Laudo arbitral de 1977

Ellaudo arbitralsobre la disputa de soberanía conocida comoConflicto del Beaglefue dado a conocer el 2 de mayo de 1977 por la reinaIsabel IIen nombre del gobierno delReino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, árbitro formal de esa disputa limítrofe entre laArgentinayChile. El arbitraje del gobierno británico fue solicitado por ambos países el 22 de julio de 1971, siendo presidentesAlejandro Lanusse(Argentina) ySalvador Allende(Chile), poniendo en vigencia los mecanismos acordados por ambos en el Tratado General de Arbitraje de 1902. Se acordó formar una corte arbitral constituida por cinco jueces integrantes de laCorte Internacional de Justicianombrados por consenso de ambos países, quienes debían entregar su fallo al gobierno británico, que finalmente lo aprobaría o rechazaría sin modificarlo.
La sentencia de la corte arbitral fue dada a conocer al gobierno británico el 18 de febrero de 1977 y fue el resultado de un análisis de los derechos jurídicos de ambos países sobre la zona disputada en el marco de los principios del derecho internacional y de los tratados vigentes. Para ello, ambos países presentaron la argumentación y los documentos que, según su interpretación, respaldaban sus derechos sobre la zona y luego defendieron oralmente ante los jueces sus respectivas tesis. El 25 de enero de 1978 el canciller argentino comunicó al embajador chileno enBuenos Airesque su gobierno declaraba nulo al laudo arbitral, lo cual fue contestado al día siguiente por el gobierno chileno rechazando la declaración de nulidad. La corte arbitral se disolvió al estar de hecho los territorios deslindados en poder de las partes a quienes el laudo adjudicaba.
El Conflicto del Beagle fue finalmente solucionado con la firma delTratado de Paz y Amistadel 29 de noviembre de 1984, que constituyó unatransacciónentre las dos partes. Si bien el tratado no se refirió a la delimitación en elcanal Beagle, expresa que se delimitaa partir del término de la delimitación existente en el canal Beagle, reconociendo así implícitamente solo la soberanía sobre las islas y el límite marítimo que el laudo arbitral asignaba a cada país en dicho canal, no así las proyecciones marítimas hacia el sudeste que el laudo atribuyó en su totalidad a Chile y que en el tratado se determinó que en su mayor parte queden bajo soberanía argentina. El laudo arbitral no fue mencionado en el tratado al no haber sido reconocido como válido por el gobierno argentino.
El 11 de diciembre de 1967 el embajador chileno enLondres, Víctor Santa Cruz, entregó una nota al gobierno británico expresando la existencia de una disputa con la República Argentina respecto de la soberanía de ciertas islas situadas en la región del canal Beagle, mencionando los intentos fallidos de alcanzar una solución y la decisión de su gobierno de solicitar la intervención del gobierno británico como árbitro de acuerdo al artículo 5 delTratado General de Arbitraje de 1902. El mismo día el embajador argentino enSantiago de Chilerecibió una comunicación en la que se le informaba sobre la presentación. El 19 de diciembre de 1967 el gobierno británico entregó una nota al embajador argentino en el Reino Unido preguntando si su gobierno deseaba hacer algún comentario respecto de la petición chilena. El 23 de diciembre el gobierno argentino entregó dos notas al embajador chileno en Buenos Aires expresando que no se había llegado a ningún acuerdo para solicitar la intervención arbitral, invitando a reanudar negociaciones, notas que también fueron entregadas al gobierno británico el 29 de diciembre. No hubo resultados inmediatos al pedido de arbitraje hasta que el 22 de julio de 1971 fue firmado en Londres elCompromiso de Arbitraje, por los representantes de los tres países involucrados: Joseph Godber por el Reino Unido,Álvaro Bunsterpor Chile, yGustavo Martínez Zuviríapor la Argentina.
