62022CC0777
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 21 de noviembre de 2024 (
1
)
Asuntos acumulados C‑777/22 P y C‑789/22 P
Banco Central Europeo (BCE)
contra
Francesca Corneli (C‑777/22 P)
y
Comisión Europea
contra
Francesca Corneli (C‑789/22 P)
«Recurso de casación — Política económica y monetaria — Mecanismo Único de Supervisión — Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Artículo 4, apartado 3, párrafo primero — Aplicación por el BCE de la legislación nacional mediante la cual se transponen directivas — Directiva 2014/59/UE — Artículo 29, apartado 1, primera frase — Aplicabilidad directa — Obligación de los particulares — Interpretación conforme — Control judicial de la aplicación del Derecho nacional por el BCE — Decisión del BCE de someter a Banca Carige SpA a administración provisional — Recurso de anulación interpuesto por un pequeño accionista — Admisibilidad — Artículo 263 TFUE, párrafo cuarto — Afectación directa e individual — Subsistencia del interés en ejercitar la acción»
Índice
I. Introducción
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
1. Reglamento n.o 1024/2013
2. Directiva 2014/59
B. Derecho nacional
III. Antecedentes del litigio
A. Hechos
B. Sentencia recurrida
IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
V. Apreciación
A. Resumen de los motivos de casación y orden de examen
B. Motivos de casación relativos a la admisibilidad del recurso
1. Legitimación activa en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto
a) Afectación directa
b) Afectación individual
2. Subsistencia del interés en ejercitar la acción
3. Conclusión provisional
C. Motivos relativos al fondo del recurso: ¿se infringe el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013, en relación con el artículo 29 de la Directiva 2014/59 y el artículo 70, apartado 1, del TUB?
1. Orden del examen
2. ¿Aplicabilidad directa y primacía del artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59?
a) Estructura normativa del artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59
b) ¿Aplicabilidad directa del artículo 29, apartado 1, de la Directiva 2014/59 en perjuicio del Banco y de sus accionistas?
3. Con carácter subsidiario: ¿aplicación directa por el BCE del artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59?
a) BCE como destinatario de las disposiciones de la Directiva directamente aplicables
b) Consecuencias de la aplicabilidad directa del artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59 en perjuicio del Banco y de sus accionistas
4. ¿Interpretación conforme del artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), y del artículo 70, apartado 1, del TUB?
5. Derecho nacional en el sentido del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013: ¿cuestión de «Derecho» o de «hecho»?
6. Admisibilidad de la imputación relativa a la interpretación conforme del artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 70, apartado 1, del TUB
7. Conclusión provisional
VI. Conclusión
I. Introducción
1.
Los presentes recursos de casación acumulados interpuestos por el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (en lo sucesivo, denominados conjuntamente «recurrentes en casación») impugnan una sentencia del Tribunal General (en lo sucesivo, «sentencia recurrida») (
2
) por la que este anuló las decisiones del BCE de 1 de enero y de 29 de marzo de 2019 (en lo sucesivo, «decisiones impugnadas»). (
3
) Mediante estas decisiones, el BCE había sometido a Banca Carige SpA (en lo sucesivo, «Banco») a administración provisional y había prorrogado esta hasta el 30 de septiembre de 2019. (
4
)
2.
La demandante en primera instancia y recurrida en casación, la Sra. Francesca Corneli, era una de los muchos accionistas minoritarios del Banco.
3.
Por una parte, los recurrentes en casación reprochan al Tribunal General haber declarado erróneamente la admisibilidad del recurso. A su juicio, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que subsistía el interés de la Sra. Corneli en ejercitar la acción de anulación de las decisiones impugnadas y que estas la afectaban directa e individualmente en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuatro. A este respecto, el Tribunal General distinguió la situación de la Sra. Corneli en relación con la administración provisional del Banco ordenada por el BCE de la situación de los accionistas en que se basó la sentencia BCE y otros/Trasta Komercbanka y otros. (
5
) En efecto, en ese asunto, los accionistas habían impugnado una decisión del BCE de revocar la autorización al banco en cuestión. El Tribunal de Justicia no consideró que estos accionistas resultasen directamente afectados por esa decisión y, por lo tanto, declaró inadmisible su recurso de anulación, puesto que, a su juicio, la decisión solo tuvo un impacto económico negativo sobre ellos, pero no afectó a su posición jurídica. (
6
)
4.
Por otro lado, los recurrentes en casación alegan esencialmente que el Tribunal General infringió el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013. (
7
) A este respecto, se suscitan importantes cuestiones jurídicas que aún no han sido aclaradas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Estas versan sobre el alcance de la obligación del BCE prevista en dicho Reglamento de aplicar también la legislación nacional que incorpore el Derecho de la Unión pertinente —incluida la Directiva 2014/59/UE— (
8
) al ejercer sus competencias de supervisión de las entidades de crédito en el marco del Mecanismo Único de Supervisión:
–
¿Debe el BCE aplicar la legislación nacional tal y como ha sido adoptada por el legislador en transposición de una directiva y ha sido interpretada y aplicada por los órganos jurisdiccionales nacionales, aunque entre en conflicto con las disposiciones de dicha directiva?
–
En el caso de las disposiciones de una directiva directamente aplicables, ¿deben no solo las autoridades y los tribunales de los Estados miembros, sino también el BCE, aplicar exclusivamente dichas disposiciones y dejar inaplicada la legislación nacional contraria a aquellas, de conformidad con el principio de primacía del Derecho de la Unión?
–
Si no cabe proceder a la aplicación directa de las disposiciones de una directiva, por ejemplo, porque crean obligaciones para los particulares, ¿debe el BCE observar los principios aplicables a la interpretación conforme de la legislación nacional?
–
¿Debe el BCE basarse en los métodos de interpretación reconocidos en la legislación nacional y en la jurisprudencia de los tribunales de los Estados miembros emanada al respecto?
5.
En mi opinión, en el contexto de los postulados fundamentales de preservación de la unidad y del Estado de Derecho del ordenamiento jurídico de la Unión, el BCE, como institución de la Unión, no puede, en resumidas cuentas, estar obligado, en virtud del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013, a infringir conscientemente el Derecho de la Unión aplicando un Derecho nacional que lo contradice. Si, a pesar de ello, lo hiciera, la situación tendría que ser corregida por los tribunales de la Unión. Sin embargo, estas cuestiones y la fundamentación de tal conclusión resultan igualmente muy controvertidas en la doctrina. (
9
) A este respecto, habrá de elucidarse la cuestión, igualmente controvertida, de qué criterios de examen se aplican en el procedimiento de anulación en primera instancia y en el subsiguiente procedimiento de casación en relación con los actos del BCE de aplicación de la legislación nacional. (
10
)
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
6.
El marco jurídico de la Unión aplicable en el caso de autos lo componen esencialmente el Reglamento n.o 1024/2013 y la Directiva 2014/59.
1. Reglamento n.o 1024/2013
7.
El considerando 34 del Reglamento n.o 1024/2013 establece:
«Para el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus competencias de supervisión, el BCE deberá aplicar las normas sustantivas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito. Dichas normas estarán formadas a partir de la legislación correspondiente de la Unión, en particular los reglamentos directamente aplicables o las directivas, como las relativas a los requisitos de capital para las entidades de crédito y a los conglomerados financieros. Cuando las normas sustantivas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito estén establecidas en directivas, el BCE deberá aplicar la legislación nacional que incorpore dichas directivas. Cuando la legislación aplicable de la Unión esté compuesta por reglamentos y en los ámbitos en que dichos reglamentos, en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, otorguen expresamente opciones a los Estados miembros, el BCE debe aplicar también la legislación nacional que incorpore dichas opciones al ordenamiento jurídico nacional. Se entenderá que dichas opciones excluyen las opciones que únicamente son accesibles para las autoridades competentes o designadas. Esto se entiende sin perjuicio del principio de la primacía del Derecho de la Unión. De ello se deduce que el BCE, al adoptar directrices o recomendaciones o al tomar decisiones, debe basarse en el Derecho vinculante de la Unión que corresponda y actuar de conformidad con el mismo.»
8.
El artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013 dispone:
«A los efectos de desempeñar las funciones que le atribuye el presente Reglamento, y con el objetivo de garantizar una supervisión rigurosa, el BCE aplicará toda la legislación aplicable de la Unión y, en los casos en que dicha legislación esté integrada por directivas, la legislación nacional que las incorpore al ordenamiento jurídico nacional. Cuando la legislación aplicable de la Unión esté compuesta por Reglamentos y en los ámbitos en que en la actualidad dichos Reglamentos otorguen expresamente opciones a los Estados miembros, el BCE aplicará también la legislación nacional que incorpore esas opciones al ordenamiento jurídico nacional.»
2. Directiva 2014/59
9.
El considerando 39 de la Directiva 2014/59 tiene el siguiente tenor:
«Durante las fases de reestructuración [y] actuación temprana previstas en la presente Directiva los accionistas deben mantener en su totalidad la responsabilidad y el control de la entidad, salvo cuando la autoridad competente haya nombrado a un administrador provisional. […]»
10.
El considerando 40 de esta Directiva establece, entre otras cosas, lo siguiente:
«Con el fin de preservar la estabilidad financiera, es importante que las autoridades competentes puedan corregir el deterioro de la situación financiera y económica de una entidad antes de que llegue a un punto en el que las autoridades no tengan más alternativa que la resolución. Para ello, las autoridades competentes deben contar con competencias de intervención desde el primer momento, incluida la competencia de nombrar a un administrador provisional, ya sea para sustituir o colaborar temporalmente con el órgano de dirección y la alta dirección de una entidad. El cometido del administrador provisional debe ser el de ejercer todas las competencias que se le confieran con miras a promover soluciones para restablecer la situación financiera de la entidad. La designación del administrador provisional no debe, sin embargo, interferir indebidamente en los derechos de los accionistas o propietarios, ni tampoco en los requisitos de procedimiento establecidos por el Derecho de sociedades nacional o de la Unión, y debe respetar las obligaciones internacionales de la Unión o de los Estados miembros en materia de protección de las inversiones. […]»
11.
El artículo 28 de la Directiva 2014/59, titulado «Cese de la alta dirección y del órgano de dirección», dispone:
«Los Estados miembros garantizarán que, en los casos en los que exista un deterioro significativo de la situación financiera de una entidad o cuando se hayan infringido gravemente disposiciones legales[,] reglamentarias o de los estatutos de la entidad o existan graves irregularidades administrativas, y las medidas tomadas de conformidad con el artículo 27 no sean suficientes para poner fin a este deterioro, las autoridades competentes puedan exigir el cese de la alta dirección y del órgano de dirección de la entidad, en su totalidad o individualmente. La designación de la nueva alta dirección u órgano de dirección se llevará a cabo de conformidad con la legislación nacional y de la Unión, y estará sujeta a la aprobación o consentimiento de la autoridad competente.»
12.
El artículo 29 de la Directiva 2014/59, titulado «Administrador provisional», prevé:
«1.   Los Estados miembros garantizarán que, cuando la sustitución de la alta dirección u órgano de dirección de conformidad con el artículo 28 sea considerada insuficiente por la autoridad competente para poner remedio a la situación, las autoridades competentes puedan designar a uno o más administradores provisionales de la entidad. Basándose en lo que resulte proporcionado a las circunstancias, las autoridades competentes podrán designar a los posibles administradores provisionales, bien para sustituir temporalmente a la dirección de la entidad o para colaborar temporalmente con el órgano de dirección de la entidad, y la autoridad competente así lo especificará en el momento de la designación. Si la autoridad competente designa a un administrador provisional para colaborar con el órgano de dirección de la entidad, la autoridad competente especificará más detalladamente en el momento de dicha designación la función, las obligaciones y las competencias del administrador provisional, así como la posible necesidad de que el órgano de dirección de la entidad consulte al administrador provisional u obtenga su consentimiento antes de adoptar decisiones o acciones específicas. Se exigirá a la autoridad competente que haga pública la designación de todo administrador provisional, excepto cuando el administrador provisional no tenga la competencia de representar a la entidad. Los Estados miembros garantizarán que todo administrador provisional cuente con la cualificación, la capacidad y los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones y esté libre de todo conflicto de intereses.
2.   La autoridad competente especificará las competencias del administrador provisional en el momento de su designación, basándose en lo que resulte proporcionado a las circunstancias. Tales competencias podrán incluir algunos o todos los poderes del órgano de dirección de la entidad, de acuerdo con los estatutos de esta y con la legislación nacional, incluida la facultad de desempeñar algunas de las funciones administrativas del órgano de dirección de la entidad o todas ellas. Las competencias del administrador provisional en relación con la entidad serán conformes con el derecho de sociedades aplicable.
3.   La autoridad competente especificará en el momento de la designación el papel y las funciones del administrador provisional, que podrán incluir la determinación de la situación financiera de la entidad, la gestión de la actividad o de parte de la actividad de la entidad con miras a preservar o restaurar la situación financiera de la entidad, y la adopción de medidas orientadas a restaurar la gestión sana y prudente de la actividad de la entidad. La autoridad competente especificará en el momento de la designación todo posible límite del papel y las funciones del administrador provisional.
4.   Los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes tengan la facultad exclusiva de designar y destituir a todo administrador provisional. La autoridad competente podrá destituir a un administrador provisional en cualquier momento y por cualquier motivo. Con sujeción a lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad competente podrá modificar las condiciones de designación de un administrador provisional en cualquier momento.
5.   La autoridad competente podrá requerir que algunas de las acciones de un administrador provisional deban someterse a su acuerdo previo. La autoridad competente especificará todo posible requisito de este tipo en el momento de la designación de un administrador provisional o en el momento en que se produzca cualquier cambio de las condiciones de designación de un administrador provisional.
En cualquier caso, el administrador provisional solo podrá ejercer sus competencias para convocar la junta general de accionistas de la entidad y fijar los puntos del orden del día previo acuerdo de la autoridad competente.
6.   La autoridad competente podrá exigir que el administrador provisional elabore informes sobre la situación financiera de la entidad y sobre su actuación durante el transcurso de su mandato, a intervalos establecidos por la autoridad competente y al final de su mandato.
7.   El período de ejercicio del cargo de administrador provisional no será superior a un año. Este período se podrá renovar, de forma excepcional, siempre y cuando se sigan cumpliendo las condiciones para designar al administrador provisional. La autoridad competente deberá determinar si las condiciones son adecuadas para mantener a un administrador provisional y justificarán dicha decisión a los accionistas.
8.   Con sujeción a las disposiciones del presente artículo, la designación del administrador provisional no menoscabará los derechos que se reconocen a los accionistas de conformidad con el Derecho de sociedades nacional o de la Unión.
9.   De conformidad con el Derecho nacional, los Estados miembros podrán limitar la responsabilidad por acciones u omisiones de todo administrador provisional en el momento de la aprobación de su gestión como administrador provisional de conformidad con el apartado 3.
10.   Un administrador provisional designado de conformidad con el presente artículo no se considerará como un director paralelo o como un director de facto con arreglo al Derecho nacional.»
B.
Derecho nacional
13.
La Directiva 2014/59 se transpuso a la legislación italiana mediante el Decreto Legislativo n.o 181 de 16 de noviembre de 2015. (
11
)
14.
El artículo 8 de la Ley n.o 114 de 9 de julio de 2015, (
12
) que establece los principios necesarios y los criterios rectores para el ejercicio de las competencias, dispone, entre otras cosas:
«1.   En el ejercicio de la facultad de transposición de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Gobierno está obligado a cumplir, además de los principios y criterios rectores mencionados en el artículo 1, apartado 1, los principios y criterios consagrados en la Directiva 2014/59/UE y observar los principios y criterios rectores específicos siguientes:
a)
garantizar la coherencia y la compatibilidad entre la legislación nacional de transposición de la Directiva y el marco jurídico europeo de supervisión bancaria, gestión de crisis y protección de los depositantes, en particular velando por que las opciones previstas en la Directiva 2014/59/UE se apliquen de conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010;
[…]».
15.
