62023CJ0678
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 13 de noviembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 89/391/CEE — Seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo — Artículo 9 — Obligaciones de los empresarios — Clasificación de los lugares de trabajo en función de la exposición de los trabajadores a factores de riesgo para su seguridad y su salud — Artículo 11, apartado 6 — Recurso ante la autoridad competente en materia de seguridad y de salud en el trabajo — Tutela judicial efectiva»
En el asunto C‑678/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Curtea de Apel Iaşi (Tribunal Superior de Iaşi, Rumanía), mediante resolución de 10 de octubre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de noviembre de 2023, en el procedimiento entre
JU
y
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias y B. Smulders (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretaria: Sra. R. Șereș, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 30 de enero de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno rumano, por las Sras. E. Gane, L. Liţu, A. Rotăreanu y A. Wellman, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. D. Recchia y E. A. Stamate, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de abril de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 9 y 11, apartado 6, de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO 1989, L 183, p. 1), y de los artículos 31, apartado 1, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre JU y Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi (Hospital Clínico de Neumofisiología de Iași, Rumanía; en lo sucesivo, «hospital»), en relación con la clasificación de la actividad profesional de JU como actividad que la expone a riesgos particulares para su seguridad y su salud.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 89/391
3
El artículo 1 de la Directiva 89/391, titulado «Objeto», establece lo siguiente:
«1.   El objeto de la presente Directiva es la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
2.   A tal efecto, la presente Directiva incluye principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales y la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación de los factores de riesgo y accidente, la información, la consulta, la participación equilibrada de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales, [y] la formación de los trabajadores y de sus representantes, así como las líneas generales para la aplicación de dichos principios.
3.   La presente Directiva no afecta a las disposiciones nacionales y comunitarias, existentes o futuras, que sean más favorables para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.»
4
A tenor del artículo 4 de dicha Directiva:
«1.   Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar que los empresarios, los trabajadores y los representantes de los trabajadores estén sujetos a las disposiciones jurídicas necesarias para la aplicación de la presente Directiva.
2.   Los Estados miembros garantizarán, en particular, un control y una vigilancia adecuados.»
5
El artículo 5 de la mencionada Directiva, titulado «Disposición general», establece en su apartado 1:
«El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.»
6
El artículo 9 de la misma Directiva, titulado «Obligaciones varias de los empresarios», preceptúa lo siguiente:
«1.   El empresario deberá:
a)
disponer de una evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluidos los que se refieren a los grupos de trabajadores con riesgos [especiales];
b)
determinar las medidas de protección que deberán adoptarse y, si fuere necesario, el material de protección que haya de utilizarse;
c)
elaborar una lista de los accidentes de trabajo que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a tres días de trabajo;
d)
redactar informes, destinados a las autoridades competentes y de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales sobre los accidentes laborales de que son víctimas sus trabajadores.
2.   Habida cuenta [del] carácter de las actividades y [del] tamaño de las empresas, los Estados miembros definirán las obligaciones que deberán cumplir las diferentes categorías de empresas, relativas a la elaboración de los documentos previstos en las letras a) y b) del apartado 1 y en el momento de elaborar los documentos previstos en las letras c) y d) del apartado 1.»
7
El artículo 11 de la Directiva 89/391, titulado «Consulta y participación de los trabajadores», establece en su apartado 6, párrafo primero:
«Los trabajadores y/o sus representantes tendrán el derecho de recurrir, de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales, a la autoridad competente en materia de seguridad y de salud en el trabajo, si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.»
Directiva 2003/88/CE
8
El artículo 1 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9), titulado «Objeto y ámbito de aplicación», dispone lo siguiente:
«1.   La presente Directiva establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo.
2.   La presente Directiva se aplicará:
a)
a los períodos mínimos de descanso diario, de descanso semanal y de vacaciones anuales, así como a las pausas y a la duración máxima de trabajo semanal, y
b)
a determinados aspectos del trabajo nocturno, del trabajo por turnos y del ritmo de trabajo.
3.   La presente Directiva se aplicará a todos los sectores de actividad, privados y públicos, en el sentido del artículo 2 de la Directiva 89/391/CEE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14, 17, 18 y 19 de la presente Directiva.
[…]
4.   Las disposiciones de la Directiva 89/391/CEE se aplicarán plenamente a las materias a que se refiere el apartado 2, sin perjuicio de las disposiciones más exigentes y/o específicas contenidas en la presente Directiva.»
9
El artículo 2 de dicha Directiva, titulado «Definiciones», dispone:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
9)
descanso adecuado: períodos regulares de descanso de los trabajadores, cuya duración se expresa en unidades de tiempo, suficientemente largos y continuos para evitar que, debido al cansancio o a ritmos de trabajo irregulares, aquellos se produzcan lesiones a sí mismos, a sus compañeros o a terceros, y que perjudiquen su salud, a corto o a largo plazo.»
10
El artículo 7 de la mencionada Directiva, titulado «Vacaciones anuales», establece lo siguiente:
«1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores dispongan de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones y/o prácticas nacionales.
2.   El período mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser sustituido por una compensación financiera, excepto en caso de conclusión de la relación laboral.»
11
De conformidad con el artículo 15 de la misma Directiva, titulado «Disposiciones más favorables»:
«La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de aplicar o establecer disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más favorables a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, o de favorecer o permitir la aplicación de convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales que sean más favorables a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.»
Derecho rumano
Código de Trabajo
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El artículo 147, apartado 1, del Código de Trabajo dispone:
«Los trabajadores que desempeñen sus funciones en condiciones penosas, peligrosas o nocivas, los invidentes, otras personas con discapacidad y los menores de dieciocho años tendrán derecho a un período adicional de vacaciones anuales retribuidas de, al menos, tres días laborables.»
Ley n. o 319/2006
13
El artículo 12, apartados 1 y 2, de la Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (Ley n.o 319/2006 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo), de 14 de julio de 2006 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 646, de 26 de julio de 2006) preceptúa lo siguiente:
«1.   El empresario deberá:
a)
realizar y disponer de una evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluidos los que se refieren a los grupos de trabajadores con riesgos especiales;
b)
determinar las medidas de protección que deban adoptarse y, si fuere necesario, el material de protección que haya de utilizarse;
[…]
2.   Mediante orden del Ministerio de Trabajo, Solidaridad Social y Familia se establecerán, habida cuenta del carácter de las actividades y el tamaño de las empresas, las obligaciones que deberán cumplir las diferentes categorías de empresas, relativas a la elaboración de los documentos previstos en el apartado 1.»
