Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 26 de febrero de 2026 (*)
Índice
I.
Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
1.
Directiva autorización
2.
Directiva Marco
3.
Directiva competencia
4.
Directiva 2018/1972
B.
Derecho húngaro
II.
Hechos que dieron lugar al recurso por incumplimiento
III.
Procedimiento administrativo previo y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
IV.
Sobre el recurso
A.
Sobre la aplicabilidad del Derecho de la Unión
1.
Sobre la aplicabilidad del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas y de la Carta
a)
Alegaciones de las partes
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
1)
Sobre el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas
2)
Sobre la Carta
2.
Sobre la aplicabilidad ratione temporis de la Directiva 2018/1972
a)
Alegaciones de las partes
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
B.
Sobre la admisibilidad
1.
Sobre la admisibilidad de las imputaciones formuladas contra las resoluciones impugnadas
a)
Alegaciones de las partes
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
2.
Sobre la admisibilidad de la imputación basada en la vulneración del principio de cooperación leal
C.
Sobre el fondo
1.
Sobre las imputaciones relativas al artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación y a la resolución denegatoria
a)
Sobre la imputación basada en la vulneración del principio de proporcionalidad
1)
Alegaciones de las partes
2)
Apreciación del Tribunal de Justicia
i)
Sobre la aplicabilidad del artículo 10 de la Directiva autorización
ii)
Sobre el alcance del artículo 48, apartado 7, letra a), de la Ley de Medios de Comunicación
iii)
Sobre la vulneración del principio de proporcionalidad por el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación
b)
Sobre la imputación basada en la vulneración del principio de no discriminación
1)
Alegaciones de las partes
2)
Apreciación del Tribunal de Justicia
c)
Sobre la imputación basada en la falta de adopción a su debido tiempo de la resolución denegatoria
1)
Alegaciones de las partes
2)
Apreciación del Tribunal de Justicia
d)
Conclusión
2.
Sobre las imputaciones relativas a la licitación controvertida y a la resolución de nulidad
a)
Sobre las imputaciones basadas en la vulneración de los principios de transparencia y proporcionalidad
1)
Alegaciones de las partes
2)
Apreciación del Tribunal de Justicia
i)
Sobre los motivos de nulidad relativos a los programas «Reggeli Gyors ismétlés» y «Kovátsműhely»
ii)
Sobre el motivo de nulidad relativo al plan empresarial y financiero de Klubrádió
b)
Sobre la imputación basada en la falta de adopción a su debido tiempo de la resolución de nulidad
1)
Alegaciones de las partes
2)
Apreciación del Tribunal de Justicia
c)
Conclusión
3.
Sobre las imputaciones relativas al artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación
a)
Alegaciones de las partes
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
1)
Sobre la imputación basada en la vulneración del principio de no discriminación
2)
Sobre la imputación basada en la vulneración del principio de proporcionalidad
3)
Sobre la imputación basada en el incumplimiento de la obligación de velar por una gestión eficaz del espectro radioeléctrico
4)
Conclusión
4.
Sobre las imputaciones basadas en la infracción del artículo 11 de la Carta
a)
Alegaciones de las partes
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
Costas
« Incumplimiento de Estado — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Espectro radioeléctrico — Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/77/CE y (UE) 2018/1972 — Derechos individuales de uso — Legislación y resoluciones administrativas nacionales por las que se priva a una radio comercial de la posibilidad de difundir contenido en una radiofrecuencia FM terrestre analógica — Principios de proporcionalidad, de transparencia, de no discriminación y de buena administración — Artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Libertad de expresión y de información — Libertad de los medios de comunicación »
En el asunto C‑92/23,
que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 17 de febrero de 2023,
Comisión Europea, representada por el Sr. A. de Gregorio Merino, la Sra. U. Małecka y los Sres. L. Malferrari y A. Tokár, en calidad de agentes,
parte demandante,
apoyada por
Reino de Bélgica, representado inicialmente por las Sras. C. Jacob, M. Jacobs, C. Pochet, L. Van den Broeck y M. Van Regemorter, y posteriormente por las Sras. C. Jacob, M. Jacobs, C. Pochet y M. Van Regemorter, en calidad de agentes,
Reino de Dinamarca, representado inicialmente por las Sras. D. Elkan, J. F. Kronborg y C. A.‑S. Maertens, posteriormente por las Sras. D. Elkan y C. A.‑S. Maertens y finalmente por las Sras. C. A-S. Maertens y J. Sandvik Loft, en calidad de agentes,
Reino de los Países Bajos, representado por las Sras. M. K. Bulterman y C. S. Schillemans, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes,
contra
Hungría, representada por los Sres. M. Z. Fehér y G. Koós, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. G. Trinn, ügyvéd,
parte demandada,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente, la Sra. K. Jürimäe, el Sr. C. Lycourgos y la Sra. M. L. Arastey Sahún (Ponente), Presidentes de Sala, y los Sres. S. Rodin, E. Regan, N. Piçarra, D. Gratsias, M. Gavalec, S. Gervasoni y N. Fenger y la Sra. R. Frendo, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretario: Sr. I. Illéssy, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 2 de diciembre de 2024;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de abril de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que Hungría:
–        ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5, 7 y 10 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO 2002, L 108, p. 21), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 37) (en lo sucesivo, «Directiva autorización»); del artículo 4, punto 2, de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO 2002, L 249, p. 21) (en lo sucesivo, «Directiva competencia»); del artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO 2002, L 108, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2009/140 (en lo sucesivo, «Directiva marco»); de los principios de proporcionalidad, no discriminación y cooperación leal, y del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»):
–        al haber adoptado el Médiatanács (Consejo de Medios de Comunicación, Hungría), el 8 de septiembre de 2020, la resolución 830/2020 (IX. 8), por la que este denegó a Klubrádió la renovación de sus derechos de uso del espectro radioeléctrico;
–        al haber adoptado el artículo 48, apartado 7, de la a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény [Ley n.º CLXXXV de 2010 sobre los servicios de medios de comunicación y los medios de comunicación de masas (Magyar Közlöny 2010/202.; en lo sucesivo, «Ley de Medios de Comunicación»)], el cual, en caso de infracción reiterada, excluye automáticamente la renovación de los derechos de uso del espectro radioeléctrico relativos a la radiodifusión, aun cuando la infracción no haya sido significativamente grave y tenga carácter meramente formal, y
–        al impedir de este modo desproporcionado y discriminatorio a Klubrádió continuar con su actividad en el ámbito de la radiodifusión;
–        ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 8 y 9 de la Directiva marco, del artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización y del principio de buena administración:
–        al no haber adoptado, dentro del plazo de seis semanas señalado en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización, una resolución acerca de la solicitud de Klubrádió de renovación de sus derechos de uso del espectro radioeléctrico, y
–        al no haber organizado un procedimiento para la atribución de la radiofrecuencia utilizada previamente por Klubrádió con tiempo suficiente para permitir la adopción de una resolución antes de la expiración de los derechos de uso Klubrádió;
–        ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva autorización; del artículo 45 de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas (DO 2018, L 321, p. 36), y del artículo 11 de la Carta, al haber publicado el Consejo de Medios de Comunicación una convocatoria de licitación relativa al uso de la posibilidad de prestar servicios de medios de comunicación en la frecuencia 92.9 MHz el 4 de noviembre de 2020 y adoptado la resolución n.º 180/2021 (III. 10), el 10 de marzo de 2021, en las cuales dicho Consejo supeditó la atribución de los derechos de uso del espectro radioeléctrico a condiciones desproporcionadas, no fijó de antemano los criterios de atribución de los derechos de uso de dicho espectro, no previó ningún margen de apreciación que permitiera evaluar la gravedad y la pertinencia de los errores de que pudieran adolecer los expedientes presentados por los candidatos y que pudieran dar lugar a la exclusión de estos, e ignoró la importancia menor de los errores, y
–        ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972 y de los principios de proporcionalidad y no discriminación al haber adoptado el artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación, que excluye la posibilidad de solicitar derechos de uso temporales en caso de que no se hayan renovado previamente los derechos de uso de un prestador de servicios de medios de comunicación, mientras que ofrece esta posibilidad a los prestadores que ya hayan renovado una vez su derecho de uso, sin justificar esta diferencia de trato, dándose la circunstancia de que los motivos que excluyen la renovación no impiden la atribución de un nuevo derecho de uso.
I.      Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
2        El marco regulador común de los servicios de comunicaciones electrónicas, de las redes de comunicaciones electrónicas y de los recursos y servicios asociados, en vigor hasta el 21 de diciembre de 2020, estaba compuesto por la Directiva marco, así como por las cuatro directivas específicas que la acompañan, entre ellas la Directiva autorización, que se completaron con la Directiva competencia. Las Directivas marco y autorización fueron derogadas por la Directiva 2018/1972 (en lo sucesivo, conjuntamente con la Directiva competencia, «marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas»).
1.      Directiva autorización
3        El artículo 5 de la Directiva autorización establecía:
«[…]
2.      Cuando resulte necesario otorgar derechos de uso de radiofrecuencias y números, los Estados miembros otorgarán tales derechos, previa solicitud, a cualquier empresa para la prestación de redes o servicios al amparo de la autorización general contemplada por el artículo 3, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 y en el artículo 11, apartado 1, letra c), de la presente Directiva, y a las demás normas que garanticen el uso eficiente de estos recursos de conformidad con la Directiva [2002/21].
Sin perjuicio de los criterios específicos y de los procedimientos adoptados por los Estados miembros para otorgar derechos de uso de radiofrecuencias a los proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos para perseguir objetivos de interés general de conformidad con la legislación comunitaria, los derechos de uso de radiofrecuencias y los números se otorgarán mediante procedimientos abiertos, objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados y, en el caso de las radiofrecuencias, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la [Directiva 2002/21]. Podrá establecerse una excepción con respecto al requisito de procedimiento abierto en aquellos casos en que sea necesaria la concesión de derechos individuales de utilización de radiofrecuencias a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos para lograr un objetivo de interés general, establecido por los Estados miembros de conformidad con el Derecho comunitario.
[…]
3.      Las decisiones relativas a la concesión de derechos de uso se adoptarán, comunicarán y harán públicas lo antes posible tras la recepción de la solicitud completa por la autoridad nacional de reglamentación, en el plazo de tres semanas en el caso de los números que se hayan otorgado por motivos específicos en el plan nacional de numeración y en el plazo de seis semanas en el caso de las radiofrecuencias atribuidas que deban utilizarse para los servicios de comunicaciones electrónicas en el plan nacional de frecuencias. Este último plazo no afectará a ningún acuerdo internacional que sea de aplicación relativo al uso de radiofrecuencias o posiciones orbitales.
[…]»
4        El artículo 7 de la Directiva autorización tenía el siguiente tenor:
«[…]
3.      Cuando sea preciso limitar el otorgamiento de derechos de uso de radiofrecuencias, los Estados miembros otorgarán tales derechos sobre la base de unos criterios de selección que deberán ser objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados. Todo criterios de selección deberá tener debidamente en cuenta la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 8 de la Directiva [2002/21] y de los requisitos del artículo 9 de esa Directiva.
4.      Cuando vayan a utilizarse procedimientos de selección competitiva o comparativa, los Estados miembros podrán prolongar el plazo máximo de seis semanas a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 por el tiempo necesario para garantizar que tales procedimientos sean equitativos, razonables, abiertos y transparentes para todas las partes interesadas, pero sin que exceda de ocho meses.
[…]»
5        El artículo 10 de la Directiva autorización disponía:
«1.      Las autoridades nacionales de reglamentación seguirán y supervisarán el cumplimiento de las condiciones de la autorización general o los derechos de uso, o de las obligaciones específicas a que hace mención el artículo 6, apartado 2, de conformidad con el artículo 11.
[…]
3.      La autoridad correspondiente estará facultada para exigir el cese de la infracción mencionada en el apartado 2, bien inmediatamente, bien dentro de un plazo razonable, y adoptará medidas adecuadas y proporcionadas encaminadas a garantizar el cumplimiento.
[…]
5.      En caso de incumplimiento grave y reiterado de las condiciones de la autorización general, de los derechos de uso o de obligaciones específicas a que hace mención el artículo 6, apartado 2, y cuando hayan fracasado las medidas destinadas a garantizar el cumplimiento mencionadas en el apartado 3 del presente artículo, las autoridades nacionales de reglamentación podrán impedir que una empresa siga suministrando redes o servicios de comunicaciones electrónicas o suspender o retirarle sus derechos de uso. Podrán aplicarse sanciones y multas que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias referidas al período de infracción, incluso si se ha corregido posteriormente la infracción.
[…]»
2.      Directiva Marco
6        A tenor del considerando 5 de la Directiva marco:
«La convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información supone que todos los servicios y las redes de transmisión deben estar sometidos a un único marco regulador. Dicho marco regulador se compone de la presente Directiva y de cuatro Directivas específicas: Directiva [2002/20], Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) [(DO 2002, L 108, p. 7)], Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) [(DO 2002, L 108, p. 7)], Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones electrónicas [(DO 1998, L 24, p. 1)] (en lo sucesivo denominadas las directivas específicas). Es necesario separar la regulación de la transmisión de la regulación de los contenidos. Por consiguiente, este marco no cubre el contenido de los servicios prestados a través de las redes de comunicaciones electrónicas utilizando servicios de comunicaciones electrónicas, tales como los contenidos de radiodifusión, los servicios financieros y determinados servicios de la sociedad de la información y, por tanto, se entiende sin perjuicio de las medidas adoptadas a nivel comunitario o nacional en relación con dichos servicios, de conformidad con lo dispuesto en el Derecho comunitario, con el fin de promover la diversidad cultural y lingüística y garantizar la defensa del pluralismo de los medios de comunicación. Los contenidos de los programas de televisión están cubiertos por la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva [(DO 1989, L 298, p. 23)]. La separación entre la regulación de la transmisión y la regulación de los contenidos no es óbice para tener en cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular, con el fin de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los consumidores.»
7        El artículo 1 de la Directiva marco establecía:
«1.      La presente Directiva establece un marco armonizado para la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, las redes de comunicaciones electrónicas, los recursos y servicios asociados y algunos aspectos de los equipos terminales, destinados a facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad. Fija las misiones de las autoridades nacionales de reglamentación e instaura una serie de procedimientos para garantizar la aplicación armonizada del marco regulador en toda la Comunidad.
2.      La presente Directiva, así como las directivas específicas, se entenderán sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la legislación nacional de conformidad con la legislación comunitaria o por la legislación comunitaria en relación con los servicios prestados mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
3.      Ni la presente Directiva ni las directivas específicas afectarán a las medidas adoptadas a escala comunitaria o nacional, en cumplimiento del Derecho comunitario, destinadas a fomentar objetivos de interés general, en particular, en lo que respecta a la normativa sobre contenidos y a la política audiovisual.
[…]»
8        El artículo 2 de dicha Directiva disponía:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a)      “red de comunicaciones electrónicas”: los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos, incluidos los elementos de red que no son activos, que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluido Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada;
[…]
c)      servicio de comunicaciones electrónicas: el prestado por lo general a cambio de una remuneración que consiste, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones y servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión, pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos; quedan excluidos asimismo los servicios de la sociedad de la información definidos en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO 1998, L 204, p. 37), en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998 (DO 1998, L 217, p. 18),] que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas;
[…]»
9        El artículo 8 de la Directiva marco tenía el siguiente tenor:
«1.      Los Estados miembros velarán por que, al desempeñar las funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva y en las directivas específicas, las autoridades nacionales de reglamentación adopten todas las medidas razonables que estén encaminadas a la consecución de los objetivos enumerados en los apartados 2, 3 y 4. Estas medidas deberán guardar proporción con dichos objetivos.
[…]
Las autoridades nacionales de reglamentación podrán contribuir, dentro del ámbito de sus competencias, a la aplicación de políticas destinadas a la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación.
2.      Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán la competencia en el suministro de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados, entre otras cosas:
a)      velando por que los usuarios, incluidos aquellos con discapacidad, los de la tercera edad y los que tienen necesidades sociales especiales, obtengan el máximo beneficio en cuanto a posibilidades de elección, precio y calidad;
[…]
d)      promoviendo un uso eficiente y velando por una gestión eficaz de las radiofrecuencias y de los recursos de numeración.
[…]»
10      A tenor del artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva:
«Habida cuenta de que las radiofrecuencias son un bien público que tiene un valor social, cultural y económico importante, los Estados miembros velarán por la gestión eficaz de las radiofrecuencias para los servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio con arreglo a los artículos 8 y 8 bis. Velarán asimismo por que la atribución de frecuencias utilizadas para los servicios de comunicaciones electrónicas y la concesión de autorizaciones generales o derechos individuales de uso de estas radiofrecuencias por las autoridades nacionales competentes se basen en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.
[…]»
3.      Directiva competencia
11      El artículo 4 de la Directiva competencia establece:
«Sin perjuicio de los criterios y procedimientos específicos adoptados por los Estados miembros para conceder derechos de uso de radiofrecuencias a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos para perseguir objetivos de interés general de conformidad con el derecho comunitario:
1)      Los Estados miembros no concederán derechos exclusivos o especiales de uso de radiofrecuencias para el suministro de servicios de comunicaciones electrónicas.
2)      La atribución de radiofrecuencias para servicios específicos de comunicaciones se basará en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales.»
4.      Directiva 2018/1972
12      A tenor del considerando 1 de la Directiva 2018/1972:
«Las Directivas [2002/20 y 2002/21] han sido modificadas de forma sustancial. Con motivo de nuevas modificaciones, conviene, en aras de la claridad, proceder a la refundición de las citadas Directivas.»
13      El artículo 2, punto 4, de la Directiva 2018/1972 tiene el siguiente tenor:
«A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
4)      “servicio de comunicaciones electrónicas”: el prestado por lo general a cambio de una remuneración a través de redes de comunicaciones electrónicas, que incluye, con la excepción de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos, los siguientes tipos de servicios:
a)      el “servicio de acceso a internet” […]
b)      el “servicio de comunicaciones interpersonales”, y
c)      servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales, como son los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina y para la radiodifusión».
14      El artículo 45 de dicha Directiva establece:
«1.      Habida cuenta de que el espectro radioeléctrico es un bien público que tiene un valor social, cultural y económico importante, los Estados miembros velarán por la gestión eficaz de del espectro radioeléctrico para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4. Velarán asimismo por que la atribución de derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, la concesión de autorizaciones generales en la materia y la concesión de esos derechos por las autoridades competentes se basen en criterios objetivos, transparentes, favorables para la competencia, no discriminatorios y proporcionados.
[…]
2.      Los Estados miembros fomentarán la armonización del uso del espectro radioeléctrico por las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en toda la Unión [Europea], atendiendo siempre a la necesidad de garantizar un uso efectivo y eficiente del mismo, y a los beneficios para los consumidores, como la competencia, las economías de escala y la interoperabilidad de los servicios y redes. En esa labor, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Directiva y en la Decisión n.º 676/2002/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (DO 2002, L 108, p. 1),] para, entre otras cosas:
[…]
c)      garantizar la previsibilidad y coherencia en la concesión, renovación, modificación, restricción o supresión de los derechos de utilización del espectro radioeléctrico con miras a promover inversiones a largo plazo;
[…]
g)      aplicar normas para la concesión, cesión, renovación, modificación y supresión de derechos de uso del espectro radioeléctrico que estén definidas de forma clara y transparente de forma que se asegure la certidumbre, coherencia y previsibilidad;
[…]».
15      El artículo 48, apartado 3, de la citada Directiva dispone:
«Podrá establecerse una excepción con respecto al requisito de procedimiento abierto en aquellos casos en que sea necesaria la concesión de derechos individuales de utilización del espectro radioeléctrico a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos para lograr un objetivo de interés general, definido por los Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión.»
16      El artículo 124, apartado 1, párrafo primero, de la misma Directiva tiene el siguiente tenor:
«Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 21 de diciembre de 2020, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.»
17      A tenor del artículo 125 de la Directiva 2018/1972:
«Las Directivas [2002/20 y 2002/21], enumeradas en el anexo XII, parte A, quedan derogadas con efectos a partir del 21 de diciembre de 2020, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y de las fechas de aplicación de las Directivas que figuran en el anexo XII, parte B.
[…]
Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán según la tabla de correspondencias que figura en el anexo XIII.»
B.      Derecho húngaro
18      El artículo 22, apartado 8, de la Ley de Medios de Comunicación, en su versión aplicable en la fecha de adopción de las resoluciones n.os 354/2017 (IV. 19.) (en lo sucesivo, «resolución n.º 354/2017») y 1224/2017 (XI. 14.) (en lo sucesivo, «resolución n.º 1224/2017») del Consejo de Medios de Comunicación, disponía lo siguiente:
«Los prestadores de servicios de medios de comunicación deberán facilitar mensualmente al Consejo de Medios de Comunicación datos que permitan controlar el cumplimiento de las cuotas de difusión. […]»
19      El artículo 22, apartado 8, de la Ley de Medios de Comunicación, en su versión actualmente en vigor, prevé:
«Corresponderá cada mes, a más tardar el último día del mes siguiente al mes en cuestión, para los prestadores de servicios de medios de comunicación lineales, y a más tardar el 31 de enero del año siguiente al año de referencia para los prestadores de servicios de medios de comunicación a la carta, facilitar al Consejo de Medios de Comunicación datos que permitan controlar el cumplimiento de las cuotas de difusión. […]»
20      El artículo 48 de dicha Ley tiene el siguiente tenor:
«1.      Salvo disposición en contrario de la presente Ley, podrá prestarse un servicio de medios de comunicación lineal analógico utilizando recursos limitados del Estado sobre la base de un contrato administrativo concedido en el marco de una licitación convocada y organizada por el Consejo de Medios de Comunicación.
[…]
5.      El derecho a prestar servicios de medios de comunicación lineales analógicos utilizando recursos limitados del Estado será válido durante un período máximo de diez años en el caso de la radiodifusión y de diez años en el caso de los servicios de comunicación audiovisual; cuando expire dicho período, el derecho podrá renovarse una vez sin licitación, a iniciativa del prestador de servicios de medios de comunicación, durante un período máximo de siete años, entendiéndose que los contratos de prestación de servicios de comunicación audiovisual expiran en la fecha prevista en el artículo 38, apartado 1, de la a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény [(Ley n.º LXXIV de 2007, sobre normas de radiodifusión y digitalización) (Magyar Közlöny 2007/80.)].
[…] La iniciativa de renovación deberá notificarse al Consejo de Medios de Comunicación catorce meses antes de la fecha de expiración. En caso de incumplimiento de dicho plazo, no se concederá la renovación. En el marco del ejercicio de los derechos de propiedad en nombre del Estado, el Consejo de Medios de Comunicación informará al prestador de servicios de medios de comunicación de la renovación del derecho en cuestión, o del hecho de que no tiene intención de renovarlo, como muy pronto seis meses y a más tardar cuatro meses antes de la expiración de los derechos. El prestador de servicios de medios de comunicación no podrá aspirar a la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación, y la iniciativa de renovación no obligará en modo alguno al Consejo de Medios de Comunicación a celebrar un contrato.
[…]
7.      El derecho no podrá renovarse si
a)      mediante resolución firme del Consejo de Medios de Comunicación, el prestador de servicios de medios de comunicación ha sido declarado culpable de incumplimientos reiterados o graves del contrato o de infracciones reiteradas o graves de la a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény [(Ley n.º CIV de 2010 sobre la libertad de prensa y las normas fundamentales de los contenidos mediáticos) (Magyar Közlöny 2010/170.; en lo sucesivo, “Ley sobre la Libertad de Prensa”)] o de la presente Ley, o
b)      en el momento de la presentación o del examen de la iniciativa, el prestador de servicios de medios de comunicación tiene tasas por los servicios de medios de comunicación pendientes de pago.
[…]»
21      El artículo 55, apartado 1, de la Ley de Medios de Comunicación dispone:
«Podrá participar en el procedimiento de licitación cualquier empresa
a)      que no esté sujeta a una deuda aduanera o en concepto de cotizaciones a la seguridad social vencida en más de sesenta días, a una deuda tributaria vencida que figure en los registros de la Administración tributaria central o a una obligación de pago vencida frente a un fondo estatal especializado, a menos que el acreedor haya concedido por escrito un aplazamiento del pago;
b)      que no sea objeto de un procedimiento de insolvencia, de liquidación por suspensión de pagos o de liquidación voluntaria, o de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto su disolución, y
c)      que no haya sido objeto, en los cinco años anteriores a la publicación de la licitación,
ca)      de ninguna resolución administrativa firme por la que se declare la existencia de una infracción grave que se refleje en el incumplimiento del contrato administrativo, o
cb)      de ninguna rescisión de su contrato administrativo por parte del Consejo de Medios de Comunicación,
d)      que no tenga ninguna deuda vencida con el Consejo de Medios de Comunicación.»
