61957J0015
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 13 de junio de 1958 (
*1
)
En el asunto 15/57,
Compagine des Hauts Fourneaux de Chasse, representada por el Sr. Pierre Cholat, Presidente-Director General, asistido por Me Roger Levilion, Abogado de París, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Bernard Delvaux, Abogado, 11, avenue Pescatore,
parte demandante,
contra
Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, representada por su Consejero Jurídico, Sr. Gérard Olivier, en calidad de Agente, asistido por el Profesor André de Laubadère, de la Facultad de Derecho de París, que designa como domicilio en Luxemburgo sus oficinas, 2, place de Metz,
parte demandada,
que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Alta Autoridad de 12 de diciembre de 1956, por la que se declara la obligación de la Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse, Chasse-sur-Rhöne, Isère, de abonar a la Caja de compensación de chatarras importadas la cantidad adeudada el 31 de agosto de 1956, en ejecución de las disposiciones sobre compensación de chatarra importada,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: M. Pilotti, Presidente; A. van Kleffens y L. Delvaux, Presidentes de Sala; P.J.S. Serrarens, O. Riese, J. Rueff, Ch.L. Hammes, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Lagrange;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
A. SOBRE LA ADMISIBILIDAD
La demandante se opone a la Decisión individual de pago que la Alta Autoridad adoptó contra ella el 12 de diciembre de 1956, de conformidad con el régimen de compensación de chatarra importada, régimen establecido por la Decisión no 22/54, de 26 de marzo de 1954, y por la Decisión no 14/55, de 26 de marzo de 1955. A juicio de la demandante, estas últimas Decisiones adolecen de varios vicios, y la irregularidad que se deriva de los mismos convierte necesariamente en irregular la Decisión de aplicación adoptada contra la demandante y por ella impugnada.
La demandada estima que la regularidad de las Decisiones de base, que son Decisiones generales, sólo puede ser impugnada por la demandante, en su condición de empresa privada, con arreglo a los requisitos y dentro de los plazos previstos en el artículo 33 del Tratado.
A tenor del artículo 33, los recursos «deberán interponerse en el plazo de un mes a partir, según los casos, de la notificación o de la publicación de la Decisión o Recomendación». Cuando dichos recursos emanen de una empresa o asociación contemplada en el artículo 48 del Tratado, únicamente serán admisibles, cuando versen sobre una Decisión o Recomendación general, si las demandantes estiman que dichas Decisiones o Recomendaciones adolecen de desviación de poder por lo que a ellas respecta.
El recurso se interpuso el 6 de mayo de 1957, por lo que, si bien el plazo previsto en el último párrafo del artículo 33 fue observado en lo que respecta a la Decisión de 12 de diciembre de 1956 (Decisión declarada ejecutiva mediante la inserción de la fórmula ejecutiva por la autoridad competente con fecha 4 de marzo de 1957 y notificada en copia certificada mediante carta de 30 de marzo de 1957 por la Alta Autoridad), dicho plazo había ya concluido en lo relativo a la Decisión no 22/54, de 26 de marzo de 1954, y a la Decisión no 14/55, de 26 de marzo de 1955.
Las dos últimas no se impugnan directamente, sino con ocasión del recurso interpuesto contra la Decisión de 12 de diciembre de 1956, que constituye un título ejecutivo. Si la Decisión de 12 de diciembre de 1956 es una Decisión individual que afecta a la demandante, las Decisiones nos 22/54 y 14/55 son Decisiones generales en las que se basa la Decisión de 12 de diciembre de 1956.
Para juzgar si la demandante, en apoyo de su recurso contra la Decisión individual, puede invocar la irregularidad de las Decisiones generales en las que dicha Decisión individual se basa, será preciso determinar si puede impugnar dichas Decisiones generales una vez concluido el plazo a que se refiere el último párrafo del artículo 33 y si puede invocar contra las mismas no sólo la desviación de poder por lo que a ella respecta, sino también los cuatro motivos de nulidad contemplados en el párrafo primero del artículo 33.
