62021CC0588
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 22 de junio de 2023 (
1
)
Asunto C‑588/21 P
Public.Resource.Org, Inc.,
Right to Know CLG
contra
Comisión Europea
«Recurso de casación — Acceso a los documentos de las instituciones de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Normas armonizadas — Cuatro normas armonizadas adoptadas por el Comité Europeo de Normalización — Denegación de acceso — Excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de terceros — Protección derivada de los derechos de autor — Estado de Derecho»
1.
Mediante su recurso de casación, Public.Resource.Org, Inc. y Right to Know CLG (en lo sucesivo, conjuntamente, «recurrentes»), organizaciones sin ánimo de lucro cuya misión prioritaria consiste en hacer accesible el Derecho de manera libre a todos los ciudadanos, solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 14 de julio de 2021, Public.Resource.Org y Right to Know/Comisión (T‑185/19, en lo sucesivo, sentencia recurrida, EU:T:2021:445). Dicha sentencia desestimó por infundado su recurso de anulación de la Decisión C(2019) 639 final de la Comisión, de 22 de enero de 2019, por la que se deniega la solicitud de acceso a cuatro normas técnicas armonizadas adoptadas por el Comité Europeo de Normalización (CEN) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). El presente asunto brinda a la Gran Sala del Tribunal de Justicia la ocasión de pronunciarse por primera vez sobre las cuestiones de si las normas técnicas armonizadas —que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que forman parte del Derecho de la Unión y tienen efectos jurídicos— pueden estar protegidas por derechos de autor y, además, de si el Estado de Derecho, así como el principio de transparencia y el derecho de acceso a los documentos, consagrados en el artículo 15 TFUE, exigen que las normas técnicas armonizadas sean libremente accesibles de forma gratuita.
I. Antecedentes del litigio
2.
Las recurrentes presentaron ante la Comisión Europea, sobre la base del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 (
2
) y del Reglamento (CE) n.o 1367/2006, (
3
) una solicitud de acceso a documentos en poder de la Comisión (en lo sucesivo, «solicitud de acceso»). La solicitud de acceso se refería a cuatro normas técnicas armonizadas adoptadas por el CEN, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1025/2012, (
4
) a saber, las normas: i) «Seguridad de los juguetes — Parte 5: juguetes químicos distintos de los juegos de experimentos», ii) «Seguridad de los juguetes — Parte 4: Juegos de experimentos químicos y actividades relacionadas»; iii) «Seguridad de los juguetes — Parte 12: N‑nitrosaminas y sustancias N‑nitrosables», y iv) «Método de simulación del desgaste y la corrosión para la detección de la liberación del níquel en artículos recubiertos» (en lo sucesivo, «normas técnicas armonizadas solicitadas»). Las normas técnicas armonizadas i) a iii) se refieren a la Directiva 2009/48/CE (
5
) (en lo sucesivo, «Directiva sobre la seguridad de los juguetes») y la norma técnica armonizada iv) se refiere al Reglamento (CE) n.o 1907/2006. (
6
)
3.
Mediante escrito de 15 de noviembre de 2018, la Comisión, basándose en el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, denegó la solicitud de acceso. La Comisión confirmó esta denegación mediante la Decisión impugnada.
4.
El Reglamento n.o 1025/2012 continúa la vía de la «Regulación de nuevo enfoque» de la armonización técnica y las normas técnicas desarrollada en 1985, que restringe el contenido de la legislación a los «requisitos esenciales», dejando los detalles técnicos a las normas técnicas armonizadas. Designa formalmente solo tres organismos europeos de normalización (OEN) a efectos del establecimiento de las normas técnicas armonizadas: CEN (responsable de la normalización en la mayoría de los sectores); Comité européen de normalisation électrotechnique (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica; en lo sucesivo, «Cenelec»), responsable de la normalización en ingeniería eléctrica, e Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), responsable de la normalización en información y comunicaciones.
II. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
5.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 28 de marzo de 2019, las recurrentes interpusieron recurso de anulación contra la Decisión impugnada. En esencia, el primer motivo de las recurrentes se basaba en que la Comisión interpretó y/o aplicó erróneamente el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, y su segundo motivo se basaba en que la Comisión infringió el artículo 4, apartado 2, in fine, del Reglamento n.o 1049/2001. El Tribunal General desestimó ambos motivos y desestimó el recurso.
III. Apreciación
A. Sobre el primer motivo de casación: error en la apreciación de la aplicación de la excepción del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001
1.
Primera parte del primer motivo de casación: el Tribunal General incurrió en error de Derecho al apreciar erróneamente la protección por derechos de autor de las normas técnicas armonizadas solicitadas
a)
Primera imputación: las normas técnicas armonizadas no pueden protegerse mediante derechos de autor, puesto que forman parte del Derecho de la Unión
6.
Las recurrentes alegan, en esencia, que el error de Derecho del Tribunal General consiste en no reconocer que las normas técnicas armonizadas solicitadas no pueden estar protegidas por derechos de autor, puesto que forman parte del Derecho de la Unión y el Estado de Derecho exige libre acceso a la ley. La Comisión y las coadyuvantes (el CEN y las otras catorce coadyuvantes en primera instancia) sostienen que el recurso de casación debe desestimarse por infundado, alegando esencialmente que el sistema de normalización de la Unión se basa en un reconocimiento de los derechos de autor de los OEN sobre las normas técnicas armonizadas.
1) Introducción
7.
Es necesario comenzar las presentes conclusiones con un resumen de las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Fra.bo, James Elliott y Stichting, (
7
) ya que constituyen el telón de fondo del presente asunto.
8.
En primer lugar, en la sentencia Fra.bo (apartados 27 a 32), el Tribunal de Justicia reconoció esencialmente que, pese a ser entidades de Derecho privado, los organismos nacionales de normalización y certificación pueden ejercer potestades públicas y que, aunque las normas técnicas nacionales sean voluntarias de iure, de facto pueden tener efectos obligatorios. Ello se debe al hecho de que otros medios de cumplimiento del Derecho derivado de la Unión resultarían más costosos para los productores, quienes tendrían que invertir en la búsqueda de métodos que pudieran garantizar al menos un nivel de protección equivalente al de dichas normas, y teniendo en cuenta el hecho de que cualquier método alternativo de cumplimiento no se beneficiaría de una presunción de conformidad con los requisitos del Derecho derivado de la Unión. El Tribunal de Justicia reconoció el posible carácter obligatorio de facto de una norma técnica (apartado 30) y declaró que «el artículo [34 TFUE] debe interpretarse en el sentido de que se aplica a las actividades de normalización y de certificación de un organismo privado cuando la normativa nacional considera los productos certificados por este organismo conformes con el Derecho nacional y ello produce el efecto de obstaculizar la comercialización de productos que no están certificados por dicho organismo» (apartado 32).
9.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia clave en el asunto James Elliott (apartado 40) que, debido a sus efectos jurídicos, las normas técnicas armonizadas forman parte del Derecho de la Unión. Declaró que «una norma armonizada como la que es objeto del litigio principal, adoptada con fundamento en [una Directiva] y cuyas referencias fueron publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, forma parte del Derecho de la Unión, ya que mediante referencia a las disposiciones de esa norma se determina si la presunción [de conformidad] establecida en [dicha Directiva] se aplica o no a un producto específico». Además, según el apartado 42 de la misma sentencia, «si bien es cierto que la conformidad de un producto de construcción con los requisitos esenciales enunciados en [dicha Directiva] puede acreditarse en su caso por medios distintos de la prueba de su conformidad con normas [técnicas] armonizadas, ello no puede desvirtuar la existencia de los efectos jurídicos inherentes a una norma [técnica] armonizada» (el subrayado es mío). Por último, con arreglo al apartado 43 de la sentencia James Elliott, «además, es oportuno observar que, aunque la elaboración de una norma [técnica] armonizada de ese tipo se confía a un organismo de Derecho privado, dicha norma constituye no obstante una medida de ejecución necesaria y estrictamente encauzada de las exigencias definidas por [tal Directiva], realizada a iniciativa y bajo la dirección y el control de la Comisión, y sus efectos jurídicos se condicionan a la previa publicación por esta de sus referencias en el [Diario Oficial], serie C» (el subrayado es mío). Debe subrayarse, sin embargo, que desde 2018, la serie «L» (para la legislación), en lugar de la serie «C» (información y anuncios), confirma el reconocimiento de que las normas técnicas armonizadas forman parte del Derecho de la Unión.
10.
En tercer lugar, en la sentencia Stichting (apartados 33 a 49), la Gran Sala del Tribunal de Justicia indicó que se puede atribuir carácter obligatorio a las normas [en ese caso, las normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO)]. El Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que no era necesario que las precisiones de naturaleza técnica fueran establecidas en un acto legislativo y, en consecuencia, el hecho de que la directiva solo contuviera una
referencia a una norma ISO (pero no a su texto completo) no afectaba a la validez de dicha directiva. No obstante, en el apartado 48, el Tribunal de Justicia afirmó que, «conforme al principio de seguridad jurídica, […] unas normas técnicas establecidas por un organismo de normalización, como pueda ser la ISO, y que han sido declaradas obligatorias mediante un acto legislativo de la Unión, solo son oponibles a los particulares en general si han sido objeto de publicación en el [Diario Oficial]».
11.
Como explicaré en las presentes conclusiones, las sentencias antes citadas, leídas conjuntamente, habida cuenta de que las normas técnicas armonizadas imponen determinadas obligaciones y de que el público en general puede confiar en sus efectos jurídicos, constituyen una base sólida para que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre las condiciones apropiadas de acceso a las normas técnicas armonizadas. Al mismo tiempo, cabe señalar que este análisis no se aplica necesariamente a otros tipos de normas elaboradas por los OEN.
12.
