Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. MAJA BRKAN
presentadas el 25 de febrero de 2026 (1)
Asunto T‑184/25
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
con intervención de:
A Oy
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia)]
« Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Exenciones — Gestión de créditos y de garantías de créditos — Operaciones relativas a créditos — Prestación única — Venta de créditos concedidos por una primera entidad financiera a clientes a una segunda entidad financiera — Gestión de créditos conservada por la primera entidad — Créditos utilizados como garantía de títulos de deuda emitidos por la segunda entidad »
Introducción
1.        El presente asunto es uno de los numerosos asuntos prejudiciales relativos a las exenciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA) aplicables a los servicios financieros. (2) La aplicación de las disposiciones de la Directiva 2006/112/CE (3) (en lo sucesivo, «Directiva del IVA») que regulan estas exenciones, elaboradas en los años setenta en el marco de la Sexta Directiva 77/388/CEE (4) (en lo sucesivo, «Sexta Directiva»), ha suscitado numerosas cuestiones y ha puesto de manifiesto además la necesidad de una reforma. (5)
2.        En el presente asunto, el Tribunal General debe examinar la exención del IVA de determinadas operaciones propias de una práctica comercial del sector financiero, a saber, la titulización de créditos inmobiliarios. El grupo de sociedades de que se trata en el asunto principal tiene previsto transmitir créditos inmobiliarios de la sociedad prestamista inicial a una sociedad específica para que esta emita títulos de deuda garantizados por dichos créditos, manteniendo al mismo tiempo la gestión de dichos créditos en manos del prestamista inicial. En el litigio principal, que tiene por objeto una solicitud de dictamen previo a efectos del IVA presentada por el prestamista inicial, se plantea la cuestión de si dicha gestión de créditos está exenta del IVA.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3.        En virtud del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA, estarán sujetas al IVA «las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal».
4.        El artículo 135, apartado 1, de la Directiva del IVA obliga a los Estados miembros a eximir las operaciones siguientes:
«[…]
b)      la concesión y la negociación de créditos, así como la gestión de créditos efectuada por quienes los concedieron;
c)      la negociación y la prestación de fianzas, cauciones y otras modalidades de garantía, así como la gestión de garantías de créditos efectuada por quienes los concedieron;
d)            las operaciones, incluida la negociación, relativas a depósitos de fondos, cuentas corrientes, pagos, giros, créditos, cheques y otros efectos comerciales, con excepción del cobro de créditos;
[…].»
5.        Las disposiciones reproducidas en el punto anterior se corresponden con el artículo 13, parte B, letra d), puntos 1 a 3, de la Sexta Directiva, que fue derogada y sustituida, a partir del 1 de enero de 2007, por la Directiva del IVA.
Derecho finlandés
6.        La Directiva del IVA se ha transpuesto al Derecho finlandés mediante la Ley de 30 de diciembre de 1993/1501, relativa al IVA, en su versión modificada (en lo sucesivo, «Ley del IVA»).
7.        En virtud del artículo 42, párrafo primero, puntos 2 y 3, de la Ley del IVA, en relación con el artículo 41 de la misma, están exentas del IVA la concesión de créditos y otros mecanismos de financiación, así como la gestión de créditos por parte del prestamista.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
8.        El litigio principal versa sobre un dictamen previo a efectos del IVA solicitado por la sociedad A Oy. En su solicitud de dictamen previo, dicha sociedad presentó una exposición de los hechos para que la keskusverolautakunta (Tribunal Económico-Administrativo, Finlandia) pudiera determinar las consecuencias fiscales, a efectos del IVA, de las operaciones previstas. Dicha exposición puede resumirse como sigue, por cuanto interesa en el presente asunto.
9.        A es el establecimiento principal de un banco en Finlandia. Esta sociedad concede créditos para la financiación de bienes inmuebles. Tras la concesión de los créditos, una gran parte de ellos se vende inmediatamente a B Oy, una filial íntegramente participada por A. Esta venta conlleva la transmisión a B de todos los derechos y obligaciones relacionados con los créditos. La mayor parte de los créditos vendidos a B sirven de garantía para los títulos de deuda emitidos por esta sociedad. Sin embargo, A sigue siendo responsable de la gestión de los créditos, incluidas las garantías asociadas, y actúa como representante de B ante los prestatarios. Por esta gestión, A recibe de B una remuneración a precio de mercado.
10.      En el dictamen previo, el keskusverolautakunta (Tribunal Económico-Administrativo), en primer lugar, afirmó que las ventas de créditos de A a B están exentas de IVA en virtud del artículo 42, párrafo primero, punto 2, de la Ley del IVA. En segundo lugar, consideró que los servicios de gestión de créditos prestados por A a B son prestados por el prestamista en el sentido del artículo 42, párrafo primero, punto 3, de la Ley del IVA y, por lo tanto, están exentos de IVA, con excepción de los servicios de cobro. El veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Organismo Encargado de la Defensa de los Derechos de los Acreedores Fiscales, Finlandia) interpuso un recurso contra ese dictamen en el que alegaba que la exención de la gestión de créditos solo es aplicable si el sujeto pasivo actúa tanto como prestamista como gestor del crédito. Sin embargo, en el presente asunto, A ya no era el prestamista.
11.      El órgano jurisdiccional remitente, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia), considera que el Derecho de la Unión, concretamente el artículo 135, apartado 1, letras b) a d), de la Directiva del IVA, puede interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están obligados a eximir las operaciones en cuestión. Sin embargo, a raíz de una resolución en sentido contrario dictada por el Högsta förvaltningsdomstolen (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Suecia), (6) el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE, las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      Cuando una entidad financiera vende a otra entidad financiera los créditos que concedió a un cliente y, tras la venta, sigue gestionando dichos créditos a cambio de una retribución,
¿debe interpretarse el artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA, relativo a la exención de la gestión de créditos efectuada por quienes los concedieron, en el sentido de que comprende también el supuesto en el que la primera entidad sigue gestionando los créditos que ella misma concedió y que ha vendido a la otra entidad financiera?