Se acordaron varios puntos que diferenciaban a este arbitraje de los precedentes de 1896 y 1960. Para evitar cualquier sospecha de prejuicio con el fin de evitar asociaciones con lacuestión de las islas Malvinas, el árbitro (elGobierno de Su Majestad Británica) designó una corte arbitral cuyos jueces fueron elegidos por consenso de ambos países y sus nombres estaban en el Compromiso de Arbitraje. Los cinco jueces eran integrantes de la Corte Internacional de Justicia con sede enLa Haya, una concesión al deseo de Argentina de recurrir a ese tribunal. Solo uno de ellos era de nacionalidad británica.
La corte arbitral debía elegir el lugar de sus sesiones con el consentimiento de las partes, el 10 de junio de 1972 decidió establecerse enGinebra,Suiza. Los jueces debían elegir de entre ellos al presidente de la corte arbitral, siendo nombrado el juez Fitzmaurice. También debían designar un secretario, siendo nombrado el profesorPhilippe Cahierel 6 de octubre de 1972. Si se producía una vacante, no sería nombrado otro juez a menos que hubiera acuerdo entre las partes, pero si la vacante era la del secretario la corte arbitral debía designar a otro. El 13 de diciembre de 1976 falleció el juez Petrén, no siendo remplazado. Antes de transcurrido un mes desde la firma del compromiso de arbitraje, cada parte debía nombrar uno o más agentes para representarla con domicilio cerca de la corte arbitral. La Argentina nombró como agentes a dos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios en misión especial:Ernesto de la GuardiayJulio Barboza. Chile nombró como agente aJosé Miguel Barros, embajador extraordinario y plenipotenciario en losPaíses Bajosen misión especial en el Reino Unido. Cuando éste renunció en septiembre de 1973 lo remplazó Álvaro Bunster.
Las reglas de procedimiento, incluyendo las fechas de entrega de los alegatos, debían ser fijadas por la corte arbitral luego de consultar a las partes, consulta que se realizó enLondresdurante un encuentro informal a fines de septiembre de 1971, previo al comienzo del trabajo. Allí se decidió que la corte arbitral utilizara elidioma inglés, incluyendo los escritos remitidos por las partes. El 10 de junio de 1972 se dispuso que la fecha de entrega de las memorias debía ser el 1 de enero de 1973. Los costos del arbitraje debían ser pagados por mitad por ambas partes, excepto los costos propios de cada una.
El procedimiento de presentación de los argumentos y documentos de las partes tuvo 4 fases:
Los escritos acumulados suman 14 volúmenes por Chile y 12 volúmenes por la Argentina. Chile presentó 213 mapas y la Argentina 195 mapas.
En un encuentro de las partes con la corte arbitral en La Haya el 29 de noviembre de 1974 se discutió la posibilidad de que los jueces viajaran a la región en disputa. Visita que se realizó en la primera quincena de marzo de 1976, embarcados sucesivamente en los transportes navalesAquiles(de laArmada de Chile) yARABahía Aguirre(de laArmada Argentina).
No pudieron las partes litigantes reducir el problema a una única solicitud de resolución, por lo que cada una presentó su propia solicitud al árbitro, que fueron incluidas en el compromiso de arbitraje.
Por Argentina la solicitud fue:
Por Chile la solicitud fue:
El párrafo 4 del compromiso de Arbitraje define un polígono de 6 puntos (A, B, C, D, E, F) con forma de L acostada hacia abajo como zona de litigio (martillo del laudo), cuyas coordenadas son las siguientes:
En suMemoriala parte argentina solicitó formalmente a la corte arbitral:
En laContramemoriala parte argentina no hizo más solicitudes formales.
En laRéplicala parte argentina solicitó formalmente a la corte arbitral:
En la declaración del 23 de octubre de 1976 al finalizar losalegatosla parte argentina reiteró la solicitud hecha en laMemoria, agregando algunos detalles geográficos más a la descripción de la línea limítrofe solicitada.
La Argentina basó sus derechos exclusivamente en el Artículo III delTratado de Límites entre Chile y Argentina de 1881. Sus argumentos pueden ser enunciados en los siguientes puntos:
En suMemoriala parte chilena solicitó a la corte arbitral:
En laContramemoriala parte chilena solicitó formalmente a la corte arbitral:
En laRéplicala parte chilena solicitó formalmente a la Corte:
En la declaración del 14 de octubre de 1976 al finalizar losalegatosla parte chilena efectuó la siguiente solicitud:
Los argumentos de Chile eran los siguientes:
La corte arbitral comenzó sus deliberaciones poco después de que el 23 de octubre de 1976 finalizaran los alegatos orales.
