.»
16
El artículo 27 del Reglamento Dublín III, titulado «Recursos», enuncia en su apartado 1:
«El solicitante u otra persona mencionada en el artículo 18, apartado 1, letras c) o d), tendrá derecho a la tutela judicial efectiva en forma de recurso o de revisión, de hecho o de derecho, contra la decisión de traslado, ante un órgano jurisdiccional.»
17
El artículo 29 de dicho Reglamento, titulado «Modalidades y plazos», dispone, en sus apartados 1 y 2:
«1.   El traslado del solicitante o de otra persona mencionada en el artículo 18, apartado 1, letras c) o d), desde el Estado miembro requirente al Estado miembro responsable se efectuará de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro requirente, previa concertación entre los Estados miembros afectados, en cuanto sea materialmente posible y a más tardar en el plazo de seis meses a partir de la fecha de aceptación de la petición por otro Estado miembro de hacerse cargo de la persona interesada o de readmitirla, o a partir de la resolución definitiva de un recurso o revisión que, con arreglo al artículo 27, apartado 3, tenga efecto suspensivo.
[…]
2.   Si el traslado no se produce en el plazo de seis meses, el Estado miembro responsable quedará exento de la obligación de hacerse cargo o de readmitir a la persona interesada, y la responsabilidad se transferirá al Estado miembro requirente. Este plazo podrá ampliarse hasta un año como máximo en caso de que el traslado no pudiera efectuarse por motivo de pena de prisión de la persona interesada o hasta un máximo de 18 meses en caso de fuga de la persona interesada.»
Derecho alemán
Ley de Asilo
18
El artículo 26a de la Asylgesetz (Ley de Asilo) (BGBl. 2008 I, p. 1798), en su versión aplicable a los hechos de los litigios principales (en lo sucesivo, «Ley de Asilo»), titulado «Terceros países seguros», dispone en su apartado 2:
«Son terceros países seguros, además de los Estados miembros de la [Unión], los enumerados en el anexo I.»
19
El artículo 29 de la Ley de Asilo, titulado «Solicitudes inadmisibles», dispone, en su apartado 1:
«Una solicitud de asilo se considerará inadmisible cuando:
[…]
5.
en caso de una solicitud posterior con arreglo al artículo 71 o de una segunda solicitud con arreglo al artículo 71a, no proceda tramitar un nuevo procedimiento de asilo.»
20
El artículo 31 de la Ley de Asilo, titulado «Resoluciones de la Oficina Federal relativas a las solicitudes de asilo», establece en su apartado 2:
«En las resoluciones por las que se resuelvan las solicitudes de asilo admisibles […] deberá determinarse expresamente si se concede al extranjero el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria y si se le reconoce el derecho de asilo. […]»
21
El artículo 71 de la Ley de Asilo, titulado «Solicitud posterior», dispone, en su apartado 1:
«En caso de que, tras la retirada o la denegación definitiva de una solicitud de asilo anterior, el extranjero presente una nueva solicitud de asilo (solicitud posterior), solo procederá tramitar un nuevo procedimiento de asilo si se cumplen los requisitos del artículo 51, apartados 1 a 3, de la Verwaltungsverfahrensgesetz [(Ley de Procedimiento Administrativo) (BGBl. 2003 I, p. 102)], cuya comprobación corresponderá a la Oficina Federal.
[…]»
22
El artículo 71a de la Ley de Asilo, titulado «Segunda solicitud», dispone, en su apartado 1:
«Cuando, tras la suspensión de un procedimiento de asilo en un tercer país seguro (artículo 26a) en el cual sea aplicable la legislación de la [Unión] en materia de responsabilidad para la tramitación del procedimiento de asilo o con el cual la República Federal de Alemania haya celebrado un tratado internacional en la materia, el extranjero formule una solicitud de asilo (segunda solicitud) en el territorio federal, solo procederá tramitar un nuevo procedimiento de asilo si la responsabilidad del procedimiento de asilo corresponde a la República Federal de Alemania y se cumplen los requisitos del artículo 51, apartados 1 a 3, de la [Ley de Procedimiento Administrativo], cuya comprobación corresponderá a la Oficina Federal.»
Ley de Procedimiento Administrativo
23
El artículo 51, de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone, en sus apartados 1 y 2:
«(1)   A solicitud del interesado, las autoridades deberán decidir sobre la anulación o modificación de un acto administrativo firme cuando:
1.
la situación fáctica o jurídica en la que se base el acto administrativo se haya modificado posteriormente en favor del interesado;
2.
existan nuevas pruebas que hubieran dado lugar a una decisión más favorable para el interesado;
[…]
(2)   La solicitud solo será admisible si el interesado, sin incurrir en culpa grave, no ha podido invocar, en el marco del procedimiento previo, en particular mediante la interposición de un recurso, el motivo de reapertura del procedimiento.»
