Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 26 de marzo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de inmigración — Directiva 2003/86/CE — Derecho a la reagrupación familiar — Artículo 13, apartado 1 — Obligación de conceder toda clase de facilidades para la obtención de los visados — Visados concedidos bajo la condición suspensiva de la comparecencia en persona de los beneficiarios a efectos de verificar su identidad y la autenticidad de los documentos aportados — Beneficiarios que no pueden desplazarse a una representación diplomática o consular del Estado miembro que ha concedido los visados — Obligaciones del Estado miembro de garantizar o facilitar dicho desplazamiento — Inexistencia »
En el asunto C‑819/25 PPU [Gonrieh], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Bélgica), mediante resolución de 12 de diciembre de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el mismo día, en el procedimiento entre
X e Y, que actúan en su propio nombre y en su condición de representantes legales de sus hijos menores de edad A, B, C y D,
y
État belge,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer (Ponente), E. Regan, D. Gratsias y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. C. Di Bella, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de febrero de 2026;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de X e Y, que actúan en su propio nombre y en su condición de representantes legales de sus hijos menores de edad A, B, C y D, por el Sr. P. Robert y la Sra. J. van Edom, avocats;
–        en nombre del Gobierno belga, por las Sras. L. Jans, C. Pochet y M. van Regemorter, en calidad de agentes, asistidas por el Sr. B. Appaerts y la Sra. C. Caillet, avocats;
–        en nombre de la República Checa, por las Sras. A. Edelmannová y S. Šindelková y por el Sr. J. Vláčil, en calidad de agentes;
–        en nombre de la República Federal de Alemania, por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes;
–        en nombre de la República Helénica, por la Sra. L. Kotroni, en calidad de agente;
–        en nombre de la República Francesa, por las Sras. O. Duprat-Mazaré y C. Thomas, en calidad de agentes;
–        en nombre de la República Italiana, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente;
–        en nombre del Reino de los Países Bajos, por las Sras. A. Hanje y P. P. Huurnink, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. F. Blanc, E. Cujo y J. Hottiaux y por el Sr. C. Ladenburger, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de marzo de 2026;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO 2003, L 251, p. 12), en particular de su artículo 13, apartado 1, en relación con los artículos 2, 4, 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Y, residente en Bélgica, su esposa X y cuatro de sus hijos, A, B, C y D, con domicilio en la Franja de Gaza, y el État belge (Estado belga), en relación con una solicitud por la que se insta a este último a garantizar la evacuación de X y de los menores de dicho territorio o a adoptar otras medidas que faciliten su salida de este con fines de reagrupación familiar.
Marco jurídico
Tratado FUE
3        El artículo 20 TFUE, apartado 2, letra c), establece:
«Los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y están sujetos a los deberes establecidos en los Tratados. Tienen, entre otras cosas, el derecho:
[…]
c)      de acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado».
4        El artículo 23 TFUE dispone:
«Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. […]»
Carta
5        El artículo 2 de la Carta, titulado «Derecho a la vida», dispone:
«1.      Toda persona tiene derecho a la vida.
2.      Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado.»
6        El artículo 4 de la Carta, titulado «Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes», establece:
«Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.»
7        El artículo 7 de la Carta, titulado «Respeto de la vida privada y familiar», dispone lo siguiente:
«Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones.»
8        Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Carta, titulado «Derechos del niño»:
«1.      Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Esta será tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez.
2.      En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial.
3.      Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses.»
9        El artículo 46 de la Carta, titulado «Protección diplomática y consular» establece:
«Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de este Estado.»
Directiva 2003/86
10      El considerando 13 de la Directiva 2003/86 indica lo siguiente:
«Es importante establecer un sistema de normas de procedimiento por las que se rija el examen de las solicitudes de reagrupación familiar, así como la entrada y residencia de los miembros de la familia. Estos procedimientos deben ser eficaces y aplicables en relación con la carga normal de trabajo de las Administraciones de los Estados miembros, así como transparentes y equitativos, con el fin de ofrecer un nivel adecuado de seguridad jurídica a las personas interesadas.»
