62024CJ0286_RES
Asunto C‑286/24
Meliá Hotels International, S.A.
contra
Associação Ius Omnibus
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de enero de 2026
«Remisión prejudicial — Acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea — Directiva 2014/104/UE — Artículo 5, apartado 1 — Ámbito de aplicación — Acción declarativa especial para la exhibición de documentos previa a la posible interposición de una acción por daños — Apreciación de la viabilidad de la acción por daños»
Competencia — Acciones de indemnización del perjuicio causado por infracciones de las normas sobre competencia — Directiva 2014/104/UE — Disposiciones que regulan la exhibición de las pruebas pertinentes que obren en poder del demandado o de un tercero — Ámbito de aplicación — Acción prevista en el Derecho nacional de acceso a medios de prueba antes de ejercitar una acción por daños — Inclusión
(Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, ap. 1)
(véanse los apartados 25 a 48 y el punto 1 del fallo)
Competencia — Acciones de indemnización del perjuicio causado por infracciones de las normas sobre competencia — Directiva 2014/104/UE — Orden conminatoria de exhibición de las pruebas pertinentes que obren en poder del demandado o de un tercero — Requisitos — Demostración, por parte del demandante, de la viabilidad de su acción por daños — Demandante que debe justificar la probabilidad de la existencia de una infracción, de un daño y de una relación de causalidad entre dicha infracción y ese daño — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción del Derecho de la competencia de la Unión que adopta la forma de una restricción vertical por el objeto — Decisión que demuestra la probabilidad de esa infracción — Decisión que puede contener elementos pertinentes para apreciar la probabilidad del daño y de la relación de causalidad — Decisión adoptada en el marco de un procedimiento de transacción — Falta de pertinencia
(Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, ap. 1)
(véanse los apartados 53 a 72 y el punto 2 del fallo)
Competencia — Acciones de indemnización del perjuicio causado por infracciones de las normas sobre competencia — Directiva 2014/104/UE — Orden conminatoria de exhibición de las pruebas pertinentes que obren en poder del demandado o de un tercero — Requisitos — Demostración, por parte del demandante, de la viabilidad de su acción por daños — Demandante que debe justificar la probabilidad de la existencia de una infracción, de un daño y de una relación de causalidad entre dicha infracción y ese daño — Grado de valor probatorio requerido — Existencia de una infracción, de un daño y de una relación de causalidad que debe ser razonablemente aceptable
(Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, ap. 1)
(véanse los apartados 74 a 88 y el punto 3 del fallo)
Resumen
En una cuestión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal), el Tribunal de Justicia interpreta las disposiciones de la Directiva 2014/104 (
1
) que regulan la exhibición ante los tribunales nacionales de pruebas en poder del demandado o de un tercero en una acción de resarcimiento del daño causado por infracciones de las normas sobre la competencia.
El 21 de febrero de 2020, la Comisión Europea impuso una multa a la empresa hotelera Meliá Hotels International, S.A. (en lo sucesivo, «Meliá») por haber infringido el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (
2
) al aplicar, por vía contractual, prácticas verticales que diferenciaban a los consumidores en función de su nacionalidad o país de residencia. (
3
)
Associação Ius Omnibus, una asociación de defensa de los intereses de los consumidores, interpuso una acción declarativa especial ante el órgano jurisdiccional portugués competente al objeto de obtener de Meliá la exhibición de documentos pertinentes para la posible interposición de una acción colectiva por daños en nombre de los consumidores residentes en Portugal perjudicados por la práctica anticompetitiva de Meliá constatada por la Comisión.
Tras haber sido estimada dicha acción declarativa especial por los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, Meliá interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo portugués.
En estas circunstancias, el Tribunal Supremo portugués decidió plantear varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia en relación con el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104, que exige a los Estados miembros que velen por que, en los procedimientos relativos al resarcimiento del perjuicio causado por infracciones de las normas sobre competencia, el demandante pueda obtener del órgano jurisdiccional nacional que ordene que la parte demandada o un tercero exhiba las pruebas pertinentes, siempre que haya presentado una motivación razonada que contenga aquellos hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente, que sean suficientes para justificar la viabilidad de su acción por daños.