Mediante el Decreto Legislativo n.o 181 se modificó la Ley de Banca y Crédito (Testo unico bancario) (en lo sucesivo, «TUB»). (
13
) En la sección 01-I, titulada «Medidas de intervención temprana», se introdujo el artículo 69 octiesdecies, cuyo apartado 1, letra b), tiene el siguiente tenor:
«La Banca d’Italia [Banco Central de Italia] podrá adoptar las siguientes medidas contra un banco o la sociedad matriz de un grupo bancario:
[…]
b)
la destitución de los directivos contemplados en el artículo 69 vicies semel, en caso de infracción grave de disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias, o de irregularidades graves en el marco de la Administración, o cuando el deterioro de la situación del banco o del grupo bancario sea particularmente significativo, siempre que las medidas contempladas en la letra a) o previstas en los artículos 53 bis y 67 ter no sean suficientes para subsanar la situación.»
16.
El artículo 69 vicies semel del TUB autoriza a la autoridad supervisora a destituir a miembros concretos de los órganos de administración y control y de la dirección general.
17.
El artículo 70, apartado 1, del TUB, comprendido en la sección I, titulada «Administración extraordinaria», establece:
«La Banca d’Italia podrá ordenar la disolución de los órganos que ejercen funciones de administración y control de los bancos en los casos de infracción o irregularidad contemplados en el artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), o si se prevén graves pérdidas financieras, o si la disolución se solicita mediante petición motivada de los órganos de administración o de la junta general extraordinaria de accionistas.»
III. Antecedentes del litigio
A.
Hechos
18.
El Banco es una entidad de crédito cotizada con domicilio social en Italia que está sujeta a la supervisión prudencial directa del BCE desde 2014. Entre diciembre de 2014 y el 1 de enero de 2019, acumuló pérdidas de más de 1600 millones de euros. Cuando interpuso su recurso ante el Tribunal General, la Sra. Corneli era titular de 200000 acciones ordinarias, que correspondían al 0,000361 % del capital social del Banco.
19.
Desde 2016 hasta finales de 2018, el BCE adoptó varias medidas infructuosas de recapitalización y estabilización del Banco con el fin de que pudiera volver a cumplir los requisitos de fondos propios en el sentido del artículo 27, apartado 1, de la Directiva 2014/59. (
14
)
20.
Mediante la primera decisión impugnada, de 1 de enero de 2019, basada en los artículos 69 octiesdecies, 70 y 98 del TUB en relación con el artículo 29 de la Directiva 2014/59, el BCE sometió al Banco a administración provisional (en lo sucesivo, «decisión de administración provisional») y ordenó, en particular, las siguientes medidas:
–
disolución del Consejo de Administración del Banco y sustitución de los antiguos miembros por tres administradores provisionales, entre ellos M. e I., que anteriormente habían sido Presidente del Consejo de Administración y director general del Banco, respectivamente;
–
disolución del Consejo de Supervisión del Banco y sustitución de los antiguos miembros por otras tres personas;
–
atribución a los nuevos órganos de la tarea consistente en «adoptar las medidas necesarias para garantizar que [el Banco] cumpla de nuevo las exigencias patrimoniales de forma duradera».
21.
El 2 de enero de 2019, la adopción de la decisión de sometimiento a administración provisional se anunció de forma paralela mediante sendos comunicados de prensa del BCE y del Banco. A continuación, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa, Italia) suspendió la negociación de los títulos emitidos o garantizados por el Banco «hasta la entrada en vigor de [dicha] decisión o hasta el restablecimiento, en particular a raíz de las nuevas iniciativas de las autoridades competentes en materia de supervisión cautelar, de un marco de información completo sobre [dichos] títulos».
22.
Mediante la segunda decisión controvertida, de 29 de marzo de 2019, el BCE prorrogó hasta el 30 de septiembre de 2019 el sometimiento a administración provisional (en lo sucesivo, «decisión de prórroga»). Así lo anunció el Banco mediante comunicado de prensa el 30 de marzo de 2019.
23.
Mediante decisión de 30 de septiembre de 2019, el BCE prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019 el sometimiento a administración provisional (en lo sucesivo, «segunda decisión de prórroga»).
24.
Mediante decisión de 20 de diciembre de 2019, el BCE prorrogó hasta el 31 de enero de 2020 la administración provisional con el fin de permitir la finalización de la operación de refuerzo de los fondos propios (en lo sucesivo, «tercera decisión de prórroga»).
25.
Según la información coincidente facilitada por las partes en respuesta a las preguntas escritas y orales del Tribunal de Justicia, el Banco fue recapitalizado por el Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fondo Interbancario de Protección de Depósitos, Italia) (en lo sucesivo, «FITD») (
15
) en septiembre de 2019 sobre la base de un acuerdo marco celebrado por los administradores provisionales y aprobado por la junta general extraordinaria de accionistas del Banco. El FITD vendió sus acciones del Banco a BPER Banca S.p.a. en verano de 2022. El subsiguiente proceso de squeeze-out dio lugar a que la Sra. Corneli tuviera que vender sus acciones en septiembre de 2022, perdiendo así su condición de accionista (minoritaria) del Banco.
B.
Sentencia recurrida
26.
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 11 de julio de 2019, la Sra. Corneli interpuso un recurso de anulación de las decisiones impugnadas. La Comisión apoyó las pretensiones de desestimación del BCE como parte coadyuvante.
27.
En la sentencia recurrida, el Tribunal General anuló las decisiones impugnadas. Desestimó el recurso en todo lo demás en la medida en que se dirigía en general contra cualquier acto sucesivo o posterior a la primera decisión impugnada, es decir, incluidas las decisiones de prórroga segunda y tercera.
28.
El Tribunal General rechazó la excepción de inadmisibilidad propuesta por el BCE y apoyada por la Comisión por considerar que la Sra. Corneli, como accionista minoritaria del Banco, resultaba directa e individualmente afectada por las decisiones impugnadas en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y tenía interés en ejercitar la acción. Por lo tanto, a su juicio, gozaba de legitimación activa. (
16
)
29.
En cuanto al fondo, el Tribunal General consideró esencialmente que el BCE había apoyado las decisiones impugnadas en una base jurídica insuficiente. Estas se basaban en un «deterioro significativo de la situación [del Banco]» en el sentido del artículo 70, apartado 1, del TUB, que transpone el artículo 29 de la Directiva 2014/59, aunque esta disposición (nacional) no contiene tal requisito. Tal requisito solo se encuentra en el artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), del TUB, que transpone el artículo 28 de la Directiva. Esta última disposición (nacional) solo regula la «destitución» de los órganos de administración o de control del Banco, pero no la facultad —prevista en el artículo 70 del TUB— de someter al Banco a administración provisional mediante la «disolución» de dichos órganos. Por tanto, a su juicio, los artículos 69 octiesdecies y 70 del TUB hacen referencia a supuestos diferentes y —a la vista del tenor de los artículos 28 y 29 de la Directiva 2014/59— a medidas de diverso grado de intervención que debían adoptarse sucesivamente y que dependían de requisitos diferentes, en cada caso exhaustivos (alternativos). Por lo tanto —concluye el Tribunal General— el requisito de «deterioro de la situación del Banco» no se aplica a las medidas contempladas en el artículo 70 del TUB, de modo que el BCE infringió esta disposición. (
17
)
30.
A la vista del inequívoco tenor de los artículos 69 octiesdecies y 70 del TUB y de los claros términos empleados en los mismos, a juicio del Tribunal General no cabe realizar una interpretación conforme con el Derecho de la Unión. La medida adoptada por el BCE es la prevista en el artículo 70 del TUB, por lo que deben cumplirse los requisitos que contempla. (
18
) El «deterioro de la situación del Banco» previsto en el artículo 69 octiesdecies del TUB «no es una expresión genérica, sino un requisito establecido por un texto legislativo, que se refiere a una lista exhaustiva de cuatro requisitos alternativos» y, por lo tanto, no puede justificar la adopción de una medida al amparo del artículo 70 del TUB. (
19
)
31.
Además, el BCE no está obligado, según el Tribunal General, a aplicar la Directiva 2014/59 con el fin de ordenar la administración provisional del Banco en caso de deterioro significativo de su situación. Tampoco se deduce así de la obligación que le incumbe, en virtud del artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 1024/2013, de aplicar el Derecho nacional que transpone las directivas. Esta disposición no puede interpretarse en el sentido de que «contiene dos fuentes distintas de obligaciones, a saber, todo el Derecho de la Unión, incluidas las directivas, al que debe añadirse el Derecho nacional que las transpone». Según el Tribunal General, tal interpretación «supondría que las disposiciones nacionales difieren de las directivas y que, en tal caso, los dos tipos de documentos se imponen al BCE como fuentes normativas distintas». (
20
) Sin embargo, tal interpretación sería contraria al artículo 288 TFUE. Además, una directiva no puede crear obligaciones para un particular. Así pues, no puede subsanarse el error cometido por el BCE mediante una interpretación libre del artículo 70 del TUB a la luz de la Directiva 2014/59. (
21
)
32.
El Tribunal General no examinó los otros seis motivos (
22
) por él identificados.
33.
En la medida en que la Sra. Corneli también se opuso a las decisiones de prórroga segunda y tercera utilizando la expresión «todo acto sucesivo o posterior» en la demanda, en la réplica y en un escrito posterior, el Tribunal General rechazó la admisibilidad de tal impugnación por falta de precisión y por no cumplir los requisitos de los artículos 76, letra d), y 86 de su Reglamento de Procedimiento, puesto que la demanda no hacía suficiente referencia a ello. (
23
)
IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
34.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de diciembre de 2022, el BCE interpuso recurso de casación en el asunto C‑777/22 P.
35.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de diciembre de 2022, la Comisión interpuso recurso de casación en el asunto C‑789/22 P.
36.
Atendiendo las solicitudes presentadas por la Comisión y el BCE el 18 y el 20 de enero de 2023, respectivamente, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió, el 8 de febrero de 2023, acumular los asuntos C‑777/22 P y C‑789/22 P, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
37.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de marzo de 2023, Italia solicitó, de conformidad con el artículo 40, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, intervenir en el procedimiento en apoyo de las pretensiones del BCE y de la Comisión. Mediante decisión de 17 de abril de 2023, el Presidente del Tribunal de Justicia estimó esta solicitud. Italia presentó su escrito de formalización de la intervención el 26 de mayo de 2023.
38.
El BCE, apoyado por Italia, solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida en la medida en que anula las decisiones impugnadas.
–
Declare la inadmisibilidad del recurso de anulación.
–
Con carácter subsidiario, declare la legalidad de las decisiones impugnadas y, en su caso, devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre los motivos no examinados en la sentencia recurrida.
–
Condene a la Sra. Corneli a cargar con las costas en que haya incurrido el BCE tanto en primera instancia como en el procedimiento de casación.
39.
La Comisión, apoyada por Italia, solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Declare la inadmisibilidad del recurso de anulación y lo desestime por infundado.
–
Condene a la Sra. Corneli al pago de las costas de ambas instancias.
–
Con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal General.
40.
La Sra. Corneli solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Declare la inadmisibilidad de los recursos y confirme la sentencia recurrida.
–
Con carácter subsidiario, estime las pretensiones no examinadas por el Tribunal General.
–
Con carácter subsidiario de segundo grado, devuelva el asunto al Tribunal General para que lo examine de nuevo.
41.
Estimando las solicitudes presentadas por el BCE e Italia el 3 y el 6 de noviembre de 2023, respectivamente, los asuntos acumulados fueron remitidos a la Gran Sala del Tribunal de Justicia el 7 de mayo de 2024.
42.
El 7 de mayo de 2024, el Tribunal de Justicia instó a las partes que respondieran por escrito a ciertas preguntas, lo cual hicieron dentro de los plazos establecidos.
43.
En la audiencia pública del 25 de junio de 2024, las partes formularon observaciones orales y respondieron a las preguntas del Tribunal de Justicia.
V. Apreciación
A.
Resumen de los motivos de casación y orden de examen
44.
En el asunto C‑777/22 P, el BCE, apoyado por Italia, invoca dos motivos de casación.
45.
Mediante el primer motivo, el BCE alega varios errores de Derecho del Tribunal General en su apreciación de la «afectación directa e individual» de la Sra. Corneli en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y de su interés en ejercitar la acción. Mediante el segundo motivo de casación, el BCE reprocha al Tribunal General haber realizado una apreciación errónea de los fundamentos de Derecho invocados en las decisiones impugnadas; a su juicio, esta apreciación debería haberse realizado, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013, sobre la base de todo el Derecho nacional aplicable y de sus métodos de interpretación. Se trata, en particular, del artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), y del artículo 70, apartado 1, del TUB, tal como han sido interpretados por los órganos jurisdiccionales italianos.
46.
En el asunto C‑789/22 P, la Comisión, apoyada por Italia, invoca cinco motivos de casación, algunos de los cuales coinciden con los del BCE.
47.
Mediante su primer motivo, la Comisión critica los mismos errores de Derecho del Tribunal General que censura el BCE en su primer motivo en la aplicación del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Mediante su segundo motivo, la Comisión alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en la aplicación del artículo 84 de su Reglamento de Procedimiento, al abordar inadmisiblemente de oficio un vicio de Derecho material y pronunciarse ultra petita. Mediante su tercer motivo, la Comisión impugna —de modo similar al segundo motivo de casación del BCE— una interpretación supuestamente errónea del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013 y del artículo 70, apartado 1, del TUB. El cuarto motivo de casación versa sobre una infracción del artículo 288 TFUE, párrafo tercero, basada en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que el artículo 70, apartado 1, del TUB no podía interpretarse de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 2014/59. Por último, mediante su quinto motivo —también similar al segundo motivo de casación del BCE—, la Comisión alega varios errores de Derecho del Tribunal General en su apreciación de la relación entre el Derecho nacional y las directivas, incluidas las infracciones del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013 y del artículo 288 TFUE, párrafos segundo y tercero, así como la inobservancia de la aplicabilidad directa de las disposiciones pertinentes de las directivas.
48.
En primer lugar, examinaré conjuntamente los motivos de casación relativos a la admisibilidad del recurso (
24
) (sección B). A continuación, examinaré también conjuntamente los motivos de casación relativos a las apreciaciones del Tribunal General en cuanto al fondo (
25
) (sección C).
B.
Motivos de casación relativos a la admisibilidad del recurso
49.
Los motivos de casación relativos a la admisibilidad del recurso se refieren, en primer lugar, a la cuestión de si la Sra. Corneli resulta directa e individualmente afectada por las decisiones impugnadas en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, (punto 1), y, en segundo lugar, a (la subsistencia de) su interés en que sean anuladas (punto 2).
50.
A este respecto debe recordarse que el Tribunal de Justicia debe examinar de oficio la admisibilidad del recurso, incluida la subsistencia del interés en ejercitar la acción, en el procedimiento de casación, con independencia de las alegaciones de las partes y de la apreciación del Tribunal General. (
26
) Ya solo por esta razón, la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Sra. Corneli en relación con el primer motivo de casación del BCE no puede prosperar y debe ser desestimada.
1. Legitimación activa en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto
51.
Con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, una persona que no sea destinataria del acto impugnado solo podrá interponer recurso si el acto la afecta «directa e individualmente». Examinaré en primer lugar si la Sra. Corneli resulta directamente afectada por las decisiones impugnadas.
a) Afectación directa
52.
Según reiterada jurisprudencia, deben cumplirse dos requisitos cumulativos para considerar que una persona resulta «directamente afectada» en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Por un lado, la medida impugnada debe surtir efectos directamente en la situación jurídica de la persona afectada. Por otro, la medida no debe dejar ningún margen de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por lo que esta tiene carácter meramente automático. Antes bien, la aplicación debe derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin aplicación de otras normas intermedias. (
27
)
53.
Como declaró acertadamente el Tribunal General invocando esta jurisprudencia, (
28
) las decisiones impugnadas perjudican directamente la posición jurídica de la Sra. Corneli como accionista del banco. Ello afecta al ejercicio de sus derechos de participación, de voto y de otros derechos establecidos en los estatutos del Banco. Contrariamente a las objeciones formuladas por el BCE, no se advierte a este respecto la existencia de inobservancia alguna y, aun menos, de desnaturalización de las disposiciones pertinentes de los estatutos del Banco sobre los derechos de los accionistas. En particular, las decisiones impugnadas afectan al derecho a elegir e los órganos de dirección y supervisión del banco (artículos 18 y 26), a convocar la junta general de accionistas y a fijar el orden del día (artículo 10, apartado 4). Otro tanto cabe afirmar respecto a los requisitos conforme a los cuales la junta general de accionistas o una determinada parte de los mismos pueden ejercitar una acción de responsabilidad contra los órganos de administración y supervisión del banco de conformidad con los artículos 2393 y 2393 bis del Código Civil italiano. (
29
)
54.
