62022CJ0758
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 28 de noviembre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Política económica y monetaria — Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales — Obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones — Pensiones especiales propias de las profesiones liberales — Afiliación y cotizaciones obligatorias»
En los asuntos acumulados C‑758/22 y C‑759/22,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania), mediante resoluciones de 27 de septiembre de 2022, recibidas en el Tribunal de Justicia el 15 de diciembre de 2022, en los procedimientos entre
Bayerische Ärzteversorgung,
Bayerische Architektenversorgung,
Bayerische Apothekerversorgung,
Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung,
Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung (C‑758/22),
Sächsische Ärzteversorgung (C‑759/22)
y
Deutsche Bundesbank,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. E. Regan y Z. Csehi (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretaria: Sra. M. Siekierzyńska, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de diciembre de 2023;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de la Bayerische Ärzteversorgung, la Bayerische Architektenversorgung, la Bayerische Apothekerversorgung, la Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung, la Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung, por el Sr. S. Altenschmidt y la Sra. P. Müller, Rechtsanwälte;
–
en nombre de la Sächsische Ärzteversorgung, por el Sr. C. Köhler, Rechtsanwalt;
–
en nombre de la Deutsche Bundesbank, por la Sra. L. Luyken y los Sres. M. Mogendorf y W. Spoerr, Rechtsanwälte;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. F. Blanc y S. Delaude y por el Sr. L. Mantl, en calidad de agentes;
–
en nombre del Banco Central Europeo (BCE), por las Sras. S. J. Hlásková Murphy y K. Kaiser y por el Sr. B. van der Eem, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de febrero de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del Reglamento (UE) 2018/231 del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones (DO 2018, L 45, p. 3), en relación con el Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO 2013, L 174, p. 1).
2
Estas peticiones se han presentado en el contexto de dos litigios que oponen a varias mutualidades de previsión social, a saber, por una parte, la Bayerische Ärzteversorgung (Caja de Previsión Social de los Médicos de Baviera, Alemania), la Bayerische Architektenversorgung (Caja de Previsión de los Arquitectos de Baviera), la Bayerische Apothekerversorgung (Caja de Previsión de los Farmacéuticos de Baviera), la Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung (Caja de Previsión de los Abogados y Contables de Baviera) y la Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung (Caja de Previsión de los de Ingenieros Civiles y Psicoterapeutas de Baviera), en el asunto C‑758/22, y, por otra parte, la Sächsische Ärzteversorgung (Caja de Previsión de los Médicos de Sajonia, Alemania), en el asunto C‑759/22, a la Deutsche Bundesbank (Banco Federal de Alemania), en relación con la sujeción de estas mutualidades de previsión a una obligación de información estadística aplicable a los fondos de pensiones.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento n.o 549/2013
3
A tenor de los considerandos 1, 3, 12 y 14 del Reglamento n.o 549/2013:
«(1)
La elaboración de las políticas en la Unión y la supervisión de las economías de los Estados miembros y de la unión económica y monetaria (UEM) exigen que se cuente con datos comparables, actualizados y fiables sobre la estructura de la economía y la evolución de la situación económica de cada Estado miembro o región.
[…]
(3)
Los ciudadanos de la Unión necesitan unas cuentas económicas como herramienta básica para analizar la situación económica de un Estado miembro o región. En aras de la comparabilidad, dichas cuentas deben elaborarse con arreglo a un conjunto único de principios que no sean susceptibles de interpretaciones divergentes. La información facilitada debe ser lo más precisa, completa y oportuna posible con el fin de garantizar un máximo de transparencia respecto de todos los sectores.
[…]
(12)
El Sistema Europeo de Cuentas revisado establecido por el presente Reglamento (SEC 2010) incluye una parte metodológica y un programa de transmisión que define las cuentas y tablas que deben facilitar todos los Estados miembros según los plazos especificados. La Comisión [Europea] debe poner a disposición de los usuarios estas cuentas y tablas en fechas específicas, y en su caso conforme a un calendario de publicación previamente anunciado, particularmente por lo que se refiere a la supervisión de la convergencia económica y a la realización de una estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros.
[…]
(14)
El SEC 2010 deberá sustituir gradualmente a cualquier otro sistema como marco de referencia de reglas, definiciones, nomenclaturas y normas de contabilidad comunes destinado a la elaboración de cuentas de los Estados miembros para las necesidades de la Unión, permitiendo así obtener resultados comparables entre los Estados miembros.»
4
En virtud del artículo 1, apartado 2, de este Reglamento:
«El SEC 2010 contempla lo siguiente:
a)
una metodología (anexo A) relativa a las reglas, definiciones, nomenclaturas y normas de contabilidad comunes, que se utilizarán para la elaboración de cuentas y tablas, sobre bases comparables para las necesidades de la Unión, y de resultados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3;
[…]».
5
El anexo A de dicho Reglamento cuenta con el capítulo 1, titulado «Características generales y principios fundamentales», que contiene los puntos 1.34, 1.35, 1.37 y 1.57, con el siguiente tenor:
«1.34
Las cuentas sectoriales se crean asignando las unidades a los sectores, lo cual permite presentar por sectores las operaciones y los saldos contables. La presentación por sectores pone de manifiesto numerosas medidas clave para las políticas económicas y fiscales. Los principales sectores son los hogares, las administraciones públicas, las sociedades (instituciones financieras y sociedades no financieras), las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) y el resto del mundo.
Es importante distinguir entre actividad de mercado y actividad no de mercado. Una entidad controlada por las administraciones públicas que resulte ser una sociedad de mercado se clasifica en el sector de las empresas, fuera del sector de las administraciones públicas. De esta forma, los niveles de déficit y de deuda de la sociedad no se contabilizarán en el déficit y la deuda de las administraciones públicas.
1.35
Es importante definir criterios claros y sólidos para asignar las entidades a los sectores.
El sector público está compuesto por todas las unidades institucionales residentes en la economía que están controladas por las administraciones públicas. El sector privado está compuesto por todas las demás unidades residentes.
En la tabla 1.1 se presentan los criterios utilizados para distinguir entre sector público y privado; dentro del sector público, entre el sector de las administraciones públicas y el sector de las sociedades públicas, y, dentro del sector privado, entre el sector de las ISFLSH y el de las sociedades privadas.
Tabla 1.1
Criterios
Bajo control de las administraciones públicas
(sector público)
Bajo control privado
(sector privado)
Producción no de mercado
Administraciones públicas
ISFLSH
Producción de mercado
Sociedades públicas
Sociedades privadas
[…]
1.37
La distinción entre de mercado y no de mercado, y, por tanto, en el caso de las entidades del sector público, su clasificación en el sector de las administraciones públicas o en el sector de las sociedades, se lleva a cabo sobre la base de la norma indicada a continuación.
Una actividad se considerará como actividad de mercado si los correspondientes bienes y servicios se negocian en las siguientes condiciones:
1)
los vendedores tratan de aumentar al máximo sus beneficios a largo plazo y para ello venden sus bienes y servicios libremente en el mercado a cualquiera que pague el precio que piden;
2)
los compradores tratan de aumentar al máximo su utilidad habida cuenta de sus recursos limitados, y para ello compran los productos que responden mejor a sus necesidades al precio propuesto;
3)
existen mercados eficaces a los cuales los compradores y los vendedores tienen acceso y sobre los cuales tienen información; un mercado eficaz puede funcionar aun cuando no se cumplan íntegramente estas condiciones.
