Judgment;Summary — ECLI:EU:C:2020:467
Date: 2020-06-11
Language of the case: Spanish
Court formation: Ninth Chamber
Subject matter: Immigration and asylum policy;Area of freedom, security and justice
Procedure: Reference for a preliminary ruling
Origin: Spain

Versión anonimizada
C-448/19 - 1
Asunto C-448/19 
Petición de decisión prejudicial
Fecha de presentación:
12 de junio de 2019 
Organo jurisdiccional remitente:
Tribunal Superior de Justicia de Castilla- 
Fecha de la resolución de remisión:
15 de mayo de 2019 
Parte demandante y apelante:
WT
Parte demandada y apelada:
Subdelegación del Gobierno en Guadalaj
La Mancha (España)
Inscrito en el registro del Tribunal de
Justicia con el número ...
Luxemburgo, el j ‚Qg, 201 
Fax/E-mail:
El Secretario, 
—por orden
. / ¡ . ' Leticia Carrasco Marco
Presentado elAdministradora
ara
T.S.J.CAST.LA MANCHA [OMISSIS]
[OMISSIS] [indicaciones sobre el procedimiento repetidas más adelante]
AUTO PLANTEANDO CUESTIÓN PREJUDICIAL [OMISSIS]
[OMISSIS]
En Albacete, a quince de mayo de dos mil diecinueve.
Tribunal que dicta el presente auto planteando una cuestión prejudicial 
europea
ES
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha. Sección Segunda.
Petición de decisión prejudicial de 15 5 2019 — Asunto C-448/19
[OMISSIS] [OR 2] [OMISSIS]
[Composición de la Sala y datos del Tribunal]
Partes en el litigio principal [OMISSIS]:
Demandante en primera instancia y apelante en segunda instancia:
- WT [OMISSIS]
[OMISSIS]
Demandado en primera instancia y apelado en segunda instancia:
- Administración General del Estado (Ministerio del Interior) 
[OMISSIS]
ANTECEDENTES DE HECHO 
Procedimiento administrativo
1. El día 22 de febrero de 2006, WT, de nacionalidad marroquí y titular [OMISSIS] 
de un permiso de residencia de larga duración, se personó en [OMISSIS] la 
Comisaría de Guadalajara de la Policía Nacional a fin de realizar gestiones en 
relación con la documentación de extranjería.
2. A raíz de dicha comparecencia, el funcionario correspondiente se apercibió de que 
constaban al interesado una condena por robo con violencia o intimidación por un 
[OR 3] hecho cometido el 16 de abril de 2007 (sentencia de 11 de diciembre de 
2012); otra por el mismo delito y otro de lesiones, por hechos de 22 de mayo de 
2007 (sentencia de 5 de mayo de 2011); y otra por delito contra la salud pública, 
por hechos de 21 de diciembre de 2013 (sentencia de 20 de enero de 2014). Tres 
de dichas condenas eran con penas superiores a un año de duración.
3. Ese mismo día la Administración incoó expediente al amparo del art. 57.2 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social (en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 2/2009 [OMISSIS]), dando audiencia al interesado para que formulase 
alegaciones.
4. WT formuló en efecto alegaciones, en las cuales, aunque con errónea invocación 
de la normativa de aplicación (pues invocaba el Real Decreto 240/2007, sobre 
entrada, libre circulación y residencia de ciudadanos de la Unión Europea), 
señalaba que la mera existencia de condenas penales no podía suponer por sí 
misma, sin más, la expulsión; que llevaba residiendo en España desde hacía más
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Subdelegación del Gobierno en Guadalajara
de 10 años, que estaba integrado en la sociedad y cultura españolas, que tenía 
arraigo familiar y laboral.
5. La propuesta de resolución volvía a detallar las condenas habidas, además de 
ciertos antecedentes policiales. Indicaba que el interesado erraba en cuanto a la 
normativa de aplicación. Se decía que el arraigo no podía ser invocado, porque 
quedaba roto por los delitos cometidos. Se indicaba que la presencia en España del 
interesado supone un riesgo real para la convivencia pacífica y se decía que de 
ningún modo podía apreciarse que proponer la medida de expulsión del territorio 
nacional fuese desproporcionado, pues era la única medida posible a aplicar de 
acuerdo con el art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 [OMISSIS], Se proponía 
finalmente la expulsión con prohibición de entrada por cinco años.
