62012CC0144_ES
Conclusiones del abogado general
Conclusiones del abogado general
1. El presente asunto tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1896/2006, (2) el cual establece que a efectos de la aplicación de dicho Reglamento, la competencia judicial se determinará con arreglo a las normas de Derecho comunitario aplicables en la materia, en particular el Reglamento (CE) nº 44/2001. (3)
2. Más específicamente, la cuestión que se plantea es la de si la presentación de un escrito de oposición contra un requerimiento europeo de pago supone una comparecencia, en el sentido del artículo 24 del Reglamento nº 44/2001, y, por tanto, la aceptación de la competencia del órgano jurisdiccional encargado del proceso civil ordinario que sigue al procedimiento establecido por el Reglamento nº 1896/2006.
3. En las presentes conclusiones expondré los motivos por los que entiendo que el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1896/2006 debe ser interpretado en el sentido de que la presentación de un escrito de oposición contra un requerimiento europeo de pago no supone una comparecencia, en el sentido del artículo 24 del Reglamento nº 44/2001, en el proceso civil ordinario que sigue al procedimiento monitorio europeo.
4. Señalaré también por qué, a mí entender, el hecho de que la persona que presentó un escrito de oposición contra la petición de requerimiento europeo de pago formulase en dicha oposición alegaciones sobre el fondo del asunto es irrelevante a este respecto.
I. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
1. Reglamento nº 1896/2006
5. El Reglamento nº 1896/2006 establece un proceso monitorio europeo. Según el artículo 1, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, «[éste] tiene por objeto simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados, mediante el establecimiento de un proceso monitorio europeo».
6. Con arreglo al artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento:
«A efectos de la aplicación del presente Reglamento, la competencia judicial se determinará con arreglo a las normas de Derecho comunitario aplicables en la materia, en particular el Reglamento (CE) nº 44/2001.»
7. A tenor del artículo16 del Reglamento nº 1896/2006:
«1. El demandado podrá presentar escrito de oposición al requerimiento europeo de pago ante el órgano jurisdiccional de origen, valiéndose del formulario F que figura en el anexo VI, que se le remitirá adjunto al requerimiento europeo de pago.
2. El escrito de oposición se enviará en un plazo de 30 días desde la notificación al demandado del requerimiento.
3. El demandado deberá indicar en su escrito de oposición que impugna la deuda, sin que esté obligado a motivarlo.
[…]»
8. El artículo 17 del mismo Reglamento establece:
«1. En el caso de que se presente un escrito de oposición en el plazo señalado en el artículo 16, apartado 2, el proceso continuará ante los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro de origen con arreglo a las normas del proceso civil ordinario que corresponda, a menos que el demandante haya solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al proceso.
En caso de que el demandante haya reclamado su crédito por el proceso monitorio europeo, el Derecho nacional no perjudicará en ningún caso su posición en el proceso civil ordinario ulterior.
2. A efectos del apartado 1, el traslado al proceso civil ordinario se regirá por el Derecho del Estado miembro de origen.
3. El demandante será informado de la presentación del escrito de oposición por parte del demandado y de todo traslado al proceso civil ordinario.»
2. Reglamento nº 44/2001
9. El Reglamento nº 44/2001 se refiere a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. El artículo 5, número 1, de dicho Reglamento establece lo siguiente:
«Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro:
1) a)	en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda;
b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:
– […]
– cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios;
[…]»
10. A tenor del artículo 24 de dicho Reglamento:
«Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el tribunal de un Estado miembro ante el que compareciere un demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 22.»
B. Derecho austriaco
11. El artículo 252 de la Zivilprozessordnung (Ley procesal civil austriaca; en lo sucesivo, «ZPO»), relativo al proceso monitorio europeo, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento nº 1896/2006, serán de aplicación las disposiciones procesales relativas al correspondiente objeto del procedimiento. Dicho artículo precisa que la competencia exclusiva para la tramitación del proceso monitorio europeo corresponde al Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Austria). Además, en virtud de esta misma disposición, presentado un escrito de oposición dentro de plazo, el tribunal lo notificará al demandante pidiéndole que indique, en un plazo de 30 días, qué tribunal es competente para la tramitación del procedimiento ordinario. El demandado deberá proponer la excepción de falta de competencia del tribunal antes de formular alegaciones sobre el fondo del asunto.
II. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
12. Goldbet Sportwetten GmbH (en lo sucesivo, «demandante») es una empresa con domicilio social en Austria, que organiza apuestas deportivas. El Sr. Sperindeo (en lo sucesivo, «demandado») tiene su domicilio en Italia. El demandado se había comprometido, mediante un contrato de prestación de servicios, a organizar y a ocuparse de la difusión de las actividades de la sociedad demandante en Italia. En particular, debía cobrar las cantidades apostadas en los centros locales de recogida de apuestas y entregar el dinero a la demandante, una vez deducidos los importes correspondientes a los premios abonados.
13. La demandante, al entender que el demandado no había cumplido sus obligaciones contractuales, solicitó el 29 de diciembre de 2009 ante el Bezirskgericht für Handelssachen Wien, órgano jurisdiccional competente para el proceso monitorio europeo, un requerimiento europeo de pago, que le fue concedido el 17 de febrero de 2010, por importe de 16.406 euros, más intereses y costas, sobre la base de una pretensión de indemnización por incumplimiento.
14. El 19 de abril de 2010, el demandado presentó a través de su abogado un escrito de oposición dentro de plazo contra dicho requerimiento europeo de pago. Negaba el pago alegando que la pretensión era infundada y no exigible.
15. Mediante resolución de 2 de julio de 2010, el Bezirksgericht für Handelssachen Wien remitió el asunto al Landesgericht Innsbruck (Austria), al entender que era el órgano jurisdiccional competente con arreglo al artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 1896/2006.
16. El demandado alegó por primera vez ante el Landesgericht Innsbruck que éste no era competente, porque él tenía su domicilio en Italia. Solicitó a dicho tribunal que declarara su falta de competencia territorial y la inadmisibilidad de la demanda. La demandante entendía, por su parte, que el Landesgericht Innsbruck era competente como tribunal correspondiente al lugar de cumplimiento de la obligación de pago de cantidad, con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001. En todo caso, según la demandante, dicho órgano jurisdiccional era competente en virtud del artículo 24 del mismo Reglamento, en la medida en que el demandado había comparecido, pues había formulado alegaciones sobre el fondo en su escrito de oposición al requerimiento de pago europeo, sin proponer una excepción de falta de competencia en ese momento.
17. Mediante resolución, el Landesgericht Innsbruck estimó la pretensión del demandado, estimó que no era competente y declaró la inadmisibilidad de la demanda. La demandante interpuso recurso de apelación contra dicha resolución ante el Oberlandesgericht Innsbruck (Austria). Dicho recurso fue desestimado sobre la base de que los tribunales austríacos no son, en principio, competentes porque las pretensiones de la demandante se basan en un contrato de prestación de servicios y el lugar acordado para el cumplimiento del contrato, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001, era Italia. El tribunal de apelación añadió también que la comparecencia del demandado no atribuía competencia a los tribunales austríacos en virtud del artículo 24 del Reglamento nº 1896/2006.
18. La demandante interpuso recurso de casación contra esta resolución ante el Oberster Gerichtshof (Austria), solicitando la anulación de las resoluciones de las instancias inferiores y la reanudación del procedimiento ante el Landesgericht Innsbruck.
19. Al albergar dudas sobre la interpretación del Derecho de la Unión, el Oberster Gerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1896/2006[…] en el sentido de que en el proceso monitorio europeo también resulta aplicable el artículo 24 del Reglamento nº 44/2001[…], relativo a la competencia judicial en razón de la comparecencia del demandado?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
¿Debe interpretarse el artículo 17 del Reglamento nº 1896/2006, en relación con el artículo 24 del Reglamento nº 44/2001, en el sentido de que la presentación de un escrito de oposición contra un requerimiento europeo de pago ya supone una comparecencia cuando no se invoca en él la falta de competencia del órgano jurisdiccional de origen?
3) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión:
¿Debe interpretarse el artículo 17 del Reglamento nº 1896/2006, en relación con el artículo 24 del Reglamento nº 44/2001, en el sentido de que la presentación de un escrito de oposición funda en todo caso la competencia del tribunal a través de la comparecencia cuando en él ya se formulan alegaciones sobre el fondo pero no se invoca la falta de competencia?»
III. Análisis
20. Mediante las cuestiones prejudiciales planteadas, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1896/2006 debe interpretarse en el sentido de que la presentación de un escrito de oposición contra una solicitud de requerimiento europeo de pago supone una comparecencia en el procedimiento civil ordinario que sigue al proceso monitorio europeo, en el sentido del artículo 24 del Reglamento nº 44/2001, y si el hecho de que la persona que ha presentado el escrito de oposición a la solicitud de requerimiento europeo de pago haya formulado alegaciones sobre el fondo del asunto tiene alguna relevancia a este respecto.
21. Recuérdese que, en virtud del artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1896/2006, la competencia judicial se determinará con arreglo a las normas de Derecho comunitario aplicables en la materia, en particular el Reglamento nº 44/2001. Pues bien, el artículo 24 de dicho Reglamento establece un supuesto de sumisión tácita a la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se presenta la demanda cuando el demandado comparece ante el mismo sin impugnar su competencia.
22. Al igual que los Gobiernos alemán y austríaco y la Comisión Europea, opino que la presentación de un escrito de oposición contra un requerimiento europeo de pago no supone una comparecencia en el sentido de dicha disposición. A mi juicio, el hecho de que la persona que ha presentado el escrito de oposición haya motivado la misma carece de relevancia a este respecto.
23. En efecto, el tenor de la exposición de motivos del Reglamento nº 1896/2006 aporta un primer elemento para una respuesta.
24. Dicha exposición de motivos precisa de un modo diáfano que el proceso monitorio europeo que establece el propio Reglamento es un procedimiento fundado en el establecimiento de un mecanismo rápido y uniforme para el cobro de créditos pecuniarios no impugnados en el conjunto de la Unión. (4)
25. En este sentido, el Reglamento nº 1896/2006 responde a un programa de medidas adoptado por el Consejo de la Unión Europea en 2000 que preveía la posibilidad de establecer en la Comunidad Europea un procedimiento « uniforme o armonizado, con el fin de obtener una resolución judicial en determinados ámbitos», (5) el cual fue desarrollado en 2004 mediante el Programa de La Haya, adoptado por el Consejo Europeo el 5 de noviembre de 2004. (6)
26. Por lo demás, esa especificidad ha sido recordada por el Tribunal de Justicia en el apartado 30 de la sentencia de 13 de diciembre de 2012, Szyrocka, (7) que establece que «finalmente es necesario recordar que, según el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 1896/2006, éste tiene por objeto simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados. Igualmente, de conformidad con lo previsto en sus considerandos 8, 10 y 29, dicho Reglamento, aunque no sustituye ni armoniza los mecanismos nacionales de cobro de créditos no impugnados, establece, para alcanzar su objetivo, un mecanismo uniforme de cobro de estos créditos que garantiza igualdad de condiciones para acreedores y deudores en toda la Unión».
27. El mencionado objetivo se refiere, sin lugar a dudas, a un instrumento jurídico destinado a evitar las controversias sobre el fondo y los retrasos que generalmente provocan los procesos judiciales tradicionales. Hasta el punto, además, de que, a discreción de los Estados miembros, dicho procedimiento podría desarrollarse ante un órgano administrativo.
28. En efecto, resulta que, con el fin de alcanzar el objetivo previsto, el artículo 5, número 3, del Reglamento nº 1896/2006 define de modo autónomo el término «órgano jurisdiccional» como «cualquier autoridad de un Estado miembro con competencia para conocer de los requerimientos europeos de pago o para cualesquiera cuestiones afines». (8) Ello excluye claramente que el procedimiento quede reservado a los tribunales, ya se trate de la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el caso de los Estados miembros que dispongan de esta última.