2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión y de que la gestión de créditos por la primera entidad afecte a créditos mediante los cuales se afiance un título de deuda emitido por otra entidad financiera,
¿debe interpretarse el artículo 135, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA, relativo a la exención de la prestación de fianzas, cauciones y otras modalidades de garantía, en el sentido de que también comprende el supuesto en el que la primera entidad gestiona créditos mediante los cuales se afianzan títulos de deuda emitidos por otra entidad financiera?
3)      En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión prejudicial,
¿debe interpretarse el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA, referido a la exención de las operaciones relativas a créditos, en el sentido de que también comprende el supuesto en el que la primera entidad gestiona créditos transmitidos a otra entidad financiera?»
Análisis
Consideraciones preliminares
12.      El presente asunto trata en esencia sobre el IVA que grava la titulización de créditos inmobiliarios. Una titulización es una operación que permite a un prestamista, entre otras cosas, refinanciar un conjunto de préstamos mediante su transformación en valores negociables. (7) En el marco de una operación de este tipo, por ejemplo, una sociedad que forma parte de un grupo bancario cuya actividad comprende la concesión de créditos inmobiliarios cede dichos créditos a una sociedad especial (8) del mismo grupo, para que esta emita títulos de deuda negociables garantizados con los créditos transmitidos. Esta operación permite al grupo bancario refinanciar sus actividades. Dado que la sociedad especial se limita a emitir el instrumento de refinanciación, la gestión de los créditos sigue estando en manos del banco que ha celebrado los contratos de crédito inmobiliario y que dispone de las competencias y los recursos necesarios para ello.
13.      En lo que respecta al tratamiento fiscal de la titulización de créditos, redundaría en interés del grupo bancario que la remuneración que el banco percibe de la sociedad especial por la gestión de los créditos no estuviera sujeta al IVA. En efecto, esta última sociedad no tiene derecho a deducir el IVA, ya que sus actividades de emisión de obligaciones y concesión de créditos están exentas de este impuesto. (9) Por consiguiente, el grupo bancario tendría que soportar el IVA que grava la gestión de los créditos si esta operación no estuviera exenta.
14.      Aunque gran parte de las actividades del sector financiero está exenta de IVA en virtud del artículo 135, apartado 1, letras a) a g), de la Directiva del IVA, las exenciones no se aplican, con carácter general, a todas las actividades de este sector. Por lo tanto, procede examinar a continuación, en el contexto de las tres cuestiones prejudiciales, las tres exenciones fiscales que podrían aplicarse a la gestión de créditos de que se trata. En el marco de este examen, analizaré también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las disposiciones correspondientes de la Sexta Directiva, que sigue siendo pertinente para la interpretación de la Directiva del IVA. (10)
Sobre la primera cuestión prejudicial
15.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si el artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que la gestión de créditos por una sociedad que ha vendido dichos créditos, tras haberlos concedido ella misma, y que sigue gestionándolos a título oneroso para el comprador, queda comprendida en la exención prevista en dicha disposición.
16.      La respuesta a esta cuestión prejudicial depende de la interpretación del concepto de «gestión de créditos efectuada por quienes los concedieron». Si bien no parece haber ninguna duda de que las prestaciones de que se trata quedan comprendidas en el ámbito de la «gestión de créditos», la cuestión que se suscita es saber cuáles de las personas sujetas al IVA que realizan dicha gestión pueden acogerse a esta exención.
17.      Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, han de tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (11)
Tenor y contexto de la exención
18.      En lo que respecta a la interpretación literal, de la comparación de las diferentes versiones lingüísticas se desprende que el tenor del artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA puede dar lugar a dos interpretaciones diferentes, a saber, que la exención se reserva al prestamista inicial o bien al prestamista actual. La primera interpretación, según la cual la exención se reserva al prestamista inicial, se desprende en concreto de las versiones lingüísticas griega, francesa y neerlandesa, que utilizan un verbo conjugado en pasado para describir la concesión de créditos. (12) Ello significa que la persona que se beneficia de la exención es aquella que ha abonado el importe del crédito al prestatario, en el pasado y al inicio de la relación contractual. Por otra parte, la segunda interpretación, según la cual la exención se reserva al prestamista actual, se apoya en particular en las versiones lingüísticas inglesa, croata, rumana y eslovena del texto, que hacen referencia a la existencia actual del crédito utilizando el equivalente del verbo «conceder» conjugado en presente. (13) Las versiones alemana y finesa de dicha disposición pueden incluso entenderse conforme a estas dos interpretaciones. (14) En este contexto, el tenor del artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA no aporta una respuesta clara a la cuestión de quiénes deben beneficiarse de la exención de la gestión de créditos.
19.      El contexto del artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA tampoco aporta mayor claridad. El artículo 135, apartado 1, de la Directiva del IVA, que establece, entre otras, la exención de que se trata, enumera una serie de operaciones exentas, independientes entre sí, cuyo único punto en común es que no están comprendidas en el ámbito de las actividades de interés general que son objeto exclusivo de las exenciones previstas en el artículo 132 de la Directiva del IVA. El título del artículo 135 solo hace referencia a «otras actividades» exentas en virtud de la Directiva del IVA. En la medida en que las demás disposiciones de esta Directiva remiten al artículo 135, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, (15) solo se hace, a este respecto, una referencia conjunta a varias exenciones relativas a las operaciones financieras contempladas en el apartado 1. Por lo tanto, estas referencias no permiten extraer conclusiones sobre la exención de la gestión de créditos.