6. La Administración dictó resolución de 26 de abril de 2016, en la que se volvían a 
relatar los antecedentes penales y policiales, tras de lo cual se citaba el art. 57.2 de 
la [OR 4] Ley Orgánica 4/2000, se decía que la sanción principal es la de multa y 
la subsidiaria la de expulsión (lo cual no es desde luego correcto, y menos en el 
caso del art. 57.2), y, pese a que se afirmaba que la medida de expulsión ha de ser 
motivada debidamente, en realidad se aplicaba la misma sin ninguna motivación 
adicional; se aplicaba la prohibición de entrada por cinco años.
Procedimiento judicial en primera instancia
7. El interesado interpuso recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
n.° 1 de Guadalajara [OMISSIS], el cual adoptó como medida cautelar, a petición 
del interesado, la suspensión de la expulsión.
8. En su demanda, el actor insistió en el arraigo que posee. Señaló ser titular de 
tarjeta de residente de larga duración, [OMISSIS] renovada el 22 de febrero de 
[2]016 y con validez hasta el 20 de febrero de 20[2]1. Decía llevar más de diez 
años residiendo en España, totalmente integrado en su sociedad y cultura, 
hablando perfectamente el español y trabajando y de alta en la Seguridad Social 
durante un total de 6 años, 6 meses y 17 días, período no despreciable dada la 
situación de desempleo en el país. Se aportaba documentación al efecto. A 
continuación, el interesado señalaba que la resolución de expulsión era nula 
porque se limitaba a expulsar tras hacer una mera relación de antecedentes penales 
y policiales; pero que en sus alegaciones había planteado tener arraigo laboral y 
familiar en España, y que sin embargo ninguna de las cuestiones planteadas sobre 
el mismo habían sido examinadas ni resueltas por la Administración. Tras alegar 
vulneración del principio ne bis in ídem, invocaba el principio de proporcionalidad 
y señalaba que el apartado 5.b del artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000 
[OMISSIS], exige que en el caso de los residentes de larga duración se ponderen y 
valoren una serie de circunstancias, en concreto, el tiempo de su residencia en 
España y los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y 
para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser 
expulsado, circunstancias que desde luego, decía, no habían sido tomadas en 
consideración en este caso. [OR 5]
Versión a n o n i n i i /. a ci a
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Petición de decisión prejudicial de 15 5 2019 — Asunto C-448/19
9. [OMISSIS] El Abogado del Estado se opuso al recurso, insistiendo en la 
procedencia de la expulsión al amparo del art. 57.2 Ley Orgánica 4/2000 a la vista 
de los delitos cometidos, que demuestran que el interesado es una amenaza real y 
suficientemente grave para la seguridad pública, de acuerdo con el art. 12 de la 
Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al 
estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, sin que 
el arraigo invocado sea suficiente para enervar la conclusión alcanzada.
10. El Juzgado dictó sentencia de 3 de julio de 2017 rechazando la demanda. Tras 
desestimar el alegato de falta de motivación de la resolución recurrida, el de falta 
de tipicidad y la vulneración del [principio] ne bis in ídem, se decía, en cuanto a la 
proporcionalidad de la infracción en relación con las circunstancias del art. 12 de 
la Directiva 2003/109/CE del Consejo, que los delitos cometidos demostraban que 
el interesado era una amenaza real y suficientemente grave y que, por tanto, la 
medida era adecuada a Derecho.
Procedimiento judicial en segunda instancia.
