62025TJ0064
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
de 14 de enero de 2026 (
*1
)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión Leone — Causa de nulidad relativa — Derecho al nombre anterior según el Derecho austriaco — Artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001»
En el asunto T‑64/25,
Lisa Leone, con domicilio en Viena (Austria),
Giorgio Leone, con domicilio en Viena,
Leone & Leone OG, con domicilio social en Viena,
representados por el Sr. F.‑M. Orou, abogado,
partes recurrentes,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. D. Stoyanova-Valchanova, en calidad de agente,
parte recurrida,
en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO es:
Incom, con domicilio social en Ajdovščina (Eslovenia),
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),
integrado por el Sr. I. Gâlea, Presidente, y el Sr. T. Tóth (Ponente) y la Sra. L. Spangsberg Grønfeldt, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver el recurso sin fase oral;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, los recurrentes, la Sra. Lisa Leone, el Sr. Giorgio Leone y Leone & Leone OG, solicitan la anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 27 de noviembre de 2024 (asunto R 971/2023‑2) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
Antecedentes del litigio
2
El 19 de enero de 2022, los recurrentes presentaron ante la EUIPO una solicitud de nulidad de la marca de la Unión que había sido registrada a raíz de una solicitud presentada el 26 de febrero de 2020 para el signo denominativo Leone.
3
Los productos cubiertos por la marca controvertida para los que se solicitaba la nulidad estaban comprendidos en la clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y consistían esencialmente en helados y diversos productos helados.
4
El motivo invocado en apoyo de la solicitud de nulidad era el contemplado en el artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1), en relación con disposiciones de la legislación austriaca, a saber, el artículo 43 del Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil General austriaco), el artículo 9 de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley contra la Competencia Desleal), de 22 de noviembre de 1984 (BGBl, 448/1984) (en lo sucesivo, «Ley Federal Austriaca contra la Competencia Desleal»), y el artículo 12 de la Markenschutzgesetz (Ley de Protección de Marcas), de 30 de noviembre de 1970 (BGBl, 260/1970) (en lo sucesivo, «Ley Austriaca de Protección de Marcas»).
5
La solicitud de nulidad se basaba en los siguientes derechos anteriores protegidos en virtud del Derecho austriaco:
–
el derecho al nombre Leone, apellido de Lisa y de Giorgio Leone, utilizado por estos en sus operaciones comerciales;
–
el derecho a la denominación social Leone & Leone OG, sociedad austriaca, inscrita el 27 de septiembre de 2012, cuyos socios son Lisa y Giorgio Leone y que tiene por objeto social la producción y venta de helados;
–
el derecho al nombre Leones, utilizado en el marco de operaciones comerciales desde el 28 de octubre de 2013 y colocado en las tiendas de helados de los recurrentes, así como en los productos comercializados por estos.
6
El 9 de marzo de 2023, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad en su totalidad. Consideró, en esencia, que las pruebas presentadas por los recurrentes no demostraban que la importancia o el alcance del uso de los nombres reivindicados en el marco de sus actividades comerciales en el sector de los helados, mencionados en el apartado 5 de la presente sentencia, fueran suficientes para demostrar que poseían un «interés digno de protección» que pudiera ser menoscabado, como exige el Derecho austriaco aplicable. Por lo tanto, la División de Anulación consideró que no podía existir riesgo de que el público pertinente asociara la marca controvertida, desde el punto de vista económico o de otro modo, a los recurrentes.
7
El 8 de mayo de 2023, los recurrentes interpusieron un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación.
8
Mediante la resolución impugnada, la Sala de Recurso desestimó el recurso por considerar que los derechos anteriores invocados por los recurrentes, mencionados en el apartado 5 de la presente sentencia, estaban comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 y, por tanto, quedaban fuera del ámbito de aplicación del artículo 60, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, de modo que la solicitud de nulidad, basada en esta última disposición, carecía de fundamento.
Pretensiones de las partes
9
Los recurrentes solicitan al Tribunal General que:
–
Anule la resolución impugnada.
–
Condene a la EUIPO en costas.
10
La EUIPO solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a los recurrentes en caso de que se convoque una vista oral.
Fundamentos de Derecho
11
En apoyo de su recurso, los recurrentes invocan dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 y, el segundo, en la infracción del artículo 60, apartado 2, letra a), del mismo Reglamento.