Objetivo de la exención
20.      Dado que las interpretaciones literal y sistemática no aportan una respuesta definitiva, ha de procederse a una interpretación teleológica. Según reiterada jurisprudencia, los términos empleados para designar las exenciones del IVA previstas en el artículo 135 de la Directiva del IVA deben interpretarse de modo estricto; no obstante, su interpretación debe ser conforme con los objetivos perseguidos por dichas exenciones. (16)
21.      La exención de las operaciones financieras prevista en el artículo 135, apartado 1, letras a) a g), de la Directiva del IVA tiene la finalidad, por una parte, de paliar las dificultades asociadas a la determinación tanto de la base imponible como del importe del IVA deducible y, por otra, de evitar un aumento del coste del crédito al consumo. (17) Más concretamente, la exención prevista en el artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA persigue primordialmente el segundo objetivo, es decir, evitar un aumento del coste del crédito al consumo. (18)
22.      A este respecto, comparto la opinión del órgano jurisdiccional remitente de que este objetivo también puede predicarse de los créditos inmobiliarios de que se trata en el presente asunto, aunque no se trate de créditos al consumo en sentido estricto. En efecto, en primer lugar, del tenor del artículo 135, apartado 1, letra b), se desprende que esta disposición se refiere a todos los créditos. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia nunca ha concluido que dicha exención se aplique únicamente a los créditos al consumo. Es cierto que, en los asuntos citados, (19) el Tribunal de Justicia se refirió a los créditos «al consumo» cuando abordó la finalidad de estas exenciones. Sin embargo, esta referencia se explica por el hecho de que la exención en cuestión da lugar a una reducción de la carga fiscal únicamente para los consumidores, puesto que los sujetos pasivos, incluso sin la exención fiscal, no tendrían que soportar en principio costes adicionales por el crédito gracias a la deducción del impuesto soportado. (20)
23.      Ahora bien, el objetivo de evitar un aumento del coste del crédito para los consumidores tampoco proporciona una respuesta determinante a la cuestión planteada. Ha de señalarse que las dos interpretaciones posibles, tanto aquella según la cual la exención se reserva al prestamista actual como la que propugna que la exención se reserva al prestamista inicial, podrían dar lugar a un aumento del coste de los créditos si estos se venden.
24.      Por una parte, si el artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA exime la gestión de créditos por parte del prestamista actual, el coste del crédito se incrementaría en el caso de que un vendedor de créditos, que era el prestamista inicial, continuara gestionando los créditos, como ocurre en el presente asunto. En efecto, dicha gestión se calificaría como prestación de servicios, efectuada por el vendedor al comprador, sujeta al IVA y no exenta en virtud del artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA. Dado que la actividad del comprador de créditos estaría exenta del IVA, (21) dicho comprador tendría que soportar el IVA percibido por el vendedor por los servicios de gestión de créditos (22) y muy probablemente intentaría repercutir este impuesto sobre los prestatarios, lo cual aumentaría el coste de los créditos para estos últimos.
25.      Por otra parte, si la exención en cuestión se refiere a la gestión de créditos por parte del prestamista inicial, el coste del crédito se incrementaría en ambos supuestos, tanto cuando el comprador de los créditos se encarga de dicha gestión como cuando el vendedor de los créditos la continúa. En el primer supuesto, el comprador podría prestar servicios de gestión de créditos que se facturarían por separado a los prestatarios. Estas prestaciones no estarían exentas de IVA, ya que el comprador no es el prestamista inicial, el cual sería el único que podría beneficiarse de la exención en cuestión. Por lo tanto, el comprador tendría que facturar el IVA correspondiente a dichos servicios, lo que supondría un aumento del coste del crédito para los consumidores. En el segundo supuesto, es decir, cuando el vendedor sigue gestionando los créditos para el comprador, si bien la gestión por cuenta del comprador está exenta del IVA, no ocurre lo mismo con los servicios de gestión de créditos facturados por el vendedor, en nombre del comprador, a los prestatarios. En efecto, estas últimas prestaciones son efectuadas, desde el punto de vista del IVA, por el comprador. Al actuar en nombre del comprador, el vendedor cumple las obligaciones contractuales de este último frente a los prestatarios. Por lo tanto, estos servicios no quedarían comprendidos a la exención en cuestión, ya que esta no se aplicaría a la gestión realizada por el prestamista actual, es decir, el comprador, lo que también tendría como consecuencia un aumento del coste del crédito para los consumidores.
26.      No cabe sostener que los servicios de gestión de créditos prestados por el prestamista actual a los prestatarios estén, en cualquier caso, exentos del IVA sin recurrir a la exención de la gestión de créditos prevista en el artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA. A este respecto, tanto el órgano jurisdiccional remitente como el Gobierno finlandés consideran que, por regla general, el prestamista actual no vende sus servicios de gestión de créditos a los prestatarios. Además, alegan que, aun cuando el prestamista actual facturara una contraprestación separada por sus servicios —por ejemplo, gastos de tramitación relacionados con los pagos a plazos de los créditos—, se trataría en realidad de una contraprestación por la concesión de créditos, que está exenta en virtud de la misma disposición.
27.      No obstante, en primer lugar, existen prestaciones del prestamista actual que podrían calificarse de gestión de créditos distinta de la prestación de concesión de créditos. Cuando, por ejemplo, el prestamista actual cobra una comisión a un prestatario por un certificado de intereses, me parece poco probable que se pueda considerar que esta prestación forma parte de la concesión del crédito. Asimismo, existen otros ejemplos en los que, como mínimo, resulta difícil determinar si se trata de un servicio distinto de la concesión de créditos, como la resolución del contrato remunerada con la indemnización por reembolso anticipado. (23) Si la gestión de créditos no estuviera exenta de IVA, este se aplicaría a dichas prestaciones efectuadas por el prestamista actual.
28.      En segundo lugar, existe, ciertamente, otra hipótesis en la que los servicios de gestión de créditos prestados por el prestamista actual podrían estar exentos, sin que se aplique la exención de artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA, relativa a la gestión de créditos. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una prestación accesoria comparte el tratamiento fiscal de la prestación principal. (24) En la medida en que la gestión de créditos se calificara de prestación accesoria a la concesión de créditos, la exención de esta última se extendería a dicha gestión. Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que una prestación es accesoria, en particular, cuando no constituye para la clientela un fin en sí mismo, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones de la prestación principal. (25) Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia también se desprende que no existe una regla absoluta para determinar si una prestación comparte el tratamiento fiscal de otra prestación y que siempre es preciso considerar todas las circunstancias en las que se desarrolla la operación en cuestión. (26) A la luz de estas exigencias jurisprudenciales, dudo que se pueda considerar que el conjunto de los servicios de gestión de créditos constituya una prestación accesoria a la concesión de créditos. Esta constatación se aplica, en particular, a los ejemplos mencionados anteriormente, ya que un certificado de intereses sirve para fines distintos de los del contrato de crédito y la resolución anticipada de dicho contrato tampoco constituye un «medio de disfrutar en las mejores condiciones» de la concesión del crédito.
