62020CC0675
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 7 de abril de 2022 (
1
)
Asunto C‑675/20 P
Colin Brown
contra
Comisión Europea
y
Consejo de la Unión Europea
«Recurso de casación — Función pública — Artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto — Indemnización por expatriación — Criterios — Adquisición de la nacionalidad del lugar de destino tras la entrada en servicio — Denegación por la Comisión del derecho a la indemnización por expatriación»
I. Introducción
1.
Para ejercer su actividad en la Unión Europea, sus funcionarios deben a menudo abandonar su Estado miembro de origen y establecer su residencia en el Estado miembro de destino. Para compensar los inconvenientes que esto acarrea y permitir seleccionar a nacionales de Estados miembros de la Unión sobre una base geográfica lo más amplia posible, el legislador de la Unión creó la indemnización por expatriación, cuyos requisitos se establecen en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»). (
2
)
2.
A tenor de esta disposición, gozan del derecho a la indemnización por expatriación, por un lado, los funcionarios que no tengan la nacionalidad de su lugar de destino y que no hayan residido de forma habitual en ese lugar en los cinco años anteriores a su entrada en servicio [letra a)]. Por otro lado, perciben la indemnización por expatriación los funcionarios que, pese a tener la nacionalidad de su lugar de destino, no hayan residido en dicho lugar, ni siquiera durante un breve período, en los diez años anteriores a su entrada en servicio [letra b)].
3.
¿Qué sucede, no obstante, en el caso de un funcionario que no poseía la nacionalidad de su lugar de destino al entrar en servicio, por lo que estaba comprendido en el supuesto de la letra a), pero que adquirió dicha nacionalidad posteriormente durante su carrera? ¿Constituye esta adquisición de la nacionalidad del lugar de destino un motivo para que se examine de nuevo la existencia del derecho a percibir la indemnización por expatriación, en este caso con arreglo a la letra b)? ¿O solamente es determinante a este respecto la nacionalidad que tenía el funcionario en el momento de entrar en servicio, de manera que la posterior adquisición de la nacionalidad del lugar de destino carece de trascendencia para el derecho a la indemnización por expatriación?
4.
Esta es esencialmente la cuestión que el Tribunal de Justicia debe aclarar en el presente procedimiento de casación.
II. Marco jurídico
5.
El marco jurídico del presente asunto está constituido por el Estatuto.
6.
El artículo 69, primera frase, del Estatuto dispone:
«La indemnización por expatriación equivaldrá al 16 % del total del sueldo base y de la asignación familiar, así como de la asignación por hijos a cargo de los funcionarios que tengan derecho a ello.»
7.
En virtud del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto, dicha indemnización se concede con los siguientes requisitos:
«1.   Se concederá una indemnización por expatriación en cuantía igual al 16 % del sueldo base, así como de la asignación familiar y de la asignación por hijo a su cargo abonadas al funcionario, a:
a)
a los funcionarios:
–
que no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre su lugar de destino, y
–
que en un período de cinco años cuyo término sea anterior en seis meses a su entrada al servicio de la Unión, no hubieren residido ni ejercido su actividad profesional principal, de forma habitual, en el territorio europeo de tal Estado. Para la aplicación de esta disposición no se tendrán en consideración las situaciones derivadas de servicios prestados a otro Estado o a una organización internacional.
b)
a los funcionarios que tengan o hayan tenido la nacionalidad del Estado en cuyo territorio esté situado su lugar de destino y que durante un período de diez años anterior a su entrada en servicio hubieren residido habitualmente fuera del territorio europeo de dicho Estado por causas que no sean el ejercicio de funciones al servicio de un Estado o de una organización internacional.»
[…]
2.   El funcionario que, no teniendo ni habiendo tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre situado su lugar de destino, no reúna las condiciones previstas en el apartado 1, tendrá derecho a una indemnización por residencia fuera del país de origen, igual a una cuarta parte de la indemnización por expatriación.
3.   Para la aplicación de los apartados 1 y 2, el funcionario que, por matrimonio, adquiera de oficio, sin posibilidad de renuncia, la nacionalidad del Estado en cuyo territorio esté situado el lugar de su destino, será asimilado a aquel a que se refiere el primer guion de la letra a) del apartado 1.»
8.
De conformidad con el artículo 8, apartado 1, párrafo primero, del anexo VII del Estatuto, «los funcionarios con derecho a la indemnización por expatriación o residencia en el extranjero tendrán derecho, por cada año natural y dentro de los límites establecidos en el apartado 2, a un pago a tanto alzado correspondiente a los gastos de viaje desde el lugar de destino hasta el lugar de origen definido en el artículo 7, para sí mismos y, si tienen derecho a la asignación familiar, para su cónyuge y las personas a su cargo con arreglo a lo previsto en el artículo 2».
III. Antecedentes del procedimiento de casación
A.
Antecedentes del litigio
9.
El Tribunal General resumió del siguiente modo los aspectos relevantes de los antecedentes del presente litigio en los apartados 1 a 8 de la sentencia de 5 de octubre de 2020, Brown/Comisión (
3
) (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»):
10.
Inicialmente, el recurrente en casación, el Sr. Colin Brown, solo tenía la condición de nacional del Reino Unido, donde vivió hasta 1996. Estudió en Italia en 1996 y en 1997, y posteriormente en Bélgica, desde septiembre de 1997 hasta junio de 1998. A continuación, realizó unas prácticas en la Comisión Europea en Bruselas (Bélgica) entre el 1 de octubre de 1998 y el 28 de febrero de 1999. Por último, trabajó a tiempo completo en el sector privado en Bélgica desde el 1 de marzo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2000.
11.
El recurrente en casación entró en funciones en la Comisión el 1 de enero de 2001. La Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO) de la Comisión le concedió la indemnización por expatriación en virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto.
12.
El 23 de junio de 2016, los ciudadanos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte votaron a favor de que su Estado se retirase de la Unión Europea. El 29 de marzo de 2017, la Primera Ministra del Reino Unido notificó al Consejo Europeo la intención de dicho Estado miembro de retirarse de la Unión y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).
13.
El 27 de junio de 2017, el recurrente en casación solicitó adquirir la nacionalidad belga, que obtuvo el 3 de noviembre siguiente. El 19 de enero de 2018 notificó este cambio de situación a la PMO.
14.
El 23 de febrero de 2018, se informó al recurrente en casación, por una parte, de que se le privaba de la indemnización por expatriación a contar desde el 31 de octubre de 2017 debido a que había obtenido la nacionalidad belga y, por otra parte, de que perdía también, en consecuencia, el reembolso de los gastos de viaje con arreglo al artículo 8 del anexo VII del Estatuto.
15.
A raíz de una petición de explicaciones, el 5 de marzo de 2018 el recurrente en casación recibió un correo electrónico del que se desprendía que la supresión de la indemnización por expatriación se justificaba, en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, por el hecho de residir en Bélgica desde 1997.
16.
