62017TJ0466_RES
Asunto T‑466/17
Printeos, S. A., y otros
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera ampliada) de 24 de septiembre de 2019
«Competencia — Prácticas colusorias — Mercado de los sobres estándar o de catálogo y especiales impresos — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE — Anulación parcial por incumplimiento de la obligación de motivación — Decisión de modificación — Procedimiento de transacción — Multas — Importe de base — Adaptación excepcional — Importe máximo del 10 % del volumen de negocios global — Artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 — Principio non bis in idem — Seguridad jurídica — Confianza legítima — Igualdad de trato — Acumulación de sanciones — Proporcionalidad — Equidad — Competencia jurisdiccional plena»
Recurso de anulación — Sentencia anulatoria — Efectos — Obligación de adoptar medidas de ejecución — Alcance — Decisión adoptada por la Comisión al término de un procedimiento de transacción y por la que se declara la existencia de una infracción de las normas en materia de competencia — Anulación por insuficiencia de motivación — Anulación parcial limitada a la parte en la que se impone la multa — Adopción de una nueva decisión por la que se impone una multa del mismo importe — Principio non bis in idem — Inaplicabilidad — Violación de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima — Inexistencia
(Arts. 101 TFUE y 266 TFUE, párr. 1; Acuerdo EEE, art. 53; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 50)
(véanse los apartados 56 a 69)
Competencia — Multas — Importe — Determinación — Fijación del importe de base — Multa impuesta al término de un procedimiento de transacción — Inaplicación de la metodología prevista en las Directrices — Violación del principio de igualdad de trato — Inexistencia
[Art. 101 TFUE, ap. 1; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, puntos 13 y 37]
(véanse los apartados 91 a 95, 98, 99 y 103 a 135)
Competencia — Multas — Importe — Determinación — Fijación del importe de base — Multa impuesta al término de un procedimiento de transacción — Inaplicación de la metodología prevista en las Directrices — Violación del principio de igualdad de trato — Imposibilidad de invocar una ilegalidad cometida en favor de otros
[Art. 101 TFUE, ap. 1; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2; Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, puntos 13 y 37]
(véanse los apartados 91 a 95, 98, 99 y 136 a 146)
Competencia — Multas — Importe — Determinación — Importe máximo — Aplicación del importe máximo a todas las empresas sancionadas que hayan participado en una misma infracción — Violación del principio de igualdad de trato — Inexistencia
[Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 23, aps. 2 y 3]
(véanse los apartados 96, 97, 101 y 102)
Competencia — Multas — Importe — Determinación — Falta de consideración de una multa impuesta por una autoridad nacional de competencia — Territorio, comportamientos contrarios a la competencia y períodos distintos — Violación del principio de equidad — Inexistencia
(Art. 101 TFUE; Acuerdo EEE, art. 53)
(véanse los apartados 152 a 158)
Resumen
Mediante su sentencia Printeos y otros/Comisión (T‑466/17), de 24 de septiembre de 2019, el Tribunal ha desestimado el recurso de varias sociedades que operan en la venta de sobres estándar o de catálogo y de sobres especiales impresos (en lo sucesivo, «demandantes»), que tenían por objeto, con carácter principal, la anulación parcial de una Decisión de la Comisión Europea (
1
) por la que se les imponía una multa por infracción del artículo 101 TFUE (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). Esta infracción consistió en acuerdos o prácticas concertadas entre las demandantes y otros cuatro grupos de empresas en el territorio de varios países europeos.
La Decisión impugnada se adoptó a raíz de la anulación parcial, (
2
) por insuficiencia de motivación, de una Decisión anterior de la Comisión (
3
) por la que se imponía a las demandantes una multa de 4729000 euros, adoptada en el marco de un procedimiento de transacción (en lo sucesivo, «Decisión inicial»). A raíz de dicha sentencia, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, por la que se modificaba la Decisión original y se imponía una multa de la misma cuantía.
