61997CJ0340_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-340/97,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE), por el Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
mer Nazli,
Caglar Nazli,
Melike Nazli
y
Stadt Nürnberg,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 14, apartado 1, de la Decisión nº 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por el Consejo de Asociación creado por el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Sexta),
integrado por los Sres.: R. Schintgen (Ponente), Presidente de la Sala Segunda, en funciones de Presidente de la Sala Sexta; P.J.G. Kapteyn y G. Hirsch, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Mischo;
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- En nombre de los demandantes en el procedimiento principal, por el Sr. K.-H. Becker, Abogado de Nuremberg;
- en nombre de la Stadt Nürnberg, por el Sr. R. Porzel, Rechtsdirektor del Rechtsamt der Stadt Nürnberg, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. E. Röder, Ministerialrat del Bundesministerium für Wirtschaft, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y A. de Bourgoing, chargé de mission de la misma Dirección, en calidad de Agentes;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. P. Hillenkamp y P.J. Kuijper, Consejeros Jurídicos, en calidad de Agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales de los demandantes en el procedimiento principal, representados por los Sres. K.-H. Becker y G. Glupe, Abogado de Nuremberg; de la Stadt Nürnberg, representada por el Sr. R. Porzel; del Gobierno alemán, representado por el Sr. W.-D. Plessing, Ministerialrat del Bundesministerium für Wirtschaft, en calidad de Agente; del Gobierno francés, representado por el Sr. A. Lercher, chargé de mission de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente, y de la Comisión, representada por el Sr. P. Hillenkamp, expuestas en la vista de 10 de junio de 1999;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 8 de julio de 1999;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 7 de julio de 1997, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de octubre siguiente, el Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE), dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 14, apartado 1, de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, sobre el desarrollo de la Asociación (en lo sucesivo, «Decisión nº 1/80»). El Consejo de Asociación fue instituido por el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado en Ankara, el 12 de septiembre de 1963, por la República de Turquía, por una parte, y por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y celebrado, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18; en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»).
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre, por una parte, el Sr. Nazli y sus dos hijos menores de edad que están a su cuidado, todos ellos nacionales turcos, y, por otra, la Stadt Nürnberg, relativo a una decisión por la que se deniega la prórroga del permiso de residencia del Sr. Nazli en Alemania y se ordena su expulsión del Estado miembro.
La Decisión nº 1/80
3 Los artículos 6 y 14 de la Decisión nº 1/80 están contenidos en su Capítulo II («Disposiciones sociales»), Sección 1, que trata sobre las «Cuestiones relativas al empleo y a la libre circulación de trabajadores».
4 El artículo 6, apartado 1, es del siguiente tenor:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 en relación con el libre acceso al empleo de los miembros de su familia, un trabajador turco que forma parte del mercado de trabajo legal de un Estado miembro:
- tiene derecho, en dicho Estado miembro, después de un año de empleo legal, a la renovación de su permiso de trabajo con el mismo empresario si dispone de un empleo;
- tiene derecho, en dicho Estado miembro, después de tres años de empleo legal sin perjuicio de la preferencia que ha de concederse a los trabajadores de los Estados miembros de la Comunidad, a aceptar otra oferta para desempeñar la misma profesión en otra empresa de su elección, realizada en condiciones normales y registrada en los servicios de empleo de dicho Estado miembro;
- tiene derecho, en dicho Estado miembro, después de cuatro años de empleo legal, al libre acceso a cualquier actividad laboral por cuenta ajena de su elección.»
5 El artículo 14, apartado 1, dispone:
«Las disposiciones de la presente Sección se aplicarán sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas.»
El procedimiento principal
6 De los autos del procedimiento principal se desprende que el Sr. Nazli, nacido en 1956, fue autorizado a entrar en Alemania en 1978 y que de 1979 al 24 de junio de 1989 ejerció ininterrumpidamente una actividad por cuenta ajena con el mismo empresario siendo titular de un permiso de trabajo y de una autorización de residencia.
7 Desde el 31 de mayo de 1989, es titular de un permiso de trabajo indefinido que no está sujeto a condiciones de ningún tipo.
8 Al término de su primera relación de trabajo, en junio de 1989, el Sr. Nazli estuvo enfermo o desempleado en varias ocasiones, pero siempre volvió a encontrar trabajo con diferentes empresarios.