Además, es necesario subrayar el hecho de que una de las cuatro normas técnicas armonizadas solicitadas —es decir, la norma iv) indicada en el punto 2 de las presentes conclusiones— es, de hecho, claramente obligatoria, como reconoció la Comisión en la vista. Esto se debe a que la entrada 27 del anexo XVII del Reglamento n. 1907/2006 establece, en relación con el níquel, que «las normas adoptadas por el […] CEN […] se utilizarán como métodos de ensayo para acreditar la conformidad de los artículos con los puntos 1 y 2» (el subrayado es mío). Por lo tanto, la norma solicitada es comparable a la norma controvertida en la sentencia Stichting (apartado 30), que también era obligatoria debido a que la legislación de la Unión utilizaba los mismos términos [en la versión en lengua inglesa] («shall»).
13.
En relación con las otras tres normas técnicas armonizadas solicitadas, controvertidas en el presente asunto, la Directiva sobre la seguridad de los juguetes establece en el considerando 2 que «la Directiva 88/378/CEE [ (
8
)] […] establece únicamente los requisitos esenciales de seguridad de los juguetes […]. Los detalles técnicos los establecen el [CEN] y el [Cenelec] de conformidad con la Directiva 98/34/CE [ (
9
)] […]. La conformidad de un juguete con las normas [técnicas] armonizadas establecidas de este modo, cuyo número de referencia se publica en el [Diario Oficial], permite presumir que satisface los requisitos de la Directiva [88/378]. La experiencia muestra que estos principios básicos han dado buenos resultados en el sector de los juguetes y deben mantenerse».
14.
Es difícil clasificar las normas técnicas armonizadas en una categoría preexistente del Derecho de la Unión y, por ello, es necesario llevar a cabo un análisis más exhaustivo para determinar si las normas técnicas armonizadas deberían ser libremente accesibles de forma gratuita y/o si estas pueden estar protegidas por derechos de autor. Aunque el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que las normas técnicas armonizadas tienen efectos jurídicos, forman parte del Derecho de la Unión y pueden ser vinculantes, aún no ha abordado su naturaleza exacta. El motivo principal de las recurrentes es que las normas técnicas armonizadas no pueden estar protegidas por derechos de autor, ya que forman parte del Derecho de la Unión y el Estado de Derecho exige libre acceso a la ley. Por lo tanto, para apreciar si dicho motivo puede estimarse, es necesario analizar los elementos constitutivos de las normas técnicas armonizadas, como qué institución o entidad adopta las normas técnicas armonizadas como actos que forman parte del Derecho de la Unión, con arreglo a qué base jurídica y qué procedimiento se adoptan las normas técnicas armonizadas, cuáles son exactamente sus efectos jurídicos y cuál es la naturaleza de esos actos.
15.
En efecto, es necesario examinar si las normas técnicas armonizadas han evolucionado a lo largo del tiempo de tal manera que constituyen actos jurídicos sui generis de la Unión (actos de normalización de la Unión), en la medida en que se trata de medidas de aplicación del Derecho derivado de la Unión estrictamente reguladas. El Tribunal de Justicia ha reconocido en la sentencia Reino Unido/Parlamento y Consejo, (
10
) por ejemplo, que los artículos 290 TFUE y 291 TFUE no establecen un sistema cerrado de ejecución y que es posible adoptar otros instrumentos de regulación para concretar los pormenores de un acto legislativo. Por consiguiente, invito al Tribunal de Justicia a que aproveche esta oportunidad y aporte la claridad necesaria sobre la naturaleza jurídica propia de las normas técnicas armonizadas y su lugar en el ordenamiento jurídico de la Unión.
2) Naturaleza de las normas técnicas armonizadas como acto jurídico de la Unión
i) Institución o entidad que adopta las normas técnicas armonizadas
16.
Mi argumento principal en las presentes conclusiones es que debería considerarse que las normas técnicas armonizadas constituyen actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión y que la Comisión desempeña un papel central en el sistema de normalización de la Unión, tal como fue establecido por el legislador de la Unión. Considero (como ya hizo el Abogado General Campos Sánchez‑Bordona en el asunto James Elliott (
11
)) que «[las normas técnicas armonizadas] deben reputarse “actos adoptados por una institución, órgano u organismo de la Unión”, a los efectos del artículo 267 TFUE» y, como explicaré a continuación, también a efectos del Derecho de la Unión en general y del acceso al Derecho de la Unión en particular.
17.
En efecto, como se explica en las conclusiones emitidas en el asunto James Elliott, existen varios argumentos en apoyo de esta conclusión: a) la utilización de directivas o reglamentos del nuevo enfoque no puede ir en detrimento de la competencia del Tribunal de Justicia; b) la Comisión ejerce un control significativo sobre el procedimiento de elaboración de normas técnicas armonizadas por parte de los OEN, y c) el funcionamiento de los tres OEN (como únicos organismos de normalización de la Unión) está condicionado a la acción de la Unión. Por consiguiente, demostraré que la Comisión debería ser considerarse la institución que adopta las normas técnicas armonizadas (ya que los OEN, de hecho, solo constituyen órganos preparatorios con un margen de apreciación limitado) o, en cualquier caso, que es la institución responsable de la adopción de las normas técnicas armonizadas conjuntamente con los OEN.
18.
Es cierto que, a raíz de las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona, la Sala Tercera del Tribunal de Justicia recordó en el asunto James Elliott que «según la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia es competente para interpretar actos que, aunque adoptados por órganos que no se pueden calificar como “instituciones, órganos u organismos de la Unión”, tienen la naturaleza de medidas para la ejecución o la aplicación de un acto de Derecho de la Unión» (apartado 34).
19.
Sin embargo, como señala acertadamente la doctrina, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en dicho asunto no es óbice al enfoque adoptado en estas conclusiones en la medida en que el Tribunal de Justicia «no respondió a la cuestión de si debe considerarse que [las normas técnicas armonizadas] proceden de la Comisión, mientras que los OEN solo actúan como órgano preparatorio». Es importante señalar que, en este asunto, el Tribunal de Justicia no tuvo que pronunciarse sobre la cuestión de si el control ejercido por la Comisión es suficiente para transferir la responsabilidad última en materia de normas técnicas armonizadas de los OEN a la Comisión y si, en el contexto de las normas técnicas armonizadas, se ha producido, en efecto, una delegación de determinadas facultades por la Comisión a los OEN. (
12
)
20.
Mis consideraciones preliminares me llevan a afirmar que las normas técnicas armonizadas no son simples medidas de aplicación provenientes de un organismo privado (OEN), sino que —en el marco del sistema de normalización de la Unión establecido por el legislador de la Unión— debe considerarse que han sido adoptadas por la Comisión o, en todo caso, que tal institución es responsable de la adopción de las normas técnicas armonizadas, conjuntamente con el OEN.
21.
Una reciente Comunicación de la Comisión muestra que esta institución reconoce el carácter público del trabajo realizado por los OEN, ya que la estrategia de normalización de la Unión «también deb[e] incorporar los valores democráticos fundamentales y los intereses de la Unión, así como sus principios ecológicos y sociales», siendo las normas técnicas de marcado interés estratégico para la Unión. También admite que es necesario trasladar aún más el control sobre las normas técnicas armonizadas de los OEN a la Comisión, cuando afirma que para garantizar que se tiene en cuenta el interés público, la Comisión debería estar facultada para elaborar directamente —mediante actos de aplicación— especificaciones comunes (documentos técnicos alternativos a las normas técnicas armonizadas elaboradas por los OEN). (
13
)
22.
Además, las consideraciones anteriores se ven confirmadas en mayor medida por el análisis del procedimiento de adopción de las normas técnicas armonizadas.
ii) Procedimiento de adopción de las normas técnicas armonizadas
23.
En primer lugar, una norma técnica armonizada tiene su origen en una solicitud de normalización (el «mandato» de la Comisión al OEN). Solo la Comisión, y ningún OEN ni ninguna otra entidad, está facultada para solicitar que se desarrolle una norma técnica armonizada a efectos de la aplicación de una directiva o reglamento concreto. Por lo tanto, la Comisión se pone en contacto con el OEN pertinente, que actúa a continuación como órgano preparatorio encargado de dicho mandato. La Comisión elige a qué OEN encomendar la preparación del proyecto de norma técnica armonizada, según criterios estrictos en cuanto a su contenido, elegido por la Comisión, y en el plazo fijado por esta. El mandato es detallado e incluye un plazo específico para la elaboración de las normas técnicas armonizadas con el fin de apoyar la aplicación del Derecho derivado de la Unión. Es preciso señalar que el mandato incluye los criterios que rigen la elaboración de una norma técnica armonizada y que estos criterios son, por regla general, muy exhaustivos. (
14
) Dicho OEN está obligado a mantener informada a la Comisión sobre la evolución del proceso de redacción.
24.
A este respecto, cabe señalar que dicho mandato tiene efectos de gran alcance, ya que no solo proporciona la orientación necesaria para los OEN en el proceso de desarrollo de las normas técnicas armonizadas, sino que, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Anstar, las normas técnicas armonizadas también deben interpretarse a la luz del mandato que se encuentra en su origen. (
15
) En cuanto al contenido de un mandato, la Comisión solo puede delegar tareas técnicas y debe abstenerse de cualquier delegación de discrecionalidad política en los OEN. (
16
)
25.
En segundo lugar, una vez el proyecto de norma técnica armonizada ha sido finalizado, el OEN debe presentarlo a la Comisión y, una vez más, esta institución es la única facultada para proceder a una evaluación de la conformidad con el fin de comprobar si el proyecto de norma técnica armonizada se ajusta al mandato inicial. Dicha evaluación puede adoptar tres formas, de acuerdo con el Vademécum. Es importante señalar que es una prerrogativa exclusiva de la Comisión decidir si la evaluación del proyecto de norma técnica armonizada es satisfactoria o no lo es. El Vademécum (p. 9) establece que «los pliegos de condiciones entregados por los OEN en apoyo de la legislación de la Unión nunca pueden considerarse automáticamente conformes con el mandato inicial, ya que se trata de una responsabilidad política. En su condición de autoridad requirente, la Comisión deberá evaluar en todos los casos el cumplimiento de su solicitud inicial, en cooperación con los OEN […] antes de decidir publicar las referencias de una norma expedida en el [Diario Oficial]».
26.
