Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 19 de junio de 2025 (1)
Asunto C‑338/24
LF
contra
Sanofi Pasteur SA
[Petición de decisión prejudicial planteada por la cour d’appel de Rouen (Tribunal de Apelación de Ruan, Francia)]
« Procedimiento prejudicial — Directiva 85/374/CEE — Protección de los consumidores — Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos — Artículo 13 — Relación con el régimen general de responsabilidad por culpa — Incumplimiento del deber de vigilancia en cuanto a los riesgos asociados al producto — Artículo 11 — Plazo de prescripción de diez años — Expiración del plazo de prescripción — Condición médica compleja y progresiva — Derecho de acceso a un tribunal — Artículo 10 — Plazo de prescripción de tres años — Momento en el que el plazo de prescripción empieza a correr — Fijación de una fecha de consolidación »
I.      Introducción
1.        Han transcurrido cuarenta años desde que la Directiva 85/374/CEE (2) introdujo un régimen de responsabilidad objetiva por los daños causados por productos defectuosos. Esta Directiva constituye uno de los intentos de armonización más antiguos y probablemente más duraderos (3) en el ámbito del Derecho privado europeo y, en particular, en materia de responsabilidad extracontractual. (4) Los aspectos regulados por la Directiva constituyen el «núcleo del Derecho de obligaciones». (5) La especial trascendencia de dicha Directiva se ve acentuada por el hecho de que pretende lograr, en los ámbitos que regula, una armonización completa, (6) que tiene como resultado una limitación del margen de apreciación de que disponen los Estados miembros. Por tanto, no sorprende que gran parte de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia en relación con la citada Directiva versen sobre lo que se ha calificado acertadamente de «vicios ocultos de la armonización europea». (7)
2.        La Directiva 85/374 pretende alcanzar un complejo equilibrio entre los diversos intereses en juego: los intereses de consumidores y productores, el progreso tecnológico y la seguridad del producto. Aunque su finalidad es la integración del mercado, tiene importantes implicaciones humanas cuando los consumidores han sufrido daños corporales a causa de un producto defectuoso. El presente asunto se refiere, en particular, a la situación excepcional de las personas afectadas por una enfermedad progresiva atribuida a la vacunación. Se insta al Tribunal de Justicia a examinar, con respecto a esas personas, si la aplicación del plazo de diez años en el que se debe ejercitar la acción de resarcimiento prevista en dicha Directiva es compatible con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
II.    Marco jurídico
3.        El artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374 establece:
«Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones que la acción de resarcimiento prevista en la presente Directiva para reparar los daños prescribirá en el plazo de tres años a partir de la fecha en que el demandante tuvo, o debería haber tenido, conocimiento del daño, del defecto y de la identidad del productor.»
4.        El artículo 11 de la Directiva 85/374 dispone:
«Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones que los derechos conferidos al perjudicado en aplicación de la presente Directiva se extinguirán transcurrido el plazo de diez años a partir de la fecha en que el productor hubiera puesto en circulación el producto mismo que causó el daño, a no ser que el perjudicado hubiera ejercitado una acción judicial contra el productor.»
III. Antecedentes del litigio principal y cuestiones prejudiciales
5.        El 20 de marzo de 2003, LF fue vacunada con Revaxis, una vacuna contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis fabricada por el laboratorio Sanofi Pasteur.
6.        LF alega que padece diversos síntomas, infecciones y dolores desde 2004 (que afectan a su sistema digestivo, garganta, hombros, brazos, manos y cuello, infecciones del tracto urinario, lumbalgia y caída del cabello) y que, desde diciembre de 2005, ha estado en reiteradas ocasiones en situación de baja por enfermedad.
7.        Le fueron realizadas varias pruebas médicas, incluida una biopsia muscular del deltoides izquierdo el 31 de marzo de 2008, que reveló la existencia de una miofascitis macrofágica, que, a su vez, indicaba la persistencia de hidróxido de aluminio, un adyuvante utilizado en ciertas vacunas. LF estuvo hospitalizada del 2 al 5 de abril de 2013 por esta miofascitis macrofágica.
8.        El 2 de junio de 2015, LF presentó su caso ante la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicales (Comisión de conciliación e indemnización por accidentes médicos; en lo sucesivo, «CCI»), que solicitó un dictamen pericial.
9.        En el dictamen pericial se indicaba que la patología de LF se había consolidado el 20 de septiembre de 2016 y que no podía concluirse que su enfermedad hubiese sido provocada por la vacuna Revaxis. La CCI desestimó el caso de LF el 11 de enero de 2017.
10.      El 17 y el 23 de junio de 2020, LF presentó una demanda contra tres demandadas, entre ellas, Sanofi Pasteur, ante el Tribunal Judiciaire de Alençon (Tribunal de Primera Instancia de Alençon, Francia), en la que reclamaba una indemnización por los daños sufridos como consecuencia de la vacuna. Basó sus pretensiones tanto en la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos como en la responsabilidad por culpa.
11.      Mediante auto de 10 de junio de 2021, el juez de instrucción civil del Tribunal Judiciaire de Alençon (Tribunal de Primera Instancia de Alençon) declaró que la acción ejercitada por LF contra Sanofi Pasteur había prescrito y desestimó sus pretensiones.
12.      El 30 de junio de 2021, LF interpuso recurso contra dicho auto. Mediante sentencia de 31 de mayo de 2022, la cour d’appel de Caen (Tribunal de Apelación de Caen, Francia) confirmó en lo esencial el auto recurrido y declaró inadmisibles las pretensiones de LF basadas en la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y en la responsabilidad por culpa.
13.      Mediante sentencia de 5 de julio de 2023, la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) anuló, en esencia, la sentencia de la cour d’appel de Caen (Tribunal de Apelación de Caen) y sometió el asunto a la cour d’appel de Rouen (Tribunal de Apelación de Ruan, Francia), que es el tribunal remitente.
14.      La Cour de cassation (Tribunal de Casación) declaró, en esencia, que el artículo 1245‑16 del Code Civil (Código Civil), que transpone el artículo 10 de la Directiva 85/374, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de daños corporales, la fecha en la que el demandante tuvo conocimiento del daño es la fecha de consolidación de dicho daño. Esta fecha es la única que permite al demandante medir el alcance del perjuicio que ha sufrido. En el caso de una condición médica progresiva en la que es imposible fijar una fecha de consolidación, el plazo de prescripción de tres años fijado por la citada disposición no empieza a correr.
15.      El 18 de septiembre de 2023, LF interpuso recurso ante el tribunal remitente.
16.      El tribunal remitente señala que el presente asunto plantea una serie de cuestiones de interpretación de la Directiva 85/374. En primer lugar, se suscita la cuestión referida a la relación entre el régimen de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y el régimen de responsabilidad por culpa. En particular, surge la duda de si el demandante tiene derecho a ejercitar una acción sobre la base de la responsabilidad por culpa por alguno de los siguientes motivos: el productor permitió que se mantuviera en circulación del producto, el productor incumplió su deber de vigilancia en cuanto a los riesgos que presenta el producto o, con carácter general, dicho producto adolecía de un defecto de seguridad.
17.      En segundo lugar, en lo que atañe al régimen de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, el tribunal remitente se pregunta si el plazo de prescripción de diez años para ejercitar una acción, establecido en el artículo 11 de la Directiva 85/374, vulnera el derecho de acceso a un tribunal, en una situación en la que el perjudicado sufre una condición médica progresiva.
18.      En tercer lugar, el tribunal remitente se pregunta sobre la interpretación del plazo de prescripción de tres años para ejercitar la acción previsto en el artículo 10 de la Directiva 85/374. En particular, desea saber si la fecha en la que comienza a correr este plazo en el caso de una condición médica compleja y progresiva, como la de LF, puede ser la fecha de consolidación de la enfermedad en cuestión.
19.      En estas circunstancias, la cour d’appel de Rouen (Tribunal de Apelación de Ruan) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 13 de la Directiva [85/374], tal como se ha entendido en la sentencia de 25 de abril de 2002, [González Sánchez, C‑183/00, en lo sucesivo, “sentencia González Sánchez”, EU:C:2002:255], según la cual el perjudicado puede invocar otros regímenes de responsabilidad contractual o extracontractual que se basen en fundamentos diferentes del establecido en la Directiva, en el sentido de que el perjudicado por un producto defectuoso puede reclamar al productor la indemnización del daño que ha sufrido sobre la base del régimen general de responsabilidad por culpa invocando, en particular, el mantenimiento en circulación del producto, el incumplimiento de su deber de vigilancia en cuanto a los riesgos que presenta el producto o, con carácter general, un defecto de seguridad de dicho producto?
2)      ¿Es contrario a lo dispuesto en el artículo 47 de la [Carta] el artículo 11 de la Directiva [85/374], según el cual los derechos conferidos al perjudicado en aplicación de la Directiva se extinguirán transcurrido el plazo de diez años a partir de la fecha en que el productor hubiera puesto en circulación el producto mismo que causó el daño, en la medida en que priva al perjudicado que sufre un daño progresivo causado por un producto defectuoso de su derecho de acceso a un tribunal?
