61982J0323
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 14 de noviembre de 1984 (
*1
)
En el asunto 323/82,
SA Intermills, con domicilio social en Andenne (Bèlgica), representada por M es Léon Goffm, Jean-Marie de Backer y Jean-Louis Lodomez, Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de Mc Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe II,
parte demandante,
apoyada por
SA Intermills-Industrie Andenne, con domicilio social en Andenne,
SA Intermills-Industrie Pont-de-Warche, con domicilio social en Malmédy,
SA Intermills-Industrie Steinbach, con domicilio social en Malmédy,
representadas por Mcs Goffm, de Backer y Lodomez, que designan como domicilio en Luxemburgo el bufete de Me Arendt,
partes coadyuvantes,
contra
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Marie-José Jonczy, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Manfred Beschel, miembro de su Servicio Jurídico, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
parte demandada,
que tiene por objeto que se anule la Decisión 82/670/CEE de la Comisión, de 22 de julio de 1982, relativa a las ayudas del Gobierno belga en favor de una empresa del sector del papel,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: A.J. Mackenzie Stuart, Presidente; G. Bosco, O. Due y C. Kakouris, Presidentes de Sala; P. Pescatore, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling y K. Bahlmann, Jueces;
Abogado General: Sr. P. VerLoren van Themaat;
Secretario: Sr. H.A. Rühi, administrador principal;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
1
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de diciembre de 1982, la SA Intermills, con domicilio social en Andenne (en lo sucesivo, «demandante»), interpuso un recurso con arreglo al párrafo segundo del artículo 73 del Tratado CEE, que tiene por objeto que se anule la Decisión 82/670/CEE de la Comisión, de 22 de julio de 1982, relativa a las ayudas del Gobierno belga en favor de una empresa del sector del papel (DO L 280, p. 30).
2
El recurso fue apoyado por tres sociedades: SA Intermills-Industrie Andenne, SA Intermills-Industrie Pont-de-Warche y SA Intermills-Industrie Steinbach admitidas a intervenir en el litigio mediante auto del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1983. Estas sociedades se designarán en lo sucesivo con la expresión «las coadyuvantes» mientras que la expresión «las demandantes» se utilizará para designar a la vez a la demandante con carácter principal y a las coadyuvantes.
3
En la medida en que es posible precisar los hechos basándose en la Decisión controvertida y en los datos que constan en autos, la reestructuración financiada gracias a una ayuda del Estado belga a través de la Región Valona, consistió en una nueva orientación de la producción de las demandantes, que abandonaron la producción de papeles ordinarios y dedicaron su actividad a la fabricación de papeles de alto valor añadido. En el marco de esta reestructuración, se cerraron dos fábricas, la de Saint-Serváis y la de Huizingen (situada esta última en la Región Flamenca y dependiente de otra sociedad del grupo); paralelamente se reorganizó la producción de las fábricas de Andenne, Port-de-Warche y Steinbach y se confió a sociedades industriales, cada una de ellas dotada de personalidad jurídica propia.
4
El contenido de la Decisión controvertida puede resumirse así:
A lo largo del año 19801a Comisión tuvo noticia de que una empresa del sector del papel se benefició de una ayuda otorgada por las autoridades belgas en forma de préstamos (un préstamo privilegiado de 1.076 millones de BFR y anticipos recuperables de 510 millones de BFR), vinculados a operaciones de reestructuración de la empresa interesada, y de una ayuda en forma de participación del Ejecutivo de la Región Valona de 2.350 millones de BFR, que tuvieron como efecto principal salvar a la empresa de una situación financiera muy difícil.
Mediante una comunicación de 23 de julio de 1980, la Comisión llamó la atención al Gobierno belga sobre las obligaciones que derivan del apartado 3 del artículo 93 del Tratado, en materia de notificación previa de los proyectos de ayuda. El Gobierno belga procedió a la notificación de la ayuda de que se trata mediante escrito de 6 de febrero de 1981. Según esta notificación, la resolución acerca de la concesión de la ayuda ya se había tomado el 17 de julio de 1980 por el Ejecutivo de la Región Valona. La Comisión, decidida a incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93, concedió al Gobierno belga un plazo hasta el 10 de abril de 1981 para presentar sus observaciones. Sólo después de ser reiterada esta petición, hizo por fin llegar el Gobierno belga sus observaciones a la Comisión el 4 de agosto de 1981. En el marco del procedimiento de investigación previsto en el artículo 93, los Gobiernos de tres Estados miembros manifestaron sus objeciones a la ayuda concedida por las autoridades belgas; la Comisión registró también la oposición de dos organizaciones profesionales y de una empresa, que llamaron la atención sobre el exceso de capacidad que reinaba en el sector afectado.