Al ordenar o prorrogar la administración provisional del Banco, las decisiones impugnadas suspendieron o restringieron el ejercicio de estos derechos y, por tanto, incidieron directamente en la posición jurídica de los accionistas, incluida la de la Sra. Corneli. En efecto, en virtud de esta orden, los derechos a elegir los órganos de dirección y supervisión del banco y a convocar la junta general de accionistas y fijar su orden del día se atribuyeron a los administradores provisionales. La correspondiente suspensión o restricción de los derechos de participación o de voto afectados de los accionistas resulta del artículo 70, apartado 2, en relación con el artículo 72, apartado 6, del TUB, que prevén la transmisión automática de estos derechos a los administradores provisionales. (
30
) Además, la orden de administración provisional de conformidad con el artículo 72, apartado 9, del TUB limitaba el ejercicio de la acción de responsabilidad de los órganos de dirección y supervisión del Banco a los supuestos de dolo y culpa grave, y solo podía interponerse ante los tribunales por los administradores provisionales con la autorización previa de la Banca d’Italia. Además, de conformidad con el artículo 72, apartado 5, del TUB, se transfirió a estos administradores el derecho a entablar acciones de responsabilidad contra los miembros de los órganos disueltos del Banco o contra su director general, previa autorización de la Banca d’Italia. Por lo tanto, la junta general de accionistas o una parte de estos que poseyera un determinado porcentaje del capital social ya no podía ejercitar dichas acciones de conformidad con los artículos 2393 y 2393 bis del Código Civil italiano. (
31
)
55.
El Tribunal General consideró acertadamente que se produjo tal menoscabo de los derechos de participación o de voto de los accionistas, incluida la Sra. Corneli, con independencia de que los estatutos del banco previeran en parte un cuórum, a saber, el 1 % de las acciones en poder de estos accionistas, para su ejercicio efectivo. (
32
) En efecto, todos estos derechos de participación o de voto tienen un valor intrínseco, de un modo similar al derecho de voto de un ciudadano en unas elecciones democráticas. Este valor es independiente de la cuestión de si el ejercicio de tales derechos es suficiente para influir realmente en las decisiones esenciales de organización o de negocio del Banco. Ello se debe a que los derechos de participación o de voto ya incluyen y protegen la posibilidad legal de participar en dichos procesos decisorios e influir en su resultado. Así lo reconoció correctamente el Tribunal General al afirmar que la alegación del BCE y de la Comisión «no tiene en cuenta, cuando menos, el derecho de voto que permite a cada accionista participar, de manera individual, en la elección de los miembros [de la junta general de accionistas] llamados a formar parte de los órganos de dirección y de supervisión». (
33
) Sin embargo, la orden de administración provisional elimina automáticamente esta posibilidad legal de influir en la gestión del Banco.
56.
El hecho de que un accionista minoritario, llegado el caso, solo pueda alcanzar los cuórums pertinentes junto a otros accionistas (minoritarios) carece, por tanto, de pertinencia a la hora de responder a la cuestión de si sus derechos de participación o de voto se han visto perjudicados en cuanto tales. La posibilidad de que se alcance dicho cuórum solo es relevante para la cuestión posterior de si el ejercicio de los derechos de participación o de voto es también suficiente para obtener los efectos jurídicos deseados (como, por ejemplo, la convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas o la determinación de un punto del orden del día de la misma). Sin embargo, esto no pone en cuestión ni la existencia ni la necesidad de proteger el ejercicio de estos derechos individuales. (
34
) En consecuencia, como declaró acertadamente el Tribunal General en los apartados 43 a 45 de la sentencia recurrida, debe rechazarse también la objeción de los recurrentes en casación de que los respectivos derechos a participar en la adopción de acuerdos solo corresponden a la junta general de accionistas o a una parte de los mismos que sea titular de un determinado porcentaje de las acciones, pero no al accionista individual que únicamente dispone de derechos de voto.
57.
Además, en la sentencia Trasta Komercbanka, (
35
) el Tribunal de Justicia también confirmó indirectamente que en un caso como el de autos, que —a diferencia de la revocación de la autorización allí controvertida— versa únicamente sobre la orden de administración provisional de un banco, el menoscabo de los derechos de los accionistas a participar en la gestión del banco puede ser suficiente para que se los considere directamente afectados. En efecto, el menoscabo de estos derechos en este último caso no se corresponde con los efectos negativos, puramente económicos, que tendría para el banco y sus accionistas la revocación de su autorización o incluso su liquidación. (
36
) El Tribunal de Justicia también reconoció expresamente que incluso la decisión de liquidar un banco afecta directamente al derecho de los accionistas a participar en su gestión al encomendar esta al liquidador. Sin embargo, en el asunto Trasta Komercbanka, esta decisión se basó exclusivamente en la legislación letona. Por tanto, esta no era atribuible ni al Derecho de la Unión ni a la decisión impugnada del BCE de revocar la autorización, de modo que los accionistas no se vieron directamente afectados por esta última. (
37
) Sin embargo, como señaló acertadamente el Tribunal General, (
38
) la situación es otra en el caso de una decisión del BCE que ordena la administración provisional de un banco.
58.
El BCE no puede desvirtuar estas conclusiones invocando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) Albert y otros c. Hungría. (
39
)
59.
En primer lugar, el examen del TEDH del derecho a presentar una demanda en virtud del artículo 34 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH») no es idéntico a los requisitos del derecho a interponer recurso en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. En segundo lugar, el TEDH también reconoce a los accionistas de un banco como «directamente afectados» en el sentido del artículo 34 del CEDH si la demanda se dirige contra actos que afectan tanto al banco como a los derechos de sus accionistas. Este principio solo se restringe si el banco y sus accionistas están tan estrechamente vinculados entre sí que sería artificial distinguir entre ambos o si está justificado por «circunstancias excepcionales». Por lo tanto, el TEDH, de forma similar al Tribunal de Justicia en la sentencia Trasta Komercbanka (citada en el punto 57 de las presentes conclusiones), ha reconocido que los actos que afectan directamente a los derechos de los accionistas (a participar en la gestión del banco) son diferentes de los que (solo) van dirigidos contra el banco. En efecto, estos actos no solo perjudican los intereses económicos de los accionistas de este banco, sino que también alteran su posición jurídica en la estructura de gobierno del mismo. (
40
)
60.
Pues bien, en la sentencia Albert y otros c. Hungría el TEDH no consideró que los derechos de los accionistas se hubieran visto «directamente afectados». Por una parte, porque pudieron ejercer dichos derechos participando en los procesos de decisión y votación de la fusión de los dos bancos objeto de la controversia. Por otra parte, porque tales derechos eran insuficientes, debido al reducido tamaño de las participaciones individuales, para ejercer el control sobre uno de los bancos. A la vista de esto y a diferencia de sus resoluciones en asuntos previos sobre la dilución artificial del derecho de voto o la anulación de acciones, (
41
) el TEDH solo apreció una repercusión «incidental e indirecta» de las medidas controvertidas, referidas, en esencia, a asuntos corporativos, en los derechos de los accionistas individuales. (
42
)
61.
Sin embargo, la situación particular de la fusión de dos bancos no es comparable a la del presente asunto, en el que el banco solo queda sometido a administración provisional. En efecto, los dos bancos fusionados dejaron de existir en su forma anterior y de operar en el mercado. La modificación estructural definitiva de un banco y de su actividad empresarial, así como los efectos económicos que ello apareja, son, por tanto, diferentes de la administración provisional, en la que el control sobre la actividad empresarial de un banco solo se pone temporalmente en otras manos, y de sus efectos sobre los derechos de los accionistas. Por lo tanto, el argumento del BCE basado en la jurisprudencia del TEDH sobre fusiones bancarias no es extrapolable al caso de autos y debe ser desestimado.
62.
Además, los derechos de participación o de voto de los accionistas del banco quedaron automáticamente suspendidos y limitados por la administración provisional ordenada o, en su caso, prorrogada mediante las decisiones impugnadas. No se ha necesitado para ello una decisión discrecional intermedia ni un acto de ejecución adicional. (
43
) En consecuencia, el Tribunal General declaró, sin incurrir en error de Derecho, que la Sra. Corneli se vio directamente afectada por estas decisiones en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. (
44
)
b) Afectación individual
63.
La cuestión de si la Sra. Corneli cumple también el criterio de estar individualmente afectada solo debe examinarse si las decisiones impugnadas no son «actos reglamentarios» en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, tercer supuesto, que no incluyan medidas de ejecución. Según jurisprudencia reiterada, este concepto comprende todos los actos no legislativos de alcance general. Esto presupone que dicho acto jurídico se aplique a situaciones determinadas objetivamente y produzca efectos jurídicos frente a categorías de personas consideradas de manera general y abstracta. (
45
)
64.
Este requisito no se cumple en el caso de autos. Las decisiones impugnadas tenían como destinatario directo al Banco, esto es, a una persona jurídica, y afectaban también al número de accionistas existentes en el momento en que se adoptaron. Por lo tanto, debe examinarse si la Sra. Corneli, en su calidad de accionista, cumplía el criterio de estar individualmente afectada en ese momento.
65.
En mi opinión, el Tribunal General acertó al dar por cierto que la Sra. Corneli estaba individualmente afectada, invocando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al respecto. (
46
)
66.
Según jurisprudencia reiterada, los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión solo se ven afectados individualmente si esta les atañe en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza frente a cualquier otra persona y, por ello, los individualiza de manera análoga a la del destinatario de una decisión. (
47
) En particular, en el caso de las medidas generales abstractas, el Tribunal de Justicia ha declarado que la posibilidad de determinar, con mayor o menor precisión, el número e incluso la identidad de los sujetos de Derecho a los que se aplica una medida no basta para considerar a estos sujetos individualmente afectados por dicha medida, siempre que conste que esta aplicación se efectúa en virtud de una situación objetiva de Derecho o de hecho definida por el acto de que se trate. (
48
)
67.
Como explicó correctamente el Tribunal General, (
49
) la Sra. Corneli estaba individualizada en su condición de accionista y, por tanto, de miembro del grupo claramente definido de todos los accionistas del banco en el momento en que se aprobaron las decisiones (de carácter específico e individual) controvertidas. Estas decisiones también interferían en el ejercicio de sus derechos de participación y voto que se le reconocían en tal condición por los estatutos del banco (véanse los puntos 53 y siguientes de las presentes conclusiones). Por tanto, afectaron a la Sra. Corneli no solo en su condición «objetiva» de accionista (en relación con los accionistas de otras sociedades), como afirman los recurrentes en casación, sino también como titular claramente identificable de una parte del capital social del Banco en aquel momento. Además, la finalidad de esta medida consistía precisamente en suspender los derechos de participación y de voto de los accionistas del Banco (y no los de los accionistas de otras sociedades) (véase el punto 54 de las presentes conclusiones) con el fin de facilitar la reestructuración del mismo.
68.
El argumento esgrimido en particular por el BCE, según el cual, en consecuencia, unos 35000 accionistas del banco se considerarían individualmente afectados y con legitimación activa, no puede cuestionar esta apreciación. Como declaró acertadamente el Tribunal General, el número de demandantes potenciales afectados, en función de la naturaleza de la medida impugnada, carece de pertinencia a este respecto, siempre que puedan ser claramente identificados como miembros de un círculo restringido de personas en el momento de su adopción y que esta medida interfiera (específicamente) en sus derechos existentes. (
50
) En caso de autos, ello es tanto más cierto en la medida en que las decisiones impugnadas no son medidas de aplicación general, sino de carácter específico e individual (véanse los puntos 64 y 66 de las presentes conclusiones).
69.
Por consiguiente, el Tribunal General declaró acertadamente que la Sra. Corneli estaba individualmente afectada por las decisiones impugnadas en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuatro. Por tanto, no es necesario pronunciarse sobre la cuestión de si el razonamiento adicional criticado por la Comisión, recogido en particular en los apartados 73 a 75 de la sentencia recurrida (en respuesta a sus alegaciones formuladas en primera instancia), adolece de errores de Derecho.
2. Subsistencia del interés en ejercitar la acción
70.
Queda por examinar si la Sra. Corneli, a la vista de la finalización de la administración provisional del Banco y de la indiscutida pérdida de su condición de accionista, puede seguir invocando y ha demostrado tener un interés en (ejercitar la acción de) anulación de las decisiones impugnadas.
71.
Ciertamente, el Tribunal General examinó el propio interés de la Sra. Corneli en ejercitar la acción, que es distinto del interés del Banco, y dio por cierta su existencia debido a que las decisiones impugnadas afectaban al ejercicio de sus derechos como accionista. (
51
) Se trata, en concreto, de los derechos a convocar una junta general de accionistas para proponer la interposición de un recurso o a añadir un punto en este sentido en el orden del día de dicha junta. (
52
) A juicio del Tribunal General, este interés diferenciado de la Sra. Corneli en ejercitar la acción se basa en su deseo de preservar específicamente sus derechos de participación y de voto inherentes a su posición como accionista contemplada en el Derecho de sociedades. Sin embargo, con ello el Tribunal General se limitó, en esencia, a repetir las razones por las que la Sra. Corneli se veía directamente afectada (véanse los puntos 53 y siguientes de las presentes conclusiones), sin abordar la cuestión de si, a la vista de la finalización del período de la administración provisional del Banco previsto en la primera decisión de prórroga, la Sra. Corneli seguía teniendo tal interés en ejercitar la acción hasta el momento en que se dictó la sentencia recurrida. Tampoco le exigió el Tribunal General aportar pruebas a tal efecto.
72.
La cuestión de si un demandante ha probado su interés en ejercitar la acción y la subsistencia del mismo es una cuestión jurídica —que debe distinguirse de la prueba de la legitimación en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto— sometida al control del Tribunal de Justicia en el procedimiento de casación. (
53
)
73.
Según reiterada jurisprudencia, solo cabe admitir la interposición de un recurso de anulación por una persona física o jurídica si esta tiene un interés en que se anule el acto impugnado. Esto supone que la anulación pueda procurar un beneficio a dicha persona. Este interés en ejercitar la acción debe subsistir, en cuanto requisito esencial de la admisibilidad del recurso, hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento. (
54
)
74.
Según reiterada jurisprudencia, la persistencia de un interés en ejercitar la acción puede basarse, en particular, en el hecho de que una sentencia de anulación sirve para fundamentar un recurso de responsabilidad. (
55
) La eventualidad de un recurso de indemnización es fundamento suficiente del interés en ejercitar la acción, siempre que este no sea hipotético. (
56
) A tal respecto, carece de relevancia que las acciones ejercitadas ante los tribunales de la Unión o ante los órganos jurisdiccionales nacionales pueden ser fundadas o tengan un mismo objeto. Antes bien, el factor decisivo es saber si la anulación solicitada del acto jurídico impugnado puede tener incidencia en esa otra acción, (
57
) teniendo así al menos parcialmente carácter previo a este respecto.
75.
En respuesta a las preguntas escritas y orales formuladas por el Tribunal de Justicia, la Sra. Corneli alegó que su interés en ejercitar la acción, basado en la pérdida de sus acciones y de sus derechos de participación o de votación inherentes a su condición de accionista del Banco, subsiste en particular, a la vista del ejercicio futuro de acciones de responsabilidad. Tiene la intención de ejercitar dicha acción contra los organismos y las personas físicas y jurídicas que han participado en la administración provisional del Banco, en su reestructuración y en la venta de sus acciones; sostiene que, a tal fin, la anulación de las decisiones impugnadas por los tribunales de la Unión tiene carácter previo. A tal respecto, ha alegado acertadamente que el plazo de prescripción de cinco años establecido en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia para interponer una acción de responsabilidad contra, entre otros, el BCE al amparo del artículo 268 TFUE en relación con el artículo 340 TFUE, apartado 3, aún no ha expirado. (
58
)
76.
Ciertamente, la pérdida definitiva de las acciones y de los derechos de participación o de voto como tal, que se ha producido entretanto como consecuencia de la reestructuración del Banco, no puede atribuirse directamente a las decisiones impugnadas, que solo ordenaban su administración provisional, ni puede fundamentar el interés de la Sra. Corneli en su anulación. (
59
) Sin embargo, tal interés existía durante la administración provisional, cuando ella ya no podía ejercer sus derechos de participación o de voto como accionista (véase el punto 71 de las presentes conclusiones).
77.