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
Asunto C‑123/23
24
N. A. K. es la madre de E. A. K. y de Y. A. K., menores de los que es representante legal. Son palestinos apátridas, originarios de la Franja de Gaza. Según sus declaraciones, entraron en Alemania el 11 de noviembre de 2019 y solicitaron asilo el 15 de noviembre de 2019. Sus solicitudes se registraron el 22 de noviembre de 2019. En apoyo de estas solicitudes, N. A. K. alegó que tanto ella como sus hijos estaban siendo perseguidos por Hamás como consecuencia de las actividades políticas de su marido. Afirmó, además, que sus padres querían obligarla a dejar a sus hijos con la familia de su marido y a regresar sola al domicilio paterno.
25
De las declaraciones de N. A. K. y de las consultas realizadas por la Oficina Federal se desprende que N. A. K. había presentado anteriormente solicitudes de asilo ante las autoridades competentes del Reino de España y del Reino de Bélgica. La Oficina Federal presentó una petición de readmisión a la autoridad competente española, que esta denegó. No se presentó ninguna petición de readmisión ante las autoridades belgas competentes.
26
En respuesta a una solicitud de información de la Oficina Federal, la autoridad competente belga señaló, el 5 de marzo de 2021, que la solicitud de protección internacional presentada por N. A. K. el 21 de agosto de 2018 había sido denegada mediante resolución de 5 de julio de 2019 y que esta no había sido recurrida. La autoridad competente belga consideró, en particular, que no se había demostrado que fuera verosímil que N. A. K. corriese un riesgo real, en su país de origen, de sufrir persecución o daños graves.
27
Mediante resolución de 25 de mayo de 2021, la Oficina Federal denegó las solicitudes de asilo de N. A. K., de E. A. K. y de Y. A. K. basándose, en esencia, en que era aplicable el artículo 71a de la Ley de Asilo y en que no concurrían los requisitos que justifican la apertura de un nuevo procedimiento de asilo. El 9 de junio de 2021, N. A. K., E. A. K. e Y. A. K. recurrieron esta resolución ante el Verwaltungsgericht Minden (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Minden, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente.
28
Dicho órgano jurisdiccional señala que de las sentencias de 20 de mayo de 2021, L. R. (Solicitud de asilo denegada por Noruega) (C‑8/20, EU:C:2021:404), y de 22 de septiembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca) (C‑497/21, EU:C:2022:721), se desprende que una disposición como el artículo 71a de la Ley de Asilo no es aplicable cuando una primera solicitud de asilo de ese mismo interesado ha sido denegada, respectivamente, por un tercer país o por un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya formulado una segunda solicitud y que no aplique la Directiva 2011/95. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente afirma que el Tribunal de Justicia dejó expresamente abierta la cuestión de si esa disposición puede aplicarse en caso de denegación de una primera solicitud de asilo por otro Estado miembro que aplique esa Directiva. Pues bien, en su opinión, esta cuestión es determinante para la resolución del litigio principal, ya que, en el presente asunto, los demandantes no han aportado circunstancias o datos nuevos que puedan justificar el examen de su solicitud, de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32 y con el artículo 71a, apartado 1, de la Ley de Asilo, en relación con el artículo 51, apartados 1 y 2, de la Ley de Procedimiento Administrativo.
29
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente considera que el concepto de «solicitud posterior», en el sentido del artículo 2, letra q), de la Directiva 2013/32, comprende asimismo el supuesto de una solicitud de protección internacional presentada después de que otro Estado miembro de la Unión haya adoptado una resolución definitiva sobre una solicitud anterior análoga del mismo solicitante, de modo que, en su opinión, el artículo 33, apartado 2, letra d), de esta Directiva es aplicable a esa solicitud.
30
A la vista de las anteriores consideraciones, el Verwaltungsgericht Minden (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Minden) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva [2013/32] en relación con el artículo 2, letra q), de dicha Directiva en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual una solicitud de protección internacional presentada en ese mismo Estado miembro debe ser denegada por inadmisible si previamente ha sido denegada por infundada con carácter firme una solicitud de protección internacional presentada en otro Estado miembro?»
Asunto C‑202/23
31
El 2 de marzo de 2020, M. E. O., de nacionalidad libanesa, entró en Alemania y formuló una solicitud de asilo que la Oficina Federal registró el 30 de abril de 2020. Una consulta realizada por esta reveló que, con anterioridad a su entrada en Alemania, M. E. O. había formulado una solicitud de protección internacional en Polonia.
