AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 27 de noviembre de 2023 (*)
«Recurso de anulación y de indemnización — Cláusula compromisoria — Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) — Acuerdo de subvención — Resolución por la que se califican como gastos no subvencionables determinados costes relacionados con un subcontrato — Obligación de motivación — Derecho a una buena administración — Artículo 202, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 — Derecho de defensa — Proporcionalidad — Recurso en parte manifiestamente interpuesto ante un órgano jurisdiccional incompetente para conocer de él y en parte manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»
En el asunto T‑250/22,
Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico, S. L. (Indetec), con domicilio social en Valencia, representada por el Sr. J. I. Navas Marqués, abogado,
parte demandante,
contra
Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), representada por los Sres. I. Ramallo y P. Rosa Plaza, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. J. Rivas Andrés y la Sra. A. Manzaneque Valverde, abogados,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. R. da Silva Passos, Presidente, y el Sr. S. Gervasoni y la Sra. I. Reine (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
dicta el siguiente
Auto
1        Mediante su recurso, basado en los artículos 263 TFUE y 272 TFUE, la demandante, Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico, S. L. (Indetec), solicita al Tribunal General, en primer lugar, que anule la resolución contenida en el escrito con referencia Ares(2022) 1775149 de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), de 10 de marzo de 2022, por la que determinados costes relacionados con un subcontrato fueron calificados de gastos no subvencionables (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), en segundo lugar, que declare que ella aplicó correctamente la cláusula II.9.1 de las condiciones generales del acuerdo de subvención en el que era parte y, en tercer lugar, que condene a la Comisión Europea a abonarle la cantidad de 335 900 euros en cumplimiento de sus obligaciones contractuales derivadas de dicho acuerdo.
I.      Antecedentes del litigio
2        El 10 de junio de 2016, con vistas a la ejecución del Proyecto LIFE15 CCM/ES/000080, «Valorisation of alcoholic wastes to produce H2 to be used in the sustainable generation of electricity» (Aprovechamiento de residuos alcohólicos en la producción de H2 para la generación sostenible de electricidad) (en lo sucesivo, «proyecto»), la Unión Europea, representada por la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME), predecesora de la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes (Eismea), celebró un acuerdo de subvención (en lo sucesivo, «acuerdo de subvención») con Innotecno Development, S. L., como beneficiaria coordinadora del proyecto. Esta formaba parte de un consorcio compuesto por cinco miembros, entre los que figuraba la demandante. Esta última pasó a ser parte contratante del acuerdo de subvención, como beneficiaria asociada, tras firmar el «formulario A 4». El proyecto se inscribía en el marco del Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 614/2007 (DO 2013, L 347, p. 185).
3        Entre los objetivos del proyecto figuraba la elaboración de un prototipo cuya realización se confió a la demandante. A este respecto, el consorcio decidió recurrir a un subcontratista y adjudicarle un contrato (en lo sucesivo, «subcontrato»). En este contexto, el 19 de diciembre de 2018 tuvo lugar un primer pago de 48 400 euros al subcontratista.
4        El 1 de abril de 2021, en virtud del artículo 15 de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión, de 12 de febrero de 2021, por la que se crean la CINEA, la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital, la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación, la Eismea, la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación y la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura, y se derogan las Decisiones de Ejecución 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE y 2013/770/UE (DO 2021, L 50, p. 9; corrección de errores en DO 2021, L 204, p. 50), por un lado, la Eismea sucedió y sustituyó a la EASME y, por otro, la CINEA sucedió y sustituyó a la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA).
5        De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra e), de la Decisión de Ejecución 2021/173, la CINEA se hizo cargo de la ejecución de las actividades heredadas de las partes del programa LIFE, de la que anteriormente era responsable la EASME. Además, según el artículo 16, apartado 1, de dicha Decisión de Ejecución, «cuando las actividades heredadas se transfieran entre agencias […] de conformidad con el artículo 7 [de esa Decisión de Ejecución], todos los expedientes y compromisos jurídicos serán automáticamente asumidos, en virtud de la [citada] Decisión, por la agencia creada por» tal Decisión de Ejecución y «dicha agencia se subrogará en todos los derechos y obligaciones respectivos» de la otra agencia.
6        Tras algunas comunicaciones, durante el período comprendido entre el 22 de julio de 2019 y el 19 de noviembre de 2021, entre la demandante y la EASME, primero, y entre la demandante y la CINEA, después, al haberse subrogado esta última, a partir del 1 de abril de 2021, en los derechos y obligaciones de la EASME derivados del acuerdo de subvención, se adoptó la resolución impugnada.
7        En la resolución impugnada, para declarar no subvencionables los costes relacionados con el subcontrato, la CINEA se basó en el hecho de que el consorcio no había demostrado que la licitación se hubiera publicado en un medio de comunicación relevante antes de la adjudicación del subcontrato. En efecto, según la CINEA, el subcontrato había sido adjudicado antes del 17 de diciembre de 2018, mientras que la licitación se había publicado el 20 de diciembre de 2018. Además, se afirma que el primer pago realizado en favor del subcontratista seleccionado tuvo lugar el 19 de diciembre de 2018. Por último, se indica que la licitación del subcontrato se publicó en la sección titulada «Documentos para descarga» de la página web del proyecto, junto con otros documentos sin relación con dicha licitación y teniendo solo visibilidad limitada.
II.    Pretensiones de las partes
8        La demandante solicita al Tribunal General que:
–        Anule la resolución impugnada.
–        Declare que ella aplicó correctamente la cláusula II.9.1 de las condiciones generales del acuerdo de subvención.
–        Condene a la Comisión, a través de la EASME, a abonarle la cantidad de 335 900 euros, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales derivadas del acuerdo de subvención.
–        Condene en costas a la CINEA.
9        La CINEA solicita al Tribunal General que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso o, con carácter subsidiario, lo desestime por infundado.
–        Desestime la pretensión declarativa relativa a la cláusula II.9.1 de las condiciones generales del acuerdo de subvención.
–        Desestime la pretensión de pago de 335 900 euros.
–        Condene en costas a la demandante.