22      El artículo 59 de dicha Ley establece:
«1.      Al examinar la validez material de la oferta, el Consejo de Medios de Comunicación evaluará la oferta presentada por el candidato inscrito en la licitación en su conjunto y en lo que respecta a cada uno de sus elementos y examinará su fundamento.
[…]
3.      La oferta adolecerá de nulidad material
[…]
c)      cuando, por carecer de fundamento, la oferta no sea apta para alcanzar los objetivos definidos en la presente Ley o en la licitación, o
[…]».
23      A tenor del artículo 63 de la citada Ley:
«1.      En el momento en que la decisión a que se refiere el artículo 62, apartado 1, letra b), se notifique al candidato declarado adjudicatario, el Consejo de Medios de Comunicación iniciará de oficio un procedimiento administrativo con vistas a la celebración de un contrato administrativo con él. El plazo de tramitación de dicho procedimiento administrativo es de cuarenta y cinco días.
[…]
12.      El prestador de servicios de medios de comunicación tiene el derecho y la obligación de transmitir programas de conformidad con los términos del contrato administrativo, utilizando su propia red, su propio equipo y sus propias instalaciones o recurriendo a los servicios (de radiodifusión) de un prestador de servicios de comunicaciones electrónicas. La autorización para prestar servicios de telecomunicaciones no será necesaria para las actividades de radiodifusión y distribución realizadas por el prestador de servicios de medios de comunicación utilizando sus propios equipos, sin perjuicio de las autorizaciones que deban obtenerse en virtud de otras disposiciones legales o reglamentarias.
[…]»
24      El artículo 65 de la Ley de Medios de Comunicación establece:
«1.      Previa solicitud, el Consejo de Medios de Comunicación podrá, teniendo en cuenta consideraciones relativas al mercado y a la política de los medios de comunicación, celebrar un contrato administrativo temporal de hasta 180 días para la explotación de una posibilidad de prestación de servicios de medios de comunicación:
[…]
c)      con respecto a la cual [la Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Autoridad Nacional de Comunicaciones y de Medios de Comunicación, Hungría) (en lo sucesivo, “NMHH”)] demuestre que es posible prestar servicios de medios de comunicación sin causar interferencias a terceros y sin infringir las normas internacionales.
[…]
11.      Si el derecho a prestar servicios de comunicación radiofónicos lineales expira tras haber sido renovado una vez por el Consejo de Medios de Comunicación, y ya se ha iniciado el procedimiento de licitación relativo a la posibilidad de prestar servicios de comunicación, el Consejo de Medios de Comunicación podrá, incluso de forma reiterada, celebrar con el prestador de servicios de medios de comunicación que anteriormente ostentaba el derecho, y a petición de este, un contrato administrativo temporal de una duración máxima de sesenta días. Sobre la base del presente apartado, el contrato administrativo temporal solo podrá celebrarse una vez concluido el procedimiento de licitación o, si el acto por el que se pone fin al procedimiento de licitación ha sido objeto de un recurso administrativo, cuando se resuelva definitivamente el asunto. El contrato administrativo temporal finalizará en la fecha de celebración del contrato administrativo con el candidato seleccionado.
[…]»
25      El artículo 66, apartado 4, de esta Ley dispone:
«El servicio comunitario de medios de comunicación lineal:
[…]
g)      presentará programas que respondan a los objetivos de servicio público contemplados en el artículo 83 durante más de dos tercios de su tiempo de difusión semanal, incluidos programas de información sobre la comunidad destinataria, programas de información política, programas culturales y otros contenidos similares que no estén destinados principalmente a una comunidad determinada;
h)      dedicará, cuando se trata de un servicio de medios de comunicación radiofónicos, al menos el cincuenta por ciento de su tiempo de emisión anual destinado a programas musicales a la presentación de programas musicales húngaros.»
26      El artículo 185 de la citada Ley tiene el siguiente tenor:
«1.      El Consejo de Medios de Comunicación o la Oficina [de la NMHH (en lo sucesivo, “Oficina”)] podrán aplicar consecuencias jurídicas a los infractores de las normas relativas a la administración de los medios de comunicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186 a 189.
2.      Al aplicar las consecuencias jurídicas, el Consejo de Medios de Comunicación y la Oficina actuarán de conformidad con el principio de igualdad de trato, teniendo en cuenta los principios de progresividad y proporcionalidad; aplicarán el principio de progresividad en función de la gravedad y del carácter reiterado de la infracción e impondrán una consecuencia jurídica que sea proporcionada habida cuenta del conjunto de circunstancias particulares y del objetivo perseguido por dicha consecuencia.
[…]»
27      El artículo 187 de la misma Ley establece:
«1.      En caso de infracción reiterada, el Consejo de Medios de Comunicación y la Oficina impondrán una multa de hasta 2 000 000 [forintos húngaros (HUF) (aproximadamente 5 240 euros)] al responsable de la entidad infractora, en función de la gravedad y de la naturaleza de la infracción y de las particularidades del caso concreto.
2.      El Consejo de Medios de Comunicación y la Oficina determinarán las consecuencias jurídicas teniendo en cuenta, además de los criterios de evaluación previstos en la a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény [(Ley n.º CXXV de 2017 sobre las sanciones aplicables en caso de infracciones administrativas) (Magyar Közlöny 2017/171.)], y según la naturaleza, la gravedad y la continuidad de la infracción, el perjuicio a los intereses y derechos de la personalidad resultantes de la infracción, así como su incidencia en el mercado.
[…]
5.      A efectos de los apartados 1 a 4, una infracción se considerará reiterada cuando el infractor reproduzca, en un plazo de 365 días, el mismo comportamiento ilícito —comprendido en la misma base jurídica, en la misma disposición jurídica y en el mismo ámbito— que el declarado mediante resolución administrativa firme, con excepción de las infracciones leves. En caso de infracción de lo dispuesto en los artículos 20 y 21, en el artículo 22, apartado 2, en el artículo 22, apartado 3, en el artículo 22, apartado 5, y en el artículo 22, apartado 6, una infracción se considerará reiterada cuando el infractor reproduzca, en un plazo de tres años, el mismo comportamiento ilícito —comprendido en la misma base jurídica, en la misma disposición jurídica y en el mismo ámbito— que el declarado mediante resolución administrativa firme, con excepción de las infracciones leves.
[…]»
28      El artículo 187, apartado 4, de la Ley de Medios de Comunicación, en su versión aplicable en la fecha de adopción de las resoluciones n.os 354/2017 y 1224/2017, disponía lo siguiente:
«A efectos de lo dispuesto en los apartados 1 a 3, una infracción se considerará reiterada cuando el infractor reproduzca, en un plazo de 365 días, el mismo comportamiento ilícito —comprendido en la misma base jurídica, en la misma disposición jurídica y en el mismo ámbito— que el declarado mediante resolución administrativa firme, con excepción de las infracciones leves. En caso de infracción de lo dispuesto en los artículos 20, 21, 22, apartados 2, 3, 5 y 6, una infracción se considerará reiterada cuando el infractor reproduzca, en un plazo de tres años, el mismo comportamiento ilícito —comprendido en la misma base jurídica, en la misma disposición jurídica y en el mismo ámbito— que el declarado mediante resolución administrativa firme.»
II.    Hechos que dieron lugar al recurso por incumplimiento
29      Klubrádió es una radio comercial húngara que, desde 1999, emitía sus programas en la frecuencia 95.3 MHz en la zona de difusión de Budapest (Hungría).
30      El 13 de febrero de 2014, el Consejo de Medios de Comunicación y Klubrádió resolvieron el contrato de radiodifusión relativo a dicha frecuencia y celebraron un contrato relativo al derecho a prestar servicios de medios de comunicación en la frecuencia 92.9 MHz, en la zona de difusión de Budapest (en lo sucesivo, «frecuencia 92.9 MHz»), para el período comprendido entre el 14 de febrero de 2014 y el 14 de febrero de 2021 (en lo sucesivo, «contrato de radiodifusión de Klubrádió»). Este último contrato era renovable por un período de cinco años.
31      El 8 de noviembre de 2019, Klubrádió solicitó su renovación en virtud del artículo 48, apartado 5, de la Ley de Medios de Comunicación.
32      Mediante la resolución n.º 830/2020 (IX. 8), de 8 de septiembre de 2020, el Consejo de Medios de Comunicación denegó dicha solicitud (en lo sucesivo, «resolución denegatoria»).
33      El Consejo de Medios de Comunicación se basó en el hecho de que, en su resolución n.º 1224/2017, había declarado que Klubrádió había incumplido la obligación de facilitar información mensual sobre las cuotas de difusión, prevista en el artículo 22, apartado 8, de la Ley de Medios de Comunicación (en lo sucesivo, «obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión»), que dicha infracción no era leve y que, con arreglo al artículo 187, apartado 4, de dicha Ley, en su versión aplicable en la fecha de la citada resolución, se trataba de una infracción reiterada, puesto que dicha emisora de radio ya había incumplido esta obligación en un plazo de 365 días, como ya había constatado el Consejo de Medios de Comunicación en su resolución n.º 354/2017. De este modo, el Consejo de Medios de Comunicación concluyó que, de conformidad con el artículo 48, apartado 7, de dicha Ley, el contrato de radiodifusión de Klubrádió no podía renovarse.
34      El 4 de noviembre de 2020, el Consejo de Medios de Comunicación publicó una convocatoria de licitación relativa al uso de la posibilidad de prestar servicios de medios de comunicación en la frecuencia 92.9 MHz (en lo sucesivo, «licitación controvertida»). Klubrádió y otros dos prestadores de servicios de medios de comunicación, a saber, Közösségi Rádiózásért Egyesület y LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft., presentaron su candidatura a dicha licitación.
35      Mediante dos resoluciones de 22 de diciembre de 2020, el Consejo de Medios de Comunicación declaró que las candidaturas presentadas por estos dos últimos prestadores adolecían de nulidad formal.
36      Además, mediante la resolución n.º 180/2021 (III. 10.), de 10 de marzo de 2021, el Consejo de Medios de Comunicación declaró que la candidatura de Klubrádió adolecía de nulidad material y, en consecuencia, declaró infructuosa la licitación controvertida (en lo sucesivo, «resolución de nulidad»).
37      Esta resolución se basaba en tres motivos, a saber, en primer lugar, la falta de descripción, en el punto III.3 del formulario, presentado por Klubrádió en su oferta, de un programa incluido en la parrilla de programación semanal que figura en el punto III.2 de dicho formulario; en segundo lugar, la existencia, en relación con otro programa, de una diferencia de cinco minutos entre la duración indicada en el punto III.2 de dicho formulario y la mencionada en el punto III.3 del mismo formulario, y, en tercer lugar, la existencia de fondos propios negativos en las cuentas de esta última durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de su candidatura y la imposibilidad de que dicha emisora de radio cubriera sus gastos únicamente con su volumen de negocios neto.
38      Según el Consejo de Medios de Comunicación, con arreglo a la Ley de Medios de Comunicación y a las normas de la licitación controvertida, los defectos en la parrilla de programación no podían subsanarse después de la fecha de presentación de dicha candidatura. Por lo que respecta a la existencia de fondos propios negativos, a su juicio, tal circunstancia no permite alcanzar el objetivo contemplado en el punto 1.2 de la licitación controvertida, a saber, garantizar la presencia en el mercado de los medios de comunicación de una emisora de radio estable y previsible en cuanto a su funcionamiento.
39      El 30 de marzo de 2021, el Consejo de Medios de Comunicación y Közösségi Rádiózásért Egyesület celebraron, en virtud del artículo 65 de la Ley de Medios de Comunicación, un contrato administrativo temporal para la explotación de la frecuencia 92.9 MHz durante el período comprendido entre el 3 de mayo y el 29 de octubre de 2021.
40      Tanto la resolución denegatoria como la resolución de nulidad (en lo sucesivo, conjuntamente, «resoluciones controvertidas») fueron impugnadas judicialmente por Klubrádió. Cada una de estas resoluciones fue confirmada, en primer lugar, por la Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría) y, posteriormente, por la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría). Por otra parte, Klubrádió propuso una excepción de inconstitucionalidad ante el Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional, Hungría), el cual la desestimó.
III. Procedimiento administrativo previo y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
41      El 22 de octubre de 2020, la Comisión envió un escrito a las autoridades húngaras en el que solicitaba aclaraciones sobre los motivos en los que se basaba la resolución de denegación y sobre la legislación húngara aplicable.
42      En respuesta a dicho escrito, el 12 de noviembre de 2020, la presidenta de la NMHH indicó que el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación no confiere al Consejo de Medios de Comunicación ningún margen de apreciación que le permita examinar, al evaluar una solicitud de renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación, si este derecho puede renovarse en caso de infracción de menor gravedad, pero reiterada. Precisó que, de conformidad con las disposiciones de dicha Ley, cuando se declare, mediante resolución definitiva del Consejo de Medios de Comunicación, que el prestador en cuestión ha cometido una infracción reiterada o una infracción grave, este derecho no puede renovarse.
43      El 12 de febrero de 2021, la Comisión envió un nuevo escrito a las autoridades húngaras en el que expresaba su preocupación por los retrasos en la atribución de radiofrecuencias con fines de radiodifusión y acerca de la conformidad de la resolución denegatoria con el Derecho de la Unión, interpretado a la luz del derecho a la libertad de expresión y de información consagrado en el artículo 11 de la Carta.
44      En respuesta a dicho escrito, el 19 de febrero de 2021, la presidenta de la NMHH indicó que, en la situación controvertida, no existía ninguna posibilidad jurídica para que Klubrádió prestara servicios de medios de comunicación con carácter temporal. Además, reiteró las explicaciones contenidas en su respuesta de 12 de noviembre de 2020.
45      El 9 de junio de 2021, la Comisión, al considerar que las resoluciones controvertidas y las normas nacionales que sirvieron de fundamento para su adopción constituían una infracción de varias disposiciones del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas y del artículo 11 de la Carta, dirigió una carta de requerimiento formal a Hungría.
46      Hungría respondió a dicha carta mediante escrito de 9 de agosto de 2021, en el que sostenía que la normativa nacional controvertida y el resultado de los dos procedimientos administrativos incoados sobre la base de dicha normativa no eran contrarios al Derecho de la Unión.
47      El 21 de diciembre de 2021, la Comisión emitió un dictamen motivado en el que, en primer lugar, consideró que Hungría había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos 5, 7 y 10 de la Directiva autorización, del artículo 4, punto 2, de la Directiva competencia, del artículo 5, apartado 2, y del artículo 9 de la Directiva marco, de los principios de proporcionalidad, no discriminación y cooperación leal, y del artículo 11 de la Carta. Estos incumplimientos resultan, en primer término, de la adopción, por parte del Consejo de Medios de Comunicación, de la resolución denegatoria; en segundo término, en el supuesto de que la interpretación del Derecho húngaro adoptada por el Consejo de Medios de Comunicación sea correcta, de la adopción de una ley que, en caso de infracción reiterada, excluye automáticamente la renovación de los derechos de uso del espectro radioeléctrico, aun cuando la infracción no haya sido significativamente grave y tenga carácter meramente formal; en tercer término, de la falta de transmisión de la información solicitada por la Comisión para determinar si la denegación de la solicitud de renovación presentada por Klubrádió era conforme con el principio de no discriminación, y, en cuarto término, del hecho de impedir de este modo desproporcionado y discriminatorio a dicha emisora de radio continuar con su actividad en el ámbito de la radiodifusión.
48      En segundo lugar, la Comisión consideró que Hungría había infringido los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva marco y el artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización y había contravenido el principio de buena administración, primero, al no haber adoptado, dentro del plazo de seis semanas señalado en la Directiva autorización, una resolución acerca de la solicitud de Klubrádió de renovación de sus derechos de uso del espectro radioeléctrico; segundo, al no haber organizado un procedimiento para la atribución de la radiofrecuencia utilizada previamente por Klubrádió con tiempo suficiente para permitir la adopción de una resolución antes de la fecha de expiración de los derechos de uso de Klubrádió, y, tercero, a la suspensión del procedimiento de atribución debido a que Klubrádió había ejercido su derecho de recurso.
49      En tercer lugar, la Comisión afirmó que Hungría había infringido el artículo 5, apartado 2, de la Directiva autorización, el artículo 45 de la Directiva 2018/1972 y el artículo 11 de la Carta debido a que el Consejo de Medios de Comunicación había supeditado la atribución de los derechos de uso del espectro radioeléctrico a condiciones desproporcionadas, no había fijado de antemano los criterios de atribución de tales derechos, no había previsto ningún margen de apreciación que permitiera evaluar la gravedad y la pertinencia de los errores de que pudieran adolecer los expedientes presentados por los candidatos y que pudieran dar lugar a la exclusión de estos, y había ignorado la importancia menor de los errores de que pudiera adolecer la oferta presentada por Klubrádió.
50      En cuarto lugar, la Comisión alegó que Hungría había infringido el artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972 y había contravenido los principios de proporcionalidad y no discriminación al excluir la posibilidad de que los prestadores de servicios de medios de comunicación cuyos derechos de uso de radiofrecuencias no hubieran sido renovados celebraran un contrato administrativo temporal para la explotación de una radiofrecuencia, al tiempo que se concedía esta posibilidad a los prestadores de servicios cuyos derechos de uso de radiofrecuencias ya habían sido renovados una vez, y al no justificar esa diferencia de trato.
51      La Comisión instó a Hungría a atenerse al dictamen motivado en un plazo de dos meses a partir de la fecha de su recepción.
52      El 2 de febrero de 2022, Hungría respondió a dicho dictamen motivado, por una parte, impugnando la aplicación en el presente asunto de las disposiciones y principios del Derecho de la Unión invocados por la Comisión y, por otra parte, sosteniendo que ni las normas del Derecho húngaro aplicables ni las resoluciones controvertidas infringían el Derecho de la Unión.
53      Al no considerar satisfactoria la respuesta de Hungría, la Comisión decidió interponer el presente recurso.
54      Mediante decisiones del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de agosto de 2023, se admitió la intervención del Reino de Bélgica, del Reino Dinamarca y del Reino de los Países Bajos en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
IV.    Sobre el recurso
A.      Sobre la aplicabilidad del Derecho de la Unión
1.      Sobre la aplicabilidad del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas y de la Carta
a)      Alegaciones de las partes
55      Hungría alega, en primer lugar, que el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas no se aplica ni a las resoluciones controvertidas ni a los procedimientos que dieron lugar a la adopción de esas resoluciones, dado que estos procedimientos y resoluciones no se refieren a la atribución de derechos de uso de radiofrecuencias, sino al derecho a prestar servicios de medios de comunicación.
56      A este respecto, para empezar, dicho Estado miembro invoca el considerando 5 y los artículos 1, apartados 2 y 3, y 2, letras a) y c), de la Directiva marco, que, en su opinión, reflejan la distinción entre, por una parte, el derecho a prestar servicios de medios de comunicación, que atañe al suministro de contenidos y que está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho de los medios de comunicación, y, por otra parte, el derecho a utilizar radiofrecuencias, que se refiere a la atribución de radiofrecuencias en relación con el derecho a prestar servicios de medios de comunicación y que está comprendido en el ámbito de aplicación de las normas relativas a las comunicaciones electrónicas. Afirma que de estas disposiciones se desprende que la prestación de servicios de medios de comunicación y, en consecuencia, las autorizaciones y los procedimientos correspondientes están excluidos del ámbito de aplicación del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas.
57      En este contexto, Hungría subraya que, en el Derecho húngaro, las autorizaciones para prestar servicios de medios de comunicación son competencia del Consejo de Medios de Comunicación y están reguladas por la Ley de Medios de Comunicación, mientras que las autorizaciones de uso de las radiofrecuencias son competencia de la NMHH y están reguladas por el a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet [Reglamento 7/2015. (XI. 13.) de la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación e Infocomunicaciones, relativo al establecimiento de las normas de atribución de las frecuencias nacionales y de uso de las frecuencias,] y por el a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet [Reglamento 7/2012. (I. 26.) de la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación e Infocomunicaciones, relativo a determinados procedimientos de gestión de frecuencias civiles].
58      Por otra parte, los procedimientos que dan lugar a estas dos categorías de autorización son diferentes y autónomos.
59      En efecto, por lo que respecta, por una parte, al procedimiento que conduce a la concesión de una autorización para prestar servicios de medios de comunicación, afirma que, de conformidad con la Ley de Medios de Comunicación, el Consejo de Medios de Comunicación inicia un procedimiento de licitación, en cuyo marco se pronuncia únicamente sobre las ofertas presentadas con el fin de obtener la posibilidad de prestar esos servicios. Al término de este procedimiento de licitación, el Consejo de Medios de Comunicación inicia un procedimiento para la celebración de un contrato administrativo con el adjudicatario, que obtiene el derecho a prestar servicios de medios de comunicación si finalmente se celebra dicho contrato (en lo sucesivo, «contrato de radiodifusión»). Dicho contrato no contiene, según afirma, disposiciones relativas al uso de radiofrecuencias o a las comunicaciones electrónicas, puesto que su ámbito de aplicación solo abarca los derechos y obligaciones relacionados con el derecho a prestar servicios de medios de comunicación.
60      Por lo que respecta, por otra parte, al procedimiento relativo a la concesión de una autorización de uso de radiofrecuencias en relación con la posibilidad de prestar servicios de medios de comunicación, de conformidad con los Reglamentos mencionados en el apartado 57 de la presente sentencia, Hungría señala que los derechos de uso de las frecuencias en las bandas de frecuencias asignadas a la radiodifusión solo pueden ser obtenidos por un prestador de servicios de medios de comunicación que haya a quien se haya adjudicado una licitación convocada por el Consejo de Medios de Comunicación y se haya concedido, mediante la celebración de un contrato de radiodifusión, una autorización para prestar servicios de medios de comunicación, o por una emisora que haya celebrado un contrato con tal prestador de servicios. La NMHH, previa solicitud, expide autorizaciones individuales de radiodifusión, limitándose a examinar, a estos efectos, el cumplimiento de los requisitos técnicos.
61      A continuación, Hungría alega que las condiciones relativas a las autorizaciones para prestar servicios de medios de comunicación radiofónicos y las normas relativas a los procedimientos correspondientes se definieron de manera que se alcanzaran objetivos de interés general, como la promoción del derecho a la información y a ser informado sobre asuntos públicos, así como la promoción de la cultura.
62      Pues bien, del artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva autorización y del artículo 4 de la Directiva competencia se desprende, a su juicio, que tales procedimientos están excluidos de la aplicación del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas.
63      Por último, Hungría subraya que, en el estado actual del Derecho de la Unión, las condiciones y los procedimientos asociados a la concesión de derechos para suministrar contenidos radiofónicos son competencia exclusiva de los Estados miembros.
64      Así, en opinión de Hungría, mediante su recurso, la Comisión intenta ampliar el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en materia de comunicaciones electrónicas a cuestiones relativas al diseño del sistema de medios de comunicación en los Estados miembros, que son competencia de estos últimos.
65      En segundo lugar, Hungría sostiene que, dado que las resoluciones controvertidas y los procedimientos que dieron lugar a la adopción de esas resoluciones no constituyen una aplicación del Derecho de la Unión, la Carta no es aplicable a dichas resoluciones y procedimientos. En su dúplica, precisa que, como se desprende del artículo 51, apartado 1, de la Carta, la cuestión de si esta puede invocarse en un asunto determinado no depende de las circunstancias y del contexto específicos en los que se adoptaron las medidas nacionales en cuestión, sino de si es aplicable el Derecho de la Unión, en este caso el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas.
66      La Comisión, en primer lugar, aun admitiendo que procede establecer una distinción entre la normativa relativa al contenido de los servicios de medios de comunicación y la relativa a la transmisión, alega, no obstante, que las resoluciones controvertidas y las normas nacionales que sirvieron de base para su adopción se refieren a los procedimientos relativos a la utilización, por parte de Klubrádió, de la frecuencia 92.9 MHz, por lo que están comprendidas en el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas.
67      Señala que, en efecto, este marco es aplicable a todos los procedimientos mediante los cuales los Estados miembros garantizan derechos de uso de radiofrecuencias a los organismos de radiodifusión de contenidos sonoros y televisivos. En su opinión, las sentencias de 31 de enero de 2008, Centro Europa 7 (C‑380/05, EU:C:2008:59), y de 26 de julio de 2017, Persidera (C‑112/16, EU:C:2017:597), demuestran que dicho marco es aplicable a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas que son al mismo tiempo prestadores de servicios de medios de comunicación.
68      Pues bien, por una parte, del artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación se desprende que el derecho a prestar servicios de medios de comunicación incluye el derecho a utilizar el espectro radioeléctrico, a saber, las radiofrecuencias. Por otra parte, aunque, según Hungría, en el Derecho húngaro la adjudicación de radiofrecuencias se efectúa al término de un procedimiento diferente del relativo a la concesión del derecho a prestar servicios de medios de comunicación y en virtud de una normativa nacional distinta de la Ley de Medios de Comunicación, nada indica que, en el presente asunto, se haya iniciado un procedimiento distinto de la licitación controvertida para seleccionar al operador autorizado a utilizar la frecuencia 92.9 MHz.