En tercer lugar, la norma redactada por el OEN bajo la estricta supervisión de la Comisión solo se convertirá en una norma técnica armonizada si la Comisión publica una referencia a la misma en el Diario Oficial. Si la Comisión considera que el proyecto de norma técnica armonizada no se ajusta suficientemente al mandato, solicitará al OEN correspondiente que lo modifique o que retire la propuesta de publicación de la referencia al proyecto de norma técnica armonizada o de parte de la misma en el Diario Oficial. Además, el margen de apreciación de los OEN está aún más limitado por la facultad del Parlamento Europeo y de los Estados miembros de formular objeciones contra el proyecto de norma técnica armonizada.
27.
Por último, la Comisión no solo supervisa estrechamente la redacción de las normas técnicas armonizadas, sino que también aporta una importante financiación (hasta el 35 % del presupuesto del CEN). La cooperación con la Comisión se rige por un acuerdo en forma de determinadas directrices generales que se renuevan periódicamente y que hacen hincapié en la importancia de la normalización para la política europea y la libre circulación de bienes y servicios. (
17
)
28.
El ciclo de vida de la creación y adopción de una norma técnica armonizada empieza y termina con la Comisión. Si bien es el OEN quien elabora el proyecto de norma, no es menos cierto que dicha norma no forma parte del Derecho de la Unión hasta que la Comisión publica una referencia a esta en el Diario Oficial. Consecuentemente, la Comisión es la que transforma un documento preparatorio en un acto que forma parte del Derecho de la Unión.
29.
De hecho, como se ha reconocido ampliamente en la doctrina, (
18
)«el “Nuevo enfoque” del Derecho de la Unión implica una técnica más compleja. Según gran parte de la doctrina, en su versión actual, consagrada en el Reglamento n.o 1025/2012, establece una “juridificación” más fuerte, de modo que las instituciones de la Unión no pueden negar su control sobre el contenido de las [normas técnicas armonizadas]». (
19
)
30.
Como ya ha señalado el Abogado General Campos Sánchez-Bordona, «tanto la posibilidad de objeción formal por parte de los Estados miembros y del Parlamento Europeo, como la actuación de la Comisión previa a la publicación de [referencias a] las normas técnicas armonizadas ponen de relieve que se trata de un supuesto de delegación normativa, “controlada”, a favor de un organismo de normalización privado» (punto 55). Por otra parte, «el carácter privado se pone de manifiesto plenamente cuando el CEN elabora normas técnicas europeas no armonizadas, pero el propio CEN adopta un modo de actuar diferente cuando su actividad se encamina a cumplir los mandatos que la Comisión le dirige para elaborar normas [técnicas] armonizadas» (punto 56 de las conclusiones). (
20
)
31.
Además, al igual que los actos delegados y los actos de ejecución, los mandatos de normalización de la Comisión también se rigen por el Reglamento de comitología, (
21
) con el fin de proporcionar un nivel similar de control por parte de los Estados miembros y del Parlamento Europeo.
32.
A continuación, es necesario examinar los efectos jurídicos de las normas técnicas armonizadas.
iii) Los efectos de las normas técnicas armonizadas
33.
En primer lugar, es importante diferenciar las normas ordinarias o no armonizadas, que son voluntarias y no tienen efectos jurídicos per se, de las normas técnicas armonizadas. Estas últimas constituyen una forma específica de normas técnicas en la medida en que: a) forman parte del Derecho de la Unión; b) se mencionan en la legislación obligatoria de la Unión o, en cualquier caso, constituyen medidas de aplicación necesarias de dicha legislación, como se ha expuesto anteriormente, y c) tienen importantes efectos jurídicos vinculados a ellas por la legislación de la Unión, como se demostrará a continuación. De acuerdo con el Vademécum (p. 8) las normas técnicas armonizadas «[apoyan] la legislación de la Unión», pero, en realidad, son mucho más que un simple «apoyo». Son indispensables para la correcta aplicación del Derecho derivado relevante de la Unión.
34.
Estos efectos son los siguientes. Las normas técnicas armonizadas se adoptan sobre la base del procedimiento establecido por el legislador de la Unión en el Reglamento n.o 1025/2012 y se las vincula a la importantísima presunción de conformidad, es decir, la conformidad con una norma técnica armonizada determinada implica el cumplimiento de los requisitos esenciales del correspondiente Derecho derivado de la Unión y garantiza así la libre circulación de los bienes o servicios en cuestión dentro de la Unión.
35.
En vista de lo anterior y dada la referencia que cada norma técnica armonizada contiene al Derecho derivado correspondiente, como se ha señalado en la doctrina, (
22
) puede concluirse que mientras que las normas técnicas armonizadas fueron originalmente concebidas como un mecanismo voluntario de conformidad con los requisitos esenciales establecidos en el Derecho derivado de la Unión, el Tribunal de Justicia les ha reconocido, de hecho, efectos jurídicos potencialmente obligatorios. (
23
)
36.
Stricto sensu, el Reglamento n.o 1025/2012 establece que las normas técnicas armonizadas son voluntarias, en la medida en que los operadores económicos disponen (al menos en teoría) de medios alternativos para demostrar su conformidad con los requisitos esenciales del Derecho derivado pertinente. Sin embargo, como se ha explicado anteriormente, una de las características más importantes de las normas técnicas armonizadas es el efecto jurídico de la presunción de conformidad. Esto convierte a las normas técnicas armonizadas en una herramienta esencial, en particular, para que los operadores económicos puedan beneficiarse del derecho a la libre circulación, porque una vez que cumplen los requisitos de una norma técnica armonizada, se benefician de ese efecto jurídico y los bienes y servicios correspondientes pueden circular libremente en el mercado de la Unión.
37.
En otras palabras, cumplir con las normas técnicas armonizadas otorga al fabricante o proveedor de servicios el beneficio de la presunción de conformidad y, en términos de responsabilidad —en caso de problemas, accidentes o litigios relacionados—, el fabricante o proveedor de servicios puede basarse en esa presunción: en efecto, en tal escenario, corresponde al fabricante o al proveedor de servicios probar únicamente el cumplimiento de la norma técnica armonizada pertinente, y a la otra parte (un consumidor o competidor) hacer decaer tal presunción.
38.
Esos importantes efectos jurídicos implican dificultades prácticas y un desequilibrio entre las partes. Si bien el cumplimiento de las normas técnicas armonizadas otorga la presunción fundamental de conformidad, no hay libre acceso a ellas. Ello dificulta, de hecho, la consulta de las normas técnicas armonizadas por parte del público en general, así como la evaluación y uso efectivo, tanto por parte de los operadores económicos como del público en general, de posibles alternativas a las normas técnicas armonizadas para cumplir los requisitos esenciales del Derecho derivado.
39.
El presente asunto es similar al que dio lugar a la sentencia Stichting. En dicho asunto, el órgano jurisdiccional nacional solicitó al Tribunal de Justicia que se pronunciara sobre la validez de una Directiva a la luz del principio de transparencia, cuando dicha Directiva incorporaba —a modo de referencia— una norma ISO que no era de libre acceso. En ese asunto, el Tribunal de Justicia declaró que el principio de seguridad jurídica exige la publicación del Derecho de la Unión antes de que ese Derecho pueda ser oponible a las personas físicas y jurídicas. No obstante, esta resolución se basa en la premisa de que dicha Directiva no prevé ninguna restricción en relación con el acceso a los documentos en virtud del Reglamento n.o 1049/2001. El Tribunal de Justicia observó que la incorporación de las normas ISO a la Directiva imponía obligaciones a las personas jurídicas, ya que estas podían acceder a dichas normas a través de los organismos nacionales de normalización. Sin embargo, por lo que se refiere a las personas físicas, en el apartado 48 de dicha sentencia declaró que el principio de seguridad jurídica exige que unas normas técnicas establecidas por un organismo de normalización, como pueda ser la ISO, y que han sido declaradas obligatorias mediante un acto legislativo de la Unión solo sean oponibles a los particulares en general si han sido objeto de publicación en el Diario Oficial (en contraposición a una mera referencia). De hecho, en tal caso, el público en general no puede conocer los métodos necesarios para medir las emisiones de los productos del tabaco, a menos que tenga acceso a dichas normas.
40.
Por ejemplo, en el presente asunto, los requisitos esenciales de seguridad de los juguetes que figuran en el anexo II de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes («Requisitos particulares de seguridad»), parte II («Inflamabilidad»), punto 3, se limitan a establecer que «los juguetes distintos de las cápsulas fulminantes para juguetes no deberán ser explosivos o contener elementos o sustancias que puedan explotar si se utilizan según lo previsto en el artículo 10, apartado 2, párrafo primero». No obstante, como señalan las recurrentes, la lista de sustancias y la cantidad máxima admitida en los conjuntos químicos, que dan lugar a la presunción de conformidad con los requisitos esenciales, solo pueden descubrirse mediante la consulta de las normas técnicas armonizadas pertinentes.
41.
En otras palabras, la Directiva y los requisitos esenciales se limitan a indicar el resultado que debe alcanzarse, pero no los medios para conseguirlo. Esto pone de relieve que, en la práctica, es imposible que una persona física o jurídica investigue la conformidad de un producto con los requisitos esenciales sin tener acceso a las normas técnicas armonizadas pertinentes.
42.
Cuando un fabricante (o proveedor de servicios) asume el riesgo y saca al mercado un producto (o servicio) que no se ajusta a las normas técnicas armonizadas, la consecuencia es que el producto y el fabricante (o el servicio y el proveedor) no se benefician de la presunción de conformidad con los requisitos esenciales del Derecho derivado de la Unión. De ello se sigue que, en caso de litigio, el fabricante o el proveedor de servicios es quien soporta la carga de la prueba de que el producto cumplía, en efecto, el Derecho derivado de la Unión aplicable. En mi opinión, esto equivale claramente a una situación en la que, de facto, todos los fabricantes o proveedores de servicios siempre tratarán de cumplir las normas técnicas armonizadas, ya que ningún fabricante o proveedor de servicios racional estaría dispuesto a asumir un riesgo comercial tan elevado y a soportar tal carga.
43.
