62023TJ0102
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
de 30 de abril de 2025 (
*1
)
«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania — Inmovilización de fondos — Lista de personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos y recursos económicos — Inclusión y mantenimiento del nombre del demandante en la lista — Concepto de “asociación” — Artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145/PESC — Artículo 3, apartado 1, in fine, del Reglamento (UE) n.o 269/2014 — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Error de apreciación — Proporcionalidad — Excepción de ilegalidad»
En el asunto T‑102/23,
SBK Art OOO, con domicilio social en Moscú (Rusia), representada por los Sres. G. Lansky y P. Goeth, abogados,
parte demandante,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. A. Boggio-Tomasaz, en calidad de agente, asistido por el Sr. B. Maingain, abogado,
parte demandada,
apoyado por
República de Croacia, representada por la Sra. G. Vidović Mesarek, en calidad de agente,
por
Reino de los Países Bajos, representado por las Sras. M. K. Bulterman, A. Hanje y C. Schillemans, en calidad de agentes,
y por
Comisión Europea, representada por las Sras. M. Carpus-Carcea, C. Georgieva y L. Puccio, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),
integrado por el Sr. R. Mastroianni, Presidente, y la Sra. M. Brkan (Ponente) y el Sr. T. Tóth, Jueces;
Secretaria: Sra. I. Kurme, administradora;
visto el auto de 27 de febrero de 2024, SBK Art/Consejo (T‑102/23 R, no publicado);
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular:
–
el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 26 de febrero de 2023;
–
el escrito de adaptación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 13 de abril de 2023;
–
la resolución de 29 de junio de 2023 por la que se admite la intervención del Reino de los Países Bajos en apoyo del Consejo;
–
el auto de 27 de julio de 2023 del Presidente de la Sala Primera por el que se autoriza la intervención de la Comisión en apoyo del Consejo;
–
el auto de 8 de septiembre de 2023 del Presidente de la Sala Primera por el que se autoriza la intervención de la República de Croacia en apoyo del Consejo;
–
el escrito de adaptación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 24 de noviembre de 2023;
–
el auto de 13 de diciembre de 2023 del Presidente de la Sala Primera relativo a la solicitud de confidencialidad de la demandante respecto de la República de Croacia;
–
el escrito de adaptación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 18 de abril de 2024;
–
la decisión de 14 de octubre de 2024 del Presidente de la Sala Primera de no unir a los autos el escrito de adaptación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 9 de octubre de 2024;
–
el escrito de 18 de octubre de 2024 de la demandante solicitando la aplicación del artículo 45, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
–
los documentos de la demandante presentados en la Secretaría del Tribunal General el 18 de octubre de 2024 e incorporados a los autos;
–
los documentos de la demandante presentados en la Secretaría del Tribunal General el 5 de noviembre de 2024 e incorporados a los autos;
celebrada la vista el 6 de noviembre de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, SBK Art OOO, solicita la anulación, en primer lugar, de la Decisión (PESC) 2022/2477 del Consejo, de 16 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 322 I, p. 466), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2476 del Consejo, de 16 de diciembre de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 322 I, p. 318) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos iniciales»); en segundo lugar, de la Decisión (PESC) 2023/572 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 134), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/571 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de mantenimiento de marzo de 2023»); en tercer lugar, de la Decisión (PESC) 2023/1767 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 226, p. 104), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1765 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 226, p. 3) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de mantenimiento de septiembre de 2023»), y, en cuarto lugar, de la Decisión (PESC) 2024/847 del Consejo, de 12 de marzo de 2024, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L, 2024/847), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/849 del Consejo, de 12 de marzo de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L, 2024/849) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de mantenimiento de marzo de 2024»), por cuanto todos estos actos (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos impugnados») se refieren a ella.
Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso
2
La demandante es una sociedad rusa de responsabilidad limitada.
3
El presente asunto se inscribe en el contexto de las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
4
El 17 de marzo de 2014, el Consejo de la Unión Europea adoptó, sobre la base del artículo 29 TUE, la Decisión 2014/145/PESC, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16). En esa misma fecha, el Consejo adoptó, sobre la base del artículo 215 TFUE, el Reglamento (UE) n.o 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6).
5
El 25 de febrero de 2022, a la vista de la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo adoptó, por un lado, la Decisión (PESC) 2022/329, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 50, p. 1), y, por otro lado, el Reglamento (UE) 2022/330, por el que se modifica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2022, L 51, p. 1), con el fin, en particular, de modificar los criterios en virtud de los cuales las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos podían ser objeto de las medidas restrictivas en cuestión.
6
El artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, establece lo siguiente:
«1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:
[…]
f)
personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, o que se beneficien de dicho Gobierno, o
g)
los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania,
y de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociadas a ellos, y que se enumeran en el anexo.»
7
Las modalidades de esa inmovilización de fondos se determinan en los apartados siguientes del artículo 2 de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329.
8
El Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, imponía la adopción de medidas de inmovilización de fondos y determinaba las modalidades de dicha inmovilización en términos sustancialmente idénticos a los de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329. En efecto, el artículo 3, apartado 1, letras a) a g), del referido Reglamento reproduce en esencia el artículo 2, apartado 1, letras a) a g), de la citada Decisión.
Inclusión inicial del nombre de la demandante en las listas controvertidas
9
El 21 de julio de 2022, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/1272, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 193, p. 219), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1270, por el que se aplica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2022, L 193, p. 133), mediante los cuales añadió a la sociedad Sberbank en la lista que acompaña a la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, y en la lista que figura en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330 (en lo sucesivo, «listas controvertidas»).
10
El 16 de diciembre de 2022, el Consejo adoptó los actos iniciales mediante los cuales añadió el nombre de la demandante a las listas controvertidas en virtud de los siguientes fundamentos:
«[La demandante] es una empresa de la Federación de Rusia asociada a Sberbank. [La demandante] se creó como una filial de Sberbank antes de su inclusión en la lista, con el fin de mantener los intereses de Sberbank en el grupo Fortenova. Sberbank conserva el control efectivo de [la demandante] a pesar de la supuesta transferencia de sus acciones a un hombre de negocios en los Emiratos Árabes Unidos.
Por consiguiente, [la demandante] está asociada a Sberbank, la cual figura en la lista como entidad que apoya financieramente al Gobierno de la Federación de Rusia y como entidad implicada en un sector económico que le proporciona una fuente sustancial de ingresos.»
11
El 19 de diciembre de 2022, el Consejo publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio a la atención de las personas, entidades y organismos sujetos a las medidas restrictivas establecidas en la Decisión 2014/145, modificada por la Decisión 2022/2477, y en el Reglamento n.o 269/2014, aplicado por el Reglamento de Ejecución 2022/2476 (DO 2022, C 481 I, p. 1). Este anuncio indicaba, en particular, que las personas afectadas podían presentar una solicitud al Consejo, junto con la documentación probatoria correspondiente, para que se reconsiderase la decisión de incluir sus nombres en las listas controvertidas.
12
Mediante escrito de 21 de diciembre de 2022, la demandante solicitó al Consejo que le comunicara el expediente en el que se había basado para incluir su nombre en las listas controvertidas.
13
El 11 de enero de 2023, el Consejo comunicó a la demandante la información que figuraba en el expediente con la referencia WK 17709/2022 INIT, que contenía las pruebas referidas a ella, fechado el 15 de diciembre de 2022 (en lo sucesivo, «primer expediente WK»).
Mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas hasta el 15 de septiembre de 2023
14
El 6 de febrero de 2023, el Consejo remitió a la demandante el expediente con la referencia WK 17709/2022 ADD 1, de 25 de enero de 2023 (en lo sucesivo, «segundo expediente WK»), y el expediente con la referencia WK 1325/23 INIT, de 30 de enero de 2023 (en lo sucesivo, «tercer expediente WK»).
15
Mediante escrito de 9 de marzo de 2023, la demandante presentó al Consejo una solicitud para que se reconsiderase la inclusión de su nombre en las listas controvertidas.
16
El 13 de marzo de 2023, el Consejo adoptó los actos de mantenimiento de marzo de 2023 prorrogando las medidas restrictivas adoptadas contra la demandante hasta el 15 de septiembre de 2023 en virtud de idénticos fundamentos que los expuestos en el anterior apartado 10.
17
Mediante escrito de 13 de abril de 2023, la demandante presentó al Consejo una segunda solicitud de reconsideración.
Mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas hasta el 15 de marzo de 2024
18
El 13 de septiembre de 2023, el Consejo adoptó los actos de mantenimiento de septiembre de 2023 prorrogando las medidas restrictivas adoptadas contra la demandante hasta el 15 de marzo de 2024 en virtud de idénticos fundamentos que los expuestos en el anterior apartado 10.
19
Mediante escrito de 15 de septiembre de 2023, el Consejo informó a la demandante de su decisión de mantener su nombre en las listas controvertidas.
20
Mediante escrito de 22 de septiembre de 2023, la demandante presentó al Consejo una tercera solicitud de reconsideración.
Mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas hasta el 15 de septiembre de 2024
21
El 12 de marzo de 2024, el Consejo adoptó los actos de mantenimiento de marzo de 2024 prorrogando las medidas restrictivas adoptadas contra la demandante hasta el 15 de septiembre de 2024 en virtud de idénticos fundamentos que los expuestos en el anterior apartado 10.
22
Mediante escrito de 13 de marzo de 2024, el Consejo desestimó la solicitud de reconsideración de la demandante recibida el 25 de septiembre de 2023, basándose en que las observaciones de esta no desvirtuaban su apreciación de que la decisión de incluir el nombre de la demandante en las listas controvertidas estaba suficientemente justificada, y le comunicó la decisión de mantener su nombre en las listas controvertidas.
Mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas hasta el 15 de marzo de 2025
23
El 12 de septiembre de 2024, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2024/2456, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO L, 2024/2456), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2455, por el que se aplica el Reglamento n.o 269/2014 (DO L, 2024/2455) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de mantenimiento de septiembre de 2024»), prorrogando las medidas restrictivas adoptadas contra la demandante hasta el 15 de marzo de 2025 en virtud de idénticos fundamentos que los expuestos en el anterior apartado 10.
Pretensiones de las partes
24
De conformidad con la última versión de sus escritos procesales, la demandante solicita al Tribunal General que:
–
Anule los actos impugnados en la medida en que se refieren a ella.
–
Condene en costas al Consejo.
25
El Consejo, apoyado por la República de Croacia, el Reino de los Países Bajos y la Comisión Europea, solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad del recurso por cuanto tiene por objeto el Reglamento de Ejecución 2023/1765
26
En sus observaciones sobre el segundo escrito de adaptación, el Consejo, apoyado por la Comisión, sostiene que dicho escrito es inadmisible en la medida en que persigue la anulación del Reglamento de Ejecución 2023/1765. Según el Consejo, las modificaciones introducidas por el citado Reglamento no versan sobre la inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas, por lo que no la afectan directa ni indirectamente.
27
La demandante alega que, aun cuando el Reglamento de Ejecución 2023/1765 no modifica técnicamente la inclusión de su nombre en las listas controvertidas, tiene por efecto confirmar tácitamente la inclusión anterior y, en particular, confirmar los motivos de inclusión referidos a ella.
28
Por otro lado, la demandante alega que el Consejo tiene la obligación de examinar su situación cada vez que revisa la inclusión de su nombre en las listas controvertidas. Estima que, dado que el Reglamento de Ejecución 2023/1765 incumple esta obligación, constituye una vulneración de sus derechos y el citado Reglamento la afecta directa e individualmente.
29
La apreciación de la admisibilidad del recurso interpuesto contra el Reglamento de Ejecución 2023/1765 debe efectuarse, por tanto, a la luz de la obligación del Consejo de proceder a una revisión periódica de la lista que figura en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, de conformidad con el artículo 14, apartado 4, del Reglamento n.o 269/2014. A este respecto, procede señalar que los reglamentos de ejecución adoptados a raíz de revisiones, como el Reglamento de Ejecución 2023/1765, mencionan las modificaciones y supresiones introducidas en las listas controvertidas a raíz de dicha revisión, de modo que, en virtud de tales reglamentos de ejecución, las inclusiones que no hayan sido modificadas o suprimidas se entenderán prorrogadas (véase, por analogía, la sentencia de 28 de abril de 2021, Sharif/Consejo, T‑540/19, no publicada, EU:T:2021:220, apartado 48 y jurisprudencia citada).