9 En 1992, el interesado estuvo implicado en un acto de tráfico de estupefacientes en Alemania.
10 A raíz de esta infracción, fue sometido a prisión provisional del 11 de diciembre de 1992 al 21 de enero de 1994.
11 Mediante sentencia firme de 20 de abril de 1994, el Landgericht Hamburg condenó al Sr. Nazli a una pena privativa de libertad de un año y nueve meses por complicidad en un delito de tráfico de 1.500 g de heroína, con suspensión de la ejecución de la pena en su integridad.
12 Dicho órgano jurisdiccional fundó la suspensión total en su convencimiento de que se trataba de una infracción aislada y de que el interesado, que estaba sinceramente arrepentido y consternado por su acción y por las consecuencias de ésta, sabría sacar las conclusiones pertinentes de su condena y no volvería a delinquir aun cuando la pena no fuera ejecutada. Además, consideró que el Sr. Nazli estaba bien integrado socialmente y volvería a encontrar trabajo de inmediato tras quedar en libertad. Señaló, por último, que su participación en el delito había sido meramente secundaria.
13 Consta que el Sr. Nazli volvió a trabajar por cuenta ajena tras el período de prisión provisional y que, desde el 2 de enero de 1995, tenía un contrato de trabajo indefinido en Alemania.
14 Su último permiso de residencia en dicho Estado miembro, concedido en 1991, expiró el 31 de diciembre de 1994.
15 Mediante decisión de 6 de octubre de 1995, el Servicio de extranjería de la Stadt Nürnberg denegó la solicitud de prórroga del permiso, presentada por el Sr. Nazli el 10 de noviembre de 1994, y ordenó su expulsión. Las autoridades competentes ante las que el interesado presentó un recurso administrativo confirmaron dicha decisión el 21 de noviembre de 1996.
16 La decisión de expulsión del Sr. Nazli fue adoptada sobre la base del artículo 47, párrafo segundo, número 2, de la Ausländergesetz (Ley de extranjería), según el cual, por principio, se debe expulsar a los extranjeros que infrinjan la Betäubungsmittelgesetz (Ley de estupefacientes). Con arreglo a la «Regelausweisung» (expulsión automática) prevista en esta disposición, las autoridades competentes carecen por completo de margen de apreciación y están obligadas a expulsar al extranjero que haya sido condenado por alguna de las infracciones de la Betäubungsmittelgesetz contempladas en el artículo 47, párrafo segundo, número 2, de la Ausländergesetz.
17 A raíz de la desestimación del recurso administrativo, el Sr. Nazli recurrió ante el Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, que estima que la orden de expulsión es conforme al Derecho alemán.
18 No obstante, este órgano jurisdiccional alberga dudas sobre la compatibilidad de la medida mencionada en el apartado 15 de la presente sentencia con la Decisión nº 1/80.
19 Por una parte, el órgano jurisdiccional remitente afirma que el Sr. Nazli adquirió los derechos previstos en el artículo 6, apartado 1, tercer guión, de dicha Decisión, dado que había ejercido ininterrumpidamente un empleo legal en Alemania durante casi diez años.
20 No obstante, aun cuando el interesado no hubiera perdido sus derechos por interrupciones posteriores de su actividad por cuenta ajena debidas a enfermedad o a desempleo, ya que siempre había encontrado trabajo con otros empresarios y era titular de un permiso de trabajo indefinido, dicho órgano jurisdiccional se plantea la cuestión de si el Sr. Nazli seguía perteneciendo al mercado legal de trabajo del Estado miembro de acogida, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 1/80, durante el período de prisión provisional de más de un año, con mayor razón aún por haber sido condenado, mediante sentencia firme, a una pena privativa de libertad -aunque su ejecución fuera suspendida- por la infracción que había justificado la prisión provisional.
21 Por otra parte, el órgano jurisdiccional nacional considera que, habida cuenta del pronóstico social favorable emitido por el Landgericht Hamburg acerca del Sr. Nazli, la expulsión no está justificada por razones de prevención especial, a saber, el riesgo de reincidencia del interesado, de modo que la legalidad de dicha medida sólo puede basarse en el objetivo de prevención general consistente en disuadir a otros extranjeros de cometer infracciones similares.
22 Pues bien, en opinión dicho órgano jurisdiccional no resulta claro que el artículo 14, apartado 1, de la Decisión nº 1/80 confiera a los trabajadores turcos una protección contra la expulsión comparable en su alcance a la que tienen los nacionales de los Estados miembros, que no pueden ser objeto de una medida de expulsión por motivos de prevención general.