11      El artículo 2 de dicha Directiva dispone:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
c)      reagrupante, la persona nacional de un tercer país que, residiendo legalmente en un Estado miembro, solicita la reagrupación familiar o los miembros de cuya familia la solicitan;
d)      reagrupación familiar, la entrada y residencia en un Estado miembro de los miembros de la familia de un nacional de un tercer país que resida legalmente en dicho Estado miembro con el fin de mantener la unidad familiar, con independencia de que los vínculos familiares sean anteriores o posteriores a la entrada del reagrupante;
[…]».
12      El artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva establece lo siguiente:
«Los Estados miembros determinarán si, con el fin de ejercer el derecho a la reagrupación familiar, la solicitud de entrada y de residencia debe ser presentada ante las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate, ya sea por el reagrupante ya sea por el miembro o miembros de la familia.»
13      El artículo 13 de la misma Directiva dispone, en su apartado 1:
«Tan pronto como se acepte la solicitud de reagrupación familiar, el Estado miembro de que se trate autorizará la entrada del miembro o miembros de la familia. A este respecto, el Estado miembro de que se trate dará a estas personas toda clase de facilidades para la obtención de los visados necesarios.»
Directiva (UE) 2015/637
14      El artículo 5 de la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE (DO 2015, L 106, p. 1), dispone lo siguiente:
«Se proporcionará protección consular a los familiares que acompañen a ciudadanos no representados en un tercer país y que no sean a su vez ciudadanos de la Unión en la misma medida y bajo las mismas condiciones que se les proporcionaría a los familiares de los ciudadanos del Estado miembro que preste asistencia, que no fueran a su vez ciudadanos de la Unión, de conformidad con su Derecho o sus prácticas nacionales.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
15      Según se indica en la resolución de remisión, Y y X están casados y son padres de cinco hijos, A, B, C, D y E, nacidos entre 2013 y 2021. No son ciudadanos de la Unión. En una fecha no precisada, se concedió a Y un visado que le permitía residir en Bélgica, donde también dispone de un permiso de trabajo. Según el órgano jurisdiccional remitente, Y presentó asimismo ante las autoridades belgas competentes una solicitud para la obtención del estatuto de refugiado, cuyo examen, según las indicaciones facilitadas por el abogado de los demandantes en el litigio principal durante la vista ante el Tribunal de Justicia, seguía en curso en la fecha de dicha vista.
16      El 7 de octubre de 2023, Hamás cometió, desde la Franja de Gaza, varios ataques terroristas en territorio israelí. A raíz de estos acontecimientos, el Estado de Israel impuso un bloqueo de la Franja de Gaza y llevó a cabo una intervención militar en dicho territorio.
17      El 3 de mayo de 2024, Y abandonó la Franja de Gaza con uno de los menores, E, y llegaron a Egipto a través del paso fronterizo de Ráfah.
18      El 5 de mayo de 2024, dicho paso fue cerrado, lo que impidió, según se afirma, a X y a los otros menores llegar a Egipto. De la resolución de remisión se desprende que, cuatro días antes de la adopción de esta, dicho paso seguía cerrado.
19      En este contexto, el Reino de Bélgica puso en marcha un proceso de evacuación desde la Franja de Gaza hacia Bélgica destinado a los ciudadanos belgas, a los refugiados reconocidos en Bélgica y a los miembros de su familia nuclear, siempre que estos últimos fueran titulares de un visado o de un permiso de residencia para Bélgica. Dichas evacuaciones comenzaron en el mes de noviembre de 2023, pero tuvieron que interrumpirse en marzo de 2024.
20      Después de marzo de 2025, el Reino de Bélgica, el Estado de Israel y el Reino Hachemí de Jordania acordaron un nuevo proceso de evacuación de la Franja de Gaza, en cuyo marco el Reino de Bélgica se hace cargo del traslado de las mismas categorías de personas mencionadas en el apartado anterior desde dicho territorio hasta Bélgica, a través de Israel y de Jordania.