30
Según la jurisprudencia, incluso en el caso de que la persona afectada no sea mencionada expresamente en un acto posterior que modifique la lista en la que se incluyó su nombre y aunque ese acto no modifique los fundamentos por los que se incluyó inicialmente su nombre, tal acto debe entenderse en el sentido de que constituye una manifestación de la voluntad del Consejo de mantener el nombre de la persona afectada en la referida lista y, por consiguiente, de mantener la inmovilización de sus fondos, dado que el Consejo tiene la obligación de proceder a un examen periódico de la lista (véase la sentencia de 11 de septiembre de 2024, NSD/Consejo, T‑494/22, EU:T:2024:607, apartado 28 y jurisprudencia citada).
31
Por otra parte, de conformidad con el artículo 14, apartado 3, del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, si se formulan alegaciones o se presentan nuevas pruebas sustantivas, el Consejo debe revisar su decisión de incluir a una persona en las listas controvertidas. Del segundo escrito de adaptación se desprende que el Consejo indicó a la demandante, mediante escrito de 15 de septiembre de 2023, que había decidido mantener las medidas restrictivas adoptadas en su contra con arreglo a los actos de mantenimiento de septiembre de 2023. Por tanto, procede considerar que estos actos resultan de la revisión de la situación de la demandante.
32
Habida cuenta de lo anterior, cabe concluir que el presente recurso es admisible por cuanto tiene por objeto la anulación del Reglamento de Ejecución 2023/1765 en la medida en que se refiere a la demandante.
Sobre la aportación de pruebas adicionales
33
Mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal General el 18 de octubre de 2024, la demandante presentó diecinueve documentos adicionales, invocando el artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Aporta tres series de pruebas adicionales. La primera serie se refiere a la alegación de que fue expulsada de Fortenova Group, la segunda serie pretende demostrar que Sberbank no controla a la demandante y la tercera serie se refiere a la cesión de esta a un inversor emiratí.
34
Mediante escrito de 5 de noviembre de 2024, la demandante presentó, invocando nuevamente el artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, dos documentos adicionales.
35
Para justificar la aportación extemporánea de todas estas pruebas, la demandante hace referencia, por una parte, a ciertos hechos importantes y recientes que se produjeron con posterioridad a la presentación del escrito de adaptación relativo a los actos de mantenimiento de marzo de 2024 y a la alegación según la cual fue expulsada de Fortenova Group y, por otra parte, a la necesidad de responder a los argumentos del Consejo.
36
El Consejo, apoyado por la República de Croacia y la Comisión, se opuso en la vista a que se admitieran las nuevas pruebas mencionadas en los apartados 33 y 34 de la presente sentencia por ser extemporáneas.
37
Procede recordar que, según el artículo 85, apartados 1 y 3, del Reglamento de Procedimiento, las pruebas se presentarán en el primer turno de escritos de alegaciones y, excepcionalmente, las partes principales podrán aún aportar pruebas o proponer pruebas antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento, a condición de que justifiquen el retraso con que lo hacen.
38
El apartado 3 del artículo 85 del Reglamento de Procedimiento no constituye, como su apartado 2, una mera excepción a la regla general de preclusión establecida en su apartado 1, sino una excepción a la regla de principio y a la excepción previstas, respectivamente, en los apartados 1 y 2 del artículo 85 del Reglamento de Procedimiento, con lo que la posibilidad contemplada en el apartado 3 solo se plantea, conforme al propio tenor de esa disposición, con carácter excepcional y su aplicación exige que se demuestre la existencia de circunstancias excepcionales (véase la sentencia de 23 de noviembre de 2023, Ryanair y Airport Marketing Services, C‑758/21 P, EU:C:2023:917, apartado 44 y jurisprudencia citada).
39
En el caso de autos, procede señalar que la demandante no ha indicado expresamente en apoyo de la anulación de qué actos se habían presentado las pruebas en virtud del artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento. No obstante, habida cuenta de los escritos de la demandante, se examinará si cabe considerar que tales pruebas fueron aportadas extemporáneamente en relación con la presentación del escrito de adaptación de los actos de mantenimiento de marzo de 2024.
40
Por lo que respecta a la primera serie de documentos, relativos a la supuesta expulsión de la demandante de Fortenova Group, es preciso indicar, por una parte, que presenta una ficha informativa sin fecha referida a las condiciones generales de inversión, un acuerdo de suscripción sin fecha y el extracto de un documento de la Comisión sobre las preguntas más habituales en materia de medidas restrictivas fechado el 8 de abril de 2022 (anexos J.3, J.4 y J.8). Dado que estos documentos no tienen fecha o tienen una fecha anterior a la presentación del escrito de adaptación relativo a los actos de mantenimiento de marzo de 2024, debe considerarse que se han aportado extemporáneamente. Pues bien, al haberse limitado la demandante a hacer referencia a hechos importantes y recientes en relación con su expulsión de Fortenova Group sin demostrar la existencia de circunstancias excepcionales, procede declarar que dichos documentos son inadmisibles en virtud del artículo 85, apartados 1 y 3, del Reglamento de Procedimiento [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de octubre de 2017, Moravia Consulting/EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC‑554S), T‑316/16, EU:T:2017:717, apartado 63]. Por otra parte, la demandante aporta un resumen de la petición de decisión prejudicial en el asunto C‑465/24 presentada el 2 de julio de 2024, el folleto de emisión de Open Pass AG fechado el 8 de agosto de 2024, una notificación del control de las concentraciones de la Comisión de 11 de junio de 2024, una serie de correos electrónicos de julio y agosto de 2024 y un documento fechado el 2 de agosto de 2024 de Fortenova Group referido a la cesión de la rama agrícola de Fortenova Group (anexos J.1 y J.2, así como J.5 a J.7).
41
Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de septiembre de 2015, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, apartado 22 y jurisprudencia citada, y de 4 de septiembre de 2015, NIOC y otros/Consejo, T‑577/12, no publicada, EU:T:2015:596, apartado 112 y jurisprudencia citada).
42
Pues bien, dichos documentos se refieren a hechos posteriores a los actos impugnados, que fueron adoptados, respectivamente, el 16 de diciembre de 2022, el 13 de marzo de 2023, el 13 de septiembre de 2023 y el 12 de marzo de 2024. Por tanto, no deben ser tenidos en cuenta para apreciar la legalidad de esos actos. Así pues, sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de la proposición de prueba, hay que declarar que, dado que esos documentos no influyen en el examen de la legalidad de los actos impugnados, tal proposición de prueba no es pertinente en el presente litigio.
43
Por lo que respecta a la segunda serie de pruebas, cuyo objeto es demostrar que Sberbank no controla a la demandante, es preciso indicar que la demandante aporta unos artículos de prensa publicados en 2022 o 2023 (anexos J.9 a J.12). Pues bien, hay que observar que esos artículos de prensa ya fueron presentados como anexo a sus observaciones al escrito de intervención de la República de Croacia (anexos 3, 4, 8 y 9 de dichas observaciones) y que fueron admitidos en la medida en que pretendían dar respuesta al escrito de intervención de esta. En consecuencia, no procede pronunciarse sobre la admisibilidad de tales pruebas de conformidad con el artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.
44
La demandante también presenta la traducción de una entrevista a un accionista de Fortenova Group (anexo J.13). No obstante, ha de señalarse que se trata de un documento sin fecha del que debe considerarse que se ha aportado extemporáneamente en el sentido del artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento. Pues bien, la demandante se limitó a indicar en el escrito de 18 de octubre de 2024 que ese documento era pertinente en el caso de autos. Por tanto, no aportó ninguna justificación para la presentación extemporánea de dicha prueba, que procede declarar inadmisible en virtud del artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.
45
Por lo que respecta a la tercera serie de pruebas, referida a la cesión de la demandante a un inversor emiratí, hay que indicar que se trata de un poder redactado por dicho inversor emiratí de 31 de octubre de 2022, de pruebas de pago fechadas el 31 de octubre de 2022, de un contrato de compraventa y de una modificación de 24 de febrero de 2022 y de 31 de mayo de 2022, del consentimiento sin fecha de la demandante a la cesión del crédito, de un anuncio de cesión del crédito de 31 de octubre de 2022 y de un documento del mismo día que confirma el pago en virtud del acuerdo de cesión del crédito (anexos J.14 a J.19). Puesto que estos documentos no tienen fecha o tienen una fecha anterior a la presentación del escrito de adaptación relativo a los actos de mantenimiento de marzo de 2024, hay que considerar que se han aportado extemporáneamente. Pues bien, para justificar su presentación extemporánea, la demandante se limitó a mencionar la necesidad de responder a las observaciones del Consejo. Se debe señalar que la demandante no ha expuesto las razones por las que no había podido presentarlas antes. Por consiguiente, estas pruebas deben ser declaradas inadmisibles.
46
Por lo que respecta a los documentos presentados por la demandante el 5 de noviembre de 2024, procede señalar que se trata de una estimación del valor de la sociedad Agrokor de 8 de junio de 2018 y de un artículo de fecha 11 de enero de 2019 referido a la misma sociedad. Al tener estos documentos una fecha anterior a la presentación del escrito de adaptación relativo a los actos de mantenimiento de marzo de 2024, hay que considerar que se han aportado extemporáneamente. La demandante se limita a indicar que hasta hace poco no tuvo acceso a esos documentos, como consecuencia de hechos relacionados con su supuesta expulsión de Fortenova Group. Pues bien, es preciso señalar que la demandante ya hace referencia en la demanda a la reestructuración de Agrokor, que dio lugar a la creación de Fortenova Group. Por consiguiente, no ha expuesto las razones por las que no había podido presentar esos documentos referidos a Agrokor como muy tarde en el escrito de adaptación relativo a los actos de mantenimiento de marzo de 2024, de modo que no ha justificado su aportación extemporánea.
47
En estas circunstancias, hay que considerar que la demandante no ha justificado, en el sentido del artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, la aportación extemporánea de estas pruebas adicionales, que deben declararse, por tanto, inadmisibles.
48
En consecuencia, la demandante no puede basarse en el artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento para aportar estas pruebas adicionales en la medida en que son en parte inadmisibles y en parte irrelevantes para la legalidad de los actos impugnados.
Sobre la solicitud de que se aplique el artículo 45 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, presentada el 18 de octubre de 2024
49
El 9 de octubre de 2024, la demandante presentó en la Secretaría del Tribunal General, mediante escrito separado, un escrito de adaptación sobre la base del artículo 86, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, que tenía por objeto la anulación de los actos de mantenimiento de septiembre de 2024, en la medida en que dichos actos se referían a ella.
50
Con arreglo al artículo 86, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en su versión resultante de las Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 12 de agosto de 2024 (DO L, 2024/2095), que entraron en vigor el 1 de septiembre de 2024, cuando un acto cuya anulación se solicita sea sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto, la parte demandante podrá adaptar la demanda a más tardar dos semanas después de la notificación de la decisión de fijar la fecha de la vista oral o antes de la notificación de la decisión del Tribunal General de resolver sin fase oral, a fin de tener en cuenta esta novedad.
51
A tenor del artículo 246, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, la disposición del artículo 86, apartado 1, se aplicará únicamente cuando el plazo establecido en el artículo 86, apartado 2 —es decir, el plazo para recurrir previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto—, comience a correr después del 1 de septiembre de 2024.
52
Pues bien, es preciso señalar, por una parte, que los actos objeto de la adaptación de la demanda fueron adoptados el 12 de septiembre de 2024 y publicados en el Diario Oficial el día siguiente, lo que implica que el plazo para recurrir previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, comenzó a correr después del 1 de septiembre de 2024, lo que hace aplicable al caso de autos el artículo 86, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, y, por otra parte, que la citación para la vista fue notificada a la demandante el 18 de septiembre de 2024. Por tanto, el plazo para presentar el escrito de adaptación que pretendía la anulación de los actos de mantenimiento de septiembre de 2024 expiró el 2 de octubre de 2024.
53
Dado que el escrito de adaptación fue presentado en la Secretaría del Tribunal General una vez expirado el plazo previsto en el artículo 86, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, mediante decisión del Presidente de la Sala Primera de 14 de octubre de 2024, se resolvió no incorporarlo a los autos, extremo del que la demandante fue informada el mismo día mediante escrito de la Secretaría.
