62024CJ0129_RES
Asunto C‑129/24
Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe
contra
Commissioner for Environmental Information
[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 15 de enero de 2026
«Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Convenio de Aarhus — Directiva 2003/4/CE — Acceso del público a la información medioambiental — Conceptos de “solicitante” y de “solicitud” — Solicitantes anónimos o que utilizan seudónimos — Derecho de acceso a la información medioambiental — Modalidades prácticas — Obligación de los solicitantes de comunicar su nombre real y una dirección física actual — Invalidez de la solicitud»
Medio ambiente — Derecho de acceso a la información — Directiva 2003/4/CE — Solicitante de información medioambiental — Obligación del solicitante de identificarse por su nombre real o su dirección física actual — Inexistencia — Normativa nacional que impone al solicitante tal identificación — Procedencia — Requisitos — Respeto de los principios de equivalencia y de efectividad
(Convenio de Aarhus, arts. 2, punto 4, y 4; Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 2, punto 5)
(véanse los apartados 27 a 44 y el fallo)
Resumen
A raíz de una petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia aclara el concepto de solicitud de acceso a la información medioambiental en el sentido de la Directiva 2003/4, (
1
) interpretada a la luz del Convenio de Aarhus, (
2
) y se pronuncia sobre la cuestión de si una autoridad pública puede considerar que tal solicitud es inválida debido a que el solicitante no ha respetado una normativa nacional que le obliga a indicar su nombre real o su dirección física actual.
Entre marzo y junio de 2022, Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe (en lo sucesivo, «Coillte»), una empresa mercantil forestal perteneciente parcialmente al Estado irlandés, recibió noventa y siete solicitudes de acceso a información medioambiental procedentes de solicitantes anónimos o que utilizaban seudónimos, sin indicación de una dirección física.
La normativa nacional que transpone la Directiva 2003/4 establece que toda persona que presente una solicitud de acceso a información medioambiental debe indicar su nombre real y su dirección. Al considerar que las solicitudes anónimas o bajo seudónimo antes mencionadas no estaban realmente destinadas a obtener información medioambiental, sino que formaban parte de una campaña organizada que perseguía fines cuestionables como el de perturbar el funcionamiento de Coillte, esta pidió a los solicitantes afectados que le indicaran sus direcciones actuales y que confirmaran que, en sus solicitudes, habían utilizado sus verdaderos nombres legales. A falta de respuestas, Coillte rechazó, en esencia, las solicitudes por considerarlas inválidas.
Los solicitantes afectados solicitaron entonces a Coillte que procediera a una revisión interna de dichas decisiones denegatorias. Esta última pidió de nuevo a los solicitantes que le confirmaran o indicaran sus nombres legales y que le comunicaran sus direcciones actuales. Dado que dicha información no se facilitó, se desestimaron las solicitudes de revisión interna por motivos de invalidez.
De entre esas decisiones denegatorias, ochenta y una fueron objeto de recursos administrativos ante el Commissioner for Environmental Information (Comisionado para la Información en materia de Medio Ambiente, Irlanda). Pronunciándose sobre los cincuenta y ocho primeros supuestos de denegación, el Comisionado adoptó una resolución en la que declaraba que no había fundamento para que Coillte considerara inválidas las solicitudes de información medioambiental en cuestión.
Coillte interpuso recurso de casación contra esta resolución ante la High Court (Tribunal Superior, Irlanda), órgano jurisdiccional remitente. Dicho órgano jurisdiccional ha planteado al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales para dilucidar, en esencia, si el concepto de solicitante, en el sentido del artículo 2, punto 5, de la Directiva 2003/4, examinado a la luz del Convenio de Aarhus, debe interpretarse en el sentido de que exige la identificación de una persona física o jurídica por su nombre real o una dirección física actual y si, en caso de respuesta negativa, se opone a una normativa nacional que impone tal identificación del solicitante.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia comienza señalando que la Directiva 2003/4 no supedita la condición de «solicitante» a la identificación de la persona física o jurídica que solicita la información medioambiental mediante la indicación de su nombre real o su dirección física actual, de modo que los Estados miembros no están obligados a exigir tal identificación.
Esta ausencia de obligación no se ve desvirtuada por los objetivos perseguidos por la Directiva 2003/4, a saber, por un lado, garantizar el derecho de acceso a la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre, y establecer las normas y condiciones básicas, así como modalidades prácticas, del ejercicio del tal derecho, y, por otro lado, garantizar que, de oficio, la información medioambiental se difunda y se ponga a disposición del público paulatinamente.
Dicho esto, el Tribunal de Justicia indica que la Directiva 2003/4 no obliga a las autoridades públicas a poner la información medioambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a disposición de una entidad que no sea una persona física o jurídica. La referida Directiva tampoco obliga a dichas autoridades, tras haber dado acceso a esa información a una persona física o jurídica, a dar de nuevo acceso a la misma información en un lapso de tiempo muy breve, a resultas de un gran número de solicitudes idénticas formuladas por esa persona física o jurídica. En efecto, solicitudes así podrían afectar la eficacia del acceso de otras personas físicas o jurídicas a la información medioambiental, habida cuenta de que las autoridades públicas no disponen de recursos ilimitados.
Por lo tanto, a falta de una disposición del Derecho de la Unión que defina con mayor precisión las modalidades prácticas de acceso a la información medioambiental, corresponde a los Estados miembros definir en sus respectivos ordenamientos jurídicos modalidades que permitan asegurarse de que las solicitudes de acceso a dicha información son efectivamente realizadas por personas físicas y jurídicas y no constituyen solicitudes como las descritas en el párrafo anterior.
No obstante, el Tribunal de Justicia puntualiza que esas modalidades no pueden ser menos favorables que las que rigen situaciones similares de Derecho interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad). En el presente asunto, el Tribunal de Justicia no alberga dudas en cuanto a la conformidad de la normativa nacional controvertida con el principio de equivalencia. Además, la comunicación del nombre real o la dirección física actual del solicitante de que se trate no puede impedir en la práctica ni dificultar excesivamente el ejercicio del derecho de acceso a la información medioambiental conferido por el ordenamiento jurídico de la Unión.
Siendo así, el Tribunal de Justicia concluye que una normativa nacional puede exigir que toda persona que presente una solicitud de acceso a información medioambiental en el sentido de la Directiva 2003/4 pueda ser identificada por la autoridad pública a la que se dirige tal solicitud, mediante su nombre, su dirección y cualquier otro dato relevante, respetando los principios de equivalencia y de efectividad.
(
1
)	Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO 2003, L 41, p. 26).
(
2
)	Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO 2005, L 124, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»).