62021CC0202
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 28 de abril de 2022 (
1
)
Asunto C‑202/21 P
ABLV Bank AS, en liquidación
contra
Junta Única de Resolución (JUR)
«Recurso de casación — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Reglamento (UE) n.o 806/2014 (Reglamento MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Aportaciones ex ante de una entidad de crédito al FUR durante el período inicial — Revocación de la autorización de una entidad de crédito durante el año de aportación — Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión — Denegación del reembolso proporcional de las aportaciones ex ante — Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del Consejo»
I. Introducción
1.
Para alcanzar uno de los objetivos de la Unión bancaria (evitar más rescates de bancos a costa de los contribuyentes), aparte de la participación de los inversores en las pérdidas en caso de inviabilidad de un banco, son necesarios mecanismos de financiación alternativos que permitan, en su caso, llevar a cabo una resolución ordenada. (
2
)
2.
Por este motivo, el 1 de enero de 2016, por medio del Reglamento MUR, (
3
) se creó un Fondo Único de Resolución (FUR) que financiase los procesos de resolución y cuyos fondos procediesen del propio sector bancario de los Estados miembros integrados en la Unión bancaria. (
4
) Paralelamente, desde el 1 de enero de 2015, la Directiva 2014/59 obliga a todos los Estados miembros a instituir mecanismos nacionales de financiación con análogos objetivos y financiación. (
5
)
3.
Garantizar una financiación efectiva y suficiente del Fondo es de vital importancia para la credibilidad del MUR. (
6
) En opinión del legislador, para ello es preciso acumular tantos fondos que, al menos, equivalgan al 1 % del importe de los depósitos con cobertura (
7
) de todas las entidades de crédito autorizadas en los Estados miembros participantes (nivel fijado como objetivo). Sin embargo, una suma de tal calibre (estimada entre 55000 y 70000 millones de euros) no la puede aportar el sector bancario de un día para otro. Por este motivo, se dispuso que durante un período inicial de ocho años (de 2016 a 2023) se fuese dotando progresivamente el fondo con las aportaciones ex ante de los bancos, de manera que el nivel fijado como objetivo no se alcanzará totalmente hasta 2024.
4.
En concreto, a lo largo de dicho período, cada año se recauda una octava parte del nivel fijado como objetivo (estimado) para el FUR en 2024. En concreto, lo aportarán los bancos, que el 1 de enero de cada año de aportación estén autorizados en los Estados miembros participantes, determinándose su contribución individual en función del tamaño y el perfil de riesgo.
5.
Además, para que el FUR tuviera capacidad de actuación desde el principio, las aportaciones que en 2015 (es decir, antes de la entrada en vigor del Reglamento MUR) hicieron los Estados miembros de la Unión bancaria con el único fundamento de la Directiva 2014/59 se transfirieron al FUR el 31 de enero de 2016 como «capital inicial». Estas contribuciones se compensan a lo largo del período inicial con las contribuciones ex ante de los bancos al FUR: (
8
) cada año, una octava parte de la contribución de 2015 se deduce del importe calculado de la contribución ex ante correspondiente a ese año.
6.
Durante el año 2018, el Banco Central Europeo (BCE) revocó a la demandante en primera instancia y recurrente en el presente procedimiento su autorización como entidad de crédito. En ese momento, ya había efectuado sus aportaciones ex ante al FUR correspondientes a 2018. Por lo tanto, la recurrente en casación considera que debe serle reembolsada la parte proporcional de dicha suma, así como la parte de su contribución de 2015 que no haya sido ya compensada con contribuciones futuras. En última instancia, sus pretensiones no prosperaron ante el Tribunal General.
7.
Si bien el Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado sobre distintos aspectos de la recaudación de las contribuciones ex ante al FUR, (
9
) para la resolución del presente recurso de casación, es necesario aclarar con mayor precisión el funcionamiento del sistema de contribuciones ex ante para la constitución del FUR y, con ello, la naturaleza de estas contribuciones.
II. Marco jurídico
A. Acuerdo sobre la transferencia y mutualización de las aportaciones al FUR
8.
El Acuerdo intergubernamental sobre la transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo Único de Resolución (en lo sucesivo, «Acuerdo intergubernamental», de «Intergovernmental Agreement») de 14 de mayo de 2014, en sus considerandos, presenta, en extracto, el siguiente tenor:
«(7)
El Reglamento MUR establece, en particular, el Fondo, así como las modalidades para su utilización. La [Directiva 2014/59] y el Reglamento MUR establecen los criterios generales para determinar la fijación y el cálculo de las aportaciones […] necesarias para la financiación del Fondo, así como la obligación de los Estados miembros de recaudarlas a escala nacional. No obstante, los Estados miembros participantes que recaudan las aportaciones de las entidades situadas en sus territorios respectivos con arreglo a la [Directiva 2014/59] y al Reglamento MUR conservan su competencia para transferir dichas aportaciones al Fondo. La obligación de transferir al Fondo las aportaciones recaudadas en el plano nacional no se deriva del Derecho de la Unión. Tal obligación quedará establecida en virtud del presente Acuerdo, que dispone las condiciones en que las Partes Contratantes, de conformidad con sus respectivas exigencias constitucionales, acuerdan conjuntamente la transferencia al Fondo de las aportaciones que recauden en el plano nacional.
[…]
(12)
Las disposiciones legales y reglamentarias nacionales por las que se aplica la [Directiva 2014/59] […] comienzan a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015. Las disposiciones relativas al establecimiento del Fondo al amparo del Reglamento MUR serán aplicables, en principio, a partir del 1 de enero de 2016. En consecuencia, hasta la fecha en que sea de aplicación el Reglamento MUR, las Partes Contratantes recaudarán aportaciones destinadas específicamente al mecanismo financiero de resolución nacional que han de establecer; a partir de la mencionada fecha, comenzarán a recaudar las aportaciones destinadas específicamente al Fondo. A fin de reforzar la capacidad financiera del Fondo desde su comienzo, las Partes Contratantes se comprometen a transferir al Fondo las aportaciones que hayan recaudado en virtud de la [Directiva 2014/59] hasta la fecha en que sea aplicable el Reglamento MUR.»
9.
El artículo 1, apartado 1, del Acuerdo intergubernamental establece:
«En virtud del presente Acuerdo, las Partes Contratantes se comprometen a:
a)
transferir las aportaciones recaudadas en el plano nacional en virtud de la [Directiva 2014/59] y del Reglamento MUR al Fondo Único de Resolución […] establecido por dicho Reglamento, y
b)
asignar las aportaciones recaudadas en el plano nacional de acuerdo con el Reglamento MUR y la [Directiva 2014/59], durante un período transitorio que […] expirará en la fecha en que el Fondo alcance el nivel fijado como objetivo en el artículo 68 del Reglamento MUR, y en todo caso como máximo a los 8 años de la fecha de aplicación del presente Acuerdo […], a los distintos compartimentos correspondientes a cada Parte Contratante. La utilización de los compartimentos estará sujeta a una mutualización progresiva de tal modo que dejen de existir al término del período transitorio,
contribuyendo así a la operatividad y funcionamiento eficaces del Fondo.»
10.
Con arreglo al artículo 3 del Acuerdo intergubernamental:
«1.   Las Partes Contratantes se comprometen conjuntamente a transferir al Fondo de manera irrevocable las aportaciones que recauden de las entidades autorizadas situadas en su territorio con arreglo a los artículos 69 y 70 del Reglamento MUR, de conformidad con los criterios que se recogen en dichos artículos y en los actos delegados y de ejecución a los que se refieren. La transferencia de las aportaciones se efectuará con arreglo a las condiciones establecidas en los artículos 4 a 10 del presente Acuerdo.
[…]
3.   Las aportaciones recaudadas por las Partes Contratantes de conformidad con los artículos 103 y 104 de la [Directiva 2014/59] antes de la fecha de aplicación del presente Acuerdo se transferirán al Fondo a más tardar el 31 de enero de 2016 o, en caso de que el Acuerdo no haya entrado en vigor en esa fecha, a más tardar un mes después de su entrada en vigor.
[…]»
B. Derecho de la Unión
1.
Reglamento MUR
11.
El artículo 67, apartado 1, del Reglamento MUR (
10
) crea el Fondo Único de Resolución (FUR). Con arreglo a dicha disposición, el FUR se aprovisionará con arreglo a las disposiciones sobre transferencia al Fondo de los fondos recaudados a escala nacional tal como se dispone en el Acuerdo intergubernamental. A tenor del apartado 3 del mismo artículo, la propietaria del FUR es la Junta Única de Resolución (JUR).
12.
El artículo 69 del Reglamento MUR dispone lo siguiente:
«1.   Al término de un período inicial de ocho años que comenzará a correr a partir del 1 de enero de 2016 […], los recursos financieros disponibles del [FUR] deberán alcanzar como mínimo un 1 % del importe de los depósitos con cobertura de todas las entidades de crédito autorizadas en todos los Estados miembros participantes.
2.   Durante el período inicial contemplado en el apartado 1, las aportaciones al Fondo calculadas de conformidad con el artículo 70 y recaudadas de conformidad con el artículo 67, apartado 4, se escalonarán de la forma más uniforme posible hasta alcanzar el nivel fijado como objetivo, pero teniendo debidamente en cuenta la fase del ciclo económico y las repercusiones que las aportaciones procíclicas puedan tener en la situación financiera de las entidades que hacen aportaciones.