29. Desde este punto de vista, el sistema establecido por dicho Reglamento presenta las siguientes características.
30. En primer lugar, no es contradictorio. En efecto, la expedición del requerimiento europeo de pago o la desestimación de la petición corresponden a la autoridad nacional competente, sin debate alguno ante ésta, (9) que podrá, no obstante, requerir explicaciones o justificaciones al demandante, facultad que sólo puede entenderse por el interés en comprobar que el crédito invocado corresponde, al menos prima facie,
a la categoría de «crédito no impugnado». En esta fase no se da audiencia al deudor y, por tanto, éste no puede presentar alegaciones de ningún tipo.
31. En segundo lugar, el deudor sólo aparece en la fase de ejecución del requerimiento europeo de pago, una vez que éste ha sido expedido. En realidad, el deudor sólo tendrá conocimiento del requerimiento europeo cuando se le notifique, lo que le abrirá un plazo de 30 días para presentar el escrito de oposición contra la resolución. (10) El escrito de oposición se presentará mediante un formulario, que se deberá adjuntar a la resolución notificada, o bien sin un formato específico. (11) El escrito de oposición, por sí mismo, pone fin al proceso monitorio europeo. (12) La autoridad, en el sentido del artículo 5, número 3, del Reglamento, ya no conocerá de dicho proceso. El proceso sólo podrá continuar con arreglo a las normas del proceso civil ordinario, único aplicable a partir de ese momento. (13)
32. Estos principios de funcionamiento bastarían por sí mismos para justificar que se abra un proceso completamente nuevo ante la jurisdicción civil ordinaria, en el que se practiquen desde el principio todas las actuaciones, incluso en el supuesto de que la autoridad competente en materia de requerimientos europeos de pago sea también el órgano jurisdiccional competente para conocer sobre el fondo.
33. Quisiera destacar, por lo demás, que no sucede así en el asunto principal, ya que la autoridad competente conforme al artículo 5, número 3, del Reglamento nº 1896/2006 es el Bezirksgericht für Handelssachen Wien, y el órgano jurisdiccional designado por éste para conocer del fondo es el Landesgericht Innsbruck.
34. En cualquier caso, queda por dilucidar la cuestión de si la presentación de un escrito de oposición contra el requerimiento europeo de pago, no mediante la remisión del formulario al efecto, sino mediante un documento detallado, tiene como consecuencia determinar la competencia del órgano jurisdiccional que haya de conocer sobre el fondo, al suponer la presentación de dicho escrito una comparecencia en el sentido del artículo 24 del Reglamento nº 44/2011.
35. A la tesis expuesta, favorable a una respuesta afirmativa a dicha cuestión, podemos oponer varios argumentos.
36. Responder afirmativamente equivaldría a reconocer que el proceso monitorio europeo y el proceso civil ordinario nacional constituyen, en realidad, un único proceso, y que la instancia única ya comenzó ante la autoridad competente en materia de requerimientos europeos de pago. En efecto, esto sólo podrá entenderse así si la expresión «el proceso continuará ante […]», utilizada en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 1896/2006, se interpreta en el sentido de que el proceso que sigue al escrito de oposición al requerimiento europeo de pago es el mismo que el iniciado ante la autoridad ante la que se presentó la petición, dado que acontecimientos de orden procesal surgidos en esa fase vinculan al órgano jurisdiccional que habrá de conocer del fondo.
37. Procede constatar, entonces, que el demandado, en este caso el deudor, no tendría posibilidad alguna de invocar la falta de competencia del órgano jurisdiccional, al estar totalmente ausente del inicio del proceso, como he señalado en los puntos 30 y 31 de las presentes conclusiones.
38. Cabría subsanar este inconveniente estimando que, para el deudor, el proceso se inicia en el momento en que se le notifica la resolución de requerimiento europeo de pago. No obstante, en este caso nos encontraríamos ante una diferencia de trato que, en mi opinión, priva de toda validez a esta interpretación.
