Edición provisional
CONCLUSIONES DEL
ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 9 de octubre de 2025 (1)
Asunto C‑386/24
Centro Petroli Roma Srl
contra
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
partes coadyuvantes:
IP Industrial SpA,
Eni SpA
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia)]
« Petición de decisión prejudicial — Artículo 267 TFUE, párrafo tercero — Obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia de remitir una petición de decisión prejudicial — Excepciones a dicha obligación — Responsabilidad de los Estados miembros por los perjuicios causados a los particulares por infracciones del Derecho de la Unión — Responsabilidad disciplinaria y civil de los jueces — Independencia judicial — Directiva
2006/123/CE — Directiva
2008/118/CE — Depósitos fiscales — Regímenes suspensivos — Requisitos de la autorización »
I.      Introducción
1.        La presente petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) es la segunda de este tipo que se plantea en el procedimiento que se sigue ante dicho órgano jurisdiccional. (2)
2.        Con las cuestiones formuladas en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente desea disipar dudas respecto a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de ciertas disposiciones nacionales relativas al funcionamiento de los depósitos fiscales.
3.        Sin embargo, aunque sea con carácter incidental, la presente petición de decisión prejudicial también suscita un interrogante de naturaleza constitucional y sistemática: qué condiciones debe cumplir, para ser compatible con el principio de independencia judicial que rige en el Derecho de la Unión, una legislación nacional en la que se establecen las normas de responsabilidad civil y disciplinaria de los jueces por los incumplimientos del Derecho de la Unión, como puede ser la omisión de una petición de decisión prejudicial en virtud del artículo
267 TFUE, párrafo tercero.
4.        En las presentes conclusiones voy a abordar ambos aspectos.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
5.        El considerando 29, de la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, (3) presenta el siguiente tenor:
«Dado que en el Tratado se prevén bases jurídicas específicas en materia fiscal y dados los instrumentos comunitarios ya adoptados en esta materia, procede excluir la fiscalidad del ámbito de aplicación de la presente Directiva.»
6.        El artículo 2, apartado 3, de la Directiva
2006/123 dispone, respecto al ámbito de aplicación de la Directiva, que esta «no se aplicará a la fiscalidad».
7.        Los considerandos 15 y 16 de la Directiva
2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva
92/12/CEE, (4) recientemente derogada, (5) pero aplicable ratione temporis al procedimiento principal, rezan como sigue:
«(15)      Habida cuenta de la necesidad de realizar controles en las unidades de producción y de almacenamiento al objeto de garantizar el cobro de la deuda tributaria, es preciso mantener un sistema de depósitos sujetos a autorización de las autoridades competentes, con el fin de facilitar dichos controles.
(16)      Es asimismo necesario establecer los requisitos que deberán satisfacer los depositarios autorizados […]»
8.        El artículo 1 de la Directiva 2008/118 establecía:
«1.      La presente Directiva establece el régimen general en relación con los impuestos especiales que gravan directa o indirectamente el consumo de los productos que se mencionan a continuación (en lo sucesivo, “los productos sujetos a impuestos especiales”):
a) productos energéticos y electricidad, regulados por la Directiva
2003/96/CE [de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad [DO 2003, L 283, p. 51];
[…]»
9.        El artículo 4, punto 11, de la Directiva 2008/118, definía el «depósito fiscal» como «todo lugar en el que un depositario autorizado produzca, transforme, almacene, reciba o envíe, en el ejercicio de su profesión, mercancías sujetas a impuestos especiales en régimen suspensivo bajo determinadas condiciones fijadas por las autoridades competentes del Estado miembro en el que esté situado dicho depósito fiscal».
10.      El artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/118 disponía lo siguiente:
«La apertura y explotación de un depósito fiscal por un depositario autorizado estarán supeditadas a la autorización de las autoridades competentes del Estado miembro donde este situado el depósito.
La autorización estará supeditada a los requisitos que tienen derecho a determinar las autoridades a efectos de impedir cualquier posible fraude o abuso.»
B.      Legislación nacional
11.      Constituye el Derecho nacional aplicable al litigio principal el Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n.º 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Decreto Legislativo
n.º 504, de 26 de octubre de 1995, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales relativas a los impuestos sobre la producción y el consumo y a las sanciones penales y administrativas en la materia; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo»), en su versión modificada.
12.      El artículo 23 del Decreto Legislativo, titulado «Depósitos fiscales de productos energéticos», establece, entre otros extremos, los requisitos para la constitución de un depósito fiscal e impone la necesidad de obtener una licencia para su explotación. En particular, los apartados 3 y 4 de dicha disposición están redactados en los siguientes términos:
«3.      La gestión en régimen de depósito fiscal se podrá autorizar, cuando existan necesidades reales operativas y de aprovisionamiento de la instalación, a depósitos comerciales de gas licuado de petróleo con capacidad mínima de 400 metros cúbicos y a depósitos comerciales de otros productos energéticos con capacidad mínima de 10 000 metros cúbicos.
4.      Asimismo, la gestión en régimen de depósito fiscal se podrá autorizar, en particular, a depósitos comerciales de gas licuado de petróleo con capacidad inferior a 400 metros cúbicos y a depósitos comerciales de otros productos energéticos con capacidad inferior a 10 000 metros cúbicos cuando, además de los requisitos establecidos en el apartado 3, se cumplan, al menos, alguna de las siguientes condiciones:
a]      que el depósito suministre productos exentos del pago de impuestos especiales o sujetos a tipo reducido, o desde él se transporten productos energéticos en régimen suspensivo, a Estados miembros de la Unión Europea o a países no pertenecientes a la Unión Europea, en una cantidad total de, como mínimo, el 30 por ciento del total de las extracciones habidas en un bienio;
b)      que el depósito sea un anexo de un depósito fiscal ubicado en las inmediaciones y pertenezca al mismo grupo de sociedades o, si pertenece a terceros, opere de forma permanente al servicio del citado depósito.»
13.      A tenor del artículo 63 del Decreto Legislativo, titulado «Licencias de explotación y tasas anuales», corresponde al Ufficio dell’Agenzia delle dogane (Agencia de Aduanas y Monopolios, Italia; en lo sucesivo, «autoridad aduanera») conceder la licencia requerida por el artículo 23.
14.      Según informa el órgano jurisdiccional remitente, el 4 de diciembre de 2017 la autoridad aduanera emitió la circolare amministrativa n.º 14/D (Circular administrativa n.º 14/D), con orientaciones sobre la interpretación de algunas disposiciones del Decreto Legislativo.
15.      Por último, en su petición de decisión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente se refiere también a la Legge 13 aprile 1988, n.º 117, Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (Ley n.º 117 de 13 de abril de 1988, sobre la reparación de los daños causados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y la responsabilidad civil de los magistrados; en lo sucesivo, «Ley n.º 117 de 1988»), en su versión modificada.
16.      Con arreglo al artículo 2, apartado 3 bis, de dicha Ley, «al apreciar infracciones manifiestas del Derecho [nacional] y del Derecho de la Unión, se tendrá especialmente en cuenta el grado de claridad y precisión de las normas infringidas y la inexcusabilidad y gravedad del incumplimiento. En caso de infracción manifiesta del Derecho de la Unión, también se tomará en consideración el incumplimiento de la obligación de remitir una petición de decisión prejudicial en virtud del artículo 267 [TFUE], párrafo tercero, así como el conflicto existente entre el acto o medida y la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
III. Antecedentes de hecho del litigio, procedimiento y cuestión prejudicial
17.      Centro Petroli Roma (la parte recurrente en el procedimiento principal; en lo sucesivo, «CPR») es una sociedad que realiza actividades de producción, transformación y comercio de productos petrolíferos en el sector de productos energéticos. Dicha sociedad opera en régimen de depósito fiscal desde febrero de 2016 con arreglo al Decreto Legislativo.
18.      Mediante la Resolución n.º 13042/2020, la autoridad aduanera suspendió la licencia concedida a CPR por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 23, apartado 3, del Decreto Legislativo. CPR impugnó la referida resolución ante el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), que desestimó el recurso.
19.      CPR recurrió esta sentencia en apelación ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado), el cual suspendió el procedimiento y planteó cinco cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Las dos primeras cuestiones se referían al alcance de la obligación que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia de remitir una petición de decisión prejudicial (primera cuestión prejudicial) y a la interacción entre dicha obligación y los regímenes nacionales de responsabilidad por los errores judiciales (segunda cuestión prejudicial). Las cuestiones prejudiciales tercera, cuarta y quinta versaban sobre la interpretación de determinadas disposiciones de Derecho de la Unión que parecían aplicables a los depósitos fiscales.
