62021TJ0486_RES
Asunto T‑486/21
OE
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 7 de septiembre de 2022
«Función pública — Funcionarios — Teletrabajo — Petición de reembolso de gastos telefónicos y de conexión a Internet — Denegación de la petición — Excepción de ilegalidad — Admisibilidad parcial — Artículo 71 y anexo VII del Estatuto — Deber de asistencia y protección — Principio de igualdad y de no discriminación — Derecho al respecto de la vida privada»
Procedimiento judicial — Intervención — Excepción de inadmisibilidad no propuesta por la parte demandad — Inadmisibilidad — Causas de inadmisión por motivos de orden público — Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional
(Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 129 y 142, aps. 1 y 3)
(véanse los apartados 28 a 31)
Recursos de funcionarios — Motivo basado en una violación del principio de igualdad de trato — Carga de la prueba — Inversión de la carga de la prueba — Requisitos
(Estatuto de los Funcionarios, art. 1 quinquies, ap. 5)
(véanse los apartados 40 a 45 y 99)
Recursos de funcionarios — Excepción de ilegalidad — Carácter incidental — Invocación de la excepción con carácter principal en el marco del recurso principal — Admisibilidad
(Art. 277 TFUE)
(véase el apartado 52)
Funcionarios — Reembolso de gastos — Alcance — Gastos profesionales derivados del régimen de teletrabajo impuesto para hacer frente a la pandemia de COVID‑19 — Exclusión — Obligación del legislador de la Unión de prever el reembolso de dichos gastos — Inexistencia — Autonomía de las instituciones para adoptar medidas de reembolso distintas para sus funcionarios
(Estatuto de los Funcionarios, art. 71 y anexo VII)
(véanse los apartados 55 a 63, 65 y 67 a 72)
Funcionarios — Deber de asistencia y protección que incumbe a la administración — Alcance — Control jurisdiccional — Límites
(véanse los apartados 75 a 80)
Recursos de funcionarios — Motivos — Motivo basado en una vulneración del principio de igualdad de trato — Invocación de una supuesta discriminación derivada de las diferencias entre las medidas adoptadas por las instituciones en el marco del régimen de teletrabajo impuesto para hacer frente la pandemia de COVID‑19 — Desestimación
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
(véanse los apartados 105 a 107)
Funcionarios — Reembolso de gastos — Gastos profesionales derivados del régimen de teletrabajo impuesto para hacer frente a la pandemia de COVID‑19 — Denegación de una petición de acceso a Internet para paliar estos gastos — Vulneración del derecho al respeto de la vida privada y familiar — Criterios de apreciación
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 7 y 52, ap. 1)
(véanse los apartados 109 a 111)
Funcionarios — Responsabilidad extracontractual de las instituciones — Requisitos — Perjuicio — Carga de la prueba
(véanse los apartados 121 a 124)
Resumen
El 17 de marzo de 2020, las personas residentes en Bélgica fueron confinadas a causa de la pandemia de COVID‑19.
En consecuencia, la demandante, funcionaria de la Comisión Europea en el momento de los hechos, se vio obligada, como casi todo el personal de dicha institución, a ejercer sus funciones en régimen de teletrabajo a partir de esa fecha.
Al considerar que los gastos adicionales de telefonía y de Internet soportados durante los meses de septiembre y octubre de 2020 se debían al régimen de teletrabajo decidido por la Comisión, la demandante presentó una petición dirigida, en esencia, por una parte, al reembolso de dichos gastos y, por otra parte, a la obtención de un acceso a Internet a título profesional.
Mediante decisión de 18 de diciembre de 2020 (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), la Oficina de Infraestructuras y Logística de Bruselas (OIB) de la Comisión denegó dicha petición sobre la base de que las normas de reembolso de los gastos incurridos para equipar la oficina en el domicilio no incluían los gastos relativos a Internet y a las llamadas telefónicas.
Al haberse desestimado la reclamación de la demandante contra la decisión impugnada, esta interpuso un recurso de anulación ante el Tribunal.