12
Procede examinar en primer lugar el segundo motivo.
13
Mediante el segundo motivo, los recurrentes sostienen que la Sala de Recurso infringió el artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001 debido, por una parte, a que incurrió en error al considerar que esta disposición tenía por objeto la protección de un nombre como atributo de la personalidad, pero no lo protegía en el marco de su uso comercial, apartándose así de la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452), y, por otra parte, a que no tuvo en cuenta sus explicaciones sobre el Derecho nacional, no tomó en consideración pruebas relativas al uso comercial importante de los nombres reivindicados e incurrió en error al concluir que las pruebas que habían presentado no demostraban que «[sus] intereses dignos de protección [resultasen] lesionados».
14
La EUIPO estima que la Sala de Recurso consideró acertadamente que los derechos anteriores invocados por los recurrentes no estaban comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001. Aduce que estos derechos deberían haberse invocado en virtud del artículo 60, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, que se aplican a las marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico, como son esencialmente los nombres comerciales, las denominaciones sociales, los nombres de dominio y otros signos que pueden servir de identificadores comerciales o para identificar una actividad económica ejercida por su titular. Añade que el enfoque adoptado por los recurrentes, en cambio, llevaría a eludir el Derecho de la Unión Europea. Opina que, en ese sentido, este enfoque les permite invocar un derecho a identificadores comerciales sin estar sujetos a los requisitos previstos en el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento y, en particular, al requisito relativo a la demostración de un uso cuyo alcance no sea únicamente local.
15
En particular, por una parte, por lo que respecta a la denominación social Leone & Leone OG y al nombre Leones, identificadores respectivos de una sociedad y de una empresa, la EUIPO sostiene que estos son derechos «típicos» comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento. Añade que esta conclusión se ve corroborada, en particular, por el artículo 9 de la Ley Federal Austriaca contra la Competencia Desleal y por los artículos 12 y 32 de la Ley Austriaca de Protección de Marcas, en la medida en que estas disposiciones hacen referencia expresa a la protección de los «identificadores comerciales». Además, el hecho de que los propios recurrentes invoquen una protección contra una «confusión de atribución», es decir, una situación en la que se induzca a error al público pertinente sobre el origen comercial de los productos pertinentes, significa, según la EUIPO, que los derechos anteriores invocados tienen en realidad la función de «signos invocados como identificadores comerciales». Por otra parte, por lo que respecta al apellido Leone, los recurrentes no alegaron dicho apellido por su función de identificación de una persona específica, sino que alegaron, en realidad, la protección del signo consistente en ese apellido utilizado en el tráfico económico.
Observaciones preliminares
16
El artículo 60, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 establece:
«La marca de la Unión […] se declarará nula mediante solicitud presentada ante la [EUIPO] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de:
a)
un derecho al nombre;
b)
un derecho a la imagen;
c)
un derecho de autor;
d)
un derecho de propiedad industrial.»
17
Del artículo 16, apartado 1, letra c), del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el [Reglamento 2017/1001] y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1), se desprende que, en el caso de una solicitud de nulidad con arreglo al artículo 60, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, el solicitante aportará, en particular, lo siguiente: la prueba de la adquisición, de la existencia continuada y del ámbito de protección del derecho anterior, así como las pruebas que demuestren que el solicitante tiene derecho a presentar la solicitud, incluida, cuando el derecho anterior se invoque con arreglo al Derecho de un Estado miembro, una identificación clara del contenido del Derecho nacional invocado mediante la aportación de publicaciones de las disposiciones pertinentes o la jurisprudencia.
18
El solicitante soporta la carga de presentar a la EUIPO no solo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibirse el uso de una marca de la Unión en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinan el contenido de dicha legislación (sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 50, y de 30 de junio de 2015, Gambling Commission/OAMI, T‑404/10 RENV, no publicada, EU:T:2015:445, apartado 29).
19
En el supuesto de que una solicitud de nulidad de una marca de la Unión se base en un derecho anterior amparado por una norma de Derecho nacional, incumbe a las instancias competentes de la EUIPO valorar la autoridad y el alcance de los datos proporcionados por el solicitante para determinar el contenido de dicha norma. El Tribunal General ejerce un control completo sobre esta apreciación (sentencia de 30 de junio de 2015, Gambling Commission/OAMI, T‑404/10 RENV, no publicada, EU:T:2015:445, apartado 30; véase también, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMIC‑263/09 P, EU:C:2011:452, apartados 51 y 52).