La Comisión considera que, en el presente caso, la ayuda otorgada por las autoridades belgas puede alterar las condiciones de los intercambios entre Estados miembros y falsear o amenazar con falsear la competencia a los efectos del apartado 1 del artículo 92 del Tratado. Estima que la empresa afectada se encontraba en una situación financiera muy difícil que parecía excluir cualquier posibilidad de recurrir al mercado de capitales no subvencionado; en su opinión, el efecto de la suscripción de una participación de 2.350 millones de BFR tuvo la finalidad de resolver los problemas financieros de la empresa. Según la Comisión, la prohibición de ayudas que establece el apartado 1 del artículo 92 puede también aplicarse a las aportaciones de capital efectuadas bien por el Estado, bien por colectividades territoriales o por otras entidades de Derecho público.
La Comisión examinó también si cabía admitir una excepción a favor de esta ayuda, basándose en lo que dispone el apartado 3 del artículo 92 del Tratado. Considerando que esta disposición permite que se otorguen ayudas «destinadas a favorecer el desarrollo de determinadas actividades económicas», entiende que la ayuda otorgada en forma de créditos privilegiados y de anticipos reembolsables puede admitirse como compatible con las exigencias del Tratado, al estar vinculados estos créditos efectivamente a la realización de un programa de inversiones conforme al interés de la Comunidad, por cuanto tiende a reducir la producción de papel ordinario y a la nueva orientación de la empresa a la producción de papeles especiales que suponen un elevado valor añadido.
En cambio la Comisión considera que la ayuda otorgada por las autoridades belgas en forma de suscripción de participaciones en el capital no puede ampararse en una excepción en virtud del apartado 3 del artículo 92, por cuanto esta parte de la ayuda no está vinculada directamente a la reestructuración de la empresa; se trata en efecto de una «ayuda de salvamento» destinada a permitir a la empresa hacer frente a sus compromisos financieros. La Comisión hace notar a este respecto «que semejante ayuda destinada a mantener en actividad capacidades de producción puede constituir un ataque particularmente grave a las condiciones de competencia, porque el libre juego de las fuerzas del mercado exigiría normalmente el cierre de la empresa, lo que permitiría el desarrollo de empresas más competitivas».
Basándose en estas consideraciones, la Comisión decidió, con arreglo al artículo 1, que las ayudas en forma de un crédito privilegiado y de anticipos reembolsables se consideran compatibles con el mercado común, mientras que las ayudas en forma de suscripción de participaciones son incompatibles con el artículo 92 del Tratado.
En el artículo 2 de la Decisión se dispone que el Reino de Bélgica informará a la Comisión, en el plazo de tres meses, «de las medidas que haya tomado para evitar que las ayudas en forma de suscripción de participaciones sigan teniendo consecuencias que den lugar en el futuro a una distorsión de la competencia».
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La Comisión no se opone a la admisión del recurso. Por más que la Decisión controvertida se dirige al Gobierno de Bélgica, la Comisión reconoce que afecta directa e individualmente a la sociedad demandante a los efectos del párrafo segundo del artículo 173 en su calidad de beneficiaria de la ayuda que se discute.
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La demandante alega, contra la Decisión litigiosa, aparte diversos motivos de carácter formal, un conjunto de motivos basados en una apreciación inexacta de los hechos en relación con los criterios de los apartados 1 y 3 del artículo 92, así como en una contradicción y en una insuficiencia de fundamentación.
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Las tres sociedades coadyuvantes plantean esencialmente los mismos motivos, alegando además que la Comisión ha prescindido, según ellas, de que, precisamente a raíz de la reestructuración financiada mediante la ayuda que se discute, cada una de ellas adquirió, afirman, una identidad jurídica distinta de la sociedad Intermills, a quien se refiere la Decisión de 22 de julio de 1982. Ahora bien, concluye, este hecho fue ignorado por la Comisión.