El 19 de marzo de 2018, la PMO sustituyó la decisión de 23 de febrero de 2018 por una nueva decisión que fijaba el 1 de diciembre de 2017 como fecha desde la que se privaba al recurrente en casación de la indemnización por expatriación y el reembolso de los gastos de viaje (en lo sucesivo, «decisión controvertida»).
17.
El 17 de junio de 2018, el recurrente en casación presentó una reclamación, que fue desestimada mediante decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») de 15 de octubre de 2018.
B.
Sentencia recurrida
18.
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 11 de enero de 2019, el recurrente en casación interpuso un recurso basado en el artículo 270 TFUE en el que solicitaba la anulación de la decisión controvertida, por la que se declaró que ya no tenía derecho a la indemnización por expatriación ni al reembolso de sus gastos de viaje. Solicitó, asimismo, al Tribunal General que restableciese el derecho a dichas prestaciones desde el 1 de diciembre de 2017 y que ordenase el pago de esa indemnización y de esos gastos a contar desde esa fecha hasta el restablecimiento de sus derechos, más intereses.
19.
Por medio de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso y condenó a cada parte a cargar con sus propias costas.
IV. Procedimiento de casación y alegaciones de las partes
20.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de diciembre de 2020, el recurrente interpuso recurso de casación contra la sentencia recurrida.
21.
El recurrente en casación solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida en la que el Tribunal General resolvió no anular la decisión controvertida;
–
Anule, sobre la base de los autos que obran en su poder, la decisión controvertida, y ordene que se restituya el derecho del recurrente en casación a la indemnización por expatriación y al reembolso de sus gastos de viaje con efectos a partir del 1 de diciembre de 2017 y que se le abonen las indemnizaciones que no le fueron abonadas entre dicha fecha y la fecha de restitución de su derecho a obtener tal pago, más intereses;
–
Condene a la Comisión a cargar con las costas en que haya incurrido el recurrente en casación ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia.
22.
La Comisión y el Consejo solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación;
–
Condene en costas al recurrente en casación.
23.
Las partes han presentado ante el Tribunal de Justicia observaciones por escrito sobre el recurso de casación y formulado alegaciones orales en la vista celebrada el 2 de febrero de 2022.
V. Apreciación
A.
Recurso
24.
Tal como he señalado al principio, el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del anexo VII del Estatuto prevé la concesión de la indemnización por expatriación a los funcionarios de la Unión que se hallen en una de estas situaciones:
25.
Por un lado, cuando el funcionario no tenga ni haya tenido nunca la nacionalidad de su lugar de destino y, en un período de cinco años, cuyo término sea anterior en seis meses a su entrada en servicio, no haya residido ni ejercido su actividad profesional principal, de forma habitual, en dicho Estado. A este respecto, no se toman en consideración las situaciones derivadas de servicios prestados a otro Estado o a una organización internacional [letra a)]. Los criterios del ejercicio de la actividad profesional principal y de la residencia habitual tienen igual relevancia; (
4
) no obstante, dado que en el presente asunto el primero no es determinante, en lo sucesivo solo aludiré al criterio de la residencia habitual. Con arreglo a esta disposición, solo se denegará la indemnización por expatriación a los funcionarios que no sean nacionales de su país de destino si estos han residido de manera habitual en dicho país durante la totalidad del período quinquenal de referencia. (
5
)
26.
Por otro lado, perciben la indemnización por expatriación los funcionarios que, pese a tener o haber tenido la nacionalidad de su lugar de destino, durante un período de diez años anterior a su entrada en servicio no hayan residido habitualmente en dicho Estado por causas que no sean el ejercicio de funciones al servicio de un Estado o de una organización internacional [letra b)]. Con arreglo a esta disposición, para la denegación de la indemnización basta con que se haya mantenido la residencia habitual en el país de destino, aunque sea durante muy breve tiempo, dentro del período de referencia de diez años. (
6
)
27.
Al recurrente en casación, que inicialmente solo poseía la nacionalidad del Reino Unido, se le reconoció, en el momento de su entrada en servicio en Bruselas en 2001, el derecho a la indemnización por expatriación en virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, ya que no tenía ni había tenido la nacionalidad belga y no había residido ni trabajado de forma habitual en Bélgica en los cinco años anteriores a su entrada en servicio.
28.
Después de que el recurrente en casación hubiera adquirido la nacionalidad belga en 2017, la PMO de la Comisión volvió a examinar su derecho a la indemnización por expatriación y concluyó que había dejado de estar comprendido en la letra a) de dicha disposición, dado que ahora poseía la nacionalidad de su país de destino.
29.
A continuación, la PMO examinó si procedía reconocer al recurrente en casación el derecho a la indemnización por expatriación en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto. Sin embargo, también respondió negativamente, pues entre 1997 y 2000, es decir, dentro de los diez años anteriores a su entrada en servicio en 2001, el recurrente había residido en Bélgica.
30.
El recurrente en casación impugnó sin éxito esta decisión ante el Tribunal General y formula ahora dos motivos de casación en contra de la desestimación por parte de dicho Tribunal de las alegaciones que había formulado en primera instancia.
1. Sobre el primer motivo de casación
31.
En el marco del primer motivo de casación, el recurrente alega que el Tribunal General confirmó erróneamente la postura de la Comisión según la cual el artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto se ha de interpretar en el sentido de que perdió su derecho a la indemnización por expatriación por haber adquirido la nacionalidad de su lugar de destino diecisiete años después de su entrada en servicio.
32.
Según las consideraciones expuestas por el Tribunal General en los apartados 36, 41, 45 y 47 a 51 de la sentencia recurrida, es cierto que el tenor literal de la disposición controvertida no establece expresamente que el derecho a la indemnización por expatriación deba examinarse de nuevo en caso de que se adquiera la nacionalidad del lugar de destino. Además, esta indemnización está concebida para compensar los inconvenientes sufridos por el funcionario por estar lejos de su lugar de origen y que perduran a lo largo de toda la carrera, de manera que la integración de un funcionario en el Estado de su lugar de destino no se puede oponer al pago de la indemnización por expatriación.
33.
Sin embargo, en la sentencia recurrida se dice también que, con el uso del presente en el artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto («a los funcionarios […] que no tengan […] la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre su lugar de destino»), y habida cuenta de que la indemnización por expatriación es una prestación de carácter «reiterado», el legislador no ha excluido que el funcionario deba continuar cumpliendo durante toda su carrera el requisito de la falta de nacionalidad del país de destino para conservar el derecho a la indemnización. (
7
) Por lo tanto, según la referida sentencia, no se excluye que la forma particular de integración que es la adquisición de la nacionalidad del país de destino con posterioridad a la entrada en funciones constituya un cambio sustancial de situación que pueda llevar a la pérdida de la indemnización por expatriación.
34.