21      En una fecha no precisada, X y los cinco hijos de la pareja presentaron cada uno una solicitud de entrada y de residencia por reagrupación familiar ante la Office des étrangers (Oficina de Extranjería, Bélgica). La solicitud relativa a E se presentó ante la Embajada de Bélgica en Egipto, país en el que permanece, mientras que las demás solicitudes se presentaron a distancia.
22      El 23 de mayo de 2025, estas seis solicitudes fueron denegadas.
23      En una fecha no precisada, pero posterior al 26 de mayo de 2025, Y salió de Egipto y llegó solo a Bélgica.
24      A raíz de una solicitud del abogado de los demandantes en el litigio principal dirigida a que la Oficina de Extranjería reconsiderara su decisión denegatoria mencionada en el apartado 22 de la presente sentencia, dicha Oficina concedió, el 6 de octubre de 2025, visados por reagrupación familiar a X y a los cinco menores afectados, bajo la condición suspensiva de que se verificaran la identidad de los interesados y la autenticidad de los documentos aportados a sus solicitudes de entrada y de residencia. Para poder llevar a cabo dicha verificación, era necesaria la comparecencia en persona en una embajada o un consulado belga.
25      E pudo recoger su pasaporte provisto de un visado en la Embajada de Bélgica en Egipto el 16 de octubre de 2025. En cambio, X y los demás menores, que permanecían en la Franja de Gaza, no han podido desplazarse a una embajada o un consulado belga.
26      El 21 de octubre de 2025, los demandantes en el litigio principal interpusieron una demanda contra el Estado belga ante el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente, en el contexto de un procedimiento sobre medidas provisionales.
27      Con carácter principal, solicitaron que se ordenara al Estado belga inscribir a X y a los cuatro menores que aún se encuentran en la Franja de Gaza en la lista de personas que debían ser objeto de evacuación en el marco del proceso mencionado en el apartado 20 de la presente sentencia, así como organizar su evacuación una vez cumplidas las formalidades. Con carácter subsidiario, solicitaron, en esencia, que se ordenara al Estado belga informar a las autoridades israelíes, egipcias, jordanas o a cualquier otra autoridad implicada de que los interesados disponen de un visado para Bélgica y de que desean que se les autorice a abandonar la Franja de Gaza para desplazarse a Bélgica.
28      El Estado belga se opuso a la admisibilidad del recurso mediante una declinatoria de competencia, que fue desestimada por el órgano jurisdiccional remitente.
29      Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional declaró que las condiciones de vida de X y de sus cuatro hijos en la Franja de Gaza permitían apreciar la concurrencia del requisito de urgencia previsto por las disposiciones procesales belgas relativas al procedimiento sobre medidas provisionales.
30      El citado órgano jurisdiccional observó, además, que, con arreglo al Derecho nacional, el Estado belga dispone, cuando lleva a cabo un proceso de evacuación, de un margen de apreciación en cuanto a la determinación de los beneficiarios de dicho proceso, margen que consideró que no había sido manifiestamente infringido.
31      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente observó que el alcance de las obligaciones del Estado belga en virtud del Derecho de la Unión era objeto de una controversia entre las partes del litigio principal, controversia que no encontraba solución en la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia y cuya resolución por este podría resultar útil también para otros litigios similares pendientes ante los órganos jurisdiccionales belgas.
32      En estas circunstancias, el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      Cuando un Estado miembro, de conformidad con la [Directiva 2003/86] y con la [sentencia de 18 de abril de 2023, Afrin (C‑1/23 PPU, en lo sucesivo, “sentencia Afrin”, EU:C:2023:296)], concede un visado en el marco de una reagrupación familiar y exige que el beneficiario del visado comparezca personalmente en el momento de su expedición (entrega en mano) para comprobar su identidad, ¿se extiende la aplicación del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51 de la [Carta] más allá de la concesión del visado, por ejemplo hasta su expedición (entrega en mano)?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 13, apartado 1, de la [Directiva 2003/86], de forma aislada o en relación con los artículos 2, 4, 7 y 24 de la [Carta], en el sentido de que obliga al Estado miembro que ha concedido un visado como se indica en la primera cuestión prejudicial, cuando al beneficiario de dicho visado, nacional de un tercer país, le resulta imposible abandonar por sus propios medios el tercer país en el que reside y su vida en él está manifiestamente amenazada, a proporcionar a tal beneficiario la asistencia necesaria para abandonar ese país y obtener (entrega en mano) el visado?
