AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
de 21 de julio de 2025 (*)
« Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión Sistema Estructurado de Triaje SET — Causa de nulidad absoluta — Mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno »
En el asunto T‑445/24,
Josep Francesc Gómez Jiménez, con domicilio en Escaldes-Engordany (Andorra),
Maria del Roser García Núñez, con domicilio en Escaldes-Engordany,
Alba Gómez García, con domicilio en Escaldes-Engordany,
representados por el Sr. I. M. Barroso Sánchez-Lafuente, abogado,
partes recurrentes,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. D. Gája, en calidad de agente,
parte recurrida,
en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, con domicilio social en Escaldes-Engordany, representado por el Sr. P. González-Bueno Catalán de Ocón y la Sra. C. Aguilera Montáñez, abogados,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),
integrado por la Sra. A. Marcoulli, Presidenta, y el Sr. W. Valasidis (Ponente) y la Sra. L. Spangsberg Grønfeldt, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
dicta el siguiente
Auto
1        Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, los recurrentes, D. Josep Francesc Gómez Jiménez, D.ª Maria del Roser García Núñez y D.ª Alba Gómez García, solicitan la anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 21 de junio de 2024 (asunto R 170/2023‑2) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
Antecedentes del litigio
2        El 9 de junio de 2021, el coadyuvante, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, presentó ante la EUIPO una solicitud de nulidad de la marca de la Unión que había sido registrada a raíz de una solicitud presentada el 2 de julio de 2009 por los recurrentes para el signo figurativo siguiente:
3        Los productos y servicios designados por la marca controvertida para los que se solicitaba la nulidad están comprendidos en las clases 9, 41, 42 y 44 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:
–        Clase 9: «Programas de ordenadores, registrados».
–        Clase 41: «Educación; formación; cursos por correspondencia; edición de textos que no sean publicitarios; formación práctica (demostración); organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización y dirección de conferencias, seminarios y simposiums; organización y gestión de talleres de formación; publicación de libros».
–        Clase 42: «Instalación de software de ordenadores; mantenimiento de software de ordenadores; programación para ordenadores; actualización de software; elaboración de software para ordenadores; control de calidad».
–        Clase 44: «Servicios médicos; servicios hospitalarios».
4        La causa invocada en apoyo de la solicitud de nulidad era la prevista en el artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
5        El 24 de noviembre de 2022, la División de Anulación estimó la solicitud de nulidad.
6        El 23 de enero de 2023, los recurrentes interpusieron ante la EUIPO un recurso contra la resolución de la División de Anulación.
7        En la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que las marcas en conflicto eran muy similares y que los productos y servicios que designaban estaban estrechamente relacionados. Asimismo, subrayó la existencia de una relación profesional y contractual entre las partes y el conocimiento por parte del Dr. Gómez Jiménez de la marca anterior, debido, por una parte, a que ejercía, para el coadyuvante, el cargo de jefe de urgencias y se le había confiado, en ese marco, la implantación de un sistema de triaje, y, por otra parte, a que la marca anterior era fruto de la colaboración entre el coadyuvante y el Dr. Gómez Jiménez. Así pues, teniendo en cuenta también que la marca controvertida había sido registrada para programas informáticos relacionados con el triaje, sin que el Dr. Gómez Jiménez hubiera solicitado la autorización del coadyuvante a este respecto o simplemente le hubiera informado de ello, la Sala de Recurso consideró que la marca controvertida había sido registrada incumpliendo el deber de lealtad y las prácticas comerciales leales conforme a las que debe actuar el titular de la marca, por lo que se había incurrido en mala fe, en el sentido del artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001. En consecuencia, desestimó el recurso.
Pretensiones de las partes
8        Los recurrentes solicitan, en esencia, al Tribunal General que:
–        Anule la resolución impugnada.
–        Condene en costas a la EUIPO y al coadyuvante.
9        La EUIPO solicita al Tribunal General que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a los recurrentes si la EUIPO es convocada a una vista.
