61990J0018
INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto C-18/90 (
*1
)
I. Hechos y procedimiento
1.
El Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos (en lo sucesivo, «el Acuerdo») fue firmado el 27 de abril de 1976 en Rabat por el Reino de Marruecos, por una parte, y los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y celebrado, en nombre de la Comunidad, mediante el Reglamento (CEE) n° 2211/78 del Consejo, de 26 de septiembre de 1978 (DO L 264, p. 1; EE 11/09, p. 3).
2.
El Acuerdo tiene por objeto, según su artículo 1:
«promover una cooperación global entre las Partes Contratantes a fin de contribuir al desarrollo económico y social de Marruecos y de favorecer el fortalecimiento de sus relaciones. Con tal fin, se adoptarán y realizarán disposiciones y acciones en el ámbito de la cooperación económica, técnica y financiera, en el de los intercambios comerciales y en el campo social».
3.
Según el artículo 40, que figura en el Título III del Acuerdo relativo a la cooperación en el sector de la mano de obra,
«Cada uno de los Estados miembros concederá a los trabajadores de nacionalidad marroquí empleados en su territorio un régimen caracterizado por la ausencia de cualquier discriminación basada en la nacionalidad con respecto a sus propios nacionales en lo que respecta a las condiciones de trabajo y de remuneración.
[...]».
4.
El artículo 41 establece en su apartado 1 que,
«salvo lo dispuesto en los apartados siguientes, los trabajadores de nacionalidad marroquí y los miembros de su familia que residan con ellos, se beneficiarán, en el sector de la Seguridad Social, de un régimen caracterizado por la ausencia de cualquier discriminación basada en la nacionalidad con respecto a los propios nacionales de los Estados miembros donde estén empleados.
[...]».
5.
Los artículos 44 y 45, que figuran en el Título IV relativo a las disposiciones generales y finales, prevén la creación de un Consejo de Cooperación, compuesto, por una parte, por miembros del Consejo de las Comunidades Europeas y de la Comisión de las Comunidades Europeas y, por otra parte, por miembros del Gobierno del Reino de Marruecos. Este Consejo dispondrá de poder de decisión para la consecución de los objetivos fijados en el Acuerdo y en los casos previstos por el mismo. Las decisiones que se adopten serán obligatorias para las Partes Contratantes, quienes estarán obligadas a tomar las medidas que implique su ejecución.
6.
Con arreglo al apartado 1 del artículo 42,
«antes de finalizar el primer año tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Consejo de Cooperación adoptará las disposiciones que permitan asegurar la aplicación de los principios mencionados en el artículo 41» (antes citado).
7.
A pesar de las propuestas de Decisión de la Delegación de la Comunidad, el Consejo de Cooperación no adoptó ninguna decisión en el sector de la Seguridad Social.
8.
En Bélgica, el Real Decreto de 20 de diciembre de 1963 relativo al empleo y al desempleo (Moniteur belge de 18.1.1964, p. 506) prevé en su artículo 124 la concesión de prestaciones de desempleo, en determinadas circunstancias, a trabajadores jóvenes que hayan terminado o bien estudios de formación profesional, o de aprendizaje. Por lo que respecta a los trabajadores extranjeros apátridas, el artículo 125 de dicho Real Decreto dispone que sólo podrán serles concedidas prestaciones de desempleo de acuerdo con los límites fijados en un Convenio internacional.
9.
A la Sra. Bahia Kziber, de nacionalidad marroquí, hija de un nacional marroquí jubilado en Bélgica tras haber realizado allí un trabajo por cuenta ajena, le denegó la Office national de l'emploi (en lo sucesivo, «Onem») la concesión de las prestaciones de desempleo, por razón de su nacionalidad.
10.
Contra dicha decisión denegatoria, la interesada interpuso un recurso ante la jurisdicción laboral. Mientras que ante el tribunal du travail invocó el Convenio general de Seguridad Social belgo-marroquí, ante la cour du travail alegó lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo.
11.
Al considerar que el litigio implica una interpretación del Acuerdo, la cour du travail de Lieja, mediante resolución de 16 de enero de 1990, suspendió el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Puede negar un Estado miembro, por razón de su nacionalidad, la concesión de una ventaja social en el sentido del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento n° 1612/68, a los hijos a cargo de un trabajador nacional de un Estado tercero (Marruecos), con el que la Comunidad Económica Europea ha celebrado un Acuerdo de Cooperación que contiene, en el ámbito de la Seguridad Social, una cláusula de igualdad de trato a favor de los trabajadores migrantes de dicho país empleados en la Comunidad, así como de los miembros de su familia que residan con ellos?»
12.