20
Además, en las circunstancias en que la EUIPO pueda verse obligada a tener en cuenta, en particular, el Derecho nacional del Estado miembro en el que goce de protección un derecho anterior sobre el que se base la solicitud de nulidad, debe informarse de oficio, a través de los medios que considere útiles para este fin, sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, en caso de que la información sea necesaria para valorar los requisitos de aplicación de una causa de nulidad controvertida y, en particular, la realidad de los hechos alegados o la fuerza probatoria de los documentos presentados [sentencia de 20 de enero de 2021, Jareš Procházková y Jareš/EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), T‑656/18, no publicada, EU:T:2021:17, apartado 27 y jurisprudencia citada]. Esta obligación de informarse de oficio sobre el Derecho nacional incumbe, en su caso, a la EUIPO en el caso de que disponga ya de indicaciones relativas al Derecho nacional, bien en forma de alegaciones sobre su contenido, bien en forma de elementos aportados al expediente cuya fuerza probatoria se invoque [sentencia de 20 de marzo de 2013, El Corte Inglés/OAMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET), T‑571/11, EU:T:2013:145, apartado 41; véase también la sentencia de 2 de diciembre de 2020, Monster Energy/EUIPO — Nanjing aisiyou Clothing (Representación de un arañazo con forma de garra), T‑35/20, no publicada, EU:T:2020:579, apartado 83 y jurisprudencia citada].
21
En el caso de autos, debe precisarse, con carácter preliminar, que la Sala de Recurso decidió, en el apartado 20 de la resolución impugnada, por razones de economía procesal, no pronunciarse sobre la habilitación individual de cada uno de los recurrentes para invocar cada uno de los derechos anteriores de que se trata. Estimó, en los apartados 47 a 50 de la resolución impugnada, que en la medida en que todos los derechos anteriores invocados por los recurrentes estaban comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 y quedaban, por tanto, fuera del ámbito de aplicación del artículo 60, apartado 2, letra a), del mismo Reglamento, la solicitud de nulidad, basada en esta última disposición, debía desestimarse en su totalidad. Así pues, la habilitación de los recurrentes para presentar la solicitud de nulidad no es objeto del presente litigio. Por consiguiente, las alegaciones de estos últimos dirigidas a demostrar tal habilitación son inoperantes.
22
Por otra parte, ha de señalarse que los derechos anteriores mencionados en el apartado 5 de la presente sentencia son, en primer término, el apellido Leone, que coincide con el nombre de la empresa del sector de la producción y venta de helados propiedad de Lisa y Giorgio Leone como personas físicas de nacionalidad austriaca; en segundo término, Leone y Leone OG, a saber, una denominación social de la sociedad austriaca de la que son propietarios Lisa y Giorgio Leone y que tiene por objeto social la producción y venta de helados, y, en tercer término, Leones, que es, en particular, el rótulo colocado en las tiendas de los recurrentes en Viena (Austria) para la venta de helados.
23
Precisado lo anterior, procede examinar las alegaciones de los recurrentes, mediante las que estos impugnan, en esencia, en primer lugar, la interpretación efectuada por la Sala de Recurso del artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001 y, en segundo lugar, las apreciaciones de dicha Sala relativas al Derecho nacional.
Sobre la interpretación del artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001
24
En el apartado 30 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que los recurrentes habían basado su solicitud de nulidad en los tres derechos anteriores del Derecho austriaco, mencionados en el apartado 5 de la presente sentencia, y habían invocado la causa de nulidad contemplada en el artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001, en relación con la legislación austriaca, mencionada en el apartado 4 de la presente sentencia.
25
En los apartados 31, 32 y 47 a 49 de la resolución impugnada, tras citar el artículo 5, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1), la Sala de Recurso alegó que el artículo 5, apartado 4, letra a), de dicha Directiva incluía los «derechos utilizados en el tráfico económico», mientras que el artículo 5, apartado 4, letra b), de la misma Directiva incluía «otros derechos distintos de los derechos anteriores utilizados en el tráfico económico», como el «derecho al nombre». Añadió que esta distinción también se aplicaba, respectivamente, de un lado, por el artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001, que remitía al artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento, y, de otro lado, por el artículo 60, apartado 2, letra a), del mismo Reglamento. Consideró que, dado que esta distinción figuraba en el Reglamento 2017/1001, la clasificación del derecho invocado según el Derecho nacional no era determinante. Así pues, según ella, dado que el artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001 se refiere a los nombres como derecho de la «personalidad», la solicitud de nulidad de los recurrentes basada en esta disposición carece de fundamento.