11. El interesado interpuso recurso de apelación [OMISSIS] [ante] esta Sala 
[OMISSIS], En él se denunciaba la vulneración del art. 12 de la Directiva 
2003/109/CE del Consejo [OMISSIS] por falta de motivación suficiente y de 
proporcionalidad en la expulsión, y por su aplicación automática, que no es 
posible teniendo en cuenta que se trata de un residente de larga duración. Invocaba 
diversas sentencias de esta misma Sala en las que se ha negado el carácter 
automático del art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 en el caso de los residentes de 
larga duración, teniendo que ser valoradas las circunstancias a que se refiere el 
art. 12 de la Directiva antes mencionada y 57.5.b de la Ley Orgánica 4/2000. 
Señalaba que no constituye una amenaza real y suficientemente grave para la 
seguridad, dado su arraigo laboral y la reinserción social que las penas cumplidas 
han conseguido. [OR 6]
12. El Abogado del Estado se opuso a la apelación, reiterando en esencia los 
argumentos de la contestación a la demanda.
13. En esta situación procesal, la Sala, previa audiencia a las partes, ha decidido el 
planteamiento de la presente cuestión prejudicial ante el TJUE.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Disposiciones jurídicas aplicables.
14. Disposiciones nacionales:
a. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social (Boletín Oficial del Estado 
—BOE— de 12/01/2000). La redacción que se aplica es la que introdujo la 
Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre (BOE de 12 de diciembre de
01 sliú. il 1/í
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Subdelegación del Gobierno en Guadalajara
2009). Las demás modificaciones de la Ley no afectan al caso. Versión 
actualizada de la norma puede consultarse en 
https://www.boe.es/bu.scar/doc.php?id=BQE-A-2009-19949. Los preceptos 
de esta Ley que son relevantes para el caso son estos [OMISSIS]:
i. Artículo 57, apartado 2:
«Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa tramitación 
del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido 
condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa 
que constituya en nuestro país delito sancionado con pena 
privativa de libertad superior a un año, salvo que los 
antecedentes penales hubieran sido cancelados.»
ii. Artículo 57, apartado 5.b:
«Los residentes de larga duración. Antes de adoptar la decisión 
de la expulsión de un residente de larga duración, deberá 
tomarse en consideración el tiempo de su residencia en España y 
los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el 
interesado y para los [OR 7] miembros de su familia, y los 
vínculos con el país al que va a ser expulsado.»
b. Sentencia del Tribunal Supremo n.° 191/2019, de 19 de febrero de 2019, 
recurso de casación 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580)
c. Sentencia del Tribunal Supremo n.° 257/2019, de 27 de febrero de 2019, 
recurso de casación 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663)
15. Disposiciones europeas
a. Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003 relativa al 
estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración 
(Diario Oficial de la Unión Europea de 23 de enero de 2004), en su artículo 
12, titulado «Protección contra la expulsión» [OMISSIS]:
«1. Los Estados miembros únicamente podrán tomar una decisión de 
expulsión contra un residente de larga duración cuando represente una 
amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad 
pública.
2. La decisión a que se refiere el apartado 1 no podrá justificarse por 
razones de orden económico.
3. Antes de adoptar una decisión de expulsión de un residente de larga 
duración, los Estados miembros deberán tomar en consideración los 
elementos siguientes:
Versión anoniini/nda
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Petición de decisión preiudicialde 15.5.2019 — Asunto C-448/19
a) la duración de la residencia en el territorio;
b) la edad de la persona implicada;
c) las consecuencias para él y para los miembros de su familia;
d) los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos 
con el país de origen.»
b. Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (entre otras):
[OR 8]
i. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de diciembre de 
2017, Wilber López Pastuzano contra Delegación del Gobierno en 
Navarra, asunto C-636/16 (ECLI:EU:C:2017:949)
ii. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de diciembre de 2011, Ziebell, 
asunto C-371/08 (ECLI:EU:C:2011:809)
Motivación de la remisión de la presente cuestión.
16. No consideramos preciso justificar especialmente que en el caso de autos está 
implicado el Derecho europeo citado más arriba. Nos hallamos ante la expulsión 
de un nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia de larga 
duración, caso directamente afectado por la Directiva 2003/109/CE del Consejo y 
las sentencias del TJUE que se han citado.