La decisión de la corte arbitral consta de cinco partes:
La corte arbitral consideró que no era parte de su tarea pronunciarse sobre cuáles podrían haber sido los derechos de las partes en base aluti possidetis jurisde 1810, en primer lugar porque esos derechos se suponían alcanzados y superados por el régimen impuesto por el Tratado de 1881, y en segundo lugar porque previo a la firma del tratado ambas partes reclamaban los mismos territorios en virtud del mismo principio. La corte arbitral consideró que el artículo 39 del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación firmado por ambos países en 1855, que consagró el principio deluti possidetis jurisde 1810 y congeló las disputas, nunca fue denunciado, pero sus propósitos fueron satisfechos por el Tratado de 1881. La corte arbitral consideró, que si lo encontraba necesario para interpretar el Tratado de 1811, tomaría en cuenta las negociaciones entre ambos países desde 1876 a 1881 que llevaron a su firma. En ese sentido, tuvo en cuenta lasBases de Negociaciónpropuestas por el argentinoBernardo de Irigoyenen julio de 1876 y rechazadas por Chile.
La corte arbitral analizó el título y el preámbulo del Tratado de 1881, considerando que debían tenerse en cuenta para la correcta interpretación del texto del tratado, concluyendo que el régimen deluti possidetis jurisde 1810 fue un régimen temporal vigente hasta que se alcanzase un acuerdo o arbitraje sobre los límites definitivos entre ambos. En cuanto a la posición argentina respecto de que el Tratado de 1881 debe ser interpretado a la luz deluti possidetis jurisde 1810 (que Chile consideró extinguido con la puesta en vigor del Tratado de 1881), principio que considera subsiste para resolver cualquier duda, la corte arbitral lo rechazó como principio vinculante o general (no lo reconoció comojus cogens) al no haber antecedentes en otros tratados entre países hispanoamericanos, pero consideró que podía ser considerado en algunos contextos particulares. La corte arbitral concluyó que la principal razón por la que Argentina lo sostenía era para apuntalar su opinión sobre el principio oceánico.
La corte arbitral observó que ambas partes estaban de acuerdo en que el Tratado de 1881 fue un compromiso entre las dos reclamaciones rivales a los mismos territorios, pero que no estaban de acuerdo respecto del carácter de ese compromiso y de qué reclamaciones territoriales estaban cubiertas por él. Para Argentina los tres primeros artículos del tratado son independientes entre sí, tratando cada uno un sector distinto, mientras que para Chile debían interpretarse como un todo, no pudiéndose comprender plénamente cada uno por separado sin el concurso de los otros. La corte arbitral coincidió en ese punto con la opinión chilena. Con respecto al carácter del compromiso, Chile expresó que el aspecto esencial del tratado fue su renuncia a laPatagonia propia(al norte de la línea punta Dungeness-paralelo 52° Sur y al este de los Andes) a cambio de la renuncia argentina a toda reclamación magallánica, incluyendo el reconocimiento de su exclusivo control sobre el estrecho de Magallanes y de todas las costas e islas al sur de la línea punta Dungeness-Andes hasta el cabo de Hornos, exceptuando las atribuidas a Argentina por provisiones del tratado. Argentina rechazó completamente ese punto de vista, expresando que Chile nunca tuvo ninguna reclamación válida sobre la Patagonia propia, considerando que nunca entró en el compromiso, y que las definiciones del tratado sobre sus límites eran solo un reconocimiento a los títulos argentinos ya adquiridos sobre ella. Argentina expresó que se reconoció a Chile el área magallánica a cambio del reconocimiento chileno alprincipio atlánticode Argentina, correspondiéndole todas las islas al oriente de la Tierra del Fuego que estén sobre el Atlántico. La corte arbitral compartió la posición chilena y aceptó que las relaciones sistémicas y el contexto político se expresan más por una alternativa "Patagonia por Magallanes" que por una alternativa "Magallanes por Atlántico". Señaló que la palabraperteneceránen el párrafoLos territorios que quedan al Norte de dicha línea pertenecerán a la República Argentinadel artículo 2 significa una atribución de territorio, caso contrario debería decirpertenecen. Sin embargo, la solución regla-excepción que Chile deducía del artículo II por el que opinaba le correspondían todos los territorios al sur de la línea Dungeness-Andes no expresamente atribuidos a Argentina en el artículo III, no fue apoyada por la corte arbitral, que se reservó el derecho a entender la cláusula "islas" según el texto concreto y no basarse en suposiciones.