32
Mediante escrito de 29 de abril de 2020, las autoridades polacas aceptaron readmitir a M. E. O. Mediante resolución de 25 de junio de 2020, notificada a M. E. O. el 1 de julio de 2020, la Oficina Federal denegó por inadmisible su solicitud de asilo y ordenó su expulsión a Polonia. M. E. O. interpuso un recurso contra dicha resolución, acompañado de una solicitud de medidas provisionales. Esta última solicitud fue denegada el 31 de julio de 2020. No obstante, de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que no pudo ejecutarse la resolución de expulsión de M. E. O. a Polonia, sin que ello pudiese atribuirse a que M. E. O. se hubiera dado a la fuga, en el sentido del artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III.
33
El 2 de febrero de 2021, la Oficina Federal revocó la resolución de 25 de junio de 2020 por haber expirado el plazo para el traslado de M. E. O. a Polonia. Por otra parte, en respuesta a una solicitud de la Oficina Federal, las autoridades polacas le comunicaron que el procedimiento relativo a la solicitud de protección internacional formulada por M. E. O. en Polonia había sido suspendido el 20 de abril de 2020 por encontrarse M. E. O. en Alemania. El órgano jurisdiccional remitente señala que, con arreglo a la normativa polaca, dicho procedimiento podría haberse reanudado, a solicitud de M. E. O., en el plazo de nueve meses desde de su suspensión, a saber, hasta el 20 de enero de 2021.
34
Mediante resolución de 14 de julio de 2021, la Oficina Federal denegó por inadmisible la solicitud de asilo de M. E. O. y le anunció que sería expulsado al Líbano. El 27 de julio de 2021, M. E. O. recurrió esta resolución ante el órgano jurisdiccional remitente. Mediante resolución de 31 de agosto de 2021, este último suspendió la resolución de expulsión.
35
El órgano jurisdiccional remitente señala que, a la vista de los hechos del litigio principal, concurren los requisitos de aplicación del artículo 71a de la Ley de Asilo, por lo que la solicitud de asilo de M. E. O. debe denegarse por inadmisible. Por un lado, el órgano jurisdiccional remitente considera que se debe interpretar que esta disposición es aplicable cuando el procedimiento de asilo en un tercer país seguro, en el sentido del artículo 26a de la Ley de Asilo, está en suspenso en la fecha del traslado a la República Federal de Alemania, con arreglo al artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III, de la responsabilidad para tramitar una solicitud de protección internacional. En opinión de dicho órgano jurisdiccional, así sucede en el presente asunto, puesto que el plazo para la reanudación del procedimiento relativo a la solicitud de protección internacional formulada por M. E. O. en Polonia expiró el 20 de enero de 2021 y la República Federal de Alemania pasó a ser responsable de la tramitación de la solicitud de protección internacional de M. E. O. el 31 de enero de 2021, una vez expirado el plazo, establecido en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento Dublín III, de seis meses a partir de la resolución, adoptada el 31 de julio de 2020, sobre la solicitud de medidas provisionales de M. E. O. contra la resolución por la que se ordenó su expulsión a Polonia.
36
Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente afirma que el artículo 51, apartados 1 y 2, de la Ley de Procedimiento Administrativo no es aplicable en el presente asunto, en la medida en que la solicitud de asilo formulada por M. E. O. en Alemania se basa en hechos anteriores a su salida del Líbano. Dicho órgano jurisdiccional señala que debe presumirse que M. E. O. invocó los mismos hechos en apoyo de la solicitud de protección internacional que formuló en Polonia o, al menos, que podría haberlo hecho, de modo que estos hechos no pueden considerarse circunstancias nuevas que no haya podido invocar sin culpa grave por su parte.
37
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente afirma que, si se declarase que el Derecho de la Unión se opone a una disposición como el artículo 71a de la Ley de Asilo, debido a que una nueva solicitud de protección internacional no puede considerarse una «solicitud posterior», en el sentido del artículo 2, letra q), de la Directiva 2013/32, cuando otro Estado miembro de la Unión haya adoptado una resolución definitiva sobre una solicitud anterior del mismo solicitante, debería estimarse el recurso del M. E. O.
38
En caso de que se considere que una nueva solicitud de protección internacional también puede calificarse de «solicitud posterior», en el sentido de dicho artículo 2, letra q), en el supuesto de que el procedimiento relativo a una solicitud anterior del mismo solicitante, formulada en otro Estado miembro, haya sido suspendido por ese otro Estado miembro por desistimiento del solicitante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32 se opone a que se deniegue la nueva solicitud por inadmisible mientras aún sea posible reabrir el procedimiento relativo a la solicitud anterior. De ser así, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la determinación del plazo en el que el solicitante puede solicitar la reapertura del procedimiento relativo a su solicitud anterior se rige por el Derecho nacional o por el Derecho de la Unión y, en el supuesto de que se rija por el Derecho de la Unión, cuál es el plazo establecido en ese Derecho.
