62022CJ0029_RES
Asuntos acumulados C‑29/22 P y C‑44/22 P
KDyKS
contra
Consejo de la Unión Europea y otros
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de septiembre de 2024
«Recurso de casación — Política exterior y de seguridad común (PESC) — Acción Común 2008/124/PESC — Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX Kosovo) — Recurso de indemnización — Perjuicio presuntamente sufrido como consecuencia de diversos actos y omisiones del Consejo de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en el marco de la ejecución de esta Acción Común — Insuficiencia de las investigaciones sobre la tortura, la desaparición y el asesinato de personas — Competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver este recurso — Artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, última frase — Artículo 275 TFUE»
Política exterior y de seguridad común — Competencia del juez de la Unión — Recurso de indemnización — Recurso contra actos u omisiones del ámbito de esta política — Recurso que no tiene por objeto controlar el respeto del artículo 40 TUE ni medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas — Exclusión — Compatibilidad de esta limitación de la competencia del Tribunal de Justicia con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 6 TUE, apartado 2, y los artículos 268 TFUE y 340 TFUE
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 47, 51, ap. 1, y 52, ap. 7; arts. 2 TUE, 3, ap. 5, 5 TUE, aps. 1 y 2, 6 TUE, 13 TUE, ap. 2, 19 TUE, 21 TUE, 23 TUE, 24 TUE, ap. 1, y 40 TUE; arts. 268 TFUE, 275 TFUE, párr. 2, 340 TFUE y 344 TFUE; Acción Común 2008/124/PESC del Consejo)
(véanse los apartados 62, 63, 66 a 73, 77 a 82, 85 a 87, 90 a 92 y 94)
Política exterior y de seguridad común — Competencia del juez de la Unión — Recurso de indemnización — Recurso contra actos u omisiones del ámbito de esta política — Recurso que no tiene por objeto controlar el respeto del artículo 40 TUE ni medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas — Actos u omisiones que no están directamente relacionados con las elecciones políticas o estratégicas efectuadas por las instituciones, órganos y organismos de la Unión en el marco de dicha política — Inclusión — Actos u omisiones directamente relacionadas con tales elecciones — Exclusión
(Arts. 24 TUE a 26 TUE, 28 TUE, 29 TUE, 37 TUE, 38 TUE, 42 TUE y 43 TUE; art. 275 TFUE; Acción Común 2008/124/PESC del Consejo)
(véanse los apartados 115 a 119)
Política exterior y de seguridad común — Competencia del juez de la Unión — Recurso de indemnización — Recurso contra actos u omisiones del ámbito de esta política — Recurso que no tiene por objeto controlar el respeto del artículo 40 TUE ni medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas — Actos u omisiones que están directamente relacionados con las elecciones políticas o estratégicas efectuadas por las instituciones, órganos y organismos de la Unión en el marco de dicha política — Medios puestos a disposición de una misión de la Unión — Decisión de revocar el mandato ejecutivo de tal misión — Exclusión
[Arts. 24 TUE, ap. 1 párr. 2, 28 TUE, ap. 1, y 43 TUE, ap. 2; Art. 275 TFUE, párr. 1; Acción Común 2008/124/PESC del Consejo, art. 3, letra d); Decisión (PESC) 2018/856 del Consejo]
(véanse los apartados 120, 121, 124, 126, 136 y 137)
Política exterior y de seguridad común — Competencia del juez de la Unión — Recurso de indemnización — Recurso contra actos u omisiones del ámbito de esta política — Recurso que no tiene por objeto controlar el respeto del artículo 40 TUE ni medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas — Actos u omisiones que no están directamente relacionados con las elecciones políticas o estratégicas efectuadas por las instituciones, órganos y organismos de la Unión — Carencia de personal idóneo en una misión de la Unión — Violaciones de los derechos humanos cometidas por esta misión — Grupo que examina las denuncias presentadas por esas violaciones — Inexistencia de disposiciones de procedimiento que contemplen la asistencia jurídica gratuita — Carencia de facultades de ejecución — Falta de medidas individuales referentes a las situaciones particulares de los denunciantes — Inclusión
