62016CC0565
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. EVGENI TANCHEV
presentadas el 6 de diciembre de 2017 (
1
)
Asunto C‑565/16
Alessandro Saponaro,
Kalliopi-Chloi Xylina
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Eirinodikeio Lerou (Juzgado de Paz de Leros, Grecia)]
«Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.o 2201/2003 — Reglamento Bruselas II bis — “Aceptación” de la competencia con arreglo al artículo 12, apartado 3 — Competencia internacional en materia de responsabilidad parental — Competencia del órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se ha presentado una solicitud de autorización judicial para repudiar una herencia en nombre de un menor — Prórroga de la competencia — Artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.o 650/2012»
1.
La presente petición de decisión prejudicial, planteada por el Eirinodikeio Lerou (Juzgado de Paz de Leros, Grecia; en lo sucesivo, «órgano jurisdiccional remitente»), versa sobre la competencia internacional en materia de Derecho de familia.
2.
En el presente asunto, una menor es la heredera del patrimonio dañoso de su abuelo fallecido. Sus padres, solicitantes en el procedimiento principal, piden una autorización para repudiar la herencia en nombre de su hija. A tal fin, se dirigieron a un órgano jurisdiccional en Grecia, donde vivía el abuelo de la menor y donde se hallan los bienes de éste. Dado que los padres y su hija tienen su residencia habitual en Italia, el órgano jurisdiccional griego se pregunta si tiene competencia internacional y, en consecuencia, solicita una interpretación del artículo 12, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 (
2
) (en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas II bis»), que contempla la prórroga de la competencia internacional.
I. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
3.
El artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis, titulado «Prórroga de la competencia», dispone lo siguiente:
«Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro tendrán igualmente competencia en materia de responsabilidad parental en procedimientos distintos de los contemplados en el apartado 1:
a)
cuando el menor esté estrechamente vinculado a ese Estado miembro, en especial por el hecho de que uno de los titulares de la responsabilidad parental tenga en él su residencia habitual o porque el menor es nacional de dicho Estado miembro, y
b)
cuando su competencia haya sido aceptada expresamente o de cualquier otra forma inequívoca por todas las partes en el procedimiento en el momento de presentar el asunto ante el órgano jurisdiccional y la competencia responda al interés superior del menor.»
B.
Derecho nacional
4.
Con arreglo a la resolución de remisión, el artículo 748, apartado 2, del Kodikas Politikis Dikonomias (Código de Procedimiento Civil griego), en relación con el artículo 750 del mismo Código, prevé, respecto de determinados procedimientos de jurisdicción voluntaria, que debe entregarse una copia de la solicitud, con indicación de la fecha fijada para la vista, al fiscal del tribunal de primera instancia (en lo sucesivo, «fiscal») del partido judicial correspondiente, el cual tiene derecho a personarse ante el juzgado de paz y a participar en la vista. Según reiterada interpretación de estas disposiciones, el fiscal es, por ley, parte en el procedimiento de jurisdicción voluntaria y puede llevar a cabo todo tipo de actos procesales, como, a título indicativo, interponer recursos, con independencia de si ha sido citado a la vista o de si se ha personado en ella. El fiscal actúa como representante del Estado en pro del interés general. En el supuesto de repudiación de una herencia en nombre de un menor de edad, el interés general equivale al interés del menor, en virtud del principio de protección del interés superior del menor consagrado en el artículo 21, apartado 1, de la Constitución griega. (
3
)
II. Hechos del litigio principal y cuestión prejudicial
5.
Los solicitantes, el Sr. Alessandro Saponaro y la Sra. Kalliopi‑Chloi Xylina son titulares de la responsabilidad parental sobre su hija menor de edad, Clio Margot Saponaro. Los tres tienen su residencia habitual en Roma, Italia. La menor es una nacional griega. (
4
)
6.
El abuelo materno de la menor, Michaïl Xylina, vivía en Grecia, donde falleció el 10 de mayo de 2015 sin haber otorgado testamento. Dado que tanto su esposa como sus hijos han repudiado la herencia, ha sido llamada a la misma su nieta Clio Margot.
7.
El patrimonio de Michaïl Xylina comprende, en esencia, dos activos, un automóvil y una barca, que se encuentran en Grecia y cuyo valor total asciende a 900 euros. En abril de 2015, tras haber sido condenado el Sr. Xylina por un órgano jurisdiccional penal por tentativa de estafa grave, la víctima del acto declaró que ejercitaría contra él una acción ante los órganos jurisdiccionales civiles dirigida a obtener una indemnización. Puesto que Michaïl Xylina falleció sin haber otorgado testamento, la responsabilidad por cualesquiera daños y perjuicios que puedan deberse recae en sus herederos.
8.
En consecuencia, los solicitantes incoaron un procedimiento a fin de obtener una autorización para repudiar la herencia en nombre de su hija, para lo que se dirigieron al órgano jurisdiccional remitente.
9.
Dicho órgano jurisdiccional se pregunta si tiene competencia internacional.
10.