Cuestiones prejudiciales
23 Al estimar que en estas circunstancias se requiere una interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 14, apartado 1, de la Decisión nº 1/80 para dirimir el litigio, el Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las dos cuestiones prejudiciales siguientes:
«1) ¿Un trabajador turco que haya adquirido el estatuto jurídico previsto en el tercer guión del artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por el Consejo de Asociación creado por el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, pierde posteriormente dicho estatuto si se le somete a prisión provisional por existir sospechas fundadas de que ha cometido un delito y luego se le condena por dicho delito mediante sentencia firme a una pena privativa de libertad cuya ejecución es objeto de suspensión?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
¿Es compatible con el artículo 14, apartado 1, de la Decisión nº 1/80 la expulsión de dicho trabajador turco únicamente por motivos de prevención general, es decir, con el único fin de disuadir a otros extranjeros?»
Sobre la primera cuestión
24 Con carácter previo, debe señalarse que esta cuestión se refiere a la situación de un trabajador turco que, por haber ejercido sin interrupción durante casi diez años un trabajo legal en un Estado miembro, tiene derecho, con arreglo al artículo 6, apartado 1, tercer guión, de la Decisión nº 1/80, al «libre acceso a cualquier actividad laboral por cuenta ajena de su elección» en dicho Estado miembro.
25 Por consiguiente, habida cuenta de los hechos del litigio principal, es necesario determinar si el Sr. Nazli perdió con carácter retroactivo tal derecho conferido por la Decisión nº 1/80 al haber sido sometido, tras el mencionado período de actividad laboral legal, a prisión provisional por un período superior a un año a raíz de una infracción que había cometido y por la que posteriormente fue condenado mediante sentencia firme a una pena privativa de libertad cuya ejecución, no obstante, fue suspendida en su integridad.
26 De la resolución de remisión se deduce que el órgano jurisdiccional nacional solicita que se dilucide si, durante el período de prisión provisional, el Sr. Nazli siguió formando parte del mercado legal de trabajo del Estado miembro de acogida, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 1/80, pese a que no ejerció una actividad laboral y no podía aceptar ofertas de trabajo durante el período de prisión provisional. A juicio del órgano jurisdiccional remitente, sus dudas se ven acrecentadas por el hecho de que el interesado fuera condenado finalmente a causa de la infracción por la que fue sometido a prisión provisional.
27 En primer lugar, de la propia redacción del apartado 1 del artículo 6 resulta que, a diferencia de los dos primeros guiones, que se limitan a prever que el nacional turco que haya entrado legalmente en el territorio de un Estado miembro y que haya sido autorizado a ocupar en él un puesto de trabajo puede ejercer sus actividades en el Estado miembro de acogida, trabajando para el mismo empresario al finalizar el primer año de empleo legal (primer guión) o respondiendo, después de tres años de empleo legal y sin perjuicio del trato preferente dispensado a los trabajadores nacionales de los Estados miembros, a una oferta de empleo realizada por otro empresario en la misma profesión (segundo guión), el tercer guión concede al trabajador turco no sólo el derecho a responder a una oferta de empleo preexistente, sino también el derecho incondicional a buscar y acceder a cualquier actividad por cuenta ajena libremente escogida por el interesado (véase la sentencia de 23 de enero de 1997, Tetik, C-171/95, Rec. p. I-329, apartado 26).
28 A este respecto, debe señalarse que, a partir del momento en el que, tras cuatro años de trabajo legal, el nacional turco a que se refiere el artículo 6, apartado 1, tiene derecho al libre acceso a cualquier actividad laboral por cuenta ajena de su elección en el Estado miembro de acogida con arreglo al tercer guión de dicha disposición, el efecto directo de ésta no sólo supone que la Decisión nº 1/80 confiera directamente al interesado un derecho individual en materia laboral, sino que, además, el efecto útil de este derecho implica necesariamente la existencia de un derecho correlativo de residencia derivado también del Derecho comunitario (véanse las sentencias de 20 de septiembre de 1990, Sevince, C-192/89, Rec. p. I-3461, apartados 29 y 31; de 16 de diciembre de 1992, Kus, C-237/91, Rec. p. I-6781, apartado 33, y Tetik, antes citada, apartados 26, 30 y 31).