En su sentencia, el Tribunal desestima el recurso y se pronuncia por primera vez sobre el eventual reembolso de los gastos incurridos por los funcionarios y agentes de la Unión en el marco del régimen de teletrabajo impuesto para luchar contra la pandemia de COVID‑19.
Apreciación del Tribunal
El Tribunal comienza examinando la excepción de ilegalidad invocada por la demandante contra el artículo 71 y el anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»). Este artículo establece el derecho al reembolso de los gastos profesionales incurridos por un funcionario, en las condiciones fijadas en dicho anexo.
Al valorar la admisibilidad de este motivo, el Tribunal analiza una primera causa de inadmisión basada en su falta de precisión. Si bien declara admisible el primer argumento de la demandante, fundado en que las dos disposiciones referidas no están adaptadas a las circunstancias resultantes de la pandemia de COVID‑19, no sucede lo mismo con el segundo argumento de la demandante, basado en la vulneración del principio de igualdad entre funcionarios.
Así, el Tribunal recuerda que el principio de igualdad exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado. Por otra parte, tratándose de normas estatutarias y habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de la que dispone el legislador de la Unión a este respecto, el referido principio solo se vulnera cuando el legislador de la Unión efectúa una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo perseguido por la normativa en cuestión. Por tanto, por regla general, corresponde a la parte demandante probar, por una parte, que fue tratada de manera diferente a otras personas que se encontraban en una situación comparable y, por otra parte, que esa diferenciación es arbitraria o manifiestamente inadecuada. Pues bien, en el caso de autos, la demandante no ha identificado ni las ventajas financieras a las que se refiere, ni las categorías de funcionarios que deberían compararse, ni los elementos tendentes a demostrar que la diferenciación alegada es arbitraria o manifiestamente inadecuada.
Esta conclusión no queda desvirtuada por la invocación del artículo 1 quinquies, apartado 5, del Estatuto, que prevé una modificación de la carga de la prueba en el sentido de que corresponde a la institución probar que no ha habido violación del principio de igualdad de trato cuando un funcionario que se considera perjudicado por no haberle sido aplicado este principio expone hechos que permiten presumir que se ha cometido una discriminación. En efecto, esta disposición se refiere a una vulneración del principio de igualdad derivada de la aplicación del Estatuto y no está destinada a ser aplicada cuando la supuesta violación resulta del propio Estatuto.
Al rechazar una segunda causa de inadmisión, basada en la vulneración del carácter incidental de las excepciones de ilegalidad, el Tribunal precisa que el carácter incidental de la excepción de ilegalidad no impide que se invoque con carácter principal en un recurso, teniendo los demás motivos carácter subsidiario.
Con todo, el Tribunal desestima esta excepción de ilegalidad en cuanto al fondo. Así, menciona que el legislador de la Unión no podía prever la pandemia de COVID‑19 ni la necesidad, para hacer frente a esta circunstancia, de organizar un régimen de teletrabajo cuando modificó por última vez sustancialmente el Estatuto, en 2013. (
1
) No obstante, todo legislador debe, por una parte, verificar que las normas que ha aprobado siguen respondiendo a las necesidades para las que fueron concebidas y, por otra, modificar aquellas que han dejado de ser adecuadas en el nuevo contexto en el que deben producir sus efectos. Sin embargo, el legislador dispone de un amplio margen de maniobra en el marco de esta comprobación, como también para adaptar, en su caso, el Estatuto.
Pues bien, la demandante no aporta argumentos ni pruebas suficientes que demuestren, habida cuenta de este amplio margen de apreciación, la manifiesta falta de adaptación del artículo 71 y del anexo VII del Estatuto o la eventual obligación del legislador de modificarlos. Además, aun suponiendo que sea necesario el reembolso de los gastos profesionales derivados de un régimen de teletrabajo, es preciso tomar en consideración la complejidad del procedimiento de modificación del Estatuto, los largos plazos de aplicación de los procesos subsiguientes de mejora de la legislación y el contexto de restricciones de emergencia necesarias para afrontar la pandemia de COVID‑19, en la fecha en que se adoptó la decisión impugnada. A la vista de estas consideraciones, no puede reprocharse a las instituciones de la Unión no haber modificado el Estatuto durante dicha pandemia, especialmente cuando dichas instituciones adoptaron medidas con carácter de urgencia.