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente formula las siguientes observaciones. El Reglamento (UΕ) n.o 650/2012 (
5
) no es aplicable al procedimiento principal ratione temporis, sino que más bien resulta de aplicación el Reglamento Bruselas II bis. El artículo 8, apartado 1, de este último Reglamento establece que serán competentes los órganos jurisdiccionales del país en el que el menor resida habitualmente (que, en el presente asunto, es Italia y no Grecia). Por lo tanto, la competencia de un órgano jurisdiccional griego sólo puede basarse en el artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis, puesto que esta disposición permite la prórroga de la competencia, dicho de otro modo, permite que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro distinto de aquél en el que el menor tiene su residencia habitual asuma la competencia.
11.
Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que facilite una interpretación del artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis y centra sus preguntas en la segunda parte de esta disposición, es decir, en el artículo 12, apartado 3, letra b).
12.
En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente ha planteado al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«Cuando se solicita autorización para la repudiación de una herencia, presentada ante un órgano jurisdiccional griego por los padres de una menor que reside habitualmente en Italia, para que sea válida la prórroga de la jurisdicción internacional de conformidad con el artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento n.o 2201/2003:
a)
¿existe aceptación inequívoca de la prórroga por parte de los padres por la mera presentación de la solicitud ante el órgano jurisdiccional griego?,
b)
¿es el fiscal de primera instancia una de las partes en el procedimiento que deben aceptar la prórroga en el momento de presentación de la solicitud, dado que según el Derecho griego es por ley litigante en dicho procedimiento? y
c)
¿es del interés de la menor la prórroga, [habida cuenta de] que la misma y sus padres [en calidad de solicitantes] tienen su residencia habitual en Italia, mientras que el domicilio del causante en el momento de la muerte y la masa hereditaria se encuentran en Grecia?»
13.
Han presentado observaciones escritas al Tribunal de Justicia la República Helénica y la Comisión Europea. Tras solicitar el Tribunal de Justicia aclaraciones al órgano jurisdiccional remitente, éste facilitó información adicional sobre la función del fiscal en el procedimiento principal. No se ha solicitado ni celebrado vista.
III. Análisis
14.
He llegado a la conclusión de que el órgano jurisdiccional remitente tiene competencia internacional con arreglo al artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis. En particular, concurren los requisitos previos para la aplicación del artículo 12, apartado 3, letra b), puesto que todas las partes en el procedimiento han aceptado la competencia de los órganos jurisdiccionales de Grecia, Estado miembro al que la menor está estrechamente vinculada.
A.
Observaciones preliminares
15.
El Reglamento Bruselas II bis tiene por objeto la competencia internacional en materia de responsabilidad parental y se aplica a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental, (
6
) incluidas las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de sus bienes. (
7
) Al repudiar una herencia dañosa, los solicitantes ejercen su responsabilidad parental conjunta respecto de Clio Margot, puesto que la están protegiendo de adquirir bienes que pueden conllevar una responsabilidad.
16.
Soy consciente de que las sucesiones están excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas II bis. (
8
) No obstante, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la mera solicitud de repudiación de una herencia no es una cuestión de sucesión en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra f), del Reglamento Bruselas II bis.
17.
En la sentencia Matoušková, el Tribunal de Justicia declaró que el hecho de que una solicitud de aprobación de un acuerdo se haya realizado en un procedimiento sucesorio no puede considerarse determinante para que la citada medida esté comprendida en el Derecho sucesorio. En su lugar, el Tribunal de Justicia consideró que la necesidad de obtener la aprobación del juez de tutelas es una consecuencia directa del estado y de la capacidad de los hijos menores. La solicitud de aprobación constituye una medida de protección del menor relacionada con la administración, la conservación o la disposición de sus bienes en el marco del ejercicio de la responsabilidad parental en el sentido del artículo 1, apartados 1, letra b), y 2, letra e), del Reglamento Bruselas II bis. (
9
)
18.
En consecuencia, la competencia del órgano jurisdiccional remitente ha de determinarse en virtud del Reglamento Bruselas II bis y únicamente en virtud de éste.
19.
Como ha indicado acertadamente el órgano jurisdiccional remitente, el Reglamento sobre sucesiones no es aplicable en el presente asunto ratione temporis. Michaïl Xylina falleció el 10 de mayo de 2015, mientras que el artículo 83, apartado 1, del Reglamento sobre sucesiones limita el ámbito de aplicación de éste a la sucesión de las personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015 o después de esa fecha. No obstante, me gustaría añadir que, ratione materiae, el Reglamento sobre sucesiones tampoco se aplicará a futuros asuntos de la índole del presente, puesto que las cuestiones relacionadas con la capacidad jurídica de las personas físicas están excluidas de su ámbito de aplicación en virtud del artículo 1, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento. Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Matoušková, una solicitud de aprobación para actuar en nombre de un menor atañe a la capacidad de dicho menor. (
10
)
20.
Por lo tanto, tras haber confirmado que, en el presente asunto, la competencia ha de determinarse con arreglo al Reglamento Bruselas II bis, me gustaría ahora exponer una breve perspectiva de las diferentes normas de competencia que este Reglamento establece en materia de responsabilidad parental.
21.