En opinión del recurrente en casación, esta apreciación adolece de un error jurídico. A su parecer, del tenor del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto en relación con el contexto sistemático y la finalidad de la indemnización por expatriación resulta que el criterio de la calidad de «foráneo» o «expatriado» en el lugar de destino se ha de valorar en el momento de la entrada en servicio. En cambio, estima que la posterior adquisición de la nacionalidad del país de destino no puede tener efectos sobre el derecho a la indemnización por expatriación. A su parecer, solo procede examinar de nuevo este derecho cuando el funcionario, que inicialmente tenía derecho a percibir la indemnización, se traslada a un destino en su país de origen y con ello deja de cumplir el criterio de la expatriación en el lugar de destino.
a) Sistemática y finalidad de la indemnización por expatriación
35.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (
8
) Asimismo, se han de tener en cuenta los antecedentes de la disposición, siempre que de ellos se pueda inferir la voluntad real de su autor. (
9
)
36.
Del contexto sistemático del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto, expuesto en los puntos 25 y 26 de las presentes conclusiones, se desprende que el hecho de no tener ni haber tenido la nacionalidad del país de destino no constituye ningún criterio absoluto para la percepción de la indemnización por expatriación. Antes bien, como el propio Tribunal de Justicia ya ha declarado expresamente, se trata de un criterio secundario. El criterio determinante para la percepción de la indemnización por expatriación es la residencia habitual durante los cinco o diez años anteriores a la entrada en servicio. (
10
)
37.
De ello se sigue que un funcionario que no tenga ni haya tenido la nacionalidad de su país de destino tampoco tiene derecho a la indemnización por expatriación si ya residía de forma habitual en dicho país en los últimos cinco años antes de su entrada en servicio [artículo 4, apartado 1, letra a)]. A la inversa, un funcionario que posea la nacionalidad de su país de destino puede obtener el derecho a percibir la indemnización por expatriación si no ha residido en dicho país, ni tan siquiera por un breve período de tiempo, en los últimos diez años antes de su entrada en servicio [artículo 4, apartado 1, letra b)]. (
11
)
38.
En consecuencia, como el propio Tribunal General declaró en el apartado 75 de la sentencia recurrida, el criterio de la nacionalidad del país de destino es tan solo el parámetro utilizado para determinar si la duración de la residencia habitual pertinente anterior a la entrada en funciones es de cinco o diez años. Esto tiene su explicación en que el hecho de tener o haber tenido la nacionalidad de un país permite presumir que el interesado mantiene una especial vinculación con dicho país y, por ello, no se siente foráneo o «expatriado» en él. A la inversa, el hecho de no tener ni haber tenido la nacionalidad de un país permite presumir que el interesado no mantiene ninguna especial vinculación con dicho país y, por ello, se siente foráneo o «expatriado» en él. (
12
)
39.
No obstante, esta presunción de la existencia o inexistencia de una especial vinculación con el país de destino, en función de si el funcionario posee o ha poseído su nacionalidad o no, puede quedar confirmada o desvirtuada por medio del criterio de la residencia habitual en el país de destino durante los años previos a la entrada en servicio.
40.
Así, en el caso de un funcionario que no posee ni ha poseído la nacionalidad del país de destino, pero ha residido en él de manera habitual durante los últimos cinco años antes de su entrada en servicio, se presume que, pese a no ser originario de ese país, con el tiempo ha desarrollado una especial vinculación con él, de manera que ya no se siente foráneo o «expatriado» en él.
41.
A la inversa, en el caso de un funcionario que, pese a tener o haber tenido la nacionalidad de su país de destino, no ha residido habitualmente en él durante los últimos diez años antes de su entrada en servicio, ni siquiera durante un período breve, se presume que con su ausencia continuada durante diez años ha perdido la especial vinculación que inicialmente le unía a ese país merced a la posesión de su nacionalidad, de manera que, al regresar a él para entrar al servicio de la Unión, cumple el criterio de ser «foráneo» o estar «expatriado». (
13
)
42.
Por consiguiente, el criterio fundamental para reconocer el derecho a percibir la indemnización por expatriación es la condición de foráneo o expatriado en el lugar de destino en el momento de la entrada en funciones, criterio cuyo cumplimiento depende de la residencia habitual durante el correspondiente período anterior a dicho momento. En palabras del Abogado General Mengozzi, por tanto, «el requisito de la concesión de la indemnización por expatriación no es el hecho de no estar en posesión de la nacionalidad del Estado del lugar de destino, sino más bien la situación de efectiva “expatriación” que afecta al funcionario en el momento de su entrada en servicio». (
14
)
43.
Tal como han declarado tanto el Tribunal de Justicia como el Tribunal General en el apartado 48 de la sentencia recurrida, la explicación de esto reside en que esta indemnización tiene por objeto «compensar las cargas y desventajas particulares resultantes de la entrada al servicio de la Unión […] de funcionarios que […] se ven por ello obligados a cambiar de residencia». (
15
)Asimismo, tal como declaró el Tribunal General en el apartado 49 de la sentencia recurrida, así se pretende seleccionar sobre una base geográfica lo más amplia posible entre los nacionales de los Estados miembros de la Unión y, con ello, favorecer un equilibrio geográfico dentro de la función pública europea.
44.
Esta finalidad de la indemnización por expatriación queda confirmada por la génesis de la disposición de que se trata. Tal como ha señalado el Tribunal General en el apartado 47 de la sentencia recurrida, de la nota informativa del Consejo de 11 de diciembre de 1959 se desprende que la indemnización por expatriación se concibió como una indemnización «atribuida en concepto de compensación de los gastos materiales y de los inconvenientes de índole moral resultantes del hecho de que el agente está lejos de su lugar de origen» y que «los agentes mantienen por lo general relaciones familiares […] con su región de origen».
b) Irrelevancia de la posterior integración en el lugar de destino tras la entrada en servicio a efectos de la indemnización por expatriación
45.
Esta conclusión no queda desvirtuada por la posterior integración en el lugar de destino tras la entrada en servicio. Como acertadamente señaló el Tribunal General en el apartado 47 de la sentencia recurrida, los inconvenientes y cargas resultantes de abandonar el lugar de origen pueden perdurar a lo largo de toda la carrera e incluso agravarse durante esta, a pesar de la integración en el país de destino. En consecuencia, según observó el Tribunal General en el apartado 50 de la sentencia recurrida, la posterior integración del funcionario en el lugar de destino durante su carrera es irrelevante para el derecho a percibir la indemnización por expatriación.
46.
Esta irrelevancia de la posterior integración en el lugar de destino se deriva, por un lado, de la razón de ser de la indemnización por expatriación, que acabo de exponer. Dicho de otra manera, tal como declaró el Tribunal General en una sentencia anterior, «la razón de ser de la indemnización por expatriación es compensar los gastos y molestias particulares que supone el ejercicio permanente de funciones en un país con el que el funcionario nunca ha establecido vínculos duraderos
antes de su ingreso en el servicio. En efecto, los gastos relacionados con el ingreso en el servicio se compensan, una sola vez por destino en un lugar determinado, mediante el reembolso de los gastos de mudanza y mediante el pago de la indemnización por gastos de instalación. Por el contrario, la indemnización por expatriación se paga durante todo el tiempo que dure el servicio, aun cuando el funcionario se haya podido integrar en su país de destino». (
16
)
47.