20.      Dichas cuestiones fueron objeto del asunto C‑597/2021, resuelto por el Tribunal de Justicia mediante su auto Centro Petroli Roma I, en el cual el Tribunal de Justicia: i) en respuesta a la primera cuestión prejudicial hizo ciertas aclaraciones respeto al alcance de la obligación de los órganos jurisdiccionales de última instancia de remitir una petición de decisión prejudicial; ii) declaró manifiestamente inadmisible la segunda cuestión prejudicial, al carecer de relación con el litigio principal, y iii) declaró que no era necesario responder a las demás cuestiones, que habían sido formuladas solo en caso de que el Tribunal de Justicia respondiese afirmativamente a la primera (lo cual no hizo).
21.      Dentro del mismo procedimiento nacional, a instancia de CPR, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) plantea ahora al Tribunal de Justicia una segunda petición de decisión prejudicial. Las cuestiones remitidas en el presente procedimiento (que coinciden con las cuestiones tercera, cuarta y quinta del asunto C‑597/21) son las siguientes:
«1)      ¿Se opone la correcta interpretación de los artículos 101 TFUE a 106 TFUE, así como del marco normativo establecido en las Directivas
2006/123/CE y 2008/118/CE, a una norma nacional, como la que se deduce del artículo 23, apartado 3, del [Decreto Legislativo], que dispone que “3. La gestión en régimen de depósito fiscal se podrá autorizar, cuando existan necesidades reales operativas y de aprovisionamiento de la instalación, a depósitos comerciales de gas licuado de petróleo con capacidad mínima de 400 metros cúbicos y a depósitos comerciales de otros productos energéticos con capacidad mínima de 10 000 metros cúbicos”?
2)      ¿Se opone la correcta interpretación de los artículos 101 TFUE a 106 TFUE, así como del marco normativo establecido en las Directivas
[2006/123] y [2008/118], a una norma nacional, como la que se deduce del artículo 23, apartado 4, letras a) y b), del [Decreto Legislativo], que dispone que la gestión en régimen de depósito fiscal se podrá autorizar, en particular, a depósitos comerciales de gas licuado de petróleo con capacidad inferior a 400 metros cúbicos y a depósitos comerciales de otros productos energéticos con capacidad inferior a 10 000 metros cúbicos cuando, además de los requisitos establecidos en el apartado 3, se cumplan, al menos, alguna de las siguientes condiciones:
“a)      que el depósito suministre productos exentos del pago de impuestos especiales o sujetos a tipo reducido, o desde él se transporten productos energéticos en régimen suspensivo, a Estados miembros de la Unión Europea o a países no pertenecientes a la Unión Europea, en una cantidad total de, como mínimo, el 30 por ciento del total de las extracciones habidas en un bienio;
b)      que el depósito sea un anexo de un depósito fiscal ubicado en las inmediaciones y pertenezca al mismo grupo de sociedades o, si pertenece a terceros, opere de forma permanente al servicio del citado depósito?”
3)      ¿Se oponen la correcta interpretación y aplicación del principio de proporcionalidad, en relación con los artículos 101 TFUE a 106 TFUE y el marco normativo establecido en las Directivas [2006/123] y [2008/118] y, en particular, en los artículos 9, 14, punto 5, y 15, apartado 2, de la Directiva [2006/123], a medidas regulatorias (circulares, reglamentos u otras) adoptadas por una autoridad nacional para aclarar y completar las citadas condiciones establecidas en el artículo 23, apartado 4, letras a) y b), del [Decreto Legislativo]?»
22.      CPR, el Gobierno italiano y la Comisión han presentado observaciones escritas. También fueron oídos en la vista celebrada el
10 de julio de 2025.
IV.    Apreciación
23.      Con sus tres cuestiones prejudiciales, que pueden examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente desea aclarar, en esencia, si los artículos 101 TFUE a 106 TFUE y las disposiciones de las Directivas
2006/123 y 2008/118 se oponen a unas medidas nacionales que establecen criterios basados en las necesidades de capacidad, operativas y de aprovisionamiento, en ratios de extracción o en la relación funcional entre depósitos para autorizar la gestión de depósitos comerciales de productos energéticos con arreglo a regímenes suspensivos.
24.      Antes de ocuparme de los problemas de fondo que se derivan de dicha cuestión (sección C), es oportuno examinar la admisibilidad de la remisión prejudicial (sección A), para después abordar una cuestión preliminar que el órgano jurisdiccional remitente plantea en su petición de decisión prejudicial (sección B).
A.      Admisibilidad de la remisión prejudicial
25.      A mi parecer, no cabe duda de que la presente petición de decisión prejudicial es plenamente admisible. No obstante, soy de la opinión de que las cuestiones formuladas son en parte inadmisibles: en concreto, en lo que se refiere a los artículos
101 TFUE y
106 TFUE.
26.      A este respecto, comparto con la Comisión que, en su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente no explica [como exige el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia] los motivos que le llevan a solicitar la interpretación de las normas del Tratado sobre competencia entre empresas y la relación entre dichas normas y las disposiciones del Decreto Legislativo. Asimismo, no es posible inferir de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente o por las partes que han presentado observaciones en el presente procedimiento los elementos pertinentes del análisis (por ejemplo, el producto de que se trata y el mercado geográfico, los principales actores que operan en dicho mercado, las repercusiones que en este tiene la legislación controvertida, etc.).
27.      En consecuencia, considero que es inviable examinar la compatibilidad de la legislación nacional controvertida con los artículos
101 TFUE y
106 TFUE.
28.      Por otro lado, el examen de la admisibilidad de la remisión prejudicial me brinda la ocasión de tratar una cuestión preliminar (relacionada en cierto modo con la admisibilidad) que el órgano jurisdiccional remitente solo ha planteado de soslayo en su petición de decisión prejudicial. Se trata de la compatibilidad con el Derecho de la Unión de un régimen de responsabilidad civil y disciplinaria de los jueces por los errores judiciales, incluido el incumplimiento del Derecho de la Unión, como puede ser la omisión de una petición de decisión prejudicial en virtud del artículo
267 TFUE, párrafo tercero.
B.      Una cuestión preliminar: los sistemas nacionales de responsabilidad civil y disciplinaria de los jueces por incumplimientos del Derecho de la Unión
29.      Para entender por qué el órgano jurisdiccional remitente solo ha planteado esta cuestión con carácter incidental puede ser conveniente volver atrás y recordar lo que se trató
(1) y lo que no se trató (2) en el auto Centro Petroli Roma I del Tribunal de Justicia. Acto seguido, voy a esbozar brevemente las dos líneas jurisprudenciales que resultan pertinentes a este respecto (3 y 4). Por último, voy a formular algunas consideraciones personales sobre la materia (5).
1.      La cuestión que se trató en el auto Centro Petroli Roma I
30.      Como he expuesto en el punto 20 de las presentes conclusiones, el auto Centro Petroli Roma I solo abordó el fondo del asunto de la primera cuestión prejudicial planteada en dicho procedimiento, relativa a la interpretación del artículo
267 TFUE, párrafo tercero.
31.      El órgano jurisdiccional remitente solicitaba aclaraciones respecto a la jurisprudencia según la cual un órgano jurisdiccional nacional de última instancia queda exento de su obligación de remitir una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia en la situación (a menudo designada como) de acte clair: cuando la interpretación de la disposición del Derecho de la Unión de que se trata se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna. (6) A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, antes de concluir que se trata realmente de una situación de acte clair, el órgano jurisdiccional nacional que decide en última instancia debe llegar a la convicción de que «la misma evidencia se impondría igualmente a los demás tribunales nacionales de última instancia de los Estados miembros, así como al Tribunal de Justicia». (7)
32.      Las dudas del órgano jurisdiccional remitente se referían, en particular, a la forma en que un órgano jurisdiccional remitente que decide en última instancia debe elucidar el cumplimiento de tal condición. En resumen, la cuestión era si un órgano jurisdiccional nacional de última instancia está obligado a probar de manera circunstanciada que los demás órganos jurisdiccionales de última instancia de los Estados miembros y el Tribunal de Justicia procederían a la misma interpretación de la disposición del Derecho de la Unión pertinente.
