62021CO0313
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 22 de diciembre de 2022 (
*1
)
«Recurso de casación — Artículo 182 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Función pública — Pensión — Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea — Artículo 20 del anexo VIII — Concesión de una pensión de supervivencia — Cónyuge supérstite de un antiguo funcionario titular de una asignación por invalidez — Matrimonio celebrado con posterioridad a la concesión a ese funcionario de una asignación por invalidez — Requisito de duración mínima de cinco años del matrimonio en la fecha del fallecimiento del funcionario — Artículo 19 del anexo VIII — Matrimonio celebrado antes de la concesión de una asignación por invalidez al funcionario — Ausencia de requisito de duración mínima del matrimonio — Excepción de ilegalidad del artículo 20 del anexo VIII — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 20 — Principio de igualdad de trato — Artículo 21, apartado 1 — Principio de no discriminación — Artículo 52, apartado 1 — Inexistencia de una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada habida cuenta del objetivo perseguido por el legislador de la Unión»
En los asuntos acumulados C‑313/21 P y C‑314/21 P,
que tienen por objeto sendos recursos de casación, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpuestos el día 19 de mayo de 2021,
Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. M. Alver y M. Bauer, en calidad de agentes,
parte recurrente en el asunto C‑313/21 P,
y en el que las otras partes en el procedimiento son:
FI,
parte demandante en primera instancia,
Comisión Europea, representada por los Señores T. S. Bohr y B. Mongin, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
Parlamento Europeo,
parte coadyuvante en primera instancia,
y
Comisión Europea, representada por los Señores T. S. Bohr y B. Mongin, en calidad de agentes,
parte recurrente en el asunto C‑314/21 P,
y en el que las otras partes en el procedimiento son:
FI,
parte demandante en primera instancia,
Parlamento Europeo,
Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. M. Alver y M. Bauer, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por el Sr. M. Safjan (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. N. Piçarra y N. Jääskinen, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada, tras oír a las partes y al Abogado General, de resolver mediante auto motivado, con arreglo al artículo 182 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia,
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante sus recursos de casación, el Consejo de la Unión Europea (C‑313/21 P) y la Comisión Europea (C‑314/21 P) solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 10 de marzo de 2021, FI/Comisión (T‑694/19, no publicada, en lo sucesivo, sentencia recurrida, EU:T:2021:122), mediante la cual dicho Tribunal anuló las decisiones de la Comisión de 8 de marzo de 2019 y de 1 de abril de 2019, por las que se denegó a FI su solicitud de concesión de una pensión de supervivencia (en lo sucesivo, «decisiones impugnadas»).
Marco jurídico
2
El artículo 1 quinquies del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») está redactado en los siguientes términos:
«1.   En la aplicación del presente Estatuto, queda prohibida toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
A efectos del presente Estatuto, las uniones no matrimoniales tendrán la misma consideración que el matrimonio, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la letra c) del apartado 2 del artículo 1 del anexo VII.
2.   Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, lo que constituirá uno de los elementos esenciales que deberán tomarse en consideración al aplicar el presente Estatuto en todos sus aspectos, el principio de igualdad de trato no impedirá a las instituciones de la Unión Europea mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales.
[…]
5.   Cuando alguna de las personas a las que se aplique el presente Estatuto se considere perjudicada por no haberle sido aplicado el principio de igualdad de trato antes enunciado, y exponga hechos que permitan presumir que se ha cometido una discriminación directa o indirecta, corresponderá a la institución probar que no ha habido violación del principio de igualdad de trato. Esta disposición no se aplicará en los procedimientos disciplinarios.
6.   Sin perjuicio de los principios de no discriminación y de proporcionalidad, toda limitación de los anteriores principios deberá estar objetiva y razonablemente justificada y responder a objetivos legítimos de interés general en el marco de la política de personal. Dichos objetivos justificarán, en particular, la fijación de una edad obligatoria de jubilación y de una edad mínima para disfrutar de una pensión de jubilación.»
3
El artículo 35 del Estatuto dispone:
«Los funcionarios estarán en alguna de las situaciones siguientes:
a)
servicio activo;
b)
comisión de servicio;
c)
excedencia voluntaria;
d)
excedencia forzosa;
e)
excedencia por servicio militar;
f)
licencia parental o licencia familiar;
g)
excedencia por interés del servicio.»
4
El artículo 47 del Estatuto establece lo siguiente:
«El cese definitivo se producirá por:
a)
renuncia;
b)
separación de oficio;
c)
cese por interés del servicio;
d)
separación por incompetencia profesional;
e)
separación del servicio;
f)
jubilación;
g)
muerte.»
5
El artículo 52, párrafos primero y segundo, del Estatuto establece lo siguiente:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50, los funcionarios serán jubilados:
a)
bien de oficio, el último día del mes durante el cual hayan cumplido los 66 años de edad,
b)
bien a petición propia, el último día del mes para el que hayan presentado la solicitud, cuando hayan alcanzado la edad de jubilación o cuando, teniendo entre 58 años y la edad de jubilación, reúnan las condiciones exigidas para la concesión de una pensión de disfrute inmediato, con arreglo al artículo 9 del anexo VIII. La segunda frase del párrafo segundo del artículo 48 será aplicable por analogía.
No obstante, todo funcionario podrá, si así lo solicita y cuando la autoridad facultada para proceder a los nombramientos lo considere justificado en interés del servicio, seguir en activo hasta la edad de 67 años, o, excepcionalmente hasta la edad de 70 años, en cuyo caso será jubilado de oficio el último día del mes en que cumpla dicha edad.»
6
El artículo 53 del Estatuto está redactado en los siguientes términos:
«Cuando la Comisión de invalidez certifique que un funcionario reúne las condiciones previstas en el artículo 78, será jubilado de oficio el último día del mes durante el que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos reconozca la incapacidad definitiva que tiene el funcionario para ejercer sus funciones.»
7
A tenor del artículo 78, párrafo primero, del Estatuto:
«El funcionario afectado por una invalidez permanente total que le impida ejercer las funciones correspondientes a un puesto de trabajo de su grupo de funciones tendrá derecho a una asignación por invalidez en las condiciones previstas en los artículos 13 a 16 del anexo VIII.»
8
El artículo 1, apartado 2, letra c), del anexo VII del Estatuto establece:
«Tendrán derecho a la asignación familiar:
[…]
c)
el funcionario que, sin que exista vínculo matrimonial, forme parte de una pareja estable registrada, siempre que:
i)
la pareja presente un documento oficial reconocido como tal por un Estado miembro de la Unión Europea, o por cualquier autoridad competente de un Estado miembro, en el que se dé constancia de su situación de pareja no casada;
ii)
ninguna de las personas que compongan la pareja esté casada o forme parte de otra pareja no casada;
iii)
no exista entre los miembros de la pareja ninguna de las siguientes relaciones de parentesco: padres e hijos, abuelos y nietos, hermanos, tíos y sobrinos, yernos o nueras;
iv)
la pareja no pueda contraer legalmente matrimonio en un Estado miembro; a efectos de la presente letra, se considerará que una pareja puede contraer legalmente matrimonio únicamente cuando sus miembros reúnan todas las condiciones que imponga la legislación de un Estado miembro para autorizar el matrimonio de dicha pareja,
[…]».
9
El anexo VIII del Estatuto, relativo al «régimen de pensiones», incluye, en particular, un capítulo 4, titulado «Pensión de supervivencia», que incluye, a su vez, los artículos 17 a 29 de dicho anexo. El artículo 17 está redactado en los siguientes términos:
«El cónyuge supérstite de un funcionario fallecido que estuviera en alguna de las situaciones previstas en el artículo 35 del Estatuto, siempre que hubiere estado casado durante al menos un año, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, anterior, y en el artículo 22 siguiente, tendrá derecho a una pensión de supervivencia equivalente al 60 % de la pensión de jubilación que hubiera correspondido al funcionario si hubiera tenido derecho a la misma, independientemente del tiempo de servicio y de la edad, en el momento del fallecimiento
La duración del matrimonio prevista en el párrafo anterior no será exigida en el caso de que existan uno o más hijos habidos del matrimonio o de un matrimonio anterior del funcionario siempre que el cónyuge supérstite mantenga o haya mantenido a tales hijos, ni cuando el fallecimiento del funcionario resultase bien de una dolencia o enfermedad contraída con ocasión del ejercicio de sus funciones, bien de un accidente.»
10
El artículo 18 del anexo VIII del Estatuto dispone:
«El cónyuge supérstite de un antiguo funcionario titular de una pensión de jubilación tendrá derecho, siempre que el matrimonio se hubiera contraído antes del cese de actividad y que hayan estado casados durante un año como mínimo, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 22, a una pensión de supervivencia equivalente al 60 % de la pensión de jubilación que percibía su cónyuge en el momento de su fallecimiento. El mínimo de la pensión de supervivencia será el 35 % del último sueldo base; no obstante, la cuantía de la pensión de supervivencia no podrá, en ningún caso, ser superior a la cuantía de la pensión de jubilación a la que tenía derecho su cónyuge en el momento del fallecimiento.
