Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 19 de marzo de 2026 (1)
Asunto C‑808/24 [Zálečta] (i)
M. R.
contra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerio del Interior, República Eslovaca)
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Lučenec (Tribunal Comarcal de Lučenec, Eslovaquia)]
« Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva
2003/88/CE — Ordenación del tiempo de trabajo — Artículo 2, punto 1 — Tiempo de trabajo — Artículo
6, letra b) — Duración máxima del tiempo de trabajo semanal — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Tiempo de trabajo de bomberos y personal de rescate — Tiempo de guardia en el lugar de trabajo que no se computa como tiempo de trabajo — Vulneración simultánea del límite de la duración del tiempo de trabajo semanal — Derecho a indemnización de un daño moral invocado contra un Estado miembro por violación del Derecho de la Unión — Transposición incorrecta — Requisitos — Determinación de la cuantía de la indemnización »
I.      Introducción
1.        Un miembro de un cuerpo municipal de extinción de incendios y salvamento de Eslovaquia presentó una demanda contra el Estado ante el Okresný súd Lučenec (Tribunal Comarcal de Lučenec, Eslovaquia) mediante la que reclamaba la indemnización del daño moral que consideraba haber sufrido por la transposición incorrecta al ordenamiento jurídico eslovaco de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. (2)
2.        La petición de decisión prejudicial planteada por este órgano jurisdiccional versa sobre la interpretación del artículo 2, punto 1, de dicha Directiva, en relación con su artículo 6, letra b), y sobre las modalidades de reparación del daño alegado. Así pues, se pregunta de nuevo al Tribunal de Justicia acerca de los requisitos para que se genere la responsabilidad de un Estado miembro en relación con el tiempo de trabajo de un bombero al servicio del sector público.
3.        Por consiguiente, propondré al Tribunal de Justicia que se base en los principios recordados, en particular, en la sentencia de 25 de noviembre de 2010, Fuß, (3) para declarar lo siguiente:
–        De las dos disposiciones citadas de la Directiva 2003/88, solo el artículo 6, letra b), puede conferir a los particulares derechos individuales que les faculten para reclamar una indemnización por la vulneración de dicho artículo por el Estado miembro de que se trate;
–        Únicamente el daño moral causado por la superación de la duración máxima del tiempo de trabajo semanal establecida en el artículo 6, letra b), de la referida Directiva puede dar lugar a indemnización en caso de vulneración por un Estado miembro del artículo 2, punto 1, de la misma Directiva, y
–        Corresponde al Derecho nacional determinar, dentro del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad, la cuantía de la indemnización que se adeude por esa superación.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
4.        El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88 define «tiempo de trabajo» como «todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales».
5.        El artículo 6 de dicha Directiva, que lleva por título «Duración máxima del tiempo de trabajo semanal», establece:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, en función de las necesidades de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores:
a)      se limite la duración del tiempo de trabajo semanal por medio de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas o de convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales;
b)      la duración media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período de siete
días.»
B.      Derecho eslovaco
6.        El artículo 85, apartado 1, de la zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (Ley n.º 315/2001 relativa al cuerpo de extinción de incendios y salvamento; en lo sucesivo, «Ley n.º 315/2001»), dispone:
«El tiempo de trabajo de un miembro [del cuerpo de extinción de incendios y salvamento] es el período durante el cual realiza actividades de servicio público y está a disposición de la autoridad de servicio público.»
7.        A tenor del artículo 86, apartado 2, de dicha Ley: (4)
«En caso de distribución desigual del tiempo de trabajo, la duración del tiempo de servicio no podrá exceder de 18 horas por día de servicio. La duración total de la ejecución de la actividad de servicio público y del tiempo de guardia exigido inmediatamente después en el lugar de ejecución de la actividad de servicio público no podrá superar las 24 horas por día de servicio.»
8.        El artículo 92, apartado 1, de la citada Ley prevé:
«La autoridad de servicio público asignará al miembro [del cuerpo de extinción de incendios y salvamento] el tiempo de guardia en el marco de la actividad de servicio público en el lugar de ejecución de dicha actividad, inmediatamente después de la ejecución de tal actividad en virtud del artículo 86, apartado 2, en el marco de la distribución del tiempo de servicio.»