(Arts. 24 TUE, ap. 1, párr. 2; art. 275 TFUE, párr. 2; Acción Común 2008/124/PESC del Consejo, arts. 1 y 2; Decisión 2014/349/PESC del Consejo, art. 15 bis)
(véanse los apartados 120, 121, 124, 127, 128, 130, 131, 133 a 135 y 137)
Recurso de casación — Recurso de casación declarado parcialmente fundado — Resolución del litigio en cuanto al fondo por el órgano jurisdiccional de casación — Requisito — Litigio en estado de ser resuelto — Falta — Devolución del asunto al Tribunal General — Control definitivo de la competencia para conocer del recurso por el órgano jurisdiccional de casación
(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 61, párr. 1)
(véanse los apartados 159 y 163 a 166)
Resumen
En el marco de la anulación del auto en el asunto KS y KD/Consejo y otros (
1
) (en lo sucesivo, «auto recurrido») en la medida en que el Tribunal General se declaró manifiestamente incompetente para conocer del recurso interpuesto por KS y KD por referirse a elecciones políticas o estratégicas efectuadas en el ámbito de la política exterior y de seguridad común (PESC), (
2
) el Tribunal de Justicia, en Gran Sala, precisa el alcance de la limitación de la competencia de los tribunales de la Unión en materia de PESC que se contempla en el artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, última frase, (
3
) y en el artículo 275 TFUE, párrafo primero. (
4
) KS y KD son miembros de la familia cercana de ciertas personas que fueron objeto de tortura, desaparición o asesinato en Kosovo en 1999 durante el conflicto que tuvo lugar en este país. En 2008, mediante la Acción Común 2008/124, (
5
) la Unión Europea creó una Misión Civil por el Estado de Derecho en dicho tercer país, denominada EULEX Kosovo, con el cometido, entre otras cuestiones, de investigar dichos delitos. En 2009, sobre la base de esa Acción Común, la Unión constituyó el Grupo de Revisión en Materia de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «Grupo de Revisión»), al que se atribuyó la tarea de examinar las denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por la EULEX Kosovo en el ejercicio de su mandato.
A raíz de denuncias presentadas por KS y KD, el Grupo de Revisión concluyó, en noviembre de 2015 y octubre de 2016, que se habían violado diversos derechos fundamentales protegidos por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos (en lo sucesivo, «CEDH»). (
6
) En marzo de 2017, el Grupo de Revisión decidió archivar los expedientes de que se trata, aunque dejó constancia de que, en ambos casos, el Jefe de la EULEX Kosovo solo había aplicado parcialmente las recomendaciones que él le había dirigido.
En diciembre de 2017, mediante el auto KS/Consejo y otros, (
7
) el Tribunal General desestimó, por incompetencia manifiesta, el recurso que KS había interpuesto contra el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) con la pretensión de que se procediera a la «anulación o [a la] modificación de la Acción Común 2008/124» y de que se declarara la responsabilidad extracontractual de la Unión, por la violación de diversas disposiciones del CEDH.
En noviembre de 2021, mediante el auto recurrido, el Tribunal General desestimó, por la misma razón, el recurso interpuesto por KS y KD con la pretensión de que se reparase el perjuicio que consideran haber sufrido como consecuencia de diversos actos y omisiones del Consejo, de la Comisión y del SEAE, relativos, en particular, a las investigaciones realizadas durante la Misión EULEX Kosovo sobre la tortura, la desaparición y el asesinato de miembros de sus familias. Entre tanto, KS y KD habían presentado, en junio de 2021, una solicitud de diligencias de prueba con la pretensión de que se les entregara la versión íntegra del plan de operación (OPLAN) de la EULEX Kosovo desde la creación de esta Misión en 2008.
Pronunciándose sobre dos recursos de casación interpuestos respectivamente por KS y KD (asunto C‑29/22 P) y por la Comisión (asunto C‑44/22 P), el Tribunal de Justicia anula parcialmente dicho auto del Tribunal General y le devuelve el asunto para que resuelva sobre la admisibilidad y, en su caso, sobre el fondo del recurso de KS y KD.
