62023TJ0534
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada)
de 12 de noviembre de 2025 (
*1
)
«Medio ambiente — Reglamento (UE) 2022/2577 por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables — Solicitud de revisión interna — Artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1367/2006 — Denegación de la solicitud — Acto adoptado sobre la base del artículo 122 TFUE, apartado 1 — Acto que no puede ser objeto de una solicitud de revisión interna — Artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento n.o 1367/2006 — Concepto de “acto administrativo” — Artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus — Artículo 2, apartado 2, del Convenio de Aarhus — Acto adoptado en “ejercicio de poderes legislativos”»
En el asunto T‑534/23,
Föreningen Svenskt Landskapsskydd, con domicilio en Koler (Suecia), y las demás partes demandantes cuyos nombres figuran en anexo, (
1
) representadas por el Sr. M. Le Berre, abogado,
partes demandantes,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por el R. Boucquey y las Sras. A. Maceroni y L. C. B. Vétillard, en calidad de agentes,
parte demandada,
apoyado por
Comisión Europea, representada por los Sres. C. Hermes, G. Gattinara y B. De Meester y por la Sra. C. Valero, en calidad de agentes,
parte coadyuvante,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada),
integrado, durante las deliberaciones, por el Sr. L. Truchot, Presidente, y los Sres. H. Kanninen y M. Sampol Pucurull (Ponente), la Sra. T. Perišin y el Sr. H. Cassagnabère, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular la diligencia de ordenación del procedimiento de 18 de noviembre de 2024 y la respuesta de la Comisión presentada en la Secretaría del Tribunal General el 9 de diciembre de 2024;
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver el recurso sin fase oral;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, las demandantes, Föreningen Svenskt Landskapsskydd y las demás personas jurídicas cuyos nombres figuran en anexo, solicitan la anulación de la decisión del Consejo de la Unión Europea de 13 de junio de 2023 (en lo sucesivo, «decisión impugnada») por la que se declaró inadmisible y, con carácter subsidiario, se denegó por infundada, la solicitud de revisión interna del Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo, de 22 de diciembre de 2022, por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables (DO 2022, L 335, p. 36), que presentaron el 22 de febrero de 2023 con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos de la Unión, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021 (DO 2021, L 356, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento Aarhus»).
Antecedentes del litigio
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Las demandantes son asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a la protección del medio ambiente.
3
A raíz de la guerra de agresión emprendida por la Federación de Rusia contra Ucrania, una interrupción brusca e importante del flujo de gas proveniente de Rusia, ocurrida en 2022, puso de manifiesto la urgencia de poner fin a la dependencia de los suministros rusos y de garantizar la seguridad del suministro en la Unión Europea.
4
En este contexto, los días 20 y 21 de octubre de 2022, el Consejo Europeo, en las conclusiones que adoptó, instó al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea a que presentaran urgentemente decisiones concretas, en particular con relación a la agilización y la simplificación de los procedimientos de concesión de autorizaciones con el fin de acelerar el despliegue de las energías renovables y las redes eléctricas, incluidas medidas de emergencia sobre la base del artículo 122 TFUE. El 9 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó la propuesta COM(2022) 591 final de Reglamento del Consejo por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energía renovable, en el que se prevén medidas temporales, proporcionadas y extraordinarias para complementar las iniciativas dirigidas a responder a la crisis de los mercados de la energía y la legislación de la Unión vigente en la materia. El 24 de noviembre de 2022, el Consejo manifestó su acuerdo de principio sobre un borrador de texto. El 22 de diciembre de 2022, sobre la base del artículo 122 TFUE, apartado 1, el Consejo adoptó el Reglamento 2022/2577.
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Como se desprende de los considerandos 3, 4 y 6 del Reglamento 2022/2577, para acelerar a corto plazo el ritmo de despliegue de las energías renovables en la Unión, el Consejo consideró que era necesario acelerar determinados procesos de concesión de autorizaciones aplicables a tecnologías específicas en el ámbito de las energías renovables, en particular mediante exenciones de determinadas obligaciones de evaluación establecidas en la legislación medioambiental de la Unión.
6
El 22 de febrero de 2023, las demandantes presentaron ante el Consejo una solicitud de revisión interna relativa al Reglamento 2022/2577, con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Reglamento Aarhus.
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Mediante la decisión impugnada, notificada a las demandantes el 13 de junio de 2023, el Consejo declaró inadmisible la solicitud de revisión interna del Reglamento 2022/2577 y, con carácter subsidiario, la denegó por infundada.
8
El Consejo indicó, en esencia, que el Reglamento 2022/2577, adoptado sobre la base del artículo 122 TFUE, apartado 1, introducía excepciones concretas y temporales en actos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo ordinario o especial en el sentido del artículo 289 TFUE, apartados 1 y 2, por lo que no tiene cabida en la definición de «acto administrativo» en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento Aarhus. A este respecto, el Consejo señaló que aunque no se considerara al Reglamento 2022/2577 como un acto legislativo en el sentido del Tratado FUE, a saber, un acto adoptado según un procedimiento legislativo ordinario o especial conforme al artículo 289 TFUE, apartados 1 y 2, en razón de su contenido o sus efectos, constituía no obstante un acto legislativo a la luz del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2005, L 124, p. 4; en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»). Con carácter subsidiario, el Consejo denegó además la solicitud de revisión interna del Reglamento 2022/2577 por carecer de fundamento.
Pretensiones de las partes
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Las demandantes solicitan al Tribunal General que:
–
Anule la decisión impugnada.
–
Condene en costas al Consejo.
10
El Consejo solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso por infundado.
–
Condene en costas a las demandantes.
11
La Comisión solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a las demandantes.