[…]
1.57
Las unidades institucionales son entidades económicas capaces de ser propietarias de bienes y activos, contraer pasivos y participar en actividades y operaciones económicas con otras unidades, en nombre propio. A efectos del sistema SEC 2010, las unidades institucionales se agrupan en cinco sectores institucionales nacionales mutuamente excluyentes:
a)
sociedades no financieras;
b)
instituciones financieras;
c)
administraciones públicas;
d)
hogares;
e)
instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
El conjunto de estos cinco sectores constituye el total de la economía nacional. Cada sector está dividido, a su vez, en subsectores. El sistema SEC 2010 permite elaborar una serie completa de cuentas de flujos y de balances para cada sector y subsector, y para el total de la economía. Las unidades no residentes pueden interactuar con estos cinco sectores nacionales, y las interacciones se presentan entre los cinco sectores nacionales y un sexto sector institucional: el resto del mundo.»
6
El anexo A del Reglamento n.o 549/2013 incluye, en su capítulo 2, titulado «Las unidades y los conjuntos de unidades», los puntos 2.32 a 2.35, 2.38, 2.40, 2.43, 2.105 a 2.110 y 2.117, a tenor de los cuales:
«2.32
Los sectores y subsectores agrupan las unidades institucionales que tienen un comportamiento económico análogo.
Diagrama 2.1 — Asignación de las unidades a los sectores
2.33
Las unidades institucionales se agrupan en sectores según el tipo de productor de que se trata y de acuerdo con su función y actividad principal, aspectos que se consideran representativos de su comportamiento económico.
2.34
El diagrama 2.1 muestra de qué manera se asignan las unidades a los sectores principales. A fin de determinar a qué sector debe asignarse una unidad residente que no es un hogar, según el diagrama, es necesario determinar si está controlada por las administraciones públicas o no, y si es un productor de mercado o no de mercado.
2.35
El control de una institución financiera o de una sociedad no financiera se define como la capacidad para determinar la política general de la sociedad, por ejemplo eligiendo directores adecuados en caso necesario.
[…]
2.38
La administración pública puede asegurarse el control de una sociedad mediante una disposición legal, decreto o reglamento especial que la autorice a determinar la política de la sociedad. Los indicadores que aparecen a continuación son los principales factores que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir si una sociedad está controlada por las administraciones públicas:
[…]
b)
control público del consejo de administración o del órgano ejecutivo;
c)
control público del nombramiento o de la revocación del personal directivo;
[…]
f)
normativas especiales;
[…]
Un único indicador puede bastar para determinar el control en algunos casos, pero en otros puede indicarse colectivamente el control mediante una serie de indicadores diferenciados.
[…]
2.40
La distinción entre de mercado y no de mercado, y, por tanto, en el caso de las entidades del sector público, su clasificación en el sector de las administraciones públicas o en el sector de las sociedades, depende de los criterios enunciados en el punto 1.37.
[…]
2.43
El tipo de productor y las actividades y funciones principales que permiten caracterizar cada sector se muestran en la tabla 2.2.
Tabla 2.2 — Tipo de productor y actividades y funciones principales clasificados por sectores
Tipo de productor
Actividad y función principal
Sector
Productor de mercado
Producción de bienes y servicios no financieros de mercado
Sociedades no financieras (S.11)
Productor de mercado
Intermediación financiera, incluido el seguro
Actividades auxiliares de la intermediación financiera
Instituciones financieras (S.12)
Productor no de mercado
Producción y suministro de bienes y servicios no de mercado para consumo individual y colectivo y realización de operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional
Administraciones públicas (S.13)
Productor de mercado o productor para uso final propio privado
Consumo
Producción de bienes y servicios de mercado y producción de bienes y servicios para uso final propio
Hogares (S.14)
Como consumidores
Como empresarios
Productor no de mercado privado
Producción y suministro de bienes y servicios no de mercado para consumo individual
Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.15)
[…]
Fondos de pensiones (S.129)
2.105
Definición: El subsector “fondos de pensiones” (S.129) está formado por todas las instituciones y cuasisociedades financieras que se dedican principalmente a la intermediación financiera resultante de la compensación de riesgos y necesidades sociales de las personas aseguradas (seguros sociales). Los fondos de pensiones y los regímenes de seguridad social proporcionan una renta durante la jubilación y a menudo prestaciones por fallecimiento e invalidez.
2.106
El subsector S.129 está compuesto únicamente por los fondos de pensiones de seguros sociales que corresponden a unidades institucionales distintas de las unidades que los han creado. Esos fondos autónomos tienen autonomía de decisión y disponen de un conjunto completo de cuentas. Los fondos de pensiones no autónomos no son unidades institucionales, sino que forman parte de la unidad institucional que los crea.
2.107
Entre los casos de participantes en regímenes de fondos de pensiones cabe señalar a los asalariados de una empresa o un grupo de empresas, a los asalariados de una rama homogénea o de una rama de actividad, o a las personas que ejercen una misma profesión. En los contratos de seguros se pueden incluir las siguientes prestaciones:
a)
pago al cónyuge e hijos del asegurado en caso de fallecimiento;
b)
pago en caso de jubilación, y
c)
pago en caso de invalidez del asegurado.
2.108
En algunos países, todos estos tipos de riesgos pueden asegurarse tanto en compañías de seguros de vida como en fondos de pensiones. En otros países, algunas de estas clases de riesgos están aseguradas en compañías de seguros de vida. Al contrario de lo que ocurre en el caso de las compañías de seguros de vida, los fondos de pensiones están limitados por ley a determinados colectivos de asalariados y trabajadores por cuenta propia.
2.109
Los regímenes de fondos de pensiones pueden organizarlos los empleadores o las administraciones públicas, o bien compañías de seguros en nombre de los asalariados; también pueden crearse unidades institucionales distintas para custodiar y gestionar los activos que hayan de utilizarse a fin de sufragar y distribuir las pensiones.
2.110
No se incluyen en el subsector S.129:
a)
las unidades institucionales que cumplen los dos criterios enumerados en el punto 2.117; tales unidades se incluyen en el subsector S.1314;
[…]
Fondos de la seguridad social (S.1314)
2.117
Definición: El subsector “fondos de la seguridad social” comprende las unidades institucionales, centrales y territoriales, cuya actividad principal consiste en proporcionar prestaciones sociales y que cumplen los dos criterios siguientes:
a)
determinados grupos de la población están obligados a participar en el sistema o a pagar cotizaciones, en virtud de disposiciones legales o normativas, y
b)
independientemente del papel que desempeñen como organismos de supervisión o como empleadores, las administraciones públicas son responsables de la gestión de dichas unidades en lo relativo al establecimiento o la aprobación de las cotizaciones y las prestaciones.
Normalmente, no existe una relación directa entre el importe de la cotización de los afiliados y los riesgos a que están expuestos.»
7
En el anexo A de este Reglamento figura el capítulo 3, titulado «Operaciones de bienes y servicios y activos no producidos», que comprende los puntos 3.17 a 3.19, 3.24 y 3.26 a 3.28, que son del siguiente tenor:
«3.17
Definición: Por producción de mercado se entiende aquella que se vende o cede de otra manera en el mercado o que está destinada a estos fines.
