Presidencia de Carlos Menem

La presidencia de Carlos Saúl Menem fue un período comprendido entre el 8 de julio de 1989, fecha de asunción presidencial, y el 10 de diciembre de 1999, fecha en que terminó su segundo mandato y asumió su sucesor Fernando de la Rúa. Fue un gobierno calificado como liberal-conservador,​ lo que en Argentina se asocia a la derecha.​
Ganó las elecciones de 1989 en primera vuelta con el 48,51 % de los votos y fue reelecto en las elecciones de 1995, con el 49,95 % de los votos.
La privatización de Entel fue una de las primeras y más importantes del gobierno menemista, dirigidas por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi y conducido por la ministra de la UCD María Julia Alsogaray quién sería condenada a cuatro años de prisión por fraude a la administración pública.​ Se destacó por el incremento del valor de las tarifas telefónicas de manera abrupta. El 7 de febrero de 1990 el aumento fue del 112 %, elevándose a más del 300 % a fines del mismo mes.​ El valor de ENTel fue fijado en USD 1.672 millones, cuando según estimaciones, su valor real de los activos duplicaba esa suma.​ A Entel le siguió la privatización de Aerolíneas Argentinas, la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy TV Pública), gran parte de las redes ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Gas del Estado, Subterráneos de Buenos Aires, el CEAMSE, la Casa de la Moneda, etc.​ que condujeron a numerosas críticas y denuncias de irregularidades. Las reformas que permitieron la exportación sin gravámenes ni restricciones, sumado al corrimiento de la frontera tecnológica y concesiones al capital privado en yacimientos no explotados, tuvieron efectos positivos para la exportación de petróleo, que pasó de 26,7 millones de m extraídos en 1989 a 49,1 millones de m en 1998, un 84% de aumento en una década. Las exportaciones de crudo pasaron del 2,6% de la producción total al 39% en 1998.​
Una de las áreas donde las privatizaciones tuvieron un impacto positivo fueron las telecomunicaciones que experimentaron un proceso de modernización. A fines de los 80 la instalación de una línea telefónica se debía esperar hasta 15 años. El desorden administrativo llegó ser de tal magnitud que a fines de 1984 estaban instaladas 2.582.103 líneas, pero 252.992 estaban muertas y no funcionaban, existían 1.161.140 solicitudes de instalación que inútilmente esperaban durante 15 años que se les instalara un aparato. ENTel solo tenía capacidad para instalar 77.400 líneas por año. El sistema telefónico colapsó a fines de los ´80 y se hizo necesario proceder a una privatización. Las compañías licenciatarias procedieron a instalar nuevos cables de fibra óptica, digitalizaron las líneas telefónicas e instalaron centrales automáticas de última generación. Con ello fue posible pasar de un período de instalación de 15 años a 24 o 48 horas en la mayoría de los casos. Se incorporó el servicio celular y el acceso a Internet.​
La privatización de las empresas proveedores de servicios de agua y cloacas habría reducido la mortalidad infantil en aproximadamente un 8%.​ Dicha reducción de la mortalidad infantil habría sido del 26% en las áreas más pobres donde la red de servicios de agua potable y cloacas más se extendió. Esto surge de un estudio que compara municipios que privatizaron sus servicios de agua y cloacas con aquellos que no lo hicieron usando la técnica estadística de diferencias en diferencias. Aquellos municipios que privatizaron sus servicios tuvieron un rápida reducción de la mortalidad infantil luego de la privatización en comparación con municipios que no privatizaron. La mortandad infantil se ve fuertemente afectada por la calidad de los servicios de agua y cloacas debido a que los niños tienen gran exposición al agua y menor conocimiento sobre cómo usarla de forma higiénica. De hecho, durante los ´90s en Argentina, la diarrea, septicemia e infecciones gastrointestinales eran 3 de las 10 causas más frecuentes de muerte en niños menores de 5 años.​
Para lograr la estabilidad el Gobierno menemista llevó adelante, desde 1990, un replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica y la privatización de empresas públicas, la reducción del aparato burocrático del Estado, la reorganización del sistema tributario y la creación de un nuevo régimen monetario. Sin embargo la inflación alcanzó el 2314 % en 1990.​
Según Domingo Cavallo:
El proceso de desinflación fue continuo y sostenido, pasando de 2314 % en 1990 a 84 % en 1991, 17.5 % en 1992, 7.4 % en 1993, 3.9 % en 1994, 1.6 % en 1995 y 0 % en 1996.
Sin embargo, pese al fuerte aumento del PBI, el nivel de empleo había crecido relativamente poco. Según los funcionarios del Gobierno, esto se debía a una recuperación significativa de la productividad media del trabajo, ya que hasta los años ochenta existían numerosos empleos de baja productividad o llanamente improductivos que se habían creado artificialmente durante el período del estado de bienestar. La tasa de desocupación aumentó a partir de 1992, para alcanzar el pico de 18.4 % de la población activa desocupada, en mayo de 1995.