69      Por otra parte, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva autorización, al igual que el artículo 48, apartado 3, de la Directiva 2018/1972, solo prevé una excepción, relacionada con la consecución de un objetivo de interés general, al principio de concesión de derechos de uso de radiofrecuencias mediante procedimientos abiertos. Por consiguiente, el procedimiento de concesión de derechos individuales de uso de radiofrecuencias debe, en cualquier caso, ser objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcionado, lo que se ve corroborado por la sentencia de 26 de julio de 2017, Persidera (C‑112/16, EU:C:2017:597).
70      Además, la Comisión rebate la alegación de Hungría de que, en su estado actual, el Derecho de la Unión no es aplicable a las resoluciones controvertidas ni a las normas nacionales que sirvieron de base para su adopción. En efecto, según ella, por una parte, la atribución de radiofrecuencias no es competencia exclusiva de los Estados miembros, y, por otra parte, el hecho de que en el marco de la licitación controvertida también se hayan evaluado criterios relativos al contenido de los servicios de medios de comunicación, como la parrilla de programación, no hace inaplicable el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas. En este contexto, la Comisión, basándose en la sentencia de 3 de septiembre de 2020, Vivendi (C‑719/18, EU:C:2020:627), subraya que las competencias nacionales en materia de regulación de los medios de comunicación deben ejercerse en cumplimiento del Derecho de la Unión.
71      Por último, esta institución afirma que la alegación de Hungría de que la Comisión intenta ampliar el ámbito de aplicación del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas carece de fundamento, dado que esta solo impugna las resoluciones controvertidas y las normas nacionales que sirvieron de base para su adopción en la medida en que se refieren a las redes de comunicaciones electrónicas y a los derechos de uso de radiofrecuencias.
72      En segundo lugar, según la Comisión, dado que, al adoptar las resoluciones controvertidas, el Consejo de Medios de Comunicación aplicó normas del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas, estaba obligado a respetar la Carta y, en particular, el derecho a la libertad de expresión y de información consagrado en su artículo 11.
73      El Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca y el Reino de los Países Bajos apoyan las alegaciones de la Comisión.
b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
1)      Sobre el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas
74      Como ya se desprendía del artículo 1, apartado 1, de la Directiva marco, el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas establece un régimen armonizado en el ámbito de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas con el fin de garantizar la creación de un mercado interior en este ámbito. A tal fin, este marco define, en particular, las normas relativas a la concesión de derechos de uso de radiofrecuencias.
75      A este respecto, los artículos 5 y 7 de la Directiva autorización, el artículo 9 de la Directiva marco, el artículo 4 de la Directiva competencia y el artículo 45 de la Directiva 2018/1972, cuyo incumplimiento alega la Comisión, establecen que estos derechos deben atribuirse sobre la base de criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados. Como ya ha precisado el Tribunal de Justicia, dichos criterios se han de observar no solo en la primera adjudicación de radiofrecuencias, sino también en toda adjudicación posterior (sentencia de 26 de julio de 2017, Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:597, apartado 40). Por consiguiente, dichos criterios también deben respetarse en la renovación de esos derechos.
76      En el presente asunto, si bien las resoluciones controvertidas, los procedimientos que dieron lugar a la adopción de dichas resoluciones y las normas nacionales controvertidas (en lo sucesivo, «medidas nacionales controvertidas») se refieren a la prestación de servicios de medios de comunicación, los elementos de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia permiten constatar, como hizo el Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones, que las medidas nacionales controvertidas también se refieren a la atribución de derechos de uso de radiofrecuencias.
77      En efecto, en primer término, del tenor de la parte introductoria y de la exposición de motivos de la resolución denegatoria, adjunta a la demanda de la Comisión, se desprende, para empezar, que el objeto de esta resolución es la no renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación «en la frecuencia 92.9 MHz». A continuación, del título de la licitación controvertida, que también se adjunta a la demanda de la Comisión, se desprende que dicha licitación se refería a la utilización de la posibilidad de prestar servicios de medios de comunicación radiofónicos en la zona de cobertura de «Budapest 92.9 MHz». El cuadro de información que figura en la licitación controvertida también menciona esta radiofrecuencia. Por otra parte, el punto 1.2.1 de dicha licitación establece que el objetivo de esta es garantizar «que el Consejo de Medios de Comunicación asegure una gestión responsable, adecuada y eficaz de la posibilidad de prestar servicios de medios de comunicación para la frecuencia Budapest 92 MHz, como propiedad del Estado». Además, el artículo 48 de la Ley de Medios de Comunicación se refiere a «un servicio de medios de comunicación lineal analógico [que utiliza] recursos limitados del Estado» y al «derecho a prestar servicios de medios de comunicación lineales analógicos utilizando recursos limitados del Estado». Por último, el artículo 65 de dicha Ley se refiere a la celebración de un contrato administrativo temporal para la explotación de una posibilidad de prestación de servicios de medios de comunicación con respecto a la cual la NMHH demuestre que es posible prestar servicios de medios de comunicación, en particular, «sin causar interferencias a terceros».
78      Así pues, de los propios términos de la resolución denegatoria, de la licitación controvertida y del artículo 48 de la Ley de Medios de Comunicación se desprende que esta resolución, esta licitación y este artículo no solo se refieren a la prestación de servicios de medios de comunicación, sino también a la atribución del derecho de uso de una radiofrecuencia, en este caso, la frecuencia 92.9 MHz. Los términos del artículo 65 de la Ley de Medios de Comunicación también demuestran que el contrato administrativo temporal que puede celebrarse sobre la base de este último artículo no solo se refiere a la prestación de servicios de medios de comunicación, sino también al uso de radiofrecuencias.
79      En segundo término, del tenor de la resolución de la NMHH de 13 de febrero de 2014 relativa a la concesión a Klubrádió de la autorización de uso de la frecuencia 92.9 MHz, adjunta a la dúplica de Hungría, se desprende que el período de validez de dicha autorización era el mismo que el del contrato de radiodifusión de Klubrádió, a saber, el período comprendido entre el 14 de febrero de 2014 y el 14 de febrero de 2021. Por otra parte, en dicha resolución se indica que tal autorización finalizaba en la fecha de expiración del plazo fijado en dicho contrato o, en caso de resolución de este último, ya sea de común acuerdo o por el Consejo de Medios de Comunicación, en la fecha de dicha resolución, sin que se tramitase un procedimiento administrativo específico de retirada material o se adoptase resolución administrativa alguna.
80      Así pues, los términos de dicha resolución revelan que la validez de la autorización en cuestión dependía de la validez del derecho a prestar servicios de medios de comunicación, de modo que la pérdida de ese derecho implicaba automáticamente la pérdida del derecho a utilizar la frecuencia 92.9 MHz.
81      En tercer término, las explicaciones facilitadas por Hungría, tanto en la fase escrita del procedimiento como en la vista, sobre las modalidades de aplicación de los procedimientos de concesión de derechos a prestar servicios de medios de comunicación y de derechos de uso de radiofrecuencias indican también la existencia de una relación directa, en Hungría, entre el derecho a prestar servicios de medios de comunicación y el derecho a utilizar una radiofrecuencia.
82      En efecto, de estas explicaciones se desprende que, a efectos de la atribución de radiofrecuencias, el Consejo de Medios de Comunicación debe convocar previamente una licitación para la prestación de servicios de medios de comunicación en una radiofrecuencia determinada. El adjudicatario de dicha licitación obtiene el derecho a prestar tales servicios, en virtud de un contrato administrativo celebrado con el Consejo de Medios de Comunicación, a saber, el contrato de radiodifusión. Posteriormente, previa solicitud, la NMHH, tras verificar las condiciones técnicas, autoriza el uso de dicha radiofrecuencia por parte de este adjudicatario o de la emisora con la que este adjudicatario celebra un contrato para la difusión de sus contenidos radiofónicos.
83      De ello se desprende que, en Hungría, el acceso a las radiofrecuencias para la difusión de contenidos radiofónicos se limita, en la práctica, a los titulares del derecho a prestar servicios de medios de comunicación, independientemente de que estos difundan por sí mismos sus contenidos en la radiofrecuencia de que se trate o de que tal difusión sea efectuada por una emisora que haya celebrado un contrato a tal efecto con dichos titulares.
84      Por consiguiente, en ese Estado miembro, las resoluciones que, al igual que la resolución de nulidad, se adoptan en el marco de una licitación como la licitación controvertida se refieren, en definitiva, a la atribución de derechos de uso de radiofrecuencias.
85      A la vista de todos estos elementos, parece que el sistema húngaro de concesión de derechos relativos a la prestación de servicios de medios de comunicación radiofónicos y al uso de radiofrecuencias está concebido y configurado de tal manera que esos derechos están directamente relacionados. De ello se deduce que toda medida nacional relativa a la concesión de derechos a prestar tales servicios, como las medidas nacionales controvertidas, produce necesariamente efectos con respecto a los derechos de uso de las radiofrecuencias y, de este modo, está comprendida en el ámbito de aplicación material del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas.
86      En consecuencia, las medidas nacionales controvertidas están comprendidas en el ámbito de aplicación material del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas.
87      Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que estas medidas nacionales se refieran también a la prestación de servicios de medios de comunicación radiofónicos y de que, como alega Hungría, la normativa relativa a dicha prestación esté excluida del ámbito de aplicación del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas, como se desprende, en particular, del artículo 2, letra c), de la Directiva marco y del artículo 2, punto 4, de la Directiva 2018/1972.
88      En efecto, basta señalar que, cuando un Estado miembro, como Hungría, en el ejercicio del margen de apreciación de que dispone por lo que respecta a la naturaleza y al régimen de los procedimientos de adjudicación de las radiofrecuencias que organiza, decide que la selección de los usuarios de estas últimas se lleve a cabo teniendo en cuenta criterios relacionados con la prestación de servicios de contenidos radiofónicos, dicho Estado miembro no puede eludir los requisitos previstos en el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas a efectos de la atribución del espectro radioeléctrico y, en particular, el principio de concesión de derechos de uso de radiofrecuencias sobre la base de criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados (véase, por analogía, la sentencia de 20 de abril de 2023, DIGI Communications, C‑329/21, EU:C:2023:303, apartado 31).
89      Como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 33 de sus conclusiones, en caso contrario, los Estados miembros podrían eludir fácilmente las normas de este marco relativas a la concesión de derechos de uso de radiofrecuencias y comprometer así los objetivos perseguidos por este, tal como se definen en el artículo 8, apartados 2 a 4, de la Directiva marco, y, en particular, el relativo al fomento de la competencia en el suministro de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados, así como al uso eficiente y la gestión eficaz de las radiofrecuencias. De este modo, estas normas quedarían privadas de efecto útil.
90      Por otra parte, dado que el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas solo es aplicable a las medidas nacionales controvertidas en la medida en que estas se refieren a la atribución de derechos de uso de radiofrecuencias, no puede sostenerse que se hayan vulnerado las competencias de los Estados miembros en materia de regulación de los medios de comunicación.
91      Por último, tampoco puede estimarse la alegación de Hungría de que los procedimientos que dieron lugar a la adopción de las resoluciones controvertidas están comprendidos en la excepción a la aplicación del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas, prevista en el artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva autorización.
92      En efecto, como alega la Comisión, esta disposición, al igual que el artículo 48, apartado 3, de la Directiva 2018/1972, solo prevé la posibilidad de establecer excepciones al principio de concesión de derechos de uso de radiofrecuencias mediante procedimientos abiertos en aquellos casos en que sea necesaria la concesión de derechos individuales de utilización del espectro radioeléctrico a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos para lograr un objetivo de interés general, definido por los Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión.
93      Pues bien, en el presente asunto, como se desprende, en particular, del apartado 34 de la presente sentencia, no puede considerarse que el procedimiento de licitación controvertido no fuera «abierto» en el sentido del artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva autorización y del artículo 48, apartado 3, de la Directiva 2018/1972.
94      En cualquier caso, la excepción prevista en estas disposiciones no implica que se excluya la aplicación de todo el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas. En particular, incluso cuando se aplica dicha excepción, los derechos de uso de las radiofrecuencias deben concederse, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva marco, sobre la base de criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados (véase, en este sentido, la sentencia de 31 de enero de 2008, Centro Europa 7, C‑380/05, EU:C:2008:59, apartado 125).
2)      Sobre la Carta
95      Es preciso recordar que el ámbito de aplicación de la Carta, por lo que se refiere a la acción de los Estados miembros, se define en su artículo 51, apartado 1, según el cual las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros «cuando apliquen el Derecho de la Unión». Este artículo confirma la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas [sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartado 78 y jurisprudencia citada].
96      En el presente asunto, dado que las medidas nacionales controvertidas constituyen una aplicación del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas, es preciso señalar que, al adoptar tales medidas, Hungría estaba obligada a respetar los derechos fundamentales garantizados por la Carta y, en particular, el derecho a la libertad de expresión y de información consagrado en su artículo 11, invocado por la Comisión.
97      De ello se desprende que las medidas nacionales controvertidas pueden ser objeto de control a la luz tanto del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas como de la Carta.
98      Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de Hungría relativa a la inaplicabilidad de dicho marco y de la Carta a estas medidas.
2.      Sobre la aplicabilidad ratione temporis de la Directiva 2018/1972
a)      Alegaciones de las partes
99      La Comisión, basándose en el principio tempus regit actum, considera que las Directivas autorización y marco son aplicables a la resolución denegatoria y a la licitación controvertida, mientras que la Directiva 2018/1972 es aplicable a la resolución de nulidad.
100    Hungría alega, en cambio, que este principio no es aplicable a un procedimiento administrativo ya en curso. Según dicho Estado miembro, tal procedimiento se rige por las normas vigentes en la fecha en que se inició. Así, en el presente asunto, prosigue, dado que la licitación controvertida se convocó antes de la fecha de entrada en vigor de la Directiva 2018/1972, tanto dicha licitación como la resolución de nulidad se rigen por las Directivas autorización y marco, aun cuando dicha resolución se adoptó después de la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 2018/1972. Por lo tanto, considera que, por lo que respecta a dicha resolución, la Comisión no puede basar su recurso en una infracción de la Directiva 2018/1972.
101    El Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca y el Reino de los Países Bajos apoyan las alegaciones de la Comisión.
b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
102    Debe precisarse que la divergencia de los puntos de vista de la Comisión y de Hungría en cuanto a la aplicabilidad ratione temporis de la Directiva 2018/1972 solo se refiere a las imputaciones relativas a la licitación controvertida y a la resolución de nulidad. A este respecto, la Comisión invocó, en particular, el incumplimiento, por parte de Hungría, de la obligación que incumbe a los Estados miembros de velar por que la atribución de derechos individuales de utilización del espectro radioeléctrico se base, en particular, en criterios transparentes y proporcionados, obligación que se deriva del artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva autorización y, a partir de la fecha de aplicabilidad de la Directiva 2018/1972, de su artículo 45, apartado 1.
103    Por otra parte, es preciso tener en cuenta el hecho de que, como se desprende del considerando 1 de la Directiva 2018/1972, esta procede a la refundición de varias Directivas, entre ellas, en particular, las Directivas autorización y marco. A este respecto, el artículo 125 de la Directiva 2018/1972 precisa, por una parte, que estas Directivas quedan derogadas con efectos a partir del 21 de diciembre de 2020 y, por otra parte, que las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a la Directiva 2018/1972. Pues bien, el artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972 se corresponde con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva marco, que establece, en particular, la obligación de los Estados miembros de velar por que la atribución del espectro radioeléctrico para los servicios de comunicaciones electrónicas se base en criterios transparentes y proporcionados.
104    Esta obligación, recordada en el artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva autorización, es equivalente a la obligación de respetar los principios de transparencia y proporcionalidad al atribuir radiofrecuencias, que el artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972 impone a los Estados miembros.
105    En estas circunstancias, debe desestimarse, en cualquier caso, la alegación de Hungría relativa a la aplicabilidad ratione temporis de la Directiva 2018/1972.
B.      Sobre la admisibilidad
1.      Sobre la admisibilidad de las imputaciones formuladas contra las resoluciones impugnadas
a)      Alegaciones de las partes
106    Hungría impugna la admisibilidad del recurso en la medida en que se refiere a las resoluciones controvertidas.
107    En primer lugar, según dicho Estado miembro, aunque formalmente la Comisión invoca la infracción de disposiciones del Derecho de la Unión, en realidad cuestiona la conformidad de esas resoluciones en relación con la Ley de Medios de Comunicación o las normas de la licitación controvertida.
108    Pues bien, afirma que la cuestión de si una resolución del Consejo de Medios de Comunicación es conforme con determinadas disposiciones de la Ley de Medios de Comunicación o con la licitación controvertida excede ampliamente el objeto del recurso por incumplimiento, cuyo único fin es permitir al Tribunal de Justicia declarar que un Estado miembro ha incumplido una obligación que le incumbe en virtud del Derecho de la Unión y poner fin a dicho incumplimiento.
109    En segundo lugar, al alegar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, solo una práctica administrativa consolidada, reiterada y general puede ser objeto de un recurso por incumplimiento, Hungría impugna la admisibilidad del presente recurso en la medida en que se refiere a dos resoluciones administrativas individuales, que, por otra parte, fueron confirmadas, a raíz de recursos interpuestos ante los órganos jurisdiccionales nacionales, por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada.
110    En su dúplica, Hungría precisa que, a diferencia de las decisiones a las que se refieren las sentencias citadas por la Comisión, las resoluciones controvertidas no son decisiones generales relativas a un grupo de operadores que no han sido definidos con precisión, que pondrían de manifiesto una práctica coherente y homogénea, sino resoluciones relativas a un operador bien determinado.
111    La Comisión alega, en primer lugar, que en su recurso solo invoca una infracción del Derecho de la Unión. A este respecto, precisa que, en el marco del procedimiento administrativo previo, se examinaron dos opciones. La primera opción se basa en las afirmaciones de Hungría de que, en virtud de la Ley de Medios de Comunicación, el Consejo de Medios de Comunicación no disponía de ningún margen de apreciación cuando adoptó las resoluciones controvertidas. En tal caso, la Ley de Medios de Comunicación sería contraria al Derecho de la Unión, puesto que obligaría al Consejo de Medios de Comunicación a adoptar resoluciones incompatibles con dicho Derecho. La segunda opción se basa en la interpretación que, en opinión de la Comisión, se desprende del tenor de la Ley de Medios de Comunicación, según la cual el Consejo de Medios de Comunicación disponía de un margen de apreciación cuando adoptó las resoluciones controvertidas. En tal caso, al adoptar tales resoluciones, el Consejo de Medios de Comunicación habría ejercido ese margen de apreciación de manera incompatible con el Derecho de la Unión.
112    En segundo lugar, la Comisión alega que, según reiterada jurisprudencia, puede incoar un procedimiento por incumplimiento no solo en relación con una práctica administrativa, sino también en casos individuales de aplicación incorrecta del Derecho de la Unión.
113    Por otra parte, afirma que el hecho de que una resolución haya sido objeto de un recurso a nivel nacional no le impide invocar, en el marco de un procedimiento por incumplimiento, la no conformidad de tal resolución con el Derecho de la Unión, en particular cuando, como en el presente asunto, los órganos jurisdiccionales nacionales de que se trate no han planteado una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.
114    El Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca y el Reino de los Países Bajos apoyan las alegaciones de la Comisión.
b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
115    Por lo que respecta, en primer término, al motivo de inadmisibilidad mencionado en los apartados 107 y 108 de la presente sentencia, si bien es cierto que, en algunas partes de su demanda, la Comisión menciona la posibilidad de una contradicción entre las resoluciones controvertidas y las normas nacionales que sirvieron de base para su adopción, en particular en lo que respecta a la resolución denegatoria, de dicha demanda se desprende claramente, no obstante, que la Comisión solo pretende que se declare la no conformidad de las resoluciones controvertidas o de estas normas con varias disposiciones del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas y con el artículo 11 de la Carta.
116    En lo que atañe, en segundo término, al motivo de inadmisibilidad basado en que las decisiones individuales no pueden ser objeto de un recurso por incumplimiento, procede señalar, para empezar, que los artículos 258 TFUE y 259 TFUE no limitan el control que el Tribunal de Justicia debe efectuar en el marco de un recurso por incumplimiento únicamente a las disposiciones o actos de alcance general adoptados por los Estados miembros. De ello puede deducirse que las decisiones y los actos individuales adoptados por estos también pueden ser objeto de un recurso por incumplimiento, cuando la Comisión considere que su adopción se ha producido infringiendo el Derecho de la Unión.
117    A continuación, el Tribunal de Justicia ha declarado que, dada su función de guardiana de los Tratados, la Comisión es la única competente para decidir si es oportuno iniciar un procedimiento de declaración de incumplimiento, y debido a qué actuación u omisión imputable al Estado miembro afectado debe promoverse dicho procedimiento. En este contexto, el Tribunal de Justicia precisó que la Comisión puede solicitarle que declare un incumplimiento que consista en no haber alcanzado, en un caso determinado, el resultado pretendido por una directiva (sentencia de 10 de abril de 2003, Comisión/Alemania, C‑20/01 y C‑28/01, EU:C:2003:220, apartado 30 y jurisprudencia citada).
118    Pues bien, a este respecto, procede señalar que del artículo 9, apartado 1, de la Directiva marco se desprende que los Estados miembros tienen la obligación de velar por que la atribución del espectro radioeléctrico por parte de las autoridades competentes se base en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados. Esta disposición precisa que dicha obligación se aplica tanto a la concesión de autorizaciones generales como a la de derechos individuales de uso de tales radiofrecuencias.
119    Así pues, sin perjuicio de la obligación de la Comisión de cumplir con la carga de la prueba que recae sobre ella, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que un recurso por incumplimiento puede tener por objeto un acto o una decisión individuales.
120    Por otra parte, en su jurisprudencia relativa a la posibilidad de interponer un recurso por incumplimiento en relación con una práctica administrativa, el Tribunal de Justicia se ha limitado a enunciar los requisitos que esa práctica debe cumplir para poder ser objeto de un recurso por incumplimiento, sin pronunciarse sobre la posibilidad o no de interponer tal recurso contra un acto o una decisión individuales.
121    Por último, nada en los artículos 258 TFUE y 259 TFUE ni en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia permite considerar que la desestimación de los recursos nacionales interpuestos contra una decisión individual, mediante resoluciones judiciales nacionales con fuerza de cosa juzgada, impida que tal decisión individual pueda dar lugar a un recurso por incumplimiento.
122    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar los motivos de inadmisibilidad formulados por Hungría en relación con las imputaciones planteadas contra las resoluciones controvertidas.
2.      Sobre la admisibilidad de la imputación basada en la vulneración del principio de cooperación leal
123    En el enunciado de la primera pretensión de su demanda, la Comisión alega una violación por parte de Hungría del principio de cooperación leal.
124    Pues bien, dicha institución no menciona este principio ni cuando enuncia las imputaciones en las que se basa el presente recurso ni cuando desarrolla las alegaciones formuladas en apoyo de tales imputaciones.
125    Por consiguiente, el recurso es inadmisible en la medida en que tiene por objeto que se declare la vulneración por parte de Hungría del principio de cooperación leal.
C.      Sobre el fondo
126    En apoyo de su recurso, la Comisión formula cuatro series de imputaciones.
127    La primera serie de imputaciones, que se refiere al artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación y a la resolución denegatoria, se basa en la infracción de los artículos 5, 7 y 10 de la Directiva autorización, del artículo 4 de la Directiva competencia y del artículo 9 de la Directiva marco, así como en la vulneración de los principios de proporcionalidad, no discriminación y buena administración. La segunda, que se refiere a la licitación controvertida y a la resolución de nulidad, se basa en la infracción del artículo 5, apartados 2 y 3, de la Directiva autorización, de los artículos 8 y 9 de la Directiva marco y del artículo 45 de la Directiva 2018/1972. La tercera, que se refiere al artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación, se basa en la infracción del artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972 y en la vulneración de los principios de proporcionalidad y de no discriminación. La cuarta serie de imputaciones se basa en la infracción del artículo 11 de la Carta.
1.      Sobre las imputaciones relativas al artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación y a la resolución denegatoria
128    La Comisión alega, en esencia, que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5, 7 y 10 de la Directiva autorización, del artículo 4 de la Directiva competencia y del artículo 9 de la Directiva marco, así como de los principios de proporcionalidad y no discriminación. Estos incumplimientos resultan, en primer lugar, de la adopción, por parte del Consejo de Medios de Comunicación, de la resolución denegatoria; en segundo lugar, de la adopción del artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación, que excluye automáticamente la renovación de los derechos de uso del espectro radioeléctrico relativo a la radiodifusión FM si el titular ha incumplido reiteradamente su obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión, aun cuando las infracciones cometidas sean leves, tengan carácter meramente formal y ya hayan sido sancionadas con multas que hayan dado lugar a una plena conformidad con posterioridad, y, en tercer lugar, del hecho de impedir de este modo desproporcionado y discriminatorio a Klubrádió continuar con su actividad en el ámbito de la radiodifusión.
