62024CJ0294
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 10 de julio de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Artículo 3, apartado 1 — Contrato de prestación de servicios de suministro y evacuación de aguas — Exigibilidad e inicio del cómputo del plazo de prescripción del crédito que dependen del comportamiento del comerciante — Obligación de exponer los motivos que justifican la necesidad de que el Tribunal de Justicia interprete determinadas disposiciones del Derecho de la Unión — Inexistencia de precisiones suficientes — Inadmisibilidad»
En el asunto C‑294/24 [Zadzhova], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Rayonen sad — Burgas (Tribunal de Primera Instancia de Burgas, Bulgaria), mediante resolución de 24 de abril de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de abril de 2024, en el procedimiento entre
Vodosnabdyavane i kanalizatsia EAD
y
ED,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por el Sr. N. Jääskinen, Presidente de Sala, y el Sr. M. Condinanzi y la Sra. R. Frendo (Ponente), Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretaria: Sra. R. Stefanova-Kamisheva, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 5 de marzo de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Vodosnabdyavane i kanalizatsia EAD, por el Sr. G. D. Dobrev, la Sra. Z. I. Gadzheva y el Sr. L. I. Todev, advokati, y por el Sr. T. Mirchev;
–
en nombre del Gobierno búlgaro, por la Sra. T. Mitova y el Sr. R. Stoyanov, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Kienapfel, las Sras. G. Koleva y N. Nikolova y el Sr. P. Ondrůšek, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Vodosnabdyavane i kanalizatsia EAD (en lo sucesivo, «VIK») y ED en relación con el impago de facturas de consumo de agua correspondiente a un inmueble que es propiedad de ED.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone:
«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.»
Derecho búlgaro
4
El artículo 84, párrafo primero, de la Zakon za zadalzheniyata i dogovorite (Ley de Obligaciones y Contratos) (DV n.o 275, de 22 de noviembre de 1950) (en lo sucesivo, «ZZD»), establece:
«Si existe una fecha determinada para el cumplimiento de la obligación, el deudor quedará constituido en mora al expirar dicha fecha […]».
5
A tenor del artículo 114 de la ZZD:
«El plazo de prescripción comienza a correr el día en que el crédito se haga exigible.
[…]»
Litigio principal y cuestión prejudicial
6
VIK presta a sus clientes servicios de suministro y evacuación de aguas en la ciudad de Burgas (Bulgaria) sobre la base de contratos individuales que contienen condiciones generales que regulan la prestación de dichos servicios a los usuarios (en lo sucesivo, «condiciones generales»).
7
El 27 de octubre de 2023, VIK presentó una demanda ante el Rayonen sad — Burgas (Tribunal de Primera Instancia de Burgas, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente, al objeto de que se condenase a ED, una consumidora, al pago de determinadas facturas por el consumo de agua correspondiente a un inmueble de su propiedad situado en la ciudad de Burgas.
8
En particular, VIK alega que ED le adeuda el importe principal de 693,56 levas búlgaras (BGN) (aproximadamente 350 euros) por el consumo de agua entre el 17 de marzo de 2020 y el 12 de mayo de 2023 y facturado durante el período comprendido entre el 25 de agosto de 2021 y el 25 de mayo de 2023, más los intereses legales devengados desde la fecha en que se presentó la demanda ante el órgano jurisdiccional remitente hasta el pago definitivo de la deuda, así como la indemnización por demora correspondiente al período comprendido entre el 25 de septiembre de 2021 y el 24 de octubre de 2023 de 81,30 BGN (aproximadamente 41 euros).
9
VIK sostiene que emitió facturas correspondientes al período de consumo en cuestión que ED no pagó en el plazo de treinta días establecido en el artículo 33, apartado 2, de las condiciones generales.
10
ED impugna el importe de las cantidades reclamadas y propone, en particular, una excepción basada en la extinción del crédito alegado a raíz de la expiración del plazo trienal de prescripción.
11
El órgano jurisdiccional remitente observa que, con arreglo al artículo 33, apartado 1, de las condiciones generales, VIK está obligada a emitir facturas mensuales por los servicios de suministro y evacuación de aguas prestados a sus clientes. Conforme al artículo 33, apartado 2, de las condiciones generales, el consumidor está obligado a abonar las cantidades adeudadas en un plazo de treinta días a partir de la fecha de emisión de la factura.
12
Además, según el artículo 42 de las condiciones generales, el consumidor que no cumpla dentro de plazo la obligación de pago que le incumbe tendrá que pagar a VIK una indemnización equivalente al importe de los intereses legales.