En los considerandos de la resolución de remisión, la cour du travail de Lieja expone que el Acuerdo forma parte del ordenamiento jurídico comunitario y que la cláusula de no discriminación recogida en el apartado 1 del artículo 41 es perfectamente apta, por su propia naturaleza, para producir efectos directos. La interesada no puede invocar la calidad de trabajador empleado en el territorio de un país de la Comunidad, en el sentido del apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo; asimismo, este Tribunal de Justicia reconoció en su sentencia de 20 de junio de 1985, Deak (94/84, Rec. p. 1881), que la prestación transitoria belga no constituye un derecho derivado cuyo beneficiario pueda ampararse en su calidad de descendiente de un trabajador migrante; este Tribunal de Justicia calificó, sin embargo, dicha prestación transitoria como ventaja social, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, por el que se esta- blece el principio de igualdad de trato en materia de ventajas sociales entre trabajadores nacionales y trabajadores nacionales de un Estado miembro (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77). La cuestión que se somete a este Tribunal de Justicia es la de si la prestación a que se refiere este texto está reservada exclusivamente a los hijos a cargo de un trabajador nacional de un Estado miembro o si puede reconocerse también al hijo de un trabajador nacional de un Estado tercero con el que la Comunidad Económica Europea ha celebrado un Acuerdo de Cooperación, en virtud de una cláusula de no discriminación como la recogida en el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo.
13.
La resolución de la cour du travail de Lieja se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de enero de 1990.
14.
Conforme al artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE presentaron observaciones escritas, el 1 de abril de 1990, la Comisión, representada por su Consejero Jurídico, Sr. Jean-Claude Séché, en calidad de Agente; el 3 de abril de 1990, la Sra. Bahia Kziber, parte demandante en el litigio principal, representada por la Sra. Michèle Baiwir y el Sr. René Jamar, Delegados sindicales; los días 6 y 9 de abril de 1990, la Onem, parte demandada en el litigio principal, representada por Me C. Derwael, Abogado de Bruselas; el 17 de abril de 1990, la República Federal de Alemania, representada por los Sres. Ernst Rôder y Joachim Karl, funcionarios del Ministerio Federal de Economía, y el 18 de abril de 1990, la República Francesa, representada por el Sr. Philippe Pouzoulet, Subdirector de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y por el Sr. Claude Chavance, Agregado principal de Administración central en la Dirección de Asuntos Jurídicos del mismo Ministerio.
15.
Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba.
II. Observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia
1.
Según la Sra. Babia Kziber, el apartado 1 del artículo 41, que consagra el principio de no discriminación, tiene un alcance suficientemente preciso y concreto para ser directamente aplicable, a pesar de que el Consejo de Cooperación no hubiera adoptado ninguna disposición con arreglo al artículo 42.
Para examinar si el interesado reúne la condición de trabajador, no hay que hacer una interpretación restrictiva de este concepto. En efecto, no debe considerarse trabajador únicamente a la persona en desempleo a la que se han concedido las prestaciones de desempleo después de un cierto período de empleo, sino también a la persona inscrita como solicitante de empleo y que tiene derecho, con arreglo a la normativa belga, a percibir prestaciones de desempleo.
Aun cuando el Tribunal de Justicia no admitiese esta asimilación, el interesado debería poder invocar la norma de la no discriminación como miembro de la familia de un trabajador. En efecto, en la citada sentencia Deak de 20 de junio de 1985, el Tribunal de Justicia calificó las prestaciones transitorias como ventaja social en el sentido del citado Reglamento n° 1612/68. Este Tribunal admitió que un trabajador nacional de un Estado miembro puede, con arreglo al apartado 2 del artículo 7 del citado Reglamento n° 1612/68, que establece la igualdad de trato en materia de ventajas sociales, solicitar la concesión de la prestación transitoria a su hijo, aun cuando éste no sea nacional de un Estado miembro.
El apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo establece una garantía de no discriminación entre trabajadores marroquíes y trabajadores de los Estados miembros «en el sector» de la Seguridad Social. Esta formulación parece más amplia que la no discriminación en cuanto a los derechos propios del trabajador a las prestaciones de la Seguridad Social. En tales circunstancias, los trabajadores marroquíes pueden invocar, al amparo del apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo, el artículo 7 del citado Reglamento n° 1612/68 que prohibe, según el Tribunal de Justicia, las cláusulas de nacionalidad que afectan a los hijos de los trabajadores nacionales de un Estado miembro, aun cuando el hijo no posea la nacionalidad de éste, al menos por lo que respecta a los derechos a la Seguridad Social y no a las «ventajas sociales» en un sentido más amplio.
La Sra. Bahia Kziber propone por tanto que se responda a la cuestión planteada en los siguientes términos:
«En virtud del apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo de Cooperación, los Estados miembros no pueden imponer a los nacionales marroquíes requisitos de nacionalidad establecidos por la normativa nacional para la concesión de prestaciones de desempleo. Subsidiariamente: los trabajadores marroquíes pueden, en virtud del apartado 1 del artículo 41, acogerse al beneficio de sus hijos del artículo 7 del Reglamento n° 1612/68, para la concesión de prestaciones de seguro de desempleo.»