3)      En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿debe consistir la asistencia que ha de prestarse con arreglo a la disposición o disposiciones mencionadas:
–        en incluir al beneficiario del visado, nacional de un tercer país, en un proceso de evacuación establecido por el Estado miembro de que se trata para ciertas categorías de personas determinadas por dicho Estado, en las mismas condiciones que estas, aunque el beneficiario no pertenezca a esas categorías; o, cuando menos,
–        en informar a las autoridades de cualquier tercer país que impida al beneficiario trasladarse a la Unión [Europea] de que este desea residir en la Unión y de que dispone del visado necesario a tal fin, aun cuando esta información quede fuera del marco del referido proceso de evacuación?»
Sobre la solicitud de aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia
33      El órgano jurisdiccional remitente ha solicitado que la presente petición de decisión prejudicial se tramite mediante el procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el artículo 23 bis, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
34      De estas disposiciones se desprende que la aplicación de dicho procedimiento está supeditada a dos requisitos acumulativos. Por una parte, la petición de decisión prejudicial debe suscitar cuestiones de interpretación relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia, objeto del título V de la tercera parte del Tratado FUE. Por otra, las circunstancias del litigio principal, tal como las describe el órgano jurisdiccional remitente, deben caracterizarse por la existencia de una situación de urgencia.
35      Por lo que respecta al primer requisito, procede señalar que la presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2003/86, que se adoptó sobre la base del artículo 63 CE, párrafo primero, punto 3, letra a), actualmente artículo 79 TFUE, apartado 2, letra a). Así pues, dicha Directiva está comprendida en el ámbito de aplicación del título V de la tercera parte del Tratado FUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia. Por lo tanto, con arreglo al artículo 23 bis, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al artículo 107 del Reglamento de Procedimiento, esta petición puede tramitarse mediante el procedimiento prejudicial de urgencia.
36      Por lo que respecta al segundo requisito, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la separación de un menor de uno de sus progenitores puede, cuando la prolongación de dicha separación pueda perjudicar gravemente al menor y a sus relaciones con ese progenitor, fundamentar la constatación de la existencia de una situación de urgencia a efectos de la aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de diciembre de 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, apartado 39; de 19 de noviembre de 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, apartado 32, y Afrin, apartado 26 y jurisprudencia citada).
37      En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que los menores A, B, C y D, nacidos entre los años 2013 y 2021, están separados de su padre desde hace casi dos años y que la prolongación de esta situación podría perjudicar gravemente a la futura relación de esos menores con este.
38      En estas circunstancias, la Sala Quinta del Tribunal de Justicia decidió el 12 de enero de 2026, oído el Abogado General, acceder a la solicitud del órgano jurisdiccional remitente de tramitar la presente petición de decisión prejudicial mediante el procedimiento prejudicial de urgencia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
39      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2003/86, de forma aislada o en relación con los artículos 2, 4, 7 y 24 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro está obligado, en el caso de un nacional de un tercer país al que se ha concedido un visado con fines de reagrupación familiar, supeditado a la verificación de su identidad y de la autenticidad de los documentos aportados a su solicitud de visado presentada a distancia —verificación que requiere la comparecencia en persona en una representación diplomática o consular de dicho Estado miembro—, a organizar y a garantizar el traslado de esa persona a ese lugar o a ponerse en contacto con uno o varios terceros países con el fin de facilitar dicho traslado cuando a esta persona le resulta imposible desplazarse a ese lugar.