Aunque se esperaba que en el mediano y largo plazo, el aumento del ahorro interno, reflejado en un fuerte crecimiento de los depósitos bancarios, así como en la acumulación de aportes a los fondos de pensiones, se transformara en oferta de crédito hipotecario para viviendas.​
Para 1994 la Ley de Convertibilidad y la Ley de Reforma del Estado, parecían exitosas: habían logrado erradicar la inflación que había azotado a la economía durante más de cuatro décadas, habían logrado recuperar niveles de inversión y de crecimiento que solo se habían visto a comienzos del siglo XX. La primera gran prueba de la Convertibilidad se produce con el Efecto Tequila (crisis de la economía mexicana), que generó una fuerte salida de capitales y un aumento en el desempleo. La desconfianza creada por la devaluación del peso mexicano, dio lugar a una fuerte caída en el nivel de reservas que habían pasado de 17 930 millones a fines de 1994 a 12 496 millones de dólares para marzo de 1995. A su vez, el déficit fiscal reapareció en el segundo semestre de 1994.
La recesión en la Argentina duró un año y en el segundo trimestre de 1996 la economía ya mostraba signos de reactivación a un ritmo del 3 % anual. Las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis lograron restablecer la confianza y hacia fines de junio de 1996, las reservas ya superaban los 20 000 millones de dólares.
La fuerte demanda de divisas para importaciones provocada por el atraso cambiario y la apertura de la economía se había compensado inicialmente gracias a una fuerte repatriación de capitales y al proceso de privatizaciones. Sin embargo, luego de un tiempo la única opción del sector público cubrir esta brecha era endeudarse en moneda extranjera, lo que a su vez condujo a un crecimiento en la carga de intereses dentro del gasto público.
Domingo Cavallo justificó entonces que el resurgimiento del déficit fiscal se había generado por aumentos automáticos del gasto en materia de seguridad social (por la crisis internacional), así como también había influido la eliminación o reducción de impuestos «distorsivos», particularmente aquellos que se aplicaban sobre la nómina salarial, con el objetivo de alentar la productividad y el empleo.​ Al observar las estadísticas, se deduce que el gasto destinado al funcionamiento del Estado siempre se mantuvo relativamente estable (entre 1993 y 2001 pasó del 6.2 % al 6.4 % del PBI), mientras que el gasto público social creció muy levemente, del 20.3 % en 1993 al 21.8 % en el 2001. En contrapartida, los intereses que el Estado debía abonar por sus deudas, habían crecido significativamente del 1.8 % al 5.3 % del PBI entre 1993 y 2001.​ Por lo tanto, el origen del déficit estaba en la carga de intereses de la deuda que se había elevado considerablemente, aunque el ministro Cavallo prefirió realizar ajustes por el lado de los gastos de funcionamiento del Estado y los servicios sociales.
Desde principios de 1995, y frente a los riesgos de desfinanciamiento, el Gobierno le puso un límite a los gastos de seguridad social y en julio de 1996, acentuó estas medidas restrictivas, limitando las asignaciones familiares y los gastos del sistema de salud de los jubilados. En materia impositiva se aumentó la tasa del IVA (impuesto al valor agregado) del 18 al 21 % (dispuesta en abril de 1995), mientras se analizaba eliminar exenciones en varios impuestos, para así aumentar la recaudación. Más allá de todas estas medidas, a partir de julio de 1996, el déficit fiscal se mantuvo constante, en el orden del 2 % de PBI.
Parte de este importante y constante déficit se explica por la reforma previsional de 1994, que produjo la privatización de dicho sistema. Hasta ese momento, el régimen previsional había sido una fuente gratuita de ingresos para el Estado, que se perdió repentinamente tras la aparición de las nuevas AFJPs. Ante esta merma en los ingresos públicos, el Estado debió endeudarse recurriendo, entre otros, a las propias AFJPs, aunque a cambio de estos créditos debía pagar tasas de interés.​ La fuga de depósitos también afectó seriamente a los bancos provinciales desde principios de 1995. A contramano de las limitaciones impuestas por la Ley de Convertibilidad al Banco Central y al Tesoro Nacional, las instituciones provinciales habían seguido proveyendo financiamiento a sus respectivos Gobiernos durante la primera mitad de los años noventa. Obligadas por el desfinanciamiento, las provincias debieron aceptar el ofrecimiento hecho por el Gobierno federal, que las obligaba a privatizar sus bancos y empresas públicas, y a reformar el régimen de seguridad social de sus empleados.