39
A la vista de las anteriores consideraciones, el Verwaltungsgericht Minden (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Minden) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 33, apartado 2, letra d), en relación con el artículo 2, letra q), de la Directiva [2013/32], en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual procede denegar por inadmisible una solicitud de protección internacional formulada en ese Estado miembro cuando el solicitante haya formulado anteriormente una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro y el procedimiento haya sido suspendido por este último porque el solicitante ha desistido en él implícitamente de la solicitud?
2)
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
¿Debe interpretarse el artículo 33, apartado 2, letra d), en relación con el artículo 2, letra q), de la Directiva [2013/32], en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual procede denegar por inadmisible una solicitud de protección internacional formulada en ese Estado miembro cuando el solicitante haya formulado anteriormente una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro y el procedimiento haya sido suspendido por este último porque el solicitante ha desistido en él implícitamente de la solicitud, pese a que este último Estado miembro aún podría reabrir el procedimiento de asilo tramitado en él si lo pidiese el solicitante?
3)
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
¿Prescribe el Derecho de la Unión cuál es el momento pertinente, a efectos de la adopción de una resolución sobre una solicitud de protección internacional, para saber si un procedimiento de asilo suspendido anteriormente en otro Estado miembro puede reabrirse todavía, o bien ha de responderse a esta cuestión atendiendo únicamente al Derecho nacional?
4)
En caso de que se responda a la tercera cuestión que el Derecho de la Unión contiene las prescripciones pertinentes:
¿Cuál es el momento pertinente, conforme a las prescripciones del Derecho de la Unión, a efectos de la adopción de una resolución sobre una solicitud de protección internacional, para saber si un procedimiento de asilo suspendido anteriormente en otro Estado miembro puede reabrirse todavía?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
40
En el asunto C‑123/23, el órgano jurisdiccional remitente solicitó que se diera a este asunto una tramitación prioritaria, en virtud del artículo 53, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Mediante decisión de 18 de abril de 2023, el Presidente del Tribunal de Justicia denegó esta solicitud.
41
Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de mayo de 2023, se acordó la acumulación de los asuntos C‑123/23 y C‑202/23 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.
Sobre la cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑123/23
42
Mediante la cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑123/23, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 2, letra q), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que prevé la posibilidad de denegar por inadmisible una solicitud de protección internacional, en el sentido del artículo 2, letra b), de la mencionada Directiva, formulada en ese Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida al que se haya denegado una solicitud de protección internacional anterior, formulada en otro Estado miembro, mediante resolución definitiva de este último Estado miembro.
43
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión, ha de tenerse en cuenta no solo el tenor de esta, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte [sentencia de 28 de octubre de 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Extradición y non bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, apartado 67 y jurisprudencia citada].
44
Por lo que respecta, en primer lugar, a la redacción del artículo 33, apartado 2, de la Directiva 2013/32, que enumera de forma exhaustiva las situaciones en las que los Estados miembros pueden considerar inadmisible una solicitud de protección internacional [sentencia de 20 de mayo de 2021, L. R. (Solicitud de asilo denegada por Noruega), C‑8/20, EU:C:2021:404, apartado 31 y jurisprudencia citada], es preciso señalar que esta disposición establece, en su letra d), que los Estados miembros podrán adoptar una resolución en este sentido si se trata de una «solicitud posterior», cuando no hayan surgido ni hayan sido aportados por el solicitante nuevas circunstancias o datos relativos al examen de la cuestión de si el solicitante cumple los requisitos para ser beneficiario de protección internacional en virtud de la Directiva 2011/95.
45
El concepto de «solicitud posterior» se define en el artículo 2, letra q), de la Directiva 2013/32 como «una nueva solicitud de protección internacional formulada después de que se haya adoptado una resolución definitiva sobre una solicitud anterior».
46
Esta definición retoma, de esta forma, los conceptos de «solicitud de protección internacional» y de «resolución definitiva», definidos, asimismo, en las letras b) y e), respectivamente, del artículo 2 de dicha Directiva.
47
En lo que se refiere, por un lado, al concepto de «solicitud de protección internacional» o de «solicitud», este se define en el artículo 2, letra b), de la Directiva 2013/32 como una petición de protección formulada a un «Estado miembro» por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, en el sentido de la Directiva 2011/95.
48
En lo que atañe, por otro lado, al concepto de «resolución definitiva», este se define en el artículo 2, letra e), de la Directiva 2013/32 como una resolución por la cual se establece si se concede o no al nacional de un tercer país o al apátrida el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria en virtud de la Directiva 2011/95 y contra la que ya no puede interponerse recurso en el marco de lo dispuesto en el capítulo V de la Directiva 2013/32.