13
El órgano jurisdiccional remitente señala que, con arreglo a los artículos 84, párrafo primero, y 114 de la ZZD, una vez expirado el plazo de treinta días a partir de la emisión de la factura por VIK, el crédito de esta se hace exigible y el plazo de prescripción comienza a correr.
14
De ello se deduce, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, que la fijación del punto de partida de dicho plazo depende del comportamiento de VIK y, más concretamente, de la emisión de las facturas. Ahora bien, según aquel, VIK hace caso omiso regularmente de lo dispuesto en el artículo 33, apartado 1, de las condiciones generales, que le exige una facturación mensual.
15
El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto al posible carácter abusivo del artículo 33, apartado 2, de las condiciones generales, ya que considera que permite a VIK determinar unilateralmente, en función de la fecha de emisión de la factura, la exigibilidad de sus créditos y de los intereses de demora correspondientes y, en consecuencia, el inicio del cómputo del plazo de prescripción relativo a los mismos.
16
En estas circunstancias, el Rayonen sad — Burgas (Tribunal de Primera Instancia de Burgas) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva [93/13] en el sentido de que una cláusula como la que contiene el artículo 33, apartado 2, de las condiciones generales de contratación [de suministro y evacuación de Aguas de Burgas] genera un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes contractuales de dichas condiciones generales, en perjuicio del consumidor, habida cuenta de que la exigibilidad de la deuda con arreglo a la referida disposición y, por lo tanto, el inicio del plazo de prescripción de la deuda correspondiente a los servicios prestados por Aguas de Burgas a los consumidores dependen únicamente del comportamiento de aquella en la expedición de facturas, aunque no cumpla con su obligación de expedir facturas mensuales?»
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
17
Según reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir (sentencia de 22 de febrero de 2024, Ente Cambiano società cooperativa per azioni, C‑660/22, EU:C:2024:152, apartado 20 y jurisprudencia citada).
18
Como la resolución de remisión sirve de fundamento a este procedimiento, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a hacer explícito, en la propia resolución de remisión, el marco fáctico y normativo en el que se inscribe el litigio principal y a facilitar las explicaciones necesarias sobre los motivos de la elección de las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita y sobre la relación que establece entre esas disposiciones y la normativa nacional aplicable al litigio del que conoce (sentencia de 22 de febrero de 2024, Ente Cambiano società cooperativa per azioni, C‑660/22, EU:C:2024:152, apartado 21 y jurisprudencia citada).
19
Asimismo, procede recordar que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado [sentencia de 8 de abril de 2025, Fiscalía Europea (Control jurisdiccional de actos procesales), C‑292/23, EU:C:2025:255, apartado 36 y jurisprudencia citada].
20
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula contenida en las condiciones generales de contratación, según la cual el consumidor está obligado a pagar las cantidades adeudadas en un plazo de treinta días a partir de la fecha de emisión de la factura, crea, en perjuicio de ese consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes.
21
Pues bien, es preciso señalar que el órgano jurisdiccional remitente no ha explicado las razones por las que la interpretación de la disposición a la que se refiere su cuestión prejudicial es necesaria para resolver el litigio principal.
22
En efecto, tanto de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia como de los debates mantenidos en la vista ante él se desprende que el litigio principal versa sobre la aplicación de la obligación contractual del comerciante, prevista en el artículo 33, apartado 1, de las condiciones generales, de emitir facturas mensuales. Pues bien, las dudas del órgano jurisdiccional remitente no se refieren al apartado 1 de dicho artículo 33, sino más bien a su apartado 2, de modo que resulta evidente que el objeto del litigio principal no tiene relación alguna con la interpretación solicitada del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13.
23
En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial.
24
No obstante, debe recordarse que el órgano jurisdiccional remitente conserva la posibilidad de presentar una nueva petición de decisión prejudicial facilitando al Tribunal de Justicia todos los elementos necesarios para que este pueda pronunciarse (sentencia de 22 de febrero de 2024, Ente Cambiano società cooperativa per azioni, C‑660/22, EU:C:2024:152, apartado 35 y jurisprudencia citada).
Costas
25
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
La petición de decisión prejudicial planteada por el Rayonen sad — Burgas (Tribunal de Primera Instancia de Burgas, Bulgaria), mediante resolución de 24 de abril de 2024, es inadmisible.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: búlgaro.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.