Cuestión de las islas Malvinas

La cuestión de las Islas Malvinas​​ es el litigio que la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sostienen por la soberanía de las Islas Malvinas y su mar adyacente, archipiélago que se encuentra en el océano Atlántico suroccidental a 341 km de las costas de la Patagonia. Las Malvinas se hallan dentro de la plataforma continental de América del Sur, rodeadas por el mar epicontinental que Argentina denomina mar Argentino. El primer desembarco registrado en las islas fue en 1690 por el marinero inglés John Strong.​ Desde 1820 hasta 1833 las islas estuvieron bajo soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, año en el que el Reino Unido las ocupa.​​
Argentina reivindica derechos sobre las islas y exige la transferencia de soberanía, considerándolas parte integral e indivisible de su territorio, manteniendo que las ha heredado de España tras la emancipación ocurrida el 25 de mayo de 1810. El Reino Unido también reclama que las islas forman parte de su territorio legítimo por otros motivos.
En cuanto a la población de las islas, de origen británico mayoritario,​ reclaman que se aplique el derecho de autodeterminación y han dicho por referéndum en 2013 que son británicos y que quieren continuar siendo así.​​​ En cuanto a la población, Argentina los reconoce como británicos pero aclara que la disputa es solo del territorio.​
A criterio de las Naciones Unidas se trata de un territorio en litigio que incluye en la lista de territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización.​​
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda tomó mediante la fuerza el archipiélago en 1833, cuando las islas estaban en posesión argentina; anteriormente habían pertenecido al Reino Unido, Francia y España, con asentamientos balleneros efímeros británicos y españoles que duraron hasta fines del siglo XVIII; el último asentamiento británico duró hasta 1774, cuando todos los colonos volvieron al Reino Unido por motivo de falta de recursos.​ Argentina se declaró independiente de España en 1816, como continuidad jurídica del Reino de España en la región del Virreinato del Río de la Plata. El gobierno argentino tomó posesión formal de las Malvinas el 6 de noviembre de 1820.​​ En 1823 el gobierno de Buenos Aires entregó a Luis Vernet la concesión para el aprovechamiento del ganado vacuno y el de los lobos marinos de la Isla Soledad,​​ que comenzó el 1826. El 10 de junio de 1829 fue nombrado Primer Comandante Político Militar en las Islas Malvinas, incluyendo las islas adyacentes al Cabo de Hornos en el océano Atlántico, «teniendo en cuenta las condiciones que reúne», incluyendo la isla Grande de Tierra del Fuego,​ bajo el pabellón argentino. Se comprometió a hacer cumplir la legislación argentina, cuidar sus costas y los reglamentos de pesca vigentes.​ Construyó un fuerte y se proveyó de algunos cañones para defensa del lugar.​​ La designación de Vernet la realizó el entonces gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, con el asesoramiento del jurista Salvador María del Carril. Rodríguez designó a Vernet comandante de las Islas Malvinas, las islas adyacentes al Cabo de Hornos y la isla Grande de Tierra del Fuego. En 1833 los británicos expulsaron a los oficiales argentinos viviendo allí; sin embargo, la mayoría de la población gaucha permaneció.​ 12 individuos eligieron quedarse en las islas y se unieron a los primeros colonos británicos, formando el núcleo de la población malvinera actual.​
El largo diferendo por la soberanía territorial devino en 1982 en la guerra de las Malvinas, en la que las islas constituyeron el principal teatro de operaciones. En febrero de 1990 Argentina y el Reino Unido restablecieron las relaciones diplomáticas, que habían sido interrumpidas en abril de 1982, mediante la adopción de una fórmula de salvaguardia de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, llamada «paraguas de soberanía». Esta fórmula se aplica a todas las reuniones bilaterales sobre aspectos prácticos vinculados a Malvinas, así como a las declaraciones y actos de las partes o de terceros que tengan lugar como consecuencia de lo convenido en las reuniones.​
Los habitantes de las islas Malvinas son desde 1983 ciudadanos británicos de pleno derecho. Después de la guerra de 1982, el Reino Unido ha incrementado su presencia militar en la zona construyendo una base aérea, RAF Mount Pleasant, para que pudieran aterrizar cazabombarderos y como aeropuerto para comunicar las islas con otros lugares en menos tiempo. Dignatarios británicos visitan las islas regularmente para mostrar su apoyo. También, desde 1999, se ha autorizado un vuelo semanal desde Punta Arenas (Chile) mediante LAN Chile, con la anuencia del gobierno argentino, haciendo escala una vez al mes en Río Gallegos.
El descubrimiento como método válido de adquisición de la propiedad de un territorio era reconocido por el derecho internacional desde fines del siglo XV y durante todo el siglo XVI como una manera de adquirir el dominio eminente de un territorio sobre el que no se había hecho una ocupación formal. Durante los siglos XVII y XVIII se consideró que el mero descubrimiento no era suficiente y se exigió que estuviera acompañado por la ocupación efectiva dentro de un tiempo razonable luego del descubrimiento. De esa forma, el descubrimiento pasó a ser un título incoado en espera de su perfeccionamiento mediante el acto de ocupación, lo cual de no ocurrir revertía a una situación de res nullius.​
El Reino Unido sostuvo, y formalmente aún sostiene, que el primer europeo en avistar las islas fue el capitán John Davis, al mando del navío Desire después de que desertara de la expedición corsaria de Thomas Cavendish, el 14 de agosto de 1592. Sin embargo no describió ni fijó las coordenadas del presunto hallazgo, solo ubicó a las islas en relación con la costa y al estrecho de Magallanes.​
Existen una treintena de mapas confeccionados previamente a esa fecha en donde es posible ver islas que pueden ser las Malvinas. Aunque no hay certeza plena sobre qué expedición avistó por primera vez las Malvinas y su identificación en algunos mapas es dudosa, hay suficiente evidencia para afirmar que ya habían sido avistadas antes de 1592.​
Las expediciones a las que se ha atribuido el descubrimiento son las siguientes:
El primer avistaje de las Malvinas que no tiene objeciones y que fue fehacientemente acreditado en la cartografía inmediatamente posterior fue realizado por el capitán neerlandés Sebald de Weert, quien avistara las Islas Sebaldes (parte del archipiélago de las Malvinas), razón por la que los mapas neerlandeses mantuvieron hasta fines del siglo XIX la denominación islas Sebald o Sebaldinas para las Malvinas. El 24 de enero de 1600 avistó tres islas sobre la latitud 50° 40' S y a 60 leguas neerlandesas de la costa (equivalentes a 70 leguas españolas). De Weert no intentó desembarcar, pues su nave había perdido todos sus botes en la borrasca.​​ Llegaron a Países Bajos el 14 de julio de 1600 y a partir de entonces las islas se encuentran en los mapas náuticos de ese país.
