62023CJ0471
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 6 de marzo de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Cohesión económica, social y territorial — Recursos propios de la Unión Europea — Protección de los intereses financieros de la Unión — Reglamento (UE) n.o 1303/2013 — Artículo 2, punto 10 — Concepto de “beneficiario” — Corrección financiera por infracción de una normativa nacional en materia de contratos públicos — Destinatario de una resolución de corrección financiera — Determinación de la responsabilidad relativa a esta corrección y reparto contractual de dicha responsabilidad entre el beneficiario de una ayuda de Estado y el gestor de esta — Participación en los procedimientos administrativo y judicial relativos a dicha resolución — Artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea»
En los asuntos acumulados C‑471/23 y C‑477/23,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria), mediante resoluciones de 13 de julio de 2023, recibidas en el Tribunal de Justicia el 25 de julio de 2023, en los procedimientos entre
Obshtina Veliko Tarnovo (C‑471/23),
Obshtina Belovo (C‑477/23)
y
Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 (C‑471/23),
Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Оkolna sreda» 2014-2020 (C‑477/23),
con intervención de:
Varhovna administrativna prokuratura,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por el Sr. N. Jääskinen, Presidente de la Sala Novena, en funciones de Presidente de la Sala Octava, y los Sres. M. Gavalec (Ponente) y J. Passer, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Obshtina Belovo, por la Sra. A. A. Kecheva;
–
en nombre del Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Оkolna sreda» 2014‑2020, por la Sra. G. Simeonova;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. D. Drambozova y C. Ehrbar y por el Sr. J. Hradil, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que los asuntos sean juzgados sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 2, puntos 10, 36 y 37, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 320; corrección de errores en DO 2016, L 200, p. 140, y en DO 2019, L 66, p. 7), en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 (DO 2018, L 193, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1303/2013»), y de los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Estas peticiones se han presentado en el contexto de sendos litigios, el primero, entre el Obshtina Veliko Tarnovo (Ayuntamiento de Veliko Tarnovo, Bulgaria) y el Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014‑2020 (Responsable de la Autoridad de Gestión del Programa Operativo «Regiones en Crecimiento» 2014‑2020) (C‑471/23) y, el segundo, entre el Obshtina Belovo (Ayuntamiento de Belovo, Bulgaria) y el Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Оkolna sreda» 2014‑2020 (Responsable de la Autoridad de Gestión del Programa Operativo «Medio Ambiente» 2014‑2020) (C‑477/23), en relación con las modalidades de adopción de resoluciones de corrección financiera a raíz de irregularidades detectadas en la ejecución de proyectos cofinanciados con los fondos de la Unión Europea.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento (CE) n.o 1370/2007
3
Los considerandos 5, 33 y 36 del Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y (CEE) n.o 1107/70 del Consejo (DO 2007, L 315, p. 1) exponen lo siguiente:
«(5)
[…] Si los Estados miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, optan por excluir determinadas normas generales de su ámbito de aplicación, se debe aplicar el régimen de ayudas estatales.
[…]
(33)
En los apartados 87 a 95 de su sentencia de 24 de julio de 2003[, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415)], el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas indicó que las compensaciones de servicio público no constituyen ventajas en el sentido del artículo [107 TFUE], siempre y cuando se cumplan cuatro criterios cumulativos. Cuando no se cumplan esos criterios, pero se cumplan los criterios generales de aplicabilidad del artículo [107 TFUE, apartado 1], las compensaciones de servicio público constituyen ayudas estatales y están sujetas a los artículos [93 TFUE, 106 TFUE, 107 TFUE y 108 TFUE].
[…]
(36)
[…] Toda compensación concedida en relación con la prestación de servicios públicos de transporte de viajeros distintos de los cubiertos por el presente nuevo Reglamento que pueda suponer el riesgo de ayudas estatales en el sentido del artículo [107 TFUE, apartado 1], debe quedar sometida a las disposiciones de [los] artículos [93 TFUE, 106 TFUE, 107 TFUE y 108 TFUE], con inclusión de toda interpretación pertinente que haga el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, especialmente, la sentencia [de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415)]. […]»
Reglamento n.o 1303/2013
4
A tenor de los considerandos 65 y 66 del Reglamento n.o 1303/2013:
«(65)
Los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el establecimiento y funcionamiento adecuados de sus sistemas de gestión y control, a fin de ofrecer garantías del uso legal y regular de los Fondos [Estructurales y de Inversión Europeos (EIE)]. […]
(66)
De acuerdo con el principio de gestión compartida, los Estados miembros y la Comisión [Europea] deben ser responsables de la gestión y el control de los programas. La responsabilidad principal de la ejecución y el control de las operaciones en los programas debe corresponder a los Estados miembros, a través de sus sistemas de gestión y control. […]»
5
El artículo 1 de este Reglamento, titulado «Objeto», está redactado como sigue:
«El presente Reglamento establece las normas comunes aplicables al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE), al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), que funcionan de conformidad con un marco común (en lo sucesivo, “los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos” — “Fondos EIE”). […]
[…]»
6
El artículo 2 de dicho Reglamento, titulado «Definiciones», establece:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
10)
“beneficiario”: un organismo público o privado o una persona física responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones, y:
a)
en el contexto de los regímenes de ayuda estatal, el organismo que recibe la ayuda, salvo cuando la ayuda por empresa sea inferior a 200000 [euros], en cuyo caso el Estado miembro de que se trate puede decidir que el beneficiario es el organismo que otorga la ayuda, sin perjuicio de lo establecido en los Reglamentos (UE) n.o 1407/2013 [de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] a las ayudas de minimis (DO 2013, L 352, p. 1)], (UE) n.o 1408/2013 [de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] a las ayudas de minimis en el sector agrícola (DO 2013, L 352, p. 9),] y (UE) n.o 717/2014 de la Comisión[, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (DO 2014, L 190, p. 45)], y
b)
en el contexto de los instrumentos financieros contemplados en el título IV de la segunda parte del presente Reglamento, el organismo que ejecuta el instrumento financiero o, en su caso, el fondo de fondos;
[…]
36)
“irregularidad”: todo incumplimiento del Derecho de la Unión o del Derecho nacional relativo a su aplicación, derivado de un acto u omisión de un operador económico que participa en la ejecución de los Fondos EIE, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión al imputar a este una partida de gasto injustificado;
37)
“operador económico”: toda persona física o jurídica, u otra entidad, que participe en la ejecución de subvenciones procedentes de los Fondos EIE, con excepción de un Estado miembro que ejerza sus prerrogativas como autoridad pública;
[…]».
