62022CJ0242_RES
Asunto C‑242/22 PPU
TL
contra
Ministerio Público
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 1 de agosto de 2022
«Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2010/64/UE — Derecho a interpretación y a traducción — Artículo 2, apartado 1, y artículo 3, apartado 1 — Concepto de “documento esencial” — Directiva 2012/13/UE — Derecho a la información en los procesos penales — Artículo 3, apartado 1, letra d) — Ámbito de aplicación — Inexistencia de trasposición en Derecho nacional — Efecto directo — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 y artículo 48, apartado 2 — Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales — Artículo 6 — Condena a una pena de privación de libertad con suspensión condicional de su ejecución — Incumplimiento de las obligaciones resultantes del régimen de suspensión provisional — Omisión de traducción de un documento esencial y ausencia de intérprete en el momento de su redacción — Revocación de la suspensión — Ausencia de traducción de los documentos procesales relativos a esta revocación — Consecuencias sobre la validez de esta revocación — Vicio de procedimiento sancionado con nulidad relativa»
Derechos fundamentales — Derecho a un proceso equitativo — Derechos de defensa — Consagración, respectivamente, en el artículo 47 y en el artículo 48, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales, por una parte, y en el artículo 6, apartado 1, y en el artículo 6, apartados 2 y 3, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por otra parte — Sentido y alcance idénticos
(Art. 6 TUE, ap. 1, párr. 3.o; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 47, 48, ap. 2 y 52 aps. 3 y 7)
(véase el apartado 39)
Cooperación judicial en materia penal — Derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales — Directiva 2010/64/UE — Derecho a la traducción de documentos esenciales — Concepto de documento esencial — Declaración de identidad y residencia utilizada en el marco del procedimiento penal para comunicar al interesado la información relativa a sus obligaciones en materia de residencia — Inclusión
[Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 14, 3, ap. 1, letra c), y 3, aps. 1 y 3]
(véanse los apartados 58 a 60)
Cooperación judicial en materia penal — Derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales — Directiva 2010/64/UE — Derecho a la información en los procesos penales — Directiva 2012/13/UE — Ámbito de aplicación — Actos procesales relativos a la revocación de la suspensión de la ejecución de una pena de prisión — Inclusión
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículos 47 y 48.2; Directivas 2010/64/UE y 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo)
(véanse los apartados 64 a 67)
Cooperación judicial en materia penal — Derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales — Directiva 2010/64/UE — Derecho a la información en los procesos penales — Directiva 2012/13/UE — Derecho a la interpretación — Derecho a la traducción de documentos esenciales — Derecho a ser informado de esos derechos a la interpretación y a la traducción — Obligación del beneficiario de dichos derechos de invocar su vulneración dentro de un plazo determinado, so pena de caducidad — Inicio de ese plazo antes de que la persona interesada haya sido informada, en una lengua que domine, de la existencia y del alcance de su derecho a la interpretación y traducción, así como de la existencia y del contenido del documento esencial de que se trate — Improcedencia
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículos 47 y 48.2; Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, ap. 1 y 3, ap. 1; Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 1, letra d)]
(véanse los apartados 78, 79, 80, 82, 83 y 89 y el fallo)
Resumen
En 2019, TL, ciudadano moldavo que no dominaba la lengua portuguesa, fue condenado en Portugal a una pena de prisión cuya ejecución fue objeto de suspensión condicional. En el momento de redactarse el acta de acusación, TL fue sometido a la medida coercitiva prevista en el Código de Procedimiento Penal portugués consistente en una declaración de identidad y residencia (en lo sucesivo, «DIR») (
1
) y que lleva aparejadas una serie de obligaciones, entre las que se encuentra la de informar a las autoridades de cualquier cambio de residencia. TL no contó ni con la asistencia de un intérprete al practicarse la DIR ni con una traducción de ese documento en una lengua que hablara o comprendiera. Para ejecutar el régimen de suspensión condicional, las autoridades competentes intentaron infructuosamente ponerse en contacto con TL en la dirección indicada en la DIR.
El 7 de enero de 2021, el tribunal que había condenado a TL, dictó un auto en el que le instaba a comparecer para darle audiencia acerca del incumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de suspensión condicional. Las notificaciones de este auto se realizaron en lengua portuguesa en la dirección indicada en la DIR.