33.      En respuesta a estas dudas, el Tribunal de Justicia declaró que un órgano jurisdiccional nacional que decide en última instancia no está obligado a probar de manera circunstanciada que los órganos jurisdiccionales de última instancia de los demás Estados miembros y el Tribunal de Justicia acogerían la misma interpretación. (8) En efecto, basta con que el órgano jurisdiccional nacional, teniendo debidamente en cuenta las características del Derecho de la Unión, las dificultades particulares que suscita la interpretación del Derecho de la Unión y el riesgo de que surjan divergencias en las resoluciones judiciales dentro de la Unión Europea, esté profundamente convencido
de que dichos órganos jurisdiccionales llegarían a la misma conclusión. (9)
34.      Así pues, el Tribunal de Justicia aclaró que el criterio que han de aplicar los órganos jurisdiccionales de última instancia cuando decidan si están obligados a remitir una petición de decisión prejudicial en una situación de posible acte clair es la de la «convicción razonable». Siendo una cuestión meramente jurídica determinar la correcta interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión, no pueden considerarse plenamente aplicables a este respecto las normas ordinarias de procedimiento que regulan la prueba y la carga de la prueba. Dicho en pocas palabras, el órgano jurisdiccional nacional debe decidir si dispone de elementos que respalden una interpretación alternativa (es decir, una diferente de la que él mismo prima facie considera correcta) de la disposición del Derecho de la Unión que sea suficientemente plausible como para no poder ser descartada de plano. (10)
35.      A este respecto es preciso recordar que, tal como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 51 de su sentencia Consorzio, si un órgano jurisdiccional nacional de última instancia considera que queda dispensado de la obligación de plantear una cuestión prejudicial en virtud del artículo
267 TFUE, párrafo tercero, debe motivar tal decisión.
36.      Como traté de explicar en mis conclusiones presentadas en el asunto KUBERA, el grado de detalle de la motivación varía necesariamente en función de las circunstancias del caso concreto. En mi opinión normalmente debería bastar con que el órgano jurisdiccional nacional i) indique expresamente la excepción invocada (de entre las establecidas en la sentencia CILFIT (11)) y ii) ofrezca una explicación sumaria de las razones por las que se ha considerado aplicable esta excepción. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que en algunos casos concretos sea necesaria una motivación más pormenorizada o, por el contrario, que los motivos para renunciar a la remisión prejudicial sean tan evidentes que resulte innecesaria su declaración expresa. (12)
2.      La cuestión que no se trató en el auto Centro Petroli Roma I
37.      Por el contrario, en su auto Centro Petroli Roma I, el Tribunal de Justicia no se ocupó del fondo de la segunda cuestión prejudicial, pues, como ya se ha expuesto, dicha cuestión se consideró manifiestamente inadmisible. (13) Este es el motivo por el cual, en la presente petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente, habiendo tomado nota de la declaración del Tribunal de Justicia, no formula ninguna cuestión a este respecto, pero añade que, en su opinión, el problema subyacente sigue siendo acuciante.
38.      En esencia, las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de un régimen nacional de responsabilidad civil y disciplinaria de los jueces por los errores judiciales, en particular en la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión, como puede ser la omisión de una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafo tercero. El órgano jurisdiccional remitente explica que la incertidumbre en torno a la correcta interacción entre la legislación italiana en materia de responsabilidad de los jueces y las normas del Derecho de la Unión sobre la independencia judicial afecta a la forma en que él aprecia la obligación que le incumbe en virtud del artículo 267 TFUE, párrafo tercero. Yo entiendo que dicho tribunal considera que un régimen de responsabilidad personal excesivamente estricto induce de facto a los órganos jurisdiccionales de última instancia a remitir una petición de decisión prejudicial aunque en muchos casos consideren que es suficientemente claro el alcance y sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables.
39.      Aparentemente, el presente asunto constituye uno de estos casos, pues el órgano jurisdiccional remitente ha planteado la petición de decisión prejudicial principalmente para eludir toda posible responsabilidad, ya que consideraba que, a los efectos del litigio, las disposiciones del Derecho de la Unión pertinentes eran actes claires.
40.      Dado que el problema aludido por el órgano jurisdiccional remitente es de carácter constitucional con trascendencia sistemática, considero oportuno hacer algunas observaciones al respecto, con la esperanza de ayudar al órgano jurisdiccional remitente y a otros órganos jurisdiccionales nacionales que puedan hallarse en una situación similar.
41.      No obstante, es obvio que el presente procedimiento no constituye el foro adecuado para valorar la compatibilidad con el Derecho de la Unión de un régimen de responsabilidad de los jueces como el que estableció el legislador italiano mediante la Ley n.º 117 de 1988, en su versión modificada. (14)
42.      En consecuencia, voy a limitar el debate a algunas consideraciones de carácter general, centrándome especialmente en las clases de errores judiciales que pueden derivar en (lo que voy a designar como) «responsabilidad personal» de los jueces sin socavar la independencia judicial. Con ello aludo tanto a la responsabilidad civil como a la disciplinaria. Aunque, obviamente, estos dos tipos de responsabilidad difieren en cierta medida, considero que, desde el punto de vista del Derecho de la Unión, existen diversos principios que son aplicables a ambos. En cambio, no voy a tratar aquí la responsabilidad penal, pues de ella no se ocupan las disposiciones nacionales de que se trata y, en cualquier caso, es un tipo de responsabilidad que suscita cuestiones diferentes.
43.      Antes de nada, voy a comenzar distinguiendo entre dos ámbitos de responsabilidad por los errores judiciales: la responsabilidad de los Estados miembros y la responsabilidad personal de los jueces. Estos ámbitos constituyen el objeto de dos líneas jurisprudenciales, que obviamente están estrechamente relacionadas.
3.      Responsabilidad de los Estados miembros
44.      Según jurisprudencia reiterada, el principio de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por infracciones del Derecho de la Unión es inherente al sistema establecido en los Tratados de la Unión. Este principio es válido para cualquier supuesto de infracción del Derecho de la Unión por parte de un Estado miembro, independientemente de cuál sea el órgano del Estado miembro a cuya acción u omisión se deba la infracción. (15)
45.      También es jurisprudencia reiterada que los particulares tienen derecho a indemnización cuando se cumplen tres requisitos: i) que la norma de Derecho de la Unión violada tenga por objeto conferirles derechos, ii) que la violación de esta norma esté suficientemente caracterizada y iii) que exista una relación de causalidad directa entre tal violación y el daño sufrido por los particulares. (16) Estos requisitos han sido establecidos por el Derecho de la Unión, de modo que los Estados miembros no deben distorsionarlos de manera que pueda quedar excluida su responsabilidad en situaciones en que, de lo contrario, habrían de responder. (17)
46.      En una serie de asuntos que se remontan a los primeros años del siglo, el Tribunal de Justicia aclaró que dichos principios también se aplican a las infracciones cometidas por las autoridades judiciales nacionales, incluidas las resultantes de resoluciones de los órganos jurisdiccionales que decidan en última instancia. (18)
47.      A este respecto, el Tribunal de Justicia también ha hecho algunas aclaraciones en cuanto al segundo requisito antes mencionado, relativo a la suficiente caracterización de la infracción del Derecho de la Unión, lo que significa que no toda infracción de una norma del Derecho de la Unión da lugar necesariamente a la responsabilidad del Estado miembro. En particular, respecto a las infracciones atribuibles a los órganos jurisdiccionales de última instancia, el Tribunal de Justicia ha señalado que este requisito implica que la «responsabilidad [del Estado] solamente puede exigirse en el caso excepcional de que el órgano jurisdiccional nacional que resuelva en última instancia haya infringido de manera manifiesta el Derecho aplicable». (19)
48.      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, para determinar si existe una infracción «suficientemente caracterizada», es preciso tener en cuenta todos los elementos que caractericen la situación que se haya sometido al órgano jurisdiccional nacional. Según el Tribunal de Justicia, entre estos elementos se encuentran, en particular, (i) el grado de claridad y precisión de la norma vulnerada, (ii) la amplitud del margen de apreciación que la norma infringida deja a las autoridades nacionales, (iii) el carácter intencional o involuntario de la infracción cometida o del perjuicio causado, (iv) el carácter excusable o inexcusable de un eventual error de Derecho, (v) el hecho de que las actitudes adoptadas por una institución de la Unión hayan podido contribuir a la adopción o al mantenimiento de medidas o prácticas nacionales contrarias al Derecho de la Unión, (vi) así como (cuando proceda) el incumplimiento por parte del órgano jurisdiccional de que se trate de su obligación de remisión prejudicial en virtud del artículo
267 TFUE, párrafo tercero. (20)
49.      Yo entiendo esta jurisprudencia en el sentido de que una mera omisión de la petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo
267 TFUE, párrafo tercero, por un órgano jurisdiccional de última instancia no da lugar, por sí sola, a la responsabilidad del Estado. Como reiteradamente ha declarado el Tribunal de Justicia, «el sistema de cooperación directa entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, instaurado por el artículo 267 TFUE, es ajeno a toda iniciativa de las partes». [Las partes no pueden obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales] «a presentar una petición de decisión prejudicial. […] En consecuencia, el sistema instaurado por el artículo 267 TFUE no constituye una vía de recurso abierta a las partes de un litigio pendiente ante un juez nacional». (21)
50.      Dicho en pocas palabras, el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, no es una disposición concebida para reconocer derechos a los particulares, de modo que su infracción no puede, por sí sola, dar lugar a la responsabilidad de los Estados miembros. Por otro lado, es difícil de imaginar de qué manera la simple negativa a remitir una petición de decisión prejudicial puede ocasionar un perjuicio a una parte del litigio si se interpretan correctamente las disposiciones del Derecho de la Unión pertinentes.