14
El artículo 18, apartado 7, de dicha Ley tiene el siguiente tenor:
«Tanto los representantes de los trabajadores que tengan responsabilidades específicas en materia de seguridad y salud de los trabajadores como los propios trabajadores tendrán el derecho de recurrir a las autoridades competentes si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.»
15
El artículo 39, apartado 4, de la citada Ley dispone:
«Constituye infracción administrativa y será sancionada con una multa de entre 4000 y 8000 [leus rumanos (RON) (aproximadamente entre 860 y 1720 euros)], todo incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, letras a) y b) […]».
Normativa en materia de pensiones y de seguridad social que establece la clasificación de los lugares de trabajo en función de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores
– Leyes sucesivas en la materia
16
Antes de la entrada en vigor, el 1 de abril de 2001, de la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Ley n.o 19/2000 relativa al sistema público de pensiones y otros derechos de seguridad social), de 17 de marzo de 2000 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 140, de 1 de abril de 2000), la legislación rumana aplicable en materia de pensiones de jubilación establecía una clasificación de los lugares de trabajo dividiéndolos en tres grupos, a saber, el grupo de trabajo I, que incluía los lugares de trabajo en los que los trabajadores estaban expuestos a condiciones de trabajo muy nocivas, muy penosas o muy peligrosas; el grupo de trabajo II, que incluía los lugares de trabajo en los que los trabajadores estaban expuestos a condiciones nocivas, penosas o peligrosas, y el grupo de trabajo III, que incluía los demás lugares de trabajo.
17
El artículo 19, apartados 1 y 2, de la Ley n.o 19/2000 tenía el siguiente tenor:
«1.   A efectos de la presente Ley, se entenderá por “lugar de trabajo en el que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares” el lugar de trabajo que, de manera permanente o puntual, pueda afectar significativamente a la capacidad de trabajo de los asegurados debido al alto grado de exposición al riesgo.
2.   Los criterios y el procedimiento de clasificación de un lugar de trabajo como lugar en el que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares se establecerán mediante decreto del Gobierno, sobre la base de una propuesta conjunta del Ministerio de Trabajo, Familia y Protección Social y del Ministerio de Sanidad».
18
La Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Ley n.o 263/2010 relativa al sistema unitario de pensiones públicas), de 16 de diciembre de 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 852, de 20 de diciembre de 2010), en su versión aplicable al litigio principal, derogó y sustituyó a la Ley n.o 19/2000. Entró en vigor el 1 de enero de 2011.
19
El artículo 28, apartado 1, de la Ley n.o 263/2010, en su versión aplicable al litigio principal, dispone:
«Las condiciones de trabajo en las que ejercen su actividad los asegurados del régimen público de pensiones pueden ser normales, particulares o especiales.»
20
A tenor del artículo 29 de dicha Ley:
«1.   Se clasifican como lugares de trabajo en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares los establecidos conforme a los criterios y al procedimiento previstos por la legislación vigente en el momento de su clasificación.
1 bis.   Los dictámenes de clasificación de un lugar de trabajo como lugar en el que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares que expiren el 31 de diciembre de 2018 verán prorrogada su validez hasta el 1 de septiembre de 2023, fecha en la que los empresarios deben haber normalizado las condiciones de trabajo.
1 ter.   El período comprendido entre el 31 de diciembre de 2018 y el 1 de septiembre de 2023 constituye un período de cotización en condiciones de trabajo particulares, por el que los empresarios están obligados a abonar una cotización del 4 % conforme al artículo 138, letra b), de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal [(Ley n.o 227/2015 por la que se establece el Código Tributario)], en su versión modificada y completada.»
21
El artículo 55, apartado 1, de la mencionada Ley tiene el siguiente tenor:
«Los trabajadores que hayan completado el período de cotización tienen derecho a una pensión de jubilación, con adelanto de la edad normal de jubilación como sigue:
a) de conformidad con la tabla n.o 1 en el caso de los trabajadores con períodos cotizados en condiciones de trabajo particulares;
[…]».
22
El artículo 169, apartado 1, de la misma Ley establece:
«Los beneficiarios del sistema público de pensiones cuyos derechos a pensión se hayan fijado en virtud de la legislación anterior al 1 de abril de 2001 y hayan desempeñado actividades en lugares comprendidos en los grupos de trabajo I y II disfrutarán de un aumento del número de puntos anuales acumulados durante dicho período, como sigue:
[…]
b)
del 25 % por lo que respecta a los períodos durante los cuales hayan desempeñado actividades en lugares comprendidos en el grupo de trabajo II.»
23
Las sucesivas legislaciones en materia de cotizaciones sociales han previsto tipos de cotización diferentes en función de si el trabajo se realiza en condiciones normales, particulares o especiales.
– Decretos del Gobierno relativos a la clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones de trabajo particulares
24
Los criterios y el procedimiento de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares, por un lado, y la renovación de los dictámenes relativos a la clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares, por otro, han sido objeto de sucesivos decretos del Gobierno.
25
El artículo 2, apartados 1 y 2, del Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (Decreto del Gobierno n.o 261/2001 sobre los criterios y el método de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares), de 22 de febrero de 2001 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 114, de 6 de marzo de 2001), disponía lo siguiente:
«1.   Los criterios de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares son los siguientes:
a)
presencia en el entorno laboral de agentes nocivos de tipo profesional físicos (ruido, vibraciones, ondas electromagnéticas, presión, radiaciones ionizantes, radiaciones calóricas, radiaciones láser de intensidad no protegidas), así como de agentes nocivos de tipo profesional químicos o biológicos, previstos por la normativa general de seguridad en el trabajo, que excedan los límites admitidos por tales normas;
b)
respuesta específica del organismo a la exposición a tales agentes nocivos de tipo profesional, reflejada mediante indicadores de exposición o de efectos biológicos, establecidos mediante orden del Ministerio de Sanidad y Familia;
c)
morbilidad, manifestada mediante enfermedades profesionales registradas en el lugar de trabajo en los últimos quince años.
2.   La clasificación como lugares de trabajo en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares se ajustará a lo dispuesto en el artículo 7 o, en su caso, en el artículo 8 y cumplirá acumulativamente los criterios previstos en las letras a) y b) o en las letras a) y c) del apartado 1.»