29.      En tercer lugar, casi todos los Estados miembros comparten la convicción de que la exención de la gestión de créditos reviste una importancia esencial para el prestamista actual. En efecto, en sus deliberaciones en el seno del Comité del IVA, los Estados miembros coincidieron casi unánimemente en que, en el contexto de un crédito concedido por un grupo de bancos sindicados, la gestión de dicho crédito, realizada por uno de los bancos sindicados a cambio de una contraprestación pagada por el prestatario, no está comprendida en la exención de la concesión de créditos, sino en la de la gestión de créditos en virtud del artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA. (27) Por lo tanto, es evidente que la exención de la gestión de créditos en virtud de esta disposición es necesaria para que estén exentas todas las actividades del prestamista actual relacionadas con el crédito.
Objetivo de la restricción del ámbito de aplicación personal
30.      Dado que la respuesta a la cuestión prejudicial no puede deducirse del objetivo general de la exención en cuestión, ha de determinarse, más concretamente, la razón por la que el ámbito de aplicación personal de la exención de la gestión de créditos se limita únicamente a determinadas personas sujetas al impuesto. En efecto, el tenor de la exención se refiere claramente solo a la gestión de créditos efectuada por personas específicas.
31.      Sin embargo, el legislador no ha proporcionado ninguna indicación sobre la finalidad de la limitación del ámbito de aplicación personal de dicha exención.
32.      Tal afirmación es extrapolable, en primer lugar, a los trabajos preparatorios relativos a la disposición en cuestión. El artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA sustituye al artículo 13, parte B, letra d), punto 1, de la Sexta Directiva, cuyo tenor era idéntico. La propuesta de sexta Directiva presentada por la Comisión solo preveía la exención de las «operaciones de crédito», sin hacer referencia a la gestión de créditos, mientras que la versión definitiva de la Sexta Directiva, tal como fue adoptada por el Consejo, incluía también la exención de las operaciones de gestión de créditos. (28) Si bien la adición por parte del Consejo de la exención de la gestión de créditos en el texto final pudo ser consecuencia de la solicitud del Comité Económico y Social de que se aclarase el alcance de los conceptos a los que se refiere dicha exención, (29) el origen de la expresión «por quienes los concedieron» sigue siendo incierto.
33.      En segundo lugar, el régimen transitorio de la exención de que se trata, previsto en la Sexta Directiva y aplicable hasta el 31 de diciembre de 1990, (30) no proporciona ninguna indicación sobre las razones que llevaron al legislador de la Unión a limitar el ámbito de aplicación de tal exención. Dicho régimen autorizaba a los Estados miembros, en virtud del artículo 28, apartado 3, letra b), y del punto 13 del anexo F de dicha Directiva, a seguir dejando exenta en el curso del período transitorio la exención de «la gestión de créditos […] por una persona u organismo distinto de los que hayan acordado los créditos». Esta disposición del régimen transitorio tenía por objeto eximir la gestión de créditos que no estaba exenta virtud del artículo 13, parte B, letra d), punto 1, de la Sexta Directiva, que pasó a ser el artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA. Por lo tanto, podría deducirse, mediante un razonamiento a contrario, que la última exención, que no era transitoria, solo se aplicaba a la gestión realizada por las personas «que hayan acordado los créditos». La misma lógica se ve confirmada, en particular, por las versiones lingüísticas alemana e inglesa del régimen transitorio, que utilizan un verbo conjugado en pasado, (31) aunque no es tal el caso en el texto de la exención recogido en la Sexta Directiva. (32) Esto podría indicar que el legislador pretendía limitar el ámbito de aplicación personal de la exención de la gestión de créditos prevista en el artículo 13, parte B, letra d), punto 1, de la Sexta Directiva únicamente al prestamista inicial. Con todo, ha de señalarse que existen divergencias semánticas entre, por una parte, varias versiones lingüísticas del régimen transitorio y, por otra, el tenor de la exención prevista en el artículo 13, parte B, letra d), punto 1, de la Sexta Directiva. (33) Así, consta que, al redactar la Sexta Directiva, el legislador de la Unión no armonizó el texto de dicha exención con el del régimen transitorio, de modo que me parece difícil deducir del régimen transitorio la finalidad perseguida por el legislador al limitar el ámbito de aplicación personal de la exención.
34.      Habida cuenta de cuanto antecede, se desprende claramente del tenor del artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA que el legislador de la Unión pretendió restringir el ámbito de aplicación personal de la exención relativa a la gestión de créditos, pero sin precisar la ratio legis. Todo lo que puede deducirse de ello, habida cuenta de la propia existencia de una restricción del ámbito de aplicación personal, ya sea al prestamista inicial o al prestamista actual, es que el legislador no ha pretendido favorecer fiscalmente la externalización de la gestión de créditos a un tercero.
Principios fundamentales del sistema común del IVA
35.      Dado que no es posible determinar cuál era la intención del legislador en cuanto a la finalidad de la restricción del ámbito de aplicación personal, habrá de deducirse la interpretación de dicha restricción a partir de los principios generales del sistema común del IVA. Dicho análisis lleva a la conclusión de que la gestión de créditos no debe estar exenta de IVA, a menos que se trate de un servicio auxiliar a la concesión de crédito proporcionado por el prestamista actual. (34) Así pues, la exención de la gestión de créditos tiene por objeto garantizar que todas las prestaciones realizadas en el marco de una relación crediticia estén exentas de IVA, al tiempo que se descarta la posibilidad de externalizar la gestión de créditos a cualquier persona sin que ello suponga una carga del IVA.
