Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 16 de abril de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Libre prestación de servicios — Titular de una licencia expedida por un Estado miembro que autoriza la organización de juegos de azar en línea — Normativa de otro Estado miembro que somete la organización de juegos de azar en línea a autorización — Razones imperiosas de interés general — Juegos de máquinas tragaperras en línea — Loterías secundarias — Reembolso de las cantidades perdidas por apuestas — Abuso de derecho »
En el asunto C‑440/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Sala de Competencia General del Tribunal de lo Civil, Malta), mediante resolución de 11 de julio de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de julio de 2023, en el procedimiento entre
FB
y
European Lotto and Betting Ltd.,
Deutsche Lotto-und Sportwetten Ltd.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (Ponente) y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de abril de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de FB, por él mismo;
–        en nombre de European Lotto and Betting Ltd y de Deutsche Lotto-und Sportwetten ltd., por el Sr. S. Camilleri, avukat, y el Sr. R. Karpenstein, Rechtsanwalt;
–        en nombre del Gobierno maltés, por la Sra. A. Buhagiar, en calidad de agente, asistida por el Sr. D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, y el Sr. Z. Sciberras, avukat;
–        en nombre del Gobierno belga, por el Sr. A. De Brouwer, las Sras. C. Jacob y L. Van den Broeck, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. V. Ramognino, R. Verbeke y P. Vlaemminck, avocats;
–        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, la Sra. T. Suchá y el Sr. J. Vláčil, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y P.‑L. Krüger, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino y la Sra. G. Palmieri, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea por la Sra. L. Armati y el Sr. M. Mataija, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 4 de septiembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 56 TFUE y del principio de prohibición del abuso de derecho.
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre FB, por una parte, y European Lotto and Betting Ltd y Deutsche Lotto-und Sportwetten Ltd., dos sociedades con domicilio social en Malta, por otra, en relación con una demanda de recuperación de cantidades perdidas en apuestas en el marco de juegos de máquinas tragaperras en línea y de apuestas sobre los resultados de sorteos de loterías.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento (CE) n.º 593/2008
3        El artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6, en lo sucesivo «Reglamento Roma I), titulado «Libertad de elección», establece lo siguiente, en sus apartados 1 y 3:
«1.      El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato.
[…]
3.      Cuando todos los demás elementos pertinentes de la situación estén localizados en el momento de la elección en un país distinto de aquel cuya ley se elige, la elección de las partes no impedirá la aplicación de las disposiciones de la ley de ese otro país que no puedan excluirse mediante acuerdo.»
4        El artículo 6 del Reglamento Roma I, bajo el epígrafe «Contratos de consumo», dispone, en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:
«1.      Sin perjuicio de los artículos 5 y 7, el contrato celebrado por una persona física para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad comercial o profesional (“el consumidor”) con otra persona (“el profesional”) que actúe en ejercicio de su actividad comercial o profesional, se regirá por la ley del país en que el consumidor tenga su residencia habitual, siempre que el profesional:
a)      ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el país donde el consumidor tenga su residencia habitual, o
b)      por cualquier medio dirija estas actividades a ese país o a distintos países, incluido ese país,
y el contrato estuviera comprendido en el ámbito de dichas actividades.
2.      No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las partes podrán elegir la ley aplicable a un contrato que cumple los requisitos del apartado 1, de conformidad con el artículo 3. Sin embargo, dicha elección no podrá acarrear, para el consumidor, la pérdida de la protección que le proporcionen aquellas disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habría sido aplicable de conformidad con el apartado 1.»
5        A tenor del artículo 9 de dicho Reglamento, titulado «Leyes de policía»:
«1.      Una ley de policía es una disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable al contrato según el presente Reglamento.
2.      Las disposiciones del presente Reglamento no restringirán la aplicación de las leyes de policía de la ley del foro.
3.      También podrá darse efecto a las leyes de policía del país en que las obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido ejecutadas en la medida en que dichas leyes de policía hagan la ejecución del contrato ilegal. Para decidir si debe darse efecto a estas disposiciones imperativas, se tendrá en cuenta su naturaleza y su objeto, así como las consecuencias que se derivarían de su aplicación o de su inaplicación.»
6        A tenor del artículo 10 del referido Reglamento, titulado «Consentimiento y validez material»:
«1.      La existencia y la validez del contrato, o de cualquiera de sus disposiciones, estarán sometidas a la ley que sería aplicable en virtud del presente Reglamento si el contrato o la disposición fueran válidos.
2.      Sin embargo, para establecer que no ha dado su consentimiento, cualquiera de las partes podrá referirse a la ley del país en que tenga su residencia habitual si de las circunstancias resulta que no sería razonable determinar el efecto del comportamiento de tal parte según la ley prevista en el apartado 1.
7        El artículo 12 del citado Reglamento, titulado «Ámbito de la ley aplicable», establece lo siguiente en su apartado 1:
«La ley aplicable al contrato en virtud del presente Reglamento regirá en particular:
[…]
e)      las consecuencias de la nulidad del contrato.
[…]»
8        El artículo 19 del Reglamento Roma I, con el título «Residencia habitual», establece lo siguiente en su apartado 3:
«La residencia habitual será la determinada en el momento de la celebración del contrato.»
9        El artículo 21 de dicho Reglamento, titulado «Orden público del foro», está redactado en los siguientes términos:
«Solo podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley de cualquier país designada por el presente Reglamento si esta aplicación es manifiestamente incompatible con el orden público del foro.»
Reglamento (UE) n.º 1215/2012
10      El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), que forma parte de la sección 1 del capítulo II del citado Reglamento, titulada «Disposiciones Generales», establece:
«Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
11      El artículo 5 del citado Reglamento, incluido en esa misma sección 1, dispone lo siguiente en su apartado 1:
«Las personas domiciliadas en un Estado miembro solo podrán ser demandadas ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de las normas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.»
12      La sección 4 del capítulo II de dicho Reglamento, titulada «Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores», comprende, entre otros, los artículos 17 a 18 de este último.
13      El artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 establece:
«En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará determinada por la presente sección […]:
a)      cuando se trate de una venta a plazos de mercaderías;
b)      cuando se trate de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes, o
c)      en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerza actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirija tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato esté comprendido en el marco de dichas actividades.»
14      El artículo 18, apartado 1, de este Reglamento dispone:
«La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliada dicha parte o, con independencia del domicilio de la otra parte, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado el consumidor.»
Derecho alemán
GlüStV de 2012
15      El artículo 1 del Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland (Acuerdo estatal sobre los juegos de azar en Alemania), de 15 de diciembre de 2011, en su redacción aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «GlüStV de 2012»), celebrado entre los estados federados, dispone, en su punto 2, que uno de sus objetivos es canalizar el deseo natural de la población de jugar hacia vías ordenadas y supervisadas, proponiendo una oferta limitada de juegos de azar que constituya una alternativa adecuada a los juegos de azar no autorizados, y luchar contra el desarrollo y la propagación de los juegos de azar ilícitos en los mercados paralelos.
16      El artículo 4, apartados 1, 4 y 5, del GlüStV de 2012 establece lo siguiente:
«1.      La organización de juegos de azar públicos o la intermediación en ellos solo serán posibles con la autorización de la autoridad competente del estado federado correspondiente. Queda prohibida cualquier forma de organización de tales juegos o de intermediación en los mismos sin dicha autorización (juego de azar ilícito).
[…]
4.      Quedan prohibidas la organización de juegos de azar públicos y la intermediación en ellos a través de Internet.
5.      Como excepción a lo dispuesto en el subapartado 4, los estados federados podrán, para facilitar la consecución de los objetivos del artículo 1, permitir la autodistribución e intermediación de loterías y la organización e intermediación de apuestas deportivas en Internet […]»
17      Con arreglo al artículo 10, apartados 2 y 6, del GlüStV de 2012, la concesión de una licencia para las loterías está reservada a los proveedores controlados por el Estado.
Código Civil alemán
18      El artículo 134 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil)
en su redacción aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código Civil alemán») prevé que los actos jurídicos que vulneren una prohibición legal serán nulos, a menos que la ley disponga otra cosa.
19      El artículo 812, apartado 1, del Código Civil alemán dispone lo siguiente:
«Quien mediante la prestación de un tercero o de cualquier otro modo obtuviere una cosa en detrimento del tercero sin razón jurídica que lo fundamente estará obligado a su restitución.
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
20      Las demandadas en el litigio principal son dos sociedades establecidas en Malta que ofrecen servicios de juegos de azar en línea, en concreto juegos de máquinas tragaperras y apuestas sobre los resultados de sorteos de loterías, en virtud de una licencia expedida por la Maltese Gaming Authority (Autoridad de juegos de azar, Malta). Estas dos sociedades desarrollan su actividad, en particular, orientadas al mercado alemán a través de su sitio de Internet.