III. Fundamentos de Derecho
10      En virtud del artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, cuando el Tribunal General sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso o cuando este sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal General podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
11      En el presente asunto, el Tribunal General, al considerar que la documentación que obra en autos le ofrece información suficiente, decide resolver sin continuar el procedimiento.
A.      Sobre la pretensión basada en el artículo
263 TFUE
12      Sin proponer formalmente una excepción de incompetencia en el sentido del artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la CINEA refuta, en esencia, la competencia del Tribunal General para conocer de la pretensión de anulación de la resolución impugnada sobre la base del artículo 263 TFUE, al entender que tal resolución no produce efectos derivados del ejercicio, por parte de la CINEA, de prerrogativas de autoridad pública. Considera que, por el contrario, la resolución impugnada es indisociable de la relación contractual existente entre la CINEA y el consorcio.
13      La demandante no se pronuncia sobre ello.
14      Es preciso recordar a este respecto que, según reiterada jurisprudencia, es posible ejercitar un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE contra todos los actos adoptados por las instituciones, cualesquiera que sean su naturaleza o su forma, que tiendan a producir efectos jurídicos obligatorios capaces de afectar a los intereses del demandante, modificando marcadamente su situación jurídica (véase la sentencia de 25 de junio de 2020, SC/Eulex Kosovo, C‑730/18 P, EU:C:2020:505, apartado 31 y jurisprudencia citada).
15      Por otra parte, el artículo 272 TFUE constituye una disposición específica que permite acudir al juez de la Unión en virtud de una cláusula compromisoria estipulada por las partes en contratos de Derecho público o de Derecho privado, y ello sin limitación alguna por razón de la naturaleza de la acción ejercitada ante el juez de la Unión (véase la sentencia de 25 de junio de 2020, SC/Eulex Kosovo, C‑730/18 P, EU:C:2020:505, apartado 30 y jurisprudencia citada).
16      De este modo, cuando exista un contrato entre la parte demandante y una de las instituciones de la Unión, el juez de la Unión solo puede conocer de un recurso basado en el artículo 263 TFUE si el acto impugnado tiende a producir efectos jurídicos vinculantes situados en el exterior de la relación contractual entre las partes y que implican el ejercicio de prerrogativas de poder público atribuidas a la institución contratante en su condición de autoridad administrativa (véase la sentencia de 16 de julio de 2020, ADR Center/Comisión, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, apartado 65 y jurisprudencia citada).
17      En el caso de autos, es preciso subrayar que la resolución impugnada se inscribe en un marco puramente contractual. En efecto, mediante dicha resolución, la CINEA consideró que los costes relacionados con el subcontrato debían rechazarse por no ser subvencionables.
18      Por consiguiente, la resolución impugnada tiene carácter contractual y no tiene por objeto producir efectos jurídicos vinculantes situados en el exterior de la relación contractual entre la demandante y la CINEA, ni implica el ejercicio, por parte de esta última, de prerrogativas de poder público. Por lo tanto, dicha resolución no puede considerarse recurrible en anulación con arreglo al artículo 263 TFUE.
19      Así pues, la pretensión basada en el artículo 263 TFUE de anulación de la resolución impugnada debe desestimarse por haber sido manifiestamente formulada ante un órgano jurisdiccional incompetente para conocer de ella.
B.      Sobre la pretensión basada en el artículo
272 TFUE
1.      Sobre la competencia del Tribunal General y la admisibilidad
20      La CINEA sostiene que el presente recurso, interpuesto sobre la base del artículo 272 TFUE, es inadmisible con arreglo al artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento. En efecto, afirma que la demandante no expone de manera clara y precisa ni los fundamentos de hecho ni los motivos de Derecho en los que basa su recurso por responsabilidad contractual. Añade que la demanda contiene una descripción incoherente y engañosa de los hechos relevantes e indicaciones y alegaciones vagas y abstractas sobre los motivos segundo y tercero, sin relación con una supuesta vulneración del principio de buena administración, así como sobre la eventual recalificación del recurso sobre la base del artículo 272 TFUE.
21      La demandante no se pronuncia a este respecto.
22      Con carácter preliminar, es preciso señalar que, a tenor del artículo 272 TFUE, en relación con el artículo 256 TFUE, el Tribunal General será competente para juzgar en primera instancia en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta.
23      En el presente asunto, la demandante indica expresamente que su recurso también se basa en el artículo 272 TFUE. A este respecto, la cláusula II.18.2 de las condiciones generales del acuerdo de subvención contiene una cláusula compromisoria según la cual, «en virtud del artículo 272 TFUE, el Tribunal General o, en casación, el Tribunal de Justicia tendrán competencia exclusiva para conocer de toda controversia entre la Unión y cualquier beneficiario relativa a la interpretación, aplicación o validez del presente acuerdo, si dicha controversia no pudiere resolverse amistosamente».
24      Por consiguiente, en la medida en que el recurso se basa en el artículo 272 TFUE, el Tribunal General es competente para conocer de él.
25      Sentado lo anterior, procede recordar que, en virtud del artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al procedimiento ante el Tribunal General de conformidad con el artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, la demanda debe contener el objeto del litigio, los motivos y alegaciones invocados y una exposición sumaria de dichos motivos (sentencia de 16 de marzo de 2023, GABO:mi/Comisión, C‑696/21 P, no publicada, EU:C:2023:217, apartado 46).
26      En efecto, la «exposición sumaria de los motivos» que debe figurar en toda demanda, en el sentido de las disposiciones mencionadas en el apartado 25 anterior, significa que la demanda debe explicitar el motivo en el que se basa el recurso (véase la sentencia de 16 de marzo de 2023, GABO:mi/Comisión, C‑696/21 P, no publicada, EU:C:2023:217, apartado 47 y jurisprudencia citada).
27      Así, para declarar la admisibilidad de un recurso ante el Tribunal General, es preciso, en particular, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el texto de la propia demanda (véase la sentencia de 16 de marzo de 2023, GABO:mi/Comisión, C‑696/21 P, no publicada, EU:C:2023:217, apartado 48 y jurisprudencia citada).