Además de la pérdida definitiva de sus acciones y de sus derechos de participación o de voto, la Sra. Corneli considera que el menoscabo de estos últimos derechos durante la administración provisional es la causa del daño que ha sufrido. En cualquier caso, dicho nexo causal no parece que sea hipotético ni que quede por completo descartado a la vista de las medidas adoptadas durante la administración provisional en 2019 y 2020, comunicadas por ella misma y el BCE al Tribunal de Justicia en respuesta a las preguntas escritas formuladas por este último, medidas estas que condujeron finalmente a la recapitalización del banco por el FITD y a la venta de sus acciones a BPER Banca (véase el punto 25 de las presentes conclusiones). En virtud de la prerrogativa de apreciación conferida a los órganos jurisdiccionales nacionales relativa a la concurrencia de los requisitos de la responsabilidad conforme a la normativa nacional en materia de daños y perjuicios, incluido el nexo causal entre el acto ilícito y el perjuicio sufrido, no corresponde a los tribunales de la Unión examinar detalladamente estas cuestiones al apreciar la subsistencia del interés en ejercitar la acción, y mucho menos descartar de entrada la existencia de dicho nexo causal (véase el punto 74 de las presentes conclusiones). Antes bien, basta con hacer constar que la anulación de las decisiones impugnadas —que en, en su caso, deberá ser confirmada por el Tribunal de Justicia— sobre la base de los motivos de ilegalidad alegados por la Sra. Corneli puede tener carácter previo respecto de las acciones de responsabilidad que se ejerciten ulteriormente.
78.
Por lo tanto, subsiste el interés de la Sra. Corneli en que se anulen las decisiones impugnadas para fundamentar el ejercicio de una acción de responsabilidad ante los órganos jurisdiccionales nacionales o ante los tribunales de la Unión de conformidad con el artículo 263 TFUE, párrafo segundo, en relación con el artículo 264 TFUE, párrafo primero.
3. Conclusión provisional
79.
A la vista del interés en ejercitar la acción y de la legitimación activa de la Sra. Corneli en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, el Tribunal General podía, por tanto, declarar la inadmisibilidad de su recurso de anulación.
80.
Por lo tanto, procede desestimar por infundado el primer motivo de casación invocado por el BCE o, en su caso, por la Comisión.
C.
Motivos relativos al fondo del recurso: ¿se infringe el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013, en relación con el artículo 29 de la Directiva 2014/59 y el artículo 70, apartado 1, del TUB?
1. Orden del examen
81.
El segundo motivo de casación del BCE y los motivos de casación segundo a quinto de la Comisión versan en esencia sobre la cuestión de si el Tribunal General infringió el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013 en relación con los artículos 28 y 29 de la Directiva 2014/59 y los artículos 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), y 70, apartado 1, del TUB al declarar que esas disposiciones no proporcionaban una base jurídica suficiente para ordenar o prorrogar la administración provisional del Banco en las decisiones impugnadas. En efecto, a este respecto, el Tribunal General rechazó la aplicación directa de las disposiciones de la Directiva al Banco, así como una interpretación conforme de estas disposiciones nacionales. (
60
)
82.
Asimismo, mediante el segundo motivo de casación del BCE y los motivos de casación tercero y cuarto de la Comisión se reprocha, en esencia, al Tribunal General no haber tenido en cuenta el artículo 70, apartado 1, del TUB y la circunstancia de que puede realizarse una interpretación conforme de dicha disposición, esto es, en consonancia con el artículo 29 de la Directiva 2014/59. Mediante los motivos de casación cuarto y quinto, la Comisión censura que ello también dio lugar a que el Tribunal General infringiera el artículo 288 TFUE, párrafos segundo y tercero, y el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013, entre otras razones, porque no tuvo en cuenta la obligación del BCE de aplicar directamente el artículo 29 de la Directiva, obligación que imponen aquellas disposiciones. En la vista, el BCE también alegó, en respuesta a las preguntas escritas y orales del Tribunal de Justicia, que esta disposición de la Directiva es aplicable de forma directa y prioritaria. Por lo tanto, debe ser observada no solo por las autoridades de los Estados miembros, sino también por el BCE y el Tribunal General. Tanto la Sra. Corneli como Italia formularon observaciones orales al respecto en la vista.
83.
A continuación, examinaré estas imputaciones de forma conjunta. Al hacerlo, examinaré también si el Tribunal General infringió el artículo 288 TFUE, párrafos segundo y tercero, y el artículo 84 de su Reglamento de Procedimiento (motivos de casación segundo, cuarto y quinto de la Comisión).
84.
Dado que el BCE está obligado, en virtud del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013, a aplicar el Derecho de la Unión pertinente, incluida la legislación nacional que incorpora la Directiva al ordenamiento jurídico nacional, (
61
) examinaré en primer lugar si esta obligación de aplicar se extiende también, y en qué medida, al artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59. A tal respecto, ha de examinarse si esta disposición es directamente aplicable, a la vista de su estructura normativa y de sus consecuencias jurídicas, al Banco y a sus accionistas (sección 2) y si debía ser observada y aplicada no solo por las autoridades nacionales, sino también por el BCE y el Tribunal General (sección 3). En efecto, el BCE podría haber estado autorizado y, en su caso, incluso obligado, (
62
) en virtud de la aplicabilidad directa y de la primacía de esta disposición de la Directiva, a ordenar la administración provisional del Banco y a dejar inaplicadas las disposiciones nacionales en la medida en que fuesen contrarias a esta disposición. En tal caso, el Tribunal General no habría podido anular las decisiones impugnadas por una supuesta falta de fundamento jurídico. En tal supuesto, carecería de relevancia la cuestión de si puede realizarse una interpretación conforme de estas disposiciones.
85.
Para el caso de que se descarte la aplicación directa del artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59, examinaré a continuación si y en qué medida el BCE está sujeto a la obligación de realizar una interpretación conforme de la legislación nacional que transpone dicha Directiva (sección 4). Después, abordaré la cuestión del modo en que el Tribunal General debe tener en cuenta el alcance del Derecho nacional en su control de la actuación del BCE a este respecto, en particular si debe tratar ese Derecho de la misma manera que el Derecho de la Unión en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013 (sección 5). Por último, analizaré la admisibilidad de las imputaciones a este respecto, que los recurrentes en casación han formulado por vez primera en el procedimiento de casación (sección 6).
86.
En la sentencia recurrida, el Tribunal General rechazó tanto la aplicación directa de las disposiciones de la Directiva en detrimento del particular como una interpretación conforme del artículo 70, apartado 1, del TUB. (
63
) Como mostraré a continuación, no puede censurarse este planteamiento, al menos en lo que respecta a su resultado.
2. ¿Aplicabilidad directa y primacía del artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59?
a) Estructura normativa del artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59
87.
A este respecto, según reiterada jurisprudencia, para que se le reconozca efecto directo, una disposición de una directiva debe mostrarse, desde el punto de vista de su contenido, incondicional y suficientemente precisa. Una disposición es incondicional cuando establece una obligación que no está sujeta a ningún requisito ni supeditada, en su ejecución o en sus efectos, a que se adopte algún acto de las instituciones de la Unión o de los Estados miembros. Una disposición se considera suficientemente precisa para ser invocada por un justiciable y aplicada por el juez cuando establece una obligación en términos inequívocos. (
64
) Si se cumplen estos requisitos, los particulares estarán legitimados para invocar dichas disposiciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado miembro, cuando este haya transpuesto incorrectamente la directiva. (
65
)
88.
El artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59 obliga a los Estados miembros, en los casos en que, a juicio de la autoridad competente (en este caso, el BCE), la sustitución de la alta dirección o del órgano de dirección de conformidad con el artículo 28 de la Directiva sea insuficiente «para poner remedio a la situación», a garantizar que dichas autoridades puedan designar a uno o más administradores provisionales de la entidad. Por lo tanto, esta disposición prevé una facultad de la autoridad competente para adoptar tal medida, haciendo referencia a las medidas que suponen una injerencia menor, previstas en el artículo 28 de la Directiva —y que, en el caso de autos, a juicio del BCE, no son suficientes— como el cese de los miembros de la alta dirección y del órgano de dirección de la entidad, en su totalidad o individualmente. Todas estas medidas requieren, entre en particular otras cosas, que la situación financiera del banco en cuestión se haya deteriorado significativamente. Como se desprende de la remisión al artículo 28 de la Directiva contenida en el artículo 29 de la misma, de su tenor combinado y del considerando 40, (
66
) el criterio del deterioro significativo de la situación financiera es un requisito uniforme para la aplicación de todos los remedios de diversa intensidad previstos en ambas disposiciones. Por lo tanto, tanto los requisitos de aplicación del artículo 29, apartado 1, primera frase, en relación con el artículo 28 de la Directiva como las consecuencias jurídicas establecidas en tales disposiciones son suficientemente precisos e incondicionales.
89.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el hecho de que las autoridades competentes gocen de un cierto margen de apreciación o discrecionalidad en relación con la apreciación de la concurrencia de estos requisitos, por un lado, y de las medidas que deben adoptarse, por otro, y de que esas medidas deban ser proporcionadas de conformidad con el artículo 29, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 2014/59, no puede poner en cuestión el carácter suficientemente preciso e incondicional de estas disposiciones. Según esta jurisprudencia, tal margen de apreciación o de discrecionalidad no es ni una condición ni un requisito adicional de la aplicación o de la eficacia en el sentido de los principios mencionados en el punto 87 de las presentes conclusiones. (
67
)
90.
Antes bien, según reiterada jurisprudencia, aun cuando una directiva deje a los Estados miembros un cierto margen de apreciación en su aplicación, puede considerarse que una disposición de dicha directiva tiene carácter preciso e incondicional cuando impone a los Estados miembros, en términos inequívocos, una obligación de resultado precisa y que no está sometida a condición alguna en cuanto a su aplicación. (
68
) Según esta jurisprudencia, la incondicionalidad de una obligación puede compensar así la exigencia de determinación. (
69
) Así ocurre en el caso de autos en cuanto atañe al resultado que debe alcanzarse, a saber, la orden de administración provisional en caso de deterioro significativo de la situación financiera del banco en cuestión, que no pueda remediarse con medidas menos gravosas en el sentido del artículo 28 de la Directiva.
91.
Por tanto, sobre la base de estos criterios, ha de considerarse que el contenido del artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59 es suficientemente preciso para ser aplicado, por ejemplo, por una autoridad nacional de supervisión y, en un litigio posterior, por un órgano jurisdiccional nacional. De ello también se deduce, en principio, que estas autoridades deberán abstenerse de aplicar una normativa nacional contraria a esta disposición. (
70
) Más adelante analizaré si y en qué medida ello es extrapolable al BCE (puntos 106 y siguientes de las presentes conclusiones). Por lo tanto, deben rechazarse las alegaciones formuladas por la Sra. Corneli, en particular durante la vista oral, según las cuales la Directiva solo prevé una armonización mínima a este respecto y deja a los Estados miembros un amplio margen de discrecionalidad en su ejecución.
92.
Sin embargo, en el apartado 112 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones para un particular, por lo que quedaba excluida la aplicación directa (esto es, incluido el artículo 29, apartado 1, de la Directiva 2014/59 y con independencia de su estructura normativa) en perjuicio del particular.
93.
A mi juicio, esta afirmación, criticada en particular por la Comisión, no adolece de errores de Derecho.
b) ¿Aplicabilidad directa del artículo 29, apartado 1, de la Directiva 2014/59 en perjuicio del Banco y de sus accionistas?
94.
Según reiterada jurisprudencia, una directiva no puede, por sí misma, crear obligaciones a cargo de los particulares, sino solo derechos. Por consiguiente, un particular no puede invocar una directiva contra un Estado miembro cuando, si bien esta directiva establece una obligación estatal, esta última está directamente relacionada con la ejecución de otra obligación que incumbe a un tercero, en virtud de esta directiva. En cambio, las meras repercusiones negativas sobre los derechos de terceros, incluso si pueden preverse con seguridad, no justifican que se niegue a un particular la posibilidad de invocar las disposiciones de una directiva contra el Estado miembro de que se trate. (
71
)
95.
Sobre todo, se descarta la aplicación directa de las disposiciones de las directivas si estas crean o agravan la responsabilidad penal de las personas por medio de las prohibiciones o de las obligaciones de cesación o de actuación reguladas en ellas. (
72
) En efecto, sería incompatible con los principios de seguridad jurídica y de legalidad de las penas (nullum crimen, nulla poena sine lege), así como con el artículo 288 TFUE, párrafo tercero, según el cual las directivas tienen como destinatarios a los Estados miembros y obligan únicamente a estos, exigir a los particulares que basen su comportamiento únicamente en las disposiciones de una directiva —es decir, en concreto, con independencia de la legislación nacional adoptada para aplicarla— e incurran en responsabilidad civil o penal en caso de infracción. (
73
) Sin embargo, incluso en los litigios civiles entre particulares, ha de descartarse en principio la aplicación directa de las disposiciones de las directivas que imponen una obligación a una de las partes (el llamado «efecto horizontal frente a terceros»). (
74
)
96.
La solución podrá ser otra únicamente en los litigios contenciosos-administrativos que versan sobre las denominadas «relaciones triangulares». A este respecto, el Tribunal de Justicia ha reconocido, con carácter excepcional, que un tercero debe tolerar ciertas medidas estatales sobre la base de disposiciones de directivas directamente aplicables que un particular invoca contra el Estado miembro. Entre estos supuestos se encuentran, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental, que puede conducir a la revocación de una licencia que favorece a un tercero, (
75
) o la pérdida de una ventaja (jurídica y económica) específica del tercero. (
76
) En efecto, esto no es más que un efecto negativo de la aplicación de dicha normativa en la posición jurídica de los terceros. Esto se debe únicamente a que la autoridad competente debe llevar a cabo una evaluación (
77
) o interpretar y aplicar la base jurídica utilizada de una determinada manera con respecto a todas las partes afectadas en virtud de las disposiciones de la directiva directamente aplicables. (
78
)
97.
Ciertamente, el presente asunto también versa sobre un litigio contencioso-administrativo. Ahora bien, por lo demás, no hay razones que permitan invocar esta jurisprudencia o incluso ampliar su ámbito de aplicación.
98.
A diferencia de los supuestos mencionados, no se está aquí en presencia de una relación triangular en la que el perjuicio recae simplemente sobre un tercero. (
79
) Tal relación se daría, a lo sumo, si un acreedor o un cliente del Banco, que considere que sus intereses financieros están en peligro debido al deterioro significativo de la situación financiera del banco, invocara el artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59 ante las autoridades o los tribunales competentes con el fin de inducir a estas autoridades a ordenar la administración provisional.
99.
Sin embargo, la aplicación directa del artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59 frente al Banco y sus accionistas no tendría un mero impacto negativo en los derechos de terceros.
100.
El presente litigio versa, más bien, sobre la clásica relación (bilateral) de superioridad y subordinación de Derecho administrativo, en la que el Banco se defiende contra una medida de intervención de los poderes públicos dirigida contra él, a saber, la administración provisional ordenada por el BCE. La competencia para adoptar una orden de este tipo constituye una de las facultades de intervención que corresponden directamente al BCE frente a los bancos en el marco del Mecanismo Único de Supervisión. A este respecto, el BCE sustituye en cierta medida a las autoridades nacionales de supervisión —debido también a su obligación, en virtud del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013, de aplicar la legislación nacional que incorpora la Directiva 2014/59 al ordenamiento jurídico nacional— (véanse más detalles en el punto 107 de las presentes conclusiones). Las medidas que adopta conducen en última instancia a que los bancos y sus accionistas estén sujetos a determinadas obligaciones de hacer, de no hacer o de tolerar.
101.
No se puede aducir en contra del argumento anterior que los accionistas, como la Sra. Corneli, son terceros en relación con el Banco, que deben limitarse a soportar (o compartir) las consecuencias adversas de la orden de administración provisional. Esto contradiría el hecho de que los intereses económicos del Banco y de sus accionistas se solapan considerablemente. Esta última es también la razón principal por la que la interposición separada de un recurso por los accionistas contra una decisión del BCE de revocar la autorización de un banco es inadmisible debido a la falta de afectación directa de estos accionistas (véanse los puntos 57 y siguientes de las presentes conclusiones). (
80
)
102.