Explicación y planteamiento de la cuestión prejudicial.
17. Esta Sala ha dictado numerosas sentencias en casos semejantes al presente (esto 
es, en relación a nacionales de terceros países residentes de larga duración a los 
cuales la Administración expulsa por haber cometido un delito castigado con pena 
superior a un año), haciendo la debida aplicación de lo previsto en el art. 12 de la 
Directiva 2003/109/CE del Consejo y del art. 57.5.b de la Ley Orgánica 4/2000 y 
valorando en cada caso si se habían apreciado correctamente o no por la 
Administración las circunstancias a que hacen alusión tales preceptos, tales como 
el hecho de que la amenaza no solo sea real, sino actual, que la medida no se tome 
solo por motivos económicos, y las circunstancias particulares del interesado tales 
como la duración de la residencia en el territorio, la edad, las consecuencias 
personales y familiares y los vínculos, o ausencia de los mismos, con el país de 
residencia o el de origen.
18. Ahora bien, a la hora de ir a resolver el presente asunto sobre la base de tal 
perspectiva, esta Sala se encuentra con que el Tribunal Supremo de España ha 
dictado las sentencias citadas más arriba en el apartado 14 «Disposiciones 
nacionales», esto es, las sentencias n.° 191/2019, de 19 de febrero de 2019
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Versión anónimizada
SUBDELEGACION DFL GOBIERNO EN GUADAL AI ARA
[OMISSIS] [OR 9] [OMISSIS] y n.° 257/2019, de 27 de febrero de 2019 
[OMISSIS],
19. Esta Sala se encuentra vinculada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
español en los términos que derivan del art. 1.6 del Código Civil («La 
jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de 
modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la 
costumbre y los principios generales del derecho») y de las normas procesales 
—de innecesaria cita concreta— que regulan el recurso de casación y permiten 
casar una sentencia de un tribunal inferior cuando se aparte de la doctrina sentada 
por el Tribunal Supremo.
20. Sin embargo, esta Sala considera que la doctrina de las dos sentencias que 
[OMISSIS] esta Sala debería seguir atentan gravemente contra las disposiciones y 
sentencias citadas en el apartado 15 «Disposiciones europeas». Es por ello que se 
va a plantear la presente cuestión prejudicial.
21. Digamos tangencialmente —porque esa no es la razón del planteamiento de la
presente cuestión prejudicial— que las sentencias del Tribunal Supremo 
mencionadas también contradicen, a nuestro juicio, la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (sentencia de 18 de diciembre de 2018 
ECLI:CE:ECHR:2018:1218JUD007655013) e incluso del Tribunal Constitucional 
español (sentencias número 131/2016 —ECLI:ES:TC:2016:131—, número 
2011/2016 —ECLI:ES:TC:2016:201—, o número 14/2017
—ECLI:ES:TC:2017:14—).
22. Las dos sentencias del Tribunal Supremo a que venimos aludiendo se refieren a la 
expulsión por parte de la Administración española de un residente titular de 
permiso de larga duración, sobre la base del art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000. 
Ambas sentencias contienen un fundamento cuarto del siguiente tenor:
Versión anón nn/acia
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Petición de decisión prejudicial de 15.5.2019 — Asunto C-448/19
CUARTO.— La Ley Orgánica 4/2000 [OMISSIS], después de expresar en el 
apartado 1 de su artículo 57 que «Cuando los infractores sean extranjeros y 
realicen [OR 10] conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas 
graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53.1 de esta 
Ley Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en 
lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español, previa la 
tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la 
resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción», prevé 
en su apartado 2 que «Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa 
tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido 
condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en 
nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, 
salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados».
A su vez el apartado 5 del indicado precepto previene que «La sanción de 
expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea la prevista 
en el artículo 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la 
comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma naturaleza 
sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los 
siguientes supuestos: [...] b) Los residentes de larga duración», con la 
advertencia de que «Antes de adoptar la decisión de la expulsión de un residente 
de larga duración, deberá tomarse en consideración el tiempo de su residencia 
en España y los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado 
y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser 
expulsado».