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El artículo 3, apartado 1, del Decreto del Gobierno n.o 261/2001 establecía:
«La clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares se ajustará al siguiente procedimiento, a base de una sucesión recomendada de operaciones específicas consistentes en:
a)
la identificación con vistas a la clasificación de los lugares de trabajo como lugares de trabajo en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares y la determinación de los criterios aplicables a dicha clasificación, llevadas a cabo por el empresario con los sindicatos representativos conforme a Derecho o, en su caso, con los representantes de los trabajadores en el comité de seguridad y de salud en el trabajo, allí donde este se haya constituido;
b)
la evaluación pericial de los lugares de trabajo desde la perspectiva de la seguridad en el trabajo;
c)
la determinación de los agentes nocivos de tipo profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1; las actas de determinación deberán contener, al menos, los datos siguientes: unidad, sección, taller, lugar de trabajo, agente nocivo de tipo profesional, valor medido, valor límite admitido, métodos de medición;
d)
la solicitud, presentada por el empresario a las instituciones habilitadas del Ministerio de Sanidad y Familia, de la lista que incluya las enfermedades profesionales registradas o de la lista que incluya el control médico del personal que trabaja en los lugares de trabajo de exposición a condiciones particulares, con el fin de determinar la respuesta específica del organismo;
e)
la evaluación de los lugares de trabajo identificados en la letra a), llevada a cabo por el empresario junto con los sindicatos representativos conforme a Derecho o, en su caso, con los representantes de los trabajadores en el comité de seguridad y de salud, allí donde este se haya constituido, de conformidad con los anexos 2 o 3;
f)
el establecimiento de medidas técnicas, sanitarias y organizativas de protección en el trabajo que se adecúen a las condiciones de trabajo y a los factores medioambientales específicos del lugar de trabajo;
g)
la obtención del dictamen de la Inspección Territorial de Trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 4;
i)
el establecimiento de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares con arreglo al artículo 19, apartado 4, de la Ley n.o 19/2000.»
27
El artículo 4 del Decreto del Gobierno n.o 261/2001 disponía lo siguiente:
«1.   El dictamen de la Inspección Territorial de Trabajo para la clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares incluye y se emite sobre la base de los documentos siguientes:
a)
las determinaciones de los agentes nocivos de tipo profesional, efectuadas por los laboratorios autorizados a que se refiere el anexo 1, llevadas a cabo únicamente en presencia de los inspectores de trabajo, que certifiquen, en la fecha en que se efectúan, que se han adoptado medidas técnicas y organizativas para normalizar las condiciones de trabajo, que todas las instalaciones de protección en el trabajo funcionan con normalidad, de conformidad con el proyecto, y que los procesos tecnológicos se desarrollan en condiciones normales;
b)
los resultados de las inspecciones de trabajo territoriales, que se consignarán en un acta y se referirán directamente al cumplimiento de las Normas Generales de Protección en el Trabajo, de las Normas Específicas de Seguridad en el Trabajo y de otros actos normativos pertinentes;
c)
copias de la lista de enfermedades profesionales o el resumen de los análisis médicos y la ficha de evaluación prevista en los anexos 2 o 3.
2.   El dictamen emitido tendrá una validez máxima de tres años, con posibilidad de prórroga.
[…]»
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A tenor del artículo 8, apartado 1, del Decreto del Gobierno n.o 261/2001:
«Los empresarios que hayan designado lugares de trabajo en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares y que no estén comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 7 están obligados, durante un período de seis años a partir de la fecha de publicación del presente Decreto en el Monitorul Oficial al României, parte I, a adoptar todas las medidas técnicas y organizativas para normalizar las condiciones de trabajo de conformidad con la Ley n.o 90/1996 [(sustituida por la Ley n.o 319/2006)], con las Normas Generales de Protección del Trabajo, con las Normas Específicas de Seguridad en el Trabajo o con otras normas aplicables en la materia.»
29
El artículo 1 del Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (Decreto del Gobierno n.o 246/2007 sobre los criterios y el procedimiento de renovación de los dictámenes de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares), de 7 de marzo de 2007 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 169, de 9 de marzo de 2007), disponía:
«1.   A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, los dictámenes de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares que fueran válidos hasta el 6 de marzo de 2007 inclusive, emitidos de conformidad con las disposiciones del [Decreto del Gobierno n.o 261/2001], en su versión modificada y completada, podrán renovarse con arreglo al procedimiento establecido en el presente Decreto.
2.   El período de validez de los dictámenes renovados en virtud del presente Decreto no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2008.»
30
A tenor del artículo 2 del Decreto del Gobierno n.o 246/2007:
«1.   La Inspección Territorial de Trabajo renovará el dictamen de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares sobre la base de los siguientes documentos:
a)
la solicitud de renovación del dictamen de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares, firmada por el representante legal del empresario o por otra persona designada por el empresario, de conformidad con la ley, así como por los representantes de los sindicatos representativos o, en su caso, por los representantes de los trabajadores, presentada a más tardar treinta días después de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto;
b)
las actas de determinación de los agentes nocivos de tipo profesional, emitidas por los laboratorios habilitados por la ley para certificar que se han superado los valores límite de exposición profesional en los lugares de trabajo clasificados como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares, o los documentos que acrediten la mera presencia de agentes químicos muy peligrosos o de agentes biológicos no sujetos a un límite admisible;
c)
el plan de prevención y de protección destinado a mejorar el nivel de seguridad y de protección de la salud de los trabajadores, que incluya medidas y acciones escalonadas, de modo que, a más tardar el 31 de diciembre de 2008, los lugares de trabajo puedan clasificarse como lugares que garantizan condiciones normales.
2.   La determinación de los agentes nocivos de tipo profesional se realizará únicamente en presencia del inspector de trabajo designado a tal efecto por la Inspección Territorial de Trabajo.
3.   Los documentos previstos en el apartado 1, letras b) y c), podrán presentarse ante la Inspección Territorial de Trabajo en un plazo máximo de 120 días a partir de la fecha de la solicitud contemplada en el apartado 1, letra a).
4.   La Inspección Territorial de Trabajo podrá conceder la renovación del dictamen de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares en un plazo de quince días a partir de la presentación de toda la documentación mencionada en el apartado 1.
5.   El incumplimiento de las condiciones previstas en el apartado 3 tendrá como consecuencia que no se renueve el dictamen de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares.