54
Mediante escrito de 18 de octubre de 2024, la demandante presentó una solicitud basada en el artículo 45 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Preguntada a este respecto en la vista, la demandante precisó que tal solicitud tenía como finalidad que el Tribunal General admitiese el escrito de adaptación presentado extemporáneamente sobre la base del artículo 45 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La demandante sostiene que la concurrencia de un caso fortuito le impidió presentar dicho escrito de adaptación en el plazo establecido en el artículo 86, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en su versión modificada. En efecto, aduce que el hecho de que las modificaciones del Reglamento de Procedimiento fueran publicadas durante las vacaciones judiciales, con información supuestamente ambigua en el sitio de Internet EUR-Lex, creó una situación en la que no podía prever que, en cuestión de unas semanas, el Tribunal General sustituyera un plazo sobradamente conocido e importante, sin ninguna advertencia o anuncio previo.
55
El Consejo, apoyado por la República de Croacia y la Comisión, rebate las alegaciones de la demandante.
56
A este respecto, de reiterada jurisprudencia se desprende que no pueden admitirse excepciones a la aplicación de normas de la Unión relativas a los plazos de procedimiento más que en circunstancias totalmente excepcionales, de caso fortuito o de fuerza mayor, de conformidad con el artículo 45, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dado que la aplicación estricta de estas normas responde a la exigencia de seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de la justicia (véase la sentencia de 14 de diciembre de 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, apartado 56 y jurisprudencia citada).
57
Procede recordar que el artículo 45 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es aplicable al procedimiento ante el Tribunal General en virtud del artículo 53 del citado Estatuto.
58
El Tribunal de Justicia ha declarado que los conceptos de «fuerza mayor» y de «caso fortuito» constan de un elemento objetivo, relativo a las circunstancias anormales y ajenas a la parte demandante, y de un elemento subjetivo, relativo a la obligación de esta de tomar precauciones contra las consecuencias del acontecimiento anormal, adoptando medidas adecuadas, sin aceptar sacrificios excesivos. En particular, la parte demandante debe vigilar cuidadosamente el desarrollo del procedimiento iniciado y, en especial, acreditar haber actuado con diligencia a fin de respetar los plazos previstos (sentencia de 15 de diciembre de 1994, Bayer/Comisión, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, apartado 32).
59
Los conceptos de «caso fortuito» y de «fuerza mayor» no se aplican a una situación en la que una persona diligente y perspicaz habría estado objetivamente en condiciones de evitar la expiración de un plazo para la interposición del recurso (véase el auto de 11 de junio de 2020, GMPO/Comisión, C‑575/19 P, no publicado, EU:C:2020:448, apartado 34 y jurisprudencia citada).
60
Por último, procede recordar que, según el artículo 45, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, corresponde al interesado que invoque un caso fortuito o de fuerza mayor demostrar su existencia.
61
En el presente asunto, hay que señalar que las circunstancias invocadas por la demandante se refieren al hecho de que solo extemporáneamente tuvo conocimiento de las modificaciones del Reglamento de Procedimiento, debido, por una parte, a su publicación durante el período de vacaciones judiciales y, por otra parte, a una presentación ambigua en el sitio de Internet EUR-Lex del Reglamento de Procedimiento que, a su juicio, no mostraba con claridad esas modificaciones.
62
No obstante, como indica acertadamente el Consejo, hay que declarar que las modificaciones del Reglamento de Procedimiento fueron publicadas en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2024 con una fecha de entrada en vigor indicada para el 1 de septiembre de 2024. Por otro lado, fueron objeto de un comunicado de prensa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 30 de agosto de 2024 y a partir del 1 de septiembre de 2024 estaba disponible en su sitio de Internet una versión consolidada del Reglamento de Procedimiento, al tiempo que en el escrito de 18 de septiembre de 2024, mediante el que la Secretaría convocó a las partes a la vista, figuraba un enlace a esa versión consolidada del Reglamento de Procedimiento.
63
Un acto que emana de una institución de la Unión es oponible a las personas físicas y jurídicas cuando estas han tenido la posibilidad de conocerlo mediante su debida publicación en el Diario Oficial (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2007, Skoma-Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, apartado 37 y jurisprudencia citada). En efecto, tras esa publicación, se presume el conocimiento del contenido del Diario Oficial.
64
En consecuencia, la demandante no ha demostrado la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor que permita establecer una excepción al plazo en cuestión sobre la base del artículo 45, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
65
De lo anterior resulta que hay que denegar por infundada la solicitud de la demandante formulada sobre la base del artículo 45 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sobre el fondo
66
En apoyo de su recurso, la demandante invoca, en esencia, cinco motivos, basados en una excepción de ilegalidad del artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, y del artículo 3, apartado 1, in fine, del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, en la vulneración del derecho a ser oído, en un error de apreciación, en la violación del principio de proporcionalidad y en el incumplimiento de la obligación de motivación.
Sobre la excepción de ilegalidad del criterio de asociación
67
La demandante plantea, sobre la base del artículo 277 TFUE, una excepción de ilegalidad del artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, y del artículo 3, apartado 1, in fine, del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, referida a las personas asociadas a una persona sujeta a medidas restrictivas en virtud del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, y del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330 (en lo sucesivo, «criterio de asociación»).
68
La demandante alega que el criterio de asociación no se adecua a los objetivos del artículo 21 TUE ni del artículo 215 TFUE por cuanto permite al Consejo incluir en las listas controvertidas los nombres de personas que no tienen ningún vínculo con el régimen objeto de las medidas restrictivas en cuestión. Aduce la violación del principio de seguridad jurídica. Más concretamente, la demandante refuta la definición amplia del criterio de asociación que, en su opinión, confiere al Consejo una facultad de apreciación ilimitada y arbitraria y le permite incluir en las listas controvertidas a cualquier persona.
69
En la réplica, la demandante alega que la arbitrariedad de la inclusión de su nombre deriva, por una parte, de que solo existe otra entidad cuyo nombre esté incluido en las listas controvertidas como entidad asociada a otra entidad y, por otra parte, de que, en el supuesto de que siguiera controlada por Sberbank, como arguye el Consejo, no sería necesaria la inclusión de su nombre en las listas controvertidas.
70
La demandante sostiene asimismo que Sberbank ya no la controla.
71
El Consejo, apoyado por la Comisión, rebate las alegaciones de la demandante.
72
Según el artículo 277 TFUE, cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione un acto de alcance general adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando la inaplicabilidad de dicho acto por los motivos previstos en el párrafo segundo del artículo 263 TFUE.
73
El artículo 277 TFUE constituye la expresión de un principio general que garantiza a cualquiera de las partes, para obtener la anulación de un acto contra el que pueda interponer un recurso, el derecho a impugnar por vía incidental la validez de los actos institucionales anteriores que constituyen la base jurídica del acto recurrido, si la parte en cuestión no estaba legitimada para interponer, al amparo del artículo 263 TFUE, un recurso directo contra dichos actos, cuyas consecuencias sufriría de este modo sin haber tenido la posibilidad de solicitar su anulación. El acto general cuya ilegalidad se invoca debe ser aplicable, directa o indirectamente, al caso objeto del recurso y debe existir un vínculo jurídico directo entre la decisión individual impugnada y el acto general de que se trate (véase la sentencia de 17 de febrero de 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo, T‑14/14 y T‑87/14, EU:T:2017:102, apartado 55 y jurisprudencia citada).
74
Según jurisprudencia reiterada, con arreglo a las competencias que les confiere el Tratado FUE, los tribunales de la Unión deben garantizar un control, en principio completo, de la legalidad de todos los actos de la Unión desde el punto de vista de los derechos fundamentales que forman parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión, lo que incluye, en particular, el derecho de defensa y el derecho a una tutela judicial efectiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C‑402/05 P y C‑415/05 P, EU:C:2008:461, apartado 326, y de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartados 97 y 98).
75
No obstante, el Consejo dispone de un amplio margen de apreciación para definir de manera general y abstracta los criterios jurídicos y las modalidades de adopción de las medidas restrictivas (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, apartado 41 y jurisprudencia citada). Por consiguiente, las normas de alcance general que definen dichos criterios y modalidades, como las disposiciones de los actos que establecen los criterios de inclusión y de mantenimiento controvertidos a que se refiere el presente motivo, son objeto de un control jurisdiccional restringido, que se limita a comprobar la observancia de las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error de Derecho, de error manifiesto en la apreciación de los hechos y de desviación de poder (véase la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 35 y jurisprudencia citada).
76
Según la demandante, el criterio de asociación no se adecua al artículo 21 TUE ni al artículo 215 TFUE y viola el principio de seguridad jurídica.
77
En primer lugar, el principio de seguridad jurídica implica que la legislación de la Unión debe ser clara y precisa y su aplicación previsible para los justiciables (véase la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 42 y jurisprudencia citada).
78
A este respecto, se ha declarado que el criterio de asociación limita la facultad de apreciación del Consejo, al establecer criterios objetivos que garantizan el grado de previsibilidad exigido por el Derecho de la Unión y el respeto del principio de seguridad jurídica (sentencia de 6 de septiembre de 2023, Pumpyanskiy/Consejo, T‑291/22, no publicada, EU:T:2023:499, apartado 126).
79
En segundo lugar, procede señalar que la demandante formula un motivo basado en la infracción del artículo 215 TFUE, al estimar que no existe un vínculo suficiente entre las personas sujetas a medidas restrictivas y el país tercero de que se trata y se basa, en particular, en la sentencia de13 de marzo de 2012, Tay Za/Consejo (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), apartados 64 y 68. No obstante, hay que indicar que la jurisprudencia citada por la demandante no versa sobre el artículo 215 TFUE, sino sobre los artículos 60 CE y 301 CE.
80
Pues bien, de la jurisprudencia se desprende que, como consecuencia de las modificaciones que han tenido lugar en el Derecho primario tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, el contenido del artículo 60 CE, relativo a las medidas restrictivas por lo que se refiere al movimiento de capitales y a los pagos, y del artículo 301 CE, sobre la interrupción o la reducción, total o parcial, de las relaciones económicas con uno o varios Estados terceros, está ahora recogido en el artículo 215 TFUE. El artículo 215 TFUE, apartado 2, permite al Consejo adoptar medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales, es decir, medidas para cuya adopción, antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, era necesario incluir también el artículo 308 CE como base jurídica cuando sus destinatarios carecían de cualquier vínculo con el régimen gobernante de un Estado tercero (sentencia de 19 de julio de 2012, Parlamento/Consejo, C‑130/10, EU:C:2012:472, apartados 51 y 53).
81
De ello se deduce que se ha de desestimar la alegación de la demandante basada en la infracción del artículo 215 TFUE.
82
En tercer lugar, se debe señalar que el criterio de asociación no exige que la persona a la que alude ese criterio presente un vínculo directo con la situación en Ucrania (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2024, Ezubov/Consejo, T‑741/22, no publicada, EU:T:2024:605, apartado 120).
83
La posibilidad de imponer medidas restrictivas en esa situación se explica por el riesgo no desdeñable de que una persona sujeta a medidas restrictivas explote, para eludir tales medidas, el vínculo que mantiene con las personas a las que está asociada para ejercer presión sobre ellas (véase la sentencia de 11 de septiembre de 2024, Ezubov/Consejo, T‑741/22, no publicada, EU:T:2024:605, apartado 121 y jurisprudencia citada).
84
En consecuencia, este criterio contribuye a garantizar la eficacia de las medidas restrictivas y, por tanto, a ejercer presión sobre las autoridades rusas para que pongan fin a sus acciones y políticas desestabilizadoras de Ucrania y a la agresión militar a este país.
85
De ello resulta que el criterio de asociación y las medidas restrictivas adoptadas con arreglo a este criterio se adecúan al objetivo contemplado en el artículo 21 TUE, apartado 2, letra c), de mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, conforme a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco (Estados Unidos) el 26 de junio de 1945 (véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 46).
86
Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de la demandante de que no existe relación alguna entre la situación en Ucrania y el papel de las personas físicas sujetas a las medidas restrictivas de que se trata.
87
Por otro lado, hay que desestimar el argumento de la demandante de que la inclusión de su nombre en las listas controvertidas es arbitraria dado que solo existe otra entidad sujeta a las medidas restrictivas de que se trata con arreglo al criterio de asociación. En efecto, tal argumento se refiere a la aplicación del criterio de asociación y no a su definición.