49
Así pues, es preciso señalar que el tenor del artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32, en relación con las disposiciones mencionadas en los apartados 45 a 48 de la presente sentencia, no establece como requisito para que una nueva solicitud de protección internacional sea calificada de «solicitud posterior» y denegada por inadmisible por falta de circunstancias o datos nuevos que tenga que haberse formulado ante las autoridades del mismo Estado miembro que haya adoptado la resolución definitiva sobre una solicitud anterior del mismo solicitante.
50
En segundo lugar, esta interpretación se ve corroborada por el contexto de dicha disposición.
51
En efecto, el artículo 40 de la Directiva 2013/32, que detalla el procedimiento aplicable a las solicitudes posteriores, establece, en particular, en su apartado 7 que cuando una persona respecto de la que deba ejecutarse una decisión de traslado en virtud del Reglamento Dublín III formule una solicitud posterior en el Estado miembro que debe trasladarla, esta solicitud sea examinada por el Estado miembro responsable, tal como se define en dicho Reglamento.
52
Pues bien, del artículo 17, apartado 1, del Reglamento Dublín III se desprende que no puede adoptarse una decisión de traslado en virtud de este Reglamento cuando el Estado miembro en el que se encuentra el interesado haya examinado una solicitud de protección internacional formulada por ese interesado, ya que la realización de ese examen por ese Estado miembro tiene como consecuencia que este se haya convertido en el «Estado miembro responsable», en el sentido del referido Reglamento, y que ya no pueda pedir el traslado del solicitante a otro Estado miembro.
53
De ello se infiere lógicamente que la «solicitud posterior» a que se refiere el artículo 40, apartado 7, de la Directiva 2013/32 es una nueva solicitud formulada en el Estado miembro que ha pedido el traslado después de que el Estado miembro al que se debe trasladar al interesado haya adoptado una resolución sobre una solicitud anterior del mismo solicitante. Esta disposición confirma, de esta forma, que el concepto de «solicitud posterior», tal como se define en el artículo 2, letra q), de la citada Directiva, comprende también el supuesto de una nueva solicitud formulada tras la adopción, por otro Estado miembro, de una resolución sobre una solicitud anterior del mismo solicitante.
54
El artículo 40, apartado 1, de la Directiva 2013/32, que tiene por objeto, en particular, la eventual formulación, por parte de una persona que haya solicitado protección internacional en un Estado miembro determinado, de una «solicitud posterior en el mismo Estado miembro», confirma también la interpretación que se expone en el apartado 49 de la presente sentencia. En efecto, si para que una solicitud de protección internacional sea calificada de «solicitud posterior», en el sentido del artículo 2, letra q), de dicha Directiva, esta tuviera que ser formulada ante las autoridades competentes del mismo Estado miembro que ha adoptado una resolución sobre una solicitud anterior del mismo solicitante, la referencia, en el artículo 40, apartado 1, de la citada Directiva, a una solicitud posterior formulada «en el mismo Estado miembro» sería superflua.
55
En tercer lugar, la interpretación del artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32 en el sentido de que un Estado miembro puede calificar de «solicitud posterior» y denegar por inadmisible una nueva solicitud de protección internacional formulada por un solicitante al que se ha denegado una solicitud anterior mediante resolución definitiva adoptada por otro Estado miembro, si no está respaldada por circunstancias o datos nuevos, también es conforme con el objetivo de limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de protección internacional entre Estados miembros, objetivo perseguido por esta Directiva, como se desprende de su considerando 13.
56
En efecto, como ha señalado, en esencia, el Abogado General en los puntos 82 a 84 de sus conclusiones, una interpretación del artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32 en el sentido de que una nueva solicitud de protección internacional formulada ante las autoridades competentes de un Estado miembro únicamente puede calificarse de «solicitud posterior» y denegarse por inadmisible por falta de circunstancias o datos nuevos cuando una solicitud anterior del mismo solicitante haya sido denegada mediante una resolución definitiva adoptada por el mismo Estado miembro podría inducir a los solicitantes que hayan visto denegadas con carácter definitivo sus solicitudes de protección internacional por las autoridades competentes de un Estado miembro a desplazarse a un segundo, o incluso a un tercer Estado miembro, para formular en ellos una nueva solicitud análoga, con la esperanza de que el examen completo de dicha solicitud que, según esta interpretación, correspondería efectuar a las autoridades de estos otros Estados miembros conduzca a un resultado que les sea favorable.