8
Como la solución de esta cuestión es previa a la apreciación de los distintos motivos formulados por las partes interesadas, procede examinar en primer lugar cuál es la legitimación de las demandantes con respecto a la Decisión controvertida.
La estructura del grupo Intermitís
9
Las demandantes alegan que la Comisión propuso una imagen inexacta de la situación de las sociedades interesadas, considerando que la ayuda de que se trata, en forma de préstamos, de anticipos recuperables y de participaciones, ha beneficiado solamente a la demandante principal. Ahora bien, antes de adoptarse la Decisión impugnada, es decir, en junio de 1980, se constituyeron, en el marco del plan de reestructuración financiado por las ayudas, tres nuevas sociedades de explotación independientes, que han disfrutado de una suscripción de participaciones por el'Ejecutivo de la Región Valona por un importe de 850 millones de BFR, que forma parte de la cifra de 2.350 millones que aparece en la Decisión. Desde la constitución de las nuevas sociedades, la demandante principal ya no tiene una actividad industrial propia. Sería pues erróneo calificar globalmente la aportación de capital como si estuviera destinada a hacer frente a los compromisos de la antigua sociedad Intermills, para permitirle salir de una situación financiera precaria.
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Además las coadyuvantes fundan un argumento en el principio del artículo 222 del Tratado, relativo al régimen de la propiedad en los Estados miembros, por cuanto la Comisión, ignorando la creación de las nuevas sociedades de explotación, pretende en realidad prohibir a la Región Valona que participen en el capital de sociedades creadas en su territorio.
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De las informaciones proporcionadas por las propias demandantes se desprende que, a raíz de la reestructuración, tanto la sociedad Intermills como las tres sociedades industriales están controladas por la Región Valona y que, a raíz de la transmisión de las instalaciones de producción a las tres sociedades recién constituidas, la sociedad Intermills conserva intereses en ellas. Procede por tanto señalar que, pese al hecho de que las tres sociedades industriales posean cada una su individualidad jurídica distinta de la antigua sociedad Intermills, todas estas sociedades forman juntas un grupo único, en todo caso en lo que se refiere a la ayuda concedida por las autoridades belgas. La Comisión tiene razón, por lo tanto, al considerar el conjunto del grupo corno una «empresa» única, por lo que respecta a la aplicación del artículo 92 del Tratado.
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Por añadidura, hay que observar que las demandantes, al insistir en el hecho de que la reestructuración realizada gracias a la ayuda controvertida constituye un todo coherente, desde el punto de vista industrial y financiero, han reconocido implícitamente la unidad económica formada por la antigua sociedad y las nuevas sociedades de explotación.
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Por último no cabe oponer a la Decisión de la Comisión el reparo de que prescinde del artículo 222 del Tratado, con arreglo al cual «el presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros». En efecto, la aplicación de las normas del Tratado relativas a las ayudas públicas no causa ningún perjuicio al estatuto jurídico dado por la Región Valona a las nuevas sociedades industriales creadas con su ayuda.
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De ello se desprende que debe ser desestimado el motivo basado en haber ignorado la Comisión el estatuto jurídico de la demandante y de las coadyuvantes.
Los motivos de carácter formal
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Desde el punto de vista de las formas y procedimientos, las demandantes alegan, en primer lugar, que no fueron emplazadas nominalmente para que presentaran sus observaciones antes de que se adoptara una Decisión sobre la compatibilidad con el Tratado de las ayudas que se les otorgaron, en contra de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 93. El anuncio publicado en el Diario Oficial el 20 de marzo de 1981 (C 61, p. 3), redactado en términos genéricos, no responde a lo que exige esta disposición.
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Con arreglo al apartado 2 del artículo 93, la Comisión resuelve acerca de las ayudas «después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones». Hay que resaltar que los «interesados» a que se refiere por esta disposición son no sólo la empresa o las empresas favorecidas por una ayuda, sino también las personas, empresas o asociaciones que pueden verse afectadas en sus intereses por la ayuda que se les otorga, en especial las empresas de la competencia y las organizaciones profesionales. Se trata, en otros términos, de un conjunto indeterminado de destinatarios.
