GIRY Y GUERLAIN 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 10 de julio de 1980* 
En los asuntos acumulados 253/78 y 1/79 a 3/79, 
que tienen por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo 
al artículo 177 del Tratado CEE, por el tribunal de grande instance de Paris 
(Sala 31a), destinada a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano 
jurisdiccional entre 
Procureur de la République y Francis Pachot y Vincent Ramon 
y 
Bruno Giry y Guerlain SA (asunto 253/78), 
Procureur de la République y Sra. Ulm de Windenberger, 
y 
Maurice-Pierre Celicout y Parfums Rochas SA (asunto 1/79), 
Lengua de procedimiento: francés. 
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SENTENCIA DE 10.7.1980 - ASUNTOS ACUMULADOS 253/79 Y 1/79 A 3/79 
Procureur de la République y Sra. Ulm de Windenberger, 
y · 
Yves-Pierre Lanvin y Lanvin Parfums SA (asunto 2/79), 
Procureur de la République y Sra. Ulm de Windenberger, 
y 
André-Albert Favel y Nina Ricci SARL (asunto 3/79), 
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 85 del Tratado CEE 
y de determinadas normas de aplicación de dicha disposición, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe y A. Touffait, 
Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A.J. Mackenzie 
Stuart, G. Bosco, T. Koopmans y O. Due, Jueces; 
Abogado General: Sr. G. Reischl; 
Secretario: Sr. A. Van Houtte; 
dicta la siguiente 
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GIRY Y GUERLAIN 
Sentencia 
(No se transcriben los antecedentes de hecho.) 
Fundamentos de Derecho 
1 Mediante resoluciones de 5 de julio de 1978 recibidas en la Secretaría del 
Tribunal de Justicia el 14 de noviembre de 1978 (asunto 253/78) y el 2 de 
enero de 1979 (asuntos 1/79 a 3/79), respectivamente, el tribunal de grande 
instance de París (Sala 31a) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado 
CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 85 del 
Tratado. 
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de los procesos penales seguidos 
contra los directivos de las sociedades Guerlain (asunto 253/78), Parfums 
Rochas (asunto 1/79), Lanvin Parfums (asunto 2/79) y Nina Ricci (asunto 3/79) 
por el motivo de infracción de la letra a) del apartado 1 del artículo 37 del 
Decreto Legislativo francés n° 45-1483, de 30 de junio de 1945, relativo a los 
precios, que tipifica como delito el hecho de que un fabricante, comerciante, 
industrial o artesano «se niegue a servir, en la medida de sus disponibilidades 
y en condiciones conformes a los usos comerciales, los pedidos de los 
compradores de productos o los encargos de prestaciones de servicios, cuando 
tales pedidos no presenten carácter anormal, procedan de solicitantes de buena 
fe y la venta de productos o la prestación de servicios no esté prohibida por la 
Ley o por una disposición de la autoridad pública». Dichos procesos penales 
se iniciaron como consecuencia de denuncias con constitución de parte civil 
presentadas por varios detallistas de productos de perfumería a los que las 
empresas de que se trata se habían negado a vender sus productos. 
3 Los acusados afirmaron ante el órgano jurisdiccional remitente que las 
negativas a vender objetos de litigio se justificaban, en particular, por la 
existencia de sistemas de distribución selectiva para los productos afectados. 
Además, alegaron que los acuerdos en los que se basan dichos sistemas de 
distribución selectiva habían sido autorizados por la Comisión de las 
Comunidades Europeas, tal como, en su opinión, lo demostraban los escritos 
de fecha 28 de octubre de 1975 (Guerlain), 26 de marzo de 1976 (Parfums 
Rochas), 22 de septiembre de 1976 (Lanvin Parfums) y 20 de enero de 1978 
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SENTENCIA DE 10.7.1980 - ASUNTOS ACUMULADOS 253/79 Y 1/79 A 3/79 
(Nina Ricci), que les envió la Dirección General de la Competencia. Dichos 
escritos, redactados en términos casi idénticos, comunicaban a las empresas 
interesadas que, teniendo en cuenta la escasa cuota que poseía cada una de ellas 
en el mercado de los productos de perfumería, belleza y tocador y la presencia 
en dicho mercado de un número bastante elevado de empresas competidoras 
de importancia comparable, «la Comisión considera que no ha lugar, por su 
parte, en función de los elementos de que tiene conocimiento, a intervenir en 
relación con los acuerdos antes mencionados con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 85 del Tratado de Roma. En consecuencia, el presente 
asunto puede ser archivado». 
4 Por estimar que estos escritos debían ser considerados Decisiones de aplicación 
del apartado 3 del artículo 85, los acusados afirmaron que, debido a la primacía 
de la norma comunitaria, las autoridades nacionales no podían prohibir, 
aplicando el Derecho interno, restricciones de competencia que la Comisión 
hubiera declarado lícitas en relación con el Derecho comunitario. 