21      De la petición de decisión prejudicial y de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que la normativa alemana establecía, hasta el 1 de julio de 2021, una prohibición general de los juegos de azar en línea, con excepción, desde 2012, de las apuestas deportivas e hípicas, así como de la distribución directa y de la intermediación en loterías, cuya organización estaba, no obstante, reservada a personas jurídicas de Derecho público o a personas jurídicas de Derecho privado en las que personas jurídicas de Derecho público tienen, directa o indirectamente, una participación determinante. Según la referida petición, pese a esa prohibición general, «en Alemania, las máquinas tragaperras son omnipresentes, tanto en salas de juego como en restaurantes y en numerosos casinos».
22      Por lo que respecta a las apuestas en línea sobre los resultados de los sorteos de loterías (en lo sucesivo, «loterías secundarias»), de la petición de decisión prejudicial se desprende que, según la normativa alemana aplicable al litigio principal, tal como ha sido interpretada por los órganos jurisdiccionales alemanes, las loterías secundarias se consideran meras apuestas en Internet comprendidas, por tanto, en la prohibición general de los juegos de azar en línea.
23      En este contexto, una persona con residencia habitual en Alemania (en lo sucesivo, «jugador original») hizo uso de los servicios ofrecidos por las demandadas en el litigio principal durante el período comprendido entre el 5 de junio de 2019 y el 12 de julio de 2021.
24      De la respuesta de la Prim’Awla tal-Qorti inívili (Sala Primera del Tribunal Civil, Malta), que es el órgano jurisdiccional remitente, a la solicitud de aclaraciones que le dirigió el Tribunal de Justicia el 15 de abril de 2024 con arreglo al artículo 101, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, se desprende que, con arreglo a las condiciones generales que rigen el contrato celebrado entre el jugador original y las demandadas en el litigio principal, la relación contractual de que se trata debería haberse regido por el Derecho maltés. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente considera que, en virtud del artículo 6, apartado 2, del Reglamento Roma I, a esta relación contractual le es aplicable el Derecho alemán. A este respecto, considera que, con arreglo a este último Derecho y a la vista de la prohibición general de los juegos de azar en línea establecida, en la fecha de los hechos del litigio principal, por la normativa alemana, el contrato que vincula a dicho jugador con las demandadas en el litigio principal debería considerarse nulo, en virtud del artículo 812 del Código Civil alemán.
25      Sobre la base de este artículo del Código Civil alemán, dicho jugador interpuso ante el Landgericht Erfurt (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Erfurt, Alemania) una acción contra las demandadas en el litigio principal con el fin de recuperar las pérdidas que había sufrido por apuestas realizadas durante el período de que se trata. Mientras el procedimiento aún estaba pendiente, ese mismo jugador, mediante un contrato celebrado el 21 de noviembre de 2021, cedió sus derechos derivados de dicha relación contractual a la parte demandante en el litigio principal, quien, a su vez, ejercitó ante el órgano jurisdiccional remitente una acción contra las demandadas en el litigio principal para recuperar las cantidades relativas a apuestas perdidas por el jugador original. Según las declaraciones de las demandadas en el litigio principal en la vista ante el Tribunal de Justicia, la demanda interpuesta ante el Landgericht Erfurt (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Erfurt) ha sido posteriormente retirada.
26      La parte demandante en el litigio principal alega que, al disponer únicamente de una licencia maltesa, las demandadas en el litigio principal prestaron ilegalmente los servicios controvertidos en el litigio principal al jugador original. A su juicio, esta ilegalidad dio lugar a la nulidad del contrato celebrado entre estas últimas y el jugador.
27      Las demandadas en el litigio principal consideran, por su parte, que, debido a una vulneración de su libertad para prestar servicios, garantizada por el artículo 56 TFUE, les fue imposible obtener una autorización para prestar en Alemania servicios de máquinas tragaperras y loterías secundarias. Por consiguiente, consideran que es la prohibición impuesta de este modo la que es ilegal y no la prestación de los servicios de que se trata en el litigio principal. Consideran, por otra parte, que el jugador original actuó «de manera abusiva y de mala fe».
28      La parte demandante en el litigio principal rebate esa argumentación e invoca, a este respecto, el hecho de que, según la jurisprudencia de los tribunales superiores regionales alemanes, tales alegaciones nunca han sido admitidas en asuntos que tienen por objeto solicitudes de reembolso de cantidades perdidas por apuestas realizadas por consumidores de servicios como los controvertidos en el litigio principal.
29      El órgano jurisdiccional remitente duda que la interpretación del Derecho de la Unión por parte de los órganos jurisdiccionales alemanes pueda acreditar una restricción justificada a la libre prestación de servicios de operadores como las demandadas en el litigio principal.
30      Por lo que respecta, por una parte, a los juegos de máquinas tragaperras en línea, el órgano jurisdiccional remitente indica que, a finales de 2019, los estados federados acordaron modificar el GlüStV de 2012, con el fin de permitir la obtención de una licencia para los juegos de azar en línea y, en particular, «para la distribución directa y la intermediación en loterías, la organización, la intermediación y la distribución directa de apuestas deportivas y apuestas hípicas, así como para la organización y distribución directa de juegos de casino en línea, juegos de máquinas tragaperras virtuales y póker en línea». El proyecto de esta modificación del marco normativo fue notificado a la Comisión Europea.
31      Según el órgano jurisdiccional remitente, a la vista de la evolución de ese marco normativo, los jefes de cancillería del estado y del senado de los estados federados adoptaron una circular relativa a la organización de juegos de azar para un período transitorio hasta el 1 de julio de 2021. Según la petición de decisión prejudicial, esta circular precisa que, «hasta el 30 de junio de 2021, la represión de las ofertas de juegos no autorizados se centrar[ía] en los prestadores de servicios para los que es previsible que también quieran eludir una probable normativa futura».
32      En este contexto, siempre según el órgano jurisdiccional remitente, las autoridades superiores de supervisión de juegos de azar de los estados federados anunciaron la adopción de directrices comunes según las cuales, habida cuenta de la modificación de la normativa a partir del 1 de julio de 2021, «las ofertas de juegos de máquinas tragaperras virtuales y de póker en línea que [no podían] optar a una licencia —la distribución directa y la organización— [formarían] generalmente parte de las circunstancias que no se [tendrían] en cuenta en la aplicación de la normativa que regula los juegos de azar», siempre que cumpliesen determinados requisitos establecidos en dichas Directrices.
33      A este respecto, las demandadas en el litigio principal alegan que es imposible admitir la justificación de la prohibición general anterior de los juegos de casino en línea a la vista de los objetivos perseguidos por el GlüStV de 2012, en la medida en que los propios estados federados, al proyectar la modificación del marco normativo expuesta en los apartados anteriores y notificar el proyecto del GlüStV modificado a la Comisión, «indicaron claramente que los objetivos de [dicho Acuerdo] podían alcanzarse en el marco de una intervención más favorable en forma de régimen de autorización previa», y ello antes incluso de que la modificación de la normativa de que se trata fuera efectiva a 1 de julio de 2021, habida cuenta de las medidas adoptadas durante el período transitorio mencionado en el apartado 31 de la presente sentencia.
34      Por lo que respecta, por otra parte, a las loterías secundarias, el órgano jurisdiccional remitente señala que, desde 2017, todos los órganos jurisdiccionales alemanes «han dejado abierta la cuestión de si el monopolio estatal [sobre las loterías] estaba justificado». Considera, a este respecto, que es difícil entender por qué, en el caso de un servicio que es idéntico para el consumidor, debe establecerse una distinción entre una apuesta con un proveedor estatal sobre el resultado de una lotería organizada por el Estado y una apuesta con un organizador privado regulado en otro Estado miembro sobre el resultado de esa misma lotería estatal.
