Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 22 de enero de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Mercado interior de la electricidad — Directiva (UE) 2019/944 — Artículo 5 — Precios de suministro basados en el mercado — Directiva (UE) 2018/2001 — Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables — Reglamento (UE) 2022/1854 — Intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía — Artículos 6 y 7 — Tope de los ingresos de mercado de los productores de electricidad que se hayan obtenido utilizando determinadas fuentes de energía — Artículo 8 — Medidas nacionales que limitan aún más los ingresos de mercado — Requisitos — Normativa nacional que no garantiza a los productores que puedan retener el 10 % del excedente de ingresos por encima del tope — Mantenimiento de las inversiones en el sector de las energías renovables — Inexistencia de tope para los ingresos de mercado que se hayan obtenido por la generación de electricidad a partir de antracita y hulla — Ausencia de una normativa diferenciada en función de las diferentes fuentes de energía »
En el asunto C‑423/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Lombardía, Italia), mediante resolución de 7 de julio de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de julio de 2023, en el procedimiento entre
Secab Soc. coop.
y
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),
Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA,
con intervención de:
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Transizione ecologica,
Ministero dello Sviluppo economico,
Associazione Italia Solare ETS,
Assoidroelettrica,
Elettricità Futura — Unione delle imprese elettriche italiane,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. M. Condinanzi y N. Jääskinen, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretario: Sr. G. Chiapponi, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 6 de noviembre de 2024;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Secab Soc. coop., por los Sres. C. Mainardis, M. Nussi y A. Travi, avvocati;
–        en nombre de Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, por los Sres. D. Gallo, G. Pellegrino, G. Vercillo y A. Zoppini, avvocati;
–        en nombre de Associazione Italia Solare ETS, por la Sra. G. Cassar, avvocata;
–        en nombre de Assoidroelettrica, por los Sres. G. B. Conte y G. Giordano, avvocati;
–        en nombre de Elettricità Futura — Unione delle imprese elettriche italiane, por la Sra. C. Martorana, avvocata;
–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino y la Sra. G. Palmieri, en calidad de agentes, asistidos por las Sras. L. Delbono y R. Guizzi, avvocati dello Stato;
–        en nombre del Gobierno belga, por el Sr. P. Cottin y la Sra. M. Jacobs, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. K. Decroix y B. Martel, advocaten;
–        en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. K. Boskovits y la Sra. C. Kokkosi, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. O. Beynet y los Sres. B. De Meester, T. Scharf y A. Spina, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de febrero de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 4, de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (DO 2019, L 158, p. 125), de los considerandos 2, 3 y 12 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO 2018, L 328, p. 82), y de los considerandos 27 a 29, 39 y 41, los artículos 6, apartado 1, 7, apartado 1, letras h) a j), y 8, apartados 1, letras a) y d), y 2, del Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía (DO 2022, L 261 I, p. 1).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, Secab Soc. coop., sociedad cooperativa que opera en el sector de la producción de electricidad y, por otro lado, la Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Autoridad Reguladora de la Energía, las Redes y el Medio Ambiente, Italia; en lo sucesivo, «ARERA») y Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (en lo sucesivo, «GSE»), sociedad italiana perteneciente íntegramente al Estado italiano a través del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministerio de Economía y Hacienda, Italia), encargada de promover y apoyar el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética en el marco de la política energética nacional, en relación con la legalidad de una normativa nacional que fija un tope de los ingresos de mercado procedentes de la venta de electricidad generada a partir de determinadas fuentes de energía renovables.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2018/2001
3        Los considerandos 2, 3 y 12 de la Directiva 2018/2001 establecen:
«(2)      De conformidad con el artículo 194 [TFUE], apartado 1, […] la promoción de las energías renovables es uno de los objetivos de la política energética de la Unión [Europea]. La presente Directiva persigue dicho objetivo. La mayor utilización de la energía procedente de fuentes renovables o energía renovable constituye una parte importante del paquete de medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para cumplir el Acuerdo de París de 2015 sobre el Cambio Climático siguiendo la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático […] y el marco de la Unión en materia de clima y energía para 2030, que incluye el objetivo vinculante de reducción de las emisiones de la Unión de al menos un 40 % para 2030 con respecto a los valores de 1990. El objetivo vinculante de la Unión de uso de energías renovables para 2030 y las contribuciones de los Estados miembros a este objetivo, incluidas sus cuotas de referencia en relación con sus objetivos globales nacionales para 2020, son algunos de los elementos que revisten la máxima importancia para la política energética y medioambiental de la Unión. Otros de esos elementos están recogidos en el marco establecido en la presente Directiva, por ejemplo, para el desarrollo de sistemas de calefacción y refrigeración renovable y de combustibles renovables para el transporte.
(3)      La mayor utilización de energía procedente de fuentes renovables desempeña también un papel fundamental en el fomento de la seguridad del abastecimiento energético, el suministro de energía sostenible a precios asequibles, el desarrollo tecnológico y la innovación, facilitando el liderazgo tecnológico e industrial al tiempo que se ofrecen ventajas ambientales, sociales y sanitarias, así como numerosas oportunidades de empleo y desarrollo regional, especialmente en zonas rurales y aisladas, en regiones o territorios con baja densidad de población o afectados parcialmente por la desindustrialización.
[…]
(12)      A fin de respaldar contribuciones ambiciosas de los Estados miembros al objetivo de la Unión, es necesario establecer un marco financiero que tenga por objeto facilitar las inversiones en proyectos de energías renovables en dichos Estados miembros, haciendo también uso de los instrumentos financieros.»
Directiva 2019/944
4        El artículo 5 de la Directiva 2019/944, titulado «Precios de suministro basados en el mercado», tiene el siguiente tenor:
«1.      Los suministradores podrán determinar libremente el precio al que suministran electricidad a los clientes. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar una competencia efectiva entre suministradores.
[…]
3.      Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables. Estas intervenciones públicas estarán sujetas a las condiciones establecidas en los apartados 4 y 5.
4.      Las intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad:
a)      perseguirán un interés económico general y no irán más allá de lo necesario para lograr dicho interés económico general;
b)      estarán claramente definidas y serán transparentes, no discriminatorias y verificables;
c)      garantizarán la igualdad de acceso de las empresas eléctricas de la Unión a los clientes;
d)      serán limitadas en el tiempo y proporcionadas, en lo que atañe a sus beneficiarios;
e)      no conllevarán para los participantes en el mercado costes adicionales que sean discriminatorios.
[…]»
Reglamento 2022/1854
5        Los considerandos 1, 27 a 29 y 39 a 41 del Reglamento 2022/1854 establecían lo que sigue:
«(1)      Desde septiembre de 2021 se han observado precios muy elevados en los mercados de la electricidad. […]
[…]
(27)      El nivel al que se fije el tope de los ingresos de mercado no debe poner en peligro la capacidad de los productores a los que se aplique, incluidos los de energías renovables, de recuperar sus costes de inversión y funcionamiento, y debe preservar e incentivar futuras inversiones en la capacidad necesaria para un sistema eléctrico descarbonizado y fiable. El tope de los ingresos de mercado, al ser un tope uniforme en toda la Unión, es lo más adecuado para preservar el funcionamiento del mercado interior de la electricidad, ya que mantiene una competencia basada en los precios entre productores de electricidad que utilicen distintas tecnologías, en particular en el caso de las energías renovables.