9.        De conformidad con el artículo 122, apartado 3, de la Ley n.º 315/2001:
«La remuneración del tiempo de guardia […] no se abonará por los períodos en los que se hayan realizado actividades de servicio público; las actividades de servicio público efectuadas de esta forma constituirán horas extraordinarias.»
III. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
10.      M. R., miembro de un cuerpo municipal de extinción de incendios y salvamento, reclama la indemnización del daño moral resultante del hecho de que el tiempo de guardia que pasa en el lugar de trabajo no se incluye en su tiempo de trabajo, (5) infringiendo el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88, lo cual, según M. R., constituye también una vulneración del artículo 6, letra b), de la citada Directiva. El perjuicio invocado se basa en una transposición incorrecta del primero de estos preceptos, que dio lugar a que se excediera la duración máxima del tiempo de trabajo semanal, tal como se define en la segunda de las disposiciones antes citadas. M. R. no solicita indemnización pecuniaria por este último concepto.
11.      Mediante sentencia de 20 de diciembre de 2023, el Okresný súd Lučenec (Tribunal Comarcal de Lučenec), que es el órgano jurisdiccional remitente, declaró, en primer lugar, que la normativa eslovaca permite que empleador de M. R. no compute el tiempo de guardia como tiempo de trabajo, lo cual vulnera el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia. (6) A continuación, consideró que tal vulneración solo daba derecho a indemnización si el tiempo de trabajo de M. R., incluido el tiempo de guardia, superaba la duración máxima del tiempo de trabajo semanal, en contra de lo dispuesto en el artículo 6, letra b), de dicha Directiva.
12.      Por último, el órgano jurisdiccional remitente constató que, durante el período controvertido, el tiempo de trabajo de M. R., incluido el período de guardia, excedió en 28 días el límite fijado en el artículo 6, letra b), de la referida Directiva, en relación con su artículo 2, punto 1, y que la vulneración de estas disposiciones había afectado a la vida privada y familiar de
M. R.
En consecuencia, condenó al Estado a abonarle determinadas cantidades en concepto de indemnización del daño moral sufrido por ello y por la pérdida de confianza en una modificación legislativa.
13.      Mediante auto de 30 de mayo de 2024, el Krajský súd v Banskej Bystrici (Tribunal Regional de Banská Bystrica, Eslovaquia), que conoció del recurso de apelación interpuesto por el Estado, anuló la sentencia de 20 de diciembre de 2023 basándose en que el órgano jurisdiccional remitente se había pronunciado ultra petita. Señaló que M. R. no alegaba un derecho basado en la pérdida de confianza en una modificación legislativa ni un derecho a la reparación del daño moral resultante del número de horas trabajadas por encima del límite fijado en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88. Asimismo, consideró que el daño moral causado por la incompatibilidad del Derecho nacional con el artículo 2, punto 1, de la citada Directiva da derecho a indemnización sin que sea necesario apreciar una infracción del artículo 6, letra b), de la misma Directiva.
14.      El asunto fue devuelto al órgano jurisdiccional remitente, que duda del acierto de tal interpretación. Indica que esta interpretación tiene consecuencias tanto en el nacimiento del derecho a reparación como en la base de cálculo de la indemnización, dependiendo de si ese derecho está vinculado o no al número de horas trabajadas por encima del límite fijado en el artículo 6, letra b), de la Directiva.
15.      En estas circunstancias, el Okresný súd Lučenec (Tribunal Comarcal de Lučenec) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      El hecho de que, con arreglo a la legislación nacional, el tiempo de guardia de un empleado no se compute como tiempo de trabajo, en contra de lo dispuesto en el artículo 2, punto 1, de la Directiva [2003/88], ¿sirve de base para una reclamación de daños y perjuicios contra un Estado miembro por infracción del Derecho de la Unión sin que sea necesario demostrar que, en relación con el empleado, se ha infringido simultáneamente el artículo 6, letra b), de dicha Directiva?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿debe el órgano jurisdiccional nacional, al determinar la cuantía de la indemnización adecuada, tener en cuenta el número de horas de guardia que, como consecuencia de la legislación nacional, no se incluyeron en el tiempo de trabajo del trabajador, o debe determinarse la cuantía de la indemnización a cargo del Estado miembro con respecto a la duración de la situación ilegal resultante de la legislación nacional que permite no computar el tiempo de guardia como tiempo de trabajo del trabajador, en contra de lo dispuesto en la Directiva mencionada?