[…]»
31
El artículo 4 del Decreto del Gobierno n.o 246/2007 establecía:
«Los empresarios que no hayan obtenido la renovación del dictamen de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares podrán presentar, en un plazo de quince días a partir de la fecha de notificación, una reclamación ante la Inspección de Trabajo, que la tramitará en un plazo de treinta días, o bien recurrir directamente al órgano jurisdiccional competente, conforme a Derecho.»
32
El artículo 1 del Hotărârea Guvernului nr. 1622/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (Decreto del Gobierno n.o 1622/2008 por el que se modifica y completa el Decreto del Gobierno n.o 246/2007 sobre los criterios y el procedimiento de renovación de los dictámenes de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares), de 10 de diciembre de 2008 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 862, de 20 de diciembre de 2008), disponía lo siguiente:
«1.   A partir del 1 de enero de 2009, los dictámenes de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares que fueran válidos hasta el 31 de diciembre de 2008 inclusive podrán renovarse de conformidad con el procedimiento establecido en el presente Decreto.
2.   Las disposiciones del presente Decreto solo se aplicarán a los empresarios que, a 31 de diciembre de 2008, estén en posesión de un dictamen de renovación y que hasta esa fecha no hayan adoptado las medidas necesarias para normalizar las condiciones de trabajo.
3.   El período de validez de los dictámenes renovados en virtud del presente Decreto no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2009.»
33
Esta posibilidad de renovación anual de los «dictámenes de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares» previamente emitidos estuvo contemplada posteriormente en sucesivos decretos del Gobierno, hasta 2014.
34
El Hotărârea Guvernului nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (Decreto del Gobierno n.o 1014/2015 sobre el procedimiento de renovación de los dictámenes de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares), de 30 de diciembre de 2015 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 986, de 31 de diciembre de 2015), que, por su parte, preveía esta posibilidad de renovación hasta el 31 de diciembre de 2018, incluía un artículo 4 redactado en los siguientes términos: «Los empresarios que no hayan obtenido la renovación del dictamen de clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares tendrán derecho a recurrir directamente al órgano jurisdiccional competente con arreglo a Derecho».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
35
La demandante en el litigio principal trabaja desde hace más de treinta años como médico especialista en neumología, contratada por un hospital, un centro sanitario de utilidad pública dotado de personalidad jurídica y subordinado a la autoridad administrativa local.
36
Hasta el 31 de diciembre de 2006, el lugar de trabajo de la demandante en el litigio principal fue clasificado, inicialmente, como lugar en el que estaba expuesta a condiciones de trabajo comprendidas en el grupo II y, posteriormente, como lugar en el que estaba expuesta a «condiciones particulares» de trabajo, a efectos de las sucesivas normativas rumanas aplicables en materia de pensión de jubilación y de seguridad social. Dicha clasificación confería a la demandante en el litigio principal el derecho a días adicionales de vacaciones anuales, a un adelanto de la edad de jubilación y a un aumento del número de puntos a efectos del cálculo de su pensión de jubilación. El hospital, en su condición de empleador y habida cuenta de esta clasificación, debía abonar cotizaciones a la seguridad social más elevadas que las exigidas por un trabajador cuyo lugar de trabajo estuviera clasificado como lugar en el que los trabajadores están expuestos a «condiciones normales» de trabajo.
37
No obstante, a partir del 1 de enero de 2007, aunque ni el puesto ni las condiciones de trabajo de la demandante en el litigio principal habían variado, su lugar de trabajo fue clasificado como lugar que la exponía a «condiciones normales» de trabajo, por lo que el hospital ya no estaba obligado a abonar por la demandante en el litigio principal cotizaciones sociales más elevadas.
38
En efecto, el hospital disponía de un dictamen, emitido el 11 de diciembre de 2001 por la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași (Inspección Territorial de Trabajo de Iași, Rumanía; en lo sucesivo, «ITT»), por el que se aprobaba la clasificación de los lugares de trabajo del hospital como lugares en los que los trabajadores estaban expuestos a «condiciones particulares» de trabajo y se fijaba el 31 de marzo de 2004 como plazo máximo para la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a que su personal ejerciera su actividad en «condiciones normales» de trabajo. Este dictamen fue prorrogado mediante otro dictamen emitido el 29 de marzo de 2004, que fijaba el 31 de diciembre de 2006 como fecha en la que finalizaba el plazo de normalización de las condiciones de trabajo.
39
No obstante, dado que el hospital no obtuvo la prórroga de este último dictamen, la ITT le informó, mediante escrito de 2 de febrero de 2007, de que el período de vigencia que se había concedido para el dictamen de clasificación de 29 de marzo de 2004 había expirado y de que, por tanto, este había dejado de surtir efectos el 31 de diciembre de 2006.
40
A raíz de dicho escrito, el hospital adoptó una decisión en virtud de la cual, a partir del 1 de enero de 2007, se consideraba que la actividad de su personal se desarrollaba en «condiciones normales» de trabajo. Al mismo tiempo, el hospital solicitó a la Autoritatea de Sănătate Publică Iași (Autoridad de Salud Pública de Iași, Rumanía) un dictamen sobre el mantenimiento o la prórroga de la clasificación del hospital como lugar de trabajo en el que los trabajadores están expuestos a condiciones particulares. Ante la falta de respuesta de dicha autoridad, el hospital le remitió, el 19 de marzo de 2007, un segundo escrito por el que volvía a solicitar un dictamen sobre el impacto del riesgo profesional presente en dichos lugares de trabajo, a efectos de la renovación del dictamen de clasificación emitido por la ITT el 29 de marzo de 2004. Este escrito tampoco obtuvo respuesta. Asimismo, el hospital, por un lado, solicitó a la ITT, mediante escrito de28 de junio de 2007, que renovara dicho dictamen de clasificación a partir del 1 de enero de 2007 y, por otro, remitió, el 27 de diciembre de 2007, un tercer escrito a la autoridad sanitaria pública de Iași. Además, llevó a cabo otras gestiones ante la ITT y ante el Ministerio de Trabajo.