3)      ¿Puede interpretarse el artículo 10 de la Directiva [85/374], que fija como fecha de comienzo del plazo de prescripción de tres años “la fecha en que el demandante tuvo, o debería haber tenido, conocimiento del daño”, en el sentido de que solo empieza a correr a partir de la fecha en que se conoce el alcance total del daño, en particular mediante la fijación de una fecha de consolidación definida como el momento a partir del cual el estado de la persona que sufre el daño corporal deja de ser progresivo, de modo que en caso de patología progresiva el plazo de prescripción no empieza a correr, y no a partir de la fecha en que el daño se haya manifestado de forma cierta, en relación con el producto defectuoso, con independencia de su evolución posterior?»
20.      Han presentado observaciones escritas LF, Sanofi Pasteur, los Gobiernos francés, alemán y neerlandés, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. Estas partes e interesados participaron en la vista celebrada el 27 de marzo de 2025 y respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para su respuesta oral.
IV.    Análisis
A.      Primera cuestión prejudicial
21.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 13 de la Directiva 85/374, entendido a la luz de la sentencia González Sánchez, debe interpretarse en el sentido de que el perjudicado por un producto defectuoso puede reclamar al productor la indemnización del daño que ha sufrido sobre la base del régimen general de responsabilidad por culpa invocando, en particular, el mantenimiento en circulación del producto, el incumplimiento de su deber de vigilancia en cuanto a los riesgos que presenta el producto o, con carácter general, un defecto de seguridad de dicho producto.
22.      De la resolución de remisión se desprende que, mediante esta cuestión prejudicial, el tribunal trata de dilucidar si LF, demandante en el litigio principal, que alega haber sufrido un daño causado por una vacuna comercializada por Sanofi Pasteur, está legitimada para ejercitar una acción contra Sanofi Pasteur basada en la responsabilidad por culpa de esta última. Más concretamente, LF alegó ante el tribunal remitente que Sanofi Pasteur incurrió en culpa al no adoptar medida alguna, a pesar de haber sido advertida de los efectos de su vacuna, que contiene aluminio. Sanofi Pasteur replicó que la culpa que LF le atribuye no difiere de la falta de seguridad invocada.
23.      El tribunal remitente señala que la Cour de cassation (Tribunal de Casación) ha declarado en varias sentencias (8) que la víctima de los daños atribuidos a un producto defectuoso puede ejercitar una acción basada en la responsabilidad por culpa del productor. La culpa puede consistir en que el productor mantenga un producto en circulación a sabiendas de que es defectuoso o en que incumpla su deber de vigilancia en cuanto a los riesgos asociados a dicho producto.
24.      A la luz de esta jurisprudencia, la cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente debe entenderse en el sentido de que tiene por objeto, en esencia, determinar si la Directiva 85/374 se opone a que el perjudicado ejercite una acción por responsabilidad contra el productor cuando el comportamiento culposo invocado sea uno de los descritos por dicha jurisprudencia. (9)
25.      Para responder a esta cuestión, es preciso recordar, con carácter preliminar, la naturaleza y las características esenciales del régimen de responsabilidad establecido por la Directiva 85/374, así como la relación entre este régimen y los regímenes nacionales de responsabilidad contractual y extracontractual.
1.      Responsabilidad objetiva basada en el carácter defectuoso del producto
26.      El artículo 1 de la Directiva 85/374, según el cual «el productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos», interpretado a la luz de los considerandos primero y segundo de la Directiva, establece el principio de responsabilidad sin culpa o responsabilidad objetiva del productor por los daños causados por el carácter defectuoso de sus productos. (10)
27.      Del artículo 4 de la Directiva 85/374 se desprende que, para reclamar una indemnización, el perjudicado deberá probar el daño, el defecto y la relación causal entre el defecto y el daño. Estos tres requisitos bastan para que nazca la responsabilidad.
28.      En cambio, la culpa del productor no es pertinente. El régimen de responsabilidad por los daños causados por productos es objetivo y se basa en el carácter defectuoso del producto. En otras palabras, como se desprende de la doctrina, la responsabilidad «“se basa en el carácter defectuoso”, no en la “culpa”». (11)
29.      El carácter defectuoso se acredita mediante consideraciones objetivas. En virtud del artículo 6 de la Directiva 85/374, un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho, teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluso la presentación del producto, el uso que razonablemente pudiera esperarse del producto y el momento en que el producto se puso en circulación. Además, de conformidad con el sexto considerando de la misma Directiva, esta apreciación ha de hacerse atendiendo a las expectativas legítimas del gran público. (12)
30.      Por lo que respecta a los medicamentos, incluidas las vacunas, habida cuenta de su función y de su objetivo de protección de la salud humana, así como de las características particulares del grupo de usuarios a los que están destinados, en particular, los pacientes, los requisitos de seguridad relativos a dichos productos, que tales pacientes pueden esperar legítimamente, son particularmente elevados. (13)
31.      La exclusión de consideraciones subjetivas en relación con el carácter defectuoso del producto también resulta de las excepciones en virtud de las cuales el productor puede verse eximido de responsabilidad, establecidas en el artículo 7 de la Directiva 85/374. En particular, ninguna de estas excepciones permite aplicar un criterio «subjetivo» basado en el conocimiento que el productor tenía, o debería haber tenido, sobre el producto. Así lo confirmó el Tribunal de Justicia en relación con la denominada «exoneración basada en los riesgos de desarrollo» prevista en el artículo 7, letra e), de dicha Directiva. Esta excepción permite al productor excluir su responsabilidad objetiva si prueba que, «en el momento en que el producto fue puesto en circulación, el estado de los conocimientos científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del defecto». El Tribunal de Justicia declaró que esa excepción no tiene en cuenta «el estado de los conocimientos del que el productor de que se trata estaba o podía estar concreta o subjetivamente informado». (14)
32.      Por tanto, las consideraciones relativas a lo que el productor sabía o debería haber sabido y a si podía o debería haber podido evitar el carácter defectuoso del producto no están comprendidas en el ámbito de la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos de la Directiva 85/374. (15) Por consiguiente, estas consideraciones pueden fundamentar un régimen nacional de responsabilidad por culpa. Esto me lleva a la relación entre el régimen de responsabilidad por los daños causados por productos establecido por la Directiva 85/374 y los regímenes nacionales generales de responsabilidad.
2.      Relación entre el régimen de responsabilidad objetiva previsto por la Directiva 85/374 y los regímenes nacionales de responsabilidad
33.      Según reiterada jurisprudencia, la Directiva 85/374 pretende alcanzar, en las materias que regula, una armonización completa de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros. (16)
34.      Por el contrario, tal como se desprende de su decimoctavo considerando, la Directiva 85/374 no persigue armonizar de manera exhaustiva el ámbito de la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos más allá de los aspectos que regula. (17)
35.      El artículo 13 de la Directiva 85/374 recoge la norma básica que regula la relación entre el régimen de responsabilidad objetiva establecido por la Directiva y los regímenes nacionales de responsabilidad, según la cual dicha Directiva «no afectará a los derechos que el perjudicado pueda tener con arreglo a las normas sobre responsabilidad contractual o extracontractual o con arreglo a algún régimen especial de responsabilidad existentes en el momento de la notificación de la [citada] Directiva».
36.      En la sentencia González Sánchez, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 13 de la Directiva 85/374 no puede interpretarse en el sentido de que deja a los Estados miembros la posibilidad de mantener un régimen general de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, que sea distinto del previsto en la Directiva. (18)
37.      Así pues, la referencia del artículo 13 de la Directiva 85/374 a los derechos que el perjudicado pueda tener con arreglo a las normas sobre responsabilidad contractual o extracontractual debe interpretarse en el sentido de que el régimen previsto por dicha Directiva «no excluye la aplicación de otros regímenes de responsabilidad contractual o extracontractual que se basen en fundamentos diferentes, como la obligación de saneamiento por vicios ocultos o la culpa». (19)
38.      Aunque es evidente que el régimen de responsabilidad sin culpa establecido en la Directiva 85/374 coexiste con los regímenes nacionales de responsabilidad por culpa, la cuestión que debe examinarse es si la culpa puede referirse al carácter defectuoso de un producto.
3.      ¿Puede referirse la culpa al carácter defectuoso de un producto?
39.      Como he expuesto en las presentes conclusiones, el régimen de responsabilidad establecido en la Directiva 85/374 no contempla ningún requisito de culpa del productor respecto de un producto defectuoso. (20) En caso de incurrir en culpa en relación con un producto defectuoso, la responsabilidad es de naturaleza distinta a la de la Directiva. Por consiguiente, dicha Directiva no se opone a que un Estado miembro prevea que el productor pueda ser considerado responsable de un comportamiento culposo en relación con un producto defectuoso. Tal comportamiento puede consistir en que el productor mantenga en circulación un producto a sabiendas de que es defectuoso o no adopte medidas de vigilancia o preventivas, mediante un incremento de la experimentación y de las inversiones en investigación respecto de los riesgos asociados al producto, riesgos de los que el productor ha sido informado.