51.      No obstante, cuando un órgano jurisdiccional nacional de última instancia interpreta erróneamente una disposición del Derecho de la Unión, el hecho de que puede haber incumplido la obligación de remisión prejudicial al Tribunal de Justicia en relación con dicha disposición es un factor que se ha de tener en cuenta al valorar la gravedad de la infracción.
52.      Por último, puede ser conveniente recalcar que el principio de la responsabilidad del Estado, inherente al sistema de recursos establecido en los Tratados de la Unión, no implica la responsabilidad personal de los jueces, sino la de los Estados miembros. Puesto que es el Estado el que puede tener que responder de las resoluciones judiciales contrarias al Derecho de la Unión, y puesto que toda indemnización a los particulares afectados se paga con cargo al presupuesto nacional, este sistema de responsabilidad no entraña ningún riesgo específico de que pueda verse comprometida la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. (22)
4.      Responsabilidad personal de los jueces
53.      En cambio, el establecimiento de regímenes de responsabilidad personal de los jueces por los errores judiciales corresponde a la competencia de los Estados miembros para regular la organización de la justicia. (23) Los Estados miembros gozan de una amplia discrecionalidad a este respecto. (24) De hecho, existe una gran variedad de regímenes tanto en la Unión Europea como fuera de ella, y cada uno de ellos dispone un grado diferente de inmunidad frente a la responsabilidad civil o disciplinaria por los actos realizados en el ejercicio de las funciones judiciales. (25)
54.      El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de examinar la compatibilidad de ciertos regímenes nacionales de responsabilidad personal de los jueces con el Derecho de la Unión en diversos asuntos que le han sido remitidos en los últimos años.
55.      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la existencia de regímenes de responsabilidad personal de los jueces por los errores judiciales puede contribuir a la asunción de responsabilidades y a la eficiencia del sistema judicial. No obstante, el Tribunal de Justicia también ha advertido de que, en el ejercicio de sus competencias en este ámbito, los Estados miembros deben velar por el respeto del Derecho de la Unión. En particular, ha calificado de esencial que todo régimen de este tipo se conciba de manera que quede garantizada la independencia de los tribunales que deban pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión. (26)
56.      En este punto, huelga hacer hincapié en la importancia del imperativo que rige en el ordenamiento jurídico de la Unión de que los órganos jurisdiccionales interpreten y apliquen el Derecho de la Unión de forma independiente. (27) Tal imperativo se deduce, en particular, de los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Asimismo, está implícito en el artículo
267 TFUE.
57.      Es evidente que el reconocimiento del principio de responsabilidad personal de los jueces por los errores judiciales entraña ciertos riesgos para la independencia y la imparcialidad de los jueces. (28) Un régimen de responsabilidad mal concebido puede comprometer (o, al menos, puede despertar en el público la sospecha de que compromete) la ecuanimidad y la integridad de la toma de decisiones judiciales. La mera perspectiva de que se abra una investigación disciplinaria a instancia de los miembros del gobierno o de la jerarquía judicial, o de que justiciables contrariados puedan ejercitar medidas legales, en determinados casos puede ejercer, aun de forma inconsciente, un cierto grado de presión en quienes ostentan la función de resolver un litigio civil o administrativo o una causa penal. (29) De hecho, tal procedimiento puede tener graves consecuencias en la vida y la carrera de jueces afectados. (30) Por lo tanto, un régimen de responsabilidad personal mal concebido puede dar lugar a sesgos en el ejercicio de las funciones judiciales, o puede tener efectos disuasorios sobre estas. (31)
58.      Por este motivo, el Tribunal de Justicia ha declarado que, «aunque […] la garantía de independencia no exige que se confiera a los jueces inmunidad absoluta por los actos adoptados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, solo pueden incurrir en responsabilidad personal por los perjuicios ocasionados en el ejercicio de sus funciones en supuestos excepcionales, en los que quede acreditada su culpabilidad individual grave». (32) En consecuencia, «la circunstancia de que una resolución adolezca de un error judicial no basta, por sí sola, para que pueda exigirse la responsabilidad personal del juez de que se trata». (33)
59.      Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha señalado otros elementos de los regímenes nacionales de responsabilidad personal de los jueces como necesarios para garantizar la observancia del principio de independencia judicial. En particular, ha declarado que dichos regímenes deben establecer «normas que definan, en particular, tanto los comportamientos constitutivos de infracciones disciplinarias como las sanciones concretamente aplicables, que prevean la intervención de un órgano independiente con arreglo a un procedimiento que garantice plenamente los derechos consagrados en los artículos 47 y 48 de la Carta, especialmente el derecho de defensa, y que consagren la posibilidad de impugnar judicialmente las decisiones de los órganos disciplinarios». (34)
60.      Con el trasfondo expuesto, procedo ahora a hacer unos breves comentarios que, espero, ayudarán al órgano jurisdiccional remitente a abordar el problema principal de que se trata en su petición de decisión prejudicial: cuándo puede un error judicial desencadenar la responsabilidad personal de los jueces por sus decisiones (erróneas), sin socavar la independencia judicial.
5.      Algunas consideraciones sobre la responsabilidad personal de los jueces y la independencia judicial
61.      En primer lugar, quisiera aclarar que, a mi parecer, es imposible concebir un criterio capaz de diferenciar claramente entre los errores judiciales que pueden desencadenar la responsabilidad personal de los jueces sin comprometer la independencia judicial y los que, por el contrario, pueden suscitar dudas desde ese punto de vista. En mi opinión, solo es posible aportar algunos principios rectores que puedan ser válidos tanto para la responsabilidad civil como para la disciplinaria.
62.      Parte de estos principios se deducen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes analizada. Me refiero no solo a la jurisprudencia relativa a la jurisprudencia personal de los jueces, sino también a la que trata de la responsabilidad de los Estados miembros. En efecto, debido a la similitud de su objeto, considero que algunos de los principios enunciados en las resoluciones del Tribunal de Justicia sobre responsabilidad del Estado pueden aplicarse por analogía a la responsabilidad personal de los jueces.
63.      No obstante, soy del parecer de que, en general, la responsabilidad personal ha de entrar en juego más restrictivamente que la responsabilidad del Estado. En efecto, según ha declarado el Tribunal de Justicia, mientras que las formas de responsabilidad del Estado generalmente no suscitan ningún problema en cuanto al principio de independencia judicial, sucede lo contrario con los regímenes de responsabilidad personal. Estos, si están mal concebidos, pueden llegar a menoscabar la independencia judicial. Por este motivo, con respecto a los regímenes de responsabilidad personal el Tribunal de Justicia ha declarado que esta solo ha de desencadenarse en supuestos «excepcionalísimos». (35)
64.      Obviamente, esto es válido también respecto a la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia de remitir una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 267 TFUE, párrafo tercero. Así pues, a este respecto solo comparto parcialmente la postura expresada por la Abogada General Ćapeta (36) según la cual el hecho de no efectuar la remisión nunca ha de generar responsabilidad personal de los jueces, mientras hayan expuesto debidamente los motivos de su negativa a hacerlo. A continuación, explico qué quiero decir con ello.
65.      Existen dos obligaciones derivadas del artículo 267 TFUE, párrafo tercero: una de carácter más sustantivo (remitir una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia cuando surja una duda sobre la interpretación del Derecho de la Unión, sin que sean aplicables las excepciones establecidas en la sentencia CILFIT) y otra de carácter más procesal (exponer los motivos de la negativa a hacerlo). (37) Aunque están indisolublemente unidas, siguen siendo obligaciones diferentes.
66.      Yo no veo ningún motivo razonable por el cual solo el incumplimiento de una de ellas pueda dar lugar a responsabilidad, máxime cuando, de las dos, es la obligación de remisión la principal y más importante, por su repercusión tanto en el litigio de que se trate como en la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión. La obligación de motivación es secundaria e instrumental de cara a garantizar el cumplimiento de la obligación principal.
67.      Tal como ha declarado el Tribunal de Justicia, la salvaguardia de la independencia judicial no puede conllevar, en particular, que «se excluya totalmente que un juez pueda incurrir en responsabilidad disciplinaria, en determinados supuestos excepcionalísimos, por resoluciones judiciales que haya dictado. En efecto, tal exigencia de independencia evidentemente no tiene por objeto amparar eventuales conductas graves y totalmente inexcusables de los jueces, que consistan, por ejemplo, en incumplir deliberadamente y con mala fe, o por negligencias particularmente graves y groseras, las normas del Derecho nacional y de la Unión por cuyo respeto deben velar, o en actuar con arbitrariedad o incurriendo en denegación de justicia, cuando […] deben resolver los litigios que les plantean los justiciables». (38)
68.      Estas consideraciones parecen válidas, en principio, para toda obligación derivada del Derecho de la Unión. En consecuencia, no se puede descartar que la omisión de una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia, debida a un error palmario en la interpretación y aplicación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, (39) pueda legítimamente generar la responsabilidad personal de los jueces que han cometido dicho error. (40)
69.      No obstante, en este momento estimo necesario diferenciar entre responsabilidad civil y disciplinaria. En el caso de la primera, en mi opinión, el incumplimiento de la obligación de remitir una petición de decisión prejudicial solo puede generar tal responsabilidad cuando la disposición del Derecho de la Unión de que se trate haya sido incorrectamente interpretada y ello haya ocasionado un perjuicio o pérdida al reclamante. Como expongo en el punto 50 de las presentes conclusiones, si las correspondientes disposiciones del Derecho de la Unión están correctamente aplicadas, no puede haber perjuicio o pérdida para las partes del litigio.