(28)      Si bien los precios máximos ocasionales y a corto plazo pueden considerarse una característica normal en un mercado de la electricidad y pueden ser útiles para algunos inversores a la hora de recuperar su inversión en generación, el aumento extremo y duradero de los precios observado desde febrero de 2022 difiere claramente de una situación normal de mercado de precios máximos ocasionales. Por consiguiente, el tope de los ingresos de mercado no debe fijarse por debajo de las expectativas razonables que, antes de la guerra de agresión de [la Federación de] Rusia contra Ucrania, tenían los participantes en el mercado sobre el nivel medio de los precios de la electricidad en las horas durante las que la demanda de electricidad estuviera en su nivel más alto. Antes de febrero de 2022, en las últimas décadas se preveía significativa y sistemáticamente que los precios medios máximos en el mercado mayorista de la electricidad estarían por debajo de 180 [euros] por [megavatio hora (MWh)] en toda la Unión, a pesar de las diferencias en los precios de la electricidad entre las regiones de la Unión. Dado que la decisión inicial de inversión adoptada por los participantes en el mercado se tomó con la expectativa de que, por término medio, los precios serían inferiores a ese nivel durante las horas punta, la fijación del tope de los ingresos de mercado de 180 [euros] por MWh constituye un nivel muy superior a esas expectativas iniciales del mercado. Al dejar un margen sobre el precio que los inversores podrían haber esperado razonablemente, es necesario garantizar que el tope de los ingresos de mercado no contrarreste la evaluación inicial de la rentabilidad de la inversión.
(29)      Además, el tope de los ingresos de mercado de 180 [euros] por MWh es sistemáticamente más alto, con la inclusión de un margen razonable, que el actual coste normalizado de la energía [(levelised cost of electricity, LCOE)] para las tecnologías de generación pertinentes, lo que permite a los productores a los que se aplica cubrir sus inversiones y sus costes de funcionamiento. Teniendo en cuenta que el tope de los ingresos de mercado deja un margen considerable entre el coste normalizado de la energía razonable y el tope de los ingresos de mercado, no cabe esperar que perjudique a la inversión en nuevas capacidades inframarginales.
[…]
(39)      Para tener en cuenta los problemas de seguridad del suministro, los Estados miembros deben tener la posibilidad de fijar un tope de los ingresos de mercado de manera que los productores de electricidad puedan retener el 10 % del excedente de ingresos por encima del tope de los ingresos de mercado.
(40)      Dado que la combinación de generación y la estructura de costes de las instalaciones de generación de electricidad difieren considerablemente de un Estado miembro a otro, se debe permitir a estos mantener o introducir medidas nacionales frente a la crisis bajo determinadas condiciones.
(41)      En particular, los Estados miembros deben mantener la posibilidad de limitar aún más los ingresos de los productores a los que se aplica el tope de los ingresos de mercado y de establecer un tope concreto a los ingresos de mercado que se hayan obtenido por la venta de electricidad generada a partir de antracita y hulla, cuyo precio puede ser considerablemente inferior al precio de las tecnologías marginales en algunos Estados miembros. A fin de garantizar la seguridad jurídica, también se debe permitir a los Estados miembros mantener o introducir las medidas nacionales frente a la crisis que limitan los ingresos de mercado de productores distintos de aquellos sujetos al tope de los ingresos de mercado a escala de la Unión.»
6        El artículo 6 de este Reglamento, titulado «Tope de los ingresos de mercado obligatorio», disponía, en sus apartados 1 y 2:
«1.      Los ingresos de mercado de los productores que se hayan obtenido por la generación de electricidad a partir de las fuentes a que se refiere el artículo 7, apartado 1, tendrán un tope de 180 [euros] por MWh de electricidad producida.
2.      Los Estados miembros garantizarán que el tope de los ingresos de mercado se aplique a todos los ingresos de mercado de los productores y, en su caso, a los intermediarios que participen en mercados mayoristas de electricidad en nombre de los productores, independientemente del horizonte temporal del mercado en el cual tenga lugar la transacción y de si la electricidad se negocia bilateralmente o en un mercado centralizado.»
7        El artículo 7 del citado Reglamento, con la rúbrica «Aplicación del tope de los ingresos de mercado a los productores de electricidad», preveía, en sus apartados 1 y 5:
«1.      El tope de los ingresos de mercado establecido en el artículo 6 se aplicará a los ingresos de mercado que se hayan obtenido por la venta de electricidad producida a partir de las fuentes siguientes:
a)      energía eólica;
b)      energía solar (solar térmica y solar fotovoltaica);
c)      energía geotérmica;
d)      energía hidroeléctrica sin embalse;
e)      combustible de biomasa (combustibles de biomasa sólidos o gaseosos), excluido el biometano;
f)      residuos;
g)      energía nuclear;
h)      lignito;
i)      productos derivados del petróleo crudo;
j)      turba.
[…]
5.      Los Estados miembros podrán decidir que el tope de los ingresos de mercado solo se aplique al 90 % de los ingresos de mercado que superen el tope establecido en el artículo 6, apartado 1.»
8        Con arreglo al artículo 8 del mismo Reglamento, con el epígrafe «Medidas nacionales frente a la crisis»:
«1.      Los Estados miembros podrán:
a)      mantener o introducir medidas que limiten aún más los ingresos de mercado de los productores que generan electricidad a partir de las fuentes enumeradas en el artículo 7, apartado 1, incluida la posibilidad de diferenciar entre tecnologías, así como los ingresos de mercado de otros participantes en el mercado, incluidos los que operen en el comercio de electricidad;
[…]
c)      mantener o introducir medidas nacionales para limitar los ingresos de mercado de los productores que se hayan obtenido por la generación de electricidad a partir de fuentes no indicadas en el artículo 7, apartado 1;
d)      fijar un tope específico de los ingresos de mercado que se hayan obtenido por la generación de electricidad a partir de antracita y hulla;
[…]
2.      Las medidas a que se refiere el apartado 1, en consonancia con el presente Reglamento:
a)      serán proporcionadas y no discriminatorias;
b)      no pondrán en peligro las señales de inversión;
c)      garantizarán que las inversiones y los costes de funcionamiento estén cubiertos;
d)      no alterarán el funcionamiento de los mercados mayoristas de electricidad y, en particular, no afectarán al orden de mérito ni a la formación de los precios en el mercado mayorista;
e)      serán compatibles con la legislación de la Unión.»
9        El artículo 10 del Reglamento 2022/1854, con la rúbrica «Distribución del excedente de ingresos», establecía, en su apartado 1:
«Los Estados miembros garantizarán que todo excedente de ingresos resultante de la aplicación del tope de los ingresos de mercado se utilice para financiar medidas de apoyo a los clientes finales de electricidad que mitiguen el impacto de los elevados precios de la electricidad para dichos clientes, de manera específica.»
10      El artículo 22 del referido Reglamento, titulado «Entrada en vigor y aplicación», preveía:
«1.      El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2.      Sin perjuicio de la obligación de garantizar la distribución del excedente de ingresos de conformidad con el artículo 10 y de utilizar los ingresos recaudados a través de la contribución solidaria temporal con arreglo al artículo 17, y sin perjuicio de las obligaciones de notificación a que se refiere el artículo 20, apartado 2, el presente Reglamento será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2023, supeditado a lo siguiente:
[…]
c)      los artículos 6, 7 y 8 serán aplicables desde [el] 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2023;
[…]».
Derecho italiano
Decreto‑ley
n.º 4/2022
11      El Decreto‑ley n.º 4/2022, convalidado, con modificaciones, por la legge n. 25 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.º 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (Ley n.º 25, de convalidación, por la que se modifica el Decreto‑ley n.º 4, de 27 de enero de 2022, sobre medidas urgentes en apoyo de las empresas y los operadores económicos, el trabajo, la salud y los servicios territoriales, en el contexto de la crisis del COVID-19, así como para la contención de los efectos de los aumentos de precios en el sector eléctrico), de 28 de marzo de 2022 (GURI n.º 73, de 28 de marzo de 2022, suplemento ordinario n.º 13) (en lo sucesivo, «Decreto‑ley n.º 4/2022»), contiene el artículo 15 bis, titulado «Medidas adicionales relativas a la electricidad generada por instalaciones que utilizan fuentes renovables». Este artículo 15 bis establecía:
«1.      A partir del 1 de febrero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, se aplicará un mecanismo de compensación de doble sentido al precio de la energía, en lo que respecta a la electricidad vertida a la red por:
a)      las instalaciones fotovoltaicas con una potencia superior a 20 kW que disfruten de primas fijas resultantes del mecanismo de la tarifa de compra (Conto Energia), que no dependen de los precios de mercado;
b)      las instalaciones con una potencia superior a 20 kW que utilicen fuentes de energía solar, hidroeléctrica, geotérmica y eólica sin beneficiarse de mecanismos de incentivos, que hayan entrado en funcionamiento antes del 1 de enero de 2010.
