61967J0002
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 5 de julio de 1967 (
*1
)
En el asunto 2/67,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, por la Cour supérieure de justice de Luxembourg, constituida en Cour de cassation, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Auguste de Moor, representante de comercio,
y
Caisse de pension des employés privés, entidad de Derecho público, asistida por Me André Prost,
una decisión prejudicial sobre:
—
La interpretación del comienzo y la letra b) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3 del Consejo de la CEE.
—
Con carácter subsidiario, la conformidad de dicha disposición con el artículo 51 del Tratado CEE, si debiera aplicarse separadamente del artículo 27,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: A. Trabucchi, Presidente de Sala, en funciones de Presidente; R. Monaco, Presidente de Sala; A.M. Donner, E. Lecourt (Ponente) y W. Strauss, Jueces;
Abogado General: Sr. K. Roemer;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
Considerando que, mediante resolución de 5 de enero de 1967, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de enero siguiente, la Cour supérieure de justice de Luxembourg, constituida en Cour de cassation, preguntó «si el comienzo y la letra b) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3 del Consejo relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes, de 25 de septiembre de 1958, es aplicable para fijar la cuantía de la pensión de vejez debida por la Caisse de pension des employés privés de Luxembourg, incluso en el caso de que dicha aplicación no tuviera por efecto la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones de las que trata el apartado 1 del artículo 27 del citado Reglamento no 3, y subsidiariamente, si el artículo 28 del mismo Reglamento, considerado como indistintamente aplicable incluso fuera de los casos de adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones, es conforme con la disposición en que se basa el citado artículo 28, a saber el artículo 51 del Tratado de Roma, de 25 de marzo de 1957, y es por lo tanto plenamente válido»;
que la cuestión planteada en dicha forma, en el marco de un sistema nacional de períodos que originan derecho a pensión tras haber cotizado durante largo tiempo, consiste en la eventual interferencia en los derechos del trabajador de los períodos cubiertos en tres Estados miembros y que originaron por una parte, el derecho a pensión en Luxemburgo, como efecto únicamente del Derecho nacional, por otra parte, el nacimiento en Bélgica, como efecto de su Derecho nacional, de un derecho cuyo pago está subordinado al cese de la actividad laboral, y finalmente el nacimiento en Alemania de un derecho a pensión a través de la acumulación de los períodos prevista en el artículo 27 del Reglamento no 3.
Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
Considerando que, al criticar la resolución del citado Tribunal, la Caisse de pension des employés privés niega competencia al Tribunal de Justicia para pronunciarse en este asunto, y mantiene que se trata de la interpretación, no del Derecho comunitario, sino de la ley belga.
Considerando, sin embargo, que al haberse planteado en debida forma al Tribunal de Justicia una petición referente a la interpretación y la validez del Reglamento no 3 del Consejo, las observaciones de la citada Caisse son irrelevantes;
que tampoco se puede tomar en consideración el hecho de que el beneficiario de la prestación podría, si cesara en toda actividad, obtener el pago de la pensión belga, ni el que la mayoría de los períodos de trabajo y de cotización fueran anteriores a las disposiciones comunitarias relativas a la libre circulación de los trabajadores;
que, en el marco del artículo 177, el Tribunal de Justicia no tiene que resolver un litigio, sino pronunciarse sobre la interpretación o la validez de las reglas comunitarias, teniendo en cuenta los elementos manifestados por el órgano jurisdiccional nacional;
que, por dicha razón, este Tribunal es competente para responder a la cuestión planteada.
Conjuntamente sobre la interpretación y la validez del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3
Considerando que el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3, cuya interpretación se solicita, prevé la liquidación, por el procedimiento de prorrateo, de las «prestaciones a las que tenga derecho un asegurado mencionado en el artículo 27 o sus supérstites»;
que la cuestión planteada tiene por objeto saber si dicho procedimiento es aplicable en un Estado en el que el derecho a pensión se ha originado ya por el sólo efecto de la legislación interna, y en el que, por consiguiente, no tiene que practicarse la acumulación de los períodos prevista en el apartado 1 del artículo 27;
que la parte subsidiaria de la misma cuestión, sobre la conformidad de dichas disposiciones con el artículo 51 del Tratado, es inseparable de la interpretación que se pide, ya que el Reglamento no 3 tiene por base, marco y límites, las exigencias de los artículos 48 al 51 del Tratado que tiene por objeto aplicar.
Considerando que, a tenor del artículo 51 del Tratado, los Reglamentos de aplicación de dicha norma deben determinar «las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores» y, en particular, un sistema que permita garantizar a los mismos la adquisición y la conservación del derecho a las prestaciones;
que dichos preceptos, destinados a favorecer bajo ciertos aspectos al trabajador migrante con respecto a la situación que resultaría para él de la aplicación exclusiva del Derecho interno, y en cualquier caso protectores de sus derechos, no se prestan a una interpretación opuesta a dicha finalidad;
que el artículo 51 del Tratado no tiene por finalidad primera garantizar una distribución equitativa de las prestaciones entre las Instituciones de la Seguridad Social, sino ofrecer al trabajador, que podría perder el beneficio de un período de cotizaciones insuficientes para causar el derecho a pensión, la posibilidad de evitar dicha pérdida por medio de la acumulación de la cual dicho texto sólo fija el concepto;
que los Reglamentos de aplicación, basándose en dicho texto, elaboraron un procedimiento de prorrateo, como corolario de la acumulación en los casos en que ésta exigía que una regla fijara la cuantía de la prestación, a cuya falta, es posible que no pudiera ser calculada;
que el prorrateo se presenta de este modo como elemento inseparable de la acumulación;
que no es posible, pues, encontrar en el Tratado, que no dice nada sobre dicho concepto, el fundamento de un prorrateo general.