28      Por último, cabe recordar que los requisitos establecidos en el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento tienen por objeto permitir, por un lado, que la parte demandada prepare su defensa y, por otro, que el Tribunal General ejerza su control y, en este contexto, evitar que el Tribunal General resuelva ultra petita u omita pronunciarse sobre una imputación (véase la sentencia de 16 de marzo de 2023, GABO:mi/Comisión, C‑696/21 P, no publicada, EU:C:2023:217, apartado 50 y jurisprudencia citada).
29      En el presente asunto, en primer lugar, ha de señalarse que resulta nítidamente de la demanda que la demandante expone de manera clara la versión de los hechos e invoca cuatro motivos, basados, el primero, en la falta de motivación, el segundo, en la infracción de la cláusula II.9.1 de las condiciones generales del acuerdo de subvención, el tercero, en la infracción del artículo 298 TFUE y del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y, el cuarto, en la vulneración del artículo 202, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1), y en la vulneración del derecho de defensa y del principio de proporcionalidad.
30      En segundo lugar, de las alegaciones formuladas por la demandante en el marco del segundo motivo se desprende, en particular, que, según ella, la licitación para la adjudicación del subcontrato se publicó a su debido tiempo, respetando el procedimiento aplicable y de buena fe. Expone, además, que el subcontrato se adjudicó conforme al criterio de la oferta más baja en precio y en relación con la calidad ofrecida.
31      En tercer lugar, de las alegaciones formuladas por la demandante en el marco del tercer motivo se desprende que, a juicio de esta, la CINEA proporcionó tardíamente su interpretación del principio de transparencia en relación con la publicación de las licitaciones. Además, la demandante considera contradictorias las sucesivas contestaciones de la EASME.
32      En cuarto lugar, como se ha indicado en el anterior apartado 23, el recurso también se basa expresamente en el artículo 272 TFUE. Por lo tanto, la demandante no estaba obligada a fundamentar en mayor medida su demanda en relación con una eventual recalificación del recurso como recurso basado en el artículo 272 TFUE.
33      Por último, del escrito de contestación se desprende que la CINEA, al pronunciarse sobre los motivos invocados por la demandante, había llegado a comprender el contenido de estos.
34      Por lo tanto, la argumentación de la demandante es suficientemente clara y precisa para permitir, por un lado, a la CINEA preparar su defensa sobre la base del presente recurso, interpuesto con arreglo al artículo 272 TFUE y a la cláusula compromisoria que figura en la cláusula II.18.2 de las condiciones generales del acuerdo de subvención, y, por otro, al Tribunal General resolver dicho recurso.
35      Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar las causas de inadmisión propuestas por la CINEA y declarar la admisibilidad del recurso basado en el artículo 272 TFUE.
2.      Sobre el fondo
36      En apoyo de su recurso, la demandante invoca cuatro motivos, basados, el primero, en la falta de motivación, el segundo, en la infracción de la cláusula II.9.1 de las condiciones generales del acuerdo de subvención, el tercero, en la infracción del artículo 298 TFUE y del artículo 41 de la Carta y, el cuarto, en la infracción del artículo 202, apartado 4, del Reglamento 2018/1046 y en la vulneración del derecho de defensa y del principio de proporcionalidad.
a)      Primer motivo, basado en la falta de motivación
37      La demandante sostiene que la resolución impugnada carece de motivación suficiente, dado que en ella no se menciona ningún documento de prueba y se mezclan fechas y hechos. Alega, en esencia, que los fundamentos de la resolución impugnada carecen de base y no pueden justificar la conclusión alcanzada en ella. Además, según la demandante, la resolución impugnada indica simplemente la cantidad clasificada como no subvencionable, sin mencionar las disposiciones legales en las que está basada, lo que constituye igualmente una vulneración de su derecho de defensa. Añade que dicha resolución tampoco menciona cómo se debería hacer la publicación de la licitación ligada al subcontrato.
38      La demandante también lamenta una desproporcionalidad entre las obligaciones de las partes, en la medida en que ella debía respetar plazos estrictos, mientras que la otra parte contratante siempre contestaba con mucho retraso a sus escritos.
39      La CINEA rebate las alegaciones de la demandante.
40      Es preciso subrayar que la obligación de motivación, invocada por la demandante, fue inscrita en el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta, a tenor del cual las instituciones, órganos y organismos de la Unión están obligados a motivar sus decisiones (sentencia de 24 de febrero de 2021, Universität Koblenz-Landau/EACEA, T‑606/18, no publicada, EU:T:2021:105, apartado 27).
41      Así, el Tribunal General ya ha tenido ocasión de declarar que la Carta, que forma parte del Derecho primario, establece, en su artículo 51, apartado 1, sin excepción, que sus disposiciones «están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad», y que, por ello, los derechos fundamentales están llamados a regular el ejercicio de las competencias que se atribuyen a las instituciones de la Unión, incluso en un marco contractual [véase la sentencia de 24 de febrero de 2021, Universität Koblenz-Landau/EACEA, T‑606/18, no publicada, EU:T:2021:105, apartado 28 y jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2022, JC/EUCAP Somalia, T‑165/20, EU:T:2022:453, apartado 89 (no publicado)].
42      Asimismo, cuando las instituciones, órganos u organismos de la Unión ejecutan un contrato, quedan sujetos a las obligaciones que les incumben en virtud de la Carta y de los principios generales del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, ADR Center/Comisión, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, apartado 86).
43      Además, si las partes deciden, en su contrato, mediante una cláusula compromisoria, atribuir al juez de la Unión la competencia para resolver cualquier controversia en relación con aquel, el juez de la Unión será competente, independientemente de la ley aplicable estipulada en el mencionado contrato, para examinar las eventuales infracciones de la Carta y de los principios generales del Derecho de la Unión (véase la sentencia de 24 de febrero de 2021, Universität Koblenz-Landau/EACEA, T‑606/18, no publicada, EU:T:2021:105, apartado 30 y jurisprudencia citada).
44      Por último, dado que el legislador de la Unión previó que una subvención puede concederse tanto por vía contractual como por vía administrativa, las instituciones, órganos y organismos de la Unión no pueden eludir, a su arbitrio, sus obligaciones derivadas del Derecho primario, incluida la Carta, en función de su elección de conceder subvenciones mediante acuerdo en lugar de mediante decisión (sentencia de 14 de diciembre de 2022, Green Power Technologies/Comisión, T‑753/20, no publicada, EU:T:2022:806, apartado 196).