Con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas II bis, serán competentes, como regla general, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el menor resida habitualmente, que, en el presente asunto, es Italia. Aparte de algunas excepciones a esta regla general para situaciones especiales (
11
) y de una disposición forum non conveniens, (
12
) el Reglamento Bruselas II bis contiene asimismo una excepción de carácter más general (
13
) al artículo 8, apartado 1, concretamente, el artículo 12, apartado 3. De conformidad con el artículo 12, apartado 3, de dicho Reglamento cuando el menor esté estrechamente vinculado a un Estado miembro, se permitirá la prórroga de la competencia de los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro.
22.
La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto que se interprete esta norma particular de competencia. Sus requisitos previos son dos: la estrecha vinculación y el hecho de prorrogar. Sin embargo, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente se limita al segundo requisito previo, es decir, la prórroga. No obstante, antes de pasar a examinarlo, abordaré brevemente el primer requisito previo, es decir, la estrecha vinculación. La razón para ampliar el debate es que los dos requisitos previos del artículo 12, apartado 3, del Reglamento II bis actúan conjuntamente y no es posible interpretar el uno independientemente del otro.
23.
Tras abordar (en la parte B) la estrecha vinculación de la menor al Estado miembro del foro con arreglo al artículo 12, apartado 3, letra a), del Reglamento Bruselas II bis, examinaré el artículo 12, apartado 3, letra b), de dicho Reglamento con sus tres exigencias para la prórroga, tal como las ha mencionado el órgano jurisdiccional remitente, en particular, si ha habido aceptación inequívoca de la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se ha iniciado el procedimiento por parte de los padres de Clio Margot (en la parte C) y por parte del fiscal (en la parte D) y si esto responde al interés superior del menor (en la parte E).
24.
En esencia, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si se cumplen estas tres exigencias, lo que, desde mi punto de vista, sí sucede.
B.
Menor nacional del Estado miembro del foro
25.
Con arreglo al artículo 12, apartado 3, letra a), del Reglamento Bruselas II bis, el primer elemento para que se dé la prórroga de la competencia de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro es que «el menor esté estrechamente vinculado a ese Estado miembro, en especial […] porque el menor es nacional de dicho Estado miembro».
26.
Dado que Clio Margot tiene la nacionalidad griega, concurre claramente el requisito relativo a la existencia de una estrecha vinculación del menor con el Estado miembro del foro, establecido en el artículo 12, apartado 3, letra a), del Reglamento Bruselas II bis.
27.
En su resolución de remisión, el órgano jurisdiccional remitente no ha mencionado si la nacionalidad griega es la única nacionalidad de Clio Margot o si ésta tiene doble nacionalidad al poseer la nacionalidad italiana por parte de padre. Puesto que es probable que en el presente asunto se dé una situación de doble nacionalidad, (
14
) me gustaría incluir algunas observaciones sobre las consecuencias que se producirían si éste fuera el caso. En tales circunstancias, se plantearía la cuestión de si cada una de sus nacionalidades podría considerarse como un factor de conexión en este contexto o si sería necesario elegir qué nacionalidad ha de prevalecer.
28.
Puesto que su residencia habitual está en Italia, la nacionalidad efectiva de Clio Margot sería probablemente la italiana, ya que representa una vinculación mucho más fuerte que la griega. No obstante, en el artículo 12, apartado 3, letra a), del Reglamento Bruselas II bis, se nombra expresamente la nacionalidad, sin ninguna calificación, como factor de conexión suficiente para establecer una estrecha vinculación. En consecuencia, este factor puede sostenerse por sí solo, de manera que no se precisan vínculos adicionales con el Estado miembro del foro. En la medida en que el legislador ha completado el concepto de estrecha vinculación con el ejemplo de un factor fijo, como es la nacionalidad, un órgano jurisdiccional no tiene por qué investigar si, en un caso específico, la vinculación es lo suficientemente sólida. (
15
)
29.
En la sentencia Hadadi, el Tribunal de Justicia declaró que, con arreglo al Reglamento Bruselas II bis, deberá otorgarse idéntica consideración a las nacionalidades de todos los Estados miembros y, en consecuencia, el órgano jurisdiccional nacional no puede pasar por alto el factor de la nacionalidad del Estado miembro del foro. (
16
)
C.
Aceptación de la competencia mediante la presentación de una solicitud por los padres
30.
En la primera parte de su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la mera presentación de una solicitud ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro demuestra la aceptación inequívoca de la competencia de los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro en virtud del artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento Bruselas II bis.
31.
El Gobierno griego y la Comisión han proporcionado una respuesta afirmativa. Estoy de acuerdo, por las razones que expondré a continuación.
32.
Cuando los solicitantes en el procedimiento principal incoaron el procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente, lo hicieron a fin de que dicho órgano jurisdiccional resolviera el asunto. En consecuencia, el simple acto de presentar una solicitud informa al órgano jurisdiccional y a las demás partes del procedimiento de que los solicitantes quieren que el órgano jurisdiccional ante el que se ha iniciado el procedimiento dirima el asunto. Sin embargo, un órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sin tener competencia a tal efecto.
33.
