62024CJ0321_RES
Asunto C‑321/24
BC
contra
S. C. P. Attal y Associés
[Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 30 de octubre de 2025
«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Artículo 63 TFUE, apartado 1 — Sucesión — Necesidad de acudir a un notario a fin de otorgar la declaración de sucesión en un Estado miembro distinto de aquel en el que se ha abierto la sucesión — Normativa de ese Estado miembro que determina que los emolumentos de dicho notario se calculan sobre la totalidad de la masa hereditaria bruta — Ejercicio paralelo, por los Estados miembros, de su potestad tributaria — Ausencia de restricción a la libre circulación de capitales»
Libre circulación de capitales y libertad de pagos — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación — Emolumentos de un notario por la autorización de una declaración de sucesión — Sucesión que incluye bienes situados en dos Estados miembros que están sujetos al impuesto sobre sucesiones en ambos Estados miembros — Necesidad de acudir a un notario para otorgar la declaración de sucesión en uno de esos Estados miembros — Situación que presenta elementos de extranjería — Pago de los emolumentos del notario que no comporta un movimiento transfronterizo de capitales, pero que está no obstante ligado al carácter transfronterizo de la sucesión — Inclusión
(Art. 63 TFUE, ap. 1)
(véanse los apartados 29 a 33)
Libre circulación de capitales y libertad de pagos — Restricciones — Emolumentos de un notario por la autorización de una declaración de sucesión — Sucesión que incluye bienes situados en dos Estados miembros que están sujetos al impuesto sobre sucesiones en ambos Estados miembros — Necesidad de acudir a un notario para otorgar la declaración de sucesión en uno de esos Estados miembros — Emolumentos del notario que se calculan sobre la totalidad de la masa hereditaria bruta independientemente del lugar donde estén radicados los bienes de que se trate — Normativa que se aplica indistintamente a las situaciones nacionales y a las situaciones transfronterizas — Inexistencia de discriminación — Declaración de sucesión relativa, conforme a un convenio para evitar la doble imposición y al Derecho nacional, a la totalidad de los bienes de la herencia — No consideración de los emolumentos pagados a un notario establecido en el otro Estado miembro, que se calculan igualmente sobre la totalidad de la masa hereditaria bruta — Desventaja derivada del ejercicio paralelo de la potestad tributaria por los Estados miembros — Inexistencia de restricción
(Art. 63 TFUE, ap. 1)
(véanse los apartados 39 a 47 y el fallo)
Resumen
En el contexto de un litigio relativo a la impugnación de los emolumentos de un notario francés al que se estaba obligado a acudir en el marco de una sucesión transfronteriza con bienes situados en Francia y Bélgica, el Tribunal de Justicia se pronuncia acerca de la conformidad con el artículo 63 TFUE de una normativa nacional que determina que la remuneración del notario que autoriza la declaración de sucesión se calcula sobre la base de la totalidad de la masa hereditaria bruta, sin que se tengan en cuenta los emolumentos pagados a un notario establecido en otro Estado miembro, que se calculan igualmente sobre la totalidad de la masa hereditaria bruta.
BC, residente en Francia, es la única heredera de su hermana, que residía en Bélgica, cuya herencia comprende bienes muebles e inmuebles situados tanto en Francia como en Bélgica.
Un notario establecido en Bélgica abrió la sucesión en este Estado miembro. Como contrapartida por la declaración de sucesión autorizada por este último, BC le abonó unos emolumentos calculados sobre el valor de la masa hereditaria bruta total, que incluía bienes situados en Francia y en Bélgica, conforme a lo previsto por la normativa belga.
Además, BC estaba obligada, con arreglo al Derecho francés, a acudir a un notario establecido en Francia para otorgar la declaración de sucesión en este Estado miembro a efectos del cálculo del impuesto sobre sucesiones francés.
BC interpuso recurso ante el tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París), órgano jurisdiccional remitente, por el que impugnaba las modalidades de cálculo de la remuneración del notario francés. Solicitaba que esta remuneración se calculara sobre la masa hereditaria bruta correspondiente únicamente a los bienes situados en Francia, y no sobre la totalidad de la masa hereditaria bruta.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia hace constar, en primer lugar, que la situación en cuestión está comprendida en el ámbito de los movimientos de capitales en el sentido del artículo 63 TFUE, apartado 1.
En efecto, resulta de la jurisprudencia que el tratamiento fiscal de las sucesiones está comprendido en el ámbito de las disposiciones del Tratado FUE relativas a los movimientos de capitales, salvo en los casos en que sus elementos constitutivos estén circunscritos al interior de un solo Estado miembro. (
1
)
En este caso, la sucesión objeto del litigio principal se abrió en Bélgica e incluye bienes situados en Francia y en Bélgica que están sujetos, en cada uno de esos Estados miembros, al impuesto sobre sucesiones, y que se transmiten a una persona residente en Francia. Presenta, por tanto, carácter transfronterizo.