En el auto recurrido, el Tribunal General declaró, en particular, que el recurso de KS y KD traía causa de actos o conductas pertenecientes a la esfera de cuestiones políticas o estratégicas relacionadas con la definición de las actividades, prioridades y recursos de la EULEX Kosovo y con la decisión de crear un Grupo de Revisión en el marco de esta Misión y que, conforme a la Acción Común 2008/124, el establecimiento y las actividades de dicha Misión se encuadran en las disposiciones del TUE relativas a la PESC. Además, el Tribunal General declaró esencialmente que, en virtud del artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, última frase, y del artículo 275 TFUE, párrafo primero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es, en principio, competente respecto de las disposiciones relativas a la PESC ni de los actos adoptados sobre la base de estas disposiciones. Declaró también que las excepciones a este principio que se contemplan en la primera de las mencionadas disposiciones y en el párrafo segundo del referido artículo 275 no son aplicables en el caso de autos porque dicho recurso no se refiere ni a medidas restrictivas adoptadas contra personas físicas o jurídicas, en el sentido de esta última disposición, ni al respeto del artículo 40 TUE. (
8
)
Apreciación del Tribunal de Justicia
Al haber KS y KD, así como la Comisión, impugnado esa apreciación, el Tribunal de Justicia examina si la interpretación del Tribunal General sobre estos aspectos es correcta.
Sobre la interpretación del artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 275 TFUE, párrafo primero
Para interpretar las disposiciones de los Tratados que establecen la limitación de la competencia de los tribunales de la Unión en materia de PESC, el Tribunal de Justicia hace constar, para empezar, que la inclusión de la PESC en el marco constitucional de la Unión implica que los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión se aplican también en el contexto de la PESC. Entre ellos figura, en particular, la observancia del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, valores que exigen que las autoridades de la Unión estén sujetas a control judicial.
No obstante, en primer lugar, el Tribunal de Justicia señala que, con arreglo al artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, primera frase, «la [PESC] se regirá por reglas y procedimientos específicos», entre los cuales se cuentan aquellos que limitan la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con las disposiciones referidas a la PESC y los actos adoptados sobre la base de estas. Pues bien, tal limitación puede conciliarse tanto con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») como con los artículos 6 y 13 del CEDH.
A este respecto, en primer término, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 47 de la Carta no puede ni crear una competencia para él mismo cuando los Tratados la excluyen ni modificar el sistema de control judicial establecido en los Tratados, en el que se encuadran las normas sobre la admisibilidad de los recursos directos. Por otra parte, los principios de atribución y de equilibrio institucional también resultan de aplicación en el ámbito de la PESC. Por lo tanto, la alegación según la cual los actos u omisiones objeto del recurso de un particular violan los derechos fundamentales de este no basta por sí sola para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se declare competente para conocer de él. En segundo término, es cierto que el Tribunal de Justicia debe velar por que su interpretación del artículo 47 de la Carta, cuyos párrafos primero y segundo se corresponden con los artículos 6, apartado 1, y 13 del CEDH, garantice un nivel de protección que respete el garantizado por estas disposiciones del CEDH, según las interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, por una parte, el derecho garantizado por el artículo 6, apartado 1, del CEDH no es absoluto y puede someterse a restricciones legítimas. Por otra parte, la protección que dispensa el artículo 13 del CEDH, que garantiza la existencia en el Derecho interno de un recurso que permita hacer valer los derechos y libertades del CEDH, tampoco puede considerarse absoluta; el contexto en el que se inscribe la violación alegada, o la categoría de violaciones alegada, puede justificar una limitación de los recursos posibles.
Por ende, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar esencialmente que ni el artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, última frase, y el artículo 275 TFUE, por un lado, (
9
) ni la invocación de violaciones de derechos fundamentales, por otro, justificaban, por sí solos, que él se declarase competente para conocer del recurso interpuesto por KS y KD. Además, no cabe interpretar que el artículo 6 TUE, apartado 2, que prevé la adhesión de la Unión al CEDH, tenga como efecto ampliar las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de PESC, en tanto en cuanto el régimen aplicable a esta adhesión prevé que el acuerdo de adhesión no afecte a las competencias de la Unión ni a las atribuciones de sus instituciones.
En segundo lugar, por lo que más concretamente se refiere a la aplicación del artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, última frase, y del artículo 275 TFUE a los recursos por responsabilidad extracontractual de la Unión, regulados en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, el Tribunal de Justicia señala que ni el carácter exclusivo de la competencia reconocida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pronunciarse sobre tales recursos ni la autonomía de esta categoría de recursos pueden tener como efecto ampliar los límites de la competencia que los Tratados confieren a esta institución. El artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, última frase, y el artículo 275 TFUE, que limitan la competencia de los tribunales de la Unión en materia de PESC, deben considerarse leges speciales con respecto a los artículos 268 TFUE y 340 TFUE. Por lo tanto, no cabe admitir que el artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, última frase, y el artículo 275 TFUE no engloben los recursos de responsabilidad extracontractual de la Unión.