Por consiguiente, si bien el mero deseo de obtener una resolución sobre un asunto que se ha planteado ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro no constituye, en efecto, una aceptación expresa de la competencia de dicho órgano jurisdiccional, sí implica inequívocamente tal aceptación.
34.
No obstante, las dudas pueden traer causa del hecho de que el título del artículo 12 del Reglamento Bruselas II bis, que es la disposición que ha de interpretarse en el presente asunto, no utiliza el término «aceptación», sino que emplea el término «prórroga».
35.
La prórroga significa habitualmente que las partes atribuyen competencia a un órgano jurisdiccional por acuerdo entre esas partes. (
17
) Por ende, un elemento esencial de la prórroga es el consenso de los interesados. (
18
) Esta concepción puede sugerir que es necesario efectuar una elección real, esto es, que existen varias opciones disponibles entre las que los actores pueden elegir y, además, que quienes eligen son conscientes de las opciones que tienen.
36.
En el presente asunto, como se ha mencionado supra, los órganos jurisdiccionales italianos son competentes en virtud del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas II bis. Por lo tanto, los padres de Clio Margot, efectivamente, podían elegir. Sin embargo, la cuestión radica en saber si eran conscientes de ello, pero los documentos que obran en autos no contienen ninguna información al respecto. Si la prórroga del artículo 12 del Reglamento Bruselas II bis hubiera de presuponer una elección real, cabría preguntarse si el requisito del elemento subjetivo concurre en el asunto que nos ocupa.
37.
En vez de repetir el término «prórroga» utilizado en el título, cuando se trata de los detalles que se especifican en los apartados concretos del artículo 12 del Reglamento Bruselas II bis, el legislador emplea el término «aceptación». No obstante, la aceptación tiene un carácter más pasivo. No requiere una intención de influir en la competencia y de crear una nueva competencia, es decir, de conferir competencia a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que, de otro modo, no tendrían competencia.
38.
Si basta con la aceptación y no se exige una prórroga en sentido estricto que suponga la intención de determinar la competencia, el umbral es bajo. Esto se debe a que la aceptación no es el único elemento necesario para crear dicha competencia; al mismo tiempo, se exige que el menor esté estrechamente vinculado al Estado miembro del foro, lo que constituye un elemento objetivo que garantiza que exista alguna relación objetiva entre el procedimiento y dicho Estado: sólo los Estados miembros a los que el menor esté estrechamente vinculado, como se exige en el artículo 12, apartado 3, letra a), del Reglamento Bruselas II bis, pueden optar a que se acepte su competencia a efectos del artículo 12, apartado 3, letra b), del mismo Reglamento, lo que, por lo tanto, sólo puede referirse a un número limitado de Estados miembros, en particular, aquellos con los que exista una estrecha vinculación en cualquier caso.
39.
Por las razones expuestas, opino que, cuando un titular de responsabilidad parental presenta una solicitud ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de tal índole, el mero acto de presentar la solicitud demuestra la aceptación inequívoca por parte de ese titular de la competencia de los órganos jurisdiccionales de dicho país en el sentido del artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento Bruselas II bis.
40.
Con todo, la aceptación ha de darse en el procedimiento de que se trate. Como el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia L, no es suficiente con que una parte inste un procedimiento ante un órgano jurisdiccional y la otra inicie otro procedimiento ante ese mismo órgano jurisdiccional si esta última impugna la competencia del órgano jurisdiccional en el primer procedimiento. (
19
) El Tribunal de Justicia explicó que una prórroga de la competencia en virtud del artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis únicamente es válida para un procedimiento específico, (
20
) lo que significa que la aceptación ha de ser examinada en cada procedimiento particular.
41.
Habida cuenta de que los padres de Clio Margot presentaron la solicitud conjuntamente ante el órgano jurisdiccional remitente en un único procedimiento, cabe considerarlo una aceptación inequívoca de la competencia.
D.
Aceptación de la competencia mediante la conformidad del fiscal
42.
La segunda parte de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente se refiere al fiscal. En caso de que se le considere una de las partes en el procedimiento, en el sentido del artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento Bruselas II bis, para que la prórroga sea efectiva, el fiscal debe aceptar la competencia del órgano jurisdiccional griego y ello «en el momento de presentar el asunto ante el órgano jurisdiccional».
43.
Esta cuestión puede desglosarse en los tres elementos siguientes.
1. Parte
44.
¿Puede considerarse que el fiscal es una de las partes en el procedimiento en el sentido del artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis? La Comisión opina que no es el caso porque el fiscal no tiene ningún interés propio y actúa en pro del interés general.
45.
Como acertadamente sugiere el Gobierno griego, la determinación de quién es parte en un procedimiento ha de dejarse al Derecho nacional del Estado miembro del foro. El Reglamento Bruselas II bis unifica la competencia internacional en materia de responsabilidad parental. No regula aspectos previos a esta cuestión y se abstiene de interferir en el Derecho procesal del Estado miembro en general.
46.
