Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 15 de mayo de 2025 (1)
Asunto C‑133/24
CD Tondela — Futebol, SAD,
Clube Desportivo Feirense — Futebol, SAD,
Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP),
Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD,
Os Belenenses — Sociedade Desportiva de Futebol, SAD,
Boavista Futebol Clube, Futebol SAD,
Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD,
Sporting Clube da Covilhã — Futebol, SDUQ,
Lda,
Estoril Praia — Futebol, SAD,
Gil Vicente Futebol Clube — Futebol, SDUQ, Lda,
Leixões Sport Clube, Futebol, SAD,
Clube Desportivo de Mafra — Futebol, SDUQ, Lda,
União Desportiva Oliveirense — Futebol, SAD,
Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda,
Futebol Clube de Penafiel, SA,
Portimonense Futebol, SAD,
Rio Ave Futebol Clube — Futebol SDUQ, Lda,
Santa Clara Açores — Futebol, SAD,
Varzim Sporting Club — Futebol, SDUQ, Lda,
União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD,
Futebol Clube de Famalicão — Futebol SAD,
Associação Académica de Coimbra — Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda,
Moreirense Futebol Clube — Futebol, SAD,
Marítimo da Madeira, Futebol, SAD,
Vitória Sport Clube — Futebol, SAD,
Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD,
Sporting Clube de Portugal — Futebol, SAD,
Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD,
contra
Autoridade da Concorrência
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunal de Competencia, Regulación y Supervisión, Portugal)]
« Procedimiento prejudicial — Competencia — Artículo 101 TFUE — Fútbol profesional — Liga nacional — Conceptos de “objeto” y “efecto” contrarios a la competencia — Pandemia de COVID‑19 — Acuerdo de no captación — Sentencia dictada en el asunto Meca-Medina (C‑519/04 P) »
I.      Introducción
1.        En una serie de asuntos recientes, a saber, ISU, (2) Superleague, (3) Royal Antwerp (4) y FIFA, (5) el Tribunal de Justicia ha tenido que examinar la compatibilidad con las disposiciones de la Unión relativas a la competencia y al mercado interior de determinadas normas adoptadas por asociaciones deportivas tanto internacionales como nacionales.
2.        El presente asunto constituye una continuación natural de esos asuntos. En efecto, el litigio principal versa sobre un acuerdo de no captación (acuerdo «no-poach»), celebrado durante la pandemia de COVID-19 por los clubes de fútbol que juegan en la primera y en la segunda división de la liga portuguesa, en concierto con la asociación nacional de fútbol. Con el fin de apreciar la compatibilidad de dicho acuerdo con el artículo 101 TFUE, mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia, en esencia, que proporcione orientaciones adicionales sobre el concepto de restricción de la competencia «por el objeto» y sobre el alcance de los principios resultantes de la «jurisprudencia Meca-Medina» del Tribunal de Justicia. (6)
3.        Cuestiones en gran medida similares se plantean también en otras dos peticiones de decisión prejudicial, a saber, las relativas a los asuntos RRC Sports (C‑209/23) (7) y ROGON y otros (C‑428/23), (8) sobre los que presentaré mis conclusiones en el día de hoy. Por tanto, las presentes conclusiones deben leerse junto con esas otras conclusiones. En aras de la economía procesal y al objeto de facilitar su lectura, intentaré evitar repeticiones innecesarias en las tres conclusiones y, a tal fin, haré una serie de remisiones cruzadas entre ellas.
II.    Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales
4.        La Liga Portuguesa de Futebol Profissional (Liga Portuguesa de Fútbol Profesional; en lo sucesivo, «LPFP») es una asociación de Derecho privado sin ánimo de lucro cuya función consiste en dar apoyo y regular las actividades del fútbol profesional en Portugal y cuyos miembros ordinarios son clubes deportivos. La LPFP organiza competiciones profesionales de fútbol masculino, entre ellas la Primeira Liga (primera división) y la Segunda Liga (segunda división).
5.        En la temporada 2019/2020, dieciocho equipos participaron en primera división y trece en segunda división. En el transcurso de dicha temporada, la Organización Mundial de la Salud declaró, el 30 de enero de 2020, que el brote de COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional y, el 11 de marzo del mismo año, que se trataba de una pandemia.
6.        El 12 de marzo de 2020, el Gobierno portugués aprobó varias medidas destinadas a contener el riesgo de propagación del virus. Ese mismo día, la LPFP adoptó una decisión al respecto y anunció la suspensión por tiempo indefinido de la primera y de la segunda división, cuando quedaban diez partidos pendientes de jugar.
7.        Debido al empeoramiento de la situación, el 18 de marzo de 2020 las autoridades portuguesas declararon el estado de alarma (que fue prorrogado sucesivamente hasta el 2 de mayo).
8.        El 21 de marzo de 2020, la LPFP y el Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) (Sindicato de Jugadores Profesionales de Fútbol; en lo sucesivo, «SJPF») crearon un comité de seguimiento de la COVID-19 e iniciaron negociaciones para garantizar la sostenibilidad de la actividad deportiva, tanto en términos deportivos como financieros.
9.        El 7 de abril de 2020, la LPFP y el SJPF emitieron sendos comunicados de prensa sobre el estado de sus negociaciones. En su comunicado de prensa, la LPFP comenzaba indicando que había recibido el acuerdo del SJPF sobre un paquete de medidas legales destinadas a ser incorporadas al convenio colectivo de los futbolistas profesionales (en lo sucesivo, «CCT»), entre las que se incluía la prórroga de los contratos de trabajo y de los contratos de cesión o transferencia de jugadores hasta el final de la temporada 2019/2020, entendido como la fecha en la que finalmente se disputaría el último partido oficial de dicha temporada. A continuación, la LPFP precisaba que no se había alcanzado ningún acuerdo con el SJPF sobre los aspectos financieros objeto de negociación, entre los que figuraba la posibilidad de pactar una reducción salarial. Esta falta de acuerdo también fue mencionada por el SJPF en su comunicado de prensa publicado el mismo día. Por último, la LPFP señalaba que, a falta de tal acuerdo, los clubes seguían siendo libres, entre otras cosas, de recurrir al régimen de desempleo temporal simplificado o de entablar negociaciones individuales con sus jugadores.
10.      En la misma fecha, la LPFP y los clubes de primera división, representados en su mayoría por sus respectivos presidentes, participaron en una videoconferencia, tras la cual la LPFP publicó un comunicado de prensa titulado «Los presidentes de los clubes [de primera división] acuerdan la norma para las rescisiones unilaterales». En ese comunicado de prensa, se anunciaba que «ningún club contratar[ía] a jugadores que rescind[ier]an su contrato de trabajo unilateralmente invocando dificultades causadas por la pandemia de COVID-19 o por cualquier decisión excepcional resultante de ella, en particular la ampliación de la temporada deportiva». Al día siguiente, algunos de los clubes de segunda división publicaron un comunicado de prensa en el que anunciaban su intención de adherirse a la regla adoptada por los clubes de primera división.
11.      A nivel europeo, el 7 de abril de 2020, la Fédération internationale de football association (Federación Internacional de Fútbol Asociación; en lo sucesivo, «FIFA»), que había creado un grupo de trabajo encargado de abordar las cuestiones de regulación suscitadas por la pandemia, publicó el documento titulado «COVID-19 — Cuestiones regulatorias relativas al fútbol». En dicho documento, la FIFA establecía, en particular, la autorización a las asociaciones nacionales de fútbol para modificar las fechas de sus respectivas temporadas y de los períodos de inscripción de los jugadores. La FIFA también proponía que se instara a los clubes y a los jugadores a colaborar para llegar a acuerdos sobre aplazamientos o limitaciones salariales o, con carácter subsidiario, que se suspendieran los acuerdos entre clubes y jugadores durante la paralización de la temporada.
12.      Por lo que respecta a la aplicación de las normas de competencia durante la crisis sanitaria, la Red Europea de Competencia emitió, el 23 de marzo de 2020, una declaración conjunta en la que reconocía la posible necesidad de cooperación entre las empresas.
13.      El 23 de abril de 2020, el Gobierno portugués publicó un Decreto-ley por el que se establecía un conjunto de medidas de carácter excepcional y temporal en el ámbito del deporte, entre las que figuraba la autorización concedida a las asociaciones deportivas portuguesas para modificar su normativa, durante la temporada 2019/2020, con el fin de hacer frente a las dificultades causadas por la pandemia de COVID-19. Posteriormente, el 30 de abril de 2020, las autoridades adoptaron una resolución que establecía una estrategia para el levantamiento de las medidas de confinamiento, en la que se incluía la posibilidad de reanudar la temporada 2019/2020 al objeto de finalizar las competiciones.
14.      El 4 de mayo de 2020, la LPFP, el SJPF y la Associação Nacional de Treinadores de Futebol (Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol) celebraron un memorando de entendimiento sobre la duración de los contratos y de las relaciones deportivas. Este memorando hacía referencia, en particular, a la situación «atípica y excepcional» causada por la pandemia de COVID-19 y a la necesidad de mantener las competiciones sin dejar de respetar los principios de integridad y de mérito deportivo. En dicho memorando, se indicaba lo siguiente: i) la temporada 2019/2020 debía finalizar el día siguiente a aquel en el que se disputara el último partido oficial de las competiciones y ii) los contratos de trabajo celebrados entre los clubes y los jugadores que debían finalizar durante la temporada en curso se consideraban automáticamente prorrogados hasta el final de la temporada. Posteriormente, los términos del memorando se incorporaron en el CCT.