35      En esas circunstancias, la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Sala de Competencia General del Tribunal de lo Civil) decidió suspender el procedimiento y plantear las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE en el sentido de que la vulneración de la libre prestación de servicios por una prohibición general de las máquinas tragaperras en línea en el Estado miembro del consumidor (Estado de destino) impuesta a los operadores de casinos en línea autorizados y regulados en su Estado de origen (Malta) no puede justificarse por razones imperiosas de interés general,
–        si el Estado miembro de destino permite al mismo tiempo a operadores privados ofrecer juegos de azar similares en establecimientos físicos, muy difundidos, con máquinas tragaperras autorizadas situadas en salones recreativos y restaurantes, juegos de azar de mayor intensidad en casinos físicos, actividades de lotería nacional autorizada ejercidas por proveedores estatales con más de 20 000       administraciones de lotería que se dirigen al público, y
–        permite actividades de juegos en línea autorizados a operadores privados de apuestas deportivas y apuestas hípicas y a intermediarios privados de lotería en línea que comercializan productos de las loterías estatales y de otras loterías autorizadas,
aunque ese mismo Estado miembro —contrariamente a las sentencias [del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung (C‑148/15, EU:C:2016:776), apartado 35], [de 8 de septiembre de 2010, Stoß y otros (C‑316/07, C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 y C‑410/07, EU:C:2010:504)] y [de 13 de noviembre de 2003, Lindman (C‑42/02, EU:C:2003:613)], no ha aportado, al parecer, pruebas científicas que demuestren la existencia de riesgos específicos en dichos juegos que contribuyan significativamente a alcanzar los objetivos perseguidos por su regulación, en particular, la prevención del juego problemático, y que,
teniendo en cuenta esos riesgos, limitar la prohibición a las máquinas tragaperras en línea —en contraposición a todas las ofertas de juegos de azar que están permitidas para las máquinas tragaperras en línea y físicas— puede considerarse adecuado, obligatorio y proporcionado para alcanzar los objetivos de la normativa?
2)      ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE en el sentido de que se opone a la aplicación de la prohibición total de los juegos de azar de casino en línea que prevé el artículo 4, apartados 1 y 4, de la [GlüStV de 2012] si [dicha normativa], conforme a su artículo 1, no pretende prohibir totalmente los juegos de azar, sino […] «canalizar la inclinación natural de la población por los juegos de azar a través de vías ordenadas y supervisadas, así como combatir el desarrollo y la difusión de juegos de azar no autorizados en el mercado negro», y existe entre los jugadores una demanda considerable de máquinas tragaperras en línea?
3)      ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE en el sentido de que no puede aplicarse una prohibición general de las ofertas de casinos en línea si
–        los gobiernos de todos los estados federados de este Estado miembro ya se han puesto de acuerdo en que los peligros de estas ofertas de juego en línea pueden combatirse mediante un sistema de aprobación oficial previa de modo más eficaz que mediante una prohibición total, y
–        han elaborado y pactado un marco regulador futuro en virtud de un acuerdo estatal que sustituye la prohibición total por un sistema de aprobación previa,
–        y, en previsión de esta futura regulación, han decidido aceptar las correspondientes ofertas de juegos de azar sin autorización alemana, siempre que cumplan determinados requisitos, hasta que se expidan las licencias alemanas,
aunque, conforme a la sentencia [de 8 de septiembre de 2010, Winner Wetten, (C‑409/06, EU:C:2010:503)], el Derecho de la Unión no puede suspenderse temporalmente?
4)      ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE en el sentido de que el Estado miembro (de destino) no puede justificar una normativa nacional por razones imperiosas de interés general
–        si dicha normativa prohíbe a los consumidores efectuar apuestas transfronterizas autorizadas en otro Estado miembro (de origen) sobre [los resultados de] loterías autorizadas en el Estado miembro de destino que están permitidas y reguladas en este Estado y
–        si las loterías están autorizadas en el Estado miembro de destino y la normativa persigue proteger a los jugadores y a los menores
–        y si la normativa relativa a las apuestas autorizadas sobre loterías en el Estado miembro de origen también persigue proteger a los jugadores y a los menores, y concede el mismo nivel de protección que la normativa de loterías en el Estado miembro de destino?
5)      ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE en el sentido de que se opone a la recuperación de las pérdidas por apuestas sufridas con ocasión de la participación en loterías (secundarias) sobre la base de la pretendida ilegalidad de las operaciones por falta de licencia en el Estado miembro del consumidor si
–        la ley excluye de dicha licencia a las loterías privadas (secundarias)
–        y los tribunales nacionales justifican dicha exclusión por una pretendida diferencia entre una apuesta realizada a través de un operador estatal sobre el resultado de una lotería organizada por un Estado y una apuesta efectuada a través de una entidad organizadora privada sobre el resultado de una lotería estatal?
6)      ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE en el sentido de que se opone a la recuperación de las pérdidas por apuestas sufridas con ocasión de la participación en loterías (secundarias) sobre la base de una pretendida ilegalidad de las operaciones por falta de licencia en el Estado miembro del consumidor si
–        la ley excluye de dicha licencia a las loterías privadas (secundarias)
–        y si los tribunales nacionales justifican dicha exclusión en favor de los organizadores de lotería estatal por una pretendida diferencia entre una apuesta realizada a través de un operador estatal sobre el resultado de una lotería organizada por un Estado y una apuesta efectuada a través de una entidad organizadora privada sobre el resultado de esa lotería estatal?
7)      ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE y la prohibición del abuso de derecho [sentencia Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604)]) en el sentido de que se oponen a una pretensión de reembolso de las pérdidas por apuestas, fundada en la falta de una autorización alemana y en el enriquecimiento injusto, cuando el organizador está autorizado y supervisado por las autoridades de otro Estado miembro y los activos y la reclamación de pago del jugador están garantizados por el Derecho del Estado miembro en el que está establecida la entidad organizadora?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
36      Mediante escrito de 5 de enero de 2026, recibido en el Tribunal de Justicia el 15 de enero de 2026, el órgano jurisdiccional remitente transmitió las observaciones de las demandadas en el litigio principal sobre las conclusiones del Abogado General presentadas el 4 de septiembre de 2025.
37      A este respecto, es preciso recordar que, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General presenta públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. El Tribunal de Justicia no está vinculado por estas conclusiones ni por la motivación que el Abogado General desarrolla para llegar a ellas (sentencia de 29 de enero de 2026, Keladis I y Keladis II, C‑72/24 y C‑73/24, EU:C:2026:51, apartado 63 y jurisprudencia citada).
38      Asimismo, procede señalar, en este contexto, que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento prevén la posibilidad de que las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 de dicho Estatuto presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General. Por consiguiente, el hecho de que una parte o un interesado no esté de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no puede constituir en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, sin importar cuáles sean las cuestiones examinadas en dichas conclusiones (sentencia de 29 de enero de 2026, Keladis I y Keladis II, C‑72/24 y C‑73/24, EU:C:2026:51, apartado 64 y jurisprudencia citada).
39      En el presente asunto, sin solicitar formalmente la reapertura de la fase escrita u oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, las demandadas en el litigio principal alegaron, no obstante, en el punto 9.4 de sus observaciones mencionadas en el apartado 36 de la presente sentencia, que ni en el procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente ni en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia habían tenido la posibilidad de pronunciarse sobre una cuestión de Derecho objeto de las conclusiones del Abogado General, a saber, la de determinar si la supuesta infracción del Derecho de la Unión debía considerarse manifiesta en las circunstancias del caso de autos.
40      A este respecto, basta recordar que, en virtud del artículo 83 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede ordenar en cualquier momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular cuando estime que la información de que dispone es insuficiente, cuando una parte haya invocado ante él, tras la finalización de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución o cuando el asunto deba resolverse sobre la base de un argumento que no haya sido debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
41      En el presente asunto, el Tribunal de Justicia dispone de todos los elementos necesarios para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente. Además, las observaciones de las demandadas en el litigio principal recogidas en el apartado 36 de la presente sentencia no revelan ningún hecho nuevo que pueda influir decisivamente en la resolución que el Tribunal de Justicia debe dictar.
42      En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera, tras oír al Abogado General, que no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la admisibilidad
43      Los Gobiernos alemán e italiano niegan la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial. Por su parte, el Gobierno maltés niega la admisibilidad de las cuestiones primera a cuarta.
44      A este respecto, el Gobierno alemán considera, en esencia, que existen lagunas en la petición de decisión prejudicial, que, a su juicio, no contiene información que resulta necesaria para permitir al Tribunal de Justicia tanto comprender el contexto del litigio principal como asegurarse de que en el caso de autos resulta aplicable el Derecho alemán. Por otra parte, dicho Gobierno invoca la aplicación del artículo 56 A de la Ley maltesa sobre juegos de azar, que, a juicio de ese Gobierno, tiene por efecto «convertir en ilegales […] las acciones judiciales ejercitadas en Malta contra los operadores de juegos de azar titulares de una licencia expedida en Malta». Pues bien, según el referido Gobierno, si esta ley es aplicable en el caso de autos, y suponiendo que sea conforme con el Derecho de la Unión, la petición de decisión prejudicial no sería pertinente para la resolución del litigio principal.