La duración del matrimonio no será exigida en el caso de que existan uno o más hijos habidos de un matrimonio contraído por el funcionario antes de su cese en el servicio, siempre que el cónyuge supérstite mantenga o haya mantenido a tales hijos.»
11
El artículo 19 del anexo VIII del Estatuto establece lo siguiente:
«El cónyuge supérstite de un antiguo funcionario titular de una asignación por invalidez tendrá derecho, a reserva de lo dispuesto en el artículo 22 del presente anexo y siempre que estuvieran casados en la fecha de comienzo del derecho del funcionario a esta asignación, a una pensión de supervivencia equivalente al 60 % de la asignación por invalidez que percibía su cónyuge en el momento del fallecimiento.
El mínimo de la pensión de supervivencia será equivalente al 35 % del último sueldo base; no obstante, la cuantía de la pensión de supervivencia no podrá, en ningún caso, ser superior a la cuantía de la asignación por invalidez que percibía su cónyuge en el momento del fallecimiento.»
12
El artículo 20 del anexo VIII del Estatuto establece:
«A los efectos de los artículos 17 bis, 18, 18 bis y 19 no será exigida la duración del matrimonio si éste, aun cuando hubiera sido contraído con posterioridad al cese en el servicio del funcionario, hubiera durado al menos cinco años.»
13
A tenor del artículo 27 del anexo VIII del Estatuto:
«El cónyuge divorciado de un funcionario o de un antiguo funcionario tendrá derecho a la pensión de supervivencia definida en el presente capítulo, siempre que justifique tener derecho, al fallecimiento de su ex cónyuge, a una pensión alimenticia a cargo de éste, fijada por resolución judicial o contrato en vigor entre los antiguos cónyuges oficialmente registrado y ejecutado.
En todo caso, la pensión de supervivencia no podrá ser superior a la pensión alimenticia que recibía en el momento del fallecimiento de su ex cónyuge, la cual se actualizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del Estatuto.
El cónyuge divorciado que contraiga nuevas nupcias antes del fallecimiento de su ex cónyuge perderá el citado derecho. Si contrajere nuevas nupcias después del fallecimiento de su ex cónyuge, le serán aplicables las disposiciones del artículo 26.»
Antecedentes de los litigios y decisiones impugnadas
14
A partir de 2001, FI convivió more uxorio con una funcionaria de una institución de la Unión, a la que se jubiló de oficio por invalidez en el año 2005 y a la que se concedió una asignación por invalidez.
15
El 12 de mayo de 2014, FI y la referida funcionaria contrajeron matrimonio. Esta última falleció el 25 de enero de 2019, es decir, menos de cinco años después de la celebración del matrimonio.
16
FI presentó, en su condición de cónyuge supérstite de una antigua funcionaria de la Unión, una solicitud de concesión de una pensión de supervivencia con arreglo al capítulo 4 del anexo VIII del Estatuto.
17
Mediante las decisiones impugnadas, la Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO) de la Comisión denegó la solicitud de FI basándose en que este no reunía las condiciones establecidas por el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto para poder disfrutar de una pensión de supervivencia, dado que su matrimonio con la funcionaria difunta, contraído con posterioridad a su cese en el servicio, había durado menos de cinco años.
18
La reclamación presentada por FI contra las referidas decisiones fue desestimada.
Recursos en primera instancia y sentencia recurrida
19
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 9 de octubre de 2019, FI interpuso un recurso dirigido a la anulación de las decisiones impugnadas.
20
Se admitió la intervención del Parlamento Europeo y del Consejo en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
21
En apoyo de su recurso de anulación, FI alegó tres motivos, el primero basado, en esencia, en la ilegalidad del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, en relación con el principio de igualdad de trato.
22
Al resolver sobre este primer motivo, el Tribunal General constató que, a efectos de la concesión de una pensión de supervivencia, la situación amparada por el artículo 19 del anexo VIII del Estatuto, a saber, la del cónyuge supérstite de un antiguo funcionario de la Unión titular de una asignación por invalidez que contrajo matrimonio antes de su declaración de invalidez, era comparable a la situación amparada por el artículo 20 de dicho anexo, a saber, la del cónyuge supérstite de un antiguo funcionario titular de una asignación por invalidez que contrajo matrimonio después de la declaración de invalidez. A continuación, el Tribunal General consideró que existía una diferencia de trato de situaciones comparables en función de la fecha de celebración del matrimonio, puesto que la pensión de supervivencia se concede al cónyuge supérstite sin requisito de duración mínima del matrimonio en el marco del artículo 19 del anexo VIII del Estatuto, mientras que, en el marco del artículo 20 de dicho anexo, solo se le concede si el matrimonio ha tenido una duración mínima de cinco años. El Tribunal General añadió que esta diferencia de trato entrañaba una desventaja para el cónyuge supérstite de un antiguo funcionario que se hubiera casado tras la declaración de invalidez de este respecto del cónyuge supérstite de un antiguo funcionario que hubiera contraído matrimonio antes de dicha declaración de invalidez.
23
Tras indicar que la diferencia de trato prevista en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto había sido establecida por la ley, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), el Tribunal General comprobó si la diferencia de trato identificada podía verse justificada por un objetivo de interés general y si era proporcionada con respecto al objetivo perseguido, en particular a la luz de la jurisprudencia recordada en el apartado 48 de la sentencia recurrida.
24
A este respecto, en lo que atañe al objetivo de interés general de prevenir el fraude, el Tribunal General, al tiempo que reconoció que la condición de que el matrimonio deba cumplir un requisito de duración mínima para generar el derecho a una pensión de supervivencia permite garantizar que dicho matrimonio no se basa exclusivamente en consideraciones ajenas a un proyecto de vida común, tales como consideraciones meramente económicas o relacionadas con la obtención de un derecho de residencia, consideró que no era razonable estimar que el requisito de duración mínima del matrimonio de cinco años previsto en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, que no existe en el artículo 19 del anexo VIII del Estatuto y que no está sujeto a excepción alguna que permita demostrar la inexistencia de fraude, cualesquiera que sean los elementos de prueba objetivos aportados, pueda ser necesario para alcanzar el objetivo de lucha contra el fraude.
25
El Tribunal General concluyó que el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto violaba el principio de igualdad de trato. En estas circunstancias, estimó la excepción de ilegalidad propuesta por FI y anuló las decisiones impugnadas.
Pretensiones de las partes en los recursos de casación y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
26
Mediante su recurso de casación en el asunto C‑313/21 P, el Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Estime el recurso de casación y anule la sentencia recurrida.
–
Resuelva definitivamente el litigio y desestime el recurso formulado en primera instancia por infundado.
–
Condene a FI a cargar con las costas de los procedimientos de primera instancia y de casación.
27
Mediante su recurso de casación en el asunto C‑314/21 P, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Desestime el recurso interpuesto en primera instancia.
–
Condene a FI a cargar con las costas de los procedimientos de primera instancia y de casación.
28
Mediante resolución del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 2021, se suspendió la tramitación del presente procedimiento en espera del pronunciamiento de la sentencia en los asuntos acumulados C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P. Tras el pronunciamiento de la sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros (C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557), se reanudó el procedimiento mediante resolución del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 2022.
29
De conformidad con el artículo 54, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió, el 30 de junio de 2021, acumular los asuntos C‑313/21 P y C‑314/21 P a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.
Sobre los recursos de casación
Sobre la aplicación del artículo 182 del Reglamento de Procedimiento
30
Con arreglo al artículo 182 del Reglamento de Procedimiento, cuando el Tribunal de Justicia se haya pronunciado ya sobre una o varias cuestiones jurídicas idénticas a las planteadas en los motivos del recurso de casación o de la adhesión a la casación y considere el recurso de casación o la adhesión a la casación manifiestamente fundados, podrá decidir, a propuesta del Juez Ponente y tras oír a las partes y al Abogado General, declarar el recurso de casación o la adhesión a la casación manifiestamente fundados mediante un auto motivado que haga referencia a la jurisprudencia pertinente.
31
La Comisión aclara que no tiene nada que objetar a la aplicación de dicho artículo.
32
El Consejo y FI no han atendido el requerimiento del Tribunal de Justicia a que se pronuncien sobre esta cuestión.
33
En el presente asunto, ha de observarse que los motivos de casación invocados en el marco de los presentes asuntos plantean cuestiones de Derecho idénticas a aquellas sobre las que el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en la sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros (C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557). Por consiguiente, procede aplicar el artículo 182 del Reglamento de Procedimiento en los presentes asuntos.
Sobre el fondo
34
En apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑313/21 P, el Consejo formula tres motivos, basados, el primero, en errores de Derecho en lo relativo a la existencia de una diferencia de trato, el segundo, en errores de Derecho relativos al alcance del control judicial por parte del Tribunal General de las elecciones efectuadas por el legislador de la Unión, y, el tercero, en errores de Derecho por lo que se refiere a la justificación de la diferencia de trato.
