Sentencia del Tribunal de Justicia (Pleno) de 30 de abril de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network / Premier ministre, Ministère de la Culture
[Asunto C-470/21, 1
La Quadrature du Net y otros (Datos personales y lucha contra la vulneración de derechos de propiedad intelectual)]
(Procedimiento prejudicial — Tratamiento de los datos personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/58/CE — Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas — Protección — Artículos 5 y 15, apartado 1 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1 — Legislación nacional que tiene como finalidad luchar, a través de la acción de una autoridad pública, contra las vulneraciones del derecho de propiedad intelectual cometidas en Internet — «Procedimiento de respuesta gradual» — Recogida inicial, por organizaciones de titulares de derechos, de las direcciones IP utilizadas para actividades que vulneran los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor — Acceso posterior de la autoridad pública encargada de proteger los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor a datos de identidad civil correspondientes a esas direcciones IP conservadas por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas — Tratamiento automatizado — Exigencia de control previo por un órgano jurisdiccional o una entidad administrativa independiente — Requisitos materiales y procedimentales — Garantías contra los riesgos de abuso y contra cualquier acceso y uso ilícitos de esos datos)
Lengua de procedimiento: francés
Órgano jurisdiccional remitente
Conseil d’État
Partes en el procedimiento principal
Recurrentes: La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network
Recurridas: Premier ministre, Ministère de la Culture
Fallo
El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, a la luz de los artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que autoriza a la autoridad pública encargada de proteger los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor contra las vulneraciones de esos derechos cometidas en Internet a acceder a los datos, conservados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas accesibles para el público, de identidad civil correspondientes a direcciones IP recabadas previamente por organizaciones de titulares de derechos, con el propósito de que dicha autoridad pública pueda identificar a los titulares de esas direcciones, utilizadas para actividades que pudieran ser constitutivas de tales vulneraciones, y, en su caso, pueda adoptar medidas contra ellos, siempre que, en virtud de esa normativa,
esos datos se conserven en unas condiciones y conforme a un sistema técnico que garanticen que se excluya que dicha conservación posibilite extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de esos titulares, por ejemplo estableciendo su perfil detallado, lo que puede conseguirse, en particular, imponiendo a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas la obligación de conservar las diferentes categorías de datos personales, como los datos de identidad civil, las direcciones IP y los datos de tráfico y los datos de localización, de una manera que asegure una separación en compartimentos estancos de esas diferentes categorías de datos que impida, en la fase de la conservación, cualquier explotación conjunta de esas diferentes categorías de datos, y por un período que no exceda de lo estrictamente necesario;
el acceso de esta autoridad pública a tales datos conservados conforme a una separación en compartimentos estancos sirva exclusivamente para identificar a la persona sospechosa de haber cometido una infracción penal y cuente con las garantías necesarias para excluir que, fuera de las situaciones atípicas, ese acceso pueda permitir que se extraigan conclusiones precisas sobre la vida privada de los titulares de las direcciones IP, por ejemplo estableciendo su perfil detallado, lo que implica, en particular, que los agentes de dicha autoridad autorizados para ese acceso tengan prohibido divulgar de cualquier modo información sobre el contenido de los archivos consultados por esos titulares (salvo con el solo propósito de denunciar los hechos al Ministerio Fiscal), rastrear la secuencia de navegación de dichos titulares y, de manera más general, utilizar esas direcciones IP para fines distintos de la identificación de sus titulares en orden a la posible adopción de medidas contra ellos;
la posibilidad de que las personas encargadas del examen de los hechos en dicha autoridad pública asocien tales datos a los archivos que contengan elementos que permitan conocer el título de obras protegidas cuya puesta a disposición en Internet haya justificado la recogida de las direcciones IP por parte de organizaciones de titulares de derechos se condicione, en los casos en que la misma persona vuelva a reiterar una actividad que vulnere los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor, al control de un órgano jurisdiccional o una entidad administrativa independiente, que no puede automatizarse totalmente y que debe efectuarse antes de que se realice esa asociación, la cual, en tales casos, puede permitir que se extraigan conclusiones precisas sobre la vida privada de dicha persona cuya dirección IP se haya utilizado para actividades que pudieran ser constitutivas de vulneración de los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor;
el sistema de tratamiento de datos utilizado por la autoridad pública se someta periódicamente al control de un organismo que sea independiente y tenga la condición de tercero respecto de dicha autoridad pública, en orden a comprobar la integridad del sistema, incluidas las garantías efectivas contra los riesgos de acceso y uso abusivos o ilícitos de dichos datos, así como su eficacia y fiabilidad para detectar los posibles ilícitos.
____________
1 DO C 462 de 15.11.2021.