3)      En caso de respuesta negativa a la [primera cuestión], ¿debe el órgano jurisdiccional nacional, para determinar la cuantía de la indemnización adecuada, tener en cuenta el número de horas durante el cual se ha infringido el artículo 6, letra b), de la Directiva, o debe determinarse la cuantía de la indemnización a cargo del Estado miembro en función de la duración de la situación ilícita resultante de una normativa nacional que permite que el servicio de guardia no se compute como parte del tiempo de trabajo del trabajador, en contra de lo dispuesto en la Directiva 2003/88?»
16.      Han presentado observaciones escritas el Gobierno eslovaco, Irlanda y la Comisión Europea.
IV.    Análisis
17.      Dado que el órgano jurisdiccional remitente conoce de una acción de indemnización de los daños causados por la violación del Derecho de la Unión por parte de un Estado miembro, es preciso exponer las normas generales aplicables en la materia antes de examinar, acto seguido, la primera cuestión prejudicial y, según la respuesta que se proponga a esta, una u otra de las cuestiones que la completan sobre los criterios de determinación de la indemnización que debe abonarse.
A.      Normas generales en materia de nacimiento de la responsabilidad de un Estado miembro en caso de infracción del Derecho de la Unión y, en particular, de la Directiva 2003/88
18.      Debe comprobarse, en primer lugar, si el órgano jurisdiccional remitente menciona requisitos particulares previstos en el Derecho nacional para que se genere la responsabilidad del Estado que sean menos restrictivos que los establecidos en el Derecho de la Unión. (7)
19.      En segundo lugar, si no es así, serán aplicables los principios del Derecho de la Unión recordados por el Tribunal de Justicia en relación con la Directiva 2003/88, a saber:
–        Dicha Directiva no contiene ninguna disposición relativa a las sanciones aplicables en caso de infracción de las disposiciones mínimas fijadas en la misma, en particular por lo que respecta a la duración del tiempo de trabajo, y, en consecuencia, esta Directiva no establece ninguna regla particular en relación con la reparación del daño que puedan sufrir los trabajadores como consecuencia de tal infracción, (8) y
–        Sin embargo, el principio de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por infracciones del Derecho de la Unión que le son imputables es inherente al sistema de los Tratados en los que esta se funda. (9)
20.      Según ha declarado el Tribunal de Justicia, para que los perjudicados tengan derecho a indemnización deben cumplirse los tres requisitos siguientes: (10)
–        La norma de Derecho de la Unión infringida ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares; (11)
–        La infracción de dicha norma ha de ser suficientemente caracterizada, y
–        Debe existir una relación de causalidad directa entre esa infracción y el daño sufrido por los particulares.
21.      En tercer lugar, el Tribunal de Justicia proporciona a los órganos jurisdiccionales nacionales orientaciones para la apreciación de los requisitos que permiten determinar la responsabilidad de los Estados miembros por los daños causados a los particulares por infracciones del Derecho de la Unión. (12)
B.      Sobre la primera cuestión prejudicial, relativa al primer requisito del nacimiento de la responsabilidad del Estado
22.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que tiene por objeto conferir a los particulares derechos individuales que les faculten para reclamar una indemnización a un Estado miembro en virtud del principio de responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares como consecuencia de una infracción del Derecho de la Unión que le sea imputable.
23.      Debo observar, por un lado, que, en el presente asunto, no se discute que, conforme a los criterios enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el tiempo de guardia de M. R. formaba parte del tiempo de trabajo en el sentido del artículo 2, punto 1, de la citada Directiva, que la normativa eslovaca no respetaba el Derecho de la Unión (13) y que la duración media semanal del trabajo, prevista en el artículo 6, letra b), de la misma Directiva, había sido superada en una parte del período señalado por M. R. (14)
24.      Por otro lado, el Derecho eslovaco no establece requisitos particulares menos restrictivos que los previstos en el Derecho de la Unión para que se genere la responsabilidad del Estado. (15)
25.      En cuanto a la cuestión de si el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88 confiere a los particulares derechos que pueden invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales, procede señalar, en primer término, que no existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre esa disposición.