Con respecto al motivo fundado, a título subsidiario, en el incumplimiento del artículo 71 del Estatuto, por cuanto la decisión desestimatoria de la reclamación afirmó que dicha disposición no prevé el reembolso de los gastos de Internet y de telefonía, el Tribunal constata que, si bien este artículo efectivamente tiene por objeto evitar que los funcionarios carguen solos con los gastos en que hayan incurrido derivados del ejercicio de sus funciones, el reembolso de los gastos se realiza en las condiciones fijadas en el anexo VII del Estatuto, que enumera las prestaciones financieras reembolsables de manera exhaustiva. Además, contrariamente a lo que sostiene la demandante, ni la decisión del Comité Económico y Social Europeo (CESE) de 9 de junio de 2021 por la que concedía una indemnización mensual a su personal para cubrir los gastos generados por el teletrabajo, ni las directrices de la Comisión relativas al teletrabajo durante la pandemia de COVID‑19, que establecían un reembolso condicionado de determinados costes vinculados a la adquisición del equipo ofimático para equipar la oficina en el domicilio, contradicen el carácter limitativo de las referidas disposiciones. En efecto, si bien el principio de unicidad de la función pública supone que todos los funcionarios y agentes de la Unión están sujetos a un Estatuto único y, por tanto, que debe aplicárseles del mismo modo el artículo 71 y el anexo VII de dicho Estatuto, este principio no implica que las instituciones deban hacer uso de forma idéntica de la facultad de apreciación que les reconoce dicho Estatuto. Por el contrario, el principio de autonomía del que gozan las instituciones, como empleadoras, en la gestión de su personal, puede justificar válidamente las diferencias entre las medidas limitadas que han adoptado para evitar que los miembros de su personal soporten solos los gastos incurridos en el ejercicio de sus funciones en el marco del teletrabajo. Esta consideración se impone con mayor motivo por cuanto dichas medidas tuvieron que ser adoptadas con carácter de urgencia en las circunstancias excepcionales relacionadas con el régimen de teletrabajo generalizado y obligatorio impuesto por los Estados miembros para hacer frente a la pandemia de COVID‑19.
Por lo que respecta al motivo fundado en la violación del principio de no discriminación sobre la base del trato más favorable reservado a los funcionarios y agentes del CESE, el Tribunal estima que las directrices sobre teletrabajo de la Comisión y la decisión del CESE de 9 de junio de 2021 constituyen la expresión del principio de autonomía en cuanto a la retribución de sus funcionarios en la situación excepcional relacionada con la pandemia de COVID‑19, de modo que las diferencias entre las medidas adoptadas por las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión no pueden ser alegadas en apoyo de un motivo basado en la vulneración del principio de igualdad de trato.
Acerca del motivo basado en la violación del derecho al respeto de la vida privada consagrado en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Tribunal señala que la existencia o inexistencia de una limitación de ese derecho debe apreciarse atendiendo a su impacto real sobre la persona en cuestión y que no puede haber injerencia en el ejercicio de un derecho cuando la relación entre este y la medida en cuestión es, como en el caso de autos, demasiado indirecta o demasiado aleatoria para ser tomada en consideración. En este contexto, la demandante se limita a alegar, sin aportar ninguna prueba, que el contrato que había suscrito con su proveedor de acceso a Internet limita ese acceso a un uso privado y personal y que esta prohibición tiene, inevitablemente, repercusiones sobre su derecho al respeto de su vida privada y de su domicilio.
Por último, el Tribunal desestima la petición de reparación del perjuicio moral supuestamente sufrido por la demandante, ante la falta de pruebas suficientes sobre la existencia o la amplitud del perjuicio que alega.
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1
)	Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (DO 2013, L 287, p. 15).