57
Ha de subrayarse, asimismo, que la posibilidad de denegar por inadmisible una nueva solicitud de protección internacional que no se base en circunstancias o datos nuevos ni ponga de manifiesto tales circunstancias o tales datos, en el caso de que una solicitud anterior del mismo solicitante haya sido denegada mediante una resolución adoptada por otro Estado miembro, es conforme con el principio de confianza mutua entre los Estados miembros, en el que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se basa el sistema europeo común de asilo y que tiene una importancia fundamental en el Derecho de la Unión, dado que permite la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de diciembre de 2020, Minister for Justice and Equality (Solicitud de protección internacional en Irlanda), C‑616/19, EU:C:2020:1010, apartado 48 y jurisprudencia citada].
58
Por otra parte, procede señalar que la interpretación del artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32 expuesta en el apartado 55 de la presente sentencia es conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que resulta de la sentencia de 22 de septiembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca) (C‑497/21, EU:C:2022:721).
59
Es cierto que, en esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 2, letra q), de esta y con el artículo 2 del Protocolo (n.o 22) sobre la posición de Dinamarca, anexo al Tratado UE y al Tratado FUE, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro distinto del Reino de Dinamarca que prevé la posibilidad de declarar inadmisible una solicitud de protección internacional, en el sentido del artículo 2, letra b), de dicha Directiva, formulada en ese otro Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida cuya solicitud anterior de protección internacional, formulada en el Reino de Dinamarca, haya sido denegada por este último Estado miembro.
60
No obstante, como se desprende de los apartados 35 y 43 de la referida sentencia, el Tribunal de Justicia motivó esta interpretación del artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32 por el estatuto particular de que goza, en virtud del Protocolo mencionado en el apartado anterior, el Reino de Dinamarca en lo que respecta a la tercera parte, título V, del Tratado FUE, que comprende, en particular, las políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración. En efecto, de conformidad con el mencionado Protocolo, la Directiva 2011/95 no se aplica a ese Estado miembro, de modo que una solicitud de protección internacional formulada ante las autoridades competentes de dicho Estado miembro no constituye una solicitud que «aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria», en el sentido de la Directiva 2011/95.
61
Por lo demás, en el apartado 46 de la sentencia de 22 de septiembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca) (C‑497/21, EU:C:2022:721), el Tribunal de Justicia subrayó que la interpretación del artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32 que exponía en dicha sentencia la llevaba a cabo sin perjuicio de la cuestión distinta de si el concepto de «solicitud posterior» se aplica a una nueva solicitud de protección internacional formulada en un Estado miembro después de que otro Estado miembro que no sea el Reino de Dinamarca, mediante una resolución definitiva, haya denegado una solicitud anterior.
62
A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑123/23 que el artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 2, letra q), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que prevé la posibilidad de denegar por inadmisible una solicitud de protección internacional, en el sentido del artículo 2, letra b), de la mencionada Directiva, formulada en ese Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida al que se haya denegado una solicitud de protección internacional anterior, formulada en otro Estado miembro al que se aplique la Directiva 2011/95, mediante resolución definitiva de este último Estado miembro.
Sobre las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto C‑202/23
63
Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial (sentencia de 15 de julio de 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, apartado 31 y jurisprudencia citada).
64
En efecto, el hecho de que, desde un punto de vista formal, el órgano jurisdiccional remitente se haya referido, en sus cuestiones prejudiciales, a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no obsta para que el Tribunal de Justicia le proporcione todos los elementos de interpretación que puedan serle útiles para enjuiciar el litigio principal, extrayendo del conjunto de datos aportados por dicho órgano jurisdiccional, y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio principal (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de abril de 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, apartado 50 y jurisprudencia citada).
65
En el presente asunto, de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente, resumidas en los apartados 31 a 35 de la presente sentencia, se desprende que M. E. O. formuló, en un primer momento, una solicitud de protección internacional ante las autoridades polacas y, posteriormente, el 2 de marzo de 2020, entró en Alemania y formuló una solicitud de asilo, que fue registrada por la Oficina Federal el 30 de abril de 2020. Entretanto, el 20 de abril de 2020, la autoridad polaca competente suspendió el procedimiento iniciado a raíz de la solicitud de M. E. O., por residir este último en Alemania.
66
Por su parte, la Oficina Federal, mediante resolución de 14 de julio de 2021, controvertida en el litigio principal del asunto C‑202/23, denegó por inadmisible la solicitud de asilo de M. E. O. alegando que, en la fecha del traslado a la República Federal de Alemania, de conformidad con el artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III, de la responsabilidad para tramitar la solicitud de protección internacional de M. E. O., a saber, el 31 de enero de 2021, la autoridad competente polaca ya había suspendido, mediante resolución definitiva, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, de la Directiva 2013/32, el procedimiento relativo a la solicitud de protección internacional anterior de dicho solicitante, solicitud que, según dicha autoridad, había sido retirada implícitamente.