[…]
4.   Si, pasado el período inicial contemplado en el apartado 1, los recursos financieros disponibles disminuyeran por debajo del nivel fijado como objetivo en dicho apartado, se recaudarán las aportaciones ordinarias calculadas de conformidad con el artículo 70 hasta alcanzar dicho nivel. Una vez que se haya alcanzado por primera vez el nivel fijado como objetivo, y si los recursos financieros disponibles se han reducido posteriormente a menos de dos tercios del nivel fijado como objetivo, dichas aportaciones se fijarán a un nivel que permita alcanzar el nivel fijado como objetivo en un plazo de seis años. […]»
13.
A tenor del artículo 70 del Reglamento SRM:
«1.   La aportación de cada entidad se recaudará al menos cada año y corresponderá a la proporción que represente su pasivo (excluidos los fondos propios), menos los depósitos con cobertura, respecto de los pasivos agregados (excluidos los fondos propios), menos los depósitos con cobertura, de todas las entidades autorizadas en los territorios de todos los Estados miembros participantes.
2.   Cada año, la Junta, previa consulta al BCE o a la autoridad nacional competente, y en estrecha cooperación con las autoridades nacionales de resolución, calculará las distintas aportaciones para garantizar que las aportaciones debidas por todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes no excedan del 12,5 % del nivel fijado como objetivo. […]
3.   Los recursos financieros disponibles que se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel fijado como objetivo especificado en el artículo 69 podrán incluir compromisos de pago irrevocables íntegramente garantizados por activos de bajo riesgo libres de cargas por derechos de terceros, de libre disposición y asignados para el uso exclusivo de la Junta para los fines especificados en el artículo 76, apartado 1. La parte de dichos compromisos de pago irrevocables no superará el 30 % del importe total de las aportaciones recaudadas de conformidad con el presente artículo.
4.   Las aportaciones debidamente recibidas de cada uno de los entes a que se refiere el artículo 2 no serán reembolsadas a dichos entes.
[…]
6.   Se aplicarán los actos delegados que clarifican el concepto de ajuste proporcional de las aportaciones según el perfil de riesgo de las entidades adoptados por las Comisión en virtud del artículo 103, apartado 7, de la [Directiva 2014/59].
[…]»
2.
Directiva 2014/59
14.
Con arreglo al artículo 100, apartado 1, de la Directiva 2014/59, (
11
) los Estados miembros deben establecer mecanismos nacionales de financiación cuyo nivel de financiación fijado como objetivo, con arreglo al artículo 102, apartado 1, de la Directiva 2014/59, alcance al menos un 1 % del importe de los depósitos garantizados de todas las entidades autorizadas en su territorio.
15.
El artículo 103, apartados 1 y 2, del Directiva 2014/59, dispone:
«1.   Con el fin de alcanzar el nivel fijado como objetivo en el artículo 102, los Estados miembros velarán por que las contribuciones se recauden de las entidades autorizadas de su territorio, incluidas las sucursales de la Unión, al menos una vez al año.
2.   La contribución de cada entidad corresponderá a la proporción que represente su pasivo (excluidos los fondos propios) menos los depósitos garantizados respecto de los pasivos agregados (excluidos los fondos propios) menos los depósitos garantizados de todas las entidades autorizadas en el territorio del Estado miembro.
Dichas contribuciones se adaptarán proporcionalmente al perfil de riesgo de las entidades, de acuerdo con los criterios adoptados con arreglo al apartado 7.»
16.
De conformidad con el artículo 103, apartado 7, de la RDDB, entre los factores de riesgo figura, en particular, el nivel de riesgo de la entidad, con inclusión de la importancia de sus actividades comerciales, los riesgos fuera de balance y su grado de apalancamiento; la estabilidad y variedad de las fuentes de financiación y los activos de elevada liquidez libres de cargas de la empresa; la situación financiera de la entidad; la complejidad de la estructura de la entidad y su resolubilidad, y la importancia de la entidad para la estabilidad del sistema financiero o la economía de uno o varios Estados miembros o de la Unión.
3.
Reglamento de Ejecución 2015/81
17.
El considerando 6 del Reglamento de Ejecución n.o 2015/81 (
12
) presenta, en extracto, el siguiente tenor:
«Las aportaciones que recauden los Estados miembros participantes con arreglo a lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la [Directiva 2014/59] y se transfieran al Fondo en virtud del artículo 3, apartado 3, del [Acuerdo intergubernamental] se incluirán en el cálculo de las aportaciones individuales y se deducirán, por tanto, de la cantidad adeudada por cada entidad. […]»
18.
El considerando 11 de dicho Reglamento dispone lo siguiente:
«En el marco de un fondo único de resolución con un nivel de financiación fijado a escala europea, la aportación individual anual de las entidades autorizadas en los territorios de todos los Estados miembros participantes depende de las aportaciones de todas las entidades sujetas al MUR. La clave para un eficaz funcionamiento del MUR y un buen desarrollo del proceso de formación del Fondo es que todas las entidades abonen sus aportaciones anuales a este plena y puntualmente.»
19.
Con arreglo al artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81:
«Para cada período de contribución la Junta calculará la aportación anual adeudada por cada entidad basándose en el nivel de financiación anual del Fondo, previa consulta al BCE o a las autoridades nacionales competentes, y en estrecha cooperación con las autoridades nacionales de resolución. El nivel de financiación anual se establecerá por referencia al nivel de financiación del Fondo contemplado en el artículo 69, apartado 1, y en el artículo 70 del [Reglamento MUR] y de conformidad con el método establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2015/63.»
20.
El artículo 7, apartado 3, de este Reglamento dispone:
«Los compromisos de pago irrevocables de una entidad que haya dejado de entrar en el ámbito de aplicación del [Reglamento MUR] se anularán y la garantía que respaldó dichos compromisos se devolverá.»
21.
El artículo 8, apartado 2, del mismo Reglamento dispone lo siguiente:
«Durante el período inicial, al calcular las aportaciones individuales de cada entidad, la Junta tendrá en cuenta las aportaciones recaudadas por los Estados miembros participantes con arreglo a los artículos 103 y 104 de la [Directiva 2014/59] y transferidas al Fondo en virtud del artículo 3, apartado 3, del Acuerdo, deduciéndolas de la cantidad debida por cada entidad.»
4.
Reglamento Delegado 2015/63
22.
El Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la [Directiva 2014/59] del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (en lo sucesivo, «Reglamento Delegado 2015/63»), (
13
) tiene como base jurídica, entre otros actos, el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59. En su artículo 3 contienen las siguientes definiciones:
«[…]
5)
“contribución anual”: el importe a que se refiere el artículo 103 de la [Directiva 2014/59], recaudado por la autoridad de resolución de cada una de las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente Reglamento durante el período de contribución y destinado al mecanismo nacional de financiación;
6)
“período de contribución”: el año natural;
[…]»
23.
El artículo 4 del citado Reglamento establece:
«1.   Las autoridades de resolución determinarán las contribuciones anuales que deberá abonar cada entidad de manera proporcional a su perfil de riesgo a tenor de la información facilitada por la entidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y aplicando el método establecido en la presente sección.
2.   La autoridad de resolución determinará la contribución anual a que se refiere el apartado 1 sobre la base del nivel de financiación anual del mecanismo de financiación de la resolución y atendiendo al nivel de financiación que habrá de alcanzarse el 31 de diciembre de 2024 a más tardar, de conformidad con el artículo 102, apartado 1, de la [Directiva 2014/59], y sobre la base del importe medio de los depósitos garantizados correspondientes al año anterior, calculado trimestralmente, de todas las entidades autorizadas en su territorio.»
24.
El artículo 12 del Reglamento Delegado 2015/63 dispone:
«1.   Cuando una entidad haya sido recientemente incluida en la supervisión durante solo una parte de un período de contribución, la contribución parcial se determinará aplicando el método establecido en la sección 3 al importe de su contribución anual calculada durante el siguiente período de contribución con referencia al número de meses completos del período de contribución en que la entidad haya sido objeto de supervisión.
2.   El cambio de condición de una entidad durante el período de contribución, incluidas las pequeñas entidades, no afectará a la contribución anual que deba abonarse en ese ejercicio.»
25.
El artículo 13 de dicho Reglamento establece:
«1.   El 1 de mayo de cada año, a más tardar, la autoridad de resolución notificará a cada una de las entidades a que se refiere el artículo 2 la decisión por la que se determina la contribución anual adeudada por cada entidad.
[…]
5.   Cuando una entidad haya sido recientemente incluida en la supervisión durante solo una parte de un período de contribución, su contribución anual parcial se recaudará junto con la contribución anual correspondiente al siguiente período de contribución.»
26.
El artículo 14 del citado Reglamento está redactado en los siguientes términos:
«1.   Las entidades facilitarán a la autoridad de resolución los estados financieros anuales aprobados más recientes disponibles antes del 31 de diciembre del año anterior al período de contribución, junto con el dictamen emitido por el auditor legal o las entidades de auditoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
[…]
4. La información a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 se comunicará, a más tardar, el 31 de enero de cada año respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año precedente, o del pertinente ejercicio aplicable. En caso de que el 31 de enero no sea un día hábil, la información se comunicará el siguiente día hábil.
[…]»
27.
En virtud del artículo 17, apartados 3 y 4, del Reglamento Delegado 2015/63:
«3.   En caso de que la información facilitada por las entidades a la autoridad de resolución sea objeto de reexpresión o revisiones, la autoridad de resolución ajustará la contribución anual de acuerdo con la información actualizada cuando proceda al cálculo de la contribución anual de dicha entidad para el siguiente período de contribución.
