61974J0036
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 12 de diciembre de 1974 (
*1
)
En el asunto 36/74,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Arrondissementsrechtbank de Utrecht, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Bruno Nils Olaf Walrave,
Longinus Johannes Norbert Koch
y
Association Union cycliste internationale,
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie,
Federacion Española de Ciclismo,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 7, 48 y 59 del Tratado CEE y de las disposiciones del Reglamento (CEE) no 1612/68 relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO 1968, L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres. R. Lecourt, Presidente; C.Ó Dálaigh y A.J. Mackenzie Stuart, Presidentes de Sala; A.M. Donner, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars (Ponente), P. Pescatore, H. Kutscher y M. Sørensen, Jueces;
Abogado General: Sr. J.P. Warner;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
1
Considerando que, mediante resolución de 15 de mayo de 1974, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 del mismo mes, el Arrondissementsrechtbank de Utrecht planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones relativas a la interpretación del párrafo primero del artículo 7, del artículo 48 y del párrafo primero del artículo 59 de este Tratado, así como del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968 (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad;
2
que sustancialmente se pregunta si deben interpretarse estas normas en el sentido de que es incompatible con su contenido una disposición del reglamento de la Unión ciclista internacional, relativo a los campeonatos del mundo de ciclismo tras moto, según la cual «el entrenador debe ser de la misma nacionalidad que el corredor»;
3
que estas cuestiones se plantearon en el marco de una acción judicial entablada contra la Unión ciclista internacional, así como contra las Federaciones ciclistas neerlandesa y española, por dos ciudadanos neerlandeses, que participan habitualmente como entrenadores en carreras del tipo descrito y que consideran discriminatoria la citada disposición del reglamento de la UCI.
4
Considerando que, habida cuenta de los objetivos de la Comunidad, la práctica del deporte sólo está regulada por el Derecho comunitario en la medida en que constituye una actividad económica en el sentido del artículo 2 del Tratado;
5
que, cuando dicha actividad tiene carácter de prestación de trabajo por cuenta ajena o de prestación de servicios retribuida, está comprendida más especialmente en el ámbito de aplicación de los artículos 48 a 51 o 59 a 66 del Tratado respectivamente;
6
que estas disposiciones, que dan aplicación a la norma general del artículo 7 del Tratado, prohíben toda discriminación por razón de la nacionalidad en el ejercicio de las actividades a las que se refieren;
7
que, a este respecto, la naturaleza exacta de la relación jurídica en virtud de la cual se ejecutan estas prestaciones es indiferente, pues la norma de no discriminación se extiende, en idénticos términos, al conjunto de las prestaciones de trabajo o de servicios;
8
que, no obstante, esta prohibición no afecta a la composición de equipos deportivos, en particular en forma de equipos nacionales, al ser la constitución de éstos una cuestión de índole exclusivamente deportiva que, como tal, es ajena a la actividad económica;
9
que, sin embargo, esta restricción del ámbito de aplicación de las disposiciones de que se trata debe quedar limitada a su propio objeto;
10
que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales calificar, habida cuenta de lo que precede, la actividad sometida a su apreciación y decidir en particular si, en el deporte de que se trata, entrenador y corredor constituyen o no un equipo.
11
Considerando que las respuestas se dan dentro de los límites, anteriormente definidos, del ámbito de aplicación del Derecho comunitario.
12
Considerando que las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación de los artículos 48 y 59 y, con carácter subsidiario, del artículo 7 del Tratado;
13
que, en lo fundamental, se refieren a la aplicabilidad de las disposiciones citadas a relaciones jurídicas que no entran en la esfera del Derecho público, a la determinación de su ámbito de aplicación territorial con respecto a una regulación del deporte que emana de una federación de alcance mundial, así como a la aplicabilidad directa de algunas de ellas.
14
Considerando que se pide, en primer lugar, respecto a cada uno de los artículos de referencia, si las disposiciones de un reglamento de una federación deportiva internacional pueden considerarse incompatibles con el Tratado;
15
que se ha alegado que las prohibiciones de estos artículos sólo se refieren a las restricciones originadas por actos de la autoridad y no a las que resultan de actos jurídicos que emanan de personas o asociaciones que no están sometidas al Derecho público.