Fundamentos de Derecho
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En apoyo de su recurso, las demandantes invocan cinco motivos. Mediante su primer motivo, alegan que el Consejo incurrió en error de Derecho al declarar la inadmisibilidad de la solicitud de revisión interna del Reglamento 2022/2577. Mediante su segundo motivo, sostienen que la decisión impugnada adolece de error de Derecho a la vista del artículo 10, apartado 2, del Reglamento Aarhus, al haber denegado el Consejo su solicitud de revisión interna por no tener el Reglamento 2022/2577 el carácter de acto administrativo en el sentido de dicho Reglamento. Mediante su tercer motivo, plantean una excepción de ilegalidad del Reglamento 2022/2577. Mediante su cuarto motivo, las demandantes sostienen, en esencia, que la decisión impugnada adolece de error manifiesto de apreciación. Mediante su quinto motivo, alegan un incumplimiento de la obligación de motivación.
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De los escritos de las demandantes se desprende que deben distinguirse cuatro partes en apoyo del primer motivo, basadas, en esencia, la primera, en una falta de motivación; la segunda, en una infracción del artículo 2, apartado 2, del Convenio de Aarhus y del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento Aarhus; la tercera, en una infracción de los artículos 2, apartado 1, letras c) y g), y 10, apartado 1, del Reglamento Aarhus, y, la cuarta, en una infracción del artículo 289 TFUE, apartados 1 a 3, y la violación del principio de seguridad jurídica.
14
El Tribunal General considera que procede comenzar con el examen de la primera parte del primer motivo y después examinar las partes segunda y tercera de dicho motivo, para finalizar con el examen de su cuarta parte.
Sobre la primera parte del primer motivo, basada, en esencia, en una falta de motivación
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En apoyo de la primera parte del primer motivo, basada en una falta de claridad, las demandantes invocan en realidad una motivación insuficiente de la decisión impugnada.
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A este respecto, las demandantes alegan que el argumento del Consejo que figura en la decisión impugnada según el cual el Reglamento 2022/2577 no constituye ni un «acto legislativo» en el sentido del Tratado FUE ni un «acto administrativo» en el sentido del Reglamento Aarhus es contradictorio. Según las demandantes, las dos categorías de actos se excluyen mutuamente. Por otra parte, estas sostienen que el Consejo no define concretamente, en dicha Decisión, el tipo de acto al que podría corresponder el Reglamento 2022/2577 en el sentido del Tratado FUE, del Convenio de Aarhus y del Reglamento Aarhus, contrariamente a lo que exige el principio de seguridad jurídica.
17
El Consejo, apoyado por la Comisión, rebate las alegaciones de las demandantes.
18
Se ha de recordar que, como resulta de reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias de las disposiciones antes citadas debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de febrero de 2007, Sison/Consejo, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, apartado 80 y jurisprudencia citada, y de 3 de mayo de 2018, Malta/Comisión, T‑653/16, EU:T:2018:241, apartado 53 y jurisprudencia citada).
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No obstante, la inexistencia de motivación puede declararse incluso aunque la decisión controvertida incluya determinadas explicaciones. Así pues, una motivación contradictoria o incomprensible equivale a la inexistencia de motivación. Lo mismo ocurre cuando las explicaciones que figuran en la decisión en cuestión son tan deficientes que en modo alguno permiten a su destinatario, en el contexto en el que se adoptó dicha decisión, entender el razonamiento de su autor (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 55 y jurisprudencia citada).
20
De igual forma, el artículo 10, apartado 2, del Reglamento Aarhus dispone también que la institución u organismo de la Unión ante la que se presenta una solicitud de revisión interna de uno de sus actos deberá exponer sus motivos en una respuesta escrita. Los motivos aportados deberán permitir al solicitante entender el razonamiento de la institución u organismo competente (sentencia de 27 de enero de 2021, ClientEarth/BEI, T‑9/19, EU:T:2021:42, apartado 87).
21
En el caso de autos, como resulta de la decisión impugnada, el Consejo declaró inadmisible la solicitud de revisión interna fundándose en que el Reglamento 2022/2577 no constituía un acto que pudiera ser objeto de revisión interna, a saber, un «acto administrativo» en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento Aarhus. En tal sentido, el Consejo señala que, si bien el Reglamento 2022/2577 no constituye un acto legislativo en el sentido de los Tratados, tampoco constituye un «acto administrativo» en el sentido del Reglamento Aarhus. El Consejo recalca que, por su contenido y sus efectos, el Reglamento 2022/2577 se halla intrínsecamente vinculado a los actos legislativos, los cuales están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento Aarhus. Por otra parte, el Consejo sostiene que el Reglamento 2022/2577 contiene medidas que pueden introducir excepciones en otros actos, incluidos actos legislativos.
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A este respecto, la motivación que figura en el acto impugnado es suficiente para permitir a las demandantes conocer las razones por las que el Consejo declaró inadmisible la solicitud de revisión interna del Reglamento 2022/2577 y para permitirles impugnar la conformidad a Derecho de dicha motivación. Además, esa misma motivación es suficiente para permitir al Tribunal General ejercer su control. Así pues, la motivación de la decisión impugnada no es ni contradictoria ni incomprensible y muestra el razonamiento de su autor de manera clara e inequívoca.
23
Por lo tanto, procede desestimar por infundada la primera parte del primer motivo.
Sobre las partes segunda y tercera del primer motivo, basadas, en esencia, en una infracción del artículo 2, apartado 2, del Convenio de Aarhus, y de los artículos 2, apartado 1, letras c) y g), y 10, apartado 1, del Reglamento Aarhus
24
Con carácter preliminar, por lo que se refiere a la primera parte, las demandantes invocan realmente errores de Derecho, a saber, una infracción del artículo 2, apartado 2, del Convenio de Aarhus y una infracción del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento Aarhus. Asimismo, en el marco de la tercera parte, las demandantes invocan una infracción de los artículos 2, apartado 1, letras c) y g), y 10, apartado 1, del Reglamento Aarhus.