3.18
En la producción de mercado se incluyen:
a)
los productos vendidos a precios económicamente significativos;
[…]
3.19
Definición: Por precios económicamente significativos se entiende precios que tienen un efecto significativo sobre el volumen de productos que los productores están dispuestos a ofrecer y sobre el volumen de productos que los compradores están dispuestos a adquirir. Dichos precios son el resultado del cumplimiento de estas dos condiciones:
a)
al productor le interesa ajustar la oferta para obtener un beneficio a largo plazo o, cuando menos, para cubrir los gastos de capital y otros costes, y
b)
los consumidores son libres de comprar o no comprar, y eligen según los precios aplicados.
Por lo general, los precios económicamente no significativos se aplican para obtener unos ingresos determinados o para obtener una reducción en el exceso de la demanda que podría haber si los servicios prestados fueran totalmente gratuitos.
El precio económicamente significativo de un bien o servicio se define en función de la unidad institucional y la [unidad de actividad económica a nivel local (en lo sucesivo, “UAE local”)] que han producido dicho bien o servicio. Por ejemplo, se considera que toda la producción de las empresas no constituidas en sociedad pertenecientes a hogares que se vende a otras unidades institucionales se vende a precios económicamente significativos; constituye, pues, producción de mercado. En lo que respecta a la producción de otras unidades institucionales, la capacidad de realizar una actividad de mercado a precios económicamente significativos se determinará aplicando un criterio cuantitativo (el criterio del 50 %), basado en la relación entre las ventas y los costes de producción. Para ser un productor de mercado, la unidad debe cubrir como mínimo el 50 % de sus costes por medio de sus ventas de forma continuada a lo largo de varios años.
[…]
3.24
Definición: Los productores de mercado son UAE locales o unidades institucionales cuya producción es en su mayor parte producción de mercado.
Si una UAE local o una unidad institucional es un productor de mercado, su producción principal es, por definición, producción de mercado, ya que el concepto de producción de mercado se define tras aplicar la distinción entre producción de mercado, producción para uso final propio y producción no de mercado a la UAE local o a la unidad institucional que obtienen dicha producción.
[…]
3.26
Definición: Los productores no de mercado son UAE locales o unidades institucionales que suministran la mayor parte de su producción de forma gratuita o a precios económicamente no significativos.
Unidades institucionales: distinción entre de mercado, para uso final propio y no de mercado
3.27
En lo que respecta a las unidades institucionales como productores, la distinción entre “de mercado”, “para uso final propio” y “no de mercado” se resume en la tabla 3.1, que refleja asimismo la clasificación por sectores.
Tabla 3.1 — Distinción entre productores de mercado, productores para uso final propio y productores no de mercado según el tipo de unidad institucional
Tipo de unidad institucional
Clasificación
¿Privada o pública?
¿ISFL o no?
¿Productor de mercado?
Tipo de productor
Sector(es)
1. Productores privados
1.1 Empresas no constituidas en sociedad propiedad de hogares (excepto las cuasisociedades propiedad de hogares)
1.1 = De mercado o para uso final propio
Hogares
1.2 Otros productores privados (incluidas las cuasisociedades propiedad de hogares)
1.2.1 ISFL privadas
1.2.1.1 Sí
1.2.1.1 = De mercado
Sociedades
1.2.1.2 No
1.2.1.2 = No de mercado
ISFLSH
1.2.2 Otros productores privados distintos de las ISFL
1.2.2 = De mercado
Sociedades
2. Productores públicos
2.1 Sí
2.1 = De mercado
Sociedades
2.2 No
2.2 = No de mercado
Administraciones públicas
3.28
La tabla 3.1 muestra que, para determinar si una unidad institucional ha de clasificarse como productor de mercado, productor para uso final propio o productor no de mercado, deben aplicarse varias distinciones de forma sucesiva. La primera distinción es la distinción entre productores públicos y privados. Un productor público es aquel que está controlado, en el sentido del punto 2.38, por una administración pública.»
8
El anexo A de este Reglamento incluye el capítulo 17, que, en su punto 17.43, establece:
«Definición: Los sistemas de pensiones de la seguridad social son sistemas contractuales de seguro en que los beneficiarios, como participantes en un sistema de seguros sociales, están obligados por las administraciones públicas a asegurarse contra la vejez y otros riesgos relacionados con la vejez, tales como la incapacidad, la salud, etc. Las administraciones públicas proporcionan las pensiones de la seguridad social a los beneficiarios.»
9
El capítulo 20 de dicho anexo A, titulado «Cuentas de las administraciones públicas», contiene, en particular, los puntos 20.05, 20.15, 20.32 a 20.34, 20.38, 20.39, 20.306, 20.309 y 20.310, que disponen:
«DEFINICIÓN DEL SECTOR DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
20.05
El sector de las administraciones públicas (S.13) comprende todas las unidades de las administraciones públicas y todas las instituciones sin fines de lucro (ISFL) no de mercado controladas por las unidades de las administraciones públicas. También incluye a otros productores no de mercado conforme a lo indicado en los puntos 20.18 a 20.39.
[…]
Las ISFL clasificadas en el sector de las administraciones públicas
[…]
20.15
Se considera que se tiene el control de una ISFL cuando se puede determinar la política general o el programa de la misma. La intervención pública en forma de normas generales aplicables a todas las unidades que trabajan en la misma actividad resulta irrelevante para decidir si las administraciones públicas tienen el control de una unidad individual. Para determinar si una ISFL está controlada por las administraciones públicas, deben tenerse en cuenta los cinco indicadores de control siguientes:
[…]
b)
otras disposiciones del instrumento habilitante, como las obligaciones establecidas en el estatuto de la ISFL;
[…]
e)
exposición al riesgo.
Un solo indicador puede ser suficiente para determinar si existe el control, pero si una ISFL que está financiada principalmente por las administraciones públicas mantiene la capacidad para definir su política o programa en una medida significativa siguiendo las líneas mencionadas en los demás indicadores, entonces no se consideraría controlada por las administraciones públicas. En la mayoría de los casos, una serie de indicadores conjuntamente señalan el control. Una decisión basada en estos indicadores será valorativa por naturaleza.
[…]
Intermediación financiera y límite de las administraciones públicas
20.32
El caso de las unidades que realizan actividades financieras requiere especial atención. La intermediación financiera es la actividad en la cual las unidades adquieren activos financieros y, al mismo tiempo, contraen pasivos por cuenta propia a través de operaciones financieras.
20.33
Un intermediario financiero incurre en un riesgo al contraer pasivos por cuenta propia. Por ejemplo, si una unidad financiera pública gestiona activos, pero no incurre en un riesgo por la contracción de pasivos por cuenta propia, no es un intermediario financiero y la unidad se clasifica en el sector de las administraciones públicas y no en el sector de las instituciones financieras.
20.34
La aplicación del criterio cuantitativo de la prueba de mercado/no de mercado a las sociedades públicas que participan en la intermediación financiera o en la gestión de activos no es pertinente en general, porque sus beneficios proceden de las rentas de la propiedad y de las ganancias de posesión.