41
Tras descubrir por casualidad que, desde el 1 de enero de 2007, el hospital había dejado de abonar, en lo que a ella respecta, las cotizaciones sociales correspondientes a un lugar de trabajo clasificado como lugar en el que está expuesta a «condiciones particulares» de trabajo, la demandante en el litigio principal interpuso un recurso ante el Tribunalul Iași (Tribunal de Distrito de Iași, Rumanía) con el fin de que su lugar de trabajo se clasificase como lugar en el que está expuesta a «condiciones particulares» y de que se condenara a su empleador a pagar las cotizaciones sociales incrementadas que se exigen por la actividad profesional que, con posterioridad al 31 de diciembre de 2006, ejerció en dichas condiciones.
42
Mediante sentencia de 15 de julio de 2022, el Tribunalul Iași (Tribunal de Distrito de Iași) desestimó el recurso, señalando que la normativa nacional relativa a la clasificación de los lugares de trabajo y, en particular, el Decreto del Gobierno n.o 1014/2015 establecían que el empleador debía seguir un procedimiento específico para obtener la clasificación requerida, en particular solicitando y obteniendo un dictamen de clasificación emitido por la ITT. Dicho órgano jurisdiccional subrayó, asimismo, que en el supuesto de que el empleador no hubiera recibido respuesta alguna a la solicitud de clasificación o a cualquier otra solicitud que hubiera presentado ante las instituciones nacionales, tenía la posibilidad de ejercitar acciones contra estas ante el órgano jurisdiccional competente para que se condenara a estas a cumplir sus obligaciones, de modo que se respetaran todas las fases del procedimiento a efectos de la clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a «condiciones particulares» y de la emisión de un dictamen de clasificación en este sentido.
43
La demandante en el litigio principal interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante la Curtea de Apel Iași (Tribunal Superior de Iași, Rumanía), órgano jurisdiccional remitente, alegando, en particular, que el hospital no había llevado a cabo los trámites previstos en el artículo 2 del Decreto del Gobierno n.o 246/2007, de manera que, bien por negligencia, bien por mala fe, su empleador ni siquiera había iniciado el procedimiento para obtener el dictamen de clasificación de su lugar de trabajo como lugar en el que está expuesta a «condiciones particulares» desde el año 2007. A este respecto, la demandante en el litigio principal alega que, en su lugar de trabajo, ni sus condiciones laborales han variado ni los riesgos y las responsabilidades han disminuido desde su contratación. Por el contrario, afirma que cuando trabajó en el servicio de atención sanitaria a pacientes afectados por la COVID‑19, su trabajo pasó a ser mucho más intenso y exigente, poniendo diariamente en peligro su vida y la de sus allegados.
44
El órgano jurisdiccional remitente señala, a este respecto, que la clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a «condiciones particulares» tiene por objeto contrarrestar los efectos a largo plazo del ejercicio de las tareas profesionales en un lugar de trabajo que, pese a todas las medidas adoptadas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, continúa exponiéndolos a riesgos profesionales importantes. Dicho órgano jurisdiccional señala que tal clasificación confiere a los trabajadores ventajas compensatorias adicionales. De esta manera, su pensión de jubilación se calcularía tomando como base un período de actividad y, por tanto, de cotización, más corto que si hubieran estado expuestos, en su lugar de trabajo, a «condiciones normales» de trabajo. Del mismo modo, los trabajadores expuestos a «condiciones particulares» de trabajo tienen derecho a días de vacaciones adicionales, con el fin de que puedan recuperar un estado óptimo de salud gracias a un período de descanso más largo.
45
Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente indica que el legislador rumano supeditó la clasificación de los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a «condiciones particulares» a dos tipos de límites. Por un lado, impuso límites procedimentales, condicionando dicha clasificación, en particular, a la obtención de un dictamen favorable de la ITT. Por otro lado, limitó la posibilidad de obtener dicha clasificación en el tiempo, ya que esta solo podía concederse a los empresarios que ya existieran a 31 de diciembre de 2002, con independencia de la fecha en la que surtiera efecto la relación laboral con los trabajadores. Dicho órgano jurisdiccional señala, además, que desde el año 2007 ya no pueden concederse nuevas clasificaciones de esa naturaleza. Solo es posible renovar una clasificación que ya exista, a condición, en particular, de que el empleador disponga, en el momento de la solicitud de renovación, de un dictamen de clasificación válido emitido por la ITT.
46
El órgano jurisdiccional remitente añade que, la normativa nacional no permite a los trabajadores recurrir a la autoridad competente en materia de seguridad y de salud en el trabajo ni interponer un recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales si consideran que el empresario no ha cumplido sus obligaciones en materia de clasificación de su lugar de trabajo como lugar en el que están expuestos a «condiciones particulares», ni para el período trabajado ni para el período futuro.
47
En particular, el órgano jurisdiccional remitente sostiene que, con arreglo a una interpretación estricta de la normativa nacional, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Tribunal Supremo, Rumanía) declaró que no existe ninguna vía de recurso de Derecho común para que se reconozcan las «condiciones particulares» de trabajo en las que los trabajadores han desarrollado su actividad después del 1 de abril de 2001 o para que se condene a los empresarios a clasificar los lugares de trabajo como lugares en los que los trabajadores están expuestos a dichas condiciones cuando esos empresarios no hayan obtenido o, en su caso, renovado los dictámenes relativos a tal clasificación. Señala que la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Tribunal Supremo) también declaró que el hecho de que los empresarios que están facultados para iniciar el procedimiento administrativo para la clasificación de los lugares de trabajo no lo hayan hecho o no lo hayan llevado a término no permite al trabajador invocar las normas de Derecho común para obtener la clasificación de su lugar de trabajo como lugar en el que está expuesto a condiciones distintas de las «normales» y que una resolución de los tribunales ordinarios en este sentido vulneraría el marco legislativo vigente y el principio de separación de poderes. Por otra parte, esta jurisprudencia ha sido declarada conforme con la Constitución de Rumanía por la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional, Rumanía), que en una sentencia de 6 de diciembre de 2018 consideró, refiriéndose en relación con este extremo a la sentencia de 21 de marzo de 2018, Podilă y otros (C‑133/17 y C‑134/17, EU:C:2018:203), que el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391 no podía cuestionar dicha conformidad.
48
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente desea que se aclare si la normativa nacional, tal como la interpretan estos altos órganos jurisdiccionales, es compatible con los artículos 9 y 11, apartado 6, de la Directiva 89/391, así como con los artículos 31, apartado 1, y 47 de la Carta. A este respecto, precisa que, si bien el artículo 11, apartado 6, de la Directiva 89/391 fue transpuesto al Derecho rumano mediante el artículo 18, apartado 7, de la Ley n.o 319/2006, la norma que establece el derecho de los trabajadores a recurrir a la autoridad encargada de la seguridad y de la salud en el trabajo para que compruebe si las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo no se ha recogido en la normativa de rango inferior relativa a la evaluación de los riesgos profesionales a medio o a largo plazo para los trabajadores.