En otras palabras, el respeto de las normas técnicas armonizadas da lugar a la presunción de conformidad con los requisitos esenciales del Derecho derivado de la Unión, lo que significa, a su vez, que las normas técnicas armonizadas tienen el mismo efecto que una norma imperativa para cualquier persona física o jurídica que pretenda impugnar dicha presunción en relación con un producto o servicio determinado. Esto significa que el recurso a una norma técnica armonizada afecta directamente a la carga de la prueba.
44.
Por lo tanto, existen efectos jurídicos para los fabricantes y proveedores de servicios, así como para una persona que impugne la presunción, que están vinculados al cumplimiento de una norma técnica armonizada —incluso cuando las normas técnicas armonizadas (en cuanto a las tres normas técnicas armonizadas en apoyo de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes controvertidas en el presente asunto) sean formalmente y en teoría no obligatorias—.
45.
El hecho de que las normas técnicas armonizadas son obligatorias de facto, ya que suelen ser el único método aceptado en el mercado para garantizar el cumplimiento del Derecho derivado de la Unión correspondiente, queda confirmado por un estudio encargado por la Comisión: «en la práctica, [las normas técnicas armonizadas] son casi obligatorias para la mayoría de los agentes económicos». Además, el mismo estudio señala que el precio de las normas técnicas armonizadas es uno de los principales obstáculos en cuanto a su uso efectivo. (
24
)
46.
En efecto, los requisitos esenciales del Derecho derivado de la Unión confieren derechos a los particulares, que pueden ser aplicados y ejecutados con arreglo al Derecho de la Unión. (
25
) Sin embargo, los requisitos esenciales del Derecho derivado de la Unión no pueden aprehenderse de forma aislada, dado que, en la práctica, es imposible confirmar la conformidad de un producto o servicio sin hacer referencia a la norma técnica armonizada correspondiente. De este modo, el público no puede ejercer sus derechos contra el fabricante o proveedor de servicios en virtud de dicho Derecho derivado si no puede invocar la norma técnica armonizada correspondiente.
47.
De lo anterior se desprende que las normas técnicas armonizadas son indispensables para la aplicación del Derecho derivado de la Unión pertinente. El hecho de que las normas técnicas armonizadas son, de facto, obligatorias fue reconocido por el Tribunal General en el asunto Global Garden (sentencia de 26 de enero de 2017, GGP Italy/Comisión, T‑474/15, EU:T:2017:36, apartado 67) y por el Tribunal de Justicia en la sentencia Fra.bo. En la última sentencia se declaró que, «de hecho, la casi totalidad de los consumidores alemanes solo adquieren empalmes de cobre certificados por [un organismo alemán de certificación]» (apartado 30). Como también explicó el Tribunal de Justicia en dicha sentencia, por lo general es difícil, si no directamente imposible, que los operadores económicos opten por una vía distinta a la norma técnica, habida cuenta del tiempo y el coste que son necesarios al respecto. El hecho de que las empresas paguen por las normas técnicas armonizadas también lo corrobora. No veo razón por la que las empresas que actúan en un entorno competitivo pagarían por las normas técnicas armonizadas si estas no fueran obligatorias de facto. En efecto, el sistema de normalización de la Unión en su conjunto presupone que, en principio, todos los actores utilizan las normas técnicas armonizadas.
48.
En mi opinión, el carácter obligatorio de facto de las normas técnicas armonizadas no se debe únicamente a la existencia de las propias normas técnicas armonizadas, sino también a la falta de alternativas realistas. Existe un fuerte apoyo e incentivo para el desarrollo continuo de las normas técnicas armonizadas. Como consecuencia de este proceso, los organismos nacionales de normalización ven limitada su capacidad de ofrecer alternativas a las normas técnicas armonizadas (dado que, en primer lugar, están obligados a transponer las normas técnicas armonizadas sin modificaciones), y no parece existir ningún incentivo financiero para que otros agentes privados compitan en ese mercado. La jurisprudencia nacional y la doctrina jurídica también consideran que no es realista sostener que el uso de las normas técnicas armonizadas es voluntario. (
26
)
49.
De las consideraciones anteriores se desprende que las normas técnicas armonizadas son de facto obligatorias en la medida en que son, como mínimo, inevitables debido al valor probatorio que se les atribuye.
50.
Dicho esto, incluso si el Tribunal de Justicia llegara a la conclusión de que las normas técnicas armonizadas no son obligatorias de facto (quod non), considero que ello no modificaría mi análisis, en la medida en que podría decirse que bastaría con sostener que —stricto sensu obligatorias o no— las normas técnicas armonizadas tienen efectos jurídicos claros atribuidos por la legislación de la Unión.
51.
Por último, una vez finalizadas las normas técnicas armonizadas y publicadas las referencias a estas en el Diario Oficial, cada Estado miembro debe adoptar cada norma técnica armonizada —sin cambios— como norma nacional y retirar las normas contradictorias en un plazo de seis meses. De conformidad con el artículo 17 TUE, la Comisión, como guardiana de los Tratados de la Unión, «velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de estos [y] supervisará la aplicación del Derecho de la Unión». Por lo tanto, la Comisión vela por la plena eficacia de las normas técnicas armonizadas y, en su caso, interponer un recurso por incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE. De hecho, el Tribunal de Justicia dejó claro que imponer requisitos adicionales a los productos cubiertos por las normas técnicas armonizadas vulnera la obligación del Estado miembro de que se trate de aplicar correctamente el Derecho de la Unión. (
27
) El Tribunal de Justicia se pronunció en este sentido en relación con las normas técnicas armonizadas propiamente dichas y no en relación con los requisitos esenciales contenidos en el Derecho derivado. De ello se deduce que la Comisión está obligada a velar por que las normas técnicas armonizadas produzcan plenamente sus efectos, lo que implica que las normas técnicas armonizadas deben ser ejecutivas. (
28
)
3) Incidencia de los requisitos del Estado de Derecho en las normas técnicas armonizadas
i) Observaciones generales
52.
En primer lugar, del artículo 2 TUE se desprende que el Estado de Derecho exige que todas las personas físicas y jurídicas de la Unión Europea puedan acceder al Derecho de la Unión. Se basa en el principio fundamental de que toda persona debe tener la posibilidad de conocer la ley y está obligada a cumplirla. (
29
) En efecto, este es el motivo por el que el artículo 297 TFUE dispone que el Derecho de la Unión debe publicarse en el Diario Oficial.
53.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia se remite a este respecto al principio de legalidad (
30
) y al principio de seguridad jurídica; (
31
) este último exige también que las personas físicas y jurídicas tengan conocimiento de la ley. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las normas no producen efectos jurídicos en las personas cuando dichas normas no fueron comunicadas a terceros mediante su publicación. (
32
)
54.
En tercer lugar, el concepto de libre acceso al Derecho también se reconoce a través del principio de transparencia. (
33
) Evidentemente, el Derecho de la Unión solo puede ser eficaz si puede ser aplicado. Como se ha apuntado anteriormente, la publicación del Derecho asegura su aplicación. De ello se desprende que, si las normas técnicas armonizadas no se publican, no pueden aplicarse plenamente. Como ya se ha expuesto en los puntos 33 a 51 de las presentes conclusiones, las normas técnicas armonizadas forman parte del Derecho de la Unión y tienen efectos jurídicos claramente definidos. Por lo tanto, el actual acuerdo de publicar únicamente una referencia a las normas técnicas armonizadas, pero no su texto, niega al público en general un elemento esencial del Derecho de la Unión efectivo y exigible.
55.
Por consiguiente, no puede acogerse la afirmación contenida en el apartado 107 de la sentencia recurrida, según la cual las recurrentes no justificaron la «fuente exacta de un “principio constitucional” que requiera un acceso libre y gratuito a las normas [técnicas] armonizadas».
56.
Además, el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia Skoma-Lux, que el Derecho de la Unión debe ser accesible para los ciudadanos de la Unión: «en virtud del principio de seguridad jurídica, las normas [de la Unión] deben permitir a los interesados determinar con precisión el alcance de las obligaciones que les incumben, que solo se podría garantizar mediante la publicación en debida forma de esas normas en la lengua oficial del destinatario». Sobre esta base, el Tribunal de Justicia concluyó que los reglamentos o directivas de la Unión no producen efectos jurídicos frente a los particulares si no se publican en debida forma en el Diario Oficial en la lengua de un Estado miembro, «aunque estos hubieran podido tomar conocimiento de dicha normativa por otros medios». (
34
) Por lo tanto, como explicaré más adelante, el acceso de pago a las normas técnicas armonizadas o el acceso a través de determinadas bibliotecas seleccionadas o de unos pocos «puntos de información» (
35
) son —en contra de lo que opina el Tribunal General (apartados 103 y 107 de la sentencia recurrida)— obviamente inadecuados e insuficientes para garantizar el respeto del Estado de Derecho.
57.
En efecto, como señaló, por ejemplo, el Consejo de Europa, «el principio de seguridad jurídica es esencial para la confianza en el sistema judicial y en el Estado de Derecho […]. También lo es para los arreglos productivos de negocios así como para el desarrollo y el progreso económicos […]. Para lograr esta confianza, el Estado debe procurar que el texto de la ley sea fácilmente accesible». (
36
)
58.
Por lo tanto, debe evaluarse si el principio de seguridad jurídica exige que las normas técnicas armonizadas sean libremente accesibles de forma gratuita o si pueden imponerse determinadas condiciones a dicho acceso.
ii) Alcance apropiado del acceso a las normas técnicas armonizadas en el presente asunto
59.
En primer lugar, debo señalar que, si bien en el presente asunto la Comisión se esfuerza por preservar el statu quo, al mismo tiempo, dicha institución ha defendido recientemente con claridad en su Estrategia de la UE en materia de normalización de 2022 que «[los OEN] deben considerar el acceso libre a las normas y otros documentos. La Comisión está dispuesta a entablar un diálogo constructivo con [los OEN] a través de los foros existentes para ayudarles a alcanzar este objetivo» (véase el punto 21 de las presentes conclusiones).
60.
De las tradiciones jurídicas de los Estados miembros se desprende que «el principio del Estado de Derecho exige generalmente la promulgación de normas jurídicas formalmente aprobadas. Se trata de ponerlas a disposición del público de modo que los interesados puedan tener un conocimiento fiable de su contenido. Esta posibilidad tampoco debe dificultarse injustificadamente». (
37
)
61.