45      Por lo tanto, en el marco de su recurso basado en el artículo 272 TFUE, la demandante puede invocar fundadamente la obligación de motivación amparada por la Carta.
46      Precisado lo anterior, procede recordar que la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE y recogida en el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta es un principio esencial del Derecho de la Unión que tiene como objetivo, por un lado, proporcionar al interesado una indicación suficiente para apreciar el fundamento del acto lesivo y la oportunidad de interponer un recurso judicial tendente a cuestionar su legalidad y, por otro lado, permitir al juez de la Unión ejercer su control (sentencia de 14 de diciembre de 2022, Green Power Technologies/Comisión, T‑753/20, no publicada, EU:T:2022:806, apartado 199).
47      En este contexto, es preciso recordar que el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias concretas, especialmente del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que el destinatario pueda tener en recibir explicaciones, y es importante, para apreciar la suficiencia de la motivación, colocarla en el contexto fáctico y jurídico en el que se inscribe la adopción del acto de que se trate. Así pues, un acto está suficientemente motivado cuando tiene lugar en un contexto conocido por el destinatario interesado que le permite comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él (véase la sentencia de 14 de diciembre de 2022, Green Power Technologies/Comisión, T‑753/20, no publicada, EU:T:2022:806, apartado 200 y jurisprudencia citada).
48      En el presente asunto, ha de señalarse de entrada que la resolución impugnada indica las estipulaciones pertinentes de las condiciones generales del acuerdo de subvención que regula las relaciones contractuales de las partes en dicho acuerdo, a saber, las cláusulas II.9.1, II.10.1 y II.19.1. f). Por consiguiente, procede desestimar las alegaciones de la demandante relativas a la falta de mención de las estipulaciones en las que se apoya la resolución impugnada.
49      Además, la resolución impugnada expone de manera detallada el contexto fáctico en el que se adoptó.
50      Por añadidura, en la resolución impugnada se indica que la demandante había adjudicado el subcontrato antes del 17 de diciembre de 2018, que esta había efectuado el primer pago de 48 400 euros al subcontratista el 19 de diciembre de 2018, que la licitación se había publicado en la página web del proyecto el 20 de diciembre de 2018, es decir, después de la adjudicación del subcontrato, y que dicho subcontrato se había publicado en la sección titulada «Documentos para descarga» de la página web del proyecto. Basándose en todo ello, la CINEA concluyó que el consorcio no le había aportado pruebas suficientes de que la licitación se hubiera publicado de manera transparente en un medio de comunicación relevante y que tal licitación no había respetado los requisitos establecidos en las cláusulas II.9.1 y II.10.1 de las condiciones generales del acuerdo de subvención.
51      Por último, la resolución impugnada hace referencia a las comunicaciones anteriores dirigidas al consorcio, que constituyen el contexto pertinente de tal resolución y en las que se identificaban expresamente las cláusulas contractuales y las consecuencias derivadas de la inobservancia de dichas estipulaciones.
52      En tales circunstancias, en la resolución impugnada, la CINEA mantuvo su posición de que el importe de 335 900 euros, relativo a los costes del subcontrato, y los costes relacionados de 23 513 euros debían considerarse no subvencionables.
53      De ello se desprende que la resolución impugnada, que se inscribe en un contexto conocido por la demandante, contenía una motivación suficiente.
54      También es preciso señalar que la circunstancia de que la demandante podía comprender las razones que justificaban la adopción de la resolución impugnada queda confirmada por el tenor de los motivos segundo, tercero y cuarto del presente recurso, en los que la demandante pudo identificar los hechos concretos en los que se basó la adopción de dicha resolución y rebatir tales razones.
55      Además, las alegaciones basadas en la supuesta falta de elementos de prueba, en la mezcla de fechas y hechos y en la ausencia de base y de lógica en la motivación de la resolución impugnada están dirigidas a impugnar la procedencia de dicha resolución.
56      Pues bien, debe recordarse que, según la jurisprudencia, la obligación de motivación constituye un requisito sustancial de forma que debe distinguirse de la cuestión de la procedencia de la motivación, pues esta cuestión pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. En efecto, la motivación de una decisión consiste en expresar formalmente los fundamentos en los que se basa dicha decisión. Si estos fundamentos incurren en errores, estos vician la legalidad de la decisión sobre el fondo, pero no su motivación, que puede ser suficiente aunque exprese una fundamentación errónea. De ello se deriva que las imputaciones y alegaciones que tienen por objeto impugnar la procedencia de un acto carecen de pertinencia en el contexto de un motivo de recurso basado en una ausencia de motivación o en su insuficiencia (sentencias de 16 de noviembre de 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Comisión, C‑250/16 P, EU:C:2017:871, apartado 16, y de 22 de octubre de 2020, EKETA/Comisión, C‑274/19 P, no publicada, EU:C:2020:853, apartado 79).
57      Por otro lado, las alegaciones basadas en una supuesta desproporcionalidad entre las obligaciones de las partes en el acuerdo de subvención no pueden demostrar una falta de motivación de la resolución impugnada.
58      De lo anterior se desprende que la motivación de la resolución impugnada era suficiente para que la demandante pudiera impugnar la validez de esta y el Tribunal General ejercer su control.
59      A la luz de las consideraciones anteriores, procede desestimar el presente motivo por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
b)      Segundo motivo, basado en la infracción de la cláusula II.9.1 de las condiciones generales del acuerdo de subvención
60      La demandante indica que no obtuvo el pago de las cantidades relacionadas con los costes declarados no subvencionables.
61      La demandante precisa que, tras haber consultado, conforme a las recomendaciones de la EASME, al grupo monitor externo establecido por la cláusula II.1.4 de las condiciones generales del acuerdo de subvención, decidió publicar la licitación relativa al subcontrato en la página web del proyecto, como se había hecho para otros proyectos comprendidos en el programa LIFE, y que esa página web debía considerarse un «medio de publicación relevante», en el sentido de la cláusula II.9.1 de las condiciones generales del acuerdo de subvención. Aduce que, el 31 de octubre de 2018, envió un correo electrónico a la beneficiaria coordinadora del proyecto para que esta publicara la requisición técnica del proyecto en la citada página web, lo que, según la demandante, se hizo antes de la adjudicación del subcontrato, que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2018. Sin embargo, objeta la demandante, pese a la prueba de publicación que había aportado y a su ejecución de buena fe, se adoptó la resolución impugnada.