26.      En segundo término, debe subrayarse que:
–        El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88, como indica su título, define el «tiempo de trabajo» como «todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales». (16)
–        Esta definición ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia. Según reiterada jurisprudencia, todo el período de guardia debe calificarse de «tiempo de trabajo» en el sentido de la Directiva 2003/88, independientemente de las prestaciones laborales realmente efectuadas por el trabajador durante ese período, cuando este deba permanecer en su lugar de trabajo a disposición inmediata de su empresario (17) o cuando, durante el tiempo de guardia que pasa en su domicilio, el trabajador tenga la obligación de responder a las convocatorias de su empresario en ocho minutos. (18) Así pues, en lo que atañe al tiempo de guardia de los bomberos, el examen del Tribunal de Justicia se efectúa caso por caso. (19) No se ha reconocido efecto directo al artículo 2, punto 1, de la Directiva.
27.      Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia, al igual que todas las partes que han presentado observaciones escritas, que considere que el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88 se limita a definir el concepto de «tiempo de trabajo». No confiere, por sí solo, derechos individuales cuya vulneración pueda generar la responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares en caso de que dicho Estado miembro no respete esa definición en la normativa nacional.
28.      A este respecto, comparto también la opinión de Irlanda de que el hecho de interpretar el artículo 2, punto 1, de esta Directiva «en el sentido de que permite una indemnización automática de los daños tendría consecuencias considerables, entre ellas que un Estado estaría obligado a indemnizar aun cuando no se hubiera demostrado un daño». (20)
29.      Por lo tanto, dado que el artículo 2, punto 1, de la Directiva no confiere derechos a los particulares, la segunda cuestión prejudicial queda sin objeto. En consecuencia, no procede responderla.
C.      Sobre la tercera cuestión prejudicial
30.      Para responder a esta cuestión, que tiene por objeto las modalidades de reparación del daño moral sufrido por la infracción del Derecho de la Unión alegada, es preciso analizar previamente si concurren los requisitos para que se genere la responsabilidad del Estado, expuestos en el punto 20 de las presentes conclusiones, por la infracción del artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88. (21) La apreciación de que dicha responsabilidad se deriva de la infracción del artículo 2, punto 1, de la misma Directiva carece de pertinencia.
1.      Sobre los requisitos para que se genere la responsabilidad del Estado en caso de infracción del artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88
a)      Primer requisito: la norma del Derecho de la Unión que confiere derechos a los particulares
31.      El Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 constituye una regla de Derecho social de la Unión que confiere a los particulares derechos que pueden invocar directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales, puesto que «impone a los Estados miembros un límite máximo a la duración media del tiempo de trabajo semanal del que debe disfrutar todo trabajador como disposición mínima». (22)
b)      Segundo requisito: la infracción de esta norma ha de ser suficientemente caracterizada
32.      En la sentencia Fuß (23) se recordó que:
–        es preciso analizar si la infracción del Derecho de la Unión se ha producido vulnerando manifiestamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, (24) y
–        corresponde, en principio, a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar si se cumplen los requisitos para que los Estados incurran en responsabilidad derivada de la infracción del Derecho de la Unión, a menos que, en el asunto principal que haya dado lugar a la petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia disponga de todos los elementos necesarios para apreciar si los hechos del caso de autos deben considerarse una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión.
33.      En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente, al pronunciarse sobre la demanda de M. R. relativa al período de trabajo comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2023 declaró, por una parte, que M. R. había «[pasado] un total de 24 horas de servicio, de las cuales precisamente 18 horas se computan como tiempo de trabajo» en virtud del artículo 86, apartado 2, de la Ley n.º 315/2001, (25) ya que las horas de guardia no se incluyen en el tiempo de trabajo. Por otra parte, constató que, en esta situación, durante el período de referencia de seis meses, la duración del tiempo de trabajo de M. R. había superado el límite máximo de 48 horas por cada período de siete días que prevé el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88. (26)
34.      Pues bien, en ese período, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el concepto de «tiempo de trabajo» de los bomberos estaba suficientemente desarrollada, en el sentido de que «las actividades desarrolladas por las fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos […] están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/88, de modo que, en principio, el artículo 6, letra b), de esta se opone a que se supere el tope de 48 horas previsto para la duración máxima de trabajo semanal, incluyendo los servicios de guardia». (27)
35.      En estas circunstancias, dado que el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 durante el período objeto del litigio principal tuvo lugar vulnerando manifiestamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debe considerarse que constituye una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión. Por consiguiente, el segundo requisito que ha de concurrir para que se reconozca la existencia del derecho a indemnización también se cumple en el asunto principal.
c)      Tercer requisito: debe existir una relación de causalidad entre la infracción del artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 y el perjuicio sufrido
36.      Habida cuenta de que, según el órgano jurisdiccional remitente, el hecho de que, en el período de referencia, la duración del tiempo de trabajo de M. R. excediera del tope máximo en 28 días «debe haber tenido objetivamente una repercusión en su vida privada y familiar», (28) estimo que se ha acreditado la existencia de la relación de causalidad exigida.