40      El artículo 13, apartado 1, de esta Directiva establece que, tan pronto como se acepte una solicitud de reagrupación familiar, el Estado miembro de que se trate debe autorizar la entrada del miembro o miembros de la familia. A este respecto, ese Estado debe dar a estas personas toda clase de facilidades para la obtención de los visados necesarios.
41      En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en particular, sobre la interpretación de la segunda frase de esta disposición en circunstancias como las del litigio principal, esto es, las relativas al proceso de evacuación mencionado en el apartado 20 de la presente sentencia.
42      Aunque no forman parte de las categorías de personas beneficiarias de este proceso de evacuación, los demandantes en el litigio principal solicitaron que X y los cuatro menores que se encuentran en la Franja de Gaza pudieran ser incluidos en dicho proceso, invocando el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2003/86, así como la interpretación que de esta Directiva hizo el Tribunal de Justicia en la sentencia Afrin, que versaba principalmente sobre la interpretación del artículo 5 de dicha Directiva, el cual establece las normas relativas a la presentación y al examen de las solicitudes de reagrupación familiar.
43      En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2003/86, en relación con los artículos 7 y 24, apartados 2 y 3, de la Carta, se opone a una normativa nacional que supedita la presentación de una solicitud de entrada y de residencia con fines de reagrupación familiar a la obligación de que los miembros de la familia del reagrupante comparezcan en persona en una representación diplomática o consular, incluso cuando les resulte imposible o excesivamente difícil hacerlo. No obstante, el Tribunal de Justicia indicó expresamente que esta interpretación del Derecho de la Unión no impide que un Estado miembro exija la comparecencia en persona de los miembros de la familia del reagrupante en una fase posterior del procedimiento de reagrupación familiar, ya que este se desarrolla por etapas, y añadió, en el apartado 58 de dicha sentencia, que tal comparecencia puede tener por objeto comprobar los vínculos familiares y la identidad de los interesados. A este respecto, en el apartado 59 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia precisó que el Estado miembro debe facilitar esta comparecencia, en particular mediante la expedición de documentos consulares o salvoconductos.
44      Como señala el Abogado General en el punto 45 de sus conclusiones, el Reino de Bélgica se ha atenido, en el caso de autos, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de la sentencia Afrin, al prever la comparecencia de los interesados, a efectos de comprobar su identidad y la autenticidad de los documentos aportados a sus solicitudes de entrada y de residencia, con posterioridad a la presentación de la solicitud de reagrupación familiar.
45      Esta fase del procedimiento se rige por el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2003/86, según el cual el Estado miembro de que se trate está obligado, tras haber aceptado una solicitud de reagrupación familiar, a autorizar la entrada del miembro o miembros de la familia y a concederles «toda clase de facilidades para la obtención de los visados necesarios».
46      Dado que esta Directiva no define el alcance de esta obligación de conceder toda clase de facilidades para la obtención de los visados necesarios, es preciso determinar su significado teniendo en cuenta los términos y el contexto del citado artículo 13, apartado 1, así como los objetivos de dicha Directiva.
47      En efecto, tal y como se desprende de reiterada jurisprudencia, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión requiere tomar en consideración no solamente su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte. La génesis de una disposición del Derecho de la Unión también puede revelar elementos pertinentes para su interpretación (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2025, Provincie Oost-Vlaanderen y Sogent, C‑236/24, EU:C:2025:321, apartado 21 y jurisprudencia citada).
48      Por lo que respecta a los términos de la segunda frase de dicho artículo 13, apartado 1, es preciso señalar que, en el lenguaje corriente, el término «facilidades» designa los medios que permiten obtener algo sin dificultad y que el término «obtención» se refiere al hecho de lograr que se conceda algo. De este modo, la expresión «toda clase de facilidades para la obtención de los visados necesarios» designa todos los medios que permiten lograr la concesión de visados sin dificultad.