Al no comparecer TL en la fecha señalada, ese tribunal revocó mediante auto de 9 de junio de 2021 la suspensión de la ejecución de la pena de prisión. Este auto también fue notificado en lengua portuguesa en la dirección indicada en la DIR. Posteriormente, TL fue detenido en otra dirección e ingresó en prisión para ejecutar su pena.
En noviembre de 2021, TL presentó un recurso solicitando la nulidad de la DIR y de los autos mediante los que se revocó la suspensión. TL alegó que no pudo ser localizado en la dirección indicada en la DIR porque había cambiado su residencia. TL precisó que no había comunicado su cambio de residencia porque ignoraba que estaba obligado a ello, ya que no contó con la asistencia de un intérprete durante la redacción de la DIR ni con una traducción de dicho documento a una lengua que hablara o comprendiera. Además, ni el auto de 7 de enero de 2021 ni el de 9 de junio de 2021 fueron traducidos a dicha lengua.
El tribunal de primera instancia desestimó dicho recurso por entender que, aunque se probara la existencia de esos vicios de procedimiento relativos a la traducción y la interpretación, estos habrían quedado subsanados, ya que TL no los había invocado dentro de los plazos establecidos. (
2
) El órgano jurisdiccional remitente, ante el que se recurrió en apelación esa resolución, alberga dudas acerca de la conformidad de la citada disposición procesal con, en particular, las Directivas 2010/64 (
3
) y 2012/13. (
4
)
En el marco del procedimiento prejudicial de urgencia, el Tribunal de Justicia declara que estas Directivas, interpretadas a la luz de los derechos fundamentales a un proceso equitativo y al respeto del derecho de defensa, (
5
) así como del principio de efectividad, se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual la vulneración de los derechos a la información, a la interpretación y a la traducción previstos por estas Directivas debe ser invocada por el beneficiario de esos derechos dentro de un plazo determinado, so pena de caducidad, cuando ese plazo comience a correr antes incluso de que la persona interesada haya sido informada, en una lengua que hable o comprenda, por una parte, de la existencia y del alcance de su derecho a la interpretación y traducción y, por otra parte, de la existencia y del contenido del documento esencial de que se trate y de los efectos que este lleva aparejados.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia lleva a cabo su análisis a la luz del artículo 2, apartado 1, (
6
) y del artículo 3, apartado 1, (
7
) de la Directiva 2010/64, así como habida cuenta del artículo 3, apartado 1, letra d), (
8
) de la Directiva 2012/13, interpretados en relación con el artículo 47 y el artículo 48, apartado 2, de la Carta. Estas disposiciones materializan los derechos fundamentales a un proceso justo y al respeto del derecho de defensa.
En primer lugar, incluso en el supuesto de que estas disposiciones no hayan sido transpuestas o lo hayan sido de manera incompleta en el ordenamiento jurídico nacional, los particulares pueden invocar los derechos derivados de dichas disposiciones, ya que estas tienen efecto directo. Así, estas disposiciones enuncian de manera precisa e incondicional el contenido y el alcance de los derechos, de los que goza cualquier acusado, a obtener servicios de interpretación y traducción de los documentos esenciales, así como a ser informado de esos derechos.
En segundo lugar, por lo que respecta a una posible infracción de las disposiciones en cuestión, el Tribunal de Justicia declara que los tres documentos procesales controvertidos, a saber, la DIR, el auto de 7 de enero de 2021, por el que se citaba a TL a comparecer, y el auto de revocación de la suspensión de 9 de junio de 2021, están comprendidos en el ámbito de aplicación de las Directivas 2010/64 y 2012/13 y constituyen documentos esenciales cuya traducción hubiera debido proporcionarse. En particular, la traducción del DIR a una lengua comprendida o hablada por TL habría sido esencial, ya que los incumplimientos de las obligaciones establecidas en dicho documento condujeron indirectamente a la revocación de la suspensión de la pena de prisión que se le impuso.
A este respecto, la aplicación de estas Directivas a un acto procesal cuyo contenido determina que se mantenga o revoque la suspensión de una pena de prisión es necesaria habida cuenta del objetivo de estas Directivas de garantizar el respeto del derecho a un juicio equitativo, tal como está consagrado en el artículo 47 de la Carta, así como el respeto del derecho de defensa, garantizado en el artículo 48, apartado 2, de la Carta. En efecto, se vulnerarían estos derechos fundamentales si una persona, condenada a una pena privativa de libertad, cuya ejecución quedara suspendida condicionalmente, no pudiera conocer —debido a la falta de traducción de ese documento o por la ausencia de un intérprete cuando se redactó— las consecuencias que para ella se derivan del incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de tal documento.