[…]
Fondos de pensiones
20.38
Los sistemas de pensiones de los empleadores son acuerdos establecidos para ofrecer prestaciones de jubilación a los participantes, sobre la base de una relación contractual entre empleador y empleado. Incluyen sistemas no financiados y financiados total o parcialmente.
20.39
Un sistema financiado de cotizaciones definidas, establecido por una unidad de las administraciones públicas, no se trata como un sistema de seguridad social cuando las administraciones públicas no garantizan el importe de las pensiones debidas, siendo este incierto porque depende del rendimiento de los activos. Como consecuencia de ello, la unidad identificada como gestora del sistema, así como el propio fondo si se trata de una unidad institucional independiente, se considera una institución financiera, clasificada en el subsector de compañías de seguro y fondos de pensiones.
[…]
EL SECTOR PÚBLICO
[…]
20.306
Todas las unidades institucionales incluidas en el sector público son unidades residentes controladas por las administraciones públicas, ya sea directa o indirectamente por unidades del sector público en su conjunto. El control de una entidad se define como la capacidad para determinar la política general de dicha entidad. Esto se describe más adelante de forma pormenorizada.
[…]
Control del sector público
20.309
El control de una unidad del sector público residente se define como la capacidad para determinar la política general de la unidad. Puede ser a través de los derechos propios de una única unidad del sector público o a través de los derechos colectivos de muchas unidades. Deben tenerse en cuenta los siguientes indicadores de control:
[…]
h)
Control a través de una regulación excesiva. Cuando la regulación es tan estricta que determina de manera efectiva la política general de la sociedad, es una forma de control. Las autoridades públicas pueden, en algunos casos, tener una fuerte participación a través de normativas, en particular en áreas tales como los monopolios y las sociedades de servicios públicos privatizadas, en los que existe un elemento de servicio público. Puede existir intervención reguladora en áreas importantes, como el establecimiento de los precios, sin que la entidad ceda el control de su política general. La decisión de si entrar u operar en un entorno altamente regulado es igualmente un indicador de que la entidad no está sujeta a control.
i)
Otros. El control también puede proceder de las competencias otorgadas en los estatutos sociales o de derechos que figuren en los documentos de constitución de una entidad, por ejemplo limitar las actividades, objetivos y aspectos operativos, aprobar los presupuestos o evitar que la entidad cambie los documentos de constitución, se disuelva, apruebe dividendos, o dé por terminada su relación con el sector público. Una entidad que haya sido total o casi totalmente financiada por el sector público se considera controlada si los controles de esa fuente de financiación son lo suficientemente restrictivos para dictaminar la política general en esa área.
20.310
Cada caso de clasificación debe ser juzgado por sí mismo, y algunos de estos indicadores pueden resultar irrelevantes para cada caso concreto. Algunos indicadores, como los del punto 20.309, letras a), c) y d), son suficientes por sí mismos para establecer que existe control. En otros casos, una serie de ellos puede indicar colectivamente que existe control.»
Reglamento 2018/231
10
A tenor del considerando 2 del Reglamento 2018/231:
«El objetivo de imponer obligaciones de información estadística a los FP [fondos de pensiones] es proporcionar al [Banco Central Europeo (BCE)] estadísticas adecuadas de las actividades financieras del subsector de los FP en los Estados miembros cuya moneda es el euro […], que se consideran un único territorio económico. La recopilación de información estadística sobre los FP es necesaria para satisfacer necesidades analíticas periódicas u ocasionales, para asistir al BCE en la realización del análisis monetario y financiero, y para la contribución del SEBC a la estabilidad del sistema financiero.»
11
El artículo 1 de este Reglamento establece lo siguiente:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) “fondo de pensiones (FP)” (subsector S.129 del SEC 2010): una institución o cuasisociedad financiera que se dedica principalmente a la intermediación financiera resultante de la compensación de riesgos y necesidades sociales de las personas aseguradas (seguros sociales). Un fondo de pensiones, como un régimen de seguridad social, proporciona una renta durante la jubilación y puede proporcionar prestaciones por fallecimiento e invalidez.
Esta definición no comprende:
[…]
f)
los fondos de la seguridad social según se definen en el apartado 2.117 del SEC 2010;
[…]».
Derecho alemán
VersoG
12
En Baviera, las mutualidades de previsión social se rigen, en particular, por el artículo 1 de la Gesetz über das öffentliche Versorgungswesen (Ley sobre el Sistema Público de Previsión), de 16 de junio de 2008 (BayGVBl. p. 182), en su versión aplicable a los hechos del asunto C‑758/22 (en lo sucesivo, «VersoG»), que lleva por epígrafe «Forma jurídica, sede, ámbito de aplicación, potestad reglamentaria».
13
El artículo 9 de la VersoG, titulado «Principios aplicables a las actividades comerciales», dispone en sus apartados 1 a 3:
«(1)   Las mutualidades de previsión social ejercen sus actividades sobre la base de la mutualización y exclusivamente con fines de utilidad pública. Están obligadas a llevar a cabo una gestión económica prudente. Los activos de las mutualidades de previsión social deberán estar separados.
(2)   Las mutualidades de previsión social cubrirán sus gastos administrativos, incluida la remuneración de los funcionarios públicos, empleados y trabajadores manuales, así como las prestaciones que se otorguen a los derechohabientes, con sus propios recursos. El reparto entre las diferentes mutualidades de previsión social se efectúa en función de los costes efectivamente soportados.
(3)   Los recursos y los activos de las mutualidades de previsión social solo pueden utilizarse para cumplir sus funciones de previsión. En caso de disolución de una entidad, los fondos restantes revierten a los afiliados, asegurados y beneficiarios, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos.»
14
El artículo 10 de la VersoG, titulado «Estatutos», establece en sus apartados 1 a 3:
«(1)   Las mutualidades de previsión social regularán sus negocios mediante estatutos, de conformidad con la presente Ley.
(2)   Los estatutos deberán contener, además de los elementos específicamente indicados en la presente Ley, disposiciones relativas a:
1.
la composición, la duración del mandato y la convocatoria del consejo de administración y de los comités;
2.
el nombramiento y el cese de los miembros del consejo de administración y de sus suplentes […];
3.
el inicio y el fin de las relaciones de afiliación, seguro y pensión;
4.
el importe de las cotizaciones, así como su vencimiento o los principios de fijación de los repartos;
5.
las condiciones, la naturaleza y el importe, así como la extinción de los derechos de los afiliados, asegurados y beneficiarios de las prestaciones;
6.
el procedimiento de pensión.
(3)   Los estatutos y sus modificaciones se establecerán por el presidente del consejo de administración, previa aprobación cautelar, y publicarán en el Bayerischer Staatsanzeiger. Entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación, salvo que se fije otra fecha.»
15
La segunda parte de la VersoG, titulada «Caja de Previsión Social de los Médicos de Baviera, Caja de Previsión de los Farmacéuticos de Baviera, Caja de Previsión de los Arquitectos de Baviera, Caja de Previsión de los Ingenieros Civiles y Psicoterapeutas de Baviera, Caja de Previsión de los Abogados y Contables de Baviera», incluye el capítulo 1, relativo a las «disposiciones comunes», en el que consta el artículo 28 de dicha Ley, titulado «Funciones». En su tercera frase, este artículo establece que «las mutualidades de previsión social deberán cumplir los requisitos de exención de sus afiliados de la obligación de afiliarse al seguro obligatorio de pensiones».