29 Cierto es que, en el estado actual del Derecho comunitario, la Decisión nº 1/80 no menoscaba la competencia de los Estados miembros para negar a un nacional turco el derecho a entrar en su territorio y a ocupar en él un primer empleo por cuenta ajena, de la misma forma que no se opone, en principio, a que estos Estados regulen los requisitos de su empleo hasta el plazo de un año previsto por el artículo 6, apartado 1, primer guión, de esta Decisión.
30 Sin embargo, es jurisprudencia reiterada que el artículo 6, apartado 1, no puede interpretarse en el sentido de que permite a un Estado miembro modificar unilateralmente el alcance del sistema de integración progresiva de nacionales turcos en el mercado de trabajo del Estado miembro de acogida (véase, como último ejemplo, la sentencia de 26 de noviembre de 1998, Birden, C-1/97, Rec. p. I-7747, apartado 37). De este modo, dicho Estado pierde la facultad de adoptar medidas en materia de residencia que obstaculicen el ejercicio de los derechos expresamente conferidos por la Decisión nº 1/80 al interesado que reúna los requisitos para ello y, por tanto, esté legalmente integrado en el Estado miembro de acogida.
31 En segundo lugar, es necesario destacar, en vista de las consideraciones del órgano jurisdiccional remitente, que según la jurisprudencia, el concepto de «mercado legal de trabajo», contemplado en el artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 1/80, designa el conjunto de los trabajadores que se han atenido a las disposiciones legales y reglamentarias del Estado de acogida y tienen de este modo derecho a ejercer una actividad profesional en su territorio (sentencia Birden, antes citada, apartado 51).
32 Por consiguiente, el disfrute de los derechos enunciados en los tres guiones del artículo 6, apartado 1, sólo está subordinado a la condición de que el trabajador haya respetado la legislación del Estado miembro de acogida que regula la entrada en su territorio y el ejercicio de un empleo.
33 Pues bien, no cabe duda de que un trabajador turco como el Sr. Nazli satisface estas exigencias, ya que consta que accedió legalmente al territorio del Estado miembro de que se trata y allí ocupó un empleo legal ininterrumpidamente durante más de cuatro años.
34 Dado que se reúnen estos requisitos, los derechos directamente conferidos por dicha disposición de la Decisión nº 1/80 no pueden depender de ninguna otra exigencia.
35 En tercer lugar, a fin de no vaciar de contenido el derecho del trabajador turco al libre acceso a cualquier actividad por cuenta ajena de su elección, en el sentido del artículo 6, apartado 1, tercer guión, de la Decisión nº 1/80, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que no sólo se refiere al ejercicio de un empleo, sino también de que confiere al trabajador turco que ya está integrado legalmente en el mercado de trabajo del Estado miembro de acogida un derecho incondicional al empleo que implica el de dejar un actividad laboral para buscar otra que el interesado puede elegir libremente.
36 Además, de la jurisprudencia se desprende que no toda ausencia del trabajador turco del mercado de trabajo de un Estado miembro implica automáticamente la pérdida de los derechos adquiridos en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 1/80.
37 Bien es verdad que un nacional turco no tiene derecho a permanecer en el territorio del Estado miembro de acogida cuando cumple la edad de jubilación o sufre un accidente de trabajo que le causa una incapacidad total y permanente para ejercer ulteriormente una actividad por cuenta ajena. En tal caso, debe considerarse que tal trabajador ha abandonado definitivamente el mercado de trabajo de dicho Estado miembro, de modo que el derecho de residencia que reivindica no presenta ninguna relación con una actividad por cuenta ajena, ni siquiera futura (véase la sentencia de 6 de junio de 1995, Bozkurt, C-434/93, Rec. p. I-1475, apartados 39 y 40).
38 No obstante, el Tribunal de Justicia ha estimado que el artículo 6 de la Decisión nº 1/80 no sólo se aplica a la situación de un trabajador turco activo, sino también a la de quien se encuentra en una situación de incapacidad laboral, siempre que ésta sea meramente transitoria, es decir, que no afecte a la aptitud del interesado para continuar ejerciendo su derecho al empleo conferido por dicha Decisión, aunque sea tras una interrupción temporal de la relación laboral (véase la sentencia Bozkurt, antes citada, apartados 38 y 39).
39 De lo anterior se deduce que, aun cuando el derecho de residencia, como corolario del derecho de acceder al mercado de trabajo y de ejercer efectivamente un empleo, tiene sus límites, únicamente la inactividad definitiva del trabajador conduce necesariamente a la pérdida de los derechos concedidos por el artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 1/80.