40.      El reconocimiento de una responsabilidad por culpa en tales situaciones no entra en conflicto con el régimen de responsabilidad que establece la Directiva 85/374. Ello se debe a que el comportamiento que da lugar a la responsabilidad por culpa en las situaciones pertinentes, aunque esté necesariamente relacionado con la seguridad y el carácter defectuoso del producto, no depende exclusivamente de ese carácter. La prueba de un comportamiento culposo concreto por parte del productor es lo que diferencia la naturaleza de esa responsabilidad general de la responsabilidad objetiva establecida por la Directiva 85/374.
41.      He de señalar que el incumplimiento por un productor de su obligación de vigilancia cuando ha sido informado de posibles riesgos de daño asociados a un producto también difiere de la situación que examinó el Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/Francia. (21) En ese asunto, la República Francesa había incumplido las obligaciones que le incumbían con arreglo a la Directiva 85/374 debido, en particular, a la transposición incorrecta del artículo 7 de dicha Directiva. Más concretamente, el Derecho francés establecía que el productor no podía acogerse, en particular, a la exoneración basada en los riesgos de desarrollo a menos que pudiera probar que había adoptado las medidas adecuadas para prevenir las consecuencias de un producto defectuoso (obligación de «efectuar un seguimiento» del producto). (22) El Tribunal de Justicia precisó que, si bien los Estados miembros pueden suprimir por completo la causa de exención de responsabilidad prevista en el artículo 7, letra e), de la Directiva 85/374, el artículo 15 de esta no les permite modificar las condiciones de aplicación de dicha exención. (23)
42.      El establecimiento de la obligación general de efectuar un seguimiento del producto como condición para que un productor pueda acogerse a la exoneración basada en los riesgos de desarrollo, que fue objeto de la sentencia Comisión/Francia, (24) es una cuestión diferente de la que se plantea en el presente asunto. El tribunal remitente describe una situación en la que el productor, pese a haber sido advertido de los posibles riesgos derivados del carácter defectuoso del producto, no actúa con la diligencia debida y no adopta las medidas adecuadas para evitar las consecuencias perjudiciales del producto defectuoso. Por tanto, la responsabilidad que se genera no se limita exclusivamente al carácter defectuoso del producto, sino que también abarca el comportamiento culposo atribuido al productor.
43.      Habida cuenta de lo anterior, considero que el artículo 13 de la Directiva 85/374, entendido a la luz de la sentencia González Sánchez del Tribunal de Justicia, debe interpretarse en el sentido de que el perjudicado por un producto defectuoso puede reclamar al productor la indemnización del daño que ha sufrido sobre la base de un régimen general nacional de responsabilidad por culpa, en la medida en que dicho régimen no se base exclusivamente en el carácter defectuoso del producto. El comportamiento culposo puede consistir, en particular, en que el productor mantenga un producto en circulación a sabiendas de que es defectuoso o no adopte medidas de vigilancia respecto de los riesgos asociados al producto, pese a haber sido informado de ellos.
B.      Segunda cuestión prejudicial
44.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 11 de la Directiva 85/374, según el cual los derechos conferidos al perjudicado en aplicación de la Directiva se extinguirán transcurrido el plazo de diez años a partir de la fecha en que el productor hubiera puesto en circulación el producto mismo que causó el daño, es contrario al derecho de acceso a un tribunal garantizado en el artículo 47 de la Carta, en la medida en que priva al perjudicado que sufre una enfermedad progresiva causada por un producto defectuoso de tal derecho.
45.      El artículo 11 de la Directiva 85/374 lleva a cabo una armonización completa de las normas en materia de prescripción de los derechos conferidos al perjudicado con arreglo a dicha Directiva. (25) Establece un período uniforme de diez años tras el cual se extinguen tales derechos (en lo sucesivo, «plazo de expiración») y el productor está exento de responsabilidad con arreglo a dicha Directiva. Fija, de modo vinculante, el momento de inicio de ese período en la fecha en que el productor hubiera puesto en circulación el producto mismo que causó el daño. Determina que la acción de resarcimiento contra el producto es el único motivo por el que se interrumpe ese plazo. (26)
46.      En la sentencia Aventis Pasteur, el Tribunal de Justicia subrayó que, como se deduce del décimo considerando de la Directiva 85/374, la uniformización de las reglas de prescripción que persigue dicha Directiva es un objetivo buscado por el legislador de la Unión tanto en beneficio del perjudicado como del productor. (27)
47.      Esta uniformización participa, por una parte, del objetivo general, expresado en el primer considerando de la Directiva 85/374, consistente en poner término a las actuales divergencias entre los Derechos nacionales, que pueden favorecer la existencia de distintos grados de protección del consumidor dentro de la Unión. (28)
48.      Por otra parte, a tenor del undécimo considerando de la Directiva 85/374, esta tiene como objetivo circunscribir a escala de la Unión la responsabilidad del productor a un plazo de tiempo razonable, habida cuenta de que los productos se desgastan con el tiempo, que cada vez se elaboran normas de seguridad más estrictas y se avanza más en los conocimientos científicos y técnicos. (29)
49.      Además, el Tribunal de Justicia observó que la voluntad del legislador de la Unión de fijar límites temporales concretos al régimen de responsabilidad sin culpa establecido por la Directiva 85/374 pretende asimismo tener en cuenta el hecho de que ese régimen constituye, para el productor, una carga mucho mayor que la que imponen las normas tradicionales de responsabilidad y ello con el fin de no obstaculizar el progreso técnico y permitir que las aseguradoras cubran el riesgo de la responsabilidad específico. (30)
50.      Por tanto, el artículo 11 de la Directiva 85/374 pretende proporcionar seguridad jurídica al productor respecto a la fecha exacta en la que se supone que quedaría liberado de su responsabilidad al amparo de dicha Directiva. (31)
51.      En el presente asunto, las dudas que alberga el tribunal remitente se refieren a la compatibilidad del artículo 11 de la Directiva 85/374 con el artículo 47 de la Carta, en la medida en que el plazo de expiración que establece se aplica a los perjudicados que padecen una enfermedad progresiva.
52.      La Directiva 85/374 no define lo que constituye «enfermedad progresiva». Su artículo 9, letra a), acota el «daño» a los daños causados por muerte o lesiones corporales. De la sentencia Veedfald resulta que, si bien la precisión del contenido de ambas categorías de daños está a cargo de los legisladores nacionales, no es menos cierto que debe garantizarse una indemnización adecuada y total a las personas que han sufrido daños a causa de un producto defectuoso. (32)
53.      Dada la amplia definición del concepto de «daños», este puede abarcar una enfermedad progresiva entendida como una condición médica que evoluciona durante un largo período de tiempo.
54.      Para abordar la cuestión de la compatibilidad del artículo 11 de la Directiva 85/374 con el artículo 47 de la Carta, procede comenzar determinando si el plazo para ejercitar la acción vulnera un derecho garantizado por el Derecho de la Unión.
55.      El Gobierno neerlandés, la Comisión Europea y el Consejo alegan en sus observaciones escritas que la fijación de un plazo de expiración de diez años no limita ningún derecho garantizado por el Derecho de la Unión. En su opinión, ello se debe a que, una vez transcurrido el período pertinente, el derecho del perjudicado a reclamar una indemnización por daños se extingue. Al no existir ningún derecho, el perjudicado ya no puede invocar los derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión, por lo que no puede haber infracción alguna del artículo 47 de la Carta. Según esta tesis, el plazo de expiración debe entenderse como una mera limitación en el tiempo de los derechos que la Directiva 85/374 confiere a los perjudicados, de modo que, una vez transcurrido dicho plazo, la Carta deja de aplicarse.
56.      No puedo aceptar este enfoque por lo que respecta a la interpretación del artículo 47 de la Carta.
57.      El artículo 51, apartado 1, de la Carta confirma la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión. (33)
58.      El artículo 47, párrafo primero, de la Carta dispone que toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en dicho artículo.
59.      También se desprende de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el artículo 47 de la Carta constituye base suficiente para invocar el derecho a la tutela judicial efectiva, sin que su contenido deba ser desarrollado por otras disposiciones del Derecho de la Unión o por disposiciones del Derecho interno de los Estados miembros. El reconocimiento del mencionado derecho en un caso concreto presupone, como resulta de ese artículo 47, párrafo primero, de la Carta que la persona que lo invoque se ampare en derechos o libertades garantizados por el Derecho de la Unión. (34)
60.      La situación del perjudicado por un producto defectuoso que reclama una indemnización al productor sobre la base de la responsabilidad sin culpa establecida en la Directiva 85/374 está claramente en el ámbito del Derecho de la Unión. Al ejercitar el derecho a indemnización previsto en dicha Directiva, el perjudicado hace valer su derecho a la tutela judicial efectiva con arreglo al artículo 47 de la Carta.