2.
La Onem recuerda que, en la citada sentencia Deak de 20 de junio de 1985, el Tribunal de Justicia calificó la prestación transitoria belga como un derecho propio de los jóvenes solicitantes de empleo y no como un derecho derivado de su situación de miembro de la familia de un trabajador. La consagración por el Tribunal de Justicia del principio de igualdad de trato recogido en el artículo 7 del citado Reglamento n° 1612/68 en relación con la concesión de prestaciones transitorias a los hijos de trabajadores nacionales de un Estado miembro, encuentra su explicación en la finalidad del Tratado CEE, consistente, en la óptica de la libre circulación, en asegurar las mejores condiciones sociales a los trabajadores nacionales de los Estados miembros. No procede extender la aplicación del apartado 2 del artículo 7 a los trabajadores nacionales de un Estado tercero, aunque dicho Estado haya celebrado un Acuerdo de Cooperación con la Comunidad. Además, dicho Acuerdo tiene claramente un alcance más limitado y no concede un derecho propio a las prestaciones transitorias a los hijos de trabajadores marroquíes.
Además, al no haber adoptado el Consejo de Cooperación ninguna disposición en virtud del artículo 42 del Acuerdo, no puede aplicarse el principio de no discriminación establecido en el apartado 1 del artículo 41 del mismo Acuerdo.
Incluso suponiendo, por si acaso, que se aplicase el apartado 1 del artículo 41, el interesado no tendría la condición de trabajador a que se refiere dicho texto.
3.
El Gobierno de la República Federal de Alemania considera que procede dar una respuesta afirmativa a la cuestión prejudicial planteada por la cour du travail de Lieja.
El apartado 2 del artículo 7 del citado Reglamento n° 1612/68, sólo establece el principio de igualdad de trato en materia de ventajas sociales a favor de los trabajadores nacionales de un Estado miembro. A diferencia del asunto resuelto por el Tribunal de Justicia en la citada sentencia Deak de 20 de junio de 1985, la interesada en el litigio principal no es descendiente de un trabajador migrante comunitario.
El apartado 1 del artículo 41 no es aplicable en el presente caso, pues la interesada no tiene la condición de trabajador. No puede tampoco invocar derechos como miembro de la familia de un trabajador, dado que su padre está jubilado. En efecto, el apartado 1 del artículo 40 y el apartado 1 del artículo 41 sólo establecen la igualdad de trato a favor de los trabajadores marroquíes empleados en el territorio de un Estado miembro. En estas circunstancias, el propio padre de la interesada no puede alegar derechos al amparo del Acuerdo.
Aun suponiendo que el padre de la interesada pueda invocar el apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo, quedaría excluido el derecho a la igualdad de trato para disfrutar de una ventaja social de acuerdo con el apartado 2 del artículo 7 del citado Reglamento n° 1612/68. En efecto, dicho Reglamento fue adoptado en función de los artículos 48 y siguientes del Tratado CEE y tiene por objeto garantizar el derecho a la libre circulación de los trabajadores comunitarios, objetivo diferente al del Acuerdo. Ante estas circunstancias, puede quedar en suspenso la cuestión de la calificación de la prestación transitoria como ventaja social.
4.
El Gobierno de la República Francesa señala en primer lugar que la demandante en el litigio principal, con relación a su nacionalidad y a la de su padre, no puede invocar, con arreglo al Derecho comunitario, ni un derecho propio ni un derecho derivado a las prestaciones de la Seguridad Social.
El Acuerdo, único texto en el que puede basarse la demandante en el litigio principal, establece en su artículo 40 un principio recíproco de no discriminación, recordado en el apartado 1 del artículo 41, a favor de los trabajadores de nacionalidad marroquí, cuya aplicación corresponde sin embargo, de acuerdo con el artículo 42, al Consejo de Cooperación.
El Tribunal de Justicia señaló claramente en su sentencia de 30 de septiembre de 1987, Demirel (12/86, Rec. p. 3719), que, para que una disposición de un Acuerdo celebrado por la Comunidad con países terceros pueda ser directamente aplicable es preciso que, habida cuenta del tenor literal así como del objeto y la naturaleza del Acuerdo, implique una obligación clara y precisa, que no esté subordinada, en su ejecución o sus efectos, a que se produzca un acto posterior. Ahora bien, en el presente asunto, el principio general establecido por el artículo 41 precisa ser aplicado por el Consejo de Cooperación. Sin embargo, a pesar de las propuestas en este sentido emanadas de la Delegación comunitaria, el Consejo de Cooperación no ha adoptado ninguna decisión de aplicación.