7
El artículo 143 del Reglamento n.o 1303/2013, titulado «Correcciones financieras efectuadas por los Estados miembros», establece:
«1.   Los Estados miembros serán los responsables en primera instancia de investigar las irregularidades, efectuar las correcciones financieras necesarias y recuperar los importes indebidos. En caso de irregularidad sistémica, el Estado miembro deberá ampliar su investigación para abarcar todas las operaciones que puedan estar afectadas.
2.   Los Estados miembros efectuarán las correcciones financieras necesarias en relación con las irregularidades esporádicas o sistémicas detectadas en las operaciones o los programas operativos. Las correcciones financieras consistirán en anular la totalidad o parte de la contribución pública a una operación o un programa operativo. Los Estados miembros deberán tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de las irregularidades y las pérdidas financieras que estas acarreen a los Fondos o [al] FEMP, y realizar una corrección proporcionada. Se anotarán en las cuentas las correcciones financieras correspondientes al ejercicio contable en el que se decida la anulación.
[…]»
Derecho búlgaro
ZUSEFSU
8
De conformidad con el artículo 70 de la Zakon za upravlenie na sredstvata ot evropeyskite fondove pri spodeleno upravlenie (Ley de Gestión de los Recursos Procedentes de los Fondos Europeos en Régimen de Gestión Compartida) (DV n.o 101, de 22 de diciembre de 2015, cuyo título anterior a la modificación publicada en el DV n.o 51 de 2022, que entró en vigor el 1 de julio de 2022, estaba redactado del siguiente modo: Zakon za upravlenie na sredstvata ot evropeyskite strukturni i investitsionni fondove [Ley de Gestión de los Recursos Procedentes de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos — ZUSESIF]), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, «ZUSEFSU»):
«(1)   La ayuda financiera procedente de los recursos de los Fondos EIE en régimen de gestión compartida podrá anularse total o parcialmente mediante una corrección financiera por los motivos siguientes:
[…]
9.
por una irregularidad que constituya una infracción de las normas de selección de un adjudicatario con arreglo al capítulo cuatro, derivada de un acto u omisión del beneficiario, que tenga o pueda tener por efecto perjudicar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;
[…]
(2)   Los casos de irregularidad que den lugar a las correcciones financieras contempladas en el apartado 1, punto 9, se indicarán en un acto normativo del Consejo de Ministros.»
9
El artículo 73, apartado 1, de la ZUSEFSU tiene el siguiente tenor:
«La corrección financiera se determinará, en cuanto a su fundamento y a su importe, mediante resolución motivada del responsable de la autoridad de gestión que haya aprobado el proyecto.»
Ley de Contratación Pública
10
En virtud del artículo 2, apartado 2, de la Zakon za obshtestvenite porachki (Ley de Contratación Pública) (DV n.o 13, de 16 de febrero de 2016), en la contratación pública, los poderes adjudicadores no podrán restringir la competencia mediante la inclusión de condiciones o requisitos que proporcionen una ventaja injustificada o restrinjan indebidamente la participación de operadores económicos en los contratos públicos y que no se ajusten al objeto, al valor, a la complejidad, a la cantidad o al alcance del contrato público.
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
Asunto C‑471/23
11
Al término de un procedimiento de adjudicación que se inscribe en el marco del programa operativo «Regiones en Crecimiento» 2014‑2020, que forma parte del acuerdo de asociación de la República de Bulgaria para el período de programación 2014‑2020, la subvención «Aplicación de planes integrados de recuperación y desarrollo urbano 2014‑2020» se adjudicó directamente al Ayuntamiento de Veliko Tarnovo.
12
El 24 de agosto de 2018, dicho Ayuntamiento celebró un convenio de asociación con el Organizatsia na dvizhenieto, parkingi i garazhi EOOD (Organismo de Tráfico, Aparcamientos y Garajes; en lo sucesivo, «empresa municipal»). Este convenio de asociación establecía que ese Ayuntamiento y la empresa municipal eran designados «socio principal» y «socio», respectivamente, del proyecto «Transporte urbano integrado de la ciudad de Veliko Tarnovo» en el marco del mencionado programa operativo.
13
De conformidad con dicho convenio de asociación, el socio principal y el socio estaban obligados, en caso de aprobación del proyecto, a celebrar un contrato administrativo. El socio, a saber, en el presente asunto, la empresa municipal, debía llevar a cabo, en su condición de poder adjudicador, un procedimiento de licitación pública, con arreglo a la Ley de Contratación Pública, para el suministro de material rodante. Ese mismo convenio añadía que si durante ese procedimiento se cometían infracciones que justificasen una corrección financiera, los recursos afectados por dicha corrección correrían a cargo del poder adjudicador, como parte en el contrato que dio lugar a la corrección, por el importe de esta.
14
El 19 de julio de 2019, el Ayuntamiento de Veliko Tarnovo, como beneficiario de la subvención «Aplicación de planes integrados de recuperación y desarrollo urbano 2014‑2020», celebró un contrato administrativo con la autoridad de gestión del programa operativo «Regiones en Crecimiento» 2014‑2020 para la ejecución de la propuesta del citado proyecto por un valor total de 11133732,51 levas búlgaras (BGN) (aproximadamente 5700000 euros), correspondiente a la subvención, de un importe de 10409573,31 BGN (aproximadamente 5300000 euros), y a una contribución propia del beneficiario de 724159,20 BGN (aproximadamente 370000 euros).
15
Dicho contrato administrativo estipulaba que una parte del importe de esa subvención constituía una ayuda de Estado al operador de servicio público de transporte de viajeros, en forma de compensación de servicio público, de conformidad con el Reglamento n.o 1370/2007. El gestor de esta ayuda era el Ayuntamiento de Veliko Tarnovo, que debía garantizar la ejecución del régimen aplicable de conformidad con los requisitos derivados de dicho Reglamento, incluidos el establecimiento y la aplicación de mecanismos adecuados de control del cumplimiento de tales requisitos.
16
Según las condiciones generales de dicho contrato administrativo, el beneficiario era responsable, ante la autoridad de gestión del programa operativo «Regiones en Crecimiento» 2014‑2020, de los actos de los socios y de los contratistas externos en la ejecución del proyecto en cuestión y debía asumir «por su propia cuenta todos los riesgos, incluidos los gastos no subvencionables y las correcciones financieras de que pudiera ser objeto la subvención del presupuesto del proyecto».