61.      El hecho de que el artículo 11 de la Directiva 85/374 establezca un plazo de expiración tras el cual se extingue el derecho a indemnización no implica que dicha disposición pueda sustraerse al control de su compatibilidad con el artículo 47 de la Carta. En efecto, la extinción del derecho sustantivo no es más que el efecto de la aplicación del período de expiración previsto por la citada Directiva. El examen de la validez del artículo 11 de la Directiva a la luz del artículo 47 de la Carta debe centrarse precisamente en el hecho de que se establece un plazo de expiración y en sus características, en particular, su duración, el momento en que da comienzo y los acontecimientos que pueden suspenderlo o interrumpirlo.
62.      De no ser así, cualquier limitación temporal del ejercicio de una acción para hacer valer los derechos de la Unión prevista en el Derecho derivado de la Unión (o por los Estados miembros cuando actúan en el ámbito del Derecho de la Unión), en forma de un plazo a cuya expiración se extinguen los derechos, podría zafarse del control de validez a la luz del Derecho primario dependiendo de que haya transcurrido o no el plazo de expiración pertinente.(35)
63.      Esa solución sería contraria a los principios del Estado de Derecho, según los cuales ni los Estados miembros ni las instituciones de la Unión Europea pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con los Tratados. (36)
64.      Así pues, debe considerarse que la fijación de un plazo de expiración para ejercitar una acción, en el artículo 11 de la Directiva 85/374, da lugar a una limitación del derecho a la tutela judicial efectiva del perjudicado. A continuación, procede examinar si tal limitación puede estar justificada.
65.      El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el principio de tutela judicial efectiva establecido en ese artículo 47 de la Carta está constituido por diversos elementos, tales como el derecho de acceso a los tribunales. (37)
66.      El artículo 47 de la Carta garantiza en Derecho de la Unión la protección concedida por el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, (en lo sucesivo, «CEDH»). (38)
67.      De conformidad con el artículo 52, apartado 3, de la Carta, en la medida en que la Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el CEDH, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio, si bien ello no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa. Por tanto, al interpretar el artículo 47 de la Carta, el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta los correspondientes derechos garantizados en el artículo 6, apartado 1, del CEDH e interpretados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como nivel mínimo de protección. (39)
68.      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el derecho de acceso a un tribunal no es un derecho absoluto, sino que puede comportar restricciones proporcionadas que persigan un objetivo legítimo y no menoscaben dicho derecho en su esencia. (40) Como se desprende del artículo 52, apartado 1, de la Carta, esta admite limitaciones del ejercicio de estos derechos, siempre que esas limitaciones sean establecidas por la ley, respeten el contenido esencial de esos derechos y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión Europea o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. (41)
69.      En primer lugar, en lo que atañe al requisito de que toda limitación del ejercicio de los derechos fundamentales sea establecida por la ley, el artículo 11 de la Directiva 85/374 recoge expresamente la norma sobre el plazo de expiración. Por tanto, se cumple el principio de legalidad.
70.      En segundo lugar, por lo que respecta al respeto del contenido esencial del derecho de acceso a un tribunal, el Tribunal de Justicia ha declarado que el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta incluye, en particular, el derecho de su titular a acceder a un tribunal que tenga competencia para garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión reconoce a aquel y, a tal efecto, para examinar todas las cuestiones de hecho y de Derecho relevantes para pronunciarse sobre el litigio de que conoce. (42)
71.      A este respecto, debo señalar que del artículo 11 de la Directiva 85/374 resulta que los derechos que se extinguen una vez concluido el plazo de expiración de diez años solo son los conferidos por la Directiva 85/374. El artículo 11 de esta Directiva, interpretado a la luz de su artículo 13, (43) no se opone a que el perjudicado ejercite una acción sobre la base del Derecho nacional en materia de responsabilidad contractual o extracontractual en la medida en que el régimen nacional de responsabilidad pertinente en el que esa persona se basa difiera del establecido por la Directiva. (44)
72.      El Gobierno neerlandés, la Comisión y el Consejo sostienen que, habida cuenta de la complementariedad de los derechos y de las vías de recurso que el perjudicado tiene para solicitar ser indemnizado con arreglo al Derecho de la Unión y al Derecho nacional, el artículo 11 de la Directiva 85/374 respeta el contenido esencial del derecho de acceso a un tribunal. Más concretamente, la Comisión alegó en la vista que pueden activarse distintas «capas de responsabilidad» y que, por tanto, no se vulnera el derecho de acceso a un tribunal.
73.      A mi juicio, el problema que plantea esta postura es que supedita el examen de una disposición del Derecho de la Unión a los derechos y a las vías de recurso que pueda ofrecer el Derecho nacional. Como ya he señalado, el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta incluye, en particular, el derecho de su titular a acceder a un tribunal que tenga competencia para garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión le reconoce. A este respecto, como expuso el Gobierno alemán en la vista, el derecho de acceso a un tribunal es independiente de los derechos garantizados a la persona por el Derecho nacional en materia de responsabilidad extracontractual. Además, habida cuenta de la armonización completa llevada a cabo por la Directiva 85/374, el derecho del perjudicado a reclamar una indemnización por daños sobre la base del régimen de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos previsto por dicha Directiva se extingue una vez transcurrido el plazo de expiración de diez años. Si los Estados miembros contemplan el derecho a solicitar indemnización transcurrido ese plazo, tal derecho no podrá tener el mismo fundamento que el establecido por dicha Directiva. Las personas afectadas ya no podrán acogerse al régimen de responsabilidad objetiva por los daños causados por productos defectuosos ni, en particular, a las normas sobre la carga de la prueba.
74.      Por tanto, la cuestión de si el plazo de expiración previsto en el artículo 11 de la Directiva 85/374 respeta el contenido esencial del derecho de acceso a un tribunal para mantener el derecho a reclamar una indemnización por daños garantizado por dicha Directiva no puede depender de la eventual existencia, en el Derecho nacional, de otros derechos y vías de recurso con distinto fundamento que los previstos en dicha Directiva.
75.      En cualquier caso, los Estados miembros no están obligados a establecer, en sus regímenes generales de responsabilidad, un plazo de prescripción más extenso que permita a los perjudicados ejercitar su acción sobre una base diferente de la prevista por la Directiva 85/374.
76.      En consecuencia, la coexistencia de derechos y vías de recurso con fundamentos jurídicos diferentes no permite acreditar que no se vulnera el contenido esencial del derecho de acceso a un tribunal.
77.      La naturaleza del plazo de expiración previsto en el artículo 11 de la Directiva 85/374 es la de «un plazo absoluto». (45) La única circunstancia que podría impedir la extinción de los derechos es que, entretanto, el perjudicado hubiera ejercitado una acción judicial contra el productor. La aplicación del plazo de expiración es incondicional, (46) en el sentido de que se aplica sistemáticamente a todos los perjudicados, sin excepción ni evaluación individual de la naturaleza de los daños sufridos o de la capacidad de las víctimas para evaluar dichos daños.
78.      El Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó la compatibilidad de los plazos de expiración absolutos con el derecho de acceso a un tribunal en la sentencia Howald Moor y otros c. Suiza. (47) En ese asunto, los perjudicados padecían una enfermedad latente asociada a la exposición al amianto que se había manifestado tras la expiración del plazo de prescripción de diez años previsto en el Derecho nacional. A la vista de que los períodos de latencia de las enfermedades relacionadas con el amianto duran varias décadas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que plazo de prescripción fijo de diez años que empezó a correr en la fecha en que la persona afectada estuvo expuesta al polvo de amianto había expirado en todo caso. (48) Cuando está científicamente probado que es imposible que una persona sepa que padece una enfermedad, esta circunstancia debe tenerse en cuenta a efectos del cálculo del plazo de prescripción. (49) Habida cuenta de las circunstancias excepcionales de dicho asunto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que la aplicación del plazo de prescripción pertinente había restringido el acceso a un tribunal hasta tal punto que se había vulnerado la propia esencia del derecho de los demandantes. (50)
79.      La cuestión de la compatibilidad de los plazos de expiración absolutos con el derecho de acceso a un tribunal se planteó en relación con las personas que padecen una enfermedad progresiva atribuida a la administración de una vacuna en la sentencia Sanofi Pasteur c. Francia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (51) En ese asunto, los tribunales nacionales (franceses) habían declarado que el plazo para que la víctima pudiera ejercitar la acción había empezado a correr en la fecha de consolidación del daño. La compañía farmacéutica alegaba que el método de determinación del inicio del plazo de prescripción violaba el principio de seguridad jurídica, reconocido en el artículo 6, apartado 1, del CEDH, y menoscababa el derecho al respeto de sus bienes consagrado por el artículo 1 del Protocolo n.º 1 al CEDH.