26
Los recurrentes rebaten esta premisa en la que se basa la resolución impugnada con carácter principal y según la cual, en esencia, una solicitud de nulidad que invoque un «derecho al nombre» utilizado en el «tráfico económico» no puede basarse en el artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001.
27
Según la jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos de la normativa de la que forma parte (véase la sentencia de 10 de julio de 2014, D. y G., C‑358/13 y C‑181/14, EU:C:2014:2060, apartado 32 y jurisprudencia citada).
28
En primer lugar, por lo que respecta al tenor del artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001, recordado en el apartado 16 de la presente sentencia, procede señalar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los términos «derecho al nombre» no respaldan en modo alguno la interpretación restrictiva, según la cual dicho artículo solo se refiere a ese derecho como atributo de la personalidad y no ampara la explotación patrimonial del nombre (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 33).
29
Además, ni el artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001 ni ninguna otra disposición del Derecho de la Unión definen el contenido del «derecho al nombre» ni los requisitos para poder prohibir el uso de una marca de la Unión sobre esa base. En cambio, dicha disposición efectúa una remisión al Derecho nacional a estos efectos, lo que se desprende claramente de la locución «otro derecho anterior con arreglo […] al Derecho nacional que regula la protección de [este derecho]».
30
Así pues, la EUIPO puede declarar la nulidad de una marca de la Unión, a solicitud del interesado, si su uso puede prohibirse en virtud, en particular, de un derecho al nombre protegido por el Derecho nacional [sentencias de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, apartado 41, y de 29 de junio de 2017, Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI), T‑343/14, EU:T:2017:458, apartado 73].
31
Por otra parte, la expresión «derecho al nombre» en virtud del artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001 no excluye, a priori, que este derecho pueda referirse, según el Derecho nacional, no solo a un apellido, sino también a los nombres comerciales, como la denominación social de una sociedad o de una persona jurídica o el nombre con el que se presenta una empresa, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad, o incluso un rótulo de establecimiento. Esta afirmación es tanto más cierta cuanto que, a falta de armonización a escala de la Unión, la protección del nombre comercial es competencia del Derecho nacional (sentencia de 10 de julio de 2025, Purefun Group, C‑365/24, EU:C:2025:558, apartado 31).
32
En segundo lugar, en cuanto a la interpretación contextual, procede señalar que la estructura del artículo 60, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 es contraria a la interpretación adoptada por la Sala de Recurso en la resolución impugnada.
33
En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 60, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, la nulidad de una marca de la Unión puede pronunciarse a petición de un interesado que invoque «otro derecho anterior». Con el fin de precisar la naturaleza de tal derecho anterior, dicha disposición enumera cuatro derechos, a la vez que indica, mediante la utilización de la expresión «en particular», que la lista no es exhaustiva. Entre los ejemplos que se dan figuran, además del derecho al nombre y el derecho a la imagen, el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 34).
34
De esta enumeración no limitativa se desprende que los derechos citados a título de ejemplo tienden a proteger intereses de diferente naturaleza. Para algunos de ellos, como los derechos de autor y el derecho de propiedad industrial, los aspectos económicos están protegidos frente a las infracciones comerciales tanto por los ordenamientos jurídicos nacionales como por el Derecho de la Unión (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 35).
35
De lo anterior se sigue que, en caso de que se invoque un derecho al nombre, el tenor y la estructura del artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001 no permiten limitar la aplicación de dicha disposición solo a los supuestos en que el registro de una marca de la Unión se encuentre en conflicto con un derecho dirigido a proteger exclusivamente el nombre como atributo de la personalidad del interesado (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 36).
36
Por otra parte, la expresión «otro derecho anterior», que figura en el artículo 60, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, introduce una distinción entre los derechos enumerados en dicho artículo, entre los que se encuentra el «derecho al nombre», y los derechos a que se refiere el artículo 60, apartado 1, del citado Reglamento, incluido el artículo 60, apartado 1, letra c), que remite al artículo 8, apartado 4, de ese Reglamento, a saber, «una marca no registrada [u] otro signo utilizado en el tráfico económico».