129    Por otra parte, la Comisión reprocha a Hungría haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización y del principio de buena administración al no haber adoptado, dentro del plazo de seis semanas señalado en dicha disposición, una resolución acerca de la solicitud de Klubrádió de renovación de sus derechos de uso del espectro radioeléctrico.
a)      Sobre la imputación basada en la vulneración del principio de proporcionalidad
1)      Alegaciones de las partes
130    La Comisión alega que el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación o, al menos, la manera en que el Consejo de Medios de Comunicación aplicó esta disposición a Klubrádió, no respeta los artículos 5, 7 y 10 de la Directiva autorización, el artículo 4 de la Directiva de competencia y el artículo 9 de la Directiva marco y, en particular, el principio de proporcionalidad contemplado en dichos artículos.
131    En primer lugar, la Comisión sostiene que la resolución denegatoria es contraria al principio de proporcionalidad debido a que la denegación de la renovación del derecho de Klubrádió a prestar servicios de medios de comunicación se basa únicamente en el hecho de que, durante los siete años de vigencia del contrato de radiodifusión de Klubrádió, esta emisora de radio incumplió en dos ocasiones su obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión.
132    La Comisión considera que la denegación de la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación es asimilable a una sanción. A este respecto, se basa en la gravedad de las consecuencias que, de conformidad con la legislación húngara, se derivan para un prestador de servicios de medios de comunicación de tal denegación, a saber, por una parte, la imposibilidad de seguir suministrando sus contenidos en una radiofrecuencia, salvo que gane una nueva licitación, y, por otra parte, en caso de que dicha licitación no prospere, la imposibilidad de celebrar un contrato administrativo temporal para seguir suministrando esos contenidos en la radiofrecuencia en cuestión hasta la conclusión de otra nueva licitación.
133    En este contexto, la Comisión se remite a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la que a su juicio se desprende, por una parte, que, a efectos de apreciar la proporcionalidad de una sanción, ha de tenerse en cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción que se penaliza con esa sanción y, por otra parte, que la sanción debe ser suficientemente modulable en función de la gravedad de la infracción.
134    Además, la Comisión considera que la denegación de la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación es comparable a la retirada o la suspensión de ese derecho; tal retirada o tal suspensión constituyen una de las sanciones más graves, que, con arreglo al artículo 10, apartado 5, de la Directiva autorización, solo pueden imponerse si se respeta el principio de proporcionalidad y en caso de incumplimientos graves o reiterados, en particular, de las condiciones de los derechos de uso de radiofrecuencias.
135    En este contexto, la Comisión subraya que la denegación de la renovación del derecho de Klubrádió a prestar servicios de medios de comunicación no es una consecuencia jurídica proporcionada en relación con la gravedad de las infracciones cometidas por esta emisora de radio.
136    En efecto, según la Comisión, en primer término, en la fecha de los hechos constitutivos de las infracciones de que se trata, el artículo 22, apartado 8, de la Ley de Medios de Comunicación no fijaba un plazo para el cumplimiento de la obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión. En segundo término, en los dos casos a los que se refieren las resoluciones n.os 354/2017 y 1224/2017, Klubrádió cumplió esta obligación durante el procedimiento sancionador. En tercer término, el Consejo de Medios de Comunicación no constató, sobre la base de los datos facilitados por Klubrádió para cumplir dicha obligación, que los programas emitidos por esta no se ajustasen a las obligaciones en materia de cuotas de difusión que incumben a dicha emisora de radio. En cuarto término, el Consejo de Medios de Comunicación sancionó cada una de las dos infracciones declaradas en esas resoluciones con una multa de un importe comprendido entre 30 000 HUF (aproximadamente 75 euros) y 36 000 HUF (aproximadamente 90 euros), mientras que, según el artículo 187, apartado 1, de la Ley de Medios de Comunicación, la multa máxima prevista en caso de infracción reiterada asciende a un importe de 2 000 000 HUF (5 420 euros), lo que demuestra, a su juicio, que dichas infracciones constituyen infracciones leves. En quinto término, Klubrádió pagó las multas impuestas y la sanción impuesta alcanzó su objetivo dado que, con posterioridad a dichas resoluciones, el Consejo de Medios de Comunicación no volvió a constatar que Klubrádió hubiera cometido otras infracciones.
137    En segundo lugar, la Comisión alega que, si el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación debiera interpretarse en el sentido de que excluye automáticamente la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación en todos los casos en que el prestador de que se trate haya cometido una infracción reiterada, incluso cuando haya tardado en varias ocasiones en cumplir su obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión, esta disposición sería contraria al principio de proporcionalidad.
138    En efecto, considera que tal interpretación de dicha disposición no dejaría al Consejo de Medios de Comunicación ningún margen para apreciar el carácter insignificante o insuficientemente grave de la infracción en cuestión y la conformidad con el principio de proporcionalidad de las resoluciones relativas a la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación, y tendría así por efecto obligar al Consejo de Medios de Comunicación a adoptar resoluciones incompatibles con dicho principio.
139    En cambio, si el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación, en relación con el artículo 185, apartado 2, de dicha Ley, debiera interpretarse en el sentido de que el Consejo de Medios de Comunicación dispone de un margen de apreciación al adoptar las resoluciones relativas a la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación, habida cuenta de los elementos mencionados en el apartado 136 de la presente sentencia, el Consejo de Medios de Comunicación habría ejercido su margen de apreciación de manera incompatible con el principio de proporcionalidad al adoptar la resolución denegatoria. En tal caso, solo esta resolución sería contraria a dicho principio.
140    En su defensa, en primer lugar, Hungría alega que la denegación de la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación no tiene por objeto sancionar el comportamiento de un prestador que ha solicitado la renovación de ese derecho, sino que es consecuencia del incumplimiento por parte de dicho prestador de un requisito previamente definido para tener derecho a tal renovación. Tal denegación no puede asimilarse, en particular, a la sanción de retirada prevista en el artículo 10, apartado 5, de la Directiva autorización, puesto que dicha sanción pondría fin al contrato de radiodifusión de que se trate antes de la expiración de la duración de dicho contrato. A su vez, la denegación de la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación solo surte efecto sobre un período posterior a la fecha de expiración de dicho contrato.
141    Así pues, en su opinión, ni las exigencias derivadas del artículo 10, apartado 5, de la Directiva autorización ni la jurisprudencia relativa al principio de proporcionalidad en materia de sanciones son pertinentes en el presente asunto.
142    En segundo lugar, por lo que respecta a la supuesta vulneración del principio de proporcionalidad por el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación, Hungría sostiene que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que establece condiciones de exclusión de la posibilidad de renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación sin que pueda ejercerse ninguna facultad de apreciación, ya que existen condiciones objetivas fijadas de antemano en una ley que excluyen la posibilidad de una aplicación arbitraria y discriminatoria del derecho.
143    Pues bien, afirma que los criterios de denegación de la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación definidos en la Ley de Medios de Comunicación son objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados, puesto que tal renovación solo se excluye en el caso de infracciones graves o reiteradas, constatadas mediante resoluciones definitivas.
144    Hungría sostiene que la proporcionalidad queda garantizada por el hecho de que, como se desprende del artículo 187, apartado 5, de la Ley de Medios de Comunicación, las infracciones leves no pueden constituir infracciones reiteradas. Asimismo, prosigue, la definición legal de las condiciones acumulativas que permiten calificar una infracción como «reiterada» garantiza, mediante el principio de progresividad, que la denegación de la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación solo pueda producirse en los casos de infracciones más graves y flagrantes.
145    Por otra parte, Hungría precisa que la gravedad de la infracción en cuestión no se evalúa en el marco del procedimiento de renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación, ya que dicho procedimiento no es un procedimiento sancionador. La gravedad de una infracción determinada será apreciada por el Consejo de Medios de Comunicación en el marco de este último procedimiento; dicho Consejo debe averiguar, concretamente, si tal infracción es grave o reiterada, lo que le obliga a examinar, en particular, si se trata de una infracción leve.
146    Por último, Hungría añade que conferir un margen de apreciación al Consejo de Medios de Comunicación implicaría que este debería examinar de nuevo el carácter grave o reiterado de las infracciones, constatado mediante una resolución definitiva, al pronunciarse sobre la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación, lo que sería contrario a los principios del Estado de Derecho, de seguridad jurídica y de igualdad de trato.
147    En tercer lugar, por lo que respecta a la vulneración del principio de proporcionalidad por la resolución denegatoria, Hungría señala que la denegación de la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación de Klubrádió no resulta de la aplicación de disposiciones desproporcionadas de la normativa húngara o de una resolución arbitraria del Consejo de Medios de Comunicación, sino únicamente de la constatación por parte de este, en resoluciones definitivas, de una serie de infracciones reiteradas cometidas por Klubrádió.
148    A este respecto, Hungría rebate la alegación de la Comisión de que las infracciones constatadas en las resoluciones n.º 354/2017 y 1224/2017 constituyen infracciones leves.
149    En efecto, en primer término, el hecho de que las multas impuestas sean de escasa cuantía no demuestra que se trate de infracciones leves. Afirma, por una parte, que el importe de estas multas no da ninguna indicación sobre la gravedad de las infracciones de que se trata, sobre todo a falta de datos comparativos. Por otra parte, al determinar dicho importe, el Consejo de Medios de Comunicación tuvo en cuenta la situación financiera de Klubrádió para no aplicar una sanción que imposibilitara o dificultara el funcionamiento de esta emisora de radio, de conformidad no solo con los principios de proporcionalidad y progresividad, sino también con el Código de Procedimiento aplicable en la fecha de adopción de las resoluciones n.º 354/2017 y 1224/2017.
150    En segundo término, la afirmación de la Comisión según la cual, en la fecha de los hechos constitutivos de las infracciones de que se trata, el artículo 22, apartado 8, de la Ley de Medios de Comunicación no fijaba un plazo para el cumplimiento de la obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión es, a su juicio, errónea. En efecto, el legislador nacional modificó esta disposición con efectos a partir del 3 de agosto de 2011, al establecer que «los prestadores de servicios de medios de comunicación deberán facilitar mensualmente al Consejo de Medios de Comunicación datos que permitan controlar el cumplimiento de las cuotas de difusión». Aduce que el hecho de que, en el marco de los procedimientos que dieron lugar a la adopción de las resoluciones n.os 354/2017 y 1224/2017, Klubrádió no formulara ninguna declaración u objeción en cuanto a la supuesta falta de fijación de un plazo para el cumplimiento de esta obligación y de que no interpusiera recurso contra dichas resoluciones demuestra que conocía las obligaciones que le incumbían en materia de transmisión de datos relativos a las cuotas de difusión, así como la práctica decisoria del Consejo de Medios de Comunicación a este respecto.
151    En tercer término, la importancia de la obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión justifica, a su modo de ver, concluir que las infracciones cometidas por Klubrádió no son leves. A este respecto, Hungría señala que la falta de transmisión o la transmisión tardía de estos datos dificulta el control, por parte del Consejo de Medios de Comunicación, del cumplimiento de las obligaciones que incumben al prestador de que se trate en materia de cuotas de difusión y permite así a dicho prestador eludir más fácilmente la constatación de otra posible infracción.
152    En cuarto término, el hecho de que Klubrádió cumpliese, en el marco de los procedimientos que dieron lugar a la adopción de las resoluciones n.os 354/2017 y 1224/2017, la obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión que le incumbía, así como el hecho de que pagase posteriormente las multas impuestas, no afectan a la circunstancia de que esta emisora de radio incumplió tal obligación.
153    El Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca y el Reino de los Países Bajos apoyan las alegaciones de la Comisión.
2)      Apreciación del Tribunal de Justicia
i)      Sobre la aplicabilidad del artículo 10 de la Directiva autorización
154    En su imputación basada en la vulneración del principio de proporcionalidad, la Comisión alega que la resolución denegatoria y, en su caso, el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación no son conformes con el principio de proporcionalidad, tal como se refleja no solo en los artículos 5 y 7 de la Directiva autorización, en el artículo 9 de la Directiva marco y en el artículo 4 de la Directiva competencia, sino también en el artículo 10 de la Directiva autorización.
155    Como se ha expuesto en los apartados 74 y 75 de la presente sentencia, los artículos 5 y 7 de la Directiva autorización, el artículo 9 de la Directiva marco y el artículo 4 de la Directiva competencia definen las normas relativas a la atribución de derechos de uso de radiofrecuencias.
156    Por su parte, el artículo 10 de la Directiva autorización establece las normas relativas a la obligación que incumbe a los Estados miembros de controlar y supervisar el cumplimiento de las condiciones que pueden asociarse a los derechos de uso de radiofrecuencias y, en particular, las medidas que pueden adoptar para garantizar el cumplimiento de dichas condiciones.
157    Pues bien, del análisis efectuado al examinar la aplicabilidad del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas a las medidas nacionales controvertidas y, en particular, del apartado 76 de la presente sentencia se desprende que el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación y la resolución denegatoria constituyen la aplicación de las disposiciones de dicho marco relativas a la atribución de derechos de uso de radiofrecuencias.
158    Por consiguiente, la conformidad de la resolución denegatoria y del artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación debe apreciarse únicamente a la luz del principio de proporcionalidad, tal como se refleja en los artículos 5 y 7 de la Directiva autorización, en el artículo 9 de la Directiva marco y en el artículo 4 de la Directiva de competencia.
ii)    Sobre el alcance del artículo 48, apartado 7, letra a), de la Ley de Medios de Comunicación
159    Como se desprende de los apartados 137 a 139 de la presente sentencia, la imputación basada en la vulneración del principio de proporcionalidad por parte de Hungría se basa en una argumentación de la Comisión basada en dos supuestos alternativos. Según el primer supuesto, el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación concede al Consejo de Medios de Comunicación, al adoptar las resoluciones relativas a las solicitudes de renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación, un margen para apreciar la gravedad y el carácter reiterado de las infracciones cometidas por el prestador de que se trate, de modo que solo la resolución denegatoria sería contraria al principio de proporcionalidad, en la medida en que, habida cuenta de los elementos enunciados en el apartado 136 de la presente sentencia, el Consejo de Medios de Comunicación habría vulnerado dicho principio cuando ejerció su margen de apreciación. Según el segundo supuesto, esta disposición no concede tal margen de apreciación al Consejo de Medios de Comunicación, de modo que la propia disposición vulneraría tal principio, en la medida en que daría lugar a la adopción de resoluciones contrarias a este.
160    Por consiguiente, procede determinar previamente, a la luz de los elementos de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, el alcance reconocido, en Derecho húngaro, al artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación.
161    Esta disposición establece que el derecho a prestar servicios de medios de comunicación no podrá renovarse, en particular, cuando, mediante resolución definitiva del Consejo de Medios de Comunicación, el prestador de que se trate haya sido declarado culpable de incumplimientos reiterados o graves del contrato en cuestión o de infracciones reiteradas o graves de la Ley sobre la Libertad de Prensa o de la Ley de Medios de Comunicación.
162    Con arreglo al artículo 187, apartado 5, de la Ley de Medios de Comunicación, una infracción se considerará reiterada cuando el infractor reproduzca, en un plazo de 365 días, el mismo comportamiento ilícito —comprendido en la misma base jurídica, en la misma disposición jurídica y en el mismo ámbito— que el declarado mediante resolución administrativa firme, con excepción de las infracciones leves.
163    De las explicaciones facilitadas por Hungría en la fase escrita del procedimiento se desprende que el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación se interpreta en el sentido de que, al adoptar las resoluciones relativas a las solicitudes de renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación, como la resolución denegatoria, el Consejo de Medios de Comunicación no dispone de ningún margen para apreciar la gravedad de las infracciones cometidas por el prestador de que se trate y el carácter reiterado de tales infracciones. El Consejo de Medios de Comunicación se limita a comprobar si, durante el período de validez del derecho cuya renovación se solicita, ha adoptado, respecto de dicho prestador, una resolución definitiva en la que se haya constatado la comisión de una infracción grave o reiterada. En caso afirmativo, estaría obligado, en aplicación de dicha disposición, a denegar la renovación de ese derecho. De estas explicaciones también se desprende que el Consejo de Medios de Comunicación aprecia, y en su caso constata, el carácter grave o reiterado de las infracciones cometidas por el prestador de que se trate en el momento en que adopta las resoluciones relativas a los procedimientos sancionadores, como las resoluciones n.os 354/2017 y 1224/2017.
164    Los documentos presentados por las partes confirman que el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación se interpreta y aplica en el sentido indicado en el apartado anterior.
165    En efecto, para empezar, en la resolución denegatoria, el Consejo de Medios de Comunicación se limita a enumerar las resoluciones definitivas adoptadas en el marco de los procedimientos sancionadores incoados contra Klubrádió e indica que, en la resolución n.º 1224/2017, había constatado el incumplimiento, por parte de dicha emisora de radio, de la obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión y el carácter reiterado de dicha infracción.
166    A continuación, del cuadro relativo a los motivos de las resoluciones denegatorias relativas a la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación adoptadas por el Consejo de Medios de Comunicación, elaborado por Hungría durante el procedimiento administrativo previo y adjunto a la demanda de la Comisión (en lo sucesivo, «cuadro relativo a los motivos de denegación»), se desprende que la apreciación del carácter grave o reiterado de las infracciones cometidas por los prestadores de que se trate no se efectúa en las resoluciones denegatorias de la renovación de ese derecho, sino en las resoluciones definitivas adoptadas en el marco de los procedimientos sancionadores.
167    Por último, la resolución n.º 265/18 (III. 29), de 27 de marzo de 2018, adoptada en el marco de un procedimiento sancionador incoado contra la emisora de radio Kun-Média, adjunta a la réplica de la Comisión, corrobora que el Consejo de Medios de Comunicación aprecia tanto la gravedad de una infracción como, en caso de que de esta apreciación resulte que dicha infracción no es leve, su carácter reiterado o no reiterado en el momento en que adopta las resoluciones relativas a los procedimientos sancionadores.
168    Por consiguiente, habida cuenta de la falta de margen de apreciación conferido al Consejo de Medios de Comunicación por la Ley de Medios de Comunicación, el examen de la imputación basada en la vulneración del principio de proporcionalidad exige verificar la fundamentación de la alegación de la Comisión relativa a la vulneración de dicho principio, no por parte del Consejo de Medios de Comunicación, sino por el artículo 48, apartado 7, de dicha Ley.
iii) Sobre la vulneración del principio de proporcionalidad por el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación
169    Como se desprende del artículo 9, apartado 1, de la Directiva marco, habida cuenta de que las radiofrecuencias son un bien público que tiene un valor social, cultural y económico importante, los Estados miembros velarán por la gestión eficaz de estas radiofrecuencias para los servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio, de conformidad con las funciones reguladoras especificadas en el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas y con vistas a la consecución de los objetivos enunciados, en particular, en el artículo 8 de la citada Directiva.
170    En virtud del artículo 4, punto 2, de la Directiva competencia, de los artículos 5, apartado 2, párrafo segundo, y 7, apartado 3, de la Directiva autorización, así como del artículo 9, apartado 1, de la Directiva marco, los derechos de uso de radiofrecuencias deberán atribuirse con arreglo a criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados (sentencia de 26 de julio de 2017, Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:597, apartado 39 y jurisprudencia citada).
Por otra parte, estos criterios, que, como se ha señalado en el apartado 75 de la presente sentencia, son aplicables en el momento de la renovación de tales derechos, deben aplicarse teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 8 de la Directiva marco (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de julio de 2017, Europa Way y Persidera, C‑560/15, EU:C:2017:593, apartado 72).
171    De los apartados 161 a 163 de la presente sentencia se desprende que el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación tiene por efecto privar automáticamente a determinados prestadores, a saber, aquellos respecto de los cuales el Consejo de Medios de Comunicación haya constatado, mediante una resolución definitiva, un incumplimiento grave o reiterado del contrato de radiodifusión de que se trate o una infracción grave o reiterada de las disposiciones de la Ley sobre la Libertad de Prensa o de la Ley de Medios de Comunicación, de la posibilidad de obtener la renovación de su derecho a prestar servicios de medios de comunicación, el cual, como se ha constatado en el marco del análisis de la aplicabilidad del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas a las medidas nacionales controvertidas, se refiere también al uso de una radiofrecuencia.
172    Por lo tanto, debe considerarse que el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación contribuye a definir los criterios aplicables, en Derecho húngaro, a la atribución de derechos de uso de radiofrecuencias, de modo que debe respetar los requisitos previstos en las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas en el apartado 170 de la presente sentencia, y, en particular, el relativo a la proporcionalidad de tales criterios.
173    A este respecto, procede señalar que el cumplimiento de las condiciones asociadas a los derechos de uso de radiofrecuencias es esencial para garantizar un uso eficiente y una gestión eficaz de estas. Por consiguiente, puede considerarse que un motivo de denegación de la renovación de esos derechos, basado en el incumplimiento, durante su período de validez, de las obligaciones que incumben al prestador de que se trate, constituye un criterio de selección de los usuarios de radiofrecuencias en relación con el objetivo de fomentar la competencia promoviendo un uso eficiente y velando por una gestión eficaz de las radiofrecuencias, contemplado en el artículo 8, apartado 2, letra d), de la Directiva marco.
174    No obstante, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el requisito de proporcionalidad recordado en el apartado 170 de la presente sentencia implica que los criterios de atribución de los derechos de uso de radiofrecuencias sean adecuados para garantizar la realización del objetivo que persiguen y no vayan más allá de lo necesario para conseguirlo (sentencia de 26 de julio de 2017, Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:597, apartado 39 y jurisprudencia citada).
175    Si bien es cierto que la consideración, al examinar una solicitud de renovación de derechos de uso de radiofrecuencias, de incumplimientos pasados del contrato o de la normativa aplicable al uso de radiofrecuencias puede contribuir al objetivo del uso eficiente y la gestión eficaz de estas, no es menos cierto que el perjuicio que esos incumplimientos pueden causar a tal objetivo depende de su gravedad. Por lo tanto, para garantizar que la consideración de tales incumplimientos no vaya más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo, debe existir una adecuación entre la gravedad del incumplimiento que se ha cometido anteriormente y la decisión adoptada en relación con la renovación de esos derechos de uso.
176    En el presente asunto, es preciso señalar que el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación no establece que la existencia de incumplimientos pasados del contrato de radiodifusión de que se trate, de la Ley de Medios de Comunicación o de la Ley sobre la Libertad de Prensa constituya uno de los criterios que deben tenerse en cuenta al examinar una solicitud de renovación de derechos a prestar servicios de medios de comunicación, sino que tal renovación queda automáticamente excluida para los operadores que hayan incumplido reiteradamente ese contrato o tales Leyes, de modo que, como ha señalado la Comisión, la aplicación de esta disposición tiene por efecto impedir que esos prestadores sigan difundiendo sus contenidos en una radiofrecuencia.
177    Así pues, la denegación de la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación de un prestador que ha cometido una infracción reiterada solo puede ser proporcionada si se comprueba que, habida cuenta de la gravedad de dicha infracción, la denegación es necesaria para garantizar la consecución del objetivo consistente en el uso eficiente y la gestión eficaz de las radiofrecuencias.
178    Por lo tanto, tal comprobación debe efectuarse caso por caso, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza de la infracción reiterada cometida por el prestador de que se trate y las circunstancias particulares del caso concreto que influyen en la determinación, al examinar una solicitud de renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación, de la gravedad de dicha infracción y de las consecuencias que la misma tiene en el acceso del prestador de que se trate a las radiofrecuencias para la difusión de contenidos.
179    Procede añadir que, como se desprende del apartado anterior, la verificación que el Consejo de Medios de Comunicación está obligado a efectuar al examinar las solicitudes de renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación es diferente del examen que debe efectuar en el marco de los procedimientos sancionadores, en los que debe comprobar, únicamente a efectos de tales procedimientos, en particular, la adecuación entre la gravedad de la infracción en cuestión y la sanción que debe imponerse para reprimirla.
180    Así pues, la alegación de Hungría de que la atribución al Consejo de Medios de Comunicación de un margen de apreciación al examinar las solicitudes de renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación vulneraría los principios del Estado de Derecho, de seguridad jurídica y de igualdad de trato, debido a que el Consejo de Medios de Comunicación debería volver a examinar el carácter grave o reiterado de las infracciones, constatado mediante una resolución definitiva, es infundada.
181    Por lo tanto, al obligar al Consejo de Medios de Comunicación a denegar, automáticamente y en todos los casos, la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación cuando el prestador de que se trate haya cometido una infracción reiterada, sin concederle ningún margen de apreciación para verificar, al examinar las solicitudes de renovación de ese derecho, si existe una adecuación entre la gravedad de la infracción de que se trate y la de las consecuencias que la denegación de esa renovación conlleva para el acceso de dicho prestador a las radiofrecuencias, el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación incumple el requisito derivado del artículo 4, punto 2, de la Directiva de competencia, de los artículos 5, apartado 2, párrafo segundo, y 7, apartado 3, de la Directiva autorización, y del artículo 9, apartado 1, de la Directiva marco, según el cual la renovación de los derechos de uso de las radiofrecuencias debe basarse en criterios proporcionados.