La corte arbitral se ocupó del texto del Tratado y de la interpretación de la cláusula de las «islas»:
Después de un cuidadoso análisis de todos los significados posibles de «Tierra del Fuego», limitado solo a la isla Grande, ampliación a todo el archipiélago y a «Patagonia», Patagonia continental, Patagonia magallánica y Patagonia fueguina, la corte arbitral se decidió por el significado más estricto. Lo mismo sucedió con los términos, «al oriente de...» y «y costas orientales de...». Las razones dadas por la corte arbitral fueron:
La argumentación argentina es consecuente en su sentido marítimo, pero requiere una interpretación especial. Si «Tierra del Fuego» o «Patagonia» significaran, como pretende la Argentina, también el archipiélago al sur de la Isla Grande hasta el Cabo de Hornos, entonces Picton, Nueva y Lennox estarían incluidas en el término. Pero entonces no podría estar al este de la región referida, a no ser que se entienda «al este de» como «en la parte este de». Por último, el grupo Picton, Nueva y Lennox no puede ser caracterizado como «atlántico». Con toda seguridad eso puede ser descartado, en todo caso para la Picton, no solo porque la Picton está cubierta parcialmente hacia el Atlántico por la Nueva y la Lennox sino que también porque se perdería el sentido de donde termina el carácter atlántico y donde comienza el carácter pacífico de una isla. Si se considera a Picton, Nueva y Lennox como una unidad, entonces el punto de vista chileno de considerar las islas como vecinas del canal es mucho más verdadero que considerarlas del Atlántico. La corte arbitral considera que la asignación de otras islas atlánticas es solo hipotética («...que haya...»). Una asignación de islas «atlánticas» en el sentido más amplio de la palabra que le da Argentina no se puede deducir del texto, así dedujo la corte arbitral, ni de posteriores aclaraciones de estadistas sobre el asunto.
La posición de la corte arbitral frente a la argumentación argentina se puede resumir de la siguiente manera: la corte arbitral no quiso ir tan lejos como para descartar la perspectiva argentina sobre la determinación atlántica de la cláusula islas por ser imposibles de deducir del tratado. Pero, señalando laConvención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la corte arbitral se acogió al principio de que en caso de dudas, la interpretación más fácil tiene preferencia. La interpretación argentina no era la más directa, según la corte arbitral, más bien era propicia para violentar el texto.
Aceptada la premisa de que el Tratado de 1881 no deseaba dejar asuntos pendientes y después de rechazar la argumentación argentina («sobre el Atlántico») solo quedaba a la corte arbitral aceptar la posición chilena («al sur del Canal Beagle»). El canal al oeste de la isla Picton se divide en varios brazos y depende a cual brazo se refiere el tratado para definir la pertenencia de las islas. La tesis chilena, que define el brazo norte como el referido por el tratado, fue aceptada por tres razones:
En cuanto al juzgamiento de la «práctica posterior» (según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se debe considerar «cada práctica posterior en la aplicación del Tratado que exprese el acuerdo de los contrayentes en la aplicación del tratado») la corte arbitral llegó a la conclusión que Chile constante y continuamente había aplicado la misma interpretación, lo cual no había hecho la Argentina.
También consideró la corte arbitral que las primeras cartas argentinas después del tratado mostraban las islas como chilenas.
Tanto a los actos de soberanía del estado chileno -concesión de derechos para la búsqueda de oro, señales de navegación, servicio médico y escuelas- como al silencio argentino frente a esos actos, la corte arbitral no les dio valor alguno.