En tercer y último lugar, el Tribunal de Justicia, basándose en la sentencia Carvalho y otros/Parlamento y Consejo, (
10
) que expresa un principio de interpretación aplicable a todas las vías de recurso contempladas en los Tratados, confirma también la interpretación efectuada por el Tribunal General sobre las disposiciones de los Tratados relativas a la competencia del juez de la Unión a la luz del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en el sentido de que dicho derecho fundamental no puede conducir a desechar los requisitos expresamente establecidos en el TFUE.
Sobre la relación de los actos y omisiones en cuestión con las elecciones políticas o estratégicas efectuadas en el marco de la PESC y relativas a la definición y ejecución de la PESC
El Tribunal de Justicia recuerda que, en el marco del examen de la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conocer de un recurso referido a actos u omisiones del ámbito de la PESC, es preciso comprobar, primero, si la situación en cuestión se corresponde con alguno de los supuestos contemplados en el artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, última frase, y en el artículo 275 TFUE, párrafo segundo, en los que se admite expresamente tal competencia. (
11
) En caso negativo, ha de apreciarse a continuación si dicha competencia puede fundamentarse en que los actos y omisiones en cuestión no están directamente relacionados con las elecciones políticas o estratégicas realizadas por las instituciones, órganos y organismos de la Unión en el marco de la PESC, y en particular de la política común de seguridad y defensa (PCSD). (
12
) Así pues, si bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí es competente para examinar la legalidad de esos actos u omisiones que no estén directamente relacionados con esas elecciones políticas o estratégicas o para interpretarlos, no dispone de tales competencias en caso de que esos actos u omisiones estén directamente relacionados con dichas elecciones políticas o estratégicas. (
13
)
A este respecto, el Tribunal de Justicia examina la apreciación realizada por el Tribunal General (
14
) analizando concretamente cada uno de los actos y cada una de las omisiones pertenecientes a la esfera de la PESC, y en particular de la PCSD, contra los que se dirige el recurso interpuesto por KS y KD. (
15
)
En primer lugar, en el caso de autos, del auto recurrido se deduce que el Tribunal General concluyó que el recurso no encaja en ninguno de los supuestos en los que las disposiciones de los Tratados señalan expresamente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente en materia de PESC, conclusión que por lo demás no se discute en el marco de los recursos de casación. En segundo lugar, el Tribunal General consideró esencialmente que los actos y omisiones objeto de dicho recurso (
16
) están directamente vinculados a la PESC, dada su naturaleza política y estratégica y su relación con la definición y la aplicación de la PESC, razón por la que se declaró incompetente para conocer de él.
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala, en primer término, que los medios puestos a disposición de una misión de la PESC, y en particular de una misión de la PCSD, están directamente relacionados con las elecciones políticas o estratégicas efectuadas en el marco de la PESC, como con buen criterio consideró el Tribunal General.
En cambio, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que la supuesta carencia de personal idóneo pertenece a la esfera de cuestiones políticas o estratégicas que se refieren a la definición y a la aplicación de la PESC. En efecto, la capacidad de la Misión EULEX Kosovo para contratar personal (
17
) constituye un acto de gestión corriente que se encuadra en la ejecución del mandato de dicha Misión. Así pues, las decisiones que adopta la EULEX Kosovo sobre la elección del personal que contrata no están directamente relacionadas con las elecciones políticas o estratégicas efectuadas por dicha Misión en el marco de la PESC.
En segundo término, el Tribunal de Justicia llega a la misma conclusión de error de Derecho del Tribunal General en cuanto a la inexistencia de disposiciones que contemplen la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos seguidos ante el Grupo de Revisión. En efecto, esa parte del recurso interpuesto por KS y KD se refiere a las normas de procedimiento de dicho Grupo, que no se relacionan directamente con las elecciones políticas o estratégicas efectuadas en el marco de la PESC.
De igual manera, por lo que respecta a la carencia de facultades de ejecución en favor del Grupo de Revisión o de vías de recurso respecto de las violaciones que este constate, el Tribunal de Justicia, apoyándose en los objetivos que inspiraron la creación de la Misión EULEX Kosovo, (
18
) indica que la decisión de someter o no los actos y omisiones de esta Misión a un mecanismo de control ajustado a esas normas no está directamente relacionada con las elecciones políticas o estratégicas relativas a dicha Misión, sino únicamente con un aspecto de su gestión administrativa.