182    Por consiguiente, sin que sea necesario examinar las alegaciones de la Comisión expuestas en el apartado 136 de la presente sentencia, procede declarar que la resolución denegatoria, en la medida en que fue adoptada en virtud del artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación y, por lo tanto, sobre la base de un régimen nacional relativo a la concesión de derechos de uso de radiofrecuencias que no respeta la exigencia de proporcionalidad impuesta por las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia, también incumple este requisito.
183    Por consiguiente, la imputación basada en la vulneración del principio de proporcionalidad, tal como se refleja en los artículos 5 y 7 de la Directiva autorización, en el artículo 4 de la Directiva competencia y en el artículo 9 de la Directiva marco, es fundada.
b)      Sobre la imputación basada en la vulneración del principio de no discriminación
1)      Alegaciones de las partes
184    La Comisión alega que el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación, o al menos la forma en que el Consejo de Medios de Comunicación aplicó esta disposición a Klubrádió, infringe los artículos 5 y 7 de la Directiva autorización, el artículo 4 de la Directiva de competencia y el artículo 9 de la Directiva marco, y vulnera, en particular, el principio de no discriminación contemplado en dichos artículos.
185    La Comisión se remite a los datos que figuran en el cuadro relativo a los motivos de denegación, de los que se desprende, en su opinión, que el Consejo de Medios de Comunicación nunca denegó, salvo en el caso de Klubrádió, la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación basándose exclusivamente en que el prestador correspondiente no había cumplido su obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión.
186    Por otra parte, la Comisión sostiene que determinadas emisoras de radio, a saber, Inforádió, Rádió Smile y Kun-Média, obtuvieron la renovación de su derecho a prestar servicios de medios de comunicación a pesar de haber cometido infracciones comparables a las cometidas por Klubrádió, e incluso más graves.
187    Hungría alega que las disposiciones húngaras garantizan la transparencia, la objetividad y la no discriminación al establecer criterios objetivos que se aplican a todos los prestadores de servicios de medios de comunicación para obtener la renovación de su derecho a prestar servicios de medios de comunicación.
188    En este contexto, Hungría rebate, en particular, la afirmación de la Comisión de que, salvo en el caso de Klubrádió, el Consejo de Medios de Comunicación nunca había denegado la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación por el único motivo de que el prestador de que se trata no había cumplido la obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión. En efecto, el cuadro relativo a los motivos de denegación revela, a su juicio, que el Consejo de Medios de Comunicación no renovó el derecho de Fehérvár Médiacentrum Kft. a prestar servicios de medios de comunicación debido a que anteriormente había declarado, en una resolución definitiva, que dicho prestador había incumplido reiteradamente tal obligación.
189    Por lo que respecta a las resoluciones relativas a Inforádió, Rádió Smile y Kun-Média, Hungría sostiene que los hechos que dieron lugar a dichas resoluciones son diferentes de los relativos a Klubrádió y que los procedimientos que dieron lugar a la adopción de esas resoluciones se desarrollaron en un contexto jurídico diferente, de modo que no son comparables al procedimiento seguido en el marco de la renovación del derecho de Klubrádió a prestar servicios de medios de comunicación. Por otra parte, dado que, según ella, la Comisión no precisó si ha llevado a cabo una evaluación de todas las resoluciones que podían tomarse en consideración para demostrar una discriminación o si solo pueden tenerse en cuenta a tal efecto las resoluciones que ha citado, las resoluciones relativas a Inforádió, Rádió Smile y Kun-Média no son más que ejemplos. Además, habida cuenta de que la Comisión solo adjuntó a su demanda una de estas últimas resoluciones, a saber, la relativa a Kun-Média, el Tribunal de Justicia no está en condiciones de comprobar si las situaciones de que se trata son comparables. Así pues, en cualquier caso, según ella, la Comisión no ha demostrado que la práctica decisoria del Consejo de Medios de Comunicación fuera efectivamente discriminatoria.
190    El Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca y el Reino de los Países Bajos apoyan las alegaciones de la Comisión.
2)      Apreciación del Tribunal de Justicia
191    En virtud del artículo 4, punto 2, de la Directiva competencia, de los artículos 5, apartado 2, párrafo segundo, y 7, apartado 3, de la Directiva autorización, y del artículo 9, apartado 1, de la Directiva marco, los criterios de atribución de los derechos de uso de las radiofrecuencias deben respetar el principio de no discriminación.
192    Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de igualdad de trato, del que el principio de no discriminación constituye una expresión particular, exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado. La exigencia relativa al carácter comparable de las situaciones, para determinar la existencia de una violación del principio de igualdad de trato, debe apreciarse a la luz del conjunto de elementos que las caracterizan y, en particular, a la luz del objeto y de la finalidad perseguida por el acto que establece la distinción en cuestión, entendiéndose que deben tenerse en cuenta, a tal efecto, los principios y objetivos del ámbito al que pertenece dicho acto (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de julio de 2017, Europa Way y Persidera, C‑560/15, EU:C:2017:593, apartado 69 y jurisprudencia citada).
193    En el presente asunto, del cuadro relativo a los motivos de denegación se desprende que, mediante la resolución n.º 1203/2019 (X. 8), el Consejo de Medios de Comunicación denegó la renovación del derecho de Médiacentrum a prestar servicios de medios de comunicación por el único motivo de que, en su resolución n.º 1115/2016, había declarado que, entre el 23 y el 31 de mayo de 2016, este prestador no había cumplido la obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión y que este incumplimiento era reiterado.
194    Por otra parte, las resoluciones adoptadas con respecto a las emisoras de radio Inforádió, Rádió Smile y Kun-Média se adoptaron en un contexto jurídico y fáctico diferente del que presidió la adopción de la resolución denegatoria.
195    Por lo tanto, como señaló el Abogado General en el punto 65 de sus conclusiones, las pruebas aportadas por la Comisión no permiten demostrar que la resolución denegatoria haya supuesto una discriminación en detrimento de Klubrádió.
196    Así, debe desestimarse la imputación basada en la vulneración del principio de no discriminación, tal como se refleja en los artículos 5 y 7 de la Directiva autorización, en el artículo 4 de la Directiva competencia y en el artículo 9 de la Directiva marco.
c)      Sobre la imputación basada en la falta de adopción a su debido tiempo de la resolución denegatoria
1)      Alegaciones de las partes
197    La Comisión señala que el procedimiento que dio lugar a la adopción de la resolución denegatoria comenzó el 8 de noviembre de 2019, fecha en que Klubrádió presentó su solicitud de renovación, y concluyó el 8 de septiembre de 2020, fecha en que se adoptó la resolución denegatoria, es decir, tuvo una duración de diez meses.
198    Así pues, afirma que, al adoptar la resolución denegatoria, el Consejo de Medios de Comunicación infringió el artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización, que establece un plazo de seis semanas para la adopción de las resoluciones relativas a la concesión de derechos de uso en el caso de las radiofrecuencias que hayan sido atribuidas para su uso por los servicios de comunicaciones electrónicas en el marco del plan nacional de frecuencias, salvo que dichos derechos se concedan mediante procedimientos de selección competitivos o comparativos, lo que, según la Comisión, no ocurrió en lo que respecta a la resolución denegatoria.
199    Por otra parte, sostiene que el Consejo de Medios de Comunicación también vulneró el principio de buena administración, ya que el respeto de los plazos es la expresión de dicho principio.
200    Hungría sostiene que el procedimiento que dio lugar a la adopción de la resolución denegatoria no es un procedimiento de atribución de radiofrecuencias, sino un procedimiento de renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación y ninguna disposición del Derecho de la Unión establece un plazo para la renovación de ese Derecho.
201    A mayor abundamiento, Hungría precisa que el artículo 48, apartado 5, de la Ley de Medios de Comunicación establece plazos precisos tanto para solicitar la renovación de dicho derecho como para la adopción de las resoluciones relativas a tal solicitud. Estos plazos permiten garantizar no solo que esas resoluciones se adopten a su debido tiempo, sino también que no pueda darse ninguna situación en la que el Consejo de Medios de Comunicación acceda a dicha solicitud antes de la fecha de expiración del contrato de radiodifusión en cuestión y que posteriormente se constate que el prestador de servicios de medios de comunicación de que se trate ha cometido una infracción que excluye tal renovación.
202    El Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca y el Reino de los Países Bajos apoyan las alegaciones de la Comisión.
2)      Apreciación del Tribunal de Justicia
203    En la medida en que, como se desprende de los apartados 74 a 94 de la presente sentencia, el procedimiento que dio lugar a la adopción de la resolución denegatoria se refiere a la concesión de derechos de uso de radiofrecuencias, procede señalar que este procedimiento está sujeto a las disposiciones que forman parte del marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas, entre ellas, en particular, la relativa a los plazos para la adopción de las resoluciones que se refieren a la concesión de tales derechos, a saber, el artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización.
204    Con arreglo a esta disposición, la resolución de denegación debería haberse adoptado en un plazo de seis semanas a partir de la fecha de recepción de la solicitud completa de Klubrádió para la renovación de su derecho a prestar servicios de medios de comunicación.
205    Pues bien, dado que, como se ha señalado en el apartado 31 de la presente sentencia, Klubrádió presentó dicha solicitud el 8 de noviembre de 2019 y que la resolución denegatoria data del 8 de septiembre de 2020, es preciso señalar que dicha resolución se adoptó diez meses después de la presentación de dicha solicitud y, por lo tanto, mucho después de que expirase el plazo previsto en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización.
206    Procede añadir, habida cuenta del alcance del artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación y de la manera en que esta disposición se aplica en Hungría, que, al adoptar la resolución denegatoria, el Consejo de Medios de Comunicación únicamente debía comprobar si, durante la vigencia del contrato de radiodifusión de Klubrádió, había adoptado respecto a dicha emisora de radio una resolución definitiva por la que se declaraba la comisión de una infracción grave o reiterada. En estas circunstancias, no existe ninguna explicación razonable que pueda justificar un retraso de aproximadamente ocho meses y medio en la adopción de la resolución denegatoria.
207    En este contexto, es preciso recordar que, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, en la medida en que un Estado miembro aplique el Derecho de la Unión, las exigencias derivadas del principio de buena administración, como principio general del Derecho de la Unión, en particular el derecho de toda persona a que sus asuntos sean tratados imparcialmente y dentro de un plazo razonable, serán aplicables en el marco de un procedimiento tramitado por la autoridad nacional competente (sentencia de 6 de marzo de 2025, Obshtina Veliko Tarnovo y Obshtina Belovo, C‑471/23 y C‑477/23, EU:C:2025:155, apartado 73 y jurisprudencia citada).
208    Por consiguiente, al haber adoptado la resolución denegatoria mucho después de que expirase el plazo de seis semanas a partir de la fecha de recepción de la solicitud completa de Klubrádió para la renovación de su derecho a prestar servicios de medios de comunicación, el Consejo de Medios de Comunicación infringió el artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización y vulneró el principio de buena administración.
d)      Conclusión
209    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede estimar parcialmente las imputaciones relativas al artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación y a la resolución denegatoria y declarar que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben:
–        en virtud de los artículos 5 y 7 de la Directiva autorización, del artículo 4 de la Directiva competencia, del artículo 9 de la Directiva marco y del principio de proporcionalidad, en primer lugar, al haber adoptado el Consejo de Medios de Comunicación la resolución denegatoria, por la que denegó a Klubrádió la renovación de sus derechos de uso del espectro radioeléctrico; en segundo lugar, al haber adoptado el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación, que excluye automáticamente la renovación de los derechos de uso del espectro radioeléctrico relativos a la radiodifusión FM si el titular ha incumplido reiteradamente su obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión, aun cuando las infracciones cometidas sean leves, tengan carácter meramente formal y ya hayan sido sancionadas con multas que hayan dado lugar a una plena conformidad con posterioridad, y, en tercer lugar, al impedir de este modo desproporcionado a Klubrádió continuar con su actividad en el ámbito de la radiodifusión, y
–        en virtud del artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización y del principio de buena administración, debido a la adopción de la resolución denegatoria mucho después de que expirase el plazo de seis semanas previsto en dicha disposición.
2.      Sobre las imputaciones relativas a la licitación controvertida y a la resolución de nulidad
210    La Comisión alega, en esencia, que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva autorización y del artículo 45 de la Directiva 2018/1972, debido a que, en la licitación controvertida y en la resolución de nulidad, el Consejo de Medios de Comunicación supeditó la atribución de los derechos de uso del espectro radioeléctrico a condiciones desproporcionadas, no fijó de antemano los criterios de atribución de tales derechos, no previó ningún margen de apreciación que permitiera evaluar la gravedad y la pertinencia de los errores de que pudieran adolecer los expedientes presentados por los candidatos y que pudieran dar lugar a la exclusión de estos, e ignoró la importancia menor de los errores de que adolecía la oferta presentada por Klubrádió.
211    Por otra parte, la Comisión reprocha a Hungría haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 8 y 9 de la Directiva marco y del principio de buena administración, al no haber organizado un procedimiento para la atribución de la frecuencia 92.9 MHz con tiempo suficiente para permitir la adopción de una resolución antes de la fecha de expiración de los derechos de Klubrádió relativos al uso de dicha radiofrecuencia.
a)      Sobre las imputaciones basadas en la vulneración de los principios de transparencia y proporcionalidad
1)      Alegaciones de las partes
212    La Comisión alega que la resolución de nulidad, que se basa en tres motivos, es contraria a los principios de transparencia y proporcionalidad, contemplados en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva autorización y en el artículo 45 de la Directiva 2018/1972.
213    En efecto, por lo que respecta al primer motivo de nulidad, la Comisión señala que, de conformidad con la licitación controvertida, los candidatos estaban obligados a adjuntar a sus ofertas el formulario que contenía, en su punto III.2, la parrilla de programación semanal prevista, debiendo precisar la duración de cada programa, y que indicaba, en su punto III.3, para cada programa, el título, una descripción sucinta y su duración.
214    Afirma que de la resolución de nulidad se desprende que, en la parrilla de programación semanal prevista en el punto III.2 del formulario presentado por Klubrádió, figuraban, por una parte, el programa «Reggeli Gyors», cuya emisión estaba prevista todos los días de la semana, entre las 6.10h y las 10.00h, y, por otra parte, un programa de 55 minutos de duración, titulado «Reggeli Gyors ismétlés», cuya emisión estaba prevista los fines de semana. Pues bien, para este último programa, que consiste en una selección de momentos pertinentes e interesantes de los programas «Reggeli Gyors» emitidos durante la semana, Klubrádió no cumplimentó el punto III.3 de dicho formulario.
215    La Comisión añade que, en la resolución de nulidad, el Consejo de Medios de Comunicación declaró que, cuando un programa es objeto de una intervención técnica o cuando se eliminan elementos de dicho programa, el programa resultante es un nuevo «programa», en el sentido de la licitación controvertida, y debe, por lo tanto, describirse en el punto III.3 del formulario. Basándose en el punto 1.11.10.3 de la licitación controvertida, que excluye la posibilidad de completar los elementos de las ofertas que deben someterse a evaluación, como la parrilla de programación, el Consejo de Medios de Comunicación no solicitó la información relativa al programa «Reggeli Gyors ismétlés» para completar el punto III.3 del formulario presentado por Klubrádió.
216    Pues bien, en opinión de la Comisión, dado que el concepto de «redifusión» que figura en la licitación controvertida se refiere a la redifusión de «material sonoro grabado», Klubrádió podía considerar legítimamente que el programa «Reggeli Gyors ismétlés», en la medida en que constituía la redifusión de materiales sonoros, extractos seleccionados, de un programa ya emitido, estaba comprendido en dicho concepto y que, por lo tanto, no procedía describir esta redifusión en el punto III.3 del formulario.
217    Por otra parte, aun suponiendo que el programa «Reggeli Gyors ismétlés» no fuera asimilable a una redifusión, el Consejo de Medios de Comunicación habría podido solicitar a Klubrádió que completara la descripción que faltaba. La imposibilidad de completar los datos relativos a la parrilla de programación, que, según el Consejo de Medios de Comunicación, se desprende del punto 1.11.10.3 de la licitación controvertida, vulnera el principio de proporcionalidad, en la medida en que tal imposibilidad no permite a los candidatos corregir imprecisiones, ni siquiera menores y de carácter meramente formal, ni disipar las dudas del Consejo de Medios de Comunicación.
218    En lo tocante al segundo motivo de nulidad, de la resolución de nulidad se desprende que, en la parrilla de programación semanal prevista en el punto III.2 del formulario presentado por Klubrádió, figuraba un programa titulado «Kovátsműhely» de 45 minutos de duración, mientras que, para este programa, el punto III.3 de dicho formulario indicaba una duración de 50 minutos. El Consejo de Medios de Comunicación constató que, de conformidad con el punto 1.11.10.3 de la licitación controvertida, esta discordancia no podía subsanarse.
219    Según la Comisión, la mención de estas dos duraciones diferentes se asemeja a un mero error administrativo cuya corrección no habría tenido incidencia alguna en los elementos de fondo de la candidatura de Klubrádió. El hecho de invalidar una candidatura sobre la base de tal error, en lugar de solicitar precisiones al candidato, a su juicio, es contrario al principio de proporcionalidad.
220    En lo que atañe al tercer motivo de nulidad, que se refiere al plan empresarial y financiero de Klubrádió, se basa en la constatación del Consejo de Medios de Comunicación de que Klubrádió, cuyos fondos propios eran negativos en los años anteriores a la fecha de presentación de su candidatura, no podía cubrir sus gastos únicamente con su volumen de negocios neto.
221    La Comisión subraya que el Consejo de Medios de Comunicación no invocó el incumplimiento de los requisitos relativos a la viabilidad financiera del candidato, previstos en el punto 1.8.2 de la licitación controvertida, de modo que consta que Klubrádió cumplía dichos requisitos.
222    Afirma que la resolución de nulidad se basa en el punto 1.11.9.2, letra c), de la licitación controvertida, según el cual la candidatura adolece de nulidad material si, debido a su falta de fundamento, la oferta no es apta para alcanzar los objetivos definidos por la Ley de Medios de Comunicación o en dicha licitación. Según el Consejo de Medios de Comunicación, la candidatura de Klubrádió no permitía alcanzar el objetivo especificado en el punto 1.2 de dicha licitación, a saber, garantizar la presencia en el mercado de los medios de comunicación de una emisora de radio estable y previsible en cuanto a su funcionamiento.
223    En opinión de la Comisión, al adoptar la resolución de nulidad sobre la base del motivo mencionado en el apartado 220 de la presente sentencia, en primer lugar, el Consejo de Medios de Comunicación incumplió la exigencia de transparencia establecida en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva autorización y en el artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972, puesto que se basó en criterios de evaluación del contenido de las candidaturas que no figuraban en la licitación controvertida. En efecto, las condiciones de admisibilidad de las candidaturas no aluden a un requisito específico de viabilidad financiera relacionado con el estado de los fondos propios de la empresa de que se trate.
224    En segundo lugar, la Comisión considera que la desestimación de la candidatura de Klubrádió es desproporcionada. En efecto, el Consejo de Medios de Comunicación consideró que el funcionamiento estable de Klubrádió no estaba garantizado debido a que, en virtud de la legislación húngara vigente, una sociedad con fondos propios negativos puede ser suprimida de oficio del Registro Mercantil. Según la Comisión, el funcionamiento deficitario de Klubrádió durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de su candidatura no implica en sí mismo la falta de viabilidad financiera de dicho candidato en el futuro, puesto que no se vio obligado a interrumpir sus programas ni fue suprimido del Registro Mercantil.
225    Por otra parte, según la Comisión, el Consejo de Medios de Comunicación no tuvo en cuenta las medidas adoptadas por Klubrádió para regularizar el estado de sus fondos propios. A este respecto, el Consejo de Medios de Comunicación rechazó el sistema de asunción de los costes de Klubrádió por parte del propietario de esta emisora de radio y de patrocinadores, alegando que, en el pasado, Klubrádió no había podido cubrir sus costes de explotación con su propio volumen de negocios neto.
226    Ahora bien, la Comisión señala que el recurso a patrocinadores o participantes externos (crowdfunding) es un medio legítimo de financiación de los medios de comunicación. Por consiguiente, según esta institución, la resolución de nulidad no está relacionada con el objetivo público declarado, no es adecuada y va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
227    Habida cuenta de lo anterior, el criterio según el cual Klubrádió debería haber cubierto sus costes de explotación únicamente con su volumen de negocios neto no puede considerarse una exigencia objetiva, transparente y proporcionada a la luz del Derecho de la Unión.
228    En su defensa, Hungría, por lo que respecta, en primer lugar, a los motivos de nulidad relativos a los programas «Reggeli Gyors ismétlés» y «Kovátsműhely», señala que, para garantizar el carácter equitativo y no discriminatorio de un procedimiento de licitación, tanto la Ley de Medios de Comunicación como la licitación controvertida se basan en el principio de que la oferta en cuestión solo puede modificarse, corregirse o completarse cuando se trate de defectos subsanables o no significativos o cuando tal corrección no incumpla la exigencia de un procedimiento equitativo, transparente y no discriminatorio. En este contexto, Hungría invoca las disposiciones de la Ley de Medios de Comunicación y las normas de la licitación controvertida que precisan los defectos o las lagunas que no pueden subsanarse después de la fecha de presentación de una candidatura y que dan lugar a la nulidad de la oferta en cuestión, entre los que se incluyen las irregularidades detectadas en relación con los programas mencionados.
229    Según Hungría, al tratarse de un defecto definido previamente de manera vinculante y que da lugar a la nulidad de la oferta en cuestión, admitir la posibilidad de que el Consejo de Medios de Comunicación decida, en función de la naturaleza del defecto y sobre la base de su propia evaluación subjetiva, si procede aplicar las consecuencias jurídicas de la nulidad sería contrario a los principios del Estado de Derecho y de seguridad jurídica, así como a la exigencia de una evaluación transparente, objetiva y no discriminatoria.
230    Por otra parte, Hungría rebate la alegación de la Comisión según la cual los defectos relativos a los programas «Reggeli Gyors ismétlés» y «Kovátsműhely» eran de escasa importancia y de carácter formal y administrativo.
231    Hungría afirma que, en efecto, en lo que respecta, por una parte, al programa «Reggeli Gyors ismétlés», Klubrádió no cumplió el requisito de validez contemplado en el punto 2.5.5.2 de la licitación controvertida, que establece la obligación de describir todos los programas que figuran en la parrilla de programación semanal. A este respecto, subraya que este programa no debe considerarse una redifusión del programa «Reggeli Gyors», sino un programa diferente, en el sentido de la licitación controvertida, dado que existe una diferencia total de 825 minutos entre los dos programas y que, en caso de mera redifusión, el programa emitido debe ser íntegramente idéntico al programa original. A falta de precisiones sobre un programa que no puede calificarse de «redifusión», la oferta de que se trata impide, a su juicio, una evaluación en cuanto al fondo, puesto que no permite verificar el cumplimiento de los compromisos en materia de cuotas de difusión.
232    Por lo que respecta, por otra parte, al programa «Kovátsműhely», según Hungría, la diferencia relativa a la duración indicada en los puntos III.2 y III.3 del formulario presentado por Klubrádió constituye una contradicción insuperable que hace que el punto III.2, que contiene la parrilla de programación semanal, y el punto III.3, relativo a la descripción de este programa, sean imposibles de conciliar. Así pues, la oferta presentada por Klubrádió no cumple el requisito de validez establecido en el punto 2.5.5.6 de la licitación controvertida. Una corrección de la duración de los programas habría supuesto necesariamente una modificación de los compromisos y de las declaraciones esenciales que figuraban en la oferta presentada por Klubrádió, lo que sería contrario a la licitación controvertida.
233    En segundo lugar, por lo que respecta al motivo de nulidad relativo al plan empresarial y financiero de Klubrádió, en primer término, Hungría subraya que los requisitos formales y sustantivos a los que están sujetas las ofertas se enuncian tanto en la Ley de Medios de Comunicación como en las licitaciones correspondientes, en el presente asunto, en los puntos 1.11.7 y 1.11.9.2 de la licitación controvertida.
234    Según Hungría, el examen de la validez de una oferta en cuanto al fondo requiere efectuar un análisis complejo del contenido de dicha oferta en su conjunto, en el marco del cual, de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Medios de Comunicación, el Consejo de Medios de Comunicación debe comprobar, en particular, si dicha oferta permite garantizar la realización del objetivo de interés público perseguido por la licitación controvertida, en el presente asunto, garantizar la presencia en el mercado de los medios de comunicación de una emisora de radio estable y previsible en cuanto a su funcionamiento.