15.      El 26 de mayo de 2020, la Autoridade da Concorrência (Autoridad de Defensa de la Competencia, Portugal; en lo sucesivo, «AdC») adoptó una medida provisional mediante la que se suspendía, con carácter inmediato, durante un período de noventa días, el acuerdo de no contratación o fichaje de futbolistas de otros clubes de la primera y de la segunda división que rescindieran unilateralmente su contrato de trabajo (en lo sucesivo, «acuerdo controvertido»). El 2 de junio de 2020 la LPFP y los clubes en cuestión declararon estar conformes con la medida provisional.
16.      El 28 de abril de 2022, la AdC adoptó una decisión definitiva, mediante la que declaró que el acuerdo controvertido era contrario a la competencia por infringir el artículo 9 («Acuerdos, prácticas concertadas y decisiones de asociaciones de empresas») de la Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, que aprova o novo regime jurídico da concorrência (Ley n.º 19/2012, de 8 de mayo de 2012, por la que se aprueba el nuevo régimen jurídico de la competencia), y el artículo 101 TFUE e impuso sanciones económicas a las empresas implicadas.
17.      Veintiocho de estas empresas impugnaron la decisión de la AdC ante el Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunal de Competencia, Regulación y Supervisión). Así pues, en el marco de ese procedimiento, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar, en particular, si el acuerdo controvertido (9) está prohibido por el artículo 101 TFUE, apartado 1. Al albergar dudas en cuanto a la interpretación de dicha disposición, el citado órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«[1)]      ¿Constituye una norma de índole deportiva en el sentido de la jurisprudencia Meca-Medina […] un acuerdo [como el controvertido], en las circunstancias descritas en la presente petición de decisión prejudicial?
[2)]      A efectos de la jurisprudencia resultante de las sentencias [Wouters y Meca-Medina], ¿puede considerarse proporcionada y adecuada y, por ello, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 165 TFUE, compatible con el artículo 101 TFUE, apartado 1, una norma derivada de un acuerdo [como el controvertido], con las características, los objetivos y las circunstancias descritos en la presente petición de decisión prejudicial?
[3)]      ¿Se opone el artículo 101 TFUE, apartado 1, a una interpretación según la cual un acuerdo con las características, los objetivos y las circunstancias descritos en la presente petición de decisión prejudicial, [como el acuerdo controvertido], pueda calificarse como restricción de la competencia por el objeto, por presentar un grado de nocividad para la competencia suficiente?»
18.      Han presentado observaciones escritas en el presente procedimiento CD Tondela, Marítimo da Madeira, Vitória Sport Clube, Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica, la AdC, los Gobiernos griego, polaco y portugués y la Comisión Europea. CD Tondela, Marítimo da Madeira, Vitória Sport Clube, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica, la AdC, el Gobierno portugués y la Comisión también formularon observaciones orales en la vista, celebrada el 13 de febrero de 2025.
III. Análisis
19.      Mediante sus tres cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si un acuerdo como el acuerdo de no captación (acuerdo «no-poach»), por el que los principales clubes de fútbol de la primera y de la segunda división portuguesas pactaron no contratar, de los demás clubes, futbolistas profesionales que rescindieran unilateralmente su contrato de trabajo debido a cuestiones derivadas de la pandemia de COVID-19 o de cualquier decisión excepcional resultante de ella, en particular la ampliación de la temporada, puede i) calificarse como acuerdo de una asociación de empresas restrictivo de la competencia «por el objeto», en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, y ii) estar comprendido en el ámbito de aplicación de la jurisprudencia Meca-Medina.
20.      Comenzaré mi análisis por la tercera cuestión prejudicial (A), antes de abordar las cuestiones prejudiciales primera y segunda, que pueden examinarse conjuntamente (B).
A.      Sobre la tercera cuestión prejudicial
21.      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si debe considerarse que un acuerdo de no captación, celebrado durante la pandemia de COVID-19 por todos, o casi todos, los clubes de fútbol que participan en una liga nacional, en concierto con la asociación nacional de fútbol, con las características mencionadas en el punto 19 de las presentes conclusiones, da lugar a una restricción «por el objeto», en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1.
22.      Para responder a esta cuestión prejudicial precisaré, en primer lugar, el marco de análisis pertinente (1), antes de abordar las particularidades del tipo de acuerdo controvertido en el litigio principal (2).
1.      Marco de análisis bastante impreciso, que finalmente se clarifica
23.      El artículo 101 TFUE, apartado 1, prohíbe los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior.
24.      Hace tan solo algunos años, el Abogado General Bobek consideraba sorprendente que más de sesenta años después de la entrada en vigor del Tratado de Roma, un concepto clave del artículo 101 TFUE, apartado 1, fuera aún incierto y, por tanto, requiriera de interpretación por parte de los órganos jurisdiccionales de la Unión. (10) En efecto, resulta difícilmente cuestionable que, al menos hasta hace poco, el concepto de «restricción por el objeto» y la distinción entre este concepto y el de «restricción por el efecto» han sido bastante imprecisos. (11)
25.      Puede decirse que esto está más claro ahora, después de que el Tribunal de Justicia, reunido en Gran Sala, proporcionara, con sus sentencias ISU, Superleague y Royal Antwerp, una orientación clara al respecto. Lo hizo al consolidar, en gran medida, la jurisprudencia sobre este tema, bastante abundante, emanada de sus salas en años anteriores. En mi opinión, en dicha jurisprudencia subyacían tres consideraciones principales: i) evitar el formalismo en la definición de las restricciones «por el objeto», ii) garantizar una interpretación restrictiva de este concepto y iii) establecer una distinción clara entre las restricciones «por el objeto» y las restricciones «por el efecto». En las siguientes secciones comenzaré definiendo el concepto de restricciones «por el objeto» (a) y, a continuación, explicaré cómo deben establecerse dichas restricciones (b) y (c).
a)      Qué es una restricción «por el objeto»
26.      Actualmente es bien sabido que el concepto de «objeto» contrario a la competencia debe interpretarse de manera estricta. (12) Este concepto se refiere exclusivamente a ciertos tipos de coordinación entre empresas que revelen un grado de nocividad para la competencia suficiente para que se pueda considerar innecesario el examen de sus efectos. Determinadas formas de coordinación entre empresas pueden considerarse, en efecto, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia. (13)
27.      Sin embargo, la expresión «grado de nocividad suficiente» no debe entenderse como un umbral cuantitativo. (14) Como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia Superleague, entre los tipos de comportamiento que merecen la calificación de restricciones «por el objeto» no solo se encuentran ciertos comportamientos colusorios «particularmente nocivos para la competencia, como los cárteles horizontales que llevan a la fijación de precios, a la limitación de las capacidades de producción o al reparto de clientes», sino también otros tipos de comportamiento de los que, «sin ser necesariamente tan nocivos para la competencia, […] puede considerarse, en determinados casos, que tienen un objeto contrario a la competencia». (15) Este es el caso, en particular, de ciertos tipos de acuerdos horizontales diferentes de los cárteles(16) o de algunos tipos de acuerdos verticales. (17)
28.      Así pues, la expresión «grado de nocividad suficiente» debe entenderse referida a una característica cualitativa del acuerdo o de otro tipo de comportamiento colusorio. Para constituir una restricción «por el objeto», el acuerdo debe tener una lógica económica claramente contraria a la competencia. En otras palabras, debe quedar claro que, desde un punto de vista económico, la finalidad objetiva del acuerdo es contraria a los intereses consagrados en el artículo 101 TFUE. (18) Por este motivo, en tales situaciones, las autoridades pueden considerar que disponen de información suficiente para determinar que el comportamiento de que se trata infringe el artículo 101 TFUE, apartado 1, sin tener que proceder al examen del supuesto contrafáctico para determinar sus efectos en el mercado. (19)
29.      La lógica económica de un acuerdo no debe confundirse ni con el conocimiento de que se infringen las normas de competencia ni con la intención subjetiva de hacerlo por parte de las empresas de que se trate. (20)Ninguno de ellos constituye un factor decisivo a la hora de determinar la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, si bien, en caso de que se demuestren, pueden, naturalmente, tenerse en cuenta para apreciar el carácter contrario a la competencia del acuerdo. (21)
30.      Como se puso de manifiesto en la sentencia BIDS, las empresas de que se trate pueden actuar para perseguir un objetivo último que perciben como legítimo (en ese asunto, reducir el exceso de capacidad en el sector). Sin embargo, incluso una acción potencialmente bien intencionada carece de relevancia si el objeto y los medios de la cooperación acordada a tal efecto son, por su propia naturaleza, contrarios a la competencia (en dicho asunto, la adopción de un mecanismo destinado a fomentar la salida del mercado de empresas competidoras). (22)
31.      Esta interpretación del artículo 101 TFUE, apartado 1, tal como la entiendo, refleja, en cierta medida, la elección inicial de los redactores del Tratado, que pretendía prohibir tanto los acuerdos celebrados con la propia finalidad de restringir la competencia (restricciones «por el objeto») como aquellos que, aun habiéndose celebrado por otra razón, tenían, no obstante, efectos restrictivos de la competencia (restricciones «por el efecto»). (23) Por tanto, la interpretación actual se basa en este planteamiento inicial, habida cuenta del hecho evidente de que las empresas de que se trate suelen ser personas jurídicas y de que, por consiguiente, no siempre es realista, al tiempo que puede resultar bastante difícil, investigar sus intenciones (subjetivas).
