62023CJ0517_RES
Asunto C‑517/23
Apothekerkammer Nordrhein
contra
DocMorris NV
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 27 de febrero de 2025
«Procedimiento prejudicial — Medicamentos para uso humano — Directiva 2001/83/CE — Artículo 86, apartado 1 — Concepto de “publicidad de medicamentos” — Artículo 87, apartado 3 — Publicidad de medicamentos sujetos a receta médica — Publicidad de toda la gama de medicamentos de una farmacia — Vales de compra correspondientes a una determinada cantidad de dinero o a un porcentaje de rebaja para la compra posterior de otros productos — Rebajas sobre precios y pagos con efecto inmediato — Libre circulación de mercancías — Artículo 34 TFUE — Libre prestación de servicios — Comercio electrónico — Directiva 2000/31/CE — Artículo 3, apartados 2 y 4, letra a) — Restricción — Justificación — Protección de los consumidores»
Aproximación de las legislaciones — Medicamentos para uso humano — Directiva 2001/83/CE — Publicidad — Concepto — Acciones publicitarias llevadas a cabo para la compra de medicamentos sujetos a receta médica — Rebajas sobre precios y pagos con efecto inmediato — Exclusión — Vales de compra correspondientes a una determinada cantidad de dinero o a un porcentaje de rebaja para la compra posterior de otros medicamentos no sujetos a receta médica — Inclusión
(Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2011/62/CE, considerandos 2 y 50 y art. 86, ap. 1)
(véanse los apartados 32 a 37, 39 a 46, 48 a 50 y 81 y el punto 1 del fallo)
Aproximación de las legislaciones — Comercio electrónico — Directiva 2000/31/CE — Prestación de servicios de la sociedad de la información — Servicio de venta en línea de medicamentos de uso humano, sujetos o no sujetos a receta médica, destinado a un Estado miembro distinto del Estado miembro de establecimiento del prestador de ese servicio — Normativa nacional que prohíbe una acción publicitaria destinada a los clientes de una farmacia establecida en otro Estado miembro y que consiste en una gratificación monetaria de un importe indeterminado — Restricción de la libre circulación de mercancías — Restricción de la libre prestación de servicios de la sociedad de la información — Procedencia — Justificación — Protección de los consumidores — Respeto del principio de proporcionalidad
[Art. 34 TFUE; Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2000/31/CE, arts. 2, letra h), y 3, ap. 4, letra a), y 2001/83/CE, en su versión modificada por la Directiva 2011/62/CE, art. 85 quater, ap. 1]
(véanse los apartados 55, 57 a 60, 62 a 68, 70 a 77, 80 y 81 y el punto 1 del fallo)
Aproximación de las legislaciones — Medicamentos para uso humano — Directiva 2001/83/CE — Publicidad — Normativa nacional que prohíbe las acciones publicitarias llevadas a cabo para la compra de medicamentos indeterminados sujetos a receta médica — Vales de compra correspondientes a una determinada cantidad de dinero o a un porcentaje de rebaja para la compra posterior de otros medicamentos no sujetos a receta médica — Procedencia
(Directiva 2001/83 del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2011/62/CE, considerandos 2 y 45 y arts. 87, ap. 3, y 88, ap. 2)
(véanse los apartados 83, 85 a 94 y el punto 2 del fallo)
Resumen
Al conocer de una petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), el Tribunal de Justicia aporta precisiones sobre el concepto de «publicidad de medicamentos», en el sentido de la Directiva 2001/83, (
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) en el contexto de acciones publicitarias llevadas a cabo por una farmacia en el momento de la compra, por sus clientes, de medicamentos sujetos a receta médica.
DocMorris NV es una farmacia neerlandesa de venta por correspondencia que suministra medicamentos sujetos y no sujetos a receta médica a clientes situados en Alemania. Desde 2012, ha llevado a cabo diversas acciones publicitarias para la compra de medicamentos sujetos a receta médica que forman parte de toda su gama de productos.
Al considerar que estas acciones publicitarias infringían el sistema de precios vinculantes que se aplica a los medicamentos sujetos a receta médica, el Apothekerkammer Nordrhein (Colegio de Farmacéuticos de Renania del Norte, Alemania) obtuvo, durante los años 2013 a 2015, medidas provisionales de cesación de dichas acciones publicitarias. Estas últimas se llevaban a cabo, en esencia, a través de rebajas sobre precios y pagos o de vales para la compra posterior de medicamentos no sujetos a receta médica u otros productos sanitarios y de cuidado personal.