70.      En cambio, en el caso de la responsabilidad disciplinaria, no veo motivo alguno para excluir la posibilidad de que un incumplimiento de la obligación de remisión prejudicial, en circunstancias extraordinarias, justifique la adopción de medidas disciplinarias con independencia del perjuicio causado a las partes. Es lo que puede suceder, en particular, cuando la negativa a remitir la petición de decisión prejudicial no constituya un caso infrecuente, o incluso aislado, sino que forme parte de un patrón de conducta. En tal caso, las consecuencias negativas del incumplimiento inciden en la efectividad del mecanismo de cooperación establecido por el artículo
267 TFUE.
71.      Sea como fuere, repito una vez más, ambas formas de responsabilidad solo pueden entrar en juego en casos excepcionalísimos.
72.      Por ejemplo, no es decisivo a este respecto el hecho de que el Tribunal de Justicia haya apreciado tal incumplimiento en el marco de un procedimiento con arreglo a los artículos 258 TFUE o 259 TFUE. (41) En efecto, cualquier infracción del Derecho de la Unión (sea o no manifiesto y al margen de su gravedad) puede ser el objeto de un procedimiento por incumplimiento. (42)
73.      Lo mismo sucede, mutatis mutandis, con respecto a las situaciones en que un órgano jurisdiccional nacional solicita al Tribunal de Justicia que aclare si, en unas circunstancias concretas, se ha de interpretar el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que un órgano jurisdiccional de última instancia está obligado a remitir una petición de decisión prejudicial. (43) Salvo que se pida expresamente una resolución acerca de la gravedad de la infracción a efectos de la responsabilidad (ya sea del Estado o personal de los jueces), el Tribunal de Justicia responderá simplemente aclarando el alcance de la obligación de remisión en atención a los elementos de hecho y de Derecho que le haya planteado el órgano jurisdiccional remitente.
74.      Además, tal responsabilidad no puede derivarse del mero hecho de que, en su posterior jurisprudencia, el Tribunal de Justicia haya adoptado una interpretación diferente de la disposición del Derecho de la Unión de que se trate, que el órgano jurisdiccional nacional había considerado acte clair (o acte éclairé). A mi parecer, los elementos ex post facto han de tratarse con extrema cautela a este respecto. Al igual que en cualquier otro ordenamiento jurídico, la jurisprudencia de la Unión evoluciona constantemente a medida que los tribunales de la Unión Europea (el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales) adoptan resoluciones en que aplican las normas existentes a las nuevas situaciones. Probablemente, este fenómeno evolutivo resulta especialmente acusado en la Unión Europea, que desde el principio está concebida como un sistema político dinámico.
75.      A mi entender, hay cuatro parámetros decisivos a la hora de apreciar un error judicial que, por su naturaleza excepcionalísima, pueden desencadenar la responsabilidad personal sin comprometer con ello la independencia judicial. Desde el punto de vista de un juez razonable y prudente, el error judicial (consistente, por ejemplo, en no remitir una petición de decisión prejudicial) debe ser: i) manifiesto (claro y evidente, no discutible); ii) relevante (con efectos significativos, bien en el resultado del procedimiento principal, bien en la efectividad del mecanismo de cooperación); iii) inexcusable (ausencia de factores que puedan razonablemente haber inducido al error), y iv) resultado de la decisión deliberada del juez de obviar la ley o de una grave negligencia por su parte.
76.      Considero que estas conclusiones están claramente en consonancia tanto con los parámetros internacionales como con la jurisprudencia de la Corte Costituzionale (Tribunal Constitucional). (44)
77.      En mi opinión, un régimen nacional de responsabilidad personal de los jueces por el incumplimiento del Derecho de la Unión, incluida la omisión de una remisión prejudicial en virtud del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, que desencadene la responsabilidad por errores menores podría comprometer la ecuanimidad y la integridad de la toma de decisiones judiciales, afectando así a la independencia de los jueces.
78.      Además, tal sistema podría socavar la eficacia
del sistema de cooperación y diálogo judicial que establece el artículo 267 TFUE entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia. (45) Este ha declarado reiteradamente que las normas del Derecho nacional no pueden tener el efecto de impedir a un órgano jurisdiccional nacional ejercer su facultad de remitir una petición de decisión prejudicial o, cuando proceda, cumplir con esa obligación.  La combinación de estos elementos (facultad y obligación, en función de las circunstancias), tal como ha observado el Tribunal de Justicia, es «inherente» a dicho sistema de cooperación y diálogo. (46)
79.      A mi parecer, son válidas consideraciones similares para las normas de Derecho nacional que, de facto, privan a los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia del margen de apreciación que les atribuye el artículo 267 TFUE a la hora de valorar si una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión ha sido «planteada» debidamente. Para determinar la aplicabilidad de alguna de las excepciones establecidas en la sentencia CILFIT
a un asunto concreto es preciso que el órgano jurisdiccional lleve a cabo un análisis minucioso. (47) Deben tenerse en cuenta diversos factores a fin de dilucidar si resulta de aplicación la obligación que establece el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, y en principio le corresponde hacerlo al órgano jurisdiccional nacional, actuando de forma independiente y con la debida diligencia. (48)
80.      El Derecho nacional no puede tener por efecto limitar el margen de apreciación establecido en el artículo 267 TFUE, de manera que, en la práctica, determinadas situaciones en que no es obligatorio hacer una remisión sean tratadas como situaciones en las que sí se ha de hacer una remisión prejudicial. (49) En tales circunstancias se remitirían múltiples peticiones de decisión prejudicial sin que hubiese verdadera necesidad de ello.
Esto demoraría inútilmente la resolución de los litigios afectados e incrementaría la carga de trabajo del Tribunal de Justicia, lo cual, a su vez, socavaría la efectiva y puntual sustanciación de los demás asuntos pendientes ante él. Asimismo, esto se prestaría a abusos de procedimiento por parte de justiciables sin escrúpulos.
81.      Habida cuenta de lo anterior, soy del parecer de que los regímenes nacionales de responsabilidad civil y disciplinaria de los jueces por los errores judiciales, entre ellos los incumplimientos de la independencia judicial que se deriva del Derecho de la Unión, así como la no remisión de una petición de decisión prejudicial en virtud del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, son compatibles con el Derecho de la Unión si se limitan a supuestos excepcionalísimos. Tales situaciones son aquellas en las que el error judicial es manifiesto, relevante e inexcusable y resulta de la elección deliberada de un juez de obviar la ley o de una grave negligencia por su parte.
C.      Observaciones sobre las cuestiones prejudiciales
82.      Con sus tres cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente desea obtener la correcta interpretación de tres normativas de la Unión y le pregunta al Tribunal de Justicia si una legislación nacional como el Decreto Legislativo es compatible con: i) los artículos 101 TFUE a 106 TFUE; ii) las disposiciones de la Directiva
2006/123, y iii) las disposiciones de la Directiva
2008/118.
83.      En los puntos 25 a 27 de las presentes conclusiones he expuesto que las cuestiones son inadmisibles por lo que respecta a los artículos 101 TFUE a 106 TFUE. A continuación, me ocupo de la interpretación de las otras dos normativas.
1.      Directiva 2006/123
84.      La Directiva
2006/123 (frecuentemente designada como «Directiva de servicios») establece «las disposiciones generales necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los servicios» (artículo 1, apartado 1), eliminando las barreras que obstaculizan el desarrollo de un mercado de servicios en la Unión Europa, reforzando el mercado interior al tiempo que se fomenta un progreso económico y social equilibrado y sostenible (considerandos
1 y 5).
85.      El artículo 2, apartado 1, de la Directiva
2006/123, relativo al «ámbito de aplicación» de la Directiva, establece que esta «se aplicará a los servicios prestados por prestadores establecidos en un Estado miembro» (apartado 1). A continuación, enumera algunas actividades a las que, con carácter excepcional, no se aplica la Directiva (apartado 2), para finalmente disponer que esta «no se aplicará a la fiscalidad» (apartado 3). (50)
86.      El considerando 29 de la Directiva 2006/123 explica la razón de ser de esta exclusión: «Dado que en el Tratado se prevén bases jurídicas específicas en materia fiscal y dados los instrumentos [de la Unión] ya adoptados en esta materia, procede excluir la fiscalidad del ámbito de aplicación de [esa] Directiva.»
