62023CJ0753
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 27 de febrero de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas — Directiva 2001/55/CE — Artículos 8 y 11 — Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 — Solicitudes sucesivas de un permiso de residencia para la concesión de protección temporal en varios Estados miembros — Examen de la solicitud posterior — Derecho a la tutela judicial efectiva»
En el asunto C‑753/23 [Krasiliva] (
i
),
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa), mediante resolución de 30 de noviembre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de diciembre de 2023, en el procedimiento entre
A. N.
y
Ministerstvo vnitra,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente de Sala, el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de la Sala Cuarta, y el Sr. Z. Csehi (Ponente), Juez;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, la Sra. A. Edelmannová y el Sr. J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. G. Karipsiadis y la Sra. T. Papadopoulou, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. Azéma, A. Katsimerou y M. Salyková, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 8, apartado 1, y 11 de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (DO 2001, L 212, p. 12), así como del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre A. N., una nacional ucraniana, y el Ministerstvo vnitra (Ministerio del Interior, República Checa) en relación con la concesión de un permiso de residencia en el marco de la protección temporal contemplada en la Directiva 2001/55.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2001/55
3
El artículo 1 de la Directiva 2001/55 dispone:
«La presente Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen y fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.»
4
El artículo 5, apartados 1 a 3, de dicha Directiva establece:
«1.   La existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas se constatará por una decisión del Consejo [de la Unión europea] adoptada por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión [Europea], que examinará igualmente cualquier solicitud de un Estado miembro de que presente una propuesta al Consejo.
2.   La propuesta de la Comisión contendrá, como mínimo:
a)
una descripción de los grupos concretos de personas a los que se aplicará la protección temporal;
b)
la fecha en que surtirá efecto la protección temporal;
c)
una estimación de la magnitud de los movimientos de personas desplazadas.
3.   La decisión del Consejo determinará la aplicación en todos los Estados miembros de la protección temporal, respecto de las personas desplazadas a las que se refiera, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva. La decisión contendrá, como mínimo:
a)
una descripción de los grupos concretos de personas a los que se aplicará la protección temporal;
b)
la fecha en que surtirá efecto la protección temporal;
c)
información de los Estados miembros sobre su capacidad de recepción;
d)
información de la Comisión, de [la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)] y de otras organizaciones internacionales pertinentes.»
5
El artículo 8 de la mencionada Directiva tiene el siguiente tenor:
«1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los beneficiarios dispongan de permisos de residencia durante todo el período de protección temporal. A tal efecto se les expedirá documentación u otros comprobantes análogos.
2.   Cualquiera que sea la duración de los permisos de residencia contemplados en el apartado 1, el trato concedido por los Estados miembros a los beneficiarios de protección temporal no podrá ser menos favorable que el definido en los artículos 9 a 16.
3.   Los Estados miembros ofrecerán, en caso necesario, a las personas que vayan a ser admitidas en su territorio para beneficiarse de la protección temporal todas las facilidades para la obtención de los visados necesarios, incluidos los visados de tránsito. En vista de la situación de emergencia, los trámites se reducirán al mínimo. Los visados deberían ser gratuitos o sus costes reducidos al mínimo.»
6
El artículo 11 de la misma Directiva dispone:
«Los Estados miembros volverán a acoger a un beneficiario de la protección temporal en su territorio cuando dicho beneficiario permanezca o pretenda entrar sin autorización en el territorio de otro Estado miembro durante el período cubierto por la decisión del Consejo a que se refiere el artículo 5. Los Estados miembros, a tenor de un acuerdo bilateral, podrán decidir que no se aplique el presente artículo.»
7
El artículo 28 de la Directiva 2001/55 contempla los casos en los que los Estados miembros pueden excluir a las personas a las que se refiere dicha Directiva de la protección temporal, en el sentido de esta última.
8
Con arreglo al artículo 29 de la citada Directiva:
«Las personas que hayan sido excluidas de los beneficios de la protección temporal o de la reunificación familiar por un Estado miembro podrán interponer un recurso jurisdiccional en el Estado miembro de que se trate.»
Decisión de Ejecución (UE) 2022/382
9
La Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie la protección temporal (DO 2022, L 71, p. 1), expone, en sus considerandos 15 y 16:
«(15)
Cabe señalar que los Estados miembros han acordado en una declaración que no aplicarán el artículo 11 de la Directiva [2001/55].