[…]
3.      A efectos del apartado 1, GSE calculará la diferencia entre los valores indicados en las letras a) y b) siguientes:
a)      un precio de referencia igual al indicado en la tabla [anexa al presente] Decreto‑ley, para cada zona de mercado[, comprendido entre 56 y 58 euros por MWh (salvo en las islas de Cerdeña y Sicilia, para las cuales se fija respectivamente en 61 euros por MWh y 75 euros por MWh)];
b)      un precio de mercado igual a:
1)      para las instalaciones contempladas en el apartado 1, letra a), y para las instalaciones a que se refiere el apartado 1, letra b), que utilicen fuentes de energía solar, eólica, geotérmica e hidráulica de agua fluyente, el precio por hora de la electricidad en la zona de mercado o, para los contratos de suministro celebrados antes del 27 de enero de 2022 que no cumplan los requisitos establecidos en el apartado 7, el precio indicado en dichos contratos;
2)      para las instalaciones a que se refiere el apartado 1, letra b), distintas de las contempladas en el apartado 1, la media aritmética mensual de los precios por hora de la electricidad en las zonas de mercado o, para los contratos de suministro celebrados antes del 27 de enero de 2022 que no cumplan los requisitos establecidos en el apartado 7, el precio indicado en dichos contratos.
4.      Si la diferencia a que se refiere el apartado 3 fuera positiva, GSE abonará el importe correspondiente al productor. Si dicha diferencia fuera negativa, GSE practicará una compensación o exigirá al productor el importe correspondiente.
[…]»
12      El artículo 11, apartado 1, del Decreto‑ley n.º 115/2022, convalidado, con modificaciones, por la legge n. 142 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.º 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (Ley n.º 142, de convalidación, por la que se modifica el Decreto‑ley n.º 115, de 9 de agosto de 2022, sobre medidas urgentes en materia de energía, crisis hídrica y políticas sociales e industriales), de 21 de septiembre de 2022 (GURI n.º 221, de 21 de septiembre de 2022, p. 1) (en lo sucesivo, «Decreto‑ley n.º 115/2022»), prorrogó hasta el 30 de junio de 2023 la aplicación del mecanismo de compensación previsto en dicho artículo 15 bis.
Ley n.º 197/22
13      La legge n. 197 — Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023‑2025 (Ley n.º 197 sobre presupuesto previsto del Estado para el ejercicio financiero de 2023 y presupuesto plurianual para el trienio 2023‑2025), de 29 de diciembre de 2022 (GURI n.º 303, de 29 de diciembre de 2022, suplemento ordinario n.º 43) (en lo sucesivo, «Ley n.º 197/22»), establece, en su artículo 1, apartados 30 a 33:
«30.      En aplicación del Reglamento [2022/1854], a partir del 1 de diciembre de 2022 y hasta el 30 de junio de 2023, se aplicará un tope a los ingresos de mercado obtenidos por los productores de electricidad, mediante un mecanismo de compensación en sentido único, en lo que respecta a la electricidad vertida a la red por:
a)      las instalaciones que utilicen fuentes renovables no comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 15 bis del [Decreto‑ley n.º 4/2022];
b)      las instalaciones que utilicen fuentes no renovables a que se refiere el artículo 7, apartado 1, del Reglamento [2022/1854].
31.      El tope de los ingresos de mercado se aplicará a todos los ingresos de mercado obtenidos por los productores de electricidad procedentes de las instalaciones mencionadas anteriormente y, en su caso, por los intermediarios que participen en los mercados mayoristas de electricidad en nombre de dichos productores, con independencia del vencimiento de la transacción que genere los ingresos y de que la electricidad se intercambie bilateralmente o en un mercado centralizado.
32.      A efectos del apartado 30, [GSE] calculará la diferencia entre los valores indicados en las letras a) y b) siguientes:
a)      un precio de referencia igual a 180 [euros] por MWh o, para las fuentes cuyos costes de producción sean superiores a dicho precio, a un valor por la tecnología establecido con arreglo a los criterios definidos por la ARERA […], teniendo en cuenta los costes de inversión y de explotación, y una remuneración justa de las inversiones. A tal fin, en el caso de instalaciones fomentadas por mecanismos de sentido único distintos de los que sustituyen a los certificados verdes, el precio de referencia será igual al valor más elevado entre el importe de 180 [euros] por MWh y la tarifa aplicable;
b)      un precio de mercado igual a la media mensual del precio por hora en la zona de mercado, determinada como media ponderada para las instalaciones que utilizan fuentes de energía intermitentes, sobre la base del perfil de producción de cada instalación, y como media aritmética para las instalaciones que utilizan fuentes de energía no intermitentes, o, en el caso de los contratos de suministro celebrados antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley n.º 197/22[, es decir, antes del 1 de enero de 2023,] que no estén comprendidas en los supuestos contemplados en el apartado 37, al precio indicado en dichos contratos.
33.      En caso de que la diferencia a que se refiere el apartado 32 fuera negativa, GSE practicará una compensación o exigirá al productor el importe correspondiente.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
14      Secab gestiona centrales hidroeléctricas de agua fluyente. Dado que esta sociedad está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 15 bis del Decreto‑ley n.º 4/2022, quedó sometida al tope de ingresos que tal disposición establece. En este contexto, tras recibir varias facturas de GSE, interpuso un recurso de anulación ante el Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Lombardía, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente, en particular, en cuanto a la resolución de la ARERA por la que se aplicaba esta disposición, a los reglamentos técnicos relativos a la aplicación de dicha disposición adoptados por GSE y a las facturas emitidas a su cargo por GSE los días 18 de octubre y 15 de noviembre de 2022 con arreglo a la misma disposición. En apoyo de su recurso, Secab alega que el artículo 15 bis del Decreto‑ley n.º 4/2022 es contrario al Derecho de la Unión.
15      El órgano jurisdiccional remitente señala que la aplicación del artículo 15 bis, inicialmente prevista para el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2022, fue prorrogada, mediante el Decreto‑ley n.º 115/2022, hasta el 30 de junio de 2023. Observa asimismo que el Reglamento 2022/1854 no entró en vigor hasta el 8 de octubre de 2022, que tal Reglamento fijaba un tope de ingresos más elevado y tenía un ámbito de aplicación más amplio que los contemplados en el referido artículo 15 bis y que fueron los apartados 30 a 38 del artículo 1 de la Ley n.º 197/22 los que aplicaron, para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de 2023, los artículos 6 a 8 de dicho Reglamento, excluyendo, no obstante, las instalaciones que utilizaban fuentes de energía renovables que ya estaban comprendidas en el ámbito de aplicación de ese mismo artículo 15 bis. Indica que, de este modo, aunque el artículo 15 bis se adoptó con anterioridad al Reglamento 2022/1854, constituía, en esencia, la disposición de Derecho nacional por la que se aplicaba aquel Reglamento en lo atinente a la energía procedente de las fuentes renovables a que se refiere tal artículo.
16      El órgano jurisdiccional remitente añade que ese artículo 15 bis, al igual que el Reglamento 2022/1854, se adoptó para limitar, con carácter temporal, los ingresos de mercado excepcionales obtenidos por los productores de energía cuyos costes no se ven afectados por las fluctuaciones de los precios del gas natural, aplicando un tope a esos ingresos excepcionales y distribuyendo los importes correspondientes a los clientes finales. No obstante, alberga dudas en cuanto a las modalidades concretas elegidas por el legislador italiano para establecer ese tope de ingresos.