37.      Dado que se cumplen los tres requisitos para que el Estado incurra en la responsabilidad derivada de la infracción del artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88, (29) debe responderse a la tercera cuestión prejudicial relativa a las modalidades de reparación.
2.      Sobre las modalidades de reparación de la infracción del artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88
38.      El órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre los elementos que han de tomarse en consideración para determinar la cuantía de la indemnización del daño moral invocado por M. R. Propone como base de cálculo el número de horas en que se ha superado la duración máxima del tiempo de trabajo que se prevé en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 o el período durante el cual el Estado miembro no ha modificado la normativa que permite no computar el tiempo de guardia como tiempo de trabajo.
39.      Así pues, procede recordar, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia ha declarado que esta Directiva no contiene ninguna regla particular en relación con la reparación del daño que puedan sufrir los trabajadores como consecuencia de una infracción de las disposiciones mínimas fijadas en la misma, en particular por lo que respecta a la duración del tiempo de trabajo. (30)
40.      En segundo lugar, en la sentencia Fuß, el Tribunal de Justicia declaró también lo siguiente:
–        «Incumbe al Estado, con arreglo al Derecho nacional en materia de responsabilidad, reparar las consecuencias del perjuicio causado, entendiéndose que los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños ni pueden ser menos favorables que los que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni pueden articularse de manera que hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización (principio de efectividad)»; (31)
–        «Por lo que respecta a la forma y al procedimiento de cálculo de la reparación del daño, es necesario destacar que la reparación de los daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión debe ser adecuada al perjuicio sufrido, de forma que permita garantizar una tutela efectiva de sus derechos»; (32)
–        «A falta de disposiciones del Derecho de la Unión en este ámbito, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, siempre dentro del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad, fijar los criterios que permitan determinar la cuantía de la reparación», (33) y
–        «De ello se deduce que es el Derecho interno de los Estados miembros el que deberá, de conformidad con [esos] principios […], por una parte, precisar si la reparación del daño causado a un particular como consecuencia de la violación de lo dispuesto en la Directiva 2003/88 debe consistir en la concesión de un tiempo de descanso adicional o en el reconocimiento de una indemnización económica y, por otra parte, definir las reglas relativas al procedimiento de cálculo de esta reparación». (34)
41.      Cabe señalar que, en el asunto en el que recayó la sentencia Fuß, el perjuicio invocado era de carácter material
(35) y que el Verwaltungsgericht Halle (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Halle, Alemania) planteaba una pregunta sobre la concesión al Sr. Günter Fuß, en concepto de reparación, de tiempo de descanso adicional o de una indemnización económica. (36)
42.      Pues bien, en el caso de autos,
M. R. reclama únicamente la indemnización pecuniaria del daño moral que sufrió como consecuencia de la infracción en que incurrió la normativa eslovaca en el cálculo de su tiempo de trabajo, en el que no se incluyó el tiempo de guardia. (37)En estas circunstancias, para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, se plantean varios interrogantes: en relación con la reparación de un daño moral, ¿debería ser diferente o más precisa la respuesta del Tribunal de Justicia que se ha recordado en el punto 40 (último guion) de las presentes conclusiones? ¿Qué criterios deberían adoptarse en tal caso?
43.      En sus observaciones escritas, el Gobierno eslovaco, Irlanda y la Comisión han adoptado posturas convergentes con ciertos matices.
44.      La Comisión propone reiterar la respuesta proporcionada por el Tribunal de Justicia en los apartados 93 y 94 de la sentencia Fuß. El Gobierno eslovaco subraya la necesidad de establecer dos límites. Por un lado, los órganos jurisdiccionales nacionales están legitimados para velar por que la protección de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico de la Unión no produzca un enriquecimiento injusto. (38) Por otro lado, el régimen de responsabilidad de los Estados miembros no exige que se abonen a los particulares indemnizaciones de naturaleza punitiva que vayan más allá del perjuicio real que les causó la vulneración de su derecho. (39)
45.      Irlanda sostiene que la cuantía de la indemnización ha de fijarse en función del número de horas que no se computaron como «tiempo de trabajo» en contra de lo dispuesto en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88, elemento que demuestra la existencia de un perjuicio y satisface el requisito de efectividad. En su opinión, debe descartarse el criterio de la duración de la situación ilegal resultante de la normativa nacional.