Este carácter transfronterizo no se ve cuestionado, según el Tribunal de Justicia, por el hecho de que los emolumentos del notario establecido en Francia no son parte del patrimonio del causante a efectos de la sucesión y no dan lugar a un movimiento transfronterizo de capitales, dado que este notario recibe su remuneración de manera independiente y separada del notario establecido en Bélgica.
En efecto, la declaración de sucesión autorizada por el notario en Francia inventaría los bienes muebles e inmuebles situados tanto en Francia como en el extranjero con el fin de permitir a la Administración tributaria francesa calcular el impuesto sobre la sucesión, con arreglo, en particular, a las disposiciones pertinentes del Convenio franco-belga tendente a evitar la doble imposición en materia del impuesto de sucesiones. (
2
)
La intervención del notario en Francia constituye, por consiguiente, una etapa necesaria para calcular dicho impuesto, de modo que las modalidades de cálculo de los emolumentos notariales, que se determinan sobre la base de la totalidad de la masa hereditaria bruta inventariada de tal forma por el notario, están indisociablemente ligadas al carácter transfronterizo de la sucesión de que se trata.
Dado que la situación en cuestión está comprendida en el ámbito de la libre circulación de capitales, el Tribunal de Justicia examina, en segundo lugar, si la normativa francesa relativa a las modalidades de cálculo de los emolumentos de los notarios por declaraciones de sucesión en una situación de este tipo constituye una restricción a los movimientos de capitales prohibida por el artículo 63 TFUE.
El Tribunal de Justicia señala, primero, que la normativa en cuestión, por cuanto no introduce ninguna diferencia de trato entre las situaciones puramente internas y las situaciones transfronterizas, no es discriminatoria. En efecto, los emolumentos del notario, que constituyen la remuneración, en principio, justa y equitativa de este último, se calculan en todos los casos sobre la base de la totalidad de la masa hereditaria bruta, independientemente del lugar donde radiquen los bienes de que se trate.
Es cierto que una normativa de este tipo puede ser desfavorable para las situaciones transfronterizas, en la medida en que lleva a que un heredero pueda, en el caso de una sucesión transfronteriza, tener que hacer frente a emolumentos en cada uno de los Estados miembros en los cuales están situados los bienes de la herencia y soportar así una carga mayor que la que habría soportado en el caso de una sucesión puramente interna.
Dicho esto, si los emolumentos del notario en Francia se calculan sobre la base de la totalidad de la masa hereditaria bruta es porque la declaración de sucesión autorizada por este notario debe inventariar dicha masa hereditaria para permitir a la Administración tributaria francesa calcular el impuesto sobre la sucesión, con arreglo, en particular, al Convenio franco-belga. Estos emolumentos deben considerarse, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (
3
) desventajas, en forma de costes suplementarios, que derivan del ejercicio paralelo de la potestad tributaria de la República Francesa y del Reino de Bélgica. Ahora bien, a falta de armonización a escala de la Unión, tales desventajas no constituyen restricciones a las libertades de circulación, siempre y cuando ese ejercicio paralelo de la potestad tributaria no sea discriminatorio.
Puesto que la normativa en cuestión no es discriminatoria y los costes suplementarios que genera afectan del mismo modo a los movimientos de capitales transfronterizos entre Francia y Bélgica y a los que tienen lugar en el interior de Francia, dicha normativa no constituye una restricción a la libre circulación de capitales prohibida por el artículo 63 TFUE, apartado 1.
(
1
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de febrero de 2006, van Hilten-van der Heijden (C‑513/03, EU:C:2006:131), apartado 41, de 21 de diciembre de 2021, Finanzamt V (Sucesiones — Reducción parcial y deducción de las cuotas forzosas) (C‑394/20, EU:C:2021:1044), apartado 29, y de 12 de octubre de 2023, BA (Sucesiones — Política social de vivienda en la Unión) (C‑670/21, EU:C:2023:763), apartado 38.
(
2
)	Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les successions et de droits d’enregistrement (Convenio entre Francia y Bélgica tendente a evitar la doble imposición y resolver algunas otras cuestiones en materia del impuesto de sucesiones y derechos de registro), firmado en Bruselas el 20 de enero de 1959 (en lo sucesivo, «Convenio franco-belga»).
(
3
)	Véanse, por analogía, las sentencias de 8 de septiembre de 2005, Mobistar y Belgacom Mobile (C‑544/03 y C‑545/03, EU:C:2005:518), apartado 31, y de 22 de septiembre de 2022, Admiral Gaming Network y otros (C‑475/20 a C‑482/20, EU:C:2022:714), apartado 43 y jurisprudencia citada.