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De esta consideración se desprende que el apartado 2 del artículo 93 no exige un emplazamiento individual de sujetos en particular. Su único objeto es obligar a la Comisión a actuar de manera que todas las personas potencialmente interesadas queden advertidas y tengan ocasión de alargar sus argumentos. A partir de estas consideraciones, la publicación de un anuncio en el Diario Oficial constituye un medio adecuado para dar a conocer a todos los interesados la vinculación de un procedimiento.
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En el presente caso, los datos contenidos en el anuncio citado, que se refería a «la ayuda otorgada en Bélgica a una empresa del sector del papel que dispone de seis fábricas en Bélgica y cuya producción principal consiste en papel para imprimir o escribir» tenían precisión suficiente para que las sociedades interesadas -que estaban por entonces perfectamente al corriente de la ayuda que ya se les había otorgado- pudieran reconocer sin ninguna duda que la investigación les afectaba.
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Este motivo debe pues desestimarse por las razones indicadas.
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La demandante alega además, en el mismo orden de ideas, que en el anuncio de que se trata, la Comisión prejuzgó públicamente su Decisión al utilizar las expresiones siguientes: «la Comisión declara que esta ayuda puede alterar las condiciones de los intercambios entre los Estados miembros en medida contraria al interés común».
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Es verdad que el empleo por la Comisión del término «declara» (constate) puede dar la impresión a primera vista de que la Comisión anticipaba una comprobación que el apartado 2 del artículo 93 no le permite hacer sino después de haber dado a los interesados la posibilidad de presentar sus observaciones, pero ello no quita para que, colocado en el contexto del desarrollo del procedimiento previsto por la disposición citada, el anuncio no tuviera ni pudiera tener más alcance que el de dar a conocer la apertura del procedimiento de investigación sobre la ayuda otorgada por las autoridades belgas. Por lo demás, esto se desprendía claramente del hecho de que el anuncio pedía a los interesados que presentaran sus observaciones en un plazo determinado. En esta fase, la Comisión, por otra parte, tenía perfecto derecho a manifestar Ias reservas que iba a formular contra el proyecto que había llegado a su conocimiento, con el fin de advertir a todos los interesados de su primera reacción y permitir así a la empresa afectada velar por la defensa de sus intereses.
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También procede desestimar este motivo.
Motivos basados en una apreciación inexacta de los hechos, así como de una contradicción y una insuficiencia de la fundamentación
23
Las demandantes impugnan la Decisión controvertida -sin distinguir al respecto entre la aplicación de los apartados 1 y 3 del artículo 92- por haberse basado en una apreciación errónea de los hechos, por apoyarse en fundamentos contradictorios y por no estar, en determinados puntos, suficientemente motivada.
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Alegan en particular que la ayuda otorgada en forma de suscripción de participaciones no es, como pretende la Comisión, una simple «ayuda de salvamento» destinada a resolver los problemas financieros de la empresa, sino que esta parte de la ayuda -junto con los préstamos y anticipos que la Comisión considera compatibles con el Tratado- sirvió para financiar las cargas del cierre de una producción no rentable y a orientar de nuevo la actividad de las empresas hacia producciones que ofrecieran mejores oportunidades de rentabilidad. Las demandantes subrayan a este respecto que las distintas aportaciones financieras sirvieron indistintamente para la realización del conjunto de este plan de reestructuración, sin que sea posible distinguir, en cuanto a su utilización, entre las aportaciones de capital y las aportaciones en forma de préstamos y anticipos.
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En segundo lugar, las demandantes imputan a laDecisión controvertida incurrir en una contradicción en sus fundamentos. En efecto, la ayuda considerada incompatible con el Tratado perseguía precisamente una finalidad de reestructuración, es decir, el abandono de la producción de papel ordinario y la nueva orientación de la empresa hacia la producción de papel especializado, que la Comisión designa en la misma Decisión, como un objetivo económico que merece la pena perseguir en aras del interés comunitario.