25
Las demandantes alegan en esencia que el Consejo, en la decisión impugnada, incurrió en error de Derecho a la vista del artículo 2, apartado 2, del Convenio de Aarhus y de los artículos 2, apartado 1, letras c) y g), y 10, apartado 1, del Reglamento Aarhus, al denegar su solicitud de revisión interna por no tener el Reglamento 2022/2577 el carácter de «acto administrativo» en el sentido del Reglamento Aarhus.
26
En relación con este punto, las demandantes señalan que el Reglamento Aarhus se aplica a las instituciones y organismos de la Unión, definidos en su artículo 2, apartado 1, letra c), como «las instituciones, organismos, oficinas o agencias […], salvo cuando actúen en ejercicio de poderes judiciales o legislativos». Por otra parte, el artículo 2, apartado 2, del Convenio de Aarhus define la «autoridad pública» en sentido amplio, precisando que esta definición no engloba a los «órganos o instituciones que actúan en ejercicio de poderes […] legislativos».
27
Las demandantes señalan además que el «acto administrativo» que puede ser objeto de una solicitud de revisión interna según el artículo 10, apartado 1, del Reglamento Aarhus viene definido en el artículo 2, apartado 1, letra g), de este mismo Reglamento como «cualquier acto no legislativo adoptado por una institución u organismo de la Unión […]».
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Así, no habiendo sido adoptado el Reglamento 2022/2577 por el Consejo con arreglo a uno de los procedimientos legislativos previstos en el artículo 289 TFUE, apartados 1 y 2, y, por tanto, en ejercicio de poderes legislativos, dicho Reglamento constituye, según las demandantes, un «acto administrativo» que puede ser objeto del procedimiento de revisión interna previsto en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento Aarhus y en el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, que establece que los miembros del público podrán entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar los actos de las autoridades públicas que vulneren las disposiciones del Derecho medioambiental nacional.
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De igual forma, las demandantes alegan que la afirmación del Consejo, en la decisión impugnada, de que la modificación de la definición de «acto administrativo» por el Reglamento 2021/1767 tenía por objeto extender el ámbito material del procedimiento de revisión para incluir los actos de alcance general, pero sin incluir los actos que, según el Convenio de Aarhus, debían calificarse de actos legislativos, resulta contradicha por las disposiciones del citado Reglamento. En efecto, por un lado, en virtud del Reglamento 2021/1767, el concepto de «acto administrativo» pasa a definirse como «cualquier acto no legislativo adoptado por una institución u organismo de la Unión». Por otro lado, el considerando 8 de dicho Reglamento alude a la necesidad de ampliar el ámbito material del procedimiento de revisión interna para incluir los «actos no legislativos de alcance general».
30
El Consejo, apoyado por la Comisión, rebate estas alegaciones de las demandantes.
31
Incumbe al Tribunal General examinar si el Consejo declaró indebidamente la inadmisibilidad de la solicitud de revisión interna del Reglamento 2022/2577 fundándose en que dicha solicitud no se refería a un acto que pudiera ser objeto de tal revisión con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Reglamento Aarhus, a saber, un «acto administrativo» tal como se le define en el artículo 2, apartado 1, letra g), de este mismo Reglamento.
32
Para apreciar si el primer motivo es procedente, debe interpretarse, por tanto, el concepto de «acto administrativo» en el sentido y a efectos de la aplicación del Reglamento Aarhus.
33
Conforme a reiterada jurisprudencia, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión requiere tomar en consideración no solamente su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte. La génesis de una disposición del Derecho de la Unión también puede revelar elementos pertinentes para su interpretación (véase la sentencia de 29 de julio de 2024, Asociaţia Crescătorilor de Vaci Bălţată Românească Tip Simmental, C‑286/23, EU:C:2024:655, apartado 38 y jurisprudencia citada).
34
En primer lugar, por lo que se refiere a la interpretación literal, a tenor del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento Aarhus, el acto administrativo se define como «cualquier acto no legislativo adoptado por una institución u organismo de la Unión, que surta efectos jurídicos y externos y que contenga disposiciones que puedan vulnerar el Derecho medioambiental».
35
Conviene señalar que, por un lado, el legislador de la Unión, en el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento Aarhus, solo definió el concepto de «acto administrativo» como un «acto no legislativo» y, por otro lado, definió dicho concepto como algo opuesto al «acto legislativo», pero sin hacer referencia a la categoría de los actos adoptados según un procedimiento legislativo ordinario o especial en el sentido del artículo 289 TFUE, apartados 1 y 2.
36
En segundo lugar, por lo que se refiere a la interpretación contextual, primeramente, resulta de los considerandos 7 y 11 del Reglamento Aarhus que la voluntad del legislador de la Unión es que las instituciones u organismos de la Unión que actúen en ejercicio de poderes legislativos queden fuera del ámbito de aplicación del Convenio de Aarhus.
37
En tal sentido, el artículo 1 del Reglamento Aarhus establece que este Reglamento se aplica «a las instituciones y organismos de la Unión». El artículo 2, apartado 1, letra c), de este mismo Reglamento establece una definición del concepto de «instituciones u organismos de la Unión» que excluye a las instituciones u organismos de la Unión cuando actúen en ejercicio de poderes judiciales o legislativos. Por consiguiente, de la lectura del artículo 1, en relación con el artículo 2, apartado 1, letra c), del Reglamento Aarhus resulta que este no se aplica a las instituciones u organismos de la Unión cuando actúan en ejercicio de poderes judiciales o legislativos.
38
En cuanto al artículo 10 del Reglamento Aarhus, dicho artículo establece las normas relativas la solicitud de revisión interna de un acto administrativo.