El Tribunal ha declarado, en primer lugar, que la Comisión podía, cuando la anulación de un acto de la Unión se basara en un vicio de procedimiento, como la insuficiencia de motivación, y el juez de la Unión no hubiera utilizado su competencia jurisdiccional plena para modificar la multa impuesta, adoptar una nueva decisión que imponía a las demandantes una multa del mismo importe que la de la Decisión inicial sin incurrir en los defectos que se le imputaban en el motivo basado en la vulneración de los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima y de non bis in idem. A este respecto, el Tribunal ha precisado que la aplicación del principio non bis in idem presuponía que hubiera habido un pronunciamiento sobre la existencia de la infracción o que la apreciación de esta hubiera sido objeto de un control de legalidad. Por tanto, el principio non bis in idem no se oponía en sí mismo a que se reiniciara un procedimiento que tuviera por objeto el mismo comportamiento contrario a la competencia cuando una primera decisión hubiera sido anulada por motivos de forma sin que hubiera habido un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos imputados, de manera que la decisión de anulación no tenía el valor de una «absolución» en el sentido que se atribuye a dicho término en el ámbito punitivo. El Tribunal ha considerado que este enfoque se aplicaba también en caso de anulación, por falta de motivación, de una decisión por la que se impone una multa cuando dicha decisión se hubiera adoptado en el marco de un procedimiento de transacción.
En segundo lugar, por lo que respecta al motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato en la determinación del importe de la multa, el Tribunal ha considerado que, para controlar el respeto de dicho principio, debía realizarse una distinción entre, por una parte, la determinación obligatoriamente igualitaria del importe de base de las multas que deben imponerse a las empresas afectadas y, por otra parte, la aplicación a dichas empresas del límite máximo del 10 %, de conformidad con el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1/2003, (
4
) que puede variar en función de su volumen de negocios global respectivo. En efecto, aunque la Comisión podía elegir válidamente un método de cálculo del importe de base basado en el valor de las ventas realizadas durante un año entero cubierto por la infracción para caracterizar la importancia económica de la infracción y el peso relativo de cada una de las empresas que hayan participado en ella, estaba obligada a respetar, en este contexto, el principio de igualdad de trato. En cambio, en principio, la aplicación del límite máximo del 10 % para determinar el importe final de las multas no dependía de la importancia económica de la infracción ni del peso relativo de cada empresa participante ni de la gravedad o duración de la infracción cometida por cada una de ellas, sino que tenía carácter puramente automático y estaba vinculado exclusivamente al volumen de negocios global, por lo que la aplicación de ese límite era ipso facto conforme con el principio de igualdad de trato.
Sin embargo, el Tribunal ha considerado incorrecto el análisis de la Comisión según el cual el resultado de la aplicación del límite máximo del 10 % en una fase intermedia del cálculo de las multas que iban a imponerse producía ipso facto resultados conformes con el principio de igualdad de trato. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que, al seguir este enfoque, que no estaba incluido en el ámbito de aplicación del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003, la Comisión ejercitaba su facultad de apreciación conforme al punto 37 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003. (
5
) Tras examinar el ajuste de los importes de base efectuado con arreglo a este enfoque en relación con los distintos grupos de empresas destinatarios de la Decisión impugnada, el Tribunal ha declarado que se había concedido a uno de estos grupos un trato más favorable sin justificación objetiva. No obstante, el Tribunal ha declarado que las demandantes no podían invocar, en su beneficio, la ilegalidad resultante de tal trato desigual.
Por lo que respecta a la aplicación paralela del artículo 101 TFUE y del Derecho nacional de competencia, en el presente asunto en lo que atañe a los efectos en el territorio español del comportamiento de las demandantes, que era objeto del tercer motivo, basado en la vulneración del principio de equidad, el Tribunal ha declarado antes de nada que la Decisión impugnada no afectaba a dicho territorio y que la autoridad española de competencia había sancionado comportamientos que habían tenido lugar durante un período diferente. El Tribunal ha declarado que, en estas circunstancias, una sanción completa y suficientemente disuasoria del comportamiento contrario a la competencia de las demandantes exigía precisamente que se tuvieran en cuenta todos sus efectos en estos diferentes territorios, incluso a lo largo del tiempo, de modo que no se podía reprochar a la Comisión no haber reducido, por las mismas razones, la multa impuesta a las demandantes en las Decisiones inicial e impugnada.
(
1
)	Decisión C(2017) 4112 final de la Comisión, de 16 de junio de 2017, por la que se modifica la Decisión C(2014) 9295 final de la Comisión, de 10 de diciembre de 2014, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 101 [TFUE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (AT.39780 — Sobres).
(
2
)	Sentencia del Tribunal de 13 de diciembre de 2016, Printeos y otros/Comisión (T‑95/15, EU:T:2016:722).
(
3
)	Decisión C(2014) 9295 final de la Comisión, de 10 de diciembre de 2014, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 101 [TFUE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (AT.39780 — Sobres).
(
4
)	Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1).
(
5
)	DO 2006, C 210, p. 2.