En tercer término, el Tribunal de Justicia indica que la inexistencia tanto de medidas correctoras para subsanar las violaciones de derechos fundamentales constatadas por el Grupo de Revisión como de un examen jurídico riguroso del caso de KD se refieren a la falta de adopción de medidas individuales respecto de las situaciones particulares de KS y KD y, por lo tanto, no se relacionan directamente con las elecciones políticas o estratégicas efectuadas en el marco de la PESC. Lo mismo cabe decir de la afirmación del Consejo y del SEAE según la cual esta Misión había hecho todo lo que estaba a su alcance para investigar los delitos en cuestión. En consecuencia, el Tribunal General también incurrió en errores de Derecho en lo atinente a estos aspectos del recurso.
En cambio, en cuarto término, la decisión de revocar el mandato ejecutivo de una Misión de la PESC, y en particular de una misión de la PCSD, está directamente relacionada con tales elecciones políticas o estratégicas efectuadas en el ámbito de la PESC, a los efectos de los artículos 28 TUE, apartado 1, y 43 TUE, apartado 2. Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declararse incompetente para pronunciarse sobre las imputaciones relativas a la revocación del mandato ejecutivo de la EULEX Kosovo mediante la Decisión 2018/856. (
19
)
Sobre el recurso ante el Tribunal General
El Tribunal de Justicia, tras constatar que no dispone de los elementos necesarios para resolver definitivamente sobre las excepciones de inadmisibilidad planteadas por el Consejo, la Comisión y el SEAE ni sobre la procedencia del recurso interpuesto por KS y KD, devuelve el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre la admisibilidad y, en su caso, sobre el fondo del recurso y sobre la solicitud de acceso al OPLAN de la EULEX Kosovo.
(
1
)	Auto de 10 de noviembre de 2021, KS y KD/Consejo y otros (T‑771/20, EU:T:2021:798).
(
2
)	El referido auto se anula en la medida en que el recurso interpuesto por KS y KD tenía por objeto, en particular, la violación de diversos derechos fundamentales y la desviación o abuso de la facultad ejecutiva por parte de un órgano e instituciones de la Unión. Los recursos de casación se desestiman en todo lo demás.
(
3
)	En virtud de esta disposición, «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tendrá competencia respecto de [las disposiciones relativas a la PESC], con la salvedad de su competencia para controlar el respeto del artículo 40 [TUE] y para controlar la legalidad de determinadas decisiones contempladas en el párrafo segundo del artículo 275 [TFUE]».
(
4
)	A tenor del artículo 275 TFUE, «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no será competente para pronunciarse sobre las disposiciones relativas a la [PESC] ni sobre los actos adoptados sobre la base de esta. No obstante, el Tribunal de Justicia será competente para controlar el respeto del artículo 40 [TUE] y para pronunciarse sobre los recursos interpuestos en las condiciones contempladas en el párrafo cuarto del artículo 263 [TUE] y relativos al control de la legalidad de las decisiones adoptadas por el Consejo en virtud del capítulo 2 del título V [TUE] por las que se establezcan medidas restrictivas frente a personas físicas o jurídicas.»
(
5
)	Acción Común 2008/124/PESC del Consejo, de 4 de febrero de 2008, sobre la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo, EULEX Kosovo (DO 2008, L 42, p. 92).
(
6
)	Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.
(
7
)	Auto de 14 de diciembre de 2017, KS/Consejo y otros (T 840/16, EU:T:2017:938).
(
8
)	Este artículo dispone: «La ejecución de la [PESC] no afectará a la aplicación de los procedimientos y al alcance respectivo de las atribuciones de las instituciones establecidos en los Tratados para el ejercicio de las competencias de la Unión mencionadas en los artículos 3 a 6 [TFUE]. Asimismo, la ejecución de las políticas mencionadas en dichos artículos no afectará a la aplicación de los procedimientos y al alcance respectivo de las atribuciones de las instituciones establecidos en los Tratados para el ejercicio de las competencias de la Unión en virtud del presente capítulo.»
(
9
)	A la luz del artículo 47 de la Carta, de los artículos 6, apartado 1, y 13 del CEDH y de los artículos 2 TUE, 3 TUE, apartado 5, 6 TUE, 19 TUE, 21 TUE y 23 TUE.