88
Además, la alegación de la demandante de que Sberbank ya no la controla versa sobre el fundamento de los motivos de inclusión y no sobre la legalidad del criterio que constituye la base jurídica de la inclusión de su nombre en las listas controvertidas.
89
De ello se deduce que procede desestimar la excepción de ilegalidad planteada por la demandante.
Sobre el motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
90
La demandante alega que el Consejo no expuso razones suficientes o adecuadas para incluir su nombre en las listas controvertidas, infringiendo el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
91
En primer término, la demandante sostiene que el contexto de los actos impugnados no le permitía entender el alcance de la medida adoptada en su contra. Según ella, no podía prever que el Consejo afirmara que estaba «controlada por Sberbank», cuando Sberbank la había vendido a un nuevo propietario.
92
En segundo término, la demandante sostiene que no se ha concretado la afirmación de que sigue estando bajo el control efectivo de Sberbank, con independencia de que sea falsa, a pesar de que el Consejo tenía la posibilidad material de incluir una motivación más precisa.
93
En tercer término, en la réplica, la demandante añade que el resumen de motivos no le permite entender la fundamentación exacta de la inclusión y del mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas. Estima que, puesto que el contexto que se deriva del considerando 3 de la Decisión 2022/2477 se basa en los ataques con misiles y drones de la Federación de Rusia contra civiles ucranianos, el Consejo no aporta ninguna explicación razonable que demuestre en qué modo se encontraba en la misma situación que las «personas responsables» de esos ataques.
94
El Consejo, apoyado por la Comisión, rebate las alegaciones de la demandante.
95
Procede recordar que la motivación exigida por el artículo 296 TFUE debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de las medidas adoptadas para apreciar su procedencia y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (sentencia de 15 de noviembre de 2012, Consejo/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, apartado 50; véase también la sentencia de 22 de abril de 2021, Consejo/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, apartado 47 y jurisprudencia citada).
96
La motivación exigida por el artículo 296 TFUE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y al contexto en el cual este se adopte. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido de ese acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. En concreto, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes ni que responda minuciosamente a las apreciaciones formuladas por el interesado en su consulta antes de que se adopte dicho acto, en la medida en que el carácter suficiente de la motivación debe apreciarse en relación no solo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. Por tanto, un acto lesivo está suficientemente motivado cuando tiene lugar en un contexto conocido por el interesado que le permite comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él (sentencia de 15 de noviembre de 2012, Consejo/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, apartados 53 y 54; véase asimismo la sentencia de 22 de abril de 2021, Consejo/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, apartado 48 y jurisprudencia citada).
97
Además, la jurisprudencia ha precisado que la motivación de un acto del Consejo que impone una medida restrictiva no solamente debe identificar la base jurídica de dicha medida, sino también las razones específicas y concretas por las que el Consejo considera, en el ejercicio de su facultad discrecional de apreciación, que el interesado tiene que ser objeto de tal medida (véase la sentencia de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartado 105 y jurisprudencia citada).
98
Procede recordar asimismo que la obligación de motivación prevista en el artículo 296 TFUE constituye un requisito sustancial de forma que debe distinguirse de la cuestión de si la motivación está fundada, que pertenece al ámbito de la legalidad material del acto controvertido (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, apartado 67). En efecto, la motivación de una decisión consiste en expresar formalmente los fundamentos en los que se basa. Si tales fundamentos adolecen de errores, estos afectan a la legalidad material de la decisión, pero no a su motivación, que puede ser suficiente, aunque exprese una fundamentación equivocada (sentencia de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, apartado 181).
99
En este caso, es preciso observar, en primer término, que el contexto general que llevó al Consejo a adoptar las medidas restrictivas en cuestión consta claramente en los considerandos de los actos impugnados, que mencionan, en particular, la agresión militar no provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania. Asimismo, se indican claramente las bases jurídicas en virtud de las cuales se adoptaron esos actos, en concreto el artículo 29 TUE y el artículo 215 TFUE.
100
En segundo término, los fundamentos de los actos impugnados frente a la demandante son los expuestos en el anterior apartado 10. Contrariamente a lo que alega la demandante, procede señalar que, habida cuenta de su tenor literal, los fundamentos son suficientemente claros y precisos para permitirle entender las razones por las que su nombre fue incluido y, posteriormente, mantenido en las listas controvertidas. En particular, de esa motivación resulta que, en los actos iniciales y en los actos de mantenimiento de marzo de 2023, de septiembre de 2023 y de marzo de 2024, el Consejo incluyó y mantuvo el nombre de la demandante en las listas controvertidas en virtud del criterio de asociación.
101
En efecto, de la motivación se desprende con claridad que el nombre de la demandante es incluido en las listas controvertidas debido a que «está asociada a Sberbank», en la medida en que Sberbank conserva el control efectivo de ella, a pesar de la supuesta transferencia de sus acciones a un hombre de negocios en los Emiratos Árabes Unidos. Al utilizar la expresión «supuesta transferencia», los fundamentos ponen claramente de manifiesto que el Consejo cuestiona la venta de la demandante a un hombre de negocios emiratí.
102
En tercer término, hay que desestimar la argumentación de la demandante de que el Consejo no concretó suficientemente de qué modo sigue estando bajo el control de Sberbank, lo que considera erróneo. En efecto, en la medida en que tal argumentación se refiere a la fundamentación de las alegaciones contenidas en los motivos de inclusión en las listas controvertidas, alude, en realidad, a un error de apreciación y no a un incumplimiento de la obligación de motivación y será examinada en el tercer motivo.
103
En cuarto término, también debe desestimarse el argumento de la demandante, formulado en la réplica, de que el Consejo no aporta ninguna explicación razonable que indique en qué modo se encontraba en la misma situación que las «personas responsables» de los ataques con drones en Ucrania. En efecto, si bien el considerando 3 de los actos iniciales hace referencia a los ataques con misiles y drones que la Federación de Rusia ha lanzado contra civiles e infraestructuras y bienes de carácter civil en Ucrania, es preciso declarar que este considerando describe el contexto general en el que se enmarcan los actos iniciales, al igual que el considerando 4 de esos mismos actos, que hace referencia a la gravedad de la situación en Ucrania. Pues bien, contrariamente a lo que afirma la demandante, los actos iniciales no pretenden colocarla en la misma situación que las personas responsables de tales ataques.
104
Por consiguiente, de la motivación de los actos impugnados resulta que las razones específicas y concretas que llevaron al Consejo a incluir y, posteriormente, a mantener el nombre de la demandante en las listas controvertidas se indican con suficiente claridad como para permitirle entenderlas y al Tribunal General ejercer su control a este respecto.
105
De las consideraciones anteriores resulta que debe desestimarse el motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.
Sobre el motivo basado en la vulneración del derecho a ser oído
106
En la demanda, la demandante alega la infracción del artículo 41 de la Carta y, en particular, la vulneración del derecho a ser oído. En su opinión, el Consejo debería haberla consultado antes de adoptar los actos iniciales, ya que no era necesario crear un efecto sorpresa. A este respecto, en primer lugar, sostiene que los instrumentos financieros de Fortenova Group en su poder seguirían siendo activos situados en la Unión aunque cambiasen de propietario, por lo que no existía ningún riesgo de traslado de estos fuera de la Unión y del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330.
107
En segundo lugar, la demandante alega que Fortenova Group ya había inmovilizado los instrumentos financieros cuando estaba en poder de Sberbank. Así pues, según la demandante, haberle dado la oportunidad de presentar sus observaciones antes de que su nombre fuera incluido inicialmente en las listas controvertidas no habría sido perjudicial ni habría conllevado ninguna fuga de activos de la Unión.
108
En su escrito de adaptación relativo a los actos de mantenimiento de septiembre de 2023, la demandante sostiene que la decisión de mantener el nombre de una persona en las listas controvertidas debe ir precedida de una comunicación de las pruebas de cargo y de la posibilidad de ser oída que ha de brindarse a la persona afectada. Pues bien, aduce que el Consejo no se puso en contacto con ella antes de que se mantuviera su nombre en las listas controvertidas.
109
Lo mismo puede decirse de los actos de mantenimiento de marzo de 2024, que, en su opinión, el Consejo adoptó incumpliendo su obligación de revisión periódica.
110
El Consejo, apoyado por la Comisión, rebate las alegaciones de la demandante.
111
Procede recordar que el derecho a ser oído en todo procedimiento, consagrado en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, que forma parte del respeto del derecho de defensa, garantiza a cualquier persona la posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses (véase la sentencia de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartado 75 y jurisprudencia citada).
112
En un procedimiento relativo a la adopción de la decisión de incluir el nombre de una persona en una lista que figura en un anexo de un acto por el que se establecen medidas restrictivas, el respeto del derecho de defensa exige que la autoridad competente de la Unión comunique a la persona afectada los motivos y las pruebas de cargo en los que proyecta fundamentar su decisión. Al proceder a dicha comunicación, la autoridad competente de la Unión debe permitir que esa persona dé a conocer oportunamente su punto de vista sobre los motivos invocados en su contra (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartados 111 y 112).
113
El artículo 52, apartado 1, de la Carta admite, sin embargo, limitaciones al ejercicio de los derechos que esta consagra, siempre que tales limitaciones respeten el contenido esencial del derecho fundamental de que se trate y que, ateniéndose al principio de proporcionalidad, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión (véase la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 101 y jurisprudencia citada).
114
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado en diversas ocasiones que el derecho de defensa puede estar sujeto a limitaciones o excepciones, en particular, en el ámbito de las medidas restrictivas adoptadas en el contexto de la política exterior y de seguridad común (PESC) (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, apartado 67 y jurisprudencia citada).
115
Además, la existencia de una violación del derecho de defensa debe apreciarse en función de las circunstancias específicas de cada asunto y, en particular, de la naturaleza del acto de que se trate, del contexto en que se adoptó y de las normas jurídicas que regulan la materia correspondiente (véase la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 102 y jurisprudencia citada).
116
Ha de recordarse también que el juez de la Unión distingue entre, por una parte, la decisión inicial de inclusión del nombre de una persona en las listas controvertidas y, por otra, el mantenimiento del nombre de esa persona en dichas listas (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2015, Al-Chihabi/Consejo, T‑593/11, EU:T:2015:249, apartado 40).
117
Procede analizar las alegaciones de la demandante a la luz de estos principios jurisprudenciales.
– Sobre los actos iniciales
118
En materia de medidas restrictivas procede recordar que, en el caso de una decisión inicial, el Consejo no está obligado a comunicar previamente a la persona o entidad afectada los motivos que le llevan a incluir el nombre de dicha persona o entidad en las listas controvertidas. En efecto, por su propia naturaleza, y para no perder eficacia, tal medida debe disfrutar de un efecto sorpresa y aplicarse de inmediato. En tal caso, es suficiente, en principio, que la institución comunique los motivos a la persona o entidad afectada y le permita ejercer su derecho a ser oída al mismo tiempo que adopta dicha decisión o inmediatamente después (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, apartado 61, y de 14 de octubre de 2009, Bank Melli Iran/Consejo, T‑390/08, EU:T:2009:401, apartados 92 y 93).
119
Es preciso subrayar, además, que ni las disposiciones pertinentes de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, y del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, ni el principio general de respeto del derecho de defensa otorgan a los interesados el derecho a una audiencia formal, dado que la posibilidad de presentar sus observaciones por escrito es suficiente (véase, por analogía, la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 97 y jurisprudencia citada).
120
En el caso de autos, procede señalar que el nombre de la demandante fue incluido por primera vez en las listas controvertidas mediante los actos iniciales. Como se desprende del anterior apartado 11, la comunicación de los motivos de la inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas fue objeto de un anuncio publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 2022.
121
Con arreglo a la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 118, el Consejo no estaba obligado, en las circunstancias del caso de autos, a recabar las observaciones de la demandante antes de adoptar los actos iniciales.
122
Esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones de la demandante de que el efecto sorpresa no era necesario, habida cuenta de que sus fondos ya estaban inmovilizados.