17
Tras tramitar el procedimiento de licitación pública en su condición de operador de un servicio de interés económico general y de persona receptora de una ayuda de Estado procedente de los recursos de los Fondos EIE, la empresa municipal celebró, el 31 de marzo de 2020, un contrato público con el adjudicatario Excelor-Alfa DZZD para el suministro de tres autobuses eléctricos.
18
A raíz de una notificación de irregularidad, el 11 de mayo de 2022, la autoridad de gestión del programa operativo «Regiones en Crecimiento» 2014‑2020 adoptó una resolución de corrección financiera respecto del Ayuntamiento de Veliko Tarnovo (en lo sucesivo, «resolución de corrección financiera de 11 de mayo de 2022»), en razón de una irregularidad, en el sentido del artículo 70, apartado 1, punto 9, de la ZUSEFSU, cometida por la empresa municipal. Esta corrección financiera ascendía al 25 % de los recursos que podían ser financiados por los Fondos EIE en virtud de dicho contrato público.
19
El Ayuntamiento de Veliko Tarnovo interpuso un recurso contra esta resolución ante el Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Veliko Tarnovo, Bulgaria).
20
Mediante sentencia de 1 de noviembre de 2022, ese órgano jurisdiccional desestimó el recurso por estimar que el Ayuntamiento era el único beneficiario de la citada subvención, puesto que era parte en el contrato administrativo mencionado en el apartado 14 de la presente sentencia, y, en su condición de parte en dicho contrato, podía ser considerado legítimamente el destinatario del acto administrativo mediante el que se fijó la corrección financiera. Dicho órgano jurisdiccional también señaló que el hecho de que el Ayuntamiento, en su condición de beneficiario de dicha subvención, hubiera celebrado convenios de asociación para determinadas actividades no lo eximía de su responsabilidad como parte del contrato administrativo, en el marco del cual tenía una relación directa con la autoridad de gestión del programa operativo «Regiones en Crecimiento» 2014‑2020. Por último, el mismo órgano jurisdiccional declaró que la cláusula relativa a la responsabilidad por infracciones y riesgos, incluidas las correcciones financieras, tenía carácter de acción de repetición, ya que tenía por objeto determinar, en las relaciones internas entre los socios, a quién correspondería la responsabilidad por tales correcciones.
21
El Ayuntamiento de Veliko Tarnovo recurrió en casación dicha sentencia ante el Varhoven Administrativen Sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente.
22
Dicho órgano jurisdiccional comienza señalando que, para responder a la cuestión de si el Ayuntamiento de Veliko Tarnovo es el único beneficiario de la subvención y si, como tal, cometió una infracción del Derecho búlgaro que dio lugar a una corrección financiera, procede interpretar el concepto de «beneficiario», en el sentido del artículo 2, punto 10, del Reglamento n.o 1303/2013.
23
A continuación, se plantea la cuestión de si puede considerarse que el Ayuntamiento de Veliko Tarnovo es el destinatario de la resolución de corrección financiera de 11 de mayo de 2022 —que fue adoptada en razón de una irregularidad, en el sentido del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013, cometida por la empresa municipal— y debe asumir, por tanto, la responsabilidad de las infracciones cometidas en el procedimiento de licitación pública tramitado por esa empresa, aunque el referido Ayuntamiento no utilice los recursos procedentes de los Fondos EIE en virtud del contrato público celebrado a raíz de ese procedimiento.
24
Por último, si se demostrara que la empresa municipal es la beneficiaria de la subvención objeto de dicha corrección financiera, en su condición de persona que recibió la referida subvención y de organismo público responsable de iniciar y ejecutar la operación específica de adquisición de material rodante, también se plantearía la cuestión de por qué no se le garantizó el derecho a participar en el procedimiento de determinación de esta corrección financiera y si debería haber podido intervenir como parte en el procedimiento de anulación de dicha corrección ante el Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Veliko Tarnovo).
25
En estas circunstancias, el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Queda comprendido el gestor de una ayuda de Estado en forma de recursos de los [Fondos EIE], que no es destinatario de la ayuda, en el concepto de «beneficiario» de la ayuda en el contexto de las ayudas de Estado en el sentido del artículo [2], punto 10, del Reglamento [n.o 1303/2013]?
2)
¿Puede ser el gestor de una ayuda de Estado en forma de recursos [de los Fondos EIE], que no es la persona que utiliza la ayuda en virtud de un contrato público, el destinatario correcto de una decisión mediante la cual se determina una corrección financiera como consecuencia de un incumplimiento del Derecho nacional o del Derecho de la Unión cometido con ocasión de la adjudicación del contrato público?
3)
¿Deben concurrir, en el supuesto de una ayuda de Estado en forma de recursos [de los Fondos EIE], en relación con la persona destinataria de la medida administrativa de “corrección financiera” impuesta como consecuencia de una irregularidad en el sentido del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013, dos [requisitos] acumulativos: que sea beneficiaria de la subvención con cargo a los recursos a los que afecta la irregularidad, y que sea la persona que haya utilizado los recursos de que se trata?
4)
¿Puede regularse o redistribuirse, por medio de un contrato entre el beneficiario y el gestor de la ayuda, la responsabilidad por infracción de la ley en la utilización de una ayuda de Estado que reviste la forma de recursos [de los Fondos EIE], o bien será responsable el beneficiario de la ayuda que la haya utilizado ilegalmente?
5)
¿Responden solidariamente el beneficiario de la ayuda y el gestor de la misma, y deberá estipularse tal responsabilidad en el contrato de concesión de la ayuda?
6)
¿Se oponen los artículos 41 y 47 de la [Carta], en un caso como el del procedimiento principal, a una práctica administrativa y a una jurisprudencia nacionales según las cuales a un “operador de un servicio de interés económico general” como la [empresa municipal], a la que se imputa haber infringido, en el procedimiento por ella sustanciado, la [Ley de Contratación Pública] al adjudicar un contrato público en el procedimiento de utilización de recursos [de los Fondos EIE] (que constituyen una ayuda de Estado), no se le concede el derecho a participar en el procedimiento de determinación de la corrección financiera en relación con el contrato por él celebrado ni el derecho a participar en el procedimiento judicial dirigido a la impugnación de este acto administrativo, debido a que este operador, en su condición de socio [del municipio], responde en virtud de la acción de repetición de Derecho civil derivada del [convenio] de asociación?»