35
Por su parte, en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑314/21 P, la Comisión formula tres motivos, basados, el primero, en un error de Derecho en relación con los criterios para la apreciación de la legalidad de las decisiones tomadas por el legislador de la Unión y en un incumplimiento de la obligación de motivación, el segundo, en un error de Derecho en la interpretación del principio de no discriminación, y, el tercero, en un error de Derecho en la interpretación del artículo 52, apartado 1, de la Carta y en varios incumplimientos de la obligación de motivación.
Sobre el primer motivo de casación en el asunto C‑313/21 P y sobre la tercera parte del primer motivo y el segundo motivo de casación en el asunto C‑314/21 P
– Alegaciones de las partes
36
Mediante estos motivos de casación y las partes en que se subdividen, la Comisión y el Consejo sostienen que, el Tribunal General ha incurrido, en la sentencia recurrida, en un error de Derecho en la interpretación del principio de igualdad de trato y del principio de no discriminación, al haber concluido erróneamente que las situaciones amparadas por las disposiciones de los artículos 19 y 20 del anexo VIII del Estatuto eran comparables y, en consecuencia, que existía una diferencia de trato relativa a la aplicación de regímenes diferentes a esas situaciones comparables
37
Dichas instituciones consideran que el Tribunal General, en los apartados 57 y 58 de la sentencia recurrida, incurrió en un error de Derecho al considerar que la fecha de celebración del matrimonio era el único elemento que determinaba la aplicación del artículo 19 o del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto y que, por lo tanto, las situaciones amparadas por dichas disposiciones eran comparables. Afirman que, si el Tribunal General hubiera tenido en cuenta el conjunto de los elementos que caracterizan estas situaciones, habría debido constatar que existe una diferencia esencial y objetiva entre los funcionarios en servicio y los que disfrutan de una asignación por invalidez y han dejado de estar al servicio de una institución de la Unión. Esta diferencia se debe, según dichas instituciones, a la situación jurídica respectiva de estos funcionarios, en particular habida cuenta de los derechos y de las obligaciones profesionales que incumben a los primeros, al contrario de los segundos, en virtud de las disposiciones estatutarias durante todo el período de servicio.
38
En particular, tanto la Comisión como el Consejo hacen hincapié en el hecho de que el funcionario en servicio, al contrario de los antiguos funcionarios, que ya no tienen la obligación de trabajar, debe cotizar al régimen de pensiones, percibe un sueldo base superior a la pensión de jubilación que se le concederá cuando se jubile, tiene la obligación de residir en su lugar de destino y tiene derecho a recibir una indemnización de expatriación y dietas. Estas consideraciones demuestran, según las mencionadas instituciones, que la situación de un antiguo funcionario que contrae matrimonio después de su declaración de invalidez y cese en el servicio no exige, con la misma evidencia que en el caso del funcionario que contrae matrimonio cuando aún está en servicio, que se ofrezcan ingresos sustitutivos al cónyuge supérstite mediante la concesión de la pensión de supervivencia.
39
La Comisión considera asimismo que la situación de los funcionarios a los que es de aplicación el artículo 19 y la de los funcionarios a los que es de aplicación el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto se distinguen a nivel personal. Por una parte, los antiguos funcionarios que disfrutan de una asignación por invalidez suelen tener una esperanza de vida más limitada que la de los funcionarios que no disfrutan de tal asignación, limitación que contribuye necesariamente a agravar el riesgo de fraude y explica así la diferencia de trato en cuestión. Por otra parte, la Comisión sostiene que el riesgo de abuso o de fraude es más limitado en el supuesto en el que el cónyuge supérstite haya contraído matrimonio antes de la declaración de invalidez de su cónyuge y haya apoyado luego a su cónyuge durante toda la duración del matrimonio hasta su fallecimiento, mientras que, en el supuesto de una unión celebrada posteriormente a la declaración de invalidez y cese en el servicio de ese cónyuge, no sería manifiestamente inadecuado exigir que el matrimonio hubiera durado cinco años con el fin de esperar a que la solidaridad y ayuda mutua de los cónyuges se acrediten de modo objetivo.
40
El Consejo y la Comisión añaden que el Tribunal General ha errado al negarse, en el apartado 55 de la sentencia recurrida, a extraer las consecuencias del apartado 33 de su sentencia de 17 de junio de 1993, Arauxo-Dumay/Comisión (T‑65/92, EU:T:1993:47), en el que resaltó la existencia de una diferencia entre las situaciones reguladas por el artículo 19 y por el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, respectivamente. Señalan que, en efecto, la lógica que subyace en dicha sentencia puede extrapolarse al presente asunto, pese a la diferencia de los hechos de que se trata.
41
La Comisión expone asimismo que, en el apartado 56 de la sentencia recurrida, el Tribunal General pasó por alto erróneamente, en su análisis, el objetivo de la duración mínima del matrimonio que figura en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, a saber, como resulta de los apartados 87 y 88 de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), el de evitar pactos sucesorios y, en consecuencia, que se contraiga matrimonio con el único objetivo de poder obtener el pago de una pensión de supervivencia sin que ese matrimonio se corresponda con ninguna realidad ni con ninguna estabilidad de las relaciones entre las personas de que se trata. Así, la Comisión afirma que el Tribunal General no respetó el criterio según el cual, al apreciar el carácter comparable de las situaciones, es necesario tener en cuenta el conjunto de los elementos que las caracterizan y el conjunto de las normas jurídicas que regulan las posiciones de cada una de las situaciones que deben compararse. En particular, al considerar, en ese mismo apartado de la sentencia recurrida, que un matrimonio celebrado después de la concesión de una asignación por invalidez no modifica de manera decisiva la situación del cónyuge supérstite por lo que se refiere a sus derechos patrimoniales en comparación con la situación cubierta por el artículo 19 del anexo VIII del Estatuto, el Tribunal General, además de no haber motivado en absoluto esta consideración, pasó por alto el riesgo de que dicho matrimonio sea el pretexto para celebrar pactos sucesorios. En efecto, no cabe negar que, habida cuenta de la situación del funcionario que contrae matrimonio tras esta concesión de una asignación por invalidez, el riesgo de fraude y de abuso es mayor que en el caso del funcionario que ha contraído matrimonio antes de dicha concesión.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
42
Con carácter preliminar, procede recordar la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia según la cual la igualdad ante la ley, enunciada en el artículo 20 de la Carta, es un principio general del Derecho de la Unión que exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 95 y jurisprudencia citada).
43
La exigencia relativa al carácter comparable de las situaciones para determinar si existe una violación del principio de igualdad de trato debe apreciarse atendiendo a todos los aspectos que las caracterizan y, en especial, a la luz del objeto y de la finalidad perseguida por el acto que establece la distinción de que se trate, entendiéndose que deben tenerse en cuenta, a estos efectos, los principios y objetivos del ámbito al que pertenezca ese acto. Siempre y cuando las situaciones no sean comparables, una diferencia de trato de las situaciones de que se trate no vulnera la igualdad ante la ley establecida en el artículo 20 de la Carta (sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 96 y jurisprudencia citada).
44
Han de examinarse a la luz de esta jurisprudencia las alegaciones del Consejo y de la Comisión de que el Tribunal General concluyó erróneamente, en la sentencia recurrida, que era posible comparar las situaciones amparadas por las disposiciones de los artículos 19 y 20 del anexo VIII del Estatuto, así como que existía una diferencia de trato de estas situaciones comparables en función de la fecha de celebración del matrimonio.
45
A este respecto, es preciso señalar que, en los apartados 50, 51 y 54 de la sentencia recurrida, el Tribunal General constató que los artículos 19 y 20 del anexo VIII del Estatuto tienen por objeto, siempre que se cumpla el requisito de la duración mínima del matrimonio establecido en la segunda disposición mencionada, la concesión de una pensión de supervivencia al cónyuge supérstite en función únicamente de la naturaleza jurídica de los vínculos que unen a este cónyuge con el cónyuge fallecido. El Tribunal General señaló asimismo que dichas disposiciones persiguen el objetivo de conceder al cónyuge supérstite unos ingresos sustitutivos destinados a compensar parcialmente la pérdida de los ingresos del cónyuge fallecido, habiendo sido este último, antes de su fallecimiento, un antiguo funcionario que ya no estaba en activo.