Por otro lado, la irrelevancia de la posterior integración en el lugar de destino tras la entrada en servicio se deduce también de una interpretación sistemática del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto. En efecto, esta disposición atiende únicamente a la residencia habitual durante el período anterior a la entrada en servicio, a fin de apreciar la calidad de foráneo o expatriado en el lugar de destino. Utilizando las palabras del propio Tribunal General en el apartado 50 de la sentencia recurrida, «al aportar estas precisiones, el legislador excluyó que una integración resultante del hecho de que, durante su carrera, el funcionario de que se trate haya establecido su residencia habitual en el país de destino y trabaje en él pueda obstaculizar el pago». Como acertadamente observa el recurrente en casación, de lo contrario, es decir, si la residencia habitual tras la entrada en servicio fuese relevante para la percepción de la indemnización por expatriación, a lo sumo después de cinco años desde esa fecha ningún funcionario de la Unión tendría derecho a percibirla.
c) Irrelevancia de la posterior adquisición de la nacionalidad del país de destino a efectos de la indemnización por expatriación
48.
No obstante, como ya he mencionado en el punto 33 de las presentes conclusiones, el Tribunal General ha declarado que la utilización del presente en el artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto («a los funcionarios […] que no tengan […] la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre su lugar de destino»), junto al hecho de que la indemnización por expatriación constituye una prestación de carácter periódico, no excluye que la forma particular de integración que es la adquisición de la nacionalidad del país de destino con posterioridad a la entrada en funciones constituya un cambio sustancial de situación que pueda llevar a la pérdida de la indemnización por expatriación.
49.
El recurrente está en lo cierto cuando alega que el Tribunal General ha interpretado el tenor literal del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto en contra del contexto sistemático y de la razón de ser de esta disposición, según él mismo los ha declarado.
50.
En efecto, de dicho contexto y de esa razón de ser resulta que el criterio de la posesión o no de la nacionalidad del país de destino, así como el criterio de la residencia habitual en el período de referencia correspondiente anterior a la entrada en servicio, se han de valorar única y exclusivamente en el momento de la entrada en servicio. Como ya he expuesto, la posesión o no de la nacionalidad solo determina qué período es relevante para apreciar la residencia habitual antes de la entrada en servicio y, por tanto, para el criterio de la calidad de foráneo en el lugar de destino en dicho momento. (
17
) Por lo tanto, como el propio Tribunal General ha reconocido, el derecho a la indemnización por expatriación debe examinarse en el momento de la entrada en servicio. (
18
)
51.
En consecuencia, es errónea la afirmación del Tribunal de la Función Pública según la cual los requisitos establecidos en los dos guiones del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto (no poseer la nacionalidad del lugar de destino y no haber residido allí durante los cinco años anteriores a la entrada en servicio) se han de cumplir acumulativamente durante toda la carrera del funcionario. (
19
)
52.
Antes bien, como acertadamente alega el recurrente en casación, el uso del presente en el artículo 4, apartado 1, letras a), primer guion, y b), del anexo VII del Estatuto se explica sencillamente por el hecho de que se trata de la nacionalidad que «tiene» el funcionario en el momento determinante de la entrada en servicio. El uso de este tiempo verbal es lógico, ya que en un momento dado (el de entrada en servicio) solo es posible tener o no tener la nacionalidad. Es habitual formular en presente los requisitos de los derechos en las disposiciones de carácter abstracto y general, sin que la gramática utilizada adquiera un significado sustantivo.
53.
Nada distinto se deduce del hecho de que la indemnización por expatriación constituya una prestación de carácter periódico. En efecto, acierta el Tribunal de la Función Pública cuando argumenta que un complemento percibido como compensación por una determinada carga debe dejar de percibirse cuando desaparezca esta carga. (
20
) Sin embargo, la carga que se pretende compensar con la indemnización por expatriación, a saber, el alejamiento del lugar de origen, no desaparece con la adquisición de la nacionalidad del país de destino, pues este tipo de integración en nada afecta al hecho de la expatriación en el momento de la entrada en servicio, que es el criterio para la percepción de dicha indemnización.
54.
En consecuencia, en contra de la argumentación del Consejo, aunque en el artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto no solo se hable de la nacionalidad que «tenga» el funcionario, sino también de la que «haya tenido», ello no significa que se trate de la nacionalidad que el funcionario tenga o haya tenido durante toda su carrera. El hecho de tener la nacionalidad del país de destino, al igual que el hecho de haberla tenido, constituye un indicio de una especial vinculación de origen con dicho país, cuya existencia o inexistencia puede quedar confirmada o desvirtuada con la residencia habitual durante el período de referencia correspondiente anterior a la entrada en servicio.
55.
Por el contrario, el hecho de que el legislador haya aludido específicamente a la circunstancia de «haber tenido» la nacionalidad del país de destino, y no a la circunstancia de «poseer» esta nacionalidad en el futuro, da a entender que la posterior adquisición de la nacionalidad del país de destino es irrelevante a efectos del derecho a la indemnización por expatriación.
56.
El hecho de que se regule una indemnización por residencia fuera del país de origen, a contrario sensu, también es indicativo de que con ello el legislador no pretendía atribuir ninguna consecuencia jurídica especial a la posterior adquisición de la nacionalidad del país de destino. De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del anexo VII del Estatuto, perciben dicha indemnización por residencia fuera del país de origen los funcionarios que, no teniendo ni habiendo tenido nunca la nacionalidad de su lugar de destino, no reúnan las condiciones previstas en el apartado 1 para percibir la indemnización por expatriación por haber residido de forma habitual en su país de destino durante el período de cinco años anterior a la entrada en servicio. Por tanto, dado que la indemnización por residencia fuera del país de origen depende tan solo de si se posee o no la nacionalidad del país de destino, dicha prestación decae necesariamente con la adquisición de esta nacionalidad. (
21
) Sin embargo, esta clara consecuencia jurídica no está prevista para la indemnización por expatriación.
57.
La interpretación según la cual la adquisición posterior de la nacionalidad del país de destino durante la carrera no tiene incidencia sobre el derecho a la indemnización por expatriación se ve corroborada por el hecho de que el reexamen de este derecho en tal situación da lugar a una discordancia entre los criterios para la percepción de la indemnización. En efecto, si, como aquí sucede, un funcionario adquiere la nacionalidad del país de destino años después de entrar en servicio, la posesión de esta nacionalidad se apreciaría en ese momento (en el presente caso, el año 2017), pero el criterio principal de la residencia habitual en el lugar de destino seguiría apreciándose en el período de referencia anterior a la entrada al servicio (en el presente caso, antes de 2001).
58.