16
El artículo 30 de la VersoG, titulado «Adhesión», establece en sus apartados 1 a 3:
«(1)   La afiliación a las mutualidades de previsión es obligatoria.
(2)   Los estatutos podrán establecer excepciones y exenciones a la afiliación obligatoria, en particular cuando el profesional:
1.
solo ejerza su actividad profesional de manera temporal o a pequeña escala;
2.
empiece a ejercer su actividad profesional a una edad avanzada o se adhiera al colegio profesional;
3.
esté afiliado a otro régimen de previsión profesional.
[…]
(3)   Los miembros por obligación que hayan dejado de estar afiliados pueden seguir siendo miembros voluntarios, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos.»
17
El artículo 31 de la VersoG, titulado «Cotizaciones, transición», establece en sus apartados 1 y 4:
«(1)   Los afiliados están obligados a pagar cotizaciones, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos. Los estatutos podrán establecer cotizaciones mínimas que no dependan de los ingresos. Podrán estipular que, para mantener el derecho a pensión, deben abonarse cotizaciones adecuadas para los períodos sin actividad profesional o lucrativa o sin ingresos. La cotización obligatoria no debe superar el límite que determina la exención del impuesto de sociedades de la que se beneficia la mutualidad de previsión social.
[…]
(4)   Los estatutos pueden autorizar pagos adicionales voluntarios para aumentar los derechos por pensión. Estos, sumados a la cotización obligatoria, no deberán superar el límite fijado en la cuarta frase del apartado 1.»
18
Los artículos 33 a 36 y 38 de la VersoG precisan las normas relativas a la afiliación obligatoria ante las mutualidades de previsión social de que se trata.
Ley sobre los Colegios de las Profesiones Sanitarias de Sajonia
19
El artículo 6 de la Sächsisches Heilberufekammergesetz (Ley sobre los Colegios de las Profesiones Sanitarias de Sajonia), de 24 de mayo de 1994 (SächsGVBl. p. 935), en su versión aplicable al asunto C‑759/22, titulado «Mutualidades de previsión», establecía:
«(1)   Los colegios profesionales pueden, mediante sus estatutos, crear una mutualidad de previsión para asegurar a sus afiliados y a los miembros de sus familias. […] Los colegiados estarán afiliados a la mutualidad de previsión con arreglo a los estatutos.
[…]
(3)   Los estatutos establecerán normas relativas a:
1.
las funciones, la formación, la composición, la elección y la duración del mandato de los órganos de las mutualidades de previsión social, así como su representación procesal y extrajudicial, siempre que ello no esté regulado por disposiciones legales;
2.
el inicio y el final de la afiliación obligatoria, así como las condiciones en las que están autorizadas las excepciones y exenciones a la afiliación obligatoria;
3.
las condiciones en las que está autorizada la afiliación voluntaria, en particular tras el cese de la afiliación al colegio profesional;
4.
las condiciones en las que pueden incrementarse los derechos tras un divorcio;
5.
las condiciones de la afiliación retroactiva;
6.
la participación obligatoria de los afiliados, el inicio y el final de la obligación de cotizar, el procedimiento de fijación de las cotizaciones, así como el vencimiento y los detalles relativos al importe de las cotizaciones, calculadas en función de los ingresos:
a)
procedentes de una actividad profesional por cuenta propia o ajena,
b)
de capital, en la medida en que los rendimientos procedan de sociedades de capital cuyo objeto sea también prestar servicios médicos, dentales, veterinarios o farmacéuticos, y
c)
de actividades comerciales, en la medida en que de ellas se deriven también prestaciones médicas, dentales, veterinarias o farmacéuticas, y que no deberán superar el importe que resulte de la [ley pertinente] en vigor;
7.
el importe de las reducciones y exenciones de las cotizaciones que pueden concederse en situaciones especiales;
8.
las condiciones y el importe de las posibles penalizaciones por demora en relación con cotizaciones vencidas;
9.
las condiciones en las que las cotizaciones o los recargos de demora pueden ser diferidos, cancelados o eliminados;
10.
las condiciones de concesión y el importe de las prestaciones, de la pensión de jubilación, de invalidez y de supervivencia;
[…]
Los estatutos podrán establecer las condiciones en las que un afiliado puede transferir las cotizaciones que haya abonado a la mutualidad de previsión a otra mutualidad pública de seguros o a una mutualidad de su categoría profesional (mutualidad profesional), así como las condiciones y el importe del derecho al reembolso de las cotizaciones abonadas al término de la afiliación.
(4)   Los activos de las mutualidades de previsión social constituyen un patrimonio especial que solo puede utilizarse para cumplir las obligaciones de la mutualidad de previsión social. Deberá gestionarse separadamente de los demás activos colegiales. Solo puede utilizarse para fines autorizados por la ley, incluida la compensación de los gastos administrativos necesarios.»
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
20
Durante los años 2018 y 2019, las demandantes en los litigios principales recibieron comunicaciones del Banco Federal de Alemania en las que les indicaba que, en virtud de los artículos 1 y 2 del Reglamento 2018/231, estaban sujetas, en su condición de fondos de pensiones, a obligaciones de información estadística en virtud de las cuales debían transmitirle, a partir del 30 de septiembre de 2019, datos más precisos sobre su situación financiera, con periodicidad trimestral para algunas de ellas y anual para otras.
21
Las demandantes en los litigios principales interpusieron sendos recursos ante el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Fráncfort del Meno, Alemania) solicitando, con carácter principal, la anulación de dichas comunicaciones y, subsidiariamente, que se declarara que no estaban sujetas a las obligaciones de información estadística indicadas.
22
Dicho órgano jurisdiccional desestimó sus recursos por considerar que las demandantes en los litigios principales son fondos de pensiones, en el sentido del artículo 1, punto 1, del Reglamento 2018/231, y que, por consiguiente, están sujetas a obligaciones de información en virtud del artículo 2, apartado 1, de tal Reglamento. Según el referido órgano jurisdiccional, las mutualidades de previsión social como las demandantes en los litigios principales forman parte, en su condición de productoras de mercado, de las sociedades financieras de capital y están comprendidas, por tanto, en el subsector de los fondos de pensiones (S.129) del SEC 2010 establecido por el Reglamento n.o 549/2013. A su juicio, en el marco de su actividad principal, prestan servicios de previsión. Para ello, establecen precios significativos desde el punto de vista económico y lo mismo sucede con las prestaciones obligatorias. Tal órgano jurisdiccional considera también que, a falta de ayudas de Estado, las mutualidades de previsión social se ven obligadas a regular las cotizaciones y prestaciones de forma que su capacidad contributiva quede garantizada. En cualquier caso, prosigue, la calificación de las prestaciones obligatorias como producción de mercado resulta, en particular, del anexo A, punto 3.19, del Reglamento n.o 549/2013, ya que las demandantes en los litigios principales cubrieron durante varios años al menos el 50 % de sus costes mediante la venta de sus productos. Este órgano jurisdiccional indica que el anexo A, punto 1.37, de dicho Reglamento no se opone a tal calificación, ya que solo se aplica a las entidades del sector público, de las que no forman parte las demandantes en los litigios principales en la medida en que no están controladas por el Estado. Por consiguiente, también excluye la vinculación al subsector de los fondos de la seguridad social (S.1314) del SEC 2010, al que no se aplica la obligación de información. El anexo A, punto 20.39, de tal Reglamento confirma, según él, la calificación como fondos de pensiones de las demandantes en los litigios principales. En virtud de esta disposición, un sistema de cotizaciones predeterminadas gestionado por una entidad pública no debe considerarse un sistema de seguridad social si funciona, como sucede con las demandantes en los litigios principales, sin garantía del Estado sobre el importe de las prestaciones que deben abonarse y si dicho importe, que depende del rendimiento de los activos gestionados, es necesariamente incierto.