45      El Gobierno italiano invoca, en particular, la sentencia de 11 de marzo de 1980, Foglia (104/79, EU:C:1980:73), en la que dicho Gobierno considera que el Tribunal de Justicia se declaró incompetente para pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial al considerar que las partes en el litigio principal pretendían obtener una condena del régimen fiscal francés de los vinos de licor mediante un procedimiento ante un órgano jurisdiccional italiano entre dos partes que estaban de acuerdo sobre el resultado que debía alcanzarse. Ese Gobierno observa, por una parte, que, en el caso de autos, la acción para obtener la devolución se ejercitó ante un órgano jurisdiccional maltés a raíz de una cesión del crédito de devolución, mientras que, a su juicio, los órganos jurisdiccionales alemanes han estimado de manera reiterada tales pretensiones y, por otra parte, que las partes del litigio principal han solicitado «conjuntamente» una remisión prejudicial, alegando la parte demandante en el litigio principal que tal remisión es necesaria para «garantizar la seguridad jurídica y la claridad jurídica de su modelo de negocio». Pues bien, el referido Gobierno recuerda, mencionando sobre este punto en particular la sentencia de 18 de diciembre de 2007, ZF Zefeser (C‑62/06, EU:C:2007:811, apartado 15), que la misión confiada al Tribunal de Justicia en el artículo 267 TFUE no es formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas.
46      Además, según ese mismo Gobierno, un órgano jurisdiccional maltés no es el mejor situado para apreciar los objetivos de la normativa alemana en materia de juegos de azar o los medios adecuados para proteger dichos objetivos. Considera que, como se desprende en efecto de la sentencia de 22 de enero de 2015, Stanley
International Betting y Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25, apartado 51), la normativa sobre juegos de azar forma parte de los ámbitos en que existen considerables divergencias morales, religiosas y culturales entre los Estados miembros. Añade que, a efectos de la aplicación de la «escala de valores» nacional a la que hace referencia esta jurisprudencia, solo es competente un órgano jurisdiccional perteneciente al Estado miembro cuya normativa se ve afectada. El Gobierno italiano considera que, en todos los supuestos, al aplicar el Derecho alemán, el órgano jurisdiccional remitente debe referirse más bien a la interpretación que de este Derecho hacen los órganos jurisdiccionales alemanes, que han declarado reiteradamente que las restricciones impuestas por la normativa alemana a la prestación de servicios de juegos de azar eran conformes con los objetivos fijados por el legislador alemán.
47      El Gobierno maltés, por su parte, invoca, en particular, las sentencias de 16 de diciembre de 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302), y de 21 de enero de 2003, Bacardi-Martini y Cellier des Dauphins (C‑318/00, EU:C:2003:41), subrayando, por una parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los litigios ficticios y, por otra parte, la relativa al hecho de que la necesidad de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se pronuncie sobre la conformidad del Derecho de otro Estado miembro con el Derecho de la Unión debe desprenderse de manera particularmente clara de la petición de decisión prejudicial para que el Tribunal de Justicia acepte responderla. Dicho Gobierno alega, en particular, que el órgano jurisdiccional remitente no ha justificado suficientemente esta necesidad en el litigio principal por lo que respecta a las cuestiones prejudiciales primera a cuarta.
48      Por su parte, al tiempo que señala que la petición de decisión prejudicial tiene lagunas, la Comisión indica, por una parte, que interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional que el demandante considera que es más probable que haga uso de la posibilidad que le reconoce el artículo 267 TFUE no constituye en sí mismo un abuso. Por otra parte, considera que parece que existe un verdadero litigio entre las partes del litigio principal, puesto que la conformidad con el artículo 56 TFUE de la normativa alemana, cuyo alcance no se discute, constituye claramente una cuestión importante para la resolución del litigio principal, suponiendo que dicha normativa sea efectivamente aplicable en el caso de autos.
49      Procede recordar, en primer lugar, que, si bien los órganos jurisdiccionales nacionales tienen libertad para preguntar al Tribunal de Justicia en cualquier fase del procedimiento que estimen apropiada y les corresponde exclusivamente a ellos apreciar, a la luz de las particularidades del asunto del que conocen, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia, la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para dichos órganos jurisdiccionales exige, no obstante, que dichos órganos definan el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantean o que, al menos, expliquen los presupuestos fácticos en los que se basan las cuestiones [auto de 25 de marzo de 2022, IP y otros (Determinación de la realidad de los hechos del litigio principal), C‑609/21, EU:C:2022:232, apartado 21 y jurisprudencia citada].
50      Dicho esto, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que declarar inadmisible una petición formulada por un órgano jurisdiccional nacional solo es posible cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder adecuadamente a las cuestiones planteadas. No obstante, no puede exigirse que, antes de someter la cuestión al Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente lleve a cabo todas las constataciones fácticas y apreciaciones jurídicas que le corresponden en el ejercicio de su función jurisdiccional. En efecto, basta con que el objeto del litigio principal y sus principales implicaciones para el ordenamiento jurídico de la Unión se extraigan de la resolución de remisión [véase, en este sentido, el auto de 25 de marzo de 2022, IP y otros, (Determinación de la realidad de los hechos del litigio principal), C‑609/21, EU:C:2022:232, apartados 24 y 25 y jurisprudencia citada].
51      En este contexto, procede indicar que, como se expone en el apartado 24 de la presente sentencia, en su respuesta a la solicitud de aclaraciones dirigida al Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente mencionó, en particular, los elementos que le habían llevado a considerar que el Derecho alemán resultaba aplicable al litigio principal y precisó que la Ley maltesa sobre juegos de azar no era aplicable a dicho litigio.
52      Así pues, en el presente asunto, a la vista de la información que contiene la petición de decisión prejudicial tal como ha sido confirmada y precisada en la respuesta de dicho órgano jurisdiccional a la referida petición de aclaraciones, no resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión carezca de relación con el objeto del litigio principal o que el problema al que se enfrenta el órgano jurisdiccional remitente sea de naturaleza hipotética. Por otra parte, el Tribunal de Justicia dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a las cuestiones planteadas.
53      En particular, por una parte, ningún elemento de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia permite dudar de la pertinencia del Derecho alemán para la resolución del litigio principal.
54      En virtud del artículo 6, apartado 1, del Reglamento Roma I, un contrato celebrado por un consumidor con un profesional se regirá por la ley del país en que ese consumidor tenga su residencia habitual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en dicha disposición, a saber, que ese profesional desarrolle su actividad en el país donde dicho consumidor tenga su residencia habitual o, que, por cualquier medio, dirija esta actividad a ese país o a distintos países, incluido ese país, y el contrato estuviera comprendido en el ámbito de dicha actividad (auto de 14 de marzo de 2024, N1 Interactive, C‑429/22, EU:C:2024:245, apartado 26 y jurisprudencia citada). En el caso de autos, no se discute que el jugador original tenía su residencia habitual en Alemania, país al que las demandadas en el litigio principal dirigieron su oferta de juegos de azar en línea. Por consiguiente, el Derecho alemán regula el contrato celebrado entre dicho jugador y las demandadas.
55      Como ha subrayado el Abogado General en el punto 30 de sus conclusiones, esta consideración no puede verse afectada por el hecho de que dicho jugador haya cedido posteriormente su crédito, ya que tal circunstancia no puede alterar la naturaleza del contrato celebrado entre el propio jugador y las demandadas en el litigio principal. Lo mismo sucede con el hecho, señalado por el Gobierno alemán en sus observaciones escritas, de que las condiciones generales aplicables a dicho contrato se remitan al Derecho maltés.
56      Ciertamente, el artículo 6, apartado 2, del Reglamento Roma I prevé expresamente que, de conformidad con el artículo 3 de este Reglamento, las partes podrán elegir la ley aplicable a un contrato comprendido en el ámbito de aplicación del apartado 1 del citado artículo, siempre que, no obstante, dicha elección no acarree, para el consumidor, la pérdida de la protección que le proporcionen aquellas disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habría sido aplicable de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del mencionado Reglamento (auto de 14 de marzo de 2024, N1 Interactive, C‑429/22, EU:C:2024:245, apartado 27 y jurisprudencia citada).
57      Así pues, el órgano jurisdiccional remitente, cuya competencia para conocer del litigio principal en virtud de los artículos 4, 5, 17 y 18 del Reglamento n.º 1215/2012 no se discute, considera que la elección del Derecho aplicable efectuada por las demandadas en el litigio principal y el jugador original, a saber, la elección del Derecho maltés, es contraria a esta regla, en la medida en que, según el Derecho alemán, que, a falta de tal elección, debería ser aplicable, dicho contrato debería considerarse nulo, en la medida en que su objeto era ilegal, según la normativa alemana aplicable en el litigio principal, a saber, el GlüStV de 2012.