17      En primer lugar, dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre el importe del tope fijado en el artículo 15 bis del Decreto‑ley n.º 4/2022. A este respecto, por una parte, señala que, aunque el precio de referencia contemplado en el apartado 3, letra a), del artículo 15 bis, comprendido entre 56 euros por MWh de electricidad producida y 75 euros por MWh de electricidad producida, es sensiblemente inferior y dista de aquel fijado por la Unión —que es de 180 euros por MWh de electricidad producida—, es, a juicio de la ARERA, justo. En efecto, el legislador italiano determinó este precio utilizando una media aritmética de los precios registrados en cada zona de mercado entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2020, revalorizados en función de la inflación. Sin embargo, prosigue, según el considerando 28 del Reglamento 2022/1854, para fijar el tope de los ingresos de mercado habría sido necesario referirse a las horas en las que la demanda se encontraba en su nivel más alto antes de la guerra de agresión llevada a cabo por la Federación de Rusia contra Ucrania. Además, durante el año 2020, marcado por perturbaciones vinculadas a la epidemia de COVID‑19, el precio nacional único alcanzó un nivel históricamente bajo, de hasta 38,92 euros por MWh de electricidad producida, mientras que, durante el año 2021, que no se tuvo en cuenta en esta media, dicho precio experimentó un fuerte aumento, de hasta 125 euros por MWh de electricidad producida, así como en el primer trimestre del año 2022, en el que alcanzó 308 euros por MWh de electricidad producida. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente duda de que el tope fijado en el citado artículo 15 bis sea proporcionado y razonable, dado que no garantiza que los productores puedan retener el 10 % de los ingresos que superen ese tope, como a su juicio exige, no obstante, el considerando 39 del referido Reglamento.
18      Por otra parte, según tal órgano jurisdiccional, el artículo 15 bis del Decreto‑ley n.º 4/2022 no parece adecuado para proteger las inversiones en el sector de las energías renovables, en particular en lo que respecta a la capacidad de realizar tales inversiones en el futuro con el fin de aumentar la utilización de esas fuentes de energía. En cuanto a ello, se remite, en particular, al considerando 2 de la Directiva 2018/2001, que, a su juicio, subraya la importancia de sustituir las fuentes de energía fósiles y de fomentar el uso de fuentes renovables, así como a los considerandos 28 y 29 del Reglamento 2022/1854, de los que a su entender se desprende que es necesario fijar el tope de manera que no afecte a la evaluación inicial de la rentabilidad de las inversiones. Pues bien, el legislador italiano parece no haber tenido en cuenta estas exigencias al determinar el tope en dicho artículo 15 bis.
19      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente observa, por una parte, que el Reglamento 2022/1854 somete al tope establecido en su artículo 6 a los productores de energía que utilizan lignito, petróleo crudo y turba y dispone, en su considerando 41 y en su artículo 8, apartado 1, letra d), que los Estados miembros deben fijar un tope específico para los productores que utilicen antracita y hulla. Sin embargo, el artículo 15 bis del Decreto‑ley n.º 4/2022 no establece ninguna regulación para esos productores, que, por lo tanto, a su juicio, disfrutaron de una ventaja injustificada. Por otra parte, señala que, aunque el artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento 2022/1854 permite a los Estados miembros diferenciar el régimen aplicable en función de las diferentes fuentes de energía, el artículo 15 bis indicado ha establecido un tope único para todas las categorías de productores a que se refiere, a pesar de que los costes de producción varían de una categoría de instalaciones a otra.
20      En estas circunstancias, el Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Tribunal Regional de lo Contencioso‑Administrativo de Lombardía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Se oponen el artículo 5, apartado 4, de la Directiva [2019/944], los considerandos 3 y 12 de la Directiva [2018/2001], los considerandos 27 [a 29] y 39 y los artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 2, del Reglamento [2022/1854] a una normativa nacional que establece un tope a los ingresos de mercado obtenidos de la venta de electricidad, con los criterios previstos en el artículo 15 bis del [Decreto‑ley n.º 4/2022], que no garantiza a los productores retener el 10 % de ingresos por encima del citado tope?
2)      ¿Se oponen el artículo 5, apartado 4, de la Directiva [2019/944], los considerandos 2, 3 y 12 de la Directiva [2018/2001], los considerandos 27 [a 29] y 39 y los artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento [2022/1854] a una normativa nacional que establece un tope a los ingresos de mercado obtenidos de la venta de electricidad, con los criterios previstos en el artículo 15 bis del Decreto‑ley [n.º 4/2022], que no protege ni incentiva las inversiones en el sector de las energías renovables?
3)      ¿Se oponen el considerando 3 de la Directiva 2018/2001, los considerandos 27 y 41 y los artículos 7, apartado 1, letras h) [a] j), y 8, apartados 1, letras a) y d), y 2 del Reglamento 2022/1854 a una normativa nacional que establece un tope a los ingresos de mercado obtenidos de la venta de electricidad, con los criterios previstos en el artículo 15 bis del Decreto‑ley [n.º 4/2022], que no contempla ningún tope específico de los ingresos que se hayan obtenido por la generación de energía a partir de antracita y hulla ni una normativa diferenciada en función de las distintas fuentes de producción?»
Sobre la admisibilidad
21      GSE y el Gobierno italiano alegan que la petición de decisión prejudicial es inadmisible porque no contiene todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios para que el Tribunal de Justicia pueda darle una respuesta útil, de modo que, según ellos, no cumple los requisitos contenidos en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. En particular, GSE sostiene que, para cada una de las cuestiones prejudiciales planteadas, el órgano jurisdiccional remitente omitió determinadas circunstancias fácticas o jurídicas que, sin embargo, son determinantes para apreciar correctamente sus dudas. Considera también que esas dudas se inspiran en gran medida en las consideraciones expuestas por Secab en su recurso presentado ante este órgano jurisdiccional.
22      Con arreglo a reiterada jurisprudencia, recogida en el artículo 94, letras a) y b), del Reglamento de Procedimiento, la necesidad de lograr una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional exige que este defina el contexto fáctico y normativo en el que se inscriben las cuestiones prejudiciales que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones. Por otro lado, es indispensable, como se establece en el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento, que la petición de decisión prejudicial indique las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como la relación que, a su juicio, existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 59 y jurisprudencia citada).
23      En el caso de autos, la resolución de remisión cumple estas exigencias. En efecto, contiene una exposición detallada del marco fáctico y jurídico pertinente y, con respecto a cada una de las cuestiones prejudiciales planteadas, el órgano jurisdiccional remitente ha expuesto los motivos por los que considera que la normativa nacional controvertida en el litigio principal puede infringir las disposiciones del Derecho de la Unión a las que se refiere.
24      Además, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la más amplia facultad de someter al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión. En efecto, corresponde exclusivamente al juez nacional que conoce del litigio principal y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que se ha de pronunciar apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. De ello se desprende que las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales disfrutan de una presunción de pertinencia y que el Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a la referida cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de diciembre de 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, apartados 15 y 18, y de 1 de agosto de 2025, Voore Mets y Lemeks Põlva, C‑784/23, EU:C:2025:609, apartado 31).
25      De lo anterior se deriva que el hecho de que las consideraciones formuladas por el órgano jurisdiccional remitente se inspiren en gran medida en aquellas expuestas ante él por Secab, aunque resultase acreditado, no permitiría declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial dado que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento y que ninguno de los supuestos que permiten al Tribunal de Justicia abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial, identificados en el apartado anterior de la presente sentencia, se dan en el caso de autos.
26      Por otra parte, en la medida en que el Gobierno belga niega la admisibilidad de una parte de las cuestiones prejudiciales planteadas por cuanto tiene por objeto obtener la interpretación de considerandos de actos de la Unión pese a que carecen de valor jurídico vinculante, basta con señalar que esta mera circunstancia no permite acreditar la inadmisibilidad alegada (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de diciembre de 1989, Grimaldi, C‑322/88, EU:C:1989:646, apartados 7 y 8, y de 15 de julio de 2021, FBF, C‑911/19, EU:C:2021:599, apartados 53 y 54).
27      La petición de decisión prejudicial es, por tanto, admisible.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
28      Con carácter preliminar, debe recordarse que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este Tribunal proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular, en su caso, las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas del Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial (véanse las sentencias de 28 de noviembre de 2000, Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, apartado 18, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 44).