(16)
La protección temporal es el instrumento más adecuado para la situación actual. Habida cuenta del carácter extraordinario y excepcional de la situación, que incluye la invasión militar de Ucrania por parte de la Federación de Rusia y la magnitud de la afluencia masiva de personas desplazadas, la protección temporal debe permitirles disfrutar de derechos armonizados en toda la Unión [Europea] que permitan un nivel de protección adecuado. Asimismo, se espera que el inicio de la protección temporal beneficie a los Estados miembros, ya que los derechos que la acompañan limitan la necesidad para las personas desplazadas de solicitar inmediatamente protección internacional y, por lo tanto, el riesgo de desbordar sus sistemas de asilo, al reducir al mínimo las formalidades debido a la urgencia de la situación. Además, los nacionales ucranianos, en su condición de viajeros exentos de la obligación de visado, tienen derecho a circular libremente dentro de la Unión tras ser admitidos en el territorio durante un período de 90 días. Sobre esta base, pueden elegir el Estado miembro en el que desean disfrutar de los derechos vinculados a la protección temporal y reunirse con sus familiares y amigos de entre las importantes redes de la diáspora que existen actualmente en toda la Unión. En la práctica, esto facilitará un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros, reduciendo así la presión sobre los sistemas de acogida nacionales. Una vez que un Estado miembro haya expedido un permiso de residencia de conformidad con la Directiva [2001/55], la persona que goce de la protección temporal, mientras tenga el derecho a viajar dentro de la Unión durante 90 días dentro de un período de 180 días, debe poder hacer uso de los derechos derivados de la protección temporal únicamente en el Estado miembro que haya expedido el permiso de residencia. Esto debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que un Estado miembro decida expedir en cualquier momento un permiso de residencia a las personas que gozan de protección temporal en virtud de la presente Decisión.»
10
El artículo 1 de dicha Decisión de Ejecución dispone:
«Queda constatada la existencia de una afluencia masiva a la Unión de personas desplazadas que han tenido que abandonar Ucrania como consecuencia de un conflicto armado.»
11
A tenor del artículo 2, apartado 1, letra a), de la mencionada Decisión de Ejecución:
«La presente Decisión se aplica a las siguientes categorías de personas desplazadas desde Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 en adelante, como consecuencia de la invasión militar por parte de las fuerzas armadas rusas que comenzó en dicha fecha:
a)
nacionales ucranianos que residieran en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022».
Derecho checo
Ley n.o 221/2003 de Protección Temporal de los Extranjeros
12
La Directiva 2001/55 se transpuso al Derecho checo mediante la zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců (Ley n.o 221/2003 de Protección Temporal de los Extranjeros).
13
El artículo 1 de dicha Ley, titulado «Objeto», establece:
«1.   La presente ley regula:
a)
los requisitos de entrada y de residencia de los extranjeros en el territorio de la República Checa (en lo sucesivo, “territorio”) a efectos de la concesión de protección temporal y de su salida del territorio;
b)
el procedimiento de concesión y de retirada de un derecho de residencia a efectos de la concesión de protección temporal en el territorio (en lo sucesivo, “derecho de residencia a efectos de protección temporal”);
[…]».
Ley «Ucrania»
14
La zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazi vojsk Ruské federace [Ley n.o 65/2022 sobre determinadas medidas relativas al conflicto armado en el territorio de Ucrania provocado por la invasión de tropas de la Federación de Rusia), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley “Ucrania”»), dispone, en su artículo 2, que «se entenderá por “protección temporal” el derecho a residir en el territorio de la República Checa en virtud de la Ley [n.o 221/2003] de Protección Temporal de los Extranjeros […]».
15
El artículo 4 de la Ley «Ucrania», titulado «Procedimiento en materia de protección temporal», establece en su apartado 3:
«Salvo disposición en contrario de la presente Ley, la concesión de protección temporal en virtud de la presente Ley se regirá por la Ley [n.o 221/2003] de Protección Temporal de los Extranjeros.»