4.   Toda diferencia entre la contribución anual calculada y abonada sobre la base de la información objeto de la reexpresión o revisión y la contribución anual que debería haberse abonado tras el ajuste de la contribución anual se resolverá en el importe de la contribución anual prevista para el siguiente período de cotización. Tal ajuste se efectuará mediante la reducción o el aumento de las contribuciones correspondientes al siguiente período de contribución.»
5.
Reglamento Delegado 2017/2361
28.
El Reglamento Delegado (UE) 2017/2361, de 14 de septiembre de 2017, relativo al sistema final de contribuciones a los gastos administrativos de la Junta Única de Resolución (en lo sucesivo, «Reglamento Delegado 2017/2361), (
14
) en su artículo 7, apartado 1, dispone:
«Cuando un ente o un grupo esté incluido en el ámbito de aplicación del artículo 2 del [Reglamento MUR] solo durante una parte del ejercicio presupuestario, su contribución anual individual para ese ejercicio se calculará por referencia al número de meses completos durante los cuales haya estado incluido en el ámbito de aplicación de ese artículo.»
III. Hechos y procedimiento ante el Tribunal General
29.
ABLV Bank AS, demandante en primera instancia y recurrente en casación (en lo sucesivo, «recurrente en casación»), era una entidad de crédito con domicilio social en Letonia que, en su condición de «entidad significativa» en el sentido del Reglamento MUS, (
15
) estuvo sujeta a la supervisión del BCE hasta que le fue revocada su autorización en 2018.
30.
En diciembre de 2015, recibió de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Comisión de Mercados Financieros y de Capitales, Letonia; en lo sucesivo, «FKMK»), autoridad competente en la materia, un acuerdo recaudatorio en que se establecía el importe correspondiente a su aportación ex ante al mecanismo de financiación nacional en el año 2015, con arreglo al artículo 103, apartado 1, de la Directiva 2014/59. El importe que, en consecuencia, satisfizo la recurrente en casación se transfirió al FUR con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Acuerdo intergubernamental.
31.
El 23 de febrero de 2018, el BCE concluyó que la recurrente en casación estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR. Ese mismo día, la JUR decidió que, al no ser de interés público la liquidación, no era necesaria una medida de resolución con arreglo al Reglamento MUR. (
16
)
32.
En consecuencia, el 26 de febrero de 2018, los accionistas de la recurrente en casación iniciaron un procedimiento de liquidación y presentaron a la FKMK una solicitud de aprobación de un plan de liquidación voluntaria.
33.
Mediante decisión de 12 de abril de 2018 sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2018, la JUR aprobó las correspondientes aportaciones al FUR. (
17
) El 27 de abril de 2018, la recurrente en casación recibió de la FKMK su decisión relativa a las aportaciones para 2018. La recurrente en casación abonó el importe que allí se le reclamaba el 3 de julio de 2018.
34.
Mediante decisión del BCE de 11 de julio de 2018, se revocó la autorización de la recurrente en casación como entidad de crédito.
35.
Mediante escrito de 17 de septiembre de 2018, la recurrente en casación solicitó al JUR el reembolso del «saldo restante» de su contribución ex ante de 2015, así como el nuevo cálculo y la devolución proporcional de la aportación para 2018, habida cuenta de su salida del MUS durante el año de aportación.
36.
La JUR desestimó esta solicitud mediante escrito de 17 de octubre de 2018 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). En su motivación, la JUR expuso que el artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR no preveía el nuevo cálculo de la contribución ex ante para 2018 y disponía expresamente que no se devolverían las contribuciones debidamente recibidas. En opinión de la JUR, la revocación de la autorización constituía un cambio de condición en el sentido del artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63 que, a tenor de dicha disposición, no tenía ningún efecto sobre la aportación anual adeudada para el año de que se tratase. De igual manera, en caso de revocación de la autorización no procedía reembolsar proporcionalmente, antes de concluir el período inicial, la contribución ex ante abonada en 2015 por una entidad de crédito. A este respecto, de conformidad con el artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR, sucedía lo mismo que con las demás contribuciones debidamente recibidas.
37.
El 21 de diciembre de 2018, la recurrente en casación interpuso recurso contra el citado acuerdo ante el Tribunal General.
38.
En apoyo de su recurso, alegó, en esencia, que, a causa de la pérdida de su condición de entidad de crédito durante el año 2018, no podía beneficiarse durante todo el año de la cobertura que proporcionaba el FUR. Además, con la simultánea desaparición del riesgo que representaba la recurrente en casación como entidad de crédito para la estabilidad del sistema financiero, se reducía también proporcionalmente la necesidad de financiación del FUR. Así pues, su contribución había resultado improcedente y había dejado de ser «debidamente» recibida en el sentido del artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR, por lo que procedía su devolución proporcional. De ello concluyó que, en caso de salida del sistema, tampoco podía hablarse de un «cambio de condición» en el sentido del artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63, pues desaparecía totalmente la condición de entidad de crédito y, con ello, la obligación de aportación. En su opinión, el artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR no es aplicable a la contribución de 2015, recaudada exclusivamente sobre la base de la Directiva 2014/59. Esta contribución constituye una suerte de «anticipo» para el FUR y a este respecto se deduce del artículo 8, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81 que la contribución de 2015 de un banco debía ser restituida antes de concluir la fase inicial.
39.
Mediante decisión de 30 de abril de 2019, se admitió la intervención de la Comisión en apoyo de las pretensiones de la JUR.
40.
Mediante sentencia de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR (T‑758/18, EU:T:2021:28) (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), el Tribunal General desestimó el recurso y condenó a la recurrente en casación a soportar, además de sus propias costas, las de la JUR, mientras que la Comisión debía cargar con sus propias costas.
IV. Procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia
41.
Con su recurso de casación interpuesto el 30 de marzo de 2021, la recurrente en casación solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida;
–
Anule la Decisión impugnada;
–
Condene a la JUR a cargar con las costas de la recurrente en casación y con las costas del recurso de casación;
–
En caso de que el Tribunal de Justicia no pueda resolver sobre el fondo, devuelva el asunto al Tribunal General.
42.
La JUR y la Comisión solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a la recurrente en casación.
43.
Han intervenido en la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia la recurrente en casación, la JUR y la Comisión. El Tribunal de Justicia ha decidido, de conformidad con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, que, tras la lectura de las conclusiones, se resolverá el recurso de casación sin celebrar una vista oral.
V. Apreciación jurídica
44.
La sentencia recurrida confirma la decisión de la JUR por la que esta denegó, por un lado, la devolución proporcional de la contribución ex ante efectuada por ABLV Bank para 2018 y, por otro, el reembolso del «saldo restante» (aún no compensado con las futuras contribuciones) de la contribución para 2015.
A. La sentencia recurrida
45.
En el apartado 130 de la sentencia recurrida, el Tribunal General fundamentó su decisión, esencialmente, en el argumento de que el artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR excluye el reembolso de todas las contribuciones debidamente recibidas por el FUR, aun en caso de revocación de la autorización de una entidad de crédito obligada a contribuir, durante un año de aportación dentro del período inicial.
46.
En relación con la contribución para 2018, en esencia, declaró que las contribuciones ex ante, pese a recaudarse anualmente, no se pagan como contrapartida por la cobertura del FUR o el recurso a este durante un determinado año, por lo que, de conformidad con el artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR, tampoco procede su devolución cuando decae la posibilidad de recurrir al FUR en el curso de un año, debido a la salida de una entidad de crédito del sistema. Antes bien, la recaudación anual con arreglo al artículo 69, apartado 2, del Reglamento MUR tiene por objeto únicamente el escalonamiento en períodos regulares del importe total del nivel fijado como objetivo para el final del período inicial en el año 2024. Para poder determinar cada año el importe de la contribución correspondiente a todas las entidades de crédito de manera fiable y con respeto de la seguridad jurídica, debe quedar establecido en cierto momento del año de que se trate. (
18
) Por este motivo, el artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63 dispone que no ha lugar a un nuevo cálculo ni al reembolso parcial del importe si en el curso de un año de aportación se produce un cambio de condición, entendiéndose por tal también la revocación de la autorización como entidad de crédito. (
19
) El Tribunal General rechazó todas las disposiciones y argumentos invocados en primera instancia por la recurrente en casación, de los que se deduce, en su opinión, que, en caso de revocación de la autorización durante un año de aportación, es posible el nuevo cálculo y reembolso. (
20
)
47.
Por lo que se refiere a la contribución de 2015, el Tribunal General señaló que del artículo 8, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81 no se deduce ninguna obligación de reembolso en caso de que durante el período inicial una entidad de crédito abandone el sistema. Antes bien, de conformidad con el Acuerdo intergubernamental, las contribuciones de 2015 se transfieren al FUR con carácter definitivo y pasan definitivamente a formar parte del nivel fijado como objetivo para 2024. La regla de compensación del artículo 8, apartado 2, del Reglamento de Ejecución únicamente garantiza que la transferencia de las contribuciones de 2015 al FUR no cree desequilibrios entre los bancos de que se trata en cuanto al reparto de la carga financiera. Por lo tanto, con las contribuciones de 2015 no sucede, a la vista del artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR, nada distinto que con las aportaciones percibidas en los años sucesivos. (
21
)
B. Sobre el recurso de casación
48.
La recurrente en casación impugna la resolución del Tribunal General con un total de trece motivos, referidos, en su contenido sustancial, en primer lugar, al carácter proporcionalmente reembolsable de la contribución de 2018 (véase la sección 1); en segundo lugar, a la posibilidad de devolución del «saldo restante» de la contribución de 2015 (sección 2) y, en tercer lugar, a la legalidad formal de la decisión de la JUR (sección 3).