Asunto C‑477/23
26
El asunto C‑477/23 se refiere a la utilización de los Fondos EIE para el período 2014‑2020 en el marco de un «procedimiento combinado para el diseño y la construcción de instalaciones de compostaje y de instalaciones de pretratamiento de residuos domésticos», cuyo objetivo es reducir la cantidad de residuos depositados en vertederos proporcionando capacidad adicional para el pretratamiento de los residuos indiferenciados y para la recogida selectiva y el reciclado mediante el compostaje de los residuos verdes o biodegradables.
27
En el marco del procedimiento para obtener una subvención directa para la región de Pazardzhik (Bulgaria), varios municipios, incluidos, en particular, los de Pazardzhik y Belovo, elaboraron una propuesta de proyecto común para la concesión de tal subvención. Los respectivos ayuntamientos debían firmar un contrato administrativo relativo a la concesión de una subvención en el marco del programa operativo «Medio Ambiente» 2014‑2020. En dicho contrato se estipulaba que los ayuntamientos contratantes designaban al Ayuntamiento de Pazardzhik como «ayuntamiento principal». Además, dicho contrato preveía que todos los ayuntamientos a los que se refería eran beneficiarios, a pesar de que, junto al nombre de cada uno de ellos, se inscribiera también su condición de «socio».
28
De las modalidades de ejecución del proyecto aprobado en el marco de dicho procedimiento, que forman parte integrante del contrato administrativo mencionado en el apartado anterior, se desprende que el Ayuntamiento de Pazardzhik, en su condición de «ayuntamiento principal», era responsable de la gestión del proyecto y disponía de la facultad de recibir los fondos en su cuenta bancaria y de distribuirlos a los ayuntamientos asociados, mientras que estos últimos participaban, junto con el ayuntamiento principal, en la preparación y ejecución técnica y financiera de dicho proyecto. En este contexto, el Ayuntamiento de Belovo debía sacar a licitación y adjudicar un contrato público para el diseño, la supervisión como autor, la construcción, el suministro y la realización de una instalación de compostaje de los residuos verdes o biodegradables recogidos selectivamente, con una capacidad de 2000 toneladas anuales.
29
En el marco de ese procedimiento de licitación pública, el Ayuntamiento de Belovo, en su condición de poder adjudicador, celebró un contrato público con Delchev Engineering EOOD.
30
Mediante resolución de 21 de marzo de 2022, la autoridad de gestión del programa operativo «Medio Ambiente» 2014‑2020 impuso al Ayuntamiento de Pazardzhik una corrección financiera equivalente al 10 % de los gastos subvencionables por los Fondos EIE en virtud de dicho contrato público (en lo sucesivo, «resolución de corrección financiera de 21 de marzo de 2022»). Esta corrección financiera se impuso en razón de una irregularidad, en el sentido del artículo 70, apartado 1, punto 9, de la ZUSEFSU, cometida por el Ayuntamiento de Belovo.
31
El Ayuntamiento de Belovo, que no es el destinatario de la resolución de corrección financiera de 21 de marzo de 2022, interpuso un recurso contra esta ante el Administrativen sad Pazardzhik (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Pazardzhik, Bulgaria). Mediante sentencia de 26 de octubre de 2022, ese órgano jurisdiccional desestimó el recurso, señalando que, aunque la resolución indicaba únicamente como destinatario al Ayuntamiento de Pazardzhik, el Ayuntamiento de Belovo, como poder adjudicador, había firmado el contrato público y tenía un interés jurídico en interponer dicho recurso. No obstante, dicho órgano jurisdiccional concluyó que la citada resolución se había adoptado de conformidad con el Derecho búlgaro.
32
El Ayuntamiento de Belovo interpuso un recurso de casación contra dicha sentencia ante el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), que es el órgano jurisdiccional remitente.
33
Según dicho órgano jurisdiccional, existe una divergencia en la jurisprudencia nacional relativa a situaciones de hecho análogas a la controvertida en el presente asunto que tienen por objeto el mismo procedimiento de financiación con cargo a los Fondos EIE.
34
En efecto, por un lado, de determinadas resoluciones nacionales se desprende que solo el ayuntamiento principal del proyecto de que se trate tiene la condición de «beneficiario», en el sentido del artículo 2, punto 10, del Reglamento n.o 1303/2013, y es el destinatario de una resolución de corrección financiera, sin que los demás ayuntamientos asociados tengan esa condición. Así pues, en los asuntos que dieron lugar a esas resoluciones nacionales, los ayuntamientos asociados, distintos del ayuntamiento principal, no fueron admitidos como partes en el procedimiento de determinación de la corrección financiera ni en el procedimiento judicial que tenía por objeto anular el acto que la estableció, ni siquiera cuando esos ayuntamientos asociados habían contribuido a la irregularidad que dio lugar a dicha corrección financiera.
35
Por otro lado, algunos órganos jurisdiccionales nacionales consideran que, en caso de infracción de las normas de contratación pública cometida por un ayuntamiento que gaste importes procedentes de los Fondos EIE, debe considerarse que dicho ayuntamiento es destinatario del eventual acto de corrección financiera y tiene derecho a participar en el procedimiento para determinar la corrección financiera y a defenderse ante un órgano jurisdiccional.
36
Además, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la manera en que debe determinarse la responsabilidad relativa a las correcciones financieras derivadas de la comisión de infracciones de las normas de contratación pública en el marco de la utilización de los Fondos EIE.
37
En estas circunstancias, el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Se opone la interpretación del artículo 2, puntos 10, 36 y 37, del Reglamento [n.o 1303/2013] a una normativa nacional o a una práctica de interpretación y aplicación de esta normativa según la cual, en un caso como el del procedimiento principal, únicamente uno de los municipios asociados (partes del contrato administrativo relativo a la concesión de una subvención financiera […]) que han suscrito el contrato de gestión relativo a la ayuda financiera, en su condición de socio líder, debe tener la consideración de beneficiario de la subvención con cargo a recursos [de los Fondos EIE]? ¿Qué requisitos debe cumplir una organización para ser calificada como beneficiario en el sentido del artículo 2, punto 10, del Reglamento n.o 1303/2013 en un supuesto como el de autos?
2)
¿Se opone la interpretación del artículo 2, puntos 10, 36 y 37, del Reglamento n.o 1303/2013 a una normativa nacional o a una práctica de interpretación y aplicación de esta normativa según la cual, en un supuesto como el del procedimiento principal, la corrección financiera impuesta como consecuencia del incumplimiento de las normas sobre contratación pública cometido por un operador económico se establece mediante una decisión cuyo destinatario es otro operador económico que no ha incurrido en incumplimiento alguno pero que aparece mencionado como socio líder en el contrato relativo a la subvención financiera?