En tercer lugar, por lo que respecta a las consecuencias de la vulneración de los derechos en cuestión, las Directivas 2010/64 y 2012/13 no regulan las condiciones relativas a la aplicación de los derechos que confieren. En consecuencia, estas condiciones se rigen por el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal de estos últimos, siempre que se respeten el principio de equivalencia y el principio de efectividad.
Por lo que respecta al principio de efectividad, las condiciones establecidas por el Derecho nacional no pueden menoscabar el objetivo que persiguen estas Directivas. Pues bien, por una parte, la obligación de informar a los sospechosos y acusados de sus derechos a la interpretación y traducción reviste una importancia esencial para la garantía efectiva de esos derechos. En efecto, sin esa información el interesado no podría conocer la existencia y el alcance de esos derechos ni reclamar su respeto. Así pues, exigir a la persona afectada por un procedimiento penal tramitado en una lengua que no hable o no comprenda que haga valer, dentro de un plazo determinado so pena de caducidad, la circunstancia de que no ha sido informada de su derecho a interpretación y traducción vaciaría de su contenido al derecho a ser informado y se menoscabaría así el derecho de esa persona a un juicio equitativo y el derecho de defensa. Tal conclusión se impone también, por esa misma razón, en lo que respecta a los derechos a interpretación y traducción, cuando el interesado no haya sido informado de la existencia y alcance de esos derechos.
Por otra parte, aun cuando el interesado haya recibido efectivamente tal información a su debido tiempo, es preciso además que tenga conocimiento de la existencia y del contenido del documento esencial de que se trate, así como de los efectos que se derivan de él, para poder invocar una vulneración de su derecho a traducción de ese documento o de su derecho a interpretación en el momento de su redacción.
Por tanto, se vulneraría el principio de efectividad si el plazo, a cuya observancia una disposición procesal nacional supedita la posibilidad de invocar una vulneración de los derechos conferidos por las Directivas 2010/64 y 2012/13, comenzase a correr antes incluso de que la persona interesada haya sido informada, en una lengua que hable o comprenda, por una parte, de la existencia y del alcance de su derecho a la interpretación y traducción, y, por otra parte, de la existencia y del contenido del documento esencial de que se trate y de los efectos que este lleva aparejados.
(
1
)	Se practica una DIR respecto de cada persona acusada. Contiene el lugar de residencia, de trabajo u otro domicilio de esta persona e indica que le ha sido comunicada determinada información y determinadas obligaciones, como la de no cambiar de residencia sin comunicar su nueva dirección.
(
2
)	En virtud del artículo 120 del Código do Processo Penal (Código de Procedimiento penal), nulidades como la derivada de la falta de designación de intérprete deben ser invocadas, so pena de caducidad, dentro de unos plazos determinados. Así, en el caso de nulidad de un acto al que asista el interesado, la nulidad debe ser invocada antes de que finalice el acto. Según el Gobierno portugués, este artículo también resulta aplicable a la invocación de vicios derivados de la vulneración del derecho a la traducción de documentos esenciales del procedimiento penal.
(
3
)	Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO 2010, L 280, p. 1).
(
4
)	Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO 2012, L 142, p. 1).
(
5
)	Tal como se garantizan, respectivamente, por el artículo 47 y el artículo 48, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
(
6
)	Esta disposición exige que los Estados miembros velen por que todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso penal se beneficie sin demora de interpretación en el transcurso del proceso penal ante las autoridades de la investigación y judiciales.
(
7
)	Según esta disposición, los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado que no entienda la lengua del proceso penal se beneficie, en un plazo razonable, de la traducción escrita de todos los documentos que resultan esenciales para garantizar que esté en condiciones de ejercer el derecho a la defensa y para salvaguardar la equidad del proceso.
(
8
)	Esta disposición impone a los Estados miembros el deber de garantizar que las personas sospechosas o acusadas reciban con prontitud información acerca de su derecho a la interpretación y a la traducción a fin de permitir su ejercicio efectivo.