El Gobierno francés señala además que las indemnizaciones de desempleo, controvertidas en el litigio principal, no figuran entre las prestaciones enumeradas en el artículo 41 del Acuerdo. El Tribunal de Justicia calificó, en efecto, esta prestación de desempleo como ventaja social en el sentido del apartado 2 del artículo 7 del citado Reglamento n° 1612/68, pero esta calificación sólo es válida para los beneficiarios de este Reglamento, entre los cuales no figuran los nacionales de países terceros.
Por lo que respecta a los trabajadores marroquíes, tal calificación con arreglo al artículo 41 del Acuerdo sólo puede resultar de un acto formal del Consejo de Cooperación.
El Gobierno de la República Francesa considera que procede pues responder a la cuestión planteada que:
«Las disposiciones del artículo 41 del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, firmado en Rabat el 27 de abril de 1976, celebrado en nombre de la Comunidad mediante Reglamento del Consejo de 26 de septiembre de 1978, no constituyen normas de Derecho comunitario directamente aplicables en el ordenamiento interno de los Estados miembros. Por ello, el hijo de un nacional marroquí, empleado o pensionista en un Estado miembro, no puede invocar, con arreglo al Derecho comunitario, una prestación de desempleo. En virtud de la competencia que le reconoce el artículo 42 del citado Acuerdo, corresponde al Consejo de Cooperación decidir si la concesión de tal prestación a los hijos de trabajadores marroquíes residentes en un Estado miembro está dentro del ámbito de aplicación del artículo 41 de dicho Acuerdo.»
5.
La Comisión recuerda que el Tribunal de Justicia, en la citada sentencia de 20 de junio de 1985, calificó la prestación transitoria belga controvertida como ventaja social en el sentido del apartado 2 del artículo 7 del citado Reglamento n° 1612/68, de la que debe disfrutar el trabajador migrante nacional de un Estado miembro, sea cual fuere la nacionalidad de su hijo.
Sobre la cuestión del efecto directo de una disposición recogida en un Acuerdo celebrado por la Comunidad con un Estado tercero, la Comisión señala los criterios fijados por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia y, en particular, en su reciente sentencia Demirel, ya citada, de 30 de septiembre de 1987.
El Acuerdo tiene por objeto promover una cooperación global entre las Partes Contratantes a fin de contribuir al desarrollo económico y social de Marruecos y de favorecer el fortalecimiento de sus relaciones. El apartado 1 del artículo 51 del Acuerdo, al disponer que las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo, no hace sino subrayar el carácter vinculante de este último, sin prejuzgar el efecto directo que puede reconocerse a algunas de sus disposiciones.
Tal efecto directo debe reconocerse, prosigue la Comisión, al artículo 40 del Acuerdo, que prohibe cualquier discriminación con respecto a las condiciones de trabajo y de remuneración. Se trata, en efecto, de conceptos suficientemente precisos y no se requiere ningún acto posterior para la aplicación a los mismos del principio de no discriminación. El concepto de condiciones de trabajo y de remuneración no incluye, sin embargo, las prestaciones transitorias, controvertidas en el litigio principal. No puede interpretarse el artículo 40 en el sentido de que incluye las ventajas sociales a que se refiere el apartado 2 del artículo 7 del citado Reglamento n° 1612/68, texto que se aplica solamente a los nacionales comunitarios. Aun cuando el Acuerdo mencionase las ventajas sociales, este concepto no tendría el mismo alcance que se la ha reconocido en el citado Reglamento n° 1612/68 respecto a las finalidades específicas del Tratado CEE en materia de libre circulación. Por último, el artículo 40 se refiere exclusivamente a los trabajadores y no a los miembros de su familia.
La prestación transitoria constituye, sin embargo, una prestación de la Seguridad Social en el sentido del apartado 1 del artículo 41 del Acuerdo que, al contrario del artículo 40, menciona además expresamente a los miembros de la familia. No puede considerarse, sin embargo, que estos textos tengan un efecto directo, puesto que la aplicación de los principios recogidos en el artículo 41 está condicionada, en virtud del artículo 42, por la intervención del Consejo de Cooperación. Ahora bien, la Delegación de la Comunidad en el Consejo de Cooperación no pudo obtener la conformidad de Marruecos para la adopción de decisiones de aplicación.
La Comisión propone, por ello, que se responda a la cuestión planteada que:
«Las disposiciones del artículo 41 del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, firmado en Rabat el 27 de abril de 1976, celebrado en nombre de la Comunidad Económica Europea mediante el Reglamento (CEE) n° 2211/78 del Consejo, de 26 de septiembre de 1978, no constituyen normas de Derecho comunitario directamente aplicables en el ordenamiento interno de los Estados miembros.»
F. A. Schockweiler
Juez Ponente
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.