62      La demandante también lamenta que la otra parte contratante no indicara nunca cuál habría sido el medio de publicación suficiente y admisible, lo cual tampoco se indica, a su juicio, ni en el acuerdo de subvención ni en la legislación de la Unión aplicable al proyecto.
63      La demandante añade que la publicación de la licitación tuvo lugar antes de la adjudicación del subcontrato, que varias ofertas fueron presentadas por empresas con las que había contactado y que el subcontrato se adjudicó a la empresa que presentó la oferta más baja en precio y en relación con la calidad ofrecida. Sostiene, además, que registró toda la documentación y las comunicaciones relacionadas con el proceso de licitación y adjudicación del subcontrato, mientras que la otra parte contratante expuso argumentos cambiantes y contradictorios. Por último, alega que entregó el prototipo objeto del subcontrato y abonó la cantidad de 335 900 euros al subcontratista.
64      La CINEA rebate las alegaciones de la demandante.
65      A este respecto, es preciso recordar que, cuando conoce de un asunto en el marco de una cláusula compromisoria en virtud del artículo 272 TFUE, el Tribunal General debe resolver el litigio basándose en el Derecho material aplicable al contrato (véase la sentencia de 27 de octubre de 2021, Egis Bâtiments International e InCA/Parlamento, T‑610/20, no publicada, EU:T:2021:735, apartado 23 y jurisprudencia citada).
66      En el caso de autos, la cláusula II.18.1 de las condiciones generales del acuerdo de subvención establece que este se regirá por el Derecho pertinente de la Unión, completado, en su caso, por el Derecho belga.
67      En el marco de ese Derecho aplicable, las controversias que surjan durante la ejecución de un contrato deben resolverse, en principio, sobre la base de las cláusulas contractuales (véase la sentencia de 27 de octubre de 2021, Egis Bâtiments International e InCA/Parlamento, T‑610/20, no publicada, EU:T:2021:735, apartado 24 y jurisprudencia citada).
68      En el caso de autos, las cláusulas contractuales que figuran en el acuerdo de subvención son suficientes para examinar el presente motivo.
69      A efectos de comprobar el cumplimiento de esas estipulaciones contractuales, es preciso recordar que, para que la institución o el organismo de que se trate pueda ejercer su función de control, los beneficiarios de subvenciones deben demostrar la realidad de los costes imputados a los proyectos subvencionados. El buen funcionamiento del sistema de control y de prueba establecido para comprobar que se han cumplido los requisitos de concesión de las ayudas exige que estos beneficiarios proporcionen información fiable (véase la sentencia de 10 de marzo de 2021, Ayuntamiento de Quart de Poblet/Comisión, T‑539/18, no publicada, EU:T:2021:123, apartado 61 y jurisprudencia citada).
70      Por tanto, la prueba de que se ha realizado un proyecto no basta para justificar la concesión de una subvención específica. Su beneficiario debe probar, además, que ha realizado los gastos declarados con arreglo a los requisitos fijados para la concesión de la ayuda de que se trate, ya que solo los gastos debidamente justificados pueden considerarse subvencionables. Su deber de respetar los requisitos financieros establecidos constituye incluso una de sus obligaciones esenciales y, por esta razón, condiciona la atribución de la ayuda económica (véase la sentencia de 10 de marzo de 2021, Ayuntamiento de Quart de Poblet/Comisión, T‑539/18, no publicada, EU:T:2021:123, apartado 62 y jurisprudencia citada).
71      En el caso de autos, para declarar, en la resolución impugnada, no subvencionables los costes relacionados con el subcontrato, la CINEA se basó en el hecho de que el consorcio no había demostrado que, antes de la adjudicación del subcontrato, la licitación se hubiera publicado en un medio de publicación relevante. En efecto, según la CINEA, el subcontrato se adjudicó antes del 17 de diciembre de 2018, mientras que la licitación se publicó el 20 de diciembre de 2018. Pues bien, conforme a la cláusula II.9.1, párrafo tercero, de las condiciones generales del acuerdo de subvención, la publicación de la licitación debió haber tenido lugar antes de la adjudicación del subcontrato. Además, el primer pago realizado en favor del subcontratista seleccionado tuvo lugar, tal como se afirma, el 19 de diciembre de 2018. Por último, se indica que la licitación del subcontrato se publicó en la sección titulada «Documentos para descarga» de la página web del proyecto, junto con otros documentos sin relación con dicha licitación y teniendo solo visibilidad limitada.
72      En primer lugar, procede señalar que la demandante afirma, por una parte, que el subcontrato se adjudicó el 17 de diciembre de 2018.
73      A este respecto, del acta de la décima reunión del consorcio de beneficiarios, celebrada el 17 de diciembre de 2018, se desprende que la adjudicación del contrato al subcontratista seleccionado fue aprobada en la referida reunión a propuesta de la demandante. En cambio, la CINEA no ha aportado pruebas que demuestren que, por el contrario, dicha adjudicación tuvo lugar antes de la celebración de esa reunión el 17 de diciembre de 2018. En cualquier caso, las partes están de acuerdo en que tal adjudicación no tuvo lugar después de esa fecha.
74      Por otra parte, la demandante no niega que el primer pago en favor del subcontratista seleccionado se efectuó el 19 de diciembre de 2018.
75      En segundo lugar, la demandante indica que, el 31 de octubre de 2018, transmitió la licitación del subcontrato a la beneficiaria coordinadora con el fin de que esta, que se encargaba de la gestión de la página web del proyecto, procediera a publicarla.
76      Sin embargo, la demandante no aporta ninguna prueba de que la licitación se publicara antes de la adjudicación del subcontrato, el 17 de diciembre de 2018. Además, si la demandante hubiera dispuesto de tal prueba, debería haberla aportado en la fase de la demanda, de conformidad con el artículo 85, apartados 1 y 3, del Reglamento de Procedimiento, en tanto en cuanto la publicación de la licitación debió haber tenido lugar antes de la adjudicación del subcontrato el 17 de diciembre de 2018 y la demanda se presentó el 6 de mayo de 2022.