29      En efecto, el hecho de que, desde un punto de vista formal, el órgano jurisdiccional remitente se haya referido, en sus cuestiones prejudiciales, a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no obsta para que el Tribunal de Justicia le proporcione todos los elementos de interpretación que puedan serle útiles para enjuiciar el litigio principal, extrayendo del conjunto de datos aportados por dicho órgano jurisdiccional, y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio principal (véanse las sentencias de 29 de noviembre de 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, apartado 26, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 45).
30      Pues bien, en el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente pretende obtener datos que le permitan apreciar la conformidad con el Derecho de la Unión de una normativa nacional que fue adoptada con anterioridad al Reglamento 2022/1854 y que se aplicó del 1 de febrero de 2022 al 30 de junio de 2023, que establece un tope de los ingresos de mercado procedentes de la venta de electricidad. Además, resulta que, para responder a la primera cuestión prejudicial planteada, procede tener en cuenta también los artículos 7, apartado 5, y 8, apartado 1, del Reglamento 2022/1854, a los que el órgano jurisdiccional remitente no se ha referido en el enunciado de esta cuestión prejudicial.
31      Por lo tanto, procede considerar que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2019/944, los considerandos 3 y 12 de la Directiva 2018/2001 y los artículos 6, apartado 1, y 8 del Reglamento 2022/1854, a la luz del artículo 7, apartado 5, y de los considerandos 27 a 29 y 39 de este, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional adoptada con anterioridad al Reglamento 2022/1854 y que, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2023, fijó un tope de los ingresos de mercado obtenidos por los productores de electricidad a partir de instalaciones que utilizan energía hidroeléctrica de agua fluyente sin garantizar que esos productores retuvieran el 10 % de sus ingresos por encima de ese tope.
32      A este respecto, es oportuno recordar, en primer lugar, que el artículo 5 de la Directiva 2019/944 establece, en su apartado 1, que los proveedores tendrán libertad para determinar el precio al que suministran electricidad a los clientes y que los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para garantizar una competencia efectiva entre los proveedores. No obstante, el apartado 3 de dicho artículo 5 precisa que, a modo de excepción a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán recurrir a intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a clientes domésticos vulnerables o en situación de pobreza energética, intervenciones públicas que estarán sujetas a las condiciones establecidas en los apartados 4 y 5 de tal artículo 5.
33      De este modo, el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2019/944 tiene por objeto regular las intervenciones de los Estados miembros en la fijación de los precios a los que los proveedores venden la electricidad a determinadas categorías de clientes. Por consiguiente, esta disposición no guarda relación con la fijación de un tope de los ingresos de mercado procedentes de la venta de electricidad por determinados productores.
34      De ello se deduce que dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la descrita en el apartado 31 de la presente sentencia.
35      En segundo lugar, es preciso recordar que el preámbulo de un acto de la Unión no tiene un valor jurídico vinculante (sentencias de 19 de noviembre de 1998, Nilsson y otros, C‑162/97, EU:C:1998:554, apartado 54, y de 19 de diciembre de 2024, Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, C‑664/23, EU:C:2024:1046, apartado 39). Por lo tanto, los considerandos 3 y 12 de la Directiva 2018/2001 no pueden, como tales, establecer obligaciones, en particular a cargo de los Estados miembros. Así, no pueden oponerse a una normativa nacional como la descrita en el apartado 31 de la presente sentencia.
36      En cualquier caso, aun suponiendo que, al referirse a los considerandos 3 y 12 de la Directiva 2018/2001, el órgano jurisdiccional remitente pretenda obtener la interpretación de disposiciones de esta Directiva, procede señalar que esos considerandos 3 y 12 se limitan a enunciar consideraciones generales relativas, por una parte, al papel que puede desempeñar el aumento del uso de energía procedente de fuentes renovables, en particular, en el fomento de la seguridad del suministro energético, de la energía sostenible a precios asequibles y del desarrollo tecnológico, así como, por otra parte, al objetivo de establecer en los Estados miembros un marco financiero para facilitar las inversiones en proyectos en materia de energía renovable, con el fin de apoyar las contribuciones ambiciosas de los Estados miembros al objetivo de la Unión. Pues bien, estas consideraciones generales no guardan relación con ninguna disposición específica de la Directiva 2018/2001 que imponga una obligación concreta a los Estados miembros.
37      De lo anterior se desprende que los considerandos 3 y 12 de la Directiva 2018/2001 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional como la descrita en el apartado 31 de la presente sentencia.
38      En tercer lugar, procede señalar, por una parte, que, a tenor del artículo 22, apartado 2, letra c), del Reglamento 2022/1854, los artículos 6 a 8 de este resultaban aplicables del 1 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023. De ello se desprende que, en cualquier caso, no pueden interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la descrita en el apartado 31 de la presente sentencia en un período en el que no eran aplicables, es decir, en el caso de autos, durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 2022.
39      Por otra parte, en cuanto al período controvertido en el litigio principal durante el cual esos artículos eran aplicables, procede recordar que el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento establece que los ingresos de mercado de los productores que se hayan obtenido por la generación de electricidad a partir de las fuentes a que se refiere el artículo 7, apartado 1, de tal Reglamento tendrán un tope de 180 euros por MWh de electricidad producida. Entre esas fuentes figura, en el citado artículo 7, apartado 1, letra d), la energía hidroeléctrica sin embalse.
40      Por otro lado, ese artículo 7 precisa, en su apartado 5, que los Estados miembros podrán decidir que el tope de los ingresos de mercado solo se aplique al 90 % de los ingresos de mercado que superen el tope establecido en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2022/1854.
41      De ello se deduce que los Estados miembros deben, en particular, en virtud de dicho artículo 6, apartado 1, en relación con el artículo 7, apartados 1, letra d), y 5, limitar a un máximo de 180 euros por MWh de electricidad producida los ingresos de mercado obtenidos por los productores de energía hidroeléctrica de agua fluyente y que no tienen la obligación, sino solo la facultad, de aplicar ese tope únicamente al 90 % de los ingresos de mercado que superen el tope establecido en el citado artículo 6, apartado 1.
42      Sin embargo, en el caso de autos consta que el tope controvertido en el litigio principal no es el de 180 euros por MWh de electricidad producida, sino un tope inferior al establecido en el mismo artículo 6, apartado 1. Pues bien, a este respecto, el artículo 8 del Reglamento 2022/1854 enumera, en su apartado 1, diversas medidas nacionales que pueden adoptar los Estados miembros frente a la crisis, medidas que deben cumplir las condiciones enumeradas en el apartado 2 del artículo 8.
43      En particular, el artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento 2022/1854 establece que los Estados miembros podrán mantener o introducir medidas que limiten aún más los ingresos de mercado de los productores que generan electricidad a partir de las fuentes enumeradas en el artículo 7, apartado 1, de este Reglamento. Por su parte, el apartado 2 de dicho artículo 8 precisa, en la letra a), que las medidas a que se refiere su apartado 1 serán proporcionadas y no discriminatorias, en la letra b), que no pondrán en peligro las señales de inversión, en la letra c), que garantizarán que las inversiones y los costes de funcionamiento estén cubiertos, en la letra d), que no alterarán el funcionamiento de los mercados mayoristas de electricidad y, en particular, no afectarán al orden de mérito ni a la formación de los precios en el mercado mayorista y, en la letra e), que serán compatibles con la legislación de la Unión.
44      Así pues, el artículo 8 del Reglamento 2022/1854 no impone a los Estados miembros la obligación de aplicar el tope que pueden mantener o introducir en virtud de su apartado 1 únicamente al 90 % de los ingresos que excedan de dicho tope. De ello se deduce que el Reglamento 2022/1854 no puede oponerse a una normativa nacional que ha fijado un tope de los ingresos de mercado de los productores que generan electricidad a partir de instalaciones que utilizan la energía hidroeléctrica de agua fluyente sobre la base de que tal normativa no garantiza que esos productores retengan el 10 % de sus ingresos que superen ese tope.