5 Por considerarse insuficientemente informado en el aspecto del Derecho 
comunitario, el tribunal de grande instance ordenó que se sometieran al 
Tribunal de Justicia los contratos de concesión en exclusiva celebrados por las 
empresas de que se trata «que establecen una organización de venta basada en 
criterios de selección no sólo cualitativos, sino también cuantitativos, para que 
dicho Tribunal de Justicia precise si determinados productos de lujo cuya 
imagen de marca desempeña un papel importante pueden acogerse a las 
disposiciones de exención del apartado 3 del artículo 85 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Europea y si, en el caso de autos (las 
empresas interesadas) disfruta(n) de las mismas en el ámbito del Derecho 
comunitario». 
6 En el marco de la misión que le confía el artículo 177 del Tratado, el Tribunal 
de Justicia no es competente para conocer de la aplicación del Tratado a un 
caso dado, pero la necesidad de llegar a una interpretación útil del Derecho 
comunitario le permite, no obstante, deducir de los elementos del litigio 
principal las precisiones necesarias para la comprensión de las cuestiones 
planteadas y para la elaboración de una respuesta adecuada. 
7 De las resoluciones de remisión se deduce que las peticiones de decisión 
prejudicial tienen por objeto permitir que el órgano jurisdiccional nacional 
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GIRY Y GUERLAIN 
determine si, como afirman los acusados, la definición de postura expresada en 
los escritos enviados a las empresas interesadas por la Dirección General de la 
Competencia de la Comisión impide la aplicación de las disposiciones de la 
legislación francesa que prohiben la negativa a vender. La referencia al 
apartado 3 del artículo 85 en la cuestión planteada por el tribunal de grande 
instance se explica únicamente por la afirmación de los acusados según la cual 
dichos escritos constituyen Decisiones de exención adoptadas de conformidad 
con el apartado 3 del artículo 85. En estas circunstancias, el Tribunal de 
Justicia se limitará a examinar la cuestión de saber en qué medida el Derecho 
comunitario impide en circunstancias como las del caso de autos que las 
autoridades nacionales apliquen las disposiciones del Derecho interno de la 
competencia. 
8 Antes de abordar esta cuestión, es necesario determinar la naturaleza jurídica 
de los citados escritos. 
Sobre la naturaleza jurídica de los escritos de que se trata 
9 El apartado 1 del artículo 87 del Tratado atribuyó al Consejo competencia para 
adoptar los Reglamentos o Directivas apropiados para la aplicación de los 
principios enunciados en los artículos 85 y 86. Conforme a dicha atribución de 
competencia, el Consejo adoptó varios Reglamentos y, en particular, el 
Reglamento n° 17, de 6 de febrero de 1962 (DO 13, p. 204;EE 08/01, p. 22), 
que facultaron a la Comisión para adoptar diversas categorías de Reglamentos, 
Decisiones y Recomendaciones. 
10 Entre los instrumentos que, de esta manera, se pusieron a disposición de la 
Comisión para cumplir su misión figuran las Decisiones de declaración 
negativa y las Decisiones de aplicación del apartado 3 del artículo 85. En 
relación con las Decisiones de declaración negativa, el artículo 2 del 
Reglamento n° 17 del Consejo establece que la Comisión puede certificar, a 
petición de las empresas interesadas, que no ha lugar, por su parte, en función 
de los elementos de que tiene conocimiento, a intervenir en relación con un 
acuerdo, decisión o práctica en virtud de las disposiciones del apartado 1 del 
artículo 85 o del artículo 86 del Tratado. Por lo que respecta a las Decisiones 
de aplicación del apartado 3 del artículo 85, los artículos 6 y siguientes del 
citado Reglamento n° 17 establecen que la Comisión puede adoptar Decisiones 
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por las que se declare inaplicable a un acuerdo determinado lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 85, siempre que este acuerdo le haya sido notificado, 
salvo que esté dispensado de notificación conforme al apartado 2 del artículo 
4 de dicho Reglamento. 
11 El Reglamento n° 17 y sus Reglamentos de aplicación establecen las normas 
que debe seguir la Comisión para la adopción de las citadas Decisiones. 
Cuando la Comisión se propone expedir una declaración negativa con arreglo 
al artículo 2, antes mencionado, o tomar una Decisión de aplicación del 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado, está obligada, en particular, conforme 
al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n° 17, a publicar lo esencial del 
contenido de la solicitud o de la notificación de que se trate, invitando a los 
terceros interesados a que le transmitan sus observaciones en el plazo que ella 
fije. Tal como está previsto en el apartado 1 del artículo 21 del Reglamento, las 
Decisiones de declaración negativa y de exención deben ser publicadas. 
12 Es manifiesto que escritos tales como los que fueron enviados a las empresas 
de que se trata por la Dirección General de la Competencia, que se remitieron 
sin que se hubieran cumplido las medidas de publicidad previstas en el 
apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n° 17 y que no fueron objeto de 
medida de publicación alguna con arreglo al apartado 1 del artículo 21 de dicho 
Reglamento, no constituyen Decisiones de declaración negativa ni Decisiones 
de aplicación del apartado 3 del artículo 85, a efectos de los artículos 2 y 6 del 
Reglamento n° 17. Tal como destaca la propia Comisión, se trata sólo de 
escritos administrativos que ponen en conocimiento de la empresa interesada 
la opinión de la Comisión de que no ha lugar, por su parte, a intervenir en 
relación con los contratos de que se trata con arreglo a las disposiciones del 
apartado 1 del artículo 85 del Tratado y que, en consecuencia, el asunto puede 
ser archivado. 
