61967J0001
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 5 de julio de 1967 (
*1
)
En el asunto 1/67,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por la Chambre sociale de la Cour d'appel d'Orléans (Francia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Stanislas Ciechelski, residente en Orléans,
y
Caisse régionale de sécurité sociale du centre d'Orléans, Orléans,
y
Directeur régional de la sécurité sociale d'Orléans, Orléans,
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 51 del Tratado CEE, así como de los artículos 27 y 28 del Reglamento no 3 del Consejo de la CEE relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (DO 1958, 30, pp. 561 y ss.),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres. Ch. L. Hammes, Presidente; A. Trabucchi y R. Monaco, Presidentes de Sala; L. Delvaux, A.M. Donner, R. Lecourty W. Strauss (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. J. Gand;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
Considerando que la Cour d'appel d'Orléans solicita del Tribunal de Justicia que se pronuncie «sobre la interpretación que procede dar al artículo 51 del Tratado de Roma y a los artículos 27 y 28 del Reglamento no 3 de la Comunidad relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes, de manera que se precise si dicho Reglamento puede válidamente privar a un trabajador de una parte de los derechos adquiridos por el mismo en uno de los Estados de la Comunidad».
Considerando que los sistemas con períodos, como el que ha dado lugar a la antedicha cuestión, se caracterizan, ante todo, por el hecho de que en uno de los Estados interesados, se causa el derecho a la prestación en virtud solamente del Derecho interno, mientras que en el otro Estado interesado sólo puede nacer el derecho a la prestación por medio de la acumulación de los períodos dispuesta por los artículos 51 del Tratado CEE y 27 del Reglamento no 3;
que además, dichos sistemas presentan la particularidad de que la aplicación, por la institución competente del primer Estado, de los artículos 27 y 28 del citado Reglamento podría producir una reducción de la prestación derivada de la aplicación exclusiva del Derecho interno, aunque dicha prestación no correspondiera a períodos en relación con los cuales el asegurado pudiera igualmente pretender prestaciones por parte del segundo Estado;
que conviene, pues, examinar si, en tales casos, la institución deudora de la pensión reconocida en virtud tan sólo del Derecho interno tiene la facultad de aplicar los citados artículos 27 y 28.
1)
Considerando que, según lo dispuesto en el principio y en la letra a) del apartado 1 del artículo 28, las disposiciones de dicho artículo y especialmente la letra b) que establecen la operación llamada prorrateo, parecen aplicables indistintamente a cualquier «asegurado al que se refiere el artículo 27 del presente Reglamento», es decir, «que haya estado sometido sucesiva o alternativamente a la legislación de dos o varios Estados miembros»;
que, sin embargo, de acuerdo con la citada letra b) procede el prorrateo cuando el derecho a las prestaciones «ha sido adquirido al amparo del párrafo precedente», es decir «teniendo en cuenta la acumulación de los períodos» cubiertos con arreglo a las diferentes legislaciones nacionales de acuerdo con el artículo 27, lo que sugiere, a contrario, que el prorrateo se excluye si, de acuerdo con dicha legislación, el derecho del asegurado se adquirió sin que fuera necesario tomar en cuenta los períodos cubiertos con arreglo a otras legislaciones;
que dicha interpretación se basa en el apartado 1 del artículo 27 que sólo dispone la acumulación «para la adquisición, conservación o percepción del derecho a las prestaciones», pero no «para el cálculo de las mismas», expresión utilizada por el artículo 51 del Tratado;
que, en efecto, dicha redacción parece limitar la acumulación al caso en que la misma sea necesaria para generar un derecho a prestación, y excluirla en los casos en que podría tener como único efecto mantener o hacer variar el contenido de un derecho ya adquirido al amparo tan sólo de la legislación nacional.
2)
Considerando que ante las dificultades de interpretación de dichas disposiciones, procede examinarlas a la luz de los artículos 48 a 51 del Tratado en los que tienen su fundamento, marco y límites los Reglamentos adoptados en materia de Seguridad Social.
Considerando que dichas disposiciones tienen por objeto garantizar «la libre circulación de los trabajadores», en especial mediante la «abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad, entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo»;
que, en particular, el artículo 51 precisa que los Reglamentos adoptados para su aplicación han de crear «un sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes […] la acumulación, de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, así como para el cálculo de éstas»;
que dichas prescripciones establecen como principio que, en su conjunto, dichos Reglamentos están destinados a favorecer, en ciertos aspectos, al trabajador migrante en relación con la situación que resultaría de la aplicación exclusiva del Derecho interno;
que, ante la duda, dichos Reglamentos deben interpretarse a la luz de dicha finalidad.
Considerando que se deduce de su misma redacción que el artículo 51 contempla, ante todo, el caso en que la legislación de un Estado miembro, por sí sola, no reconozca al asegurado un derecho a prestaciones, a causa de la duración insuficiente de los períodos cubiertos bajo dicha legislación;
que, en este supuesto, dicho artículo tiende a obligar a la institución competente de este Estado a que tome igualmente en consideración los períodos cubiertos bajo los regímenes de otros Estados miembros y satisfaga una prestación en la medida en la que el total de los períodos sumados alcance o supere el mínimo de períodos previstos por la legislación de dicho Estado;
que, sin embargo, dicha prestación, para no conferir al asegurado beneficios injustificados, no puede, según la letra b) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3, exceder de «la prorrata de la duración de los períodos cubiertos bajo la antedicha legislación […] en relación con la duración total de los períodos cubiertos bajo las legislaciones de todos los Estados miembros interesados»;
que, de este modo, la facultad de prorratear establecida por la citada disposición, aun cuando no estaba contemplada por el artículo 51 del Tratado, se presenta como un elemento inseparable de la operación de acumulación y supone necesariamente una acumulación previa.