45      A este respecto, habida cuenta de las dudas expresadas por el órgano jurisdiccional remitente, procede añadir también que no puede considerarse que tal normativa sea desproporcionada, en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, salvo que se estime que, al limitarse a dar a los Estados miembros la facultad que figura en el artículo 7, apartado 5, del mismo Reglamento, el propio legislador de la Unión ha vulnerado el principio de proporcionalidad. Pues bien, en virtud de un principio general de interpretación, toda disposición debe interpretarse, en la medida de lo posible, de un modo que no cuestione su validez (sentencias de 4 de octubre de 2001, Italia/Comisión, C‑403/99, EU:C:2001:507, apartado 37, y de 8 de mayo de 2025, Pielatak, C‑410/23, EU:C:2025:325, apartado 66).
46      La interpretación realizada en el apartado 44 de la presente sentencia se ve corroborada, además, por los considerandos del Reglamento 2022/1854. En efecto, en virtud de su considerando 39, para tener en cuenta los problemas de seguridad del suministro, los Estados miembros «deben tener la posibilidad» de fijar un tope de los ingresos de mercado de manera que los productores de electricidad puedan retener el 10 % del excedente de ingresos por encima del tope de los ingresos de mercado. Este considerando 39 confirma así que, incluso en el marco del tope establecido en el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento, los Estados miembros no están obligados a permitir que los productores afectados conserven el 10 % de los ingresos que excedan ese tope.
47      Por otro lado, en cuanto al considerando 40 de dicho Reglamento, este indica que, dado que la combinación de generación y la estructura de costes de las instalaciones de generación de electricidad difieren considerablemente de un Estado miembro a otro, se debe permitir a estos mantener o introducir medidas nacionales frente a la crisis bajo determinadas condiciones. El considerando 41 del Reglamento 2022/1854 precisa, en particular, a este respecto, que los Estados miembros deben mantener la posibilidad de limitar aún más los ingresos de los productores a los que se aplica el tope de los ingresos de mercado. Así pues, estos considerandos no contienen ninguna indicación de que los Estados miembros estén obligados, en el marco del tope que puedan mantener o introducir en virtud del artículo 8, apartado 1, de este Reglamento, a establecer que los productores afectados puedan retener el 10 % de sus ingresos que excedan dicho tope.
48      Lo mismo sucede con los considerandos 27 a 29 del Reglamento 2022/1854, a los que se refiere el órgano jurisdiccional remitente en su primera cuestión prejudicial, que tampoco contienen indicación alguna de la obligación contemplada por él en el marco de tal cuestión prejudicial.
49      De ello se deduce que, en la medida en que son aplicables ratione temporis, los artículos 6, apartado 1, y 8 del Reglamento 2022/1854, a la luz del artículo 7, apartado 5, y de los considerandos 27 a 29 y 39 de este, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional como la descrita en el apartado 31 de la presente sentencia.
50      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2019/944, los considerandos 3 y 12 de la Directiva 2018/2001 y los artículos 6, apartado 1, y 8 del Reglamento 2022/1854, a la luz del artículo 7, apartado 5, y de los considerandos 27 a 29 y 39 de este, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional adoptada con anterioridad al Reglamento 2022/1854 y que, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2023, fijó un tope de los ingresos de mercado obtenidos por los productores de electricidad a partir de instalaciones que utilizan energía hidroeléctrica de agua fluyente sin garantizar que esos productores retuvieran el 10 % de sus ingresos por encima de ese tope.
Segunda cuestión prejudicial
51      Habida cuenta de lo que ya se ha señalado en los apartados 28 a 30 de la presente sentencia, procede considerar que, mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2019/944, los considerandos 2, 3 y 12 de la Directiva 2018/2001 y los artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento 2022/1854, a la luz de los considerandos 27 a 29 y 39 de este, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional adoptada con anterioridad al Reglamento 2022/1854 y que, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2023, fijó un tope de los ingresos de mercado obtenidos por los productores de electricidad a partir de instalaciones que utilizan energía hidroeléctrica de agua fluyente determinando dicho tope sobre la base de una media aritmética de los precios registrados en la zona de mercado correspondiente durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2020, revalorizados en función de la inflación.
52      A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que, por los motivos ya expuestos en los apartados 32 y 33 de la presente sentencia, el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2019/944 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la descrita en el apartado anterior.
53      En segundo lugar, por los motivos ya expuestos en los apartados 35 y 36 de la presente sentencia, los considerandos 3 y 12 de la Directiva 2018/2001 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional como la descrita en el apartado 51 anterior. Lo mismo ocurre con el considerando 2 de esta Directiva. En efecto, además de que este último considerando carece de valor jurídico vinculante, se limita a subrayar que el objetivo de promoción de las energías renovables es uno de los objetivos de la política energética de la Unión contemplados por dicha Directiva y que la mayor utilización de la energía procedente de fuentes renovables o energía renovable constituye una parte importante del paquete de medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sin que ello, no obstante, se exprese de forma concreta en una disposición específica de la misma Directiva.
54      En tercer lugar, por una parte, por el motivo expuesto en el apartado 38 de la presente sentencia, los artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento 2022/1854 no pueden oponerse a una normativa nacional como la descrita en el apartado 51 anterior en cuanto a un período en el que no eran aplicables, es decir, en el caso de autos, durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 2022.
55      Por otra parte, por lo que respecta al período controvertido en el litigio principal durante el que estas disposiciones eran aplicables, procede señalar que, de los artículos 6, apartado 1, y 8 del Reglamento 2022/1854, cuyo tenor se ha recordado en los apartados 39, 42 y 43 de la presente sentencia, se desprende que, como también señaló el Abogado General en el punto 44 de sus conclusiones, el mero hecho de que el importe del tope fijado por un Estado miembro en virtud del artículo 8, apartado 1, sea inferior al establecido en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2022/1854 no permite, en sí mismo, demostrar la incompatibilidad de ese primer tope con el Reglamento, ya que estas disposiciones dejan cierto margen de apreciación a los Estados miembros, que les permite determinar el tope que establecen teniendo en cuenta las características propias de su mercado nacional. En efecto, el Reglamento 2022/1854 no contiene ninguna indicación precisa sobre el modo en que debe determinarse el tope por los Estados miembros que hacen uso de la facultad que les ofrece el artículo 8, apartado 1, en particular en su letra a), con excepción del cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 2 de dicho artículo 8.
56      A este respecto, los considerandos 27 a 29 y 39 del Reglamento 2022/1854 no pueden interpretarse en el sentido de que obligan a los Estados miembros a seguir una metodología específica. Como ya se ha recordado en el apartado 35 de la presente sentencia, el preámbulo de un acto de la Unión carece de valor jurídico vinculante. Por lo tanto, estos considerandos no pueden, como tales, establecer obligaciones, en particular a cargo de los Estados miembros.
57      Por lo demás, si bien el considerando 27 precisa que el nivel al que se fija el tope de los ingresos de mercado no debe poner en peligro la capacidad de los productores a los que se aplique de recuperar sus costes de inversión y funcionamiento y, además, debe preservar e incentivar futuras inversiones en la capacidad necesaria para un sistema eléctrico descarbonizado y fiable, estas precisiones no se distinguen, en su esencia, de lo previsto en el artículo 8, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento, a saber, que no se pongan en peligro las señales de inversión.
58      En cuanto a los considerandos 28 y 29 del Reglamento 2022/1854, si bien exponen las razones por las que el Consejo de la Unión Europea adoptó, en su artículo 6, apartado 1, un tope de 180 euros por MWh de electricidad producida, no contienen ninguna obligación para los Estados miembros sobre la metodología que deben seguir al determinar el tope que pudieran fijar con arreglo al artículo 8, apartado 1, del mismo Reglamento.
59      En cuanto al considerando 39 de tal Reglamento, y según se ha constatado en el apartado 46 de la presente sentencia, este se limita a indicar que, para tener en cuenta los problemas de seguridad del suministro, los Estados miembros deben tener la posibilidad de fijar un tope de los ingresos de mercado de manera que los productores de electricidad puedan retener el 10 % del excedente de ingresos por encima del tope de los ingresos de mercado.