No obstante, como acertadamente alega el recurrente en casación, esto conduce al absurdo respecto a la razón de ser de la interacción entre nacionalidad y residencia a efectos del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto. Esta interacción tiene por objeto determinar si un funcionario, pese a no tener la nacionalidad de su lugar de destino antes de su entrada en servicio, desarrolló no obstante una vinculación tan estrecha con ese lugar que ya no puede sentirse foráneo en él [letra a)] o que, si bien poseía tal nacionalidad antes de la entrada en servicio, perdió tal vinculación con dicho lugar, de manera que ahora se siente foráneo en él [letra b)]. (
22
)
59.
Apreciar de nuevo el derecho a la indemnización por expatriación, como pretende la Comisión, en el momento de la adquisición de la nacionalidad del país de destino, implica volver a comprobar en ese momento (en el presente asunto, el año 2017) si en los diez años anteriores a su entrada en servicio (aquí, de 1990 a 2000) el recurrente en casación perdió una vinculación que en aquella época aún ni siquiera existía. Como reconocen la Comisión y el Consejo, esto solo es posible si se hace como si el recurrente en casación ya poseyera la nacionalidad belga cuando entró en servicio.
60.
Tal como expongo a continuación, en los puntos 71 y siguientes de las presentes conclusiones, dedicados al segundo motivo de casación, esta «ficción» (en palabras del Tribunal General) (
23
) constituye una infracción del principio de igualdad de trato. Con ella, el recurrente en casación recibiría el mismo trato que los funcionarios que efectivamente tenían la nacionalidad del país de destino cuando entraron en servicio y que, por tanto, se hallaban en una situación diferente, lo cual constituye un argumento añadido en contra de la interpretación del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto que hace el Tribunal General.
61.
Otra cosa sucede cuando un funcionario regresa a su país de origen por un cambio de destino. Entonces se ha de llevar a cabo una nueva valoración, ya que lógicamente el examen de los requisitos de la indemnización por expatriación solo puede referirse a un único lugar; si este cambia, será preciso examinar de nuevo si aún existe la antigua vinculación con ese lugar. (
24
)
62.
En cambio, en un caso como el presente, en que un funcionario tiene derecho a la indemnización por expatriación en virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, ya que no posee la nacionalidad de su lugar de destino ni ha residido allí en los cinco años anteriores a su entrada en servicio, y solo adquiere la nacionalidad de su lugar de destino varios años después de ese momento, no existe ninguna vinculación previa a dicho lugar, del tiempo anterior a la entrada en servicio, que pueda restablecerse. En consecuencia, no hay motivo para examinar de nuevo el derecho de dicho funcionario a la indemnización por expatriación, esta vez con arreglo a la letra b) de la misma disposición.
63.
La improcedencia de un reexamen con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, como el que se ha llevado a cabo en el presente caso, queda patente también por el hecho de que los funcionarios que, como el recurrente en casación, adquieren la nacionalidad de su lugar de destino años después de su entrada en servicio pero que, a diferencia de este, no han residido allí en los diez años anteriores a ese momento conservan la indemnización por expatriación. A pesar de la «forma particular de integración que es la adquisición de la nacionalidad del país de destino con posterioridad a la entrada en funciones» (usando las palabras del Tribunal General en el apartado 51 de la sentencia recurrida), los funcionarios que se hallan en tal situación (numerosos, según constata el Tribunal General en los apartados 94 y 95 de la sentencia recurrida) sí conservan su indemnización por expatriación, al no haber residido en dicho país en los años anteriores a su entrada en servicio.
64.
De todas estas consideraciones resulta que, como fundadamente observó el recurrente en casación en la vista, no existe indicio alguno de que la adquisición de la nacionalidad del país de destino constituya una excepción al principio según el cual la integración en el lugar de destino tras la entrada en servicio es irrelevante a efectos de la indemnización por expatriación.
65.
Si bien la adquisición de la nacionalidad del lugar de destino puede representar una forma de integración especialmente sólida, se trata de un elemento irrelevante. La indemnización por expatriación está concebida de manera que, por un lado, no se impida a los funcionarios de la Unión integrarse en su lugar de destino y, por otro, se reconozca también que, a pesar de tal integración, subsiste la carga que entraña estar alejado del lugar de origen.
66.
Por otro lado, al margen del grado de integración en el Estado de acogida, con el tiempo puede hacerse incluso más complicado mantener los legítimos vínculos con el Estado de origen. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando un funcionario debe ocuparse de sus progenitores ancianos o de otros familiares. Tampoco se puede considerar que el legislador de la Unión quisiera disuadir a los funcionarios de la Unión de integrarse profundamente en su Estado miembro de acogida «sancionando» con la pérdida de la indemnización por expatriación la adquisición de esta nacionalidad. Antes bien, es conforme con el espíritu de la Unión y con la aproximación entre los Estados miembros que los funcionarios de la Unión se integren lo más posible en su Estado miembro de acogida.
67.
Por lo tanto, el lapidario argumento esgrimido por el Consejo en la vista, según el cual «alguien que vive en “su propio país” no puede ser allí un “expatriado”» pasa por alto la interpretación sistemática de la indemnización por expatriación. En efecto, de esta se deduce que el concepto de «foráneo» o «expatriado» a los efectos del Estatuto comprende la situación en que un funcionario abandona su país de origen para entrar al servicio de la Unión, independientemente de la posible integración posterior en el país de destino, y aunque este, a raíz de la posterior adquisición de la nacionalidad, se convierta en el «propio país» del funcionario de que se trata.
68.
Por otro lado, en contra de la postura del Consejo, la interpretación según la cual la adquisición de la nacionalidad tras la entrada en servicio carece de incidencia sobre el derecho a la indemnización por expatriación no implica, por lo demás, que el criterio de la nacionalidad del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto pierda su efecto útil, pues sigue teniendo plena relevancia para valorar la calidad de foráneo en el lugar de destino en el momento de la entrada al servicio.
69.
En su sentencia Airola/Comisión, cuyo pasaje pertinente ha sido citado también por el Tribunal General en su sentencia recurrida, el Tribunal de Justicia declaró que «procede definir el concepto de nacionalidad actual o previa del funcionario a efectos del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo [VII del Estatuto] en el sentido de que excluye la nacionalidad impuesta por ley a una funcionaria por su matrimonio con un nacional de otro Estado si dicha funcionaria no tiene posibilidad de renunciar a ella». (
25
)Mutatis mutandis, en el presente asunto procede declarar que esta disposición tampoco se refiere a la nacionalidad del lugar de destino adquirida por un funcionario de la Unión después de entrar en servicio.
70.
De todo lo anterior se deduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho cuando confirmó la postura de la Comisión según la cual la adquisición de la nacionalidad belga por el recurrente era motivo para un nuevo examen de su derecho a percibir la indemnización por expatriación. Por consiguiente, procede declarar fundado el primer motivo de casación.
2. Sobre el segundo motivo de casación
71.
En su segundo motivo de casación, el recurrente alega que, con su interpretación del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto, el Tribunal General infringió el principio de igualdad de trato al dispensarle el mismo trato que a los funcionarios que tenían la nacionalidad de su lugar de destino en el momento de su entrada en servicio.