Esta interpretación queda confirmada si se comparan los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento Bruselas II bis. El artículo 12, apartado 1, del Reglamento Bruselas II bis, que permite la prórroga de la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro cuando existe un procedimiento de divorcio, contiene una descripción precisa de las personas que han de aceptar la competencia para que la prórroga sea efectiva, en particular, «los cónyuges o […] los titulares de la responsabilidad parental». El artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis, en cambio, se refiere a «todas las partes en el procedimiento», utilizando de este modo una referencia al procedimiento específico. No obstante, el procedimiento se organiza con arreglo al Derecho nacional del órgano jurisdiccional ante el que se ha incoado el procedimiento.
47.
Según el órgano jurisdiccional remitente, el Derecho nacional griego considera que el fiscal es parte en el procedimiento de que se trata.
2. Aceptación
48.
En el procedimiento principal, el fiscal ha adoptado una actitud pasiva y se ha abstenido de emprender ninguna de las actuaciones que le incumben para oponerse a la prórroga de la competencia inducida por la presentación de la solicitud por parte de los padres de la menor. Dicho de otro modo, el fiscal se ha conformado con ello, es decir, ha aceptado tácitamente la prórroga de la competencia. El Gobierno griego opina que esto es suficiente para considerar que el fiscal ha aceptado la competencia.
49.
En efecto, en el presente procedimiento, por el que se pretende obtener una autorización para repudiar una herencia en nombre de una menor, el fiscal desempeña la función de un protector silencioso. De acuerdo con la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente, debe entregarse una copia de la solicitud, con indicación de la fecha fijada para la vista, al fiscal, el cual tiene derecho a personarse ante el juzgado de paz y a participar en la vista, a ser litigante en un procedimiento de jurisdicción voluntaria y a llevar a cabo todo tipo de actos procesales, como, a título indicativo, interponer recursos, con independencia de si ha sido citado a la vista o de si se ha personado en ella.
50.
La condición del fiscal en un procedimiento de jurisdicción voluntaria como el que nos ocupa, tal como la describe el órgano jurisdiccional remitente, puede ser, por lo tanto, la de un observador pasivo, que tiene derecho a ser informado y la capacidad, en cualquier fase del procedimiento, de ejercer los derechos procesales de una parte.
51.
Sobre la base de la naturaleza de su función, la conformidad del fiscal ha de considerarse suficiente para la aceptación inequívoca de la competencia, siempre que haya recibido efectivamente la notificación inicial de la acción ejercitada por los padres. Puesto que, con arreglo al Derecho griego, el fiscal debe recibir una copia de la solicitud, con indicación de la fecha fijada para la vista en la que puede participar, está en condiciones de contestar si lo desea y de oponerse a que los padres incoen el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales griegos.
3. Tiempo
52.
Tras llegar a la conclusión de que el fiscal es parte en el procedimiento y, por lo tanto, de que la prórroga no puede tener lugar sin que éste acepte la competencia, se plantea en qué momento debe suceder esto.
53.
La competencia es una cuestión que debe determinarse en una fase temprana del procedimiento. La competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto no puede permanecer sin determinar más tiempo del necesario.
54.
Éste es el motivo por el que el artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento Bruselas II bis exige que la aceptación de la competencia se efectúe «en el momento de presentar el asunto ante el órgano jurisdiccional». Con arreglo al artículo 16 del mismo Reglamento, «se considerará iniciado un procedimiento ante un órgano jurisdiccional desde el momento en que se le presente el escrito de demanda». (
21
)
55.
Aplicar esta definición del artículo 16 del Reglamento Bruselas II bis en sentido estricto significaría que sólo sería pertinente para la prórroga la aceptación por parte de los demandantes. Todas las demás partes tendrán conocimiento del procedimiento en una fase posterior, dado que, para que estén informadas, será necesaria la notificación del escrito de demanda.
56.
Por un lado, el artículo 16 del Reglamento Bruselas II bis se encuentra en la sección 3 del capítulo dedicado a la competencia, que contiene, con arreglo al título de la sección, las «Disposiciones comunes»; en consecuencia, a efectos de una interpretación sistemática, la definición del artículo 16 del Reglamento Bruselas II bis debería aplicarse al presente asunto.
57.
Por otro lado, una aplicación estricta de tal definición privaría de toda utilidad al artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis. Si sólo los demandantes pueden cumplir las estrictas exigencias del artículo 16 del Reglamento Bruselas II bis, esto significaría que la prórroga dependería exclusivamente de los demandantes y que no se incluiría a «todas las partes en el procedimiento» en la aceptación de la prórroga. (
22
) Ello dejaría sin efecto útil al artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis. Si se hubiera pretendido que la prórroga dependiera únicamente de los demandantes, el legislador habría elegido otra expresión que «todas las partes en el procedimiento», como ha hecho, por ejemplo, en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento Bruselas II bis, en virtud del cual la aceptación ha de ser manifestada «por los cónyuges o por los titulares de la responsabilidad parental».
58.
Por consiguiente, dado que la definición estricta que figura en el artículo 16 del Reglamento Bruselas II bis no es compatible con el artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis, debe matizarse su interpretación, para garantizar, por un lado, que la fase de incertidumbre jurisdiccional sea breve y, por otro lado, que sea necesaria la aceptación de todas las partes.
59.