(
10
)	Sentencia de 25 de marzo de 2021, Carvalho y otros/Parlamento y Consejo (C‑565/19 P, EU:C:2021:252), apartados 69 y 78.
(
11
)	Sentencias de 28 de marzo de 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), apartado 60, y de 6 de octubre de 2020, Bank Refah Kargaran/Consejo (C‑134/19 P, EU:C:2020:793), apartado 27.
(
12
)	Así se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada del apartado 49 de la sentencia de 12 de noviembre de 2015, Elitaliana/EULEX Kosovo (439/13 P, EU:C:2015:753), del apartado 55 de la sentencia de 19 de julio de 2016, H/Consejo y otros (455/14 P, EU:C:2016:569), y del apartado 66 de la sentencia de 25 de junio de 2020, CSUE/KF (14/19 P, EU:C:2020:492).
(
13
)	Por consiguiente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea carece de competencia para examinar la legalidad o interpretar actos u omisiones directamente relacionados con la realización, la definición y la aplicación de la PESC, y en particular de la PCSD, esto es, concretamente, la identificación de los intereses estratégicos de la Unión y la definición tanto de las acciones que deben llevarse a cabo y de las posiciones que debe adoptar la Unión como de las orientaciones generales de la PESC, en el sentido de los artículos 24 TUE a 26 TUE, 28 TUE, 29 TUE, 37 TUE, 38 TUE, 42 TUE y 43 TUE.
(
14
)	Esa apreciación figura en los apartados 28 y 39 del auto recurrido.
(
15
)	A tal fin, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta que el objetivo de seguridad jurídica requiere que el juez de la Unión no tenga que realizar un examen del fondo del asunto para determinar su competencia.
(
16
)	Tales actos y omisiones se mencionan en el apartado 20 de la sentencia. Se trata esencialmente:
de la falta de investigaciones adecuadas sobre la desaparición y el asesinato de miembros de las familias de KS y de KD porque no se disponía de los recursos necesarios y del personal idóneo en dicha Misión para ejercer su mandato ejecutivo;
de la inexistencia de disposiciones que contemplen la asistencia jurídica gratuita para las partes denunciantes que cumplan los requisitos a tal efecto en los procedimientos seguidos ante el Grupo de Revisión y de la creación de este Grupo sin atribuírsele facultades para ejecutar sus decisiones ni facultades para ofrecer una vía de recurso para las violaciones constatadas;
de la falta de adopción de medidas correctoras para subsanar total o parcialmente las violaciones indicadas en los guiones primero y segundo, pese a que las conclusiones del Grupo de Revisión fueron puestas en conocimiento de la Unión por el Jefe de la EULEX Kosovo;
de la desviación o abuso de la facultad ejecutiva por parte del Consejo y del SEAE al afirmar que la EULEX Kosovo había hecho todo lo que estaba a su alcance para investigar el secuestro y el probable asesinato del marido de KS y el asesinato del marido y del hijo de KD;
de la desviación o falta de ejercicio adecuado de la facultad ejecutiva como consecuencia de la revocación del mandato ejecutivo de la EULEX Kosovo mediante la Decisión (PESC) 2018/856 del Consejo, de 8 de junio de 2018, por la que se modifica la Acción Común 2008/124/PESC sobre la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (DO 2018, L 146, p. 5), pese a persistir las violaciones señaladas en los guiones primero y segundo, y
de la desviación o abuso de la facultad ejecutiva o pública por no haber garantizado que la EULEX Kosovo o la fiscalía especializada revisaran de forma correcta conforme a Derecho el caso de KD —un crimen de guerra—, prima facie fundado, para su instrucción y enjuiciamiento ante la Sala Especializada de Kosovo.
(
17
)	Esta capacidad se deriva del tenor del artículo 15 bis de la Acción Común 2008/124, en su versión modificada por la Decisión 2014/349/PESC del Consejo, de 12 de junio de 2014 (DO 2014, L 174, p. 42).
(
18
)	Véanse los artículos 1 y 2 de la Acción Común 2008/124.
(
19
)	Esta Decisión suprimió la obligación de esta Misión, consagrada en el artículo 3, letra d), de la Acción Común 2008/124, de velar por que determinados delitos sean objeto de «correcta investigación, enjuiciamiento, sentencia y ejecución».