32.      Además, si bien las sanciones que pueden imponer las autoridades están comprendidas en el «ámbito penal», en el sentido de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Derecho de la competencia de la Unión se aleja del núcleo duro del Derecho penal. (24) Al objeto de apreciar si las empresas son responsables de las infracciones, las autoridades no necesitan demostrar la existencia de un elemento psicológico del comportamiento contrario a la competencia, sino únicamente un elemento material.
b)      Cómo apreciar si existe una restricción «por el objeto» (I)
33.      El Tribunal de Justicia ha precisado que, para apreciar si un tipo de comportamiento determinado constituye una restricción «por el objeto», es preciso examinar tres aspectos: i) el contenido del acuerdo, ii) el contexto económico y jurídico en el que se inscribe y iii) los fines que persigue. (25)
34.      El examen del contenido del acuerdo, que, como es natural, constituye el punto de partida del análisis, se refiere al objeto de la colaboración establecida entre las empresas de que se trate o, en otras palabras, al mecanismo creado por ellas. Como ha declarado el Tribunal de Justicia, puede ser necesario «examinar sus diferentes aspectos para determinar si la concertación en cuestión presenta características que permiten vincularla a una forma de coordinación entre empresas que, por su propia naturaleza, deba considerarse perjudicial para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia». (26) En pocas palabras: ¿cómo funciona el acuerdo? ¿Corresponde a un tipo de comportamiento que, como es sabido, suele ser perjudicial?
35.      Por lo que respecta al contexto económico y jurídico en el que se inscribe el comportamiento en cuestión, el Tribunal de Justicia ha declarado que «debe tomarse en consideración la naturaleza de los bienes o servicios afectados, así como las condiciones reales que caracterizan el funcionamiento y la estructura de los sectores o mercados pertinentes». (27) Tanto los factores económicos (por ejemplo, la existencia de barreras a la entrada y a la expansión, la concentración del mercado, la fortaleza de los competidores, el poder compensatorio de proveedores y clientes, etc.) como los jurídicos (por ejemplo, la legislación aplicable, las normas relacionadas emanadas de organismos de autorregulación, la existencia de acuerdos similares en el mercado, que puedan producir efectos acumulativos, etc.) pueden ser pertinentes en este contexto. Ello dependerá principalmente de las circunstancias del caso concreto.
36.      Por ejemplo, es posible que «solo cuando se den determinadas condiciones particulares pueda presumirse que ciertas formas de coordinación […] son perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia». (28) Del mismo modo, es posible que, a pesar del carácter, por lo general, perjudicial, de un comportamiento concreto, en un determinado mercado sencillamente no exista competencia alguna que restringir. (29) En algunos casos, también puede ser necesario examinar de qué manera ha evolucionado a lo largo del tiempo el mercado de referencia para poder apreciar si una determinada práctica, aunque no fuera contraria a la competencia cuando se estableció por primera vez, puede haberse mantenido posteriormente con el fin de perseguir un objetivo contrario a la competencia. (30)
37.      Por lo que respecta a los fines perseguidos por el comportamiento en cuestión, que es el último elemento del análisis y, por razones evidentes, el más importante en este contexto, procede determinar los fines inmediatos y directos que dicho comportamiento pretende alcanzar sobre la competencia. (31) En otras palabras, las autoridades deben intentar identificar las principales razones económicas de la cooperación entre las empresas de que se trata. (32)
38.      Además, como se ha indicado en el punto 29 de las presentes conclusiones, aunque la intención subjetiva de las partes no constituye un elemento necesario a la hora de determinar el carácter restrictivo por el objeto de un acuerdo, este factor puede tenerse en cuenta cuando sea pertinente. Por ejemplo, no sería razonable no tener en cuenta documentos internos y otras pruebas que demuestren que el personal de las partes era consciente de la muy dudosa legalidad del comportamiento en cuestión y que realizó declaraciones marcadamente engañosas con el fin de inducir a error a las autoridades. (33)
39.      Dicho esto, la siguiente cuestión, de carácter más práctico, es cómo deben apreciarse en la práctica estos tres conjuntos de elementos con el fin de determinar si un comportamiento concreto tiene o no por objeto restringir la competencia.
40.      Una vez más, dependerá de las particularidades de cada caso. En mi opinión, según la jurisprudencia reciente, las autoridades pueden adoptar dos líneas de análisis principales.
c)      Cómo apreciar si existe una restricción «por el objeto» (II)
41.      Normalmente, cuando el acuerdo en cuestión parece pertenecer a una categoría de acuerdos cuyo carácter nocivo es notorio y admitido de manera general, suele adoptarse una primera línea de análisis más «tradicional». Son los casos, por ejemplo, de la fijación de precios, de la limitación de la producción y del reparto del mercado. En efecto, en estos supuestos, la experiencia, es decir, el análisis económico y la práctica administrativa y judicial pasada, confirma que los acuerdos son, por lo general, contrarios a la competencia. (34)
42.      Por consiguiente, cuando del examen del contenido de los acuerdos se desprende que, a primera vista, el acuerdo constituye (lo que a menudo se denomina) una «restricción manifiesta», (35) el examen del contexto económico y jurídico y de los fines del acuerdo no siempre tiene que ser muy detallado. (36) Para confirmar el carácter contrario a la competencia del acuerdo, las autoridades únicamente deben comprobar que no existan circunstancias particulares que pudieran suscitar dudas acerca del supuesto carácter nocivo del acuerdo de que se trate. (37) En otras palabras, las autoridades deben asegurarse de que la información recabada en el marco de su investigación, incluida la puesta en su conocimiento por las empresas afectadas, confirma que el acuerdo en cuestión también es, al igual que la mayoría de los acuerdos de la misma categoría, intrínsecamente contrario a la competencia. (38) Este tipo de análisis proporciona a las autoridades de competencia un marco procedimental claro, practicable y bien definido ante tipos de conducta que son manifiestamente perjudiciales, y permite reducir a dichas autoridades los costes administrativos, al tiempo que minimiza el riesgo de error. (39)
43.      Un segundo tipo de análisis se refiere a los acuerdos para los que no puede efectuarse una evaluación, a primera vista «segura», de su objeto, por ejemplo, porque presentan características originales significativas o porque parecen pertenecer a una categoría de acuerdos que, por lo general, no suele presentar problemas. En tales supuestos, las autoridades, normalmente, tendrán que efectuar un análisis más riguroso del contenido, del contexto y de los fines del acuerdo de que se trate a efectos de apreciar si su objeto es contrario a la competencia. En efecto, la jurisprudencia reciente, como la emanada de asuntos relativos a los acuerdos de retrasar la entrada en el mercado (denominados «pay-for-delay»), (40) demuestra que el objeto contrario a la competencia no queda necesariamente excluido por el hecho de que no exista una práctica administrativa o judicial previa en relación con un comportamiento similar.
44.      No obstante, también en estos casos, la experiencia puede contribuir a definir el verdadero objeto de un acuerdo que, a primera vista, puede parecer inocuo. El concepto de «experiencia» no puede entenderse en sentido estricto y estático. Lo que importa es que, gracias a unos métodos bien consolidados de análisis jurídico y económico, las autoridades tengan una comprensión clara del mecanismo jurídico creado por el acuerdo y un conocimiento de su probable impacto económico en el mercado. En efecto, es posible que un acuerdo, reducido a su esencia, oculte o equivalga, desde el punto de vista económico, a una restricción manifiesta o a otra práctica cuyo carácter nocivo resulte razonablemente evidente. (41)
45.      Además, la «experiencia» es un concepto que «implica una evolución a lo largo del tiempo, merced a los conocimientos y experiencias que van acumulando las autoridades administrativas y judiciales competentes, a la creación de instrumentos de análisis más complejos y al desarrollo del pensamiento económico». (42) Evidentemente, esta lógica funciona en ambos sentidos: la experiencia puede sacar ciertos tipos de comportamiento de la «caja de objetos», pero también puede introducir en ella otros nuevos.
46.      A continuación, retomaré, con estos principios como base, las cuestiones suscitadas por el acuerdo controvertido en el litigio principal.