46.      En lo que atañe a este último criterio, estoy de acuerdo con la tesis según la cual los requisitos para que se genere la responsabilidad del Estado por infracción del Derecho de la Unión y, en particular, el que se refiere a la existencia de una relación de causalidad entre esa infracción y el perjuicio sufrido de forma efectiva o concreta impiden admitir una indemnización ligada al período durante el cual el Estado miembro en cuestión no adaptó la normativa nacional al Derecho de la Unión.
47.      Además, en lo que respecta al procedimiento de cálculo de la indemnización por la infracción del Derecho de la Unión, no veo ninguna razón para completar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aun cuando se haya constatado un daño moral. Por lo tanto, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar, conforme a su Derecho nacional, la reparación adecuada del perjuicio sufrido que permita garantizar la tutela efectiva de los derechos de los particulares. (40)
48.      Por consiguiente, la indemnización de una infracción del artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88
no debería calcularse sistemáticamente basándose en el número de horas trabajadas por encima del límite fijado en ese precepto.
49.      En mi opinión, el único elemento que ha de tomarse en consideración es el procedimiento de cálculo propuesto por los particulares en apoyo de su demanda.
50.      En efecto, la indemnización reclamada puede basarse ciertamente, como sucede en el presente asunto, en un número de horas (41) en relación con el perjuicio a la vida privada y familiar invocado como consecuencia de la infracción del artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88. Sin embargo, esa infracción podría ocasionar otros tipos de daño moral, como los ligados a un trastorno físico (por ejemplo, una enfermedad grave) o mental (por ejemplo, un síndrome de desgaste profesional o un estado depresivo). En tal caso, la cuantía de la indemnización podría valorarse de distinta manera, sin correlación estricta con la superación del límite temporal.
51.      Por lo tanto, propongo al Tribunal de Justicia que, en respuesta a la tercera cuestión prejudicial, considere que, en consonancia con la sentencia Fuß,
(42) corresponde al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate determinar, dentro del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad, el procedimiento de cálculo de la cuantía de la indemnización del daño moral causado por ese Estado en caso de infracción del artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88.
V.      Conclusión
52.      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Okresný súd Lučenec (Tribunal Comarcal de Lučenec, Eslovaquia) de la siguiente manera:
«1)      El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo,
debe interpretarse en el sentido de que
no tiene por objeto conferir a los particulares derechos individuales que les faculten para reclamar una indemnización a un Estado miembro en virtud del principio de responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares como consecuencia de una infracción del Derecho de la Unión que le sea imputable.
2)      Cuando la infracción
del artículo 2, punto 1, de dicha Directiva ha conllevado una infracción del artículo 6, letra b), de la misma Directiva, la reparación, a cargo de las autoridades de los Estados miembros, de los daños que estos han causado a los particulares por esas infracciones del Derecho de la Unión debe ser adecuada al perjuicio sufrido. A falta de disposiciones del Derecho de la Unión en la materia, corresponde al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate determinar, dentro del respeto de los principios de equivalencia y efectividad, el procedimiento de cálculo de la cuantía de la indemnización del daño moral alegado.
1      Lengua original: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      DO 2003, L 299, p. 9.
3      C‑429/09, en lo sucesivo, «sentencia Fuß», EU:C:2010:717.
4      El órgano jurisdiccional remitente hace constar que esta disposición establece una distribución desigual del tiempo de trabajo del demandante a lo largo de un período de seis meses.
5      El órgano jurisdiccional remitente precisa, a este respecto, que no se discute que, durante el período de guardia, M. R. estaba obligado a permanecer en su lugar de trabajo y a ponerse a disposición de su empleador, sin poder alejarse de ese lugar.
6      El órgano jurisdiccional remitente cita la sentencia de 21 de febrero de 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82).