10      El coadyuvante solicita al Tribunal General que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a los recurrentes.
Fundamentos de Derecho
11      A tenor del artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal General podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
12      En el caso de autos, el Tribunal General se considera suficientemente informado por los documentos que obran en autos y decide, conforme a dicho artículo, resolver sin continuar el procedimiento, aun cuando una de las partes haya solicitado la celebración de una vista [véase, en este sentido, el auto de 6 de octubre de 2015, GEA Group/OAMI (engineering for a better world), T‑545/14, EU:T:2015:789, apartado 13].
Sobre la admisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal General
13      La EUIPO solicita al Tribunal General que declare inadmisibles los anexos A.6 y A.7 de la demanda, al considerar que se refieren a pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal General. Recuerda que el control de la legalidad de la resolución impugnada debe efectuarse únicamente sobre la base de las pruebas comunicadas en el procedimiento ante la Sala de Recurso, ya que el objeto del litigio no puede modificarse ante el Tribunal General.
14      Por las mismas razones, el coadyuvante solicita al Tribunal General que no tome en consideración los puntos 63 a 68 de la demanda, en los que se citan y comentan dichos anexos.
15      A este respecto, procede recordar que el objeto del recurso ante el Tribunal General consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO, en el sentido del artículo 72 del Reglamento 2017/1001, y que, en el contencioso de nulidad, la legalidad del acto impugnado debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en el momento de adoptarse el acto. Por lo tanto, la función del Tribunal General no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él [véase la sentencia de 21 de febrero de 2024, Dendiki/EUIPO — D-Market (hepsiburada), T‑172/23, no publicada, EU:T:2024:105, apartado 15 y jurisprudencia citada]. Además, la admisión de esas pruebas es contraria al artículo 188 del Reglamento de Procedimiento, según el cual los escritos de alegaciones de las partes no podrán modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso [véase la sentencia de 22 de enero de 2025, Tes Electrical Electronic/EUIPO — Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) (TES), T‑517/23, no publicada, EU:T:2025:48, apartado 14 y jurisprudencia citada].
16      Es preciso señalar, en el caso de autos, que los documentos contenidos en los anexos A.6 y A.7 de la demanda no formaban parte de las pruebas presentadas por los recurrentes durante el procedimiento ante la EUIPO y que se presentaron por primera vez ante el Tribunal General. Lo mismo sucede, por consiguiente, con las citas y comentarios de esos anexos que figuran en los apartados 63 a 68 de la demanda.
17      Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de estas pruebas.
Sobre el motivo único del recurso
18      Los recurrentes formulan, en apoyo de sus pretensiones de anulación de la resolución impugnada, un motivo único, basado en la infracción del artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001. En su opinión, la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que habían actuado de mala fe.
19      En primer lugar, alegan que, por lo que respecta al sistema de triaje, las relaciones entre uno de ellos, el Dr. Gómez Jiménez, y el coadyuvante fueron siempre mercantiles, lo que daba lugar a una remuneración en forma de cánones o derechos de autor, que, por tanto, no estaban incluidos en su nómina. A su juicio, considerar como «un todo» la relación laboral entre dicha persona y el coadyuvante no se ajusta a la realidad de los hechos. Por el contrario, debe hacerse una distinción a este respecto, puesto que el objetivo de instaurar un sistema de triaje en el servicio de urgencias, que había sido asignado al Dr. Gómez Jiménez en su condición de jefe de urgencias, debe disociarse del programa informático de triaje desarrollado a partir de la obra científica que había publicado.
20      Según los recurrentes, el Dr. Gómez Jiménez solo cedió al coadyuvante, primero, los derechos de transformación en programa informático del contenido de la obra mencionada en el apartado 19 anterior y, segundo, los derechos de explotación de ese programa informático, a cambio de un porcentaje de los beneficios que generara dicha explotación, abonado en forma de royalties. En su opinión, el coadyuvante sabía que los derechos cedidos se referían a un programa informático de triaje y no a un sistema de triaje, razón por la cual, por una parte, la marca anterior no contenía la mención «Modelo Andorrano de Triaje» que figura en el signo reproducido en dicha obra y, por otra parte, dicha marca solo fue registrada para productos de la clase 9, entre ellos los programas de ordenador.
