62021TJ0702_RES
Asunto T‑702/21
Ekobulkos EOOD
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 21 de diciembre de 2022
«Ayudas de Estado — Producción de electricidad a partir de fuentes renovables — Denuncia — Recurso por omisión — Requerimiento para actuar — Admisibilidad — Obligación de actuar — Inexistencia»
Recurso por omisión — Personas físicas o jurídicas — Requisitos de admisibilidad — Requerimiento previo de actuación — Requisito formal esencial — Alcance
(Art. 265 TFUE, párr. 2)
(véase el apartado 17)
Recurso por omisión — Requisitos de admisibilidad — Regularidad del procedimiento administrativo previo — Requerimiento de la institución — Delimitación del marco del litigio — Divergencia entre el requerimiento para actuar y la demanda — Apreciación
(Art. 265 TFUE, párr. 2)
(véanse los apartados 19 a 24)
Recurso por omisión — Obligación de actuar que recae sobre la Comisión — Obligación de examinar la información relativa a una ayuda supuestamente ilegal — Obligación de informar a la parte interesada en caso de motivación insuficiente o de adoptar una decisión al término de la fase previa de examen — Omisión
[Art. 265 TFUE; Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, arts. 4, 12, ap. 1, párr. 2, 15, ap. 1, y 24, ap. 2, párr. 2]
(véanse los apartados 27 a 30)
Ayudas concedidas por los Estados — Examen de las denuncias — Obligaciones de la Comisión — Información relativa a una medida de ayuda supuestamente ilegal ya tenida en cuenta en el marco de una decisión de no formular objeciones — Obligación de examen — Inexistencia — Información que no revela una aplicación errónea de la medida autorizada ni la concesión de una nueva ayuda — Obligación de adoptar una decisión al término de la fase previa de examen — Inexistencia
[Arts. 107 TFUE, 108 TFUE y 265 TFUE, párr. 2; Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, arts. 4, 12, ap. 1, párr. 2, 15, ap. 1, y 24, ap. 2, párr. 2]
(véanse los apartados 34 a 39)
Recurso por omisión — Personas físicas o jurídicas — Omisiones recurribles — Falta de examen en tiempo oportuno de una denuncia relativa a una ayuda supuestamente ilegal — Inexistencia de omisión en relación con el plazo de tratamiento que debe deducirse de la inexistencia de obligación de actuar
[Art. 265 TFUE; Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, arts. 12, ap. 1, párr. 2, y 24, ap. 2]
(véase el apartado 40)
Resumen
La sociedad Ekobulkos EOOD es un productor de electricidad búlgaro que explota una central fotovoltaica que se puso en funcionamiento el 19 de mayo de 2012.
Mediante Decisión de 4 de agosto de 2016, (
1
) la Comisión Europea consideró que el régimen búlgaro de ayuda a la producción de energía procedente de fuentes renovables, notificado por las autoridades búlgaras, (
2
) era compatible con el mercado interior, de conformidad con el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), y decidió no formular objeciones.
El régimen así aprobado fijaba, en particular, las condiciones en las que los productores de electricidad a partir de fuentes renovables podían beneficiarse de precios de compra preferentes. Estas condiciones fueron modificadas en 2015, en particular, mediante la introducción de normas que impiden la acumulación (
3
) (en lo sucesivo, «medida controvertida»). Más concretamente, para eliminar cualquier riesgo de compensación excesiva, dichas normas imponían, al determinar el nivel de ayuda, la reducción —en la medida en que fuera necesario— del precio de compra preferente mediante deducción del importe de las ayudas a la inversión recibidas en virtud de solicitudes presentadas antes del 3 de mayo de 2011, fecha de entrada en vigor de la Ley que estableció el sistema en cuestión.
El 21 de febrero de 2020, Ekobulkos presentó una denuncia ante la Comisión, en la que sostenía que la República de Bulgaria había otorgado a algunos productores de electricidad a partir de fuentes renovables una ayuda de Estado ilegal e incompatible con el mercado interior, al concederles el beneficio de precios preferentes de compra exentos de cualquier reducción en virtud de la medida controvertida. En apoyo de sus alegaciones, Ekobulkos alegaba, más concretamente, que la medida controvertida daba lugar a que, al determinar los precios preferentes de compra, se estableciera un nivel variable de ayuda en función de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda. En estas circunstancias, tal medida provocaba una ruptura de la igualdad entre los productores de energía afectados, que, según la demandante, tenía un carácter discriminatorio.
