62023CJ0701
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 3 de abril de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Principio non bis in idem — Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen — Artículo 54 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 50 — Auto de sobreseimiento provisional dictado en un Estado miembro en relación con personas físicas fallecidas y anteriormente empleadas por una persona jurídica — Acciones penales ejercitadas contra esa persona jurídica en otro Estado miembro — Inadmisibilidad»
En el asunto C‑701/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia), mediante resolución de 4 de julio de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de noviembre de 2023, en el proceso penal contra
Swiftair, S. A.,
con intervención de:
Sindicato ALTER,
Asociación AH5017‑Ensemble y otros,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. A. Kumin, Presidente de Sala, el Sr. T. von Danwitz (Ponente), Vicepresidente del Tribunal de Justicia, y el Sr. S. Gervasoni, Juez;
Abogado General: Sr. D. Spielmann;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Swiftair, S. A., por la Sra. R. Lindon y el Sr. P. Spinosi, avocats;
–
en nombre del sindicato ALTER, por el Sr. A. Lyon-Caen, avocat;
–
en nombre de la asociación AH5017‑Ensemble, por el Sr. E. Piwnica, avocat;
–
en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Bénard, la Sra. B. Dourthe y el Sr. B. Fodda, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno español, por la Sra. A. Gavela Llopis, en calidad de agente;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. F. Blanc y el Sr. I. Zaloguin, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 54 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (DO 2000, L 239, p. 19), firmado en Schengen (Luxemburgo) el 19 de junio de 1990 y que entró en vigor el 26 de marzo de 1995 (en lo sucesivo, «CAAS»), a la luz del artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un proceso penal iniciado contra la sociedad Swiftair, S. A., acusada de la comisión de homicidios imprudentes en Mali el 24 de julio de 2014.
Marco jurídico
Derecho de la Unión Europea.
3
Los considerandos del CAAS enuncian:
«Basándose en el Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de controles en las fronteras comunes,
Decididos a cumplir la voluntad, expresada en dicho Acuerdo, de lograr la supresión de controles en las fronteras comunes en la circulación de personas y de facilitar en dichas fronteras el transporte y la circulación de mercancías,
Considerando que el Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas, completado por el Acta Única Europea, dispone que el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores,
[…]».
4
El artículo 54 del CAAS dispone:
«Una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante no podrá ser perseguida por los mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena.»
Derecho español
5
El artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene el siguiente tenor:
«Procederá el sobreseimiento libre:
1.° Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.
2.° Cuando el hecho no sea constitutivo de delito.
3.° Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.»
6
El artículo 641 de dicha Ley dispone:
«Procederá el sobreseimiento provisional
1.o Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
2.o Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores.»
Derecho francés
7
El artículo 113‑9 del code pénal (Código Penal) dispone:
«En los casos previstos en los artículos 113‑6 y 113‑7, no podrá ejercitarse acción penal alguna contra una persona que acredite que ha sido juzgada en sentencia firme en el extranjero por los mismos hechos y, en caso de condena, que la pena ha sido ejecutada o que ha prescrito.»
8
El artículo 692 del code de procédure pénale (Código de Enjuiciamiento Criminal) dispone:
«En los casos previstos en el capítulo anterior, no podrá ejercitarse acción penal alguna contra una persona que acredite que ha sido juzgada en sentencia firme en el extranjero por los mismos hechos y, en caso de condena, que la pena ha sido ejecutada o que ha prescrito.»
Procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
9
El 24 de julio de 2014, se fletó un avión perteneciente a Swiftair y matriculado en España para un vuelo de Uagadugú (Burkina Faso) a Argel (Argelia). Dicho avión se estrelló en una zona desértica situada en el norte de Mali. Todos sus ocupantes, incluidos cincuenta y cuatro nacionales franceses, fallecieron en el momento del accidente.
10
A raíz de ese accidente, el Juzgado Central de Instrucción n.o 6 (España) acordó la apertura de diligencias previas mediante auto de 24 de julio de 2014. Posteriormente, mediante auto de 23 de septiembre de 2014, y tras descartar la hipótesis de un atentado terrorista, dicho órgano jurisdiccional consideró que debía continuar la instrucción para determinar si los hechos habían podido producirse por la inexperiencia o la imprudencia de las personas físicas que pilotaban ese avión.