En la medida en que el BCE puede fundar esta injerencia de poder público en la base jurídica exclusiva de una disposición directamente aplicable de una directiva como, en el caso de autos, el artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59, esto daría lugar, por tanto, a obligaciones inadmisibles a cargo de los particulares sobre la base de una directiva en el sentido de la jurisprudencia citada en los puntos 94 y 95 de las presentes conclusiones. En efecto, como pone de manifiesto el orden de prioridad —establecido por razones de proporcionalidad— de las medidas contempladas en los artículos 27 a 29 de la Directiva 2014/59, ordenar la administración provisional constituye una medida de injerencia grave que interfiere de forma especialmente intensa en la formación autónoma de la voluntad del Banco. En aras de la reestructuración efectiva del Banco, mediante dicha medida se suspende temporalmente el ejercicio de los derechos de sus órganos de dirección y de sus accionistas a (co)decidir sobre la gestión de los negocios del Banco y se encomienda tal actividad a uno o varios administradores provisionales.
103.
Por tanto, la obligación de tolerar que incumbe al Banco y a sus accionistas, en relación con la orden de administración provisional, sería, como señaló acertadamente el Tribunal General, (
81
) el resultado de una aplicación directa inadmisible de esta disposición de la Directiva en perjuicio de aquellos, a menos que estas obligaciones puedan tener también su fundamento en la legislación nacional de transposición (en su caso, atendiendo a una interpretación conforme).
104.
Por lo tanto, el artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59, a la vista de los criterios establecidos en la jurisprudencia (véanse los puntos 89 y 90 de las presentes conclusiones), es directamente aplicable. Sin embargo, no podrá procederse a tal aplicación directa ni en detrimento del Banco ni en detrimento de sus accionistas. Por lo tanto, no se puede reprochar al Tribunal General haber infringido el artículo 288 TFUE, párrafos segundo o tercero, a tal respecto.
105.
Para el caso de que el Tribunal de Justicia no haga suya esta apreciación y parta, en principio, de que el artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59 es directamente aplicable en perjuicio del Banco y de sus accionistas, como la Sra. Corneli, examinaré con carácter subsidiario si no solo una autoridad nacional, sino también el BCE, estaban facultados u obligados a aplicar directamente esa disposición de la Directiva. Este examen resulta igualmente relevante para la cuestión, que ha de examinarse a continuación, de si el BCE es también el destinatario de la obligación de realizar una interpretación conforme del Derecho nacional (véanse los puntos 115 y siguientes de las presentes conclusiones).
3. Con carácter subsidiario: ¿aplicación directa por el BCE del artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59?
a) BCE como destinatario de las disposiciones de la Directiva directamente aplicables
106.
De conformidad con el artículo 288 TFUE, párrafo tercero, las directivas tienen como destinatarios a los Estados miembros, que deben incorporarlas a su ordenamiento jurídico nacional en el ejercicio de su facultad discrecional en cuanto a la forma y los medios que deben utilizarse para alcanzar el resultado que debe conseguirse. En consecuencia, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha reconocido solo en casos excepcionales —con sujeción a los requisitos mencionados en el punto 94 de las presentes conclusiones— la aplicabilidad directa de las disposiciones de las directivas en aras de la protección de los derechos del individuo, así como la obligación correlativa de las autoridades de los Estados miembros de respetar y ejecutar estas disposiciones.
107.
Sin embargo, en mi opinión, de la obligación que incumbe al BCE en virtud del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013 de aplicar toda la legislación aplicable de la Unión (
82
) y el Derecho nacional adoptado en transposición de directivas se desprende ya que esta institución, al igual que las autoridades nacionales de supervisión (véase el punto 91 de las presentes conclusiones), debe observar, en principio, la aplicabilidad directa y la consiguiente primacía de las disposiciones de las directivas, (
83
) aunque no se la nombre expresamente como destinataria de las mismas en el artículo 288 TFUE, párrafo tercero. En efecto, en la medida en que el BCE sustituye a estas autoridades de supervisión en el ejercicio de sus competencias de supervisión de las entidades de crédito en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (
84
) e incluso debe aplicar la legislación nacional que incorpora las directivas al ordenamiento jurídico nacional, debe ser equiparado a dichas autoridades en cuanto destinatario de las normas. (
85
)
108.
Así se desprende también de los principios de salvaguardia de la unidad y de Estado de Derecho del ordenamiento jurídico de la Unión (artículo 2 TUE), que el BCE debe observar como institución de la Unión en el sentido del artículo 13 TUE, apartado 2, en relación con el artículo 132 TFUE. En efecto, la obligación de aplicar la legislación, establecida en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013 tiene precisamente por objeto «garantizar una supervisión rigurosa». Solo así puede alcanzarse el objetivo superior de «la unidad y la integridad del mercado interior, partiendo de la base de la igualdad de trato para las entidades de crédito», consagrado en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento, con miras a evitar el arbitraje regulatorio. (
86
) En consecuencia, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento, «el BCE será responsable del funcionamiento eficaz y coherente del MUS».
109.
Como pone de manifiesto el presente asunto (véanse los puntos 115 y siguientes de las presentes conclusiones), una transposición diferente, e incluso posiblemente no conforme, de la Directiva 2014/59 en los Estados miembros entraña el riesgo de fragmentación excesiva de la aplicación de las normas de supervisión pertinentes en el mercado interior. Esto podría perjudicar el ejercicio uniforme y eficaz de las competencias de supervisión de las entidades de crédito por parte de las autoridades supervisoras de los Estados miembros y del BCE en el marco del Mecanismo Único de Supervisión. (
87
) Por lo tanto, en la medida en que la legislación nacional de transposición contravenga las disposiciones de las directivas directamente aplicables, deberá, en la medida en que ello sea admisible en detrimento de los particulares, (
88
) dejarse inaplicada por todas las autoridades de supervisión, incluido el BCE, de conformidad con el principio de primacía del Derecho de la Unión. (
89
)
b) Consecuencias de la aplicabilidad directa del artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59 en perjuicio del Banco y de sus accionistas
110.
Si, contrariamente a cuanto propongo, el Tribunal de Justicia reconociera en el caso de autos la aplicabilidad directa del artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59 en perjuicio del Banco y de sus accionistas, el BCE estaría en consecuencia —a la vista del indiscutido deterioro significativo de la situación financiera del Banco en el sentido del el artículo 28 de dicha Directiva y de las insuficientes medidas de subsanación adoptadas hasta entonces— no solo facultado, sino incluso obligado, en virtud del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013, a ordenar o prorrogar la administración provisional del Banco de conformidad con dicha disposición de la Directiva en relación con el artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), y el artículo 70, apartado 1, del TUB. En la medida en que el artículo 70, apartado 1, del TUB no hace referencia expresa al requisito del deterioro de la situación financiera del banco, sino al requisito cualificado relativo a la previsión de graves pérdidas patrimoniales, contraviniendo el artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59 (véanse más detalles al respecto en los puntos 120 y siguientes de las presentes conclusiones), esta disposición nacional sería inaplicable debido a la primacía de esta disposición (directamente aplicable) de la Directiva.
111.
En estas circunstancias, habría que considerar que las afirmaciones del Tribunal General recogidas en los apartados 91 a 114 de la sentencia recurrida, en las que censura al BCE haber basado las decisiones impugnadas en un fundamento jurídico insuficiente, adolecen de un error de Derecho. En efecto, el BCE habría tenido entonces que apoyarse en el artículo 29 de la Directiva 2014/59 como base jurídica, aplicar directamente esa disposición de la Directiva en relación con el artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), y el artículo 70, apartado 1, del TUB y, en virtud de su primacía, dejar inaplicados los elementos de las disposiciones nacionales incompatibles con ella. Así hizo, a fin de cuentas, el BCE al no examinar el requisito cualificado de la previsión de pérdidas financieras graves del Banco establecido del artículo 70, apartado 1, del TUB y limitarse a constatar el deterioro de su situación financiera (véanse los puntos 119 y 139 de las presentes conclusiones).
112.
Por lo tanto, el segundo motivo de casación del BCE, tal como lo precisó él mismo en la vista, y el quinto motivo de casación de la Comisión serían fundados a este respecto y deberían dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida.
113.
Como he expuesto en los puntos 94 y siguientes de las presentes conclusiones, considero, sin embargo, que tal resultado es incorrecto porque supone una aplicación directa inadmisible del artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59 en perjuicio del Banco y de sus accionistas. Para el caso de que el Tribunal de Justicia siga mi apreciación, abordaré también los demás motivos de casación.
114.
En particular, si el Tribunal de Justicia diera por cierto, tal como se ha propuesto en los puntos 94 a 104 de las presentes conclusiones, que el artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59 no puede aplicarse directamente en detrimento del Banco y de sus accionistas, deberá examinarse a continuación si el artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), y el artículo 70, apartado 1, del TUB pueden o deben interpretarse de un modo conforme con esa disposición de la Directiva y si el Tribunal General infringió el artículo 288 TFUE, párrafo tercero, al rechazar tal interpretación conforme (segundo motivo de casación del BCE y cuarto motivo de casación de la Comisión). A este respecto, también deberá elucidarse si y en qué medida tanto el BCE como los tribunales de la Unión debieron o, en su caso, deben tener en cuenta la práctica interpretativa de los órganos jurisdiccionales nacionales alegada por los recurrentes en casación e Italia.
4. ¿Interpretación conforme del artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), y del artículo 70, apartado 1, del TUB?
115.
Según la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia, «para garantizar la efectividad del conjunto de las disposiciones del Derecho de la Unión, el principio de primacía de dicho Derecho obliga, en particular, a los órganos jurisdiccionales nacionales a interpretar, en la medida de lo posible, su Derecho interno de manera conforme con el Derecho de la Unión». (
90
)
116.
Así pues, en concordancia con reiterada jurisprudencia, al aplicar el Derecho nacional, dichos órganos jurisdiccionales están obligados a interpretarlo en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la disposición de Derecho de la Unión de que se trate, tomando en consideración la totalidad del Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este a fin de garantizar la plena efectividad de dicha disposición y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por esta. No obstante, la obligación de interpretación conforme del Derecho nacional tiene determinados límites y no puede, en particular, servir de fundamento a una interpretación contra legem del Derecho nacional. (
91
)
117.
Por las razones expuestas en los puntos 106 a 109 de las presentes conclusiones, incumbe no solo a las autoridades y órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, sino también, y en principio, al BCE, en virtud del mandato contemplado en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013 —y posteriormente al Tribunal General, cuando le corresponda examinar la legalidad de la actuación de aquel—, realizar, en la medida de lo posible, una interpretación y una aplicación conformes de la legislación nacional que incorpora la Directiva 2014/59 al ordenamiento jurídico nacional. (
92
)
118.
En la primera decisión impugnada, el BCE se limitó a basar la orden de administración provisional del Banco en los artículos 69 octiesdecies y 70 del TUB en relación con el artículo 29 de la Directiva 2014/59, sin plantear la cuestión, y mucho menos examinarla, de si es posible una interpretación conforme de estas disposiciones nacionales. El Tribunal General consideró que ello suponía un error de Derecho, en particular porque, a su juicio, tal interpretación resulta contraria al claro tenor de estas disposiciones, en particular del artículo 70 del TUB. A esta conclusión se llega, en esencia, a partir de las consideraciones siguientes.
119.
Como se ha señalado en el punto 88 de las presentes conclusiones, el artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59 debe interpretarse en relación con el artículo 28 de la misma. En consecuencia, la orden de administración provisional también presupone siempre que la situación financiera del banco afectado se haya deteriorado significativamente. Sin embargo, como declaró el Tribunal General en los apartados 88 y siguientes de la sentencia recurrida, solo el artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), del TUB contiene expresamente el requisito de «deterioro de la situación del banco». Por el contrario, aunque el artículo 70, apartado 1, del TUB se refiere a las infracciones o irregularidades en el sentido del artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), del TUB, no contempla precisamente este requisito. En lugar de ello, el artículo 70, apartado 1, del TUB contiene un requisito cualificado a este respecto, según el cual deben «preverse graves pérdidas patrimoniales». El Tribunal General dedujo de lo anterior, así como del hecho de que los requisitos previstos en el artículo 70, apartado 1, del TUB están regulados de forma exhaustiva, que no es posible realizar una interpretación conforme de esta disposición. (
93
) En esencia, sostuvo, pues, la tesis de que, a falta de la prueba de la concurrencia de este requisito cualificado (
94
) y, por tanto, de una base jurídica suficiente, el BCE no estaba facultado para ordenar o prorrogar la administración provisional del Banco en las decisiones impugnadas basándose únicamente en que su situación financiera se había deteriorado significativamente.
120.
Los recurrentes en casación e Italia sostienen, en cambio, que el artículo 70, apartado 1, del TUB, en su caso, en relación con el artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), del TUB, puede o incluso debe interpretarse de conformidad con el artículo 29, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2014/59. Por lo tanto, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al rechazar tal interpretación.
121.
En consecuencia, es necesario examinar el alcance preciso de la obligación del BCE y del Tribunal General de realizar, en la medida de lo posible, una interpretación conforme de la legislación nacional (véase el punto 116 de las presentes conclusiones). En cuanto atañe a las imputaciones formuladas por los recurrentes en casación y por Italia, ha de examinarse, en particular si y en qué medida el Tribunal General debió tener en cuenta a tal fin los métodos de interpretación reconocidos en el Derecho interno, así como la jurisprudencia pertinente de los órganos jurisdiccionales nacionales. (
95
)
122.
Esto conduce a un aspecto extremadamente controvertido entre las partes. Se trata de saber si el Derecho nacional que debe aplicar el BCE de conformidad con el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013 constituye el objeto de una «cuestión de Derecho» o más bien de una «cuestión de hecho» susceptible de ser probada en el contexto de su aplicación y del control judicial posterior, por analogía con el Derecho de la Unión. (
96
) En efecto, solo cabría imputar un error de Derecho al Tribunal General si la posibilidad de realizar una interpretación conforme del Derecho nacional con arreglo a los métodos de interpretación aplicables a nivel nacional, incluida la jurisprudencia pertinente, afectase a una «cuestión de Derecho» que hubiera apreciado incorrectamente, o al menos si hubiera desnaturalizado manifiestamente este Derecho en la sentencia recurrida. (
97
) Se conecta con lo anterior la importante cuestión preliminar de si el Tribunal de Justicia es competente, en virtud del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, para apreciar los motivos de casación en cuestión. (
98
)
5. Derecho nacional en el sentido del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013: ¿cuestión de «Derecho» o de «hecho»?
123.
El BCE, la Comisión e Italia consideran, en consonancia con las decisiones impugnadas, que puede realizarse una interpretación conforme del artículo 70, apartado 1, del TUB a la luz del Derecho nacional en su conjunto, de los métodos de interpretación pertinentes y de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales italianos. A este respecto, el BCE y la Comisión sostienen, en particular en sus respuestas dadas durante la vista a una pregunta escrita formulada por el Tribunal de Justicia, que el Derecho nacional debe equipararse al Derecho de la Unión en virtud de la obligación de aplicación establecida en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013, y que la observancia de ese Derecho está sujeto al pleno control de los tribunales de la Unión y, por tanto, del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación con arreglo al artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo. Sin embargo, a su juicio, el Tribunal General no tuvo en cuenta esta posibilidad legal de realizar una interpretación conforme del artículo 70, apartado 1, del TUB.
124.
La Sra. Corneli se opone a ello. A su juicio, el BCE debe interpretar y aplicar el Derecho nacional de acuerdo con los criterios reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional, aun cuando aquel sea contrario al Derecho de la Unión. Esta última cuestión puede plantearse, en el mejor de los casos, en un procedimiento de infracción, pero no en un procedimiento de anulación o de casación, y debe tratarse como una cuestión de hecho. En cualquier caso, a su juicio, los artículos 28 y 29 de la Directiva 2014/59 se han transpuesto correctamente mediante el artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), y el artículo 70, apartado 1, del TUB.
125.
El Tribunal de Justicia ya ha declarado en dos sentencias relativas al Mecanismo Único de Supervisión que la aplicación del Derecho nacional por (el BCE y) el Tribunal General sobre la base del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013 solo puede examinarse en el marco de un procedimiento de casación para comprobar si existió una desnaturalización de este Derecho, la cual debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos. (
99
) Por tanto, esta jurisprudencia parte —correctamente, en mi opinión— de que, en el contexto de un recurso de casación, el Derecho nacional no puede equipararse al Derecho de la Unión en su función de criterio de examen.