Argentina sustenta sus derechos sobre las islas sobre la base de consideraciones geográficas, históricas y jurídicas, las cuales son:
El gobierno argentino planteó el tema de la Organización de las Naciones Unidas en un subcomité del Comité Especial de Descolonización en relación con la implementación de la Declaración de la ONU del Otorgamiento de Independencia a los Países y las Poblaciones Coloniales. Como respuesta, el representante británico del Comité declaró que el gobierno británico sostuvo que la cuestión de soberanía de las islas no era negociable. Tras una denuncia del Comité Especial, la Resolución 2065 fue aprobada el 16 de diciembre de 1965, en la Asamblea General. En su preámbulo, se refirió al objetivo valioso de las ONU «de concluir el colonialismo en todas los sitios», e invitó a ambas naciones a proseguir con las negociaciones para encontrar una solución pacífica, teniendo en cuenta «los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands)».​​
En enero de 1966 el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores británico, Michael Stewart, visitó Buenos Aires donde se reunió con una delegación argentina, tras lo cual una reunión preliminar se llevó a cabo en Londres en julio del mismo año, donde la delegación británica «rechazó formalmente» la sugerencia del embajador argentino de que la ocupación británica del archipiélago era ilegal.​
El 2 de diciembre de 1980, el Ministro del Estado de Asuntos Exteriores, Nicholas Ridley, expuso en la Cámara de los Comunes del Reino Unido: «No tenemos ninguna duda sobre nuestra soberanía de las Islas Malvinas [...] Tenemos un título perfectamente válido».​ El gobierno británico considera el derecho de los isleños a la autodeterminación como «primordial»​​ y rechaza la idea de negociaciones sobre la soberanía sin el consentimiento de los isleños.​
Los simpatizantes de la posición británica sostienen:
La Constitución de las Islas Malvinas, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, reclamó el derecho de autodeterminación, mencionando específicamente sobre asuntos políticos, económicos, culturales y otros.​
En los considerandos del decreto del 10 de junio de 1829 (de creación de la Comandancia de las Malvinas), se hizo la primera exposición importante sobre los derechos argentinos a las Malvinas:
El 17 de junio de 1833 el ministro plenipotenciario de las Provincias Unidas del Río de la Plata ante el gobierno británico, Manuel Moreno, presentó una extensa protesta diplomática,​ enumerando los derechos de España y la sucesión argentina:
El 27 de julio de 1849 los diarios británicos Times y Daily News publicaron artículos en donde reproducían declaraciones atribuidas al primer ministro, Lord Palmerston, asegurando que la disputa estaba resuelta a favor del Reino Unido, por la aquiescencia de Argentina. Cuatro días después, el ministro plenipotenciario argentino en Londres, Manuel Moreno, en una protesta formal, rechazó expresamente la posibilidad de considerar la prescripción.
La carta del ministro plenipotenciario argentino en Londres, Manuel Moreno dice:​
Hasta 1884, la Argentina no volvió a reclamar soberanía sobre las islas.
Lord Palmerston desmintió a los diarios en una nota oficial al ministro plenipotenciario Manuel Moreno, aseguró que había sido malinterpretado y aceptó que la falta de comunicaciones por parte de Argentina no podía interpretarse como aquiescencia:​
El 30 de mayo de 1884 el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Francisco J. Ortiz, informa al ministro plenipotenciario británico en Buenos Aires que el gobierno del presidente Roca estaba delimitando sus territorios, que incluían las islas. Desde el 31 de julio de 1849 Argentina no reclamaba ante el Reino Unido. Siguen notas ese año y en 1885, aceptando el gobierno de Roca el arbitraje.​
El 20 de enero de 1888 el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Norberto Quirno Costa, envió una nota de respuesta al gobierno británico, expresando:
En 1979 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino emitió un documento expresando:
El uti possidetis iuris (del latín, ‘como poseías de acuerdo al derecho, poseerás’) es un principio de derecho internacional reconocido y aplicado en todo el mundo, que Simón Bolívar​ propuso aplicar como punto de partida para delimitar las fronteras entre los estados americanos que se independizaron de España. Con base en este principio, los nuevos países pretendían conservar el territorio poseído por las colonias españolas al año 1810, momento de la deslegitimación de la monarquía española, y cuya administración desapareció tras las guerras de independencia hispanoamericana. Este principio fue reconocido por la mayoría de los nuevos estados hispanoamericanos mediante tratados entre ellos, pero fue rechazado por muchos países, entre ellos el Reino Unido.
De acuerdo a la posición argentina, el principio del uti possidetis iuris le otorga derechos sobre todos los territorios que constituían hasta el 25 de mayo de 1810 el Virreinato del Río de la Plata, al considerarse como estado sucesor de los derechos de España sobre ese virreinato.