49      Por lo que respecta al contexto del mismo artículo 13, apartado 1, procede señalar que, de conformidad con el considerando 13 de la Directiva 2003/86, las normas de procedimiento que regulan el examen de las solicitudes de reagrupación familiar, así como la entrada y residencia de los miembros de la familia, deben ser eficaces y aplicables en relación con la carga normal de trabajo de las Administraciones de los Estados miembros.
50      Asimismo, del apartado 5.1 de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre las directrices de aplicación de la Directiva 2003/86 [COM(2014) 210 final], que el Tribunal de Justicia tiene en cuenta a efectos de la interpretación de dicha Directiva [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, État belge (Derecho de residencia en caso de violencia doméstica), C‑930/19, EU:C:2021:657, apartado 64], se desprende que la obligación de conceder toda clase de facilidades para la obtención de visados significa que «los Estados miembros deben aplicar un procedimiento de expedición de visados acelerado, reducir al mínimo las cargas administrativas y evitar toda doble comprobación del cumplimiento de los requisitos para la reagrupación familiar». Dicho apartado 5.1 añade que, «en circunstancias excepcionales, por ejemplo, en el contexto de un Estado fallido o de un Estado con altos riesgos internos de seguridad, se recomienda a los Estados miembros que acepten los documentos de viaje de emergencia expedidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que expidan ellos mismos un salvoconducto nacional de ida o que ofrezcan a los miembros de la familia la posibilidad de que se les extienda un visado a su llegada al Estado miembro».
51      Por lo que respecta a la génesis de dicha Directiva, procede señalar que el comentario de los artículos de la propuesta de Directiva del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar, presentada por la Comisión el 1 de diciembre de 1999 [COM(1999) 638 final, p. 22], indica que, cuando se acepta una solicitud de reagrupación familiar y el beneficiario «necesita un visado para entrar en el Estado miembro donde reside el reagrupante, este Estado miembro debe facilitar la emisión del visado, expidiéndolo en un breve plazo».
52      Habida cuenta de estos elementos contextuales y de la génesis del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2003/86, y tal y como señala el Abogado General, en esencia, en los puntos 48, 49 y 51 de sus conclusiones, procede considerar que esta disposición, en su segunda frase, impone a los Estados miembros la obligación de eliminar los obstáculos administrativos injustificados y de aplicar procedimientos administrativos rápidos y eficaces a efectos de la expedición de visados. En cambio, ni esta disposición ni ninguna otra de dicha Directiva impone obligaciones relativas a las relaciones diplomáticas o consulares entre un Estado miembro y un tercer país.
53      Tal interpretación es conforme con el objetivo perseguido por esta Directiva que, como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia, pretende favorecer la reagrupación familiar y conceder protección a los nacionales de terceros países, en particular a los menores (sentencia Afrin, apartado 42 y jurisprudencia citada).
54      Dicha interpretación no queda desvirtuada por la interpretación del Tribunal de Justicia en la sentencia Afrin. Es cierto que, en los apartados 50 y 51 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia señaló que, en situaciones en las que la comparecencia en persona resulte imposible o excesivamente difícil, en particular cuando los miembros de la familia del reagrupante viven en zonas de conflicto y corren el riesgo de exponerse a tratos inhumanos o degradantes, o incluso de poner en peligro su vida, si se desplazan, es indispensable, para alcanzar el objetivo perseguido por dicha Directiva, que los Estados miembros hagan muestra de la flexibilidad necesaria para permitir que los interesados puedan presentar efectivamente sus solicitudes de reagrupación familiar.
55      Dicho esto, tal y como se desprende de los apartados 58 y 59 de la citada sentencia, esta exigencia de flexibilidad por parte de los Estados miembros implica únicamente permitir que la comparecencia en persona tenga lugar en una fase avanzada del procedimiento o, incluso, en su fase final, en lugar de en el momento de presentación de la solicitud de reagrupación familiar, o bien facilitar tal comparecencia, en su caso mediante la expedición de documentos consulares o salvoconductos, y reducir al mínimo necesario el número de comparecencias. Pues bien, es preciso señalar que todas estas obligaciones se distinguen, por su propia naturaleza, de aquellas relativas a las relaciones diplomáticas o consulares entre un Estado miembro y un tercer país.