126.
En efecto, a diferencia de cuanto sostienen la Abogada General Ćapeta y la Comisión, no considero posible tratar la aplicación del Derecho nacional por el BCE, aunque el Derecho de la Unión la prescriba, como una pura cuestión de Derecho, que sería sustancialmente la misma que la del «respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados» en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo primero, o que la de la «cuestión de Derecho» en el sentido del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia. (
100
) Tal equiparación plena de estas diferentes fuentes del Derecho sería contraria al reparto de competencias entre los Estados miembros y la Unión que se consagra en los Tratados y al principio de atribución contemplado en el artículo 5 TUE, apartado 2. Este reparto de competencias en virtud de los Tratados no puede modificarse mediante una obligación de aplicar el Derecho nacional establecida en el Derecho derivado, como la prevista en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013. De lo contrario, esta disposición tendría como consecuencia que el Derecho nacional adoptado en transposición de las directivas que garantizan el funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión quedaría completamente «incorporado» al ámbito del Derecho de la Unión. (
101
) Tendría entonces que ser tratado por las instituciones y los tribunales de la Unión exclusivamente de conformidad con las normas aplicables a este último. (
102
)
127.
Por estas razones de competencia judicial, el principio iura novit curia no puede aplicarse a los tribunales de la Unión con respecto al Derecho nacional del mismo modo que con respecto al Derecho de la Unión. En efecto, según el artículo 19 TUE, apartado 1, segunda frase, en relación con los artículos 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y 267 TFUE y con el artículo 58, apartado 1, de su Estatuto, el Tribunal de Justicia solo tiene la «última palabra» respecto a la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión o de los Tratados y del Derecho derivado, incluidas las directivas, mientras que son los tribunales supremos o constitucionales de los Estados miembros los que siguen teniendo, en principio, la última palabra respecto al Derecho nacional (incluido el adoptado en transposición de estas directivas). (
103
) Como alega acertadamente la Sra. Corneli, tanto el procedimiento de infracción del artículo 258 TFUE (
104
) como el principio de que el Tribunal de Justicia carece de competencia para interpretar y aplicar el Derecho nacional en el procedimiento prejudicial contemplado en el artículo 267 TFUE (
105
) son una expresión concreta de este reparto de competencias que establecen los Tratados. Los límites de la interpretación conforme del Derecho nacional reconocidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véanse los puntos 115 y 116 de las presentes conclusiones), que sirven al objetivo de salvaguardar la competencia y la voluntad del legislador del Estado miembro, confirman esta apreciación.
128.
A este respecto, he de recordar también mis observaciones circunstanciadas sobre la aplicación de las disposiciones legislativas nacionales y sobre el control judicial en el ámbito del Derecho de marcas de la Unión, que también se remite al Derecho nacional. (
106
) A mi juicio, no pueden aplicarse aquí principios distintos de los que el Tribunal de Justicia reconoció a continuación de forma específica en el contexto del Derecho de marcas de la Unión (
107
) y más tarde extrapoló al ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013. (
108
) Sin embargo, también tuvo en cuenta a este respecto la circunstancia de que las disposiciones legislativas nacionales no son completamente equiparables a otros hechos en los procedimientos judiciales, sino que deben estar sujetas a requisitos especiales de alegación y de prueba debido a su naturaleza híbrida como hechos jurídicos. (
109
) De este modo también se tiene en cuenta el hecho de que una disposición nacional de ejecución de las competencias de supervisión en el marco del Mecanismo Único de Supervisión es también, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013, una norma jurídica relativa a la ejecución de los Tratados en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, cuya aplicación está sujeta, en principio, al control de los tribunales de la Unión.
129.
En última instancia, este enfoque es similar al seguido por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia sobre normativa de la Unión en materia de ayudas de Estado. Según este planteamiento, el Derecho nacional que constituye el marco para evaluar si un Estado miembro ha concedido una ayuda prohibida en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, debe apreciarse como un hecho jurídico, esencialmente de conformidad con las normas en materia de alegación y prueba aplicables a los hechos. (
110
)
130.
De ello se desprende que el criterio de examen en relación con el Derecho nacional ante los tribunales de la Unión entraña, en general, que la parte que lo invoca debe alegar y probar que ese Derecho debe interpretarse y aplicarse en el sentido que propugna, de conformidad con los métodos nacionales de interpretación y la jurisprudencia de los tribunales del Estado miembro de que se trate. (
111
) Por lo tanto, debe rechazarse el argumento de los recurrentes en casación de que el Derecho nacional es equiparable al Derecho de la Unión en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013. En el contexto de este control, los tribunales de la Unión no están facultados, por tanto, para abordar y examinar de oficio el Derecho nacional pertinente en caso necesario, (
112
) máxime cuando la correspondiente prohibición de intervención de oficio también se aplica en principio en el Derecho de la Unión. (
113
)
131.
Por tanto, examinaré a continuación si, en el procedimiento de casación, los recurrentes en casación e Italia estaban debidamente habilitados para demostrar o han demostrado que, según los métodos nacionales de interpretación y la jurisprudencia pertinente, el artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), y el artículo 70, apartado 1, del TUB se interpretan (o pueden interpretarse) de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Directiva 2014/59 y que, por tanto, la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho a este respecto. En efecto, dado que la interpretación y la aplicación del Derecho nacional deben tratarse esencialmente como una cuestión de hecho susceptible de ser probada, las correspondientes imputaciones formuladas por los recurrentes en casación podrían ser inadmisibles, como también alega la Sra. Corneli. Además, solo cabría reprochar al Tribunal General un error de Derecho en la medida en que hubiera infringido las normas en materia de prueba a este respecto, en particular las relativas al reparto de la carga de la prueba y al nivel de prueba, o —de conformidad con los criterios reconocidos por el Tribunal de Justicia— hubiera desnaturalizado manifiestamente los hechos o las pruebas pertinentes para apreciar el contenido y el alcance de las disposiciones nacionales y su aplicación. (
114
)
6. Admisibilidad de la imputación relativa a la interpretación conforme del artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 70, apartado 1, del TUB
132.
Los recurrentes en casación, apoyadas por Italia, expusieron detalladamente por primera vez en el procedimiento de casación qué métodos de interpretación consideran que deben tenerse en cuenta conforme al Derecho italiano en relación con el artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), y el artículo 70, apartado 1, del TUB y cómo los tribunales italianos han interpretado y aplicado estas disposiciones hasta la fecha, también en relación con los artículos 28 y 29 de la Directiva 2014/59. (
115
) La jurisprudencia pertinente de estos tribunales se remonta a 2012, 2015, 2017 y 2021, por lo que se hallaba disponible en el momento del procedimiento de primera instancia ante el Tribunal General. Sin embargo, no se hace mención alguna a la misma en los escritos que las partes presentaron en primera instancia. Tampoco presentaron hechos probados a este respecto en respuesta a las preguntas del Tribunal General en la vista ante el mismo.
133.
Sin embargo, en su respuesta al cuarto motivo invocado por la Sra. Corneli en primera instancia, basado en la infracción del artículo 70, apartado 1, del TUB, el BCE podría haber inducido perfectamente al Tribunal General, mediante tal alegación de defensa, a abordar en particular la cuestión de la interpretación y la aplicación de dichas disposiciones por los tribunales italianos. Ahora bien, a falta de tal alegación por parte del BCE, el Tribunal General no apreció ni pudo apreciar esta cuestión en el marco del cuarto motivo. En efecto, como ya se ha señalado en el punto 130 de las presentes conclusiones, el Tribunal General no estaba ni facultado ni obligado a examinar de oficio el alcance de las disposiciones nacionales a la luz de los métodos de interpretación y de la jurisprudencia nacionales. Por lo tanto, no se le puede reprochar haberlas pasado manifiestamente por alto y mucho menos haberlas desnaturalizado.
134.
Mas, por un lado, no corresponde al Tribunal de Justicia valorar hechos y pruebas alegados por primera vez en el procedimiento de casación, incluidos los hechos jurídicos controvertidos en el caso de autos relativos a la interpretación y aplicación de las disposiciones nacionales pertinentes, que no fueron o no pudieron ser objeto de la sentencia del Tribunal General. Según reiterada jurisprudencia, existe una desnaturalización de las pruebas únicamente cuando, sin la práctica de nuevas pruebas, la apreciación de los elementos de prueba que (ya) constan en autos es manifiestamente errónea. (
116
) Además, la eventual solicitud formal de los recurrentes en casación de admisión de nuevas pruebas habría debido desestimarse. En efecto, según el artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 58, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho, excluyendo toda apreciación de los hechos, de manera que las nuevas pruebas son inadmisibles en fase de recurso de casación. (
117
)
135.
Por otro lado, la desnaturalización de los hechos o de las pruebas debe desprenderse de forma manifiesta de los autos, sin que sea necesaria una nueva apreciación de unos y otras. Habida cuenta del carácter excepcional del motivo de casación mediante el que se censura una desnaturalización de los hechos y de las pruebas, el recurrente en casación, de conformidad con el artículo 256 TFUE, el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y el artículo 168, apartado 1, letra d), de su Reglamento de Procedimiento, deberá indicar con precisión los hechos y las pruebas que el Tribunal General supuestamente desnaturalizó y exponer los errores de apreciación que, en su opinión, dieron lugar a tal desnaturalización. (
118
)
136.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia ya ha aclarado, en relación con un error de Derecho en la aplicación del artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013 en que se basaba el recurso de casación, que solo es competente para examinar, en primer lugar, si el Tribunal General, basándose en documentos y otros elementos que le fueran sometidos, no alteró el tenor de las disposiciones nacionales de que se trata, de la jurisprudencia nacional relativa a estas o de la doctrina que se refiera a ellas; en segundo lugar, si, a la vista de dichos elementos, no emitió consideraciones que fueran manifiestamente en contra de su contenido, y, en tercer lugar, si, al examinar el conjunto de datos a efectos de determinar el contenido de la legislación nacional de que se trate, no atribuyó a alguno de ellos un alcance que no le corresponde en relación a los demás, en la medida en que se desprenda de manera manifiesta de los documentos del expediente. (
119
)
137.
Sin embargo, la flagrante inobservancia de la jurisprudencia de los tribunales italianos en la sentencia recurrida, alegada en particular por el BCE, no se desprende de los autos de primera instancia, sino, a lo sumo, de las imputaciones formuladas en el procedimiento de casación. A falta de la correspondiente alegación en el procedimiento de primera instancia, tampoco se advierte que el Tribunal General pudiera haber interpretado erróneamente las normas de la Unión en materia de prueba a este respecto. Esta consideración es válida aun cuando el Tribunal General hubiera interpretado las disposiciones nacionales como si fueran disposiciones de Derecho de la Unión. (
120
)
138.
Antes bien, la interpretación del artículo 70, apartado 1, del TUB realizada por el Tribunal General (véase el punto 119 de las presentes conclusiones) parece suficientemente plausible, a la vista del tenor de esta disposición, de modo que su negativa a realizar una interpretación conforme contra legem de esta disposición no puede calificarse ni de desnaturalización manifiesta ni de error de Derecho por otros motivos.
139.
El requisito cualificado expresamente previsto en el artículo 70, apartado 1, del TUB —a diferencia del tenor de los artículos 28 y 29 de la Directiva 2014/59—, según el cual también puede ordenarse la administración provisional, además de en los casos de «infracción o irregularidad» en el sentido del artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), del TUB, si «se prevén graves pérdidas patrimoniales [del banco]», (
121
) podría, en efecto, obstaculizar indudablemente una interpretación conforme del mismo. En primer lugar, no se hace evidente prima facie que el requisito de «deterioro de la situación del banco» del artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), del TUB, que no está contemplado en el artículo 70, apartado 1, del TUB, tenga el mismo sentido que la previsión de graves pérdidas patrimoniales. En segundo lugar, no cabe deducir sin más que, como sostienen el BCE e Italia, los conceptos de «infracción» y de «irregularidad» recogidos en el artículo 69 octiesdecies, apartado 1, letra b), del TUB, a los que remite el artículo 70, apartado 1, del TUB, impliquen automáticamente siempre un «deterioro de la situación del banco». Cabría oponerse a tal interpretación conforme, en particular, si fuera cierto —como afirma el Tribunal General (
122
) y alega la Sra. Corneli— que el requisito cualificado de previsión de graves pérdidas patrimoniales es, según el propósito del legislador italiano, una manifestación específica del principio de proporcionalidad y sirve en particular al objetivo de justificar la injerencia más grave —en relación con las medidas de subsanación prioritarias y menos gravosas— que entraña la orden de administración provisional. En cualquier caso, el BCE no examinó expresamente este requisito cualificado en las decisiones impugnadas para justificar la orden de administración provisional del Banco. (
123
)
140.
A la luz de la información disponible en los autos, la conclusión a que llegó el Tribunal General en la sentencia recurrida en el sentido de que el BCE no se había apoyado en una base jurídica suficiente no supone, por tanto, una interpretación manifiestamente errónea de las disposiciones nacionales pertinentes. Tampoco parece que el Tribunal General incumpliera así su obligación de realizar, en la medida de lo posible, una interpretación conforme de dichas disposiciones.
141.
Por consiguiente, las imputaciones formuladas por los recurrentes en casación y por Italia, en la medida en que alegan —en el marco de los motivos de casación segundo a quinto del BCE y tercero y cuarto de la Comisión— que se han aplicado erróneamente los métodos de interpretación del Derecho italiano y no se ha tenido en cuenta la jurisprudencia de los tribunales italianos, deben declararse inadmisibles.
142.
La Comisión no puede oponer a ello —mediante su segundo motivo— que la Sra. Corneli rechazó la interpretación del artículo 70, apartado 1, del TUB formulada por el Tribunal General en respuesta a su cuarto motivo fuera de plazo, a saber, en su réplica ante el Tribunal General, lo cual era inadmisible conformidad con el artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Esta alegación de la Comisión se basa en una comparación formalista el tenor de dos puntos de la demanda y la réplica que reproducen, a su comienzo, el contenido del artículo 70 del TUB. Sin embargo, como alegó la Sra. Corneli, este contenido solo se recogió de forma imprecisa en la demanda, sin que ello afectara al alcance del cuarto motivo. Aun cuando la infracción del artículo 70, apartado 1, del TUB solo se formulara vagamente en ese motivo y no contuviera la interpretación realizada en la sentencia recurrida en esta forma, también ha de tenerse en cuenta que a la Sra. Corneli solo se le remitió el texto íntegro de la primera decisión impugnada después de la interposición del recurso. Por tanto, no se trataba de un motivo nuevo en el sentido del artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, sino, a lo sumo, de una exposición más detallada y admisible del (cuarto) motivo, relativo a la infracción del artículo 70, apartado 1, del TUB, ya invocado en la demanda. (
124
) El BCE se defendió entonces de este motivo sin tener en cuenta los métodos nacionales de interpretación ni la jurisprudencia de los tribunales italianos.
143.
Por consiguiente, procede desestimar por infundado el segundo motivo de casación de la Comisión, basado en que el Tribunal General infringió el artículo 84, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento y violó el principio non ultra petita.
7. Conclusión provisional
144.
Dado que, en mi opinión, no prospera ninguno de los motivos, propongo que se desestimen los dos recursos de casación.
145.
A falta de una solicitud de condena en costas con arreglo al artículo 138, párrafo primero, en relación con el artículo 184, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, no es necesario pronunciarse sobre las costas de la Sra. Corneli. Al haber visto desestimadas sus pretensiones, los recurrentes en casación deberán cargar con sus propias costas del procedimiento de casación, con arreglo al artículo 138, apartado 1, en relación con el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. Italia, como parte coadyuvante, cargará con sus propias costas, con arreglo al artículo 140, apartado 1, en relación con el artículo 184, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.
146.
No obstante, si el Tribunal de Justicia no sigue mi propuesta de decisión y considera fundados los recursos de casación, en particular porque prospere el quinto motivo de la Comisión (puntos 81 a 112 de las presentes conclusiones), procedería anular la sentencia recurrida, devolver el asunto al Tribunal General para que se pronuncie de nuevo y reservar la decisión sobre las costas. Dado que el Tribunal General se limitó al examinar el motivo basado en la infracción del artículo 70, apartado 1, del TUB o, en su caso, en la falta de base jurídica y no examinó los demás motivos que expuso de forma resumida en el apartado 84 de la sentencia recurrida, (
125
) el estado del asunto no permitiría resolverlo definitivamente, de conformidad con el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia. A mi juicio, el Tribunal de Justicia no dispone de la información necesaria para pronunciarse definitivamente sobre dichos motivos. Además, ello exigiría, en parte, una apreciación de los hechos y de las pruebas que el Tribunal General no llevó a cabo.