En este contexto, el Tribunal Supremo portugués pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que
–
se aplica a una acción previa prevista por el Derecho nacional de acceso a medios de prueba antes de ejercitar una acción de resarcimiento del perjuicio causado por infracciones de las normas sobre competencia;
–
la demostración, parte del demandante, de la viabilidad de una acción por daños exige probar que es más probable que improbable que concurran los requisitos para que se genere la responsabilidad por una infracción del Derecho de la competencia; y
–
una decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción del Derecho de la competencia de la Unión que adopta la forma de una restricción vertical por el objeto es suficiente para acreditar la viabilidad de una acción por daños y si la respuesta a esta pregunta se ve afectada por el hecho de que dicha decisión se haya adoptado al término de un procedimiento de transacción.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, tras una interpretación literal, sistemática y teleológica, el Tribunal de Justicia confirma que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 se aplica a una acción previa como la prevista en el presente asunto por el Derecho portugués, que permite a las personas perjudicadas por una infracción de las normas sobre competencia obtener acceso a las pruebas pertinentes antes de ejercitar una acción por daños por este motivo.
Según el Tribunal de Justicia, esta interpretación se ve corroborada por los objetivos de la Directiva 2014/104 consistentes en facilitar el ejercicio del derecho a una indemnización por daños y perjuicios, habida cuenta de la necesidad de subsanar la asimetría de información que caracteriza estos litigios, y en garantizar así la eficacia de la aplicación privada del Derecho de la competencia.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia examina la cuestión prejudicial de si el requisito establecido en el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2014/104, que supedita la obtención de las pruebas solicitadas a la presentación, por la parte demandante, de una motivación razonada que justifique la viabilidad de su acción por daños, se cumple ante una decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción del Derecho de la competencia de la Unión que adopta la forma de una restricción vertical por el objeto y si la respuesta a esta pregunta se ve afectada por el hecho de que dicha decisión se haya adoptado al término de un procedimiento de transacción.
A este respecto, el Tribunal de Justicia observa, para comenzar, que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 exige, en esencia, que la persona perjudicada por una infracción del Derecho de la competencia presente, en apoyo de su solicitud de exhibición de pruebas, una motivación razonada que contenga aquellos hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente, que sean suficientes para justificar la viabilidad de su acción por daños, es decir, la probabilidad de la existencia de una infracción, de un daño y de una relación de causalidad entre dicha infracción y ese daño.
En lo que se refiere a la demostración de la probabilidad de la infracción, el Tribunal señala, a continuación, que una decisión de la Comisión por la que se constata la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE permite al juez nacional declarar que la existencia y, a fortiori, la probabilidad de la infracción han quedado acreditadas. En cambio, dicha decisión no es suficiente, como tal, para fundamentar la viabilidad de una acción por daños en cualquier circunstancia. A tal efecto, es preciso además demostrar la probabilidad del daño y de la relación de causalidad.
En cuanto a la demostración de la probabilidad del daño, el Tribunal de Justicia recuerda, además, que el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2014/104 establece una presunción iuris tantum relativa a la existencia de daños resultantes de cárteles que, como se desprende del artículo 2, punto 14, de dicha Directiva, debe entenderse como una restricción horizontal de la competencia entre dos o más competidores. Ello excluye que esa presunción iuris tantum se aplique en el supuesto de una restricción vertical de la competencia que implique a empresas no competidoras que operen en niveles diferentes de la cadena de producción o de distribución.
Así, si bien ante una decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de un cártel prohibido, la probabilidad del daño ocasionado por la infracción debe considerarse demostrada, salvo que la parte demandada desvirtúe la presunción, no sucede así ante una decisión de la Comisión por la que se declara una infracción del artículo 101 TFUE que adopta la forma de una restricción vertical, aun cuando se trate de una restricción de la competencia por el objeto. Dicho esto, tal decisión puede contener elementos pertinentes para apreciar la probabilidad del daño y de la relación de causalidad.