Por su parte el artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE [OMISSIS], bajo el 
título «Protección contra la expulsión», establece lo siguiente:
«1. Los Estados miembros únicamente podrán tomar una decisión de expulsión 
contra un residente de larga duración cuando represente una amenaza real y 
suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública.
2. La decisión a que se refiere el apartado 1 no podrá justificarse por razones 
de orden económico. [OR 11]
3. Antes de adoptar una decisión de expulsión de un residente de larga 
duración, los Estados miembros deberán tomar en consideración los elementos 
siguientes:
a) la duración de la residencia en el territorio;
b) la edad de la persona implicada;
c) las consecuencias para él y para los miembros de su familia;
d) los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país
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Versión anon im izada
SUBDELEG ACIÓN DEL GOBIERNO EN GUADALAJARA
de origen.
4. Una vez adoptada la decisión de expulsión, el residente de larga duración 
tendrá derecho a interponer los recursos jurisdiccionales o administrativos, 
legalmente previstos en el Estado miembro de que se trate.
5. Los residentes de larga duración que carezcan de recursos suficientes 
tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones que los 
nacionales del Estado en que residan».
Pero no es solo la normativa hasta ahora expuesta la que debe ser considerada 
sino también, y muy especialmente, la Directiva 2001/40/CE, de 28 de mayo, 
relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de 
nacionales de terceros países, en cuyos artículos 1 y 3.1 se prevé lo siguiente:
«Artículo 1.
1. Sin perjuicio, por un lado, de las obligaciones que se derivan del artículo 
23 y, por otro, de la aplicación del artículo 96 del Convenio de Aplicación del 
Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, firmado en Schengen el 19 de junio 
de 1990[,] en adelante “Convenio de Schengen ”, la presente Directiva tiene por 
objeto permitir el reconocimiento de una decisión de expulsión adoptada por una 
autoridad competente de un Estado miembro, denominado en lo sucesivo 
“Estado miembro autor”, contra un nacional de un tercer país que se encuentre 
en el territorio de otro Estado miembro, denominado en lo sucesivo “Estado 
miembro de ejecución ”.
2. Toda decisión que se adopte de conformidad con el apartado 1 se ejecutará 
según la legislación vigente en el Estado miembro de ejecución. [OR 12]
3. La presente Directiva no se aplicará a los miembros de las familias de los 
ciudadanos de la Unión que hayan ejercido su derecho a la libre circulación».
«Artículo 3.
1. La expulsión a que se rejiere el artículo 1 concierne a los siguientes casos:
a) el nacional de un tercer país es objeto de una decisión de expulsión basada
en una amenaza grave y actual para el orden público o la seguridad nacionales y 
adoptada en los casos siguientes:
- condena del nacional de un tercer país por el Estado miembro autor a 
causa de una infracción sancionable con una pena privativa de libertad de al 
menos un año,
- existencia de sospechas fundadas de que el nacional de un tercer país ha 
cometido hechos punibles graves o existencia de indicios reales de que tiene la 
intención de cometer tales hechos en el territorio de un Estado miembro.
Versión anonini izada
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Petición de decisión prejudicial df. 15.5.2019 — Asunto C-448/19
Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 25 del Convenio de Schengen, si el 
interesado fuera titular de un permiso de residencia expedido por el Estado 
miembro de ejecución o por otro Estado miembro, el primero consultará al 
Estado miembro autor y al Estado que haya expedido el permiso. La existencia 
de una decisión de expulsión adoptada conforme a la presente letra permitirá 
retirar dicho permiso, siempre que la legislación nacional del Estado que haya 
expedido el permiso lo autorice;
b) el nacional de un tercer país objeto de una decisión de expulsión basada en 
el incumplimiento de las normas nacionales sobre entrada o residencia de 
extranjeros.
En los dos casos contemplados en las letras a) y b), la decisión de expulsión no 
deberá ser revocada ni suspendida por el Estado miembro autor».