El Estado argentino fue reconocido el 9 de julio de 1859, cuando aún Argentina estaba dividida en dos partes (la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires), fecha en que la reina Isabel II de España reconoció mediante un tratado la soberanía e independencia argentina:
El reconocimiento quedó consignado en el tratado que firmaron los ministros plenipotenciarios de España, Saturnino Calderón Collantes, y de la Confederación Argentina, el embajador en Francia Juan Bautista Alberdi. El tratado fue ratificado por el Congreso argentino y las ratificaciones fueron canjeadas en Madrid el 27 de junio de 1860. De esta forma, España renunció formalmente a todos los derechos que había poseído sobre el territorio del Virreinato del Río de la Plata que el Estado argentino consideraba que legítimamente le pertenecía, incluyendo implícitamente a las Islas Malvinas,​ las cuales no fueron nombradas en el tratado como tampoco ningún otro territorio, pero que eran reclamadas activamente por la Argentina desde 1833 como parte del territorio heredado de España.​​​ Luego de la reunificación argentina, el tratado volvió a ser ratificado el 21 de septiembre de 1863.
Por último, y así bajo estas formas legales, España incorpora también el derecho de uti possidetis iuris de 1810 como punto de partida para delimitar fronteras entre países latinoamericanos, sin embargo no lo hizo para suprimir la independencia de ningún territorio colonial, ni para demarcar fronteras en posesiones abandonadas por el Imperio español, ni para garantizar o pretender alcanzar a otros países fuera de él.
La República Argentina, basándose en el derecho internacional del mar vigente, reclama soberanía sobre los mares adyacentes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y las rocas Cormorán, Negra y Clerke.​​​
La pesca es la principal fuente de riqueza en las Malvinas y representa un 60 % del PIB isleño. Esto se debe a que las islas del atlántico sur cuentan con algunos de los recursos pesqueros más importantes del mundo, que son el calamar, merluza, kril, algas, moluscos, cetáceos, abadejo, bacalao, entre otros. El Atlántico Sur se considera además una importante reserva ictícola, debido a que la depredación sistemática ha vaciado otros mares. De ahí que las flotas pesqueras del mundo entero están desplegadas allí, y sobre todo las de Asia (especialmente China) y la Unión Europea. En 2013, la industria pesquera malvinense tuvo un resultado final de 240 000 toneladas de pescado y el promedio era de 213 500 toneladas.​
La Argentina ejerció su soberanía en la zona económica exclusiva en torno a Malvinas a partir de las 12 millas náuticas y hasta las 200 hasta el año 1982 sin que el Reino Unido, que no reclamaba esas aguas, objetara los actos administrativos, como la interdicción de buques extranjeros que pescaban ilegalmente en la zona.​ Un acto de este tipo se produjo sobre el buque de investigación británico RRS Shackleton el 4 de febrero de 1976, cuando el destructor de la Armada Argentina ARA Almirante Storni efectuó disparos a su proa debido a que realizaba investigaciones sin autorización argentina a 80 millas de las islas Malvinas. El buque fue luego escoltado por el destructor y un avión hasta Puerto Stanley.​
El 7 de abril de 1982 el Reino Unido estableció una Zona de Exclusión Militar de 200 millas de radio, con centro en un punto del estrecho de San Carlos a los 51°40′0″S 59°30′0″O﻿ / ﻿-51.66667, -59.50000. Finalizadas las hostilidades, el 23 de julio de 1982 estableció la Zona de Protección de las Malvinas centrada en el mismo punto del estrecho de San Carlos, pero con un radio de 150 millas. Estos actos de carácter militar impidieron que Argentina continuara ejerciendo el control de la pesca en esa zona a partir de entonces. Dado que el Reino Unido no reclamaba jurisdicción sobre esas aguas, sino que impedía la entrada de buques y aeronaves argentinas en ellas, muchos buques de otros países pescaron allí libremente.​
El 29 de octubre de 1986, el Reino Unido reclama por primera vez una zona de pesca alrededor de Malvinas, la Falkland Islands Interim Conservation and Management Zone (Zona Interina de Conservación y Administración de las Islas Malvinas),​ que conservó los mismos límites que la Zona de Protección de las Malvinas, con la excepción de que el círculo estaba truncado en un sector del límite sudoeste en donde se solapa con la Zona Económica Exclusiva (ZEE) continental argentina, reservándose el derecho a ejercer su soberanía partir de las líneas de base costeras y hasta las 200 millas marinas, incluyendo el lecho y subsuelo de la plataforma submarina. A partir de entonces, el Reino Unido concedió licencias a buques de diferentes banderas para pescar en la zona.​
En 1990 la Argentina y el Reino Unido efectuaron una declaración conjunta sobre pesquerías indicando que «nada será interpretado como un cambio de las posiciones de soberanía ni constituirá fundamento acerca de soberanía o jurisdicción».​
En 1993 el Reino Unido proclamó también una zona marítima de 200 millas marinas alrededor de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.​​
El 22 de agosto de 1994, el Reino Unido creó la Falkland Islands Outer Conservation Zone (Zona de Conservación Externa de las Islas Malvinas), extendiendo unilateralmente su jurisdicción hasta las 200 millas náuticas de las líneas de base costeras excepto en las zonas solapadas con la ZEE continental argentina, donde definió unilateralmente los límites.​​
Esta nueva ampliación de la jurisdicción británica sobre aguas bajo control argentino motivó la reacción de este último gobierno, que manifestó que «continuará ejerciendo el control y la administración de la pesca, no reconocerá la validez de las licencias de pesca británicas y adoptará las medidas correspondientes» y así lo hizo el 25 de septiembre de 1995, cuando la corbeta ARA Granville de la Armada Argentina expulsó a ocho pesqueros españoles de las aguas al norte de las Islas Malvinas.​ En la zona ampliada se captura la mayor parte del calamar illex, que se pesca en torno a Malvinas.​
Entre el 15 y el 16 de marzo de 2004, el rompehielos ARA Almirante Irízar de la Armada Argentina permaneció dentro de la Falkland Islands Outer Conservation Zone para efectuar tareas vinculadas con la seguridad de la navegación y la identificación de embarcaciones pesqueras. Este hecho generó una protesta formal británica y una respuesta del gobierno argentino.​
Una nueva cuestión ha surgido como consecuencia de la expiración del plazo que ambos países tenían para efectuar una presentación (13 de mayo de 2009) ante la Comisión de Límites de las Plataformas Continentales de las Naciones Unidas, señalando con estudios oceanográficos sus límites pretendidos en la plataforma continental de las islas.​ La Argentina realizó su presentación el 21 de abril de 2009, extendiendo su solicitud de reconocimiento de su soberanía sobre el lecho y subsuelo de la plataforma continental hasta una distancia máxima de 350 millas náuticas de las islas. El Reino Unido hizo su presentación el 11 de mayo de 2009.