46
A resultas de ello, el Tribunal General consideró fundamentalmente que ambas disposiciones del anexo VIII del Estatuto tenían un objeto y una finalidad esencialmente idénticos habida cuenta de la jurisprudencia mencionada en el apartado 43 del presente auto y recordada por el propio Tribunal General en el apartado 44 de la sentencia recurrida. Según el Tribunal General, el principal elemento que caracteriza las pensiones de supervivencia en cuestión reside en la naturaleza jurídica de los vínculos que unen al cónyuge supérstite, en su condición de persona a la que esas disposiciones confieren un derecho, con el antiguo funcionario fallecido. También según el Tribunal General, la aplicación de los artículos 19 y 20 del anexo VIII del Estatuto únicamente difiere, como se desprende inequívocamente del apartado 52 de la sentencia recurrida, en función de si el matrimonio se celebró antes o después de la fecha de comienzo del derecho del funcionario a la asignación por invalidez, al establecer el artículo 20 de dicho anexo un requisito de duración mínima del matrimonio, a diferencia del artículo 19 del citado anexo.
47
En estas circunstancias, el Tribunal General pudo considerar sin incurrir en error de Derecho, por una parte, en el apartado 57 de la sentencia recurrida, que las situaciones amparadas por las disposiciones de los artículos 19 y 20 del anexo VIII del Estatuto eran comparables y, por otra parte, en los apartados 52 y 58 de la sentencia recurrida, que las situaciones amparadas por estas disposiciones únicamente se distinguían en función de la fecha de celebración del matrimonio respecto a la fecha de comienzo del derecho del funcionario a la asignación por invalidez.
48
La Comisión y el Consejo afirman, no obstante, en primer lugar, que las situaciones contempladas en los artículos 19 y 20 del anexo VIII del Estatuto se distinguen de manera esencial y objetiva por el hecho de que, precisamente, en la fecha de celebración del matrimonio, el funcionario ejerce, en el marco de la primera disposición, sus funciones en una institución de la Unión, mientras que, en el marco de la segunda disposición, se encuentra, debido a su declaración de invalidez y a que se le ha concedido una asignación por invalidez, en la imposibilidad de ejercer sus funciones. De este modo, el Tribunal General no tuvo suficientemente en cuenta este elemento característico en su apreciación de la comparabilidad de las situaciones.
49
Sin embargo, como indica acertadamente el Tribunal General, en el apartado 53 de la sentencia recurrida, la naturaleza jurídica de los vínculos que unían al cónyuge supérstite al funcionario fallecido no difiere en función de si, en la fecha en que contrajeron matrimonio, el funcionario ejercía una actividad profesional o no, ni en función del importe de las cotizaciones al régimen de pensiones de la Unión ya abonadas o que aún se adeuden. De igual modo, como señaló el Tribunal General en el apartado 56 de la sentencia recurrida, la circunstancia de que el funcionario fallecido se haya casado antes o después de que se le concediera una asignación por invalidez no puede modificar de forma esencial la situación del cónyuge supérstite en cuanto atañe a sus derechos patrimoniales, de los que forma parte el derecho a una pensión de supervivencia como ingresos sustitutivos.
50
En efecto, la fecha de celebración del matrimonio está determinada únicamente por la voluntad de los futuros esposos. Esta decisión trae causa de una libre elección del funcionario sobre la base de múltiples consideraciones que no implican ni necesaria ni únicamente que se tengan en cuenta circunstancias vinculadas al ejercicio o no de una actividad profesional. Por lo tanto, contrariamente a lo que afirman el Consejo y la Comisión, el hecho de que se haya declarado o no inválido al funcionario en esa fecha y, de este modo, se encuentre o no en la imposibilidad de ejercer sus funciones no puede repercutir de manera decisiva en la apreciación de la comparabilidad de las situaciones en cuestión a la luz de los criterios recordados en el apartado 43 del presente auto y, en particular, del objeto y de la finalidad de los artículos 19 y 20 del anexo VIII del Estatuto, tal como se han recordado en el apartado 45 del presente auto. A este respecto, el razonamiento del Tribunal General, recordado en el apartado anterior del presente auto, se basa, en esencia, en dicho objeto y en dicha finalidad, y también en el principal elemento característico del derecho a una pensión de supervivencia, señalado en el apartado 46 del presente auto.
51
Es cierto que, como se desprende de ese mismo apartado 46 del presente auto, el hecho de que, en la fecha de celebración del matrimonio, se haya concedido o no al funcionario una asignación por invalidez y que, por lo tanto, se encuentre o no en la imposibilidad de ejercer sus funciones incide en el requisito de duración mínima del matrimonio. Mientras que no se exige dicho requisito en el caso de que el matrimonio se haya celebrado cuando aún no se ha reconocido al funcionario una asignación por invalidez y, por lo tanto, este ejerce sus funciones, el matrimonio debe haber durado al menos cinco años en el caso de que el funcionario contraiga matrimonio después de que se le haya concedido tal asignación y ya no esté, por lo tanto, en condiciones de ejercer sus funciones.
52
No obstante, como resulta de los apartados 49 y 50 del presente auto, ni la cuestión del ejercicio de las funciones ni la fecha de celebración del matrimonio son elementos pertinentes en la fase de la comparabilidad de las situaciones, ya que carecen de relación directa con el objeto, la finalidad y el principal elemento característico del derecho a una pensión de supervivencia previsto en los artículos 19 y 20 del anexo VIII del Estatuto.
53
Por esta razón, procede considerar por analogía que, como señaló el Tribunal de Justicia, por lo que se refiere a la pensión de supervivencia prevista en el artículo 17 del anexo VIII del Estatuto, en el apartado 70 de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), la concesión de la pensión de supervivencia depende «únicamente», en su propio principio, de la naturaleza jurídica de los vínculos que unían a la persona de que se trate con el funcionario fallecido, a pesar de que el Tribunal de Justicia reconoció, en el apartado 89 de dicha sentencia, que la duración mínima del matrimonio constituye, asimismo, un requisito para que el cónyuge supérstite obtenga la pensión de supervivencia.
54
En efecto, es la naturaleza jurídica de los vínculos entre los cónyuges lo que constituye la base del régimen de las pensiones de supervivencia de la función pública de la Unión, en la medida en que este requisito para la concesión es común a todas las pensiones de supervivencia previstas en los artículos 17 a 20 y en el artículo 27 del anexo VIII del Estatuto. El requisito de duración mínima del matrimonio, por su parte, reviste un carácter accesorio al requisito relativo a la naturaleza jurídica de los vínculos entre los cónyuges, toda vez que únicamente tiene por objeto precisar la duración que debe haber tenido el vínculo jurídico a efectos de la concesión de la pensión de supervivencia. Además, este requisito accesorio no se recoge en algunas de las pensiones de supervivencia, como es el caso de las pensiones a que se refieren los artículos 19 y 27 del anexo VIII del Estatuto.
55
Por lo tanto, en los apartados 51 y 53 de la sentencia recurrida, el Tribunal General insistió acertadamente, en su motivación, en la importancia del vínculo jurídico entre los cónyuges como elemento principal que caracteriza el régimen de las pensiones de supervivencia de la Unión y concluyó que la concesión de una asignación por invalidez o el ejercicio de las funciones no incidía en dicho vínculo.
56
El Consejo y la Comisión sostienen, en segundo lugar, que la situación de un antiguo funcionario que contrae matrimonio después de que se le haya concedido una asignación por invalidez y que se encuentra, de este modo, en la imposibilidad de ejercer sus funciones no exige que se ofrezcan unos ingresos sustitutivos al cónyuge supérstite con la misma evidencia que en el caso del funcionario que contrae matrimonio cuando está ejerciendo sus funciones. A este respecto, basta con recordar, como indicó acertadamente el Tribunal General en el apartado 56 de la sentencia recurrida, remitiéndose al apartado 69 de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), que el derecho a las pensiones de supervivencia a que se refieren los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto no está sometido a requisitos de renta o de patrimonio que permitan poner de manifiesto la incapacidad del cónyuge supérstite para hacer frente a sus necesidades y acrediten así su dependencia económica del difunto en el pasado.
57
La Comisión afirma, en tercer lugar, que el Tribunal General no tuvo en cuenta la finalidad de la duración mínima del matrimonio prevista en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, al contrario del artículo 19 de dicho anexo, que consiste, como se desprende del apartado 89 de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), en evitar la celebración de pactos sucesorios fraudulentos o abusivos, pues el riesgo de abuso o de fraude distingue, a nivel personal, las situaciones amparadas por esos dos artículos. A este respecto, basta con señalar que este aspecto no resulta pertinente en la fase de la comparabilidad de las situaciones. En efecto, esta alegación se refiere a la justificación del requisito de duración mínima del matrimonio, por lo que únicamente puede tener lugar en la fase de la apreciación del carácter proporcionado de la posible diferencia de trato constatada.
58
De las consideraciones anteriores se desprende que, contrariamente a lo que afirman la Comisión y el Consejo, las conclusiones a las que llegó el Tribunal General, en los apartados 57 y 58 de la sentencia recurrida, no adolecen de un error de Derecho.