11
Paralelamente, en Francia, se instó a la gendarmerie des transports aériens (Gendarmería del Transporte Aéreo, Francia) a realizar una investigación de los hechos. Mediante requerimiento del Ministerio Fiscal de 29 de julio de 2014, se inició una instrucción judicial por homicidios imprudentes.
12
Entre 2014 y 2016, las autoridades judiciales españolas y francesas cooperaron, en particular, mediante solicitudes recíprocas de asistencia penal internacional. No obstante, los intercambios entre estas autoridades no permitieron resolver previamente la cuestión de una posible contradicción entre las resoluciones adoptadas a raíz de las investigaciones llevadas a cabo en paralelo por dichas autoridades.
13
El 18 de julio de 2016, el juez de instrucción español dictó un auto de sobreseimiento provisional en virtud del artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, afirmando que, en relación con el aspecto humano y profesional de la tripulación, así como con el estado de la aeronave, no había encontrado ninguna evidencia de que se hubieran cometido irregularidades por parte de la compañía Swiftair que pudieran tener relación con el accidente de aviación. En particular, según ese auto, no se había puesto de manifiesto ninguna infracción del deber objetivo de atención o de diligencia exigida a los pilotos de la aeronave.
14
En Francia, se designó un equipo de tres expertos para las investigaciones técnicas, que presentó su informe final el 23 de diciembre de 2016. En este informe, se concluyó que existían factores que habían contribuido a ese accidente, como la actividad estacional de los pilotos, que había contribuido a reducir el nivel de rendimiento en situaciones inusuales, y el volumen insuficiente y el contenido incompleto de su preparación sobre el terreno y en simulador de vuelo, que habían contribuido, en particular, a una falta de reacción adecuada a la situación en cuestión.
15
El 29 de junio de 2017, el juez de instrucción francés atribuyó a Swiftair la condición de investigada por homicidios imprudentes, al considerar que esta no había proporcionado a la tripulación «formación suficiente» y que, por ello, había causado involuntariamente la muerte de todas las personas que se encontraban a bordo, entre las que había víctimas francesas. Mediante recurso de 24 de noviembre de 2017, Swiftair impugnó la atribución de la condición de investigada, alegando que debía beneficiarse del auto de sobreseimiento dictado en España, que era firme y debía ser eficaz en Francia en virtud del artículo 54 del CAAS y del principio non bis in idem, consagrado en este artículo 54. El 16 de noviembre de 2018, la Sala de Instrucción declaró la inadmisibilidad de dicho recurso.
16
Mediante auto de 18 de mayo de 2021, el juez de instrucción francés trasladó la causa contra Swiftair ante el tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia), que es el órgano jurisdiccional remitente, y desestimó las alegaciones relativas a la violación del principio non bis in idem formuladas por dicha sociedad, por considerar que el auto de sobreseimiento no tenía fuerza de cosa juzgada y no era firme. En particular, afirmó que el referido auto, que no tiene equivalente en Derecho francés, no extingue definitivamente la acción pública y no impide el ejercicio de otras acciones penales por los mismos hechos.
17
El órgano jurisdiccional remitente observa, en particular, que, en virtud de la legislación española aplicable, no cabe atribuir responsabilidad penal a una persona jurídica, como Swiftair, y que, por este motivo, dicha sociedad no ha sido formalmente objeto de ninguna acción penal ni de ninguna medida coercitiva en España. Así pues, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si el auto de sobreseimiento dictado en España, de revestir carácter firme, a efectos de la aplicación del artículo 54 del CAAS, no solo ampararía a las personas físicas a las que se refiere directamente, sino también a la persona jurídica a la que se refiere indirectamente, de modo que debería considerarse que esta última ha sido «juzgada en sentencia firme», en el sentido del artículo 54.