39
Pues bien, procede observar que el concepto de «acto no legislativo» en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento Aarhus y el concepto de «actos adoptados por las instituciones u organismos de la Unión cuando actúen en ejercicio de poderes judiciales o legislativos», que figura en el artículo 2, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, son interdependientes. En efecto, el ámbito de aplicación del artículo 10 del expresado Reglamento no puede exceder al del Reglamento en sí, tal como lo definen sus artículos 1 y 2, apartado 1, letras c) y g).
40
A este respecto, toda vez que el artículo 2, apartado 1, letra c), del Reglamento Aarhus excluye la aplicación de este a las instituciones u organismos de la Unión cuando actúen en ejercicio de poderes judiciales o legislativos, los actos adoptados en este marco no pueden constituir actos administrativos en el sentido del Reglamento Aarhus (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2020, Mellifera/Comisión, C‑784/18 P, no publicada, EU:C:2020:630, apartado 81).
41
Por otra parte, procede observar que, si bien la voluntad del legislador de la Unión, al adoptar el Reglamento 2021/1767, fue ampliar el alcance del procedimiento de revisión interna con el fin de acomodar el Derecho de la Unión a las disposiciones del Convenio de Aarhus, dicha voluntad no implicaba modificar esa exclusión de los actos legislativos del ámbito de aplicación del referido procedimiento singular de recurso, como ilustra en particular el considerando 8 de dicho Reglamento, que indica que deben incluirse en el ámbito de aplicación del artículo 10 del Reglamento Aarhus únicamente los «actos no legislativos de alcance general».
42
Es cierto que el considerando 8 del Reglamento 2021/1767 menciona la conveniencia de ampliar el alcance del procedimiento de revisión interna previsto en el Reglamento Aarhus para incluir actos no legislativos de alcance general. Pero, con el fin de definir los actos legislativos que están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento Aarhus, ese considerando no hace referencia a los procedimientos legislativos previstos por el artículo 289 TFUE, apartados 1 y 2.
43
Asimismo, procede también señalar que, con respecto al artículo 2, apartado 1, letra f), del Reglamento Aarhus, que define el concepto de «Derecho medioambiental», el Tribunal de Justicia ha declarado que el hecho de que dicho artículo se refiera en algunas versiones lingüísticas a la «legislación» o a «toda disposición legal» no puede implicar que el concepto de «Derecho medioambiental» se limite, a efectos de la aplicación de ese Reglamento, a actos legislativos, en el sentido del artículo 289 TFUE, apartado 3 (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2023, BEI y Comisión/ClientEarth, C‑212/21 P y C‑223/21 P, EU:C:2023:546, apartado 85).
44
Así, de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 43 se desprende que el Tribunal de Justicia no interpretó la expresión «legislación», que figura en el artículo 2, apartado 1, letra f), del Reglamento Aarhus, en el sentido rigurosamente formalista del artículo 289 TFUE.
45
A la vista de lo anterior, si bien es cierto que un acto legislativo en el sentido del artículo 289 TFUE no constituye un acto administrativo en el sentido y a efectos de la aplicación del Reglamento Aarhus, de la interpretación contextual expuesta en los anteriores apartados 36 a 44 no resulta que el concepto de «poderes legislativos» mencionado en el artículo 2, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento coincida exactamente con la categoría de los actos legislativos definidos en el artículo 289 TFUE.
46
En tercer lugar, por lo que se refiere a la interpretación teleológica, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, los textos del Derecho de la Unión deben interpretarse, hasta donde sea posible, a la luz del Derecho internacional, especialmente cuando tienen por objeto la aplicación de un Acuerdo internacional celebrado por la Unión, puesto que tal Derecho forma parte del ordenamiento jurídico de la Unión y resulta vinculante para sus instituciones (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de enero de 2015, Evans, C‑179/13, EU:C:2015:12, apartado 35 y jurisprudencia citada, y de 6 de julio de 2023, BEI y Comisión/ClientEarth, C‑212/21 P y C‑223/21 P, EU:C:2023:546, apartado 66 y jurisprudencia citada).
47
A este respecto, como se desprende del artículo 3 TUE, apartado 5, la Unión contribuye al «estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional».
48
De esta manera, el Reglamento Aarhus tiene por objeto dar aplicación, en lo tocante a las instituciones de la Unión, a las disposiciones del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus (véase la sentencia de 6 de julio de 2023, BEI y Comisión/ClientEarth, C‑212/21 P y C‑223/21 P, EU:C:2023:546, apartado 67 y jurisprudencia citada).
49
Si bien no puede invocarse el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus a efectos de apreciar la legalidad del artículo 10, apartado 1, del Reglamento Aarhus, tal constatación no impide que las disposiciones de este Reglamento sean interpretadas, según la jurisprudencia mencionada en el anterior apartado 46, en la medida de lo posible, a la luz del Convenio de Aarhus (véase la sentencia de 6 de julio de 2023, BEI y Comisión/ClientEarth, C‑212/21 P y C‑223/21 P, EU:C:2023:546, apartado 68 y jurisprudencia citada).
50
En efecto, tal interpretación constituye un medio esencial para garantizar, de conformidad con la voluntad del legislador de la Unión expresada en el considerando 3 del Reglamento Aarhus, que las disposiciones del Derecho de la Unión sigan siendo compatibles con las de dicho Convenio (sentencia de 6 de julio de 2023, BEI y Comisión/ClientEarth, C‑212/21 P y C‑223/21 P, EU:C:2023:546, apartado 69).
51
En tal sentido, según el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus, relativo al acceso a la justicia, cada parte velará por que los miembros del público que reúnan los eventuales criterios previstos por su Derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del Derecho medioambiental nacional.
52
No obstante, el concepto de «acto que puede ser objeto de un control» no viene definido en el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.