36.      En primer lugar, solo esta interpretación satisface el principio de neutralidad fiscal. Este principio debe respetarse, en particular, en el contexto de la exención prevista en el artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA. (35) El principio de neutralidad fiscal exige que los operadores económicos que efectúan las mismas operaciones no sean tratados de forma distinta desde el punto de vista del IVA. (36) En virtud de este principio, tal y como ha señalado la Comisión en sus observaciones escritas, no debe haber diferencias de trato entre los servicios de gestión de créditos a efectos del IVA en función de si un prestamista externaliza dichos servicios a la persona que concedió inicialmente el crédito o a otra persona.
37.      En segundo lugar, la interpretación según la cual solo la gestión de créditos por el prestamista actual está exenta en virtud del artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA impide los mecanismos fiscales destinados a permitir que cualquier tercero realice la gestión de créditos exenta de IVA. En efecto, la lucha contra la evasión de impuestos y los abusos es un objetivo reconocido y promovido por la Directiva del IVA. (37) Si la exención en cuestión se interpretara en el sentido de que tiene por objeto la gestión realizada por el prestamista inicial, cualquier prestamista podría llevar a cabo una externalización exenta de la gestión del crédito a cualquier tercero, dejando que tal tercero, en el contexto de dicha gestión, concediera formalmente el crédito y recomprándolo inmediatamente. De este modo, se eludiría la restricción del ámbito de aplicación personal de la exención de la gestión de créditos y se privaría a esta de todo efecto.
Respuesta a la primera cuestión prejudicial
38.      A la luz de las consideraciones anteriores, propongo responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que la gestión de créditos por una sociedad que ha vendido dichos créditos, tras haberlos concedido ella misma, y que sigue gestionándolos a título oneroso para el comprador no queda comprendida en la exención prevista en dicha disposición.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
39.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si el artículo 135, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que la gestión de créditos por una sociedad que los ha vendido y que sigue gestionándolos a título oneroso para el comprador, el cual ha emitido títulos de deuda garantizados por dichos créditos, queda comprendida en la exención prevista en dicha disposición.
40.      Con carácter preliminar, procede señalar que ni el órgano jurisdiccional remitente ni las partes del litigio principal ni las demás partes en el presente procedimiento se han pronunciado de manera detallada sobre la posible aplicación de dicha disposición. El órgano jurisdiccional remitente se ha limitado a indicar que el hecho de que mediante los créditos gestionados por A se afianzan títulos de deuda emitidos por B podría tener como consecuencia que fuera aplicable la exención prevista en el artículo 135, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA.
41.      Esta disposición tiene dos partes. Por un lado, tiene por objeto eximir «la negociación y la prestación de fianzas, cauciones y otras modalidades de garantía». Por otro lado, la exención se refiere a «la gestión de garantías de créditos efectuada por quienes los concedieron».
42.      En lo que respecta a la primera parte, cabe señalar que el tenor de la disposición difiere según las distintas versiones lingüísticas. (38) Si bien nada permite considerar que la gestión de créditos mediante los cuales se afianzan títulos de deuda emitidos por el comprador de dichos créditos constituya «la negociación [o] la prestación» de una garantía en el sentido de la versión en lengua francesa de esa disposición, (39) no se descarta que dicha gestión esté contemplada en la expresión «any dealings in credit guarantees» utilizada en la versión en lengua inglesa. (40)
43.      No obstante, del contexto de la exención prevista en el artículo 135, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA se desprende claramente que dicha disposición no es aplicable a la gestión de créditos.
44.      En efecto, la exención prevista en el artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA ya se extiende de manera explícita a «la gestión de créditos». La inclusión explícita de la gestión de créditos en esta exención, como sostiene en esencia la Comisión en sus observaciones escritas, carecería de efecto útil si la gestión de créditos también quedase comprendida en el ámbito de aplicación de otras exenciones.
45.      Además, si la exención contemplada en el artículo 135, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA pudiera aplicarse también a la gestión de créditos, se eludiría la restricción del ámbito de aplicación personal de la exención de la gestión de créditos prevista en la letra b).
46.      Para evitar tales consecuencias, procede considerar el artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA como una lex specialis aplicable a las exenciones relativas a las operaciones de gestión de créditos. Por consiguiente, la primera parte del artículo 135, apartado 1, letra c), de la misma Directiva no se aplica a la gestión de créditos.
47.      En cuanto a atañe a la segunda parte del artículo 135, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA, a saber, «la gestión de garantías de créditos efectuada por quienes los concedieron», aunque este aspecto no lo haya abordado expresamente el órgano jurisdiccional remitente, ha de señalarse que la gestión de garantías vinculadas a créditos efectuada por el prestamista inicial con respecto al comprador de dichos créditos tampoco está exenta en virtud del artículo 135, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA. Según esta disposición, dicha gestión de las garantías de créditos solo está exenta si es «efectuada por quienes los concedieron». A este respecto, no hay razón alguna para dar a esta expresión una interpretación diferente de la adoptada en el marco de la primera cuestión prejudicial, de modo que la gestión de las garantías de créditos solo está exenta si la realiza el prestamista actual. (41)
48.      Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 135, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que la gestión de créditos por una sociedad que los ha vendido y que sigue gestionándolos a título oneroso para el comprador, el cual ha emitido títulos de deuda garantizados por dichos créditos, no queda comprendida en la exención prevista en dicha disposición.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
49.      Por último, procede examinar la tercera cuestión prejudicial, mediante la cual el órgano jurisdiccional remitente desea saber en esencia si el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que la gestión de créditos por una sociedad que ha vendido dichos créditos, tras haberlos concedido ella misma, y que sigue gestionándolos a título oneroso para el comprador queda comprendida en la exención prevista en dicha disposición. Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si dicha gestión de créditos podría estar exenta en virtud de dicha disposición en cuanto «operaciones […] relativas a […] pagos» u «operaciones […] relativas a […] créditos».
