62000CJ0212_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-212/00,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunal du travail de Mons (Bélgica), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Salvatore Stallone
y
Office national de l'emploi (ONEM),
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 1, letra f), inciso i), y 68, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por los Sres. C. Gulmann (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala Tercera, J.-P. Puissochet y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Tizzano;
Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de división;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- en nombre del Sr. Stallone, por el Sr. D. Rossini, delegado sindical;
- en nombre del Office national de l'emploi (ONEM), por la Sra. A. Bridoux-Culem, abogada;
- en nombre del Gobierno belga, por la Sra. A. Snoecx, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno español, por la Sra. R. Silva de Lapuerta, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. P. Hillenkamp y D. Martin, en calidad de agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales del Sr. Stallone, del Gobierno belga y de la Comisión, expuestas en la vista de 29 de marzo de 2001;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de junio de 2001;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 24 de mayo de 2000, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de mayo siguiente, el Tribunal de travail de Mons planteó, con arreglo al artículo 234 CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 1, letra f), inciso i), y 68, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento»).
2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. Stallone y el Office national de l'emploi (en lo sucesivo, «ONEM»), en relación con la decisión del último por la que le denegaba la concesión de la prestación por desempleo incrementada, la llamada prestación para «los cabezas de familia».
Marco jurídico
La normativa comunitaria
3 El artículo 1 del Reglamento, titulado «Definiciones», es del siguiente tenor:
«Para los fines de aplicación del presente Reglamento:
[...]
f) i) la expresión "miembro de la familia" designa a toda persona definida o admitida como miembro de la familia o designada como miembro del hogar por la legislación en virtud de la cual se sirvan las prestaciones [...] no obstante, si estas legislaciones no consideran como miembro de la familia o del hogar más que a una persona que viva en el hogar del trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, esta condición se considerará cumplida cuando la persona de que se trate esté principalmente a cargo de dicho trabajador [...]»
4 El artículo 68, apartado 2, del Reglamento, que se encuentra en el título III del mismo, capítulo 6, titulado «Desempleo», establece:
«La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea que la cuantía de las prestaciones ha de variar con el número de los miembros de la familia, tendrá también en cuenta a los miembros de la familia del interesado que residan en el territorio de otro Estado miembro como si residiesen en el territorio del Estado competente. Esta norma no se aplicará si, en el país donde residen los miembros de la familia, otra persona tiene derecho a las prestaciones por desempleo, y si dichos miembros de la familia son tenidos en cuenta para el cálculo de las mismas.»
La normativa nacional
5 En virtud del artículo 66 del Real Decreto, de 25 de noviembre de 1991, de regulación del desempleo (Moniteur belge de 31 de diciembre de 1991, p. 29888; en lo sucesivo, «Real Decreto»), para ser beneficiario de las prestaciones previstas por el mismo, el trabajador desempleado debe tener su residencia habitual en Bélgica y residir, además, de manera efectiva en dicho país.
6 El artículo 110, apartado 1, del Real Decreto establece lo siguiente:
«Por trabajador con familia a su cargo debe entenderse el trabajador que:
1. Convive con su cónyuge, que no percibe ingresos profesionales ni ingresos sustitutorios; en este caso, no se tendrá en cuenta la eventual existencia de ingresos de otras personas que convivan con el trabajador.
2. No convive con su cónyuge, pero convive exclusivamente con:
a) uno o varios hijos, siempre que tenga derecho al menos por uno de ellos a las prestaciones familiares o que ninguno de ellos perciba ingresos profesionales o ingresos sustitutorios;
b) uno o varios hijos y otros parientes o afines hasta el tercer grado incluido, siempre que tenga derecho a las prestaciones familiares al menos por uno de los hijos y que los otros parientes o afines no perciban ingresos profesionales ni ingresos sustitutorios;
c) uno o varios parientes o afines hasta el tercer grado incluido que no perciban ingresos profesionales ni ingresos sustitutorios.
[...]»
7 El artículo 114, apartado 3, del Real Decreto prevé que, para los trabajadores con familia a su cargo, el importe diario básico de la prestación por desempleo se vea incrementado durante todo el período de desempleo por un complemento único por pérdida de ingresos igual al 5 % de la remuneración media diaria.