El Tribunal de Justicia considera que es importante que una Decisión general irregular no se aplique a una empresa y que de dicha Decisión general no se deriven obligaciones para la referida empresa.
El artículo 36 del Tratado prevé que, en un recurso contra una Decisión de la Alta Autoridad que imponga sanciones pecuniarias o fije multas coercitivas, «los recurrentes podrán alegar, en apoyo de este recurso, en las condiciones previstas en el párrafo primero del artículo 33 del presente Tratado, la irregularidad de las decisiones y recomendaciones cuya inobservancia se les reprocha». No procede considerar esta disposición del artículo 36 como una regulación especial aplicable únicamente al caso de las sanciones pecuniarias y multas coercitivas, sino como la aplicación de un principio general, que se recoge solamente en el artículo 36 porque se aplicaba al caso particular de un recurso de plena jurisdicción. No se puede deducir de la mención expresa que figura en el artículo 36 un argumento que excluya a contrario la aplicación de esa facultad en otros supuestos en los que no se haga expresamente mención de la misma, pues el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la argumentación a contrario sólo será admisible cuando ninguna otra interpretación resulte adecuada y compatible con el texto, el contexto y la finalidad.
Cualquier otra Decisión haría difícil el ejercicio del derecho de recurrir en vía jurisdiccional concedido a las empresas y asociaciones contempladas en el artículo 48 del Tratado, ya que les obligaría a analizar toda Decisión general desde el momento de su publicación, con objeto de averiguar si la Decisión de que se trata podría perjudicarles ulteriormente y si se puede considerar que la misma adolece de desviación de poder por lo que a ellas respecta. Por otra parte, las empresas se verían incitadas a dejarse condenar a las sanciones pecuniarias o multas coercitivas que prevé el Tratado para poder impugnar, al amparo del artículo 36, la irregularidad de las Decisiones y Recomendaciones generales cuya inobservancia se les reprochara.
La facultad que, en apoyo de un recurso dirigido contra una Decisión individual, tiene toda empresa para invocar, una vez concluido el plazo previsto en el último párrafo del artículo 33, la irregularidad de las Decisiones y Recomendaciones generales en las que la Decisión individual se base, no puede conducir a la anulación de la Decisión general, sino únicamente a la anulación de la Decisión individual basada en la anterior.
Los Tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea y del Euratom adoptaron expresamente un punto de vista análogo al establecer, respectivamente, en sus artículos 184 y 156, lo siguiente: «Aunque haya expirado el plazo previsto en el párrafo tercero del artículo 173 [o, para el segundo Tratado, en el párrafo tercero del artículo 146], cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione un Reglamento del Consejo o de la Comisión podrá acudir al Tribunal de Justicia, alegando la inaplicabilidad de dicho Reglamento por los motivos previstos en el párrafo primero del artículo 173 [o, para el segundo Tratado, en el párrafo primero del artículo 146] .» Aun sin constituir un argumento decisivo, esta coincidencia confirma el razonamiento indicado anteriormente, pues muestra que el mismo fue acogido también por los redactores de los nuevos Tratados.
La anulación de una Decisión individual por motivos fundados en la irregularidad de las Decisiones generales en las que se basa sólo afectará a los efectos de las Decisiones generales en la medida en que los mismos se concreten en la Decisión individual anulada. Toda empresa podrá invocar, contra una Decisión individual que la afecte, los cuatro motivos de nulidad contemplados en el párrafo primero del artículo 33. En estas circunstancias, nada se opone a que, con ocasión de un recurso contra una Decisión individual, la empresa pueda, para impugnar la regularidad de las Decisiones y Recomendaciones generales en las que se basa la Decisión individual, invocar los cuatro motivos de nulidad enumerados en el párrafo primero del artículo 33.
En virtud de las razones mencionadas, procede declarar la admisibilidad del recurso.
