62023CJ0612
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 13 de febrero de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal) — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Servicio universal y derechos de los usuarios — Protección de los consumidores — Contratos celebrados entre un consumidor y una empresa que presta servicios de comunicaciones electrónicas — Simplificación del cambio de proveedor — Artículo 30, apartado 5 — Vigencia inicial — Concepto»
En el asunto C‑612/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 21 de septiembre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de octubre de 2023, en el procedimiento entre
Verbraucherzentrale Berlin eV
y
Vodafone GmbH,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. D. Gratsias (Ponente), E. Regan, J. Passer y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Verbraucherzentrale Berlin eV, por la Sra. S. Fitzner, Rechtsanwältin;
–
en nombre de Vodafone GmbH, por el Sr. C. Rohnke, Rechtsanwalt;
–
en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. O. Gariazzo, L. Malferrari y G. Meessen, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 30, apartado 5, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO 2002, L 108, p. 51), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 11) (en lo sucesivo, «Directiva servicio universal»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Verbraucherzentrale Berlin eV, una asociación de protección de los consumidores (en lo sucesivo, «asociación de protección de los consumidores»), y Vodafone GmbH, un proveedor de servicios de telecomunicaciones, incluyendo los de telefonía móvil, referido a una práctica comercial aplicada por ese proveedor a los consumidores.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva servicio universal
3
Los considerandos 2, 30 y 49 de la Directiva servicio universal eran del siguiente tenor:
«(2)
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 153 [CE], la Comunidad [Europea] debe contribuir a la protección de los consumidores.
[…]
(30)
Los contratos constituyen un importante instrumento con el que cuentan los consumidores y los usuarios para garantizar un nivel mínimo de transparencia de la información y de seguridad jurídica. […] Además de las disposiciones de la presente Directiva, son asimismo aplicables a las transacciones realizadas por los consumidores en relación con redes y servicios electrónicos los requisitos de la legislación comunitaria vigente en materia de protección de los consumidores en el ámbito de los contratos […]. En concreto, los consumidores deben gozar de un mínimo de seguridad jurídica en sus relaciones contractuales con los prestadores directos de servicios telefónicos, garantizada por el hecho de que se especifiquen en el contrato las condiciones por las que se rige, la calidad del servicio, las modalidades de resolución del contrato y cese del servicio, así como las medidas de compensación y de resolución de litigios. […]
[…]
(49)
La presente Directiva debe prever disposiciones de protección del consumidor, entre las que se incluyan la claridad en las condiciones de los contratos y la resolución de litigios, así como la transparencia de tarifas para los consumidores. […]»
4
El artículo 20 de dicha Directiva, titulado «Contratos», establecía, en su apartado 1:
«Los Estados miembros garantizarán que, al abonarse a servicios que faciliten la conexión a una red pública de comunicaciones o a los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, los consumidores, y otros usuarios finales que lo soliciten, tengan derecho a celebrar contratos con una empresa o empresas que proporcionen tal conexión o tales servicios. […]»
5
El artículo 30 de la citada Directiva, bajo el epígrafe «Simplificación del cambio de proveedor», disponía lo siguiente en su apartado 5:
«Los Estados miembros velarán por que los contratos celebrados entre consumidores y empresas que prestan servicios de comunicaciones electrónicas no tengan una vigencia inicial superior a 24 meses. Los Estados miembros garantizarán, asimismo, que las empresas ofrezcan a los usuarios la posibilidad de suscribir un contrato con una vigencia máxima de 12 meses.»