Mediante escrito de 7 de octubre de 2020, la Comisión le respondió indicando, por una parte, que la medida controvertida ya se había sometido a su examen, en el contexto del procedimiento que condujo a la adopción de la Decisión favorable de 2016, y se basó, a este respecto, en diferentes elementos de análisis expuestos en la motivación de dicha Decisión. En estas circunstancias, consideraba que ya había aprobado las modificaciones introducidas en 2015, incluida, en particular, la medida controvertida. Por otra parte, la Comisión indicaba que, según la información facilitada en la denuncia, no había observado ninguna aplicación errónea de la medida autorizada, ni nuevas medidas que pudieran constituir una ayuda de Estado. En consecuencia, instó a Ekobulkos a que le comunicara, si lo deseaba, elementos útiles adicionales y de no hacerlo, se consideraría retirada su denuncia.
Mediante escrito de 7 de noviembre de 2020, así como mediante un último escrito de 22 de junio de 2021, Ekobulkos reiteró su análisis, manteniendo así sus alegaciones. En el último escrito mencionado, presentado como un requerimiento para actuar en el sentido del artículo 265 TFUE, párrafo segundo, Ekobulkos solicitó, además, a la Comisión que hiciera uso de las prerrogativas de que dispone en virtud del Reglamento 2015/1589 (
4
) para ordenar la suspensión de la aplicación de las disposiciones controvertidas hasta que se pronunciara definitivamente sobre su compatibilidad con el mercado interior.
En este contexto, Ekobulkos interpuso ante el Tribunal General, el 30 de octubre de 2021, un recurso por omisión con objeto de que se declarara que la Comisión se abstuvo ilegalmente de pronunciarse sobre su denuncia.
En su sentencia de 21 de diciembre de 2022, el Tribunal General desestima dicho recurso por infundado.
Esta sentencia reviste un doble interés. En efecto, por una parte, ofrece al Tribunal General la ocasión de examinar la cuestión de la admisibilidad de un recurso por omisión, desde el punto de vista de la delimitación del marco del recurso mediante el requerimiento para actuar, en el supuesto de una divergencia, al menos formal, entre el objeto de dicho requerimiento y el recurso por omisión. Por otra parte, en cuanto al fondo, es también la ocasión, para que el Tribunal General precise en qué circunstancias la Comisión no está obligada a pronunciarse sobre una denuncia relativa a una supuesta medida de ayuda de Estado de la que conoce, en particular, en el supuesto de que considere que ya se vio obligada a examinar la medida en cuestión en una decisión anterior.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, el Tribunal General examina una causa de inadmisión planteada por la Comisión basada en la violación de un requisito formal esencial. En efecto, según la Comisión, el escrito de 22 de junio de 2021 no puede ser considerado como un requerimiento para actuar, en el sentido del artículo 265 TFUE, párrafo segundo, habida cuenta de la divergencia, desde el punto de vista de su respectivo fundamento jurídico, entre lo solicitado en aquella ocasión y el recurso por omisión.
A este respecto, el Tribunal recuerda de entrada que el requerimiento para actuar previsto en el artículo 265 TFUE, párrafo segundo, tiene por efecto delimitar el marco del recurso que puede interponerse en el supuesto de que la institución de que se trate se abstuviera de pronunciarse al respecto en un plazo de dos meses. En estas circunstancias, la jurisprudencia reiterada determina que el requerimiento exigido a este respecto haya sido redactado de manera suficientemente explícita y precisa para permitir a la institución en cuestión comprender, concretamente, el objeto y la necesidad de un pronunciamiento al respecto.
En el caso de autos, tras haber dado cuenta a la Comisión de la divergencia que se alegaba, el Tribunal General se niega, no obstante, a admitir, habida cuenta de estos principios jurisprudenciales, que esta divergencia deba dar lugar a la inadmisibilidad del recurso. En estas circunstancias, el Tribunal General continúa su examen mediante un análisis del fondo, a la luz de los criterios pertinentes anteriormente recordados, del escrito de 22 de junio de 2021, a la vista de todos los elementos expuestos por la demandante durante el procedimiento administrativo. Pues bien, este examen le lleva a declarar que, desde la presentación de la denuncia, Ekobulkos nunca había variado su pretensión principal, que tenía por objeto, en el caso de autos, obtener una decisión sobre la compatibilidad, con arreglo al Derecho en materia de ayudas de Estado, de la medida controvertida y que era, por otra parte, suficientemente explícita y precisa en el sentido de la jurisprudencia antes citada. Lo mismo cabe decir respecto al escrito de 22 de junio de 2021, pese a la petición formalmente diferente recogida en su pretensión, por lo que debe considerarse que equivale a un requerimiento para actuar. En estas circunstancias, el Tribunal General considera que debe declararse la admisibilidad del recurso.