80.      El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que las víctimas de una enfermedad latente como la que era objeto del asunto Howald Moor y otros c. Suiza se hallaban en una situación diferente a la de las víctimas de una enfermedad progresiva como la examinada en el asunto Sanofi Pasteur c. Francia. Mientras que las primeras no tuvieron conocimiento de su enfermedad hasta después de que expiraran los plazos de ejercicio de la acción, la acción de indemnización por daños de las segundas no había prescrito cuando les fue diagnosticada la enfermedad. (52) Sin embargo, esta diferencia no fue determinante para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos apreciara de forma distinta el derecho de acceso a un tribunal de las víctimas de una enfermedad progresiva.
81.      En efecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisó que el derecho de acceso a un tribunal se pone en entredicho cuando una acción por daños ejercitada por una persona cuya integridad física ha sido dañada prescribe antes de que dicha persona haya estado efectivamente en condiciones de evaluar el perjuicio sufrido. (53) Concluyó que, dado el carácter progresivo de la enfermedad de la víctima y a falta de consolidación de dicha enfermedad, la víctima no pudo, con anterioridad a la fecha de dicha consolidación, «evaluar íntegramente los daños sufridos» y, por tanto, ejercitar una acción para reclamar al fabricante de la vacuna una indemnización total. (54)
82.      De esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que la aplicación incondicional de un plazo de expiración a las víctimas de una enfermedad progresiva puede vulnerar el derecho de acceso a un tribunal si se prohíbe a la víctima ejercitar una acción indemnizatoria antes de que pueda evaluar el alcance total del daño.
83.      En línea con este razonamiento, la aplicación incondicional del plazo de expiración establecido en el artículo 11 de la Directiva 85/374 a todos los perjudicados y, en particular, a aquellos que padecen una enfermedad progresiva que, según pruebas médicas, no podían conocer el alcance total del daño, puede menoscabar el contenido esencial de su derecho de acceso a un tribunal garantizado por el artículo 47 de la Carta.
84.      Sin embargo, el Gobierno neerlandés alega que el contenido esencial del derecho de acceso a un tribunal de los perjudicados que padecen una enfermedad progresiva no se ve afectado por el artículo 11 de la Directiva 85/374. En su opinión, ello se debe a que el daño es evidente, aunque su alcance pueda aumentar. Así pues, la víctima de una enfermedad progresiva, a diferencia de la víctima de una enfermedad latente, puede ejercitar una acción por daños antes de que transcurra el plazo de expiración.
85.      El Gobierno alemán también comparte este punto de vista y considera que corresponde a los Estados miembros permitir que los perjudicados ejerciten acciones antes de la prescripción. En sus observaciones escritas y extensamente en la vista expuso que la legislación alemana permite a la víctima ejercitar una acción declarativa (Festellungsklagge). (55) Esta acción declarativa tiene por objeto establecer la responsabilidad del productor de indemnizar por los daños causados, aun cuando el perjuicio sea evolutivo y su importe aún no pueda cuantificarse. Además, interrumpe el plazo de expiración de diez años previsto en el artículo 11 de la Directiva 85/374.
86.      Por tanto, cabría sostener que corresponde al Derecho procesal nacional abordar la situación de los perjudicados que padecen una enfermedad progresiva y establecer los mecanismos adecuados para evitar que la acción de esas personas prescriba. En virtud de este enfoque, el artículo 11 de la Directiva 85/374 no vulneraría el derecho de acceso a un tribunal, sino el Derecho procesal nacional, si la situación de esas personas no se tuviese en cuenta.
87.      No obstante, este enfoque no puede admitirse. En primer lugar, es difícil de conciliar con la armonización completa del plazo de prescripción que lleva a cabo dicha disposición y puede conducir a una fragmentación de la protección del derecho de acceso a un tribunal de las víctimas de una enfermedad progresiva. Hay que recordar al respecto que, a diferencia del plazo de prescripción previsto en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 85/375, que no afecta a las disposiciones de los Estados miembros que regulen la suspensión o la interrupción, el período de expiración previsto en el artículo 11 de dicha Directiva no hace referencia a tales disposiciones. A raíz de una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia a la Comisión en la vista acerca de las características de este último, la Comisión mantuvo que cualquier mecanismo procesal nacional que pudiera aplicarse para abordar la situación de una enfermedad progresiva no socavaría la plena armonización llevada a cabo por el período de expiración.
88.      En segundo lugar, no parece que confiar la cuestión a la autonomía procesal nacional permita hacer frente al riesgo de que el establecimiento por el Derecho de la Unión de un período de expiración absoluto genere reclamaciones infructuosas. Si los perjudicados se ven obligados a ejercitar su acción prematuramente, antes de poder evaluar su enfermedad, corren el riesgo de no tener acceso a toda la información. (56) En la vista, los abogados de LF alegaron que, si no cuentan con toda la información disponible, los perjudicados obtendrán informes periciales desfavorables. En consecuencia, las acciones que ejerciten tendrán como resultado una indemnización incompleta o, lo que es peor, no prosperarán. Tal resultado sería contrario al artículo 47 de la Carta, que garantiza la posibilidad de que el titular del derecho prepare e interponga un recurso efectivo. Según los términos empleados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho de acceso a un tribunal debe ser «práctico y efectivo» y no «teórico o ilusorio». (57)
89.      Por estos motivos, considero que la aplicación incondicional del plazo de expiración de diez años previsto en el artículo 11 de la Directiva 85/374 a todos los perjudicados, sin tener en cuenta las circunstancias particulares propias de las personas que padecen una enfermedad progresiva que no se haya consolidado antes de la expiración de dicho plazo, no respeta el contenido esencial del derecho de acceso a un tribunal garantizado por el artículo 47 de la Carta.
90.      En tercer lugar, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia no comparta mi análisis sobre el contenido esencial del derecho de acceso a un tribunal, procederá comprobar si el plazo de expiración previsto en el artículo 11 de la Directiva 85/374 respeta el principio de proporcionalidad, en la medida en que se aplica a los perjudicados que padecen una enfermedad progresiva.
91.      El principio de proporcionalidad exige que las limitaciones que mediante actos del Derecho de la Unión puedan introducirse en los derechos y libertades consagrados en la Carta no excedan los límites de lo que sea adecuado y necesario para satisfacer los objetivos legítimamente perseguidos o de la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. Cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa. Además, no puede perseguirse un objetivo de interés general sin tener en cuenta que tal objetivo debe conciliarse con los derechos fundamentales a los que afecta la medida, efectuando una ponderación equilibrada entre el objetivo de interés general y los derechos en cuestión, para garantizar que los inconvenientes causados por esa medida no sean desmesurados en relación con los objetivos perseguidos. (58)
92.      Por lo que respecta a la cuestión de si el plazo de diez años responde a un objetivo de interés general, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión. (59) Concretamente, el artículo 11 pretende proporcionar seguridad jurídica al productor en el marco del régimen de responsabilidad sin culpa establecido por la Directiva 85/374. (60)
93.      El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha reconocido en reiteradas ocasiones que los plazos de prescripción legal, que constituyen una de las restricciones legítimas del derecho de acceso a un tribunal, persiguen objetivos importantes, a saber, garantizar la seguridad jurídica y la irrevocabilidad de las resoluciones, proteger a los potenciales demandados de acciones extemporáneas contra las que podría ser difícil defenderse y evitar cualquier injusticia que pudiera producirse si los órganos jurisdiccionales tuvieran que pronunciarse sobre hechos producidos en el pasado sobre la base de pruebas que podrían ya no ser fiables ni exhaustivas debido al transcurso del tiempo. (61)
94.      Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos subrayó que el principio de seguridad jurídica constituye uno de los aspectos fundamentales del Estado de Derecho. (62)
95.      La seguridad jurídica y la buena administración de la justicia constituyen, por tanto, objetivos de interés general reconocidos por la Unión, a los efectos del artículo 52, apartado 1, de la Carta, que justifican una limitación del ejercicio de los derechos garantizados por su artículo 47.
96.      En lo tocante a la cuestión de si el plazo de expiración de diez años de que se trata excede los límites de lo que es adecuado y necesario para satisfacer estos objetivos, procede señalar que el régimen de responsabilidad sin culpa previsto por la Directiva 85/374 es el resultado de una compleja ponderación de diferentes intereses. (63) De la jurisprudencia citada en las presentes conclusiones (64) resulta que las normas de prescripción garantizan la seguridad jurídica y tienen en cuenta que el régimen de responsabilidad objetiva constituye, para el productor, una carga mucho mayor que la que imponen los regímenes generales nacionales de responsabilidad y que se refleja también en la necesidad de que las aseguradoras cubran el riesgo de la responsabilidad específico. (65)
97.      Habida cuenta del amplio margen de apreciación de que dispone el legislador de la Unión para ponderar los distintos intereses en juego, un plazo de expiración de diez años a partir de la comercialización del producto defectuoso parece «en general» y «en la gran mayoría de los casos», como señaló la Comisión en sus observaciones escritas, suficientemente largo para que los perjudicados puedan ejercitar una acción contra el productor.