87.      En su sentencia Airbnb Ireland y Airbnb Payments
UK, el Tribunal de Justicia declaró, atendiendo a dichos elementos, que el término «fiscalidad» se ha de interpretar en sentido amplio, de modo que abarque «no solo todos los ámbitos de la fiscalidad, sino también todos los aspectos de esta materia». (51)
88.      A la luz de las consideraciones que preceden, se ha de concluir que las disposiciones nacionales impugnadas por CPR pertenecen al ámbito de la «fiscalidad» a efectos del artículo 2, apartado 3, de la Directiva
2006/123. Establecen las condiciones en que se concede un beneficio fiscal a determinados operadores económicos (los depositarios), ventaja consistente (con arreglo al artículo 4, punto 1, de la Directiva 2008/118) en la autorización para «producir, transformar, almacenar, recibir y enviar […] productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo dentro de un depósito fiscal». (52)
89.      En efecto, el Decreto Legislativo constituye un acto de aplicación de la Directiva
2008/118, un cuerpo legislativo adoptado en virtud del artículo 93 CE (actualmente, artículo 113 TFUE), que permite la adopción de «disposiciones referentes a la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos». Por el contrario, la Directiva
2006/123 se adoptó sobre la base de los artículos 47 CE, apartado 2, y 55 CE (actualmente, artículos 53 TFUE, apartado 2, y 62 TFUE), bases jurídicas que tratan de la libre circulación de servicios.
90.      Por lo tanto, puesto que la Directiva
2006/123 no es aplicable al presente asunto, no se puede interpretar en el sentido de que se opone a disposiciones como las que contiene el Decreto Legislativo.
2.      Directiva 2008/118
91.      El artículo 16, apartado 1, de la Directiva
2008/118 dispone que «la apertura y explotación de un depósito fiscal por un depositario autorizado estarán supeditadas a la autorización de las autoridades competentes del Estado miembro donde este situado el depósito». Acto seguido, añade que «la autorización estará supeditada a los requisitos que tienen derecho a determinar las autoridades a efectos de impedir cualquier posible fraude o abuso». (53)
92.      El considerando 15 de la Directiva
2008/118 explica que, «habida cuenta de la necesidad de realizar controles en las unidades de producción y de almacenamiento al objeto de garantizar el cobro de la deuda tributaria, es preciso mantener un sistema de depósitos sujetos a autorización de las autoridades competentes, con el fin de facilitar dichos controles». El considerando 16 de la misma Directiva añade que «es asimismo necesario establecer los requisitos que deberán satisfacer los depositarios autorizados y los operadores que no tengan la condición de depositario autorizado […]». (54)
93.      Las citadas disposiciones dejan patente, por tanto, que el sistema de autorización es un instrumento para la prevención de la elusión, los abusos y el fraude. Su objetivo consiste, de hecho, en «garantizar que [el] depositario tenga la fiabilidad necesaria para el régimen suspensivo». (55) Como el Tribunal de Justicia ha declarado en múltiples ocasiones, «en el ámbito de aplicación de la Directiva
2008/118, con carácter general, la prevención del fraude y de los abusos constituye un objetivo común tanto del Derecho de la Unión como de los ordenamientos de los Estados miembros, […] como confirman los considerandos
15 y
16 y el artículo
16 de esta». (56)
94.      En realidad, se trata del único objetivo del sistema en cuestión. (57) Por lo tanto, con el sistema de autorización previsto en la Directiva los Estados miembros no pueden perseguir otros objetivos que no guarden relación con el de prevenir el fraude fiscal y los abusos.
95.      No obstante, siempre que los requisitos establecidos en el Derecho nacional para la concesión de la autorización estén concebidos con miras a cumplir dicho objetivo, los Estados miembros gozan de un amplio margen de apreciación al respecto. De hecho, la Directiva
2008/118 no contiene ninguna otra norma o principio rector sobre esta materia. Tal como indica la Recomendación
2000/789/CE de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativa a las orientaciones en materia de autorizaciones a los depositarios con arreglo a la Directiva
92/12/CEE del Consejo, respecto de productos sujetos a impuestos especiales, (58) los Estados miembros han recurrido a distintos criterios a tal efecto.
96.      En la vista, el Gobierno italiano expuso que, según su experiencia, tienden más a cometer fraude fiscal las pequeñas empresas de reciente fundación (muchas veces, constituidas por medio de testaferros), que se disuelven rápidamente cuando las autoridades descubren la conducta ilícita. Este es el motivo por el cual la legislación italiana se basa principalmente en criterios que garantizan una mínima capacidad o actividad comercial relevante para el depósito, o su relación con los depósitos existentes con un historial acreditado de actividad efectiva. Dicho Gobierno añadió que una «proliferación» de pequeños depósitos complicaría la supervisión de sus actividades y la haría muy costosa para las autoridades.
97.      En tales circunstancias, no veo ningún elemento en la Directiva
2008/118 que, por principio, se oponga a que la legislación nacional condicione la autorización necesaria al cumplimiento de criterios basados en las necesidades de capacidad, operativas y de aprovisionamiento, en ratios de extracción o en la relación funcional entre depósitos. En la medida en que se confirmen los hechos descritos por el Gobierno italiano (lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente), no hay nada en los autos que dé a entender que, al elegir los mencionados criterios, las autoridades italianas se hayan excedido en el margen de discrecionalidad que les confiere el artículo
16, apartado
1, de la Directiva
2008/118.
98.      Como ya he señalado, los Estados miembros gozaban de un amplio margen de discrecionalidad a este respecto. El considerando 15 de la Directiva
2008/118 aclaraba que facilitar controles figura entre los objetivos perseguidos por el régimen de autorización. Además, la Recomendación
2000/789 invitaba a los Estados miembros a «apli[car] criterios estrictos para conceder la autorización». (59)
99.      Sin embargo, no conviene olvidar que el objetivo último de la Directiva
2008/118 era garantizar el buen funcionamiento del mercado interior armonizando las condiciones para gravar con impuestos especiales determinados productos. (60) Así pues, es lógico que las medidas nacionales pertinentes deberían intentar conseguir (como acertadamente indica el artículo 2, apartado 1, de la Recomendación
2000/789) el equilibrio entre facilitar el comercio y permitir un control efectivo.
100. La necesidad de adoptar una perspectiva ponderada a este respecto se deduce también del principio de proporcionalidad. En efecto, conforme a reiterada jurisprudencia, cuando transpongan o apliquen el Derecho de la Unión los Estados miembros deben respetar los principios generales de la Unión, incluido, por supuesto, el de proporcionalidad. En consecuencia, los Estados miembros han de recurrir a medios que, al tiempo que permiten alcanzar eficazmente el objetivo perseguido por el Derecho interno, no vayan más allá de lo necesario y causen el menor menoscabo a los demás objetivos y principios establecidos por la legislación de la Unión de que se trate. Por consiguiente, cuando puedan elegir entre un abanico de medidas adecuadas, se ha de recurrir a la menos onerosa, y las desventajas ocasionadas no han de ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos. (61)
101. En concreto, la evaluación de la proporcionalidad comprende el examen de tres criterios acumulativos: si las medidas adoptadas son i) adecuadas, ii) necesarias y iii) proporcionadas en sentido estricto. (62)
102. En el presente asunto, dada la naturaleza técnica del objeto tratado, no es en absoluto sencilla la valoración de la proporcionalidad de las disposiciones impugnadas. En consecuencia, esa tarea conviene dejarla a la apreciación del órgano jurisdiccional remitente. No obstante, a fin de proporcionar a dicho tribunal una orientación útil, a continuación, voy a desarrollar una serie de consideraciones sobre cómo se ha de efectuar la valoración, en las que tendré en cuenta algunas peculiaridades de las disposiciones controvertidas.
103. En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar si la medida es adecuada,
es decir, si puede contribuir al logro del objetivo perseguido, reflejando una auténtica preocupación por alcanzarlo de forma coherente y sistemática.
104. En el presente asunto, para ello puede ser preciso que el órgano jurisdiccional remitente analice, antes de nada, si los criterios aplicados se han concebido realmente para la consecución del objetivo de combatir el fraude fiscal y los abusos (impidiendo las situaciones en que habitualmente se produce el fraude y facilitando los controles ex post). A este respecto, considero que el órgano jurisdiccional remitente ha de procurar que los criterios formulados de manera imprecisa o que dejen una amplia discrecionalidad a la autoridad aduanera (como el relativo a las «necesidades reales operativas y de aprovisionamiento de la instalación») se interpreten y apliquen correctamente.