123
En efecto, en el caso de autos, aunque los fondos de la demandante en Fortenova Group ya hubiesen sido inmovilizados antes de la inclusión de su nombre en las listas controvertidas a raíz de la inclusión del nombre de Sberbank, también hay que tener en cuenta que una de las consecuencias de la transacción en cuestión era precisamente liberar los fondos de la demandante. En efecto, en la vista, la demandante reconoció que los fondos que tenía en Fortenova Group deberían haber sido liberados a raíz de la transacción de 31 de octubre de 2022 mediante la que Sberbank la había vendido a un inversor emiratí. Así lo confirma también el correo electrónico enviado por el inversor emiratí a Fortenova Group, fechado el 20 de noviembre de 2022, incluido en el primer expediente WK en la parte «Pruebas adicionales», en el que se precisaba que, en esa fecha, la demandante ya no estaba controlada por una entidad sujeta a medidas restrictivas y solicitaba, en esencia, poder participar y hacer uso de sus derechos de voto en futuras reuniones de Fortenova Group. Así pues, aunque el propio Consejo no hubiese reconocido esa venta, no podía tener la certeza de que sucedería lo mismo con todos los operadores económicos que debían aplicar la inmovilización de fondos de que se trata. Habida cuenta del riesgo de que se liberaran los fondos, el Consejo consideró acertadamente que, en el caso de autos, era necesario un efecto sorpresa para garantizar la eficacia de las medidas restrictivas.
124
De lo anterior se desprende que el Consejo no vulneró el derecho de la demandante a ser oída con la adopción de los actos iniciales.
– Sobre los actos de mantenimiento de septiembre de 2023
125
En caso de una decisión que mantiene las medidas restrictivas contra una persona a la que ya se le aplican, el Consejo está obligado a comunicar a esa persona los datos de que dispone para fundamentar su decisión y debe permitirle dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre los motivos invocados en su contra antes de la adopción de esa decisión. El cumplimiento de esta doble obligación de procedimiento debe preceder a la adopción de dicha decisión (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, apartado 62 y jurisprudencia citada, y de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartados 111 a 113 y jurisprudencia citada).
126
No obstante, ha de señalarse que el derecho de las personas ya afectadas por medidas restrictivas a ser oídas previamente a la adopción de actos por los que se mantienen dichas medidas se impone cuando el Consejo se haya basado en nuevas pruebas de cargo contra ellas, pero no cuando se mantenga esa inclusión basándose en los mismos fundamentos que justificaron la adopción del acto inicial que impuso las medidas restrictivas en cuestión (sentencias de 28 de julio de 2016, Tomana y otros/Consejo y Comisión, C‑330/15 P, no publicada, EU:C:2016:601, apartado 67, y de 7 de junio de 2023, Shakutin/Consejo, T‑141/21, no publicada, EU:T:2023:303, apartado 74).
127
Cuando el mantenimiento del nombre de la persona o entidad afectada en una lista de personas o entidades sujetas a medidas restrictivas se basa en los mismos fundamentos que justificaron la adopción del acto inicial, sin que se hayan utilizado nuevas pruebas de cargo en su contra, el Consejo no está obligado, para respetar su derecho a ser oído, a comunicarle de nuevo las pruebas de cargo (sentencia de 22 de junio de 2022, Haswani/Consejo, T‑479/21, no publicada, EU:T:2022:383, apartado 85; véase también, en este sentido, la sentencia de 7 de abril de 2016, Central Bank of Iran/Consejo, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, apartados 32 y 33).
128
En el caso de autos, el Consejo informó a la demandante, mediante escrito de 15 de septiembre de 2023, del mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas. A este respecto, al no haber variado la motivación de los actos de mantenimiento de septiembre de 2023 por lo que respecta a la demandante y al no haber presentado el Consejo nuevas pruebas de cargo para completar la base documental en la que se fundamentaba el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas, no estaba obligado, por iniciativa propia y sin petición de la demandante en este sentido, a comunicarle de nuevo las pruebas de cargo y a darle la oportunidad de presentar observaciones.
129
En consecuencia, se debe desestimar el segundo motivo por lo que respecta a los actos de mantenimiento de septiembre de 2023.
– Sobre los actos de mantenimiento de marzo de 2024
130
Como se desprende del apartado 21 anterior, en los actos de mantenimiento de marzo de 2024 permaneció el nombre de la demandante en las listas controvertidas en virtud de unos fundamentos que no habían variado. Además, hay que señalar que, para adoptar estos actos, el Consejo no se basó en ninguna nueva prueba de cargo. Por tanto, de conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 125 a 127 anteriores, el Consejo no estaba obligado, para respetar el derecho a ser oída de la demandante, a comunicarle de nuevo las mismas pruebas de cargo contra ella ni a oírla previamente a la adopción de los actos de mantenimiento de marzo de 2024.
131
Además, contrariamente a lo que sostiene la demandante, el hecho de que el Consejo no la hubiese oído previamente al mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas, de conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 125 a 127 anteriores, no constituye un incumplimiento de la obligación de revisión del Consejo.
132
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el motivo basado en la vulneración del derecho a ser oído.
Sobre el motivo basado en un error de apreciación
– Consideraciones preliminares
133
Con carácter preliminar, si bien es cierto que el Consejo dispone de cierta facultad de apreciación para determinar en cada caso si se cumplen los criterios jurídicos en los que se basan las medidas restrictivas de que se trate, no es menos cierto que los tribunales de la Unión deben garantizar un control, en principio completo, de la legalidad de todos los actos de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de julio de 2014, National Iranian Tanker Company/Consejo, T‑565/12, EU:T:2014:608, apartados 54 y 55, y de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartado 61 y jurisprudencia citada).
134
Por otro lado, procede subrayar que la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta exige, en particular, que el juez de la Unión se asegure de que la decisión mediante la que se adoptaron o mantuvieron las medidas restrictivas, que constituye un acto de alcance individual para la persona o entidad afectada, dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica verificar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa dicha decisión, de modo que el control jurisdiccional no quede limitado a una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados, sino que examine la cuestión de si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para fundamentar tal decisión, están o no respaldados por hechos (sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 119, y de 5 de noviembre de 2014, Mayaleh/Consejo, T‑307/12 y T‑408/13, EU:T:2014:926, apartado 128).
135
Tal apreciación ha de efectuarse examinando los elementos de prueba y de información, no de forma aislada, sino atendiendo al contexto en el que se insertan. En efecto, el Consejo cumple la carga de la prueba que le corresponde si pone de manifiesto ante el juez de la Unión un conjunto de indicios suficientemente precisos, concretos y concordantes que permitan acreditar un vínculo suficiente entre la entidad sometida a una medida de congelación de sus fondos y el régimen o, en general, las situaciones que se pretende combatir (véase la sentencia de 20 de julio de 2017, Badica y Kardiam/Consejo, T‑619/15, EU:T:2017:532, apartado 99 y jurisprudencia citada).
136
Efectivamente, es la autoridad competente de la Unión quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos admitidos contra la persona afectada son fundados y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de la carencia de fundamento de tales motivos. Es preciso que los datos o pruebas presentados respalden los motivos invocados contra la persona afectada (sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartados 121 y 122, y de 3 de julio de 2014, National Iranian Tanker Company/Consejo, T‑565/12, EU:T:2014:608, apartado 57).
137
A este respecto, procede subrayar que hay que tener en cuenta el contexto de las medidas de que se trate y que se debe adaptar el grado de prueba exigible al Consejo debido a la dificultad que supone acceder a pruebas y datos objetivos (véase la sentencia de 1 de junio de 2022, Prigozhin/Consejo, T‑723/20, no publicada, EU:T:2022:317, apartado 102 y jurisprudencia citada).
138
Es preciso señalar también que la actuación del juez de la Unión se rige por el principio de libre apreciación de la prueba y el único criterio de apreciación del valor de las pruebas aportadas reside en su credibilidad. A este respecto, para apreciar el valor probatorio de un documento es necesario comprobar la verosimilitud de la información que en él se contiene teniendo en cuenta, en especial, el origen del documento y las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (véase la sentencia de 31 de mayo de 2018, Kaddour/Consejo, T‑461/16, EU:T:2018:316, apartado 107 y jurisprudencia citada).
139
Además, se debe recordar que las medidas restrictivas tienen carácter cautelar y, por definición, provisional, y que su validez se supedita siempre a que se mantengan las circunstancias de hecho y de Derecho que justificaron su adopción, así como a la necesidad de su mantenimiento para la consecución del objetivo al que se asocian. Así pues, al revisar periódicamente esas medidas restrictivas, incumbe al Consejo llevar a cabo una apreciación actualizada de la situación y hacer un balance de los efectos de esas medidas, con miras a determinar si han permitido alcanzar los objetivos perseguidos con la inclusión inicial de los nombres de las personas y entidades afectadas en las listas controvertidas o si todavía es posible llegar a la misma conclusión en relación con esas personas y entidades (sentencia de 12 de febrero de 2020, Amisi Kumba/Consejo, T‑163/18, EU:T:2020:57, apartados 58 y 59).
140
Procede recordar, por último, que, según reiterada jurisprudencia, la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto (véanse las sentencias de 3 de septiembre de 2015, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, apartado 22 y jurisprudencia citada, y de 4 de septiembre de 2015, NIOC y otros/Consejo, T‑577/12, no publicada, EU:T:2015:596, apartado 112 y jurisprudencia citada).
141
Se debe comprobar a la luz de estas consideraciones si el Consejo incurrió en errores de apreciación al decidir incluir y, después, mantener el nombre de la demandante en las listas controvertidas.
142
En el caso de autos, es preciso señalar que, para justificar la inclusión y, posteriormente, el mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas, el Consejo se basó en las pruebas que figuran, respectivamente, en el primer expediente WK y en los expedientes segundo y tercero WK.
143
El primer expediente WK incluye las siguientes pruebas:
–
una sentencia del rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos) de 6 de septiembre de 2022 (documento n.o 1);
–
un documento procedente de Kroll Issuer Services Ltd de 5 de abril de 2022 (documento n.o 2);
–
una captura de pantalla del sitio de Internet de Fortenova Group (documento n.o 3);
–
un extracto del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas de 14 de septiembre de 2022 (documento n.o 4);
–
un extracto del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas de 3 de noviembre de 2022 (documento n.o 5);
–
un artículo de la agencia de prensa Reuters de 3 de noviembre de 2022 (documento n.o 6);
–
un artículo de prensa de Euractiv de 8 de noviembre de 2022 (documento n.o 7);
–
un artículo de prensa de Bloomberg News de 21 de noviembre de 2022 (documento n.o 8);
–
un comunicado de prensa del sitio de Internet de Fortenova Group de 12 de marzo de 2021 (documento n.o 9);
–
una captura de pantalla del sitio de Internet de Fortenova Group (documento n.o 10);
–
una captura de pantalla del sitio de Internet de GFC Media Group (documento n.o 11);
–
un artículo del periódico Večernji list de 8 de noviembre de 2022 (documento n.o 12).
144
El primer expediente WK también contiene varios documentos agrupados bajo el título «Pruebas adicionales», que incluye los siguientes documentos:
–
escritos presentados en un litigio entre un inversor emiratí en particular y Fortenova Group ante el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) y sus anexos, concretamente un escrito del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos croata fechado el 25 de noviembre de 2022, un extracto del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas relativo a la demandante de 31 de octubre de 2022, una prueba del pago efectuado el 31 de octubre de 2022 a favor de Sberbank por el fondo especializado utilizado por el inversor emiratí, un extracto del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas relativo a dicho fondo especializado fechado el 22 de noviembre de 2022, una declaración del inversor emiratí de 22 de noviembre de 2022, un escrito de Fortenova Group dirigido a la demandante el 22 de noviembre de 2022 y un informe anual de 2021 de Fortenova Group TopCo;
–
un correo electrónico fechado el 20 de noviembre de 2022 que el inversor emiratí envió a Fortenova Group STAK;
–
el memorando de un despacho de abogados de 14 de diciembre de 2022 dirigido a Fortenova Group y sus anexos, entre ellos el contrato de cesión de la demandante celebrado entre, por una parte, SBC Aktiv y SBK Uranium y, por otra parte, el inversor emiratí, el contrato de préstamo entre el inversor emiratí y el fondo especializado utilizado para cerrar la transacción, extractos del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas relativos a la demandante de 31 de octubre de 2022 y de 15 de noviembre de 2022, el acuerdo de cesión del derecho de crédito fechado el 31 de octubre de 2022 entre Sberbank y el inversor emiratí, una prueba del pago efectuado el 31 de octubre de 2022 a favor de Sberbank por el fondo especializado utilizado por el inversor emiratí, extractos del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas relativos a ese fondo especializado de 8 y 24 de noviembre de 2022 y una notificación de la ejecución de la obligación a cargo de un tercero enviada por el inversor emiratí a Sberbank.