18
En estas circunstancias, el tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 54 del CAAS, a la luz del artículo 50 de la Carta, en el sentido de que un auto de sobreseimiento, susceptible de recurso, dictado en un Estado contratante por un órgano jurisdiccional tras una instrucción en profundidad del asunto y que impide la continuación del procedimiento a menos que surjan nuevas pruebas, constituye una resolución firme en el sentido de dicho artículo, aun cuando, para el Estado contratante en el que se haya dictado, este auto de sobreseimiento no produce todos los efectos de una resolución con fuerza plena y total de cosa juzgada?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 54 del CAAS, a la luz del artículo 50 de la Carta, en el sentido de que, en el supuesto de un auto de sobreseimiento equivalente a una resolución firme, que pueda ofrecer la protección del non bis in idem prevista en dicho texto, ha de entenderse por “persona que haya sido juzgada en sentencia firme” cualquier persona investigada, cuyos actos u omisiones hayan sido objeto de la investigación, aun cuando dicha persona no haya sido formalmente objeto de acción penal o de coerción durante la fase de instrucción?
3)
¿Debe interpretarse el artículo 54 del CAAS, a la luz del artículo 50 de la Carta, en el sentido de que existe una identidad de personas entre, por una parte, las personas físicas que hayan actuado en el ejercicio de sus funciones societarias, en beneficio y por cuenta de la persona jurídica a la que representan, y, por otra parte, la propia persona jurídica, prohibiéndose cualquier procedimiento contra una persona jurídica en un Estado contratante si sus representantes legales ya han sido juzgados “en sentencia firme” en el sentido del Derecho de la Unión en otro Estado contratante, aunque la propia persona jurídica nunca haya sido procesada a título personal en este último Estado?
4)
En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿debe interpretarse el artículo 54 del CAAS, a la luz del artículo 50 de la Carta, en el sentido de que la protección del [principio] non bis in idem debe amparar a la persona jurídica, incluso en el supuesto de que, para el Estado contratante en el que se haya dictado la resolución firme, la persona jurídica no pudiera en ningún caso ser objeto de acciones penales, bien porque la responsabilidad penal de la persona jurídica no existe de manera directa en dicho Estado, bien porque la responsabilidad penal de la persona jurídica solo puede generarse por infracciones en las que los hechos objeto de la acusación no se pueden subsumir?»
Sobre la admisibilidad
19
Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la resolución judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 22 de octubre de 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, apartado 36 y jurisprudencia citada).
20
No obstante, incumbe al Tribunal de Justicia examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él, a fin de verificar su propia competencia o la admisibilidad de la petición que se le presenta (sentencia de 22 de octubre de 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, apartado 37 y jurisprudencia citada).
21
En este contexto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado [sentencia de 30 de abril de 2024, M. N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, apartado 65 y jurisprudencia citada].
22
A este respecto, los requisitos relativos al contenido de una petición de decisión prejudicial se encuentran de manera explícita en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y el órgano jurisdiccional remitente, en el marco de la cooperación instaurada en el artículo 267 TFUE, las debe conocer y respetar escrupulosamente. En virtud de estos requisitos, que se recuerdan en el apartado 15 de las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO 2019, C 380, p. 1), toda petición de decisión prejudicial debe contener «una exposición concisa del objeto del litigio principal y de los hechos pertinentes, según se hayan constatado por el órgano jurisdiccional remitente, o al menos una exposición de los datos fácticos en los que se basan las cuestiones prejudiciales», «el texto de las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto y, en su caso, la jurisprudencia nacional pertinente», así como «la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, y de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal».
23
Por lo que se refiere al presente asunto, se debe recordar que, en virtud del artículo 54 del CAAS, una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante no podrá ser perseguida por los mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena.
24
Según reiterada jurisprudencia, el artículo 54 del CAAS tiene por objeto garantizar a una persona que ha sido condenada y ha cumplido su pena, o, en su caso, que ha sido absuelta definitivamente en un Estado miembro, que pueda desplazarse dentro del espacio Schengen sin temor a que se ejercite una acción penal en su contra, por los mismos hechos, en otro Estado miembro (sentencia de 14 de septiembre de 2023, Volkswagen Group Italia y Volkswagen Aktiengesellschaft, C‑27/22, EU:C:2023:663, apartado 81 y jurisprudencia citada).