3)
¿Se opone el Reglamento n.o 1303/2013 a una normativa nacional o a una práctica de interpretación y aplicación de esta normativa según la cual la responsabilidad por la corrección financiera puede redistribuirse contractualmente entre los socios del proyecto, o bien debe responder cada uno de los operadores económicos por las correcciones financieras debidas a las infracciones por ellos cometidas en el empleo de recursos [de los Fondos EIE] en función de los contratos de los que es parte?
4)
¿Se oponen los artículos 41 y 47 de la [Carta] a una práctica administrativa y a una jurisprudencia nacionales según las cuales, en un caso como el del procedimiento principal, al municipio al que se imputa haber infringido la [Ley de Contratación Pública] al adjudicar un contrato público en el procedimiento de utilización de recursos [de los Fondos EIE] no se le concede el derecho a participar en el procedimiento de determinación de la corrección financiera en relación con el contrato por él celebrado ni el derecho a participar en el procedimiento judicial dirigido a la impugnación de este acto administrativo, debido a que este municipio, en su condición de socio del [convenio] de asociación celebrado con el socio líder, puede acceder a la vía civil?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial del asunto C‑471/23 y primera cuestión prejudicial del asunto C‑477/23
38
Mediante la primera cuestión prejudicial del asunto C‑471/23 y la primera cuestión prejudicial del asunto C‑477/23, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, punto 10, del Reglamento n.o 1303/2013 debe interpretarse en el sentido de que pueden estar comprendidos en el concepto de «beneficiario», a efectos de dicha disposición, un organismo responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones de que se trate, pero que no reciba una ayuda de Estado contemplada en dicho artículo 2, punto 10, letra a), y un organismo que no haya firmado un contrato administrativo de subvención como organismo «principal».
39
En un primer momento, el artículo 2, punto 10, de dicho Reglamento define el concepto de «beneficiario» como un organismo público o privado o una persona física responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones. En un segundo momento, esta disposición precisa, en sus letras a) y b), que dicho organismo es, respectivamente, en el contexto de los regímenes de ayudas de Estado, el organismo que recibe la ayuda, salvo cuando la ayuda por empresa sea inferior a 200000 euros, en cuyo caso el Estado miembro de que se trate podrá decidir que el beneficiario es el organismo que otorga la ayuda, sin perjuicio de lo establecido en los Reglamentos n.o 1407/2013, n.o 1408/2013 y n.o 717/2014, y, en el contexto de los instrumentos financieros contemplados en el título IV de la segunda parte del Reglamento n.o 1303/2013, el organismo que ejecuta el instrumento financiero o, en su caso, el fondo de fondos.
40
Del tenor de la primera parte de la definición de este concepto prevista en el citado artículo 2, punto 10, se desprende que los Estados miembros disponen de cierto margen de apreciación para determinar si el beneficiario, en su condición de organismo público o privado o de persona física, es responsable únicamente de iniciar las operaciones de que se trate o se encarga tanto de iniciarlas como de ejecutarlas.
41
Por lo que refiere a la segunda parte de esta disposición, en ella se establecen normas relacionadas con la determinación del beneficiario en los casos relativos a ayudas de Estado y a los instrumentos financieros comprendidos en el título IV de la segunda parte del Reglamento n.o 1303/2013.
42
A este respecto, procede señalar que las condiciones establecidas en la primera parte del artículo 2, punto 10, de dicho Reglamento y las previstas en el artículo 2, punto 10, letras a) y b), están separadas por la conjunción «y». No obstante, el empleo de esta conjunción no significa que dichas condiciones sean acumulativas. En realidad, las disposiciones que figuran en la primera parte establecen una regla general, mientras que las enunciadas en el artículo 2, punto 10, letras a) y b), constituyen reglas complementarias relativas a situaciones específicas.
43
Así pues, cabe recalcar que el tenor del artículo 2, punto 10, del Reglamento n.o 1303/2013 no excluye en modo alguno que haya varios beneficiarios en una misma operación.
44
En relación con esto, debe indicarse que, como se desprende del considerando 66 de dicho Reglamento, la responsabilidad principal de la ejecución de las operaciones en los programas debe corresponder a los Estados miembros, que son, por tanto, libres de determinar, en particular, el organismo responsable de iniciar las operaciones de que se trate o de iniciarlas y ejecutarlas o el organismo receptor de la ayuda.
45
Una interpretación contraria podría dar lugar a situaciones en las que ningún organismo pueda ser calificado de beneficiario, en el sentido del artículo 2, punto 10, del Reglamento n.o 1303/2013, si no puede cumplir las dos condiciones previstas en el artículo 2, punto 10, primera parte, y en el artículo 2, punto 10, letras a) o b).
46
Por otra parte, como señaló la Comisión, en esencia, en sus observaciones escritas, por lo que respecta a la situación específica prevista en el artículo 2, punto 10, letra a), del Reglamento n.o 1303/2013, dado que una subvención puede incluir aportaciones en diferentes formas, algunas de las cuales constituyen ayudas de Estado, tal interpretación exigiría que, para los tramos de una operación subvencionados mediante una ayuda de esa índole, el beneficiario fuera el organismo que recibe la ayuda, en el sentido del artículo 2, punto 10, letra a), mientras que, para los demás tramos de la misma operación, el beneficiario sería el organismo responsable de iniciar la operación o de iniciarla y ejecutarla, en el sentido de la primera parte del citado artículo 2, punto 10. Pues bien, esta interpretación podría encontrarse con las dificultades prácticas que plantean el carácter a menudo interdependiente de las subvenciones y la identificación de aquellas que revisten la forma de ayudas de Estado.
47
En los presentes asuntos, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, en el asunto C‑471/23, en virtud del contrato administrativo celebrado con la autoridad de gestión del programa operativo «Regiones en Crecimiento» 2014‑2020 para la ejecución de la propuesta de proyecto de que se trata en dicho asunto, el Ayuntamiento de Veliko Tarnovo fue designado como responsable de la ejecución de ese proyecto, mientras que la empresa municipal era la persona receptora de una ayuda de Estado. Cabe recordar que una parte de la subvención de dicho proyecto constituía una ayuda de Estado, pero el órgano jurisdiccional remitente no ha precisado si el importe de dicha ayuda es inferior a 200000 euros. En el asunto C‑477/23, el Ayuntamiento de Pazardzhik, como ayuntamiento «principal», responsable de la gestión del proyecto objeto de este último asunto, participaba junto con otros ayuntamientos, incluido el de Belovo, en la preparación y la ejecución técnica y financiera de dicho proyecto.