98.      Sin embargo, como ha observado la doctrina con elocuencia, ningún período de expiración válido para todos los casos permite ponderar adecuadamente los intereses de las víctimas de daños corporales y de los productores. (66) Aunque, en abstracto, el plazo de expiración de diez años parece suficientemente largo para los perjudicados, parece no adaptarse a ciertos supuestos excepcionales de daños corporales en los que el daño no se manifiesta inmediatamente o poco después del hecho lesivo, sino de manera progresiva. En efecto, no tener en cuenta esta situación particular pasaría por alto el hecho de que la extinción de los derechos de los perjudicados no resulta de su inacción, sino del infortunio de sufrir una enfermedad progresiva.
99.      La Comisión alegó, en esencia, en sus observaciones escritas y en la vista, que los perjudicados que sufran una enfermedad progresiva aún pueden ejercitar una acción dentro del plazo de expiración cuando conozcan algunos de los síntomas y obtener una indemnización (un certain dédommagement). Esa indemnización será necesariamente «parcial» si los efectos del producto defectuoso no son totalmente detectables cuando se ejercite la acción. Por otra parte, la Comisión indicó que, si así lo prevén las normas del Derecho nacional, el perjudicado podría solicitar la suspensión del procedimiento hasta que el daño sea plenamente conocido, con el fin de permitirle completar su pretensión inicial y obtener una indemnización total del daño.
100. Por las razones que he expuesto en las presentes conclusiones, (67) la posibilidad de obtener una indemnización parcial no parece satisfactoria desde el punto de vista del derecho del perjudicado a ejercitar una acción efectiva. Por añadidura, el hecho de que el Derecho procesal nacional pueda prever la posibilidad de solicitar la suspensión del procedimiento hasta que se conozca la totalidad del perjuicio, además de ser hipotético, podría, en función de las disposiciones exactas del Derecho nacional, no ser coherente con la armonización completa del plazo de expiración llevada a cabo por la Directiva 85/374.
101. La necesidad de corregir los resultados desproporcionados de la aplicación de un plazo de expiración absoluto para determinadas categorías de daños se ve corroborada por las modificaciones introducidas por la Directiva 2024/2853. El artículo 17, apartado 2, de esta Directiva introduce una excepción respecto de los perjudicados que no hayan podido interponer una acción en un plazo de diez años debido a la latencia de una lesión corporal. El plazo de expiración aplicable a tales perjudicados se amplía a veinticinco años. Del considerando 57 de dicha Directiva se desprende que el legislador de la Unión amplió el plazo de expiración «para evitar que se restrinja injustificadamente la posibilidad de indemnización por daños causados por un producto defectuoso […] en los casos en que los síntomas de una lesión corporal sean, según pruebas médicas, de aparición lenta».
102. Aunque la Directiva 2024/2853 no es aplicable al litigio principal, (68) las razones que subyacen a la modificación del plazo de expiración demuestran que no tomar en consideración las particularidades de categorías específicas de perjuicios puede afectar al derecho de acceso a un tribunal de los perjudicados afectados.
103. Por estos motivos, considero que la aplicación del plazo de diez años previsto en el artículo 11 de la Directiva 85/374 afecta de manera desproporcionada al derecho de acceso a un tribunal de los perjudicados que padecen una enfermedad progresiva que, debido al carácter evolutivo de dicha enfermedad, no están en condiciones de evaluar plenamente su estado y, por tanto, no han podido ejercitar una acción contra el productor en ese plazo.
104. Corresponde al legislador de la Unión establecer las normas concretas de adaptación del período de expiración a los casos excepcionales de perjudicados que sufren una enfermedad progresiva y ponderar todos los intereses en juego.
105. A la vista de lo anterior, considero que el artículo 11 de la Directiva 85/374, según el cual los derechos conferidos al perjudicado en aplicación de la citada Directiva se extinguirán transcurrido el plazo de diez años a partir de la fecha en que el productor hubiera puesto en circulación el producto mismo que causó el daño, es nulo a la luz del artículo 47 de la Carta, en la medida en que su aplicación conlleva la extinción del derecho a solicitar indemnización del que gozan los perjudicados que padecen una enfermedad progresiva, los cuales, según pruebas médicas, debido al carácter progresivo de su estado de salud, no están en condiciones de evaluar plenamente los daños causados y, por tanto, no han podido ejercitar una acción contra el productor en ese plazo, con lo que se priva a esas personas de su derecho de acceso a un tribunal.
C.      Tercera cuestión prejudicial
106. Mediante su tercera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10 de la Directiva 85/374 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de enfermedad progresiva, el plazo de prescripción de tres años para reclamar el resarcimiento de los daños comienza a correr a partir de la fecha en que se conoce el alcance total del daño, en particular mediante la fijación de una fecha de consolidación definida como el momento a partir del cual el estado de la víctima deja de ser progresivo. El tribunal remitente pregunta asimismo, con carácter subsidiario, si dicho plazo de prescripción debe entenderse en el sentido de que comienza a correr a partir de la fecha en que el daño se haya manifestado de forma cierta, en relación con el producto defectuoso, con independencia de su evolución posterior.
107. De la resolución de remisión se desprende que la Cour de cassation (Tribunal de Casación) sometió el litigio principal al tribunal remitente, sobre la base de que la cour d’appel de Caen (Tribunal de Apelación de Caen) había declarado inadmisible el recurso de LF sin examinar si su estado de salud se había consolidado. (69)
108. He de recordar que el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374 establece como fecha de comienzo del plazo de prescripción de tres años la fecha en que el demandante «tuvo, o debería haber tenido, conocimiento del daño, del defecto y de la identidad del productor». La cuestión planteada por el tribunal remitente se centra en determinar la fecha en la que el demandante que sufre una enfermedad progresiva tuvo conocimiento del daño.
109. Según reiterada jurisprudencia, tanto de las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que una disposición del Derecho de la Unión que no incluya una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que tenga en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (70)
110. El artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374 no incluye ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para fijar la fecha de comienzo del plazo de prescripción. El artículo 10, apartado 2, únicamente se remite a los Derechos nacionales en lo que concierne a la suspensión o la interrupción del plazo de prescripción, pero no respecto del dies a quo. Por otra parte, una interpretación independiente y uniforme de la fecha de comienzo del plazo de prescripción es, como se deduce del décimo considerando de dicha Directiva, acorde con el objetivo de esta de establecer un plazo de prescripción uniforme para las acciones de resarcimiento.
111. En cuanto al tenor del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374, esta disposición vincula la fecha de comienzo del plazo de prescripción al conocimiento (o presunto conocimiento) del daño. No es posible deducir simplemente de este tenor si el conocimiento debe entenderse adquirido en la fecha de consolidación de la patología del perjudicado o en la fecha en la que el daño se haya manifestado de forma cierta, con independencia de su evolución posterior.
112. Por lo que respecta al contexto en el que se enmarca el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374, procede recordar que, según el artículo 4 de ese mismo acto, el perjudicado deberá probar el daño, el defecto y la relación causal entre el defecto y el daño. Está claro que el artículo 9, letra a), de la Directiva 85/374 acota el «daño» a los daños causados por muerte o lesiones corporales.
113. Como resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debe garantizarse una indemnización adecuada y total a las víctimas de un producto defectuoso por los tipos de daños a los que se hace referencia en el apartado anterior de esta sentencia. (71)
114. La fecha a partir de la cual empieza a correr el plazo de prescripción con arreglo al artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374 debe fijarse de manera que permita al perjudicado probar que se cumplen todos los requisitos para que se genere la responsabilidad del productor. Por tanto, como alega, en esencia, la Comisión, el perjudicado debe tener un conocimiento suficientemente preciso de las circunstancias relativas al conjunto de estos requisitos, en particular, debe tener un conocimiento suficientemente preciso del daño. Tal conocimiento suficientemente preciso del daño permite al perjudicado obtener una indemnización adecuada y total.
115. En general, conocer la fecha en la que el daño se ha manifestado de forma cierta puede considerarse un requisito adecuado para que los perjudicados ejerciten una acción. Como adujo la Comisión, en esencia, en la vista, hay casos de lesiones corporales en los que no es necesario esperar a la consolidación del daño porque se tiene un conocimiento suficientemente preciso de dicho daño, así como, en función de las circunstancias, de cómo evolucionará en el futuro. Sin embargo, en el supuesto de una enfermedad progresiva, la víctima no puede evaluar la naturaleza del daño sufrido si este no se ha consolidado. La fecha de consolidación debe determinarse sobre la base de pruebas médicas: no depende de la apreciación personal de la víctima. (72) Así pues, para esta categoría de perjudicados, el plazo de prescripción no debería comenzar a correr antes de la fecha de consolidación, que se entiende como la fecha en la que el estado de salud de la persona deja de ser progresivo.