Pues bien, excluyéndose la aplicación de la Directiva 2001/40/CE únicamente 
respecto a los miembros de las familias de los ciudadanos de la Unión que hayan 
ejercido su derecho a la libre circulación, y expresado en ella el reconocimiento 
de una decisión de expulsión adoptada por una [OR 13] autoridad competente 
de un Estado miembro cuando concurre alguno de los supuestos previstos, entre 
ellos, el de la condena del nacional de un tercer país por el Estado miembro a 
causa de una infracción sancionable con una pena privativa de al menos un año, 
la respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión no puede ser otra que 
la de afirmar que sí procede la expulsión «automática» de extranjeros residentes 
de larga duración condenados por delitos dolosos con penas superiores a un 
año, prevista en el artículo 57.2 de la citada, sin que sea de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 57.5 ni en el artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE.
Aunque en el preámbulo de la Directiva 2001/40/CE no se exterioriza la razón 
por la que prevé la expulsión de un nacional de un tercer país en atención al solo 
hecho de haber sido condenado en el Estado miembro en que reside por un delito 
sancionable con una pena privativa de libertad de al menos un año, es claro que 
tal previsión responde, al igual que la del artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, 
a que el condenado con una pena de tal naturaleza supone, como con acierto se 
sostiene en la sentencia recurrida, «una clara afección grave para el orden 
público y la paz social», máxime en el caso enjuiciado, en el que el delito por el 
que fue condenado el recurrente es un delito contra la libertad sexual, revelador 
por sí mismo, como también con acierto se dice en la sentencia recurrida, de 
falta de arraigo y de adaptación a la sociedad española.
En consecuencia, el recurso debe desestimarse, pues las circunstancias 
personales del recurrente no contrarrestan las razones de expulsión.
23. Como podemos ver, las sentencias del Tribunal Supremo, eludiendo las normas y 
jurisprudencia que regulan la cuestión de manera directa y principal —citadas en 
el apartado 15 de este auto—, acude a una Directiva de tipo puramente procesal 
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Vers i on anón i m izada
Subde legación del Gobierno en Guadalajara
(Directiva 2001 /40/CE, la cual por otra parte no era de aplicación en el caso 
tratado, que no versaba sobre reconocimiento de decisiones de expulsión entre 
Estados), para sacar unas conclusiones que entendemos que pudieran incurrir en 
los siguientes defectos:
a. Tales conclusiones no derivan de la Directiva 2001/40/CE autónomamente 
interpretada; [OR 14]
b. Considerar que sí derivan de dicha Directiva 2001/40/CE, y actuar en 
consecuencia, supondría ignorar la posterior Directiva 2003/109/CE y la 
jurisprudencia citada en el apartado 15 de este auto; y
c. En cualquier caso, nunca un tribunal nacional de última instancia podría 
decidir un supuesto conflicto normativo entre Directivas sin plantear por su 
parte una cuestión prejudicial [al] Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pasamos a examinar brevemente estos tres aspectos de la cuestión.
24. Las conclusiones no derivan de la Directiva 2001/40/CE ni siquiera 
autónomamente interpretada. Creemos que lo único que el art. 3 de la Directiva 
2001/40/CE quiere decir es que la decisión de expulsión será ejecutable en otro 
país cuando se haya adoptado porque el nacional de un tercer país sea una 
amenaza grave y actual para el orden público o la seguridad nacionales, en el caso 
concreto de que esa conclusión se haya basado —y no necesariamente en 
exclusiva— en la existencia de una condena por una infracción sancionable con 
una pena privativa de libertad de al menos un año.
Es obvio que cabe la posibilidad —y este Tribunal no lo niega— de que la pena de 
al menos un año ponga de manifiesto una amenaza actual y grave y que 
finalmente (eso sí, previa valoración de otra serie de circunstancias) se llegue a 
dictar una orden de expulsión. Pues bien, lo único que la Directiva 2001/40/CE 
dice es que en tal caso esa orden será ejecutiva en otro país de la Unión.