48
A este respecto, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente, que es el único competente para apreciar los hechos de los litigios principales e interpretar la normativa nacional de que se trata, determinar si, en el asunto C‑471/23, el Ayuntamiento de Veliko Tarnovo y, en el asunto C‑477/23, los Ayuntamientos de Pazardzhik y de Belovo son los responsables de iniciar o de iniciar y ejecutar las respectivas operaciones, en el sentido del artículo 2, punto 10, primera parte, del Reglamento n.o 1303/2013, si la ayuda recibida por la empresa municipal en el asunto C‑471/23 está comprendida en el concepto de «ayudas de Estado», en el sentido del artículo 2, punto 10, letra a), de dicho Reglamento y, en su caso, cuál es el importe de la ayuda.
49
En este sentido, procede recordar, como hizo la Comisión, que de los considerandos 5, 33 y 36 del Reglamento n.o 1370/2007 y de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las compensaciones de servicio público concedidas respetando todas las condiciones establecidas en dicho Reglamento no constituyen ayudas de Estado.
50
Además, como se desprende del apartado 43 de la presente sentencia, si bien, en virtud del artículo 2, punto 10, letra a), del Reglamento n.o 1303/2013, en el contexto de los regímenes de ayudas de Estado, el organismo que recibe la ayuda debe ser considerado beneficiario, en el sentido de esta disposición, nada excluye que un organismo que cumpla las condiciones establecidas en la primera parte del mismo artículo 2, punto 10, pueda ser considerado también beneficiario, en el sentido de esta última disposición.
51
Por lo que respecta a la pregunta del órgano jurisdiccional remitente, en el asunto C‑477/23, sobre si únicamente debe considerarse beneficiario de una subvención a un organismo público que haya firmado un contrato administrativo de subvención como organismo «principal», procede señalar que el artículo 2, punto 10, del Reglamento n.o 1303/2013 no prevé categorías específicas de beneficiarios potenciales.
52
Por lo tanto, en la medida en que un organismo sea responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones, este podrá ser considerado «beneficiario», en el sentido de dicha disposición, ello con independencia de que haya sido designado organismo «principal».
53
De las anteriores consideraciones se desprende que procede responder a la primera cuestión prejudicial del asunto C‑471/23 y a la primera cuestión prejudicial del asunto C‑477/23 que el artículo 2, punto 10, del Reglamento n.o 1303/2013 debe interpretarse en el sentido de que pueden estar comprendidos en el concepto de «beneficiario», a efectos de dicha disposición, un organismo responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones de que se trate, pero que no reciba una ayuda de Estado contemplada en dicho artículo 2, punto 10, letra a), y un organismo que no haya firmado un contrato administrativo de subvención como organismo «principal».
Cuestiones prejudiciales segunda a quinta del asunto C‑471/23 y cuestiones prejudiciales segunda y tercera del asunto C‑477/23
54
Mediante las cuestiones prejudiciales segunda a quinta del asunto C‑471/23 y las cuestiones prejudiciales segunda y tercera del asunto C‑477/23, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, puntos 36 y 37, del Reglamento n.o 1303/2013 debe interpretarse en el sentido de que se opone, por un lado, a una normativa nacional según la cual una resolución de corrección financiera por infracción de las normas de contratación pública puede dirigirse a un operador económico distinto del que cometió dicha infracción y, por otro lado, a que la responsabilidad de esa corrección financiera sea solidaria, pueda repartirse contractualmente entre ese operador económico y el que cometió dicha infracción o sea asumida por este último.
55
Con carácter preliminar, procede recordar que, en virtud del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013, constituye una irregularidad, a efectos de este, todo incumplimiento del Derecho de la Unión o del Derecho nacional relativo a su aplicación, derivado de un acto u omisión de un operador económico que participa en la ejecución de los Fondos EIE, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión al imputar a este un gasto injustificado.
56
Además, el artículo 143, apartado 1, de dicho Reglamento establece, en particular, que los Estados miembros serán los responsables en primera instancia de investigar las irregularidades, efectuar las correcciones financieras necesarias y recuperar los importes indebidos. A tal efecto, como establece el apartado 2 de dicho artículo, los Estados miembros efectuarán las correcciones financieras necesarias en relación con las irregularidades esporádicas o sistémicas detectadas en las operaciones o los programas operativos.
57
No obstante, ninguna disposición del Reglamento n.o 1303/2013 establece normas relativas a la definición de los destinatarios de un acto de corrección financiera.
58
A este respecto, cabe recordar que la obligación de devolver una ventaja indebidamente percibida a través de una práctica irregular no constituye una sanción, sino la mera consecuencia de la constatación de que no se han respetado las condiciones exigidas para la obtención de la ventaja resultante de la normativa de la Unión, lo que convierte la ventaja percibida en indebida (sentencia de 1 de octubre de 2020, Elme Messer Metalurgs, C‑743/18, EU:C:2020:767, apartado 64 y jurisprudencia citada).
59
De ello se deduce que la devolución de una ventaja indebidamente percibida como consecuencia de una irregularidad, en el sentido del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013, no tiene por qué reclamarse necesariamente al organismo que haya cometido tal irregularidad.
60
En los presentes asuntos, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, en el asunto C‑471/23, el Ayuntamiento de Veliko Tarnovo firmó un contrato administrativo de subvención con la autoridad de gestión del programa operativo «Regiones en Crecimiento» 2014‑2020 y fue el destinatario de la resolución de corrección financiera de 11 de mayo de 2022, pese a que fue la empresa municipal quien supuestamente cometió la irregularidad. En el asunto C‑477/23, todos los ayuntamientos afectados, incluidos el de Belovo, que supuestamente cometió la irregularidad, y el de Pazardzhik, como «ayuntamiento principal», firmaron dicho contrato administrativo de subvención y este último ayuntamiento fue el destinatario de la resolución de corrección financiera de 21 de marzo de 2022.
61
Pues bien, es preciso señalar que, como se desprende del apartado 59 de la presente sentencia, organismos de Derecho público como los ayuntamientos afectados en los litigios principales pueden ser destinatarios de un acto de corrección financiera, aun cuando no hayan cometido ninguna irregularidad, en el sentido del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013.