16
Considerando que los artículos 7, 48 y 59 tienen en común el hecho de prohibir, en su ámbito de aplicación respectivo, todas las discriminaciones por razón de la nacionalidad;
17
que la prohibición de estas discriminaciones no sólo se impone a la actuación de las autoridades públicas, sino que se extiende asimismo a normativas de otra naturaleza que tengan por finalidad regular colectivamente el trabajo por cuenta ajena y las prestaciones de servicios;
18
que, en efecto, la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de personas y a la libre prestación de servicios, objetivos fundamentales de la Comunidad enunciados en la letra c) del artículo 3 del Tratado, correría peligro si la supresión de las barreras de origen estatal pudiera ser neutralizada con obstáculos derivados de actos realizados en ejercicio de su autonomía jurídica por asociaciones u organismos que no están sometidos al Derecho público;
19
que, además, dado que las condiciones de trabajo en los diferentes Estados miembros se rigen bien por disposiciones de carácter legislativo o reglamentario, bien por convenios y otros actos celebrados o adoptados por personas privadas, una limitación de las prohibiciones de que se trata a los actos de la autoridad pública podría crear desigualdades en su aplicación;
20
que, sin duda, el párrafo tercero del artículo 60 y los artículos 62 y 64 se refieren específicamente, en el ámbito de las prestaciones de servicios, a la supresión de las medidas estatales, pero esta circunstancia no permite desvirtuar los términos generales del artículo 59, que no hace distinción alguna en cuanto al origen de los obstáculos que deban suprimirse;
21
que, por otra parte, es indudable que el artículo 48, relativo a la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad con respecto a las actividades por cuenta ajena se aplica también a los convenios y a los reglamentos que no emanan de las autoridades públicas;
22
que, en consecuencia, el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento no 1612/68 prevé que la prohibición de discriminación se aplica a los convenios y a otras reglamentaciones colectivas de trabajo;
23
que las actividades que contempla el artículo 59 no se distinguen de las que contempla el artículo 48 por su naturaleza, sino sólo por la circunstancia de que no se ejercen en virtud de un contrato de trabajo;
24
que esta única diferencia no puede justificar una interpretación más restrictiva del ámbito de aplicación de la libertad que se pretende garantizar;
25
que de ello resulta que el órgano jurisdiccional nacional puede tomar en consideración las disposiciones de los artículos 7, 48 y 59 del Tratado para apreciar la validez o los efectos de una disposición inserta en el reglamento de una organización deportiva.
26
Considerando que el órgano jurisdiccional nacional pregunta a continuación en qué medida puede aplicarse la norma de no discriminación a relaciones jurídicas establecidas en el marco de las actividades de una federación deportiva de ámbito mundial;
27
que asimismo se pide a este Tribunal de Justicia que declare si la situación jurídica puede ser diferente según que la competición deportiva tenga lugar en el territorio de la Comunidad o fuera de éste.
28
Considerando que la norma de no discriminación, por ser imperativa, se impone para la apreciación de todas las relaciones jurídicas, en la medida en que éstas, por razón del lugar donde estén establecidas o donde produzcan sus efectos, puedan localizarse en el territorio de la Comunidad;
29
que corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar esta localización en consideración a las circunstancias de cada caso particular y sacar las consecuencias de una posible infracción de la norma de no discriminación respecto al efecto jurídico de estas relaciones.
30
Considerando que el órgano jurisdiccional nacional ha planteado, en último término, la cuestión de si el párrafo primero del artículo 59 y, en su caso, el párrafo primero del artículo 7 del Tratado producen efectos directos en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.
31
Considerando que, como se ha indicado anteriormente, el objeto del artículo 59 es prohibir, en el ámbito de las prestaciones de servicios, entre otras cosas, toda discriminación por razón de la nacionalidad del prestador de los mismos;
32
que en el sector de las prestaciones de servicios el artículo 59 constituye la aplicación de la norma de no discriminación formulada por el artículo 7 para el ámbito de aplicación global del Tratado y por el artículo 48, para el sector del trabajo por cuenta ajena;
33
que, como ya se declaró (sentencia de 3 de diciembre de 1974, Van Binsbergen, 33/74_<-> Rec. p. 1299), el artículo 59 implica, para el final del período transitorio, una prohibición incondicional que impide, en el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro, con respecto a las prestaciones de servicios -siempre que se trate de nacionales de los Estados miembros-imponer obstáculos o limitaciones por razón de la nacionalidad del prestador de los servicios;
34
que procede, pues, responder a la cuestión planteada que el párrafo primero del artículo 59, en todo caso en la medida en que tiene por finalidad la supresión de toda discriminación por razón de la nacionalidad, genera a partir del final del período transitorio derechos a favor de los justiciables que los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a salvaguardar.
Costas
35
Considerando que los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso;
36
que, dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Arrondissementsrechtbank de Utrecht, declara:
1)
Habida cuenta de los objetivos de la Comunidad, la práctica del deporte sólo está regulada por el Derecho comunitario en la medida en que constituye una actividad económica en el sentido del artículo 2 del Tratado.
2)
La prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad, que establecen los artículos 7, 48 y 59 del Tratado, no afecta a la composición de equipos deportivos, en particular en forma de equipos nacionales, al ser la constitución de éstos una cuestión de índole exclusivamente deportiva que, como tal, es ajena a la actividad económica.
3)
La prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad no sólo se impone a la actuación de las autoridades públicas, sino que se extiende asimismo a normativas de otra naturaleza que tengan por finalidad regular colectivamente el trabajo por cuenta ajena y las prestaciones de servicios.
4)
La norma de no discriminación se impone para la apreciación de todas las relaciones jurídicas, en la medida en que éstas, por razón del lugar donde estén establecidas o donde produzcan sus efectos, puedan localizarse en el territorio de la Comunidad.
5)
El párrafo primero del artículo 59, en todo caso en la medida en que tiene por finalidad la supresión de toda discriminación por razón de la nacionalidad, genera a partir del final del período transitorio, derechos a favor de los justiciables que los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a salvaguardar.
Lecourt
Ó Dálaigh
Mackenzie Stuart
Donner
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Kutscher
Sørensen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 1974.
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
R. Lecourt
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.