El 16 de febrero de 2010 el gobierno argentino, a través del decreto 256/2010, y luego del inminente inicio de la explotación petrolífera por parte del Reino Unido, estableció que todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa al gobierno argentino.​ Dicho decreto inició una escalada de tensión diplomática.
Según la Organización de las Naciones Unidas, el archipiélago es un territorio no autónomo, cuya potencia administradora es el Reino Unido,​ y cuya soberanía también es reclamada por Argentina. Es uno de los diecisiete territorios en la lista de territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.​
La primera reserva argentina en las Naciones Unidas sobre sus derechos en las Malvinas fue presentada el 23 de mayo de 1945, cuando se realizaba el debate sobre fideicomiso en la reunión de IV Comité de la Asamblea General de la Conferencia de San Francisco, previo a la fundación de la Naciones Unidas el 24 de octubre de ese año.
En las dos primeras sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946 Argentina expuso sus derechos inalienables a las Malvinas y que no reconocía la soberanía británica sobre ellas. El Reino Unido replicó no reconociendo la soberanía argentina sobre las islas.
De acuerdo a la Resolución 66/1 de la Asamblea General de la ONU del 9 de febrero de 1946 sobre “los pueblos que no han alcanzado aún una autonomía completa”, fue confeccionada una lista de territorios no autónomos, cuyo futuro depende del deseo de los habitantes de esos territorios, reconociéndoseles el derecho de autodeterminación.​ El Reino Unido inscribió en 1946 a las islas en esa lista, en consecuencia, la ONU considera al Reino Unido como el «poder administrador» de las islas, obligado a someter regularmente los informes a que se refiere el artículo 73 (e) de la carta de la ONU. Se trata de informes relativos a las condiciones económicas, sociales y educacionales, que deben ser presentados al secretario general. La Argentina hizo reserva de sus derechos y los reitera cada vez que el Reino Unido presenta los informes. Entre 1947 y 1963 el gobierno argentino efectuó 28 reservas.
El 3 de noviembre de 1947 Argentina hizo una declaración en la ONU expresando:
La Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, Resolución 1514 (XV), fue aprobada el 14 de diciembre de 1960:​
El 28 de mayo de 1964 el representante británico ante las Naciones Unidas expresó: «Declarar que mi Gobierno no tiene duda alguna en cuanto a su soberanía respecto del territorio de las islas Falkland». Respuesta que desde entonces utiliza el Reino Unido para responder las declaraciones argentinas o favorables al punto de vista argentino.
El 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 2065 (XX). La resolución fue aprobada por 94 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones (Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia).​​​
La Argentina consiguió con la declaración que las Naciones Unidas tomaran injerencia en la Cuestión de las islas Malvinas, reconocieran «la existencia de una disputa de soberanía», supeditasen la solución del problema a negociaciones entre los dos países teniendo en cuenta los intereses de los isleños, dejando de lado el principio de libre determinación exigido por la Resolución 1514 (XV), pues no se pidió al Reino Unido que otorgase la independencia a las Malvinas o tenga en cuenta los deseos de los isleños.
El 18 de marzo de 1966 una circular informativa de la Secretaría General de las Naciones Unidas comunicó a los miembros de la ONU que a partir de esa fecha, la denominación de las islas en los documentos oficiales del organismo sería «Falkland (Malvinas)» en los documentos en inglés y «Malvinas (Falkland)» para los documentos en castellano.​
La resolución fue ratificada en 1973 por la Resolución 3160 (XXVIII), con 116 votos a favor, 14 abstenciones y ninguno en contra.​ En 1976 La Resolución 31/49 ratificó las anteriores y agregó:​
Ese agregado motivó a que el Reino Unido votara en contra, siendo aprobada por 102 votos, con 32 abstenciones.
Otras resoluciones similares fueron la Resolución 37/9 de la Asamblea General, con fecha 4 de noviembre de 1982 (37/9), aprobada por 90 países, con 12 votos en contra (Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Fiyi, Gambia, Islas Salomón, Malaui, Nueva Zelanda, Omán, Papúa Nueva Guinea, Reino Unido, Sri Lanka) y 52 abstenciones.​ La Resolución reconoció que la guerra terminada 5 meses antes no alteró la vigencia ni la naturaleza de la disputa. Anualmente, la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización continúan pronunciándose en el mismo sentido.​
Otras resoluciones:
En la actualidad, el reclamo argentino está respaldado ante la Organización de las Naciones Unidas por 130 países miembros, razón por la cual Argentina “exige que el Reino Unido deje de ignorar sus obligaciones como miembro de las Naciones Unidas”.​​
La disposición transitoria primera de la Constitución de la Nación Argentina establece desde 1994 que:
Además, la ley nacional argentina N.º 346 establece en su artículo 1: «Son argentinos: 1.- Todos los argentinos nacidos o que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres (...)» (principio de ius soli).​
Por el art. 3 de la ley N.º 23.059:​ «Se declaran inválidas y sin ningún efecto jurídico las pérdidas o cancelaciones de la nacionalidad argentina (...)» (principio de nacionalidad perenne)
Por lo tanto para el gobierno argentino las personas nacidas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. A pesar de que esos territorios sean considerados por Argentina como «ocupados ilegalmente por el Reino Unido», la ley reconoce que los nacidos allí, aunque sean ciudadanos de otro país, no pierden su ciudadanía natural argentina.