62
Por lo que respecta a la cuestión de la responsabilidad de las correcciones financieras derivadas de la comisión de infracciones de las normas de contratación pública en el marco del uso de los Fondos EIE, procede recordar que, a falta de disposiciones de la Unión, los litigios relativos a la recuperación de importes pagados indebidamente según el Derecho de la Unión deben ser zanjados por los órganos jurisdiccionales nacionales, con arreglo a su Derecho nacional, sin perjuicio de los límites impuestos por el Derecho de la Unión (sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms, C‑443/21, EU:C:2022:899, apartado 37 y jurisprudencia citada).
63
Así pues, a falta de una disposición relativa a esta responsabilidad en el Reglamento n.o 1303/2013, esta viene determinada por el Derecho nacional y por los compromisos contractuales de los participantes en una operación concreta.
64
Por lo tanto, y en función del contenido de esas obligaciones contractuales, aunque cada operador económico afectado pueda ser considerado solidariamente responsable por una misma operación frente a la autoridad nacional competente, tal responsabilidad financiera también puede repartirse entre los operadores económicos afectados o puede ser asumida por el único operador económico que haya cometido la irregularidad en cuestión.
65
No obstante, el Tribunal de Justicia también ha declarado que el principio de seguridad jurídica exige, por un lado, que las normas de Derecho sean claras y precisas y, por otro, que su aplicación sea previsible para los justiciables, en especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables. Este principio exige, en concreto, que una normativa permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone y que estos puedan conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia [sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad), C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, apartado 158 y jurisprudencia citada].
66
Por otra parte, el principio de seguridad jurídica se impone con especial rigor cuando se trata de una normativa que puede implicar consecuencias financieras (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de abril de 2021, Banco de Portugal y otros, C‑504/19, EU:C:2021:335, apartado 52 y jurisprudencia citada).
67
En los presentes asuntos, de las resoluciones de remisión se desprende que, en el asunto C‑471/23, el Ayuntamiento de Veliko Tarnovo asumía por su propia cuenta todos los riesgos, incluidas, en particular, las correcciones financieras de que pudiera ser objeto la subvención del presupuesto del proyecto en cuestión, mientras que la empresa municipal no parece tener tal responsabilidad financiera frente a la autoridad de gestión del programa operativo «Regiones en Crecimiento» 2014‑2020. En cambio, en el asunto C‑477/23, los ayuntamientos afectados participaban conjuntamente, entre otras cosas, en la ejecución financiera del proyecto y el Ayuntamiento de Pazardzhik, como «ayuntamiento principal», disponía de la facultad de recibir los fondos en su cuenta bancaria y de distribuirlos a los ayuntamientos asociados.
68
A este respecto, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar, por un lado, qué operadores económicos asumen la responsabilidad financiera ante las correspondientes autoridades de gestión de conformidad con el Derecho nacional y con las estipulaciones de los contratos suscritos y, por otro lado, si esos operadores económicos financieramente responsables estaban en condiciones de saber que, en caso de irregularidad en la ejecución del proyecto de que se tratase, serían responsables, solidariamente o de otro modo, de la corrección financiera ante dichas autoridades de gestión.
69
De las anteriores consideraciones se desprende que procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda a quinta del asunto C‑471/23 y a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera del asunto C‑477/23 que el artículo 2, puntos 36 y 37, del Reglamento n.o 1303/2013 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional según la cual una resolución de corrección financiera por infracción de las normas de contratación pública puede dirigirse a un operador económico distinto del que cometió dicha infracción ni a que la responsabilidad de esa corrección financiera sea solidaria, pueda repartirse contractualmente entre ese operador económico y el que cometió dicha infracción o sea asumida por este último, siempre que los operadores económicos financieramente responsables estén en condiciones de saber que, en caso de irregularidad en la ejecución del proyecto de que se trate, serán responsables de dicha corrección financiera ante la correspondiente autoridad de gestión.
Sexta cuestión prejudicial del asunto C‑471/23 y cuarta cuestión prejudicial del asunto C‑477/23
70
Mediante la sexta cuestión prejudicial del asunto C‑471/23 y la cuarta cuestión prejudicial del asunto C‑477/23, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 41 y 47 de la Carta deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una práctica nacional según la cual un operador económico que haya cometido una irregularidad, en el sentido del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013, que haya dado lugar a una corrección financiera no tiene derecho a participar en el procedimiento de determinación de esa corrección financiera ni en el procedimiento judicial dirigido a impugnarla, porque dicho operador económico dispone de una vía de recurso civil en virtud de un convenio de asociación.
71
Con carácter preliminar, procede señalar que, como se expone en el considerando 65 del Reglamento n.o 1303/2013, los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar el establecimiento y el funcionamiento adecuados de sus sistemas de gestión y control, a fin de ofrecer garantías del uso legal y regular de los Fondos EIE, y que, de conformidad con el artículo 143, apartado 1, de dicho Reglamento, los Estados miembros serán los responsables en primera instancia, en particular, de investigar las irregularidades y efectuar las correcciones financieras necesarias.
72
Al adoptar tales medidas de aplicación del Derecho de la Unión, los Estados miembros están obligados a respetar los principios generales de este Derecho y las disposiciones de la Carta [sentencia de 30 de enero de 2024, Agentsia Patna infrastruktura (Financiación europea de infraestructuras viarias), C‑471/22, EU:C:2024:99, apartado 40 y jurisprudencia citada].
73
Dado que, en este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se refiere, en particular, al artículo 41 de la Carta, relativo al derecho a una buena administración, es preciso subrayar que este artículo va dirigido a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y no a los órganos o entidades de los Estados miembros, de modo que un particular no puede invocar dicho artículo frente a las autoridades nacionales. No obstante, en la medida en que un Estado miembro aplique el Derecho de la Unión, las exigencias derivadas del principio de buena administración, como principio general del Derecho de la Unión, en particular el derecho de toda persona a que sus asuntos sean tratados imparcialmente y dentro de un plazo razonable, serán aplicables en el marco de un procedimiento tramitado por la autoridad nacional competente [sentencia de 30 de enero de 2024, Agentsia Patna infrastruktura (Financiación europea de infraestructuras viarias), C‑471/22, EU:C:2024:99, apartado 41 y jurisprudencia citada].