40 En particular, si bien es cierto que el nacimiento de los derechos previstos en los tres guiones del artículo 6, apartado 1, presupone, en principio, el ejercicio de un empleo legal ininterrumpido durante uno, tres o cuatro años respectivamente, el tercer guión de dicha disposición implica para el trabajador, que ya está integrado legalmente en el mercado laboral del Estado de acogida, el derecho de interrumpir temporalmente su relación laboral. De este modo, tal trabajador continúa formando parte del mercado legal de trabajo de dicho Estado, siempre que vuelva a encontrar efectivamente otro empleo en un plazo razonable, y, por consiguiente, goza de un derecho de residencia durante dicho período.
41 De las consideraciones anteriores se deduce que la interrupción temporal del período de actividad de un trabajador turco como el Sr. Nazli durante su situación de prisión provisional no le hace perder, de por sí, el disfrute de los derechos que le confiere directamente el artículo 6, apartado 1, tercer guión, de la Decisión nº 1/80, siempre que vuelva a encontrar un empleo en un plazo razonable después de quedar en libertad.
42 En efecto, la ausencia temporal resultante de tal período de prisión no hace peligrar en modo alguno la participación posterior del interesado en la vida activa, como por otra parte demuestra el asunto principal, en el que el Sr. Nazli buscó un trabajo y efectivamente encontró un empleo estable después de quedar en libertad.
43 En tales circunstancias, las autoridades del Estado miembro de acogida no pueden privar de su derecho de residencia a un trabajador turco que, como el Sr. Nazli, ha ejercido ininterrumpidamente un empleo legal durante más de cuatro años, basándose en que, durante su situación de prisión provisional, dejó de cumplir el requisito de pertenencia al mercado legal de trabajo de dicho Estado miembro.
44 En efecto, salvo los casos en que el interesado haya dejado de pertenecer definitivamente al mercado legal de trabajo del Estado miembro de acogida o haya superado el plazo razonable para comenzar una nueva relación laboral tras un período de inactividad temporal, los derechos que la Decisión nº 1/80 confiere directamente a los trabajadores turcos que ya están integrados legalmente en el Estado miembro de acogida sólo podrán ser limitados por las autoridades nacionales, en su caso, en virtud del artículo 14, apartado 1, de dicha Decisión, cuya interpretación es objeto de la segunda cuestión prejudicial.
45 Por último, la circunstancia de que el interesado fuera condenado posteriormente mediante sentencia firme a causa de los hechos por los que fue sometido a prisión provisional no altera la interpretación anterior, según la cual un trabajador turco como el Sr. Nazli no ha abandonado definitivamente el mercado legal de trabajo del Estado miembro de acogida durante los trece meses en los que estuvo en situación de prisión provisional. El hecho de no haber ejercido una actividad por cuenta ajena durante dicho período no puede implicar la pérdida de los derechos en materia laboral y de residencia que le confiere directamente el artículo 6, apartado 1, tercer guión, de la Decisión nº 1/80 para seguir ejerciendo su derecho al libre acceso a cualquier actividad por cuenta ajena de su elección con arreglo a esta disposición.
46 Sobre esta cuestión basta con señalar que la ejecución de la pena de prisión impuesta al Sr. Nazli por el órgano jurisdiccional penal fue suspendida en su integridad por éste.
47 Pues bien, tal condena penal no implica la ausencia del interesado, ni siquiera con carácter provisional, del mercado de trabajo del Estado miembro de acogida.
48 Además, como acertadamente han señalado el Gobierno francés y la Comisión, así como el Abogado General en el punto 49 de sus conclusiones, el propio objetivo de la suspensión es la reintegración social del condenado, especialmente por lo que respecta al ejercicio de una profesión. Por consiguiente, sería contradictorio considerar que la condena de un trabajador turco a una pena privativa de libertad cuya ejecución es suspendida en su integridad pueda apartar al interesado del mercado de trabajo del Estado miembro de acogida.