53
Sin embargo, la extremada amplitud del alcance que parece tener el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus debe ser atemperada. En efecto, el artículo 2, apartado 2, del referido Convenio, en virtud del cual este último no se aplica a los actos de carácter legislativo, delimita el ámbito de aplicación material de la disposición antes mencionada. Según dicha disposición, el concepto de «autoridad pública», cuyos actos podrán ser impugnados si vulneran el Derecho medioambiental, excluye a los organismos o instituciones que actúen en el ejercicio de poderes judiciales o legislativos (véase en este sentido la sentencia de 6 de julio de 2023, BEI y Comisión/ClientEarth, C‑212/21 P y C‑223/21 P, EU:C:2023:546, apartado 70).
54
Con todo, el Convenio de Aarhus no especifica las circunstancias en las que un órgano o una institución actúa en ejercicio de poderes judiciales o legislativos.
55
De ello se sigue que los autores del Convenio de Aarhus excluyeron expresamente del ámbito de aplicación del artículo 9, apartado 3, de dicho Convenio, a la vista de la última frase de su artículo 2, apartado 2, los actos de los órganos o instituciones que actúen en ejercicio de poderes judiciales o legislativos, pero sin definir lo que debía entenderse por «poderes legislativos» y, en particular, sin confiar a las Partes del Convenio la definición de dicho concepto por la vía de la remisión a su Derecho interno.
56
En relación con este punto, procede señalar que una interpretación literal del artículo 2, apartado 2, del Convenio de Aarhus no permite considerar que la definición del concepto de «poderes legislativos» corresponda a las Partes contratantes en virtud de su facultad de apreciación. En efecto, la interpretación del concepto de «legislación» a los efectos de un instrumento de Derecho internacional público debe conservar su carácter autónomo respecto del Derecho interno de las Partes contratantes. Así, la interpretación del artículo 2, apartado 2, de dicho Convenio no puede basarse únicamente en el sistema jurídico de una de las Partes del Convenio (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en los asuntos acumulados Consejo/Comisión y Comisión/Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe, C‑404/12 P y C‑405/12 P, EU:C:2014:309, punto 30).
57
Tal interpretación se ve corroborada por las comunicaciones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus (en lo sucesivo, «Comité Aarhus»), creado para verificar si las Partes del citado Convenio cumplen las obligaciones que se derivan de este. En efecto, aunque carecen de valor normativo, estas comunicaciones forman parte de los elementos que pueden guiar la interpretación de dicho Convenio (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia de 7 de marzo de 2024, Roheline Kogukond y otros, C‑234/22, EU:C:2024:211, apartado 39).
58
A este respecto, debe observarse que el Comité Aarhus se opone a una interpretación del artículo 2, apartado 2, del Convenio de Aarhus basada únicamente en elementos del sistema jurídico de una de las Partes del Convenio. Así, en su Comunicación ACCC/C/2008/32, este Comité concluyó que para determinar si una decisión, un acto o una omisión han sido acordados en ejercicio de poderes legislativos en el sentido del artículo 2, apartado 2, del citado Convenio, no puede ser decisiva la denominación que haya recibido en el Derecho interno de una Parte contratante de dicho Convenio.
59
Por otra parte, en sus Comunicaciones ACCC/C/2011/61 y ACCC/C/2014/120, el Comité Aarhus señaló que, si bien el Convenio de Aarhus no precisaba las circunstancias en las que una institución o un organismo ha actuado en ejercicio de poderes legislativos, estaba claro que solo en caso de que una institución u organismo hubiera actuado haciendo uso de estas competencias específicas quedaba excluido por dicho Convenio. De esta manera, un Parlamento nacional de una Parte contratante, aunque constituya un órgano elegido democráticamente, puede ser considerado una autoridad pública en el sentido del Convenio de Aarhus si no actúa en calidad de legislador, por ejemplo, cuando autoriza una actividad o un proyecto.
60
El Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre el concepto de «órganos o instituciones que actúan en ejercicio de poderes judiciales o legislativos» en el marco de la interpretación de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO 2003, L 41, p. 26), a la luz del Convenio de Aarhus. Así, el Tribunal de Justicia declaró que procedía una interpretación funcional del concepto de «órganos o instituciones que actúan en ejercicio de poderes […] legislativos» según la cual podían considerarse comprendidos en esa definición los ministerios que, según el Derecho nacional, estén encargados de preparar los proyectos de ley, presentarlos al Parlamento y participar en el procedimiento legislativo, concretamente mediante la formulación de dictámenes (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, Flachglas Torgau, C‑204/09, EU:C:2012:71, apartado 49).
61
Estas consideraciones conducen, pues, a optar por un criterio funcional para el concepto de «poderes legislativos». En tal sentido, procede señalar que el criterio funcional no atiende solamente al carácter del organismo actuante, a saber, si esa institución o ese organismo ejerce tradicionalmente poderes legislativos, sino a las funciones realmente ejercidas por la institución o el organismo en cuestión. De esta manera, si bien el criterio orgánico constituye un indicio para caracterizar un acto legislativo en el sentido del Reglamento Aarhus, no es determinante por sí solo. En efecto, se ha de tener también en cuenta un criterio relativo a la esencia misma del acto adoptado por dicho organismo o institución. Tal criterio se justifica tanto más cuanto que el procedimiento legislativo puede variar considerablemente según las Partes del Convenio de Aarhus.
62
De ello se sigue que no cabe optar por un criterio puramente formal, en función del sistema jurídico de una de las Partes del Convenio de Aarhus y basado en aspectos de puro procedimiento, para determinar si un acto ha sido adoptado en ejercicio de poderes legislativos. De esta manera, no puede interpretarse el concepto de «poderes legislativos» del artículo 2, apartado 1, letra c), del Reglamento Aarhus como referido únicamente a los actos que se han adoptado según un procedimiento legislativo ordinario o especial conforme al artículo 289 TFUE, apartados 1 y 2.
