62023TJ0480_RES
Asunto T‑480/23
Vladimir Gheorghe Plahotniuc
contra
Consejo de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 23 de octubre de 2024
«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas respecto de acciones que desestabilizan a Moldavia — Inmovilización de fondos — Restricciones a la entrada en el territorio de los Estados miembros — Listas de personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos y que están sujetos a restricciones a la entrada en el territorio de los Estados miembros — Inclusión del nombre del demandante en las listas — Investigaciones y diligencias penales incoadas por las autoridades de un Estado tercero — Obligación de comprobar que esta decisión respeta el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva — Obligación de motivación»
Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Moldavia — Prohibición de entrada y tránsito a las personas responsables de apoyar o ejecutar acciones o políticas que menoscaben o amenacen la soberanía e independencia de Moldavia e inmovilización de sus fondos — Obligación de indicar en la motivación los datos específicos y concretos que justifican tal medida — Decisión que se inscribe en un contexto conocido por el interesado, que le permite comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él — Procedencia de una motivación sucinta
[Art. 296 TFUE; Decisión (PESC) 2023/891 del Consejo, en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2023/1047; Reglamentos (UE) del Consejo 2023/888 y 2023/1045]
(véanse los apartados 20 a 24)
Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Referencia al fundamento jurídico de una medida restrictiva adoptada en el marco de la política exterior y de seguridad común — Omisión que no constituye un vicio sustancial — Límites — Referencia explícita indispensable al ejercicio del control jurisdiccional
[Decisión (PESC) 2023/891 del Consejo, en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2023/1047; Reglamentos (UE) del Consejo 2023/888 y 2023/1045]
(véanse los apartados 26 y 27)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Moldavia — Decisión de inmovilización de fondos — Adopción o mantenimiento de medidas restrictivas sobre la base de procedimientos de investigación penal o procesos penales relativos a delitos de malversación de fondos públicos incoados por las autoridades de Estados terceros — Procedencia — Requisito — Resolución nacional adoptada respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva — Obligación de comprobación que incumbe al Consejo — Obligación de motivación — Alcance — Adopción o mantenimiento sobre la base de artículos y comunicados de prensa de esas autoridades que mencionan tales investigaciones y procesos penales — Irrelevancia
[Art. 296 TFUE; Decisión (PESC) 2023/891 del Consejo, en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2023/1047; Reglamentos (UE) del Consejo 2023/888 y 2023/1045]
(véanse los apartados 40 a 49)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Moldavia — Decisión de inmovilización de fondos — Adopción o mantenimiento sobre la base de un procedimiento judicial tramitado por las autoridades de un Estado tercero en materia de malversación de fondos públicos — Requisitos — Resolución nacional adoptada respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva — Obligación de la autoridad competente de la Unión de acreditar, en caso de impugnación, que los motivos invocados contra las personas o entidades afectadas son fundados — Obligación del Consejo de comprobar el respeto de esos derechos — Vulneración
[Decisión (PESC) 2023/891 del Consejo, en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2023/1047; Reglamentos (UE) del Consejo 2023/888 y 2023/1045]
(véanse los apartados 50 a 52)
Resumen
Mediante su sentencia, el Tribunal General estima el recurso de anulación interpuesto por Vladimir Gheorghe Plahotniuc contra los actos por los que se le incluyó en 2023, (
1
) por el Consejo de la Unión Europea, en la lista de personas y entidades afectadas por medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República de Moldavia. Este asunto permite al Tribunal General precisar la jurisprudencia desarrollada en la sentencia Azarov/Consejo (
2
) en cuanto a la obligación del Consejo de comprobar, cuando basa las medidas restrictivas que adopta en una decisión de un Estado tercero, que esta fue adoptada respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva.
En abril de 2023 se adoptaron, por primera vez, medidas restrictivas ante las amenazas para la estabilidad de la República de Moldavia. (
3
) El demandante es un político y empresario de nacionalidad moldava cuyos fondos y recursos económicos fueron inmovilizados debido a que «por sus infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, es responsable de acciones y de la aplicación de políticas que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la República de Moldavia mediante el menoscabo del proceso político democrático en la República de Moldavia e infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos.»