116. En el caso de una enfermedad progresiva, tomar la fecha alternativa propuesta por el tribunal remitente, a saber, la fecha en la que el daño se manifiesta de forma cierta, como la fecha en la que se manifiestan los primeros síntomas supondría un grave menoscabo del derecho del perjudicado a ejercitar una acción efectiva por daños. Como sostiene la Comisión en sus observaciones escritas, en una situación en la que el daño aún no es suficientemente manifiesto, la víctima podría verse disuadida de ejercitar una acción judicial costosa, cuando meses o años más tarde dicha persona habría podido definir mejor el alcance del daño. Además, si el perjudicado ejercita una acción cuando el daño sigue siendo limitado y su estado de salud sigue evolucionando, corre el riesgo de obtener una indemnización parcial. (73)
117. Habida cuenta del objetivo de las normas de las que forma parte el artículo 10 de la Directiva 85/374, del considerando 9 de esta Directiva se desprende que la protección del consumidor exige la reparación de los daños causados por muerte y lesiones corporales. El perjudicado debe poder ejercitar efectivamente su derecho a obtener una indemnización adecuada y total del daño sufrido.
118. El Gobierno alemán alega que el plazo de prescripción de tres años debe empezar a correr a partir de la fecha en la que se manifieste el daño y en la que el perjudicado, incluidas las personas que sufren daños progresivos, tenga conocimiento de que el daño se ha manifestado. Como ya he señalado anteriormente, en situaciones en las que se produce un daño progresivo, la legislación alemana contempla la posibilidad de ejercitar una acción declarativa. (74) El Gobierno alemán sostiene que esta solución es aplicable en caso de daños ulteriores «típicamente» previsibles. Sin embargo, en caso de daños «atípicos» e imprevisibles, un nuevo plazo de prescripción comienza a correr a partir del momento en que el demandante tuvo conocimiento de ellos.
119. La Comisión aduce en sus observaciones escritas que no puede excluirse que, en determinados ordenamientos jurídicos nacionales, los perjudicados puedan solicitar la suspensión del procedimiento hasta que el daño sea suficientemente conocido. Sin embargo, la Comisión ha reconocido que tal posibilidad no existe en todos los Estados miembros.
120. Los diferentes enfoques que pueden existir en los Derechos nacionales ponen de manifiesto que el grado de protección de la posibilidad de que los perjudicados reclamen los daños puede variar dependiendo del Derecho procesal nacional, cuando el plazo de prescripción pretende ser uniforme. Además, exigir al perjudicado que incremente progresivamente el importe de la indemnización reclamada en función de los perjuicios adicionales resultantes del hecho lesivo puede exigir dinero y tiempo, por lo que podría socavar la plena eficacia del derecho a indemnización. (75)
121. Para garantizar una interpretación uniforme de la fecha de comienzo del plazo de prescripción y de la eficacia del derecho del perjudicado que padece una enfermedad progresiva a reclamar una indemnización, dicha fecha no puede situarse en un momento anterior a la consolidación del daño sufrido. La fecha de consolidación debe fijarse sobre la base de pruebas médicas.
122. En línea con esta interpretación del artículo 10 de la Directiva 85/374, cabe admitir que, en el caso de una enfermedad progresiva, el plazo de prescripción de tres años solo empieza a correr a partir de la fecha de consolidación del daño, aun cuando el daño se haya manifestado en una fecha anterior.
123. Esta interpretación del artículo 10 de la Directiva 85/374 debe ser puesta en relación con mi respuesta a la segunda cuestión prejudicial examinada en las presentes conclusiones. En efecto, para preservar el efecto útil del artículo 10 en relación con quienes padecen una enfermedad progresiva, el plazo de expiración del artículo 11 debe determinarse de manera que se tenga en cuenta su situación particular y su derecho a la tutela judicial efectiva en virtud del artículo 47 de la Carta.
124. A la luz de lo anterior, considero que el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de una enfermedad progresiva, el plazo de prescripción de tres años previsto en dicha disposición comienza a correr en la fecha de consolidación del daño, definida como el momento a partir del cual, según pruebas médicas, el estado del perjudicado deja de ser progresivo.
V.      Conclusión
125. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la cour d’appel de Rouen (Tribunal de Apelación de Ruan, Francia):
«1)      El artículo 13 de la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, entendido a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de abril de 2022, González Sánchez (C‑183/00, EU:C:2002:255),
debe interpretarse en el sentido de que el perjudicado por un producto defectuoso puede reclamar al productor la indemnización del daño que ha sufrido sobre la base de un régimen general nacional de responsabilidad por culpa, en la medida en que dicho régimen no se base exclusivamente en el carácter defectuoso del producto. El comportamiento culposo puede consistir, en particular, en que el productor mantenga un producto en circulación a sabiendas de que es defectuoso o no adopte medidas de vigilancia respecto de los riesgos asociados al producto, pese a haber sido informado de ellos.
2)      El artículo 11 de la Directiva 85/374, según el cual los derechos conferidos al perjudicado en aplicación de la citada Directiva se extinguirán transcurrido el plazo de diez años a partir de la fecha en que el productor hubiera puesto en circulación el producto mismo que causó el daño,
es nulo a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la medida en que su aplicación conlleva la extinción del derecho a solicitar indemnización del que gozan los perjudicados que padecen una enfermedad progresiva, los cuales, según pruebas médicas, debido al carácter progresivo de su estado de salud, no están en condiciones de evaluar plenamente los daños causados y, por tanto, no han podido ejercitar una acción contra el productor en ese plazo, con lo que se priva a esas personas de su derecho de acceso a un tribunal.
3)      El artículo 10, apartado 1, de la Directiva 85/374
debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de una enfermedad progresiva, el plazo de prescripción de tres años previsto en dicha disposición comienza a correr en la fecha de consolidación del daño, definida como el momento a partir del cual, según pruebas médicas, el estado del perjudicado deja de ser progresivo.»
1      Lengua original: inglés.
2      Directiva del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO 1985, L 210, p. 29; EE 13/19, p. 8), en su versión modificada por la Directiva 1999/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 1999 (DO 1999, L 141, p. 20) (en lo sucesivo, «Directiva 85/374»).
3      Antes de la adopción de la Directiva (UE) 2024/2853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y por la que se deroga la Directiva 85/374 (DO L, 2024/2853).
4      White, F., «Directive 85/374/EEC concerning liability for defective products: In the name of the harmonisation, the internal market and consumer protection», en Giliker, P. (ed.), Research Handbook on EU Tort Law, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2017.
5      Cousy, H., «Chapter 3. Consumer protection through product liability. Theme I. Level and scope of harmonisation of the directive — Survival of national product liability regimes», en Terryn, E., Straetmans G. y Colaert, V. (eds.), Landmark Cases of EU Consumer Law, In Honour of Jules Stuyck, Intersentia, Cambridge, Amberes, Portland, 2013, pp. 291 a 306, en particular p. 296.
6      Sentencia de 21 de diciembre de 2011, Dutrueux (C‑495/10, EU:C:2011:869), apartado 20.
7      Binon, J.‑M., «La responsabilité du fait des produits défectueux: Les vices cachés de l’harmonisation européenne», en Van Schoubroeck, C., Devroe, W., Geens, K. y Stuyck, J. (eds.), Over Grenzen — Liber Amicorum Herman Cousy, Intersentia, Amberes, Cambridge, 2011, pp. 591 a 603.
8      Sentencias de 15 de noviembre de 2023, n.os 22‑21.174, 22‑21.178, 22‑21.179 y 22‑21.180. Estas sentencias se dictaron en el marco de varios recursos de casación interpuestos por personas perjudicadas por el medicamento «Médiator».
9      Corresponde al juez remitente determinar si el comportamiento culposo alegado puede acreditarse efectivamente en las circunstancias de cada caso concreto.
10      Véase, en este sentido, la sentencia de 10 de junio de 2021, KRONE — Verlag (C‑65/20, EU:C:2021:471), apartado 31. El concepto de «productor» se define en el artículo 3 de la Directiva 85/374.
11      Taschner, H. C., «Product liability: basic problems in a comparative law perspective», en Fairgrieve, D. (ed.), Product Liability in Comparative Perspective, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 155 a 166, en particular p. 161 (el subrayado es mío).
12      Sentencia de 10 de junio de 2021, KRONE — Verlag (C‑65/20, EU:C:2021:471), apartado 33.
13      Véase, en este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2015, Boston Scientific Medizintechnik (C‑503/13 y C‑504/13, EU:C:2015:148), apartado 39.
14      Sentencia de 29 de mayo de 1997, Comisión/Reino Unido (C‑300/95, EU:C:1997:255), apartado 27.
15      Véase, en este sentido, Van Dam, C.
C., «Dutch case law on the EU Product Liability Directive», en Fairgrieve, D. (ed.), pp. 126 a 137, en particular p. 128.