72.
Este segundo motivo solo se examina a título subsidiario. Si el Tribunal de Justicia acoge mi postura acerca del primer motivo de casación, la sentencia será anulada solo por ese motivo.
73.
El principio de igualdad de trato prohíbe que situaciones comparables se traten de forma diferente o que situaciones diferentes se traten de la misma forma, a menos que dicho trato, diferente o idéntico según los casos, esté objetivamente justificado. A este respecto, ha de señalarse que el carácter comparable de las situaciones debe apreciarse a la luz del objeto y la finalidad del acto de la Unión que establece la distinción. (
26
)
74.
En los apartados 87 a 90 de la sentencia recurrida, el Tribunal General sostiene que el derecho del recurrente en casación a la indemnización por expatriación debe ser examinado de nuevo tras la adquisición de la nacionalidad belga por este. De lo contrario, dicho recurrente sería tratado de forma más favorable que los belgas de nacimiento que entran al servicio de la Unión en Bélgica.
75.
El recurrente en casación, que antes de entrar en servicio no tenía la nacionalidad belga y no la adquirió hasta varios años más tarde, se encuentra en realidad en una situación diferente en lo que concierne al objeto y la finalidad de la indemnización por expatriación, consistente en compensar los inconvenientes del cambio de residencia al lugar de destino y la condición de foráneo en ese lugar. (
27
) Dado que inicialmente no poseía la nacionalidad de su país de destino, tampoco tenía una vinculación especial con este, la cual solo habría sido interrumpida con una ausencia continuada durante los diez años anteriores a su entrada en servicio. (
28
)
76.
En contra de lo alegado a este respecto por la Comisión y el Consejo, particularmente en la vista, el recurrente en casación tampoco se halla en la misma situación que un antiguo belga que trabaje en Bélgica y que haya renunciado a su nacionalidad belga. En efecto, en este caso, el hecho de «haber tenido» la nacionalidad del lugar de destino constituye un indicio de que el interesado mantuvo inicialmente una especial vinculación con ese país, cuya conservación o pérdida ha de apreciarse examinando la residencia habitual durante el período de referencia anterior a la entrada en servicio. En la situación del recurrente en casación, que solo adquirió la nacionalidad belga años después de su entrada en servicio, no existe tal presunción de una vinculación inicial cuya conservación o pérdida pueda ser comprobada.
77.
Lo mismo sucede, como ya he expuesto, respecto a la comparación propuesta por la Comisión con la situación de un belga que inicialmente trabajaba en otro país y que después se trasladó a un destino situado en su país de origen. (
29
)
78.
En contra de lo sostenido, en particular, por el Consejo en la vista, es erróneo considerar, en lo que respecta a la indemnización por expatriación, que todos los funcionarios que poseen la nacionalidad de su país de destino deban ser tratados por igual, con independencia de cuándo hayan adquirido esta nacionalidad. En relación con esta indemnización, «no todas las nacionalidades son equivalentes». En efecto, la nacionalidad del país de destino determina únicamente cuál es el período anterior a la entrada en servicio que es pertinente para el criterio de la expatriación en el momento de la entrada en servicio. (
30
)
79.
El hecho de que, en la práctica, el recurrente en casación ya no se encuentre en la misma situación que los funcionarios de la Unión que no han adquirido la nacionalidad de su país de destino carece de pertinencia a efectos del derecho a la indemnización por expatriación. En efecto, puesto que lo único que se tiene en cuenta a este respecto es la falta de integración en el momento de la entrada en servicio, los funcionarios que adquieren la nacionalidad del lugar de destino tras la entrada en servicio y los que no lo hacen se encuentran en idéntica situación por lo que respecta a la razón de ser de la indemnización por expatriación.
80.
La Comisión y el Consejo citan pasajes de sentencias en los que se afirma que la indemnización por expatriación tiene por objeto «corregir las desigualdades de hecho entre los funcionarios completamente integrados en la sociedad del país de destino y aquellos que no lo están». (
31
) Sin embargo, dichos pasajes se han de leer en su contexto, del cual se desprende que allí se trataba de la integración en la sociedad del país de destino antes de la entrada en servicio. En cambio, el propio Tribunal General ha declarado que la integración después de la entrada en servicio es irrelevante a efectos de la indemnización por expatriación. (
32
) Por lo tanto, a efectos de esta indemnización, la integración de los funcionarios en el país de destino debe ser comparada antes y no después de la entrada en servicio.
81.
La Comisión y el Consejo han reconocido en la vista que la del recurrente en casación es una «situación límite», ya que la aplicación que ellos defienden del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto solo es posible en tal situación si se trata al recurrente como si ya poseyera la nacionalidad belga en el momento de la entrada en servicio. No obstante, el recurrente tiene razón cuando observa que el examen de una posible diferencia de trato no puede basarse en tal presunción ajena a la realidad.
82.
Como el propio Tribunal General reconoció en los apartados 83, 91 y 92 de la sentencia recurrida, el legislador ha establecido ciertas categorías respecto al derecho a la indemnización por expatriación, y es necesario determinar a cuál de estas categorías pertenece cada funcionario de la Unión. No es aceptable que un funcionario pase de una categoría a otra, o que se le equipare a los funcionarios de una cierta categoría, en virtud de presunciones que no se corresponden con la realidad, siendo así que, por su situación, no es la categoría que le corresponde.
83.
De todo lo anterior se deduce que, con su aplicación del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto, el Tribunal General vulneró el principio de igualdad de trato y, con ello, incurrió en error de Derecho. Por consiguiente, el segundo motivo es igualmente fundado.
B.
Recurso ante el Tribunal General
84.
Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este puede, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, resolver definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.
85.
Pues bien, así sucede en el presente asunto.
86.
El recurrente en casación solicita al Tribunal de Justicia que anule la decisión controvertida y ordene que se restablezca su derecho a la indemnización por expatriación y al reembolso de sus gastos de viaje con efectos a partir del 1 de diciembre de 2017 y que se le abonen las indemnizaciones que no le fueron abonadas entre dicha fecha y la del restablecimiento de su derecho a obtener tal pago, más intereses.
87.
Por lo que respecta, para empezar, a la anulación de la decisión controvertida, de las consideraciones que anteceden se deduce que procede anular la decisión de la PMO de la Comisión, de 19 de marzo de 2018, por la que se declaró que, desde el 1 de diciembre de 2017, el recurrente en casación ya no tenía derecho a percibir la indemnización por expatriación ni el reembolso de los gastos de viaje.
88.