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Por ùltimo las demandantes consideran que la Decisión impugnada carece de ñindamentación suficiente, toda vez que la Comisión no ha demostrado de ninguna manera que los intercambios entre Estados miembros hayan resultado afectados y que se haya falseado la competencia en el mercado común mediante el otorgamiento de la ayuda controvertida. En efecto, dicha ayuda, lejos de haber dado lugar a un refuerzo de la posición de la demandante en el mercado, tenía por objeto la producción y una nueva orientación de ésta hacia sectores de mayor rentabilidad económica. Las demandantes recuerdan al respecto la sentencia de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris/Comisión (730/79, Rec. p. 2671), apartado 11, en la que el Tribunal de Justicia no reconoció un menoscabo de la competencia más que en el caso de que «una ayuda financiera concedida por el Estado refuerce la posición de una empresa en relación con otras empresas de la competencia en los intercambios intracomunitários».
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La Comisión justifica su Decisión alegando que es «evidente»que la suscripción de una participación de 2.350 millones de BFR por las entidades de Derecho público, en una empresa en la que, por otra parte, el capital y las reservas ascienden a 1.250 millones de BFR, no puede considerarse sino como una operación que trata de sacar a la empresa de una situación financiera precaria, resolviendo de este modo el problema fundamental que representa el volumen de las cargas financieras de la empresa, mediante la aportación de capitales nuevos sin que la empresa haya de soportar siquiera las correspondientes cargas financieras. La ayuda así concedida reduce los costos fijos de la empresa y contribuye pör lo tanto a provocar distorsiones de la competencia en la Comunidad. Cuando la aportación de capital supera el importe del activo neto de la empresa beneficiaria, se trata de una operación de salvamento destinada a mantener en el mercado una empresa que estaría de otro modo abocada a desaparecer. Semejante medida, especialmente en un sector con dificultades, significaría en realidad exportar paro a los demás Estados miembros.
28
La Comisión admite sin embargo que los costes directamente vinculados a los despidos motivados por el cierre de determinadas instalaciones pueden considerarse parte de los costes de reestructuración propiamente dichos, para los que la empresa recibió ayudas consideradas compatibles con el mercado común. Al no estar informada la Comisión del coste real de estos despidos, no los ha podido tener en cuenta y, en todo caso, dichos costes no hubieran podido absorber todo el importe de las participaciones.
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El apartado 1 del artículo 92 dispone que «salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».
30
Según la letra c) del apartado 3 del mismo artículo, al que se hace referencia en la Decisión controvertida, pueden considerarse compatibles con el mercado común «las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo de determinadas actividades económicas» siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.
31
De las disposiciones citadas se desprende que el Tratado contempla las ayudas concedidas por los Estados o mediante fondos estatales «bajo cualquier forma». De ello se desprende que no se puede establecer una distinción de principio según que la ayuda se otorgue en forma de préstamos o en forma de participación en el capital de las empresas. Las ayudas de una u otra de estas formas están prohibidas por el artículo 92 cuando concurren los requisitos enunciados por dicha disposición.
32
Como ha reconocido la propia Comisión, las ayudas otorgadas, especialmente en forma de suscripción de participaciones por el Estado o por colectividades públicas, no deben considerarse automáticamente contrarias a las disposiciones del Tratado. Cualquiera que sea la forma, pues, en que sean otorgadas las ayudas, tanto si es en forma de préstamos, como en forma de participación, corresponde a la Comisión examinar si estas ayudas entran en conflicto con el apartado 1 del artículo 92 y, en caso afirmativo, apreciar si pueden eventualmente quedar exentas, con arreglo al apartado 3 del mismo artículo, motivando su decisión en consecuencia.
33
A la vista de estos criterios de apreciación, las críticas formuladas por las demandantes resultan fundadas en la medida en que la Decisión controvertida contiene efectivamente contradicciones y no permita conocer los motivos de la actuación de la Comisión en determinados puntos decisivos. Estas incertidumbres y contradicciones se refieren tanto a la justificación econòmica de la ayuda como a la cuestión de si la ayuda puede falsear la competencia en el mercado común.
34
En primer lugar, en cuanto a la justificación económica de la ayuda, la Comisión admite, en los fundamentos de su Decisión, que el objetivo de reestructuración perseguido por las demandantes corresponde en sí al objetivo que persigue la Comisión misma, en lo que se refiere a la evolución del sector del papel europeo. Esta consideración parece ser la razón esencial que llevó a la Comisión a reconocer la compatibilidad con el Tratado de la ayuda concedida en forma de préstamos privilegiados y anticipos.