Apreciación del Tribunal General
Con carácter preliminar, el Tribunal General señala que, al referirse en los motivos de la inclusión en los actos impugnados a «infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos y la salida no autorizada de capitales de forma no autorizada», el Consejo se basó en un criterio distinto del contemplado en el artículo 2, apartado 3, letra a), inciso iii), del Reglamento 2023/888 (
4
) y en el artículo 1, apartado 1, letra a), inciso iii), de la Decisión 2023/891. (
5
) Tal formulación ambigua puede suscitar una duda razonable en cuanto a si el criterio basado en el menoscabo del proceso político democrático en la República de Moldavia, establecido en el artículo 2, apartado 3, letra a), inciso i), del Reglamento 2023/888, también había sido utilizado por dicha institución en relación con el demandante. El Tribunal General considera, a este respecto, que si bien tal ambigüedad no permite caracterizar una insuficiencia de motivación de los actos impugnados considerados en su conjunto, sí implica considerar que la inclusión del demandante en las listas de que se trata se fundamenta únicamente en el criterio basado en infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos y las salidas no autorizadas de capitales.
A continuación, el Tribunal General examina el motivo basado en la violación, por el Consejo, de los derechos de que dispone el demandante conforme al artículo 6 TUE, en relación con los artículos 2 TUE y 3 TUE, y de los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en virtud únicamente de su inclusión en las listas de que se trata sobre la base del criterio basado en infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos y las salidas no autorizadas de capitales.
En el presente asunto, el Tribunal General observa que la motivación de los actos impugnados muestra que la inclusión del demandante en las listas de que se trata se basa exclusivamente en decisiones de las autoridades moldavas de tramitar investigaciones y procesos penales en su contra.
Es cierto que el Consejo no se basó directamente en decisiones de las autoridades moldavas, competentes en la materia, de incoar procedimientos de investigación penal o procesos penales relativos a infracciones de malversación de fondos públicos, sino esencialmente en artículos de prensa y en comunicados de prensa de las autoridades de instrucción o de investigación de la República de Moldavia, en comunicados oficiales de organismos estatales de terceros países o en informes, documentos todos ellos que mencionan tales investigaciones y procesos penales.
No obstante, según el Tribunal General, esta circunstancia no puede liberar, en el presente asunto, al Consejo de la obligación que le incumbe, cuando basa la adopción o el mantenimiento de las medidas restrictivas en una decisión de un Estado tercero, de comprobar que esa decisión se adoptó respetando, en particular, el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva en ese Estado, y posteriormente de poner de manifiesto, en los actos que imponen medidas restrictivas, que se ha asegurado de que la decisión de dicho Estado en la que basa tales medidas fue adoptada respetando esos derechos.
Por el contrario, el Consejo debe respetar la jurisprudencia derivada de la sentencia Azarov/Consejo tanto más rigurosamente cuanto que las pruebas en las que se basa dicha institución constituyen únicamente pruebas indirectas de las medidas de investigación y de las diligencias penales que justifican la inclusión del demandante en las listas de que se trata.
Así pues, cualesquiera que sean las pruebas en las que se apoya la inclusión inicial, el Consejo solo puede basarse, directa o indirectamente, en decisiones de autoridades de Estados terceros de incoar investigaciones o procesos penales si se atiene a las obligaciones de comprobación y motivación.
Cualquier otra conclusión permitiría al Consejo eludir las estrictas obligaciones impuestas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, apoyándose no ya en documentos procedentes de las autoridades de los Estados afectados competentes para incoar procedimientos de investigación penal o procesos penales relativos a delitos de malversación de fondos públicos, sino únicamente en documentos que se limitaran a hacer mención de ellos.
Pues bien, en el presente asunto, el Consejo omitió poner de manifiesto que hubiera comprobado que las diligencias que en ellos se mencionan se habían llevado a cabo respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante.
Por consiguiente, el Tribunal General concluye que el Consejo incumplió su obligación de motivación y anula los actos impugnados en tanto en cuanto afectan al demandante.
(
1
)	Decisión (PESC) 2023/1047 del Consejo, de 30 de mayo de 2023, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/891 relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia (DO 2023, L 140 I, p. 9), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1045 del Consejo, de 30 de mayo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/888 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia (DO 2023, L 140 I, p. 1).
(
2
)	Sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031).
(
3
)	Véanse el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2023/891 y el artículo 2, apartado 3, del Reglamento 2023/888.
(
4
)	Reglamento (UE) 2023/888 del Consejo, de 28 de abril de 2023, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia (DO 2023, L 114, p. 1).
(
5
)	Decisión (PESC) 2023/891 del Consejo, de 28 de abril de 2023, relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia (DO 2023, L 114, p. 15).