16
A tenor del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Ley «Ucrania»:
«1.   Será inadmisible una solicitud de protección temporal cuando:
a)
no haya sido presentada personalmente;
b)
haya sido presentada por un extranjero no contemplado en el artículo 3;
c)
haya sido presentada por un extranjero que ha solicitado protección temporal o internacional en otro Estado miembro de la Unión;
d)
haya sido presentada por un extranjero beneficiario de protección temporal o internacional en otro Estado miembro de la Unión, o
e)
haya sido presentada por un extranjero que es ciudadano de la Unión o de un Estado vinculado por un tratado internacional celebrado con la Unión que le confiera un derecho a la libre circulación equivalente al de los ciudadanos de la Unión o de un Estado vinculado por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo[, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3)].
2.   En caso de inadmisibilidad, la solicitud del extranjero será denegada por el Ministerio del Interior o por la Policía de la República Checa, que le comunicará el motivo de inadmisibilidad, quedando excluido todo control jurisdiccional.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
17
El 15 de julio de 2022, A. N., una nacional ucraniana, entró en el territorio de la Unión. El 19 de julio de 2022, presentó una solicitud para que le fuera concedida la protección temporal en Alemania. Dos meses más tarde, el 20 de septiembre de 2022, presentó una solicitud análoga en la República Checa. Esta última solicitud fue denegada por el Ministerio del Interior por inadmisible debido, en particular, a que A. N. había solicitado u obtenido protección temporal en otro Estado miembro.
18
A. N. interpuso un recurso contra esta denegación ante el Městský soud v Praze (Tribunal Municipal de Praga, República Checa). Dicho Tribunal consideró, en primer lugar, que era competente para conocer del recurso, pese a que la normativa nacional pertinente excluía la posibilidad del control jurisdiccional de la resolución por la que se declaraba inadmisible una solicitud de protección temporal. El referido Tribunal consideró que el derecho a ese recurso se derivaba del artículo 29 de la Directiva 2001/55, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta.
19
En segundo lugar, ese Tribunal declaró, por un lado, que, aunque A. N. había presentado una solicitud de protección temporal en Alemania, esta no le había sido concedida hasta la fecha y, por otro, que la Directiva 2001/55 no preveía que tal solicitud pudiera denegarse porque se hubiese presentado con anterioridad una solicitud de protección temporal en otro Estado miembro. Según dicho Tribunal, los motivos para excluir a una persona de la protección temporal se establecen de manera exhaustiva en el artículo 28 de la Directiva 2001/55 y, en consecuencia, la normativa nacional controvertida en el litigio principal no es conforme con el Derecho de la Unión. Por estas razones, el Městský soud v Praze (Tribunal Municipal de Praga) estimó el recurso de A. N., anuló la resolución del Ministerio del Interior y devolvió el asunto al Ministerio del Interior.
20
El Ministerio del Interior interpuso recurso de casación contra esa sentencia ante el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa), que es el órgano jurisdiccional remitente. Dicho Ministerio alegó que, cuando una persona ha solicitado protección temporal en un Estado miembro, corresponde a dicho Estado miembro pronunciarse sobre esa solicitud. A su juicio, no es posible disfrutar de esta protección en varios Estados miembros. Según el Ministerio del Interior, la situación controvertida en el litigio principal no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 28 de la Directiva 2001/55. La disposición del Derecho nacional que prevé la inadmisibilidad de una solicitud como la de A. N. es aplicable a las situaciones que no se rigen por dicha Directiva.
21
En tales circunstancias, el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Se opone el artículo 8, apartado 1, de la Directiva [2001/55], tomando también en consideración el acuerdo de los Estados miembros de no aplicar el artículo 11 de esta Directiva, a unas disposiciones del Derecho nacional según las cuales resulta inadmisible una solicitud de permiso de residencia mediante el que se concede protección temporal si el extranjero ha solicitado un permiso de residencia en otro Estado miembro o ya ha obtenido un permiso de residencia en otro Estado miembro?
2.
¿Tiene derecho a la tutela judicial efectiva en virtud del artículo 47 de la [Carta] una persona que disfruta de protección temporal con arreglo a Directiva [2001/55], en caso de que el Estado miembro no le expida un permiso de residencia, en el sentido del artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
22
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/55 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual se deniega la concesión del permiso de residencia mencionado en dicha disposición a un beneficiario de la protección temporal, con arreglo a la Decisión de Ejecución 2022/382, cuando esa persona ya ha solicitado tal permiso de residencia en otro Estado miembro. Dicho Tribunal alberga dudas, además, sobre el alcance, en ese contexto, del acuerdo al que llegaron los Estados miembros, en el marco de la adopción de la Decisión de Ejecución 2022/382, de no aplicar el artículo 11 de la Directiva 2001/55.