13 Basados únicamente en los elementos de que tiene conocimiento la Comisión, 
tales escritos, que reflejan una valoración de la Comisión y concluyen un 
procedimiento de examen por parte de los servicios competentes de la 
Comisión, no tienen por efecto impedir que los órganos jurisdiccionales 
nacionales, ante los que se invoca la incompatibilidad de los acuerdos de que 
se trata con el artículo 85, realicen, en función de los elementos de que 
disponen, una valoración definitiva de dichos acuerdos. Aunque no vincula a 
los órganos jurisdiccionales nacionales, la opinión comunicada en los escritos 
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constituye, no obstante, un elemento de hecho que dichos órganos 
jurisdiccionales pueden tener en cuenta al examinar la conformidad de los 
acuerdos o comportamientos de que se trata con lo dispuesto en el artículo 85. 
Sobre la aplicación del Derecho interno de la competencia 
14 La cuestión central en los presentes asuntos consiste en determinar el efecto 
que pueden producir tales escritos en el supuesto de que las autoridades 
nacionales persigan la aplicación no de los artículos 85 y 86 del Tratado, sino 
únicamente de su Derecho interno. 
15 Tal como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de febrero de 
1969, Wilhelm (14/68," Rec. p. 1), el Derecho comunitario y el Derecho 
nacional en materia de competencia consideran las prácticas restrictivas bajo 
aspectos diferentes. Mientras que los artículos 85 y 86 las contemplan en razón 
de los obstáculos que de ellas pueden derivarse para el comercio entre los 
Estados miembros, las legislaciones internas, inspiradas por consideraciones 
propias a cada una de ellas, valoran las prácticas restrictivas solamente en ese 
marco. De ello se deduce que las autoridades nacionales pueden actuar también 
respecto a situaciones que pueden ser objeto de una Decisión de la Comisión. 
16 En la sentencia antes mencionada el Tribunal de Justicia destacó, no obstante, 
que una aplicación paralela del Derecho nacional de la competencia sólo puede 
admitirse en la medida en que no menoscabe la aplicación uniforme, en todo 
el mercado común, de las normas comunitarias en materia de prácticas 
colusorias y del pleno efecto de los actos adoptados de acuerdo con dichas 
normas. 
17 A este respecto, se ha afirmado que la aplicación de las disposiciones del 
Derecho nacional de la competencia no puede admitirse en caso de que tenga 
por efecto poner en entredicho una exención concedida mediante Decisión o 
Reglamento por categoría. No obstante, de las observaciones anteriormente 
expuestas se deduce que los contratos que son objeto de los presentes asuntos 
no pueden acogerse a ninguna Decisión de aplicación del apartado 3 del 
artículo 85. Además, ha quedado acreditado que los acuerdos contemplados no 
están incluidos en el ámbito de ningún Reglamento de exención por categoría. 
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18 Los contratos de que se trata únicamente fueron objeto de archivo por parte de 
la Comisión, que emitió la opinión de que no había lugar, por su parte, a 
intervenir en relación con dichos contratos con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 85. Esta circunstancia no puede, por sí sola, producir el 
efecto de impedir que las autoridades nacionales apliquen a tales acuerdos las 
disposiciones del Derecho interno de la competencia, en su caso más estrictas 
que el Derecho comunitario en la materia. El hecho de que la Comisión haya 
considerado que una práctica no está incluida en la prohibición de los apartados 
1 y 2 del artículo 85, cuyo ámbito está limitado a las prácticas colusorias que 
pueden afectar al comercio entre Estados miembros, tampoco impide que dicha 
práctica sea analizada por las autoridades nacionales bajo el punto de vista de 
los efectos restrictivos que puede producir a nivel interno. 
19 En consecuencia, procede responder a las cuestiones planteadas que el Derecho 
comunitario no impide la aplicación de las disposiciones nacionales que 
prohiben la negativa a vender, aun cuando los contratos invocados para 
justificar dicha negativa hayan sido objeto de archivo por parte de la Comisión. 
Costas 
20 Los gastos efectuados por el Gobierno belga, el Gobierno danés, el Gobierno 
francés, el Gobierno neerlandés, el Gobierno de la República Federal de 
Alemania, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión de las Comunidades 
Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no 
pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las 
partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano 
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el tribunal de grande 
instance de París mediante resoluciones de 5 de julio de 1978, declara: 
El Derecho comunitario no impide la aplicación de las disposiciones 
nacionales que prohiben la negativa a vender aun cuando los contratos 
invocados para justificar dicha negativa hayan sido objeto de archivo por 
parte de la Comisión. 
Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore 
Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de julio de 1980. 
El Secretario 
A. Van Houtte 
El Presidente 
H. Kutscher 
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