59
En estas circunstancias, procede calificar de inoperante la alegación del Consejo y de la Comisión según la cual el Tribunal General se negó erróneamente, en el apartado 55 de la sentencia recurrida, a extraer las consecuencias del apartado 33 de la sentencia de 17 de junio de 1993, Arauxo-Dumay/Comisión (T‑65/92, EU:T:1993:47). En efecto, aun suponiendo que esta alegación sea fundada, las conclusiones del Tribunal General relativas a la comparabilidad de las situaciones se basan de modo suficiente en la motivación que figura, respectivamente, en los apartados 50 a 54 y 56 de la sentencia recurrida, con independencia de las consideraciones expuestas en el apartado 55 de dicha sentencia.
60
De lo anterior se desprende que procede desestimar por infundados el primer motivo de casación en el asunto C‑313/21 P y la tercera parte del primer motivo y el segundo motivo de casación en el asunto C‑314/21 P.
Sobre el segundo motivo de casación en el asunto C‑313/21 P y las dos primeras partes del primer motivo de casación en el asunto C‑314/21 P
– Alegaciones de las partes
61
Mediante estos motivos, el Consejo y la Comisión reprochan fundamentalmente al Tribunal General haber incurrido, en la sentencia recurrida, en un error de Derecho por lo que se refiere al alcance del control judicial.
62
Estas dos instituciones alegan que, en la segunda frase del apartado 48 de la sentencia recurrida, el Tribunal General aplicó una jurisprudencia de la Unión desarrollada en el contexto radicalmente diferente de las elecciones de política de personal en situaciones en las que el legislador dispone de varias opciones. Alegan que, por lo tanto, el Tribunal General, en particular en el apartado 80 de la sentencia recurrida, concluyó erróneamente que la elección del legislador de la Unión relativa a la duración mínima del matrimonio prevista en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto tenía un carácter simplemente «no razonable». En su opinión, al proceder así, el Tribunal General efectuó un control que va más allá del carácter «manifiestamente inapropiado o inadecuado» de la disposición en cuestión con respecto al objetivo perseguido por las instituciones competentes, a saber, en el presente asunto, prevenir el abuso de derecho y el fraude. Afirman que, de este modo, el Tribunal General sustituyó la apreciación del legislador de la Unión por la suya propia y, en consecuencia, excedió los límites del control de legalidad.
63
La Comisión aduce, además, que el Tribunal General, si bien afirmó haber fundamentado su apreciación de la legalidad del artículo 20 del anexo VIII en los artículos 20 y 21 de la Carta, se apartó de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual la apreciación de la legalidad de un acto de la Unión con respecto a los derechos fundamentales no puede, en ningún caso, basarse en alegaciones referidas a las consecuencias que tenga dicho acto en un caso particular. Según la Comisión, el Tribunal General señaló la particularidad de las circunstancias de hecho del caso de autos, en el apartado 77 de la sentencia recurrida, para declarar que el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto es ilegal.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
64
Procede señalar que el Tribunal General recordó, en los apartados 46 a 48 de la sentencia recurrida, las exigencias mencionadas en el artículo 52, apartado 1, de la Carta y la jurisprudencia aplicable a efectos del control de proporcionalidad de una diferencia de trato. A continuación, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, consideró que, si las situaciones contempladas respectivamente en los artículos 19 y 20 del anexo VIII del Estatuto eran comparables, debería entonces comprobar si resultaba razonable que el legislador de la Unión estimase que la diferencia de trato establecida pudiera ser adecuada y necesaria para alcanzar el objetivo de interés general perseguido por el requisito relativo a la duración mínima del matrimonio previsto en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto. Tras concluir que las situaciones eran comparables, llevó a cabo dicho análisis a partir del apartado 62 de la sentencia recurrida.
65
Pues bien, como sostienen el Consejo y la Comisión, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, ante normas estatutarias como las controvertidas en este caso y habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que dispone el legislador de la Unión a este respecto, el principio de igualdad de trato, consagrado en el artículo 20 de la Carta, solo se vulnera cuando el legislador efectúa una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo perseguido por la normativa de que se trata (sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 127 y jurisprudencia citada).
66
Esta jurisprudencia es aplicable en el marco de la comprobación del requisito de proporcionalidad impuesto por el artículo 52, apartado 1, de la Carta (sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 128).
67
En el presente asunto, el Tribunal General consideró, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, que debía comprobar si resultaba razonable que el legislador de la Unión estimase que la diferencia de trato establecida pudiera ser adecuada y necesaria para alcanzar el objetivo de interés general perseguido por el requisito relativo a la duración mínima del matrimonio previsto en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto.
68
Sin embargo, conforme a la jurisprudencia recordada en los apartados 65 y 66 del presente auto, debería haberse limitado a comprobar si la diferenciación que hace esta disposición, en relación con el artículo 19 de dicho anexo, resultaba arbitraria o manifiestamente inadecuada para alcanzar el objetivo de interés general perseguido. Al examinar de manera incorrecta el requisito de proporcionalidad, el Tribunal General excedió el alcance de su control judicial y, de este modo, incurrió en un error de Derecho. En efecto, sin este error, el Tribunal General habría adoptado un razonamiento diferente y habría llegado a conclusiones distintas de aquellas a las que llegó en los apartados 80, 81 y 83 de la sentencia recurrida.
69
Esta vulneración del alcance del control judicial se refleja asimismo en el apartado 67 de la sentencia recurrida. En efecto, el Tribunal General se centró en examinar, a partir de dicho apartado, si el requisito de duración mínima del matrimonio de cinco años previsto en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, considerado aislada e independientemente del artículo 19 de dicho anexo, era, a la luz del artículo 52, apartado 1, de la Carta, proporcionado en el sentido de que no iba manifiestamente más allá de lo que es necesario para lograr el objetivo perseguido por el legislador de la Unión. Pues bien, como se desprende del apartado 66 del presente auto, incluso en el marco de esta disposición de la Carta, el Tribunal General debería haberse limitado a examinar si la diferenciación constatada en el presente asunto, a saber, el hecho de que el requisito de duración mínima del matrimonio se exija en las situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, mientras no se exige en las situaciones comprendidas en el artículo 19 de dicho anexo, siendo, por lo demás, el conjunto de estas situaciones comparables, debía considerarse arbitraria o manifiestamente inadecuada para lograr el objetivo común a ambas disposiciones, perseguido por el legislador de la Unión.
70
En estas circunstancias y sin que sea necesario examinar las demás alegaciones formuladas por el Consejo y la Comisión, procede estimar el segundo motivo de casación en el asunto C‑313/21 P y la segunda parte del primer motivo de casación en el asunto C‑314/21 P.
71
Por lo tanto, procede, sin que sea necesario examinar el tercer motivo de casación en el asunto C‑313/21 P ni la primera parte del primer motivo ni el tercer motivo de casación en el asunto C‑314/21 P, estimar los recursos de casación y anular la sentencia recurrida.
Sobre el recurso ante el Tribunal General
72
Conforme al artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio cuando su estado así lo permita.
73
En el presente asunto, habida cuenta en particular de que el recurso de anulación interpuesto en el asunto T‑694/19 se basa en motivos que fueron objeto de debate contradictorio ante el Tribunal General y cuyo análisis no exige la adopción de ninguna diligencia adicional de ordenación del procedimiento o de instrucción de los autos, procede resolver definitivamente sobre este recurso, pues su estado así lo permite.
74
En apoyo de su recurso ante el Tribunal General, FI invocó cuatro motivos, basados, primero, en la ilegalidad del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, segundo, en un error de Derecho al aplicar los artículos 18 y 20 de dicho anexo, tercero, en un error de interpretación del concepto de «cónyuge» tal y como se utiliza en el régimen de la Unión en materia de pensiones de supervivencia, y, cuarto, en un error manifiesto de apreciación por no haber tenido en cuenta su situación particular.
Sobre el primer motivo, basado en la ilegalidad del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto
75
Mediante su primer motivo, FI sostiene que el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, al imponer un requisito de duración mínima del matrimonio de cinco años, viola los principios de igualdad de trato y de no discriminación basada en la edad, en la naturaleza del vínculo jurídico de la vida en común y en la discapacidad.
Sobre la primera parte del primer motivo, basada en una vulneración del principio de igualdad de trato
76
Mediante esta parte del motivo, FI expone que, al excluir que se pague una pensión de supervivencia al cónyuge supérstite en el supuesto de que el matrimonio celebrado después de la concesión a su cónyuge de una asignación por invalidez haya tenido una duración inferior a cinco años, mientras que, con arreglo al artículo 19 del anexo VIII del Estatuto, no se impone este requisito de duración mínima del matrimonio cuando el matrimonio se ha celebrado antes de dicha concesión, el artículo 20 de dicho anexo infringe el principio de igualdad de trato establecido, en particular en el artículo 20 de la Carta y en el artículo 1 quinquies del Estatuto y adolece, en consecuencia, de ilegalidad.
77
La Comisión, apoyada por el Parlamento y por el Consejo, rebate esta alegación.
78
Procede recordar que, a tenor del artículo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por esta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.