2.      Acuerdos de no captación (acuerdos «no-poach») y «restricciones «por el objeto»
47.      De entrada, debo señalar que, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, el papel de este último se limita a la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión sobre las cuales se le pregunta —en el presente asunto, el artículo 101 TFUE, apartado 1—. Por tanto, no corresponde al Tribunal de Justicia, sino al órgano jurisdiccional remitente apreciar, en definitiva, si, habida cuenta de todos los datos pertinentes que caracterizan la situación del litigio principal y del contexto económico y jurídico en el que esta se inscribe, el acuerdo controvertido tiene por objeto restringir la competencia. Sin embargo, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse en el marco de una remisión prejudicial, puede aportar, sobre la base de la información de que disponga, precisiones destinadas a orientar al órgano jurisdiccional remitente en su interpretación para que este pueda resolver el litigio del que conoce. (43)
48.      A la luz de lo anterior, intentaré ayudar al Tribunal de Justicia a proporcionar orientaciones al órgano jurisdiccional remitente en relación con dos cuestiones principales: en primer lugar, si los acuerdos de no captación (o acuerdos «no-poach») pueden considerarse, por lo general, intrínsecamente contrarios a la competencia y, en segundo lugar, si las circunstancias específicas en torno a la celebración del acuerdo controvertido deben ser pertinentes a efectos de dicha apreciación.
a)      Potencial categoría de restricciones «por el objeto»
49.      De entrada, se puede afirmar que los acuerdos de no captación, es decir, aquellos mediante los cuales dos o más empresas se comprometen a no contratar ni captar trabajadores de las demás, reúnen, al menos cuando se celebran entre competidores reales y potenciales, y salvo que sean accesorios de una operación legítima que, en sí misma, no sea contraria a la competencia, todas las características para ser considerados, a primera vista, restrictivos de la competencia «por el objeto».
50.      Para empezar, parece bastante claro que un acuerdo de no captación puede considerarse una forma de reparto de una fuente de abastecimiento —en este caso, abastecimiento de mano de obra—, lo que está expresamente contemplado en el artículo 101 TFUE, apartado 1, letra c). Además, la práctica reciente de las autoridades (44) y órganos jurisdiccionales, (45) tanto en la Unión como en otros lugares, y la doctrina jurídica y económica (46) parecen ofrecer indicaciones suficientes y fiables para considerar que los acuerdos de no captación son, por lo general, nocivos para el funcionamiento normal de la competencia. En efecto, en la sentencia FIFA, el Tribunal de Justicia se refirió a comportamientos colusorios consistentes en limitar o controlar, en ciertos sectores o mercados, la «contratación de jugadores de talento» como una posible restricción por el objeto. (47)
51.      Estoy de acuerdo con este análisis. En lugar de competir para contratar a los mejores trabajadores, ofreciendo salarios más elevados o mejores condiciones y oportunidades laborales, las empresas en cuestión «bloquean» a sus trabajadores con un «efecto paralizante» de los términos de sus contratos. Las empresas más eficientes, que tienen el incentivo y la capacidad de contratar a los trabajadores que consideren más idóneos para sus necesidades, no podrán hacerlo cuando dichos trabajadores estén empleados por una de las otras partes en el acuerdo.
52.      Esto da lugar, de forma inevitable, a una asignación subóptima de los recursos humanos, a una pérdida de eficiencia o de innovación y, evidentemente, a salarios más bajos para los trabajadores. Es indudable que el mercado de insumos (el mercado de trabajo) se ve afectado negativamente y que, en consecuencia, el mercado de productos, constituido por los productos o los servicios ofrecidos por las empresas en cuestión, también puede verse afectado a menudo de manera similar.
53.      Por consiguiente, no tengo ninguna dificultad en concluir que, conforme a lo que sostienen, en particular, la AdC, el Gobierno portugués y la Comisión, la lógica económica de la mayoría de los acuerdos de no captación celebrados entre competidores es contraria a la competencia.
54.      Dicho esto, por las razones anteriormente expuestas, la conclusión de que un acuerdo determinado pertenece a una categoría de acuerdos que, por lo general, suelen ser restrictivos de la competencia, no constituye, en modo alguno, el final del análisis. Es preciso tomar en consideración el contenido, el contexto jurídico y económico y los fines del acuerdo de que se trate, para apreciar si existen circunstancias particulares que puedan poner en duda su carácter nocivo.
b)      Circunstancias particulares del litigio principal
55.      En mi opinión, en el presente asunto concurren varios elementos que parecen excluir el carácter intrínsecamente contrario a la competencia del acuerdo controvertido.
56.      De la resolución de remisión se desprende que los clubes de fútbol celebraron el acuerdo controvertido, con el apoyo de la asociación nacional de fútbol, durante la pandemia de COVID-19, con el fin de garantizar que la temporada 2019/2020 pudiera completarse, pese a la interrupción y los retrasos, sin comprometer la integridad y la equidad del campeonato.
57.      Me parece bastante evidente que, con diez partidos pendientes de jugar, de no existir ningún acuerdo como el controvertido en el presente asunto, habría sido bastante fácil para algunos equipos falsear el buen desarrollo del campeonato. En particular, mediante la contratación de los mejores jugadores de sus competidores más directos, entre aquellos cuyo contrato debía expirar o había sido rescindido unilateralmente, los clubes más ricos habrían podido reforzar sus propios equipos y debilitar, al mismo tiempo, a esos competidores. (48) Esto habría sido tanto más probable cuanto que la pandemia afectó de forma muy seria a las finanzas de los clubes de fútbol (49) y, por tanto, no resulta impensable que ello hubiera podido agravar las diferencias en el nivel de recursos entre los diferentes clubes, lo que habría repercutido a la hora de fichar nuevos jugadores.
58.      Creo que tal hecho habría menoscabado la credibilidad del campeonato en su conjunto ante, entre otros, los patrocinadores y los aficionados. Por consiguiente, la voluntad de los clubes de mantener las plantillas en esos últimos partidos lo más parecidas posible a las de la primera parte de la temporada es una medida conforme con el objetivo de garantizar la integridad y la equidad de la competición deportiva, cuyos resultados se basan en el mérito y no en la conveniencia. En la sentencia FIFA, el Tribunal de Justicia ya reconoció que «puede ser legítimo que [una asociación de fútbol] trate de garantizar hasta cierto punto la estabilidad de la composición de las plantillas de jugadores que sirven de reserva a los equipos formados por estos clubes durante una temporada determinada, prohibiendo, por ejemplo, […] la rescisión unilateral de contratos de trabajo en el transcurso de una temporada o incluso de un año concreto». (50) Me parece que tal constatación es también pertinente, mutatis mutandis, en el presente asunto. En la práctica, el acuerdo controvertido tenía por objeto retrasar, para determinados jugadores, el comienzo del período de inscripción, que, por razones evidentes, no suele empezar en fechas tan próximas al final del campeonato, (51) con el fin de ajustarlo al nuevo calendario del campeonato.
59.      A este respecto, añadiré que no me convence la alegación formulada por la AdC y por la Comisión en cuanto a la relativa similitud entre las normas examinadas en la sentencia FIFA, (52) cuyo objeto el Tribunal de Justicia consideró efectivamente contrario a la competencia, y el acuerdo de que se trata en el presente procedimiento. En el asunto que dio lugar a la sentencia FIFA, la normativa estaba redactada, en primer lugar, en «términos muy generales e imprecisos que se presta[ba]n a una aplicación discrecional y, por tanto, imprevisible y difícilmente controlable», (53) y a ser invocados de forma abusiva. (54) Cualquier infracción de dichas normas podía conducir, de forma prácticamente automática y sobre la base de simples presunciones, a la imposición de sanciones draconianas o de larga duración, (55) privando al jugador de «toda posibilidad de participar en el fútbol organizado» (56) y «[exponiendo] al nuevo club al riesgo de responder solidariamente del pago de una indemnización de un importe que puede ser muy elevado». (57) Como tales, dichas normas producían una «restricción generalizada y drástica de la competencia transfronteriza ejercida por los clubes […] [que se extendía,] desde un punto de vista geográfico, a la totalidad del territorio de la Unión y presenta[ba], en el plano temporal, un carácter permanente». (58)
60.      No veo cuáles son las características que ambos conjuntos de medidas tienen en común.
61.      Además, el acuerdo controvertido no tuvo un efecto comparable al producido por la medida examinada en el asunto que dio lugar a la sentencia Royal Antwerp. En dicho asunto, el Tribunal de Justicia confirmó, una vez más, que los acuerdos o las decisiones de asociaciones de empresas cuyo objeto sea «la compartimentación de los mercados con arreglo a las fronteras nacionales, que tiendan a restablecer la compartimentación de los mercados nacionales o que dificulten la interpenetración de los mercados nacionales pueden ser contrarios al objetivo de los Tratados UE y FUE de realización de la integración de los mercados mediante el establecimiento de un mercado interior y por esa razón deben considerarse, en principio, [acuerdos] que tienen por “objeto” restringir la competencia». (59) Tal efecto no puede identificarse en el caso de autos, puesto que las transferencias transfronterizas no se vieron afectadas por el acuerdo controvertido en ningún sentido.
62.      Por consiguiente, aunque el acuerdo controvertido introdujo ciertas restricciones a la capacidad competitiva de los clubes en relación con uno de los insumos esenciales de su actividad, como es el fichaje de jugadores, (60) en mi opinión, dadas las circunstancias excepcionales del asunto, y habida cuenta de su alcance limitado, difícilmente puede considerarse que el acuerdo sea intrínsecamente contrario a la competencia.