El plan Brady se implementó en Argentina en 1992. Fue una exigencia para adquirir créditos internacionales y para limpiar los balances que los bancos no pudieran cobrar. Tenía el plan cláusulas como que los Estados renunciaban a la soberanía de los activos en el exterior de manera irrevocable y perpetuamente, con excepción de las reservas internacionales y los bienes públicos.​ En diciembre de ese año se canjearon deudas por un total de 21 000 millones de dólares y se adicionó más de 8300 millones de intereses adeudados a través de la emisión de tres bonos:​
Al 31 de diciembre de 1995 la deuda del Estado nacional era de 87 091 millones y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, la misma ya se había elevado a 90 472 millones. Ni los 23 948 millones de dólares (11 441 millones en efectivo y 12 508 millones en rescate de títulos públicos) recaudados por el Gobierno durante aquellos años a través de las privatizaciones habían logrado revertir el crecimiento de la deuda.​
Allí participa en la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP)​ constituido finalmente en el año 1995 por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N.º 286/95​ con el objetivo de prestar apoyo a las reformas del sector público provincial argentino y de promover el desarrollo económico de las provincias.
En 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación,​ que extendió la obligatoriedad de la educación a diez años​ y reorganizó la educación secundaria mediante la creación del polimodal.​
así, desde la sanción de dicha Ley se convierte obligatoria la sala de 5 años de Nivel Inicial, y los 9 años de Educación General Básica (EGB) hasta el primer año de la Educación Polimodal.​
En agosto de 1995 se promulgó la Ley de Educación Superior,​ que mantuvo la gratuidad universitaria para las carreras de grado pero admite los aranceles para posgrados. Además crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) para la acreditación de las carreras universitarias.​
Durante su gestión se crearon nuevas universidades nacionales, principalmente en el área del Gran Buenos Aires: La Matanza (1989), Quilmes (1989), San Martín (1992), Gral. Sarmiento (1993), La Rioja (1993), Patagonia Austral (1994), Lanús (1995), Tres de Febrero (1995) y Villa María (1995).
En el área de transporte la política del gobierno de Menem siguió los lineamientos de la Ley de Reforma del Estado, produciendo la privatización de las empresas estatales que operaban ferrocarriles y aerolíneas.
La secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca estuvo ocupada durante casi toda la presidencia de Menem por Felipé Solá (1989-1991, 1993-1999). Durante su gestión se autorizó por primera vez el uso de soja transgénica, tratándose de una variedad con resistencia al herbicida glifosato.​​ La campaña contra la fiebre aftosa iniciada en 1989 permitió que país tuviera su último brote de la enfermedad en abril de 1994 y fuera declarado como libre de la enfermedad en 1996.​ Al año siguiente la Argentina volvió a exportar carne fresca.​
Durante la presidencia de Carlos Menem se crearon seis nuevos parques nacionales: Sierra de las Quijadas (1991), Predelta (1992), Los Cardones (1996), Quebrada del Condorito (1996), Talampaya (1997) y San Guillermo (1999).
En 1996 se creó el Plan Nacional de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.​ En 2012 fue renombrado como Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
En materia judicial, la reforma de la Constitución en 1994 introdujo nuevas instituciones como el Consejo de la Magistratura que se encarga de la selección de jueces. Durante su gestión se amplió el número de jueces de la Corte Suprema a nueve y se nombró un total de 10 jueces, de los cuales cuatro renunciaron antes de 1999. Cinco de los jueces nombrados conformaron lo que los medios denominaron la «Mayoría automática» que fallaba a favor del gobierno en los casos más resonantes.
En materia de derechos humanos el gobierno de Menem se promulgaron los indultos a militares involucrados en la última dictadura militar. Por pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. También se destaca la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Cuando Menem anunció su propósito de hacer aprobar una ley que declarara la necesidad de convocar a una convención constituyente que modificara la Constitución Nacional y permitiera su reelección, se planteó un conflicto interpretativo respecto del artículo 30 de dicha Constitución. Menem sostenía —al igual que lo había hecho Perón en 1949— que la mayoría de dos tercios de los miembros del Congreso requerida para ello debía calcularse sobre los que estuvieran presentes en la sesión, en tanto la oposición sostenía —tal como lo había hecho la Unión Cívica Radical en 1949— que se necesitaban dos tercios del número de representantes que integraba cada Cámara. El punto era crucial porque los partidarios de la reforma no alcanzaban la mayoría necesaria si se aplicaba esta última interpretación.
Menem presionó con utilizar la interpretación que lo favorecía e incluso convocó a un plebiscito no vinculante para que la ciudadanía opinara sobre la reforma, pero finalmente entró en negociaciones con el líder de la oposición radical, el expresidente Raúl Alfonsín, quien aceptó que se convocara a una Convención para la reforma de la Constitución Nacional que incluyera, además del tema de la reelección, otras cláusulas que le interesaban, tales como la elección de un tercer senador por la minoría, el establecimiento de la figura del Jefe de Gabinete y la incorporación a la Constitución de diversos convenios internacionales, entre otros puntos, todo lo cual configuró el llamado Pacto de Olivos.