8 En cuanto al concepto de «convivencia», el artículo 59 del Decreto ministerial, de 26 de noviembre de 1991, por el que se adoptan las disposiciones de aplicación del Real Decreto (Moniteur belge de 25 de enero de 1992, p. 1593), dispone:
«Por convivencia debe entenderse el hecho de que dos o más personas vivan juntas bajo el mismo techo y resuelvan principalmente en común las cuestiones domésticas.
También se considera que conviven los miembros de la familia que:
1. Han sido llamados a filas o cumplen la prestación social sustitutoria.
2. Han sido encarcelados, internados o confiados a una institución para enfermos mentales, durante los primeros doce meses de su encarcelamiento o internamiento.
3. Tienen temporalmente otra residencia por motivos profesionales.»
Antecedentes de hecho del litigio principal y cuestión prejudicial
9 De los autos se desprende que el Sr. Stallone, ciudadano italiano, reside en Bélgica. Tras haber trabajado por cuenta ajena desde el 16 de mayo de 1977 hasta el 19 de febrero de 1978, obtuvo por primera vez una prestación por desempleo en Bélgica el día 20 de febrero de 1978. Al presentar su solicitud de prestación, indicó que vivía con su mujer y uno de sus hijos.
10 De las observaciones escritas de la ONEM resulta que la mujer y los hijos del Sr. Stallone continuaron residiendo con él en Bélgica hasta el 1 de mayo de 1991, fecha en la que regresaron a vivir a Italia.
11 El 20 de septiembre de 1993, mediante un formulario que lleva por título «Solicitud de excepción por fuerza mayor», el demandante en el litigio principal presentó en los servicios de la ONEM una solicitud de pago de la prestación por desempleo en la cuantía prevista para los «cabezas de familia», es decir en la prestación incrementada que se atribuye a los trabajadores que tienen familia a su cargo en el sentido del artículo 110, apartado 1, del Real Decreto. Su solicitud se basaba en el hecho de que, aunque residían en Italia, su mujer y sus hijos todavía estaban efectivamente a su cargo.
12 La ONEM denegó la solicitud del Sr. Stallone, pero, al parecer, no le notificó su decisión de denegación. El Sr. Stallone fue informado inicialmente de la denegación de su solicitud el día 1 de diciembre de 1993, cuando se presentó en las oficinas del organismo competente para el pago de la prestación de desempleo.
13 Como consecuencia de la decisión del ONEM por la que se denegaba su solicitud, el Sr. Stallone interpuso un recurso ante el órgano jurisdiccional de remisión impugnando dicha decisión. Debido a la aparente contradicción entre, por un lado, la normativa belga y, por otro lado, las disposiciones de Derecho comunitario, el Tribunal du travail de Mons decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se oponen los Tratados europeos, la normativa europea y, en concreto, el artículo 1, letra f), y el artículo 68, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión actual o en la versión vigente entre el 1 de diciembre de 1990 y el día de hoy, al artículo 110, apartado 1, números 1 y 2, del Real Decreto, de 25 de noviembre de 1991, de regulación del desempleo, en la medida en que dicha disposición supedita la obtención de la prestación por desempleo en una cuantía privilegiada al requisito de la convivencia con algunos miembros de la familia y no únicamente al hecho de que éstos se encuentren, principalmente o de manera efectiva, a su cargo?»
14 Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta sustancialmente si el artículo 68, apartado 2, del Reglamento, en relación con el artículo 1, letra f), inciso i), del mismo, se oponen a una disposición nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual la concesión de la prestación por desempleo incrementada queda supeditada al requisito de la convivencia del trabajador desempleado con miembros de su familia en el territorio del Estado miembro competente.
15 En primer lugar, es necesario recordar que la primera frase del artículo 68, apartado 2, del Reglamento establece que:«[l]a institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea que la cuantía de las prestaciones ha de variar con el número de los miembros de la familia, tendrá también en cuenta a los miembros de la familia del interesado que residan en el territorio de otro Estado miembro como si residiesen en el territorio del Estado competente».