B. SOBRE EL FONDO
1. Violación del Tratado
a) nfracción del artículo 29 del Convenio
La tesis de la demandante consiste en afirmar que el artículo 29 se inspiró en el deseo de evitar desplazamientos de la producción; y que, por consiguiente, la Alta Autoridad tiene la obligación de adoptar medidas de salvaguardia particulares no sólo cuando surgen dificultades con ocasión del establecimiento del mercado común, sino también cuando una empresa resulte afectada por las medidas que la Alta Autoridad decida adoptar en aplicación de las disposiciones del Tratado, en este caso de las del artículo 53.
Ahora bien, el artículo 29 en modo alguno contiene semejante obligación; se limita a reconocer que pueden ser necesarias medidas de salvaguardia para evitar que el establecimiento del mercado común genere bruscamente desplazamientos de producción que las empresas estarían en condiciones de superar tras una cierta adaptación. En el caso de autos, la demandante no ha demostrado que las dificultades que denuncia y el desplazamiento de producción que teme sean imputables al establecimiento del mercado común. El hecho de que las referidas dificultades puedan derivarse de una medida -la instauración de un sistema de compensación-que la Alta Autoridad adoptó en el ejercicio de las facultades que le confiere el Tratado, sin que el ejercicio de dichas facultades esté directamente relacionado con el establecimiento del mercado común, no puede justificar la adopción de medidas de salvaguardia con arreglo al artículo 29 del Convenio.
Al no poderse invocar el artículo 29 del Convenio, debe desestimarse el presente motivo.
b) Perturbación de las condiciones normales de la competencia
Según la demandante, el sistema de compensación falseó el juego normal de la competencia, ya que dicho sistema tiene como efecto favorecer el consumo de chatarra en detrimento del consumo de fundición. La demandada no niega que la disminución del precio de la chatarra importada, que resulta del sistema de compensación, pueda incitar a las empresas a incrementar su consumo de chatarra; así pues, la Alta Autoridad admite cierta agravación de la situación de la demandante en su condición de productora exclusiva de fundición hematites. No obstante, la Alta Autoridad contribuyó a remediar dicha situación mediante la concesión a las empresas consumidoras de chatarra de una prima por chatarra economizada gracias a una mayor utilización de fundición (Decisiones nos 26/55 y 3/56).
Así pues, se plantea la cuestión de determinar si la Alta Autoridad, convencida de la importancia capital de impedir que el precio de la chatarra interna se elevase hasta el nivel del precio de la chatarra importada, y obligada, por ese motivo, a instaurar el sistema de compensación, estaba jurídicamente obligada a evitar cualquier repercusión del sistema que pudiese perjudicar a los intereses de los productores de fundición o de algunos de ellos. Teniendo en cuenta que al instaurar el sistema de compensación la Alta Autoridad adoptó medidas indirectas -la prima por la chatarra ahorrada mediante una mayor utilización de fundición- destinadas a mejorar en cierto grado la situación de los productores de fundición, es preciso preguntarse si dicha precaución resultaba suficiente o si, por el contrario, debía asegurarse de un modo más completo el mantenimiento íntegro de la posición competitiva de los productores de fundición; por ejemplo, mediante una medida directa que eximiese de la exacción de compensación . la chatarra utilizada para producir fundición.
Sobre este extremo, el Tribunal de Justicia considera que supone una exigencia excesiva la tesis de la demandante según la cual la Alta Autoridad habría debido, al adoptar sus medidas, velar por que no sufriese modificación alguna la posición competitiva de los productores de fundición con respecto a los demás consumidores de chatarra. En efecto, si se admitiese la existencia de una obligación estricta, no sólo habría de ser aplicada en el caso de los productores de fundición, sino también en todos aquellos supuestos en los que se viese afectada -incluso indirectamente-la posición competitiva de un productor incluido en el ámbito de competencia de la Comunidad.