Tras la anulación, en marzo de 2017, de casi todas esas medidas provisionales, DocMorris presentó una demanda de indemnización de daños y perjuicios contra el Colegio de Farmacéuticos de Renania del Norte alegando que esas medidas, en el marco de las cuales se le habían impuesto multas elevadas, carecían de fundamento. Tras ser desestimada por el órgano jurisdiccional de primera instancia, esta demanda fue estimada en apelación.
Al conocer de un recurso de casación interpuesto contra esa sentencia por el Colegio de Farmacéuticos de Renania del Norte, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si las acciones publicitarias relativas a la compra de medicamentos sujetos a receta médica que forman parte de toda la gama de productos de una farmacia están comprendidas en el concepto de «publicidad de medicamentos», en el sentido del artículo 86, apartado 1, de esa Directiva 2001/83, o si, por el contrario, únicamente pretenden influir en la elección de la farmacia en la que un cliente compra tales medicamentos, elección que queda fuera del ámbito de aplicación de esa Directiva. También se pregunta si esta Directiva se opone a una interpretación de las disposiciones pertinentes de la normativa nacional sobre la publicidad relativa a los medicamentos (
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) según la cual están autorizadas las acciones publicitarias para la compra de medicamentos sujetos a receta médica llevadas a cabo mediante rebajas sobre precios y pagos de un importe determinado y con efecto inmediato, mientras que están prohibidas aquellas acciones que dan lugar a una gratificación de entre 2,50 y 20 euros por receta médica o a vales para la compra posterior de otros productos.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia precisa el concepto de «publicidad de medicamentos», en el sentido del artículo 86, apartado 1, de la Directiva 2001/83, en el contexto de las acciones publicitarias para la compra de medicamentos sujetos a receta médica.
A este respecto, indica, de entrada, que la finalidad del mensaje es la que determina si una acción publicitaria está o no comprendida en este concepto. Cae en el ámbito de este concepto, por tanto, una acción publicitaria que tiene por objeto promover la prescripción, la dispensación, la venta o el consumo de medicamentos. En cambio, no es el caso cuando una acción no tiene por objeto influir en la elección por el cliente de un medicamento determinado, sino en la elección, que es posterior, de la farmacia en la que dicho cliente compra ese medicamento.
En el caso de autos, para determinar si una acción publicitaria llevada a cabo para la compra de medicamentos sujetos a receta médica procedentes de toda la gama de productos de una farmacia está comprendida en el concepto de «publicidad de medicamentos», es preciso diferenciar las acciones publicitarias en función de si su mensaje se limita a los medicamentos sujetos a receta médica o si también se refiere a medicamentos no sujetos a tal receta.
Por un lado, en cuanto a las acciones publicitarias llevadas a cabo mediante rebajas sobre precios y pagos de un importe determinado y con efecto inmediato, y a aquellas que dan lugar a una gratificación de entre 2,50 y 20 euros por receta médica (que también debe considerarse que dan lugar a un pago), el Tribunal de Justicia constata que el mensaje de estas se refiere a medicamentos indeterminados sujetos a receta médica, sin incluir otros tipos de medicamentos.
Así pues, puesto que la decisión de recetar tales medicamentos es responsabilidad exclusiva del médico, que debe realizar esta tarea de modo totalmente objetivo, (
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) este mensaje no promueve la prescripción o el consumo de medicamentos indeterminados sujetos a receta médica. En cuanto al paciente, cuando recibe una receta médica, lo único que le queda por elegir en relación con el medicamento sujeto a receta médica es la farmacia en la que adquirir el medicamento. Por tanto, las acciones publicitarias llevadas a cabo mediante rebajas sobre precios y pagos de un importe determinado y con efecto inmediato y aquellas que dan lugar a una gratificación de un determinado importe por receta médica no están comprendidas en el concepto de «publicidad de medicamentos», en el sentido del artículo 86, apartado 1, de la Directiva 2001/83, en la medida en que se refieren a la elección de la farmacia en la que un paciente compra un medicamento sujeto a receta médica.