63.      En realidad, incluso cabe sostener que el acuerdo controvertido tenía un carácter favorable a la competencia. Las ligas deportivas no funcionan como los mercados de productos o de servicios al uso. El «mayor sueño» de cualquier club que juega en la liga no es expulsar del mercado a todos sus competidores y convertirse, de hecho, en un monopolio. Eso es algo materialmente imposible y carente de todo sentido económico. El número de clubes es estable y su rendimiento en el mercado (con aficionados, patrocinadores, locutores, etc.) requiere que se mantenga un cierto nivel de competitividad en la liga. (61) Por tanto, desde este punto de vista, no carece de sentido pensar que, en la medida en que el acuerdo controvertido contribuyó a garantizar una estructura competitiva adecuada en el seno de la liga hasta el final de la temporada, su lógica económica consistía en preservar y reforzar una competencia sana.
64.      Entiendo que el mercado pertinente en el que se enmarca el acuerdo controvertido es el de la transferencia de jugadores, puesto que la liga, en sí misma, no funciona como un mercado. Sin embargo, resulta evidente la interdependencia entre ambas: si la liga perdiera su integridad y competitividad, probablemente disminuiría el interés de los aficionados, patrocinadores y locutores, con la consecuencia de que el mercado de las transferencias de jugadores también se vería afectado, al reducirse las inversiones, dando lugar a una situación perjudicial para todos, los clubes y los jugadores.
65.      A este respecto, cuando en la vista se pidió a la Comisión que se pronunciara acerca de si, por las razones que acabo de exponer, podía considerarse que el acuerdo en cuestión tenía un carácter favorable a la competencia, aquella se limitó a mencionar los efectos restrictivos que, por lo general, producen los acuerdos de no captación, sin referirse a la lógica que subyace a dicho acuerdo concreto ni al contexto en el que este se inscribe. En su respuesta final en la vista, la Comisión llegó a indicar, en esencia, que no era necesario examinar el contexto, habida cuenta de que el acuerdo controvertido constituía una restricción «por el objeto».
66.      Discrepo de esta afirmación. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia no solo es constante al reiterar que el contexto siempre importa, (62) sino que en varias sentencias dictadas en los últimos años ha precisado que —como se explica en el punto 40 de las presentes conclusiones— un «análisis detallado» del contexto (así como del contenido y de los objetivos) puede resultar necesario cuando se trata de casos complejos. (63) Del mismo modo que, en ocasiones, el contexto puede hacer que un acuerdo que no está comprendido en la categoría de aquellos que suelen ser restrictivos sea considerado contrario a la competencia «por el objeto», tener en cuenta el contexto también puede producir el efecto contrario.
67.      Esto también explica por qué, en cierta medida, me sorprenden las reiteradas referencias en las observaciones orales de la AdC, del Gobierno portugués y de la Comisión al apartado de la sentencia Toshiba según el cual «el análisis del contexto económico y jurídico […] puede limitarse a lo que se manifieste estrictamente necesario para concluir que existe una restricción de la competencia por el objeto». (64) Parecen interpretar este apartado en el sentido de que permite a las autoridades realizar un análisis somero, cuando no superficial, del contexto en todas las circunstancias. Se trata de una interpretación manifiestamente errónea de la sentencia Toshiba. Las partes citadas hacen hincapié en los términos «limitarse» y «estrictamente», mientras que pasan por alto el término «necesario», al tiempo que ignoran la jurisprudencia mencionada en el apartado anterior.
68.      En mi opinión, el carácter contrario a la competencia del acuerdo controvertido en el presente asunto dista mucho de ser sencillo. En efecto, el contenido del acuerdo (su alcance limitado), el contexto de este (la pandemia de COVID-19) y el fin que persigue (garantizar la adecuada finalización de la temporada) evidencian que es necesaria una apreciación más detallada y exhaustiva del objeto contrario a la competencia (y, en su caso, del efecto) de dicho acuerdo.
69.      Así, cuando en la vista se instó a la AdC a que explicara cuál era el perjuicio causado, en la práctica, a los consumidores por el acuerdo controvertido, dicha Autoridad tuvo dificultades a la hora de dar una respuesta significativa. Se refirió a posibles cuestiones relativas a la imparcialidad del trato dispensado a los jugadores. Como se ha puesto de manifiesto en los puntos 49 a 53 de las presentes conclusiones, no me opongo, en principio, a que, en el marco del análisis de la competencia, se tomen en consideración las cuestiones en materia laboral y la forma en que la práctica empresarial puede afectar a dicho mercado. Sin embargo, el Derecho de la competencia y el Derecho laboral tienen fines distintos y se rigen por principios diferentes. De hecho, los contratos de trabajo celebrados entre los jugadores y sus clubes, por lo general, se rigen por el Derecho nacional. (65) En algunos países, para determinados deportes, también existen convenios colectivos sindicales. El Derecho de la Unión, incluido su Derecho de la competencia, es bastante respetuoso con las legislaciones y los convenios colectivos nacionales. (66) Por consiguiente, cuando se incoa un asunto en virtud del artículo 101 TFUE por un supuesto perjuicio causado a los trabajadores es preciso explicar de forma rigurosa la manera en que las cuestiones laborales interaccionan con las cuestiones de competencia. Debo decir que, en el presente asunto, esa interacción sigue sin estar clara, al igual que, en consecuencia, tampoco lo está la hipótesis concreta del perjuicio que subyace a la decisión adoptada por la AdC.
70.      No obstante, en último término, corresponde al órgano jurisdiccional nacional, tras realizar un riguroso examen del contenido, del contexto y de los fines del acuerdo controvertido, pronunciarse sobre todas las cuestiones analizadas.
71.      Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que un acuerdo de no captación (acuerdo «no-poach»), celebrado durante la pandemia de COVID-19 por clubes deportivos profesionales, en concierto con su asociación deportiva nacional, no debe calificarse como restrictivo por el objeto si su verdadera razón de ser es preservar la integridad y la equidad de la competición deportiva afectada por la pandemia.
IV.    Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda
72.      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que pueden examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si un acuerdo como el controvertido puede estar comprendido en el ámbito de aplicación de la jurisprudencia Meca-Medina y, por este motivo, considerarse compatible con el artículo 101 TFUE.
73.      Cabe recordar que esta es la corriente jurisprudencial del Tribunal de Justicia que, a partir del asunto que dio lugar a la sentencia Wouters, (67) se ha venido aplicando posteriormente a las actividades relacionadas con el deporte, primero en la sentencia Meca-Medina y, más recientemente, en las sentencias ISU, Superleague y Royal Antwerp, así como en otras posteriores. (68) En esencia, la jurisprudencia Meca-Medina precisa que los acuerdos que restringen la libertad de acción de las empresas de que se trate no están comprendidos en la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, cuando: i) están justificados por la persecución de uno o varios objetivos legítimos de interés general que no son, en sí mismos, contrarios a la competencia; ii) los medios específicos utilizados para alcanzar esos objetivos son realmente necesarios a tal fin; y iii) aunque esos medios tengan el efecto inherente de restringir o falsear, al menos potencialmente, la competencia, dicho efecto inherente no va más allá de lo necesario, en particular, eliminando toda competencia.
74.      En los puntos 21 a 53 de mis conclusiones en el asunto ROGON, he examinado detalladamente el origen, la lógica y el alcance de esa jurisprudencia. En aras de la economía procesal, remito a los lectores a dichos puntos. A la luz de las consideraciones que allí se exponen, examinaré a continuación la aplicabilidad de la jurisprudencia Meca-Medina a un acuerdo como el controvertido en el presente asunto. No obstante, la decisión final a este respecto corresponderá, una vez más, al órgano jurisdiccional nacional.
75.      De entrada, debo señalar que, en caso de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión, contrariamente a mi análisis preliminar, de que el acuerdo controvertido es restrictivo de la competencia por el objeto, la citada jurisprudencia no sería aplicable. Por tanto, el análisis que sigue se basa en la hipótesis de que el examen final del acuerdo controvertido por parte del órgano jurisdiccional remitente confirmará que dicho acuerdo no persigue un objeto contrario a la competencia.
76.      Como se desprende del punto 70 de las presentes conclusiones, el criterio desarrollado por el Tribunal de Justicia en la jurisprudencia Meca-Medina se compone esencialmente de tres etapas sucesivas de un análisis que, una vez más, no puede efectuarse de manera abstracta, sino que siempre debe tener en cuenta el comportamiento de que se trate a la luz de su contexto económico y jurídico. (69)
77.      En primer lugar, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si el acuerdo controvertido está justificado por la persecución de uno o varios objetivos legítimos de interés general que, en sí mismos, no son contrarios a la competencia. Habiéndose determinado ya que un acuerdo como el controvertido no tiene un objeto contrario a la competencia, aún quedan por comprobar los siguientes elementos: si el objetivo perseguido era merecedor de protección con arreglo al Derecho de la Unión y si los sujetos que celebraron dicho acuerdo estaban legitimados para actuar. En mi opinión, y con carácter preliminar, ambas cuestiones deben recibir una respuesta afirmativa.