Extraer de ahí cuáles son las condiciones en las que se puede adoptar la medida de 
expulsión nos parece gratuito, porque la norma de ningún modo está pensada para 
regular las circunstancias en las cuales es posible la expulsión ni desde luego dice 
que la condena a pena de al menos un año implique de manera automática y sin 
mayores valoraciones la expulsión.
25. Considerar que tales consecuencias sí derivan de la Directiva 2001/40/CE, y 
actuar en consecuencia, supondría ignorar la posterior Directiva 2003/109/CE y 
la jurisprudencia citada en el apartado 15 de este auto. En efecto, aunque se 
quisiera defender la interpretación de la Directiva 2001/40/CE que resulta de las 
sentencias del Tribunal Supremo que venimos comentando, habría que tener en 
cuenta que tras de la Directiva 2001 /40/CE se dictó la Directiva 2003/109/CE, 
cuyo art. 12 proscribe con [OR 15] claridad meridiana cualquier interpretación 
que lleve a la automaticidad incondicionada a la hora de adoptar o no la decisión 
de expulsión. Es cierto que el apartado 8 del Preámbulo de la Directiva dice:
\ ’ersión anonimizada
n
Petición de decisión prejudicial de 15.5.2019 — Asunto C-448/19
«Además, los nacionales de terceros países que deseen adquirir y conservar el 
estatuto de residente de larga duración no deben constituir una amenaza para el 
orden público o la seguridad pública. El concepto de orden público podrá incluir 
una condena por la comisión de un delito grave». Pero ello no implica que la 
condena, con independencia de su antigüedad y de todas las circunstancias de 
arraigo y personales que puedan concurrir en el caso, sea causa automática y 
absoluta de expulsión, pues habrá que valorar si la condena sigue suponiendo una 
amenaza actual y también las circunstancias personales que ya se mencionaron 
más arriba, como se dice claramente en el citado art. 12 y en las sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya citadas en el apartado 15, de 7 de 
diciembre de 2017, asunto C-636/16, y de 8 de diciembre de 2011, asunto 
C-371/08, entre otras. Sin que se pueda acordar la expulsión de manera automática 
y sin una motivación adecuada por razón de la condena penal. Ya dijimos más 
arriba que también el TEDH y el Tribunal Constitucional español llegan a 
conclusiones semejantes, al margen incluso de la Directiva misma.
26. En cualquier caso, a nuestro juicio, nunca un tribunal nacional de última 
instancia podría decidir un supuesto conflicto normativo entre Directivas sin 
plantear por su parte una cuestión prejudicial [al] Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.
De acuerdo con el art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
«Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un 
órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior 
recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la 
cuestión al Tribunal». Por tanto, el Tribunal Supremo no podía hacer esta 
interpretación por su cuenta, sin plantear la correspondiente cuestión prejudicial. 
Recientemente la sentencia del Tribunal Constitucional español n.° 37/2019, de 26 
de marzo de 2019, ha anulado una sentencia del Tribunal Supremo por actuar de 
esta forma, entendiendo que tal proceder viola el art. 24 de la Constitución 
Española al vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías. [OR 16]
27. Todo lo anterior no quiere decir que la Sala, una vez realizadas las valoraciones y 
ponderaciones oportunas, no pudiera llegar a decidir que en este caso la expulsión 
está justificada. Pero la doctrina del Tribunal Supremo que hemos comentado 
impide siquiera comenzar a realizar tal función de ponderación.
28. Así pues, la cuestión prejudicial que en definitiva se plantea es la siguiente:
«Se consulta [al] Tribunal de Justicia de la Unión Europea si es 
compatible con el artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 
25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros 
países residentes de larga duración, así como con, entre otras, las 
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de diciembre 
de 2017 (asunto C-636/16) y de 8 de diciembre de 2011 (asunto C-371/08), 
una interpretación como la contenida en las sentencias del Tribunal 
Supremo español n.° 191/2019, de 19 de febrero de 2019, recurso de
Versión anoniinizad:t
12
Subdelegación del Gobierno en Guadalajara
casación 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), y n.°257/2019, de 27 de 
febrero de 2019, recurso de casación 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663), 
de acuerdo con la cual, a través de una interpretación de la Directiva 
2001/40/CE es posible llegar a la conclusión de que cualquier nacional de 
[un] tercer país titular de un permiso de residencia de larga duración que 
haya cometido un delito castigado con pena de al menos un año de 
duración puede y debe ser objeto de expulsión de manera “automática”, 
esto es, [sin] necesidad de hacer valoración alguna sobre si es una 
amenaza real y actual y sobre las circunstancias personales, familiares, 
sociales o laborales a que se refiere la Directiva 2003/109/CE».