A continuación, en lo que respecta a la fundamentación del recurso por omisión, el Tribunal General recuerda que solo puede pronunciarse al respecto después de haber comprobado si, en el momento en que se dirigió a la institución en cuestión un requerimiento para actuar, esta tenía efectivamente la obligación de actuar.
En el caso de autos, en materia de ayudas de Estado, las obligaciones que incumben a la Comisión, en particular a efectos del examen de una medida que puede constituir una ayuda de Estado, se rigen por el Reglamento 2015/1589. Más concretamente, el artículo 15, apartado 1, de dicho Reglamento establece que el examen de la presunta ayuda ilegal deberá terminar con una decisión formal. (
5
) De este modo, la obligación de actuar contemplada solo recae sobre la Comisión cuando ha procedido a un examen de la medida controvertida, debiendo precisarse, no obstante, que la Comisión no está obligada a hacerlo cuando, a raíz de la presentación de una denuncia, no ha conseguido obtener elementos suficientes para su examen. (
6
)
A este respecto, en un primer momento, el Tribunal General observa que, en su Decisión de compatibilidad de 2016, la Comisión tuvo en cuenta las modificaciones legislativas introducidas en 2015, incluida la medida controvertida, como se desprende de la motivación de dicha Decisión. Por consiguiente, la Comisión indicó con acierto a la demandante que ya se había pronunciado sobre la medida controvertida. Pues bien, ninguna disposición del Reglamento 2015/1589 obligaba a la Comisión a adoptar una nueva decisión en cuanto a la compatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado interior sobre la que ya se había pronunciado, como subraya el Tribunal General, antes de añadir que, de no ser así, cualquier parte interesada podría poner en cuestión los análisis de compatibilidad, incluso tras la expiración del plazo para interponer un recurso de anulación.
En un segundo momento, en la medida en que la Comisión haya estimado, por otra parte, que, sobre la base de la denuncia, no era posible identificar una aplicación errónea de la medida controvertida ni establecer una nueva medida distinta de la ya examinada, el Tribunal General declara que Ekobulkos no ha demostrado en modo alguno en qué es errónea esta apreciación.
De todo lo anterior se desprende que la Comisión no estaba sujeta a ninguna obligación de actuar en el momento en que se la requirió para que actuara. Al no existir obligación de actuar, la demandante tampoco puede invocar eficazmente la duración supuestamente excesiva del procedimiento de examen de su denuncia.
En conclusión, dado que no puede reprocharse ninguna omisión a la Comisión, en el caso de autos el Tribunal General considera que debe desestimarse el recurso.
(
1
)	Decisión C(2016) 5205 final, de 4 de agosto de 2016, en el asunto SA 44840 (2016/NN).
(
2
)	Tal como fue notificado, dicho régimen estaba formado por la Zakon za energiata ot vazobnovyaemi iztochnitsi (ZEVI) (Ley sobre la Energía Procedente de Fuentes Renovables), en vigor desde el 3 de mayo de 2011 (DV n.o 35, de 3 de mayo de 2011), así como por sendos Decretos, de 18 de marzo de 2013, sobre el Régimen de los Precios de la Electricidad, y de 20 de febrero de 2004, sobre la Regulación de los Precios de la Electricidad.
(
3
)	Se trata, en el caso de autos, del artículo 18 de la Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za energetikata (ZID-ZE) (Ley por la que se modifica y completa la Ley sobre la Energía), de 24 de julio de 2015 (DV n.o 56, de 24 de julio de 2015).
(
4
)	Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE] (DO 2015, L 248, p. 9). La solicitud se refería, en el caso de autos, al artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento.
(
5
)	A tenor del artículo 4, apartados 2, 3 y 4, del Reglamento 2015/1589, al que remite el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2015/1589, tal decisión tiene por objeto declarar, bien que la medida controvertida no constituye una ayuda, bien que la medida es compatible con el mercado interior, o bien, por el contrario, que procede incoar el procedimiento de investigación formal, habida cuenta de las dudas que plantea.
(
6
)	Artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2015/1589, al que se remite el artículo 12, apartado 1, párrafo segundo, del mismo Reglamento.