77      Ciertamente, la demandante se basa en el acta de la décima reunión del consorcio de beneficiarios, de 17 de diciembre de 2018, en la que se menciona expresamente la publicación anterior de la licitación del subcontrato.
78      En efecto, en la página 3 del acta de la décima reunión del consorcio de beneficiarios, de 17 de diciembre de 2018, figura la mención «vistos los antecedentes y después de publicada en WEB del proyecto».
79      Sin embargo, esta mención vaga no está respaldada por ningún elemento y resulta directamente contradicha por la afirmación de la beneficiaria coordinadora, encargada, como sostiene la demandante, de cargar telemáticamente la licitación del subcontrato en la página web del proyecto. En efecto, en respuesta a una pregunta de la CINEA, enviada por correo electrónico de 7 de febrero de 2022, sobre la fecha precisa de publicación de la licitación del subcontrato, la beneficiaria coordinadora respondió, mediante correo electrónico de 8 de febrero de 2022, que la fecha de la publicación en cuestión había sido el 20 de diciembre de 2018. Esta información se ve corroborada por otros elementos transmitidos por la demandante a la CINEA. Además, en un escrito de la demandante de 5 de noviembre de 2020 se indica que la requisición técnica se transmitió a la beneficiaria coordinadora el 7 de enero de 2019 para que la publicara en la página web del proyecto.
80      Por otra parte, la demandante afirma haber invitado a tres licitadores, entre ellos una empresa que, según la CINEA y tal como se desprende de los autos, pertenecía al mismo grupo que la demandante, a participar en el procedimiento de licitación para la adjudicación del subcontrato, habiendo recibido ofertas de ellos. En cambio, la demandante no sostiene haber recibido otras ofertas como respuesta a la supuesta publicación de la licitación. Por añadidura, de los autos se desprende igualmente que la demandante deseaba desde el principio modificar el acuerdo de subvención para poder incluir a la sociedad de su grupo como beneficiaria asociada a efectos del desarrollo del prototipo.
81      Además, en sus respuestas al escrito de la CINEA de 21 de septiembre de 2021, la demandante sostiene que no es responsable de una publicación irregular de la licitación del subcontrato, en la medida en que de ello se encargaba la beneficiaria coordinadora y en que ella misma no tenía acceso a la página web del proyecto.
82      A este respecto, por un lado, basta con señalar que, conforme a la cláusula II.1.1.a) de las condiciones generales del acuerdo de subvención, todos los beneficiarios eran solidariamente responsables de la ejecución del proyecto respetando las condiciones establecidas en el acuerdo de subvención. Además, en virtud de la cláusula II.1.3 de las condiciones generales del acuerdo de subvención, el beneficiario coordinador se encargaba de supervisar esa ejecución y de celebrar con los beneficiarios asociados contratos que especificaran su participación técnica y financiera en el proyecto.
83      Por otro lado, la demandante no proporciona ninguna indicación sobre las gestiones que pudiera haber realizado para asegurarse de que la beneficiaria coordinadora había procedido efectivamente a publicar la licitación del subcontrato.
84      Por consiguiente, la CINEA no está obligada a asumir las consecuencias de una eventual deficiencia de la beneficiaria coordinadora o de la demandante, ni, por ende, a abonar cantidades correspondientes a costes que se han considerado no subvencionables.
85      De ello se deduce que la demandante no satisfizo la carga de la prueba que le incumbía con arreglo a la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 69 y 70, con el fin de demostrar que la publicación de la licitación vinculada a la adjudicación del subcontrato había tenido lugar antes de la adjudicación de este el 17 de diciembre de 2018.
86      Además, en primer término, por lo que respecta a las alegaciones basadas en la supuesta falta de precisión, por parte de la CINEA, sobre cómo ha de aplicarse la estipulación contractual en cuestión y a los supuestos argumentos cambiantes y contradictorios esgrimidos por la CINEA, procede examinarlos en el marco del tercer motivo.
87      En segundo término, la demandante tampoco puede basarse en una supuesta aceptación del procedimiento de licitación del subcontrato por el grupo monitor externo.
88      Tal como señala la demandante, la función del grupo monitor externo se define en la cláusula II.1.4 de las condiciones generales del acuerdo de subvención.
89      A tenor de esta cláusula, el grupo monitor externo no estaba «autorizado a tomar decisiones en nombre de la Agencia» y «ninguna recomendación o declaración facilitada por el grupo monitor externo a los beneficiarios p[odía] interpretarse como una posición de la Agencia».
90      Por consiguiente, conforme a la cláusula II.1.4 de las condiciones generales del acuerdo de subvención, la demandante no podía apoyarse en las posiciones expresadas por el grupo monitor externo.
91      En cualquier caso, de los intercambios entre la demandante y el grupo monitor externo se desprende que este no validó el procedimiento de licitación del subcontrato.
92      En efecto, en un correo electrónico de 12 de junio de 2018, la representante del grupo monitor externo indicó que la EASME insistía en que se respetara el acuerdo de subvención, lo que excluía la adjudicación del subcontrato a una empresa perteneciente al grupo de la demandante.
93      En un correo electrónico de 14 de junio de 2018, en el que se apoya la demandante, la representante del grupo monitor externo se limitó a indicar que la propuesta de la demandante presentada al consorcio podía ser aceptable en relación con las condiciones generales del acuerdo de subvención. Sin embargo, dicha propuesta no se refería a la adjudicación de un subcontrato.
94      Por lo que respecta a la adjudicación del subcontrato a la empresa del grupo de la demandante, en un correo electrónico de 24 de julio de 2018, la representante del grupo monitor externo escribió que la EASME pedía un contrato único y dejaba abierta la posibilidad de que dicho contrato único se adjudicara a la empresa del grupo de la demandante. No obstante, de ser así, era especialmente importante que la demandante demostrara, en la documentación de su procedimiento de subcontratación, que no había alternativa a esa empresa. Esta información también figura en el anexo del escrito de la EASME de 4 de julio de 2018. Sin embargo, de un correo electrónico de la demandante de 25 de julio de 2018 se desprende que esta no optó por proceder a tal adjudicación directa, puesto que indicó a la beneficiaria coordinadora que tenía previsto solicitar ofertas de tres proveedores, incluida la empresa del grupo de la demandante.