Por el British Overseas Territories Act de 2002, cualquier persona que sea ciudadano de un territorio de ultramar británico es un ciudadano británico. Por lo que por el solo hecho de haber nacido en las islas, se es ciudadano británico.​ Previamente, la British Nationality Act de 1983 establecía que los hijos de «ciudadanos de territorios dependientes británicos» no nacían británicos. Eran, igual que sus padres, «ciudadanos de territorios dependientes británicos»: una categoría especial, que no les daba derecho a vivir y trabajar en el Reino Unido. La British Nationality (Falkland Islands) Act de 1983 otorgó ciudadanía británica a los habitantes de las Malvinas.
La Constitución de las islas Malvinas, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, da el derecho a la libre determinación de los isleños, diciendo que «todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural y puede, para sus propios fines, disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones internacionales derivadas de la cooperación económica, basada en el principio de beneficio mutuo y el Derecho internacional...».​
El 12 de junio de 2012, el gobierno de las islas Malvinas anunció que iba a celebrar un referéndum sobre el estatuto político de las Islas en el primer semestre de 2013.​ El referéndum se celebró durante los días 10 y 11 de marzo de 2013. De los 1672 ciudadanos con derecho a voto, participaron 1517, 1513 de los cuales votaron a favor del mantenimiento de la actual situación.​
Para la Argentina, los nativos de las islas son ciudadanos argentinos de pleno derecho que habitan una parte indivisible del territorio nacional que se encuentra ocupada ilegalmente por una potencia invasora, por lo tanto no puede aplicárseles el derecho de autodeterminación, sino que corresponde aplicar el principio de integridad territorial del estado. El párrafo sexto de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea de la ONU, sancionada el 14 de diciembre de 1960, establece que «todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente [...] la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas». Luego, en la resolución 2353 (XXII), del 8 de enero de 1968, la Asamblea ratificó que «toda situación colonial que destruye total o parcialmente [...] la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».
De esta forma, sólo hay dos partes en la disputa de soberanía: la República Argentina y el Reino Unido.​
La Argentina considera que la Resolución 2065 (XX) insta a resolver la disputa a través de negociaciones, teniendo en cuenta los intereses y no los deseos de los isleños. De acuerdo con la resolución 1514 (XV) de 1960 de la Asamblea General de la ONU, la autodeterminación es la libre expresión de «la voluntad y el deseo» de los habitantes de un territorio sin autogobierno. La Argentina considera que no se reconoce derecho a la autodeterminación cuando se hace referencia a los intereses de colonos en las islas Malvinas y se recomienda que sean tenidos en cuenta por los dos países que se disputan la soberanía.​
La República Argentina niega que corresponda a esa población, que considera artificialmente conformada, decidir a cuál de los dos países pertenece el territorio, considerando que los isleños no constituyen un pueblo colonizado, sino súbditos británicos implantados y, como tales, no pueden ser los árbitros de un conflicto en el cual el Reino Unido es parte.​
Para el Reino Unido, los nativos de las islas son ciudadanos británicos e inscribió a las islas en la ONU como «territorio no autogobernado» cuyo futuro depende del deseo de los isleños, otorgándoles el derecho de autodeterminación. De acuerdo con el artículo 1.º de la carta de la ONU, todo pueblo tiene el derecho de determinar libremente, sin interferencias externas, su estatus político, así como perseguir su desarrollo económico, social y cultural. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se aceptó que los pueblos con identidad cultural y conciencia nacional eran acreedores al derecho de soberanía. Ese criterio se tradujo en un principio de derecho internacional: «La voluntad soberana de un pueblo colonizado extingue cualquier derecho que la metrópoli haya podido ganar mediante la colonización». Se trataba, en general de pueblos preexistentes, que habían sido sometidos por un poder extraño, lo cual según la Argentina no ocurre en las Malvinas, donde no hay una disputa sobre el estatus político entre la población colonial y la metrópoli.
Desde el final de la guerra de 1982, el Reino Unido se negó a tratar la cuestión de la soberanía, si ésta no se conformaba a los deseos de los habitantes de las islas.​
En 1999 por primera vez la Armada Argentina y la Marina Real Británica hicieron un ejercicio naval conjunto en aguas internacionales.​ El SAREX 99 fue el primer ejercicio que ambas armadas realizaron desde el fin del conflicto armado en 1982. El ejercicio participaban helicópteros Sea King y aviones C-130 Hércules, desde la Base Aérea de Monte Agradable, fragatas del Tipo 23 o Duke Class HMS Somerset, HMS Dubmarton Castle además de la corbeta argentina ARA Parker y el aviso ARA Francisco de Gurruchaga.
Dieciocho meses antes de este operativo, un pesquero tuvo un accidente a unas 200 mn al este de Malvinas, pero no había un procedimiento común entre ambos países en ese aspecto. Luego de este incidente, ambos gobiernos crearon un procedimiento para salvar vidas en las aguas alrededor de Malvinas.
El ejercicio duró 4 días, y los primeros 2 días fueron dedicados a temas de comunicación. En el tercero la fragata británica HMS Somerset detectó un mensaje de ayuda de un buque accidentado llamado Libertad (simulado por la patrullera ARA Gurruchaga), que también lo detectó el centro de coordinación de rescate de Ushuaia y el centro de coordinación de rescate de las Malvinas, para coordinar el trabajo de la fragata HMS Somerset. Tras 90 minutos, un avión P-3 Orion de reconocimiento marítimo de la Armada Argentina junto con un C-130 Hércules de la Real Fuerza Aérea británica estaban ya sobre la escena, mientras que la corbeta ARA Parker se preparaba en la zona para asistir al buque, la fragata HMS Somerset y la corbeta ARA Parker pasaron juntas junto al buque Libertad (ARA Gurruchaga), mientras un Sea King sobrevolaba la zona.