58      En cualquier caso, como señaló el Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones, para determinar si el contrato controvertido en el litigio principal tenía un objeto ilegal, han de tomarse en consideración las prohibiciones establecidas en el Derecho del país en el que debía ejecutarse dicho contrato, a saber, en el caso de autos, el Derecho alemán. Si bien es cierto que las demandadas en el litigio principal prestaban sus servicios de juegos de azar desde Malta, no es menos cierto que dichos servicios eran utilizados por el jugador original en Alemania, país desde el que participó en los juegos de azar en cuestión y efectuó las apuestas de que se trata.
59      Por otra parte, aun suponiendo que la aplicación del artículo 56 A de la Ley maltesa sobre juegos de azar hubiera podido hacer hipotéticas las cuestiones planteadas, el órgano jurisdiccional remitente precisó, en su respuesta a la solicitud de aclaraciones mencionada en el apartado 24 de la presente sentencia, que la acción de la demandante en el litigio principal se había interpuesto el 21 de enero de 2023, es decir, antes del 12 de junio de 2023, fecha de entrada en vigor de esta disposición, que no tiene efecto retroactivo, y, por consiguiente, no puede tener incidencia en el litigio principal.
60      En segundo lugar, por lo que respecta a la jurisprudencia invocada por los Gobiernos italiano y maltés y, en particular, la derivada de las sentencias de 11 de marzo de 1980, Foglia (104/79, EU:C:1980:73), de 16 de diciembre de 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302), y de 21 de enero de 2003, Bacardi-Martini y Cellier des Dauphins (C‑318/00, EU:C:2003:41), basta con señalar, como hacen la Comisión y el Abogado General en los puntos 38 y 86 a 89 de sus conclusiones, que, en el presente asunto, no es posible concluir que el problema al que se enfrenta el órgano jurisdiccional remitente sea hipotético y que, por lo tanto, la respuesta a las cuestiones planteadas pueda no ser, por ello, necesaria para la resolución del litigio principal, ni que dicho litigio sea ficticio.
61      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede considerar admisible la petición de decisión prejudicial.
Sobre las cuestiones prejudiciales primera, segunda y cuarta
62      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera, segunda y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que prohíbe la organización en línea de juegos de casino, en particular de juegos de máquinas tragaperras, así como de juegos de apuestas, como las loterías secundarias, cuando su objetivo consiste en orientar el instinto natural del juego de la población hacia cauces ordenados y controlados, así como en luchar contra el desarrollo y la propagación de juegos de azar no autorizados en los mercados paralelos, y ello, en primer lugar, cuando existe entre los jugadores una demanda considerable de máquinas tragaperras en línea
; en segundo lugar, cuando el Estado miembro de que se trata autoriza, por otra parte, juegos similares, incluidas loterías, en establecimientos físicos; en tercer lugar, cuando dicho Estado miembro permite la oferta de apuestas deportivas e hípicas en línea por operadores autorizados, así como la intermediación de operadores privados para la venta de productos de loterías estatales y otras loterías bajo licencia, y, en cuarto lugar, cuando la normativa del Estado miembro en el que el operador que desea ofrecer, en particular, servicios de loterías secundarias es titular de una licencia persigue los mismos objetivos que la normativa del Estado miembro que impone una prohibición general de ofrecer tales servicios.
63      Según reiterada jurisprudencia, las actividades consistentes en permitir a los usuarios participar, a cambio de una remuneración, en un juego en el que se puede ganar dinero, constituyen prestaciones de servicios en el sentido del artículo 56 TFUE. En particular, tales prestaciones están comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho artículo cuando el prestador está establecido en un Estado miembro distinto de aquel en el que se ofrece el servicio, en particular a través de Internet (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2010, Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, apartados 40 y 41 y jurisprudencia citada).
64      Se ha declarado reiteradamente que todo Estado miembro a cuyo territorio vaya dirigida una oferta de los referidos servicios procedente, vía Internet, de tal operador, conserva la facultad de obligar a este a observar las restricciones que imponga su normativa en la materia, siempre que dichas restricciones se ajusten a las exigencias derivadas del Derecho de la Unión, en particular en cuanto a su carácter no discriminatorio y a su proporcionalidad (sentencia de 8 de septiembre de 2010, Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, apartado 44 y jurisprudencia citada).
65      A este respecto, a propósito de las justificaciones admisibles para las medidas internas restrictivas de la libre prestación de servicios, el Tribunal de Justicia ha señalado en multitud de ocasiones que los objetivos perseguidos por las normativas nacionales en materia de juegos y apuestas, considerados en su conjunto, están relacionados en la mayoría de los casos con la protección de los destinatarios de los servicios correspondientes y de los consumidores en general y con la protección del orden social. También ha subrayado que tales objetivos se cuentan entre las razones imperiosas de interés general que pueden justificar cortapisas a la libre prestación de servicios (sentencia de 8 de septiembre de 2010, Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, apartado 45 y jurisprudencia citada).
66      Así pues, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que corresponde a cada Estado miembro apreciar si, en el marco de los objetivos legítimos que persigue, es preciso prohibir total o parcialmente las actividades de esta naturaleza o solo es necesario limitarlas, previendo a tal efecto modalidades de control más o menos estrictas, ya que la necesidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas deben apreciarse únicamente a la luz de los objetivos perseguidos y del nivel de protección que pretendan garantizar las autoridades nacionales correspondientes (sentencia de 8 de septiembre de 2010, Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, apartado 46 y jurisprudencia citada).
67      Por consiguiente, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales examinar si una restricción establecida por un Estado miembro es adecuada para garantizar la realización del objetivo o de los objetivos invocados por ese Estado miembro, conforme al nivel de protección que desea conseguir, y si no va más allá de lo necesario para alcanzarlos (sentencia de 8 de septiembre de 2010, Stoß y otros, C‑316/07, C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 y C‑410/07, EU:C:2010:504, apartado 78 y jurisprudencia citada).
68      En el marco de esta apreciación, los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener en cuenta que la normativa en materia de juegos de azar se cuenta entre los ámbitos en que se dan considerables divergencias morales, religiosas y culturales entre los Estados miembros y que, a falta de armonización a escala de la Unión Europea en la materia, corresponde a cada Estado miembro apreciar en estos ámbitos, conforme a su propia escala de valores, las exigencias que supone la protección de los intereses afectados (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de enero de 2013, Stanleybet y otros., C‑186/11 y C‑209/11, EU:C:2013:33, apartado 24 y jurisprudencia citada).
69      A tal fin, los órganos jurisdiccionales nacionales deben, en particular cuando, como sucede en el litigio principal, están llamados a aplicar la normativa en la materia de otro Estado miembro, hacer uso de cualquier instrumento procesal de que dispongan y, en su caso, del procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE.
70      Concretamente, según la jurisprudencia, habida cuenta de la facultad de apreciación de que disponen los Estados miembros en cuanto a la determinación del nivel de protección de los consumidores y del orden social en el sector de los juegos de azar, no se requiere, desde el punto de vista del criterio de proporcionalidad, que la medida restrictiva adoptada por las autoridades de un Estado miembro corresponda a una concepción compartida por todos los Estados miembros en lo tocante a las modalidades de protección del interés legítimo de que se trate (sentencia de 8 de septiembre de 2010, Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, apartado 104 y jurisprudencia citada).
71      Debe recordarse, no obstante, en este contexto, que una normativa nacional solo es adecuada para garantizar la consecución de los objetivos invocados si responde efectivamente al propósito de lograrlos de forma coherente y sistemática (sentencia de 22 de septiembre de 2022, Admiral Gaming Network y otros, C‑475/20 a C‑482/20, EU:C:2022:714, apartado 57 y jurisprudencia citada).
72      En el caso de autos, habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 65 de la presente sentencia, cabe señalar, en primer lugar, que el objetivo consistente en orientar el instinto natural del juego de la población hacia cauces ordenados y controlados y en luchar contra el desarrollo y la propagación de juegos de azar no autorizados en los mercados paralelos tiene por objeto proteger, por una parte, a los destinatarios de los servicios de que se trata, a saber, los consumidores, y, por otra, el orden social en el sector de los juegos de azar. Por consiguiente, puede justificar cortapisas a la libre prestación de servicios.
73      Procede observar, en otro orden de cosas, que el órgano jurisdiccional remitente no ha aportado ningún elemento que pueda demostrar que la normativa nacional controvertida en el litigio principal contiene normas discriminatorias respecto de los operadores establecidos en otros Estados miembros.