Dicho esto, la aceptación debe esclarecerse durante la fase inicial del procedimiento, es decir, tan pronto como las partes a las que se haya notificado una copia del escrito de demanda emprendan las primeras actuaciones que les incumben o tan pronto como se considere que no lo han hecho una vez expirado el plazo otorgado para realizar dichas actuaciones. (
23
)
60.
Esto viene corroborado, como ha señalado el Gobierno griego, mediante argumentación a contrario, por la sentencia L, en la que el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento Bruselas II bis debe interpretarse en el sentido de que la competencia no ha sido aceptada cuando la parte demandada impugne, con ocasión de la primera actuación que le incumba en el correspondiente procedimiento, la competencia del órgano jurisdiccional de cuya prórroga de competencia se trate. (
24
) En el asunto que dio lugar a esa sentencia, el Tribunal de Justicia no limitó su evaluación al momento de incoación del procedimiento ante el órgano jurisdiccional según la definición del artículo 16 del Reglamento Bruselas II bis, en concreto, al «momento en que se le present[ó] el escrito de demanda», sino que examinó igualmente el comportamiento que la otra parte tuvo tres y cinco días más tarde. (
25
)
61.
Si, en el presente asunto, el fiscal no ha actuado tras haber sido debidamente informado de la solicitud, que representa la aceptación inequívoca por parte de los padres de la competencia de los órganos jurisdiccionales griegos, ello implica que, con ello, ha aceptado tácitamente de manera inequívoca la competencia de los órganos jurisdiccionales griegos. Si el fiscal se ha abstenido de emprender la primera actuación que le incumbe para intervenir en este procedimiento, no podrá utilizar su derecho a interponer recursos para oponerse a esta aceptación en una fase posterior del procedimiento.
E.
Interés superior del menor
62.
En la tercera parte de su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la prórroga de la competencia responde al interés superior del menor, dado que Clio Margot y sus padres residen habitualmente en Italia, mientras que el lugar de residencia del causante, cuyo patrimonio se hereda, en el momento de su fallecimiento era Grecia y la masa hereditaria se encuentra igualmente en este país.
63.
El tenor del artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento Bruselas II bis, que exige que «la competencia responda al interés superior del menor», puede dar la impresión de que esto constituye un factor adicional necesario para que la prórroga sea efectiva.
64.
Desde mi punto de vista, el «interés superior del menor» en este contexto no es un factor autónomo, sino más bien un recordatorio de la razón de ser del conjunto de normas de competencia contemplado en el Reglamento Bruselas II bis.
65.
Esta razón de ser se encuentra en el considerando 12 del Reglamento Bruselas II bis, en el que se expone que: «Las normas de competencia que establece el presente Reglamento en materia de responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del menor, y en particular en función del criterio de proximidad. Esto significa por lo tanto que son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el menor tiene su residencia habitual los que deben ser competentes en primer lugar, excepto […] en caso de acuerdo entre los titulares de la responsabilidad parental».
66.
Esto implica que, por regla general, las normas específicas de competencia, como el artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis, consagran el interés superior del menor. En consecuencia, no se precisan factores adicionales además de los factores de conexión especificados en dicho Reglamento.
67.
Como se ha mencionado anteriormente, (
26
) el criterio de proximidad se representa aquí por el elemento de nacionalidad. Si, además de esto, las partes de un procedimiento en el que se intenta obtener una autorización para repudiar una herencia en nombre de un menor —lo que está concebido para proteger los intereses del menor—, por lo general sus padres, y asimismo el fiscal, aceptan inequívocamente la competencia del Estado miembro del foro, entonces, en un supuesto típico, queda protegido el interés del menor de no quedar sujeto a un procedimiento en un Estado al que no está vinculado. (
27
)
68.
Por ello, contrariamente al artículo 15 del Reglamento Bruselas II bis, (
28
) el artículo 12, apartado 3, letra b), de este Reglamento no exige una apreciación comparativa para saber si los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del foro están mejor situados para conocer del asunto que los del Estado miembro de residencia habitual del menor. Los factores de conexión establecidos en el artículo 15 del Reglamento Bruselas II bis son más flexibles y menos normalizados, de modo que el alcance de un examen del interés superior del menor será más amplio en ese supuesto que en el presente contexto del artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis. Con su claro tenor, el artículo 15 del Reglamento Bruselas II bis
se presenta como una «excepción» y exige que el órgano jurisdiccional tome medidas para transferir la competencia de un órgano jurisdiccional a otro, lo que no sucede en el caso del artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis, en el que la competencia viene determinada ex lege, sin que sea necesaria ninguna actuación adicional del órgano jurisdiccional cuando concurran los requisitos previos del artículo 12, apartado 3, letras a) y b), del Reglamento Bruselas II bis.
69.
Por lo tanto, la repetición de la referencia al interés superior del menor en el artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento Bruselas II bis sirve de mero recordatorio para que el órgano jurisdiccional que haya de pronunciarse no pase por alto este criterio fundamental que subyace tras todas las disposiciones de este Reglamento (
29
) y ejerza de oficio una supervisión activa del mismo, estableciendo todas las circunstancias del asunto específico, (
30
) a fin de comprobar, a la vista de la situación general, si existen circunstancias excepcionales que, en dicho asunto, obliguen al juez a ignorar excepcionalmente la prórroga establecida en el artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis.