1.
Sobre el carácter proporcionalmente reembolsable de la contribución de 2018
49.
Mediante sus motivos primero a cuarto, séptimo y octavo, la recurrente en casación comienza rebatiendo, punto por punto, la argumentación jurídica con la que el Tribunal General fundamentó su interpretación del artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR y del artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63, según la cual dichas disposiciones se oponen a la devolución de la contribución de 2018 por la revocación de la autorización. Mediante sus motivos quinto, décimo, undécimo y duodécimo, alega que la interpretación de dichas disposiciones efectuada por el Tribunal General vulnera principios superiores. Es oportuno, pues, examinarlos conjuntamente.
a)
Sobre los motivos de casación primero, segundo y cuarto
50.
En relación con su primer motivo, la recurrente en casación alega, en esencia, que el Tribunal General pasó por alto que el FUR protege frente al riesgo de inviabilidad a los bancos obligados a contribuir. La contribución ex ante para 2018 debe entenderse, a este respecto, como una suerte de prima de seguro por la cobertura que ofrece el FUR durante ese año. En consecuencia, el fundamento jurídico de la obligación de contribuir reside en la prestación de esta protección y en el incremento de riesgo que para la estabilidad financiera se deriva de la actividad de la entidad de crédito. Cuando esta última abandona el sistema, ambos fundamentos desaparecen. De este modo, el importe de 2018 deja de ser «debidamente recibido» en el sentido del artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR respecto al período posterior a la revocación de su autorización el 11 de julio de 2018 y, por tanto, procede su devolución. A idéntica conclusión debió haber llegado el Tribunal General, según el cuarto motivo de casación, aplicando el principio del enriquecimiento injusto, pues la contribución se abonó sin fundamento legal. (
22
) En consecuencia, en su opinión, es jurídicamente errónea la interpretación que el Tribunal General hace del artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR, según la cual esta disposición se opone a la devolución proporcional de la contribución de 2018. (
23
)
51.
Asimismo, la recurrente en casación alega que la existencia del artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63 demuestra que ha de haber casos en que una contribución ex ante deba ser posteriormente ajustada, ya que esta disposición únicamente establece que el cambio de condición durante el período de contribución no afecta a la contribución que deba abonarse. De ello se deduce que, obviamente, otros cambios sí deben ser tenidos en cuenta. Sin embargo, la salida de una entidad del sistema a raíz de la revocación de su autorización no debe considerarse precisamente como «cambio de condición» en el sentido del artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63. Por lo tanto, en su segundo motivo, la recurrente en casación afirma que el Tribunal General incurrió en error al considerar pertinente en el presente asunto la referida disposición. (
24
)
52.
Dado que el Tribunal General fundamenta su postura, en los apartados 61 y 62 y 68 a 72 de la sentencia recurrida, en esencia, en el funcionamiento y los objetivos del sistema de contribución durante el período inicial, procede examinar estos aspectos en primer lugar (punto 1). A partir de ahí será posible demostrar, en un segundo paso, que los motivos primero, segundo y cuarto se basan en una lectura errónea de las disposiciones aplicables y de la naturaleza de las contribuciones ex ante (punto 2).
1) Sobre el funcionamiento y los objetivos del sistema de contribución en el período inicial
53.
El objetivo de la percepción de contribuciones con arreglo a los artículos 69 y 70 del Reglamento MUR consiste en alcanzar un importe determinado, el nivel fijado como objetivo, cuyo elevado volumen impide que se pueda recaudar de una sola vez. En consecuencia, con arreglo al artículo 69, apartado 2, del Reglamento MUR, las contribuciones se escalonan de la manera más uniforme posible (es decir, al menos con periodicidad anual) (
25
) para que al final de esta fase se haya alcanzado el nivel fijado como objetivo del 1 % del importe de los depósitos con cobertura en todos los Estados miembros participantes. Una vez alcanzado este nivel, dejarán de percibirse las contribuciones. (
26
)
54.
Para garantizar un escalonamiento uniforme de las contribuciones, con arreglo al artículo 70, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento MUR, en un mismo año no debe acumularse en los bancos obligados a contribuir más de 1/8 del nivel fijado como objetivo para el año 2024. A este respecto, se debe tener en cuenta que el nivel fijado como objetivo para 2024 solo es estimativo, pues actualmente no se puede conocer el volumen que en ese año tendrán los depósitos con cobertura. Por este motivo, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63, (
27
) la JUR se orienta, dicho de un modo simple, por el importe medio de todos los depósitos con cobertura de todas las entidades de crédito autorizadas en los Estados miembros participantes en el año anterior y lo divide entre ocho, y percibe algo más del 1 % de ese importe, pues los depósitos con cobertura tienden a aumentar. (
28
)
55.
La contribución individual de cada banco al objetivo anual así determinado se calcula a continuación en función de su tamaño y su perfil de riesgo, de conformidad con el artículo 70, apartados 1 y 2, párrafo segundo, del Reglamento MUR. A tal fin, se utilizan los datos de las entidades de crédito que, con arreglo al artículo 14 del Reglamento Delegado 2015/63, se han de facilitar a la JUR antes de terminar el año precedente. (
29
)
56.
Por último, el importe calculado a partir de los datos del año anterior es abonado a lo largo del año siguiente por los bancos que a 1 de enero de ese año estén autorizados en el territorio de los Estados miembros participantes. El artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63 establece que los cambios de condición durante el período de contribución no afectan a la contribución anual que deba abonarse en ese ejercicio.
57.
Sin embargo, no es estrictamente necesario que los bancos paguen en metálico su contribución: con arreglo al artículo 70, apartado 3, del Reglamento MUR, pueden aportar hasta el 30 % del importe total adeudado en un año de aportación mediante compromisos de pago irrevocables, afianzados con una garantía en metálico.
58.
El artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR establece que las aportaciones debidamente recibidas no serán reembolsadas.
2) Sobre las consecuencias del carácter reembolsable de la contribución de 2018
59.
El funcionamiento y los objetivos de la recaudación de contribuciones que acabo de describir demuestran, en primer lugar, que la contribución de 2018, por ejemplo (en contra de lo alegado por la recurrente en casación en su primer motivo), no se «refiere» al año 2018, sino que solamente se recauda en el curso de dicho año.
60.
De una parte, la recaudación a un ritmo anual simplemente se hace en aras del escalonamiento uniforme que propugna el artículo 69, apartado 2, del Reglamento MUR. Si bien podría haberse optado por unos intervalos más breves, como, por ejemplo, los trimestrales, ello habría supuesto un coste administrativo superior y, quizá, desproporcionado, puesto que no hay ningún motivo para creer que la división en ocho contribuciones anuales implique para los bancos obligados a contribuir una carga financiera excesiva en comparación con treinta y dos contribuciones trimestrales de menor importe. Precisamente, la razón de ser del escalonamiento consiste en evitar tal carga financiera. (
30
) Por lo tanto, la opción de una recaudación anual está indudablemente amparada por el amplio margen de discrecionalidad que asiste al legislador de la Unión en este ámbito. (
31
)
61.
De otra parte, a este respecto, el 1 de enero es tan solo la fecha de referencia para determinar qué bancos están obligados a contribuir. (
32
) Esta fecha no significa que la contribución se asigne al año correspondiente. De la misma manera, el legislador también podría haber atendido a las entidades de crédito autorizadas en el territorio de los Estados miembros participantes el 31 de diciembre del año anterior, máxime teniendo en cuenta que las contribuciones adeudadas en un determinado año se calculan sobre la base de los datos del año precedente. (
33
)
62.
Solo por este motivo, no puede volverse a calcular ni reembolsarse la contribución recaudada en 2018 por cambios producidos en ese mismo año. La conclusión extraída por el Tribunal General en el apartado 69 de la sentencia recurrida no adolece, pues, de error jurídico alguno.
63.
En segundo lugar, el funcionamiento y los objetivos del sistema demuestran que las contribuciones ex ante (como acertadamente declara el Tribunal General en el apartado 73 de la sentencia recurrida) no son comparables a primas de seguro.
64.
Por un lado, con el pago de la contribución las entidades de crédito no adquieren el derecho a recurrir al FUR. Como correctamente señala el Tribunal General en el apartado 70 de la sentencia recurrida, el FUR tiene por objeto garantizar la estabilidad de la Unión bancaria en su conjunto, no puede utilizarse como fondo de rescate para bancos individuales. (
34
) Toda resolución ha de hacerse exclusivamente atendiendo al interés público, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR. En este sentido, el FUR pretende garantizar la credibilidad y el funcionamiento del MUR: (
35
) con él, el legislador espera conseguir la estabilidad del sector bancario, pues la existencia de una estructura de este tipo permite limitar el impacto que tiene en el sistema el desequilibrio de entidades concretas. (
36
)
65.
Por otro lado, aunque en su determinación se lleve a cabo una ponderación de riesgos siguiendo una lógica basada en los principios de los seguros, el importe de las contribuciones individuales de los bancos no se calcula aplicando un tipo a una base reguladora. (
37
) Antes bien, la cuantía de las contribuciones depende, en último término, del nivel fijado como objetivo que se ha de alcanzar con la suma de todas las contribuciones recaudadas hasta final de 2023.
66.