74      A la vista de estas consideraciones, es preciso examinar, seguidamente, por una parte, si una normativa que presenta las características señaladas por el órgano jurisdiccional remitente es adecuada para garantizar la consecución del objetivo mencionado en el apartado 72 de la presente sentencia, y ello al nivel de protección perseguido por el Estado miembro de que se trata y de forma coherente y sistemática, y, por otra parte, si no va más allá de lo necesario para alcanzarlo.
75      A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia, ante cuestiones destinadas a permitir que el órgano jurisdiccional nacional aprecie la conformidad de disposiciones nacionales con el Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia puede proporcionar los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que permitan al órgano jurisdiccional nacional resolver el problema jurídico de que conoce. Lo mismo puede afirmarse cuando se trata de examinar la compatibilidad con el Derecho de la Unión de las disposiciones de un Estado miembro que no sea el del órgano jurisdiccional remitente (véanse la sentencia de 23 de noviembre de 1989, Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik 4711, C‑150/88, EU:C:1989:594, apartado 12; véase también, en este sentido y por analogía, la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, apartado 67 y jurisprudencia citada).
76      Por lo que respecta, en primer término, al hecho de que la normativa controvertida en el litigio principal autorice la oferta de juegos similares, incluidas loterías, en establecimientos físicos, de reiterada jurisprudencia se desprende que las características propias de la oferta de juegos de azar por Internet pueden resultar una fuente de riesgos diferentes y de mayor importancia en materia de protección de los consumidores, y singularmente de la juventud y de las personas con especial propensión al juego o que pueden desarrollar tal propensión, en comparación con los mercados tradicionales de estos juegos. Además de la inexistencia de contacto directo entre el consumidor y el operador, el acceso particularmente fácil y permanente a los juegos ofrecidos en Internet, junto con el volumen y la frecuencia potencialmente elevados de esta oferta de carácter internacional, en un entorno que se caracteriza además por el aislamiento del jugador, el anonimato y la falta de control social, constituyen otros tantos factores que pueden favorecer el desarrollo de la adicción al juego y del gasto excesivo asociado a este y, por lo tanto, agravar las consecuencias sociales y morales negativas que se asocian a él (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de septiembre de 2010, Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, apartado 103, de 30 de junio de 2011, Zeturf, C‑212/08, EU:C:2011:437, apartado 80, y de 28 de febrero de 2018, Sporting Odds, C‑3/17, EU:C:2018:130, apartado 41 y jurisprudencia citada).
77      Así pues, habida cuenta de la facultad de apreciación de que disponen los Estados miembros en cuanto a la determinación del nivel de protección de los consumidores y del orden social en el sector de los juegos de azar, una medida consistente en la prohibición de cualquier oferta de juegos de azar a través de Internet puede, en principio, considerarse apropiada para perseguir objetivos legítimos como el mencionado en el apartado 72 de la presente sentencia, aun cuando la oferta de tales juegos siga estando autorizada a través de cauces más tradicionales (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2010, Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, apartados 104 y 105 y jurisprudencia citada).
78      En segundo término, la circunstancia mencionada por el órgano jurisdiccional remitente de que, a pesar de esta prohibición en Alemania, existe
entre los jugadores una demanda considerable de máquinas tragaperras en línea no desvirtúa esta conclusión. En efecto, la existencia de una demanda considerable de tales servicios en línea no significa en modo alguno que no exista un número igualmente considerable de jugadores que, debido a la normativa restrictiva controvertida en el litigio principal, se alejan de los servicios ofrecidos en línea para hacer uso de los ofrecidos en establecimientos físicos. Por consiguiente, tal circunstancia no permite demostrar que la normativa controvertida en el litigio principal no es adecuada para garantizar la consecución del objetivo mencionado en el apartado 82 de la presente sentencia.
79      Por lo que respecta, en tercer término, a la circunstancia de que determinados tipos de juegos de azar en línea, a saber, las apuestas deportivas e hípicas, así como la intermediación en la venta de productos de loterías estatales y de otras loterías autorizadas, no están comprendidos en la prohibición controvertida en el litigio principal, el Tribunal de Justicia ha declarado que los diversos tipos de juegos de azar pueden presentar diferencias importantes, en particular en cuanto a sus formas concretas de organización, al volumen de apuestas y ganancias que los caracterizan, al número de potenciales jugadores que pueden utilizarlos, a su presentación, a su frecuencia, a su brevedad o a su carácter repetitivo y a las reacciones que suscitan en los jugadores (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de septiembre de 2010, Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, apartado 62, y de 8 de septiembre de 2010, Stoß y otros, C‑316/07, C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 y C‑410/07, EU:C:2010:504, apartado 95).
80      Así pues, el hecho de que distintos tipos de juegos de azar estén sujetos, por ejemplo, unos a una prohibición, otros a un monopolio público o incluso a un régimen de autorizaciones concedidas a operadores privados no puede, por sí solo, conducir a privar de su justificación, a la luz de los objetivos legítimos que persiguen, a las medidas que parecen, prima facie, ser las más restrictivas y más eficaces. En efecto, tal divergencia de regímenes jurídicos no puede, en sí misma, afectar a la aptitud de dichas medidas para alcanzar el objetivo de prevención de la incitación de los ciudadanos al gasto excesivo en juego y de lucha contra la adicción a este (sentencia de 8 de septiembre de 2010, Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, apartado 63).
81      En el presente asunto, las apuestas deportivas difieren sustancialmente de otros juegos de azar en línea, como los juegos de casino, en la medida en que, por una parte, por su objeto, se dirigen a un círculo de jugadores más restringido y, por otra parte, su frecuencia depende de la de los acontecimientos deportivos a los que se refieren. Estas apreciaciones son tanto más válidas para las apuestas hípicas en línea que, por otra parte, según las declaraciones del Gobierno alemán en la vista, en 2020 solo representaban una cuota muy pequeña del mercado de que se trata.
82      En cambio, los juegos de casino en Internet pueden atraer a todo tipo de público y, en particular, a un público particularmente joven, debido también a su presentación gráfica y a las reglas generalmente sencillas que los rigen. Por otra parte, la frecuencia de acceso potencial a este tipo de juegos no está sujeta, en principio, a ningún límite.
83      Las consideraciones recogidas en el apartado 81 relativas a las apuestas deportivas resultan pertinentes respecto de la intermediación por operadores privados para la venta de productos de loterías, en particular en lo que respecta a la frecuencia de acceso potencial y a las modalidades concretas de organización de tales loterías, organización que está reservada, en Alemania, a operadores públicos.
84      Por lo demás, desde el punto de vista de las garantías ofrecidas a los jugadores en caso de ganancia, el Gobierno belga y, en esencia, el Gobierno alemán afirmaron en la vista que las loterías secundarias no pueden compararse con las loterías «primarias», en la medida en que el riesgo de impago en caso de ganancias importantes es casi inexistente en el marco de estas últimas, ya que las cantidades correspondientes a los posibles premios están en principio disponibles antes del sorteo.
85      En este contexto, cabe señalar que el órgano jurisdiccional remitente también tiene dudas que se derivan de que el Estado miembro de que se trata parece no haber demostrado que, antes de la adopción de la normativa controvertida en el litigio principal, disponía de pruebas científicas que demostraban que los juegos no autorizados presentan riesgos específicos.
86      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que si un Estado miembro invoca un objetivo para justificar el menoscabo de la libre prestación de servicios que se deriva de una medida nacional restrictiva, debe proporcionar al órgano jurisdiccional que ha de pronunciarse sobre esta cuestión todos los datos que le permitan comprobar que esa medida cumple las exigencias del principio de proporcionalidad (sentencia de 8 de septiembre de 2010, Stoß y otros, C‑316/07, C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 y C‑410/07, EU:C:2010:504, apartado 71 y jurisprudencia citada).
87      No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que no cabe deducir de ello que a un Estado miembro no le es posible demostrar que una medida interna restrictiva cumple tales exigencias por el mero hecho de que no puede presentar ningún estudio en el que se haya basado la adopción de la normativa de que se trate (sentencia de 8 de septiembre de 2010, Stoß y otros, C‑316/07, C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 y C‑410/07, EU:C:2010:504, apartado 72).
88      Por lo tanto, el hecho mencionado en el apartado 85 de la presente sentencia no puede, por sí solo, poner en entredicho la proporcionalidad y, en particular, el carácter apropiado de la normativa controvertida en el litigio principal.
89      Por lo demás, es preciso observar que la información facilitada al Tribunal de Justicia, como se desprende, en particular, de las observaciones escritas del Gobierno alemán basadas en los comentarios oficiales del GlüStV de 2012, tiende a demostrar la existencia de elementos que pueden acreditar la proporcionalidad y, en particular, el carácter apropiado de la normativa controvertida en el litigio principal.