37
Por un lado, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001 hace referencia a «una marca no registrada». Esta expresión, interpretada a la luz del artículo 4 de dicho Reglamento, que describe los signos que pueden constituir una marca de la Unión, y, en particular, del artículo 4, letra a), del mismo Reglamento, debe entenderse en el sentido de que designa un signo que tiene como función distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y garantizar así el origen comercial de los productos o servicios.
38
Pues bien, aunque el artículo 4 del Reglamento 2017/1001 establece que los «nombres de personas» pueden constituir marcas, no es menos cierto que, como indicación del origen comercial de los productos o servicios que designa, una marca consistente en un nombre de persona tiene una función diferente de la de un nombre de persona como tal, que sirve para identificar a una persona determinada (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2009, ELIO FIORUCCI, T‑165/06, EU:T:2009:157, apartados 47 y 48; véase también, en ese sentido y por analogía, la sentencia de 30 de marzo de 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, apartado 48).
39
Por otro lado, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001 también se refiere a «otro signo utilizado en el tráfico económico». A este respecto, una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de establecimiento también pueden revestir, en determinadas condiciones, el carácter de signos que tienen la función de distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. Ahora bien, según la jurisprudencia, una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de establecimiento no tienen, por sí mismos, la finalidad de distinguir productos o servicios. En efecto, una denominación social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial o un rótulo tienen por objeto designar un establecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento se limite a identificar una sociedad o a designar un establecimiento mercantil, no puede considerarse que se haga «para productos o servicios» en el sentido del artículo 4 del Reglamento 2017/1001 [sentencia de 18 de julio de 2017, Savant Systems/EUIPO — Savant Group (SAVANT), T‑110/16, no publicada, EU:T:2017:521, apartado 25 y jurisprudencia citada]. No obstante, el signo que constituye la denominación social puede utilizarse de tal manera que se establezca un vínculo entre dicho signo y los productos comercializados o los servicios prestados. En efecto, en la medida en que se cumpla este requisito, el hecho de que un elemento denominativo sea utilizado como nombre comercial de la empresa no excluye que pueda utilizarse como marca y cumpla su función esencial para designar productos o servicios, o como signo que confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001 [sentencia de 26 de julio de 2023, Guma Holdings/EUIPO — XTB (XTRADE), T‑67/22, no publicada, EU:T:2023:436, apartado 54].
40
De ello se deduce que los nombres, incluidos los nombres comerciales, pueden estar cubiertos por la expresión «marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico» en el sentido del artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento, cuando se utilicen en el tráfico económico como signos destinados a designar productos o servicios y a garantizar así el origen comercial de esos productos o servicios.
41
En cambio, tales nombres, utilizados, en particular, en el tráfico económico para identificar a una persona o a una empresa como tales, quedan excluidos de esta definición y pueden estar comprendidos en el ámbito de aplicación del «derecho al nombre» en virtud del artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001, cuyo contenido preciso y los requisitos para hacer respetar tal derecho se definen únicamente con arreglo al Derecho nacional aplicable.
42
Por consiguiente, contrariamente a la conclusión de la Sala de Recurso, la distinción entre los derechos anteriores a que se refieren, por una parte, el artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento, y, por otra parte, el artículo 60, apartado 2, letra a), del mismo Reglamento no se basa en el uso o la falta de uso de los derechos anteriores en el tráfico económico o en operaciones comerciales, sino en la diferente naturaleza que caracteriza a las causas de nulidad respectivas contempladas en esos artículos.
43
Además, en la medida en que la Sala de Recurso basó su conclusión de que el artículo 60, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 no cubría derechos anteriores cuando estos se utilizaban en el tráfico económico en el artículo 5, apartado 4, letras a) y b), de la Directiva 2015/2436, procede señalar que el artículo 5, apartado 4, de esta Directiva tiene el siguiente tenor:
«Cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si esta está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:
a)
los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad reivindicada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior, y en que dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;
b)
el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior, distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra a) del presente apartado, y en particular de:
i)
un derecho al nombre,
ii)
un derecho a la propia imagen,
iii)
un derecho de autor,
iv)
un derecho de propiedad industrial».