Directiva 2009/136
6
A tenor del considerando 47 de la Directiva 2009/136:
«Los consumidores deben poder tomar decisiones con conocimiento de causa y cambiar de proveedor cuando les interese, con el fin de beneficiarse plenamente del entorno competitivo. Es fundamental que puedan hacerlo sin que se lo impidan trabas jurídicas, técnicas o prácticas, en particular condiciones contractuales, procedimientos, cuotas y otros. Ello no es óbice para la imposición de períodos mínimos de contratación razonables en los contratos celebrados con los consumidores. La posibilidad de conservar el número es un factor clave que favorece las posibilidades de elección de los consumidores y la competencia efectiva en mercados competitivos de comunicaciones electrónicas, y debe implantarse lo antes posible de forma que el número vuelva a estar activo en el plazo de un día hábil y que el usuario no se quede sin servicio más de un día hábil. Las autoridades nacionales competentes podrán prescribir el proceso general de conservación de números, teniendo en cuenta las disposiciones nacionales en materia de contratos y evolución tecnológica. La experiencia en algunos Estados miembros ha demostrado que existe el riesgo de transferencia de los consumidores a otro proveedor sin que hayan dado su consentimiento. Si bien se trata de un asunto que compete principalmente a las autoridades policiales, los Estados miembros deben poder imponer, en lo que se refiere al proceso de transferencia, las medidas proporcionadas mínimas necesarias para minimizar los riesgos y garantizar que los consumidores queden protegidos durante todo el proceso de transferencia, incluidas las sanciones pertinentes, sin restar por ello atractivo al proceso para los consumidores.»
Directiva (UE) 2018/1972
7
La Directiva servicio universal fue derogada por la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas (DO 2018, L 321, p. 36). Según la tabla de correspondencias que figura en el anexo XIII de esta, el artículo 30, apartado 5, de la Directiva servicio universal se corresponde con el artículo 105, apartado 1, de la Directiva 2018/1972. Dicho artículo 105, cuyo epígrafe es «Duración y resolución del contrato», tiene el siguiente tenor:
«1.   Los Estados miembros velarán por que las condiciones y los procedimientos para la resolución del contrato no constituyan un factor disuasorio para cambiar de proveedor de servicios, y por que los contratos celebrados entre consumidores y proveedores de servicios de comunicación electrónica disponibles al público distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración y distintos de los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina no tengan un período de vigencia superior a veinticuatro meses. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones que establezcan períodos de vigencia contractual máximos más cortos.
[…]
3.   Cuando un contrato o el Derecho nacional prevea la prórroga automática de un contrato de duración determinada de servicios de comunicación electrónica distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración y distintos de los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina, el Estado miembro velará por que, tras dicha prolongación automática, los usuarios finales tengan el derecho de rescindir el contrato en cualquier momento con un preaviso máximo de un mes, tal como hayan determinado los Estados miembros, y sin contraer ningún coste excepto el de la recepción del servicio durante el período de preaviso. Antes de que el contrato se prorrogue automáticamente, los proveedores informarán a los usuarios finales de manera notoria y oportuna y en un soporte duradero de la finalización de los compromisos contractuales y los medios de rescindir el contrato. Además, y de manera simultánea, el proveedor proporcionará a los usuarios finales información sobre las mejores tarifas de sus servicios. Los proveedores facilitarán a los usuarios finales información sobre las mejores tarifas al menos una vez al año.
[…]»
8
De conformidad, respectivamente, con los artículos 124 y 125 de la referida Directiva, el plazo para transponerla a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros vencía el 21 de diciembre de 2020 y la Directiva servicio universal fue derogada con esa misma fecha.
Derecho alemán
9
A tenor del artículo 43b de la Telekommunikationsgesetz (Ley de Telecomunicaciones), de 22 de junio de 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1190), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Telecomunicaciones»):
«La vigencia inicial de un contrato entre un consumidor y un proveedor de servicios de telecomunicación disponibles al público no podrá exceder los 24 meses. […]»
10
El artículo 307 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil) establece lo siguiente:
«(1)   Las disposiciones contenidas en las condiciones generales de venta serán ineficaces cuando perjudiquen a la otra parte contratante de forma desproporcionada, en contra del principio de buena fe. El hecho de que la disposición no sea clara y comprensible también puede causar un perjuicio desproporcionado.