60      Por lo tanto, a falta de indicación vinculante contenida en el Reglamento 2022/1854 sobre la metodología que deben seguir los Estados miembros al fijar un tope en virtud del artículo 8, apartado 1, del Reglamento 2022/1854, deben respetarse las condiciones establecidas en el apartado 2 del mismo artículo 8. A este respecto, habida cuenta de las dudas expresadas por el órgano jurisdiccional remitente, es preciso recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, letras b) y c), de dicho artículo 8, el tope fijado en virtud del apartado 1 del mismo artículo no debe poner en peligro las señales de inversión y debe garantizar que las inversiones y los costes de funcionamiento estén cubiertos.
61      Pues bien, la apreciación de la compatibilidad del tope elegido por las autoridades nacionales a la luz de los criterios enunciados en las letras b) y c) de ese apartado 2 es de naturaleza fáctica y depende de las características propias del mercado nacional y del conjunto de circunstancias de hecho y de Derecho que caracterizan, en particular, la situación de los productores de electricidad de que se trate. Por lo tanto, esta apreciación es competencia de las autoridades nacionales y, en el caso de autos, del órgano jurisdiccional remitente. Dicho esto, conforme a su jurisprudencia reiterada, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse sobre la cuestión prejudicial, puede aportarle precisiones destinadas a orientarle en su apreciación (véanse, por analogía, las sentencias de 21 de febrero de 2006, Halifax y otros, C‑255/02, EU:C:2006:121, apartado 77, y de 11 de enero de 2024, Nárokuj, C‑755/22, EU:C:2024:10, apartado 42).
62      Así, en particular, es pertinente a efectos de esta apreciación, en primer lugar, el hecho de que, para determinar el tope, se haya hecho referencia a un criterio objetivo basado en las condiciones medias que prevalecían en el mercado antes de la crisis energética durante un período relativamente largo y que, además, se haya tenido en cuenta la inflación. En efecto, el recurso a tal criterio objetivo puede cumplir los requisitos del artículo 8, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento 2022/1854, en la medida en que permite garantizar que el tope se fija a un nivel de precios que los inversores normalmente informados podían prever razonablemente en el momento en que realizaron sus inversiones.
63      En particular, dado que, de conformidad con dicho artículo 8, apartado 2, letra c), el tope de los ingresos de mercado debe fijarse de manera que abarque los ingresos excedentarios, teniendo en cuenta al mismo tiempo los costes de inversión y de funcionamiento, que deben estar cubiertos, un tope fijado mediante tal criterio parece adecuado para abarcar únicamente ingresos por encima de tal nivel de precios, a saber, ingresos que tales inversores no podían esperar razonablemente en el momento en que tomaron su decisión de inversión.
64      El hecho de que, en el caso de autos, se haya tenido en cuenta el año 2020, pero no el año 2021, no acredita que tal método no cumpla los requisitos establecidos en dichas disposiciones. En efecto, por una parte, no se discute que los precios de la energía empezaron a aumentar considerablemente desde el año 2021, y el considerando 1 del Reglamento 2022/1854 subraya, de hecho, que ya se observaron precios muy elevados en los mercados de la electricidad desde septiembre de 2021. Por lo tanto, estaría en contradicción con el objetivo perseguido por el tope que los Estados miembros pueden establecer en virtud del artículo 8 del mismo Reglamento considerar que el año 2021 debe necesariamente tenerse en cuenta a efectos de fijarlo. Por otra parte, y sin perjuicio de las comprobaciones que incumben al órgano jurisdiccional remitente, el hecho de haber utilizado, en el caso de autos, una media de los precios del período de diez años inmediatamente anterior al aumento anormal de los precios que el tope pretende compensar en favor de los consumidores, ajustada, además, en función de la inflación, permite neutralizar cualquier posible anomalía que haya afectado a uno de los diez años que se han tenido en cuenta.
65      En segundo lugar, en el marco de la apreciación que el órgano jurisdiccional remitente debe efectuar, también son pertinentes el carácter excepcional y el ámbito de aplicación temporal limitado del tope en cuestión, en particular cuando se ponen en relación con la duración media de explotación de las instalaciones que producen electricidad a partir de fuentes renovables a las que afecta y con el hecho de que las inversiones en el sector de las energías renovables son, por su propia naturaleza, inversiones a largo plazo. En el caso de autos, y sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar a dicho órgano jurisdiccional, habida cuenta del carácter excepcional del tope controvertido en el litigio principal y de la duración limitada de su aplicación en relación con la duración de explotación de una instalación de producción de energía hidroeléctrica de agua fluyente, no parece que la fijación de un tope según una metodología como la controvertida en el litigio principal pueda comprometer las inversiones en este sector.
66      En tercer lugar, también son pertinentes, para apreciar los efectos que un tope de ingresos puede tener sobre las inversiones, la estructura de costes de las instalaciones afectadas y el coste actualizado de la energía para la tecnología de que se trate. Pues bien, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que, sin perjuicio de las comprobaciones que incumben al órgano jurisdiccional remitente, la estructura de costes de los productores de energía renovable como Secab se mantuvo en gran medida inalterada a pesar del aumento imprevisible de los precios de los combustibles fósiles, ya que dicho aumento no tuvo incidencia en los costes de producción de la energía para tales operadores.
67      En cuarto lugar, la circunstancia de que, como en el caso de autos, el tope fijado vaya acompañado de un mecanismo que crea una obligación legal de indemnizar a los productores afectados en caso de disminución excesiva de los precios del mercado, de modo que ese tope también constituye un precio mínimo garantizado para esos productores, parece indicar que dicho límite se fija en un nivel suficiente para cumplir los requisitos del artículo 8, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento 2022/1854, salvo que se considere que se ha establecido un mecanismo carente de lógica económica.
68      En quinto lugar, el órgano jurisdiccional remitente deberá tener igualmente en cuenta el hecho de que, como intervención de emergencia para garantizar la protección del interés público, el Reglamento 2022/1854, también a través de las facultades que reconoce a los Estados miembros, como las que se derivan de su artículo 8, apartado 1, de fijar un tope inferior al previsto en el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento respetando las condiciones del apartado 2 de su artículo 8, pondera los intereses de los productores de energía renovable y los de los consumidores y tiene por objeto, mediante el artículo 10, apartado 1, que los Estados miembros utilicen los excedentes de ingresos de mercado resultantes de la aplicación del tope para financiar medidas de apoyo a los clientes finales de electricidad que mitiguen el impacto de los elevados precios de la electricidad en tales clientes.
69      De todas las consideraciones anteriores resulta que procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2019/944, los considerandos 2, 3 y 12 de la Directiva 2018/2001 y los artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento 2022/1854, en relación con los considerandos 27 a 29 y 39 de este, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional adoptada con anterioridad al Reglamento 2022/1854 y que, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2023, fijó un tope de los ingresos de mercado obtenidos por los productores de electricidad a partir de instalaciones que utilizan energía hidroeléctrica de agua fluyente determinando dicho tope sobre la base de una media aritmética de los precios registrados en la zona de mercado correspondiente durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2020, revalorizados en función de la inflación, siempre que tal normativa no perjudique las inversiones en el sector de las energías renovables, en el sentido del citado artículo 8, apartado 2, letras b) y c), cosa que debe apreciarse a la luz de todas las circunstancias pertinentes.
Tercera cuestión prejudicial
70      Con carácter preliminar, procede señalar que de la petición de decisión prejudicial se desprende que, mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la necesidad, por una parte, de imponer un tope a los ingresos de los productores de electricidad a partir de antracita y hulla y, por otra parte, de establecer topes de ingresos diferenciados para las distintas categorías de productores de electricidad a los que se aplica el tope establecido en el artículo 15 bis del Decreto‑ley n.º 4/2022. Pues bien, este último solo se aplica a determinadas instalaciones que utilizan «fuentes de energía solar, hidroeléctrica, geotérmica y eólica».