Considerando que se deduce de lo anterior que la acumulación y el prorrateo carecen de objeto en el caso de un Estado en el que el efecto perseguido por el artículo 51 ya se ha obtenido por efecto sólo de la legislación nacional;
que el artículo 51 no puede, pues, servir de base al cálculo de la prestación por la institución competente de dicho Estado, mediante la acumulación y el prorrateo.
3)
Considerando, no obstante, que dada la complejidad de las legislaciones nacionales y la que resulta de las disposiciones del Derecho comunitario, este principio no puede elevarse a norma absoluta;
que, en particular, sólo sería válido en la medida en que su aplicación no proporcione al asegurado prestaciones que excedan de las previstas expresamente por el artículo 51 del Tratado o los Reglamentos para su aplicación.
Considerando que dicho artículo tiene por fin tomar en consideración períodos de seguro que, de otro modo, serían inoperantes, pero no permitir al asegurado pretender prestaciones correspondientes a un mismo período con respecto a las instituciones de diversos Estados;
que, por lo demás, con esta intención el apartado 1 del artículo 27 del Reglamento no 3 sólo dispone la acumulación en los casos en los que dichos períodos «no se superponen»;
que el antedicho principio tiene, pues, una excepción cuando su aplicación conduzca a la acumulación de prestaciones por un mismo período.
Considerando, no obstante, que en casos como el presente no existe ninguna acumulación indebida de prestaciones;
que, en efecto, en estos casos, las prestaciones satisfechas por uno de los Estados interesados con arreglo a su legislación, completada por el Derecho comunitario, por una parte, y las abonadas por el otro Estado interesado basándose tan sólo en su legislación, por otra, se refieren respectivamente a períodos completamente distintos;
que, en especial, la finalidad del artículo 51 del Tratado no puede llevar a considerar como acumulación contraria a las normas comunitarias, el que el asegurado haya conservado sus derechos adquiridos en este último Estado, a la vez que se le reconoce un derecho a prestaciones en el primer Estado;
que dichas consideraciones siguen siendo válidas incluso en el caso en el que el beneficio que obtiene el asegurado de la aplicación del artículo 27 en un Estado sea superior a la pérdida que sufriría si otro Estado aplicara el artículo 28 sin necesidad de recurrir al artículo 27;
que la institución de un Estado cuya legislación incluye una cuantía máxima de prestaciones establecida en función de un máximo de períodos, no puede invocar dichos artículos 27 y 28 para prorratear las prestaciones debidas con arreglo a esta legislación, con la finalidad de aproximar a la citada cuantía máxima la totalidad de las prestaciones de las que se beneficia un trabajador migrante;
que, en efecto, dado que el Reglamento no 3 dejó subsistir regímenes distintos que han generado derechos distintos frente a instituciones distintas, la institución de un Estado no podría ipso facto invocar la carga que el Derecho comunitario impone a la institución de otro Estado para reducir la que le impone su propia legislación.
Considerando, que, en su conjunto, las anteriores consideraciones llevan a admitir que, en casos como el presente, la institución de un Estado en el cual el derecho del asegurado se ha reconocido sin acumulación no puede invocar los artículos 27 y 28 del Reglamento no 3 para reducir la prestación a que esté obligada en virtud de su legislación nacional.
Considerando que los artículos 27 y 28 del Reglamento no 3, interpretados de este modo, no son contrarios al artículo 51 del Tratado CEE;
que, en efecto, lejos de perjudicar al trabajador migrante, respetan los derechos adquiridos por el mismo en un Estado en tanto que le reconocen derecho a pensión en otro Estado.
Considerando que los gastos efectuados por la Comisión de la CEE que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso;
que dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante la Cour d'appel d'Orléans, corresponde a ésta resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto;
vistos los autos;
oído el informe del Juez Ponente;
oídas las observaciones orales de la Comisión de la CEE;
oídas las conclusiones del Abogado General;
visto el Tratado constitutivo de la CEE y, en particular, sus artículos 48 a 51 y 177;
visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE y, en particular, su artículo 20;
visto el Reglamento no 3 del Consejo de la CEE relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (DO 1958, 30, pp. 561 y ss.) y, en particular, sus artículos 27 y 28;
visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada con carácter prejudicial por la Cour d'appel d'Orléans mediante resolución de dicho Tribunal de 22 de diciembre de 1966, declara:
1)
Cuando en un Estado miembro el derecho a la prestación se reconoce sin que sea necesario tomar en cuenta los períodos cubiertos con arreglo a la legislación de los otros Estados miembros, La institución competente del primer Estado no está facultada para aplicar los artículos 27 y 28 del Reglamento no 3 a efectos de reducir la prestación a la que está obligada con arreglo a su propia legislación, al menos en la medida en que dicha prestación no se refiera a períodos que hubieran servido para el cálculo de la cuantía de las prestaciones abonadas por la institución competente de otro Estado.
2)
Los artículos 27 y 28 del Reglamento no 3, interpretados de esta manera, no son contrarios al artículo 51 del Tratado CEE.
Y decide:
Corresponde a la Cour d'appel d'Orléans resolver sobre las costas del presente procedimiento.
Hammes
Trabucchi
Monaco
Delvaux
Donner
Lecourt
Strauss
Pronunciada en Luxemburgo, a 5 de julio de 1967.
Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de julio de 1967.
Hammes
Trabucchi
Monaco
Delvaux
Donner
Lecourt
Strauss
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
Ch. L. Hammes
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.