Por lo que se refiere, a continuación, a la pretensión de que se ordene el restablecimiento de la indemnización por expatriación y del reembolso de los gastos de viaje desde el 1 de diciembre de 2017, de las anteriores consideraciones se desprende también que la adquisición de la nacionalidad belga por el recurrente en casación el 3 de noviembre de 2017 carece de efectos sobre su derecho a percibir la indemnización por expatriación con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), y al reembolso de los gastos de viaje con arreglo al artículo 8 del anexo VII del Estatuto. En consecuencia, el restablecimiento del derecho del recurrente en casación a estas prestaciones (en caso de que el Tribunal de Justicia acoja la solución que aquí se propone) se derivará de la sentencia del Tribunal de Justicia sin que este deba declararlo específicamente. Antes bien, incumbirá a la Comisión, de conformidad con el artículo 266 TFUE, adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia. (
33
)
89.
Respecto a la pretensión relativa al pago de las indemnizaciones que no le fueron abonadas entre el 1 de diciembre de 2017 y la fecha de restablecimiento de su derecho a obtener tal pago, más intereses, procede señalar, por último, que, de conformidad con el artículo 91, apartado 1, segunda frase, del Estatuto, en los litigios de función pública de carácter pecuniario, el Tribunal de Justicia goza de competencia jurisdiccional plena, en cuyo marco está facultado para ordenar a las instituciones de la Unión que paguen las cantidades debidas con arreglo al Estatuto, en su caso, más los correspondientes intereses. (
34
) En consecuencia, si se anula una decisión por la que se retira a un funcionario el derecho a percibir la indemnización por expatriación, el Tribunal de Justicia está facultado para condenar a la Comisión a pagar las indemnizaciones que debió haber pagado desde que se adoptó tal decisión. (
35
)
90.
En consecuencia, procede ordenar a la Comisión que abone al recurrente en casación las indemnizaciones por expatriación y los gastos de viaje que no se le pagaron entre el 1 de diciembre de 2017 y la fecha de restablecimiento de sus correspondientes derechos.
91.
Por otro lado, de la jurisprudencia se desprende que las cantidades debidas en virtud del Estatuto y satisfechas con demora devengan intereses a partir de la fecha de la reclamación presentada con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto. (
36
) Por consiguiente, las cantidades que ya fuesen pagaderas en la fecha en que se presentó la reclamación, en este caso, el 17 de junio de 2018, (
37
) devengan intereses a partir de esa misma fecha, mientras que las que lo hayan sido en un momento posterior, los devengan desde que sean pagaderas. (
38
) Por último, respecto al tipo de interés aplicable, de la más reciente jurisprudencia se desprende que las cantidades debidas devengan intereses al tipo fijado por el Banco Central Europeo (BCE) en el período correspondiente para las principales operaciones de refinanciación, incrementado en tres puntos y medio porcentuales. (
39
)
VI. Costas
92.
A tenor del artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
93.
De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento de Procedimiento, aplicable en virtud de su artículo 184, apartado 1, al procedimiento del recurso de casación, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
94.
Puesto que el recurrente en casación ha solicitado que se impongan a la Comisión las costas del procedimiento ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia, y al haber sido desestimadas las pretensiones de aquella, procede condenarla a soportar sus propias costas y las del recurrente en casación tanto en el procedimiento de primera instancia como en el de casación.
95.
Con arreglo al artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento en casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. En consecuencia, el Consejo ha de soportar sus propias costas en el procedimiento de primera instancia y en el de casación.
VII. Conclusión
96.
En virtud de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva del siguiente modo:
1)
Se anula la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta ampliada) de 5 de octubre de 2020, Brown/Comisión (T‑18/19, EU:T:2020:465).
2)
Se anula la decisión de la Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO) de la Comisión Europea, de 19 de marzo de 2018, por la que se declaró que, desde el 1 de diciembre de 2017, el Sr. Colin Brown ya no tenía derecho a la indemnización por expatriación ni al reembolso de los gastos de viaje.
3)
Se condena a la Comisión a abonar al Sr. Brown las indemnizaciones por expatriación y los gastos de viaje que no le hayan sido satisfechos entre el 1 de diciembre de 2017 y la fecha de restablecimiento de su derecho a la indemnización por expatriación y al reembolso de los gastos de viaje.
4)
Las cantidades debidas por la Comisión al Sr. Brown devengan intereses desde el 17 de junio de 2018 al tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo en el período correspondiente para sus principales operaciones de refinanciación, incrementado en tres puntos y medio porcentuales. Las cantidades que ya fuesen pagaderas el 17 de junio de 2018 devengan intereses a partir de esa fecha, y las que lo hayan sido en un momento posterior, a partir de su respectivo vencimiento.
5)
La Comisión cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido el Sr. Brown en el procedimiento de primera instancia y en el de casación.
6)
El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas correspondientes al procedimiento de primera instancia y al procedimiento de casación.
(
1
)	Lengua original: alemán.
(
2
)	Reglamento n.o 31 (CEE) 11 (CEEA) por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 1962, P 45, p. 1385).
(
3
)	T‑18/19, EU:T:2020:465.
(
4
)	Véase, sobre la relación entre los criterios de la residencia habitual y del ejercicio habitual de la actividad profesional principal, la sentencia de 28 de febrero de 2019, Pozza/Parlamento (T‑216/18, no publicada, EU:T:2019:118), apartados 28 y ss. y jurisprudencia citada.
(
5
)	Véanse las sentencias de 15 de septiembre de 2021, LF/Comisión (T‑466/20, EU:T:2021:574), apartado 40 y jurisprudencia citada, y de 11 de julio de 2007, B/Comisión (F‑7/06, EU:F:2007:129), apartado 38 y jurisprudencia citada, así como el apartado 76 de la sentencia recurrida. Véase, no obstante, sobre la «ausencia del país de destino esporádica y de breve duración» conservando la residencia en el posterior lugar de destino, la sentencia de 9 de octubre de 1984, Witte/Parlamento (188/83, EU:C:1984:309), apartados 9 a 11.
(
6
)	Véanse las sentencias LF/Comisión y B/Comisión citadas en la nota anterior.
(
7
)	Véase, en sentido similar, la sentencia de 26 de junio de 2013, Achab/CESE (F‑21/12, EU:F:2013:95), apartado 28.
(
8
)	Sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), apartado 61; de 14 de enero de 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9), apartado 40, y de 25 de enero de 2018, Comisión/República Checa (C‑314/16, EU:C:2018:42), apartado 47.
(
9
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2009, Zurita García y Choque Cabrera (C‑261/08 y C‑348/08, EU:C:2009:648), apartado 54 y jurisprudencia citada.
(
10
)	Sentencias de 20 de febrero de 1975, Airola/Comisión (21/74, EU:C:1975:24), apartados 6/8; de 16 de octubre de 1980, Hochstrass/Tribunal de Justicia (147/79, EU:C:1980:238), apartado 12, y de 2 de julio de 1981, Garganese/Comisión (185/80, EU:C:1981:161), apartado 11. Véanse también las sentencias de 28 de febrero de 2019, Pozza/Parlamento (T‑216/18, no publicada, EU:T:2019:118), apartado 37, y de 11 de julio de 2007, B/Comisión (F‑7/06, EU:F:2007:129), apartado 35.