235    La presentación de la situación financiera y económica del candidato y la presentación de su plan financiero, económico y prospectivo son, a su juicio, requisitos impuestos a tal fin por la licitación controvertida, por lo que no puede admitirse que el motivo de nulidad relativo al plan empresarial y financiero de Klubrádió y los criterios de apreciación de dicho motivo no sean transparentes.
236    En segundo término, a juicio de ese Estado miembro, la afirmación de la Comisión de que el Consejo de Medios de Comunicación tomó en consideración criterios de apreciación que no figuraban en la licitación controvertida carece de todo fundamento, puesto que dicha licitación, que reproduce literalmente las disposiciones de la Ley de Medios de Comunicación, enuncia los criterios de examen de las ofertas, las normas relativas a la invalidez material de estas, los criterios de aptitud impuestos a las ofertas, los requisitos de verificación de su invalidez formal, los requisitos relativos al plan empresarial y al plan financiero y los requisitos relativos a las declaraciones de los candidatos, respectivamente, en los puntos 1.11.6, 1.11.9, 2.1.4 a 2.1.6, 2.2, 2.5.4 y 2.5.8.
237    En tercer término, según Hungría, la Comisión sostiene erróneamente que las apreciaciones realizadas por el Consejo de Medios de Comunicación, en la resolución de nulidad, en lo que respecta a la situación financiera de Klubrádió son desproporcionadas.
238    Antes que nada, Hungría precisa que, contrariamente a lo que afirma la Comisión, el Consejo de Medios de Comunicación no declaró inválida la oferta de Klubrádió porque el estado de los fondos propios de esta emisora de radio fuera negativo desde hacía varios años, sino porque ese estado negativo de fondos propios habría afectado necesariamente a la estabilidad futura de dicha emisora de radio. Por otra parte, las declaraciones contenidas en la oferta relativas a la regularización de esta situación son, en su opinión, divergentes y contradictorias y no se respetó ninguno de los compromisos asumidos.
239    A continuación, prosigue, no sería desproporcionado exigir que la emisora de radio que obtenga una autorización para prestar servicios de medios de comunicación sea económicamente viable, puesto que existe un interés público fundamental en que dicha emisora de radio, que utiliza, gratuitamente y durante diez años, una frecuencia exclusiva perteneciente al Estado, sea estable y previsible en cuanto a su funcionamiento.
240    Según Hungría, una emisora de radio que no cumpla los requisitos legales más elementales en lo que respecta a la forma y la gestión de una sociedad no cumple los requisitos de estabilidad y de previsibilidad que le permitan alcanzar los objetivos perseguidos por la licitación controvertida, ya que una gestión irregular durante un largo período de tiempo tendría repercusiones evidentes en la gestión futura de dicha emisora de radio o, al menos, efectos potenciales sobre esa gestión, sobre el mantenimiento de la actividad de dicha emisora de radio y sobre la continuidad de su explotación (going concern). Según Hungría, tal era el caso de Klubrádió, dado que el carácter claramente infractor de su estado de fondos propios podía dar lugar a su liquidación forzosa y, en su caso, a su cancelación de oficio del Registro Mercantil.
241    Además, Hungría aduce que el estado de los fondos propios no es una cuestión de apreciación subjetiva, sino una cuestión objetiva, respecto de la cual puede demostrarse que Klubrádió cometió deliberadamente, durante varios años, infracciones legales que solo le son imputables a ella misma, como demuestra la declaración de auditoría adjunta a las cuentas anuales de Klubrádió. Según este Estado miembro, el plan empresarial, el plan financiero y el balance que dicha emisora de radio estaba obligada a presentar de conformidad con la licitación controvertida no demuestran que Klubrádió subsanara esta situación en un plazo razonable.
242    Por último, Hungría sostiene que la afirmación de la Comisión de que los propietarios de Klubrádió habían adoptado medidas adecuadas para subsanar el estado de fondos propios negativos de esta emisora de radio carece de fundamento. En efecto, las declaraciones relativas a los fondos propios, a la financiación y a los cobros de créditos realizadas por la persona física que se expresó en nombre de dicha emisora de radio son, a su juicio, contradictorias, hipotéticas y condicionales, de modo que no se ajustan a los requisitos legales y a los criterios de evaluación definidos en las normas de la licitación controvertida.
243    El Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca y el Reino de los Países Bajos apoyan las alegaciones de la Comisión.
2)      Apreciación del Tribunal de Justicia
244    Procede recordar que, en virtud del artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva autorización, los derechos de uso de radiofrecuencias se otorgarán mediante procedimientos abiertos, objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva marco. Dicho artículo 9, apartado 1, que, como se ha señalado en el apartado 103 de la presente sentencia, corresponde al artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972, establece también que esos derechos se atribuirán sobre la base de criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.
245    También es preciso recordar que el principio de proporcionalidad exige que las normas establecidas por los Estados miembros o por los poderes adjudicadores en la ejecución de tales disposiciones no vayan más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos por las directivas de las que forman parte (véase, por analogía, la sentencia de 26 de septiembre de 2024, Luxone y Sofein, C‑403/23 y C‑404/23, EU:C:2024:805, apartado 55 y jurisprudencia citada).
246    Por otra parte, en el marco de un procedimiento de licitación, el principio de igualdad de trato concede a los licitadores las mismas oportunidades en la redacción de los términos de sus ofertas, lo que implica que tales ofertas estén sujetas a los mismos requisitos para todos los licitadores. El objetivo de la obligación de transparencia, que constituye su corolario, es garantizar que no exista riesgo alguno de favoritismo y de arbitrariedad por parte de la autoridad pública. Esta obligación implica que todas las condiciones y la regulación del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en la licitación, con el fin de que, en primer lugar, todos los candidatos razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, en segundo lugar, la autoridad competente pueda comprobar efectivamente que las ofertas que se le presentan responden a los criterios aplicables a la atribución de tales derechos (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2024, Luxone y Sofein, C‑403/23 y C‑404/23, EU:C:2024:805, apartado 56 y jurisprudencia citada).
247    Por último, los principios de transparencia y de igualdad de trato que rigen los procedimientos de atribución de los derechos de uso de las radiofrecuencias exigen que los requisitos de fondo y de forma relativos a la participación en dichos procedimientos estén definidos claramente por anticipado y que sean hechos públicos, en particular las obligaciones que recaen sobre las empresas candidatas, a fin de que estas puedan conocer exactamente los imperativos del procedimiento y tener la seguridad de que se aplican los mismos requisitos a todos los participantes (véase, por analogía, la sentencia de 26 de septiembre de 2024, Luxone y Sofein, C‑403/23 y C‑404/23, EU:C:2024:805, apartado 57 y jurisprudencia citada).
248    Procede comprobar a la luz de esta jurisprudencia si, como sostiene la Comisión, los tres motivos de nulidad en los que se basó el rechazo de la candidatura de Klubrádió son contrarios a los principios de proporcionalidad y transparencia, en el sentido expuesto por la Comisión, de modo que tanto la resolución de nulidad como, en su caso, las normas de la licitación controvertida que sirvieron de base para su adopción también serían contrarias a dichos principios.
i)      Sobre los motivos de nulidad relativos a los programas «Reggeli Gyors ismétlés» y «Kovátsműhely»
249    Como se desprende del tenor del punto 1.11.10.3 de la licitación controvertida y de la resolución de nulidad, adjuntas a la demanda de la Comisión, no se admite ninguna corrección en lo que respecta a los elementos de la oferta objeto de evaluación. Entre estos elementos figura, de conformidad con el punto 1.12.2.1 de dicha licitación, la parrilla de programación del candidato, tal como se describe en los puntos III.2 y III.3 del formulario presentados por este último.
250    Pues bien, en el supuesto de que, por lo que respecta a dichos elementos, un candidato hubiera cometido errores mínimos, cuya corrección no tendría incidencia alguna en los elementos de fondo de su candidatura ni, en consecuencia, habría vulnerado la exigencia de una evaluación equitativa y no discriminatoria de los candidatos, la imposibilidad de que el Consejo de Medios de Comunicación, en aplicación de las normas de la licitación controvertida, instara al candidato afectado a subsanar tales errores parece desproporcionada.
251    En el presente asunto, consta que los puntos III.2 y III.3 del formulario presentado por Klubrádió adolecían de dos irregularidades en lo que respecta a los programas «Reggeli Gyors ismétlés» y «Kovátsműhely».
252    Por lo que respecta, en primer lugar, al programa «Reggeli Gyors ismétlés», la irregularidad constatada se debía a que Klubrádió, al considerar que dicho programa constituía una «redifusión», en el sentido de la licitación controvertida, del programa «Reggeli Gyors», no había cumplimentado, para el primer programa, el punto III.3 del formulario, en el que se indicaba, en particular, su descripción y su duración. El Consejo de Medios de Comunicación, tras constatar, en esencia, que el programa «Reggeli Gyors ismétlés» no podía considerarse una «redifusión», en el sentido de la licitación controvertida, del programa «Reggeli Gyors», que dicho programa debía, por lo tanto, describirse en el punto III.3 de dicho formulario y que la falta de tal descripción, en la medida en que se refería a uno de los elementos objeto de evaluación contemplados en el punto 1.12.2.1 de dicha licitación, no podía, de conformidad con lo dispuesto en el punto 1.11.10.3, corregirse ni regularizarse, concluyó que esa irregularidad debía dar lugar a la nulidad de la oferta de Klubrádió.
253    Pues bien, es preciso señalar que, como se desprende de la resolución de nulidad, de conformidad con las normas de la licitación controvertida, el concepto de «redifusión» se define como un «material sonoro grabado que haya sido difundido previamente en el marco del programa, que puede volver a emitirse sin necesidad de una intervención técnica particular», mientras que el concepto de «programa» se define como «una sucesión de sonidos o imágenes en movimiento o fijos, combinados o no con sonido, que constituyen, con independencia de su duración, una unidad distinta en una programación o en un catálogo elaborado por un prestador de servicios de medios de comunicación».
254    Habida cuenta de estas definiciones y a falta, en la licitación controvertida, de otras normas interpretativas relativas a estos conceptos, no puede considerarse que la interpretación del concepto de «redifusión» propugnada por el Consejo de Medios de Comunicación, según la cual se considera que un programa constituye una redifusión si se vuelve a emitir en su totalidad y por toda su duración sin necesidad de una intervención técnica particular, se desprenda de manera clara, precisa e inequívoca de dicha licitación de modo que todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes debían dar tal interpretación a dicho concepto.
255    Por el contrario, habida cuenta de que dicho concepto no se basa en la emisión de un «programa» anterior, sino de un «material sonoro grabado» que haya sido difundido previamente «en el marco del programa», como alegó la Comisión, Klubrádió podía considerar razonablemente que el programa «Reggeli Gyors ismétlés», en la medida en que consistía en la emisión de extractos de un programa emitido anteriormente, a saber, «Reggeli Gyors», constituía una «redifusión» de este último programa, en el sentido de la licitación controvertida. En estas circunstancias, el hecho, invocado por Hungría, de que había una diferencia total de 825 minutos entre los dos programas carece de relevancia.
256    Por lo que se refiere, en segundo lugar, al programa «Kovátsműhely», la irregularidad de la que adolecían los puntos III.2 y III.3 del formulario presentados por Klubrádió resultaba del hecho de que, mientras que en la parrilla de programación a que se refiere el punto III.2 de dicho formulario, esta emisora de radio había inscrito dicho programa, indicando que su emisión estaba prevista para el domingo entre las 17.05h y las 17.50h, de tal forma que, según dicho punto, la duración de dicho programa era de 45 minutos, la duración indicada para el mismo programa en el punto III.3 de dicho formulario era de 50 minutos.
257    Pues bien, es preciso tener en cuenta el hecho de que, como señaló el Consejo de Medios de Comunicación en la resolución de nulidad, Klubrádió no cometió ningún error en lo que respecta a los demás programas que figuran en los puntos III.2 y III.3 del formulario presentado por dicha emisora de radio, en particular en lo que se refiere a su duración. Así pues, la diferencia de cinco minutos en la duración del programa «Kovátsműhely» que resulta de esos puntos no parece tener incidencia alguna en los demás programas que figuran en la parrilla de programación presentada por Klubrádió.
258    Así, procede considerar que tal diferencia se asemeja a un error tipográfico, que puede incluirse así en los errores subsanables y no significativos mencionados en el apartado 228 de la presente sentencia.
259    Por consiguiente, procede declarar, a la luz de la apreciación que figura en el apartado 250 de la presente sentencia, que las irregularidades relativas a los programas «Reggeli Gyors ismétlés» y «Kovátsműhely» deberían haber podido ser objeto de corrección.
260    En estas circunstancias, la resolución de nulidad que declaró, sobre la base de las normas de la licitación controvertida que excluían toda posibilidad de corrección de las ofertas, la nulidad de la oferta de Klubrádió debido a dichas irregularidades es desproporcionada.
ii)    Sobre el motivo de nulidad relativo al plan empresarial y financiero de Klubrádió
261    Procede observar que, como se desprende de la resolución de nulidad, el motivo de nulidad relativo al plan empresarial y financiero de Klubrádió se basa en el carácter negativo de los fondos propios de esta emisora de radio durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de su candidatura y en la imposibilidad de cubrir sus gastos únicamente con su volumen de negocios neto. A la luz de estos elementos, que se constataron utilizando, en particular, los datos de las cuentas anuales de Klubrádió relativos a los ejercicios anteriores a aquel en el que dicha emisora de radio presentó su oferta, el Consejo de Medios de Comunicación consideró que esta oferta no podía, habida cuenta de su «falta de fundamento», alcanzar el objetivo previsto en el punto 1.2 de la licitación controvertida, a saber, garantizar la presencia en el mercado de los medios de comunicación de una emisora de radio estable y previsible en cuanto a su funcionamiento. Por consiguiente, el Consejo de Medios de Comunicación concluyó que la oferta presentada por Klubrádió adolecía de nulidad material en virtud del artículo 59, apartado 3, letra c), de la Ley de Medios de Comunicación y del punto 1.11.9.2, letra c), de la licitación controvertida, con arreglo al cual «la oferta adolece de nulidad material […] si, debido a su falta de fundamento, […] no es apta para alcanzar los objetivos definidos en la Ley de Medios de Comunicación y en la licitación».
262    Procede señalar que tanto el estado de los fondos propios como los datos relativos al volumen de negocios neto constituyen elementos relacionados con la viabilidad financiera de una empresa.
263    A este respecto, es preciso subrayar que, ciertamente, en su punto 1.8.2, la licitación controvertida establecía las normas relativas a las condiciones de viabilidad financiera de los candidatos, cuyo incumplimiento en cualquiera de las fases del procedimiento de licitación daba lugar a la nulidad de la oferta, en aplicación del punto 1.11.7, letra a), de esta licitación.
264    No obstante, dicho punto 1.8.2 obligaba a los candidatos, en primer término, a no ser deudores de ninguna deuda vencida en más de sesenta días en materia aduanera o en concepto de cotizaciones a la seguridad social, de ninguna deuda tributaria vencida que figurase en los registros de la Administración tributaria central, ni de ninguna obligación de pago vencida frente a un fondo estatal especializado; en segundo término, a no ser objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación o de cualquier otro procedimiento que tuviera por objeto su disolución; en tercer término, a no haber sido objeto, durante los cinco años anteriores a la publicación de la licitación, de ninguna resolución administrativa firme por la que se declarase la existencia de una infracción grave que se reflejase en el incumplimiento del contrato de radiodifusión ni de ninguna rescisión de dicho contrato por parte del Consejo de Medios de Comunicación, y, en cuarto término, a no tener ninguna deuda vencida con el Consejo de Medios de Comunicación.
265    Por consiguiente, procede declarar que entre las condiciones de viabilidad financiera impuestas a los candidatos por la licitación controvertida no figuraba ningún requisito relativo al estado de los fondos propios de los candidatos o a la necesidad de cubrir sus gastos únicamente con su volumen de negocios neto.
266    Es cierto que, como alegó Hungría, esta licitación obligaba a los candidatos a presentar un plan empresarial y financiero que abarcase hasta el 31 de diciembre de 2024, en el que se indicaran los elementos que figuran en el punto 2.5.4 de dicha licitación. Sin embargo, de estos elementos no se desprende en modo alguno que dicho plan debiera reflejar, so pena de nulidad de la oferta de que se trata, fondos propios positivos durante los años anteriores a la fecha de presentación de las candidaturas y un volumen de negocios neto que permitiera, por sí solo, cubrir los gastos durante esos años.
267    Por otra parte, por lo que respecta a los datos financieros e históricos que debían facilitarse en el marco del plan empresarial y financiero, con arreglo al punto 2.5.4.3.5 de la licitación controvertida, los candidatos solo estaban obligados a presentar sus «últimos estados financieros cerrados (balance, cuentas de resultados y anexos […])», a saber, en definitiva, como se desprende de la lectura de este punto en su totalidad, las cuentas anuales para el ejercicio anterior a aquel en el que se presentó la oferta en cuestión.
268    En estas circunstancias, como señaló el Abogado General en el punto 79 de sus conclusiones, la utilización, como motivo de nulidad basado en la falta de aptitud del candidato para alcanzar el objetivo perseguido por la licitación controvertida, de un criterio vinculado a la viabilidad financiera de los candidatos, cuando este no forma parte de los criterios relativos a esa viabilidad contemplados en dicha licitación y no puede deducirse razonablemente de ninguna norma de esta última, no cumple los requisitos relativos al principio de transparencia, tal como han sido precisados por la jurisprudencia citada en los apartados 246 y 247 de la presente sentencia.
269    Además, con independencia de lo anterior, en circunstancias en las que no se cuestiona la viabilidad del operador en cuestión, la adopción de una norma que permita al Consejo de Medios de Comunicación declarar la nulidad de la oferta de un candidato debido al carácter negativo de sus fondos propios y a la imposibilidad de cubrir sus gastos únicamente con su volumen de negocios neto sería contraria al principio de proporcionalidad. En efecto, habida cuenta de la diversidad de las posibles fuentes de financiación de una emisora de radio, esta norma va más allá de lo necesario para garantizar la presencia en el mercado de los medios de comunicación de una emisora de radio estable y previsible en cuanto a su funcionamiento.
270    En el presente asunto, habida cuenta de que Klubrádió opera en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, de que difundía sus contenidos en radiofrecuencias desde 1999 y de que, a pesar del carácter negativo de sus fondos propios, constatado en la resolución de nulidad, nunca se vio obligada a interrumpir su actividad, no puede considerarse razonablemente que el rechazo de la oferta presentada por Klubrádió debido a sus fondos propios negativos fuera necesario para garantizar la presencia en el mercado de los medios de comunicación de una emisora de radio estable y previsible en cuanto a su funcionamiento.
271    En este contexto, no puede estimarse la alegación de Hungría según la cual el estado de los fondos propios de Klubrádió no permite alcanzar dicho objetivo, ya que dicho estado podía dar lugar a la liquidación forzosa de dicha emisora de radio y, en su caso, a su cancelación de oficio del Registro Mercantil.
272    En efecto, dicha emisora de radio no solo no era objeto de tales procedimientos de liquidación o de cancelación en la fecha de presentación de su oferta y en la fecha del examen de su candidatura, lo que, por otra parte, como se ha señalado en los apartados 263 y 264 de la presente sentencia, habría dado lugar a la nulidad de su oferta, sino que, incluso después de esas fechas, Klubrádió no ha sido objeto de dichos procedimientos y sigue estando activa.
273    Tampoco puede considerarse razonablemente que el hecho de que Klubrádió no pudiera cubrir sus gastos únicamente con su volumen de negocios neto y debiera recurrir a patrocinadores y subvenciones obstaculizara la consecución del objetivo contemplado en el punto 1.2 de la licitación controvertida y recordado, en particular, en los apartados 261 y 270 de la presente sentencia. Como señaló la Comisión, sin que Hungría la contradijera, el modelo comercial de Klubrádió se basaba en tales medios de financiación, que le permitieron, en el pasado, compensar situaciones financieras negativas, sin que esta circunstancia le impidiera ejercer su actividad de manera estable y respetar las condiciones asociadas a los derechos de uso de las radiofrecuencias a las que estaba sujeta.
274    Por consiguiente, sin que sea necesario examinar las demás alegaciones de la Comisión, entre ellas, en particular, la relativa al supuesto carácter arbitrario del motivo de nulidad controvertido y de la resolución de nulidad, a la luz de las resoluciones adoptadas en el pasado con respecto a otros candidatos, procede declarar que la licitación controvertida, en la medida en que permite al Consejo de Medios de Comunicación declarar, sobre la base de su punto 1.11.9.2, letra c), la nulidad de la oferta de un candidato debido al carácter negativo de sus fondos propios y a la imposibilidad de cubrir sus gastos únicamente con su volumen de negocios neto, es contraria a los principios de transparencia y de proporcionalidad. Lo mismo sucede con la resolución de nulidad, habida cuenta, en particular, de los elementos relativos a la situación de Klubrádió que se han expuesto anteriormente.
275    De todas las consideraciones anteriores resulta que la imputación basada en la vulneración de los principios de transparencia y proporcionalidad, tal como se reflejan en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva autorización y en el artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972, es fundada.
b)      Sobre la imputación basada en la falta de adopción a su debido tiempo de la resolución de nulidad
1)      Alegaciones de las partes
276    La Comisión señala que, dado que la resolución denegatoria se adoptó el 8 de septiembre de 2020, al término de un procedimiento de diez meses, infringiendo el artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización, el Consejo de Medios de Comunicación no convocó la licitación controvertida hasta el 4 de noviembre de 2020, dejando así poco tiempo para concluir dicha licitación antes del 14 de febrero de 2021, fecha de expiración del contrato de radiodifusión de Klubrádió. Habida cuenta de que, según el punto 1.11.3.1 de la licitación controvertida, el plazo de presentación de ofertas es de cuarenta días a partir de la fecha de publicación de dicha licitación, de modo que dicho plazo expiró el 14 de diciembre de 2020, el Consejo de Medios de Comunicación solo dispuso, por lo tanto, de dos meses para evaluar las ofertas y celebrar un nuevo contrato de radiodifusión. Por último, esta institución señala que, el 10 de marzo de 2021, mediante la resolución de nulidad, el Consejo de Medios de Comunicación declaró infructuosa la licitación y, el 30 de marzo de 2021, celebró un contrato administrativo temporal para la utilización de la frecuencia 92.9 MHz durante el período comprendido entre el 3 de mayo y el 29 de octubre de 2021.
277    Según la Comisión, al proceder de este modo, el Consejo de Medios de Comunicación no veló por la gestión eficaz de las frecuencias, infringiendo el artículo 8, apartado 2, letra d), de la Directiva marco, ni fomentó el uso efectivo y eficiente del espectro radioeléctrico, infringiendo el artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva. Por otra parte, prosigue, el Consejo de Medios de Comunicación tampoco garantizó el derecho de Klubrádió a un procedimiento equitativo y rápido conforme al principio general de buena administración, ni respondió a las necesidades de las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad y las personas que tienen necesidades sociales especiales, como exige el artículo 8, apartado 2, letra a), de dicha Directiva, dado que los usuarios finales pertenecientes a esas categorías tenían más probabilidades que otros de depender de la emisión terrestre de los programas de Klubrádió y podían tener especiales dificultades para pasar a una escucha en línea de dichos programas.
278    En su defensa, Hungría arguye, para empezar, que, aun suponiendo que la licitación controvertida esté comprendida en el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas, la alegación de la Comisión carece de fundamento, ya que el plazo de seis semanas previsto en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización puede, en virtud del artículo 7, apartado 4, de dicha Directiva, prorrogarse hasta ocho meses en el marco de procedimientos de selección competitiva o comparativa.
279    A continuación, Hungría subraya que el Consejo de Medios de Comunicación tramitó el procedimiento de licitación controvertido durante el período comprendido entre el 4 de noviembre de 2020 y el 10 de marzo de 2021, a saber, en poco más de cuatro meses, a pesar de la regularización y de la suspensión del procedimiento, lo que constituye una duración equivalente a la mitad de la duración del procedimiento de licitación previsto en la Directiva 2018/1972.
280    Por otra parte, Hungría recuerda que el procedimiento de licitación controvertido tenía por objeto un derecho para el que Klubrádió había presentado una solicitud de renovación, de modo que no era posible organizar un procedimiento de licitación para la concesión de ese derecho antes del examen de dicha solicitud y de la adopción de la resolución que la resolviera. Afirma que el Consejo de Medios de Comunicación comenzó a preparar la licitación controvertida inmediatamente después de haber adoptado la resolución denegatoria.
281    Por último, es de la opinión de que no se ha producido ningún menoscabo de los derechos de los usuarios finales con discapacidad, de la tercera edad o que se encuentren en una situación social especial, puesto que Klubrádió dispuso de más de cinco meses para pasar a la tecnología digital a partir de la expiración de su derecho a prestar servicios de medios de comunicación, lo que no puede considerarse un período de tiempo breve.
282    El Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca y el Reino de los Países Bajos apoyan las alegaciones de la Comisión.