(2)   En caso de duda, se considerará que existe un perjuicio desproporcionado cuando una disposición:
1.
sea incompatible con las líneas fundamentales de la normativa legal de la que se aparta, o
2.
limite los derechos o las obligaciones esenciales que se derivan de la naturaleza del contrato de tal forma que ponga en peligro la consecución del fin contractual.
(3)   Los apartados 1 y 2 y los artículos 308 y 309 solo se aplicarán a disposiciones contenidas en condiciones generales de venta mediante las que se pacten reglas que se aparten de disposiciones legales o reglamentarias o que las complementen. Cualquier otra disposición podrá ser ineficaz en virtud del apartado 1, segunda frase, en relación con el apartado 1, primera frase.»
11
A tenor del artículo 309 del Código Civil:
«Incluso cuando esté permitido apartarse de disposiciones legales o reglamentarias, carecerán de efecto las [siguientes] disposiciones contenidas en las condiciones generales:
[…]
9.
tratándose de relaciones contractuales cuyo objeto sea el suministro regular de bienes o la prestación regular de servicios o de trabajo por el usuario,
a)
la duración contractual que vincule a la otra parte contratante durante más de dos años,
b)
la renovación tácita de la relación contractual que obligue a la otra parte contratante, salvo que esa relación se renueve por un plazo indeterminado y que a la otra parte contratante se le reconozca el derecho a rescindir en cualquier momento el contrato renovado con un preaviso máximo de un mes,
[…]».
Litigio principal y cuestión prejudicial
12
La asociación de protección de los consumidores ejercitó una acción de cesación ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) contra Vodafone basada en que esta supuestamente había infringido la normativa nacional en materia de protección de los consumidores en perjuicio de clientes existentes, como los clientes n.os 1 y 2 que se mencionan en la petición de decisión prejudicial.
13
Cada uno de estos clientes había celebrado con Vodafone un primer contrato con una vigencia determinada. Durante el año 2018, antes de que vencieran sus contratos, cada uno de los dos clientes quiso cambiar su modalidad de abono para acceder, mediante una tarificación mensual más alta, a la compra de un nuevo teléfono móvil a precio reducido.
14
A tal fin, el cliente n.o 1 firmó un acuerdo adicional a su primer contrato en el que se indicaba que se trataba de un «nuevo contrato», celebrado «antes de expirar el período mínimo de contratación» y que comenzaría a correr un período de vigencia de veinticuatro meses a partir del primer día siguiente a la expiración del período de vigencia del primer contrato. Este cliente recibió inmediatamente el teléfono móvil acordado y Vodafone aplicó inmediatamente la nueva tarifa contemplada en ese acuerdo adicional.
15
Por su parte, el cliente n.o 2 firmó un documento titulado «Prórroga del contrato» en el que se fijaba un período de vigencia de veintiséis meses. Sobre este particular, Vodafone indicó a ese cliente que la duración residual del primer contrato que había firmado y que aún no había transcurrido debía añadirse al período mínimo de contratación de veinticuatro meses.
16
En apoyo de su acción de cesación, la asociación de protección de los consumidores adujo que, como consecuencia de la práctica comercial que se describe en los apartados 14 y 15 de la presente sentencia, los clientes quedaron vinculados por un período superior a veinticuatro meses, en contra de lo dispuesto en el artículo 43b, primera frase, de la Ley de Telecomunicaciones y, en cualquier caso, en contra del artículo 309, punto 9, letra a), del Código Civil. Vodafone replicó que esta práctica comercial afectaba exclusivamente a prórrogas de contratos pactados de mutuo acuerdo y a las que no se aplican las citadas disposiciones.