21      En segundo lugar, los recurrentes sostienen que no deben tenerse en consideración las similitudes entre la marca anterior y la marca controvertida enumeradas en la resolución impugnada, ya que estas no han impedido la principal función de cada una de ellas desde el punto de vista jurídico, esto es, la indicación del origen empresarial.
22      En tercer lugar, alegan que la valoración global del contexto de la relación entre el Dr. Gómez Jiménez y el coadyuvante y, en particular, el conocimiento que el primero tenía de la marca anterior del segundo no llevan a concluir que los titulares de la marca controvertida actuaran de mala fe al presentar la solicitud de marca. Así, por lo que se refiere al sistema de triaje, afirman que existía entre los interesados una auténtica relación contractual mercantil en la que las funciones y los objetivos de cada una de las partes estaban perfectamente delimitados mediante la celebración de contratos mercantiles de cesión de derechos. Contrariamente a lo que indicó la Sala de Recurso, de las relaciones entre el Dr. Gómez Jiménez y el coadyuvante y, más concretamente, de los contratos suscritos entre ellos o del espíritu de dichos contratos no se desprende en modo alguno que el primero pretendiera, al presentar la solicitud de marca, «poner sus manos» sobre la marca anterior del segundo. Alegan que la mala fe de los titulares al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida no ha sido probada en ningún caso, puesto que la relación contractual entre las partes respecto al modelo andorrano de triaje, establecida inicialmente en 2003 y posteriormente renovada en 2008, no se modificó a pesar del registro de la marca controvertida en 2009.
23      En cuarto lugar, los recurrentes sostienen que el coadyuvante tampoco ha demostrado que, con posterioridad a la solicitud de registro de la marca controvertida, el Dr. Gómez Jiménez no le informara de su existencia.
24      La EUIPO y el coadyuvante rebaten las alegaciones de los recurrentes.
25      Con carácter preliminar, procede recordar que el hecho de que tanto los recurrentes como el coadyuvante sean, respectivamente, residentes y persona jurídica establecida en un país no perteneciente a la Unión Europea, a saber, el Principado de Andorra, no obsta en modo alguno a la posibilidad de que reivindiquen una marca de la Unión, incluso si se trata de una persona jurídica de Derecho público como el coadyuvante [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de enero de 2015, MEM/OAMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, apartado 30].
26      Habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro en cuestión, a saber, el 2 de julio de 2009, que es determinante para identificar el Derecho sustantivo aplicable, los hechos del presente asunto se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1) (véanse, en este sentido, el auto de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, apartados 39 y 40, y la sentencia de 23 de abril de 2020, Gugler France/Gugler y EUIPO, C‑736/18 P, no publicada, EU:C:2020:308, apartado 3 y jurisprudencia citada).
27      En consecuencia, en el presente asunto, por lo que respecta a las normas sustantivas, las referencias que hacen la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, y los recurrentes y el coadyuvante al artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 deben entenderse hechas al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
28      A tenor de esta última disposición, la nulidad de la marca de la Unión se declarará cuando, al presentar la solicitud de registro de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe. Por lo tanto, para definir el contexto de la solicitud de registro de la marca controvertida deben tomarse en consideración los hechos anteriores al 2 de julio de 2009.
29      Dicho esto, de la jurisprudencia [véase la sentencia de 23 de mayo de 2019, Holzer y Cia/EUIPO — Annco (ANN TAYLOR y AT ANN TAYLOR), T‑3/18 y T‑4/18, EU:T:2019:357, apartado 126 y jurisprudencia citada] se desprende que es posible tener en cuenta circunstancias que tuvieron lugar con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, siempre que tales circunstancias puedan ayudar a la EUIPO a determinar las intenciones del titular de esa marca en el momento de la presentación de dicha solicitud.