El comandante del buque ARA Parker llevó a cabo la coordinación entre los buques, y entonces el Sea King pudo recoger a los 2 heridos y trasladarlos a Malvinas. Al día siguiente el ejercicio se repitió para que la ARA Parker coordinara la escena.
En 1991 el Gobierno británico autorizó una ley del Consejo de Malvinas para llamar a licitación para la prospección petrolera. El Gobierno argentino anunció en 1992 el plan petrolero llamado «Plan Argentina», que incluía 6 áreas de exploración en la zona en donde se superponen las 200 millas medidas desde la Patagonia y las 200 millas medidas desde las Malvinas, pero poco después fueron retiradas a solicitud británica.
El 17 de enero de 1994 la revista Oil & Gas Journal publicó un artículo en el que dos miembros del British Geological Survey​ anunciaban que en torno a las Malvinas podría haber un gran potencial de existencia de hidrocarburos.​ Los primeros sondeos sísmicos, llevados adelante por las empresas GecoPrakla y Spectrum, sugirieron la posibilidad de reservas substanciales capaces de producir 500 000 barriles de petróleo por día en cuencas petroleras al sureste y al norte del archipiélago.
En el marco de la «política de seducción hacia los isleños» del presidente Carlos Menem, el 27 de septiembre de 1995 los cancilleres de ambos países firmaron en Nueva York una «Declaración Conjunta de Cooperación sobre actividades costa afuera en el Atlántico Suroccidental», referida a la exploración y explotación hidrocarburífera de las cuencas sedimentarias marinas de las Malvinas.​ La declaración definió un «área especial» de cooperación de 21 000 km² de mar, dividida en dos mitades, una de las cuales se encuentra en la «Zona de Conservación Externa de las Islas Malvinas».​ Una comisión conjunta llevó adelante la cooperación hasta su última reunión en julio de 2000. El 3 de octubre de 1995 el gobierno británico de las Malvinas licitó para exploración petrolera 44 000 km² de bloques marítimos al norte y al sureste de las islas, presentándose 40 empresas, pero sin dar participación alguna a la Argentina. El Reino Unido interpretó que la declaración conjunta lo obligaba a concertar solo en el «área especial», pudiendo licitar unilateralmente en todo el resto del área en disputa, por lo que Argentina rechazó esa interpretación. En 1996 fueron otorgadas 7 licencias para la cuenca norte, perforándose 6 pozos, 5 de los cuales revelaron la existencia de petróleo. El 27 de marzo de 2007 Argentina retiró la declaración conjunta.​ En 2008, los británicos licitaron 19 áreas y otorgaron licencias de explotación de hidrocarburos a las compañías Shell, Amerada Hess, Rockhopper Exploration, Lasmo, Falklands Oils & Gas, International Petroleum Corporation y Desire Petroleum, entre otras.
En febrero de 2010 las empresas Desire Petroleum y Rockhopper instalaron la plataforma petrolera «Ocean Guardian» a 160 km al norte de las Malvinas,​ pero los primeros resultados no fueron alentadores.​ El 6 de mayo de 2010 Rockhopper Exploration anunció que había hallado petróleo.​
Junto con sus aliados regionales, la Argentina lleva adelante una campaña diplomática realizando declaraciones en organizaciones internacionales para denunciar que el accionar británico viola las resoluciones de la ONU respecto de no innovar, logrando el cierre de los puertos de América del Sur a los barcos destinados a la exploración petrolera en las Malvinas.
A raíz de la exploración hidrocarburífera llevada a cabo por el gobierno británico en el mar al norte de las Malvinas, el gobierno argentino promulgó el decreto N.º 256/2010, publicado el 17 de febrero de 2010, mediante el cual obliga a pedir autorización a todo buque que se dirija a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur atravesando aguas argentinas. La medida tiende a impedir el abastecimiento de las plataformas petroleras desde territorio argentino y afecta la vinculación naval de las Malvinas desde Punta Arenas en Chile.​
En los considerandos el decreto refiere:​
La Prefectura Naval Argentina fue encargada de efectuar las autorizaciones, reglamentando el decreto el 20 de abril de 2010.​
Aunque en el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina de 1984 la República Argentina se comprometió a permitir el paso de naves desde y hacia el Estrecho de Magallanes siempre y bajo cualquier circunstancia,​ Chile no ha presionado a la Argentina por su cumplimiento estricto en este específico tema pues en numerosos foros internacionales ha rechazado con su voto el accionar británico en lo que respecta a la prospección hidrocarburífera en torno a Malvinas por no respetar las resoluciones de la ONU respecto de no innovar en el área en litigio,​​​​ amén de apoyar a la Argentina en la disputa.​​​​ Chile, al igual que los países del Mercosur, impide que atraquen en sus puertos buques con bandera del archipiélago en litigio,​ señalando el portavoz del gobierno, Andrés Chadwick, que: «...no podemos reconocer una nave con una bandera de un Estado o unas islas que, a juicio de Chile, no son Estado y no tienen jurisdicción».​
Este cambio en la manera en que la región encaró el problema hizo eco en la prensa británica, proponiendo esta incluso que se aceptase la oferta que había expresado Hillary Clinton para ser ella una ayuda en la negociación entre las partes.​​
El 25 de junio de 1996, los países miembros del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto con Bolivia y Chile, manifestaron, en la Declaración de Potrero de los Funes, su expreso apoyo a los derechos argentinos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Este apoyo fue reiterado en la Declaración de Asunción el 15 de junio de 1999. El 1 de julio de 2008 los presidentes del Mercosur y de los estados asociados (los mencionados antes más Venezuela), reunidos en San Miguel de Tucumán, emitieron un comunicado reafirmando su respaldo a «los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la cuestión de las referidas islas».​
El 11 de marzo de 2008 el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), declaró en Montevideo: «Reafirmamos nuestro respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía referida como “Cuestión de las islas Malvinas”».​ Los miembros de la ALADI son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El Grupo de Río se ha manifestado acerca de la Cuestión de las islas Malvinas desde 1993 y ha respaldado a la Argentina.​ El 7 de marzo de 2008 los jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, reunidos en Santo Domingo, República Dominicana, reafirmaron su respaldo a los «legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido relativa a la Cuestión de las islas Malvinas».​ Los miembros del Grupo de Río son Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El Caricom es un miembro especial.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) considera legítimos los derechos de Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido.​ Integran la UNASUR Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. El 26 de noviembre de 2010 los 12 países de la UNASUR declararon ilegal a la bandera colonial británica de las islas Malvinas, así como también a las explotaciones petroleras en torno a las islas:​