71      Por lo tanto, habida cuenta de lo que ya se ha señalado en los apartados 28 a 30 de la presente sentencia, debe entenderse que, mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el considerando 3 de la Directiva 2018/2001 y los artículos 7, apartado 1, letras h) a j), y 8, apartados 1, letras a) y d), y 2, del Reglamento 2022/1854, a la luz de los considerandos 27 y 41 de este, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional adoptada con anterioridad al Reglamento 2022/1854 y que, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2023, fijó un tope de los ingresos de mercado obtenidos por los productores de electricidad a partir de instalaciones que utilizan energía hidroeléctrica de agua fluyente, sin establecer un tope para los ingresos de la venta de energía generada a partir de antracita y hulla ni un tope diferenciado para los productores de electricidad obtenida de fuentes de energía solar, hidroeléctrica, geotérmica o eólica.
72      A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que, como ya se ha indicado en los apartados 35 y 36 de la presente sentencia, el considerando 3 de la Directiva 2018/2001 carece de valor jurídico vinculante y no tiene expresión concreta alguna en una disposición específica de dicha Directiva. El considerando 3, por lo demás, no guarda relación con la fijación de un tope sobre los ingresos de determinados productores de electricidad, como el controvertido en el litigio principal. Por lo tanto, este considerando 3 no puede oponerse a una normativa nacional como la descrita en el apartado anterior de la presente sentencia.
73      En segundo lugar, el artículo 7, apartado 1, letras h) a j), y el artículo 8, apartados 1, letras a) y d), y 2, del Reglamento 2022/1854 no pueden interpretarse, por el motivo ya expuesto en el apartado 38 de la presente sentencia, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la descrita en el apartado 71 anterior para el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 2022, puesto que estas disposiciones no eran aplicables ratione temporis.
74      Por lo que respecta al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de 2023, del artículo 7, apartado 1, del Reglamento 2022/1854, en relación con el artículo 6, apartado 1, de este, resulta que el tope de los ingresos de mercado previsto en ese artículo 6 se aplica a los ingresos de mercado procedentes de la venta de electricidad generada a partir de las fuentes enumeradas en dicho artículo 7, apartado 1. Entre estas figuran, en particular, en la letra a), la energía eólica, en la letra b), la energía solar térmica y fotovoltaica, en la letra c), la energía geotérmica, en la letra d), la energía hidroeléctrica sin embalse, en la letra h), el lignito, en la letra i), los productos derivados del petróleo crudo y, en la letra j), la turba. La antracita y la hulla no forman parte de las fuentes de energía enumeradas en el artículo 7, apartado 1.
75      En cambio, el artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento precisa, en su letra c), que los Estados miembros podrán mantener o introducir medidas nacionales para limitar los ingresos de mercado de los productores que se hayan obtenido por la generación de electricidad a partir de fuentes no indicadas en el artículo 7, apartado 1, del mismo Reglamento, y, en su letra d), que los Estados miembros podrán fijar un tope específico de los ingresos de mercado que se hayan obtenido por la generación de electricidad a partir de antracita y hulla. Como indica el tenor unívoco de estas disposiciones, se trata de meras facultades reconocidas a los Estados miembros. Por lo tanto, estos últimos no tienen la obligación de establecer un tope de los ingresos de mercado obtenidos por los productores de electricidad a partir de antracita y hulla.
76      Además, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento 2022/1854, los Estados miembros solo tienen la posibilidad de distinguir entre tecnologías. Así pues, el mero hecho de que, en una normativa como la controvertida en el litigio principal, un mismo tope de ingresos se haya establecido con respecto a los productores de electricidad generada a partir de las fuentes enumeradas en el artículo 7, apartado 1, letras d) y h) a j), o que un tope distinto se haya fijado por la Ley n.º 197/22 para los productores de electricidad generada a partir de las demás fuentes enumeradas en el apartado 1 no puede considerarse contrario a las disposiciones de tal Reglamento.
77      Los considerandos 27 y 41 de este, invocados por el órgano jurisdiccional remitente, no permiten adoptar una interpretación diferente de la expuesta en los apartados 75 y 76 de la presente sentencia. En efecto, dado que el preámbulo de un acto de la Unión no tiene valor jurídico vinculante, los considerandos de dicho acto no pueden ser invocados para establecer excepciones a las propias disposiciones del acto de que se trate ni para interpretarlas en un sentido manifiestamente contrario a su tenor literal (sentencia de 21 de marzo de 2024, LEA, C‑10/22, EU:C:2024:254, apartado 51 y jurisprudencia citada). Pues bien, en el caso de autos, el tenor de los artículos 6 a 8 del Reglamento 2022/1854 es unívoco en cuanto a la inexistencia de obligación para los Estados miembros de establecer un tope de los ingresos de mercado obtenidos por los productores a partir de antracita y hulla o de establecer topes diferenciados en función de las tecnologías utilizadas.
78      Por lo demás, como ya se ha señalado en el apartado 57 de la presente sentencia, el considerando 27 del Reglamento 2022/1854 no se distingue, en esencia, de lo que dispone el artículo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento, y se limita así a indicar que el tope de ingresos no debe poner en peligro las inversiones en energías renovables. En cuanto al considerando 41 de tal Reglamento, se limita a confirmar que los Estados miembros únicamente disponen de una simple facultad de establecer un tope concreto a los ingresos de mercado que se hayan obtenido por la venta de electricidad generada a partir de antracita y hulla.
79      Por lo tanto, habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el considerando 3 de la Directiva 2018/2001 y los artículos 7, apartado 1, letras h) a j), y 8, apartados 1, letras a) y d), y 2, del Reglamento 2022/1854, a la luz de los considerandos 27 y 41 de este, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional adoptada con anterioridad al Reglamento 2022/1854 y que, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2023, fijó un tope de los ingresos de mercado obtenidos por los productores de electricidad a partir de instalaciones que utilizan energía hidroeléctrica de agua fluyente, sin establecer un tope para los ingresos de la venta de energía generada a partir de antracita y hulla ni un tope diferenciado para los productores de electricidad obtenida de fuentes de energía solar, hidroeléctrica, geotérmica o eólica.
Costas
80      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1)      El artículo 5, apartado 4, de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, y los considerandos 3 y 12 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, así como los artículos 6, apartado 1, y 8, del Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía, a la luz de su artículo 7, apartado 5, y de sus considerandos 27 a 29 y 39,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una normativa nacional adoptada con anterioridad al Reglamento 2022/1854 y que, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2023, fijó un tope de los ingresos de mercado obtenidos por los productores de electricidad a partir de instalaciones que utilizan energía hidroeléctrica de agua fluyente sin garantizar que esos productores retuvieran el 10 % de sus ingresos por encima de ese tope.
2)      El artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2019/944, los considerandos 2, 3 y 12 de la Directiva 2018/2001, así como los artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento 2022/1854, a la luz de los considerandos 27 a 29 y 39 de este último,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una normativa nacional adoptada con anterioridad al Reglamento 2022/1854 y que, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2023, fijó un tope de los ingresos de mercado obtenidos por los productores de electricidad a partir de instalaciones que utilizan energía hidroeléctrica de agua fluyente determinando dicho tope sobre la base de una media aritmética de los precios registrados en la zona de mercado correspondiente durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2020, revalorizados en función de la inflación, siempre que tal normativa no perjudique las inversiones en el sector de las energías renovables, en el sentido del citado artículo
8, apartado
2, letras b) y c), cosa que debe apreciarse a la luz de todas las circunstancias pertinentes.
3)      El considerando 3 de la Directiva 2018/2001, así como los artículos 7, apartado 1, letras h) a j), y 8, apartados 1, letras a) y d), y 2, del Reglamento 2022/1854, a la luz de los considerandos 27 y 41 de este,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una normativa nacional adoptada con anterioridad al Reglamento 2022/1854 y que, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2023, fijó un tope de los ingresos de mercado obtenidos por los productores de electricidad a partir de instalaciones que utilizan energía hidroeléctrica de agua fluyente, sin establecer un tope para los ingresos de la venta de energía generada a partir de antracita y hulla ni un tope diferenciado para los productores de electricidad obtenida de fuentes de energía solar, hidroeléctrica, geotérmica o eólica.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: italiano.