30      Los principios que deben aplicarse para dilucidar la existencia de mala fe del titular de una marca de la Unión son los siguientes.
31      En primer lugar, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone la presencia de una actitud o de una intención deshonesta (sentencias de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 45, y de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C‑371/18, EU:C:2020:45, apartado 74).
32      Además, el concepto de «mala fe» debe entenderse en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. A este respecto, las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia (sentencias de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 45, y de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C‑371/18, EU:C:2020:45, apartado 74).
33      Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines distintos de los que corresponden a las funciones de una marca, en particular la función esencial de indicación del origen (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 46).
34      En segundo lugar, la intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes. Por consiguiente, toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate. Solo de este modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe (véase la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 47 y jurisprudencia citada).
35      Para ello, deben tenerse en cuenta, entre otros factores, en primer término, el hecho de que el solicitante sepa, o deba saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; en segundo término, la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, y, en tercer término, el grado de protección jurídica del que gocen el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, apartado 53).
36      Pueden tenerse en cuenta otros elementos al objeto de pronunciarse sobre la eventual mala fe de un solicitante de registro al presentar la solicitud de marca [véase la sentencia de 6 de noviembre de 2024, ChiCom Marketing/EUIPO — China Faw Group (Hongqi), T‑533/23, no publicada, EU:T:2024:786, apartado 21 y jurisprudencia citada], como la existencia de relaciones contractuales directas entre las partes [véase la sentencia de 12 de julio de 2019, Café del Mar y otros/EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar) T‑772/17, no publicada, EU:T:2019:538, apartado 34 y jurisprudencia citada], sea cual fuere la naturaleza exacta de los acuerdos celebrados entre la parte recurrente y la parte coadyuvante [sentencia de 5 de octubre de 2016, Foodcare/EUIPO — Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T‑456/15, EU:T:2016:597, apartado 55].
37      Por otra parte, en el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, cabe tener asimismo en cuenta el origen del signo en cuestión y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud del registro de dicho signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación [véase la sentencia de 7 de julio de 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, apartado 32 y jurisprudencia citada].
38      En efecto, la circunstancia de que el uso de un signo cuyo registro se solicita permita al solicitante aprovecharse indebidamente del renombre de una marca o de un signo anterior puede acreditar la mala fe del solicitante (véase la sentencia de 6 de noviembre de 2024, Hongqi, T‑533/23, no publicada, EU:T:2024:786, apartado 25 y jurisprudencia citada).
39      En tercer lugar, procede recordar que incumbe al solicitante de la nulidad acreditar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca de la Unión actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de esta última, presumiéndose la buena fe salvo prueba en contrario (véase la sentencia de 6 de noviembre de 2024, Hongqi, T‑533/23, no publicada, EU:T:2024:786, apartado 26 y jurisprudencia citada).
40      Procede examinar el motivo único del recurso a la luz de las consideraciones anteriores.
Sobre la existencia de una larga relación profesional y mercantil entre uno de los recurrentes y el coadyuvante, con anterioridad a la presentación de la solicitud de marca
41      De la jurisprudencia citada en el apartado 36 anterior se desprende que la existencia de relaciones contractuales directas entre las partes es uno de los elementos que permiten apreciar la posible existencia de la mala fe del titular de la marca controvertida al presentar la solicitud de marca. Por lo tanto, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso puso de manifiesto acertadamente, como primer parámetro que contribuye a demostrar la mala fe de los titulares de la marca controvertida al presentar la solicitud de marca, la existencia, en un contexto muy específico, a saber, el medio de las urgencias hospitalarias, y circunscrito desde el punto de vista territorial, ya que se trata del Principado de Andorra, de una larga relación profesional y mercantil entre uno de los recurrentes, el Dr. Gómez Jiménez, y el coadyuvante, antes de la presentación de la solicitud de marca.