70.
En un supuesto atípico, la referencia al «interés superior del menor» confiere al juez la facultad y el deber de corregir el resultado de una aplicación rígida de la disposición de que se trate. (
31
)
71.
Por último, me gustaría añadir que, en materia de competencia, el interés superior del menor no atañe al fondo del asunto, sino únicamente al interés jurisdiccional del menor, esto es, su interés en cuanto al país en que los órganos jurisdiccionales estén bien situados para conocer del asunto que le concierne. (
32
)
72.
En el presente asunto, comparto la opinión de la Comisión de que ninguna de las circunstancias que el órgano jurisdiccional remitente ha mencionado exige una corrección, sino que más bien confirman la impresión general de que se ha respondido al interés superior de la menor. El hecho de que pueda descartarse la residencia habitual mediante una prórroga como resultado de un acuerdo entre los titulares de la responsabilidad parental incluso se menciona en el considerando 12 del Reglamento Bruselas II bis. Además, en el presente asunto, la competencia ha sido aceptada (tácitamente) por un fiscal, que está obligado, en virtud del artículo 21, apartado 1, de la Constitución griega, a proteger el interés de los menores. Por otra parte, el hecho de que el patrimonio de la menor objeto del procedimiento esté situado en Grecia es un factor que refuerza la particular vinculación de la menor con ese Estado miembro. (
33
) Por último, en el supuesto de que el procedimiento sucesorio de Michaïl Xylina transcurra en Grecia, esto supondría un vínculo adicional con los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro, que estarían entonces bien situados para evaluar el contexto de la repudiación de la herencia en nombre de Clio Margot.
73.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, creo que, en el presente asunto, no es necesaria una corrección. Sin embargo, la evaluación general del interés superior de Clio Margot, corresponde al órgano jurisdiccional remitente.
IV. Conclusión
74.
A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente:
«El artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 («Reglamento Bruselas II bis»), debe interpretarse en el sentido de que:
a)
la mera presentación de una solicitud ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, al que el menor esté estrechamente vinculado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 3, letra a), del Reglamento Bruselas II bis, demuestra la aceptación inequívoca por parte de los solicitantes de la competencia de dicho órgano jurisdiccional;
b)
un fiscal, que es parte en el procedimiento de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro del foro, también debe aceptar la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la solicitud y puede hacerlo mediante su conformidad una vez se le haya notificado dicha solicitud, y
c)
el criterio del «interés superior del menor» no es un elemento independiente, si bien confiere al juez la facultad y el deber de corregir la aplicación del artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento Bruselas II bis en supuestos atípicos.»
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	Reglamento del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).
(
3
)	El órgano jurisdiccional remitente ha facilitado esta explicación después de que el Tribunal de Justicia le solicitase una aclaración.
(
4
)	El órgano jurisdiccional remitente no ha especificado si la menor posee otras nacionalidades aparte de la nacionalidad griega.
(
5
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107; en lo sucesivo, «Reglamento sobre sucesiones»).
(
6
)	Artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento Bruselas II bis.
(
7
)	Artículo 1, apartado 2, letra e), del Reglamento Bruselas II bis.
(
8
)	Artículo 1, apartado 3, letra f), del Reglamento Bruselas II bis.
(
9
)	Véase la sentencia de 6 de octubre de 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653), apartado 31. En el apartado 34 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que debían evitarse los conflictos entre el Reglamento Bruselas II bis y el Reglamento sobre sucesiones y todo vacío jurídico.
(
10
)	Sentencia de 6 de octubre de 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653), apartado 29.
(
11
)	Los artículos 9 a 11 del Reglamento Bruselas II bis contemplan situaciones en las que la residencia habitual ha cambiado y el artículo 13 de este Reglamento, situaciones en que dicha residencia no puede determinarse. Cuando el procedimiento de divorcio de los padres del menor está pendiente en un país, el artículo 12, apartado 1, del dicho Reglamento permite la prórroga de la competencia de los órganos jurisdiccionales de ese país.
(
12
)	Véase el artículo 15 del Reglamento Bruselas II bis.
(
13
)	Véase el artículo 8, apartado 2, del Reglamento Bruselas II bis.
(
14
)	El Derecho italiano en materia de ciudadanía sigue el principio ius sanguinis; véase el artículo 1, apartado 1, de la Legge n.o 91 — Nuove norme sulla cittadinanza (Ley relativa a las nuevas normas de ciudadanía), de 5 de febrero de 1992 (GURI n.o 38, de 15 de febrero de 1992). La documentación de que dispone el Tribunal de Justicia no contiene ningún elemento que permita deducir si Clio Margot tiene sólo una nacionalidad o si tiene dos o varias nacionalidades. Tampoco facilita información exacta sobre las nacionalidades de sus padres.
(
15
)	Véanse Pfeiffer, T., Internationale Zuständigkeit und prozessuale Gerechtigkeit, 1995, pp. 614 y ss., y Spellenberg, U., en J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Neubearbeitung 2015, Art. 3 Brüssel IIa-VO, punto 16.