La sentencia unánime fue dada a conocer el 18 de febrero de 1977 al gobierno británico. El juez francés André Gros dio un voto disidente, pero no en cuanto al resultado, sino a la argumentación.
En cuanto al límite en el canal Beagle, la corte arbitral dictaminó que si el Tratado de Límites de 1881 daba costa a Argentina, el derecho internacional le aseguraba un acceso marítimo a sus puertos:
Rechazó la posición chilena respecto de que todas las islas situadas íntegramente dentro del canal Beagle le pertenecían. El laudo arbitral hace pasar la frontera aproximadamente por el medio del canal asegurando la navegación para ambos países en concordancia general con la línea solicitada por Argentina hasta las proximidades delislote Snipe. Reconoce a Chile la soberanía sobre las islas Whaits, los islotes Snipe, Eugenia, Solitario, Hermanos, Gardiner y Reparo y el banco Herradura. A la Argentina entregó en el interior del canal las islas Bridges, Eclaireurs, Gable, Becasses y los islotes Martillo y Yunque. Al extremo oriente del canal reconoce la soberanía chilena sobre las islas Picton, Nueva y Lennox con sus islotes y roqueríos.
El límite marino corre desde el extremo oriente del canal en dirección sureste (véase línea gris en el mapa al lado derecho). La Corte consideró que no era su atribución establecer cuál era el curso verdadero del canal Beagle, sino que debía establecer cuál era el curso al que se refiere el Tratado de 1881.
El 25 de enero de 1978 el canciller argentinoÓscar Antonio Montescomunicó al embajador chileno en Buenos Aires:
Así, la Argentina declaró «insanablemente nula» a la decisión de la Corte y al laudo dictado en consecuencia y no se consideró obligada a su cumplimiento, declarando además que la decisión de la Corte «adolece de defectos graves y numerosos» y que la misma fue dictada «en violación de las normas internacionales a que la Corte debía ajustarse».​
La declaración de nulidad divide los argumentos que justificaban el rechazo en los siguientes ítems:​
El canciller chilenoPatricio Carvajal, notificó al embajador argentino el 26 de enero rechazando terminantemente la "Declaración de Nulidad".
El canciller del presidenteAlejandro Agustín Lanusse,Luis María de Pablo Pardo, había aceptado incluir en la corte arbitral al juez británico Gerald Fitzmaurice, quien la presidió y había prejuzgado actuando para su país al defender los derechos británicos sobre laAntártida. Ese juez calificó la presencia argentina allí como «usurpadora», y sobre el tema delAtlántico Surcalificó a la Argentina como «intrusa» en él. Esa tesis él la ejemplificó con un mapa en donde las islas del grupo PNL aparecían como chilenas.​ La imparcialidad del juez estaba en duda, pues al haber hecho pública su opinión sobre el tema específico en cuestión prejuzgó su posición sobre la disputa.
La corte arbitral estaba obligada a seguir las reglas estipuladasad pedem litteræ, en ellas se la advertía particularmente comoconditio sine qua nona no expresarse sobre soberanías en otros sectores fuera de los estipulados, es decir, limitarse a trazar un término binacional exclusivamente dentro del ámbito demarcado al efecto: el polígono conocido como «el martillo», y no fuera de él. En la opinión argentina, la corte esto no lo cumplió, extralimitándose de los poderes que se le habían conferido al darle a Chile la razón también sobre sus aspiraciones en otros tramos marítimos pendientes de discusión (tanto sobre el tema de «la totalidad» delestrecho de Magallanes, como así también en el concerniente al diferendo sobre las aguas e islas al sur del «martillo»), los cuales claramente no estaban incluidos dentro del área a laudar. En ambos casos la Corte hizo menciones como parte de otras argumentaciones sin expresarse directamente sobre esos asuntos, pero que implicaban opinión sobre ellas. Por ello, si la Argentina acataba el fallo, implícitamente aceptaba los juicios que la corte emitió en él sobre esas dos áreas, lo cual le significaba un antecedente para entablar negociaciones futuras por las mismas, puesto que, con la aceptación argentina, Chile las obtendría automáticamentede iurepor añadidura.