VI. Conclusión
147.
A la luz de cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que decida lo siguiente:
1.
Desestimar los recursos de casación en los asuntos acumulados C‑777/22 P y C‑789/22 P.
2.
El Banco Central Europeo, la Comisión Europea y la República Italiana cargarán con sus propias costas.
(
1
)	Lengua original: alemán.
(
2
)	Sentencia de 12 de octubre de 2022, Corneli/BCE (T‑502/19, EU:T:2022:627).
(
3
)	ECB-SSM-2019-ITCAR-11.
(
4
)	ECB-SSM-2019-ITCAR-13.
(
5
)	Sentencia de 5 de noviembre de 2019 (C‑663/17 P, C‑665/17 P y C‑669/17 P, en lo sucesivo, sentencia Trasta Komercbanka, EU:C:2019:923).
(
6
)	Sentencia Trasta Komercbanka, apartados 102 a 115.
(
7
)	Reglamento del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63).
(
8
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2020, L 378, p. 27).
(
9
)	Véase Witte, A., «The Application of National Banking Supervision Law by the ECB — Three Parallel Modes of Executing EU Law?», Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2014, vol. 21, p. 89, en particular, pp. 105 y ss.; Boucon, L., y Jaros, D., «The Application of National Law by the European Central Bank within the EU Banking Union’s Single Supervisory Mechanism: A New Mode of European Integration?», European Journal of Legal Studies, 2018, vol. 10, p. 155, en particular, pp. 170 y ss.; Coman-Kund, F., y Amtenbrink, F., «On the Scope and Limits of the Application of National Law by the European Central Bank within the Single Supervisory Mechanism», Banking & Finance Law Review, 2018, vol. 33, p. 133, en particular, pp. 147 y ss.; Di Bucci, V., «Quelques questions concernant le contrôle juridictionnel sur le mécanisme de surveillance unique», Liber amicorum Antonio Tizzano — De la Cour CECA à la Cour de l’Union : le long parcours de la justice européenne, Giappichelli 2018, pp. 316 y ss., en particular, pp. 327 y ss.; Biondi, A., y Spano, A., «The ECB and the Application of National Law in the SSM: New Yet Old...», European Business Law Review, 2020, vol. 31, p. 1023, en particular, pp. 1036 y ss., y Bobić, A., The Individual in the Economic and Monetary Union — A Study of Legal Accountability, Cambridge 2024, pp. 165 y ss.
(
10
)	Véanse también las conclusiones de la Abogada General Ćapeta presentadas en el asunto Anglo Austrian AAB/BCE (C‑579/22 P, EU:C:2024:296), puntos 26 y ss.
(
11
)	GURI n.o 267 de 16 de noviembre de 2016.
(
12
)	GURI n.o 176 de 31 de julio de 2015.
(
13
)	Véase el Decreto Legislativo n.o 385 de 1 de septiembre de 1993 (GURI n.o 230 de 30 de septiembre de 1993, suplemento ordinario n.o 92).
(
14
)	Véanse en detalle los apartados 3 y ss. de la sentencia recurrida.
(
15
)	Se trata de un consorcio bancario de Derecho privado para la protección de los depósitos: véase la sentencia de 2 de marzo de 2021, Comisión/Italia y otros (C‑425/19 P, EU:C:2021:154), apartados 7 y ss.
(
16
)	Apartados 33 y ss. de la sentencia recurrida.
(
17
)	Apartados 88 a 100 de la sentencia recurrida.
(
18
)	El Tribunal General parece referirse (en el apartado 107 de la sentencia recurrida) en particular al requisito cualificado, establecido en el artículo 70, apartado 1, del TUB, de que se prevean «graves pérdidas patrimoniales». Sin embargo, solo se hace mención de este requisito en la cita de esta disposición recogida en el apartado 89 y en el apartado 93, tercer guion, de la sentencia recurrida, sin que subsuma en la misma ni se reproche expresamente al BCE no haberla aplicado.
(
19
)	Apartados 103 a 108 de la sentencia recurrida.
(
20
)	Con estas prolijas observaciones, el Tribunal General parece querer decir que estas directivas y la legislación nacional adoptada para transponerlas forman una única fuente del Derecho.
(
21
)	Apartados 111 a 113 de la sentencia recurrida.
(
22
)	Véase el resumen que figura en el apartado 84 de la sentencia recurrida, que se basa en una reformulación de los cinco motivos invocados formalmente en la demanda. En cuanto al fondo, el Tribunal General declaró fundado el cuarto motivo, basado en particular en la infracción del artículo 70 del TUB.
(
23
)	Apartados 26 a 29 de la sentencia recurrida.
(
24
)	Primer motivo de casación del BCE en el asunto C‑777/22 P y primer motivo de casación de la Comisión en el asunto C‑789/22 P.
(
25
)	Segundo motivo de casación del BCE en el asunto C‑777/22 P y motivos de casación segundo a quinto de la Comisión en el asunto C‑789/22 P.
(
26
)	Véanse las sentencias de 23 de abril de 2009, Sahlstedt y otros/Comisión (C‑362/06 P, EU:C:2009:243), apartado 22 y jurisprudencia citada, y de 6 de julio de 2023, Julien/Consejo (C‑285/22 P, EU:C:2023:551), apartado 45 y jurisprudencia citada. Véase también la sentencia de 20 de junio de 2024, EUIPO/Indo European Foods (C‑801/21 P, EU:C:2024:528), apartado 76 y jurisprudencia citada.
(
27
)	En este sentido, las sentencias de 30 de junio de 2022, Danske Slagtermestre/Comisión (C‑99/21 P, EU:C:2022:510), apartado 41 y jurisprudencia citada, y Trasta Komercbanka, apartado 103.
(
28
)	Apartados 33 y ss. de la sentencia recurrida.
(
29
)	Véase en detalle el apartado 34 de la sentencia recurrida.
(
30
)	Véase el apartado 34, segundo guion, de la sentencia recurrida.
(
31
)	Véase el apartado 34, tercer guion, de la sentencia recurrida.
(
32
)	Véanse el artículo 18, apartado 9, y el artículo 26, apartado 7, de estos estatutos.
(
33
)	Apartado 44 de la sentencia recurrida.
(
34
)	Véase también el apartado 38 de la sentencia recurrida.
(
35
)	Apartados 110 y 111.
(
36
)	En este sentido, sentencia Trasta Komercbanka, apartados 109, 111 y 112; véanse también mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados BCE y otros/Trasta Komercbanka y otros (C‑663/17 P, C‑665/17 P y C‑669/17 P, EU:C:2019:323), punto 119.
(
37
)	En este sentido, sentencia Trasta Komercbanka, apartados 113 a 115.
(
38
)	Apartados 47 a 53 de la sentencia recurrida.
(
39
)	TEDH, sentencia de 7 de julio de 2020, Albert y otros c. Hungría (CE:ECHR:2020:0707JUD000529414).
(
40
)	En este sentido, sentencia del TEDH de 7 de julio de 2020, Albert y otros c. Hungría (CE:ECHR:2020:0707JUD000529414), §§ 121 a 124, 132, en particular § 134.
(
41
)	TEDH, sentencia de 7 de julio de 2020, Albert y otros c. Hungría (CE:ECHR:2020:0707JUD000529414), § 155, haciendo referencia a las sentencias del TEDH de 20 de septiembre de 2011, Shesti Mai Engineering OOD y otros c. Bulgaria, n.o 17854/04 (CE:ECHR:2011:0920JUD001785404), y de 7 de noviembre de 2002, Olczak c. Polonia (CE:ECHR:2002:1107DEC003041796).
(
42
)	TEDH, sentencia de 7 de julio de 2020, Albert y otros c. Hungría (CE:ECHR:2020:0707JUD000529414), §§ 154 y 155.
(
43
)	Véase, por analogía, la sentencia Trasta Komercbanka, apartado 114.
(
44
)	Apartados 34 y 35 de la sentencia recurrida.
(
45
)	Sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci (C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), apartados 28 y 29 y jurisprudencia citada. Véase también el apartado 74 de la sentencia recurrida.
(
46
)	Apartados 58 y ss. de la sentencia recurrida.
(
47
)	En este sentido, por ejemplo, la sentencia de 23 de abril de 2009, Sahlstedt y otros/Comisión (C‑362/06 P, EU:C:2009:243), apartado 26, que remite a la sentencia de 15 de julio de 1963Plaumann/Comisión (25/62, EU:C:1963:17), p. 413.
(
48
)	En este sentido, sentencia de 23 de abril de 2009, Sahlstedt y otros/Comisión (C‑362/06 P, EU:C:2009:243), apartado 31 y jurisprudencia citada.
(
49
)	Apartados 58 a 64 de la sentencia recurrida.
(
50
)	Jurisprudencia reiterada; véanse en particular las sentencias de 28 de junio de 2018, Andres (Heitkamp BauHolding en quiebra)/Comisión (C‑203/16 P, EU:C:2018:505), apartados 44 y ss., en relación con los titulares de un derecho adquirido a un ahorro tributario y confirmado mediante liquidación tributaria; de 27 de febrero de 2014, Stichting Woonpunt y otros/Comisión (C‑132/12 P, EU:C:2014:100), apartado 59, y de 13 de marzo de 2008, Comisión/Infront WM (C‑125/06 P, EU:C:2008:159), apartado 71.
(
51
)	Apartados 77 y ss. de la sentencia recurrida, en el epígrafe «Interés en ejercitar la acción».
(
52
)	Véanse, en particular, los apartados 81 y 82 de la sentencia recurrida.
(
53
)	En este sentido, las sentencias de 13 de julio de 2023, D & A Pharma/EMA (C‑136/22 P, EU:C:2023:572), apartado 45; de 7 de noviembre de 2018, BPC Lux 2 y otros/Comisión (C‑544/17 P, EU:C:2018:880), apartado 31, y de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), apartados 54 y ss., en particular apartados 62 y 68.
(
54
)	En este sentido, las sentencias, redactadas en términos algo más prolíficos, de 13 de julio de 2023, D & A Pharma/EMA (C‑136/22 P, EU:C:2023:572), apartados 43 y 44 y jurisprudencia citada, y de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), apartados 55 a 58 y jurisprudencia citada.
(
55
)	Sentencias de 6 de mayo de 2021, Bayer CropScience y Bayer/Comisión (C‑499/18 P, EU:C:2021:367), apartado 40; de 7 de noviembre de 2018, BPC Lux 2 y otros/Comisión (C‑544/17 P, EU:C:2018:880), apartado 42, y de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), apartados 69 y 70.
(
56
)	Véanse las sentencias de 7 de noviembre de 2018, BPC Lux 2 y otros/Comisión (C‑544/17 P, EU:C:2018:880), apartado 43, y de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), apartado 79.
(
57
)	En este sentido, sentencia de 13 de julio de 2023, D & A Pharma/EMA (C‑136/22 P, EU:C:2023:572), apartados 51 a 53 y jurisprudencia citada.
(
58
)	Véase, sobre una acción de responsabilidad en tal sentido interpuesta por accionistas minoritarios de otro banco, la sentencia del Tribunal General de 5 de junio de 2024, Malacalza Investimenti y Malacalza/BCE (T‑134/21, EU:T:2024:362), que es objeto de un recurso pendiente ante el Tribunal de Justicia (asunto C‑557/24 P).
(
59
)	Véanse mis conclusiones en los asuntos acumulados BCE y otros/Trasta Komercbanka y otros (C‑663/17 P, C‑665/17 P y C‑669/17 P, EU:C:2019:323), puntos 104 y ss., en particular punto 119.
(
60
)	Apartados 100 a 113 de la sentencia recurrida.
(
61
)	Véanse también las conclusiones de la Abogada General Ćapeta presentadas en el asunto Anglo Austrian AAB/BCE (C‑579/22 P, EU:C:2024:296), punto 30.
(
62
)	Sobre la obligación correspondiente de las autoridades nacionales de aplicar una disposición directamente aplicable de una directiva, véase la sentencia de 6 de diciembre de 2005, ABNA y otros (C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 y C‑194/04, EU:C:2005:741), apartado 101 y jurisprudencia citada.
(
63
)	Véanse, en particular, los apartados 112 y 113 de la sentencia recurrida.
(
64
)	Sentencia de 21 de diciembre de 2023, Papier Mettler Italia (C‑86/22, EU:C:2023:1023), apartado 76 y jurisprudencia citada.
(
65
)	Sentencia de 6 de octubre de 2015, T-Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657), apartado 52 y jurisprudencia citada.
(
66
)	Dicho considerando hace referencia, con carácter general, al «deterioro de la situación financiera y económica».
(
67
)	Véase, por todas, la sentencia de 6 de octubre de 2015, T-Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657), apartado 53 y jurisprudencia citada.
(
68
)	En este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, Papier Mettler Italia (C‑86/22, EU:C:2023:1023), apartado 77 y jurisprudencia citada, y de 6 de octubre de 2015, T-Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657), apartado 53. Véanse también mis conclusiones presentadas en el asunto Impact (C‑268/06, EU:C:2008:2), punto 96.
(
69
)	Véase Kokott, J., «Zur unmittelbaren Wirkung des Unionsrechts», Archiv des öffentlichen Rechts, 2023, vol. 148, pp. 496 y ss., en particular p. 501.
(
70
)	Véase, por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Papier Mettler Italia (C‑86/22, EU:C:2023:1023), apartado 83. Véanse también las sentencias de 9 de septiembre de 2003, CIF (C‑198/01, EU:C:2003:430), apartado 49; de 29 de abril de 1999, Ciola (C‑224/97, EU:C:1999:212), apartado 30, y de 22 de junio de 1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256), apartados 31 y 32.
(
71
)	Véanse las sentencias de 6 de octubre de 2015, T‑Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657), apartados 47 y 48; de 17 de julio de 2008, Arcor y otros (C‑152/07 a C‑154/07, EU:C:2008:426), apartados 35 y 36, y de 7 de enero de 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12), apartado 57 y jurisprudencia citada.
(
72
)	Véase la sentencia de 3 de mayo de 2005, Berlusconi y otros (C‑387/02, C‑391/02 y C‑403/02, EU:C:2005:270), apartados 73 a 77.
(
73
)	Véanse también mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Berlusconi y otros (C‑387/02, C‑391/02 y C‑403/02, EU:C:2004:624), puntos 140 y ss.
(
74
)	Jurisprudencia reiterada; véase la sentencia de 7 de agosto de 2018, Smith (C‑122/17, EU:C:2018:631), apartados 42 y ss. y jurisprudencia citada. Véase también la sentencia de 14 de julio de 1994, Faccini Dori (C‑91/92, EU:C:1994:292), apartado 20 y ss.
(
75
)	Véase la sentencia de 7 de enero de 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12), apartados 57 y ss.
(
76
)	Véanse las sentencias de 6 de octubre de 2015, T-Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657), apartados 49, 50 y 53, y de 17 de julio de 2008, Arcor y otros (C‑152/07 a C‑154/07, EU:C:2008:426), apartado 38.
(
77
)	Por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental en la sentencia de 7 de enero de 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12), apartados 57 y ss.
(
78
)	Por ejemplo, en relación con la toma en consideración de determinados criterios para el cálculo de las contribuciones o de los costes que influyen en el nivel de las tarifas en el sector de las telecomunicaciones, las sentencias de 6 de octubre de 2015, T-Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657), apartados 46 y ss., y de 17 de julio de 2008, Arcor y otros (C‑152/07 a C‑154/07, EU:C:2008:426), apartados 35 y ss. Véase también sobre la legislación en materia de IVA, la sentencia de 8 de junio de 2006, Feuerbestattungsverein Halle (C‑430/04, EU:C:2006:374), apartados 28 y ss.
(
79
)	Di Bucci (op. cit., nota 9 de las presentes conclusiones), p. 329, opina en cambio que, en este contexto, la jurisprudencia sobre la prohibición de aplicar directamente disposiciones de directivas que crean obligaciones para los particulares es en general inaplicable debido a la obligación de aplicar la normativa, establecida en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013.
(
80
)	Sentencia Trasta Komercbanka, apartados 102 a 115.