Toda normativa económica tiene necesariamente repercusiones incluso en los intereses de aquellos administrados a quienes las medidas no se dirigen directamente. La aplicación del principio que preconiza la demandante haría ilegal cualquier intervención en materia económica que la autoridad pública considerase oportuna para la salvaguardia de intereses importantes, cuando dicha autoridad no tuviese en cuenta la totalidad de los intereses concurrentes, por muy alejados que se encontrasen de aquellos que fuesen objeto principal de la intervención. La autoridad tiene la obligación de actuar con prudencia y de intervenir tan sólo después de haber sopesado detenidamente los diversos intereses concurrentes, limitando -en la medida de lo posible-los perjuicios previsibles que pudieran derivarse para los terceros.
Es preciso averiguar, por consiguiente, si en el caso de autos la Alta Autoridad ha tenido suficientemente en cuenta los intereses de los productores de fundición. Ahora bien, a este respecto el Tribunal de Justicia pidió a las partes, al instruir el asunto, que facilitasen datos concretos sobre el resultado de las medidas adoptadas por la Alta Autoridad para incitar a los compradores de chatarra a incrementar su consumo de fundición.
En su contestación, la Alta Autoridad facilitó datos para el período comprendido entre el 1 de abril de 1955 y el 31 de julio de 1957, datos de los que se desprende que la economía de chatarra por la que se pagaron primas se elevó a 1.643.101 toneladas, lo que equivale al 21 % de la chatarra importada. Estos datos prueban que se economizó una cantidad considerable de chatarra, que fue sustituida por fundición. El período considerado incluía seis meses correspondientes al nuevo régimen establecido por la Decisión no 2/57; pero este hecho carece de importancia puesto que, en la nueva regulación, se mantuvo durante esos seis meses la prima anteriormente concedida en caso de sustitución de chatarra por fundición.
La demandante, por su parte, se limitó a señalar cierta disminución de la producción de acero Martin con respecto a la producción de acero eléctrico, pero no respondió de manera satisfactoria a la pregunta formulada ni tampoco opuso objeciones a las cifras aportadas por la Alta Autoridad. Tanto en sus conclusiones escritas definitivas como en su informe oral, la demandante puso de relieve que los datos de la Alta Autoridad no demostraban nada porque dicha Autoridad no había indicado en qué medida las empresas que producían fundición hematites -y concretamente la empresa de la demandante- se habían beneficiado del ahorro realizado de ese modo. Sin embargo, a las conclusiones derivadas globalmente de los hechos citados por la Alta Autoridad la demandante no ha opuesto datos que demuestren que de hecho las primas no tuvieron por efecto paliar los inconvenientes que para los productores de fundición suponía la instauración del sistema de compensación.
La demandante no puede tampoco invocar en apoyo de su tesis el hecho de que la Alta Autoridad haya reconocido, en los considerandos de la Decisión no 2/57, que la Decisión no 26/55, relativa a las modalidades de aplicación del mecanismo financiero, no había resultado plenamente eficaz para lograr ahorros de chatarra mediante un aumento en la utilización de fundición. En efecto, aunque el régimen de primas no haya garantizado a los productores de fundición una protección total, no es lícito llegar a la conclusión de que dicho régimen pasó por alto de una manera excesiva y arbitraria los intereses de los productores de fundición. Por último, el hecho -señalado por la demandante en respuesta a las preguntas formuladas con motivo de la prueba-de que la producción de acero Martin no haya ido pareja con la progresión de la producción de acero eléctrico no excluye que -como lo ha demostrado la Alta Autoridad-la chatarra haya sido sustituida en gran medida por la fundición. La tesis de la demandante no está fundada en el aspecto fáctico.
Al adoptar medidas especiales para reducir el consumo de chatarra mediante un aumento en la utilización de fundición, la Alta Autoridad demostró que había tenido en cuenta los intereses de los productores de fundición de una manera razonable y ponderada. La instrucción ha puesto de relieve que dichas medidas tuvieron efectos apreciables. La legalidad de las medidas de la Alta Autoridad no estaba supeditada a su eficacia absoluta en mantener la relación chatarra-fundición preexistente; así pues, el régimen de compensación no vulnera las normas del Tratado relativas al mantenimiento de condiciones normales de competencia.