44
Así pues, además del carácter facultativo de estas causas de nulidad para los Estados miembros, derivado de la utilización del término «podrá» en el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2015/2436, que deberían, por tanto, poder mantenerlas o introducirlas en sus legislaciones, este artículo establece una distinción análoga a la señalada en el apartado 36 de la presente sentencia.
45
En cambio, la interpretación de la Sala de Recurso, que figura en el apartado 25 de la presente sentencia, según la cual el artículo 5, apartado 4, letra b), de la Directiva 2015/2436 se refiere a «derechos distintos de los derechos anteriores utilizados en el tráfico económico», no se corresponde con los términos de esta disposición, la cual, al igual que el artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001, se limita a excluir concretamente las «marcas no registradas u otros signos utilizados en el tráfico económico», mencionados en el artículo 5, apartado 4, letra a), de la Directiva 2015/2436.
46
En tercer lugar, por lo que respecta a la interpretación basada en los objetivos perseguidos por la normativa, es preciso señalar que la conclusión alcanzada en los apartados 42 y 44 de la presente sentencia se ve corroborada por el objetivo y la estructura del Reglamento 2017/1001. En efecto, las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia (véase la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 45 y jurisprudencia citada).
47
Así pues, el artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento, se refiere a un supuesto de conflicto entre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico y una marca de la Unión. Por lo tanto, este conflicto se refiere a signos que tienen la misma naturaleza y la misma función esencial, a saber, distinguir productos y servicios de una empresa de los de otras. No se considera que tal conflicto pueda falsear la competencia en el mercado interior, en particular, cuando la marca no registrada u otro signo no se utilizan en el tráfico económico o su alcance es meramente local, requisito cuyo cumplimiento se examina según las normas uniformes establecidas por el Reglamento 2017/1001 y coherentes con los principios que inspiran el sistema instaurado por ese Reglamento.
48
En comparación, como se ha señalado en los apartados 32 a 34 de la presente sentencia, el artículo 60, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 se refiere a supuestos de conflicto entre una marca de la Unión y otros derechos de diferente naturaleza y que tienen una función distinta de la de distinguir productos y servicios de una empresa de los de otras empresas. Así, el artículo 60, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento se refiere, en particular, a un supuesto en que el «derecho al nombre», utilizado, en su caso, en el tráfico económico para identificar a una persona o a una empresa como tales, está protegido contra los posibles perjuicios comerciales causados por la existencia de una marca de la Unión. En tal caso, el contenido y los requisitos para invocar tal derecho frente a una marca de la Unión posterior se derivan, en virtud de la remisión efectuada por la citada disposición, de la legislación nacional que regula su protección.
49
A este respecto, procede desestimar las alegaciones de la EUIPO basadas en el artículo 14, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 y dirigidas a limitar el ámbito de aplicación del «derecho al nombre». Es cierto que el artículo 14, apartado 1, letra a), de ese Reglamento dispone que una marca de la Unión «no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico[,] […] de su nombre o su dirección, cuando el tercero sea una persona física». El artículo 14, apartado 2, de dicho Reglamento dispone que tal uso debe hacerse «conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial». Esta disposición tiene precisamente por objeto garantizar que una marca no pueda servir de fundamento para prohibir a una persona física utilizar su nombre [sentencia de 26 de julio de 2023, Rada Perfumery/EUIPO — Prada (RADA PERFUMES), T‑439/22, no publicada, EU:T:2023:441, apartado 68]. Sin embargo, de entrada, como se ha indicado en el apartado 31 de la presente sentencia, el artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001 no se refiere únicamente al derecho al nombre de las «personas físicas», sino que contiene una formulación neutra en cuanto al contenido del «derecho al nombre», al tiempo que remite al Derecho nacional a este respecto.
50
Por otra parte, el artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001 se refiere al supuesto de un conflicto entre un derecho anterior al nombre y una marca posterior de la Unión, mientras que el artículo 14, apartado 1, letra a), de ese Reglamento precisa el alcance de los derechos exclusivos conferidos por la marca de la Unión limitando la posibilidad de que el titular de dicha marca prohíba a una persona física utilizar su nombre en el tráfico económico. Por lo tanto, estas dos disposiciones tienen ámbitos de aplicación diferentes.
