AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 24 de marzo de 2025 (*)
« Procedimiento prejudicial — Artículos 53, apartado 2, y 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Obligación de exponer el contexto fáctico y normativo del litigio principal — Obligación de indicar las razones que justifican la necesidad de una respuesta del Tribunal de Justicia y la relación entre las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita y la normativa nacional aplicable — Falta de precisiones suficientes — Inadmisibilidad manifiesta »
En el asunto C‑443/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Audiencia Provincial de Málaga, mediante auto de 11 de junio de 2024, recibido en el Tribunal de Justicia el 19 de junio de 2024, en el procedimiento entre
Blanca
y
Cajasur Banco, S. A. U.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. A. Kumin, Presidente de Sala, y la Sra. I. Ziemele (Ponente) y el Sr. S. Gervasoni, Jueces;
Abogado General: Sr. D. Spielmann;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 53, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre D.ª Blanca y la entidad bancaria Cajasur Banco, S. A. U., en relación con la nulidad de la cláusula suelo que figura en un contrato de préstamo hipotecario.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 93/13
3        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia
4        El artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establece lo siguiente:
«Junto al texto de las preguntas formuladas al Tribunal con carácter prejudicial, la petición de decisión prejudicial contendrá:
a)      una exposición concisa del objeto del litigio y de los hechos pertinentes, según se hayan constatado por el órgano jurisdiccional remitente, o al menos una exposición de los datos fácticos en que se basan las cuestiones;
b)      el texto de las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto y, en su caso, la jurisprudencia nacional pertinente;
c)      la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.»
Derecho español
5        El artículo 487, apartado 1, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE n.º 7, de 8 de enero de 2000, p. 575), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «LEC»), tiene el siguiente tenor:
«El recurso de casación se decidirá por sentencia, salvo que, habiendo ya doctrina jurisprudencial sobre la cuestión o cuestiones planteadas, la resolución impugnada se oponga a dicha doctrina, en cuyo caso el recurso podrá decidirse mediante auto que, casando la resolución recurrida, devolverá el asunto al tribunal de su procedencia para que dicte nueva resolución de acuerdo con la doctrina jurisprudencial.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
6        Mediante escritura pública otorgada en diciembre de 2004, D.ª Blanca celebró con Cajasur Banco un contrato de préstamo hipotecario que contenía una cláusula de limitación de variación mínima del tipo de interés variable, denominada «cláusula suelo».
7        Mediante sentencia de 21 de mayo de 2019, el Juzgado de Primera Instancia n.º 18 de Málaga desestimó la demanda presentada por D.ª Blanca, en la que se solicitaba la declaración de nulidad de dicha cláusula y la condena de Cajasur Banco al pago de 11 354,75 euros, más intereses.
8        Mediante sentencia de 3 de noviembre de 2020, la Audiencia Provincial de Málaga, que es el órgano jurisdiccional remitente, desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia. Este último órgano jurisdiccional se basó en la circunstancia de que, como ya había señalado la sentencia de primera instancia, D.ª Blanca, en aquel momento asistida de letrado, había desistido de una pretensión idéntica en el marco de un procedimiento judicial distinto mediante la firma de un documento.
9        D.ª Blanca interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante el Tribunal Supremo.
10      Mediante sentencia de 10 de octubre de 2023, el Tribunal Supremo anuló la sentencia de apelación por ser contraria a su jurisprudencia y devolvió el asunto a la Audiencia Provincial de Málaga para que esta se pronunciara de nuevo, «sin poder apreciar la validez de ningún pacto que impida reclamar la nulidad [de la cláusula suelo controvertida en el litigio principal]».
11      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, por una parte, sobre la compatibilidad del artículo 487, apartado 1, de la LEC con la Directiva 93/13, en la medida en que dicho artículo obliga a los órganos jurisdiccionales inferiores a pronunciarse de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aun cuando esta sea contraria al Derecho de la Unión y, en particular, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a dicha Directiva. El órgano jurisdiccional remitente subraya, en este contexto, que, según considera que se desprende de la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), el órgano jurisdiccional nacional debe resolver en ejercicio de su propia autoridad y atendiendo únicamente a la vinculación de la interpretación que dé el Tribunal de Justicia respecto del Derecho de la Unión.
12      Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si es compatible con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 y con el artículo 47 de la Carta la interpretación del artículo 487, apartado 1, de la LEC realizada por el Tribunal Supremo, interpretación que, en el marco de una devolución de las actuaciones efectuada tras la anulación de una sentencia por el tribunal de casación, limita las pruebas que pueden tenerse en cuenta y la valoración de estas por el tribunal a quo. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente subraya que, en su sentencia de 3 de noviembre de 2020, se basó precisamente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de la sentencia de 9 de julio de 2020, Ibercaja Banco (C‑452/18, EU:C:2020:536), que, en su opinión, atribuye al juez nacional la función de comprobar el consentimiento del consumidor a la renuncia a los efectos que pudieran derivarse de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual.