25
En efecto, procede interpretar este artículo a la luz, por un lado, del artículo 3 TUE, apartado 2, con arreglo al cual la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, apartado 46), y, por otro lado, de los considerandos del CAAS, de los que se desprende que la finalidad de dicho Convenio es lograr la supresión de controles en las fronteras comunes en la circulación de personas y facilitar en dichas fronteras el transporte y la circulación de mercancías en el marco de un espacio sin fronteras interiores.
26
Por consiguiente, el artículo 54 del CAAS carece de pertinencia cuando no se cuestiona la posibilidad de desplazarse libremente en ese espacio y, en particular, cuando solo afecta a personas jurídicas (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2023, Volkswagen Group Italia y Volkswagen Aktiengesellschaft, C‑27/22, EU:C:2023:663, apartado 82).
27
En el presente asunto, es pacífico que el proceso penal iniciado en Francia, objeto del litigio principal, se dirige exclusivamente contra una persona jurídica, a saber, Swiftair. Las personas físicas cuya responsabilidad penal fue investigada en España fallecieron en el accidente de que se trata en el litigio principal. Por consiguiente, puesto que es manifiesto que, en el litigio principal, no se discute la posibilidad de libre desplazamiento de personas físicas, el artículo 54 del CAAS no es aplicable a este.
28
Pues bien, según la jurisprudencia, cuando las disposiciones del Derecho de la Unión a las que se refieren las cuestiones prejudiciales no son aplicables al litigio principal y, por tanto, carecen de pertinencia para su resolución, procede considerar que la decisión prejudicial solicitada no es necesaria para que el órgano jurisdiccional remitente pueda dictar sentencia y que estas cuestiones son, en consecuencia, inadmisibles (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, apartados 38 y 68). De ello se infiere que las cuestiones prejudiciales planteadas en el presente asunto por el órgano jurisdiccional remitente son inadmisibles, por este motivo, en la medida en que se refieren al artículo 54 del CAAS.
29
Si bien el órgano jurisdiccional remitente también se refiere al artículo 50 de la Carta, procede recordar que, en virtud del artículo 51, apartado 1, de esta, sus disposiciones están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. El concepto de «aplicación del Derecho de la Unión», en el sentido de esta última disposición, presupone la existencia de un vínculo de conexión entre un acto del Derecho de la Unión y la medida nacional en cuestión de un grado superior a la proximidad de las materias consideradas o a las incidencias indirectas de una de ellas en la otra [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de noviembre de 2024, PT (Acuerdo entre el fiscal y el autor de una infracción), C‑432/22, EU:C:2024:987, apartado 35 y jurisprudencia citada].
30
En el presente asunto, puesto que el órgano jurisdiccional remitente no ha expuesto, en su petición de decisión prejudicial, la relación que, a su juicio, existe entre la normativa nacional aplicable al litigio principal y las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, esa petición no permite, en su estado actual, determinar que la situación controvertida en el litigio principal esté comprendida en el concepto de aplicación de ese Derecho. Pues bien, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en tal caso, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de dicha petición de decisión prejudicial y las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia (auto de 17 de mayo de 2024, VGG y otros, C‑190/23, EU:C:2024:420, apartado 57 y jurisprudencia citada).
31
Por consiguiente, por lo que respecta a la interpretación solicitada del artículo 50 de la Carta, procede declarar que, en las actuales circunstancias, el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones planteadas, en el sentido de la jurisprudencia reiterada mencionada en el apartado 21 de la presente sentencia. La petición de decisión prejudicial no cumple los requisitos recordados en el apartado 22 de la presente sentencia, en particular los que se encuentran en el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento, al no exponer la relación que, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, existe entre la normativa nacional aplicable en el litigio principal y las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión.
32
Por consiguiente, la petición de decisión prejudicial es inadmisible en su totalidad.
33
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente conserva la facultad de plantear una nueva petición de decisión prejudicial que contenga todos los elementos que permitan al Tribunal de Justicia pronunciarse (véase, en este sentido, el auto de 20 de mayo de 2021, ENR Grenelle Habitat y otros, C‑88/20, EU:C:2021:407, apartado 38 y jurisprudencia citada).
Costas
34
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
La petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia), mediante resolución de 4 de julio de 2023, es inadmisible.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.