105. Esto significa que los elementos tenidos en cuenta por dicha autoridad a fin de verificar que se cumplen dichos requisitos atiendan únicamente a la fiabilidad del depositario, y no a consideraciones de otra índole, como las de carácter comercial o económico. Por ejemplo, las autoridades no deberían supeditar la concesión de una licencia a su propia valoración de si existe en el mercado una demanda de nuevos depósitos, o si el lugar elegido para la instalación está suficientemente «atendido» por otros depósitos.
106. La adecuación de la medida presupone también que los criterios establecidos en el Decreto Legislativo (en cuanto a los tipos de parámetros, las cantidades de referencia de estos, etc.) puedan contribuir de forma significativa al objetivo perseguido, concretamente el de prevenir el fraude fiscal y los abusos. En otras palabras, ¿son adecuados los criterios para detectar las situaciones que más frecuentemente derivan en fraude o abusos, teniendo en cuenta los recursos que el Estado puede razonablemente dedicar a los controles ex ante y ex post?
107. En segundo lugar, respecto al requisito de que la medida sea «necesaria», el órgano jurisdiccional remitente ha de constatar (i) si existían medidas igualmente efectivas y menos restrictivas y
(ii) si la medida elegida no va más allá de lo que es necesario para alcanzar el objetivo.
108. En la práctica, esto significa, ante todo, que es preciso considerar si para las autoridades italianas era más factible adoptar requisitos alternativos, menos restrictivos, (63) que hubiesen proporcionado el mismo nivel de protección contra la elusión y el fraude fiscal.
109. En tercer lugar, la proporcionalidad en sentido estricto exige evaluar las desventajas ocasionadas por una medida determinada y examinar si estas son proporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos. En particular, esto significa atender principalmente a si la medida logra un equilibrio justo entre los intereses en juego, es decir, el interés que el Estado persigue con la medida (evitar la elusión y fraude fiscal) y los de las personas perjudicadas (las empresas a las que les resulta difícil o incluso imposible demostrar su fiabilidad).
110. Habida cuenta de los argumentos formulados por CPR, considero que en el presente asunto va a ser fundamental comprobar que el legislador italiano no haya colocado el listón demasiado alto, de manera que (prácticamente) solo los grandes grupos puedan beneficiarse de la ventaja fiscal de que se trata. Las pequeñas empresas y los operadores independientes también deberían poder demostrar su fiabilidad sin tener que someterse a un procedimiento administrativo excesivo, innecesario o desproporcionadamente dilatado y costoso.
111. A este respecto, sin duda reviste importancia comprobar no solo que los criterios establecidos en el Decreto Legislativo sean adecuados «sobre el papel», sino también que las autoridades aduaneras los apliquen de forma equitativa y no discriminatoria. Toda diferencia de trato entre los operadores (tanto en la propia ley como en su aplicación cotidiana) debe ser racional y estar asociada a una diferencia objetiva en cuanto al nivel de riesgo en cada situación, respecto a la efectiva recaudación de los impuestos especiales.
112. En este contexto, quisiera añadir que, de por sí, no plantea dudas el hecho de que las autoridades administrativas (en concreto, la autoridad aduanera) adopte actos (como una «circolare amministrativa» (64)) dirigidos a proporcionar orientación a su personal «sobre el terreno» en cuanto a la correcta interpretación de la legislación nacional aplicable. No obstante, hay dos observaciones que quisiera hacer a este respecto. Por un lado, aunque no sean vinculantes, es esencial que dichos actos sean conformes con el Derecho de la Unión. De lo contrario, podrían inducir a error a las autoridades a quienes compete conceder la licencia, con el consiguiente riesgo de infracción de las normas de la Unión pertinentes. Por otro lado, en la medida en que dichos actos afecten sustancialmente a la forma en que se apliquen a los requisitos establecidos en la legislación nacional, puede ser necesario, en aras de la seguridad jurídica, hacerlos accesibles para las empresas afectadas.
113. A la luz de las consideraciones que preceden, soy del parecer de que el artículo 16 de la Directiva 2008/118 no se opone a unas medidas nacionales que establecen criterios basados en las necesidades de capacidad, operativas y de aprovisionamiento, en ratios de extracción o en la relación funcional entre depósitos para autorizar la gestión de depósitos comerciales de productos energéticos con arreglo a regímenes suspensivos, siempre que respeten el principio de proporcionalidad, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
V.      Conclusión
114. En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) del modo siguiente:
«(1)      La Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior,
–        no se opone a unas medidas nacionales que establecen criterios basados en las necesidades de capacidad, operativas y de aprovisionamiento, en ratios de extracción o en la relación funcional entre depósitos para autorizar la gestión de depósitos comerciales de productos energéticos con arreglo a regímenes suspensivos.
(2)      El artículo 16 de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva
92/12/CEE,
–        no se opone a unas medidas nacionales que establecen criterios basados en las necesidades de capacidad, operativas y de aprovisionamiento, en ratios de extracción o en la relación funcional entre depósitos para autorizar la gestión de depósitos comerciales de productos energéticos con arreglo a regímenes suspensivos, siempre que respeten el principio de proporcionalidad.»
1      Lengua original: inglés.
2      Véase el auto de 15 de diciembre de 2022, Centro Petroli Roma (C‑597/21, EU:C:2022:1010) (en lo sucesivo, «auto Centro Petroli Roma I»).
3      DO 2006, L 376, p. 36.
4      DO 2009, L 9, p. 12.
5      Derogada por la Directiva (UE) 2020/262 del Consejo, de 19 de diciembre de 2019, por la que se establece el régimen general de los impuestos especiales (DO 2020, L 58, p. 4), en su versión modificada.
6      Véanse, en particular, las sentencias de 6 de octubre de 1982, Cilfit y otros (283/81, EU:C:1982:335), apartado 21 (en lo sucesivo, «sentencia CILFIT»), y de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799), apartado 33 (en lo sucesivo, «sentencia Consorzio»).
7      Véase, en particular, la sentencia Consorzio, apartado 40 y jurisprudencia citada. A este respecto puede ser oportuno señalar que dicho criterio es igualmente válido para la situación llamada «acte éclairé». En sentido similar, las conclusiones de la Abogada General Ćapeta presentadas en el asunto Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486), punto 33.
8      Auto Centro Petroli Roma I, apartados 36 a 58.
9      De manera similar, las conclusiones del Abogado General Wahl en los asuntos acumulados X y Van Dijk (C‑72/14 y C‑197/14, EU:C:2015:319), punto 67. «los órganos jurisdiccionales de última instancia que resuelvan en la materia deben estar completamente convencidos de que el resto de jueces opinaría lo mismo». Subrayado en el original.
10      Véanse, en particular, los apartados 47 y 48 de la sentencia Consorzio. Véanse también las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el mismo asunto (EU:C:2021:291), puntos 150 a 157, así como mis conclusiones presentadas en el asunto KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:522), punto 106 (en lo sucesivo, «mis conclusiones presentadas en el asunto KUBERA»).
11      Véase, en particular, la sentencia CILFIT, apartado 21 (en lo sucesivo, «excepciones establecidas en la sentencia CILFIT»).
12      Véanse los puntos 122 y 133 de mis conclusiones presentadas en el asunto KUBERA.
13      La cuestión estaba formulada en estos términos: «¿A fin de proteger los valores constitucionales y europeos de independencia judicial y de duración razonable del proceso, cabe interpretar el artículo 267 TFUE en el sentido de que se opone a que se ejerciten acciones de responsabilidad civil o disciplinarias frente al órgano jurisdiccional nacional de última instancia que haya examinado y denegado una solicitud de remisión prejudicial de interpretación del Derecho de la Unión, ya sea automáticamente o a instancia de la parte que solicita la remisión?»
14      Quizá convenga señalar una vez más que el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) no ha planteado ninguna cuestión a este respecto.
15      Véase, por ejemplo, la sentencia de 28 de junio de 2022, Comisión/España (Infracción del Derecho de la Unión por el legislador) (C‑278/20, EU:C:2022:503), apartados 29 y 30 y la jurisprudencia citada.
16      Véase, entre otras, la sentencia de 29 de julio de 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C‑620/17, EU:C:2019:630), apartado 35 y la jurisprudencia citada.
17      Véase, por ejemplo, por ejemplo, la sentencia de 28 de junio de 2022, Comisión/España (Infracción del Derecho de la Unión por el legislador) (C‑278/20, EU:C:2022:503), apartado 32 y la jurisprudencia citada.
18      Véanse, en particular, las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513), apartados 33 a 36) (en lo sucesivo, «sentencia Köbler»); de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391), apartados 30 a 32 (en lo sucesivo, «sentencia Traghetti»), y, más recientemente, de 28 de julio de 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602), apartado 20.
19      Véase, por ejemplo, la sentencia de 28 de julio de 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602), apartado 24 y la jurisprudencia citada. La cursiva es mía.
20      Véase la sentencia de 29 de julio de 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C‑620/17, EU:C:2019:630), apartado 42 y la jurisprudencia citada.