78.      Para empezar, en virtud del artículo 165 TFUE, apartado 2, la Unión reconoce y promueve «la equidad y la apertura en las competiciones deportivas». (70) En efecto, antes incluso de la introducción de esta disposición por el Tratado de Lisboa, el Tribunal de Justicia había reconocido expresamente el interés general vinculado a estos valores. (71) La jurisprudencia reciente ha confirmado inequívocamente que «es legítimo someter la organización y el desarrollo de las competiciones internacionales de fútbol profesional a normas comunes destinadas a […] promover, de forma adecuada y efectiva, la celebración de competiciones deportivas basadas en la igualdad de oportunidades y en el mérito». (72)
79.      Más concretamente, en la sentencia FIFA, el Tribunal de Justicia precisó que: i) «el objetivo de garantizar la regularidad de las competiciones deportivas constituye un objetivo legítimo de interés general que puede ser perseguido por una asociación deportiva, por ejemplo, mediante la adopción de normas por las que se fijen los plazos para la transferencia de jugadores al objeto de evitar transferencias tardías que puedan modificar sensiblemente el valor deportivo de un equipo concreto durante el campeonato, poniendo así en situación comprometida la comparabilidad de los resultados entre los diferentes equipos que compiten en tal campeonato y, por consiguiente, el buen desarrollo del campeonato en su conjunto», y ii) «el mantenimiento de un cierto grado de estabilidad en [las] plantillas y, por tanto, de una cierta continuidad en los contratos correspondientes debe considerarse […] una de las formas posibles de contribuir a la persecución del objetivo legítimo de interés general de garantizar la regularidad de las competiciones de fútbol entre clubes». (73)
80.      Además, a las asociaciones deportivas nacionales, como la LPFP, que ayudó y colaboró con los clubes que celebraron el acuerdo controvertido, se les ha reconocido sistemáticamente que tienen tanto una «responsabilidad primordial en la conducción de las cuestiones deportivas», gozando a tal efecto de un margen de apreciación para «organizar y promover su disciplina», (74) como la condición de interlocutores de las autoridades nacionales y de la Unión Europea en materia deportiva. (75) Así lo ha reconocido expresamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (76)
81.      En segundo lugar, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si los medios específicos utilizados para alcanzar el objetivo de que se trata son realmente necesarios
a tal fin. En mi opinión, este criterio de «necesidad» obliga al órgano jurisdiccional remitente a examinar principalmente tres aspectos que están íntimamente relacionados, a saber, si el acuerdo controvertido i) se celebró en respuesta a una necesidad objetiva de alcanzar el objetivo en cuestión; ii) respondía realmente al empeño de garantizar la consecución de ese objetivo de forma coherente, y iii) era adecuado para alcanzarlo, en el sentido de que parecía idóneo para contribuir eficazmente a su consecución.
82.      Una vez más, debo decir que, sobre la base de la información que obra en autos, es probable que también deba darse una respuesta afirmativa a estas tres cuestiones. El carácter excepcional de la pandemia de COVID-19 dio lugar a un grave riesgo de que los clubes no pudieran finalizar la temporada de fútbol 2019/2020 o de que, al menos, no se pudiera garantizar la integridad y la equidad de su parte final. Me parece difícilmente discutible que «había que hacer algo», por parte de los equipos y de las asociaciones de fútbol, para «salvar lo que pudiera salvarse» en unas circunstancias tan inciertas y carentes de precedentes.
83.      Como ya he explicado en los puntos 57, 58, 63 y 64 de las presentes conclusiones, el acuerdo controvertido parece estar motivado por el auténtico deseo de los clubes de fútbol y de la asociación nacional de lograr un final de temporada equitativo y ordenado asegurándose de mantener inalterada la estructura competitiva del campeonato.
84.      En este contexto, quisiera subrayar que la expresión «necesidad real» que contiene el criterio establecido en la sentencia Meca-Medina no puede interpretarse en el sentido de conditio sine qua non para alcanzar el objetivo en cuestión. Como he explicado en los puntos 41 a 45 de mis conclusiones en el asunto ROGON, los organismos reguladores afectados deben disponer, necesariamente, de cierto margen de apreciación a la hora de elegir las medidas que consideren adecuadas para proteger mejor los intereses que están en juego. Por poner solo un ejemplo, la prohibición impuesta a los abogados de ejercer la abogacía en colaboración integrada con los auditores, controvertida en el asunto que dio lugar a la sentencia Wouters, no puede considerarse absolutamente esencial e indispensable para garantizar la «honorabilidad y competencia a los usuarios finales de los servicios jurídicos y a la buena administración de justicia». (77) La palabra clave en este contexto es «razonable»: ¿podían las partes de que se trata considerar, de forma razonable, que la medida en cuestión contribuiría de manera significativa a la consecución del objetivo declarado, cuando cualquier medida menos restrictiva de la competencia no sería igualmente eficaz?
85.      Como he explicado más detalladamente en los puntos 35 a 37 de mis conclusiones en el asunto ROGON, soy consciente de que el término «razonable», que figura en la sentencia Wouters, no aparece en las sentencias ISU, Superleague y Royal Antwerp. Sin embargo, en el apartado 197 de la sentencia Superleague, el Tribunal de Justicia simplemente expresó ese concepto de otra manera. En dicho apartado, el Tribunal de Justicia indicó que, al apreciar el requisito de la necesidad de la medida en cuestión, los órganos jurisdiccionales nacionales y los de la Unión deben determinar si «los incrementos de eficiencia que se esperan […] pueden alcanzarse a través de medidas menos restrictivas para la competencia», pero no pueden evaluar las diferentes medidas disponibles «siguiendo un criterio de oportunidad».
86.      En tercer y último lugar, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si los efectos del acuerdo controvertido van más allá de lo necesario para alcanzar su objetivo, en particular, mediante la eliminación de toda competencia. Como ya se ha explicado, el acuerdo controvertido afectaba únicamente a uno de los parámetros en el que los clubes compiten, a saber, el fichaje de nuevos jugadores, y solo para algunos de ellos y durante un breve período de tiempo, sin afectar, por tanto, a la competición entre clubes por lo que se refiere a cualquier otro aspecto. Esto significa, en mi opinión, que dicho acuerdo no elimina toda competencia en el mercado o mercados de que se trata.
87.      Por consiguiente, parece existir una cuestión principal sobre la que, en este contexto, el órgano jurisdiccional remitente debe centrar su atención: si existían otras medidas que, si bien eran igual de adecuadas para alcanzar el fin perseguido, eran, también, menos restrictivas para la competencia. Se trata, en efecto, de una cuestión ante la que el órgano jurisdiccional remitente se encuentra, sin duda, mejor situado para pronunciarse, ya que exige tener en cuenta diversos elementos de hecho y de Derecho. Sin embargo, me parece que existen ciertas particularidades del acuerdo controvertido, o del contexto en el que se celebró, que revisten una especial importancia.
88.      En primer término, el ámbito de aplicación geográfico y personal del acuerdo controvertido es limitado: los jugadores contratados por los clubes de fútbol portugueses de la primera y de la segunda división que eran parte en el acuerdo, cuyos contratos expiraron o fueron rescindidos unilateralmente durante la pandemia de COVID-19. Los clubes seguían teniendo libertad para fichar, por ejemplo, a jugadores procedentes de clubes que jugaran fuera de Portugal o de divisiones portuguesas inferiores. El acuerdo también presentaba un alcance bastante limitado ratione temporis, ya que solo era aplicable durante el período necesario para finalizar la temporada 2019/2020 y dejaba de producir efectos a partir del día siguiente al último partido de dicha temporada.
89.      En segundo término, habida cuenta de la urgencia del asunto, así como de la incertidumbre y de la complejidad de la situación, al apreciar la existencia de medidas alternativas —extremo este que corresponde indicar a la AdC—, el órgano jurisdiccional remitente únicamente debería tener en cuenta aquellas que estaban razonablemente disponibles y eran relativamente sencillas en su configuración y aplicación. Naturalmente, se trata de un período en el que no era concebible elaborar estudios o informes detallados ni experimentar. Después de todo, ni siquiera era posible celebrar reuniones presenciales y las plataformas en línea no eran, ciertamente, la manera más eficaz de mantener debates largos y complejos.
90.      En este contexto, tampoco se debe soslayar el hecho de que, unas semanas antes de la celebración del acuerdo controvertido, la Red Europea de Competencia emitió una declaración conjunta en la que reconocía la posible necesidad de cooperación entre empresas. (78) Ello podría corroborar la tesis de que los clubes de fútbol y la asociación nacional podían considerar razonablemente que, durante ese período, era necesario, con carácter excepcional, un cierto grado de cooperación en aspectos sobre los que, de otro modo, habrían tenido una competencia feroz.
91.      En tercer término, el impacto del acuerdo controvertido en la actividad económica de los futbolistas de que se trata parece ser relativamente menor. Tenían libertad para fichar por equipos fuera de Portugal en cualquier momento, así como por cualquier equipo en Portugal desde el día siguiente al último partido de la temporada. Habida cuenta de la recomendación de la FIFA a las asociaciones nacionales de fútbol en el sentido de cambiar las fechas de los períodos de inscripción de los jugadores, (79) me parece que los jugadores difícilmente pueden alegar haber perdido oportunidades significativas de nuevos contratos debido al acuerdo controvertido. Además, dicho acuerdo no afectó unilateralmente, ni evidentemente podía hacerlo, a la duración legal del contrato de los jugadores, habida cuenta de que cualquier prórroga del contrato (y, en su caso, cualquier remuneración adicional) debía acordarse entre el club y el jugador afectado. Por tanto, los jugadores eran libres de negociar y de rechazar las ofertas que considerasen poco atractivas, al tiempo que podían valorar las posibilidades que ofrecían otras ligas de fútbol.