(
11
)	Véanse las sentencias de 15 de septiembre de 2021, LF/Comisión (T‑466/20, EU:T:2021:574), apartados 35 y ss. y jurisprudencia citada, y de 11 de julio de 2007, B/Comisión (F‑7/06, EU:F:2007:129), apartados 36 y ss. y jurisprudencia citada.
(
12
)	Véase la sentencia de 11 de julio de 2007, B/Comisión (F‑7/06, EU:F:2007:129), apartado 39 y jurisprudencia citada. Véase también el apartado 82 de la sentencia recurrida.
(
13
)	Sentencias de 13 de noviembre de 1986, Richter/Comisión (330/85, EU:C:1986:430), apartado 6; de 27 de septiembre de 2000, Lemaître/Comisión (T‑317/99, EU:T:2000:218), apartado 50, y de 11 de julio de 2007, B/Comisión (F‑7/06, EU:F:2007:129), apartado 39. El hecho de que los períodos al servicio de un Estado o de una organización internacional no se tengan en cuenta en el cálculo del tiempo transcurrido en el país de destino [letra a)] o fuera de él [letra b)] se basa en la presunción según la cual la prestación de servicios a un Estado o una organización internacional no es idónea para crear vínculos duraderos entre el interesado y el Estado en que se prestan tales servicios. Véanse al respecto las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:169), puntos 50 y 51 y jurisprudencia citada. Véase también la sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2018, Quadri di Cardano/Comisión (T‑273/17, EU:T:2018:480), apartado 49.
(
14
)	Conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:169), punto 44 y nota 23.
(
15
)	Sentencias de 2 de julio de 1981, Garganese/Comisión (185/80, EU:C:1981:161), apartado 11, y de 15 de septiembre de 1994, Magdalena Fernández/Comisión (C‑452/93 P, EU:C:1994:332), apartados 20 y 21.
(
16
)	Sentencia de 30 de marzo de 1993, Vardakas/Comisión (T‑4/92, EU:T:1993:29), apartado 39 (el subrayado es mío).
(
17
)	Véanse los puntos 36 a 42 de las presentes conclusiones.
(
18
)	Sentencia de 13 de julio de 2018, Quadri di Cardano/Comisión (T‑273/17, EU:T:2018:480), apartado 58.
(
19
)	Sentencia de 26 de junio de 2013, Achab/CESE (F‑21/12, EU:F:2013:95), apartado 28.
(
20
)	Sentencia de 26 de junio de 2013, Achab/CESE (F‑21/12, EU:F:2013:95), apartado 26.
(
21
)	Véase la sentencia de 16 de octubre de 1980, Hochstrass/Tribunal de Justicia (147/79, EU:C:1980:238), apartado 12.
(
22
)	Véanse los puntos 38 a 41 de las presentes conclusiones.
(
23
)	Véase el apartado 85 de la sentencia recurrida.
(
24
)	Véase, sobre la supresión de la indemnización por repatriación al regresar al país de origen, por ejemplo, el auto de 14 de julio de 2005, Gouvras/Comisión (C‑420/04 P, EU:C:2005:482), apartado 57, en remisión a la sentencia de 15 de julio de 2004, Gouvras/Comisión (T‑180/02 y T‑113/03, EU:T:2004:238), apartado 104; véase también el apartado 85. Véase también la sentencia de 28 de septiembre de 1993, Magdalena Fernández/Comisión (T‑90/92, EU:T:1993:78). El tiempo dedicado al servicio de la Unión fuera del país de origen se considera como tiempo de servicio para una organización internacional, con el que no se pierde la vinculación con el país de origen; véase la sentencia de 13 de julio de 2018, Quadri di Cardano/Comisión (T‑273/17, EU:T:2018:480), apartado 50 y jurisprudencia citada.
(
25
)	Sentencia de 20 de febrero de 1975, Airola/Comisión (21/74, EU:C:1975:24), apartados 9/12. Véase también el apartado 61 de la sentencia recurrida, así como, actualmente, el artículo 4, apartado 3, del anexo VII del Estatuto.
(
26
)	Sentencia de 1 de marzo de 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats y otros (C‑236/09, EU:C:2011:100), apartados 28 y 29. Véase también el apartado 80 de la sentencia recurrida.
(
27
)	Véase el punto 43 de las presentes conclusiones.
(
28
)	Véase el punto 59 de las presentes conclusiones.
(
29
)	Véase el punto 61 de las presentes conclusiones.
(
30
)	Véase el punto 38 de las presentes conclusiones.
(
31
)	Sentencias de 21 de junio de 2007, Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), apartado 36, y de 25 de marzo de 2021, Álvarez y Bejarano y otros/Comisión (C‑517/19 P y C‑518/19 P, EU:C:2021:240), apartado 69.
(
32
)	Sentencia de 30 de marzo de 1993, Vardakas/Comisión (T‑4/92, EU:T:1993:29), apartado 39. Véanse también el punto 46 de las presentes conclusiones.
(
33
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2012, Grazyte/Comisión (F‑76/11, EU:F:2012:173), apartado 24 y jurisprudencia citada.
(
34
)	Véanse las sentencias de 17 de abril de 1997, de Compte/Parlamento (C‑90/95 P, EU:C:1997:198), apartado 45; de 18 de diciembre de 2007, Weißenfels/Parlamento (C‑135/06 P, EU:C:2007:812), apartados 65 a 68 y jurisprudencia citada, y de 20 de mayo de 2010, Gogos/Comisión (C‑583/08 P, EU:C:2010:287), apartados 44 a 46 y jurisprudencia citada.
(
35
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2012, Grazyte/Comisión (F‑76/11, EU:F:2012:173), apartados 25 y 26.
(
36
)	Véanse, extensamente, las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto Comisión/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2014:2170), puntos 35 y ss., en particular el punto 68.
(
37
)	Véase el punto 17 de las presentes conclusiones.
(
38
)	Véase la sentencia de 15 de enero de 1985, Battaglia/Comisión (737/79, EU:C:1985:4), apartado 10, así como las demás sentencias citadas en la nota 42 de las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto Comisión/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2014:2170).
(
39
)	Véanse, por ejemplo, en materia de función pública, las sentencias del Tribunal General de 3 de julio de 2019, PT/EIB (T‑573/16, EU:T:2019:481), apartado 444; de 3 de octubre de 2019, DQ y otros/Parlamento (T‑730/18, EU:T:2019:725), apartado 118, y de 19 de diciembre de 2019, Wehrheim/BCE (T‑100/18, no publicada, EU:T:2019:882), apartado 115. Véase también la sentencia de 20 de enero de 2021, Comisión/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), apartado 129. El tipo de interés fijado por el BCE para las principales operaciones de refinanciación, incrementado en tres puntos y medio porcentuales, se corresponde con el tipo de interés establecido en el artículo 116, apartado 5, letra a), en relación con el artículo 99, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1), con carácter general para los pagos de la Unión efectuados después del vencimiento del plazo de pago, salvo que se disponga otra cosa.