Por ello la Argentina impidió el predeciblestatu quoque sobrevendría si aceptaba el laudo, declarándolo nulo, e inmediatamente iniciando conversaciones directas con el gobierno de Chile, las que dieron como resultado final la obtención para la soberanía argentina de territorios marítimos que con la aceptación del fallo por la Argentina posiblemente hoy estarían bajo soberanía chilena; aunque no sin antes de colocar la disputa al borde de una definición mediantemanu militari, conflicto que a último momento el papaJuan Pablo IIpudo evitar.
Luego de la restauración de la democracia argentina en diciembre de 1983, el laudo fue también considerado ilegal dentro de la legislación argentina, ya que laCorte Suprema de la Naciónmodificó su criterio respecto de las normas de facto, estableciendo que para su validez debían ser ratificadas por el Congreso (doctrina de la inequivalencia); cayendo en esta categoría el Compromiso de Arbitraje solicitado por el gobiernode factode Lanusse, el cual nunca fue ratificado por elCongreso argentino.​
Más allá de cualquier grado de razón en la decisión Argentina de no acatar el laudo lo cierto es que este no admitía recurso alguno y su cumplimiento quedaba sometido al honor de las partes, por lo que no existía vía de impugnación y, según el Derecho Internacional, lo único que cabía hacer era acatarlo y cumplirlo. La consideración del fallo como insanablemente nulo pasa por sobre todo cauce procedimental puesto que las partes de un conflicto, si estiman que existe un vicio de nulidad en una actuación judicial, deben manifestarlo por la vía correspondiente al tribunal permitiendo que este sea quien resuelva el punto. Dicho de otra forma, no corresponde a una de las partes declarar por sí misma la nulidad de una resolución judicial, en este caso, de un laudo arbitral.
En el Compromiso de Arbitraje se estipulaba lo previsto en el Tratado General de Arbitraje del 28 de mayo de 1902 para la resolución de controversias.
El artículo 13 de este último dice:
El estado argentino pudo haber solicitado una revisión del veredicto, estaba dentro de sus derechos, pero declarar unilateralmente el Laudo Arbitral "insanablemente nulo" no estaba contemplado el Tratado General de Arbitraje, que era el marco de derecho que ambas naciones se habían comprometido a obedecer. Argentina quebró de esa manera el derecho internacional colocando a ambos países al borde de la guerra.
En una nota​ del 8 de marzo de 1978 la corte arbitral clarificó a ambos países que el compromiso acordado no permitía la renuncia unilateral al juicio y que tales intentos:
(Traducción:deben ser considerados nulos, vacíos de cualquier fuerza legal o efecto. No pueden tocar la validez de la sentencia, que en consecuencia conserva todo su valor y vigencia legal.)
Dado que de hecho el laudo arbitral había sido cumplido, las islas otorgadas a Chile se encontraban bajo soberanía chilena y las islas otorgadas a Argentina se encontraban bajo soberanía argentina, la corte arbitral se declarófunctus officio(labor cumplida) en una nota​ ya quehubiese sido en extremo anormal y extraño si por la falta de cooperación de una de las partes se permaneciese por mayor tiempo en el cargo.​
Tras la declaración de nulidad por parte de Argentina, ambos países quedaron en 1977 ante la posibilidad cierta de una guerra. El 20 de febrero de 1978 Argentina y Chile firmaron un acuerdo enPuerto Montt, estableciendo las bases de negociaciones para resolver sus diferencias, pero hacia fines de año la guerra parecía inminente. La intervención del papaJuan Pablo IIhizo que el 8 de enero de 1979 los dos estados firmaran elActa de Montevideo, pidiendo la mediación de laSanta Sede.
Aunque el Laudo Arbitral no es mencionado en elTratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina de 1984, éste adoptó como ya definida la frontera marítima en el canal Beagle y la pertenencia a Chile de todas las islas que el laudo le adjudica, también las que estando fuera del "martillo" al este del meridiano del cabo de Hornos fueron posteriormente reclamadas por Argentina. La aceptación argentina fue obtenida por Chile a través de una transacción en la frontera mar afuera entre ambos países.