63
De los anteriores apartados 34 a 62 se desprende que el concepto de «acto administrativo» del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento Aarhus designa todo acto que no haya sido adoptado por una institución de la Unión en ejercicio de poderes legislativos, sin referirse solamente, como afirman las demandantes, a los actos legislativos adoptados según un procedimiento legislativo ordinario o especial conforme al artículo 289 TFUE, apartados 1 y 2.
64
Procede determinar si el Reglamento 2022/2577 constituye un «acto administrativo» en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento Aarhus, interpretado a la luz del Convenio de Aarhus, a la vista de las anteriores consideraciones y, en particular, de los criterios mencionados en el anterior apartado 61.
65
En el caso de autos, debe advertirse que el Reglamento 2022/2577 fue adoptado por el Consejo, que, de acuerdo con el artículo 16 TUE, apartado 1, es una institución a la que los Tratados asignaron funciones legislativas conjuntamente con el Parlamento.
66
El Consejo constituye, pues, un organismo que ejerce funciones legislativas. No obstante, como se desprende del anterior apartado 61, si bien el criterio orgánico constituye un indicio del ejercicio de poderes legislativos, no es determinante por sí solo. Y es que se ha de tener en cuenta también la esencia misma del Reglamento 2022/2577.
Sobre la naturaleza de los poderes ejercidos por el Consejo al adoptar el Reglamento 2022/2577
– Sobre la base jurídica del Reglamento 2022/2577
67
Cabe señalar que el Reglamento 2022/2577 se adoptó sobre la base del artículo 122 TFUE, apartado 1, que forma parte del capítulo 1, titulado «Política económica», del título VIII, de la tercera parte del Tratado FUE.
68
Según el artículo 122 TFUE, apartado 1, «sin perjuicio de los demás procedimientos establecidos en los Tratados, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir, con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieren dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía».
69
Así pues, el artículo 122 TFUE, apartado 1, faculta al Consejo a adoptar medidas en circunstancias específicas «sin perjuicio de los demás procedimientos establecidos en los Tratados».
70
Por otra parte, el artículo 122 TFUE, apartado 1, autoriza expresamente al Consejo a adoptar medidas adecuadas en materia de política económica con objeto de hacer frente a las dificultades graves que surjan en el suministro de productos energéticos.
71
En tal sentido, procede observar que del artículo 103 del Tratado CEE, actualmente artículo 122 TFUE, resulta que la expresión «medidas adecuadas» indica que, también en lo que se refiere a la forma de las medidas, el Consejo puede elegir, según el caso, la que le parezca más adecuada y que, sin perjuicio de la exigencia de una decisión unánime, el artículo 103, apartado 2, del Tratado CEE remitía al ejercicio por el Consejo de sus competencias, incluido su derecho de encomendar a la Comisión la ejecución de las normas que haya adoptado. Así, el Tribunal de Justicia declaró que, al autorizar al Consejo a decidir medidas adecuadas a la situación, el artículo 103 del Tratado CEE otorgaba a esta institución una amplia facultad de apreciación para ser ejercida de acuerdo con el interés común (véase en este sentido la sentencia de 24 de octubre de 1973, Balkan-Import-Export_5/73, EU:C:1973:109, apartado 18).
72
Por otra parte, resulta que, en el ejercicio de las competencias que estaban previstas en el artículo 103, apartado 2, del Tratado CEE, definidas actualmente por el artículo 122 TFUE, apartado 1, cuando el Consejo se veía impelido, en una situación en constante evolución y casi imprevisible, a adoptar medidas de efecto inmediato, dicha institución podía realizar una apreciación global de las ventajas e inconvenientes del sistema que había de implantarse. Además, el Consejo debía garantizar la armonización permanente que pudiera ser necesaria debido a las eventuales contradicciones entre diferentes objetivos de política económica considerados por separado y, llegado el caso, conceder a cualquiera de ellos la prioridad temporal que exigieran las circunstancias o condiciones económicas (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de octubre de 1973, Balkan‑Import‑Export, 5/73, EU:C:1973:109, apartados 21 y 24).
73
De esta manera, del artículo 122 TFUE, apartado 1, que contiene una disposición sustancialmente equivalente a la del antiguo artículo 103, apartado 2, del Tratado CEE, se infiere que, al aplicar esta, el Consejo goza de una amplia facultad de apreciación, característica del ejercicio de la función legislativa, para adoptar medidas destinadas a hacer frente a dificultades económicas graves que hacen necesarias elecciones políticas comprendidas en las responsabilidades propias del legislador de la Unión, en cuanto que implican una ponderación de los intereses divergentes que intervengan, a base de apreciaciones múltiples. Esta amplia facultad de apreciación está justificada por la circunstancia de que la referida institución deberá efectuar apreciaciones complejas al ejercer dicha función.
74
Procede recordar a este respecto que la adopción de las normas esenciales de una materia está reservada a la competencia del legislador de la Unión. De ello se deriva que las disposiciones que establecen los elementos esenciales de una normativa de base, cuya adopción hace necesarias elecciones políticas comprendidas en las responsabilidades propias de dicho legislador, no pueden ser objeto de actos de ejecución (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia de 28 de febrero de 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, apartado 41 y jurisprudencia citada).
75
Asimismo, como se desprende del anterior apartado 71, el artículo 103, apartado 2, del Tratado CEE, que ha sido sustituido por el artículo 122 TFUE, apartado 1, concede al Consejo la posibilidad de atribuir a la Comisión competencias de ejecución.
76
Se ha de señalar a este respecto que la posibilidad prevista por el artículo 122 TFUE, apartado 1, de encomendar a la Comisión la ejecución de las normas que haya adoptado el Consejo está reservada al legislador de la Unión.