(
16
)	Véase la sentencia de 16 de julio de 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474), apartados 37 a 43. Véase también Dilger, J., en Geimer/Schütze Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Loseblatt (julio 2013), VO (EG) 2201/2003, artículo 3, puntos 30 y ss.
(
17
)	Véanse, en particular, el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1; «Reglamento Bruselas I bis»), y sus antecesores —el artículo 23 del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1; «Reglamento Bruselas I»), y el artículo 17 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32, EE 01/01, p. 186, versión consolidada en DO 1998, C 27, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»)—, que contemplan expresamente la existencia de un acuerdo. Del mismo modo, el Tribunal de Justicia en su sentencia de 12 de noviembre de 2014, L (C‑656/13, EU:2014:2364), apartado 56, en relación con el artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis, menciona que es necesario que «la extensión de la competencia en cuestión ha[ya] sido objeto de consentimiento expreso —o cuando menos inequívoco—».
(
18
)	Véanse, en particular, las sentencias de 20 de febrero de 1997, MSG (C‑106/95, EU:C:1997:70), apartado 17, y de 16 de marzo de 1999, Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142), apartado 19, en las que se indica que el objetivo del artículo 17 del Convenio de Bruselas al permitir la atribución de la competencia mediante acuerdo era asegurarse de «la realidad de la existencia del consentimiento de los interesados».
(
19
)	Sentencia de 12 de noviembre de 2014, L (C‑656/13, EU:2014:2364), apartado 57.
(
20
)	Sentencia de 12 de noviembre de 2014, L (C‑656/13, EU:2014:2364), apartado 58. Véase, igualmente, la sentencia de 1 de octubre de 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246), apartado 40, en la que el Tribunal de Justicia declaró que «la competencia de un órgano jurisdiccional en materia de responsabilidad parental debe ser verificada y determinada, en cada caso particular, en el momento en que se promueve un procedimiento ante él».
(
21
)	En el sentido dado por el Tribunal de Justicia en el auto de 16 de julio de 2015, P (C‑507/14, no publicado, EU:C:2015:512), esto es, siempre que el demandante no deje de tomar las medidas que le incumben para que se notifique el acto o se le dé traslado.
(
22
)	Véase igualmente Salomon, D., «“Brüssel II a” — Die neuen europäischen Regeln zum internationalen Verfahrensrecht in Fragen der elterlichen Verantwortung», Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ), 2004, pp. 1409 y ss., especialmente p. 1413.
(
23
)	No obstante, las partes que intervengan en el procedimiento una vez expirado el plazo de contestación a la notificación del escrito de demanda deberán ser excluidas del concepto de «partes en el procedimiento» que deben manifestar la aceptación en virtud del artículo 12, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis.
(
24
)	Sentencia de 12 de noviembre de 2014, L (C‑656/13, EU:2014:2364), apartado 57.
(
25
)	Si bien el padre del menor presentó la demanda el 26 de octubre de 2012, la madre presentó otra demanda ante el mismo órgano jurisdiccional el 29 de octubre de 2012 y, el 31 de octubre de 2012, en el procedimiento incoado por el padre, manifestó claramente que no aceptaba la competencia internacional (sentencia de 12 de noviembre de 2014, L, C‑656/13, EU:2014:2364, apartados 19, 21 y 28).
(
26
)	Véanse los puntos 25 y ss. de las presentes conclusiones.
(
27
)	Un órgano jurisdiccional nacional que comparte esta opinión es, en particular, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, Alemania), en su resolución de 8 de diciembre de 2009, DE:OLGD:1208.3UF198.09.0A.
(
28
)	Véase la interpretación dada al artículo 15 del Reglamento Bruselas II bis por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 27 de octubre de 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819), apartado 54, citada por la Comisión en el marco del presente procedimiento prejudicial.
(
29
)	El Reglamento se fundamenta en la concepción de que debe prevalecer el interés superior del menor (véanse las sentencias de 11 de julio de 2008, Rinau, C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, apartado 51, y de 12 de noviembre de 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, apartado 48).
(
30
)	Véase, en particular, la sentencia de 12 de noviembre de 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364), apartado 49: «La aplicación de la […] extensión de la competencia en ningún caso podrá ser contraria a ese interés superior».
(
31
)	Pataut, É. y Gallant E., en Magnus, U./Mankowski, P. (editors), European Commentaries on Private International Law, Brussels IIbis Regulation, 2017, artículo 12, punto 53, consideran el artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento Bruselas II bis una cláusula forum non conveniens a efectos de este examen adicional del interés superior del menor.
(
32
)	Dilger, J., en Geimer/Schütze, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Loseblatt, 53. EL, julio 2017, VO (EG) 2201/2003, artículo 12, punto 24 y referencias adicionales.
(
33
)	Véase el artículo 15, apartado 3, letra e), del Reglamento Bruselas II bis, en que el lugar en que encuentren los bienes del menor se cita como uno de los factores que cabe tener en cuenta al evaluar la especial vinculación del menor con un Estado miembro en relación con las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de los bienes de éste.