(
81
)	Apartado 112 de la sentencia recurrida.
(
82
)	Véanse, por todas, las versiones inglesa y francesa, que son más claras a este respecto: «all relevant EU law»; «toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union» (el subrayado es mío).
(
83
)	Por consiguiente, el considerando 34 del Reglamento n.o 1024/2013 señala que tal obligación de aplicación «se entiende sin perjuicio del principio de la primacía del Derecho de la Unión».
(
84
)	No siempre es así, como demuestra en particular el artículo 1, párrafo quinto, del Reglamento n.o 1024/2013 (véanse también los considerandos 13 y 15): «El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades y competencias conexas de las autoridades competentes de los Estados miembros participantes en lo que respecta a la realización de las funciones de supervisión que no se hayan atribuido al BCE de conformidad con el presente Reglamento».
(
85
)	En el mismo sentido, Coman-Kund y Amtenbrink (nota 9 de las presentes conclusiones), pp. 148 a 150; Di Bucci (nota 9 de las presentes conclusiones), p. 328; con un enfoque diferente, Witte (nota 9 de las presentes conclusiones), p. 106.
(
86
)	En este sentido, véase también el considerando 12 del Reglamento n.o 1024/2013: «[…] un MUS debe velar por que las medidas de la Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito se apliquen de manera coherente y eficaz, por que el código normativo único de los servicios financieros se aplique de manera homogénea a las entidades de crédito de todos los Estados miembros afectados y por que estas entidades de crédito sean objeto de una supervisión de la máxima calidad, no obstaculizada por otras consideraciones de índole no prudencial».
(
87
)	Véanse también Biondi y Spano (nota 9 de las presentes conclusiones), pp. 1040 y ss.
(
88
)	Así podría ocurrir en el caso de los bancos controlados por el Estado; véase, sobre la aplicabilidad directa «vertical» de las disposiciones de las directivas, la sentencia de 10 de octubre de 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745).
(
89
)	Esta tesis la ha compartido siempre el BCE; véase BCE, Feedback Statement — Responses to the public consultation on a draft Regulation and draft Guide of the European Central Bank, marzo de 2016, p. 10, n.o 35. Véase también Boucon y Jaros (nota 9 de las presentes conclusiones), pp. 170 a 172 y 183; Coman-Kund y Amtenbrink (nota 9 de las presentes conclusiones), pp. 153 y 156.
(
90
)	Sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), apartado 70 y jurisprudencia citada; este sentido, por primera vez, la sentencia de 24 de junio de 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530), apartado 57 (el subrayado es mío). Aun sin contener referencia alguna al principio de primacía, véase la, a mi juicio, más correcta sentencia de 8 de noviembre de 2016, Ognyanov (C‑554/14, EU:C:2016:835), apartado 59: «[…] Esta obligación de interpretación conforme del Derecho nacional es inherente al régimen del [Tratado FUE], en la medida en que permite que los órganos jurisdiccionales nacionales garanticen, en el marco de sus competencias, la plena efectividad del Derecho de la Unión al resolver los litigios de que conozcan». En particular, sobre la obligación de interpretación conforme, véase la sentencia de 11 de abril de 2024, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Exclusión de los créditos públicos de la exoneración de deudas) (C‑687/22, EU:C:2024:287), apartado 32 y jurisprudencia citada.
(
91
)	En este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), apartados 71 y 72 y jurisprudencia citada. Véase también la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condena en rebeldía) (C‑398/22, EU:C:2023:1031), apartado 48, y mis conclusiones presentadas en el asunto en Heureka Group (Comparadores de precios en línea) (C‑605/21, EU:C:2023:695), puntos 79 a 82.
(
92
)	Véanse también Coman-Kund y Amtenbrink (nota 9 de las presentes conclusiones), p. 158; Biondi y Spano (nota 9 de las presentes conclusiones), pp. 1042 a 1044, y Di Bucci (nota 9 de las presentes conclusiones), p. 327.
(
93
)	Así se desprende de una apreciación global de las afirmaciones recogidas en los apartados 94, 105 a 108, 112 y 113 de la sentencia recurrida.
(
94
)	Como ya se ha señalado en la nota 18 de las presentes conclusiones, esta afirmación solo está implícita en la sentencia recurrida.
(
95
)	Dubitativo, Di Bucci (nota 9 de las presentes conclusiones), p. 327.
(
96
)	A este respecto, ya de forma exhaustiva, las conclusiones de la Abogada General Ćapeta presentadas en el asunto Anglo Austrian AAB/BCE (C‑579/22 P, EU:C:2024:296), puntos 26 y ss.
(
97
)	En este sentido, las sentencias de 12 de septiembre de 2024, Anglo Austrian AAB/BCE (C‑579/22 P, EU:C:2024:731), apartados 75, 85, 86, 98 y 114, y de 15 de septiembre de 2022, PNB Banka/BCE (C‑326/21 P, EU:C:2022:693), apartado 71.
(
98
)	Véase la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452), apartados 44 a 46.
(
99
)	En este sentido, las sentencias de 12 de septiembre de 2024, Anglo Austrian AAB/BCE (C‑579/22 P, EU:C:2024:731), apartados 85 y 86, y de 15 de septiembre de 2022, PNB Banka/BCE (C‑326/21 P, EU:C:2022:693), apartado 71.
(
100
)	Según esta última disposición, el recurso de casación solo podrá fundarse en «la violación del Derecho de la Unión por parte del Tribunal General».
(
101
)	Esta «incorporación» parcial tendrá lugar, a lo sumo, en litigios sustanciados ante los tribunales de la Unión sobre la base de una cláusula compromisoria. En efecto, el artículo 272 TFUE permite que el Derecho civil nacional constituya el objeto del control judicial de un contrato entre las instituciones de la Unión y las empresas; véanse, por ejemplo, la sentencia de 16 de julio de 2020, ADR Center/Comisión (C‑584/17 P, EU:C:2020:576), apartados 88 y 89, y mis conclusiones presentadas en el asunto ADR Center/Comisión (C‑584/17 P, EU:C:2019:941), puntos 121 y ss.
(
102
)	En este sentido, sin embargo, Di Bucci (nota 9 de las presentes conclusiones), p. 330. El Tribunal General también parece adoptar este punto de vista en los apartados 111 y 112 de la sentencia recurrida, en la medida en que caracteriza (implícitamente) el Derecho de la Unión a que se refiere el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013, incluidas las directivas, y la legislación nacional que las transpone, como emanados de una única fuente del Derecho (véase el punto 31 de las presentes conclusiones).
(
103
)	En este sentido, sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme) (C‑582/21, EU:C:2024:282), apartados 31 y 49 y ss. Véanse también mis conclusiones presentadas en el asunto Edwin/OAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:30), puntos 49 y ss. y 56.
(
104
)	Se refleja, en particular, en el reparto de la carga de la alegación y de la prueba entre la Comisión y el Estado miembro en cuestión, así como en las obligaciones de cooperación que incumben a este último para determinar el alcance real y la aplicación concreta de la legislación nacional, actividad esta que la Comisión no puede llevar a cabo de forma autónoma al no disponer de facultades propias de investigación. Véanse las sentencias de 25 de enero de 2024, Comisión/Irlanda (Trihalometanos en el agua potable) (C‑481/22, EU:C:2024:85), apartados 72 y ss.; de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Suecia (Instalaciones de tratamiento de aguas residuales) (C‑22/20, EU:C:2021:669), apartados 143 y ss.; de 22 de abril de 2021, Comisión/Austria (Arrendamiento de un edificio aún no construido) (C‑537/19, EU:C:2021:319), apartados 55 y ss.; de 17 de diciembre de 2020, Comisión/Hungría (Acogida de los solicitantes de protección internacional) (C‑808/18, EU:C:2020:1029), apartados 111 y ss., relativa a una práctica administrativa, y de 9 de julio de 2015, Comisión/Irlanda (C‑87/14, EU:C:2015:449), apartado 23 y jurisprudencia citada.
(
105
)	Véanse, por ejemplo, las sentencias de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme) (C‑582/21, EU:C:2024:282), apartados 31, 55 y 58; de 27 de abril de 2023, Legea (C‑686/21, EU:C:2023:357), apartado 24 y jurisprudencia citada; de 20 de octubre de 2022, Ekofrukt (C‑362/21, EU:C:2022:815), apartado 25, y de 7 de julio de 2016, Genentech (C‑567/14, EU:C:2016:526), apartado 22 y jurisprudencia citada.
(
106
)	Conclusiones presentadas en el asunto Edwin/OAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:30), puntos 42 y ss., y, a continuación, en el asunto EUIPO/Szajner (C‑598/14 P, EU:C:2016:915), puntos 44 y ss.
(
107
)	Sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452), apartados 44 y ss.; a continuación, sentencia de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186), apartados 34 y ss. Véase también la sentencia de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner (C‑598/14 P, EU:C:2017:265), apartados 35 y ss.
(
108
)	Véanse las sentencias de 12 de septiembre de 2024, Anglo Austrian AAB/BCE (C‑579/22 P, EU:C:2024:731), apartados 85 y 86 y jurisprudencia citada, y de 15 de septiembre de 2022, PNB Banka/BCE (C‑326/21 P, EU:C:2022:693), apartado 71.
(
109
)	Sentencia de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186), apartado 37: «[…] no se desprende […] que una norma del Derecho nacional […] deba tener la consideración de un dato meramente de hecho […]». Véase también Prek, M., y Lefèvre, S.: «The EU Courts as “national” courts: National law in the EU judicial process», Common Market Law Review, 2017, vol. 54, n.o 2, p. 369 (en particular, p. 394: «“hybrid” or sui generis approach»).
(
110
)	Véanse las sentencias de 10 de septiembre de 2024, Comisión/Irlanda y Apple Sales International (C‑465/20 P, EU:C:2024:724), apartados 174 a 176; de 14 de diciembre de 2023, Comisión/Amazon.com y otros (C‑457/21 P, EU:C:2023:985), apartados 19 a 22; de 5 de diciembre de 2023, Luxemburgo y otros/Comisión (C‑451/21 P y C‑454/21 P, EU:C:2023:948), apartados 76 a 79; de 8 de noviembre de 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Comisión (C‑885/19 P y C‑898/19 P, EU:C:2022:859), apartados 72 y ss., en particular apartado 82; de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971), apartado 20 y jurisprudencia citada; de 3 de abril de 2014, Francia/Comisión (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), apartados 77 y ss., y de 21 de diciembre de 2011, A2A/Comisión (C‑318/09 P, EU:C:2011:856), apartado 125.
(
111
)	Hace suya esta tesis la Abogada General Ćapeta en sus conclusiones presentadas en el asunto Anglo Austrian AAB/BCE (C‑579/22 P, EU:C:2024:296), puntos 47 y ss., aunque considera que el Derecho nacional es sustancialmente igual al Derecho de la Unión en lo que respecta al artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013.
(
112
)	Sí considera que tienen tal facultad la Abogada General Ćapeta en sus conclusiones presentadas en el asunto Anglo Austrian AAB/BCE (C‑579/22 P, EU:C:2024:296), puntos 44 a 46. Véanse también las conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en los asuntos acumulados Crédit mutuel Arkéa/BCE (C‑152/18 P y C‑153/18 P, EU:C:2019:505), punto 120, que remite, entre otras, a la sentencia de 13 de diciembre de 2017, Crédit mutuel Arkéa/BCE (T‑712/15, EU:T:2017:900), apartado 132.
(
113
)	Véase, por todas, la sentencia de 25 de octubre de 2017, Comisión/Italia (C‑467/15 P, EU:C:2017:799), apartado 15 y jurisprudencia citada. Algo distinto podría observarse respecto a la cuestión del ámbito de aplicación de la norma en que se apoya la medida impugnada; véanse a este respecto la sentencia firme del Tribunal General de 12 de junio de 2019, RV/Comisión (T‑167/17, EU:T:2019:404), apartados 59 a 61, y las conclusiones del Abogado General Pikamäe presentadas en el asunto EUIPO/Neoperl (C‑93/23 P, EU:C:2024:751), puntos 72 y ss.
(
114
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de septiembre de 2024, Anglo Austrian AAB/BCE (C‑579/22 P, EU:C:2024:731), apartados 86 y 114; de 15 de septiembre de 2022, PNB Banka/BCE (C‑326/21 P, EU:C:2022:693), apartado 71; de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner (C‑598/14 P, EU:C:2017:265), apartado 56, y de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452), apartado 53. Con carácter general, sobre la limitada facultad de examen del Tribunal de Justicia a este respecto en los procedimientos de casación, véase, por todas, la sentencia de 18 de junio de 2020, Dovgan/EUIPO (C‑142/19 P, EU:C:2020:487), apartado 44.
(
115
)	Véanse en particular las referencias a las sentencias del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia) n.o 1627, de 1 de febrero de 2017; n.o 11766, de 15 de noviembre de 2021, y n.o 13520, de 27 de diciembre de 2021, y del Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) n.o 6583, de 20 de diciembre de 2012, y n.o 835, de 19 de febrero de 2015. Aunque, en mi opinión, este aspecto no es, a fin de cuentas, relevante, añadiría, en aras de la exhaustividad, que estas sentencias parecen, en efecto, respaldar la interpretación planteada por los recurrentes y por Italia y, por tanto, el planteamiento del BCE en las decisiones impugnadas. La Sra. Corneli, en cambio, apenas aborda esta jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo, sino que se limita esencialmente a una interpretación literal propugnada en la literatura jurídica y a la jurisprudencia general de la Corte Suprema di Cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), que da primacía a este método de interpretación en el Derecho civil.
(
116
)	En este sentido, sentencias de 11 de enero de 2024, Foz/Consejo (C‑524/22 P, EU:C:2024:23), apartado 38 y jurisprudencia citada, y de 23 de marzo de 2023, PV/Comisión (C‑640/20 P, EU:C:2023:232), apartado 78 y jurisprudencia citada; el subrayado es mío.
(
117
)	En este sentido, sentencia de 19 de junio de 2019, RF/Comisión (C‑660/17 P, EU:C:2019:509), apartado 30 y jurisprudencia citada.
(
118
)	En este sentido, las sentencias de 12 de noviembre de 2020, Pethke/EUIPO (C‑382/19 P, EU:C:2020:917), apartado 62 y jurisprudencia citada, y de 18 de junio de 2020, Dovgan/EUIPO (C‑142/19 P, EU:C:2020:487), apartado 44 y jurisprudencia citada.
(
119
)	En este sentido, sentencia de 12 de septiembre de 2024, Anglo Austrian AAB/BCE (C‑579/22 P, EU:C:2024:731), apartado 86 y jurisprudencia citada.
(
120
)	Esto no puede descartarse a la vista de las afirmaciones recogidas en los apartados 88 y ss. de la sentencia recurrida. Sobre la metodología de interpretación conforme al Derecho de la Unión, véanse, por todas, las sentencias de 12 de enero de 2023, Österreichische Post (Información relativa a los destinatarios de los datos personales) (C‑154/21, EU:C:2023:3), apartado 29, y de 15 de marzo de 2022, Autorité des marchés financiers (C‑302/20, EU:C:2022:190), apartado 63.
(
121
)	Véase también el apartado 92 de la sentencia recurrida.
(
122
)	Véase el apartado 108 de la sentencia recurrida.
(
123
)	Así, el tenor literal de la primera decisión impugnada se refiere esencialmente al deterioro de la situación financiera del Banco (secciones 1.5, 2 y 3.1); sin embargo, en la sección 1.3, bajo el epígrafe «Acumulación significativa de pérdidas» («Significativo accumulo di perdite»), trata la acumulación de pérdidas por importe de 1600 millones de euros en el período comprendido entre diciembre de 2014 y septiembre de 2018 (1.3.1) y el aumento significativo de los costes de crédito debido a la depreciación del valor de los créditos («reduzioni del valore dei crediti») por importe de 428 millones de euros en 2017 y de 219 millones de euros en 2018 (1.3.2). Por último, en las secciones 2.6 (Evaluación de la proporcionalidad) y 3.1 (Procedimiento) se analiza el objetivo de evitar un mayor deterioro de la situación del Banco.
(
124
)	Véase en relación con la reiterada jurisprudencia a este respecto, por ejemplo, la sentencia de 11 de marzo de 2020, Comisión/Gmina Miasto Gdynia y Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192), apartado 66 y jurisprudencia citada.
(
125
)	Véase el apartado 114 de la sentencia recurrida.