77
En efecto, de la jurisprudencia se desprende que el legislador de la Unión dispone de una facultad de apreciación cuando decide atribuir a la Comisión un poder de ejecución en virtud del artículo 291 TFUE, apartado 2 (véase en este sentido la sentencia de 16 de julio de 2015, Comisión/Parlamento y Consejo, C‑88/14, EU:C:2015:499, apartado 28 y jurisprudencia citada).
78
Además, en lo que atañe a la concesión de un poder de ejecución, el artículo 291 TFUE, apartado 2, dispone que los actos jurídicamente vinculantes de la Unión conferirán, en casos específicos debidamente justificados, tal poder al Consejo, cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de dichos actos. En el marco del ejercicio del poder de ejecución que se le confiere, la institución de que se trate debe precisar el contenido de un acto legislativo, para asegurar su aplicación en condiciones uniformes en todos los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2015, Comisión/Parlamento y Consejo, C‑88/14, EU:C:2015:499, apartado 30 y jurisprudencia citada).
79
Por último, cabe señalar que el alcance de los actos adoptados en virtud del artículo 122 TFUE, apartado 1, es distinto del de los actos de ejecución y de los actos delegados adoptados con arreglo a los artículos 290 TFUE y 291 TFUE.
80
En efecto, los poderes conferidos al Consejo en virtud del artículo 122 TFUE, apartado 1, no dependen, contrariamente a los poderes delegados y a los poderes de ejecución, de una habilitación previa mediante un acto legislativo de base. Por otra parte, los actos adoptados en virtud del artículo 122 TFUE, apartado 1, no se hallan intrínsecamente vinculados a los actos adoptados conforme al artículo 289 TFUE, apartados 1 y 2, contrariamente a los actos delegados y a los actos de ejecución, cuya legalidad dependerá de lo que haya prescrito el legislador. Además, aunque los actos delegados puedan también modificar elementos de un acto legislativo en el sentido del artículo 289 TFUE, apartado 3, procede señalar que solo pueden modificar los elementos «no esenciales» de un acto adoptado conforme al artículo 289 TFUE.
81
Procede recordar, por añadidura, que el artículo 291 TFUE, apartado 2, establece que «cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, estos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, al Consejo». Debe señalarse que el tenor de dicho artículo no hace referencia a los actos legislativos en el sentido del artículo 289 TFUE, apartado 3, sino que, al contrario, el texto autoriza al legislador que adopte actos jurídicamente vinculantes a atribuir competencias de ejecución a la Comisión o excepcionalmente al Consejo.
– Sobre el contenido del Reglamento 2022/2577
82
Conviene recordar que la adopción del Reglamento 2022/2577 tiene su origen en el contexto de la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania y la reducción sin precedentes del suministro de gas natural procedente de la Federación de Rusia a los Estados miembros, que amenazan la seguridad del suministro de la Unión y sus Estados miembros y dan lugar a precios de la energía exorbitados en la Unión.
83
Como se indica en el considerando 3 del Reglamento 2022/2577, en este contexto y con el fin de hacer frente a la exposición de los consumidores y las empresas europeos a unos precios elevados y volátiles que están ocasionando dificultades económicas y sociales, el Consejo estimó que era necesario adoptar medidas inmediatas y temporales adicionales para acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables.
84
Desde esta perspectiva, el Reglamento 2022/2577 conlleva medidas de simplificación que incentiven la producción de energías renovables introduciendo exenciones de determinadas obligaciones de evaluación establecidas en la legislación medioambiental de la Unión, en particular racionalizando los procedimientos aplicables a los procesos específicos de concesión de autorizaciones.
85
En efecto, como resulta de su artículo 3, apartado 1, el Reglamento 2022/2577 establece una excepción general a los procedimientos de concesión de autorizaciones previstos en disposiciones de Derecho derivado de la Unión, creando la presunción de que la actividad de producción de energías renovables es de interés público superior.
86
Más concretamente, el artículo 4 del Reglamento 2022/2577, que comporta medidas para la aceleración del proceso de concesión de autorizaciones para la instalación de equipos de energía solar, establece una excepción específica a la obligación de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental con arreglo a la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 2012, L 26, p. 1).
87
Por otra parte, el artículo 6 del Reglamento 2022/2577 exime a los proyectos de producción de energías renovables de la obligación de evaluación medioambiental prevista en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2011/92 y de las evaluaciones de protección de las especies con arreglo al artículo 12, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7), y con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 2010, L 20, p. 7).
88
Así pues, con fin de realizar los objetivos del Reglamento 2022/2577, ciertas medidas previstas por este último introducen excepciones temporales relativas a aspectos precisos en disposiciones de Derecho derivado que figuran en las Directivas mencionadas en los anteriores apartados 86 y 87, que imponen «ponderar los intereses jurídicos» antes de cualquier autorización de proyectos que puedan repercutir en el medio ambiente, en la medida en que, como se ha señalado en el anterior apartado 85, el Reglamento 2022/2577 impone, al realizar dicha ponderación, reconocer el carácter prioritario de la producción de energías renovables.
89
Finalmente, el artículo 9 del Reglamento 2022/2577 establece una cláusula de revisión del citado Reglamento con el fin de evaluar sus efectos, que permite a la Comisión proponer que se prolongue la validez de dicho Reglamento, de una manera comparable a las cláusulas de revisión habituales de los actos adoptados conforme a alguno de los procedimientos legislativos previstos en el artículo 289 TFUE, apartados 1 y 2.
90
El Reglamento 2022/2577 constituye, pues, un acto de naturaleza particular en la medida en que establece por primera vez el reconocimiento de la prioridad de la producción de energías renovables creando la presunción de que las actividades de producción de energías renovables son de interés público superior, de suerte que se introducen excepciones en los procedimientos generales de concesión de autorizaciones previstos por el Derecho derivado que conlleven obligaciones de impacto ambiental.
