62001CC0386_ES
Conclusiones del abogado general
Conclusiones del abogado general
1. El recurso tiene por objeto la no adaptación dentro de plazo del Derecho nacional a la Directiva 98/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, que modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (en lo sucesivo, «Directiva 98/7»).
2. Con arreglo al artículo 2 de la Directiva 98/7, los Estados miembros debían poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva a más tardar dos años después de su entrada en vigor. La Directiva se publicó el 1 de abril de 1998 en el Diario Oficial. Con arreglo al artículo 254 CE, el plazo para adaptar el Derecho nacional a la Directiva finalizaba el 21 de abril de 2000.
3. Al no haber recibido comunicación alguna por parte del Reino de España sobre la adopción de medidas para adaptar el Derecho nacional a la Directiva 98/7, la Comisión envió al Gobierno español un escrito de requerimiento, de 8 de agosto de 2000, para que se pronunciara al respecto en un plazo de dos meses. La Comisión no obtuvo ninguna respuesta por lo que envió al Gobierno español un dictamen motivado, de 9 de marzo de 2001, en el que reiteraba su imputación e instaba al Gobierno español a cumplir sus obligaciones en un plazo de dos meses.
4. Mediante escrito de 25 de junio de 2001, el Gobierno español comunicó a la Comisión que proseguían los trabajos para la adaptación del Derecho nacional a la Directiva. Posteriormente la Comisión no recibió un proyecto de ley ni comunicación alguna sobre la evolución de la tramitación legislativa por lo que interpuso un recurso el 8 de octubre de 2001. Solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 98/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, que modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, al no haber adoptado dentro de plazo todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva.
5. España no niega que no adaptó dentro de plazo el Derecho nacional a la Directiva 98/7. Alega, meramente, que no fue posible hacerlo en la VI legislatura. Entre tanto, el Ministro de Justicia español elaboró un anteproyecto de Ley que ya ha sido aprobado por el Gobierno y que debe ser tramitado en las Cortes Generales.
6. Según reiterada jurisprudencia, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo señalado en el dictamen motivado. El objeto del litigio queda definido por el dictamen motivado de la Comisión. Aun en el supuesto de que el incumplimiento imputado por la Comisión haya cesado una vez expirado el plazo previsto en el artículo 226 CE, apartado 2, subsiste un interés en el ejercicio de la acción, a fin de establecer la base de la responsabilidad en que un Estado miembro puede haber incurrido, como consecuencia de su incumplimiento, respecto a otros Estados miembros, la Comunidad o particulares. El Reino de España no niega que no adaptó dentro de plazo el Derecho nacional a la Directiva 98/7. En consecuencia, procede pronunciarse en el sentido de las pretensiones de la Comisión.
7. Como consecuencia de las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que declare:
1) El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 98/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, que modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, al no haber adoptado dentro de plazo todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva.
2) El Reino de España cargará con las costas.