49
Según el órgano jurisdiccional remitente, a diferencia del asunto que dio lugar a la sentencia de 21 de marzo de 2018, Podilă y otros (C‑133/17 y C‑134/17, EU:C:2018:203), el recurso interpuesto por la demandante en el litigio principal no tiene por objeto la determinación de sus derechos a pensión, sino el reconocimiento de los riesgos profesionales inherentes a las condiciones particulares de trabajo a las que está expuesta en su lugar de trabajo. Dicho órgano jurisdiccional afirma que, si bien la clasificación del lugar de trabajo de la demandante en el litigio principal como lugar en el que está expuesta a «condiciones particulares» entraña, de manera indirecta, consecuencias en materia de derechos de seguridad social, su recurso tiene como finalidad principal que dicha clasificación se reconozca y que opere tanto en lo que se refiere al pasado como al futuro, puesto que sus condiciones de trabajo no han variado desde su contratación. De este modo, la demandante en el litigio principal sostiene que ha estado y sigue estando expuesta, en su lugar de trabajo, a factores de grave riesgo para su estado de salud, que superan los valores límite, sin disponer, no obstante, de vías de recurso para solicitar que se reconozcan tanto la existencia como el alcance de los agentes nocivos de tipo profesional en su lugar de trabajo, así como que este se clasifique como lugar en el que está expuesta a condiciones de trabajo distintas de las «normales».
50
El órgano jurisdiccional remitente añade que, si bien el artículo 12 de la Ley n.o 319/2006 transpone el artículo 9 de la Directiva 89/391 al ordenamiento jurídico rumano, las obligaciones de los empresarios contempladas en esta última disposición no guardan relación con la obligación de clasificación precisa y fiel de las condiciones de trabajo en la empresa. Por otra parte, tampoco existe una normativa nacional de rango inferior que defina las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de evaluación y de seguimiento de los riesgos profesionales por parte de las empresas que exponen a sus trabajadores a riesgos graves para su salud. Aunque el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 12 de la Ley n.o 319/2006 puede dar lugar a la imposición de una multa administrativa al empresario, la no realización de una evaluación correcta de los riesgos profesionales en el lugar de trabajo no conlleva ningún otro efecto jurídico.
51
El órgano jurisdiccional remitente observa, por último, que es necesario que se aclare la interacción entre el Derecho de la Unión y el Derecho nacional. En particular, considera que, dado que es imposible realizar una interpretación conforme de las disposiciones del Derecho nacional pertinentes, se plantea el problema de si el artículo 11, apartado 6, de la Directiva 89/391 tiene carácter incondicional, completo y preciso, que pueda conferirle efecto directo, de modo que esta disposición, en relación con los artículos 31, apartado 1, y 47 de la Carta, pueda conferir a trabajadores como la demandante en el litigio principal una tutela judicial efectiva cuando los responsables legales, como los empresarios, no cumplen con sus obligaciones legales, en particular las relativas a la clasificación de un lugar de trabajo como lugar en el que los trabajadores están expuestos a «condiciones particulares».
52
En estas circunstancias, la Curtea de Apel Iaşi (Tribunal Superior de Iași) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Se oponen los artículos 9 y 11, apartado 6, de la Directiva [89/391] a una normativa y práctica nacionales vinculantes en virtud de las cuales los trabajadores no tienen derecho a acudir directamente a la autoridad responsable en materia de protección de la seguridad y de la salud en el trabajo cuando consideren que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no responden a los objetivos de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, ni pueden dirigirse a los órganos jurisdiccionales cuando consideren que los empresarios han incumplido las obligaciones que les incumben en materia de clasificación de los lugares de trabajo en la categoría de condiciones laborales particulares, ni para el período trabajado ni para el período futuro de la relación laboral?
2)
¿Tiene efecto directo vertical el artículo 11, apartado 6, de la Directiva 89/391 y, en relación con los artículos 31, apartado 1, y 47 de la [Carta], confiere a los trabajadores el derecho a la tutela judicial en caso de que quienes legalmente deben cumplir las obligaciones establecidas en la norma las incumplan?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
53
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 9 y 11, apartado 6, de la Directiva 89/391 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, tal como la interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales, excluye que un trabajador pueda recurrir a la autoridad nacional competente en materia de seguridad y de salud en el trabajo o interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional nacional para que se determine o se revise la clasificación —prevista por dicha normativa— de su lugar de trabajo en función de los riesgos para su salud más elevados de lo normal a los que está expuesto en él y para que, en virtud de esa nueva clasificación, se le concedan derechos adicionales en materia de pensión y de vacaciones anuales retribuidas.
54
A este respecto, de su título y de su artículo 1, apartado 1, se desprende que la Directiva 89/391 tiene por objeto la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. A tal efecto, como precisa su artículo 1, apartado 2, dicha Directiva incluye principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales y la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación de los factores de riesgo y accidente, la información, la consulta, la participación equilibrada de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales, y la formación de los trabajadores y de sus representantes, así como las líneas generales para la aplicación de dichos principios. Así pues, la citada Directiva establece y especifica el derecho de todo trabajador a trabajar en condiciones que respeten su salud y su seguridad, consagrado en el artículo 31, apartado 1, de la Carta.
55
Para alcanzar este objetivo, el artículo 4 de la Directiva 89/391, en relación con el artículo 5, apartado 1, de esta, obliga a los Estados miembros a adoptar las disposiciones necesarias para que los empresarios garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
56
El artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva precisa, a este respecto, que el empresario deberá disponer de una evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, incluidos los que se refieren a los grupos de trabajadores expuestos a riesgos especiales, determinar las medidas de protección que deberán adoptarse y, si fuere necesario, el material de protección que haya de utilizarse, elaborar una lista de los accidentes de trabajo que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a tres días de trabajo y redactar informes sobre los accidentes laborales de que son víctimas sus trabajadores. El artículo 9, apartado 2, de la citada Directiva establece que, habida cuenta del carácter de las actividades y del tamaño de las empresas, los Estados miembros definirán las obligaciones que deberán cumplir las diferentes categorías de empresas, relativas a la elaboración de los documentos previstos en dicho artículo 9, apartado 1.