67
De lo anterior se desprende que, para denegar por inadmisible la solicitud de protección internacional de M. E. O., la Oficina Federal se basó en la premisa de que, en unas circunstancias como las descritas en los apartados 65 y 66 de la presente sentencia, era posible calificar la nueva solicitud de protección internacional de M. E. O. de «solicitud posterior», en el sentido del artículo 2, letra q), de la Directiva 2013/32, y aplicar el artículo 33, apartado 2, letra d), de esta Directiva. Las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto C‑202/23 se basan en la misma premisa.
68
En este contexto, procede reformular las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto C‑202/23 y considerar que, mediante ellas, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 2, letra q), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que prevé la posibilidad de denegar por inadmisible una solicitud de protección internacional, en el sentido del artículo 2, letra b), de la mencionada Directiva, formulada en ese Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que ya haya formulado una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, cuando la nueva solicitud se haya formulado antes de que la autoridad competente del segundo Estado miembro haya resuelto, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, de la misma Directiva, suspender el examen de la solicitud anterior debido a su retirada implícita.
69
A este respecto, procede recordar que el artículo 2, letra q), de la Directiva 2013/32 contempla expresamente la posibilidad de calificar una nueva solicitud de protección internacional de «solicitud posterior» cuando haya sido «formulada» después de que se haya adoptado una resolución definitiva, en el sentido del artículo 2, letra e), de dicha Directiva, sobre una solicitud anterior, incluidos los casos en los que el solicitante haya retirado explícitamente su solicitud y los casos en los que la autoridad decisoria, en el sentido del artículo 2, letra f), de la referida Directiva, haya denegado una solicitud tras su retirada implícita, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, de la misma Directiva.
70
El artículo 28, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2013/32 establece que, cuando existan indicios razonables de que un solicitante ha retirado implícitamente su solicitud o ha desistido implícitamente de ella, los Estados miembros deben velar por que la autoridad decisoria resuelva suspender su examen o, siempre que la autoridad decisoria considere la solicitud infundada sobre la base de un examen adecuado del fondo de esta en consonancia con el artículo 4 de la 2011/95, denegar la solicitud.
71
De conformidad con el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2013/32, los Estados miembros pueden presumir que el solicitante ha retirado o abandonado implícitamente su solicitud de protección internacional cuando se compruebe que se ha evadido de la justicia o ha abandonado sin autorización el lugar en donde vivía o estaba internado, sin ponerse en contacto con la autoridad competente en un plazo de tiempo razonable, o que no ha cumplido en un plazo razonable con sus obligaciones de información u otras similares, a menos que el solicitante demuestre que ello se debió a circunstancias ajenas a su voluntad.
72
Además, el artículo 28, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2013/32 establece que los Estados miembros deben garantizar que un solicitante que se vuelva a presentar ante la autoridad competente después de que haya recaído la resolución de suspensión a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo tenga derecho a pedir la reapertura de su caso o a formular una nueva solicitud, que no estará sujeta al procedimiento contemplado en los artículos 40 y 41 de dicha Directiva. De conformidad con el artículo 28, apartado 2, párrafo segundo, de la citada Directiva, los Estados miembros pueden, por un lado, estipular un plazo de al menos nueve meses transcurrido el cual no pueda reabrirse el expediente de un solicitante o la nueva solicitud podrá tramitarse como solicitud posterior, sujeta al procedimiento contemplado en los artículos 40 y 41 de la misma Directiva, y, por otro lado, disponer que el expediente del solicitante solo pueda reabrirse una vez.
73
Aunque el artículo 2, letra q), de la Directiva 2013/32 no se refiere expresamente al supuesto de que el Estado miembro en el que el solicitante ha presentado su solicitud de protección internacional haya adoptado la resolución de suspender el examen de esa solicitud tras su retirada implícita, una nueva solicitud formulada después de que se haya adoptado esa resolución también puede calificarse de «solicitud posterior», en el sentido de dicha disposición. En efecto, de no ser así, no habría sido necesario establecer, en el artículo 28, apartado 2, párrafo primero, de la citada Directiva, que una nueva solicitud, formulada por un solicitante que se vuelva a presentar ante la autoridad competente después de que haya recaído la resolución de suspensión a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo 28, no está sujeta al procedimiento contemplado en los artículos 40 y 41 de dicha Directiva, que atañe a las solicitudes posteriores.