No está justificada la tesis según la cual el régimen de compensación es ilegal por afectar a la situación competitiva de la demandante.
c) Vulneración de los objetivos generales del Tratado
Según la demandante, el artículo 3 del Tratado obliga a las Instituciones de la Comunidad a actuar «en interés común», esta expresión quiere decir que las Instituciones deberán actuar en interés de todos los sujetos sin excepción; por consiguiente, la Alta Autoridad no está facultada para adoptar medidas «en interés general» -es decir, que lo sean en interés de la generalidad de los administrados- que puedan lesionar los intereses de algunos de ellos, como, en el caso de autos, los de la demandante. Además, el apartado 4 del artículo 59 atribuye a la Alta Autoridad facultades excepcionales para los supuestos expresamente previstos. Incluso en esos supuestos, los intereses de los justiciables están rodeados de cierto número de garantías, recogidas tanto en el artículo 59 como en el Anexo II del Tratado; de ello se deduce que la Alta Autoridad está obligada a respetar asimismo dichas garantías cuando actúa con arreglo al artículo 53.
El Tribunal de Justicia rechaza la interpretación que la demandante hace de la expresión «interés común»; como ya se dijo en el anterior punto b), el papel de la Alta Autoridad como autoridad pública no implica la obligación de usar únicamente su poder normativo de modo que no resulte afectado ningún interés. Esto no significa que la Alta Autoridad pueda pasar por alto los intereses particulares de los justiciables y llevar a cabo su acción con un rigor tal que dichos intereses resulten afectados en mucha mayor medida de lo que es razonable esperar. La Alta Autoridad tiene, por el contrario, la obligación de actuar con toda la circunspección y la ponderación que se requieran para sopesar y apreciar los diversos intereses concurrentes, que son a veces contradictorios, y la de evitar las repercusiones dañosas en la medida en que lo permita de un modo razonable la naturaleza de la Decisión que deba adoptarse. Como la Alta Autoridad está facultada para adoptar medidas «en interés común», puede utilizar su poder normativo con arreglo a lo que exijan las circunstancias, incluso en perjuicio de ciertos intereses particulares.
La referencia al artículo 59 tampoco resulta procedente. En efecto, las precauciones que prescribe dicho artículo, así como el Anexo II del Tratado, están vinculadas al ejercicio de las facultades excepcionales previstas para la situación que se contempla. Ahora bien, tal situación no existía en el momento en que fueron adoptadas las Decisiones. El hecho de que la Alta Autoridad no pueda proceder a un reparto equitativo de los recursos sin una consulta obligatoria previa a los productores interesados se explica por la gravedad de la situación a que debe hacer frente el referido reparto; pero no es lícito dar a esta disposición especial una aplicación general al margen del supuesto contemplado en el artículo 59.
d) Discriminación prohibida, que da lugar a una subvención indirecta
i)
El primer motivo que alega la demandante a este respecto se basa en el hecho de que su situación no era comparable a la de los demás consumidores de chatarra; ella sólo utiliza chatarra procedente de la región de Lyon, para la que el sistema de compensación no resultaba en absoluto necesario. Niega que el precio de la chatarra de Lyon se hubiera alineado con el de la chatarra importada si no se hubiese instaurado la compensación, y la alegación de lo contrario es calificada por la demandante de hipotética y de no comprobable.
El Tribunal de Justicia rechaza este motivo, pues es obvio que mientras la oferta de chatarra interior no baste para cubrir las necesidades del mercado común, el precio de la chatarra interior tenderá a alinearse con el precio más elevado de la chatarra importada. No existe razón alguna para que el precio de la chatarra de la región de Lyon quede al margen de esta tendencia general, y la demandante se abstuvo de invocar circunstancias especiales que demostrasen que la región de Lyon había quedado al margen de la evolución general de los precios. Por otra parte, de los datos numéricos aportados en la prueba se desprende que los precios de la chatarra en la región de Lyon subieron junto con los precios de las chatarras importadas. Por otra parte, la propia demandante observó que los precios de la chatarra que compraba acusaban cierta alza debido a las compras de las empresas competidoras, principalmente de las fundiciones que utilizan cubilotes de aire caliente, las cuales, al menos en parte, no están sujetas al sistema de compensación.