145
El segundo expediente WK solo contiene una sentencia del Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam, Países Bajos) de 29 de diciembre de 2022.
146
El tercer expediente WK solo contiene el resumen de una prueba clasificada que tiene el siguiente tenor: «Prueba basada en los registros mercantiles oficiales que confirma que SBK Art LLC es una filial controlada por el Gobierno de la Federación de Rusia».
– Sobre la fiabilidad de las pruebas aportadas por el Consejo
147
La demandante cuestiona la fiabilidad de las pruebas que figuran en el primer expediente WK en las que se basó el Consejo para incluir su nombre en las listas controvertidas, ya que considera que proceden de fuentes no fiables, concretamente artículos de prensa y blogs de escasa calidad publicados en Internet. En particular, la demandante sostiene que los artículos de medios de comunicación incluidos en el primer expediente WK se limitan a reproducir declaraciones oficiales del director ejecutivo de Fortenova Croacia. Además, la demandante cuestiona el valor probatorio del documento procedente de un despacho de abogados, al que imputa que no informa acerca de su autor y que fue redactado en interés de Fortenova Group.
148
El Consejo rebate los argumentos de la demandante. Alega que no se limitó a artículos de prensa, sino que también recabó pruebas procedentes de documentos oficiales y de procedimientos judiciales ante los tribunales neerlandeses.
149
Procede recordar que, al carecer de competencias de investigación en los países terceros, la apreciación de las autoridades de la Unión debe basarse, por ello, en fuentes de información accesibles al público, informes, artículos de prensa, informes de los servicios secretos u otras fuentes de información similares. Pues bien, según la jurisprudencia, los artículos de prensa pueden utilizarse para corroborar la existencia de ciertos hechos si son suficientemente concretos, precisos y concordantes en lo que concierne a los hechos descritos en ellos. A este respecto, resultaría excesivo y desproporcionado exigir al Consejo que lleve a cabo él mismo investigaciones sobre el terreno sobre la veracidad de hechos de los que informan numerosos medios de comunicación (véase la sentencia de 1 de junio de 2022, Prigozhin/Consejo, T‑723/20, no publicada, EU:T:2022:317, apartado 59 y jurisprudencia citada).
150
Con carácter preliminar, hay que observar que la demandante cuestiona la fiabilidad de las pruebas que solo figuran en el primer expediente WK.
151
Procede comenzar rechazando la afirmación de la demandante de que, para incluir su nombre en las listas controvertidas, el Consejo únicamente se basa en artículos de prensa y en blogs de escasa calidad. En efecto, es preciso indicar que los artículos de prensa proceden de fuentes de información digitales de orígenes variados, como Reuters (documento n.o 6), Euractiv (documento n.o 7) o Bloomberg News (documento n.o 8). En cuanto a la fiabilidad de las pruebas aportadas por el Consejo, se debe recordar que, como se ha puesto de relieve en el apartado 149 anterior, al carecer de competencias de investigación en países terceros, la apreciación de las autoridades de la Unión debe basarse, por ello, en fuentes de información accesibles al público, informes, artículos de prensa u otras fuentes de información similares. La demandante tampoco aporta ningún otro dato que pueda poner en entredicho la fiabilidad de dichas pruebas.
152
A continuación, la demandante alega que los artículos de prensa se limitan a reproducir declaraciones de un representante de Fortenova Group. A este respecto, en cuanto al documento n.o 6 del primer expediente WK, que es un artículo de Reuters, y al documento n.o 7, que es un artículo de Euractiv, hay que señalar que no mencionan declaraciones de representantes de Fortenova Group. Por lo que se refiere al documento n.o 8, que es un artículo de Bloomberg News, se debe indicar que esa publicación cita efectivamente las declaraciones de un representante de Fortenova Group y también reproduce las de un representante de Sberbank. No obstante, el mero hecho de que un artículo de prensa cite las declaraciones del representante de una sociedad no puede poner como tal en entredicho el valor probatorio de esa prueba, que también incluye más información. Además, hay que indicar que la demandante no ha aportado ningún dato que demuestre el carácter erróneo de las declaraciones y de la información contenida en dichos documentos.
153
A la luz de todo lo anterior y al no haber aportado la demandante datos que puedan poner en entredicho la fiabilidad de las fuentes utilizadas por el Consejo, hay que reconocerles un carácter razonable y fidedigno, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 138 de la presente sentencia.
154
Por último, en cuanto al documento procedente de un despacho de abogados que forma parte de los documentos añadidos por el Consejo en la parte «Pruebas adicionales» del primer expediente WK, procede declarar, como hace el Consejo, que este dictamen jurídico elaborado a petición de Fortenova Group tiene escaso valor probatorio.
– Sobre la aplicación a la demandante del criterio de asociación
155
La demandante alega, en esencia, que el Consejo no aporta datos concretos, precisos y concordantes que permitan constituir una base fáctica suficiente para justificar la inclusión de su nombre en las listas controvertidas en virtud del criterio de asociación. La demandante niega que Sberbank siga controlándola y sostiene que el Consejo no ha aportado la prueba de ese control efectivo. En primer lugar, la demandante impugna la parte de los motivos de inclusión según la cual Sberbank supuestamente la vendió arguyendo que esta venta está sometida al Derecho ruso y que el Consejo no ha demostrado que no hubiera tenido lugar.
156
En segundo lugar, la demandante niega que el hecho de que uno de los administradores de Fortenova Group, que también trabajaba en Sberbank, hubiera seguido en su cargo tras ser vendida por Sberbank demuestre que esta la controle, máxime cuando sus activos y sus derechos de voto en Fortenova Group estaban inmovilizados y no le habrían permitido sustituir a dicho administrador.
157
En tercer lugar, la demandante rebate el análisis que se formula en el documento de un despacho de abogados que figura en el primer expediente WK, en el que se llega a la conclusión de que no se dispone de información suficiente para pronunciarse sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de su venta por Sberbank y sobre las circunstancias de esa venta. La demandante sostiene que las circunstancias de la venta, así como la financiación de la transacción mediante un préstamo de un banco ruso, no eran anormales.
158
En cuarto lugar, la demandante alega que las pruebas incluidas en el primer expediente WK no permiten demostrar que estuviera bajo el control de Sberbank el día en que se adoptaron los actos iniciales.
159
En particular, la demandante impugna un documento del primer expediente WK procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos croata según el cual sigue estando controlada por Sberbank, en particular, al no haber sido presentada a las autoridades croatas ninguna solicitud de autorización de su venta. La demandante alega que estas no tenían que autorizar la venta, dado que el artículo 17, letra e), del Reglamento n.o 269/2014, con arreglo al cual dicho Reglamento se aplica «a cualquier persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión», no era aplicable.
160
En la réplica, por una parte, la demandante añade que la postura del Consejo cuestionando la validez de la transacción por la que Sberbank la vendió a un inversor emiratí carece de fundamento. En efecto, aduce que esta transacción, en la que han participado un vendedor ruso (Sberbank), un activo ruso (la demandante) y un comprador emiratí, no estaba incluida en el ámbito de aplicación del artículo 17 del Reglamento n.o 269/2014. Según la demandante, Sberbank era libre de venderla sin recurrir a la excepción establecida en el artículo 6 ter, apartado 2 ter, del Reglamento n.o 269/2014.
161
Por otra parte, la demandante rebate el argumento del Consejo relativo a la elusión, al estimar que una transacción sobre activos extranjeros concluida fuera de la Unión con un comprador extranjero no constituye elusión en el sentido del artículo 9 del Reglamento n.o 269/2014.
162
La demandante reitera en los escritos de adaptación relativos a los actos de mantenimiento de septiembre de 2023 y de marzo de 2024 el argumento de que el Consejo no ha aportado ninguna prueba que demuestre de manera concluyente su asociación con Sberbank.
163
El Consejo, apoyado por la República de Croacia, el Reino de los Países Bajos y la Comisión, rebate la argumentación de la demandante.
164
Se debe indicar que los fundamentos de los actos impugnados se basan en el criterio de asociación previsto en el artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, y en el artículo 3, apartado 1, in fine, del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330.
165
A este respecto, procede destacar que, aunque el concepto de «asociación» se emplea a menudo en los actos del Consejo en materia de medidas restrictivas, no está definido como tal y su significado depende del contexto y de las circunstancias concretas. Dicho esto, este concepto puede considerarse aplicable a las personas físicas o jurídicas que, con carácter general, estén vinculadas por intereses comunes, que no exigen una relación a través de una actividad económica, pero que, no obstante, no pueden basarse exclusivamente en un vínculo familiar (sentencia de 25 de octubre de 2023, QF/Consejo, T‑386/22, no publicada, EU:T:2023:670, apartado 54; véase también, en este sentido, la sentencia de 8 de marzo de 2023, Prigozhina/Consejo, T‑212/22, no publicada, EU:T:2023:104, apartados 93, 103 y 104 y jurisprudencia citada).
166
Por tanto, cabe interpretar el criterio de asociación en el sentido de que se aplica a cualquier persona física o jurídica o a cualquier entidad que presente un vínculo, tal como se ha definido en el anterior apartado 165, con una persona sujeta a medidas restrictivas en virtud de alguno de los criterios de inclusión establecidos en la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, y en el Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330.
167
Además, cuando una entidad pertenece o está controlada por una entidad sujeta a medidas restrictivas en virtud de alguno de los criterios de inclusión establecidos por la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, y el Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, el vínculo de capital o de control que une a ambas entidades constituye evidentemente un vínculo en el sentido descrito en el anterior apartado 165, dado que existe un riesgo no insignificante de que la entidad matriz de que se trate ejerza presión sobre la entidad que le pertenezca o esté bajo su control para eludir el efecto de las medidas que la afectan (véase, por analogía, la sentencia de 4 de septiembre de 2015, NIOC y otros/Consejo, T‑577/12, no publicada, EU:T:2015:596, apartado 114).
168
Procede recordar que los fundamentos por los que se incluyó el nombre de la demandante en las listas controvertidas figuran en el apartado 10 anterior y no sufrieron cambios en los actos de mantenimiento de marzo de 2023, de septiembre de 2023 y de marzo de 2024. De ello se desprende, en esencia, que el nombre de la demandante fue incluido y, posteriormente, mantenido en las listas controvertidas como entidad asociada a Sberbank, debido a su condición de filial de esta, creada específicamente con el fin de mantener los intereses de Sberbank en Fortenova Group, y al control efectivo que Sberbank conservaba de la demandante, a pesar de la supuesta transferencia de sus acciones a un hombre de negocios en los Emiratos Árabes Unidos.
169
En este contexto, es preciso comprobar si las pruebas presentadas por el Consejo para adoptar los actos impugnados cumplen con la carga de la prueba que le incumbe y constituyen un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes para sustentar los motivos de inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas en virtud del criterio de asociación.
170
En el caso de autos, por lo que respecta a la condición de la demandante de filial de Sberbank con el fin de mantener los intereses de Sberbank en Fortenova Group, es pacífico entre las partes que Sberbank era titular del 100 % de las participaciones de la demandante a través de sus filiales SBK Uranium y SBC Aktiv cuando la Decisión 2022/1272 y el Reglamento de Ejecución 2022/1270 añadieron el nombre de Sberbank a las listas controvertidas. Además, la demandante no niega haber sido creada el 10 de diciembre de 2021 como fondo especializado para la tenencia de los certificados de depósito y de las obligaciones convertibles de Sberbank en Fortenova Group, concretamente en la sociedad Fortenova Group TopCo, radicada en los Países Bajos. La demandante tampoco niega que, el 5 de abril de 2022, Sberbank le transfirió los certificados de depósito y las obligaciones convertibles mencionados.