95      En el último correo electrónico enviado por la representante del grupo monitor externo a la beneficiaria coordinadora el 25 de julio de 2018, esta última indicó que la EASME exigía que se aportaran los documentos justificantes del procedimiento de subcontratación y explicaciones sobre la manera en que se había aplicado dicho procedimiento en este caso, insistiendo en la importancia de esa información.
96      A la luz de todo lo anterior, debe concluirse que la demandante no ha demostrado que la CINEA haya aplicado erróneamente las cláusulas II.9.1 y II.10.1 de las condiciones generales del acuerdo de subvención.
97      Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
c)      Tercer motivo, basado en la infracción del artículo  298 TFUE y del artículo  41 de la Carta
98      La demandante alega que la EASME vulneró su derecho a una buena administración. Según la demandante, la EASME nunca indicó, durante el período comprendido entre 2018 y 2021, cómo interpretaba la aplicación del principio de transparencia en la publicación de la licitación vinculada a la adjudicación del subcontrato, para, a continuación, proporcionar esta interpretación con un retraso de cuatro años. Añade que las sucesivas respuestas de la EASME eran contradictorias y confusas.
99      La CINEA rebate las alegaciones de la demandante.
100    En el caso de autos, en primer lugar, de la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados 41 y 42 se desprende que, cuando la CINEA ejecuta un contrato, queda sujeta a las obligaciones que le incumben en virtud de la Carta y de los principios generales del Derecho de la Unión.
101    Así pues, contrariamente a lo que afirma, la CINEA está obligada a respetar el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta.
102    En segundo lugar, procede recordar que el artículo 41, apartado 1, de la Carta establece que «toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable».
103    A este respecto, por un lado, en lo que atañe al supuesto retraso con el que la CINEA aportó su interpretación del principio de transparencia en relación con la publicación de las licitaciones, de la cláusula II.9.1, párrafo tercero, de las condiciones generales del acuerdo de subvención se desprende claramente que la demandante estaba obligada a organizar, a través del consorcio, un procedimiento de licitación abierto. Además, las «directrices financieras y administrativas», adjuntas al acuerdo de subvención como anexo X, preveían el respeto de los principios de transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación de los posibles contratistas en los procedimientos de licitación. Por tanto, la demandante disponía de información suficiente sobre las características requeridas del procedimiento de licitación del subcontrato o, al menos, de las indicaciones de que tal procedimiento debía organizarse antes de la adjudicación del subcontrato. Ahora bien, como se ha concluido en el apartado 85 anterior, la demandante no ha demostrado que tal procedimiento se hubiera organizado antes de la adjudicación de dicho contrato.
104    Por otro lado, en lo que atañe a las alegaciones de la demandante según las cuales las sucesivas respuestas de la EASME eran contradictorias, procede señalar que, desde su escrito de 4 de julio de 2017, la EASME llamó la atención del consorcio sobre el cumplimiento de las cláusulas II.9.1 y II.10.1 de las condiciones generales del acuerdo de subvención.
105    Mediante escrito de 22 de julio de 2019, la EASME indicó que el consorcio no había demostrado que se hubieran respetado las condiciones establecidas en la cláusula II.9.1 de las condiciones generales del acuerdo de subvención, en particular la publicación de la licitación del subcontrato, y que la página web del proyecto no se consideraba un medio de publicación relevante, dado que no había garantías de que potenciales licitadores estuvieran informados de tal publicación. La posición de la EASME y, más tarde, de la CINEA se mantuvo sin cambios en sus comunicaciones posteriores de 5 de noviembre de 2020 y 1 de julio de 2021. En su escrito de 20 de septiembre de 2021, la CINEA tuvo en cuenta la información y los elementos adicionales que se le habían facilitado y consideró que la publicación de la licitación del subcontrato en la sección titulada «Documentos para descarga» de la página web del proyecto, junto con otros documentos sin relación con dicha licitación, hacía muy improbable que los potenciales proveedores hubieran podido acceder fácilmente a esa información en la mencionada página web.
106    En consecuencia, ni la EASME, ni, posteriormente, la CINEA, formularon alegaciones contradictorias.
107    Por lo tanto, procede desestimar el presente motivo por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
d)      Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo  202, apartado  4, del Reglamento 2018/1046 y en la vulneración del derecho de defensa y del principio de proporcionalidad
108    El cuarto motivo se divide en tres partes, basadas, la primera, en la infracción del artículo 202, apartado 4, del Reglamento 2018/1046, la segunda, en la vulneración del derecho de defensa y, la tercera, en la vulneración del principio de proporcionalidad.
1)      Primera parte, basada en la infracción del artículo 202, apartado 4, del Reglamento 2018/1046
109    La demandante invoca el artículo 202, apartado 4, del Reglamento 2018/1046, relativo a la determinación de los importes que deben reducirse o recuperarse debido a la imposibilidad de cuantificar con precisión el importe de los gastos no subvencionables. La demandante se apoya también en el considerando 71 de dicho Reglamento, relativo a las exclusiones o a la imposición de una sanción económica a una persona o entidad.
110    La CINEA rebate las alegaciones de la demandante.
111    A este respecto, por un lado, por lo que atañe al considerando 71 del Reglamento 2018/1046, relativo a las exclusiones de una persona o de una entidad o a la imposición de una sanción económica a una persona o entidad, basta con señalar, sin que sea necesario examinar la fuerza normativa de dicho considerando, que, en el presente asunto, la demandante no ha sido objeto de exclusión ni de sanción. En efecto, mediante la resolución impugnada, la CINEA declaró no subvencionables los costes relacionados con el subcontrato debido al incumplimiento de las cláusulas II.9.1 y II.10.1 de las condiciones generales del acuerdo de subvención.