13      En este contexto, la Audiencia Provincial de Málaga decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Es compatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en interpretación de los preceptos de la Directiva [93/13], un precepto como el art. 487.1 de la [LEC], en donde se recoge que el juez español está vinculado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, sin distinguir si la misma pueda o no ser consecuente con la materia e interpretación dada por el TJUE en competencias de la Unión Europea, anterior o posterior a dicha jurisprudencia?
2)      ¿Vulnera el artículo 6.1 de la Directiva [93/13] y artículo 47 de la [Carta] una interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo, que limita por dicha interpretación jurisprudencial los elementos y valoración de la prueba al tribunal que ha de resolver en la instancia vinculando la decisión del tribunal a quo a la jurisprudencia nacional que haya sobre otros asuntos similares?»
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
14      En virtud del artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, cuando una petición de decisión prejudicial sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
15      Procede aplicar esta disposición en el presente asunto.
16      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir (sentencia de 8 de junio de 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, apartado 24 y jurisprudencia citada). La justificación de la remisión prejudicial no es la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino su necesidad para la resolución efectiva de un litigio (sentencia de 9 de noviembre de 2023, Všeobecná úverová banka, C‑598/21, EU:C:2023:845, apartado 42).
17      En el marco de este procedimiento, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, corresponde en exclusiva al juez nacional comprobar y apreciar los hechos del litigio principal, así como determinar el alcance exacto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales. El Tribunal de Justicia solo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión en relación con la situación fáctica y jurídica descrita por el órgano jurisdiccional remitente, con el fin de proporcionar a este los elementos útiles para la solución del litigio que se le ha sometido (sentencia de 8 de junio de 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, apartado 25 y jurisprudencia citada).
18      Dado que la petición de decisión prejudicial sirve de fundamento a dicho procedimiento, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a hacer explícito, en la propia petición de decisión prejudicial, el marco fáctico y normativo del litigio principal y a facilitar las explicaciones necesarias sobre los motivos de la elección de las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita y sobre la relación que establece entre esas disposiciones y la normativa nacional aplicable al litigio del que conoce (sentencia de 8 de junio de 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, apartado 26 y jurisprudencia citada).
19      Estas exigencias acumulativas que hacen referencia al contenido de una resolución de remisión figuran de manera explícita en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento, que el órgano jurisdiccional remitente, en el marco de la cooperación instaurada en el artículo 267 TFUE, debe conocer y está obligado a respetar escrupulosamente (auto de 3 de julio de 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, apartado 21, y sentencia de 8 de junio de 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, apartado 27). Tales exigencias se recuerdan, además, en los apartados 13, 15 y 16 de las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO 2019, C 380, p. 1).
20      Es preciso subrayar, asimismo, que la información recogida en las resoluciones de remisión debe permitir, por una parte, que el Tribunal de Justicia dé respuestas útiles a las cuestiones prejudiciales formuladas por el tribunal nacional y, por otra parte, que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas ejerzan el derecho de presentar observaciones que les confiere el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Incumbe al Tribunal de Justicia velar por que se salvaguarde este derecho, habida cuenta de que, con arreglo a ese artículo, a las partes interesadas solo se les notifican las resoluciones de remisión (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, apartado 134 y jurisprudencia citada).
21      En el presente asunto, el auto de remisión incumple manifiestamente las exigencias expuestas en el artículo 94, letras a) a c), del Reglamento de Procedimiento.
22      Por lo que respecta, en primer lugar, a los requisitos establecidos en el artículo 94, letra a), de dicho Reglamento, procede señalar que el órgano jurisdiccional remitente expone de manera muy sucinta los hechos pertinentes que originaron el litigio principal, limitándose a describirlos a partir, esencialmente, de la presentación del contexto procesal de dicho litigio, descripción que, a falta de una explicación, con el grado de claridad y de precisión requerido, de los razonamientos en los que se basaron las resoluciones dictadas durante dicho procedimiento, no permite deducir los supuestos fácticos en los que se basan sus cuestiones prejudiciales.
23      En segundo lugar, por lo que respecta a la exigencia que figura en el artículo 94, letra b), de dicho Reglamento, procede señalar que el auto de remisión solo reproduce el tenor de una disposición de Derecho nacional, en este caso el artículo 487, apartado 1, de la LEC, que obliga al órgano jurisdiccional remitente a atenerse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero sin hacer referencia a esta jurisprudencia de manera suficientemente explícita y sin indicar los elementos necesarios para comprender el conjunto de la normativa nacional pertinente que pudiera aplicarse al litigio principal (véase, por analogía, el auto de 30 de junio de 2020, Airbnb Ireland y Airbnb Payments UK, C‑723/19, EU:C:2020:509, apartado 23 y jurisprudencia citada).