90      En cuarto término, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si una prohibición como la de las loterías secundarias puede considerarse justificada cuando la normativa del Estado miembro del que el operador de que se trata es titular de una licencia tiene los mismos objetivos que la normativa del Estado miembro de destino.
91      A este respecto, basta recordar que, habida cuenta de la falta de armonización en el ámbito de la Unión de la normativa del sector de los juegos de azar y de las divergencias significativas entre los objetivos pretendidos y los grados de protección perseguidos por las normativas de los distintos Estados miembros, el solo hecho de que un operador ofrezca legalmente servicios en un Estado miembro en el que se encuentre establecido y en el que, en principio, debe cumplir requisitos legales y superar los controles ejercidos por las autoridades competentes de este último Estado no puede considerarse una garantía suficiente para la protección de los consumidores nacionales contra los riesgos de fraude y criminalidad, habida cuenta de las dificultades a las que, en este contexto, pueden verse confrontadas las autoridades del Estado miembro de establecimiento a la hora de evaluar la honradez y cualidades profesionales de los operadores de que se trate (sentencia de 15 de septiembre de 2011, Dickinger y Ömer, C‑347/09, EU:C:2011:582, apartado 96 y jurisprudencia citada).
92      De ello resulta que, aun suponiendo que dos Estados miembros persigan, en el marco de sus respectivas normativas en materia de juegos de azar, objetivos similares o incluso idénticos, no solo el nivel de protección perseguido por cada uno de ellos y los medios para alcanzarlo pueden divergir, sino también las posibles dificultades identificadas en el apartado anterior de la presente sentencia no pueden necesariamente considerarse descartadas.
93      Por lo tanto, los elementos invocados por el órgano jurisdiccional remitente no pueden cuestionar ni la proporcionalidad ni la coherencia ni el carácter sistemático de una normativa como la controvertida en el litigio principal.
94      Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de las demandadas en el litigio principal según la cual la prohibición controvertida en el litigio principal coexiste con un régimen de autorización previa en forma de concesiones previsto para los juegos de máquinas tragaperras en Internet en el estado federado de Schleswig-Holstein. El Gobierno alemán admitió en la vista que el estado federado de Schleswig-Holstein no se adhirió al GlüStV de 2012 hasta el 9 de febrero de 2013. No obstante, también observó, por un lado, que la normativa más permisiva adoptada por dicho estado federado solo había sido aplicable durante un breve período de tiempo y, por otro lado, que contrariamente a lo que sostuvo el Gobierno maltés en la vista, las pocas concesiones que habían perdurado más allá del año 2013 habían sido limitadas al territorio del estado federado en cuestión.
95      Pues bien, como ha declarado el Tribunal de Justicia, aun suponiendo que la normativa de un estado federado, más permisiva que la vigente en los demás estados federados, pueda eventualmente perjudicar la coherencia de conjunto de la normativa de que se trata, la situación jurídica excepcional de un estado federado limitada ratione temporis y ratione loci no puede, en las circunstancias del litigio principal, afectar gravemente a la aptitud de las restricciones aplicables en el resto de los estados federados para alcanzar los objetivos legítimos de interés general que persiguen (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de junio de 2014, Digibet y Albers, C‑156/13, EU:T:2014:1756, apartado 36).
96      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera, segunda y cuarta que el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que prohíbe la organización en línea de juegos de casino, en particular de juegos de máquinas tragaperras, así como de juegos de apuestas, como las loterías secundarias, cuando su objetivo consiste en orientar el instinto natural del juego de la población hacia cauces ordenados y controlados, así como en luchar contra el desarrollo y la propagación de juegos de azar no autorizados en los mercados paralelos, incluso si:
–        existe
entre los jugadores una demanda considerable de máquinas tragaperras en línea;
–        el Estado miembro de que se trata autoriza, por otra parte, juegos similares, incluidas loterías, en establecimientos físicos;
–        dicho Estado miembro permite la oferta de apuestas deportivas e hípicas en línea por operadores autorizados, así como la intermediación de operadores privados para la venta de productos de loterías estatales y otras loterías bajo licencia, y
–        la normativa del Estado miembro en el que el operador que desea ofrecer, en particular, servicios de loterías secundarias es titular de una licencia persigue los mismos objetivos que la normativa del Estado miembro que impone una prohibición general de ofrecer tales servicios.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
97      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se reconozcan, en el marco de un litigio concreto, las consecuencias jurídicas de una prohibición de juegos de casino en línea cuando, con posterioridad a los hechos que pueden dar lugar a tales consecuencias, se haya adoptado la decisión de sustituir dicha prohibición por un sistema de autorización previa y se haya establecido un período transitorio durante el cual se aceptarán las ofertas de juegos que puedan ser conformes con la futura normativa, siempre que se cumplan determinados requisitos.
98      Procede recordar que, en el control de proporcionalidad que debe ejercer un órgano jurisdiccional nacional, este debe llevar a cabo una apreciación global de las circunstancias que hayan rodeado la adopción y la aplicación de la normativa restrictiva de que se trate, según un enfoque no estático, sino dinámico, en el sentido de que debe tener en cuenta la evolución de las circunstancias con posterioridad a la adopción de dicha normativa (véanse, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2017, Online Games y otros, C‑685/15, EU:C:2017:452, apartados 52 y 53 y jurisprudencia citada, y el auto de 18 de mayo de 2021, Fluctus y otros, C‑920/19, EU:C:2021:395, apartado 46).
99      No obstante, según la jurisprudencia, el mero hecho de modificar el marco normativo aplicable en un Estado miembro no puede poner en entredicho la proporcionalidad y la coherencia de este tal como estaba en vigor antes de dicha modificación. Como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia, una política de expansión controlada de las actividades de juegos de azar, como la sustitución del régimen de prohibición por un régimen de autorización previa, puede ser coherente tanto con el objetivo consistente en prevenir la explotación de actividades de juegos de azar con fines delictivos o fraudulentos como con el objetivo de prevención de la incitación al gasto excesivo en el juego y de lucha contra la ludopatía, dirigiendo a los consumidores hacia la oferta de los operadores autorizados, que se presume al abrigo de fuerzas criminales y que ha sido concebida para proteger mejor a los consumidores del gasto excesivo en el juego y de la ludopatía (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2018, Sporting Odds, C‑3/17, EU:T:2018:130, apartado 29).
100    Para alcanzar este objetivo de encauzamiento hacia circuitos controlados, los operadores autorizados han de constituir una alternativa fiable, pero al mismo tiempo atractiva, a una actividad prohibida, lo que puede implicar en particular el recurso a nuevas técnicas de distribución (sentencia de 28 de febrero de 2018, Sporting Odds, C‑3/17, EU:T:2018:130, apartado 30). No obstante, de la jurisprudencia se desprende que, si un Estado miembro lleva a cabo una reforma que introduce un régimen de autorización administrativa previa en relación con la oferta de determinados tipos de juegos de azar, esta debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, de modo que establezcan los límites del ejercicio de la facultad de apreciación de las autoridades nacionales con el fin de que esta no pueda utilizarse de manera arbitraria (véase la sentencia de 4 de febrero de 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, apartado 55 y jurisprudencia citada).
101    Pues bien, una política de expansión controlada de las actividades de juegos de azar solo puede considerarse coherente si las actividades delictivas y fraudulentas ligadas a los juegos de azar, por un lado, y el hábito del juego, por otro, podían constituir un problema para el Estado miembro de que se trate, y si la expansión de las actividades autorizadas y reguladas podía resolver tal problema (véanse las sentencias de 28 de febrero de 2018, Sporting Odds, C‑3/17, EU:T:2018:130, apartado 31, y de 11 de junio de 2015, Berlington Hungary y otros, C‑98/14, EU:C:2015:386, apartado 71 y jurisprudencia citada).
102    En el caso de autos, son tales circunstancias y, en particular, la considerable demanda de máquinas tragaperras en línea, mencionada
además por el órgano jurisdiccional remitente, así como la existencia de un «mercado paralelo» de los servicios de que se trata, las que, como señaló el Gobierno alemán tanto en sus observaciones escritas como en la vista, motivaron las reformas introducidas en Alemania a las que se refiere la tercera cuestión prejudicial.
103    En esas circunstancias, el hecho de que, durante un período transitorio, los estados federados decidieran, mediante la circular mencionada en el apartado 31 de la presente sentencia, aplicar el marco normativo existente únicamente a los proveedores de juegos que no pudieran cumplir lo prescrito en la futura normativa, no puede tener incidencia en cuanto a las consecuencias jurídicas que, en su caso, procede reconocer a la prohibición controvertida en el litigio principal.