39. En efecto, el escrito de oposición presentado mediante formulario deja intacta la cuestión de la impugnación de la competencia, que incumbe únicamente al tribunal que conozca sobre el fondo del asunto. En cambio, un escrito de oposición redactado sin una forma específica, en el que consten algunas alegaciones, o incluso una argumentación completa, supondría una comparecencia y, por tanto, la sumisión tácita a la competencia, siendo así que el Reglamento, que admite esta libertad de forma, sólo impone un requisito de validez: que la oposición se exprese con claridad.
40. El deudor se encontraría de lo contrario sin posibilidad de recurso ante una apreciación errónea acerca de la competencia de la autoridad que conoce del proceso monitorio europeo, tal como ha ocurrido en el presente asunto según el órgano jurisdiccional remitente. En tal supuesto, el deudor sólo podría ampararse, en su caso, en la facultad del juez nacional de declarar de oficio su propia falta de competencia en el marco del proceso civil ordinario.
41. ¿Cómo justificar que el proceso monitorio europeo, que no ofrece posibilidad alguna de recurso, pueda conllevar tal consecuencia? A este respecto, la demandante sostuvo en la vista que, a pesar de la sumisión tácita a la competencia del tribunal que conozca sobre el fondo del asunto derivada del mero escrito de oposición a la petición de requerimiento europeo de pago, seguirá existiendo la posibilidad de plantear la falta de competencia del tribunal civil ordinario ante este mismo tribunal. Si hubiera que dar por buena tal hipótesis, no acierto a comprender bien por qué en ese caso habría de considerarse el escrito de oposición como una comparecencia, con las consecuencias jurídicas vinculadas a la misma.
42. ¿A partir de qué nivel de detalle de las alegaciones se podrá entender que un escrito de oposición presentado en esa forma supone comparecencia? ¿No daría ello lugar a una imprecisión, fuente de inseguridad jurídica, que va contra el objetivo que persigue el legislador europeo, objetivo que, recuérdese, es precisamente simplificar el proceso monitorio europeo?
43. Con arreglo a una jurisprudencia reiterada, el principio de seguridad jurídica implica que la legislación de la Unión ha de ser precisa, y que su aplicación ha de ser previsible para los justiciables. Por tanto, dicho principio supone que un acto del Derecho de la Unión –en el caso de autos, las correspondientes disposiciones de los Reglamentos nº 1896/2006 y nº 44/2001– que produzca efectos jurídicos en relación con los justiciables deberá ser claro y preciso, de modo que estos últimos puedan saber con certeza el momento en que dicho acto comienza a surtir tales efectos.
44. Ahora bien, admitir que la presentación de un escrito de oposición contra un requerimiento europeo de pago pueda suponer una comparecencia en el sentido del artículo 24 del Reglamento nº 44/2001, en función de si incluye o no una motivación sobre el fondo del asunto, entraña crear una inseguridad jurídica, en la medida en que procedería apreciar en cada caso si la motivación es amplia o no, y si tal amplitud supone, de modo explícito o implícito, un posicionamiento respecto a la competencia del órgano jurisdiccional encargado del proceso civil ordinario, el cual, recuérdese, ni siquiera conoce del asunto en esta fase.
45. Lo anterior tendría por resultado introducir complejidad, siendo así que la finalidad del Reglamento nº 1896/2006 es precisamente simplificar el proceso monitorio europeo.
46. ¿Cómo admitir una unidad de procedimiento entre el proceso monitorio europeo y el proceso civil ordinario si, por ejemplo, la autoridad competente en materia de requerimiento europeo de pago es un tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa, y la competente para conocer sobre el fondo es un tribunal de la jurisdicción ordinaria? ¿O, más aún, si dicha autoridad no es ni siquiera un tribunal? ¿Cómo se puede, por tanto, justificar que un acontecimiento ocurrido ante tal instancia pueda tener esas consecuencias? Procede recordar simplemente la importancia que revisten las normas sobre competencia en el desarrollo de los procesos judiciales.