Estoy de acuerdo con la afirmación de las recurrentes de que los ciudadanos deben poder beneficiarse de un acto que tiene efectos jurídicos, forma parte del Derecho de la Unión —como las normas técnicas armonizadas— y, por lo tanto, debe poder ser ejecutado. En efecto, basta con remitirse a los hechos que dieron lugar a la sentencia James Elliott, en que la cuestión de la interpretación de las normas técnicas armonizadas se planteó en el marco de una acción privada relativa a productos de construcción defectuosos. Dado que las normas técnicas armonizadas tienen efectos jurídicos reales sobre las personas físicas y jurídicas, el Estado de Derecho exige que dichas personas tengan acceso a estas normas. En efecto, dado que una norma técnica armonizada representa el interés público y desempeña un papel funcionalmente equivalente al de las normas jurídicas, su enjuiciabilidad (y, por lo tanto, su accesibilidad) debe adaptarse en consecuencia. (
38
)
62.
Parece que la mayoría de los Estados miembros (salvo Irlanda y el antiguo Estado miembro, Reino Unido) tienden a excluir los textos oficiales de la protección de los derechos de autor. La situación es diferente en lo que respecta a la protección de los derechos de autor de las normas nacionales. Sin embargo, como he explicado en el punto 33 de las presentes conclusiones, dada su función especial en virtud del Derecho de la Unión, las normas técnicas armonizadas son totalmente diferentes de las normas nacionales.
63.
Las sentencias James Elliott y Stichting afirman claramente que la publicación oficial de las normas técnicas armonizadas es necesaria (lo que la doctrina también ha indicado). De lo contrario, se produciría una grave limitación de la eficacia de las referencias legislativas a dichas normas, puesto que no serían oponibles a los particulares en general ni tampoco a las empresas que no hubieran tenido acceso efectivo a las normas técnicas armonizadas. No obstante, el acceso de pago de las normas técnicas armonizadas nunca podrá sustituir a la obligación de publicarlas oficialmente en el Diario Oficial. Ello es así incluso para las grandes empresas, ya que dichas normas siguen afectando en última instancia a sus clientes, que son, en realidad, los destinatarios reales: ¿cómo puede un ciudadano saber con certeza si una empresa ha fabricado su producto o ha prestado un servicio de conformidad con las normas técnicas armonizadas, si dicho ciudadano no puede conocer el contenido de tales normas técnicas armonizadas? No se puede privar a un ciudadano de la posibilidad de conocer «oficialmente» el contenido de una norma que, directa o indirectamente, puede afectarle. (
39
)
64.
El vínculo entre las normas técnicas armonizadas y el Derecho derivado sitúa necesariamente a las normas técnicas armonizadas en el ámbito de las funciones públicas, en la medida en que son un complemento indispensable (o «necesario») para la aplicación efectiva del Derecho derivado de la Unión (y, por lo tanto, para fomentar la creación efectiva del mercado interior de la Unión). Dado que los OEN llevan a cabo funciones públicas (esto es, el desarrollo de normas técnicas armonizadas que complementan la legislación de la Unión), estos organismos de normalización podrían, en su caso, ser remunerados con fondos públicos por la realización de dichas tareas públicas (como ya sucede parcialmente teniendo en cuenta la financiación por parte de la Comisión de los tres OEN). (
40
)
65.
De lo anterior se desprende que el Estado de Derecho exige que el acceso a las normas técnicas armonizadas sea libre y gratuito. Las normas técnicas armonizadas, a título de actos de normalización que forman parte del Derecho de la Unión, aplican el Derecho derivado de la Unión y tienen efectos jurídicos, deberían ser publicadas en el Diario Oficial a fin de asegurar que son ejecutivas y accesibles.
4) Las normas técnicas armonizadas, como parte del Derecho de la Unión, no pueden estar protegidas por derechos de autor
66.
Habida cuenta de lo anterior, sigue planteándose la cuestión de cómo conciliar esta conclusión con el hecho de que, en virtud de los acuerdos contractuales de la Comisión y de los OEN, las normas técnicas armonizadas están protegidas por derechos de autor.
67.
En efecto, la alegación del CEN y de la Comisión de que el acceso a las normas técnicas armonizadas es imposible debido a esa protección depende de si aceptamos que las normas técnicas armonizadas pueden estar protegidas por derechos de autor en virtud del Derecho de la Unión.
68.
Mis consideraciones sobre el argumento principal, reflejadas en el punto 20 anterior (esto es, que, en realidad, debe considerarse que las normas técnicas armonizadas son adoptadas por la Comisión), son aplicables mutatis mutandis aunque el Tribunal de Justicia llegara a la conclusión de que las normas técnicas armonizadas no deben considerarse «actos adoptados por una institución, órgano u organismo de la Unión». Ello se debe a que, a efectos del Derecho de la Unión en general y del acceso al Derecho de la Unión en particular, no es menos cierto que las normas técnicas armonizadas forman parte del Derecho de la Unión y, habida cuenta de su indispensable función de aplicación del Derecho derivado obligatorio de la Unión y de sus efectos jurídicos, no deberían estar protegidas, en principio, por derechos de autor.
69.
Por lo tanto, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no abordar la cuestión anterior y al no apreciar si la ley (y las normas técnicas armonizadas, como actos que forman parte del Derecho de la Unión) puede ser en alguna medida protegida por derechos de autor. Se limitó a remitirse a la sentencia James Elliott y a afirmar que el Tribunal de Justicia no había anulado el sistema actual de publicación de las normas técnicas armonizadas (si bien esto no se cuestionaba en dicho asunto). Esto no respondía a la cuestión decisiva de si un acto que forma parte del Derecho de la Unión puede ser protegido por derechos de autor.
70.
Debe señalarse que, contrariamente a lo que sostienen la Comisión y las partes coadyuvantes, el Reglamento n.o 1025/2012 no debe considerarse el fundamento de la protección mediante derechos de autor de las normas técnicas armonizadas. Dicho Reglamento no contiene ninguna disposición que establezca la posibilidad de que las normas técnicas armonizadas estén protegidas por derechos de autor. Es evidente que, si el legislador de la Unión hubiera considerado que las normas técnicas armonizadas podían estar protegidas por derechos de autor, habría incluido una disposición en este sentido en el Reglamento o, al menos, lo habría mencionado en un considerando.
71.
De ello se deduce que la excepción prevista en el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001 —en la que el Tribunal General basó la sentencia recurrida y, consecuentemente, denegó el acceso a las normas técnicas armonizadas solicitadas— no es aplicable en el contexto del presente asunto. En consecuencia, la sentencia adolece de un error de Derecho y debe ser anulada.
b)
Segunda imputación de la primera parte del primer motivo de casación: aunque las normas técnicas armonizadas pudieran estar protegidas por derechos de autor, el libre acceso a la ley tiene prioridad sobre la protección de los derechos de autor
72.
Con carácter subsidiario, las recurrentes alegan, en esencia, que, aunque las normas técnicas armonizadas solicitadas puedan ser objeto de derechos de autor, el libre acceso a la ley debe tener prioridad sobre la protección de los derechos de autor.
73.
En primer lugar, he de señalar que el propio Reglamento n.o 1049/2001 reconoce el concepto de libre acceso a la ley y en su considerando 6 dispone que, «en los casos en que las instituciones actúen en su capacidad legislativa, incluso por delegación de poderes, […] se debe dar acceso directo a [los] documentos en la mayor medida posible» (el subrayado es mío).
74.
Además, la sentencia recurrida es contraria al principio de transparencia y a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia, reunido en Pleno, confirmó la importancia de tal principio, en particular, en el proceso legislativo, según el cual los documentos que forman parte de dicho proceso deben, en principio, hacerse públicos. El Tribunal de Justicia recordó que la divulgación de los documentos utilizados en ese proceso incrementa la transparencia y la apertura del proceso legislativo y refuerza el derecho de los ciudadanos europeos a controlar la información que constituyó la base de un acto legislativo. En efecto, ni siquiera los dictámenes de los servicios jurídicos de las instituciones de la Unión relativos a un procedimiento legislativo están cubiertos por una necesidad general de confidencialidad y el Tribunal de Justicia señaló que el Reglamento n.o 1049/2001 impone, en principio, la obligación de divulgarlos. (
41
) La importancia del principio de transparencia debería guiar al Tribunal de Justicia en cuanto a las normas técnicas armonizadas.
75.
Además, en la sentencia Stichting (apartados 40 a 42 y 73), el Tribunal de Justicia reconoció la necesidad de dar publicidad a la ley y señaló que las normas no son oponibles a los particulares si no se han publicado en el Diario Oficial.
1) Las cuatro normas técnicas armonizadas solicitadas no están protegidas por derechos de autor (debido a una falta de «originalidad»)
76.
Aunque la Unión no es signataria del Convenio de Berna, (
42
) ha aceptado quedar vinculada por sus artículos 1 a 21. (
43
) Del artículo 2, apartado 4, del Convenio se desprende que los «textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial» no se benefician automáticamente de la protección de los derechos de autor. Por el contrario, «queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión [de Berna] la facultad de determinar la protección que han de conceder a [dichos] textos oficiales [...], así como a las traducciones oficiales de estos textos».
77.
El Derecho de la Unión no establece explícitamente si los textos jurídicos o cuasijurídicos que emanan de las instituciones de la Unión pueden estar protegidos por derechos de autor. Sin embargo, podría decirse que del artículo 297 TFUE se desprende que, en principio, el Derecho de la Unión no es susceptible de estar cubierto por tal protección, como una obra que confiere un derecho legal exclusivo a su titular para reproducir, publicar, vender o distribuir dicha obra.
78.
Como he explicado anteriormente, considero que las normas técnicas armonizadas no deberían poder estar protegidas por derechos de autor. Sin embargo, aunque el Tribunal de Justicia decidiera lo contrario (quod non), explicaré que la sentencia recurrida no justifica que las cuatro normas técnicas armonizadas solicitadas deban, en cualquier caso, beneficiarse de la protección de los derechos de autor.
i) Competencia para la apreciación de los derechos de autor
79.