171
Pues bien, el 21 de julio de 2022, el Consejo adoptó la Decisión 2022/1272 y el Reglamento de Ejecución 2022/1270, mediante los cuales incluyó, con el número 108, el nombre de Sberbank en las listas controvertidas. Con arreglo al artículo 2 del Reglamento n.o 269/2014, el día de la inclusión del nombre de Sberbank en las listas controvertidas, esto es, el 21 de julio de 2022, se inmovilizaron todos los fondos y recursos económicos en la Unión cuya propiedad, tenencia o control correspondía a Sberbank, y no era posible poner a su disposición directa o indirecta ningún fondo o recurso económico, lo que incluía, en particular, los certificados de depósito y las obligaciones convertibles en Fortenova Group TopCo, radicada en los Países Bajos, que estaban indirectamente en su poder, a través de la demandante. Además, los derechos de voto y de participación vinculados a los certificados de depósito y a las obligaciones convertibles mencionados quedaron también congelados desde ese día, en la medida en que eran recursos económicos en el sentido del artículo 1, letra d), del Reglamento n.o 269/2014.
172
En consecuencia, la única finalidad de la demandante era la tenencia, como fondo especializado, de los certificados de depósito y de las obligaciones convertibles de Sberbank en Fortenova Group TopCo, radicada en los Países Bajos, los cuales habían sido inmovilizados a raíz de la inclusión del nombre de Sberbank en las listas controvertidas.
173
La demandante no niega que los certificados de depósito y las obligaciones convertibles que tiene en Fortenova Group TopCo, radicada en los Países Bajos, fueron inmovilizados a raíz de la inclusión del nombre de Sberbank en las listas controvertidas. No obstante, la demandante aduce que dejó de ser una filial de Sberbank desde el 31 de octubre de 2022, cuando las filiales de Sberbank en cuyo poder estaba, a saber, SBK Uranium y SBC Aktiv, la vendieron a un inversor emiratí, y alega que, por tanto, el día de la inclusión de su nombre en las listas controvertidas, a saber, el 16 de diciembre de 2022, y el día de adopción de los actos de mantenimiento de marzo de 2023, de septiembre de 2023 y de marzo de 2024, ya no era una filial de Sberbank.
174
En relación con esta venta, el primer expediente WK incluye la escritura de cesión de la demandante, firmada por SBK Uranium y SBC Aktiv y un inversor emiratí, y el contrato de compraventa entre Sberbank y ese inversor emiratí, que tenía por objeto un crédito del que era titular Sberbank a raíz de la transferencia a la demandante, el 5 de abril de 2022, de los certificados de depósito y de las obligaciones convertibles en Fortenova Group TopCo. El primer expediente WK también incluye el contrato de préstamo celebrado entre el fondo especializado (utilizado por el inversor emiratí para adquirir a la demandante) y un banco ruso, así como la prueba tanto de la transferencia efectuada por ese banco al citado fondo el 31 de octubre de 2022 como de la transferencia efectuada el mismo día por el referido fondo a Sberbank en pago de ese crédito.
175
El Consejo, apoyado por la República de Croacia, el Reino de los Países Bajos y la Comisión, considera que esta venta no produce efectos en la Unión, dado que no fue autorizada por una autoridad nacional competente con arreglo a la excepción prevista en el artículo 6 ter, apartado 2 ter, del Reglamento n.o 269/2014.
176
A este respecto, procede recordar que del anterior apartado 171 se desprende que, desde la inclusión del nombre de Sberbank en las listas controvertidas, el 21 de julio de 2022, los certificados de depósito y las obligaciones convertibles que la demandante tenía en Fortenova Group TopCo, radicada en la Unión, fueron inmovilizados con arreglo al artículo 2 del Reglamento n.o 269/2014.
177
El artículo 1, letra f), del Reglamento 269/2014 define el concepto de «inmovilización de fondos» como «el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera de valores».
178
Por consiguiente, como se desprende de la aplicación del artículo 1, letra f), del Reglamento n.o 269/2014 al caso de autos, desde la inclusión del nombre de Sberbank en las listas controvertidas, a saber, el 21 de julio de 2022, los certificados de depósito y las obligaciones convertibles en poder de la demandante ya no podían ser objeto de ningún movimiento, transferencia, alteración, utilización o acceso cuyo resultado fuera, en particular, un cambio de propiedad o cualquier otro cambio que hubiera podido permitir su utilización.
179
Los certificados de depósito y las obligaciones convertibles en poder de la demandante citados solo podían liberarse suprimiendo el nombre de Sberbank de las listas controvertidas o aplicando alguna de las excepciones previstas por el Reglamento n.o 269/2014.
180
A este respecto, procede señalar que, cuando se incluyó el nombre de Sberbank en las listas controvertidas, el Consejo, mediante la Decisión 2022/1272, introdujo en el artículo 2, apartado 15, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, una excepción específicamente para Sberbank, incluida en el número 108, que establece, bajo ciertas condiciones, la liberación de fondos o recursos económicos inmovilizados. Además, el artículo 6 ter, apartado 2 ter, del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, incluye la misma excepción, formulada en términos idénticos a los del artículo 2, apartado 15, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329.
181
Procede recordar que la demandante tiene certificados de depósito y obligaciones convertibles en Fortenova Group TopCo, radicada en los Países Bajos. Además, es pacífico entre las partes que, en lo que atañe a la cesión de la demandante al inversor emiratí, no fue solicitada ninguna autorización a la autoridad nacional competente neerlandesa ni tampoco a ninguna otra autoridad nacional de un Estado miembro. Así lo confirman además las pruebas n.os 7, 8 y 9 del primer expediente WK, que son artículos publicados, respectivamente, por Reuters, Euractiv y Bloomberg News, según los cuales la transferencia de la demandante al inversor emiratí por parte Sberbank no fue objeto de solicitud de autorización a las autoridades croatas o neerlandesas.
182
Según la demandante, el artículo 6 ter, apartado 2 ter, del Reglamento n.o 269/2014 solo es aplicable si una transacción está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 17 del Reglamento n.o 269/2014, lo que no sucede en el caso de autos, puesto que la transacción en cuestión tenía por objeto la transferencia de propiedad de una entidad rusa —a saber, ella misma— de conformidad con el Derecho ruso e implicaba a personas físicas o jurídicas que no eran nacionales de la Unión ni estaban establecidas en la Unión.
183
En primer lugar, hay que determinar si el Reglamento n.o 269/2014 era aplicable a la transacción mediante la cual Sberbank, a través de sus filiales SBC Aktiv y SBK Uranium, cedió la demandante al inversor emiratí.
184
A este respecto, procede recordar que el artículo 17, letra a), del Reglamento n.o 269/2014 dispone que este Reglamento se aplica «en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo».
185
En el caso de autos, es preciso indicar que la transacción controvertida se llevó cabo entre Sberbank, a través de sus filiales establecidas en Rusia, SBC Aktiv y SBK Uranium, y un inversor emiratí y versa sobre la venta de una sociedad establecida en Rusia, concretamente la demandante. No obstante, como se desprende del documento n.o 1 del primer expediente WK, la demandante fue creada como fondo especializado con el único objetivo de mantener los intereses de Sberbank en Fortenova Group, a saber, los certificados de depósito y las obligaciones convertibles en Fortenova Group TopCo, radicada en los Países Bajos, que fueron transferidos a la demandante el 5 de abril de 2022. Por consiguiente, aunque la demandante sea una sociedad establecida en Rusia, es tenedora de fondos situados en la Unión en forma de certificados de depósito y de obligaciones convertibles en una sociedad establecida en la Unión.
186
Dado que la cesión de la demandante al inversor emiratí por parte de Sberbank supuso la transferencia de esos fondos situados en el territorio de la Unión, con arreglo al artículo 17, letra a), del Reglamento n.o 269/2014, este Reglamento era aplicable a la cesión de la demandante al inversor emiratí por parte de Sberbank.
187
En segundo lugar, hay que determinar si la excepción prevista en el artículo 6 ter, apartado 2 ter, del Reglamento n.o 269/2014 era aplicable a la transacción de que se trata a través de la cual la demandante fue vendida al inversor emiratí.
188
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión deben tenerse en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos que la normativa de la que forma parte pretenda alcanzar [véase la sentencia de 29 de abril de 2021, X (Orden de detención europea — Non bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, apartado 69 y jurisprudencia citada].
189
Procede recordar que el artículo 6 ter, apartado 2 ter, del Reglamento n.o 269/2014 dispone que, «no obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de un Estado miembro podrán autorizar, en las condiciones que consideren oportunas, la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos de la entidad que figura con el número 108 en el anexo I, tras haber determinado que dichos fondos o recursos económicos son necesarios para la terminación, a más tardar el 31 de octubre de 2022, de una venta y transferencia en curso de derechos de propiedad que pertenezcan directa o indirectamente a dicha entidad en alguna persona jurídica, entidad u organismo establecidos en la Unión».
190
En primer lugar, del tenor del artículo 6 ter, apartado 2 ter, del Reglamento n.o 269/2014 se desprende que esta excepción se aplica a la venta de derechos de propiedad que pertenezcan directa o indirectamente a Sberbank en alguna persona jurídica, entidad u organismo establecido en la Unión.
191
A este respecto, procede desestimar la alegación de la demandante de que esta excepción no es aplicable a la transacción de que se trata, dado que tenía por objeto una sociedad establecida en Rusia —a saber, ella misma— y no afectaba a activos situados en la Unión. En efecto, como se desprende del apartado 170 anterior, el día en que se incluyó el nombre de Sberbank en las listas controvertidas, esta era titular del 100 % de las participaciones de la demandante a través de sus filiales SBK Uranium y SBC Aktiv y la demandante tenía certificados de depósito y obligaciones convertibles en el capital de Fortenova Group TopCo, radicada en los Países Bajos. En consecuencia, estos certificados de depósito y estas obligaciones convertibles eran derechos de propiedad que Sberbank tenía indirectamente en una persona jurídica establecida en la Unión, concretamente Fortenova Group TopCo, sociedad establecida en los Países Bajos.
192
En segundo lugar, por lo que respecta a la interpretación sistemática del artículo 6 ter, apartado 2 ter, del Reglamento n.o 269/2014, se debe declarar que la excepción prevista en esta disposición es una excepción al artículo 2 del Reglamento n.o 269/2014, que establece la inmovilización de los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos. Sin una autorización de liberación como la prevista en el artículo 6 ter, apartado 2 ter, del Reglamento n.o 269/2014, los fondos y recursos económicos inmovilizados con arreglo al artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 no pueden ser liberados ni su propiedad puede ser transferida.
193
En tercer lugar, esta conclusión se ve corroborada por el objetivo que persigue el Reglamento n.o 269/2014. El objetivo de las excepciones establecidas en dicho Reglamento, como la excepción prevista en el artículo 6 ter, apartado 2 ter, es delimitar con claridad los supuestos en los que las entidades incluidas en las listas controvertidas pueden solicitar autorizaciones a las autoridades nacionales competentes para vender activos inmovilizados y garantizar de este modo la eficacia de las medidas restrictivas. En consecuencia, esta excepción se enmarca, pues, en los objetivos de dicha normativa aplicable a las medidas restrictivas de que se trata, la cual persigue objetivos vinculados a la necesidad, habida cuenta de la gravedad de la situación, de ejercer la máxima presión sobre las autoridades rusas para que pongan fin a sus acciones y políticas desestabilizadoras de Ucrania y a la agresión militar a este país.
194
Así pues, las personas físicas o jurídicas cuyo nombre está incluido en las listas controvertidas no pueden transferir la propiedad de fondos inmovilizados —como los activos situados en la Unión que la demandante tiene en Fortenova Group— a otras personas fuera de la Unión sin recurrir a una excepción como la prevista en el artículo 6 ter, apartado 2 ter, del Reglamento n.o 269/2014.
195
Pues bien, la venta por parte de Sberbank de la demandante —cuya única finalidad es la tenencia de certificados de depósito y de obligaciones convertibles en Fortenova Group TopCo, radicada en la Unión— habría supuesto la liberación y la transferencia de esos activos inmovilizados a raíz de la inclusión del nombre de Sberbank en las listas controvertidas.
196
Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la demandante, el artículo 6 ter, apartado 2 ter, del Reglamento n.o 269/2014 era aplicable a su venta al inversor emiratí, de modo que, para efectuar la transacción de que se trata, era necesario solicitar y obtener autorización de la autoridad neerlandesa competente.
197
En efecto, si se reconociese esa transacción en la Unión sin autorización de una autoridad nacional competente en virtud de una excepción prevista por el Reglamento n.o 269/2014, ello anularía los efectos de las medidas restrictivas a las que está sujeta Sberbank.