Por otro lado, en cuanto a las acciones publicitarias llevadas a cabo mediante vales para la compra posterior de medicamentos no sujetos a receta médica o de productos sanitarios y de cuidado personal, el Tribunal de Justicia indica que tales acciones promueven la compra de esos medicamentos. A falta de obligación de recurrir a un médico prescriptor, el destinatario de los vales de compra, atraído por la ventaja económica que suponen, puede utilizarlos para adquirir medicamentos no sujetos a receta médica a un precio reducido. Por tanto, al promover el consumo de tales medicamentos, estas acciones publicitarias están comprendidas en el concepto de «publicidad de medicamentos», en el sentido del artículo 86, apartado 1, de la Directiva 2001/83.
En segundo lugar, en la medida en que una acción publicitaria que da lugar a una gratificación de entre 2,50 y 20 euros, sin que sea posible conocer el importe exacto de tal gratificación, no está incluida en el concepto de «publicidad de medicamentos» y está prohibida por la normativa nacional controvertida en el litigio principal, (
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) el Tribunal de Justicia examina la compatibilidad de tal normativa con otras disposiciones del Derecho de la Unión. Más concretamente, en la medida en que no se desprende claramente de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia si tal acción publicitaria se lleva a cabo únicamente mediante soportes físicos o si, por el contrario, se realiza tanto a través del sitio de Internet de la farmacia correspondiente como a través de esos soportes, el Tribunal de Justicia analiza la compatibilidad de dicha normativa nacional con, por un lado, el artículo 34 TFUE y, por otro, las disposiciones pertinentes de la Directiva 2000/31. (
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)
En cuanto a la compatibilidad de la normativa nacional controvertida en el litigio principal con el artículo 34 TFUE, el Tribunal de Justicia recuerda que tal normativa debe considerarse como reguladora de una modalidad de venta que puede estar excluida del ámbito de aplicación de esta disposición del Tratado FUE si cumple el doble requisito de que se aplique a todos los operadores afectados que ejerzan su actividad en el territorio nacional y que afecte del mismo modo, de hecho y de Derecho, a la comercialización de los productos nacionales y a la de aquellos procedentes de otros Estados miembros. (
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)
Por lo que respecta al primero de estos requisitos, el Tribunal de Justicia señala que la normativa nacional controvertida en el litigio principal se aplica indistintamente a todas las farmacias que venden medicamentos en el territorio alemán, tanto si están establecidas en tal territorio como en otro Estado miembro. En cuanto al segundo, el Tribunal de Justicia subraya que la competencia a través de los precios puede constituir un parámetro competitivo más importante para las farmacias que operan por correspondencia que para las farmacias tradicionales, y que una acción publicitaria que da lugar a una gratificación comprendida entre 2,50 y 20 euros por receta médica tiene por objeto establecer una competencia a través de los precios con las farmacias tradicionales. Así pues, el Tribunal de Justicia concluye que dicha normativa, que prohíbe tal acción publicitaria, grava más a las farmacias establecidas en un Estado miembro distinto de la República Federal de Alemania, lo cual podría obstaculizar más el acceso al mercado de los productos procedentes de otros Estados miembros que el de los productos provenientes de la República Federal de Alemania, de manera que tal prohibición constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa.
Respecto a la compatibilidad de la normativa nacional controvertida en el litigio principal con la Directiva sobre el comercio electrónico, el Tribunal de Justicia subraya que, en virtud de la Directiva 2001/83, (
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) los Estados miembros velarán por que los medicamentos se ofrezcan al público por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información. No obstante, esta obligación se entenderá sin perjuicio de la legislación nacional que prohíba la oferta al público de medicamentos sujetos a receta médica por venta a distancia mediante dichos servicios. Así, cuando el Estado miembro de destino permite tal oferta, lo que parece ser el caso en el presente asunto, ese Estado no puede, en relación con esos servicios, restringir la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro. (
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) En el presente asunto, la prohibición de una acción publicitaria como la que impone la normativa nacional controvertida en el litigio principal puede restringir la posibilidad de que una farmacia establecida en otro Estado miembro se dé a conocer a una potencial clientela de ese primer Estado miembro y, por tanto, debe considerarse como restrictiva de la libre prestación de servicios de la sociedad de la información.