104    En efecto, por una parte, tal régimen transitorio de excepción parece tener por objeto garantizar que el paso del régimen controvertido en el litigio principal a un régimen más permisivo se efectúe en las mejores condiciones posibles de seguridad jurídica. Por otra parte, la aplicabilidad de ese régimen transitorio, en el caso de un proveedor de juegos como las demandadas en el litigio principal, solo puede ser hipotética en el marco de un litigio como el litigio principal. Por otra parte, aun suponiendo que este régimen transitorio haya podido aplicarse en determinados casos, tal circunstancia no puede, por sí sola, poner en entredicho la coherencia y el carácter apropiado del régimen jurídico controvertido en el litigio principal y no parece que pueda conducir a un resultado contrario al objetivo perseguido (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2010, Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, apartado 110).
105    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se reconozcan, en el marco de un litigio concreto, las consecuencias jurídicas de una prohibición de juegos de casino en línea cuando, con posterioridad a los hechos que pueden dar lugar a tales consecuencias, se haya adoptado la decisión de sustituir dicha prohibición por un sistema de autorización previa y se haya establecido un período transitorio, durante el cual se aceptarán las ofertas de juegos que puedan ser conformes con la futura normativa, siempre que se cumplan determinados requisitos.
Sobre las cuestiones prejudiciales quinta y sexta
106    Mediante sus cuestiones prejudiciales quinta y sexta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se declare la nulidad de un contrato celebrado entre un consumidor, residente en un Estado miembro, y un operador que ofrece servicios de loterías secundarias en línea desde otro Estado miembro cuando, según la normativa del primer Estado miembro, se excluye la concesión de licencias para la organización de tales apuestas a los operadores privados.
107    Como se ha indicado en el apartado 22 de la presente sentencia, de la petición de decisión prejudicial se desprende que, según la normativa controvertida en el litigio principal, tal como ha sido interpretada por los órganos jurisdiccionales alemanes, las loterías secundarias se consideran meras apuestas por Internet comprendidas, por tanto, en la prohibición de los juegos de azar en línea aplicable en el litigio principal.
108    Por lo tanto, el hecho de que, según la normativa controvertida en el litigio principal, la organización de loterías esté reservada a los operadores públicos no puede tener incidencia alguna en la resolución del litigio principal. En efecto, por una parte, según el órgano jurisdiccional remitente, este litigio versa únicamente sobre apuestas perdidas en el marco de la participación del jugador original en loterías secundarias y, por otra parte, según las explicaciones facilitadas por el Gobierno alemán tanto en sus observaciones escritas como en la vista, la organización y la intermediación de tales loterías estaban prohibidas, según dicha normativa, a cualquier operador y no únicamente a los operadores que no están controlados por el Estado.
109    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales quinta y sexta que el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se declare la nulidad de un contrato celebrado entre un consumidor, residente en un Estado miembro, y un operador que ofrece servicios de loterías secundarias en línea desde otro Estado miembro cuando, según la normativa del primer Estado miembro, se excluye la concesión de licencias para la organización de tales apuestas a los operadores privados.
Sobre la séptima cuestión prejudicial
110    Mediante su séptima cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 56 TFUE y el principio de prohibición del abuso de derecho deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un consumidor que ha participado, desde el Estado miembro de su residencia habitual, en juegos de azar ofrecidos en Internet por un operador que no dispone de una licencia expedida por ese Estado miembro, sino por otro Estado miembro, ejercite contra dicho operador una acción civil para obtener la restitución de las apuestas que ha realizado, basándose en la nulidad del contrato de juegos de azar de que se trata, de conformidad con el Derecho contractual aplicable.
111    A este respecto, procede señalar, al igual que hizo el Abogado General en el punto 30 de sus conclusiones, que la cuestión de si un determinado contrato es nulo cuando su objeto es ilegal y si esa nulidad conlleva, para las partes, el derecho a la restitución de las prestaciones intercambiadas en virtud de ese contrato está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho que regula dicho contrato en virtud de los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, letra e), del Reglamento Roma I.
Pues bien, en el caso de autos, como se desprende de los apartados 53 a 58 de la presente sentencia, el Derecho que rige el contrato celebrado entre el jugador original y las demandadas en el litigio principal es el Derecho alemán.
112    Por otra parte, como señaló el Abogado General en el punto 93 de sus conclusiones, en la medida en que, como se desprende de las consideraciones formuladas en relación con las cuestiones prejudiciales primera a sexta, el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa como la descrita por el órgano jurisdiccional remitente, la nulidad de un contrato como el celebrado entre el jugador original y las demandadas en el litigio principal cuya causa es ilegal según dicha normativa no puede constituir una restricción independiente a la libre prestación de servicios, que exija una apreciación separada de su legalidad, sino que es la consecuencia necesaria de la ilegalidad de dicho contrato.
113    Es cierto que, según la jurisprudencia invocada por el órgano jurisdiccional remitente, los justiciables no pueden prevalerse de las normas de la Unión de forma abusiva o fraudulenta (sentencia de 28 de julio de 2016, Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604, apartado 37). No obstante, como señaló el Abogado General en el punto 94 de sus conclusiones, en el presente asunto, la acción de restitución ejercitada en el litigio principal se basa no en el Derecho de la Unión, sino completamente en el Derecho alemán.
114    Por lo demás, si bien es cierto que no cabe excluir que, en un caso como el controvertido en el litigio principal, el jugador haya podido hacer uso de los servicios ofrecidos por una empresa como las demandadas en el litigio principal siendo plenamente consciente de una prohibición como la aplicable a ese litigio y de sus eventuales consecuencias, tal cuestión solo puede resolverse sobre la base del Derecho nacional aplicable.
115    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la séptima cuestión prejudicial que el artículo 56 TFUE y el principio de prohibición del abuso de derecho deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un consumidor que ha participado, desde el Estado miembro de su residencia habitual, en juegos de azar ofrecidos por Internet por un operador que no dispone de una licencia expedida por dicho Estado miembro, sino por otro Estado miembro, ejercite contra dicho operador una acción civil para obtener la restitución de las apuestas que ha realizado, basándose en la nulidad del contrato de juegos de azar de que se trata, de conformidad con el Derecho contractual aplicable.
Costas
116    Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
1)      El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que prohíbe la organización en línea de juegos de casino, en particular de máquinas tragaperras, así como de juegos de apuestas, como las apuestas en línea sobre los resultados de sorteos de loterías, cuando su objetivo consiste en orientar el instinto natural de juego de la población hacia cauces ordenados y controlados, así como en luchar contra el desarrollo y la propagación de los juegos de azar no autorizados en los mercados paralelos, incluso si:
–        existe entre los jugadores una demanda considerable de máquinas tragaperras en línea ;
–        el Estado miembro de que se trata autoriza, por otra parte, juegos similares, incluidas loterías en establecimientos físicos;
–        dicho Estado miembro permite la oferta de apuestas deportivas e hípicas en línea por operadores autorizados, así como la intermediación de operadores privados para la venta de productos de loterías estatales y otras loterías bajo licencia, y
–        la normativa del Estado miembro en el que el operador que desea ofrecer, en particular, servicios de apuestas en línea sobre los resultados de sorteos de loterías es titular de una licencia persigue los mismos objetivos que la normativa del Estado miembro que impone una prohibición general de ofrecer tales servicios.
2)      El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se reconozcan, en el marco de un litigio concreto, las consecuencias jurídicas de una prohibición de los juegos de casino en línea cuando, con posterioridad a los hechos que pueden dar lugar a dichas consecuencias, se haya adoptado la decisión de sustituir dicha prohibición por un sistema de autorización previa y se haya establecido un período transitorio durante el cual se aceptarán las ofertas de juegos que puedan ser conformes con la futura normativa, siempre que se cumplan determinados requisitos.
3)      El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone al reconocimiento de la nulidad de un contrato celebrado entre un consumidor, residente en un Estado miembro, y un operador que ofrece servicios de apuestas en línea sobre los resultados de sorteos de loterías desde otro Estado miembro cuando, según la normativa del primer Estado miembro, se excluye la concesión de licencias para la organización de tales apuestas a los operadores privados.
4)      El artículo 56 TFUE y el principio de prohibición del abuso de derecho deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un consumidor que ha participado, desde el Estado miembro de su residencia habitual, en juegos de azar ofrecidos en Internet por operadores que no disponen de una licencia expedida por dicho Estado miembro, sino por otro Estado miembro, ejercite contra dicho operador una acción civil para obtener la restitución de las apuestas que ha realizado, basándose en la nulidad del contrato de juegos de azar en cuestión, de conformidad con el Derecho contractual aplicable.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: inglés.