92.      Aunque el acuerdo pudo inducir a los jugadores a aceptar ofertas inferiores a las que hubieran deseado, la alternativa a su disposición (a saber, el régimen temporal de desempleo adoptado por el Gobierno portugués durante la pandemia) era, a mi entender, mucho menos favorable para ellos desde el punto de vista económico.
93.      Por tanto, considero, con carácter preliminar, que el acuerdo controvertido se concibió de manera a limitar, en la mayor medida posible, la incidencia sobre la competencia entre los clubes de que se trata y que resulta difícil identificar medidas alternativas que fueran igualmente eficaces y menos restrictivas. Habida cuenta, asimismo, de la posición manifestada por la Red Europea de Competencia, cabe sostener que, en aquel momento, los clubes de fútbol y la asociación nacional podían considerar, razonablemente, que la restricción de la competencia causada por el acuerdo controvertido era necesaria para la consecución de un objetivo legítimo de interés general y era proporcionada a dicho objetivo.
94.      A la luz del conjunto de consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que un acuerdo de no captación como el controvertido en el litigio principal está comprendido en el ámbito de aplicación de la jurisprudencia Meca-Medina, siempre que, en particular, pretenda verdaderamente garantizar la integridad y la equidad de la competición deportiva y sea necesario y proporcionado a ese objetivo.
V.      Conclusión
95.      En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunal de Competencia, Regulación y Supervisión, Portugal) del siguiente modo:
«El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que un acuerdo de no captación (acuerdo “no-poach”), celebrado durante la pandemia de COVID-19 por clubes deportivos profesionales, en concierto con su asociación deportiva nacional,
–        no debe calificarse como restrictivo por el objeto si su verdadera razón de ser es preservar la integridad y la equidad de la competición deportiva afectada por la pandemia y
–        está comprendido en el ámbito de aplicación de la jurisprudencia Meca-Medina, siempre que, en particular, pretenda verdaderamente garantizar la integridad y la equidad de la competición deportiva y sea necesario y proporcionado a ese objetivo.»
1      Lengua original: inglés.
2      Sentencia de 21 de diciembre de 2023, International Skating Union/Comisión (C‑124/21 P, en lo sucesivo, «sentencia ISU», EU:C:2023:1012).
3      Sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company (C‑333/21, en lo sucesivo, «sentencia Superleague», EU:C:2023:1011).
4      Sentencia de 21 de diciembre de 2023, Royal Antwerp Football Club (C‑680/21, en lo sucesivo, «sentencia Royal Antwerp», EU:C:2023:1010).
5      Sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA (C‑650/22, en lo sucesivo, «sentencia FIFA», EU:C:2024:824).
6      En referencia a la sentencia de 18 de julio de 2006, Meca-Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, en lo sucesivo, «sentencia Meca-Medina», EU:C:2006:492).
7      C‑209/23 (en lo sucesivo, «conclusiones en el asunto RRC Sports»).
8      C‑428/23 (en lo sucesivo, «conclusiones en el asunto ROGON»).
9      En las cuestiones prejudiciales, se hace referencia al acuerdo controvertido como «el acuerdo celebrado por vía telemática a través de las plataformas Zoom o Microsoft Teams el 7 de abril de 2020 por todas las sociedades deportivas de fútbol profesional de primera división y al que se adhirieron por la misma vía al día siguiente la mayoría de las sociedades deportivas de fútbol profesional de segunda división de un Estado miembro, en ambos casos con la connivencia de la asociación que, en dicho Estado miembro, tiene por objeto garantizar y regular las actividades del fútbol profesional, en virtud del cual pactaron no contratar entre ellas jugadores de fútbol profesional de esas divisiones que rescindieran unilateralmente su contrato de trabajo debido a cuestiones derivadas de la pandemia de COVID-19 o de cualquier decisión excepcional resultante de ella, en particular la ampliación de la temporada deportiva».
10      Conclusiones presentadas en el asunto Budapest Bank y otros (C‑228/18, en lo sucesivo, «conclusiones en el asunto Budapest Bank», EU:C:2019:678), punto 1.
11      Véanse, por ejemplo, Kovar, J‑P., y Kovar, R., «L’objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE: Un objet difficile à identifier», Concurrences, n.º 1‑2016, art. n.º 77266, p. 48, e Idot, L., «La distinction restriction de concurrence par objet / restriction de concurrence par effet et l’article 101 TFUE: Un sujet de disputatio», Concurrences, n.º 3‑2017, art. n.º 93464, p. 1.
12      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 11 de septiembre de 2014 CB/Comisión (C‑67/13 P, en lo sucesivo, «sentencia CB», EU:C:2014:2204), apartado 58; de 2 de abril de 2020, Budapest Bank y otros (C‑228/18, en lo sucesivo, «sentencia Budapest Bank», EU:C:2020:265), apartado 54, y de 30 de enero de 2020, Generics (UK) y otros (C‑307/18, en lo sucesivo, «sentencia Generics», EU:C:2020:52), apartado 67.
13      Véase la sentencia Superleague, apartados 161 y 162.
14      En similar sentido, véase Ibáñez Colomo, P., «Restrictions by object under Article 101(1) TFEU: From dark art to administrable Framework», Yearbook of European Law, 2024, 00, pp. 1 a 37.
15      Véase la sentencia Superleague, apartados 163 y 164.
16      Ibidem.
17      Véase, en particular, la sentencia de 29 de junio de 2023, Super Bock Bebidas (C‑211/22, EU:C:2023:529).
18      Véanse, en otras palabras, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Generics (UK) y otros (C‑307/18, en lo sucesivo, «conclusiones en el asunto Generics», EU:C:2020:28), punto 163.
19      Véase, en este sentido, la sentencia de 25 de marzo de 2021, Lundbeck/Comisión (C‑591/16 P, en lo sucesivo, «sentencia Lundbeck», EU:C:2021:243), apartados 139 a 143.
20      Véanse mis conclusiones en el asunto HSBC Holdings y otros/Comisión (C‑883/19 P, EU:C:2022:384), punto 85.
21      Véase la sentencia Superleague, apartado 167. Añadiré también, de paso, que la mera intención de restringir la competencia es, en sí misma, insuficiente para determinar que existe una restricción. Piénsese, por ejemplo, en un acuerdo que sea manifiestamente incapaz de restringir la competencia. Véanse, en este sentido, la sentencia CB, apartado 54, y las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto CB/Comisión (C‑67/13 P, en lo sucesivo, «conclusiones en el asunto CB», EU:C:2014:1958), punto 107.
22      Sentencia de 20 de noviembre de 2008, Beef Industry Development Society y Barry Brothers (C‑209/07, en lo sucesivo, «sentencia BIDS», EU:C:2008:643).
23      Véase, en particular, Frumento, A., «Le regole di concorrenza fra imprese industriali nella Comunità economica europea», Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, 1958, n.º 1, p. 10; Joliet, R., «La légalité des clauses de fidélité d’approvisionnement au regard de l’article 85 du Traité de Rome», Revue Critique de Jurisprudence Belge, 1968, p. 157, y, más recientemente y con referencias adicionales, Petit, N., «La rationalisation au long cours de la restriction de concurrence par “objet” dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne», AJCA, 2015, p. 422 y 423.
24      Véanse las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto KME Germany y otros/Comisión (C‑272/09 P, EU:C:2011:63), punto 67, en relación con el paradigmático asunto Jussila del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, sentencia de 23 de noviembre de 2006, Jussila c. Finlandia, CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 43).
25      Véase la sentencia Superleague, apartado 165.
26      Véase, por ejemplo, la sentencia de 29 de julio de 2024, Banco BPN/BIC Português y otros (C‑298/22, en lo sucesivo, «sentencia BPN», EU:C:2024:638), apartado 45 y jurisprudencia citada.
27      Véase, en particular, la sentencia Superleague, apartado 166.
28      Véase la sentencia BPN, apartado 48.
29      Véanse, por ejemplo, las conclusiones en el asunto Generics, punto 57 y jurisprudencia citada. Véase, asimismo, en la doctrina, Odudu, O., «The object/effect distinction», en Charbit, N., y Ahmad, S. (eds.), Richard Whish QC (Hon) Liber Amicorum: Taking Competition Law Outside The Box, Concurrences, 2020, p. 112 y ss.
30      Véanse las conclusiones en el asunto Budapest Bank, punto 61. Véase, asimismo, en la doctrina, Dekeyser, K., et al. (eds.), Regulation 1/2003 and EU Antitrust Enforcement — A Systematic Guide, Wolters Kluwer, 2023, p. 85.
31      Véase la sentencia Superleague, apartado 167.
32      Véase la sentencia BPN, apartado 56.
33      Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, AstraZeneca/Comisión (C‑457/10 P, EU:C:2012:770), apartados 79 a 99.
34      Véase, en particular, la sentencia Budapest Bank, apartados 76 y 79. Véanse, asimismo, las conclusiones en el asunto CB, punto 79, y en el asunto Budapest Bank, puntos 65 a 72. Sobre la importancia de la experiencia, véase, en la doctrina, Bailey, D., «Restrictions of competition by object under Article 101 TFEU», Common Market Law Review, vol. 49, n.º 2, 2012, pp. 562 a 566.
35      Con esta expresión me refiero a aquellos comportamientos que, para las empresas en cuestión, no tienen otro interés económico que el de restringir la competencia.