7      Véase la sentencia Fuß, apartado 66. Véase asimismo la sentencia de 28 de junio de 2022, Comisión/España (Infracción del Derecho de la Unión por el legislador) (C‑278/20, EU:C:2022:503), apartado 179, en la que el Tribunal de Justicia declaró que el principio de equivalencia no puede fundamentar la obligación de los Estados miembros de permitir que nazca un derecho a indemnización conforme a requisitos más favorables que los previstos en su jurisprudencia.
8      Véanse las sentencias Fuß, apartado 44, y de 20 de junio de 2024, Artemis security (C‑367/23, EU:C:2024:529), apartado 26.
9      Véase la sentencia Fuß, apartado 45, y, como resumen general de este principio, la sentencia de 22 de diciembre de 2022, Ministre de la Transition écologique y Premier ministre (Responsabilidad del Estado por la contaminación del aire) (C‑61/21, EU:C:2022:1015), apartado 43.
10      Véanse, en particular, las sentencias Fuß, apartado 47 y jurisprudencia citada, y de 1 de agosto de 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth y otros (C‑97/24, EU:C:2025:594), apartado 27 y jurisprudencia citada.
11      Véase, como ejemplo reciente de un caso en que este primer requisito no se cumple, la sentencia de 22 de diciembre de 2022, Ministre de la Transition écologique y Premier ministre (Responsabilidad del Estado por la contaminación del aire) (C‑61/21, EU:C:2022:1015), apartado 56. El Tribunal de Justicia consideró que de las disposiciones de Derecho de la Unión examinadas relativas a los valores límite para ciertas partículas nocivas para la salud humana no se desprendía, ni expresa ni implícitamente, que se hubieran conferido a los particulares derechos individuales cuya vulneración pudiera generar la responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a estos.
12      Véase, en particular, la sentencia Fuß, apartado 48.
13      Cabe observar que la Comisión sostuvo una opinión diferente sobre la normativa nacional.
14      Véase el punto 12 de las presentes conclusiones.
15      Véase el punto 18 de las presentes conclusiones.
16      Sobre la referencia a las «legislaciones y/o prácticas nacionales», véase la sentencia de 9 de marzo de 2021, StadtOffenbach am Main (Período de disponibilidad no presencial de un bombero) (C‑580/19, en lo sucesivo, «sentencia Stadt Offenbach am Main», EU:C:2021:183, apartado 32 y jurisprudencia citada, referente a la prohibición de supeditar a condiciones o restricciones el derecho a que se tengan debidamente en cuenta los períodos de trabajo y, correlativamente, los períodos de descanso, a fin de garantizar el efecto útil de la Directiva 2003/88 y el respeto de su objetivo). En los apartados 26 a 28 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia recalcó que el objetivo de la referida Directiva consiste en establecer disposiciones mínimas destinadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y que, mediante esas disposiciones en materia de duración máxima del trabajo y de tiempo mínimo de descanso, la Directiva precisa el derecho fundamental expresamente consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
17      Véase, en particular, la sentencia Stadt Offenbach am Main, apartado 36 y jurisprudencia citada.
18      Véase la sentencia de 21 de febrero de 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82), apartado 66. Véase asimismo la sentencia Stadt Offenbach am Main, apartados 36, 38 y 39. En resumen, el criterio general es la «poca libertad para administrar el tiempo durante el cual no se requieren [los] servicios profesionales [del trabajador]».
19      Véanse también las sentencias Stadt Offenbach am Main, apartados 41 y 42, y de 11 de noviembre de 2021, Dublin City Council (C‑214/20, EU:C:2021:909), apartados 43 a 45 y 48.
20      El subrayado es mío. Irlanda hace hincapié en el impacto económico de tal interpretación. No obstante, corresponde a cada Estado miembro decidir si desea adoptar disposiciones más favorables (véase el punto 18 de las presentes conclusiones). Además, cabe considerar que el modo de retribución de los trabajadores por los períodos de guardia no se rige por la Directiva 2003/88, sino por las disposiciones pertinentes del Derecho nacional. La citada Directiva no se opone, pues, a que, en lo que concierne a los períodos de guardia que deberían considerarse totalmente excluidos del concepto de «tiempo de trabajo» a efectos de la aplicación de dicha Directiva, una normativa prevea, no obstante, que se abone al trabajador afectado una cantidad destinada a compensar los inconvenientes que le causen dichos períodos de guardia en la administración de su tiempo y de sus intereses privados. Véase la sentencia Stadt Offenbach am Main, apartados 57 y 58 y jurisprudencia citada.