74
No obstante, del propio tenor del artículo 2, letra q), de la Directiva 2013/32 se desprende que una nueva solicitud de protección internacional formulada por un nacional de un tercer país o un apátrida que ya ha formulado tal solicitud únicamente puede calificarse de «solicitud posterior» y denegarse por inadmisible, de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letra d), de esa Directiva, si se ha formulado después de que se haya adoptado una resolución definitiva sobre esa solicitud anterior. Por consiguiente, queda excluida la calificación de «solicitud posterior» en el caso de una nueva solicitud del mismo solicitante cuando esta nueva solicitud se haya formulado antes de la adopción de una resolución definitiva sobre la solicitud anterior de dicho solicitante.
75
A este respecto, es preciso recordar que el artículo 6 de la Directiva 2013/32 distingue entre la formulación de la solicitud de protección internacional, el registro de esta, que incumbe al Estado miembro de que se trate con arreglo al apartado 1, párrafos primero y segundo, de dicho artículo, y su presentación, que requiere, en principio, que el solicitante de protección internacional cumplimente un formulario previsto a tal efecto, de conformidad con los apartados 3 y 4 del referido artículo [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, Ministerio Fiscal (Autoridad que es probable que reciba una solicitud de protección internacional), C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495, apartado 87 y 93].
76
Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, el acto de «formular» una solicitud de protección internacional no requiere formalidad administrativa alguna, formalidades que deberán respetarse cuando se «presente» la solicitud [sentencia de 25 de junio de 2020, Ministerio Fiscal (Autoridad que es probable que reciba una solicitud de protección internacional), C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495, apartado 93].
77
Pues bien, habida cuenta de la utilización del término «formulada» en el artículo 2, letra q), de la Directiva 2013/32, debe señalarse que, a efectos de calificar una solicitud de protección internacional de «solicitud posterior», en el sentido de esta disposición, solo es relevante la fecha de su formulación.
78
Por otra parte, la resolución adoptada por la autoridad decisoria, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, de la Directiva 2013/32, de suspender el examen de una solicitud de protección internacional por el hecho de que el solicitante haya retirado implícitamente su solicitud no puede considerarse una resolución definitiva, en el sentido del artículo 2, letra e), de dicha Directiva, mientras el solicitante tenga la posibilidad, prevista en el artículo 28, apartado 2, de la citada Directiva, de pedir la reapertura de su caso o de formular una nueva solicitud, que no estará sujeta al procedimiento contemplado en los artículos 40 y 41 de la Directiva 2013/32. Por lo tanto, una nueva solicitud formulada por un solicitante en esa situación no puede calificarse de «solicitud posterior», en el sentido del artículo 2, letra q), de dicha Directiva, ni denegarse por inadmisible, de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letra d), de la citada Directiva.
79
En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que M. E. O. formuló una solicitud de asilo a las autoridades alemanas el 2 de marzo de 2020, cuando la resolución de la autoridad polaca competente de suspender el procedimiento relativo a su solicitud de protección internacional formulada ante las autoridades polacas no se adoptó hasta el 20 de abril de 2020 y cuando, además, podía pedirse la reapertura de dicho procedimiento. Si, efectivamente, este resultase ser el caso, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, procederá concluir que la calificación de «solicitud posterior» de la solicitud de asilo formulada por M. E. O. ante las autoridades alemanas y la denegación de dicha solicitud por inadmisible por no haber este aportado circunstancias o datos nuevos relativos a su solicitud anterior no son conformes con lo dispuesto en los artículos 2, letra q), y 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32.
80
A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder al órgano jurisdiccional remitente que el artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 2, letra q), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que prevé la posibilidad de denegar por inadmisible una solicitud de protección internacional, en el sentido del artículo 2, letra b) de la mencionada Directiva, formulada en ese Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que ya haya formulado una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, cuando la nueva solicitud se haya formulado antes de que la autoridad competente del segundo Estado miembro haya resuelto, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, de la misma Directiva, suspender el examen de la solicitud anterior debido a su retirada implícita.
Costas
81
Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
1)
El artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el artículo 2, letra q), de dicha Directiva,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a la normativa de un Estado miembro que prevé la posibilidad de denegar por inadmisible una solicitud de protección internacional, en el sentido del artículo 2, letra b), de la mencionada Directiva, formulada en ese Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida al que se haya denegado una solicitud de protección internacional anterior, formulada en otro Estado miembro al que se aplique la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, mediante resolución definitiva de este último Estado miembro.
2)
El artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 2, letra q), de dicha Directiva,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a la normativa de un Estado miembro que prevé la posibilidad de denegar por inadmisible una solicitud de protección internacional, en el sentido del artículo 2, letra b) de la mencionada Directiva, formulada en ese Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que ya haya formulado una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, cuando la nueva solicitud se haya formulado antes de que la autoridad competente del segundo Estado miembro haya resuelto, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, de la misma Directiva, suspender el examen de la solicitud anterior debido a su retirada implícita.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.
(
i
)	La denominación de los presentes asuntos es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en los procedimientos.