36      Véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2016, Toshiba Corporation/Comisión (C‑373/14 P, en lo sucesivo, «sentencia Toshiba», EU:C:2016:26), apartado 29. Abordaré esta sentencia más adelante, en los puntos 66 y 67 de las presentes conclusiones.
37      Véanse las conclusiones en el asunto Budapest Bank, puntos 41 y 48, en las que el Abogado General Bobek hablaba de un «análisis en dos fases». En la doctrina, Peeperkorn, L., «Defining restrictions “by object”», Concurrences, n.º 3‑2015, art. n.º 74812, pp. 43 y 50, se refiere, mutatis mutandis, a un «análisis a dos niveles».
38      Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros (C‑403/08 y C‑429/08, EU:C:2011:631), apartado 143.
39      Véanse, a tal efecto, las conclusiones en el asunto CB, punto 53. En la doctrina, véase, por ejemplo, Jones, A., «Left behind by modernisation? Restrictions by object under Article 101(1)», European Competition Journal, vol. 6, n.º 3, 2010, p. 655.
40      Véanse, en particular, las sentencias Generics, apartado 76, y Lundbeck, apartados 129 a 132, y la sentencia de 27 de junio de 2024, Servier y otros/Comisión (C‑201/19 P, EU:C:2024:552), apartado 144. Véanse, asimismo, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Lundbeck/Comisión (C‑591/16 P, EU:C:2020:428), puntos 155 a 157.
41      Véanse, por ejemplo, la sentencia Generics, apartado 77, y las conclusiones en el asunto Generics, punto 163. Véase, asimismo, Dekeyser, K., et al. (eds.), nota 30, op. cit, p. 84.
42      Conclusiones en el asunto Budapest Bank, punto 67.
43      Véase, en particular, la sentencia de 25 de enero de 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71), apartado 26 y jurisprudencia citada. Véanse también mis conclusiones en el asunto RRC Sports, puntos 36 a 38.
44      Véase United States Department of Justice and the Federal Trade Commission: «Antitrust guidelines for business activities affecting workers», enero de 2025 (que sustituye a la versión anterior de octubre de 2016), y Comisión Europea, Competition Policy Brief, «Antitrust in labour markets», mayo de 2024.
45      Véase la jurisprudencia citada en Polden, D. J., «No-poach agreements: An overview of US, EU, and national case law», 1 de febrero de 2024, e-Competitions, art. n.º 116824, y en Posner, E. A., y Volpin, C., «No-poach agreements: An overview of EU and national case law», 4 de mayo de 2023, e-Competitions, art. n.º 112194. Por lo que respecta a los órganos jurisdiccionales de la Unión, véanse, por ejemplo, las recientes conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto FIFA (C‑650/22, en lo sucesivo, «conclusiones en el asunto FIFA», EU:C:2024:375), punto 34.
46      Véanse, en particular, Hovenkamp, H., y Areeda, P. E., Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application, apartado 352 (última actualización de septiembre de 2024), Kluwer, 2024; Posner, E. A., «Enforcement of US antitrust law in labor markets», Journal of Antitrust Enforcement, vol. 11, n.º 2, 2023, p. 259 (y los trabajos de los economistas citados en la nota 11 de este artículo), y Stuzt, R. M., «The evolving antitrust treatment of labor-market restraints: From theory to practice», American Antitrust Institute, 31 de julio de 2018.
47      Apartado 129 de la sentencia FIFA, que remite a los apartados 107, 109 y 110 de la sentencia Royal Antwerp.
48      Véase, en el mismo sentido, la sentencia de 13 de abril de 2000, Lehtonen y Castors Braine (C‑176/96, en lo sucesivo, «sentencia Lehtonen», EU:C:2000:201;), apartado 55: «los equipos admitidos a participar en los partidos de play-off o designados para disputar los partidos de play-out podrían aprovecharse de las transferencias tardías de jugadores para reforzar su plantilla con vistas a la fase final del campeonato, o incluso con ocasión de un único encuentro decisivo».
49      Véase, por ejemplo, Comisión Europea, Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, ECORYS y SportsEconAustria, Mapping study on measuring the economic impact of COVID-19 on the sport sector in the EU: final report, Publications Office of the European Union, Luxemburgo, 2020, punto 2.3.
50      Véanse los apartados 143 y 144 de dicha sentencia.
51      Véase, una vez más, la sentencia Lehtonen, apartado 54: «las transferencias tardías de jugadores pueden modificar sensiblemente el valor deportivo de un equipo concreto durante el campeonato, poniendo así en situación comprometida la comparabilidad de los resultados entre los diferentes equipos que compiten en el mismo y, por consiguiente, el buen desarrollo del campeonato en su conjunto».
52      Estas normas, que figuran en el Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, versaban sobre las relaciones contractuales entre jugadores y clubes, y se referían a la indemnización, a las sanciones deportivas y a la expedición de un certificado de transferencia internacional obligatorio, en casos de presunta resolución del contrato sin motivo justificado.
53      Sentencia FIFA, apartados 135 y 139.
54      Ibidem., apartado 141.
55      Véanse las conclusiones en el asunto FIFA (C‑650/22, EU:C:2024:375), punto 53.
56      Véase el apartado 136 de la sentencia FIFA.
57      Ibidem, apartados 137 y 139.
58      Ibidem, apartados 138 y 140.
59      Véase la sentencia Royal Antwerp, apartados 95 y 96; el subrayado es mío.
60      Véanse, en este sentido, las sentencias FIFA, apartado 107, y Royal Antwerp, apartado 107.
61      En este mismo sentido se expresan las conclusiones del Abogado General Lenz presentadas en el asunto Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:293), puntos 227 y 270, y del Abogado General Rantos presentadas en el asunto European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2022:993), punto 166. En la doctrina, véase, por ejemplo, Siekmann, R., «The specificity of sport: Sporting exceptions in EU law», The International Sports Law Journal, 2011, p. 697.
62      Véanse la jurisprudencia citada anteriormente, en los puntos 33 a 38 de las presentes conclusiones, y la jurisprudencia citada en los puntos 23 y 27 de mis conclusiones en el asunto ROGON.
63      Véanse la sentencia Lundbeck, apartado 131, y la sentencia de 27 de junio de 2024, Servier y otros/Comisión (C‑201/19 P, EU:C:2024:552), apartados 87, 144, 277 y 292. Véanse también, en este sentido, la sentencia Generics, apartados 84 y 85, y las conclusiones del Abogado General Wathelet presentadas en el asunto Toshiba Corporation/Comisión (C‑373/14 P, EU:C:2015:427), punto 74.
64      Apartado 29 de dicha sentencia; el subrayado es mío.
65      Véase, a este respecto, O’Leary, L., «Professional Team sports and collective labour law in the European Union», en Anderson, J., Parrish, R., y García, B. (eds.), Research Handbook on EU Sports Law and Policy, Edward Elgar Publishing, 2018, p. 410.
66      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 21 de septiembre de 1999, Albany (C‑67/96, EU:C:1999:430), y de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media (C‑413/13, EU:C:2014:2411).
67      Sentencia de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, en lo sucesivo, «sentencia Wouters», EU:C:2002:98).
68      Véanse las sentencias de 18 de enero de 2024, Lietuvos notarų rūmai y otros (C‑128/21, EU:C:2024:49), apartados 97 a 105, y de 25 de enero de 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71), apartados 21 a 35 y 42 a 54.
69      Véase la sentencia Meca-Medina, apartado 42.
70      Sobre esta cuestión, véanse mis conclusiones en el asunto RRC Sports, puntos 32, 33 y 71.
71      Véase, por ejemplo, la sentencia Meca-Medina, apartado 43.
72      Véase la sentencia Superleague, apartado 144.
73      Apartados 100 y 102 de la sentencia FIFA. Véanse también las conclusiones en el asunto FIFA, puntos 61 y 62 y jurisprudencia citada.
74      Véanse, en particular, la Declaración del Consejo Europeo relativa a las características específicas del deporte y a su función social en Europa, que deben tenerse en cuenta al aplicar las políticas comunes, de diciembre de 2000, el Libro Blanco sobre el Deporte de la Comisión Europea, de 11 de julio de 2007 [COM(2007) 391 final], y la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2021, sobre la política de deportes de la UE: evaluación y posibles vías de actuación [2021/2058(INI)] (DO 2022, C 224, p. 2).
75      Véase, a este respecto, la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativa al Plan de Trabajo de la Unión Europea para el Deporte (1 de enero de 2021‑30 de junio de 2024) (DO 2020, C 419, p. 1).
76      Véase, por ejemplo, la sentencia de 11 de abril de 2000, Deliège (C‑51/96 y C‑191/97, EU:C:2000:199), apartados 67 y 68.
77      Apartado 97 de dicha sentencia.
78      Véase el punto 12 de las presentes conclusiones. Posteriormente, la Comisión expresó la misma idea en el punto 3 de su Comunicación — Marco temporal para evaluar cuestiones de defensa de la competencia relacionadas con la cooperación empresarial en respuesta a las situaciones de urgencia ocasionadas por el actual brote de COVID-19 (DO 2020, C 116 I, p. 7), publicada tan solo un día después de la celebración del acuerdo controvertido.
79      Véase el punto 11 de las presentes conclusiones.