21      Véase la sentencia Consorzio, apartados 53 y 54 (omitidas las referencias a la jurisprudencia).
22      Véase, entre otras, la sentencia de 19 de diciembre de 2024, Vivacom Bulgaria (C‑369/23, EU:C:2024:1043), apartado 35 y la jurisprudencia citada. Véanse también las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:207), punto 46, y las conclusiones de la Abogada General Ćapeta presentadas en el asunto Vivacom Bulgaria (C‑369/23, EU:C:2024:612), punto 75.
23      Véase, entre otras, la sentencia de 18 de mayo de 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» y otros (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 y C‑397/19, EU:C:2021:393), apartado 229 (en lo sucesivo, «sentencia AFJR»).
24      En este contexto, véanse también las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» y otros (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19 y C‑355/19, EU:C:2020:746), punto 265.
25      Véase, en particular, Consejo de Europa, Comisión de Venecia, Comparative overview of legislation on disciplinary liability of judges and presidents of the constitutional courts in the 46 Council of Europe member States [Análisis comparativo de la legislación sobre responsabilidad disciplinaria de los jueces y de los presidentes de los tribunales constitucionales en los 46 Estados miembros del Consejo de Europa], 9 de diciembre de 2024, así como Mikuli, P. (ed.), Accountability of Judicial Power, Theoretical and Comparative Perspectives, Routledge, 2025, capítulos 5 y 6.
26      Véanse, entre otros, los apartados 229 y 230 de la sentencia AFJR.
27      Baste recordar la reiterada jurisprudencia según la cual dicha exigencia, que es inherente a la función jurisdiccional, está integrada en el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho fundamental a un proceso equitativo, que reviste una importancia capital como garante de la protección del conjunto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables y de la salvaguarda de los valores comunes de los Estados miembros proclamados en el artículo 2 TUE, en particular el valor del Estado de Derecho. Véase, entre otras, la sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė (C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109), apartado 48 y la jurisprudencia citada.
28      Véanse la sentencia AFJR, apartado 232. Véase, en sentido similar, Corte Costituzionale (Tribunal Constitucional, Italia), sentencia de 3 de febrero de 1987, n.º 26, apartado 4: «La particularidad de las funciones judiciales y la naturaleza de las correspondientes resoluciones sugieren condiciones y límites a la responsabilidad de los magistrados […] a fin de proteger su independencia y la autonomía de sus funciones».
29      Véase, en este sentido, la sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional) (C‑430/21, EU:C:2022:99), apartado 90 y la jurisprudencia citada.
30      Véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Polonia (Régimen disciplinario de los jueces) (C‑791/19, EU:C:2021:596), apartado 83, con referencia a la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
31      Véase, en particular, la sentencia AFJR, apartado 236. Tal como señaló la Supreme Court de los Estados Unidos en el asunto Pierson c. Ray [386 U. S. 547 (1967)], «es la obligación del juez resolver todos los asuntos que se le planteen dentro de su jurisdicción, incluidos los casos polémicos que susciten los más encendidos sentimientos en los litigantes. Sus errores se pueden corregir por la vía del recurso, pero el juez no ha de temer que los justiciables descontentos le persigan mediante acciones legales […]. Imponer tal carga a los jueces no contribuiría a una toma de decisiones basada en principios y libre de presiones, sino a la intimidación». En los Estados Unidos, la inmunidad de que gozan los jueces por los actos realizados en su condición judicial es de gran alcance. Véase, en particular, Supreme Court, sentencia Bradley c. Fisher [80 U. S. 335 (1871)].
32      Véanse la sentencia AFJR, apartado 234. La cursiva es mía.
33      Ibid. Véase también, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034), apartado 239 y la jurisprudencia citada.
34      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces) (C‑204/21, EU:C:2023:442), apartado 95, y de 30 de abril de 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet (C‑313/23, C‑316/23 y C‑332/23, EU:C:2025:303), apartado 86. Véase también, con carácter más general, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Polonia (Régimen disciplinario de los jueces) (C‑791/19, EU:C:2021:596), apartados 45 y siguientes.
35      Véanse, las sentencias de 15 de julio de 2021, Comisión/Polonia (Régimen disciplinario de los jueces) (C‑791/19, EU:C:2021:596), apartado 137, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces) (C‑204/21, EU:C:2023:442), apartado 126.
36      Conclusiones de la Abogada General Ćapeta presentadas en el asunto Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486), punto 50.
37      Dicha obligación se deriva del «artículo 267 TFUE, interpretado a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta»: véanse la sentencia Consorzio, apartado 51, y la sentencia de 15 de octubre de 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881), apartados 61 a 65.
38      Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034), apartado 238 y la jurisprudencia citada. La cursiva es mía.
39      Véase, por analogía, la sentencia Traghetti, apartado 35.
40      Mutatis mutandis, cabe formular consideraciones similares en relación con la omisión de la motivación por parte de un órgano jurisdiccional de última instancia que deniegue una remisión prejudicial a pesar de que una parte haya invocado una cuestión de Derecho de la Unión y haya sugerido la petición de decisión prejudicial. Sin embargo, yo no creo que la falta de motivación pueda considerarse suficientemente manifiesta o grave cuando se trate de una resolución del órgano jurisdiccional nacional dictada antes de la sentencia Consorzio. Esta fue, en efecto, la primera vez que el Tribunal de Justicia se pronunció expresamente sobre tal obligación secundaria.
41      Véanse las sentencias de 4 de octubre de 2018, Comisión/Francia (Retenciones en la fuente de los rendimientos del capital mobiliario) [C‑416/17, EU:C:2018:811, y de 14 de marzo de 2024, Comisión/Reino Unido (Sentencia de la Supreme Court) (C‑516/22, EU:C:2024:231].
42      Véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de noviembre de 1990, Comisión/Italia (C‑209/88, EU:C:1990:423), apartados 12 a 14, y de 30 de enero de 2003, Comisión/Dinamarca (C‑226/01, EU:C:2003:60), apartado 32.
43      Véase la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Ferreira da Silva e Brito y otros (C‑160/14, EU:C:2015:565).
44      Respecto a los parámetros internacionales, véase, por ejemplo, ONU, Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados el 6 de septiembre de 1985 (principio 16); Consejo de Europa, European Charter on the statute for judges [Carta Europea sobre el estatuto de los jueces], adoptada los días 8 a 10 de julio de 1998 (apartados 5.1 a 5.3), y Consejo de Europa, Recommendation of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities [Recomendación del Comité de Ministros de los Estados miembros sobre la independencia, la eficacia y el papel de los jueces], adoptada el 17 de noviembre de 2010 (apartados 66 a 71). En cuanto a la jurisprudencia de la Corte Costituzionale (Tribunal Constitucional), véanse, en particular, las sentencias de 11 de enero de 1989, n.º 18, apartado 10, y de 6 de julio de 2022, n.º 205, apartado 8.
45      Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Polonia (Régimen disciplinario de los jueces) (C‑791/19, EU:C:2021:596), apartado 226.
46      Ibid., apartado 225.
47      Véanse también mis conclusiones presentadas en el asunto KUBERA, puntos 113 y 114.
48      Véase, en este sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2015, X y van Dijk (C‑72/14 y C‑197/14, EU:C:2015:564), apartado 59, y la sentencia Consorzio, apartado 50.
49      Véase, por analogía, la sentencia Consorzio, apartado 53.
50      El subrayado es mío.
51      Sentencia de 22 de diciembre de 2022 (C‑83/21, EU:C:2022:1018), apartados 25 y 28.
52      El subrayado es mío.
53      El subrayado es mío.
54      El subrayado es mío.
55      Véase la sentencia de 18 de diciembre de 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (C‑314/06, EU:C:2007:817), apartado 38.
56      Véase, entre otras, la sentencia de 14 de septiembre de 2023, Vinal (C‑820/21, EU:C:2023:667), apartado 31 y la jurisprudencia citada.
57      Véanse las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Société Pipeline Méditerranée et Rhône (C‑314/06, EU:C:2007:457), punto 46.
58      DO 2000, L 314, p. 29. Véase el apartado 5.
59      En su artículo 2, apartado 1. El subrayado es mío.
60      Véanse, en particular, el considerando 8 y el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/118.
61      Véase, entre otras, la sentencia de 13 de enero de 2022, MONO (C‑326/20, EU:C:2022:7), apartados 34 y 35.
62      Para más detalles, véanse, con referencias a la jurisprudencia pertinente, mis conclusiones presentadas en el asunto Cilevičs y otros (C‑391/20, EU:C:2022:166), punto 77, y en el asunto Nordic Info (C‑128/22, EU:C:2023:645), puntos 91 a 133.
63      Este es, sin duda, un elemento cuya alegación y demostración de forma suficiente en Derecho les corresponde a las empresas que impugnen la medida nacional.
64      Véase el punto 14 anterior.