Tampoco resulta procedente la tesis de la demandante según la cual no existe ninguna posibilidad de que las empresas competidoras se abastezcan en el mercado de chatarra ligera de Lyon. La demandante no es el único comprador de chatarra de la región de Lyon, y no hay ninguna razón para creer que en dicho mercado no se presentarían otros compradores si la diferencia entre los precios superase notablemente la diferencia correspondiente a los gastos adicionales de transporte.
ii)
La demandante alega, en segundo lugar, que la aplicación de un tipo de gravamen uniforme para todas las categorías de chatarra constituye una medida que establece una discriminación prohibida por la letra b) del artículo 4 del Tratado. La demandante alega que utiliza exclusivamente chatarra ligera que obtiene a bajo precio y en relación con la cual la incidencia del tipo de gravamen uniforme es relativamente mayor que para la chatarra pesada utilizada por las acererías. De este modo, según la demandante, la Compagnie de Chasse se encuentra en una situación no comparable con la de las acererías, por lo que la aplicación de una normativa uniforme constituye en este caso un supuesto de discriminación prohibida.
La demandada afirma, por su parte, que entre las diferentes categorías de chatarra existe una similitud de hecho, derivada de su carácter intercambiable y de su común utilización por los diferentes consumidores. La variable incidencia del tipo de gravamen sobre las diversas categorías de chatarra coloca a la demandante en una situación comparable a la de los demás usuarios de chatarra, de manera que no existe régimen discriminatorio.
De los documentos aportados por las partes como prueba se desprende que ningún consumidor de chatarra -incluida la demandante-utiliza exclusivamente una determinada categoría de chatarra. De este modo, el consumo de chatarra de la demandante -según la nomenclatura establecida por la Alta Autoridad (Decisión no 28/53; DO 1953, 5, pp. 98-99)- consiste aproximadamente en un 80 % de «torneaduras» y en un 20 % de partidas incluidas en la categoría de «chatarra ligera», mientras que las acererías de la misma región utilizan entre un 10 % y un 25 % de «torneaduras» y, en cuanto al resto, chatarras «masivas» y «ligeras» en proporciones variables.
Por consiguiente, existen dos grupos de compradores que utilizan en parte las mismas categorías de chatarra. Sin embargo, no se puede excluir una diferente incidencia de un tipo uniforme, en la medida en que las acererías compraron, dentro de ese 75 % de compras, algunas categorías de chatarra que la demandante no utiliza. Sin embargo, la instrucción no ha puesto de relieve indicaciones precisas que permitan verificar la referida diferencia. Debido al hecho de que tan sólo podría producirse una eventual diferencia en lo relativo a una parte de las compras, y teniendo en cuenta la tendencia general hacia el alineamiento de los precios correspondientes a las categorías de chatarra de origen exterior e interior, la demandante no ha probado suficientemente con arreglo a Derecho que la aplicación de un tipo uniforme constituya una discriminación que le perjudica.
En vista de todo lo expuesto, no puede estimarse la procedencia del presente motivo.
iii)
El tercer punto que plantea la demandante se refiere a la infracción de la letra c) del artículo 4 del Tratado, consistente en el efecto discriminatorio -equivalente a una subvención indirecta- en favor de las acererías y en detrimento de los productores de fundición que, según la demandante, tiene el sistema de compensación. La Alta Autoridad admite que la finalidad de la compensación era fomentar el consumo de chatarra; por esta razón, la Alta Autoridad quiso corregir este efecto mediante el establecimiento de primas al incremento del consumo de fundición.