En consecuencia, las contribuciones ex ante de un banco en un determinado año constituyen, ante todo, una fracción de la contribución al nivel fijado como objetivo y solo tangencialmente reflejan el perfil de riesgo de dicho banco. O, dicho de otra manera: si de pronto todos los bancos, para un mismo volumen de depósitos, presentasen un perfil de riesgo bajo, ello no implicaría (en contra de lo que sugiere la argumentación de la recurrente en casación) recaudar ese año una suma total inferior de contribuciones ex ante. Por el contrario, se recaudará siempre una suma equivalente a 1/8 de algo más del 1 % del importe de los depósitos con cobertura del año anterior, a fin de llegar, al final del período inicial, a un total que, al menos, equivalga al 1 % del importe de todos los depósitos con cobertura en el año 2024. (
38
)
67.
Al mismo tiempo, esto significa que la contribución individual de un banco siempre va a depender decisivamente del número y de las contribuciones individuales de los demás bancos que en el año de que se trate, es decir, en la fecha de referencia, estén obligados a contribuir. (
39
) En consecuencia, la adaptación de la contribución de un banco haría necesario en todo caso también un ajuste de las contribuciones de los demás bancos. Si, en el curso de un año de aportación, se adaptasen continuamente las contribuciones, resultaría imposible garantizar la seguridad jurídica en la determinación de las aportaciones individuales de todos los bancos. (
40
) Por este motivo, el artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63 establece que los cambios de condición durante el período de contribución no afectan a la contribución anual que deba abonarse. En consecuencia, el artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR excluye en principio la devolución de las contribuciones ya recibidas, pues, de lo contrario, el déficit deberían cubrirlo los demás bancos. Como ya ha aclarado el Tribunal de Justicia, el concepto de «cambio de condición» ha de entenderse de manera extensiva, (
41
) ya que, por los motivos expuestos, debe comprender todos los casos que puedan afectar a la carga contributiva de los demás bancos, en particular el caso de salida del sistema de un banco obligado a contribuir.
68.
Por lo tanto, la contribución al FUR, recaudada cada año ex ante, no cuantifica el riesgo que para la estabilidad financiera o para el recurso a los fondos del FUR representa durante todo un año un banco sujeto a supervisión. En consecuencia, para el importe de la contribución adeudada es irrelevante durante cuánto tiempo un banco obligado a contribuir se halla comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento MUR en el año de la contribución.
69.
De ello se deduce que una contribución anual no es «debidamente recibida», en el sentido del artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR, únicamente cuando un banco se halla comprendido durante todo el año de aportación en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. En contra de lo afirmado por la recurrente en casación en su cuarto motivo, esa circunstancia no constituye el fundamento jurídico de la obligación de contribuir. Lo determinante a efectos de tal obligación es el hecho de que una entidad bancaria esté autorizada en el territorio de los Estados miembros participantes en la fecha de referencia. Esto es expresión del principio según el cual el Fondo lo financia el sector financiero en su conjunto en aras del interés general y no en el interés de los bancos individuales. (
42
)
70.
De este modo, en función del momento dentro del período inicial del FUR en que el banco obtenga su autorización, deberá contribuir más o menos al nivel fijado como objetivo para el FUR. Es posible que los bancos que se incorporen después del período inicial ni siquiera tengan que efectuar (al principio) contribución alguna. A primera vista, esto puede parecer injusto, pero no hay ninguna alternativa a recaudar las contribuciones de los operadores actualmente existentes en el mercado. Y es evidente que el número de estos operadores no es constante.
71.
El artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63 confirma, a este respecto, el principio que se refleja en el artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR, según el cual las contribuciones ex ante se calculan atendiendo a una determinada fecha de referencia, pues, de lo contrario, sería imposible garantizar un cálculo y recaudación fiable de las contribuciones. (
43
)
72.
Esta aclaración es necesaria, pues el artículo 12, apartado 1, contiene una excepción al principio de la fecha de referencia. Cuando una entidad de crédito haya sido recientemente incluida en la supervisión durante solo una parte de un período de contribución, la contribución parcial se determina con referencia al número de meses completos del período de contribución en que la entidad haya estado incluida en la supervisión. El artículo 13, apartado 5, del Reglamento Delegado 2015/63 dispone que la contribución anual parcial de tal entidad se recaudará junto con la contribución anual correspondiente al siguiente período de contribución. Dicho de otra manera, las entidades recién incorporadas adeudan en el primer año de aportación una contribución parcial adicional «por el año anterior». A ello hace referencia acertadamente el Tribunal General en el apartado 144 de la sentencia recurrida.
73.
En cambio, desde el año 2019, la recurrente ya no adeuda contribución alguna, a pesar de que durante una parte del año 2018 ejerció su actividad y, por tanto, contribuyó en particular al importe de los depósitos con cobertura que sirvió como base para el cálculo del objetivo anual de 2019. En efecto, en la fecha de referencia pertinente, el 1 de enero de 2019, la recurrente ya no figuraba entre los bancos obligados a contribuir. De este modo, queda confirmado que lo principal no es el riesgo que cada banco representa durante un determinado año.
74.
Así pues, en contra de lo argumentado por la recurrente en casación en el segundo motivo de casación, el artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63 no demuestra que todos los cambios producidos durante un año de aportación y que no sean cambios de estado deban dar lugar a una adaptación (ex post) de las contribuciones. Lo único que confirma esta disposición es el principio de la fecha de referencia, del que el apartado 1 constituye una excepción.
75.
Solo en aras de la exhaustividad procede aclarar en este punto que el artículo 12, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 no genera, por lo demás, ningún trato desfavorable injustificado para los bancos recién incorporados.
76.
El sistema previsto en los artículos 69 y 70 del Reglamento MUR y desarrollado por el Reglamento de Ejecución 2015/81 y el Reglamento Delegado 2015/63 garantiza que las cargas se repartan de la forma más justa posible dentro del sector bancario, aunque no sea totalmente idéntica. (
44
) A ello contribuye, en particular, la disposición del artículo 12 del Reglamento Delegado 2015/63, con arreglo al cual un banco recién incorporado debe pagar «por el pasado», mientras que un banco que sale del sistema deja de sufrir la carga en el futuro. Esto es así porque es probable que el nuevo banco permanezca durante más tiempo en el sector bancario, a cuya estabilidad contribuye, en abstracto, el MUR. Por lo tanto, la elección de este sistema también está amparada por la amplia facultad discrecional de que goza en este ámbito el legislador de la Unión. (
45
)
3) Conclusión parcial
77.
De las consideraciones que anteceden se deduce que la contribución de 2018 no puede ser objeto de un nuevo cálculo y de una devolución proporcional por la revocación de la autorización de la recurrente en casación en el curso del año 2018. Por consiguiente, procede desestimar los motivos de casación primero, segundo y cuarto.
b)
Sobre los motivos de casación tercero, séptimo y octavo
78.
Esta conclusión no queda desvirtuada por las demás disposiciones invocadas en primera instancia por la recurrente en casación en apoyo de su postura. En los motivos tercero, séptimo y octavo, la recurrente en casación reprocha al Tribunal General haberlas interpretado y aplicado erróneamente.
79.
Por ejemplo, el artículo 7 del Reglamento Delegado 2017/2361, respecto a las contribuciones administrativas a la JUR, establece expresamente una obligación de pago proporcional cuando la entidad de crédito solo haya estado comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento MUR durante una parte del ejercicio. En su tercer motivo, la recurrente en casación alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no considerar que estas contribuciones fuesen comparables a las contribuciones ex ante al FUR, excluyendo así una aplicación analógica del artículo 7 del Reglamento Delegado 2017/2361 a estas últimas. (
46
)
80.
Sin embargo, en el apartado 86 de la sentencia recurrida, el Tribunal General expuso de forma jurídicamente irreprochable que las contribuciones administrativas a la JUR (a diferencia de las contribuciones al FUR) se abonan como contraprestación por las actividades administrativas de la JUR durante el año. Por lo tanto, se corresponden con un coste cuya cuantía depende del tiempo empleado en dichas actividades. En ese sentido, sin duda, estas contribuciones «se refieren» a un año concreto. En cambio, las contribuciones ex ante al FUR se dirigen a conseguir progresivamente durante todo el período inicial el nivel fijado como objetivo en el artículo 69, apartado 1, del Reglamento MUR y, después de ello, dejan de adeudarse (al menos, en un primer momento), a pesar del transcurso del tiempo. (
47
) En consecuencia, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno cuando negó la comparabilidad de estos dos tipos de contribuciones.
81.
En tales circunstancias, debe desestimarse el tercer motivo del recurso de casación.
82.
Así las cosas, además, en el apartado 109 de la sentencia recurrida, el Tribunal General llegó también correctamente a la conclusión de que ni siquiera, en un caso como el presente, el artículo 17, apartados 3 y 4, del Reglamento Delegado 2015/63 impone obligación alguna de calcular de nuevo la contribución de 2018.
83.
El artículo 17, apartados 3 y 4, del Reglamento Delegado 2015/63 dispone, en determinadas circunstancias, un nuevo cálculo de la contribución cuando hayan variado los datos que las entidades bancarias deben facilitar antes del 31 de diciembre del año anterior en virtud del artículo 14, apartados 1 a 3. No obstante, no pueden prosperar los argumentos de la recurrente en casación en los que esta alude a dicha disposición, dentro de su séptimo motivo, como prueba de la posibilidad (abstracta) de un nuevo cálculo ex post de las contribuciones. En efecto, el éxito del recurso depende únicamente de si el Tribunal General negó incorrectamente el carácter parcialmente reembolsable de la contribución de 2018.
84.