47. Por último, la lectura del artículo 16 en relación con el considerando 23 del Reglamento nº 1896/2006 resulta suficiente para decidir al respecto. En efecto, el artículo 16, apartado 1, de dicho Reglamento no impone forma particular alguna al escrito de oposición. Se limita a señalar que «el demandado podrá presentar escrito de oposición […] valiéndose del formulario […]». El apartado 3 de dicha disposición añade que el demandado no está obligado a motivar el escrito.
48. Por lo tanto, no se prohíbe al deudor motivar su oposición, pero si así lo hiciese ello no debería en ningún caso implicar para él consecuencias jurídicas particulares y desfavorables, que no estén expresamente previstas en el Reglamento, por la sencilla razón de que en esa fase lo único importante es saber si se impugna la deuda o no. La motivación de la oposición es totalmente superflua. Lo único importante es saber si se impugna la deuda.
49. Así lo confirma el tenor del considerando 23 del Reglamento nº 1896/2006, que precisa que «el demandado puede presentar su escrito de oposición valiéndose del formulario que figura en el presente Reglamento. No obstante, los órganos jurisdiccionales deben tener en cuenta cualquier otra forma escrita de oposición que se exprese claramente». Un escrito de oposición que contenga alegaciones es una oposición en forma escrita claramente expresada. Por lo tanto, es plenamente válido y su único efecto es que entraña las mismas consecuencias que la oposición expresada a través del formulario, a saber, paralizar el requerimiento europeo de pago. Atribuirle más consecuencias supondría actuar no sólo al margen de la voluntad del legislador, sino en contra de la misma.
50. Por todas las razones expuestas, considero que el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1896/2006 debe interpretarse en el sentido de que la presentación de un escrito de oposición contra un requerimiento europeo de pago no supone una comparecencia, en el sentido del artículo 24 del Reglamento nº 44/2001, en el proceso civil ordinario que sigue al proceso monitorio europeo. El hecho de que la persona que presenta un escrito de oposición contra la petición de requerimiento europeo de pago haya presentado en el mismo alegaciones sobre el fondo del asunto es irrelevante a este respecto.
IV. Conclusión
51. A la vista de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberster Gerichtshof:
«El artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) nº 936/2012 de la Comisión, de 4 de octubre de 2012, debe interpretarse en el sentido de que la presentación de un escrito de oposición contra una petición de requerimiento europeo de pago no supone una comparecencia, en el sentido del artículo 24 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en el proceso civil ordinario que sigue al proceso monitorio europeo. El hecho de que la persona que ha presentado el escrito de oposición a dicha petición de requerimiento europeo de pago haya formulado en el mismo alegaciones sobre el fondo del asunto es irrelevante a este respecto.»
(1) .
(2)  –	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) nº 936/2012 de la Comisión, de 4 de octubre de 2012 (DO L 283, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 1896/2006»).
(3)  –	Reglamento del Consejo de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1; corrección de errores en DO 2001, L 307, p. 28).
(4)
– Véanse, en particular, los considerandos 4, 9 y 29 de dicho Reglamento.
(5)  –	El subrayado es mío.
(6)  –	Véase el considerando 4 del Reglamento.
(7)  –	Asunto C-215/11.
(8)  –	Véase también el considerando 16 de dicho Reglamento, el cual señala que no es necesario que sea un juez quien lleve a cabo el examen de la petición de requerimiento europeo de pago.
(9)  –	Con arreglo a los artículos 5, número 3, 7, apartado 3, y 8 a 12 del Reglamento nº 1896/2006, en efecto, es el demandante quien da inicio a la petición de requerimiento europeo de pago, y presenta la petición ante la autoridad nacional competente. Dicha autoridad examinará la petición sobre la base de la información suministrada por el demandante, tras lo cual bien la desestimará bien expedirá el requerimiento europeo de pago.
(10)  –	Véase el artículo 16, apartado 2, de dicho Reglamento.
(11)  –	Véase el artículo 7 de dicho Reglamento, así como el considerando 23.
(12)  –	Véase el considerando 24 del Reglamento nº 1896/2006.
(13)  –	Véase el artículo 17, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento, así como su considerando 24.