49 En vista de las consideraciones precedentes, debe responderse a la primera cuestión que un nacional turco que durante un período ininterrumpido de más de cuatro años ha ejercido un empleo legal en un Estado miembro, pero que posteriormente es sometido durante más de un año a prisión provisional a causa de una infracción por la que se le condena mediante sentencia firme a una pena privativa de libertad cuya ejecución es suspendida en su integridad, no deja de pertenecer al mercado legal de trabajo del Estado miembro de acogida por no haber ejercido un empleo durante el período de prisión provisional, cuando encuentra un empleo en un plazo razonable después de quedar en libertad, y puede solicitar en dicho Estado miembro la prórroga de su permiso de residencia con el fin de seguir ejerciendo su derecho al libre acceso a cualquier actividad laboral por cuenta ajena de su elección con arreglo al artículo 6, apartado 1, tercer guión, de la Decisión nº 1/80.
Sobre la segunda cuestión
50 Con el fin de responder a esta cuestión, es preciso recordar, con carácter previo, que, a tenor del artículo 12 del Acuerdo de Asociación, «las Partes Contratantes acuerdan basarse en los artículos 48, 49 y 50 del Tratado constitutivo de la Comunidad para llevar a cabo gradualmente, entre ellas, la libre circulación de trabajadores».
51 El Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970, anejo al Acuerdo de Asociación y celebrado mediante el Reglamento (CEE) nº 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (DO L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213), establece en su artículo 36 los plazos para la realización gradual de la libre circulación de los trabajadores entre los Estados miembros de la Comunidad y Turquía y dispone que «el Consejo de Asociación decidirá las modalidades necesarias al respecto».
52 Sobre la base de los artículo 12 del Acuerdo de Asociación y 36 del mencionado Protocolo Adicional, el Consejo de Asociación, instituido mediante dicho Acuerdo para asegurar la aplicación y el desarrollo progresivo del régimen de asociación, adoptó en primer lugar, el 20 de diciembre de 1976, la Decisión nº 2/76, que según su artículo 1 se presenta como una primera etapa en la realización de la libre circulación de trabajadores entre la Comunidad y Turquía.
53 Según su tercer considerando, la Decisión nº 1/80 tiene por objeto mejorar, en el ámbito social, el régimen que se aplica a los trabajadores y a los miembros de su familia en relación con el régimen previsto por la Decisión nº 2/76.
54 De este modo, las disposiciones del Capítulo II, Sección 1, de la Decisión nº 1/80 constituyen una etapa más hacia la consecución de la libre circulación de trabajadores y se basan en los artículos 48, 49 del Tratado CE (actualmente artículos 39 CE y 40 CE, tras su modificación) y 50 del Tratado CE (actualmente, artículo 41 CE) (véanse las sentencias, antes citadas, Bozkurt, apartados 14 y 19, y Tetik, apartado 20, y la sentencia de 19 de noviembre de 1998, Akman, C-210/97, Rec. p. I-7519, apartado 20).
55 En este contexto, debe destacarse que una jurisprudencia reiterada ha deducido del tenor de los mencionados artículos 12 del Acuerdo de Asociación y 36 del Protocolo Adicional, así como del objetivo de la Decisión nº 1/80, que los principios admitidos en el marco de los artículos 48, 49 y 50 del Tratado deben aplicarse, en la medida de lo posible, a los nacionales turcos que gozan de los derechos reconocidos por la Decisión nº 1/80 (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Bozkurt, apartados 14, 19 y 20, Tetik, apartados 20 y 28, y Birden, apartado 23, así como las sentencias de 30 de septiembre de 1997, Günaydin, C-36/96, Rec. p. I-5143, apartado 21, y Ertanir, C-98/96, Rec. p. I-5179, apartado 21).
56 De lo anterior se deduce que, para determinar el alcance de la excepción de orden público prevista en el artículo 14, apartado 1, de la Decisión nº 1/80, procede remitirse a la interpretación dada a esta excepción en materia de libre circulación de trabajadores nacionales de los Estados miembros de la Comunidad. Tal interpretación está tanto más justificada por cuanto dicha disposición está redactada en términos casi idénticos a los del artículo 48, apartado 3, del Tratado.
57 Pues bien, en el marco del Derecho comunitario y, en particular, de dicha disposición del Tratado, es jurisprudencia reiterada que el concepto de orden público requiere, aparte de la perturbación social que constituye toda infracción de la ley, que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad (véase, por ejemplo, la sentencia de 27 de octubre de 1977, Regina/Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, apartado 35).