79
Por otra parte, el principio de igualdad de trato constituye un principio general del Derecho de la Unión, reconocido por el artículo 20 de la Carta, del que constituye una manifestación específica el principio de no discriminación enunciado en el artículo 21, apartado 1, de la Carta. Ambos principios se recuerdan asimismo en el artículo 1 quinquies del Estatuto (sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 140 y jurisprudencia citada).
80
Como ya se ha mencionado en el apartado 42 del presente auto, el principio general de igualdad de trato exige al legislador de la Unión, con arreglo a lo previsto en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente. Una diferencia de trato está justificada cuando se basa en un criterio objetivo y razonable, es decir, cuando se relaciona con un fin legalmente admisible perseguido por la legislación en cuestión y esta diferencia es proporcionada al objetivo perseguido por dicho trato (sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 142 y jurisprudencia citada).
81
Como se ha expuesto en el apartado 43 del presente auto, la exigencia relativa al carácter comparable de las situaciones para determinar si existe una violación del principio de igualdad de trato debe apreciarse atendiendo a todos los aspectos que las caracterizan y, en especial, a la luz del objeto y de la finalidad perseguida por el acto que establece la distinción de que se trate, entendiéndose que deben tenerse en cuenta, a estos efectos, los principios y objetivos del ámbito al que pertenezca ese acto. Siempre y cuando las situaciones no sean comparables, una diferencia de trato de las situaciones de que se trate no vulnera la igualdad ante la ley establecida en el artículo 20 de la Carta.
82
Además, procede recordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, mencionada en el apartado 65 del presente auto, con arreglo a la cual, ante normas estatutarias como las controvertidas en este caso y habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que dispone el legislador de la Unión a este respecto, el principio de igualdad de trato solo se vulnera cuando el legislador efectúa una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo perseguido por la normativa de que se trata.
83
La excepción de ilegalidad del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto formulada por FI respecto del principio de igualdad de trato, consagrado en el artículo 20 de la Carta y recordado en el artículo 1 quinquies del Estatuto, debe examinarse a la luz de esta jurisprudencia y de las exigencias del artículo 52, apartado 1, de la Carta.
84
Por lo que se refiere, en primer lugar, a la comparabilidad de las situaciones previstas en los artículos 19 y 20 del anexo VIII del Estatuto, procede considerar, por los motivos indicados en los apartados 45 a 60 del presente auto, que estas situaciones son comparables.
85
En segundo lugar, debe observarse que, al no establecer, en el artículo 19 del anexo VIII del Estatuto, un requisito de duración mínima del matrimonio, a diferencia del artículo 20 del mencionado anexo, el legislador de la Unión trató de manera diferente situaciones comparables.
86
En tercer lugar, es necesario examinar si esta diferencia de trato es conforme con el artículo 20 de la Carta por cumplir los criterios establecidos en su artículo 52, apartado 1, y que se recuerdan en el apartado 78 del presente auto.
87
En primer término, consta que esta diferencia de trato está establecida por la ley, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta, puesto que resulta del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, en relación con el artículo 19 de dicho anexo. Mientras que este último artículo no establece ningún requisito de duración mínima del matrimonio, el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto establece un requisito de duración mínima del matrimonio cuantificado de manera precisa que define el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la igualdad de trato (véase, por lo que se refiere al alcance del requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales debe ser establecida por ley, la sentencia de 26 de abril de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑401/19, EU:C:2022:297, apartado 64 y jurisprudencia citada).
88
En segundo término, la limitación que establece la diferencia de trato en cuestión respeta el contenido esencial del principio de igualdad de trato y del principio de no discriminación por razón de edad, con arreglo al artículo 52, apartado 1, de la Carta. En efecto, esta limitación no pone en entredicho estos principios como tales, ya que solo se refiere a la cuestión, de alcance limitado, del requisito mínimo de duración del matrimonio que deben cumplir o no los cónyuges supérstites de funcionarios o de antiguos funcionarios fallecidos para poder obtener una pensión de supervivencia, sin que se prive a los cónyuges comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto de la posibilidad de obtener dicha pensión, como sucede con aquellos comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 19 de dicho anexo.
89
En tercer término, dicha limitación responde a un objetivo de interés general, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta, a saber, el objetivo de prevenir los abusos de derecho y los fraudes, cuya prohibición constituye un principio general del Derecho de la Unión que los justiciables están obligados a respetar (véase, en eses sentido, la sentencia de 6 de febrero de 2018, Altun y otros, C‑359/16, EU:C:2018:63, apartado 49). En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el requisito de que el matrimonio haya tenido una duración determinada para que el cónyuge supérstite obtenga la pensión de supervivencia persigue el objetivo de asegurarse de la realidad y de la estabilidad de las relaciones entre las personas de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, apartado 89). Se trata de un criterio uniforme y que se aplica indiscriminadamente a todos los cónyuges supérstites comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, cuyo objetivo no es presumir que los cónyuges supérstites han cometido abuso o fraude, sino prevenir la comisión de tal abuso o de tal fraude.
90
Por lo que se refiere, en cuarto término, al examen de proporcionalidad, procede, en el marco del control de legalidad de una disposición del Derecho de la Unión en relación con el principio de igualdad de trato y debido a la amplia facultad de apreciación de que dispone el legislador de la Unión en materia de normas estatutarias, comprobar, como se ha recordado en los apartados 65 y 82 del presente auto, si, al imponer una duración mínima del matrimonio de cinco años al cónyuge supérstite que ha contraído matrimonio con un funcionario después de la concesión a este último de una asignación por invalidez, mientras que el artículo 19 del anexo VIII del Estatuto no exige tal requisito en el caso de que se contraiga matrimonio con un funcionario antes de dicha concesión, el artículo 20 de dicho anexo establece una diferencia arbitraria o manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo de interés general recordado en el apartado anterior del presente auto.
91
Como ha indicado la Comisión, apoyada por el Parlamento y el Consejo, fundamentalmente en sus escritos, no resulta ni arbitrario ni manifiestamente inadecuado exigir, en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, una duración mínima del matrimonio, mientras que no se exige este requisito de duración en el artículo 19 de dicho anexo. En efecto, en el supuesto contemplado en dicho artículo 20, caracterizado por el hecho de que el matrimonio se contrae con posterioridad a la concesión de una asignación por invalidez al funcionario, la incitación a cometer abuso o fraude puede verse favorecida, de una parte, por la situación de fragilidad y dependencia en la que puede encontrarse un funcionario que ha enfermado gravemente hasta el punto de serle reconocida la invalidez, y que, por lo tanto, está en la imposibilidad de ejercer sus funciones, en el sentido del artículo 78, párrafo primero, del Estatuto, y, de otra parte, por las implicaciones económicas que pueden resultar de esta situación de invalidez, al poder verse llevado el cónyuge del funcionario a contraer matrimonio con la esperanza de que, en función de la enfermedad de la que esté aquejado ese funcionario, su esperanza de vida sea significativamente inferior a la media, lo cual le permitirá disfrutar de una pensión de supervivencia a una edad temprana y por un tiempo potencialmente muy largo.
92
En cambio, el hecho de que artículo 19 del anexo VIII del Estatuto no establezca, contrariamente al artículo 20 de dicho anexo, un requisito de duración mínima del matrimonio se explica, como resulta de los escritos de la Comisión y del Parlamento, por el hecho de que debido al carácter con frecuencia imprevisible de la declaración de invalidez de un funcionario de la Unión para una pareja ya casada, y a que viene a alterar la situación de esa pareja, el riesgo de abuso o de fraude resulta ínfimo, de modo que el legislador de la Unión ha querido hacer abstracción de este requisito, al igual que en el artículo 17, párrafo segundo, y en el artículo 18, párrafo segundo, del anexo VIII del Estatuto, para tener en cuenta las situaciones en las que, por una parte, el fallecimiento del funcionario resulte bien de una dolencia o enfermedad contraída con ocasión del ejercicio de sus funciones, bien de un accidente, y, por otra parte, el cónyuge supérstite mantenga o haya mantenido a hijos habidos de un matrimonio contraído antes del cese en el servicio del funcionario.
93
En estas circunstancias, procede considerar que, al establecer en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto una duración mínima del matrimonio de cinco años a fin de prevenir los abusos y los fraudes, cuando no se establece duración mínima alguna del matrimonio en las situaciones amparadas por el artículo 19 de dicho anexo, el legislador de la Unión, en el marco de la amplia facultad de apreciación de que dispone, no estableció una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada.
94
De lo anterior se desprende que la diferencia de trato establecida en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto es conforme con el artículo 20 de la Carta y que, por lo tanto, procede desestimar por infundada la primera parte del primer motivo.
Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en una vulneración del principio de no discriminación por razón de la edad
95
FI alega una vulneración del principio de no discriminación por razón de edad, consagrado en el artículo 21, apartado 1, de la Carta y recordado en el artículo 1 quinquies, apartado 1, del Estatuto, por cuanto el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto se refiere a los funcionarios mayores por el hecho de que contraen matrimonio después de su jubilación, mientras que el artículo 19 de dicho anexo se aplica en el supuesto de un matrimonio celebrado antes de que se haya reconocido al funcionario una asignación por invalidez y se refiere, de esta forma, a funcionarios que están aún en servicio y, por tanto, mucho más jóvenes. Considera que imponer, como lo hace el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, un requisito de duración mínima del matrimonio en las situaciones en las que el funcionario difunto había contraído matrimonio después de cesar en sus funciones discrimina, por razón de su edad, a las parejas incluidas en el ámbito de aplicación de esta disposición.
96
La Comisión, apoyada por el Parlamento y por el Consejo, rebate esta alegación.
97
A este respecto, debe señalarse que, como indicó la Comisión en su escrito de contestación ante el Tribunal General, la segunda parte del primer motivo de FI se basa en una premisa errónea.
98
En efecto, como resulta del apartado 47 del presente auto, las situaciones amparadas por los artículos 19 y 20 del anexo VIII del Estatuto se distinguen únicamente en función de la fecha de celebración del matrimonio, no respecto de la fecha de cese en sus funciones del funcionario por efecto de su jubilación, sino respecto de la fecha de fecha de comienzo del derecho del funcionario a la asignación por invalidez.
99
Pues bien, la concesión de una asignación por invalidez al funcionario es independiente de la edad del funcionario, dado que puede concederse a funcionarios de todas las edades.
100
Lo mismo ocurre cuando, con arreglo al artículo 53 del Estatuto, se jubila de oficio a un funcionario, como ha ocurrido en el presente asunto, al mismo tiempo que se produce su declaración de invalidez y se le concede una asignación por invalidez. En efecto, en ese supuesto, la jubilación tiene lugar no en función de la edad de jubilación prevista en el artículo 52 del Estatuto, sino únicamente en función de la fecha en que se le concede la asignación, lo cual, como se ha recordado en el apartado, puede producirse a cualquier edad.
101
De lo anterior se desprende que la supuesta quiebra de la igualdad de trato que hace valer FI no se basa en la edad, en el sentido del artículo 21, apartado 1, de la Carta y del artículo 1 quinquies, apartado 1, del Estatuto, y que, en consecuencia, no cabe considerar que el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto adolezca de ilegalidad debido a una discriminación por razón de la edad. En consecuencia, procede desestimar por infundada la segunda parte del primer motivo.
Sobre la tercera parte del primer motivo, basada en una vulneración del principio de no discriminación en razón de la naturaleza del vínculo jurídico de la vida en común
102
En el marco de esta parte del motivo, FI sostiene, por una parte, que es objeto de una discriminación basada en su estado civil en razón de la distinción establecida por el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto entre las parejas casadas y aquellas que conviven more uxorio, pues la situación fáctica, real y concreta, en el día a día de ambas categorías es estrictamente la misma.
103
Por otra parte, FI recuerda que el ámbito de aplicación del Estatuto se ha ampliado por efecto del artículo 1 quinquies, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto y del artículo 1, apartado 2, letra c), del anexo VII del Estatuto, a otras formas de vida en común distintas del matrimonio, a saber, ciertas uniones no matrimoniales registradas. Considera que, en estas circunstancias, debería interpretarse el principio de no discriminación de conformidad con la evolución de las costumbres de la sociedad y aplicar el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto al conjunto de parejas no casadas, las cuales se encuentran en una situación comparable y deben ser tratadas por ello de la misma manera.
104
La Comisión, apoyada por el Parlamento y por el Consejo, rebate esta alegación.
105
Sobre este extremo, basta con recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en relación con la pensión de supervivencia, que los que conviven more uxorio no están en una situación comparable a la de las personas casadas ni a la de las parejas que han celebrado una unión no matrimonial registrada, en el sentido del artículo 1 quinquies, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto, a la hora de beneficiarse de la aplicación del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, por lo que dicha disposición no vulnera el principio general de igualdad de trato ni el principio de no discriminación. Por lo demás, FI no sostiene, en ningún caso, que la convivencia more uxorio genere, en el Derecho nacional que le es aplicable, obligaciones de la misma naturaleza que las nacidas del matrimonio (véase, por analogía, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, apartados 80, 84 y 85).
106
Por otra parte, por las mismas consideraciones que se exponen en los apartados 91 a 94 del auto de 22 de diciembre de 2022, Comisión/KM y Consejo/KM (C‑341/21 P y C‑357/21 P), una pareja que, al igual que hacían FI y su cónyuge antes de casarse, convive more uxorio no se ve privada de la posibilidad de contraer matrimonio en el Estado miembro al que pertenece no se encuentra en un situación comparable a la de una pareja del mismo sexo en unión no matrimonial registrada, pero privada de esa posibilidad, y, por lo tanto, el artículo 20 del anexo VIII no puede adolecer de ilegalidad por vulneración del principio de no discriminación por razón de la orientación sexual.
107
En cuanto a la interpretación extensiva que FI quiere proponer, a la vista de la evolución de las costumbres de la sociedad, del principio de no discriminación y del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, en el sentido de que este último debería abarcar el conjunto de parejas no casadas, incluidas las meras uniones de hecho, basta con recordar que, en la actualidad, sigue existiendo, en los distintos Estados miembros de la Unión, una falta general de equiparación entre el matrimonio, por una parte, y las demás formas de unión legal y las uniones de hecho, por otra. En la medida en que el legislador de la Unión ha deseado reservar el beneficio de las pensiones de supervivencia únicamente a las personas casadas y a las personas que han celebrado una unión no matrimonial registrada, en el sentido del artículo 1 quinquies, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto, no corresponde al juez de la Unión interpretar el Estatuto en el sentido de que se equiparen al matrimonio y a dichas uniones registradas situaciones legales o de hecho que difieren de estos. Al contrario, incumbe únicamente al legislador adoptar, en su caso, medidas modificativas en este sentido (véase, por analogía, la sentencia de 31 de mayo de 2001, D y Suecia/Consejo, C‑122/99 P y C‑125/99 P, EU:C:2001:304, apartados 37, 38 y 50).
108
De las anteriores consideraciones resulta que procede desestimar por infundada la tercera parte del primer motivo.
Sobre la cuarta parte del primer motivo, basada en una vulneración del principio de no discriminación por razón de discapacidad
109
Mediante esta parte del motivo, tal y como aparece también desarrollada en las observaciones de FI sobre los escritos de intervención del Parlamento y del Consejo y en la respuesta de FI de 23 de noviembre de 2020 a las preguntas formuladas por el Tribunal General para su contestación por escrito, FI considera, de una parte, que, mientras que los cónyuges supérstites comprendidos, respectivamente, en los ámbitos de aplicación del artículo 19 y del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto se hallan en la misma situación, al haber atendido a un funcionario discapacitado beneficiario de una asignación por invalidez en el momento de su fallecimiento, la segunda de las disposiciones mencionadas infringe el principio de no discriminación por razón de discapacidad al privar a cónyuges supérstites como FI del beneficio de una pensión de supervivencia por el mero hecho de que contrajeron matrimonio con dicho funcionario después de que se le concediera a este una asignación por invalidez.
110
Por otra parte, FI considera que es objeto de una discriminación «por vinculación» en razón de la discapacidad que afectaba a su difunta esposa e invoca, a este respecto, la sentencia de 17 de julio de 2008, Coleman (C‑303/06, EU:C:2008:415). FI afirma, en efecto, que se ocupó cada día y a tiempo completo de una persona que sufría una discapacidad como si ambos hubieran estado casados desde el primer día de su vida en común y con una entrega igual a la que prodigan los cónyuges supérstites comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 19 del anexo VIII del Estatuto. FI aclara, sobre este particular, que la discapacidad de su esposa fue, de hecho, la causa de la celebración tardía del matrimonio, debido a que se trataba de una prioridad que primaba sobre cualquier otra consideración relativa al estatuto jurídico de la pareja.
111
La Comisión, apoyada por el Parlamento y por el Consejo, rebate esta alegación.
112
Procede recordar que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, todo caso de discriminación por motivos de discapacidad, en el sentido del artículo 21, apartado 1, de la Carta y del artículo 1 quinquies, apartado 1, del Estatuto, supone que, en situaciones comparables, una persona debe sufrir o haber sufrido un trato desfavorable o una desventaja particular en función de la discapacidad que sufra esa persona o un miembro de su familia (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 17 de julio de 2008, Coleman, C‑303/06, EU:C:2008:415, apartado 56, y de 26 de enero de 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C‑16/19, EU:C:2021:64, apartado 29).
113
Pues bien, aun suponiendo que la enfermedad que acarreó la declaración de invalidez de la cónyuge de FI y la concesión de una asignación por invalidez pueda calificarse de discapacidad, la supuesta quiebra de la igualdad de trato de la que FI afirma haber sido víctima por razón de la discapacidad de su cónyuge no se basa en modo alguno en esa discapacidad.