50.      Aun admitiendo que determinadas prestaciones relacionadas con la gestión de créditos puedan corresponder a la definición de las operaciones relativas a pagos (42) o a créditos, el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA no es aplicable a la gestión de créditos. En efecto, en cuanto atañe a la exención de la gestión de créditos, la disposición del artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA es la lex specialis, como ya se ha mencionado en el contexto de la respuesta a la segunda cuestión prejudicial. (43)
51.      No obstante, procede preguntarse si, en el presente asunto, la gestión de créditos podría beneficiarse indirectamente de la exención prevista en el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA, debido a que la gestión constituye una prestación accesoria a la venta de créditos que podría estar exenta en virtud de dicha disposición. En efecto, por una parte, la venta de créditos podría constituir una operación relativa a créditos en el sentido de dicha disposición. Por otra parte, según reiterada jurisprudencia, varias prestaciones formalmente distintas forman una única prestación cuando una o varias prestaciones constituyen una prestación principal y la otra o las otras prestaciones constituyen una o varias prestaciones accesorias que comparten el tratamiento fiscal de la prestación principal. (44) En este sentido, a título meramente informativo, ha de señalarse que la Administración tributaria de al menos un Estado miembro ya ha considerado que la gestión de créditos por su vendedor se beneficia, como prestación accesoria, de la exención de las operaciones relativas a créditos. (45)
52.      Sin embargo, considero que, en el presente asunto, el Tribunal General no está en condiciones de declarar que la gestión de créditos por parte del vendedor de dichos créditos se beneficia de una exención sobre el fundamento indirecto antes mencionado.
53.      En primer lugar, la aplicación del artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA a la gestión de créditos como prestación accesoria a la venta de créditos podría poner en tela de juicio el carácter de lex specialis del artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA, que tiene por objeto la exención de la gestión de créditos como prestación auxiliar a la concesión de créditos. De la interpretación del artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA se desprende que la gestión de créditos solo debe estar exenta cuando constituya un servicio auxiliar a la concesión de créditos. (46) En mi opinión, se eludiría esta interpretación si la gestión de créditos pudiera beneficiarse de la exención en cuanto prestación accesoria, es decir, auxiliar, a una prestación que no tiene el carácter de concesión de crédito.
54.      En segundo lugar, aunque en el dictamen previo controvertido se constata que la venta de créditos estaba exenta del IVA, me pregunto si esta constatación es conforme con el Derecho de la Unión. En el presente asunto, la venta de créditos implica la transmisión de todos los derechos y obligaciones de los contratos de crédito y no solo de las posiciones acreedoras. Pues bien, en una situación análoga, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la venta de contratos de reaseguro no queda comprendida en el ámbito de aplicación de las exenciones de los servicios financieros. (47) En particular, ha declarado que la cesión de una cartera de contratos de reaseguro no puede estar exenta como combinación de una prestación de fianzas, en el sentido de la disposición que se ha convertido en el artículo 135, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA, y una operación relativa a créditos, en el sentido de la disposición que se ha convertido en el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA. Así pues, por analogía, albergo dudas sobre la posibilidad de que la venta de créditos esté exenta de IVA sobre la base del artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA. Por consiguiente, la exención de la gestión de créditos, en virtud de dicha disposición, en cuanto prestación accesoria a la venta de créditos, sería ya imposible por el mero hecho de que esta última prestación no cumple los criterios de la exención.
55.      En cualquier caso, el Tribunal General no dispone de información suficiente para resolver la cuestión de si, en el presente asunto, la venta de créditos podría estar exenta en virtud del artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA, ya que el órgano jurisdiccional remitente no ha planteado esta cuestión al Tribunal General.
56.      En tercer y último lugar, me parece poco probable que la gestión de créditos constituya una prestación accesoria a la venta de créditos en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
57.      El Tribunal de Justicia considera que una prestación es accesoria, en particular, cuando no constituye para la clientela un fin en sí mismo, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal. (48) Para determinar si se cumple este criterio, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta el objetivo económico perseguido y el interés de los destinatarios de las prestaciones. (49) Además, el Tribunal de Justicia subraya que no existe una regla absoluta que permita determinar si la prestación comparte el tratamiento fiscal de otra prestación y que es preciso considerar siempre todas las circunstancias en las que se desarrolla la operación en cuestión, (50) tarea esta que queda comprendida en la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. (51)
58.      Ahora bien, el propio Tribunal de Justicia ha aludido en ocasiones a reglas más concretas en su jurisprudencia. Así, el hecho de que la prestación supuestamente accesoria pueda ser realizada de la misma manera por un tercero, (52) o que dicha prestación la ofrezca el prestador en la práctica independientemente de la prestación supuestamente principal, (53) milita en contra de la existencia de una prestación accesoria. Esta «regla de independencia» me parece muy adecuada para garantizar la neutralidad fiscal y proteger la competencia. En particular, si la prestación supuestamente accesoria también puede obtenerse de forma independiente de otros sujetos pasivos, estos se verían en una posición de desventaja competitiva si dicha prestación se considerara exenta únicamente en cuanto prestación accesoria de otra.
59.      En el presente asunto, al tratarse de la gestión de créditos para el comprador de los mismos, la aplicación de dicha «regla de independencia» significa que se excluye de entrada considerar que dicha gestión es un servicio accesorio a la venta de los créditos. En efecto, el comprador de créditos podría transferir la gestión de los créditos a otro sujeto pasivo, sin que ello influyera en la adquisición de los contratos de crédito, de modo que la gestión de los créditos sería un servicio independiente de la venta de los créditos. Así, la «regla de independencia» permite evitar que la elección de un prestador de servicios se vea influida por un tratamiento más favorable en materia de IVA.
60.      Habida cuenta de cuanto antecede, propongo responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que la gestión de créditos por una sociedad que ha vendido dichos créditos, tras haberlos concedido ella misma, y que sigue gestionándolos a título oneroso para el comprador no está sujeta a la exención prevista en dicha disposición.
Conclusión
61.      A la vista de todas estas consideraciones, propongo al Tribunal General que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia) del modo siguiente:
1)      El artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido,
debe interpretarse en el sentido de que
la gestión de créditos por una sociedad que ha vendido dichos créditos, tras haberlos concedido ella misma, y que sigue gestionándolos a título oneroso para el comprador no queda comprendida en la exención prevista en dicha disposición.
2)      El artículo 135, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112
debe interpretarse en el sentido de que
la gestión de créditos por una sociedad que los ha vendido y que sigue gestionándolos a título oneroso para el comprador, el cual ha emitido títulos de deuda garantizados por dichos créditos, no queda comprendida en la exención prevista en dicha disposición.