57
Por otra parte, el artículo 11, apartado 6, de la Directiva 89/391 dispone que los trabajadores deben tener la posibilidad de recurrir a la autoridad competente en materia de seguridad y de salud en el trabajo, si consideran que el empresario no ha adoptado medidas suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
58
Ni estas disposiciones ni las demás disposiciones de la Directiva 89/391 obligan a los Estados miembros a velar por que los lugares de trabajo se clasifiquen en función de la magnitud de los riesgos para la salud de las personas que trabajan en dichos lugares, con el fin de que estas personas disfruten, en su caso, de determinados derechos adicionales en materia de pensión y de vacaciones.
59
No obstante, no cabe excluir que un sistema de clasificación de los lugares de trabajo en función de dichos riesgos pueda incidir en las obligaciones que incumben a los empresarios en virtud de la Directiva 89/391. En tal caso, la aplicación por los Estados miembros de dicho sistema debe hacerse respetando las obligaciones de esta Directiva. Ello no sucede cuando la aplicación de este sistema tiene como consecuencia que el empresario deje de cumplir con algunas de sus obligaciones (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de marzo de 2018, Podilă y otros, C‑133/17 y C‑134/17, EU:C:2018:203, apartados 42 y 44).
60
En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que la normativa nacional aplicable se articula en dos partes que se aplican en paralelo.
61
La primera parte está constituida por la Ley n.o 319/2006. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, esta Ley transpone la Directiva 89/391 al Derecho rumano (sentencia de 21 de marzo de 2018, Podilă y otros, C‑133/17 y C‑134/17, EU:C:2018:203, apartado 43). En particular, los artículos 12, apartado 1, letras a) y b), y 18, apartado 7, de dicha Ley transponen, respectivamente, los artículos 9, apartados 1 y 2, y 11, apartado 6, de dicha Directiva. Además, el artículo 39, apartado 4, de la referida Ley establece sanciones en caso de incumplimiento, por parte del empresario, de las obligaciones previstas en el artículo 12, apartado 1, letras a) y b), de la misma Ley. No obstante, las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente no se refieren a dicha transposición y en el litigio principal es pacífico que los trabajadores tienen la posibilidad de recurrir a la autoridad competente en materia de seguridad y de salud en el trabajo o de interponer un recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales para impugnar las medidas que consideren insuficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
62
La segunda parte, en cuyo contexto el órgano jurisdiccional remitente plantea sus cuestiones prejudiciales, prevé la posibilidad de que los empresarios soliciten la clasificación de los lugares de trabajo en diferentes categorías en función de los riesgos para la salud a los que están expuestos en ellos los trabajadores. En función de la categoría en la que se clasifique su lugar de trabajo, los trabajadores pueden disfrutar de determinados derechos adicionales en materia de pensión y de vacaciones. No obstante, en virtud de las disposiciones de Derecho nacional comprendidas en esta segunda parte, tal como han sido interpretadas por la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Tribunal Supremo), solo el empresario puede presentar una solicitud de clasificación o de renovación de la clasificación del lugar de trabajo en función del riesgo. El trabajador no puede recurrir a la autoridad nacional competente en materia de seguridad y de salud en el trabajo ni interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional nacional con el fin de que se declare que sus condiciones de trabajo están incluidas en una categoría que reconoce su exposición a riesgos particulares o de que se obligue a su empresario a clasificar su lugar de trabajo en esa categoría.
63
La demandante en el litigio principal critica el hecho de que su lugar de trabajo no haya sido clasificado como lugar en el que está expuesta a «condiciones particulares» de trabajo a partir del 1 de enero de 2007. Esta circunstancia, en su opinión, tiene principalmente como consecuencia que, a partir de esa fecha, se haya visto privada del derecho a un mayor número de días de vacaciones anuales retribuidas y de derechos adicionales en materia de pensión de jubilación como, por un lado, un adelanto de la edad de jubilación y, por otro, un aumento del número de puntos a efectos del cálculo de la pensión, que habrían implicado que el empresario estuviera obligado a pagar cotizaciones de seguridad social más elevadas.
64
Por consiguiente, procede comprobar si una normativa nacional que establece un sistema de clasificación de los lugares de trabajo en función de los riesgos para la salud a los que están expuestos los trabajadores en ellos incide en las obligaciones que incumben a los empresarios en virtud de la Directiva 89/391 cuando la aplicación de dicho sistema puede dar lugar a que los trabajadores disfruten de determinados derechos adicionales en materia de pensión y de vacaciones anuales retribuidas.
65
A este respecto, en lo que atañe, por un lado, a la concesión de derechos adicionales en materia de pensión de jubilación, se debe señalar que la concesión de tales derechos no contribuye al objetivo de mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo que persigue la Directiva. Como ha señalado el Abogado General en el punto 49 de sus conclusiones en cuanto a los derechos complementarios en materia de pensión de jubilación a los que se refiere concretamente la normativa nacional controvertida en el litigio principal, el aumento del número de puntos a efectos del cálculo de la pensión de jubilación no afecta a las condiciones de trabajo durante el período en el que los trabajadores están en activo, sino a las condiciones de dichos trabajadores con posterioridad a ese período. Por otra parte, el adelanto de la edad de jubilación para los trabajadores expuestos a «condiciones particulares» no guarda relación alguna con la aplicación de medidas destinadas a mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Estos derechos constituyen, en realidad, prestaciones compensatorias por el riesgo al que está expuesto el trabajador, que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/931.
66
Por lo que se refiere, por otro lado, a la concesión del derecho a vacaciones anuales retribuidas adicionales, es preciso señalar que lo dispuesto en la Directiva 89/391 debe interpretarse en relación con lo dispuesto en la Directiva 2003/88. El artículo 1, apartado 4, de esta, en efecto, establece que las disposiciones de la Directiva 89/391 se aplicarán plenamente a los aspectos relativos al tiempo de trabajo regulados por la Directiva 2003/88, sin perjuicio de las disposiciones más exigentes o específicas de esta.
67
La Directiva 2003/88 tiene por objeto establecer disposiciones mínimas destinadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores mediante una armonización de las normas nacionales relativas, en concreto, a la duración del tiempo de trabajo. Esta armonización en el ámbito de la Unión Europea en materia de ordenación del tiempo de trabajo tiene como fin promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, permitiendo que estos disfruten de períodos mínimos de descanso (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2024, Loredas, C‑531/23, EU:C:2024:1050, apartados 29 y 30 y jurisprudencia citada).