En cualquier caso, la recurrente en casación no ha aclarado en qué sentido la revocación de la autorización en el año 2018 hace necesaria una rectificación o una revisión de los datos que hubo de facilitar a la JUR hasta el 31 de diciembre de 2017. El hecho de que el artículo 17 del Reglamento Delegado 2015/63 no prevea también un nuevo cálculo en caso de modificación de los datos en el año siguiente se debe simple y llanamente a que la contribución anual no se calcula sobre la base de los datos del año en que se recauda la contribución correspondiente. (
48
)
85.
Por consiguiente, también procede desestimar el séptimo motivo.
86.
Por último, mediante su octavo motivo, la recurrente en casación reprocha al Tribunal General haber desestimado indebidamente una aplicación analógica del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 a su situación. (
49
) De acuerdo con dicha disposición, en caso de salida de una entidad de crédito del sistema, los compromisos de pago irrevocables se anulan. Dado que, con arreglo al artículo 70, apartado 3, del Reglamento MUR, pueden entregarse compromisos de pago irrevocables en lugar de efectuarse la contribución en metálico, las contribuciones ex ante percibidas han de «correr la misma suerte» que ellos, en caso de salida del sistema: así pues, si los compromisos de pago irrevocables se anulan, procede devolver las contribuciones en metálico.
87.
Sin embargo, lo único que establece el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 es que los compromisos de pago irrevocables se anulen y se devuelvan las garantías que los respaldaban, lo cual no quiere decir que se retire del FUR el importe correspondiente al compromiso de pago irrevocable. Con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81, el recurso a compromisos de pago irrevocables no afectará en modo alguno a la capacidad financiera y a la liquidez del Fondo. Estos instrumentos solamente han de servir para poder abonar el importe no de forma inmediata, sino a su ejecución. Del artículo 7, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81 se deduce que la anulación de un compromiso de pago irrevocable y la devolución de la garantía se producen necesariamente contra la recepción de la contribución. Por lo tanto, lo mismo ha de suceder en caso de salida del sistema, con arreglo al apartado 3, pues, de lo contrario, los compromisos de pago irrevocables nunca cumplirían su finalidad. En consecuencia, su anulación y la devolución de la garantía no significan que no deba aportarse la contribución correspondiente a estos instrumentos. Antes bien, la salida del sistema ha de dar lugar a la ejecución del compromiso de pago irrevocable, tal como ha corroborado la propia JUR en el procedimiento de casación.
88.
Por consiguiente, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 no puede justificar, invocando la necesidad de una igualdad de trato entre los compromisos de pago irrevocables y las contribuciones en metálico, la devolución (proporcional) de estas últimas en caso de salida de una entidad de crédito del sistema.
89.
De lo anterior se deduce que también debe desestimarse el octavo motivo.
c)
Sobre el décimo motivo de casación
90.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar también el décimo motivo, mediante el que la recurrente en casación alega que el Tribunal General consideró erróneamente, en el apartado 136 de la sentencia recurrida, que el artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR era claro y preciso, pasando con ello por alto las exigencias del principio de seguridad jurídica.
91.
Como acabo de exponer, el significado del artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR se deduce del funcionamiento y los objetivos del sistema de percepción de las contribuciones al FUR.
92.
Por consiguiente, el décimo motivo se basa en una lectura errónea de la exigencia de claridad de las normas de Derecho, derivada del principio de seguridad jurídica. (
50
) El hecho de que una disposición requiera de interpretación y deba entenderse en relación con otras normas no significa que vulnere dicha exigencia. (
51
)
93.
Por estas razones, el décimo motivo también debe desestimarse.
d)
Sobre los motivos de casación quinto y undécimo
94.
Mediante su undécimo motivo, la recurrente en casación reprocha al Tribunal General haber entendido incorrectamente el significado del principio de proporcionalidad al interpretar ciertas disposiciones.
95.
En definitiva, la argumentación formulada a este respecto se basa en una lectura errónea de la sentencia, según la cual el Tribunal General supuestamente decidió que la devolución en virtud del artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR está excluida siempre y en toda circunstancia, algo que la recurrente en casación considera desproporcionado. Sin embargo, es evidente que tal afirmación va más allá del objeto del litigio y no fue formulada por el Tribunal General en la sentencia recurrida.
96.
En cambio, la recurrente en casación no ha aclarado por qué, en su caso, la aplicación del artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR conduce a un resultado desproporcionado, y se ha limitado a formular ejemplos hipotéticos de tal resultado.
97.
Ciertamente, el undécimo motivo, junto con el quinto, en el que la recurrente en casación alega que, en el apartado 147 de la sentencia recurrida, el Tribunal General pasó por alto su excepción de ilegalidad del artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR, se pueden entender en el sentido de que la recurrente en casación aduce la invalidez de dicha disposición, puesto que en los ejemplos propuestos se producen resultados desproporcionados. Sin embargo, la recurrente en casación tampoco ha aclarado por qué sucede así en su caso y por qué, en particular en los ejemplos propuestos, no es posible una interpretación del artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR conforme al principio de proporcionalidad. (
52
) De nuevo, esto se debe a que la recurrente en casación atribuye erróneamente al Tribunal General la decisión de que el artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR excluye taxativamente la devolución de las contribuciones ex ante en todos los casos imaginables.
98.
Procede, pues, desestimar también los motivos quinto y undécimo.
e)
Sobre el duodécimo motivo de casación
99.
En su duodécimo motivo, la recurrente en casación alega que el Tribunal General interpretó erróneamente el principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Afirma que, en el apartado 172 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró erróneamente que no tenía ninguna relevancia para la legalidad de la Decisión impugnada la supuesta ilicitud de la decisión adoptada por la JUR el 23 de febrero de 2018 con arreglo al artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR, en que se declaró que la recurrente en casación estaba en dificultades o probablemente iba a estarlo, pese a lo cual no eran necesarias operaciones de resolución. En opinión de la recurrente en casación, la decisión de la JUR con arreglo al artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR fue lo que condujo a la revocación de su licencia el 11 de julio de 2018. Sin embargo, dado que esta decisión de la JUR fue contraria a Derecho, la JUR no puede acogerse a ella para denegarle posteriormente la «protección» del FUR, debido a la revocación de la autorización, sin devolverle al mismo tiempo las contribuciones ex ante abonadas.
100.
En cualquier caso, de las anteriores consideraciones se desprende, en primer lugar, que es objetivamente errónea la afirmación de que, a raíz de la revocación de su autorización, la recurrente en casación se vio impedida para recurrir al FUR a pesar de haber «pagado» por ello. (
53
) Y, en segundo lugar, los actos de las instituciones de la Unión gozan de presunción de legalidad y, por tanto, de validez, hasta que son anulados. (
54
) En consecuencia, el Tribunal General declaró correctamente en el apartado 171 de la sentencia recurrida que la supuesta ilegalidad de la decisión de la JUR, con arreglo al artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR, no incide para nada en este procedimiento, pues no es objeto del litigio.
101.
Por consiguiente, procede desestimar, asimismo, el duodécimo motivo del recurso de casación.
f)
Conclusión
102.
Por consiguiente, no se aprecian errores de Derecho en la conclusión del Tribunal General, que figura en el apartado 130 de la sentencia recurrida, según la cual no ha lugar a la devolución proporcional de la contribución de 2018 por la revocación de la autorización de la recurrente en el curso de dicho año.
2.
Sobre la posibilidad de reembolsar el «saldo restante» de la contribución de 2015 (motivos de casación sexto y noveno)
103.
Mediante sus motivos sexto y noveno, la recurrente en casación impugna, en esencia, la interpretación que el Tribunal General hizo del artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR con respecto a la contribución de 2015. Según el Tribunal General, esta disposición se opone al reembolso del «saldo restante» de dicha contribución, a pesar de la regla de compensación que contiene el artículo 8, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81.
104.
Se ha de recordar que, desde el 1 de enero de 2015, la Directiva 2014/59 obliga a todos los Estados miembros a crear mecanismos nacionales de financiación de la resolución que, de conformidad con los artículos 102 y 103 de dicha Directiva, también deben aprovisionarse con contribuciones ex ante aportadas por los bancos hasta que se alcance un determinado nivel fijado como objetivo. No obstante, para los Estados miembros de la Unión bancaria, la relevancia práctica de esta obligación es reducida, pues para todas las entidades sometidas al Reglamento MUR, desde el 1 de enero de 2016, es la JUR quien ocupa el lugar de los mecanismos nacionales de financiación. (
55
) Por este motivo, a fin de reforzar la capacidad financiera del FUR desde el momento de su creación, los Estados miembros de la Unión bancaria se comprometieron, en el ámbito del Acuerdo intergubernamental, a transferir íntegramente al FUR las contribuciones recibidas de dichas entidades en el año 2015 en virtud del artículo 103 de la Directiva 2014/59. (
56
) Desde el 1 de enero de 2016, las contribuciones de estas entidades se calculan, en principio, (
57
) de conformidad con los artículos 69 y 70 del Reglamento MUR. Con arreglo al artículo 67, apartado 4, del Reglamento MUR, siguen siendo recaudadas por las autoridades de los Estados miembros y transferidas al FUR de acuerdo con el Acuerdo intergubernamental.
105.
El artículo 8, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81 dispone que, durante el período inicial del FUR, la contribución de los bancos en el año 2015 se compensará progresivamente con las contribuciones abonadas en virtud de los artículos 69 y 70 del Reglamento MUR. En la práctica, de la contribución individual de cada banco calculada anualmente con arreglo al artículo 70 del Reglamento MUR, en relación con el Reglamento Delegado 2015/63, se deduce 1/8 de la contribución abonada por dicha entidad de crédito en el año 2015. (
58
)
106.