A la luz de las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia concluye que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que una decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción del Derecho de la competencia de la Unión en forma de restricción vertical por el objeto no es suficiente para acreditar la viabilidad de una acción por daños, ya que esta requiere que se demuestre no solo la probabilidad de tal infracción, confirmada por esa decisión, sino también la de un daño y la de una relación de causalidad entre dicho daño y esa infracción. El hecho de que esta decisión se haya adoptado al término de un procedimiento de transacción no requiere una respuesta diferente.
Por último, el Tribunal de Justicia declara que la demostración de la viabilidad de una acción por daños, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 no exige probar que es más probable que improbable que concurran los requisitos para que se genere la responsabilidad por una infracción del Derecho de la competencia. Basta con que el demandante demuestre que la hipótesis de que concurran estos requisitos es razonablemente aceptable.
Subrayando que el concepto de viabilidad en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 ha de ser objeto de una interpretación autónoma en el Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia señala que, según su sentido habitual, el concepto de viabilidad de la acción por daños no requiere que se demuestre un grado particularmente elevado de probabilidad de que concurran los requisitos para que se genere la responsabilidad, sino que, por el contrario, sugiere que es necesario y suficiente convencer al órgano jurisdiccional nacional que conoce de su solicitud de exhibición de pruebas de que la hipótesis de que concurran estos tres requisitos es razonablemente aceptable.
Esta interpretación se ve corroborada por un análisis contextual del concepto de viabilidad de la acción por daños que figura en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104. En efecto, por un lado, en el sistema general de esta disposición, interpretada a la luz, en particular, de los considerandos 6, 14 y 15 de dicha Directiva, la demostración de la viabilidad de la acción por daños no conduce a la concesión de una indemnización en el marco de una acción sobre el fondo, sino a la obtención de una orden conminatoria de exhibición previa de pruebas que es necesaria para la efectividad de tal acción. El nivel probatorio requerido para obtener las pruebas necesarias a efectos de la acción sobre el fondo debe situarse en un nivel inferior al requerido para demostrar que concurren los requisitos para que se genere la responsabilidad en cuanto al fondo.
Por otro lado, del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 y del considerando 16 de esta Directiva se desprende que la viabilidad de la acción por daños debe acreditarse únicamente sobre la base de los datos que obren razonablemente en poder de la parte demandante, lo que refleja la voluntad del legislador de la Unión de no hacer recaer sobre ese demandante una carga de la prueba excesiva, sino simplemente de exigir que este último haya demostrado la verosimilitud de que una infracción del Derecho de la competencia le ha causado un perjuicio.
Según el Tribunal de Justicia, esta interpretación es también la única interpretación conciliable con los objetivos de la Directiva 2014/104, que pretenden, en particular, subsanar la asimetría de información que caracteriza a las acciones por daños por infracción del Derecho de la competencia. En efecto, las pruebas que se necesitan para acreditar una reclamación de daños y perjuicios suelen estar exclusivamente en posesión de la parte contraria o de terceros y no son conocidas suficientemente por el demandante o no están a su alcance.
Pues bien, obligar al demandante a demostrar, en apoyo de su solicitud de exhibición de pruebas necesarias a efectos de su acción por daños, que es más probable que improbable que concurran los requisitos para que se genere la responsabilidad por una infracción del Derecho de la competencia constituye un estricto requisito legal que puede obstaculizar indebidamente el ejercicio efectivo del derecho a resarcimiento. Tal exigencia probatoria sería incompatible con el objetivo de facilitar las acciones por daños, ya que el nivel de prueba exigido sería tal que haría prácticamente imposible o excesivamente difícil para el demandante ejercitar su acción de resarcimiento.
Por consiguiente, los objetivos de la Directiva 2014/104 apoyan la interpretación del concepto de viabilidad de la acción por daños y de la carga de la prueba que incumbe al demandante, según la cual este debe, sobre la base de los elementos a los que tenga acceso razonablemente, convencer al órgano jurisdiccional nacional que conoce de su solicitud de exhibición de pruebas de que la hipótesis de que concurran los tres requisitos acumulativos para que se genere la responsabilidad por una infracción del Derecho de la competencia es razonablemente aceptable.
(
1
)	Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DO 2014, L 349, p. 1).
(
2
)	Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»).
(
3
)	Decisión C(2020) 893 final relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 [TFUE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE [Asunto AT.40528 — Meliá (Holiday Pricing)].