68
De este modo, el artículo 2, punto 9, de la Directiva 2003/88 define el concepto de «descanso adecuado» como «períodos regulares de descanso de los trabajadores, cuya duración se expresa en unidades de tiempo, suficientemente largos y continuos para evitar que, debido al cansancio o a ritmos de trabajo irregulares, aquellos se produzcan lesiones a sí mismos, a sus compañeros o a terceros, y que perjudiquen su salud, a corto o a largo plazo».
69
De ello se deduce que la concesión de días de vacaciones anuales adicionales a un trabajador debido a unas condiciones de trabajo penosas que le exponen a riesgos para su salud o su persona pueden estar justificadas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
70
No obstante, como también ha señalado el Abogado General en el punto 53 de sus conclusiones, la Directiva 2003/88 no obliga a conceder días de vacaciones anuales adicionales por tales motivos.
71
En virtud del artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva, los Estados miembros deben velar por que todos los trabajadores dispongan de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones o prácticas nacionales. Por otra parte, del tenor, respectivamente, de esta disposición, del artículo 1, apartados 1 y 2, letra a), y del artículo 15 de la citada Directiva se desprende expresamente que esta se limita a establecer disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo, sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de aplicar disposiciones nacionales más favorables a la protección de los trabajadores.
72
De ello se infiere, por un lado, que la Directiva 2003/88 no se opone a disposiciones nacionales que establezcan un derecho a vacaciones anuales retribuidas de una duración superior a las cuatro semanas previstas en el artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva, con sujeción a los requisitos de obtención y concesión establecidos por el Derecho nacional, y, por otro lado, que los derechos a vacaciones anuales retribuidas concedidos por encima del mínimo que exige el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 no se rigen por esta Directiva, sino por el Derecho nacional, al margen del régimen establecido por la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de noviembre de 2019, TSN y AKT, C‑609/17 y C‑610/17, EU:C:2019:981, apartados 33 y 35 y jurisprudencia citada).
73
A la luz de las anteriores consideraciones, el derecho a vacaciones anuales retribuidas adicionales que se concede a los trabajadores cuando su lugar de trabajo se clasifica como lugar en el que están expuestos a riesgos profesionales particulares no está comprendido en el ámbito de aplicación de las Directivas 2003/88 y 89/391.
74
Por consiguiente, una normativa nacional que establece un sistema de clasificación de los lugares de trabajo en función de los riesgos para la salud a los que están expuestos los trabajadores en ellos no incide en las obligaciones que incumben a los empresarios en virtud de la Directiva 89/391, cuando la aplicación de dicho sistema puede dar lugar a que los trabajadores disfruten de determinados derechos adicionales en materia de pensión y de vacaciones anuales retribuidas.
75
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente alega asimismo que, mediante su recurso interpuesto contra la falta de clasificación de su lugar de trabajo como lugar en el que está expuesta a «condiciones particulares», en el sentido de la normativa rumana, la demandante en el litigio principal no solo persigue disfrutar de los mencionados derechos en materia de pensión y de vacaciones anuales, sino también el reconocimiento de los riesgos profesionales inherentes a las condiciones en las que ejerce su actividad, y ello tanto en lo que se refiere al pasado como al futuro.
76
A este respecto, de la lectura conjunta de las letras a) y b) del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/391 se desprende que el empresario debe disponer de una evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluidos los que se refieren a los grupos de trabajadores con riesgos especiales, para determinar las medidas de protección que deban adoptarse y, si fuere necesario, el material de protección que haya de utilizarse.
77
Como resulta del apartado 59 de la presente sentencia, si la falta de clasificación del lugar de trabajo de la demandante en el litigio principal como lugar en el que está expuesta a «condiciones particulares» implicase que el empresario no hubiera evaluado los riesgos de tal forma que no hubiera adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, esa falta de clasificación tendría como consecuencia que el empresario dejase de cumplir las obligaciones derivadas del artículo 9, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/391, lo que debería poder ser denunciado por los trabajadores ante la autoridad competente en materia de seguridad y de salud en el trabajo, de conformidad con el artículo 11, apartado 6, de dicha Directiva, y ser, en su caso, objeto de recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales para garantizar, de conformidad con el artículo 47 de la Carta, la tutela judicial efectiva de los derechos conferidos a los trabajadores por dicha Directiva.
78
No obstante, como se desprende del apartado 59 de la presente sentencia, es pacífico que, a raíz de la transposición de los artículos 9, apartado 1, letras a) y b), y 11, apartado 6, de la Directiva 89/391 al Derecho rumano, el empresario está obligado a disponer de una evaluación de los riesgos y a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo y la demandante en el litigio principal tiene la posibilidad de denunciar ante la autoridad rumana competente en materia de seguridad y de salud en el trabajo y, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales rumanos la insuficiencia de las medidas adoptadas y de los medios empleados por su empresario para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo tras una evaluación de los riesgos a este respecto.
79
A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 9 y 11, apartado 6, de la Directiva 89/391 deben interpretarse en el sentido de que no se aplican a una normativa nacional que, tal como ha sido interpretada por los órganos jurisdiccionales nacionales, excluye que un trabajador pueda recurrir a la autoridad nacional competente en materia de seguridad y de salud en el trabajo o interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional nacional para que se determine o se revise la clasificación —prevista por dicha normativa— de su lugar de trabajo en función de los riesgos para su salud más elevados de lo normal a los que está expuesto en él y para que, en virtud de esa nueva clasificación, se le concedan derechos adicionales en materia de pensión y de vacaciones anuales retribuidas.
Segunda cuestión prejudicial
80
Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda.
Costas
81
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
Los artículos 9 y 11, apartado 6, de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo,
deben interpretarse en el sentido de que
no se aplican a una normativa nacional que, tal como ha sido interpretada por los órganos jurisdiccionales nacionales, excluye que un trabajador pueda recurrir a la autoridad nacional competente en materia de seguridad y de salud en el trabajo o interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional nacional para que se determine o se revise la clasificación —prevista por dicha normativa— de su lugar de trabajo en función de los riesgos para su salud más elevados de lo normal a los que está expuesto en él y para que, en virtud de esa nueva clasificación, se le concedan derechos adicionales en materia de pensión y de vacaciones anuales retribuidas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: rumano.