56      De ello se deduce que, en un contexto caracterizado por una obligación general de eliminar los obstáculos administrativos injustificados y de aplicar procedimientos administrativos rápidos y eficaces, las obligaciones específicas que incumben a los Estados miembros en el marco de la aplicación del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2003/86 pueden referirse, por ejemplo, a la accesibilidad de sus servicios consulares o a la expedición a la persona interesada de documentos que puedan facilitar su desplazamiento hacia su oficina consular, como una invitación a comparecer ante las autoridades consulares.
57      Como señaló el Abogado General en el punto 51 de sus conclusiones, la inclusión de los miembros de la familia de Y en el proceso de evacuación de la Franja de Gaza mencionado en el apartado 20 de la presente sentencia o la prestación de una asistencia consistente en informar a las autoridades de los terceros países de su deseo de ser autorizados a abandonar dicho territorio para trasladarse a Bélgica requeriría la adopción de medidas que van más allá de los requisitos establecidos en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2003/86. En efecto, tales iniciativas implicarían actuaciones de carácter diplomático o consular por parte del Reino de Bélgica ante uno o varios terceros países, que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, sino en el de las relaciones internacionales de ese Estado miembro con terceros países, en el presente asunto el Estado de Israel, el Reino Hachemí de Jordania y, en su caso, la República Árabe de Egipto.
58      Por lo demás, en lo que respecta al ámbito de la protección diplomática y consular, procede señalar que, como indicó el Abogado General en los puntos 60 y 61 de sus conclusiones, los artículos 20 TFUE, apartado 2, letra c), y 23 TFUE, así como el artículo 46 de la Carta, se aplican únicamente a los ciudadanos de la Unión que se encuentren en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que son nacionales y, conforme al artículo 5 de la Directiva 2015/637, a los miembros de su familia que los acompañen y que no sean ciudadanos de la Unión, pero no a los nacionales de terceros países que tengan derecho a la reagrupación familiar en virtud de la Directiva 2003/86.
59      Por último, en lo que se refiere a la posible pertinencia de los artículos 2, 4, 7 y 24 de la Carta, el artículo 51, apartados 1 y 2, de esta establece que sus disposiciones se aplican a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión y que en ningún caso amplían las competencias de la Unión tal y como se definen en los Tratados.
60      Pues bien, como se desprende del apartado 57 de la presente sentencia, las medidas solicitadas por los demandantes en el litigio principal, descritas en el apartado 27 de esta sentencia, no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/86, de modo que la negativa a acceder a tal solicitud no constituye una aplicación del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta. Por consiguiente, dicha solicitud tampoco puede fundamentarse en las disposiciones de la Carta.
61      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2003/86, en relación con los artículos 2, 4, 7 y 24 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no está obligado, en el caso de un nacional de un tercer país al que se ha concedido un visado con fines de reagrupación familiar, supeditado a la verificación de su identidad y de la autenticidad de los documentos aportados a su solicitud de visado presentada a distancia —verificación que requiere la comparecencia en persona en una representación diplomática o consular de dicho Estado miembro—, a organizar ni a garantizar el traslado de esa persona a ese lugar ni a ponerse en contacto con uno o varios terceros países con el fin de facilitar dicho traslado cuando a esta persona le resulta imposible desplazarse a ese lugar.
Costas
62      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, en relación con los artículos 2, 4, 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
un Estado miembro no está obligado, en el caso de un nacional de un tercer país al que se ha concedido un visado con fines de reagrupación familiar, supeditado a la verificación de su identidad y de la autenticidad de los documentos aportados a su solicitud de visado presentada a distancia —verificación que requiere la comparecencia en persona en una representación diplomática o consular de dicho Estado miembro—, a organizar ni a garantizar el traslado de esa persona a ese lugar ni a ponerse en contacto con uno o varios terceros países con el fin de facilitar dicho traslado cuando a esta persona le resulta imposible desplazarse a ese lugar.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.