58 Si bien es cierto que un Estado miembro puede considerar que el consumo de estupefacientes constituye para la sociedad un peligro que puede justificar medidas especiales frente a los extranjeros que infrinjan la legislación sobre estupefacientes, con el fin de salvaguardar el orden público, la excepción de orden público, como toda excepción a un principio fundamental del Tratado, debe ser interpretada de forma restrictiva, de modo que la existencia de una condena penal sólo puede justificar una expulsión en la medida en que las circunstancias que dieron lugar a dicha condena pongan de manifiesto la existencia de un comportamiento personal que constituya una amenaza actual para el orden público (en este sentido, véase, como último ejemplo, la sentencia de 19 de enero de 1999, Calfa, C-348/96, Rec. p. I-11, apartados 22 a 24).
59 El Tribunal de Justicia ha deducido de lo anterior que el Derecho comunitario se opone a la expulsión de un nacional de un Estado miembro basada en motivos de prevención general, a saber, que haya sido acordada con el fin de disuadir a otros extranjeros (véase, en especial, la sentencia de 26 de febrero de 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. p. 297, apartado 7), en particular cuando dicha medida haya sido dictada automáticamente a raíz de una condena penal, sin tener en cuenta el comportamiento personal del autor de la infracción ni el peligro que supone para el orden público (sentencia Calfa, antes citada, apartado 27).
60 Como ya se ha recordado en el apartado 56 de la presente sentencia, el artículo 14, apartado 1, de la Decisión nº 1/80 impone a las autoridades nacionales competentes límites análogos a los que se aplican a una medida de este tipo impuesta a un nacional de un Estado miembro.
61 Por consiguiente, sólo se puede privar a un nacional turco de los derechos que le confiere directamente la Decisión nº 1/80 mediante la expulsión cuando tal medida esté justificada por la circunstancia de que el comportamiento personal del interesado supone un riesgo concreto de nuevas perturbaciones graves del orden público.
62 Pues bien, en el asunto objeto del procedimiento principal se desprende con claridad tanto de los fundamentos de la resolución de remisión como del propio tenor de la segunda cuestión prejudicial que, según el órgano jurisdiccional nacional, la única razón que puede justificar la medida de expulsión adoptada contra el Sr. Nazli es un objetivo de prevención general destinado únicamente a disuadir a otros extranjeros.
63 Por consiguiente, en vista de los principios consagrados en el marco de la libre circulación de los trabajadores nacionales de un Estado miembro y aplicables por analogía a los trabajadores turcos que disfrutan de los derechos reconocidos por la Decisión nº 1/80, debe considerarse incompatible con el artículo 14, apartado 1, de dicha Decisión una medida de expulsión automática acordada a raíz de una condena penal por una infracción específica y con una finalidad de prevención general.
64 En tales circunstancias, procede responder a la segunda cuestión que el artículo 14, apartado 1, de la Decisión nº 1/80 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la expulsión de un nacional turco titular de un derecho conferido directamente por dicha Decisión, cuando tal medida se acuerda a raíz de una condena penal y con la finalidad de disuadir a otros extranjeros, sin que el comportamiento personal del interesado haga pensar concretamente que cometerá nuevas infracciones graves que puedan perturbar el orden público del Estado miembro de acogida.
Decisión sobre las costas
Costas
65 Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán y francés y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach mediante resolución de 7 de julio de 1997, declara:
1) Un nacional turco que durante un período ininterrumpido de más de cuatro años ha ejercido un empleo legal en un Estado miembro, pero que posteriormente es sometido durante más de un año a prisión provisional a causa de una infracción por la que se le condena mediante sentencia firme a una pena privativa de libertad cuya ejecución es suspendida en su integridad, no deja de pertenecer al mercado legal de trabajo del Estado miembro de acogida por no haber ejercido un empleo durante el período de prisión provisional, cuando encuentra un empleo en un plazo razonable después de quedar en libertad, y puede solicitar en dicho Estado miembro la prórroga de su permiso de residencia con el fin de seguir ejerciendo su derecho al libre acceso a cualquier actividad laboral por cuenta ajena de su elección con arreglo al artículo 6, apartado 1, tercer guión, de la Decisión nº 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación adoptada por el Consejo de Asociación creado por el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía.
2) El artículo 14, apartado 1, de la Decisión nº 1/80 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la expulsión de un nacional turco titular de un derecho conferido directamente por dicha Decisión, cuando tal medida se acuerda a raíz de una condena penal y con la finalidad de disuadir a otros extranjeros, sin que el comportamiento personal del interesado haga pensar concretamente que cometerá nuevas infracciones graves que puedan perturbar el orden público del Estado miembro de acogida.