23
Las demandantes en los litigios principales interpusieron un recurso de revisión contra tal sentencia ante el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente. Alegan que no son productoras de mercado. Según ellas, sus prestaciones obligatorias, que constituyen la mayor parte de su producción, no se ofrecen a precios económicamente significativos. A este respecto, los afiliados que tienen una obligación de afiliación no pueden optar libremente por suscribir las prestaciones de previsión sobre la base de las cotizaciones solicitadas, lo cual vulnera uno de los requisitos para que concurran de tales precios, esto es, aquel establecido en el anexo A, punto 3.19, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.o 549/2013, según el cual «los consumidores son libres de comprar o no comprar, y eligen según los precios aplicados». A juicio de las demandantes, el criterio del 50 % establecido en el punto 3.19 del anexo A, tercer párrafo, que permite calificar como productora de mercado a una unidad institucional que cubre, de manera continua y duradera, al menos el 50 % de sus costes de producción con sus ventas, carece de pertinencia, pues únicamente está dirigido a determinar el valor de la producción. En cualquier caso, según ellas, las mutualidades de previsión social están comprendidas, al igual que el seguro obligatorio de rentas periódicas, en el ámbito de la seguridad social.
24
El Banco Federal de Alemania alega que la sentencia del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Fráncfort del Meno) no adolece de los errores de Derecho alegados.
25
El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto a la calificación de las demandantes en los litigios principales, habida cuenta, en particular, del artículo 1, punto 1, letra f), del Reglamento 2018/231 y del anexo A, puntos 1.37, 2.107, 2.117, 3.17 a 3.19, 3.24, 3.26, 17.43, 20.10, 20.12 y 20.39, del Reglamento n.o 549/2013. Se pregunta si procede calificarlas como fondos de pensiones o como fondos de la seguridad social o si les corresponde otra calificación.
26
Dicho órgano jurisdiccional subraya que las demandantes en los litigios principales son organismos de Derecho público dotados de personalidad jurídica. Solo pueden ejercer una actividad de interés general y únicamente pueden destinar sus fondos y su patrimonio al cumplimiento de su misión de servicio público. Deben soportar sus cargas administrativas, incluida la retribución de sus empleados y las prestaciones otorgadas a los derechohabientes, con cargo a sus propios recursos.
27
Expone también que, con arreglo al Derecho alemán, la gran mayoría de los afiliados en los sistemas de las demandantes en los litigios principales están sujetos a afiliación obligatoria por ejercer su profesión en Baviera o en Sajonia. Una vez finaliza dicha afiliación obligatoria, es posible seguir afiliado de forma voluntaria con el fin de poder seguir adquiriendo derechos por pensión. En sus estatutos, las demandantes en los litigios principales fijan el pago de cotizaciones o contribuciones a la financiación de su misión, así como los requisitos, la naturaleza, el importe y la supresión de los derechos por pensión. También es posible realizar pagos adicionales voluntarios, pero están limitados a un máximo autorizado. Las demandantes en los litigios principales prestan más del 50 % de sus servicios a sus afiliados sujetos a afiliación obligatoria.
28
En estas circunstancias, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, redactadas en términos idénticos en los asuntos C‑758/22 y C‑759/22:
«1)
a)
¿Exige el anexo A, punto 3.19, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.o 549/2013 que todos los consumidores de productos que los productores están dispuestos a ofrecer sean libres de adquirirlos o no adquirirlos y elijan según los precios aplicados?
En caso de respuesta negativa:
b)
En los supuestos en que, sin disponer de esa libertad de elección, la gran mayoría de los referidos consumidores reciban del productor productos en una cuantía superior a la mitad de la producción de este en virtud de su afiliación a él, que es obligatoria por ley, y deban abonarle obligatoriamente cotizaciones en la cuantía fijada por él, ¿se están cumpliendo los requisitos de la citada disposición si una minoría tuvo posibilidad de afiliarse voluntariamente al productor e hizo uso de la misma con el fin de recibir los productos abonando las mismas cotizaciones que quienes están afiliados a él con carácter obligatorio?
2)
¿Existe siempre una producción de mercado realizada a precios económicamente significativos, a efectos del anexo A, puntos 3.17 a 3.19, del Reglamento n.o 549/2013, con tal de que se esté cumpliendo el “criterio del 50 %” definido en su punto 3.19, párrafo tercero, frases tercera y cuarta, de cobertura de cuando menos la mitad de los costes por medio de las ventas de forma continuada a lo largo de varios años, o bien ha de considerarse que ese criterio no es condición suficiente (por sí mismo), sino condición necesaria que debe concurrir junto con los dos prerrequisitos contemplados en el párrafo primero, letras a) y b), de ese punto 3.19?
3)
Para determinar si las unidades institucionales son productoras de mercado con arreglo al anexo A, punto 3.24, del Reglamento n.o 549/2013, ¿deben tenerse en cuenta, además de sus puntos 3.17, 3.19 y 3.26, también los requisitos adicionales contemplados en su punto 1.37, párrafo segundo?
4)
a)
Para incluir una unidad institucional en el subsector S.129, ¿exige con carácter imperativo el anexo A, punto 2.107, del Reglamento n.o 549/2013 que aquella abone todas sus prestaciones a todos sus participantes en virtud de una obligación contractual de seguro?
En caso de respuesta afirmativa:
b)
¿Se cumple la exigencia de que a esos efectos se haya celebrado un contrato de seguro con el mero hecho de que, aun cuando la afiliación obligatoria, las cotizaciones obligatorias y las prestaciones obligatorias de la unidad institucional se regulen mediante normas internas adoptadas para ella en virtud de prerrogativas de poder público, también quienes están afiliados con carácter obligatorio puedan adquirir derechos a prestaciones adicionales mediante cotizaciones adicionales voluntarias?
5)
¿Debe interpretarse el artículo 1, punto 1, [segundo apartado], letra f), del Reglamento 2018/231 en el sentido de que excluye del concepto de “fondo de pensiones” formulado en [el primer apartado] de dicho punto 1 únicamente a las unidades institucionales que cumplan los dos criterios enumerados en el anexo A, punto 2.117, del Reglamento n.o 549/2013, o comprende también esa excepción a otras unidades institucionales que de conformidad con el punto 17.43 de dicho anexo A hayan de ser vistas como sistemas de pensiones de la seguridad social pero que no cumplan todos los requisitos del mencionado punto 2.117?
6)
a)
¿Designa el concepto de “Administraciones Públicas” del anexo A, puntos 2.117, letra b), y 17.43, del Reglamento n.o 549/2013 únicamente a la respectiva unidad principal, o comprende también a las instituciones de seguridad social constituidas por ley, organizadas de forma jurídicamente autónoma sobre la base de la afiliación obligatoria, financiadas mediante cotizaciones y con derecho a la autogestión y a la llevanza de una contabilidad propia?