42      A este respecto, procede señalar que la Sala de Recurso recordó, en los apartados 6, 38 y 60 de la resolución impugnada, que el Dr. Gómez Jiménez había sido contratado como médico internista en 1995 por el Centro Hospitalario de Andorra, administrado por el coadyuvante, y posteriormente, el 15 de mayo de 2000, había pasado a ser jefe de urgencias de dicho Centro.
43      Mediante adenda de 1 de julio de 2000 al contrato de trabajo entre el Dr. Gómez Jiménez y el Centro Hospitalario de Andorra, se asignaron al primero una serie de objetivos, entre los que figura expresamente, como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 39 de la resolución impugnada, un proyecto para poner en marcha y después evaluar el funcionamiento de un sistema de triaje para el servicio de urgencias de dicho Centro.
44      Después de haber comenzado a ejercer estas funciones, el Dr. Gómez Jiménez publicó, en 2003, una obra titulada «Triaje estructurado de urgencias. Model Andorrà de Triatge (MAT). Bases conceptuales del programa de ayuda al triaje. PAT. Versión 3.0» (en lo sucesivo, «primera obra»).
45      Los días 13 de septiembre y 19 de diciembre de 2003, el coadyuvante y el Dr. Gómez Jiménez celebraron unos contratos para transformar el sistema de triaje en un programa informático. Esta transformación llevó al coadyuvante, el 24 de marzo de 2004, a solicitar en su nombre el registro de la marca figurativa española n.º 2587884, registrada el 10 de septiembre de 2004 por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para productos comprendidos en la clase 9, en particular programas informáticos (en lo sucesivo, «marca anterior»). Esta marca, reproducida en el apartado 42 de la resolución impugnada, se presentaba del siguiente modo:
46      En virtud de estos contratos, el Dr. Gómez Jiménez percibía inicialmente el 30 % de los beneficios de la explotación de la marca anterior y, posteriormente, el 50 % de esos beneficios en virtud de un nuevo contrato fechado el 25 de febrero de 2008.
47      Por tanto, es evidente que, el 2 de julio de 2009, cuando se presentó la solicitud de marca, uno de los titulares de la marca controvertida, el Dr. Gómez Jiménez, conocía la marca anterior, su historia, su representación, su titular y su rentabilidad, la cual había dado lugar, unos meses antes, a un aumento de sus cánones, que se sumaban a su remuneración como jefe del servicio de urgencias del Centro Hospitalario de Andorra, trabajo realizado por cuenta de la interviniente y directamente relacionado con el objeto de la marca anterior.
48      Los recurrentes objetan a este respecto, por las razones expuestas en los apartados 19, 20 y 22 anteriores, que es importante distinguir si la relación profesional entre el coadyuvante y el Dr. Gómez Jiménez se basaba en un contrato de trabajo o en un contrato mercantil, y que la relación mercantil entre dichas partes estaba claramente definida.
49      Ahora bien, tales alegaciones son inoperantes por lo que respecta a la existencia de relaciones contractuales directas entre las partes, dado que, en aplicación de la jurisprudencia recordada en el apartado 35 anterior, la naturaleza exacta de los acuerdos celebrados entre la parte recurrente y la parte coadyuvante es indiferente. En efecto, para demostrar la mala fe, basta con demostrar que el titular de la marca controvertida no podía ignorar ni la existencia de una marca anterior, ni su titular, ni su objeto.
50      Además, es evidente que, como sostiene el coadyuvante, la primera obra, cuya publicación precedió al registro de la marca anterior, es el fruto combinado de la experiencia adquirida por el Dr. Gómez Jiménez como jefe de urgencias del Centro Hospitalario de Andorra y del ejercicio de la misión que se le confió mediante adenda a su contrato de trabajo. Como tal, dicha obra nació, por tanto, de la actividad del Dr. Gómez Jiménez en virtud tanto de su relación profesional como de su relación mercantil con el coadyuvante.
Sobre la similitud de los signos que componen la marca anterior y la marca controvertida
51      La Sala de Recurso consideró, al examinar la identidad o la similitud de los signos, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 35 anterior, que los signos que componen la marca anterior y la marca controvertida eran muy similares.