17
El Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) estimó parcialmente esta acción al declarar que, a pesar de que la práctica comercial impugnada no era contraria a las disposiciones antes mencionadas, ya que estas se refieren únicamente a la duración de los primeros contratos y no a la de los contratos subsiguientes, como los que resultan de la firma del acuerdo adicional y del documento mencionados respectivamente en los apartados 14 y 15 de la presente sentencia, los acuerdos celebrados con los clientes n.os 1 y 2 incluían, no obstante, condiciones generales que infringían el artículo 307 del Código Civil.
18
Cada una de las partes en el litigio principal interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente. Este órgano jurisdiccional estimó el recurso de apelación de la asociación de protección de los consumidores y desestimó el de Vodafone, basándose en que la práctica comercial objeto de la acción de cesación era efectivamente contraria a las mencionadas disposiciones nacionales, interpretadas a la luz del Derecho de la Unión.
19
Esta sentencia fue anulada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), que devolvió el asunto al órgano jurisdiccional remitente al considerar que existían elementos fácticos del litigio que no habían sido acreditados con suficiente precisión.
20
El órgano jurisdiccional remitente, que conoce de nuevo de este litigio, considera que el acuerdo adicional y el documento respectivamente firmados por los clientes n.o 1 y n.o 2 debían entrar en vigor y cumplirse desde la fecha de su firma.
21
Ahora bien, dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre la interpretación del concepto de «vigencia inicial» que figura en el artículo 43b, primera frase, de la Ley de Telecomunicaciones, cuyo alcance es controvertido en Alemania.
22
Según un primer punto de vista, este concepto se refiere únicamente a los primeros contratos celebrados entre un cliente y un prestador de servicios de comunicaciones. Por lo tanto, la limitación temporal que establece el artículo 30, apartado 5, de la Directiva servicio universal no se aplica, siguiendo este punto de vista, a las prórrogas de esos contratos, sean estas tácitas o resultantes de un nuevo acuerdo celebrado entre las mismas partes e independientemente de si tales prórrogas implican modificaciones de las condiciones contractuales.
23
De acuerdo a un segundo punto de vista, defendido por el órgano jurisdiccional remitente, por «vigencia inicial» debe entenderse cualquier vigencia, habida cuenta de que el consumidor debe tener, en todo caso, la posibilidad de poner fin al contrato al expirar el período contractual máximo de veinticuatro meses al que se refiere la Directiva servicio universal. A este respecto, en primer término, la citada interpretación es, a su entender, coherente con el objetivo mencionado en el considerando 47 de la Directiva 2009/136, que estriba en reconocer al consumidor la posibilidad de poner fin a un contrato una vez venza un período mínimo de contratación razonable, «con el fin de beneficiarse plenamente del entorno competitivo». En segundo término, una interpretación del concepto de «vigencia inicial» como la señalada en el apartado 22 de la presente sentencia implica que no existen prescripciones claras sobre la duración de los contratos subsiguientes celebrados entre las partes de los primeros contratos. En tercer término, esta última interpretación establece, a su juicio, una distinción entre la mera prórroga de un contrato y la celebración de un nuevo contrato que implique la resolución del contrato anterior, lo que hace depender la aplicación de la Directiva servicio universal de conceptos nacionales.
24
Según el órgano jurisdiccional remitente, la omisión, en el artículo 105, apartado 1, de la Directiva 2018/1972, de la palabra «inicial» que figura en el artículo 30, apartado 5, de la Directiva servicio universal se explica por el hecho de que la cuestión de las prórrogas automáticas de los contratos de duración determinada se rige actualmente por el artículo 105, apartado 3, de la Directiva mencionada en primer lugar.
25
En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿La expresión “vigencia inicial” [en el sentido del artículo 30, apartado 5, de la Directiva servicio universal] se refiere únicamente a la duración estipulada del primer contrato o también a una posible prórroga contractual basada en una declaración de voluntad expresa, celebrada tiempo antes de expirar el primer contrato y efectivamente ejecutada, si el contrato prorrogado tiene por objeto prestaciones diferentes respecto al primer contrato, tanto por parte del empresario como del cliente?»