En opinión de la recurrente en casación, el Tribunal General obvió que, con arreglo a dicho mecanismo, la contribución de 2015 no es sino un «anticipo» al FUR que, en último término, deberá ser devuelto a los bancos que lo aportaron. Por lo tanto, dado que, en el caso de un banco que sale del sistema antes de concluir el período inicial, esto no se logrará mediante la compensación con futuras contribuciones en el momento de salir del sistema se le ha de reembolsar el saldo restante. La recurrente en casación entiende que la posibilidad de este reembolso queda patente en la Decisión SRB/ES/SRF/2018/03, relativa a la determinación de las contribuciones ex ante para 2018. (
59
) Conforme a dicha Decisión, los bancos para los cuales la compensación de su contribución anual de 2018 con la parte correspondiente de su contribución de 2015 dé lugar a un importe negativo deben recuperar la diferencia. En consecuencia, la recurrente en casación estima que incide en error de Derecho la conclusión del Tribunal General, según la cual el reembolso del «saldo restante» de la contribución de 2015 está excluido por el artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR.
107.
Es cierto que la contribución de 2015 se compensa con las contribuciones ex ante anuales abonadas por los bancos que la aportaron, de modo que, en definitiva, estas no «se añaden» a aquella. Por el contrario, a tenor del artículo 8, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/81, un banco que, a 1 de enero de 2015, ya estuviese autorizado en un Estado miembro de la Unión bancaria y haya abonado la contribución de 2015 al final del período inicial debe haber pagado lo mismo que un banco comparable en tamaño y perfil de riesgo que comenzase su actividad el 1 de enero de 2016 y que durante todo el período inicial haya estado obligado a contribuir.
108.
Pero ello no significa que la contribución de 2015 constituya un «anticipo» reembolsable. Y tampoco significa que se pueda devolver el «saldo restante» de la contribución de 2015, aún no compensado con futuras contribuciones, de un banco que salga del MUS antes de concluir el período inicial y, por tanto, no haya de hacer más contribuciones.
109.
En efecto, como acertadamente declaró el Tribunal General en el apartado 117 de la sentencia recurrida, las contribuciones de 2015, una vez que son transferidas al FUR en virtud del Acuerdo intergubernamental, pasan a formar parte de sus fondos de manera definitiva. Reciben el mismo trato que todas las demás contribuciones que, aun percibiéndose en el ámbito nacional, se transfieran al FUR de conformidad con el Acuerdo intergubernamental, (
60
) lo cual también es lógico, habida cuenta de que, para los Estados miembros de la Unión bancaria, los mecanismos nacionales de financiación han sido sustituidos por el FUR. (
61
)
110.
Por consiguiente, la suma de todas las contribuciones recaudadas en 2015 se incluye desde el principio en el cálculo del importe total que se ha de recaudar para alcanzar el nivel estimativo fijado como objetivo para el FUR en 2024. Esto no sería posible si a cada banco que saliese del sistema antes de concluir el período inicial se le reembolsase el saldo restante del pago que efectuó en 2015. En consecuencia, también en relación con las contribuciones de 2015, se ha de respetar el principio establecido en el artículo 70, apartado 4, del Reglamento MUR, según el cual las contribuciones debidamente recibidas no se pueden devolver. (
62
)
111.
El hecho de que, como recalca el quinto motivo de casación, la compensación de las contribuciones, con arreglo al artículo 8, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/81, pueda dar lugar en el caso concreto a un importe negativo que se haya de reembolsar al banco de que se trate no significa que las contribuciones de 2015 puedan reclamarse al FUR.
112.
Antes bien, este reembolso se debe a dos razones sistemáticas: en primer lugar, de conformidad con el artículo 70, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento MUR, no se debe recaudar cada año más de 1/8 del nivel fijado como objetivo, tal como señaló el propio Tribunal General en el apartado 100 de la sentencia recurrida. Con esta disposición se pretende garantizar la distribución uniforme de las contribuciones y, con ello, evitar una carga financiera excesiva para el sector bancario que pueda tener un efecto desestabilizador. Si el importe negativo resultante de una compensación, en su caso, no se devolviese al banco correspondiente, la suma recaudada en ese año excedería el 1/8 del nivel fijado como objetivo, ya que, de conformidad con el Acuerdo intergubernamental, las contribuciones de 2015, desde su transferencia al FUR, pasan a formar parte de los recursos del FUR de manera definitiva. (
63
)
113.
En segundo lugar, el sector bancario en su conjunto debe proporcionar, durante un período de ocho años, al menos un 1 % del importe de todos los depósitos con cobertura en los Estados miembros participantes. Sin embargo, de dicha suma cada banco individual solo debe aportar, como máximo, una parte que se dividirá, en principio, en ocho contribuciones anuales. Si bien el legislador podría haber establecido cualquier otra contribución máxima individual, no hay razones para considerar que el límite máximo establecido sea resultado de un error de apreciación. (
64
)
114.
Para que, desde el principio de su existencia, el FUR dispusiera de recursos suficientes, era necesario constituir ese mismo año un capital inicial mediante la contribución de 2015. Pero con ello ni se incrementó el nivel fijado como objetivo ni se redujo la duración del período inicial.
115.
En consecuencia, sin la compensación prevista en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81, un banco que, antes de la entrada en vigor del Reglamento MUR y hasta concluir el período inicial, estuviese, o esté, obligado a contribuir acabaría aportando una contribución superior a la máxima establecida. Tal como observó acertadamente el Tribunal General en el apartado 124 de la sentencia recurrida, la regla de compensación garantiza que la transferencia de las contribuciones de 2015 al FUR no cree desequilibrios entre los bancos de que se trata en el reparto de la carga financiera.
116.
Dado que, desde el año 2019, la recurrente en casación deja de estar obligada a contribuir, permanece en todo caso por debajo de la contribución máxima, por más que no se le reembolse el «saldo restante». Es cierto que, de este modo, ha terminado pagando más de lo que pagaría un hipotético banco de comparación, de igual tamaño y perfil de riesgo, que hubiese iniciado su actividad el 1 de enero de 2016 y hubiese salido del sistema al mismo tiempo que la recurrente en casación.
117.
No obstante, como ya he expuesto, estas diferencias en la carga financiera individual en función del momento en que cada banco ha comenzado su actividad dentro del período inicial son inherentes al sistema y no pueden evitarse totalmente. (
65
) En último término, se deben a que el nivel fijado como objetivo no lo aporta el sector bancario de una sola vez, sino a lo largo de un dilatado período de tiempo, durante el cual la composición de dicho sector bancario va variando. Pero ello no significa que con cada cambio deba empezarse «de cero» otra vez. De lo contrario, se comprometería seriamente la posibilidad de alcanzar en el año 2024 el nivel fijado como objetivo. (
66
)
118.
En consecuencia, el Tribunal General tampoco incurrió en error de Derecho cuando decidió que no podía reembolsarse el «saldo restante» de la contribución de 2015 en caso de salida de un banco del sistema durante el período inicial.
119.
Por consiguiente, procede desestimar los motivos de casación sexto y noveno.
3.
Sobre la legalidad formal de la Decisión impugnada (decimotercer motivo de casación)
120.
Respecto a la legalidad formal de la Decisión impugnada, en los apartados 174 a 180 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la decisión de la JUR era conforme con las exigencias de motivación del artículo 296 TFUE. En efecto, en ella constan los aspectos de hecho esenciales y la forma en que la JUR interpreta las disposiciones relevantes en que basó la desestimación de la solicitud de la recurrente en casación.
121.
Mediante su decimotercer motivo, la recurrente en casación alega, en esencia, que el Tribunal General aplicó a este respecto un criterio erróneo, ya que, al confirmar la decisión de la JUR, la sentencia recurrida hubo de recurrir a argumentos jurídicos adicionales, por lo que no se puede considerar que aquella estuviese suficientemente motivada. Además, las preguntas formuladas y el debate mantenido durante la vista oral ante el Tribunal General demuestran, en su opinión, que la motivación de la JUR no fue suficiente.
122.
Esta argumentación desconoce manifiestamente la razón de ser del requisito de la motivación. De acuerdo con reiterada jurisprudencia, esta ha de permitir al interesado decidir con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de interponer un recurso contra esa decisión y al órgano jurisdiccional competente ejercer su control. Por lo tanto, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes. (
67
) El cumplimiento de la obligación de motivación debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, (
68
) de modo que incluso una motivación errónea en el fondo puede satisfacer las exigencias del artículo 296 TFUE. (
69
)
123.
Así pues, ni el hecho de que, al confirmar la interpretación jurídica defendida por la JUR, el Tribunal General tuviese en cuenta argumentos jurídicos adicionales ni el hecho de que algunos aspectos suscitasen una intensa controversia sirven para demostrar que el Tribunal General incurriese en error de Derecho al declarar que la Decisión impugnada estaba suficientemente motivada.
124.
Por consiguiente, procede desestimar también el decimotercer motivo de casación.
C. Sobre las costas
125.
De las consideraciones que preceden resulta que debe desestimarse el recurso de casación en su totalidad. En consecuencia, incumbe al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre las costas, con arreglo al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. A tenor del artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento en casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la JUR ha presentado una solicitud en este sentido, se ha de condenar a la recurrente en casación a soportar tanto sus propias costas como las del procedimiento de casación y las de la JUR.
126.
De conformidad con el artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable también al procedimiento en casación, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por otra parte, con arreglo al artículo 184, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, cuando, no siendo ella misma la parte recurrente en casación, una parte coadyuvante en primera instancia participe en la fase escrita o en la fase oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, este último podrá decidir que cargue con sus propias costas. En consecuencia, procede decidir que la Comisión cargue con sus propias costas.