16      Sentencias de 25 de abril de 2002, Comisión/Francia (C‑52/00, EU:C:2002:252), apartado 24, y de 21 de diciembre de 2011, Dutrueux (C‑495/10, EU:C:2011:869), apartado 20.
17      Sentencia de 21 de diciembre de 2011, Dutrueux (C‑495/10, EU:C:2011:869), apartado 21.
18      Sentencia González Sánchez, apartado 30.
19      Sentencia González Sánchez, apartado 31.
20      Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Tesauro presentadas en el asunto Comisión/Reino Unido (C‑300/95, EU:C:1997:35), punto 16.
21      Sentencia de 25 de abril de 2002, Comisión/Francia (C‑52/00, EU:C:2002:252).
22      En francés, «obligation de suivi».
23      Sentencia de 25 de abril de 2002, Comisión/Francia (C‑52/00, EU:C:2002:252), apartado 47.
24      Sentencia de 25 de abril de 2002 (C‑52/00, EU:C:2002:252).
25      Sentencia de 2 de diciembre de 2009, Aventis Pasteur (C‑358/08, EU:C:2009:744), apartado 37.
26      Véase al respecto, la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Aventis Pasteur (C‑358/08, EU:C:2009:744), apartados 38 y 43.
27      Ibidem, apartado 39.
28      Ibidem, apartado 40.
29      Ibidem, apartado 41.
30      Ibidem, apartado 42.
31      Véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Aventis Pasteur (C‑358/08, EU:C:2009:744), apartado 46.
32      Sentencia de 10 de mayo de 2001, Veedfald (C‑203/99, EU:C:2001:258), apartado 27.
33      Sentencia de 10 de septiembre de 2024, KS y otros/Consejo y otros (C‑29/22 P y C‑44/22 P, EU:C:2024:725), apartado 67 y jurisprudencia citada.
34      Véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2020, État luxembourgeois (Derecho de recurso contra una solicitud de información en materia fiscal) (C‑245/19 y C‑246/19, EU:C:2020:795), apartados 55 y 56, y de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries (C‑175/21, EU:C:2022:895), apartado 32.
35      Para un examen de los plazos de prescripción previstos por la legislación nacional para los procedimientos en materia de consumidores, véanse las sentencias de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470), apartado 30, y de 8 de septiembre de 2022, D. B. P. y otros (Crédito hipotecario denominado en divisas) (C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646), apartado 99.
36      Sentencia de 14 de julio de 2022, Parlamento/Consejo (Sede de la Autoridad Laboral Europea) (C‑743/19, EU:C:2022:569), apartado 33 y jurisprudencia citada.
37      Véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de febrero de 2022, SC Cridar Cons (C‑582/20, EU:C:2022:114), apartado 50, y de 8 de diciembre de 2022, Orde van Vlaamse Balies y otros (C‑694/20, EU:C:2022:963), apartado 60.
38      Véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235), apartado 116.
39      Véase, en este sentido, la sentencia de 2 de febrero de 2021, Consob (C‑481/19, EU:C:2021:84), apartado 37 y jurisprudencia citada.
40      Sentencia de 24 de febrero de 2022, SC Cridral Cons (C‑582/20, EU:C:2022:114), apartado 50 y jurisprudencia citada.
41      Sentencia de 8 de diciembre de 2022, Orde van Vlaamse Balies y otros (C‑694/20, EU:C:2022:963), apartado 34.
42      Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2020, État luxembourgeois (Derecho de recurso contra una solicitud de información en materia fiscal) (C‑245/19 y C‑246/19, EU:C:2020:795), apartado 66.
43      Véanse los puntos 33 y ss. de las presentes conclusiones.
44      Véase mi análisis en el marco de la primera cuestión prejudicial.
45      Fairgrieve, D. y otros, «Product Liability Directive», en Machnikowski, P. (ed.), European Product Liability: An Analysis of the State of the Art in the Era of New Technologies, Intersentia, Cambridge, 2016, p. 90.
46      Véase Havu, K. y Havu, T.: «The “long-stop” extinguishment rule in EU product liability», Journal of European Consumer and Market Law, vol. 13 (N.º 4), 2024, pp. 162 a 170, en particular p. 163.
47      TEDH, sentencia de 11 de marzo de 2014, CE:ECHR:2014:0311JUD005206710. Véase también TEDH, sentencia de 13 de febrero de 2024, Jann-Zwicker y Jann c. Suiza, CE:ECHR:2024:0213JUD000497620.
48      Sentencia Howald Moor y otros c. Suiza, § 74.
49      Ibidem, § 78.
50      Ibidem, § 79.
51      TEDH, sentencia de 13 de febrero de 2020, CE:ECHR:2020:0213JUD002513716.
52      Ibidem, § 55.
53      Ibidem, § 55.
54      Ibidem, § 55.
55      Previsto en el artículo 256 del Zivilprozessordnung (Código de Procedimiento Civil alemán).
56      Véase Havu, K. y Havu, T., nota 46, op. cit., p. 162, quienes afirman que «la existencia de una norma de extinción absoluta puede tener la consecuencia no deseada de animar a los demandantes a ejercitar una acción antes de haber obtenido toda la información que necesitan, […] lo que puede producir ineficacias y socavar la previsibilidad de los resultados de los asuntos».
57      Véase TEDH, sentencia de 13 de mayo de 2024, Jann-Zwicker y Jann c. Suiza, § 65 y jurisprudencia citada.
58      Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Orde van Vlaamse Balies y otros (C‑694/20, EU:C:2022:963), apartado 41 y jurisprudencia citada.
59      Véase, en este sentido, la sentencia de 22 de abril de 2021, Profi Credit Slovakia (C‑485/19, EU:C:2021:313), apartado 57 y jurisprudencia citada.
60      Véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Aventis Pasteur (C‑358/08, EU:C:2009:744), apartado 46.
61      TEDH, 13 de febrero de 2020, Sanofi Pasteur c. Francia, CE:ECHR:2020:0213JUD002513716, § 50.
62      Ibidem, § 52 y jurisprudencia citada.
63      Véase, en este sentido, la sentencia de 25 de abril de 2002, Comisión/Francia (C‑52/00, EU:C:2002:252), apartado 29.
64      Véase los puntos 48 a 50 de las presentes conclusiones.
65      Sentencia de 2 de diciembre de 2009, Aventis Pasteur (C‑358/08, EU:C:2009:744), apartado 42.
66      Havu, K. y Havu, T, nota 46, op. cit., p. 167. Véase asimismo Howells, G.
G., «Product Liability — A history of harmonisation», en  Fairgrieve, D. (ed.), Product Liability in Comparative Perspective, nota 11, op. cit., pp. 202 a 217, en particular p. 210, quien afirma que el plazo de prescripción de diez años «podría […] constituir una fuente de injusticia».
67      Véase el punto 88 de las presentes conclusiones.
68      De conformidad con el artículo 21, de la Directiva 2024/2853, «queda derogada la Directiva [85/374] con efectos a partir del 9 de diciembre de 2026. No obstante, seguirá aplicándose a los productos introducidos en el mercado o puestos en servicio antes de esa fecha». De esta disposición se deduce que la Directiva 2024/2853 no se aplica a la vacuna objeto del litigio principal, que fue administrada hace más de dos décadas.
69      Sentencia n.º 22‑18.914 de la Cour de cassation (Tribunal de Casación), Sala Primera de lo Civil, de 5 de julio de 2023. Esa sentencia refleja la jurisprudencia reiterada de la Cour de cassation (Tribunal de Casación) según la cual la fecha en la que la víctima tuvo, o debería haber tenido, conocimiento del daño es la de la consolidación del daño. Véase, por ejemplo, la sentencia n.º 15‑20.022 de la Cour de cassation (Tribunal de casación), Sala Primera de lo Civil, de 15 de junio de 2016.
70      Sentencia de 8 de abril de 2025, Fiscalía Europea (Control jurisdiccional de actos procesales) (C‑292/23, EU:C:2025:255), apartado 51 y jurisprudencia citada.
71      Sentencia de 10 de mayo de 2001, Veedfald (C‑203/99, EU:C:2001:258), apartado 27.
72      Jourdain, P., «Le point de départ de la prescription en présence d’un dommage corporel évolutif», RTD Civ., Revue trimestrielle de droit civil, 2023, p. 908, que se refiere a la sentencia n.º 14‑13.351 de la Cour de cassation (Tribunal de Casación), Sala Primera de lo Civil, de 17 de enero de 2018.
73      Véase el punto 88 de las presentes conclusiones.
74      Véase el punto 85 de las presentes conclusiones.
75      Véase, por analogía, la sentencia de 18 de abril de 2024, Heureka Group (Comparadores de precios en línea) (C‑605/21, EU:C:2024:324), apartado 60.