52      En primer lugar, indicó que la marca controvertida incluía la expresión «Sistema Estructurado de Triaje» y su abreviatura «SET», mientras que la marca anterior contiene la mención «programa de ayuda al triaje», lo que permite constatar, en su opinión, que, aunque «en sí mismas las expresiones son muy débiles», estas marcas comparten la palabra «triaje», que constituye el elemento más relevante de estas expresiones.
53      En segundo lugar, señaló que en los signos que componen dichas marcas se aprecia la figura de un cronómetro en cuyo interior se encuentra la imagen de la estrella de seis puntas, que representan las seis principales tareas de la emergencia médica, con otro elemento gráfico idéntico en la parte izquierda de dichos signos. La Sala de Recurso indicó a este respecto que, si bien es cierto que un cronómetro es muy débil para determinados servicios hospitalarios, como los de urgencias, y que también lo es la estrella, en su conjunto el elemento figurativo presente en dichos signos es «prácticamente idéntico» (apartado 56 de la resolución impugnada).
54      Para empezar, debe refutarse la alegación de los recurrentes, expuesta en el apartado 21 anterior, según la cual no procedía tomar en consideración las similitudes entre la marca anterior y la marca controvertida. En efecto, según reiterada jurisprudencia, tal elemento es pertinente para determinar si el titular de la marca controvertida actuó de mala fe en la fecha de la solicitud de la marca (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2024, Hongqi, T‑533/23, no publicada, EU:T:2024:786, apartado 20 y jurisprudencia citada), como se ha recordado en el anterior apartado 51.
55      A continuación, es preciso suscribir el análisis de la Sala de Recurso, ya que la comparación de los signos en conflicto, reproducidos en los anteriores apartados 2 y 45, pone de manifiesto, en efecto, su carácter muy similar, tanto por la presencia común del elemento denominativo «triaje» como por la representación de un cronómetro y de una estrella estilizados. Por otra parte, contrariamente a lo que indicó la Sala de Recurso en el apartado 56 de la resolución impugnada, el cronómetro probablemente simboliza la importancia del tiempo en el tratamiento de las urgencias y, por lo tanto, no carece de relación con estas. Sin embargo, esta indicación de la Sala de Recurso carece de incidencia en la legalidad de la resolución impugnada, debido a la exactitud de la constatación relativa al carácter muy similar de los signos en conflicto.
56      Pues bien, habida cuenta del conocimiento de la marca anterior que tenía uno de los recurrentes, esta similitud no puede ser fruto del mero azar [véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de 2024, İlbay/EUIPO — Pella-eu (PELLA), T‑514/23, no publicada, EU:T:2024:727, apartado 31]. Como subraya acertadamente la EUIPO en el escrito de contestación, si los titulares de la marca controvertida hubieran querido realmente distinguirse de la marca anterior, podían perfectamente haber registrado los mismos elementos denominativos con cualquier otro gráfico o con una combinación de otras figuras, cosa que no hicieron, como subrayó la Sala de Recurso en el apartado 83 de la resolución impugnada.
Sobre los productos y servicios designados por la marca anterior y la marca controvertida
57      En la resolución impugnada, la Sala de Recurso, al examinar la identidad o la similitud de los productos y servicios, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 35 anterior, señaló que tanto la marca controvertida, por una parte, como la marca anterior, por otra, se referían a productos de la clase 9, a saber, los programas de ordenador, y que, además, era posible asumir, sobre la base de los contratos que obran en el expediente de la EUIPO, que esos programas tenían por objeto gestionar programas o protocolos de triaje en servicios de urgencias hospitalarias, de modo que también existía una conexión entre esos productos destinados al sector médico y los servicios cubiertos por la marca controvertida comprendidos en las clases 41, 42 y 44.