La Cumbre de la unidad de América Latina y el Caribe que se realizó en Playa del Carmen, México, declaró por unanimidad el 23 de febrero de 2010 que «reafirman su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa a la Cuestión de las islas Malvinas». Participaron en la cumbre Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Granada, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, Jamaica, Bahamas, Barbados, Dominica, San Cristóbal-Nevis y Surinam, mientras que Honduras estuvo ausente.​​
La República Árabe de Siria reconoce la soberanía y apoya la reclamación argentina sobre las Malvinas, mientras que Argentina apoya el reclamo sirio sobre los Altos del Golán, de acuerdo a lo expresado por su presidente el 2 de julio de 2010.​ En una reunión de embajadores árabes con el canciller argentino el 1 de diciembre de 2010 en Buenos Aires, Siria, Libia y Túnez recibieron agradecimiento por su fuerte apoyo a la posición argentina sobre Malvinas.​
Según una declaración conjunta el 13 de julio de 2010, la República Popular China reiteraba "su firme respaldo al reclamo de soberanía de la República Argentina en la Cuestión de las islas Malvinas, así como a reanudar las negociaciones con el objeto de alcanzar una solución pacífica y definitiva de dicha Cuestión, conforme a lo establecido en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas".​​​}}
El 27 de octubre de 2008 una delegación de Argelia «ratificó su apoyo a la posición argentina».​
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos ha aprobado anualmente desde 1982 una resolución, y desde 1993 una declaración, solicitando la reanudación de las negociaciones. Los 32 cancilleres de la OEA aprobaron «por aclamación» unánime durante el plenario de la 40.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA en Lima, Perú, el 10 de junio de 2010 que la organización:
El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas considera anualmente la Cuestión de las islas Malvinas. En su encuentro del 25 de junio de 2010 emitió una declaración expresando que el Comité:
Los miembros del Comité Especial de Descolonización son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Chile, China, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Dominica, Ecuador, Etiopía, Fiyi, Granada, India, Indonesia, Irán, Irak, Malí, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Rusia, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona, Siria, Timor Oriental, Túnez, Tanzania y Venezuela.
En la Declaración de Buenos Aires del 20 y 21 de febrero de 2008, la Cumbre de Países Suramericanos y Países Árabes pidió «reanudar las negociaciones a fin de que se encuentre, a la mayor brevedad posible, una solución justa, pacífica y duradera de la disputa de soberanía a la que se refiere la cuestión de las islas Malvinas». Participaron de la cumbre: Argentina, Arabia Saudita, Argelia, Baréin, Bolivia, Brasil, Catar, Chile, Colombia, Comores, Yibuti, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guyana, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Paraguay, Perú, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Surinam, Túnez, Uruguay, Venezuela y Yemen.​
La Declaración Final de la VII Reunión de los Estados Parte de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS), emitida en Luanda, Angola, el 19 de junio de 2007, instó también a reanudar conversaciones.​​ La ZPCAS está integrada por: Angola, Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, República del Congo, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Togo y Uruguay.
Las Cumbres Iberoamericanas, que reúnen a los jefes de Estado y de gobierno de los 22 estados de habla hispana y portuguesa de América Latina y Europa, han afirmado en varias ocasiones, como en 2007 en Santiago de Chile y en 2009 en Estoril, la necesidad de la reanudación de las negociaciones "a la brevedad posible" e "incluyendo el principio de integridad territorial".​​
La Cumbre América del Sur-África, llevada a cabo con la participación de 66 países en la isla de Margarita, Venezuela, declaró el 27 de septiembre de 2009:
De acuerdo con interpretaciones británicas, los países de la Unión Europea habrían implícitamente apoyado al Reino Unido al suscribir los tratados de la Unión Europea que incluyen menciones a los territorios británicos de ultramar. El borrador de la Constitución Europea incluía a las Malvinas junto al resto de las dependencias de países de la Unión, como uno de los territorios a los que se aplicarían las disposiciones relativas a los «países y territorios de ultramar». Esa disposición se mantiene en el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007, que listó en un anexo a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y al Territorio Británico en la Antártida como pertenecientes al Reino Unido.​ De acuerdo con la interpretación del gobierno argentino, los países de la Unión Europea se mantienen prescindentes respecto de la controversia de soberanía.​
En abril de 2010 la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, confirmó que los Estados Unidos mediarían para que la Argentina y el Reino Unido se sentasen en una mesa a conversar. Unos días después el gobierno de Barack Obama llamó a las islas por su nombre en español.​ En enero de 2012, el gobierno de Estados Unidos aseguró que la cuestión sobre las Islas Malvinas «es un asunto bilateral» entre Argentina y Reino Unido y alentó a que «ambas partes resuelvan sus diferencias a través del diálogo en canales diplomáticos normales».​
El 5 de febrero de 2012, en el marco de la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), celebrada en Caracas, Nicaragua, Cuba, San Vicente y Granadinas, la Mancomunidad de Dominica y Antigua y Barbuda se sumaron a la decisión de otros países latinoamericanos de impedir el ingreso a sus puertos de barcos con bandera de las Islas Malvinas.​
En febrero de 2012 el presidente de Timor Oriental y premio nobel de la paz, José Ramos-Horta, manifestó su apoyo al reclamo de soberanía argentino.​ En esos días también la OEA (Organización de los Estados Americanos) declaró su apoyo a la Argentina. Este organismo internacional está integrado por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, Surinam, Dominica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Bahamas, Canadá, Belice y Guyana. Cabe destacar que algunos de estos países forman parte de la Mancomunidad de Naciones, encabezada por el rey del Reino Unido.