Sobre la cuestión prejudicial
26
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 30, apartado 5, de la Directiva servicio universal debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «vigencia inicial» que figura en dicha disposición se refiere tanto a la duración del primer contrato celebrado entre un consumidor y un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas como a la de un contrato subsiguiente celebrado entre las mismas partes, de modo que ese contrato subsiguiente no puede imponer una vigencia superior a veinticuatro meses, ni siquiera cuando haya sido firmado y se haya iniciado su cumplimiento antes del vencimiento del primer contrato.
27
Con carácter preliminar, ha de señalarse que el órgano jurisdiccional remitente considera que la Directiva servicio universal, actualmente derogada y sustituida por la Directiva 2018/1972, es aplicable ratione temporis al litigio principal. A este respecto, indica, en particular, que, de conformidad con el Derecho nacional aplicable a este litigio, una acción como la ejercitada por la parte demandante en el litigio principal solo puede estimarse si la práctica comercial controvertida era ilegal en el momento en que se produjeron los hechos que motivaron esa acción. Pues bien, en el presente asunto, esos hechos tuvieron lugar, según afirma, antes de la entrada en vigor de la Directiva 2018/1972, de modo que la práctica comercial controvertida en el litigio principal debe ser apreciada a la luz de la Directiva servicio universal.
28
A estos efectos, basta con recordar que corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales nacionales definir el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantean [auto de 25 de marzo de 2022, IP y otros (Determinación de la realidad de los hechos del litigio principal), C‑609/21, EU:C:2022:232, apartado 21 y jurisprudencia citada]. Por lo que se refiere a la interpretación de las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional, el Tribunal de Justicia debe, en principio, basarse en las calificaciones que resultan de la resolución de remisión. En efecto, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar el Derecho interno de un Estado miembro (sentencia de 5 de diciembre de 2023, Deutsche Wohnen, C‑807/21, EU:C:2023:950, apartado 36 y jurisprudencia citada).
29
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, es preciso interpretar el artículo 30, apartado 5, de la Directiva servicio universal.
30
A este respecto, en lo que atañe, en primer lugar, al tenor de esta disposición, debe señalarse que de sus versiones en español, alemán, griego, inglés y francés cabe deducir que el adjetivo «inicial», aplicado a una palabra en femenino, no pretende calificar los «contratos» o el compromiso, sino la «vigencia», lo que significa que la voluntad del legislador de la Unión no fue la de establecer una distinción entre los primeros contratos y los contratos subsiguientes celebrados entre las mismas partes. Así y todo, otras versiones lingüísticas de esta disposición, como es el caso de la de la lengua italiana y la portuguesa, pueden interpretarse en el sentido de que buscan imponer un requisito de vigencia máxima no superior a los veinticuatro meses únicamente al «compromiso inicial», a saber, en esencia, el primer contrato firmado por las partes de que se trate.
31
Pues bien, de reiterada jurisprudencia se desprende que las disposiciones del Derecho de la Unión deben interpretarse y aplicarse de manera uniforme, a la luz de las versiones establecidas en todas las lenguas de la Unión, y, en caso de divergencia entre estas distintas versiones, la disposición de que se trate debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en la que se integra (sentencia de 17 de enero de 2023, España/Comisión, C‑632/20 P, EU:C:2023:28, apartado 42 y jurisprudencia citada).
32
Sobre este particular, debe señalarse, en segundo lugar, que una interpretación del artículo 30, apartado 5, de la Directiva servicio universal según la cual no puede haber distinción entre el primer contrato y el contrato subsiguiente celebrado entre las mismas partes es conforme con el objetivo de la referida Directiva.