Conclusión
91
De todo lo anterior se deduce, en primer lugar, que, en el marco de la adopción de las medidas contempladas en el Reglamento 2022/2577, el Consejo hizo uso de la amplia facultad de apreciación que tenía conferida sobre la base del artículo 122 TFUE, apartado 1, como corresponde al ejercicio de poderes legislativos en el sentido del Reglamento Aarhus. En efecto, impelido a adoptar, en una situación en constante evolución y casi imprevisible, medidas de efecto inmediato, el Consejo realizó una apreciación global de las ventajas e inconvenientes del sistema que había de implantarse y garantizó la armonización que pudiera ser necesaria debido a las eventuales contradicciones entre diferentes objetivos de política económica considerados por separado, concediendo a cualquiera de ellos la prioridad temporal que exigieran las circunstancias económicas.
92
En segundo lugar, los poderes conferidos al Consejo en virtud del artículo 122 TFUE, apartado 1, no dependen de una habilitación previa mediante un acto legislativo de base.
93
En tercer lugar, el artículo 122 TFUE, apartado 1, faculta al Consejo para adoptar actos que implican medidas de ejecución, y la facultad para encomendar tales medidas está reservada al legislador de la Unión.
94
En cuarto lugar, ciertas disposiciones del Reglamento 2022/2577 modifican además elementos esenciales de las disposiciones de diferentes actos legislativos, en el sentido del Tratado FUE, del Derecho de la Unión. Así, el Reglamento 2022/2577 no ocupa una posición inferior en la jerarquía de normas con respecto a ciertos actos legislativos en el sentido del Tratado FUE, a saber, la Directiva 2011/92, la Directiva 92/43 y la Directiva 2009/147, en cuya regulación introduce excepciones.
95
En quinto lugar, el hecho de que el Reglamento 2022/2577 haya sido adoptado sobre la base del artículo 122 TFUE, apartado 1, por el Consejo y no por la Comisión constituye un factor adicional que demuestra que dicho Reglamento no es un acto de ejecución, sino un acto adoptado por el Consejo en cuanto que legislador.
96
De cuanto antecede se infiere que existe cierto número de circunstancias que permiten demostrar que los poderes ejercidos por el Consejo, al adoptar el Reglamento 2022/2577, sobre la base del artículo 122 TFUE, apartado 1, corresponden a una actividad legislativa a efectos de la aplicación del artículo 2, apartado 1, letra c), del Reglamento Aarhus.
97
Por consiguiente, el Reglamento 2022/2577 no constituye un acto administrativo en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento Aarhus.
98
Por ello, el Consejo declaró acertadamente la inadmisibilidad de la solicitud de revisión interna del Reglamento 2022/2577 presentada por las demandantes.
99
En consecuencia, procede desestimar por infundadas las partes segunda y tercera del primer motivo.
Sobre la cuarta parte del primer motivo, basada en una infracción del artículo 289 TFUE, apartados 1 a 3, y la violación del principio de seguridad jurídica
100
Las demandantes alegan que, aun cuando el Reglamento 2022/2577 no constituyera un acto administrativo en el sentido del Reglamento Aarhus, tal supuesto sería contrario al artículo 289 TFUE. En tal sentido, sostienen en esencia que el concepto de «acto legislativo» en el sentido de dicho Reglamento es un concepto formal que viene definido por el procedimiento de adopción del acto de que se trate. Por consiguiente, según las demandantes, es claro que el Reglamento 2022/2577 no constituye un acto legislativo en el sentido del Reglamento Aarhus, al no haber sido adoptado conforme a uno de los procedimientos legislativos mencionados en el artículo 289 TFUE, apartados 1 y 2.
101
El Consejo, apoyado por la Comisión, rebate las alegaciones de las demandantes.
102
Esta parte debe ser desestimada por inoperante. En efecto, consta que el Reglamento 2022/2577 no se adoptó conforme a uno de los procedimientos legislativos previstos en el artículo 289 TFUE, apartados 1 y 2. No obstante, como resulta del examen de las partes segunda y tercera del primer motivo, no cabe definir el concepto de «acto administrativo» que figura en el Reglamento Aarhus en función del procedimiento de adopción del acto de que se trate.
103
Por lo tanto, procede desestimar la cuarta parte del primer motivo y, por consiguiente, el primer motivo en su totalidad.
104
Habida cuenta de que el primer motivo carece de fundamento y el Consejo declaró acertadamente la inadmisibilidad de la solicitud de revisión interna del Reglamento 2022/2577, los motivos segundo, tercero, cuarto y quinto, que van dirigidos a impugnar la denegación de dicha solicitud en cuanto al fondo, son inoperantes y, en consecuencia, solo pueden ser desestimados.
105
A este respecto, procede señalar que el juez de la Unión puede, en particular, por razones relativas a una administración eficaz de la justicia, abstenerse de examinar el fundamento de los motivos que deben declararse inadmisibles o inoperantes (sentencia de 29 de septiembre de 2022, HIM/Comisión, C‑500/21 P, no publicada, EU:C:2022:741, apartado 73).
106
Por consiguiente, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
107
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por las demandantes, procede condenarlas a cargar con sus propias costas y con las del Consejo, conforme a lo solicitado por este.
108
Con arreglo al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. En consecuencia, la Comisión cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar a Föreningen Svenskt Landskapsskydd y a las demás partes demandantes cuyos nombres figuran en anexo a cargar con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.
3)
La Comisión Europea cargará con sus propias costas.
Truchot
Kanninen
Sampol Pucurull
Perišin
Cassagnabère
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de noviembre de 2025.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.
(
1
)	Solo la versión notificada a las partes contiene en anexo la lista de las demás partes demandantes.