23
Con arreglo al artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/55, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para que los beneficiarios de protección temporal dispongan de permisos de residencia durante todo el período de la referida protección. Esta disposición dispone, además, que a tal efecto se les expedirá documentación u otros comprobantes análogos.
24
Como indica su artículo 1, la Directiva 2001/55 tiene por objeto establecer normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen y fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (sentencia de 19 de diciembre de 2024, Kaduna, C‑244/24 y C‑290/24, EU:C:2024:1038, apartado 81).
25
En virtud del artículo 5 de la Directiva 2001/55, la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas se constatará por una decisión del Consejo adoptada por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión. Dicha decisión se basará, en particular, en el examen de la situación y la magnitud de los movimientos de personas desplazadas, así como en la valoración de la conveniencia de establecer la protección temporal, teniendo en cuenta las posibilidades de ayuda de urgencia y de acciones in situ o su insuficiencia. Tal decisión determinará la aplicación de la protección temporal en todos los Estados miembros respecto de los grupos específicos de personas que se describan en dicha decisión, a partir de la fecha fijada por esta última (sentencia de 19 de diciembre de 2024, Kaduna, C‑244/24 y C‑290/24, EU:C:2024:1038, apartado 83).
26
Sobre la base del artículo 5 de la Directiva 2001/55, el Consejo adoptó el 4 de marzo de 2022, la Decisión de Ejecución 2022/382 por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania. La entrada en vigor de esta Decisión de Ejecución, que se produjo en la misma fecha, tuvo como efecto la aplicación, a partir de esa fecha, de la protección temporal obligatoria en favor de las categorías de personas identificadas en el artículo 2 de dicha Decisión de Ejecución, en particular de los nacionales ucranianos residentes en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022 (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2024, Kaduna, C‑244/24 y C‑290/24, EU:C:2024:1038, apartado 84).
27
Además, del considerando 16 de la Decisión de Ejecución 2022/382 se desprende que los nacionales ucranianos, en su condición de viajeros exentos de la obligación de visado, tienen derecho a circular libremente dentro de la Unión tras ser admitidos en el territorio de esta durante un período de noventa días y pueden elegir el Estado miembro en el que desean disfrutar de los derechos vinculados a la protección temporal.
28
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede señalar que las personas comprendidas en las categorías que se mencionan en el artículo 2 de la Decisión de Ejecución 2022/382 tienen derecho a dirigirse a las autoridades del Estado miembro de su elección para obtener el permiso de residencia a que se refiere el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/55.
29
De ello se desprende que, cuando un beneficiario de protección temporal ha solicitado, en un primer Estado miembro, un permiso de residencia, al amparo del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/55, pero aún no lo ha obtenido, y se traslada posteriormente a un segundo Estado miembro y presenta en él una solicitud análoga, este último Estado miembro no puede declarar inadmisible esta última solicitud por la única razón de que se haya presentado ya una solicitud en el primer Estado miembro. Por lo tanto, corresponderá a este último Estado miembro examinar si la solicitud que le ha dirigido es procedente.
30
No obstante, las autoridades de un Estado miembro pueden lícitamente comprobar, en el marco del examen de tal solicitud, si las personas que solicitan el permiso de residencia mencionado en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/55 están comprendidas en las categorías de personas del artículo 2 de la Decisión de Ejecución 2022/382 y son beneficiarias de protección temporal, y si ya han obtenido un permiso de residencia en otro Estado miembro.
31
Por otra parte, dado que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta también sobre la importancia, para la respuesta que deba darse a la primera cuestión prejudicial, de la declaración de los Estados miembros, recordada en el considerando 15 de la Decisión de Ejecución 2022/382, sobre el acuerdo de no aplicar el artículo 11 de la Directiva 2001/55, procede señalar que, en virtud de este artículo, los Estados miembros volverán a acoger a un beneficiario de la protección temporal en su territorio cuando dicho beneficiario permanezca o pretenda entrar sin autorización en el territorio de otro Estado miembro durante el período cubierto por la protección temporal.