2)      Apreciación del Tribunal de Justicia
283    Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación relativa a la gestión eficaz y al uso eficiente de las radiofrecuencias, es preciso señalar que, contrariamente a lo que sostiene Hungría, de la demanda de la Comisión se desprende que esta institución no reprocha a dicho Estado miembro haber adoptado la resolución de nulidad en un plazo superior al impuesto por el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas, a saber, ocho meses, de conformidad con el artículo 7, apartado 4, de la Directiva autorización.
284    En efecto, la Comisión alega, en esencia, que, debido al retraso en la adopción de la resolución denegatoria, el Consejo de Medios de Comunicación no publicó la licitación controvertida hasta el 4 de noviembre de 2020, de modo que disponía de poco tiempo para concluir dicha licitación antes de la fecha de expiración del contrato de radiodifusión de Klubrádió, a saber, el 14 de febrero de 2021. De ello se desprende que Hungría no ha fomentado el uso eficiente del espectro radioeléctrico ni ha velado por la gestión eficaz de las radiofrecuencias, infringiendo los artículos 8, apartado 2, letra d), y 9, apartado 1, de la Directiva marco, y vulnerando el principio de buena administración.
285    Esta alegación de la Comisión se refiere, en definitiva, a la falta de diligencia de las autoridades nacionales en la gestión de la frecuencia 92.9 MHz, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones y del principio citados en el apartado anterior de la presente sentencia.
286    A este respecto, procede recordar que el artículo 8, apartado 2, letra d), de la Directiva marco obliga a las autoridades nacionales de reglamentación a fomentar la competencia en el suministro de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados promoviendo un uso eficiente y velando por una gestión eficaz de las radiofrecuencias y de los recursos de numeración.
287    Por su parte, el artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva establece que, habida cuenta de que las radiofrecuencias son un bien público que tiene un valor social, cultural y económico importante, los Estados miembros deben velar por la gestión eficaz de las radiofrecuencias para los servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio con arreglo, en particular, al artículo 8 de la citada Directiva.
288    Así pues, la obligación de velar por la gestión eficaz y el uso eficiente de las radiofrecuencias, como bien público que tiene un valor social, cultural y económico importante, constituye uno de los objetivos generales del marco regulador de la Unión cuyo cumplimiento deben garantizar las autoridades nacionales competentes de conformidad con el principio de buena administración.
289    Sin embargo, la inacción o la lentitud en la organización de los procedimientos para la concesión de derechos de uso de radiofrecuencias pueden comprometer la eficacia de la gestión y la eficiencia del uso del espectro radioeléctrico.
290    En el presente asunto, consta que, el 8 de noviembre de 2019, Klubrádió presentó una solicitud de renovación de su contrato de radiodifusión, que la resolución denegatoria se adoptó el 8 de septiembre de 2020, que la licitación controvertida se convocó el 4 de noviembre de 2020, que el contrato de radiodifusión de Klubrádió expiró el 14 de febrero de 2021, que la resolución de nulidad, por la que se declaró infructuosa la licitación controvertida, se adoptó el 10 de marzo de 2021 y que el 30 de marzo de 2021 se celebraron contratos administrativos temporales con Közösségi Rádiózásért Egyesület para la prestación de servicios de medios de comunicación sobre la frecuencia 92.9 MHz para el período comprendido entre el 3 de mayo y el 29 de octubre de 2021. De este modo, dicha frecuencia no pudo utilizarse durante el período comprendido entre el 15 de febrero y el 3 de mayo de 2021.
291    Como se ha señalado en el apartado 205 de la presente sentencia, la resolución denegatoria se adoptó en un plazo de diez meses, mientras que, con arreglo al artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización, debería haberse adoptado en un plazo de seis semanas a partir de la recepción, por el Consejo de Medios de Comunicación, de dicha solicitud. De ello se deduce que esta resolución se adoptó con un retraso de aproximadamente ocho meses y medio, sin que ninguna explicación razonable pudiera justificar tal retraso, como también se ha señalado en el apartado 206 de la presente sentencia.
292    Pues bien, si la resolución denegatoria se hubiera adoptado en el plazo de seis semanas previsto por el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas, el Consejo de Medios de Comunicación habría podido iniciar el procedimiento de licitación relativo al derecho a prestar servicios de medios de comunicación en la frecuencia 92.9 MHz ocho meses antes de la fecha en la que finalmente se inició y concluir dicho procedimiento antes de la expiración del contrato de radiodifusión de Klubrádió, garantizando así la utilización continua de dicha radiofrecuencia.
293    Así, al adoptar la resolución denegatoria ocho meses y medio después de la expiración del plazo establecido en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización, el Consejo de Medios de Comunicación retrasó de manera injustificada, vulnerando así el principio de buena administración, la organización y el inicio de la licitación controvertida, con la consecuencia de que una radiofrecuencia, a saber, la frecuencia 92.9 MHz, permaneció inutilizada durante más de dos meses.
294    Por lo tanto, la falta de diligencia mostrada por el Consejo de Medios de Comunicación al adoptar las medidas relativas a la atribución de la frecuencia 92.9 MHz comprometió la eficacia de la gestión y la eficiencia del uso del espectro radioeléctrico que estaba obligado a garantizar.
295    Consiguientemente, la alegación de la Comisión basada en la infracción de los artículos 8, apartado 2, letra d), y 9, apartado 1, de la Directiva marco, así como en la vulneración del principio de buena administración, es fundada.
296    Por lo que respecta, en segundo lugar, a la alegación relativa a las necesidades de las personas con discapacidad, de las personas de la tercera edad y de las personas que tienen necesidades sociales especiales, procede recordar que el artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva marco obliga a las autoridades nacionales de reglamentación a fomentar la competencia en el suministro de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados velando por que los usuarios, incluidas las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad y las personas que tienen necesidades sociales especiales, obtengan el máximo beneficio en cuanto a posibilidades de elección, precio y calidad.
297    Según la Comisión, al retrasar indebidamente, a causa del rebasamiento injustificado del plazo previsto en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva autorización para la adopción de las resoluciones relativas a la concesión de derechos de uso de radiofrecuencias, el inicio de la licitación controvertida, de modo que no pudo concluirse antes de la fecha de expiración del contrato de Klubrádió, el Consejo de Medios de Comunicación no respondió a las necesidades de las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad y las personas que tienen necesidades sociales especiales.
298    Sin embargo, la Comisión no ha aportado ningún elemento que permita demostrar que el retraso del Consejo de Medios de Comunicación en la adopción de las medidas relativas a la atribución de la frecuencia 92.9 MHz haya tenido un impacto negativo en relación, en particular, con las necesidades de las categorías de personas mencionadas en el artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva marco.
299    Por consiguiente, procede desestimar la alegación de la Comisión basada en la infracción del artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva marco a este respecto.
300    Así pues, la imputación basada en la falta de adopción a su debido tiempo de la resolución de nulidad es fundada en la medida en que se refiere a la infracción de los artículos 8, apartado 2, letra d), y 9, apartado 1, de la Directiva marco, así como a la vulneración del principio de buena administración.
c)      Conclusión
301    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede estimar parcialmente la segunda serie de imputaciones relativas a la licitación controvertida y a la resolución de nulidad y declarar que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben:
–        en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva autorización y del artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972, debido a que, en la licitación controvertida y en la resolución de nulidad, el Consejo de Medios de Comunicación supeditó la atribución de los derechos de uso del espectro radioeléctrico a condiciones desproporcionadas, no fijó de antemano los criterios de atribución de tales derechos, no previó ningún margen de apreciación que permitiera evaluar la gravedad y la pertinencia de los errores de que pudieran adolecer los expedientes presentados por los candidatos y que pudieran dar lugar a la exclusión de estos e ignoró la importancia menor de los errores de que adolecía la oferta presentada por Klubrádió, y,
–        en virtud de los artículos 8, apartado 2, letra d), y 9, apartado 1, de la Directiva marco, así como del principio de buena administración, al no haber organizado un procedimiento para la atribución de la frecuencia 92.9 MHz con tiempo suficiente para permitir la adopción de una resolución antes de la fecha de expiración de los derechos de Klubrádió relativos al uso de dicha radiofrecuencia.
3.      Sobre las imputaciones relativas al artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación
302    La Comisión alega, en esencia, que, al adoptar el artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación, que excluye la posibilidad de que los prestadores de servicios de medios de comunicación cuyo derecho de uso de radiofrecuencias no haya sido renovado soliciten derechos de uso temporales, cuando, por una parte, ofrece esta posibilidad a los prestadores de tales servicios cuyo derecho de uso de radiofrecuencias haya sido renovado una vez y, por otra parte, las razones por las que no se ha concedido tal renovación no impiden la atribución de un nuevo derecho de uso de las radiofrecuencias, Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972, así como de los principios de proporcionalidad y no discriminación.
a)      Alegaciones de las partes
303    La Comisión señala que el artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación no permite al Consejo de Medios de Comunicación celebrar un contrato administrativo temporal con empresas que, debido a la comisión de infracciones leves, pero reiteradas, se hayan visto privadas de la posibilidad de renovar su derecho de uso de radiofrecuencias. En cambio, el artículo 55, apartado 1, letra c), de dicha Ley solo prohíbe participar en un nuevo procedimiento de licitación a las empresas que hayan cometido, durante los cinco años anteriores a la publicación de dicha licitación, una infracción grave en la ejecución de su contrato de radiodifusión o cuyo contrato de radiodifusión haya sido rescindido por el Consejo de Medios de Comunicación. Así pues, la comisión de infracciones reiteradas no es pertinente a efectos de la participación en tal procedimiento.
304    Para empezar, la Comisión considera que la desigualdad de trato establecida en los artículos 65, apartado 11, y 55, apartado 1, letra c), de la Ley de Medios de Comunicación en relación con los prestadores de servicios de medios de comunicación en función de que su derecho a prestar servicios de medios de comunicación haya sido renovado o no en el pasado, no está justificada por factores objetivos y constituye, por lo tanto, una discriminación.
305    A continuación, según la Comisión, suponiendo que el artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación tenga como objetivo impedir que se atribuya una radiofrecuencia a un prestador de servicios de medios de comunicación que presente un riesgo de infracciones posteriores, esta disposición, aplicada en relación con el artículo 48, apartado 7, de dicha Ley —que, en caso de infracciones leves, pero reiteradas, da lugar automáticamente a la denegación de las solicitudes de renovación—, es desproporcionada, ya que va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido.
306    Ciertamente, el efecto combinado de estas dos disposiciones tiene como resultado, en su opinión, que las empresas que hayan cometido infracciones leves en el pasado, que están en condiciones de seguir prestando servicios de medios de comunicación sin ningún problema, y las empresas que hayan cometido infracciones graves, cuya capacidad para seguir prestando servicios de medios de comunicación conformes a la normativa y a las estipulaciones del contrato de radiodifusión puede ponerse razonablemente en duda, reciban el mismo trato.
307    Por otra parte, la Comisión afirma que la Ley de Medios de Comunicación no persigue el objetivo mencionado en el apartado 305 de la presente sentencia de manera coherente, puesto que los requisitos para la celebración de un contrato administrativo temporal son más estrictos que los que rigen la participación en una nueva licitación, mientras que los dos procedimientos conducen a un resultado similar, a saber, la utilización de una radiofrecuencia.
308    Por último, la Comisión subraya que, debido a la normativa nacional controvertida, Klubrádió no pudo celebrar un contrato administrativo temporal y su frecuencia permaneció inutilizada entre el 15 de febrero y el 3 de mayo de 2021. Pues bien, la concesión de un derecho de uso temporal habría sido conforme con la obligación de velar por una gestión eficaz del espectro radioeléctrico y con las exigencias de previsibilidad y coherencia de la prórroga y modificación de los derechos de uso del espectro radioeléctrico, así como de certidumbre, coherencia y previsibilidad reglamentarias, establecidas en el artículo 45, apartados 1 y 2, letras c) y g), de la Directiva 2018/1972.
309    Hungría señala, primero, que, en la medida en que Klubrádió no presentó ante el Consejo de Medios de Comunicación una solicitud para la celebración de un contrato administrativo temporal, no pudo sufrir perjuicio alguno. Así pues, prosigue, no puede acreditarse discriminación alguna.
310    A continuación, según Hungría, la existencia de una discriminación solo puede examinarse en relación con sujetos de Derecho, situaciones jurídicas y hechos comparables. A su juicio, este no es el caso de las situaciones contempladas en los artículos 65, apartado 11, y 55, apartado 1, letra c), de la Ley de Medios de Comunicación.
311    En efecto, el artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación concede al antiguo titular del derecho a prestar servicios de medios de comunicación un derecho temporal a prestar tales servicios, como máximo, hasta el final del procedimiento de licitación. En cambio, el derecho a prestar servicios de medios de comunicación concedido en el marco del procedimiento de licitación tiene una duración de diez años. Así pues, la situación relativa a la obtención de un contrato administrativo temporal para la prestación de servicios de medios de comunicación, contemplada en el artículo 65, apartado 11, de dicha Ley, y la situación relativa a los requisitos para obtener el derecho a prestar tales servicios en el marco de una licitación, en virtud del artículo 55, apartado 1, letra c), de dicha Ley, no son, en su opinión, comparables.
312    Por otra parte, sostiene que el artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación no puede considerarse desproporcionado, con independencia de si se aprecia aisladamente o en relación con el artículo 48, apartado 7, de dicha Ley. En efecto, dicho artículo 65, apartado 11, se refiere a un procedimiento de licitación en curso y el derecho o la ventaja previstos en esta última disposición solo se aplica si el derecho a prestar servicios de medios de comunicación ya ha sido renovado una vez.
313    En este contexto, Hungría recuerda que, en virtud del artículo 187, apartado 5, de la Ley de Medios de Comunicación, las infracciones leves no se tienen en cuenta para demostrar la existencia de infracciones reiteradas y que, por lo tanto, estas infracciones leves no excluyen ni la renovación ni, en consecuencia, la posibilidad de disfrutar de un derecho temporal. Así pues, según este Estado miembro carece de fundamento la afirmación de la Comisión de que las empresas que han cometido infracciones leves en el pasado, que están en condiciones de seguir prestando servicios de medios de comunicación sin ningún problema, y las empresas que han cometido infracciones graves reciben el mismo trato.
314    Además, Hungría señala que no es posible comparar o interpretar conjuntamente las condiciones para la renovación de un derecho a prestar servicios de medios de comunicación y las condiciones para la concesión de un derecho temporal, ya que el supuesto previsto en el artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación solo puede darse si el derecho ya ha sido renovado. Si un prestador de servicios de medios de comunicación opera en condiciones que excluyan la renovación de su derecho a prestar servicios de medios de comunicación, este cesará y dicho prestador podrá obtener un nuevo derecho en el marco de un procedimiento de licitación. A su juicio, esta norma se aplica de la misma manera a todos los prestadores de servicios de medios de comunicación, de modo que no existe discriminación y dicha norma no es desproporcionada.
315    Por último, en cuanto a la alegación de la Comisión de que, debido a la normativa nacional controvertida, la frecuencia 92.9 MHz no se utilizó, Hungría señala que puede concederse un derecho temporal hasta la conclusión del procedimiento de licitación. Así pues, esta frecuencia no se utilizó entre el 15 de febrero y el 3 de mayo de 2021 debido al fracaso del procedimiento de licitación controvertido y a la falta de solicitud de Klubrádió para la celebración de un contrato administrativo temporal.
316    El Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca y el Reino de los Países Bajos apoyan las alegaciones de la Comisión.
b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
317    De conformidad con el artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación, si el derecho a prestar servicios de comunicación radiofónicos lineales expira tras haber sido renovado una vez por el Consejo de Medios de Comunicación y ya se ha iniciado el procedimiento de licitación relativo a la posibilidad de prestar servicios de comunicación, el Consejo de Medios de Comunicación podrá celebrar con el prestador de servicios de medios de comunicación que anteriormente ostentaba el derecho, y a petición de este, un contrato administrativo temporal de una duración máxima de sesenta días.
318    Así pues, esta disposición tiene por efecto privar a los prestadores, como Klubrádió, cuyo derecho a prestar servicios de medios de comunicación no ha sido renovado, en virtud del artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación, debido a la existencia de una resolución definitiva del Consejo de Medios de Comunicación por la que se declara la comisión de una infracción reiterada, de la posibilidad de celebrar un contrato administrativo temporal, cuando, como en el presente asunto, el derecho que no ha sido renovado expira en un momento en que el procedimiento de licitación relativo a la posibilidad de prestar tales servicios ya se ha iniciado, pero no ha concluido.
1)      Sobre la imputación basada en la vulneración del principio de no discriminación
319    Como se ha recordado en el apartado 192 de la presente sentencia, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de igualdad de trato, del que el principio de no discriminación constituye una expresión particular, exige, en especial, que no se traten de manera diferente situaciones comparables.
320    Según las explicaciones facilitadas por la Comisión en sus escritos, la vulneración del principio de no discriminación invocada se deriva del hecho de que el artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación priva a los prestadores de servicios de medios de comunicación, como Klubrádió, cuyo derecho a prestar servicios de medios de comunicación no ha sido renovado debido a la comisión de una infracción reiterada, de la posibilidad de celebrar un contrato administrativo temporal para la concesión de tal derecho por un período no superior a sesenta días, mientras que el artículo 55, apartado 1, de dicha Ley autoriza a esos prestadores a participar en un procedimiento de licitación para la concesión de ese derecho por un período de diez años.
321    En respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia en la vista, la Comisión alegó que la vulneración del principio de no discriminación resulta del hecho de que, por una parte, la Ley de Medios de Comunicación trata de manera diferente a las empresas que, en el pasado, ya han prestado servicios de medios de comunicación y a aquellas que, en el pasado, nunca han prestado esos servicios, en la medida en que, en virtud del artículo 65, apartado 11, de dicha Ley, solo los prestadores de servicios que hayan celebrado un contrato de radiodifusión y se hayan beneficiado de la renovación de dicho contrato pueden optar a la celebración de un contrato administrativo temporal, mientras que, por lo que respecta a los prestadores de servicios de medios de comunicación que no han prestado esos servicios en el pasado, el artículo 65, apartado 1, de dicha Ley permite al Consejo de Medios de Comunicación celebrar un contrato administrativo temporal teniendo en cuenta consideraciones relativas al mercado de los medios de comunicación.
322    Por otra parte, la Ley de Medios de Comunicación trata de manera diferente a los prestadores de servicios de medios de comunicación, como Klubrádió, cuyo derecho a prestar dichos servicios no ha sido renovado debido a la comisión de una infracción reiterada y a los prestadores que, tras haberse beneficiado de la renovación de su derecho a prestar dichos servicios, cometen una infracción reiterada, puesto que, en virtud del artículo 65, apartado 11, de dicha Ley, los primeros se ven privados de la posibilidad de celebrar un contrato administrativo temporal, mientras que los segundos se benefician de esa posibilidad, dado que sus contratos ya han sido objeto de renovación.
323    Por lo que respecta, en primer término, a la alegación de la Comisión expuesta en el apartado 320 de la presente sentencia, esta se basa en la premisa de que el régimen relativo a la concesión del derecho a prestar servicios de medios de comunicación sobre la base de un contrato administrativo temporal y el régimen relativo a la concesión de ese derecho sobre la base de un contrato de radiodifusión celebrado a raíz de una licitación son comparables, de modo que, a su juicio, la imposición de condiciones más estrictas para la concesión de dicho derecho con carácter temporal vulnera el principio de igualdad de trato.
324    No obstante, es preciso tener en cuenta que, como se desprende del artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación, la celebración de un contrato administrativo temporal con arreglo a esta disposición se circunscribe a una situación muy particular en la que el derecho a prestar servicios de medios de comunicación en una radiofrecuencia ha expirado, al tiempo que el procedimiento de licitación para la concesión de un nuevo derecho a prestar servicios de medios de comunicación en esa radiofrecuencia aún no ha concluido. En tal situación, el citado artículo 65, apartado 11, tiene por objeto garantizar un uso ininterrumpido de dicha radiofrecuencia hasta que concluya el procedimiento de licitación y se atribuya el derecho de uso de la misma radiofrecuencia al prestador que gane la licitación. Así pues, esta situación, que tiene carácter transitorio y de urgencia, es diferente de aquella en la que se concede un derecho a prestar servicios de medios de comunicación en el marco de una licitación, que no tiene ese carácter.
325    Por consiguiente, dado que los artículos 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación y 55, apartado 1, de dicha Ley no se refieren a situaciones comparables, la alegación de la Comisión según la cual estas disposiciones vulneran el principio de no discriminación carece de fundamento.
326    Por lo que respecta, en segundo término, a las alegaciones que figuran en los apartados 321 y 322 de la presente sentencia, dado que estas alegaciones no se desprenden de los escritos de la Comisión y solo se formularon en la vista, procede declararlas inadmisibles.
327    Por consiguiente, la imputación basada en la vulneración, por el artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación, del principio de no discriminación, tal como se refleja en el artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972, carece de fundamento.
2)      Sobre la imputación basada en la vulneración del principio de proporcionalidad
328    Como se ha señalado en el marco del análisis de la primera serie de imputaciones, el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación es contrario al principio de proporcionalidad, tal como se refleja, en particular, en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva marco, puesto que priva, de manera automática y en todos los casos, a los prestadores que hayan cometido una infracción reiterada de la posibilidad de obtener la renovación de su derecho a prestar servicios de medios de comunicación.
329    Por lo tanto, como alega la Comisión, en la medida en que priva a los prestadores cuyo derecho a prestar servicios de medios de comunicación no ha sido renovado, en virtud del artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación, debido a la comisión de una infracción reiterada, de la posibilidad de celebrar un contrato administrativo temporal, el artículo 65, apartado 11, de dicha Ley vulnera también el principio de proporcionalidad.
330    Por consiguiente, la imputación basada en la vulneración, por el artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación, del principio de proporcionalidad, tal como se refleja en el artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972, es fundada.
3)      Sobre la imputación basada en el incumplimiento de la obligación de velar por una gestión eficaz del espectro radioeléctrico
331    La Comisión reprocha, en esencia, a Hungría haber incumplido la obligación de velar por una gestión eficaz del espectro radioeléctrico, que le incumbe en virtud del artículo 45, apartados 1 y 2, letras c) y g), de la Directiva 2018/1972, en la medida en que, debido a la normativa nacional controvertida, Klubrádió no pudo celebrar un contrato administrativo temporal, de modo que la frecuencia 92.9 MHz no se utilizó entre el 15 de febrero y el 3 de mayo de 2021.
332    A este respecto, dado que esta imputación, por una parte, se basa en el hecho de que Klubrádió no pudo celebrar un contrato administrativo temporal y que consta que dicha emisora de radio no solicitó la celebración de tal contrato y, en consecuencia, no se le denegó la celebración de dicho contrato y, por otra parte, no se desprende en modo alguno de la cuarta pretensión de la demanda de la Comisión, debe desestimarse.
4)      Conclusión
333    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede estimar parcialmente la tercera serie de imputaciones relativas al artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación y declarar que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972 y del principio de proporcionalidad debido a la adopción del artículo 65, apartado 11, de la Ley de Medios de Comunicación, que excluye la posibilidad de que los prestadores de servicios de medios de comunicación cuyo derecho de uso de radiofrecuencias no haya sido renovado debido a la comisión de una infracción reiterada soliciten derechos de uso temporales.
4.      Sobre las imputaciones basadas en la infracción del artículo 11 de la Carta
a)      Alegaciones de las partes
334    La Comisión alega, en esencia, que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 de la Carta debido, por una parte, a la adopción de la resolución denegatoria y del artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación y, por otra parte, a la adopción de la resolución de nulidad y a la convocatoria de la licitación controvertida.
335    En primer lugar, la Comisión sostiene que la resolución denegatoria y las normas nacionales que sirvieron de base para su adopción impidieron a Klubrádió emitir sus programas en una frecuencia analógica. En opinión de la Comisión, se trata de la vulneración más grave de la libertad de expresión y de la libertad de los medios de comunicación, que puede asimilarse al cierre de un medio de comunicación por parte de las autoridades nacionales. Habida cuenta de la importancia de la radio y, en particular, del impacto que este medio puede tener en la población en comparación con otros medios de comunicación, como ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión considera que el hecho de que Klubrádió no pueda emitir su programa en las radiofrecuencias analógicas constituye claramente una injerencia en la libertad de expresión, aunque su programa esté disponible en Internet.
336    La Comisión sostiene que, para garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, es indispensable que la atribución de las radiofrecuencias utilizadas para la radiodifusión se realice sobre la base de criterios no discriminatorios y proporcionados.
337    Si bien reconoce que la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación no constituyen derechos absolutos, la Comisión recuerda que cualquier limitación de estas libertades debe respetar los requisitos establecidos en el artículo 52 de la Carta.