Las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en error al declarar que la Comisión no estaba facultada para examinar si las cuatro normas técnicas armonizadas solicitadas podían estar protegidas por derechos de autor. Debe señalarse que, de hecho, consideró que tal examen excedería el alcance del control para el que la Comisión estaba facultada en el marco de un procedimiento de acceso a documentos (apartado 57 de la sentencia recurrida).
80.
Este razonamiento es erróneo. En primer lugar, como alegan acertadamente las recurrentes, esta conclusión contradice directamente los apartados 48 y 49 de la sentencia recurrida, en los que se declaró que la Comisión estaba facultada para considerar que se había alcanzado el umbral de originalidad y que había decidido correctamente que las normas técnicas armonizadas solicitadas podían estar protegidas por derechos de autor. Es imposible entender cómo puede determinarse la existencia de un derecho de autor si la Comisión no tiene derecho a apreciarlo. Por lo tanto, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la Comisión no estaba facultada para examinar si las normas técnicas armonizadas solicitadas podían estar protegidas por derechos de autor.
81.
En segundo lugar, como señalan acertadamente las recurrentes, el presente asunto se refiere a una solicitud de acceso a documentos que forman parte del Derecho de la Unión (es decir, las cuatro normas técnicas armonizadas solicitadas), y cuya solicitud se basa en un Reglamento de la Unión (es decir, el Reglamento n.o 1049/2001). El Tribunal de Justicia sostuvo a este respecto que el artículo 4 de dicho Reglamento no contiene referencia alguna a disposiciones de Derecho nacional del Estado miembro. (
44
) El acceso a los documentos en virtud del Reglamento n.o 1049/2001 y, en particular, el acceso a los actos que forman parte del Derecho de la Unión debe, por lo tanto, ser evaluado por las instituciones de la Unión y estar sujeto a un control jurídico con arreglo al Derecho de la Unión y ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. Claramente, el Tribunal General no lo ha reconocido. Además, si la opinión del Tribunal General fuera correcta, ello menoscabaría el derecho fundamental de las recurrentes a la tutela judicial efectiva, incluido su derecho a ser oídas. Esta contradicción también ha sido señalada por numerosos autores de la doctrina. (
45
) Por lo tanto, corresponde a las instituciones de la Unión decidir a través de la propia legislación de la Unión el nivel de protección que debe concederse a los actos que constituyen medidas de aplicación del Derecho derivado de la Unión y decidir si las normas técnicas armonizadas pueden estar protegidas por derechos de autor.
82.
En tercer lugar, el Tribunal General basó su apreciación sobre la falta de competencia de la Comisión para apreciar los derechos de autor en la jurisprudencia relativa a las patentes. Esto, sin embargo, no se aplica en este caso. El Pleno del Tribunal de Justicia señaló en su dictamen 1/09 (
46
) que «el Tribunal de Justicia no tiene atribuida competencia para pronunciarse sobre acciones directas entre particulares en materia de patentes, ya que dicha competencia corresponde a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros».
83.
En la medida en que el Tribunal General pretende basarse en las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto Donner (C‑5/11, EU:C:2012:195) (apartado 40 de la sentencia recurrida) en el sentido de que, a pesar de una armonización cada vez más amplia, el derecho de autor sigue perteneciendo en buena parte al ordenamiento jurídico nacional, la sentencia recurrida es demasiado teórica a este respecto. La doctrina ya lo ha apuntado. En efecto, desde 2012, el Tribunal de Justicia muestra hasta qué punto ha llegado la armonización en el ámbito de los derechos de autor. En cualquier caso, la remisión parece sacada de contexto, ya que el asunto Donner se centraba en las vías de recurso en caso de infracción de los derechos de autor. A diferencia del presente asunto, no se trataba del fundamento de la existencia de la protección de los derechos de autor. (
47
)
84.
Sin embargo, es preciso señalar que el presente recurso de casación ni se refiere a una acción directa entre particulares en relación con una infracción de una patente (o de un derecho de autor) ni es ajeno a la competencia conferida a los órganos jurisdiccionales de la Unión en virtud de los Tratados de la Unión. Más bien, en primera instancia, el recurso tenía por objeto la anulación de una decisión de la Comisión dirigida a las recurrentes, por la que se denegaba su solicitud de acceso a documentos de la Unión. Se trata de un tipo de recurso cuya competencia se confiere a los órganos jurisdiccionales de la Unión. En particular, el artículo 263 TFUE no limita los motivos que pueden invocarse en un recurso de anulación, como declaró el Tribunal General en el apartado 57 de la sentencia recurrida. Por consiguiente, el Tribunal General incurrió en error al tratar de establecer una analogía entre los litigios privados relativos a la infracción de patentes, por una parte, y una denegación de acceso a documentos de la Unión que implicaba la aplicación impugnada del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, por otra.
85.
De ello se deduce que el Tribunal General incurrió en error al declarar que la Comisión no estaba facultada para examinar el requisito de originalidad, ya que tal examen excedería el alcance del control para el que estaba facultada en el marco de un procedimiento de acceso a documentos. En efecto, corresponde a la Comisión y a los órganos jurisdiccionales de la Unión determinar si las normas técnicas armonizadas solicitadas pueden ser objeto de derechos de autor y si cumplen el requisito de originalidad.
86.
Por lo tanto, la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho.
ii) No se ha demostrado la existencia de derechos de autor en relación con las normas técnicas armonizadas solicitadas
87.
El Tribunal General consideró, en esencia, que la Comisión no incurrió en error al afirmar que las normas técnicas armonizadas están redactadas por sus autores de forma lo suficientemente creativa como para gozar de protección en virtud de los derechos de autor y que la extensión de los textos implica que los autores tomen una serie de decisiones (incluida la estructuración del documento), lo que implica una protección en virtud de los derechos de autor (apartados 47 a 49 de la sentencia recurrida).
88.
El razonamiento del Tribunal General adolece de un error de Derecho.
89.
De una jurisprudencia reiterada se desprende que, si bien los derechos de autor no están plenamente armonizados en la Unión, «el concepto de “obra” […] constituye […] una noción autónoma del Derecho de la Unión que debe ser interpretada y aplicada de manera uniforme y que supone la concurrencia de dos elementos acumulativos. Por una parte, este concepto implica que existe un objeto original, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor. Por otra parte, la calificación como obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual». (
48
) Para que exista protección de los derechos de autor, el autor debe poder expresar su capacidad creativa al realizar la obra tomando decisiones libres y creativas. (
49
)
90.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia confirma este resultado. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia declaró que el hecho de que la constitución de la base de datos haya exigido un considerable trabajo y pericia por parte de su autor no puede, en sí mismo, justificar su protección por el derecho de autor si ese trabajo y esa pericia no expresan ninguna originalidad. (
50
) Este criterio reviste una importancia fundamental en este contexto.
91.
En mi opinión, este criterio debe aplicarse en el contexto de las normas técnicas armonizadas. Dado que, especialmente en la sentencia James Elliott, el Tribunal de Justicia aceptó su competencia para interpretar las normas técnicas armonizadas, se deduce claramente que corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Unión apreciar si las normas técnicas armonizadas pueden estar protegidas por derechos de autor y si los OEN deben beneficiarse de tal protección por derechos de autor de las normas técnicas armonizadas. En efecto, no resulta posible permitir una situación en la que los Estados miembros decidieran si los derechos de autor son aplicables a un texto jurídico que forma parte del Derecho de la Unión y tiene efectos jurídicos cruciales en virtud del Derecho de la Unión. Esta conclusión no contradice en modo alguno el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, ya que corresponde a las partes de dicho Convenio decidir si los textos jurídicos pueden estar o no protegidos por derechos de autor en su sistema jurídico.
92.
Coincido con las recurrentes en que ni la Comisión, en la Decisión impugnada, ni el Tribunal General, en la sentencia recurrida, examinan adecuadamente la originalidad de las normas técnicas armonizadas solicitadas y si pueden, de hecho, «reflejar la personalidad del autor». Esto se aplica también a la presencia de decisiones libres y creativas. Habida cuenta del concepto y la finalidad de las normas técnicas armonizadas, que suelen ser el resultado de pruebas científicas como del acuerdo de un comité, llego a la conclusión de que el criterio de originalidad no puede aceptarse tal cual, (
51
) como lo aceptó aquí el Tribunal General. Esta conclusión solo se ve reforzada si tenemos en cuenta la naturaleza específica de las normas técnicas armonizadas (puntos 16 y siguientes de las presentes conclusiones) y el procedimiento para su adopción (puntos 23 y siguientes de las presentes conclusiones).
93.
Aunque corresponde a la Comisión y al Tribunal General demostrar que la exención prevista en el artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001 es aplicable, solo se han basado en alegaciones y presunciones muy generales, al considerar que las normas técnicas armonizadas solicitadas estaban protegidas por derechos de autor porque de la extensión de los textos se podía deducir que los autores habían tenido que tomar una serie de decisiones. Sin embargo, estos factores no determinan si un documento concreto es original y, por lo tanto, está protegido por derechos de autor. Por consiguiente, la sentencia recurrida incurre en error.
94.
Contrariamente a lo que indicó el Tribunal General en el apartado 59 de la sentencia recurrida, las recurrentes demostraron —en la medida en que era posible sin tener acceso efectivo a las normas técnicas armonizadas solicitadas— que las posibilidades de decisión de que disponía el CEN estaban limitadas de varias maneras. Así pues, por lo que respecta al contenido de las normas técnicas armonizadas y a la estructura, están limitados por la disposición pertinente del Derecho derivado de la que resulta la norma técnica armonizada, por mandato de la Comisión. En principio, lo anterior restringe fuertemente cualquier margen de creatividad y originalidad. Por lo tanto, una vaga fundamentación en la extensión de un documento no basta para demostrar que las normas técnicas armonizadas son el resultado de decisiones creativas de los OEN. (
52
)
95.