16 Como la Comisión ha señalado con acierto, esta disposición parte del principio de que no puede existir diferencia de trato entre un trabajador desempleado cuya familia reside como él en el Estado miembro de acogida y un trabajador desempleado cuya familia reside en el territorio de otro Estado miembro. El artículo 68, apartado 2, del Reglamento pretende evitar que se establezca una discriminación indirecta en perjuicio de los trabajadores migrantes, puesto que un requisito de residencia de los miembros de la familia en el territorio nacional afectaría fundamentalmente a éstos. Por consiguiente, esta disposición es la expresión concreta de la norma de igualdad de trato recogida en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento.
17 A continuación, es necesario indicar que el artículo 68, apartado 2, del Reglamento se aplica a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que, como el órgano jurisdiccional nacional señala en su resolución de remisión, requiere de manera implícita, pero necesaria, la residencia de los miembros de la familia en el territorio nacional puesto que sólo se conceden las prestaciones de desempleo a los trabajadores desempleados que residan efectivamente en el mismo.
18 Por último, la ONEM alega erróneamente que el artículo 68, apartado 2, del Reglamento no se aplica al litigio principal habida cuenta de que, para percibir la prestación por desempleo incrementada, basta con que el trabajador desempleado conviva sólo con una de las personas mencionadas en el artículo 110, apartado 1, del Real Decreto y que, además, el importe de la prestación controvertida «no varía con el número de los miembros de la familia». En efecto, interpretar esta disposición en sentido restrictivo sería incompatible con su objetivo, como está definido en el artículo 16 de la presente sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de agosto de 1993, Acciardi, C-66/92, Rec. p. I-4567, apartados 22 a 26).
19 Del mismo modo, procede desestimar la alegación de la ONEM y del Gobierno belga con arreglo a la cual, el artículo 68, apartado 2, del Reglamento no se aplica a la normativa nacional controvertida en el litigio principal porque no se refiere a un requisito de residencia en el Estado miembro de acogida, sino que supedita la concesión de la prestación por desempleo incrementada a que se demuestre la convivencia del trabajador desempleado con los miembros de su familia, requisito que se justifica, en especial, por la necesidad de controlar que éstos se encuentran efectivamente a su cargo.
20 A este respecto, es preciso recordar, como lo ha hecho con acierto la Comisión, que la expresión «miembro de la familia» está definida en el artículo 1, letra f), inciso i), del Reglamento, a efectos de la aplicación del mismo, y que, según esta definición, cuando una legislación no considera como miembro de la familia o del hogar más que a una persona que viva en el hogar del trabajador, este requisito se considerará cumplido cuando la persona de que se trate esté principalmente a cargo de dicho trabajador.
21 Habida cuenta de esta definición, debe interpretarse que el artículo 68, apartado 2, del Reglamento se aplica a una normativa nacional que supedita la concesión de una prestación por desempleo incrementada a la convivencia del trabajador desempleado con los miembros de su familia que se encuentran a su cargo.
22 De lo que precede también se desprende que, so pena de privar de efecto útil a este aspecto de la definición de la expresión «miembros de la familia», las razones basadas en el control como las que invocan el ONEM y el Gobierno belga no pueden justificar un requisito de convivencia que implique que una persona que tenga miembros de su familia a su cargo que residan en otro Estado miembro no pueda percibir la prestación por desempleo incrementada.
23 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión que el artículo 68, apartado 2, del Reglamento, en relación con el artículo 1, letra f), inciso i), del mismo, se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual la concesión de una prestación por desempleo incrementada queda supeditada al requisito de la convivencia del trabajador desempleado con miembros de su familia en el territorio del Estado miembro competente.
24 Hay que precisar que esta interpretación, que se desprende de los artículos 68, apartado 2, y 1, letra f), inciso i), del Reglamento, es la misma para todo el período contemplado por la cuestión prejudicial, ya que estas disposiciones no han sufrido cambios sustanciales durante este período.
Decisión sobre las costas
Costas
25 Los gastos efectuados por los Gobiernos belga y español, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Tribunal de travail de Mons mediante resolución de 24 de mayo de 2000, declara:
El artículo 68, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en relación con el artículo 1, letra f), inciso i), del mismo, se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual la concesión de una prestación por desempleo incrementada queda supeditada al requisito de la convivencia del trabajador desempleado con miembros de su familia en el territorio del Estado miembro competente.