3)      El artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112
debe interpretarse en el sentido de que
la gestión de créditos por una sociedad que ha vendido dichos créditos, tras haberlos concedido ella misma, y que sigue gestionándolos a título oneroso para el comprador no está sujeta a la exención prevista en dicha disposición.
Maja Brkan
Presentadas en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de febrero de 2026.
Firmas
1      Lengua original: francés.
2      La jurisprudencia en este ámbito es muy abundante, desde la sentencia de 19 de enero de 1982, Becker (8/81, EU:C:1982:7).
3      Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).
4      Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).
5      Véase la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen de los servicios financieros y de seguros [COM(2007) 747 final]; Comisión Europea: Combined evaluation roadmap/inception impact assessment, 22 de octubre de 2020, Documento Ares(2020)5770956.
6      Högsta förvaltningsdomstolen, sentencia de 31 de enero de 2023, 4948‑22.
7      Véase, en este sentido, el considerando 1 del Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012 (DO 2017, L 347, p. 35). Este Reglamento, aunque no es objeto del presente procedimiento prejudicial, ofrece una definición útil del concepto de titulización de créditos.
8      Un «vehículo especializado en titulizaciones» o «SSPE» (del inglés «Securitisation Special Purpose Entity»), de conformidad con el artículo 2, punto 2, del Reglamento 2017/2402.
9      En virtud del artículo 135, apartado 1, letras b) y f), de la Directiva del IVA; de conformidad con el artículo 168 de esta Directiva, el derecho a deducir el IVA soportado depende, en principio, de la imposición de las operaciones realizadas en las fases posteriores.
10      Véanse, en particular, la sentencia de 15 de mayo de 2019, Vega International Car Transport and Logistic (C‑235/18, EU:C:2019:412), apartado 24, relativa al artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA, así como, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2019, Cardpoint (C‑42/18, EU:C:2019:822), apartado 19, en la que el Tribunal de Justicia declaró, en relación con el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA, que su jurisprudencia relativa a la Directiva del IVA resulta pertinente para interpretar la Sexta Directiva.
11      Sentencia de 4 de septiembre de 2025, Quirin Privatbank (C‑655/23, EU:C:2025:655), apartado 37 y jurisprudencia citada.
12      La versión en lengua griega reza «που τις χορήγησε» y la versión en francés utiliza la expresión «qui les a octroyés», mientras que la versión en neerlandés habla de «die deze heeft verleend».
13      Mediante el uso del participio de presente en la versión inglesa («the person granting it») o del presente en las versiones croata («koja ga odobrava»), rumana («care le acordă») y eslovena («ki kredit odobri»).
14      Mediante el uso de la palabra «Kreditgeber» en la versión alemana y «luotonantaja» en la versión finlandesa, que, por cuanto entiendo y según mis comprobaciones, pueden describir tanto a la persona que ha concedido un crédito como la posición jurídica de una persona vinculada por un contrato de crédito.
15      Se trata del artículo 137, apartado 1, letra a), del artículo 169, letra c), del artículo 174, apartado 2, letra c), del artículo 220, apartado 2, del artículo 221, apartado 2, y del artículo 288, apartado 1, letra e), de la Directiva del IVA.
16      Véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de noviembre de 2003, Dornier (C‑45/01, EU:C:2003:595), apartado 42; de 24 de noviembre de 2022, CIG Pannónia Életbiztosító (C‑458/21, EU:C:2022:924), apartado 20, y de 23 de octubre de 2025, Kosmiro (C‑232/24, EU:C:2025:820), apartados 46 y 47.
17      Véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de abril de 2007, Velvet & Steel Immobilien (C‑455/05, EU:C:2007:232), apartado 24; de 22 de octubre de 2009, Swiss Re Germany Holding (C‑242/08, EU:C:2009:647), apartado 49, y de 10 de marzo de 2011, Skandinaviska Enskilda Banken (C‑540/09, EU:C:2011:137), apartado 21.
18      Sentencia de 6 de octubre de 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O (C‑250/21, EU:C:2022:757), apartado 41.
19      Véanse las notas a pie de página 17 y 18 de las presentes conclusiones.
20      Véase Hutchings, G.: Les opérations financières et bancaires et la taxe sur la valeur ajoutée, Commission des Communautés européennes, Collection Études, série Concurrence — Rapprochement des législations n.º 22, Bruselas, 1973, p. 38, letra a).
21      La concesión de créditos por el comprador a los prestatarios estaría exenta del IVA en virtud del artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA.
22      De conformidad con el artículo 168 de la Directiva del IVA, el comprador no tendría derecho a deducir dicho IVA debido a que estos servicios de gestión se utilizarían para una actividad exenta de IVA.
23      La indemnización por reembolso se refiere a la suma que el prestatario paga en concepto de compensación cuando reembolsa el crédito antes del vencimiento.
24      Véanse, en particular, las sentencias de 25 de febrero de 1999, CPP (C‑349/96, EU:C:1999:93), apartados 29 y 30; de 2 de diciembre de 2010, Everything Everywhere (C‑276/09, EU:C:2010:730), apartados 21 a 24, y de 23 de octubre de 2025, Brose Prievidza (C‑234/24, EU:C:2025:831), apartado 54.
25      Véanse, en particular, las sentencias de 25 de febrero de 1999, CPP (C‑349/96, EU:C:1999:93), apartado 30; de 2 de diciembre de 2010, Everything Everywhere (C‑276/09, EU:C:2010:730), apartado 25, y de 23 de octubre de 2025, Brose Prievidza (C‑234/24, EU:C:2025:831), apartado 65.
26      Véase, en particular, la sentencia de 23 de octubre de 2025, Kosmiro (C‑232/24, EU:C:2025:820), apartado 59 y jurisprudencia citada.
27      Véase, en este sentido, Comité del IVA, Guidelines resulting from the 110th meeting of 13 April 2018, Documento A, taxud.c.1(2018)6540764 — 955, apartado 1.