Por consiguiente, el Tribunal General incurrió en error al declarar que la Comisión podía concluir que las normas técnicas armonizadas solicitadas estaban protegidas por derechos de autor y, en consecuencia, procede anular la sentencia recurrida.
2.
Segunda parte del primer motivo de casación: el Tribunal General incurrió en error de Derecho en su apreciación de la afectación de los intereses comerciales del CEN
96.
Las recurrentes alegan, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en su apreciación de la afectación de los intereses comerciales del CEN al aplicar erróneamente una presunción de que la divulgación de las normas técnicas armonizadas solicitadas menoscabaría el interés protegido por el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001 y no analizar la afectación concreta de tales intereses comerciales.
a)
Fundamentación ilícita en una presunción general
97.
Contrariamente a lo afirmado por el Tribunal General en el apartado 97 de la sentencia recurrida, la Comisión no parece haberse basado en una presunción general de confidencialidad en virtud de la cual la concesión de acceso a las normas técnicas armonizadas supondría automáticamente un perjuicio para el interés protegido por el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001.
98.
Tal presunción general no está prevista ni en el Reglamento n.o 1049/2001, ni en el Reglamento n.o 1025/2012, ni en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, para que se reconociera tal presunción, habría que demostrar claramente que la divulgación de los documentos controvertidos perjudicaría gravemente de manera específica, efectiva y no hipotética (
53
) al sistema de normalización de la Unión.
99.
En primer lugar, las normas técnicas armonizadas constituyen solo una minoría de las normas establecidas por los OEN y, de hecho, una parte relevante de su financiación proviene de la Comisión. Según alegó el CEN en la vista, el 4,6 % del presupuesto de normalización procede de la venta de las normas técnicas armonizadas, lo que equivale a aproximadamente 2 millones de euros al año, mientras que, en palabras del propio CEN, la financiación de la Comisión equivale a «alrededor del 20 % del presupuesto total del CEN» (el subrayado es mío). (
54
) En segundo lugar, en la vista se puso de manifiesto que el sistema de normalización de la Unión no exige de manera efectiva el acceso de pago a las normas técnicas armonizadas para funcionar (al contrario de lo que se indica en los apartados 102 y 103 de la sentencia recurrida), sino que el pago es un requisito que deriva de la relación contractual y de los acuerdos de financiación entre los OEN y la Comisión. Por ejemplo, el ETSI (que también recibe financiación de la Comisión para las normas técnicas armonizadas) ya permite consultar, imprimir y descargar gratuitamente sus normas técnicas armonizadas desde su sitio de Internet. (
55
) Además, según la doctrina, existen importantes diferencias de precios entre, esencialmente, la misma norma técnica armonizada en distintos Estados miembros, lo que es sintomático de los problemas derivados del actual régimen de acceso a dichas normas. (
56
)
100.
Además, dado que una presunción general de confidencialidad constituye una excepción a la regla según la cual la institución de la Unión de que se trate está obligada a llevar a cabo un examen concreto e individual de cada documento, debe ser objeto de interpretación y aplicación restrictivas. El Tribunal de Justicia ha admitido presunciones generales de confidencialidad para cinco categorías de documentos: i) los documentos de un expediente administrativo sobre ayudas de Estado; ii) los escritos presentados ante los órganos jurisdiccionales de la Unión; iii) los documentos intercambiados en el marco de un procedimiento de control de las operaciones de concentración; iv) los documentos correspondientes a los procedimientos por incumplimiento, y v) los documentos correspondientes a un procedimiento de aplicación del artículo 101 TFUE. (
57
)
101.
Es evidente que las normas técnicas armonizadas no pertenecen a ninguna de esas categorías. De hecho, todas las categorías anteriores están relacionadas con la naturaleza procesal específica de esos documentos. Esto no se aplica a las normas técnicas armonizadas solicitadas, que además ya están disponibles para su consulta en bibliotecas, puntos de información o para su compra. Por lo tanto, las normas técnicas armonizadas solicitadas no son confidenciales y, a diferencia de las categorías anteriores, no se refieren a ningún procedimiento administrativo o judicial en curso.
102.
En consecuencia, el Tribunal General incurrió en error al admitir que la Comisión podía basarse en tal presunción general para denegar el acceso a las normas técnicas armonizadas solicitadas.
b)
Falta de apreciación de la afectación concreta de los intereses comerciales
103.
La sentencia recurrida (apartado 64) se limitó a adoptar las alegaciones de la Comisión sobre la protección de los derechos de autor como apodícticas y concluyó que ello resultaba en una afectación de los intereses comerciales debido a una «disminución muy importante de los cánones percibidos por el CEN». Esto es desacertado.
104.
En primer lugar, las consideraciones del Tribunal General implican que la supuesta protección por derechos de autor de las normas técnicas armonizadas siempre prevalece sobre la presunción de un derecho de acceso en virtud del Reglamento n.o 1049/2001. Esto es contrario al espíritu y a la literalidad de dicho Reglamento, en virtud del cual cualquier exención debe interpretarse de forma restrictiva para conceder el efecto más amplio posible a los derechos de acceso. (
58
)
105.
En segundo lugar, el Tribunal General no examinó los hechos específicos del presente asunto. La supuesta afectación de los intereses comerciales parece infundada (véase el punto 99 de las presentes conclusiones).
106.
En consecuencia, el Tribunal General incurrió en error de Derecho, ya que no podía justificar la denegación de acceso a las normas técnicas armonizadas solicitadas simplemente sobre la base de una supuesta afectación negativa de esos intereses comerciales en virtud del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001.
B. Sobre el segundo motivo de casación: error de Derecho al no reconocer un interés público superior
107.
En primer lugar, las recurrentes alegan, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en los apartados 98 a 101 de la sentencia recurrida. Como se desprende de mi análisis del primer motivo de casación, estoy de acuerdo con las recurrentes en que su solicitud de acceso a las normas técnicas armonizadas solicitadas estaba justificada sobre la base del Estado de Derecho. El Tribunal General, al declarar que las recurrentes no habían acreditado motivos concretos para justificar su solicitud, no reconoció el valor de la argumentación de los recurrentes y basó la sentencia recurrida en consideraciones erróneas.
108.
En primera instancia, las recurrentes señalaron que existía un interés público superior derivado del hecho de que las normas técnicas armonizadas solicitadas forman parte del Derecho de la Unión, que debe ser de libre acceso. Sostienen, además, que las normas técnicas armonizadas solicitadas se refieren a ámbitos del Derecho en los que es esencial un elevado nivel de protección de los consumidores, amparado por el artículo 169 TFUE, a saber, la seguridad de los juguetes y el índice máximo de níquel como principal alérgeno de contacto y sustancia con indicios de ser carcinógena. Es razonable argumentar que todo consumidor debe conocer el contenido de dichas normas técnicas armonizadas para garantizar la máxima seguridad de los juguetes y prevenir el cáncer en una medida aún mayor. A tal efecto, el cumplimiento de las normas técnicas armonizadas desempeña un papel importante en la protección de los ciudadanos de la Unión (en particular de los niños en lo que respecta a las normas técnicas armonizadas solicitadas) frente a productos potencialmente inseguros y nocivos. A mi juicio, las recurrentes demostraron asimismo suficientemente que las normas técnicas armonizadas solicitadas también tienen una importancia significativa para los fabricantes, proveedores de servicios y otros participantes en la cadena de suministro.
109.
Por lo tanto, las consideraciones anteriores eran suficientes para considerar que en el presente asunto existe un interés público superior. El Tribunal General incurrió en error de Derecho a este respecto.
110.
En segundo lugar, las recurrentes critican, en esencia, la afirmación contenida en los apartados 102 a 104 de la sentencia recurrida de que el interés público superior en garantizar el funcionamiento del sistema de normalización de la Unión prevalece sobre el libre acceso a las normas técnicas armonizadas.
111.
El funcionamiento del sistema de normalización de la Unión es un factor que no está relacionado con la excepción contenida en el primer guion del artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001, relativo a la protección de los intereses comerciales de las personas físicas y jurídicas, incluida la propiedad intelectual. Por lo tanto, el Tribunal General introdujo de facto una nueva excepción en el artículo 4 de tal Reglamento, lo cual no está permitido. (
59
) En efecto, de las consideraciones anteriores se desprende que el funcionamiento del sistema de normalización de la Unión no se ve amenazado por la concesión de un acceso libre e incondicional a las normas técnicas armonizadas.
112.
A continuación, el artículo 12 del Reglamento n.o 1049/2001 exige que las instituciones de la Unión permitan el acceso directo del público a los documentos, en la medida de lo posible. En particular, sin perjuicio de los artículos 4 y 9 de dicho Reglamento, debe permitirse el acceso directo a los documentos legislativos —documentos elaborados o recibidos en el marco de procedimientos de adopción de actos jurídicamente vinculantes en o para los Estados miembros—. Como se ha explicado en el marco del primer motivo de casación, en este contexto, las normas técnicas armonizadas son documentos que forman parte del Derecho de la Unión que deben poder ser aplicadas por cualquier persona interesada y, por lo tanto, el requisito de accesibilidad también debe aplicarse a estas normas.
113.
Del conjunto de consideraciones anteriores se desprende que procede anular la sentencia recurrida, anular la Decisión impugnada y ordenar a la Comisión que conceda a las recurrentes el acceso a las cuatro normas técnicas armonizadas solicitadas.
IV. Conclusión
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que: i) anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 14 de julio de 2021, Public.Resource.Org y Right to Know/Comisión (T‑185/19, EU:T:2021:445); ii) anule la Decisión C(2019) 639 final de la Comisión Europea de 22 de enero de 2019, por la que se deniega la solicitud de acceso a las normas técnicas armonizadas solicitadas; iii) ordene a la Comisión dar acceso a las recurrentes a dichas normas; iv) condene a la Comisión a cargar con las costas de primera instancia y del procedimiento de casación, y v) condene a las partes coadyuvantes a cargar con sus propias costas.
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).
(
3
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13).
(
4
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2012, L 316, p. 12).
(
5
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes (DO 2009, L 170, p. 1).
(
6
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1).