21      Véase el punto 23 de las presentes conclusiones.
22      Véase la sentencia Fuß, apartados 49 y 50.
23      Véase la sentencia Fuß, apartados 52 y 53 y jurisprudencia citada.
24      Véase también la sentencia de 1 de agosto de 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth y otros (C‑97/24, EU:C:2025:594), apartado 30.
25      Véase el punto 7 de las presentes conclusiones.
26      Tras consultar, a indicación del Gobierno eslovaco, la sentencia del órgano jurisdiccional remitente de 20 de diciembre de 2023 (véase el punto 11 de las presentes conclusiones), disponible en la dirección de Internet siguiente: (https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/sud_141/rozhodnutia/ae74e401-6f01-447a-afff-174757c1bc7a:d7df1744-bda4-4193-8022-29e14a926b6d/ (apartados 4 y 17), y el auto del Krajský súd v Banskej Bystrici (Tribunal Regional de Banská Bystrica) de 30 de mayo de 2024 (véase el punto 13 de las presentes conclusiones), disponible en la dirección de Internet siguiente: https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/sud_138/rozhodnutia/d18ccc21-de3d-4606-9661-d5ab2077894d:80ac45f7-45b5-49d5-aed7-cc4094dbaba7 (apartado 7.2), es posible confirmar la información proporcionada por el órgano jurisdiccional remitente en el apartado 8 de la petición de decisión prejudicial que parece diferir de la que figura en el apartado 13 de esa misma petición.
27      Véase la sentencia Fuß, apartado 57.
28      Véase el punto 12 de las presentes conclusiones.
29      Véase el punto 20 de las presentes conclusiones.
30      Véase la sentencia Fuß, apartados 44, 96 y 98. Véase la sentencia de 20 de junio de 2024, Artemis security (C‑367/23, EU:C:2024:529), apartados 26 y 27, que reitera esta declaración en el caso de una acción de indemnización ejercitada contra un empresario que infringió disposiciones nacionales protectoras de los trabajadores nocturnos, por las que se aplica el Derecho de la Unión.
31      Sentencia Fuß, apartado 62. Véase también la jurisprudencia citada. Véase asimismo la sentencia de 28 de junio de 2022, Comisión/España (Infracción del Derecho de la Unión por el legislador) (C‑278/20, EU:C:2022:503), apartados 176 a 184.
32      Sentencia Fuß, apartado 92. Véase también la jurisprudencia citada. El subrayado es mío.
33      Sentencia Fuß, apartado 93. Véase también la jurisprudencia citada. El subrayado es mío.
34      Sentencia Fuß, apartado 94. El subrayado es mío.
35      Véase la sentencia Fuß, apartado 23.
36      Véase la sentencia Fuß, apartado 30, tercera cuestión prejudicial.
37      Véanse los puntos 10 y 13 de las presentes conclusiones.
38      El Gobierno eslovaco cita la sentencia de 21 de marzo de 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilidad de los fabricantes de vehículos equipados con dispositivos de desactivación) (C‑100/21, EU:C:2023:229), apartado 94.
39      El Gobierno eslovaco cita, por analogía, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Agentsia po vpisvaniyata (C‑200/23, EU:C:2024:827), apartado 153.
40      Véase, en lo que respecta a la reparación de un daño moral invocado contra el responsable de un tratamiento de datos, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (C‑507/23, EU:C:2024:854), apartado 37. El Tribunal de Justicia concluyó que el artículo 82, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1), debe interpretarse en el sentido de que la presentación de una disculpa puede constituir una reparación adecuada de un daño moral con arreglo a esta disposición, en particular cuando sea imposible restablecer la situación anterior a la causación del daño, siempre que esta forma de reparación pueda compensar íntegramente el perjuicio sufrido por el interesado.
41      El órgano jurisdiccional remitente precisa que, «según el tribunal de apelación, [M. R.] había formulado en realidad su demanda indicando que invocaba un derecho derivado de una injerencia prolongada en sus derechos personales. Reclamó una indemnización por daños morales que cuantificó en función del número de horas de guardia que había efectuado realmente y que no se habían incluido en su tiempo de trabajo infringiendo lo dispuesto en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88». El subrayado es mío.
42      Véase la sentencia Fuß, apartado 98.