58      Esta apreciación de la Sala de Recurso respondía a la alegación de los recurrentes, mencionada en el apartado 52 de la resolución impugnada, de que, a diferencia de la marca anterior, que cubre principalmente un programa informático, la marca controvertida hacía referencia a un «sistema de triaje», que incluye productos y servicios de las clases 9, 41, 42 y 44. Los recurrentes reiteraron esta alegación en la demanda y afirmaron que, mediante la presentación de la solicitud de la marca controvertida, se había buscado una protección amplia, más allá de la propia de un mero programa de ordenador comprendido en la clase 9, dado que, de un sistema de triaje pueden emanar diferentes programas informáticos, así como servicios y actividades de diversa índole, que justifican en buena lógica el registro de la marca controvertida para productos y servicios comprendidos en clases distintas de la clase 9.
59      Tal alegación no resulta convincente, dado que, por una parte, es patente que tanto la marca anterior como la marca controvertida se refieren a programas de ordenador, comprendidos en la clase 9, como subrayó la Sala de Recurso en el apartado 53 de la resolución impugnada, y que, por otra parte, la Sala de Recurso también menciona expresamente, en los apartados 41 y 54 de la resolución impugnada, la conexión existente entre tales productos y los servicios de otras clases, tales como los servicios médicos, comprendidos en la clase 44, los servicios relacionados con la publicación de libros o la organización de conferencias, comprendidos en la clase 41, y los relacionados con la instalación o la actualización de software, comprendidos en la clase 42. Por lo tanto, mediante una apreciación exacta de la identidad o de la similitud de los productos y servicios designados por las marcas en conflicto, la Sala de Recurso concluyó, en el apartado 57 de la resolución impugnada, que estos guardan una estrecha vinculación.
Sobre la existencia de una intención desleal y de una ocultación por parte de uno de los titulares de la marca controvertida
60      En primer lugar, la Sala de Recurso indicó acertadamente que, habida cuenta, para empezar, de las labores de «alta responsabilidad, donde se presuponía una relación de alta confianza entre las partes» (apartado 66 de la resolución impugnada), que uno de los titulares de la marca controvertida, el Dr. Gómez Jiménez, tenía con el coadyuvante; a continuación, de la existencia de la marca anterior y del papel que el Dr. Gómez Jiménez había desempeñado en el desarrollo de esta, así como del «rédito económico» que percibía (apartado 80 de la resolución impugnada), y, por último, de la estrecha relación entre tales labores y el objeto de esta última marca (apartados 79 a 82 de la resolución impugnada), la relación tanto contractual como profesional que existía entre uno de los titulares de la marca controvertida, el Dr. Gómez Jiménez, y el coadyuvante «era lo suficientemente estrecha y duradera como para dar lugar a obligaciones mutuas y a un deber de juego limpio en relación con los intereses legítimos y las expectativas de la otra parte» (apartado 82 de la resolución impugnada). Contrariamente a lo que sostienen los recurrentes (véase el apartado 23 anterior), ningún elemento obrante en el expediente de la EUIPO permite considerar que el Dr. Gómez Jiménez haya solicitado en ningún momento al coadyuvante autorización para presentar la solicitud de registro de la marca controvertida, ni siquiera que le haya informado de ello, pese a que la marca anterior estaba registrada a nombre del coadyuvante y generaba ingresos, de los cuales la mitad correspondía contractualmente al Dr. Gómez Jiménez.
61      En segundo lugar, ha quedado acreditado que, cinco días después de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, es decir, el 7 de julio de 2009, el Dr. Gómez Jiménez inscribió, en Barcelona, en el Registro de la Propiedad Intelectual, la obra titulada «Sistema Estructurado de Triaje. Bases conceptuales del programa de ayuda al triaje (web e_PAT)» (en lo sucesivo, «segunda obra»). A este respecto, del expediente se desprende, como se subraya en el apartado 48 de la resolución impugnada, que el coadyuvante no fue informado de la existencia de la segunda obra hasta casi cuatro años después, mediante carta de 12 de marzo de 2013, y que, por otra parte, dicha carta no hacía ninguna mención a la marca controvertida, extremo que la Sala de Recurso señaló acertadamente en el apartado 74 de la resolución impugnada. A pesar de lo que afirman los recurrentes, la Sala de Recurso podía tomar en consideración tales elementos fácticos, aunque fueran posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca, dado que se inscriben en el marco de la jurisprudencia recordada en el apartado 29 anterior y confirman la intención de los titulares de la marca controvertida de ocultar al coadyuvante la propia existencia de esta última y la identidad real del beneficiario de su explotación comercial.