Esta cuestión ya se examinó anteriormente en el punto b), con objeto de determinar si se había producido una perturbación de las condiciones normales de la competencia, cuestión que recibió una respuesta negativa. Por idénticas razones, no se pueden calificar ni de discriminaciones ni de subvenciones indirectas las modificaciones provocadas por las Decisiones en las situaciones respectivas de los productores de fundición y de las acererías, ya que la prohibición de las subvenciones que figura en la letra c) del artículo 4 del Tratado se refiere exclusivamente a las subvenciones otorgadas por los Estados. Por lo tanto, el presente motivo resulta improcedente.
2. Desviación de poder
Las dos partes estiman que para probar una desviación de poder es preciso demostrar, en primer lugar, la existencia de un poder, y, en segundo lugar, la utilización de dicho poder con una finalidad distinta a aquélla para la que fue conferido.
No existe controversia entre las partes en cuanto a la existencia del poder de establecer un mecanismo financiero con arreglo a la letra b) del artículo 53 del Tratado -es decir, un sistema de compensación- también el Tribunal de Justicia considera probado este punto.
Así pues, se trata únicamente de determinar si el uso que hizo de dicho poder la Alta Autoridad puede ser calificado de desviación de poder. Ahora bien, la mayor parte de los argumentos de la demandante ya han sido examinados anteriormente desde el punto de vista de la violación del Tratado; dadas las condiciones del caso de autos, no es preciso volver a examinarlos desde el punto de vista de la desviación de poder, ya que la demandante se ha abstenido de precisar en qué consiste el referido vicio. Por el contrario, los motivos que la demandante ha añadido a los que ya fueron examinados deben ser objeto de un examen especial desde el punto de vista de la desviación de poder.
En primer lugar, la demandante opina que al establecer el sistema de compensación con arreglo a la letra b) del artículo 53 del Tratado, la Alta Autoridad dio pruebas de su intención de eludir las garantías previstas en las disposiciones del Tratado, que se refieren a situaciones excepcionales, tales como las garantías del artículo 59 del Tratado.
Sobre este punto, es preciso reconocer que pudo haberse dado una desviación de poder si la Alta Autoridad, a pesar de encontrarse ante una situación regulada por el procedimiento del artículo 59, hubiese optado deliberadamente, con objeto de eludir las garantías previstas en el artículo 59, por aplicar la letra b) del artículo 53 y los mecanismos financieros allí previstos. Ahora bien, no se ha demostrado que en el momento en que fueron adoptadas las Decisiones de base la Alta Autoridad se encontrase en la referida situación. En vista de lo cual, no se ha aportado la prueba de que adolezca de desviación de poder la instauración del régimen de compensación en tanto que mecanismo financiero establecido en aplicación de la letra b) del artículo 53. Por lo tanto, el presente motivo carece de fundamento.
En segundo lugar, la demandante alega que, con arreglo al texto de las Decisiones que establecieron la compensación, dichas Decisiones tenían por objeto el abastecimiento regular del mercado común en chatarra, pero que esta finalidad sustituyó al objetivo que había sido recogido en el «Memorándum de la Alta Autoridad sobre la definición de los objetivos generales», publicado en el Diario Oficial de 6 de julio de 1955, a saber, la búsqueda de un equilibrio en el mercado fundición-acero. La demandante opina que esta sustitución demuestra la desviación de poder. La Alta Autoridad repuso que no se trataba, ni en el Memorándum ni en las Decisiones de base, de alcanzar un compromiso entre los opuestos intereses de los productores de fundición y los de acero, sino de aplicar un conjunto de medidas que la Alta Autoridad consideraba necesarias para tener en cuenta la previsible expansión económica. En esta perspectiva, la finalidad de las Decisiones de la Alta Autoridad era la fijación de precios razonables para la chatarra con objeto de garantizar el abastecimiento regular en dicha materia, así como el incremento de la capacidad de producción de fundición.