35
Por el contrario, la Comisión no ha dado ninguna justificación controlable de la apreciación diferente que mantiene respecto a la suscripción de participaciones por las autoridades públicas en el capital de la empresa beneficiaria. Se limita a afirmar, a este respecto, que dicha participación no estaba «vinculada directamente a la reestructuración de la empresa» y que se trataba de una «ayuda de salvamento» puramente financiera, teniendo en cuenta las pérdidas que la empresa había experimentado durante varios ejercicios; en el curso de la fase escrita del procedimiento, precisó que el importe de la participación de las entidades de Derecho público había superado el importe del capital y reservas de la empresa. Al formular estas apreciaciones sin ninguna indicación de los fundamentos, salvo las afirmaciones que se acaban de recordar, la Comisión no ha explicado debidamente por qué la apreciación de la operación de reestructuración de que se trata —que era a la vez industrial y financiera y que, según las demandantes, constituía un todo coherente— requería una distinción tan tajante entre el efecto de la ayuda otorgada en forma de préstamos privilegiados y el efecto de las aportaciones en forma de participaciones.
36
Procede señalar a este respecto que, durante del procedimiento, la Comisión reconoció que aunque ella había condenado en bloque la suscripción de participaciones, éstas podían ser compatibles con el Tratado siempre que se destinaran a cubrir los gastos de los despidos vinculados al cese de las producciones no rentables. Es patente, pues, que la incidencia del costo social de la reconversión, que constituye un elemento esencial de la operación, tampoco se ha considerado debidamente.
37
En lo que se refiere al perjuicio causado por la ayuda litigiosa a la competencia en el mercado común, la Comisión se ha remitido, por una parte, a las disposiciones del apartado 1 del artículo 92 y, por otra parte, a la exigencia formulada por el apartado 3, según el cual una ayuda sólo puede constituir una excepción en la medida en que no altere las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común.
38
En lo que se refiere al primer aspecto, los considerandos relativos al mismo se limitan a reproducir las objeciones planteadas por los Gobiernos de tres Estados miembros, dos organizaciones profesionales y una empresa del sector interesado. Exceptuada esta alusión, la Decisión no muestra ninguna indicación concreta sobre la naturaleza de los daños causados a la competencia.
39
En cuanto al segundo aspecto, la Comisión, después de haber declarado que la ayuda concedida en forma de suscripciones de capital no estaba vinculada directamente a la reestructuración de la empresa, sino que se trataba de una «ayuda de salvamento», declaró que semejante ayuda «puede ocasionar un menoscabo particularmente grave a las condiciones de competencia, porque el libre juego de las fuerzas del mercado exigiría normalmente el cierre de la empresa, lo que permitiría el desarrollo de empresas más competitivas». Procede destacar a este propósito que el pago de deudas antiguas, destinada a salvar la existencia de una empresa, no produce como efecto necesario alterar las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, como dice el apartado 3 del artículo 92, cuanto tal operación va acompañada, por ejemplo, de un plan de reestructuración. En el presente caso no se ha demostrado por qué la acción de la demandante en el mercado, a raíz de la nueva orientación de su producción gracias a la ayuda otorgada, podía alterar las condiciones de los intercambios hasta el extremo de que la desaparición de la empresa hubiera sido preferible a su saneamiento.
40
En virtud de todo lo expuesto, procede anular la Decisión impugnada.
41
Habida cuenta de todo lo anterior, no parece necesario examinar los motivos basados en una apreciación inexacta de los hechos del caso y de la circunstancia de que la Decisión controvertida menoscabara los derechos humanos de las demandantes sin que el sistema jurisdiccional del Tratado CEE permita a los interesados interponer un recurso con arreglo a las exigencias del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Costas
42
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla en costas, incluidas las de las partes coadyuvantes.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:
1)
Anular la Decisión 82/670/CEE de la Comisión, de 22 de julio de 1982, relativa a las ayudas del Gobierno belga en favor de una empresa del sector del papel.
2)
Condenar en costas a la Comisión, incluidas las de las partes coadyuvantes.
Mackenzie Stuart
Bosco
Due
Kakouris
Pescatore
O'Keeffe
Koopmans
Everling
Bahlmann
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de noviembre de 1984.
El Secretario
por orden
D. Louterman
Administradora
El Presidente
A.J. Mackenzie Stuart
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.