No obstante, el Tribunal de Justicia precisa que la prohibición de la acción publicitaria por la normativa nacional controvertida en el litigio principal está comprendida, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, en el ámbito de la protección de los consumidores, que constituye una razón imperiosa de interés general que puede justificar un obstáculo a la libre circulación de mercancías. En efecto, por una parte, en cuanto al objetivo de proteger a los consumidores, esta normativa permite evitar el riesgo de sobrestimación del importe de la gratificación en cuestión, que puede ser importante para los consumidores que compran medicamentos que tienen un precio elevado o que, padeciendo una enfermedad crónica, deben comprarlos de manera regular. Por otra, esta normativa no excede de lo necesario para proteger ese objetivo, en la medida en que prohíbe la acción publicitaria controvertida, que establece una horquilla de niveles de gratificación, sin que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, pueda conocer el método de cálculo de esta gratificación o calcular su importe exacto.
Por todo ello, el Tribunal de Justicia considera que el artículo 34 TFUE y el artículo 3, apartado 4, letra a), de la Directiva sobre comercio electrónico (
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) no se oponen a una normativa nacional que, para proteger a los consumidores, prohíbe una acción publicitaria mediante la cual se ofrece a los clientes de una farmacia que opera por correspondencia una gratificación comprendida entre 2,50 y 20 euros por receta médica, sin que sea posible conocer el importe exacto de esa gratificación.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia afirma que el artículo 87, apartado 3, de la Directiva 2001/83 no se opone a una normativa nacional que prohíbe acciones publicitarias para la compra de medicamentos indeterminados sujetos a receta médica llevadas a cabo mediante vales por una determinada cantidad de dinero o un porcentaje de rebaja para la compra posterior de otros productos, como medicamentos no sujetos a tal receta.
En efecto, estas acciones publicitarias, aunque se llevan a cabo para la compra de medicamentos sujetos a receta médica, solo promueven el consumo de medicamentos no sujetos a tal receta. Pues bien, aunque está autorizada la publicidad de estos últimos medicamentos, (
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) los Estados miembros deben prohibir, para prevenir riesgos para la salud pública, la inclusión, en la publicidad destinada al público sobre estos medicamentos, de elementos que puedan favorecer su utilización irracional.
En el caso de autos, utilizando los vales de compra controvertidos en el litigio principal, el consumidor puede obtener, a un precio reducido, productos procedentes de toda la gama de productos de la farmacia de que se trata y escoger, por ejemplo, entre la compra de medicamentos no sujetos a receta médica y la compra de otros productos de consumo, como productos sanitarios y de cuidado personal. La asimilación de los medicamentos no sujetos a receta médica a otros productos de consumo ofrecidos por una farmacia, mediante las acciones publicitarias controvertidas, puede conducir a una utilización irracional y excesiva de tales medicamentos en la medida en que, por una parte, disimula el carácter muy peculiar de estos medicamentos, cuyos efectos terapéuticos los distinguen sustancialmente de otras mercancías, y, por otra, desvía al consumidor de la evaluación objetiva de la necesidad de tomar dichos medicamentos. Por todo ello, una prohibición como la que establece la normativa nacional controvertida en el litigio principal responde al objetivo esencial de la salvaguardia de la salud pública, al impedir la distribución de elementos publicitarios que incitan a la utilización irracional y excesiva de medicamentos no sujetos a receta médica.
(
1
)	Directiva 2001/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO 2001, L 311, p. 67), en su versión modificada por la Directiva 2011/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011 (DO 2011, L 174, p. 74).
(
2
)	El artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (Heilmittelwerbegesetz) (Ley sobre la Publicidad de Medicamentos; en lo sucesivo, «normativa nacional controvertida en el litigio principal»).
(
3
)	En virtud del considerando 50 de la Directiva 2001/83.
(
4
)	Artículo 7, apartado 1, primera frase, de la normativa nacional controvertida en el litigio principal.
(
5
)	Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO 2000, L 178, p. 1).
(
6
)	Sentencia de 15 de julio de 2021, DocMorris (C‑190/20, EU:C:2021:609), apartados 35, 37 y 38.
(
7
)	Más específicamente, el artículo 85 quater, apartado 1, de la Directiva 2001/83.
(
8
)	Artículo 3, apartado 2, de la Directiva sobre el comercio electrónico.
(
9
)	En virtud del artículo 3, apartado 4, letra a), de la Directiva sobre el comercio electrónico, los Estados miembros pueden, en determinadas condiciones, restringir la libre circulación de determinados servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro.
(
10
)	Artículo 88, apartado 2, de la Directiva 2001/83.