62      Si, como alegan los recurrentes en la argumentación resumida en los apartados 20 y 22 de la presente sentencia, el reparto de los respectivos derechos de propiedad intelectual del Dr. Gómez Jiménez y del coadyuvante hubiera quedado perfectamente definido en el plano contractual, una mera adenda a los contratos existentes destinada a tomar nota del registro de la marca controvertida habría bastado para disipar cualquier ambigüedad. Ello no hace sino reforzar el alcance de la falta de información del coadyuvante, puesta de manifiesto por la Sala de Recurso en la resolución impugnada y recordada en los anteriores apartados 60 y 61.
63      En tercer lugar, del apartado 48 de la resolución impugnada se desprende que los derechos derivados de la marca controvertida habían sido cedidos a una sociedad participada por el Dr. Gómez Jiménez, inscrita el 5 de noviembre de 2010, cuyo objeto social incluye la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre la segunda obra y sobre la marca controvertida, lo que, como señala en esencia el coadyuvante, dificultaba la identificación por parte de terceros, entre ellos el propio coadyuvante, del beneficiario real de los derechos correspondientes a la explotación de esta última marca.
64      En cuarto lugar, es preciso señalar que, a la luz del contrato firmado entre el coadyuvante y el Dr. Gómez Jiménez el 25 de febrero de 2008, en el que los beneficios que correspondían a este último en relación con la explotación del programa informático protegido por la marca anterior se incrementaban al 50 %, no cabe duda de que los titulares de la marca controvertida eran plenamente conscientes de lo que haría que dicha marca tuviera éxito y quisieron centrar la solicitud de marca en esa fuente de ingresos, a saber, el programa informático que establece un sistema de triaje, como subrayó la Sala de Recurso en el apartado 81 de la resolución impugnada. En estas circunstancias, la Sala de Recurso pudo concluir fundadamente, en los apartados 81 y 82 de la resolución impugnada, que los titulares de la marca controvertida habían deseado, con toda probabilidad, aprovecharse indebidamente de la explotación de la marca anterior al registrar una marca que presentaba una gran similitud con esta y que también se refería a programas de ordenador.
65      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al estimar, en el apartado 89 de la resolución impugnada, que estaba claro que el registro de la marca controvertida no obedecía a un comportamiento conforme a las actuaciones leales y constantes en el comercio y, por lo tanto, concluir que los titulares de dicha marca habían actuado de mala fe al presentar la solicitud de dicha marca, confirmando así la resolución de la División de Anulación que declaró la nulidad de la marca controvertida.
66      De ello se deduce que procede desestimar el motivo único y, por tanto, el recurso en su totalidad por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Costas
67      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
68      Aunque los recurrentes han visto desestimadas sus pretensiones, la EUIPO solo ha solicitado su condena en costas en caso de celebración de una vista oral. Al no haberse celebrado una vista oral, procede decidir que la EUIPO cargue con sus propias costas.
69      Al haber solicitado el coadyuvante, en cambio, que se condene en costas a los recurrentes, procede estimar esta pretensión y condenar a los recurrentes a cargar, además de con sus propias costas, con las del coadyuvante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
resuelve:
1)      Desestimar el recurso por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
2)      D. Josep Francesc Gómez Jiménez, D.ª Maria del Roser García Núñez y D.ª Alba Gómez García cargarán, además de con sus propias costas, con las del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.
3)      La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cargará con sus propias costas.
Dictado en Luxemburgo, a 21 de julio de 2025.
El Secretario
La Presidenta
V. Di Bucci
A. Marcoulli
*      Lengua de procedimiento: español.