51
Por último, contrariamente a lo que sugiere la EUIPO, es preciso observar que la Sala de Recurso no se basó en una apreciación concreta de las pruebas presentadas por los recurrentes en relación con las modalidades de utilización de los nombres invocados como fundamento de la solicitud de nulidad cuando consideró que, en el marco de su utilización, tales nombres tenían exclusivamente la naturaleza de signos cuya función era distinguir los productos comercializados por ellos y no identificar, respectivamente, a una persona, física o jurídica, o incluso a una empresa, como tales. Por consiguiente, no cabe realizar eficazmente ante el Tribunal General una motivación complementaria o una sustitución de fundamentos de Derecho a efectos de perfeccionar la motivación, en su caso insuficiente, contenida en la resolución impugnada. Si la Sala de Recurso hubiera pretendido basar la resolución impugnada en tales consideraciones, debería haberlo hecho expresamente [véase, en ese sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2022, Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy), T‑711/20, no publicada, EU:T:2022:604, apartado 134 y jurisprudencia citada].
52
De lo anterior se desprende que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al considerar que la protección en virtud del artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001 no podía extenderse al «derecho al nombre» por el mero hecho de que los nombres reivindicados hubieran sido utilizados, en particular, en el tráfico económico, sin examinar, de conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 17 a 20 de la presente sentencia, en particular, la realidad de los hechos alegados, con el fin de determinar concretamente la naturaleza de los derechos anteriores invocados como fundamento de la solicitud de nulidad, ni el contenido y los requisitos exigidos, derivados de la legislación nacional cuya aplicación se solicitaba, para poder prohibir el uso de una marca de la Unión.
Sobre la apreciación de la Sala de Recurso relativa al Derecho nacional
53
Por lo demás, procede examinar las alegaciones de los recurrentes contra la motivación de la resolución impugnada según la cual, en cualquier caso, la información presentada por ellos sobre el Derecho nacional no puede interpretarse en el sentido de que los derechos anteriores invocados pudieran protegerse como «derecho al nombre» en virtud del artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001, en relación con el Derecho nacional austriaco invocado.
54
La Sala de Recurso consideró, en esencia, en los apartados 37 a 42 de la resolución impugnada, que el artículo 43 del Código Civil General austriaco se refería a casos en los que se obstaculizaba la utilización personal del nombre. Pues bien, cuando unos «particulares» inician operaciones comerciales en su propio nombre, tal nombre adquiere un «significado secundario» y ya no se considera un «simple apellido». Así, según la Sala de Recurso, la protección de los nombres y otros signos utilizados en el tráfico económico se rige por los artículos 12 y 32 de la Ley Austriaca de Protección de Marcas y por el artículo 9, apartado 1, de la Ley Federal Austriaca contra la Competencia Desleal, disposiciones nacionales pertinentes a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001. Por consiguiente, por una parte, según la Sala de Recurso, el artículo 43 del Código Civil General austriaco podía invocarse para hacer valer el «derecho al nombre» únicamente si y en la medida en que no existiera una protección especial del nombre en virtud del Derecho de marcas y si el titular del nombre no utilizaba su nombre en el tráfico económico. Por otra parte, las demás disposiciones del Derecho austriaco antes mencionadas no pueden invocarse para la protección de un derecho al nombre en el sentido del artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001, dado que hacen referencia expresa, en particular, a la protección de los «identificadores comerciales» en el «tráfico económico», lo que corresponde a derechos comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento.
55
Pues bien, ha de señalarse que estas consideraciones de la Sala de Recurso se enuncian partiendo de la misma premisa errónea que la constatada en el apartado 52 de la presente sentencia y según la cual la utilización de un nombre en el tráfico económico basta para excluir su protección en virtud del artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001.
56
Así pues, la apreciación de las disposiciones del Derecho nacional efectuada por la Sala de Recurso en la resolución impugnada no permite corroborar la conclusión de que el derecho al nombre según el Derecho austriaco no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001.
57
Por lo tanto, habida cuenta de todo lo anterior, procede estimar el segundo motivo y, sin que sea necesario pronunciarse sobre el primer motivo, anular la resolución impugnada.
Costas
58
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la EUIPO, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por los recurrentes.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
decide:
1)
Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 27 de noviembre de 2024 (asunto R 971/2023‑2).
2)
Condenar en costas a la EUIPO.
Gâlea
Tóth
Spangsberg Grønfeldt
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de enero de 2026.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.