VI. Conclusión
127.
En resumen, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva en el siguiente sentido:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar a ABLV Bank AS, en liquidación, a que cargue, además de con sus propias costas, con las del procedimiento de casación y con las de la JUR.
3)
La Comisión Europea cargará con sus propias costas.
(
1
)	Lengua original: alemán.
(
2
)	Véanse los considerandos 3 y 19 del Reglamento MUR (citado a continuación, en la nota 3) y los considerandos 5, 76 y 104 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «Directiva 2014/59») (DO 2014, L 173, p. 190).
(
3
)	Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (en lo sucesivo, «Reglamento MUR») (DO 2014, L 225, p. 1).
(
4
)	Es decir, de los bancos comerciales autorizados en los Estados miembros participantes en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Estos son todos los Estados miembros de la zona del euro y, desde el 1 de octubre de 2020, Croacia y Bulgaria.
(
5
)	Véase el artículo 100 de la Directiva 2014/59. En la práctica, desde 2016 esta obligación ha quedado sustituida, para los Estados miembros de la Unión bancaria, por su participación en el FUR.
(
6
)	Véase el considerando 107 del Reglamento MUR.
(
7
)	Con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO 2014, L 173, p. 149), los Estados miembros garantizarán que los depósitos de cada depositante estén cubiertos hasta una suma de 100000 euros.
(
8
)	Véase el artículo 8, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del Consejo, de 19 de diciembre de 2014, que especifica condiciones uniformes de aplicación del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (DO 2015, L 15, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución 2015/81»).
(
9
)	Véanse, en particular, las sentencias de 14 de noviembre de 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967); de 3 de diciembre de 2019, Iccrea Banca (C‑414/18, EU:C:2019:1036), y de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601).
(
10
)	Véase la referencia de la nota 3.
(
11
)	Véase la referencia de la nota 2.
(
12
)	Véase la referencia de la nota 8.
(
13
)	DO 2015, L 11, p. 44.
(
14
)	DO 2017, L 337, p. 6.
(
15
)	Véase el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (en lo sucesivo, «Reglamento MUS») (DO 2013, L 287, p. 63).
(
16
)	Decisión SRB/EES/2018/09, de 23 de febrero de 2018.
(
17
)	SRB/ES/SRF/2018/03.
(
18
)	Apartados 65 a 76 de la sentencia recurrida.
(
19
)	Apartados 77 a 90, en particular el apartado 84, de la sentencia recurrida.
(
20
)	Apartados 77 a 111 de la sentencia recurrida.
(
21
)	Véanse, en particular, los apartados 120 a 129 de la sentencia recurrida.
(
22
)	Véanse, a este respecto, los apartados 92 a 96 de la sentencia recurrida.
(
23
)	Véanse, a este respecto, los apartados 65 a 76 de la sentencia recurrida.
(
24
)	Véanse, en particular, los apartados 80 a 89 de la sentencia recurrida.
(
25
)	Véase el artículo 70, apartado 1, del Reglamento MUR.
(
26
)	Al menos, mientras los fondos disponibles no queden por debajo de 2/3 del 1 % del importe de los depósitos con cobertura, bien por el recurso al Fondo, bien por un aumento posterior de los depósitos con cobertura: véase el artículo 69, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento MUR.
(
27
)	Es cierto que este Reglamento se aplica directamente a la recaudación de las contribuciones a los mecanismos de financiación nacionales. No obstante, para los Estados miembros de la Unión bancaria, el FUR sustituye a estos mecanismos a partir de la entrada en vigor del Reglamento MUR respecto a todas las entidades sometidas a él. En consecuencia, el Reglamento Delegado 2015/63 también es aplicable, por analogía, al cálculo de las contribuciones ex ante al FUR: véase el artículo 70, apartado 6, del Reglamento MUR.
(
28
)	En realidad, se parte de una combinación del importe medio de los depósitos con cobertura en el Estado miembro de que se trate y el importe total de los depósitos con cobertura en todos los Estados miembros participantes en el año anterior: véase el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81. No obstante, esto no es determinante para entender el funcionamiento de la recaudación de contribuciones. En cada uno de los años anteriores, la JUR estableció un importe fijo anual, equivalente a 1/8 de entre el 1,05 % y el 1,35 % del importe medio de los depósitos con cobertura calculados en el año anterior: véase https://www.srb.europa.eu/en/content/2020-srf-levies-ex-ante-contributions.
(
29
)	Véanse los artículos 4, apartado 1, y 14, apartados 1 a 4, del Reglamento Delegado 2015/63, así como la sentencia de 14 de noviembre de 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967), apartado 42.
(
30
)	Véase la Propuesta de la Comisión para el Reglamento MUR de 10 de julio de 2013, COM(2013) 520 final, pp. 16 y 17.
(
31
)	Véase, a este respecto, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), apartado 117.
(
32
)	O el momento de la «foto fija», como lo expresó el Abogado General Campos Sánchez-Bordona en sus conclusiones presentadas en el asunto State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:539), punto 71.
(
33
)	Véanse, en particular, los puntos 54 y 55 de las presentes conclusiones.
(
34
)	Véase también la Propuesta de la Comisión para el Reglamento MUR, de 10 de julio de 2013, COM(2013) 520 final, p. 15.
(
35
)	Véase el considerando 107 del Reglamento MUR.
(
36
)	Véanse a este respecto también mis conclusiones presentadas en los asuntos Aeris Invest/JUR y Algebris (UK) y Anchorage Capital Group/JUR (C‑874/19 P y C‑934/19 P, EU:C:2021:563), punto 104. Véase, asimismo, la Propuesta de la Comisión para el Reglamento MUR de 10 de julio de 2013, COM(2013) 520 final, p. 15.
(
37
)	Sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), apartado 113.
(
38
)	Véase el punto 54 de las presentes conclusiones.
(
39
)	Véase el considerando 11 del Reglamento de Ejecución 2015/81.
(
40
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967), apartado 43.
(
41
)	Sentencia de 14 de noviembre de 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967), apartado 44.
(
42
)	Véanse los considerandos 20 y 102 del Reglamento MUR.
(
43
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967), apartado 43.
(
44
)	A tal respecto, véase el punto 69 de las presentes conclusiones.
(
45
)	Véase, a este respecto, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), apartado 117.
(
46
)	Véase, en particular, el apartado 86 de la sentencia recurrida.
(
47
)	Podrán recaudarse nuevas contribuciones si, por ejemplo, a causa de la utilización de los fondos, el nivel de financiación disminuye por debajo de 2/3 del 1 % del importe de los depósitos con cobertura: véanse el artículo 69, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento MUR y el punto 53 de las presentes conclusiones.
(
48
)	Véanse los puntos 54 a 56 de las presentes conclusiones.
(
49
)	Véanse los apartados 110 y 111 de la sentencia recurrida.
(
50
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 9 de julio de 2015, Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei (C‑144/14, EU:C:2015:452), apartados 34 y 35.
(
51
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, EU:C:2005:408), apartados 271 y 218, y de 28 de marzo de 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), apartado 167.
(
52
)	En efecto, una disposición solo debe considerarse inválida cuando no es posible ninguna interpretación compatible con los principios o normas superiores: véanse en este sentido las sentencias de 29 de junio de 1995, España/Comisión (C‑135/93, EU:C:1995:201), apartado 37; de 4 de octubre de 2001, Italia/Comisión (C‑403/99, EU:C:2001:507), apartados 28 y 37, y de 26 de junio de 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone y otros (C‑305/05, EU:C:2007:383), apartado 28.
(
53
)	Véanse, en particular, los puntos 64 a 69 de las presentes conclusiones.
(
54
)	Véanse las sentencias de 2 de octubre de 2014, Strack/Comisión (C‑127/13 P, EU:C:2014:2250), apartado 78; de 28 de enero de 2016, Éditions Odile Jacob/Comisión (C‑514/14 P, no publicada, EU:C:2016:55), apartado 40, y de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), apartado 100.
(
55
)	En los Estados miembros de la Unión bancaria, las contribuciones a los mecanismos nacionales de financiación ahora solo las abonan las empresas no sometidas al Reglamento MUR.
(
56
)	Véanse el considerando 12 y el artículo 3, apartado 3, del Acuerdo Intergubernamental.
(
57
)	Véase, para más detalle, el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/81.
(
58
)	Véase el apartado 100 de la sentencia recurrida.
(
59
)	Véase el punto 33 de las presentes conclusiones.
(
60
)	Véanse el artículo 67, apartado 4, del Reglamento MUR y los artículos 1, apartado 1, y 3, apartado 1, del Acuerdo Intergubernamental.
(
61
)	Véase el considerando 9 del Acuerdo Intergubernamental.
(
62
)	Véase, a este respecto, el punto 67 de las presentes conclusiones.
(
63
)	Véase el punto 108 de las presentes conclusiones.
(
64
)	Sobre la amplia facultad discrecional que asiste al legislador en este ámbito, véanse los puntos 60 y 76 de las presentes conclusiones.
(
65
)	Véanse al respecto los puntos 69 y 76 de las presentes conclusiones.
(
66
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967), apartado 43.
(
67
)	Véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), apartados 103 y 104.
(
68
)	Véanse las sentencias de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392), apartado 181; de 15 de noviembre de 2012, Consejo/Bamba (C‑417/11 P, EU:C:2012:718), apartado 60, y de 22 de abril de 2021, Consejo/PKK (C‑46/19 P, EU:C:2021:316), apartados 55 y 56.
(
69
)	Sentencia de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392), apartado 181.