Solicitud de tramitación del procedimiento acelerado del artículo 105 del 
Reglamento de Procedimiento del TJUE.
29. La Sala plantea [al] TJUE la posibilidad de aplicar al caso el procedimiento 
acelerado del artículo 105 del Reglamento de Procedimiento. El hecho de que el 
Tribunal Supremo de España se haya pronunciado en dos recursos de casación 
manteniendo la doctrina que esta Sala considera pudiera ser incompatible con la 
Directiva va a provocar sin duda que innumerables expedientes administrativos y 
[OR 17] resoluciones judiciales sigan tal criterio, con grave daño, en caso de 
confirmarse tal incompatibilidad, para la eficacia real y útil del Derecho 
comunitario y para los derechos de las numerosas personas afectadas. La Sala no 
desconoce que, según reiterada jurisprudencia de ese Tribunal, la existencia de un 
gran número de personas o de situaciones jurídicas potencialmente afectadas por 
la resolución que el órgano jurisdiccional remitente deba dictar en su momento no 
constituye, en cuanto tal, una circunstancia excepcional que justifique la 
aplicación del procedimiento acelerado. Ahora bien, debe repararse en que la 
demora no solo supondrá una dilación para la clarificación final de las situaciones 
concretas conforme al Derecho comunitario, sino que dará lugar al dictado de 
resoluciones administrativas y sentencias judiciales que quedarán firmes y 
consolidarán situaciones concretas sin posibilidad real de ulterior enmienda dado 
el límite de la firmeza. De modo que no se trata de un retraso en la consecución de 
la aplicación del Derecho europeo a determinadas situaciones, sino de la 
imposibilidad definitiva de su aplicación a las mismas. Creemos que este efecto 
podría minimizarse mediante la tramitación del procedimiento acelerado del 
artículo 105 del Reglamento, y así se plantea respetuosamente [OMISSIS],
[OMISSIS]
PARTE DISPOSITIVA
1- Se plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente cuestión 
prejudicial:
«Se consulta [al] Tribunal de Justicia de la Unión Europea si es compatible con 
el artículo 12 de la [Directiva] 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 
2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga
Yersión anonimizada
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Petición de decisión prejudicial de 15.5.2019 — Asunto C-448/19
duración, y con —entre otras— las sentencias del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 7 de diciembre de 2017 (asunto C-636/16) y de 8 de 
diciembre de 2011 (asunto C-371/08), una interpretación tal como la contenida 
en las sentencias del Tribunal Supremo español n.° 191/2019, de 19 de febrero 
de 2019, recurso de casación 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), y 
n.°257/2019, de 27 de febrero de 2019, recurso de casación 5809/2017 
(ECLI:ES:TS:2019:663), de acuerdo con la cual, a través de [OR 18] una 
interpretación de la Directiva 2001/40/CE es posible llegar a la afirmación de 
que cualquier nacional de [un] tercer país titular de un permiso de residencia de 
larga duración que haya cometido un delito castigado con pena de al menos un 
año de duración puede y debe ser objeto de expulsión de manera “automática”, 
esto es, [sin] necesidad de hacer valoración alguna sobre sus circunstancias 
personales, familiares, sociales o laborales».
2- Se plantea respetuosamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la 
posibilidad de la tramitación acelerada del procedimiento contemplada en el 
art. 105 del Reglamento de Procedimiento, según lo razonado en el [apartado 29],
[OMISSIS] [Fórmulas procesales]
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Versión a n o n i m i / a ti a