Considerando que el Reglamento no 3 no ha establecido un régimen común de Seguridad Social que conceda al beneficiario un derecho único sujeto a un simple reparto entre las instituciones nacionales, sino que ha dejado subsistir regímenes distintos que generan derechos distintos con respecto a instituciones distintas, frente a las cuales el beneficiario ostenta derechos directos, bien en virtud únicamente del Derecho interno, bien en virtud del Derecho interno completado, en caso necesario, por el sistema de la acumulación de períodos previsto en el artículo 51 del Tratado;
que el texto mismo del artículo 28 permite dudar que tenga por finalidad separar el prorrateo que instituye de la acumulación de períodos que es su fundamento, y generalizar dicha práctica;
que dicha duda sólo se puede resolver con una interpretación extensiva, que chocaría, por lo demás, con el marco y los límites del artículo 51 del Tratado.
Considerando que se alega, a fin de impedir la acumulación de prestaciones indebidas y garantizar el reparto de las cargas entre las instituciones deudoras de las prestaciones, que se puede aplicar el artículo 28 en un Estado en el que el artículo 27 no se aplique, cuando deba ser aplicado en otro Estado.
Considerando, sin embargo, que, al no estar prohibida por ninguna norma, sino, por el contrario, especialmente prevista en el apartado 1 del artículo 11 del Reglamento no 3, la acumulación de pensiones no es, por sí misma, constitutiva de un abuso;
que no constituye un beneficio contrario a la norma comunitaria la acumulación de una prestación, obtenida con arreglo, únicamente, al Derecho interno y basada en períodos de cotización nacional, con otra prestación obtenida en otro Estado, a través de la acumulación, siempre que, como exige el artículo 27, los períodos «no se superpongan»;
que si bien la acumulación concede el beneficio de causar un derecho a pensión que, sin ella, no existiría, la pensión así obtenida está calculada proporcionalmente tan sólo al período cubierto en dicho Estado miembro, excluido todo cómputo en la fase de cálculo de los períodos cubiertos en otro Estado;
que, en relación con sistemas por períodos que conceden derecho a pensión tras haber cubierto un largo período de cotizaciones, no se puede considerar que dicha prestación sea una acumulación abusiva cuando coexiste con otra prestación directamente obtenida en otro Estado miembro basándose únicamente en el Derecho interno y en el período cubierto en dicho Estado.
Considerando que una interpretación diferente de las normas debatidas podría conducir, en supuestos como el del presente caso, a declarar, por una parte, la eliminación de los efectos de uno de estos períodos, en virtud de una norma de Derecho interno que prohibe la acumulación de una pensión y de un salario, y a permitir, por otra parte, en otro Estado, en el cual el derecho a pensión se haya originado como efecto tan sólo del Derecho nacional, que se tome en cuenta dicho período so pretexto de que la acumulación y el prorrateo han sido necesarios en un tercer Estado;
que dichas consideraciones son válidas incluso en el caso en que el beneficio que obtiene el asegurado de la aplicación del artículo 27 en un Estado sea superior a la pérdida que experimentaría si otro Estado aplicara el artículo 28 sin necesidad de recurrir al artículo 27.
Costas
Considerando que los gastos efectuados por la Comisión de la CEE que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso;
que, dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante la Cour supérieure de justice de Luxembourg, corresponde a ésta resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto;
vistos los autos;
habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
oídas las observaciones orales de la Comisión de la CEE y las partes del litigio principal;
oídas las conclusiones del Abogado General;
visto el Tratado constitutivo de la CEE y, en particular, los artículos 48 a 51 y 177;
visto el Protocolo del Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE y, en particular, su artículo 20;
visto el Reglamento no 3 del Consejo de la CEE relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (DO 1958, 30, pp. 561 y ss.) y, en particular, sus artículos 11, 27 y 28;
visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas con carácter prejudicial por la Cour supérieure de justice de Luxembourg constituida en Cour de cassation mediante resolución de 5 de enero de 1967, declara:
Las disposiciones preliminares y la letra b) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3 no son aplicables para fijar la cuantía de una pensión de vejez establecida en función de un período de cotización y obtenida en virtud exclusivamente del Derecho nacional sin aplicar el artículo 27, cuando dicho período de cotización no sea simultáneamente utilizado para la determinación de la cuantía de otras pensiones en otros Estados miembros.
Y decide:
Corresponde a la Cour supérieure de justice de Luxembourg resolver sobre las costas de este procedimiento.
Trabucchi
Monaco
Donner
Lecourt
Strauss
Pronunciada en Luxemburgo, a 5 de julio de 1967.
Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de julio de 1967.
Trabucchi
Monaco
Donner
Lecourt
Strauss
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
A. Trabucchi
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.