198
A este respecto, procede declarar que esta venta no obtuvo ninguna autorización previa por parte de una autoridad nacional competente con arreglo al artículo 6 ter, apartado 2 ter, del Reglamento n.o 269/2014. Pues bien, sin esa autorización, la venta no puede producir efectos a la luz del Derecho de la Unión en materia de medidas restrictivas. Por tanto, el Consejo calificó acertadamente esta venta de «supuesta transferencia» en los motivos de inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas.
199
De ello se deduce que la transferencia por Sberbank a un inversor emiratí de los certificados de depósito y de las obligaciones convertibles que la demandante tenía en Fortenova Group TopCo, dentro de la Unión, y que estaban inmovilizados desde la inclusión del nombre de Sberbank en las listas controvertidas, sin autorización de una autoridad nacional competente, es contraria a lo dispuesto en el Reglamento n.o 269/2014 y, por tanto, debe ser considerada ineficaz con arreglo al Derecho de la Unión.
200
Por consiguiente, desde el punto de vista del Derecho de la Unión, la supuesta venta de la demandante a un inversor emiratí no modificó la situación en la que esta se encontraba el día en que se adoptaron los actos iniciales y los actos de mantenimiento de marzo de 2023, de septiembre de 2023 y de marzo de 2024 con respecto a la situación en la que se encontraba el día de la inclusión del nombre de Sberbank en las listas controvertidas. En efecto, la demandante seguía teniendo los certificados de depósito y las obligaciones convertibles en Fortenova Group TopCo inmovilizados a raíz de la inclusión del nombre de Sberbank en las listas controvertidas, los cuales ya no podían ser objeto de modificación o de transferencia de propiedad alguna desde ese día sin que una autoridad nacional competente autorizara la liberación de tales fondos.
201
De ello se deduce que el hecho de que la demandante siga teniendo los certificados de depósito y las obligaciones convertibles en Fortenova Group TopCo, radicada en los Países Bajos, que fueron inmovilizados a raíz de la inclusión del nombre de Sberbank en las listas controvertidas, demuestra la existencia de intereses comunes que la vinculan con Sberbank.
202
Habida cuenta de todos estos datos, se debe concluir que el Consejo aportó un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes capaz de poner de manifiesto que, el día de los actos iniciales y de los actos de mantenimiento de marzo de 2023, de septiembre de 2023 y de marzo de 2024, la demandante era una persona jurídica asociada a Sberbank, en el sentido del criterio de asociación, al seguir manteniendo los intereses de Sberbank en Fortenova Group.
203
Según la jurisprudencia, en cuanto al control de la legalidad de una decisión por la que se adoptan medidas restrictivas, habida cuenta del carácter preventivo de estas, si el juez de la Unión considera que al menos uno de los motivos mencionados es lo bastante preciso y concreto, está respaldado por hechos y constituye, por sí solo, una base suficiente para fundamentar la decisión, la circunstancia de que otros de esos motivos no presenten tales características no puede justificar la anulación de dicha decisión (véase la sentencia de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, apartado 72 y jurisprudencia citada).
204
Por consiguiente, la fundamentación del motivo basado en la condición de la demandante de filial de Sberbank que tiene certificados de depósito y obligaciones convertibles en Fortenova Group TopCo justifica, por sí sola, la desestimación del segundo motivo, sin que sea necesario examinar la fundamentación de los demás motivos basados en el control efectivo que Sberbank supuestamente sigue ejerciendo sobre la demandante.
205
De ello se deduce que procede desestimar el motivo basado en un error de apreciación.
Sobre el motivo basado en la violación del principio de proporcionalidad
206
La demandante alega que los actos impugnados no contribuyen a la consecución de los objetivos de la Unión. En su opinión, la inclusión y el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas no tienen como finalidad incrementar el coste de la guerra para la Federación de Rusia, sino que persiguen, en realidad, otros objetivos vinculados a los intereses económicos de la República de Croacia en Fortenova Group, sociedad que la demandante considera importante desde el punto de vista estratégico.
207
La demandante sostiene que la inclusión y el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas son superfluos y desproporcionados. En su opinión, dado que la inclusión del nombre de Sberbank en las listas controvertidas supuso la inmovilización de los activos ubicados en la Unión de todas sus filiales, no era necesario penalizarla más si, como sostiene el Consejo, Sberbank nunca había dejado de controlarla.
208
Por otro lado, la demandante alega que Fortenova Group estaba obligada a actuar a raíz de las medidas restrictivas de que era objeto Sberbank. Si Fortenova Group hubiera llegado a la conclusión de que el inversor emiratí no compraba las acciones de la demandante por cuenta propia, los instrumentos financieros de que se trata habrían seguido inmovilizados, aun cuando el Consejo no hubiera incluido el nombre de la demandante en las listas controvertidas.
209
El Consejo, apoyado por el Reino de los Países Bajos y la Comisión, rebate las alegaciones de la demandante.
210
El principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión y que se recoge en el artículo 5 TUE, apartado 4, exige que los medios que aplica una disposición del Derecho de la Unión permitan alcanzar el objetivo legítimo propuesto por la normativa de la que se trate y no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo (sentencia de 15 de noviembre de 2012, Al-Aqsa/Consejo y Países Bajos/Al-Aqsa, C‑539/10 P y C‑550/10 P, EU:C:2012:711, apartado 122).
211
En el caso de autos, se debe indicar que la designación de la demandante como persona jurídica asociada a Sberbank persigue uno de los objetivos de la PESC. En efecto, la adopción de medidas restrictivas contra entidades asociadas a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos incluidos en las listas controvertidas sobre la base de alguno de los criterios establecidos en la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, responde al objetivo, contemplado en el artículo 21 TUE, apartado 2, letra c), de mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, conforme a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. De ello se desprende que, a la luz de los objetivos perseguidos por las medidas restrictivas contra la demandante, en lo referido a su carácter apropiado, esas medidas no pueden considerarse, en cuanto tales, inadecuadas (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 2 de diciembre de 2020, Kalai/Consejo, T‑178/19, no publicada, EU:T:2020:580, apartado 171 y jurisprudencia citada).
212
En las circunstancias del presente asunto, es preciso señalar asimismo que, en los considerandos 2 a 10 de la Decisión 2022/329, el Consejo pone de manifiesto la constante degradación de la situación en Ucrania que dio lugar, el 24 de febrero de 2022, a la agresión de la Federación de Rusia, en flagrante violación de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de ese Estado. Así, debido a la agravación de la situación en Ucrania, caracterizada por el estallido de la guerra de agresión por parte de la Federación de Rusia, el Consejo consideró que debía ampliar el círculo de las personas y entidades sujetas a las medidas restrictivas para lograr los objetivos perseguidos. Pues bien, este modo de proceder basado en la progresividad de la restricción de derechos en función de la efectividad de las medidas acredita su proporcionalidad (véanse, por analogía, las sentencias de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, apartado 126, y de 25 de enero de 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Consejo, T‑255/15, no publicada, EU:T:2017:25, apartado 104).
213
Además, al referirse también a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados con personas incluidas en las listas controvertidas sobre la base de alguno de los criterios previstos en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, el Consejo podía esperar legítimamente que las acciones de la Federación de Rusia cesaran o resultaran más costosas para sus autores, con el fin de promover el cese de la flagrante violación de la integridad territorial, de la soberanía y de la independencia de Ucrania (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Rosneft y otros/Consejo, T‑715/14, no publicada, EU:T:2018:544, apartado 157). Por consiguiente, contrariamente a lo que alega la demandante, existe cierta relación entre la inclusión de su nombre en las listas controvertidas y el objetivo perseguido por las medidas restrictivas.
214
A este respecto, procede recordar que la importancia de los objetivos perseguidos por un acto de la Unión que establece un régimen de medidas restrictivas puede justificar sus consecuencias negativas, por considerables que sean para ciertos operadores, incluso para aquellos que no tienen ninguna responsabilidad en la situación que condujo a la adopción de las sanciones (véanse, por analogía, las sentencias de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C‑402/05 P y C‑415/05 P, EU:C:2008:461, apartado 361, y de 28 de marzo de 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 150).
215
La inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas como persona jurídica asociada a Sberbank y las medidas restrictivas que de ello se derivan también son necesarias para cumplir y ejecutar los objetivos contemplados en el artículo 21 TUE, en la medida en que unas medidas alternativas y menos restrictivas, como un sistema de autorización previa o una obligación de justificación a posteriori del uso de los fondos transferidos, no permiten alcanzar tan eficazmente el objetivo perseguido, en particular, habida cuenta de la posibilidad de eludir las restricciones impuestas (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de enero de 2016, Makhlouf/Consejo, T‑443/13, no publicada, EU:T:2016:27, apartado 112, y de 25 de enero de 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Consejo, T‑255/15, no publicada, EU:T:2017:25, apartado 106). Además, la demandante no ha demostrado que unas medidas alternativas menos restrictivas hubiesen permitido alcanzar tan eficazmente dichos objetivos.
216
Por otro lado, hay que indicar que la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, y el Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, establecen la posibilidad de conceder autorizaciones específicas que permitan liberar fondos, otros activos financieros u otros recursos económicos y de revisar periódicamente la inclusión del nombre de las personas o entidades afectadas en las listas controvertidas, con el fin de permitir que las personas y entidades que ya no cumplan los criterios para figurar en dichas listas sean excluidas de ellas.
217
Por lo que respecta a la alegación de la demandante de que la inclusión de su nombre en las listas controvertidas es superflua, debido a que los activos que tiene ya fueron inmovilizados a raíz de la inclusión del nombre de Sberbank, procede señalar, en primer lugar, que la posibilidad de incluir en las listas controvertidas también a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados con las personas sancionadas deriva del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, y del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330.
218
En segundo lugar, el objetivo de esa inclusión también puede ser evitar el riesgo de elusión de las medidas restrictivas. En efecto, como resulta de la jurisprudencia, cuando se congelan los fondos de una entidad, existe un riesgo no insignificante de que dicha entidad ejerza presión sobre las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control para eludir el efecto de las medidas que la afectan, de modo que la congelación de los fondos de estas últimas entidades es necesaria y apropiada para asegurar la eficacia de las medidas adoptadas y para garantizar que no se eludirán dichas medidas (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de marzo de 2012, Melli Bank/Consejo, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, apartado 58, y de 22 de septiembre de 2016, NIOC y otros/Consejo, C‑595/15 P, no publicada, EU:C:2016:721, apartado 89).
219
Así pues, contrariamente a lo que observa la demandante, la adopción de los actos impugnados que incluyen y mantienen su nombre en las listas controvertidas no era superflua, aun cuando los activos que tenía en la Unión ya estuvieran inmovilizados a raíz de la inclusión del nombre de Sberbank en las listas controvertidas. A este respecto, de un correo electrónico de20 de noviembre de 2022 enviado por el inversor emiratí a Fortenova Group, incluido en el primer expediente WK en la parte «Pruebas adicionales», resulta, en particular, que ese inversor consideraba que, en esa fecha, la demandante ya no estaba controlada por una entidad sujeta a medidas restrictivas y solicitaba poder participar y hacer uso de sus derechos de voto en futuras reuniones de Fortenova Group.
220
Por otro lado, procede desestimar asimismo la alegación de la demandante de que la inclusión de su nombre es una manera de proteger los intereses de la República de Croacia. En efecto, el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, establece que «el Consejo, por unanimidad y previa propuesta de un Estado miembro […], decidirá sobre el establecimiento y la modificación de la lista del anexo». Así pues, fue el Consejo, actuando por unanimidad, y no la República de Croacia quien adoptó la decisión de incluir el nombre de la demandante en las listas controvertidas con el fin de lograr los objetivos de la PESC.
221
De ello resulta que hay que desestimar el motivo basado en la violación del principio de proporcionalidad y, por tanto, el recurso en su totalidad.
Costas
222
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
223
Además, según el artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas.
224
En el presente asunto, al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las del Consejo, conforme a lo solicitado por este, incluidas las relativas al procedimiento de medidas provisionales. La República de Croacia, el Reino de los Países Bajos y la Comisión cargarán con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
SBK Art OOO cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea, incluidas las relativas al procedimiento de medidas provisionales.
3)
La República de Croacia, el Reino de los Países Bajos y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.
Mastroianni
Brkan
Tóth
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de abril de 2025.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.