112    Por otro lado, en lo referente al artículo 202, apartado 4, del Reglamento 2018/1046, las partes no discuten que el importe de los costes no subvencionables se cuantificó con precisión. Por consiguiente, dicho importe no se rige por esa disposición, que solo se aplica cuando es imposible cuantificar con precisión el importe en cuestión.
113    En consecuencia, la presente parte es inoperante y, por lo tanto, debe desestimarse.
2)      Segunda parte, basada en la vulneración del derecho de defensa
114    La demandante sostiene que no tuvo oportunidad de proponer un método alternativo antes de la reducción de los costes subvencionables, de forma que se vulneró su derecho de defensa.
115    La CINEA rebate las alegaciones de la demandante.
116    Procede recordar que el respeto del derecho de defensa exige que se permita a los destinatarios de decisiones que afecten sensiblemente a sus intereses expresar de manera adecuada su punto de vista (sentencia de 14 de abril de 2021, SGI Studio Galli Ingegneria/Comisión, T‑285/19, no publicada, EU:T:2021:190, apartado 76).
117    A este respecto, es preciso señalar que la demandante tuvo en varias ocasiones la posibilidad de presentar observaciones sobre las reservas, primero de la EASME y después de la CINEA, acerca del eventual carácter no subvencionable de los costes vinculados al subcontrato, incluso de proponer, si lo deseaba, otro método antes de la reducción de los costes subvencionables. En particular, antes de la adopción de la resolución impugnada, la demandante respondió a dos escritos de la EASME, de 22 de julio de 2019 y de 5 de noviembre de 2020, respectivamente, y a dos escritos de la CINEA, de 1 de julio de 2021 y de 20 de septiembre de 2021, respectivamente.
118    Por lo tanto, se desestima la segunda parte por ser manifiestamente infundada, sin que sea necesario examinar la causa de inadmisión basada en la falta de claridad suficiente, propuesta a este respecto por la CINEA.
3)      Tercera parte, basada en la vulneración del principio de proporcionalidad
119    La demandante sostiene que el importe de los costes no subvencionables, que asciende a 335 900 euros, más el 7 % para otros costes, es desproporcionado. Pues bien, de conformidad con el Reglamento 2018/1046, la CINEA está obligada a respetar el principio de proporcionalidad, máxime cuando, como en el caso de autos, los hechos controvertidos no son ni recurrentes ni intencionales. Según la demandante, la CINEA debería haber tenido en cuenta su cooperación.
120    La CINEA rebate las alegaciones de la demandante.
121    Es preciso recordar que el principio de proporcionalidad, consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4, forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión y exige que los actos de las instituciones no excedan de los límites de lo apropiado y necesario para conseguir el fin perseguido. Tal principio está destinado a regular todas las formas de actuación de la Unión, sean o no contractuales, habida cuenta de que, en el contexto de la ejecución de obligaciones contractuales, el respeto de este principio está comprendido en la obligación de carácter más general que incumbe a las partes de un contrato de ejecutarlo de buena fe (sentencia de 14 de abril de 2021, SGI Studio Galli Ingegneria/Comisión, T‑285/19, no publicada, EU:T:2021:190, apartado 92).
122    En ese contexto, procede señalar que, a tenor del artículo 317 TFUE, la CINEA está obligada a respetar el principio de buena gestión financiera. La CINEA, además, en la ejecución del presupuesto de la Unión, vela por la protección de los intereses económicos de esta. La misma consideración es aplicable en materia contractual, toda vez que las subvenciones acordadas por la CINEA proceden del presupuesto de la Unión. Según uno de los principios fundamentales por los que se rigen las ayudas otorgadas por la Unión, esta únicamente puede subvencionar los gastos efectivamente soportados (sentencia de 16 de julio de 2020, ADR Center/Comisión, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, apartado 100).
123    En el marco de un acuerdo de subvención, la concesión de la subvención está supeditada al cumplimiento, por parte del beneficiario, de determinados criterios y obligaciones relativos, en particular, a la justificación financiera de los costes declarados como gastos en los que se ha incurrido para la ejecución de los proyectos de que se trate. En consecuencia, el beneficiario de la subvención solo adquiere un derecho definitivo al pago de la contribución financiera de la Unión si se cumplen todas las condiciones a las que está sujeta la concesión de la subvención (véase la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Datax/REA, T‑381/20, no publicada, EU:T:2021:932, apartado 157 y jurisprudencia citada).
124    Dado que el incumplimiento de las cláusulas del acuerdo de subvención es razón suficiente para rechazar la totalidad de estos gastos y que del análisis del segundo motivo se desprende que la demandante no ha probado el carácter subvencionable de los costes relacionados con el subcontrato, la CINEA no vulneró el principio de proporcionalidad al considerar dichos costes no subvencionables (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Datax/REA, T‑381/20, no publicada, EU:T:2021:932, apartado 159).
125    En efecto, la demandante no discute que el importe declarado no subvencionable, cuyo pago, por otro lado, ha solicitado en el marco de su tercera pretensión, corresponde al del subcontrato. Por consiguiente, consta que no existe diferencia alguna entre estas dos cantidades, de modo que la demandante no puede invocar la violación del principio de proporcionalidad.
126    Por lo tanto, procede desestimar esta parte por ser manifiestamente infundada y, en consecuencia, el cuarto motivo en su totalidad.
127    Por otra parte, en lo que atañe a la tercera pretensión, mediante auto de 6 de febrero de 2023, Indetec/Comisión y otros (T‑250/22, no publicado, EU:T:2023:61), el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso en la medida en que se dirigía contra la Comisión. Por consiguiente, ya no procede examinar esta pretensión, dirigida contra dicha institución, en el marco del presente asunto.
128    Habida cuenta de todo lo anterior, procede desestimar el recurso, en parte, por haber sido interpuesto manifiestamente ante un órgano jurisdiccional incompetente para conocer de él y, en parte, por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
IV.    Costas
129    A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
130    Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la CINEA.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
resuelve:
1)      Desestimar el recurso.
2)      Condenar en costas a Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico, S. L. (Indetec).
Dictado en Luxemburgo, a 27 de noviembre de 2023.
El Secretario
El Presidente
V. Di Bucci
R. da Silva Passos
*      Lengua de procedimiento: español.