32
Pues bien, como resulta de la declaración de los Estados miembros mencionada en el apartado anterior, el citado artículo no es aplicable a los beneficiarios de protección temporal comprendidos en el ámbito de aplicación de la Decisión de Ejecución 2022/382. Además, del considerando 16 de la Decisión de Ejecución 2022/382 se desprende que los nacionales ucranianos, en su condición de viajeros exentos de la obligación de visado, tienen derecho a circular libremente dentro de la Unión tras ser admitidos en el territorio de esta durante un período de noventa días, con el fin, en particular, de elegir el Estado miembro en el que desean disfrutar de los derechos vinculados a la protección temporal. Por lo tanto, el referido artículo no es pertinente para responder a la primera cuestión prejudicial.
33
A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/55 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual se deniega la concesión de un permiso de residencia a un beneficiario de la protección temporal, con arreglo a la Decisión de Ejecución 2022/382, cuando esa persona ya ha solicitado, pero aún no ha obtenido, tal permiso en otro Estado miembro.
Segunda cuestión prejudicial
34
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide, en esencia, si el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/55, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que un beneficiario de protección temporal en virtud de dicha Directiva tiene derecho a la tutela judicial efectiva contra una resolución por la que se declara inadmisible una solicitud de permiso de residencia, a los efectos del citado artículo 8.
35
Según reiterada jurisprudencia, el reconocimiento en un caso concreto del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 47 de la Carta presupone que la persona que lo invoque se ampare en derechos o libertades garantizados por el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, apartado 71).
36
A este respecto, como se desprende, en esencia, de los apartados 23 a 26 de la presente sentencia, la decisión del Consejo, adoptada en virtud del artículo 5 de la Directiva 2001/55, determinará la aplicación de la protección temporal en todos los Estados miembros para los grupos específicos de personas que se describan en esa decisión. En virtud del artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para permitir que estas personas dispongan de permisos de residencia durante todo el período de esa protección y, a tal efecto, expedirles documentación u otros comprobantes análogos. Por lo tanto, el derecho de esas personas a obtener un permiso de residencia y la documentación acreditativa a tal efecto constituye un derecho garantizado por el ordenamiento jurídico de la Unión.
37
En consecuencia, el artículo 47 de la Carta exige que una resolución por la que se declara inadmisible una solicitud de permiso de residencia en virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/55, presentada por un beneficiario de protección temporal en el sentido de dicha Directiva, pueda ser objeto de un recurso efectivo ante un tribunal.
38
En este contexto, procede recordar que el artículo 47 de la Carta constituye una reafirmación del principio de tutela judicial efectiva. Pues bien, este artículo es suficiente por sí solo y no es preciso que sea desarrollado por otras normas del Derecho de la Unión o del Derecho nacional para conferir a los particulares un derecho subjetivo invocable como tal. Por lo tanto, no cabe entender de otro modo el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/55 (véase, por analogía, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 86 y jurisprudencia citada).
39
Por otra parte, esta interpretación no queda desvirtuada en modo alguno por el hecho de que el artículo 29 de la Directiva 2001/55 contemple expresamente el recurso jurisdiccional en el Estado miembro de que se trate únicamente para las personas que hayan sido excluidas de los beneficios de la protección temporal o de la reunificación familiar en un Estado miembro. En efecto, como se desprende de las consideraciones expuestas en los apartados 35 a 38 de la presente sentencia, no cabe deducir de ese artículo, a la inversa, que únicamente esas personas deban tener acceso a tal recurso.
40
A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/55, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que un beneficiario de protección temporal en virtud de dicha Directiva tiene derecho a la tutela judicial efectiva contra una resolución por la que se declara inadmisible una solicitud de permiso de residencia, a los efectos del citado artículo 8.
Costas
41
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
1)
El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional en virtud de la cual se deniega la concesión de un permiso de residencia a un beneficiario de la protección temporal con arreglo a la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55 y con el efecto de que se inicie la protección temporal, cuando esa persona ya ha solicitado, pero aún no ha obtenido, tal permiso en otro Estado miembro.
2)
El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/55, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
un beneficiario de protección temporal en virtud de dicha Directiva tiene derecho a la tutela judicial efectiva contra una resolución por la que se declara inadmisible una solicitud de permiso de residencia, a los efectos del citado artículo 8.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: checo.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.