(
7
)	Respectivamente, sentencias de 12 de julio de 2012, Fra.bo (C‑171/11, en lo sucesivo, sentencia Fra.bo, EU:C:2012:453); de 27 de octubre de 2016, James Elliott (C‑613/14, en lo sucesivo, sentencia James Elliott, EU:C:2016:821), y de 22 de febrero de 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd y otros (C‑160/20, en lo sucesivo, sentencia Stichting, EU:C:2022:101).
(
8
)	Directiva del Consejo, de 3 de mayo de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la seguridad de los juguetes (DO 1988, L 187, p. 1).
(
9
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO 1998, L 204, p. 37).
(
10
)	Sentencia de 22 de enero de 2014 (C‑270/12, EU:C:2014:18), apartados 83 y 84.
(
11
)	Conclusiones presentadas en el asunto James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:63), punto 40.
(
12
)	Lundqvist, B., «European Harmonised Standards as ‘Part of EU Law’: The Implications of the James Elliott Case for Copyright Protection and, Possibly, for EU Competition Law», Legal Issues of Economic Integration, vol. 44, n.o 4, 2017, pp. 429 y 431.
(
13
)	Comunicación de la Comisión, de 2 de febrero de 2022, Estrategia de la UE en materia de normalización [COM(2022) 31 final], pp. 4 y 5 y ss., respectivamente. Véase también la «Guía azul» sobre la aplicación de la normativa europea relativa a los productos, de 2022 (DO 2022, C 247, p. 1, nota 192).
(
14
)	Un buen ejemplo de ello es el mandato M.445/ES, de 9 de julio de 2009, sobre las normas armonizadas solicitadas en apoyo de la Directiva sobre la seguridad de los juguetes.
(
15
)	Sentencia de 14 de diciembre de 2017, Anstar (C‑630/16, EU:C:2017:971), apartados 35 a 36.
(
16
)	Comisión, Vademécum de la Normalización Europea — Parte I, SWD(2015) 205, pp. 8 y 9 (en lo sucesivo, «Vademécum»).
(
17
)	Véanse las Directrices Generales para la Cooperación entre CEN, Cenelec y ETSI con la Comisión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio — 28 de marzo de 2003 (DO 2003, C 91, p. 7).
(
18
)	Véase Schepel, H., «The new approach to the new approach: The juridification of harmonised standards in EU law», Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 20(4), 2013, p. 521.
(
19
)	De Bellis, M., «Op-Ed: “Private standards, EU law and access — The General Court’s ruling in Public.Resource.Org”», EU Law Live, 10 de septiembre de 2021.
(
20
)	De manera importante, véase, a este respecto, también la sentencia James Elliott, apartado 43 (citada en el punto 9 de las presentes conclusiones).
(
21
)	Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO 2011, L 55, p. 13).
(
22
)	Soroiu, A., y Correia Magalhaes De Carvalho, M. F., «Lawtify Premium: Public.Resource.Org (T‑185/19), a Judicial Take on Standardisation and Public Access to Law», Review of European Administrative Law, vol. 15(2), 2022, p. 57. Véase también Schepel, H., op. cit., pp. 521 y 523; Volpato, A., «The Harmonized Standards before the ECJ: James Elliott Construction», Common Market Law Review, vol. 54(2), 2017, p. 591; van Gestel, R., y van Lochem, P., «Private Standards as a Replacement for Public Lawmaking?» en Marta Cantero Gamito, M., y Micklitz, H.‑W. (eds), The Role of the EU in Transnational Legal Ordering, Edward Elgar Publishing, 2020, p. 31.
(
23
)	Véanse las sentencias Fra.bo, apartados 27 a 32; James Elliott, apartados 40, 42 y 43, y la sentencia de 22 de febrero de 2018, SAKSA (C‑185/17, EU:C:2018:108), apartado 39.
(
24
)	Véase EIM Business & Policy Research, Access to Standardisation — Study for the European Commission, [DG] Enterprise and Industry, 2010, pp. 17 y 9, respectivamente.
(
25
)	Véase la jurisprudencia recordada en la sentencia de 22 de diciembre de 2022, Ministre de la Transition écologique y Premier ministre (Responsabilidad del Estado por la contaminación del aire) (C‑61/21, EU:C:2022:1015), apartados 43 a 47.
(
26
)	Véase la sentencia del Rechtbank’s-Gravenhage (Tribunal de Distrito, La Haya, Países Bajos) de 31 de diciembre de 2008, LJN: BG8465. Véase Van Gestel, B., y Micklitz, H.‑W., «European Integration Through Standardization: How Judicial Review is Breaking Down the Club House of Private Standardization Bodies», CMLR, vol. 50, 2013, p. 176.
(
27
)	Sentencia de 16 de octubre de 2014, Comisión/Alemania (C‑100/13, no publicada, EU:C:2014:2293), apartado 63.
(
28
)	Véase también el punto 61 de las presentes conclusiones.
(
29
)	Sentencia de 18 de enero de 2007, PKK y KNK/Consejo (C‑229/05 P, EU:C:2007:32), apartado 109.
(
30
)	Sentencia de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta (C‑496/99 P, EU:C:2004:236), apartado 63.
(
31
)	Sentencia de 12 de noviembre de 1981, Meridionale Industria Salumi y otros (212/80 a 217/80, EU:C:1981:270), apartado 10.
(
32
)	Sentencia de 20 de mayo de 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma y Salumificio S. Rita (C‑108/01, EU:C:2003:296), apartados 95 y 96.
(
33
)	También ha sido reconocido por los principios constitucionales establecidos en diversas disposiciones del Tratado UE —como los artículos 1, apartado 2, 10, apartado 3, y 11, apartados 2 y 3—, así como en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 42).
(
34
)	Sentencia de 11 de diciembre de 2007, (C‑161/06, EU:C:2007:773), apartados 38 y 51, respectivamente.
(
35
)	Sitios gestionados por los órganos nacionales de normalización en los que las normas técnicas armonizadas parecen ser accesibles con sujeción a determinadas condiciones.
(
36
)	Informe sobre el Estado de Derecho adoptado por la Comisión de Venecia en su 86a sesión plenaria (Venecia, 25‑26 de marzo de 2011), CDL-AD(2011)003rev, párrafo 44.
(
37
)	Véase, por ejemplo, el Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal alemán): BvR, sentencia de 29 de julio de 1998 — Asunto 1 BvR 1143/90, DE:BVerfG:1998:rk19980729.1bvr114390, apartado 26.
(
38
)	Véase Van Waeyenberge, A., «La normalisation technique en Europe — L’empire (du droit) contre-attaque», Revue internationale de droit économique: RIDE, n.o 3, 2018, p. 314. Véase también Aubry, H., Brunet, A., y Peraldi-Leneuf, F., «Le contrôle des normes: un garde-fou démocratique à perfectionner», en Aubry, H., y otros (eds.), La normalisation en France et dans l’Union européenne. Une activité privée au service de l’intérêt général?, PUAM, Aix-en-Provence, 2012, p. 104.
(
39
)	Álvarez García, V., «La problemática de la publicidad oficial de las normas técnicas de origen privado que despliegan efectos jurídico-públicos», Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.o 72, 2022, p. 467.
(
40
)	Véase también Álvarez García, V., op. cit., p. 478.
(
41
)	Sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo (C‑156/21, EU:C:2022:97), apartado 58.
(
42
)	Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, firmado en Berna el 9 de septiembre de 1886 (Acta de París de 24 de julio de 1971), en su versión modificada de 28 de septiembre de 1979.
(
43
)	Mediante el artículo 1, apartado 4, del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.
(
44
)	Sentencia de 18 de diciembre de 2007, Suecia/Comisión (C‑64/05 P, EU:C:2007:802), apartado 69.
(
45
)	Para una crítica de la sentencia recurrida, véase Kamara, I., «General Court EU: Commercial interests block the right to access European harmonised standards», Journal of Standardisation, vol. 1, 2022, n.o 4, y Krämer, L., «L’environnement devant la Cour de justice de l’Union européenne», Revue du droit de l’Union européenne, 1/2022, p. 15.
(
46
)	Dictamen de 8 de marzo de 2011(Acuerdo por el que se crea un Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes) (EU:C:2011:123), punto 80.
(
47
)	Véase Blockx, F., The General Court of the EU wanders into copyright law, and gets disoriented, IPKat guest post, 15 de julio de 2021, que contiene más referencias.
(
48
)	Sentencia de 12 de septiembre de 2019, Cofemel (C‑683/17, EU:C:2019:721), apartado 29.
(
49
)	Sentencia de 1 de diciembre de 2011, Painer (C‑145/10, EU:C:2011:798), apartado 89.
(
50
)	Sentencia de 1 de marzo de 2012, Football Dataco y otros (C‑604/10, EU:C:2012:115), apartado 42.
(
51
)	Blockx, F., op. cit.
(
52
)	En efecto, las guías telefónicas también son muy extensas y están bien estructuradas, pero eso no significa que sean el resultado de decisiones creativas. Véase, por ejemplo, Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991). Véase Blockx, F., op. cit., a este respecto.
(
53
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 1 de julio de 2008, Suecia y Turco/Consejo (C‑39/05 P y C‑52/05 P, EU:C:2008:374), apartados 43 a 66. Véase también la sentencia de 25 de enero de 2023, De Capitani/Consejo (T‑163/21, EU:T:2023:15), apartados 87 a 96 y jurisprudencia citada (no recurrida en casación).
(
54
)	No obstante, en el Informe Anual del CEN de 2017, p. 22, se indica que puede ascender hasta el 35 % del presupuesto del CEN.
(
55
)	Véase https://www.etsi.org/intellectual-property-rights (no obstante, dicho organismo debe autorizar su reproducción).
(
56
)	Van Gestel, R., y Micklitz, H.‑W., op. cit., p. 181.
(
57
)	Sentencia de 4 de septiembre de 2018, ClientEarth/Comisión (C‑57/16 P, EU:C:2018:660), apartados 80 y 81.
(
58
)	Sentencia de 18 de diciembre de 2007, Suecia/Comisión (C‑64/05 P, EU:C:2007:802), apartado 66.
(
59
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2007, Suecia/Comisión (C‑64/05 P, EU:C:2007:802), apartados 65 y ss.