En caso de que la opción correcta sea la segunda de las mencionadas:
b)
¿Implica el establecimiento de cotizaciones y prestaciones que se cita en el anexo A, punto 2.117, letra b), del Reglamento n.o 549/2013 la aprobación de su importe, o bien basta con que por ley se prescriban los riesgos mínimos que deben cubrirse y el nivel mínimo de cobertura y se regulen los principios y límites de cara al cobro de las cotizaciones, aunque se esté dejando en manos de la institución de seguridad social calcular las cotizaciones y prestaciones dentro de ese marco?
c)
¿Comprende el concepto de “unidad de las Administraciones Públicas” a efectos del anexo A, punto 20.39, del Reglamento n.o 549/2013 únicamente a las unidades institucionales que cumplan todos los requisitos de sus puntos 20.10 y 20.12?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
29
Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si las disposiciones del anexo A del Reglamento n.o 549/2013 deben interpretarse en el sentido de que las mutualidades de previsión social que ofrecen prestaciones que cubren los riesgos de jubilación, fallecimiento e invalidez en favor de afiliados mayoritariamente sujetos a una obligación de afiliación por ejercer una profesión determinada están comprendidas en el concepto de «fondos de pensiones», en el sentido del punto 2.105 de tal anexo, y, en consecuencia, sujetas a las obligaciones de información estadística establecidas en el Reglamento 2018/231.
30
Procede recordar que del considerando 14 del Reglamento n.o 549/2013 se desprende que el SEC 2010 establece un marco de referencia destinado a la elaboración de las cuentas de los Estados miembros para las necesidades de la Unión, y en particular para la formulación y la supervisión de las políticas económicas y sociales de la misma. A este respecto, a tenor del considerando 3 de este Reglamento, la elaboración de dichas cuentas debe efectuarse con arreglo a un conjunto de principios únicos que no sean susceptibles de interpretaciones divergentes, de modo que puedan obtenerse resultados comparables (sentencia de 13 de julio de 2023, Ferrovienord, C‑363/21 y C‑364/21, EU:C:2023:563, apartado 64 y jurisprudencia citada).
31
Tal como resulta del artículo 1, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, el SEC 2010 establece una metodología, que figura en el anexo A, relativa a las reglas, definiciones, clasificación y normas de contabilidad comunes que se utilizarán para la elaboración de cuentas y tablas, sobre bases comparables para las necesidades de la Unión.
32
A tenor del punto 1.01 del mismo anexo, el SEC 2010 constituye «un marco contable comparable a escala internacional, cuyo fin es realizar una descripción sistemática y detallada del total de una economía (una región, un país o un grupo de países), sus componentes y sus relaciones con otras economías».
33
Dicho anexo, concebido como un manual, se compone de veinticuatro capítulos, brevemente expuestos en sus puntos 1.03 y 1.04. El capítulo 1 abarca las características básicas del sistema en términos de conceptos. Establece los principios del SEC y describe las unidades estadísticas fundamentales y su agrupación. En el capítulo 2 se describen las unidades institucionales utilizadas para medir la economía y la forma en que dichas unidades están clasificadas en sectores y otros grupos con vistas a analizarlas. El capítulo 20 está dedicado a las cuentas de las Administraciones Públicas.
34
Los puntos 1.34 y 1.57 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013 prevén la agrupación de toda unidad institucional —definida como la entidad económica capaz de ser propietaria de bienes y activos, contraer pasivos y participar en actividades y operaciones económicas con otras unidades, en nombre propio— en uno de los seis sectores principales identificados por el SEC 2010, que no son otros que las sociedades no financieras, las instituciones financieras, las Administraciones Públicas, los hogares, las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y el resto del mundo (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2023, Ferrovienord, C‑363/21 y C‑364/21, EU:C:2023:563, apartado 66 y jurisprudencia citada).
35
De estas disposiciones y del punto 2.41 de dicho anexo se desprende que estos sectores son mutuamente excluyentes, de modo que cada unidad institucional pertenece a un único sector o subsector. De conformidad con su punto 2.32, los sectores y subsectores agrupan las unidades institucionales que tienen un comportamiento económico análogo.
36
El subsector de los fondos de pensiones pertenece al sector de las instituciones financieras, como precisa el punto 2.66 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013. Por consiguiente, al igual que cualquier unidad institucional de este sector, los fondos de pensiones se clasifican como «productores de mercado», de conformidad con la definición del concepto de «instituciones financieras» que figura en el punto 2.55 del mismo anexo.
37
Por lo que respecta a esta clasificación de los fondos de pensiones como «productores de mercado», es preciso subrayar que las actividades de estos fondos, que se detallan en los puntos 2.105 a 2.110 del anexo, tienen una particularidad. En efecto, de su punto 2.108 se desprende que, al contrario de lo que ocurre en el caso de las compañías de seguros de vida, «los fondos de pensiones están limitados por ley a determinados colectivos de asalariados y trabajadores por cuenta propia». Así, el subsector de los fondos de pensiones agrupa a instituciones financieras que no son libres de ofrecer sus servicios al público en su conjunto.
38
En el caso de autos, de las resoluciones de remisión se desprende que las mutualidades de previsión social de que se trata en los litigios principales, que operan en Baviera (asunto C‑758/22) y en Sajonia (asunto C‑759/22), garantizan prestaciones a sus afiliados en caso de jubilación, fallecimiento e invalidez y se organizan sobre una base sectorial, en el sentido de que la mayoría de sus afiliados están sujetos a una obligación legal de afiliación por ejercer una profesión determinada, como la de médico, farmacéutico, abogado o arquitecto.
39
Por lo demás, esta organización sectorial de las mutualidades de previsión social y la correspondiente obligación de afiliación de sus miembros han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse si las actividades de esas mutualidades pueden estar comprendidas en el concepto de «producción de mercado» o en el de «actividad de mercado», en el sentido del anexo A del Reglamento n.o 549/2013.
40
No obstante, es preciso señalar que tal organización sectorial de los fondos de pensiones se contempla expresamente en los puntos 2.107 y 2.108 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013, como se ha indicado en el apartado 37 de la presente sentencia. A pesar de esta particularidad, el legislador de la Unión optó por clasificar los fondos de pensiones como instituciones financieras y, por tanto, como productores de mercado. Por consiguiente, en el presente asunto, no es necesario preguntarse sobre la interpretación de los conceptos de «producción de mercado» o de «actividad de mercado», sino determinar si mutualidades de previsión social como las controvertidas en los litigios principales pueden calificarse como «fondos de pensiones» a la luz de los criterios establecidos en los puntos 2.105 a 2.110 de dicho anexo.
41
A este respecto, del tenor de los puntos 2.105 a 2.110 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013 puede deducirse que las actividades de los fondos de pensiones cumplen los criterios siguientes.
42
En primer lugar, de los puntos 2.105 y 2.107 de ese anexo se desprende que los fondos de pensiones, que se dedican principalmente a la intermediación financiera resultante de la compensación de riesgos y necesidades sociales de las personas aseguradas, garantizan prestaciones al asegurado en caso de jubilación. Estos fondos también pueden garantizar prestaciones al asegurado en caso de invalidez, así como prestaciones al cónyuge y a los hijos del asegurado en caso de fallecimiento de este.