114
En efecto, como explicó la Comisión en sus escritos ante el Tribunal General, su negativa a conceder una pensión de supervivencia a FI no está relacionada con la discapacidad de la cónyuge de este último, sino con el hecho de que la pareja decidió seguir teniendo una convivencia more uxorio y no contraer matrimonio hasta que se concediera a esa cónyuge una asignación por invalidez, matrimonio que duró menos de cinco años después del fallecimiento de esta.
115
Por lo que respecta a la cuestión de cómo pudo influir la supuesta discapacidad de la cónyuge de FI en la decisión de la pareja de retrasar su matrimonio, basta recordar que, como se señala en el apartado 50 del presente auto, la fecha de celebración del matrimonio está determinada únicamente por la voluntad de los futuros esposos, pues su decisión trae causa de una libre elección sobre la base de múltiples consideraciones que no implican ni necesaria ni únicamente que se tengan en cuenta circunstancias vinculadas a la discapacidad de uno de ellos. No puede dejar de ser así, salvo en circunstancias excepcionales, tales como la imposibilidad de la persona discapacitada para expresar su voluntad de casarse, circunstancias que, sin embargo, no han sido alegadas por FI en el presente asunto.
116
Por ello, procede desestimar por infundada la cuarta parte del primer motivo y, por ende, todo el primer motivo, basado en la ilegalidad del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto en relación con los principios de igualdad de trato y de no discriminación.
Sobre los motivos segundo y tercero, basados, respectivamente, en un error de Derecho en la aplicación de los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto y en un error de interpretación del concepto de «cónyuge» en el sentido del régimen de la Unión en materia de pensiones de supervivencia
117
Mediante esos dos motivos, que procede tratar conjuntamente, FI alega que debe interpretarse que los artículos del Estatuto relativos al régimen de pensiones de supervivencia, como los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto, se refieren a la vida en común de una pareja, tanto si se trata de una unión legal como de una unión de hecho. Señala, en particular, que deben reconocerse los mismos derechos a las personas que, sin estar casadas ni vinculadas por una unión no matrimonial registrada, en el sentido del artículo 1 quinquies, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto, compartieron, durante el período de cinco años establecido en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, una vida en común con un funcionario de la Unión que falleció mientras existía esa vida en común.
118
Sostiene que la equiparación del concepto de «cónyuge» al conjunto de formas de unión legal y a las uniones de hecho se justifica también por la evolución social de los últimos años, la cual ha llevado, según afirma, a numerosos Estados miembros a ajustar el matrimonio a las demás formas de unión o, cuando menos, a aproximar el régimen matrimonial a los regímenes no matrimoniales, de tal forma que, en adelante, ya no cabe encerrar el concepto de «pareja» únicamente en la relación basada en el matrimonio. FI añade que el propio legislador de la Unión se ha acompasado a esta evolución, modificando el Estatuto de forma que, en el marco del régimen de seguro de enfermedad de los funcionarios de la Unión, se equipara a la pareja no casada de un funcionario con el cónyuge.
119
La Comisión, apoyada por el Parlamento y por el Consejo, rebate esta alegación.
120
Con carácter preliminar, debe precisarse que, aunque FI invoque, en el marco de su segundo motivo, un error de Derecho en la aplicación de los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto, tanto de la estructura lógica de la demanda, como de las explicaciones dadas por FI, en su respuesta de 23 de noviembre de 2020 a las preguntas formuladas por el Tribunal General para su contestación por escrito, se desprende que FI tenía la intención de incluir en su argumentación el artículo 19 de dicho anexo, puesto que los artículos 18 a 20 de este forman un conjunto de normas unidas de modo indisociable. Habida cuenta del hecho de que las instituciones también han entendido, en sus escritos, que el segundo motivo de FI se refería igualmente al artículo 19 del anexo VIII del Estatuto, debe entenderse que FI reprocha a la Comisión, en el marco de este motivo, haber aplicado incorrectamente el artículo 20 de dicho anexo en relación con sus artículos 18 y 19.
121
En cuanto al fondo, procede, por razones similares a las que se han expuesto en los apartados 105 a 107 del presente auto, desestimar el segundo y el tercer motivo por infundados, debiendo precisarse que, por lo que se refiere a la alegación de FI referida a la equiparación, en el marco del régimen de seguro de enfermedad de los funcionarios de la Unión, de la pareja no casada de un funcionario al cónyuge, basta señalar que dicha equiparación, limitada a un ámbito preciso del Estatuto, responde únicamente de la voluntad del legislador y que, a falta de que este último introduzca modificaciones expresas en el resto del Estatuto, no cabe invocar dicha equiparación para sostener su generalización transversal en el resto del Estatuto.
Sobre el cuarto motivo, basado en un error manifiesto de apreciación de la Comisión por no haber tenido en cuenta la situación particular de FI
122
FI recuerda que, hasta el fallecimiento de su cónyuge, acaecido durante el año 2019, convivió con ella more uxorio antes de que la pareja iniciara una relación marital que duró casi cinco años, faltando unos tres meses para ello. FI manifiesta que, mientras duró su vida en común, prodigó cuidados a su esposa. Considera que, por ello, el hecho de haber vivido con ella en tales circunstancias pone de manifiesto la especial injusticia que implica denegar una pensión de supervivencia por el hecho de que le falten menos de cuatro meses para cumplir el requisito de duración mínima del matrimonio de cinco años impuesto en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto. Concluye que, al actuar de este modo, la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación.
123
La Comisión, apoyada por el Parlamento y por el Consejo, rebate esta alegación, sin contradecir los hechos expuestos por FI.
124
Debe recordarse, como se ha señalado en el apartado 89 del presente auto, que el requisito de duración mínima del matrimonio de cinco años establecido en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto es un criterio uniforme y que se aplica indiscriminadamente a todos los cónyuges supérstites comprendidos en el ámbito de aplicación de esta disposición, cuyo objetivo no es presumir que los cónyuges supérstites han cometido abuso o fraude, sino prevenir la comisión de tal abuso o de tal fraude.
125
También debe llamarse la atención sobre el hecho de que, sin perjuicio de los casos especiales expresamente previstos por el legislador de la Unión, en el Derecho de la Unión no existe ningún principio general del Derecho según el cual una norma vigente del Derecho de la Unión no puede ser aplicada cuando implique para el interesado un rigor que el legislador comunitario habría intentado evitar de modo manifiesto si hubiera considerado tal caso en el momento de dictar la norma (sentencia de 26 de mayo de 2016, Ezernieki, C‑273/15, EU:C:2016:364, apartado 56 y jurisprudencia citada).
126
Por lo demás, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, aun cuando, en situaciones marginales, el establecimiento de una normativa general y abstracta pudiera ocasionar inconvenientes casuales, no puede reprocharse al legislador haber utilizado una categorización, en tanto, como se ha establecido en los apartados 78 a 116 del presente auto en relación con el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, no sea esencialmente discriminatoria en relación con la finalidad que persigue (sentencia de 15 de abril de 2010, Gualtieri/Comisión, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, apartado 81 y jurisprudencia citada).
127
En estas circunstancias, no cabe reprochar a la Comisión haber incurrido en un error manifiesto de apreciación al denegar a FI una pensión de supervivencia por no cumplirse el requisito de duración mínima del matrimonio de cinco años establecido en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto.
128
De ello se sigue que procede desestimar por infundado el cuarto motivo y, consecuentemente, el recurso de FI en su integridad.
Costas
129
A tenor del artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
130
De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación según su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
131
Al haberse desestimado los motivos formulados por FI tras la estimación de los recursos de casación y dado que el Consejo y la Comisión solicitaron respectivamente su condena en costas, procede condenarlo a cargar con sus propias costas, así como con aquellas en las que hayan incurrido estas dos instituciones tanto en primera instancia como en los presentes recursos de casación.
132
Pese a no haber participado en el procedimiento de casación, el Parlamento intervino en primera instancia ante el Tribunal General. A raíz de la anulación de la sentencia recurrida y de la avocación del asunto T‑694/19 en el presente auto, procede resolver de nuevo sobre las costas de esta institución en primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 137 en relación con el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.
133
A este respecto y con arreglo al artículo 140, apartado 1, de dicho Reglamento, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. En estas circunstancias, el Parlamento cargará con las costas en que haya incurrido en primera instancia.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) resuelve:
1)
Anular la sentencia de Tribunal General de 10 de marzo de 2021, FI/Comisión (T‑694/19, no publicada, EU:T:2021:122).
2)
Desestimar el recurso interpuesto por FI en el asunto T‑694/19.
3)
FI cargará, además de con sus propias costas, con aquellas en que hayan incurrido el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea tanto en el asunto T‑694/19 como en los asuntos C‑313/21 P y C‑314/21 P.
4)
El Parlamento Europeo cargará con las costas en que haya incurrido en el asunto T‑694/19.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.