24      En tercer lugar, en cuanto al requisito mencionado en el artículo 94, letra c), del mismo Reglamento, procede señalar que, por lo que respecta a la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente no identifica las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita. En efecto, dicho órgano jurisdiccional se limita a preguntar al Tribunal de Justicia, de manera general, sobre la conformidad de una disposición nacional como el artículo 487, apartado 1, de la LEC con «la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en interpretación de los preceptos de la Directiva [93/13]», sin referirse a ninguna disposición específica de dicha Directiva.
25      Pues bien, el hecho de no identificar las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita impide no solo que el órgano jurisdiccional remitente ilustre las razones que lo han llevado a plantear esta cuestión prejudicial, sino también establecer la relación entre dichas disposiciones y las disposiciones nacionales aplicables al litigio principal, las cuales, como se ha señalado en el apartado 23 del presente auto, tampoco son objeto de referencias precisas (véase, por analogía, el auto de 30 de junio de 2020, Airbnb Ireland y Airbnb Payments UK, C‑723/19, EU:C:2020:509, apartado 31 y jurisprudencia citada).
26      A este respecto, cabe añadir que, si bien el órgano jurisdiccional remitente menciona en la petición de decisión prejudicial la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), que se refiere, en particular, a la interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, el citado órgano jurisdiccional no explica el motivo por el que la jurisprudencia del Tribunal Supremo que debería aplicar en el litigio principal en virtud del citado artículo 487, apartado 1, de la LEC podría, en su caso, ser contraria a dicha disposición de la Directiva 93/13, tal como esta ha sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de modo que esta mención no puede, por sí sola, colmar tal laguna.
27      Por lo que respecta a la segunda cuestión prejudicial, relativa, en esencia, a los requisitos para renunciar a los derechos conferidos por la Directiva 93/13, de la petición de decisión prejudicial se deduce que, según el órgano jurisdiccional remitente, a pesar de los criterios que se desprenden de la sentencia de 9 de julio de 2020, Ibercaja Banco (C‑452/18, EU:C:2020:536), en virtud de los cuales incumbe al juez nacional comprobar el consentimiento del consumidor a la renuncia a los efectos que pueden derivarse de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual, la sentencia del Tribunal Supremo dictada en casación limitó las pruebas que pueden tenerse en cuenta sobre este extremo, obligando al órgano jurisdiccional remitente a excluir de su apreciación cualquier acuerdo que impida invocar la nulidad de la cláusula suelo objeto del litigio principal.
28      No obstante, a falta de indicaciones claras que permitan comprender el alcance de esa sentencia del Tribunal Supremo y, sobre todo, las razones concretas que llevaron a este último a declarar que la sentencia recurrida ante él, que tampoco es objeto de explicaciones suficientemente detalladas, era contraria a su jurisprudencia, el auto de remisión no permite establecer la relación entre el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 y el artículo 487, apartado 1, de la LEC, también cuestionado, en esencia, en la segunda cuestión prejudicial, ni comprender las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a dudar de la interpretación de dicho artículo 6, apartado 1, de modo que resulta imposible para el Tribunal de Justicia responder de manera útil a la segunda cuestión prejudicial planteada.
29      Por otra parte, por lo que respecta al artículo 47 de la Carta, procede señalar que el órgano jurisdiccional remitente no explica ni la relación existente entre esta disposición y el artículo 487, apartado 1, de la LEC, tal como lo aplica el Tribunal Supremo, ni la naturaleza de las dudas que afirma albergar sobre la interpretación de esta disposición del Derecho de la Unión.
30      Por lo tanto, el Tribunal de Justicia no puede apreciar en qué medida es necesaria una respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas para que el órgano jurisdiccional remitente pueda dictar su resolución ni, por tanto, asegurarse de que dicha respuesta no equivaldría, en realidad, a formular opiniones consultivas sobre cuestiones meramente hipotéticas.
31      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, la presente petición de decisión prejudicial es, con arreglo al artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, manifiestamente inadmisible.
32      No obstante, procede recordar que el órgano jurisdiccional remitente conserva la facultad de plantear una nueva petición de decisión prejudicial proporcionando al Tribunal de Justicia la totalidad de los elementos que permitan a este pronunciarse (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, apartado 41 y jurisprudencia citada).
Costas
33      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
La petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Málaga mediante auto de 11 de junio de 2024 es manifiestamente inadmisible.
Dictado en Luxemburgo, a 24 de marzo de 2025.
El Secretario
El Presidente de Sala
A. Calot Escobar
A. Kumin
*      Lengua de procedimiento: español.