33
Efectivamente, como se desprende del propio título del artículo 30 de la Directiva servicio universal y del considerando 47 de la Directiva 2019/136, el principal objetivo del referido artículo 30 es facilitar que los consumidores, con conocimiento de causa, cambien de proveedor cuando redunde en su interés, con el fin de que esos consumidores puedan beneficiarse plenamente del entorno competitivo. Pues bien, interpretar el citado artículo 30 en el sentido de que la expresión «vigencia inicial» solo se refiere a la de los primeros contratos celebrados entre las partes de que se trate y no a la de los contratos subsiguientes celebrados entre las mismas partes tendría la consecuencia de hacer más difícil —potencialmente durante un largo período— que esos consumidores cambiaran de proveedor y, de este modo, en su caso, les privaría de la posibilidad de beneficiarse plenamente del juego de la competencia en ese ámbito concreto.
34
En particular, por un lado, pese a que ciertamente cabe considerar que, al decidir comprometerse de nuevo con el mismo prestador, el consumidor da muestras de confianza en aquel, esto no debería, sin embargo, a la luz del referido objetivo, tener la consecuencia de impedir que ese consumidor cambie de prestador si se le presenta una oferta más interesante.
35
Por otro lado, de los considerandos 2 y 30 de la Directiva servicio universal se desprende, en esencia, que la protección de los consumidores es uno de los objetivos perseguidos por tal Directiva. Pues bien, aunque es cierto que, cuando decide comprometerse de nuevo con el mismo prestador tras acabar un primer período contractual, el consumidor tiene cierta experiencia en las prácticas comerciales de su contraparte contractual, no es menos cierto que esa experiencia puede resultar no pertinente si el nuevo compromiso asumido implica, para ambas partes, prestaciones de naturaleza diferente a las que fueron objeto del primer contrato. De este modo, el nivel de protección del que debe disfrutar el consumidor no puede ser menos elevado cuando consiente modificar un contrato que le vincula a un prestador que cuando, por primera vez, se compromete mediante tal contrato con un nuevo prestador.
36
Así sucede, a fortiori, en una situación, como la que concurre en el litigio principal, en la que el contrato subsiguiente celebrado entre las partes de que se trata incluye modificaciones de las cláusulas esenciales con respecto del primer contrato que esas partes celebraron, como las referidas a la tarificación, al contenido o a la naturaleza de las prestaciones en cuestión.
37
Es cierto que, como se desprende del considerando 47 de la Directiva 2009/136, la eliminación de cualquier traba jurídica, técnica o práctica que pueda dificultar que los consumidores cambien de proveedor no llega al extremo de impedir la imposición de períodos mínimos de contratación razonables en los contratos celebrados con aquellos. Sin embargo, una interpretación del artículo 30, apartado 5, de la Directiva servicio universal que permita a un prestador imponer, en relación con un nuevo compromiso contraído con uno de sus abonados, una vigencia más larga que la vigencia máxima que establece aquella disposición no puede considerarse conforme con los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión, que fijó, mediante la referida disposición, una limitación temporal que no se debe sobrepasar.
38
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 30, apartado 5, de la Directiva servicio universal debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «vigencia inicial» que figura en dicha disposición se refiere tanto a la duración del primer contrato celebrado entre un consumidor y un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas como a la de un contrato subsiguiente celebrado entre las mismas partes, de modo que ese contrato subsiguiente no puede imponer una vigencia superior a veinticuatro meses, ni siquiera cuando haya sido firmado y se haya iniciado su cumplimiento antes del vencimiento del primer contrato.
Costas
39
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
El artículo 30, apartado 5, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,
debe interpretarse en el sentido de que
el concepto de «vigencia inicial» que figura en dicha disposición se refiere tanto a la duración del primer contrato celebrado entre un consumidor y un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas como a la de un contrato subsiguiente celebrado entre las mismas partes, de modo que ese contrato subsiguiente no puede imponer una vigencia superior a veinticuatro meses, ni siquiera cuando haya sido firmado y se haya iniciado su cumplimiento antes del vencimiento del primer contrato.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.