74
Habida cuenta que el órgano jurisdiccional remitente se refiere también al derecho a intervenir en el procedimiento, procede precisar que tal derecho, en la medida en que permite ejercer el derecho a ser oído, forma parte integrante del respeto del derecho de defensa, que es un principio general del Derecho de la Unión. El derecho a ser oído garantiza a cualquier persona la posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses, incluso cuando tal formalidad no esté prevista en la normativa aplicable. La regla según la cual debe darse la ocasión, al destinatario de una decisión lesiva, de formular sus observaciones antes de que se adopte esta tiene como finalidad que la autoridad competente pueda tener en cuenta eficazmente la totalidad de los elementos pertinentes [sentencia de 30 de enero de 2024, Agentsia Patna infrastruktura (Financiación europea de infraestructuras viarias), C‑471/22, EU:C:2024:99, apartado 42 y jurisprudencia citada].
75
Esta regla es aplicable a un procedimiento administrativo de determinación de una corrección financiera tramitado por las autoridades nacionales en razón de la comisión de una irregularidad, en el sentido del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013.
76
Por otra parte, el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 47 de la Carta consta de diversos aspectos, entre los que figuran el derecho de defensa, el principio de igualdad de armas, el derecho de acceso a los tribunales y el derecho a ser asesorado, defendido y representado [sentencia de 30 de enero de 2024, Agentsia Patna infrastruktura (Financiación europea de infraestructuras viarias), C‑471/22, EU:C:2024:99, apartado 46 y jurisprudencia citada].
77
En los presentes asuntos, como se ha señalado en el apartado 67 de la presente sentencia, y sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, en el asunto C‑471/23, la empresa municipal que supuestamente cometió la irregularidad no tenía relación contractual con la autoridad de gestión del programa operativo «Regiones en Crecimiento» 2014‑2020 y no parece ser financieramente responsable de la ejecución del proyecto en cuestión frente a dicha autoridad. Por lo que respecta al asunto C‑477/23, dicho órgano jurisdiccional no indica qué ayuntamiento de los afectados asume tal responsabilidad financiera.
78
A este respecto, procede señalar que, en la medida en que dicho órgano jurisdiccional llegue a la conclusión de que el operador económico que cometió la irregularidad no es financieramente responsable de la ejecución del proyecto de que se trate frente a la correspondiente autoridad de gestión, los principios generales del Derecho de la Unión de buena administración y de respeto del derecho de defensa y el artículo 47 de la Carta no se oponen a que dicho operador económico no tenga derecho a participar en el procedimiento de determinación de la corrección financiera ni en el procedimiento judicial dirigido a impugnarla.
79
En tal supuesto, en el que una resolución de corrección financiera no afectaría directamente a los intereses de dicho operador económico, sino a los del operador económico que es financieramente responsable de la ejecución de ese proyecto ante la correspondiente autoridad de gestión, debe reconocerse a este último el derecho a participar en el procedimiento de determinación de esa corrección financiera y en el procedimiento judicial dirigido a impugnarla.
80
En cambio, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente constate que el operador económico que cometió la irregularidad es financieramente responsable de la ejecución del proyecto de que se trate frente a la correspondiente autoridad de gestión y que, por tanto, la resolución de corrección financiera resultante de la constatación de esa irregularidad afecta directamente a los intereses de ese operador, los principios generales del Derecho de la Unión de buena administración y de respeto del derecho de defensa y el artículo 47 de la Carta se oponen a que dicho operador económico no pueda defender su punto de vista en el procedimiento de determinación de esa corrección financiera ni tener acceso a la justicia para impugnarla.
81
A este respecto, la circunstancia mencionada por el referido órgano jurisdiccional de que dicho operador económico responde en virtud de una acción civil de repetición y puede tener derechos en un procedimiento civil aparte frente al beneficiario principal en virtud de un convenio de asociación con el socio principal no resulta pertinente, puesto que tal vía de recurso de carácter civil no permite a ese operador económico impugnar la adopción de una resolución de corrección financiera que le resulta lesiva.
82
De las anteriores consideraciones se desprende que procede responder a la sexta cuestión prejudicial del asunto C‑471/23 y a la cuarta cuestión prejudicial del asunto C‑477/23 que los principios generales del Derecho de la Unión de buena administración y de respeto del derecho de defensa y el artículo 47 de la Carta deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una práctica nacional según la cual un operador económico que haya cometido una irregularidad, en el sentido del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013, que haya dado lugar a una corrección financiera no tiene derecho a participar en el procedimiento de determinación de esa corrección financiera ni en el procedimiento judicial dirigido a impugnarla, porque dicho operador económico dispone de una vía de recurso civil en virtud de un convenio de asociación, en la medida en que dicho operador económico sea financieramente responsable de la ejecución del proyecto de que se trate frente a la correspondiente autoridad de gestión.
Costas
83
Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
1)
El artículo 2, punto 10, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
debe interpretarse en el sentido de que
pueden estar comprendidos en el concepto de «beneficiario», a efectos de dicha disposición, un organismo responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones de que se trate, pero que no reciba una ayuda de Estado contemplada en dicho artículo 2, punto 10, letra a), y un organismo que no haya firmado un contrato administrativo de subvención como organismo «principal».
2)
El artículo 2, puntos 36 y 37, del Reglamento n.o 1303/2013, en su versión modificada por el Reglamento 2018/1046,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional según la cual una resolución de corrección financiera por infracción de las normas de contratación pública puede dirigirse a un operador económico distinto del que cometió dicha infracción ni a que la responsabilidad de esa corrección financiera sea solidaria, pueda repartirse contractualmente entre ese operador económico y el que cometió dicha infracción o sea asumida por este último, siempre que los operadores económicos financieramente responsables estén en condiciones de saber que, en caso de irregularidad en la ejecución del proyecto de que se trate, serán responsables de dicha corrección financiera ante la correspondiente autoridad de gestión.
3)
Los principios generales del Derecho de la Unión de buena administración y de respeto del derecho de defensa y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a una práctica nacional según la cual un operador económico que haya cometido una irregularidad, en el sentido del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013, en su versión modificada por el Reglamento 2018/1046, que haya dado lugar a una corrección financiera no tiene derecho a participar en el procedimiento de determinación de esa corrección financiera ni en el procedimiento judicial dirigido a impugnarla, porque dicho operador económico dispone de una vía de recurso civil en virtud de un convenio de asociación, en la medida en que dicho operador económico sea financieramente responsable de la ejecución del proyecto de que se trate frente a la correspondiente autoridad de gestión.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: búlgaro.