El presente motivo debe ser desestimado, pues la legalidad de las Decisiones de base no puede depender de su conformidad con el Memorándum que la Alta Autoridad publicó, sino únicamente de su conformidad con el Tratado. En efecto, el Memorándum no contiene en modo alguno la única definición posible de las finalidades legítimas que la Alta Autoridad tiene derecho a perseguir. Para probar la desviación de poder, la demandante debía haber demostrado que las propias Decisiones perseguían en realidad una finalidad distinta de aquella para cuya consecución tenía derecho a actuar la Alta Autoridad; la diferencia que ha señalado la demandante entre el tenor literal del Memorándum y el de las Decisiones de base no es suficiente para constituir la referida prueba.
En tercer lugar, la demandante alega un supuesto de desviación de poder derivado de que se hubiera aplicado un tipo de gravamen uniforme, no porque dicha uniformidad resultase necesaria para alcanzar el objetivo perseguido, sino para evitar las complicaciones administrativas a que hubiera dado lugar la aplicación de un tipo diferenciado que asegurase una incidencia equilibrada sobre los precios de las diferentes calidades de chatarras, especialmente de las utilizadas exclusivamente por los productores de fundición no integrados.
Es verdad que la demandada, tanto en su escritos como en la prueba, ha señalado las dificultades y las complicaciones administrativas a que hubiera dado lugar la organización de un sistema de tipos diferenciados. Nada permite afirmar, sin embargo, que el deseo de evitar complicaciones de esta naturaleza haya sido el móvil preponderante que indujo a la Alta Autoridad a establecer un tipo uniforme; como dicho tipo ha sido declarado compatible con las disposiciones del Tratado, las Decisiones impugnadas seguirían siendo conformes a Derecho incluso si se demostrase que la elección de un tipo uniforme había obedecido, entre otras razones, al deseo de evitar complicaciones administrativas.
Por consiguiente, el presente motivo carece de fundamento.
Costas
A tenor del artículo 60 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Sin embargo, el Tribunal de Justicia podrá imponer el pago de las mismas parcialmente o en su totalidad, cuando sean desestimadas respectivamente una o varias de las pretensiones de las partes.
Por haberse desestimado las pretensiones de la demandada en lo relativo a la admisibilidad del recurso, procede repartir el pago de las costas, de manera que la demandada abone la cuarta parte del total de las mismas, quedando a cargo de la demandante las otras tres cuartas partes.
Vistos los autos;
oídas las observaciones orales de las partes;
oídas las conclusiones del Abogado General;
vistos los artículos 2, 3, 4, 5, 33, 34, 36, 53, 59 y 80 del Tratado, el Anexo II del Tratado, así como el artículo 29 del Convenio;
vistas las Decisiones de la Alta Autoridad no 22/54, de 26 de marzo de 1954 (DO 1954, 4), y no 14/55, de 26 de marzo de 1955 (DO 1955, 8);
visto el protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia;
visto el Reglamento del Tribunal de Justicia, así como el Reglamento del Tribunal de Justicia sobre costas judiciales;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
desestimando cualesquiera otras consideraciones más amplias o contrarias, decide:
Desestimar el recurso de anulación contra la Decisión de la Alta Autoridad de 12 de diciembre de 1956, por la que se declara la obligación de la Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse, Chasse-sur-Rhóne, Isère, de abonar a la Caja de compensación de chatarras importadas la cantidad debida a 31 de agosto de 1956, en ejecución de las disposiciones sobre compensación de chatarra importada.
Repartir el pago de las costas, de manera que la demandada abone la cuarta parte de las primas, quedando a cargo de la demandante las otras tres cuartas partes.
Pilotti
Van Kleffens
Delvaux
Serrarens
Riese
Rueff
Pilotti
Pronunciada por el Tribunal de Justicia en Luxemburgo, a 13 de junio de 1958.
Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de junio de 1958.
Pilotti
Van Kleffens
Delvaux
Serrarens
Riese
Rueff
Pilotti
El Presidente
M. Pilotti
El Juez Ponente
A. van Kleffens
El Secretario
A. Van Houtte
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.