43
En segundo lugar, el punto 2.106 del mismo anexo expone que los fondos de pensiones, que son distintos de las unidades que los han creado, tienen autonomía de decisión y disponen de un conjunto completo de cuentas.
44
En tercer lugar, y como se ha indicado en el apartado 37 de la presente sentencia, los puntos 2.107 y 2.108 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013 precisan que, a diferencia de las compañías de seguros de vida, los fondos de pensiones están obligados por ley a reservar sus servicios a determinados colectivos de asalariados y trabajadores por cuenta propia, como, en particular, las personas que ejercen una misma profesión.
45
En cuarto lugar, el punto 2.110 de dicho anexo excluye del concepto de «fondos de pensiones» a los fondos de la seguridad social mencionados en el punto 2.117 del mismo. A tenor de este último punto, los fondos de la seguridad social, cuya actividad principal es proporcionar prestaciones sociales, se caracterizan por el hecho de que, por una parte, determinados grupos de la población están legalmente obligados a participar en el sistema o a pagar cotizaciones y, por otra, las Administraciones Públicas establecen o aprueban las cotizaciones y las prestaciones, sin que normalmente exista una relación directa entre el importe de la cotización de los afiliados y los riesgos a que están expuestos.
46
En cuanto a esto último, del punto 20.39 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013, incluido en el capítulo 20 del mismo, titulado «Cuentas de las administraciones públicas», se desprende que un sistema de pensiones, incluso establecido por una unidad de las Administraciones Públicas, no puede tratarse como un sistema de seguridad social y debe clasificarse en el subsector de los fondos de pensiones cuando el importe de las prestaciones no está garantizado por las Administraciones Públicas y es incierto porque depende del rendimiento de los activos.
47
Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, este no es competente para interpretar el Derecho nacional y corresponde en exclusiva al juez nacional comprobar y apreciar los hechos del litigio principal, así como determinar el alcance exacto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales (sentencia de 28 de abril de 2022, SeGEC y otros, C‑277/21, EU:C:2022:318, apartado 21 y jurisprudencia citada).
48
No obstante, el Tribunal de Justicia, llamado a facilitar una respuesta útil al juez nacional, es competente para proporcionar indicaciones, basadas en los autos del procedimiento principal y en las observaciones escritas que le hayan sido presentadas, que puedan permitir a tal órgano jurisdiccional dictar una resolución (sentencia de 28 de abril de 2022, SeGEC y otros, C‑277/21, EU:C:2022:318, apartado 22 y jurisprudencia citada).
49
En el caso de autos, de las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que las actividades de las mutualidades de previsión social de que se trata en los litigios principales presentan las características siguientes.
50
En primer lugar, no se discute que estas mutualidades de previsión social garantizan a sus afiliados prestaciones en caso de jubilación, fallecimiento e invalidez.
51
En segundo lugar, de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que las mutualidades de previsión social de que se trata en el asunto C‑758/22, dotadas de personalidad jurídica, gozan de un derecho de autogestión y llevan una contabilidad propia. Según las mismas indicaciones, la mutualidad de previsión social de que se trata en el asunto C‑759/22, aunque es un organismo con personalidad jurídica parcial del colegio de médicos, es independiente en los planos organizativo y económico, goza de una amplia autonomía, dispone de un patrimonio propio y elabora un conjunto completo de cuentas. Este tipo de mutualidades de previsión social, que gozan de autonomía de gestión y llevan una contabilidad propia, cumplen el criterio enunciado en el apartado 43 de la presente sentencia.
52
En tercer lugar, de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente mencionadas en el apartado 38 de la presente sentencia también se desprende que la gran mayoría de los afiliados de las mutualidades de previsión social de que se trata en los litigios principales están sujetos a una obligación legal de afiliación por ejercer una actividad profesional determinada, teniendo en cuenta que dichas mutualidades no están autorizadas, en principio, a prestar servicios a otras personas. Por consiguiente, tales mutualidades parecen cumplir el criterio mencionado en el apartado 44 de la presente sentencia.
53
En cuarto lugar, de las resoluciones de remisión se desprende que el importe de las prestaciones que se abonan a los afiliados, que no está garantizado por las Administraciones Públicas, depende del importe de las cotizaciones pagadas y de los resultados de la mutualidad de previsión social de que se trate por la gestión de los activos. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente ha indicado que las mutualidades de previsión social de que se trata en los litigios principales determinan, en el marco establecido por las disposiciones legales, el importe de las cotizaciones que perciben y el de las prestaciones que abonan. Por consiguiente, tales mutualidades de previsión social cumplen los criterios, mencionados en los apartados 45 y 46 de la presente sentencia, que excluyen su calificación como sistema de seguridad social a favor de la de fondos de pensiones.
54
De ello se deduce que, si las actividades de las mutualidades de previsión social de que se trata en los litigios principales presentan efectivamente las características enumeradas en los apartados 50 a 53 de la presente sentencia, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, dichas mutualidades pueden clasificarse en el subsector de los «fondos de pensiones», en el sentido del punto 2.105 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013.
55
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que las disposiciones del anexo A del Reglamento n.o 549/2013 deben interpretarse en el sentido de que están comprendidas en el concepto de «fondos de pensiones», en el sentido del punto 2.105 de dicho anexo, y, en consecuencia, deben estar sujetas, en principio, a las obligaciones de información estadística establecidas en el Reglamento 2018/231 las mutualidades de previsión social cuyas actividades presentan las características siguientes:
–
ofrecen prestaciones que cubren los riesgos de jubilación, fallecimiento e invalidez;
–
gozan de autonomía de gestión y elaboran un conjunto completo de cuentas;
–
la gran mayoría de sus afiliados está sujeta a una obligación legal de afiliación por ejercer una profesión determinada, teniendo en cuenta que dichas mutualidades de previsión social no están autorizadas, en principio, a prestar sus servicios a otras personas;
–
el importe de las prestaciones que se abona a los afiliados, que no está garantizado por las Administraciones Públicas, depende del importe de las cotizaciones pagadas y de los resultados de la mutualidad de previsión social de que se trate por la gestión de los activos.
Costas
56
Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
Las disposiciones del anexo A del Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que
están comprendidas en el concepto de «fondos de pensiones», en el sentido del punto 2.105 de dicho anexo, y, en consecuencia, deben estar sujetas, en principio, a las obligaciones de información estadística establecidas en el Reglamento (UE) 2018/231 del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones, las mutualidades de previsión social cuyas actividades presentan las características siguientes:
–
ofrecen prestaciones que cubren los riesgos de jubilación, fallecimiento e invalidez;
–
gozan de autonomía de gestión y elaboran un conjunto completo de cuentas;
–
la gran mayoría de sus afiliados está sujeta a una obligación legal de afiliación por ejercer una profesión determinada, teniendo en cuenta que dichas mutualidades de previsión social no están autorizadas, en principio, a prestar sus servicios a otras personas;
–
el importe de las prestaciones que se abona a los afiliados, que no está garantizado por las Administraciones Públicas, depende del importe de las cotizaciones pagadas y de los resultados de la mutualidad de previsión social de que se trate por la gestión de los activos.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.