En 2015 los países del Sistema de Integración Centroamericana conformada por Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice, respaldaron las reclamaciones argentinas sobre Malvinas.​
En julio de 2023, después de una cumbre de jefes y jefas de Estado de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión Europea emitió una declaración donde reconoció por primera vez el territorio como uno en disputa, refiriéndose a las islas con sus nombres argentinos y británicos al mismo tiempo.​
El 16 de noviembre de 1883 la Iglesia católica estableció a cargo de los salesianos la prefectura apostólica de la Patagonia Meridional, incluyendo en su jurisdicción a la Tierra del Fuego y a las Islas Malvinas. El prefecto José Fagnano fijó en 1887 su sede en Punta Arenas y desde el 19 de abril de 1888 dispuso de un sacerdote en las Malvinas, Patrick Diamond. El 4 de octubre de 1916 fue suprimida incorporando el sector argentino a la arquidiócesis de Buenos Aires, mientras que el sector chileno y las Malvinas formaron el vicariato apostólico de Magallanes e Islas Malvinas. El 27 de enero de 1947 el vicariato fue elevado a diócesis de Punta Arenas, dentro de la jurisdicción eclesiástica chilena. En 1952 la Santa Sede separó de esta diócesis, y de la jurisdicción chilena a las Malvinas, creado la prefectura apostólica de las Islas Malvinas, incluyendo en su territorio a las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La prefectura quedó bajo la jurisdicción de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos como tierra de misión, sin ser incluida en ninguna conferencia episcopal.​
El 10 de abril de 1961 la Santa Sede creó la diócesis de Río Gallegos por la bula Ecclesiarum omnium del papa Juan XXIII, señalando su jurisdicción sobre la provincia de Santa Cruz y el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, pero sin incorporar a la prefectura apostólica de las Islas Malvinas. La diócesis fue reconocida por el Estado argentino por ley N.º 15804 y decreto 4210/61 del 17 de mayo de 1961.
En 2008 la Santa Sede comunicó al Gobierno argentino su intención de crear la diócesis de Tierra del Fuego con el sector correspondiente a esa provincia de la diócesis de Río Gallegos, cumpliendo con el concordato firmado el 10 de octubre de 1966, que establece:
El Gobierno argentino intentó que la Santa Sede reconociera la soberanía argentina sobre las Malvinas incluyéndolas en la futura diócesis, para lo cual respondió con la pregunta sobre a qué diócesis quedarían incorporadas, a la de Río Gallegos o la de Tierra del Fuego. Como la Santa Sede mantuvo su posición neutral respondiendo que las Malvinas «no forman parte ni de la organización eclesiástica argentina, ni tampoco de la de Gran Bretaña», el Gobierno argentino no respondió formalmente sobre la aceptación de la nueva diócesis, paso sin la cual no puede crearse.​ El 1 de agosto de 2008 la Santa Sede retiró el proyecto de creación de la diócesis.​​
El 20 de septiembre de 2016 el presidente de Argentina Mauricio Macri anunció, al hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante la prensa internacional, que Reino Unido había aceptado iniciar el diálogo con Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, tal como lo mandan las resoluciones de la propia Naciones Unidas.​ ​
Una tesis realizada por el arquitecto uruguayo Juan Ackermann y el ingeniero agrónomo uruguayo-argentino Alfredo Villegas en su libro Las Malvinas ¿son uruguayas? proponen el derecho de Uruguay sobre el territorio apoyándose primero en la posesión jurídica que tenía el puerto militar de Montevideo, perteneciente al Virreinato del Río de la Plata (del cual Argentina se independizó en 1816) a mediados del siglo XVIII, sobre el archipiélago de Malvinas, la isla de Tierra del Fuego, las costas patagónicas y la isla Fernando Poo, hoy territorio de Guinea Ecuatorial bajo el nombre de Bioko. Los autores fundamentan el derecho de Uruguay a reclamar el territorio en un tratado firmado entre Uruguay y España en 1841 donde el país mediterráneo cedió al país sudamericano las atribuciones que tenía el puerto militar de la ya capital uruguaya sobre el archipiélago del Atlántico Sur, desde el cual afirman que aún podría tener validez y en el cual, según los investigadores mencionados, se basó la elaboración de la Ley n.º 20.827 convalidado por el Senado argentino en 1974 que instaura el 22 de febrero como Día de la Antártida Argentina. Ackermann menciona que 17 años después de aquel tratado con Uruguay, España firmó otro similar con Argentina, pero negó que el país europeo entonces pudiera haber cedido a la Argentina los derechos, atribuciones y garantías que ya había dado al Uruguay.
Sin embargo, Uruguay nunca ha reclamado derechos sobre las islas y de hecho apoya la reclamación argentina ante la ONU, aunque Ackermann sostuvo que sí podría hacerlo y Villegas sugirió que podría usar el tema para negociar con Argentina cuestiones comerciales o bilaterales. El expresidente de Uruguay, José Mujica, realizó un comentario sobre el reclamo argentino por las islas durante un acto celebrado en mayo ante el embajador argentino en Montevideo, Dante Dovena, diciendo que “en el reclamo (los uruguayos) no somos desinteresados. Después discutiremos si son argentinas o uruguayas. Al fin y al cabo, en la época de la colonia, las Malvinas se atendían desde el puerto de Montevideo. Vaya contradicción”.
Ante esta posición, la reconocida historiadora y escritora uruguaya Ana Ribeiro descartó que Uruguay tenga argumentos de peso para sostener que las islas le pertenecen, algo que calificó como “ucrónico”, diciendo que “nunca fue reivindicado por la gente” y que “jamás un historiador puede mirar sólo un detalle”.​​​​