338    A este respecto, la Comisión alega que los objetivos perseguidos por la Ley de Medios de Comunicación, a saber, reforzar la identidad nacional y cultural, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, preservando la libertad de expresión y de prensa y reconociendo el peso cultural, social y económico de los servicios de medios de comunicación y la importancia de garantizar la competencia en el mercado de los medios de comunicación, constituyen objetivos de interés general que pueden justificar una restricción de los derechos y libertades consagrados en el artículo 11 de la Carta. No obstante, según dicha institución, la resolución denegatoria va más allá de lo necesario para alcanzar esos objetivos.
339    En efecto, el Consejo de Medios de Comunicación no adoptó esta resolución debido al incumplimiento de los tiempos de emisión de las obras musicales húngaras, sino debido únicamente al incumplimiento de la obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión, incumplimiento que ya había sido sancionado con una multa y que no se reprodujo tras su pago. En su réplica, la Comisión, basándose en los elementos expuestos para describir el contexto en el que se inscriben las resoluciones controvertidas, señala que, en una situación en la que a un prestador de servicios de medios de comunicación independiente y crítico con el Gobierno, como Klubrádió, se le deniega el derecho a usar radiofrecuencias por razones puramente formales, lo que dificulta su acceso al mercado, el control jurisdiccional debe ser muy exhaustivo. En efecto, prosigue, el riesgo de arbitrariedad y discriminación en tal situación es particularmente elevado.
340    En segundo lugar, la Comisión sostiene que la resolución de nulidad también constituye una injerencia desproporcionada en la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, ya que esta resolución no es apta para alcanzar los objetivos perseguidos y va más allá de lo necesario para tales fines. Por consiguiente, no se cumplen los requisitos que permiten justificar tal injerencia enunciados en el artículo 52 de la Carta.
341    En efecto, en lo tocante, por una parte, a los dos motivos de nulidad relativos a las inexactitudes de que adolece la oferta presentada por Klubrádió en relación con su parrilla de programación, dicha institución recuerda que estos se referían a inexactitudes formales de menor importancia, que podrían haberse aclarado fácilmente y que no afectaban a elementos esenciales de la candidatura de Klubrádió y, por lo tanto, no comprometían la equidad de la competencia.
342    Por otra parte, en cuanto al motivo de nulidad relativo al plan empresarial y financiero de Klubrádió, la Comisión sostiene que el Consejo de Medios de Comunicación, al considerar que el volumen de negocios neto de la emisora de radio en cuestión constituye el único indicador legítimo de su viabilidad financiera, no solo discrimina a las emisoras que optan conscientemente por basarse en otros modelos de financiación, sino que también ignora un modelo comercial plenamente legítimo.
343    Además, la Comisión considera que los objetivos perseguidos podrían haberse alcanzado por medios menos intrusivos. Así, el Consejo de Medios de Comunicación podría, en particular, cuando falte la descripción de un programa determinado, solicitar precisiones al respecto y, si los recursos son insuficientes, revocar los derechos de uso de las radiofrecuencias en caso de liquidación o insolvencia de la empresa de que se trate.
344    Así pues, la Comisión sostiene que tanto la resolución de nulidad como las normas de la licitación controvertida que sirvieron de fundamento para su adopción deben considerarse injustificadas y desproporcionadas debido a sus consecuencias sobre el derecho a la libertad de expresión, ya que su aplicación equivale a excluir a Klubrádió del sector de la radiodifusión y a silenciarla en el entorno mediático húngaro, cuando habrían bastado medidas menos restrictivas que permitieran a Klubrádió seguir emitiendo.
345    Hungría alega, en primer lugar, que la resolución denegatoria y las normas nacionales que sirvieron de fundamento para su adopción no infringen el artículo 11 de la Carta.
346    Dicho Estado miembro subraya que el Consejo de Medios de Comunicación no privó a Klubrádió de sus derechos de emisión ni la excluyó del sector de la radiodifusión, puesto que esta emisora de radio, por una parte, pudo emitir su programa en una radiofrecuencia de manera continua y sin interrupción durante toda la vigencia de su contrato de radiodifusión y, por otra parte, puede seguir prestando sus servicios de medios de comunicación radiofónicos a través de otros sistemas de emisión. En este contexto, Hungría señala que Klubrádió presta actualmente tales servicios en Internet, lo que demuestra, a su juicio, que la resolución denegatoria no le ha impedido prestar dichos servicios.
347    Según Hungría, el hecho de que la Ley de Medios de Comunicación establezca condiciones objetivas para la renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación y de que el Consejo de Medios de Comunicación deniegue tal renovación en caso de incumplimiento de dichas condiciones no constituye una injerencia desproporcionada e injustificada en la libertad de prensa y el derecho a la difusión de información.
348    En efecto, en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en dicha ley, este Estado miembro no priva al prestador del servicio de medios de comunicación de que se trate del derecho de emisión o de la posibilidad de prestar servicios de medios de comunicación, sino que se limita a aplicar los requisitos del régimen de autorización. Así pues, a su juicio, la denegación de la renovación de un derecho a prestar servicios de medios de comunicación no puede asimilarse al cierre de un organismo de medios de comunicación, ya que tal denegación no da lugar a una retirada de ese derecho, puesto que la autorización para ejercerlo había expirado en la fecha y en la forma previstas por la ley o por el contrato de radiodifusión.
349    En este contexto, Hungría señala que el mero hecho de que a un operador no se le conceda el derecho a poner su servicio de medios de comunicación a disposición en una plataforma de difusión determinada no implica necesariamente una vulneración de los derechos y libertades consagrados en el artículo 11 de la Carta. Afirma que la cuestión de si la resolución denegatoria y las normas nacionales que sirvieron de fundamento para su adopción vulneran o no dichos derechos y libertades no depende del hecho de que Klubrádió sea o no crítica con el Gobierno húngaro ni de las conclusiones que la Comisión pueda extraer del contexto en el que se inscribe dicha resolución, sino de si esta última es o no proporcionada en relación con el objetivo perseguido.
350    En segundo lugar, Hungría alega que ni el presente asunto ni su contexto normativo incumplen los requisitos de información equilibrada ni vulneran los principios de libertad de prensa y de pluralismo de los medios de comunicación. Según este Estado miembro, el sistema húngaro de autorizaciones garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a las posibilidades de prestar servicios de medios de comunicación para todos los candidatos en el marco de un procedimiento de licitación y garantiza la atribución de frecuencias a todos los prestadores de servicios de medios de comunicación seleccionados, y ello respetando plenamente los principios del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH») y de la Carta.
351    Por lo que respecta, en particular, al motivo de nulidad relativo al plan empresarial y financiero de Klubrádió, dicho Estado miembro sostiene que tanto la evaluación de la idoneidad de la oferta de Klubrádió en la licitación controvertida y, en particular, de la situación financiera y económica de esta emisora de radio, como la posible injerencia en la libertad de expresión y de información que resultaría, debido a una evaluación negativa, de la nulidad de dicha oferta se derivan de la Ley de Medios de Comunicación.
352    Tal evaluación se realizó, a su juicio, de manera transparente y objetiva, así como sobre la base de los requisitos no discriminatorios contenidos en dicha Ley y en la licitación controvertida, de modo que la consecuencia jurídica que se derivó de ella, a saber, la nulidad de dicha oferta, es proporcionada y está justificada.
353    Por último, Hungría insiste en que Klubrádió presta actualmente un servicio de medios de comunicación radiofónicos en Internet, de modo que la resolución de nulidad no tuvo por efecto silenciar a esta emisora de radio.
354    El Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca y el Reino de los Países Bajos apoyan las alegaciones de la Comisión subrayando, en particular, la importancia del derecho a la libertad de expresión y de información en una sociedad democrática y pluralista, así como la necesidad de tener en cuenta, al apreciar la supuesta infracción del artículo 11 de la Carta por parte de Hungría, el contexto en el que se inscriben las medidas nacionales controvertidas. A este respecto, el Reino de Bélgica menciona, sobre la base de diferentes informes sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en Hungría, elaborados entre 2019 y 2023 por el Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación, el Observatorio Europeo del Sector Audiovisual, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa y la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, varios problemas relacionados con el presente recurso y los dictámenes negativos emitidos por estas organizaciones internacionales por lo que respecta a la libertad de los medios de comunicación en Hungría.
b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
355    A tenor del artículo 11, apartado 1, de la Carta, «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión», lo que comprende «la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras». De conformidad con dicho artículo 11, apartado 2, «se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo».
356    Por lo que respecta a los organismos de radiodifusión, como las emisoras de radio, la injerencia en la libertad de expresión y de información adopta la forma particular de una injerencia en la libertad de los medios de comunicación o la libertad de radiodifusión, protegida específicamente por el artículo 11, apartado 2, de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de febrero de 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, apartado 83).
357    Pues bien, la libertad de los medios de comunicación asociada a la libertad de radiodifusión no solo comprende el derecho a comunicar información, sino también, y de manera indisociable, el derecho a utilizar cualquier medio adecuado para difundir información y hacerla llegar al mayor número posible de destinatarios.
358    Entre estos medios de difusión figura el espectro radioeléctrico, que, habida cuenta del papel esencial que desempeñan los medios de comunicación audiovisuales, como la radio y la televisión, en la formación de la opinión pública, constituye un canal esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información.
359    De este modo, la concesión de derechos de uso de las radiofrecuencias tiene un impacto directo en el derecho a la libertad de los medios de comunicación asociada a la libertad de radiodifusión en sus dos dimensiones, a saber, el derecho a facilitar información libremente y el derecho a recibir información.
360    Así, por lo que respecta al artículo 10 del CEDH, que se corresponde con el artículo 11 de la Carta y cuya interpretación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe tenerse en cuenta, de conformidad con el artículo 52, apartado 3, de la Carta, al interpretar dicho artículo 11, ese órgano jurisdiccional señaló que el citado artículo 10 garantiza la libertad de expresión y de información a toda persona y se refiere no solo al contenido de la información, sino también a los medios de su difusión, de modo que toda restricción de dichos medios afecta al derecho a recibir y comunicar información (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 28 de septiembre de 1999, Öztürk c. Turquía, CE:ECHR:1999:0928JUD002247993, § 49 y jurisprudencia citada).
361    Como se desprende de las explicaciones sobre el artículo 11 de la Carta, que deben tenerse en cuenta para la interpretación de dicho artículo, las limitaciones de que puede ser objeto el derecho a la libertad de expresión no pueden, por lo tanto, sobrepasar las establecidas en el artículo 10, apartado 2, del CEDH. Los motivos legítimos de injerencia en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión se enumeran en dicho artículo 10, apartado 2, y se refieren a la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos y la necesidad de impedir la divulgación de informaciones confidenciales o de garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. Esta enumeración es exhaustiva (TEDH, sentencia de 15 de marzo de 2022, OOO Memo c. Rusia, CE:ECHR:2022:0315JUD000284010, § 37). Además, las restricciones que los Estados miembros pueden imponer al derecho a la libertad de expresión se entienden sin perjuicio de las restricciones que el Derecho de la competencia de la Unión puede imponer a la facultad de los Estados miembros de establecer los regímenes de autorización contemplados en dicho artículo 10, apartado 1, tercera frase.
362    Por lo tanto, cualquier medida nacional que limite o restrinja el acceso de los organismos de radiodifusión a las radiofrecuencias puede suponer una injerencia en el derecho a la libertad de los medios de comunicación asociada a la libertad de radiodifusión y, por lo tanto, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 11 de la Carta.
363    En el presente asunto, el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación, en la medida en que tiene por efecto restringir el acceso de los organismos de radiodifusión, en el presente caso Klubrádió, a las radiofrecuencias impidiéndoles así seguir difundiendo sus contenidos de radio en una radiofrecuencia, supone una injerencia en el derecho de los operadores afectados a ejercer su libertad de radiodifusión, que constituye un componente de la libertad de los medios de comunicación, consagrada en el artículo 11 de la Carta.
364    Al contrario de lo que sostiene Hungría, el hecho de que estos operadores puedan difundir sus contenidos en Internet no puede poner en tela de juicio la realidad de esta injerencia. En efecto, con independencia de si la radiodifusión por Internet constituye un medio de comunicación equivalente a la radiodifusión en frecuencias analógicas, se impide así a dichos operadores seguir estrategias operativas y comerciales probadas, y estos deben, en cualquier caso, recuperar sus audiencias.
365    Es cierto que los derechos y libertades que se consagran en el artículo 11 de la Carta no son prerrogativas absolutas, sino que deben considerarse según su función en la sociedad (sentencia de 4 de octubre de 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, apartado 47 y jurisprudencia citada).
366    En la medida en que permite limitar la concesión de derechos de uso de radiofrecuencias para garantizar una gestión eficaz del espectro radioeléctrico, el marco regulador de la Unión relativo a las comunicaciones electrónicas refleja, precisamente, la falta de carácter absoluto, por lo que respecta a las condiciones de uso de las radiofrecuencias, de los derechos y libertades reconocidos en dicho artículo 11.
367    No obstante, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades garantizados por la Carta deberá ser establecida por la ley, respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, ser necesaria y responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.
368    Como se ha recordado en el apartado 361 de la presente sentencia, las limitaciones de que puede ser objeto el derecho a la libertad de expresión no pueden, por lo tanto, sobrepasar las establecidas en el artículo 10, apartado 2, del CEDH, sin perjuicio de las restricciones que el Derecho de la competencia de la Unión pueda imponer a la facultad de los Estados miembros de establecer los regímenes de autorización a que se refiere dicho artículo 10, apartado 1, tercera frase.
369    A este respecto, procede recordar que el artículo 11 de la Carta constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y pluralista, que forma parte de los valores en los que se basa la Unión, con arreglo al artículo 2 TUE. Las injerencias en los derechos y libertades garantizados por dicho artículo 11 deben, pues, en tal contexto, limitarse a lo estrictamente necesario (sentencia de 4 de octubre de 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, apartado 49 y jurisprudencia citada), lo que implica que el objetivo perseguido no pueda alcanzarse razonablemente de manera igualmente eficaz por otros medios menos atentatorios contra estos derechos y libertades (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2023, Nordic Info, C‑128/22, EU:C:2023:951, apartado 77 y jurisprudencia citada).
370    En este contexto, como se ha señalado en el apartado 173 de la presente sentencia, el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación establece un motivo de denegación de la renovación de los derechos de uso de las radiofrecuencias que constituye un criterio de selección de los usuarios de radiofrecuencias relacionado con el objetivo de promover la competencia fomentando un uso eficiente y una gestión eficaz de las radiofrecuencias, previsto en el artículo 8, apartado 2, letra d), de la Directiva marco. En la medida en que la denegación de la renovación de los derechos de uso de las radiofrecuencias constituye una injerencia en el derecho a la libertad de los medios de comunicación de los prestadores afectados, solo puede estar justificada, en particular, si dicha denegación no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de interés general perseguido por esta disposición de la Ley de Medios de Comunicación y se limita a lo estrictamente necesario.
371    Dado que, como se desprende de las consideraciones que figuran en los apartados 177 y 181 de la presente sentencia, el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de interés general que persigue a la luz de los requisitos de las directivas aplicables, la injerencia que implica en el derecho de los operadores afectados a ejercer su libertad de radiodifusión no puede considerarse proporcionada a la luz del artículo 52, apartado 1, de la Carta.
372    Así, al no conceder al Consejo de Medios de Comunicación ningún margen para apreciar, al examinar las solicitudes de renovación del derecho a prestar servicios de medios de comunicación presentadas por los prestadores que han cometido una infracción reiterada, la gravedad de dicha infracción y su adecuación a la injerencia que la denegación de la renovación de este derecho implica en los derechos y libertades consagrados en el artículo 11 de la Carta, el artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación puede dar lugar a la adopción de resoluciones contrarias a dicho artículo 11, de las que la resolución denegatoria constituye un ejemplo.
373    En efecto, en primer término, la infracción reiterada en la que se basa dicha resolución no resulta del incumplimiento de las obligaciones que incumben a Klubrádió en lo que respecta a las cuotas de difusión impuestas por el Derecho húngaro, sino únicamente de la obligación de transmitir los datos relativos a dichas cuotas. En segundo término, durante los procedimientos sancionadores que dieron lugar a la adopción de las resoluciones n.os 354/2017 y 1224/2017 y, por lo tanto, antes de la adopción de estas últimas resoluciones, Klubrádió cumplió esta obligación facilitando al Consejo de Medios de Comunicación todos los datos pertinentes. En tercero término, estos datos no revelaron el incumplimiento por parte de Klubrádió de las citadas cuotas. En cuarto término, esta emisora de radio pagó las multas impuestas en las resoluciones n.os 354/2017 y 1224/2017. En quinto término, desde el 31 de mayo de 2017, fecha en que se cometió la infracción reiterada que dio lugar a la denegación de la renovación del derecho de Klubrádió a prestar servicios de medios de comunicación, hasta la fecha de la resolución denegatoria, a saber, el 8 de septiembre de 2020, esta emisora de radio no ha infringido ni dicha obligación ni las obligaciones relativas a las cuotas de difusión impuestas por el Derecho húngaro. Por otra parte, desde el 31 de mayo de 2017, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia no se desprende que Klubrádió haya cometido infracción alguna.
374    En estas circunstancias, no puede considerarse razonablemente que la infracción constatada en la resolución n.º 1224/2017 revista una gravedad tal que la denegación de la renovación del derecho de Klubrádió a prestar servicios de medios de comunicación sea necesaria para garantizar la consecución del objetivo identificado en el apartado 370 de la presente sentencia.
375    Por consiguiente, como alega la Comisión, la resolución denegatoria es desproporcionada en relación con el objetivo perseguido y con la gravedad de la injerencia que supone en el derecho a la libertad de los medios de comunicación de Klubrádió, de modo que, con independencia del contexto en el que se inscribe, infringe el artículo 11 de la Carta.
376    Esta constatación se impone igualmente por lo que respecta a la resolución de nulidad, que tuvo por efecto privar a Klubrádió de la posibilidad de que se le atribuyeran derechos de uso de la frecuencia 92.9 MHz y, por lo tanto, restringir su acceso a las radiofrecuencias, impidiéndole así seguir difundiendo sus contenidos en una radiofrecuencia.
377    Es cierto que los tres motivos de nulidad en los que se basa dicha resolución pueden justificarse a la luz del objetivo de promover la competencia fomentando un uso eficiente y una gestión eficaz de las radiofrecuencias, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra d), de la Directiva marco. En efecto, por una parte, los dos motivos relativos a las irregularidades de que adolecen los puntos III.2 y III.3 del formulario presentado por Klubrádió tienen por objeto garantizar la equidad de la competencia y, por otra parte, el motivo de nulidad relativo al plan empresarial y financiero de esta emisora de radio tiene por objeto garantizar la presencia en el mercado de los medios de comunicación de una emisora de radio estable y previsible en cuanto a su funcionamiento.
378    No obstante, habida cuenta de las apreciaciones efectuadas en el marco de la imputación basada en la vulneración de los principios de transparencia y de proporcionalidad por la resolución de nulidad y las normas de la licitación que sirvieron de fundamento para su adopción, es preciso señalar que, como alega la Comisión, en el presente asunto no se cumplen los requisitos derivados del artículo 52, apartado 1, de la Carta.
379    En efecto, tanto los motivos de nulidad relativos a las irregularidades de que adolecen los puntos III.2 y III.3 del formulario presentado por Klubrádió como el motivo de nulidad relativo al plan empresarial y financiero de esta emisora de radio son desproporcionados en relación con el objetivo perseguido y, por lo tanto, no pueden justificar la injerencia que supone la resolución de nulidad en el derecho de Klubrádió a la libertad de los medios de comunicación.
380    Asimismo, es preciso señalar que las infracciones y deficiencias reprochadas a Klubrádió en el presente asunto, en las que se basan tanto la resolución denegatoria como la resolución de nulidad y que impidieron concretamente a esta emisora de radio continuar su actividad en el ámbito de la radiodifusión, se refieren bien a imprecisiones menores de carácter formal, bien a aspectos que, como tales, no deberían implicar la imposibilidad de que una radio continúe su actividad.
381    Por consiguiente, las imputaciones basadas en la infracción del artículo 11 de la Carta son fundadas.
382    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede estimar estas imputaciones y declarar que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 de la Carta debido, por una parte, a la adopción de la resolución denegatoria y del artículo 48, apartado 7, de la Ley de Medios de Comunicación y, por otra parte, a la adopción de la resolución de nulidad y a la convocatoria de la licitación controvertida.
Costas
383    A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En virtud del artículo 138, apartado 3, de dicho Reglamento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas, salvo que el Tribunal de Justicia, en función de las circunstancias del caso, estime justificado que una de las partes cargue, además de con sus propias costas, con una parte de las costas de la otra parte.
384    En el presente asunto, al haber solicitado la Comisión la condena en costas de Hungría y al haberse desestimado en lo esencial las pretensiones de esta última, procede, habida cuenta de las circunstancias del presente asunto, condenar a este Estado miembro a cargar, además de con sus propias costas, con cuatro quintas partes de las costas de la Comisión. Esta última cargará con una quinta parte de sus propias costas.
385    Con arreglo al artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, según el cual los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas, el Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca y el Reino de los Países Bajos cargarán con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:
1)      Hungría ha incumplido las obligaciones que les incumben:
–        en virtud de los artículos 5 y 7 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009; del artículo 4, punto 2, de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas; del artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140, y del principio de proporcionalidad, en primer lugar, al haber adoptado el Médiatanács (Consejo de Medios de Comunicación, Hungría), el 8 de septiembre de 2020, la resolución 830/2020 (IX. 8) por la que denegó a Klubrádió la renovación de sus derechos de uso del espectro radioeléctrico; en segundo lugar, al haber adoptado el artículo 48, apartado 7, de la a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. Törvény (Ley n.º CLXXXV de 2010 sobre los servicios de medios de comunicación y los medios de comunicación de masas), que excluye automáticamente la renovación de los derechos de uso del espectro radioeléctrico relativos a la radiodifusión FM si el titular ha incumplido reiteradamente su obligación de transmitir los datos relativos a las cuotas de difusión, aun cuando las infracciones cometidas sean leves, tengan carácter meramente formal y ya hayan sido sancionadas con multas que hayan dado lugar a una plena conformidad con posterioridad, y, en tercer lugar, al impedir de este modo desproporcionado a Klubrádió continuar con su actividad en el ámbito de la radiodifusión;
–        en virtud del artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/20, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, y del principio de buena administración, al haber adoptado esta resolución mucho después de que expirase el plazo de seis semanas señalado en dicha disposición;
–        en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/20, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, y del artículo 45, apartado 1, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas, al haber publicado el Médiatanács (Consejo de Medios de Comunicación, Hungría) una convocatoria de licitación relativa al uso de la posibilidad de prestar servicios de medios de comunicación en la frecuencia 92.9 MHz el 4 de noviembre de 2020 y adoptado la resolución n.º 18180/2021 (III. 10), el 10 de marzo de 2021, en las cuales dicho Consejo supeditó la atribución de los derechos de uso del espectro radioeléctrico a condiciones desproporcionadas, no fijó de antemano los criterios de atribución de tales derechos, no previó ningún margen de apreciación que permitiera evaluar la gravedad y la pertinencia de los errores de que pudieran adolecer los expedientes presentados por los candidatos y que pudieran dar lugar a la exclusión de estos e ignoró la importancia menor de los errores de que adolecía la oferta presentada por Klubrádió;
–        en virtud de los artículos 8, apartado 2, letra d), y 9, apartado 1, de la Directiva 2002/21, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, así como del principio de buena administración, al no haber organizado un procedimiento para la atribución de la frecuencia 92.9 MHz con tiempo suficiente para permitir la adopción de una resolución antes de la fecha de expiración de los derechos de Klubrádió relativos al uso de dicha radiofrecuencia;
–        en virtud del artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2018/1972 y del principio de proporcionalidad, al haber adoptado el artículo 65, apartado 11, de la a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. Törvény (Ley n.º CLXXXV de 2010 sobre los servicios de medios de comunicación y los medios de comunicación de masas), que excluye la posibilidad de que los prestadores de servicios de medios de comunicación cuyo derecho de uso de radiofrecuencias no haya sido renovado debido a la comisión de una infracción reiterada soliciten derechos de uso temporales, y
–        en virtud del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por una parte, al haber adoptado la resolución n.º 830/2020 (IX. 8) y el artículo 48, apartado 7, de la a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. Törvény (Ley n.º CLXXXV de 2010 sobre los servicios de medios de comunicación y los medios de comunicación de masas) y, por otra parte, al haber adoptado la resolución n.º 180/2021 (III. 10.) y publicado, el 4 de noviembre de 2020, la licitación relativa al uso de la posibilidad de prestar servicios de medios de comunicación en la frecuencia 92.9 MHz.
2)      Se desestima el recurso en todo lo demás.
3)      Hungría cargará, además de con sus propias costas, con cuatro quintas partes de las costas de la Comisión Europea.
4)      La Comisión Europea cargará con una quinta parte de sus propias costas.
5)      El Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca y el Reino de los Países Bajos cargarán con sus propias costas.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: húngaro.