28      Propuesta de Sexta Directiva del Consejo en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, de 20 de junio de 1973, COM(73) 950 final [modificada el 26 de julio de 1974, COM(74) 795 final], artículo 14, parte B, letra j).
29      Consulta sobre la propuesta de Sexta Directiva del Consejo en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, de 31 de enero de 1974 (DO 1974, C 139, p. 15), artículo 14, punto 3.
30      En virtud del artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/465/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1989, Decimoctava Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Supresión de algunas excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 28 de la Sexta Directiva 77/388/CEE (DO 1989, L 226, p. 21).
31      La versión en lengua inglesa utiliza la expresión «which granted the credits» y la versión en lengua alemana reza «die die Kredite gewährt haben».
32      Véanse las notas a pie de página 13 y 14 de las presentes conclusiones.
33      Véanse, en particular, la versión en lengua francesa de la disposición transitoria, que utiliza la expresión «ayant accordé les crédits» («que hayan acordado los créditos»), en comparación con la expresión «qui les a octroyés» («quienes los concedieron») empleada en el artículo 13, parte B, letra d), punto 1, de la Sexta Directiva; la versión en lengua inglesa («which granted the credits» en la disposición transitoria, en comparación con «the person granting it» en el artículo 13 de la Sexta Directiva); la versión en lengua alemana («die die Kredite gewährt haben» en la disposición transitoria, en comparación con el término «Kreditgeber» utilizado en el artículo 13 de la Sexta Directiva), y la versión en lengua neerlandesa («welke de kredieten heeft verstrekt» en la disposición transitoria, en comparación con «die deze heeft verleend» en el artículo 13 de la Sexta Directiva).
34      Véase también, en este sentido, Comisión Europea: «Working paper No 941 de 15 de marzo de 2018 para el Comité del IVA: VAT treatment of certain services provided in relation to syndicated loans», p. 13; Henkow, O.: Financial Activities in European VAT: A Theoretical and Legal Research of the European VAT System and the Actual and Preferred Treatment of Financial Activities, 2007, p. 100 (punto 4.2.4).
35      Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O (C‑250/21, EU:C:2022:757), apartados 32 y 41 y jurisprudencia citada.
36      Véase, en particular, en este sentido, la sentencia de 30 de septiembre de 2021, Icade Promotion (C‑299/20, EU:C:2021:783), apartado 36 y jurisprudencia citada.
37      Véase, en particular, la sentencia de 10 de julio de 2025, KONREO (C‑276/24, EU:C:2025:554), apartado 31 y jurisprudencia citada.
38      Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de abril de 2007, Velvet & Steel Immobilien (C‑455/05, EU:C:2007:232), apartado 18.
39      Lo mismo ocurre con las versiones lingüísticas alemana («Übernahme von […] Garantien»), griega («την ανάληψη […] εγγυήσεων») y neerlandesa («het aangaan van […] garantieverbintenissen») de la disposición.
40      Otro tanto cabe decir de otras versiones lingüísticas de la citada disposición, cuya redacción también es muy abierta, como en las versiones en lengua croata («bilo koja druga vrsta poslovanja s kreditnim garancijama»), rumana («orice tranzacții cu astfel de garanții»), eslovena («druge vrste poslovanja v zvezi s kreditnimi garancijami») y finesa («muu käsittely»).
41      Véanse los puntos 35 a 38 de las presentes conclusiones.
42      Véase la definición de este concepto en la sentencia de 25 de julio de 2018 (DPAS, C‑5/17, EU:C:2018:592), apartado 38.
43      Véanse los puntos 42 a 45 de las presentes conclusiones.
44      Véanse, en particular, las sentencias de 25 de febrero de 1999, CPP (C‑349/96, EU:C:1999:93), apartados 29 y 30; de 2 de diciembre de 2010, Everything Everywhere (C‑276/09, EU:C:2010:730), apartados 21 a 24, y de 23 de octubre de 2025, Kosmiro (C‑232/24, EU:C:2025:820), apartado 58; si bien es cierto que podría existir una segunda categoría de prestación única que adoptara la forma de una prestación compleja (véanse las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Brose Prievidza, C‑234/24, EU:C:2025:383, puntos 44 a 46), en el presente asunto solo merece la pena debatir la categoría de prestación accesoria.
45      Véase, en este sentido, el
Umsatzsteuer-Anwendungserlass de la Administración tributaria alemana de 1 de octubre de 2010, versión de 12 de noviembre de 2025, punto 2.4, apartado 3, séptima frase.
46      Véase el punto 35 de las presentes conclusiones.
47      Véase la sentencia de 22 de octubre de 2009, Swiss Re Germany Holding (C‑242/08, EU:C:2009:647).
48      Véanse, en particular, las sentencias de 25 de febrero de 1999, CPP (C‑349/96, EU:C:1999:93), apartado 30; de 2 de diciembre de 2010, Everything Everywhere (C‑276/09, EU:C:2010:730), apartado 25, y de 23 de octubre de 2025, Brose Prievidza (C‑234/24, EU:C:2025:831), apartado 54.
49      Sentencia de 23 de octubre de 2025, Kosmiro (C‑232/24, EU:C:2025:820), apartado 59 y jurisprudencia citada.
50      Véanse, en particular, las sentencias de 27 de septiembre de 2012, Field Fisher Waterhouse (C‑392/11, EU:C:2012:597), apartado 19, y de 23 de octubre de 2025, Kosmiro (C‑232/24, EU:C:2025:820), apartado 59.
51      Véanse, en particular, las sentencias de 27 de septiembre de 2012, Field Fisher Waterhouse (C‑392/11, EU:C:2012:597), apartado 20, y de 23 de octubre de 2025, Brose Prievidza (C‑234/24, EU:C:2025:831), apartado 55.
52      Véase, en este sentido, la sentencia de 18 de abril de 2024, Companhia União de Crédito Popular (C‑89/23, EU:C:2024:333), apartado 45; con más reservas, sin embargo: la sentencia de 27 de septiembre de 2012, Field Fisher Waterhouse (C‑392/11, EU:C:2012:597), apartado 26.
53      Véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de 2025, Kosmiro (C‑232/24, EU:C:2025:820), apartado 63.