Municipalización de la enseñanza en Chile

La municipalización de la enseñanza fue una reforma del sistema de administración de la educación pública introducido en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Esta medida se llevó a cabo entre los años 1981 y 1986 como un proceso de descentralización de la administración educacional, que hasta esa época correspondía directamente al Ministerio de Educación. Lo fundamental de la medida era el traspaso de la administración de los establecimientos educacionales desde el Ministerio a la comuna en la cual estaban ubicados.​​
Uno de los flancos de más interés para la recién instaurada dictadura fue el área de la educación, que sufrió grandes transformaciones. Esto queda muy bien resumido en la siguiente cita:
En sus orígenes, la transformación educacional necesaria se perfiló como el delegamiento que debía hacer el Estado de la función administrativa de la educación en manos de otras instituciones, sin hacer mención aún de la municipalidad. Este cambio fue descrito en un principio en dos programas:
Durante el año 1979, se redacta un documento denominado «Directivas Presidenciales sobre Educación Nacional», donde se definen criterios y prioridades. Las ideas centrales de este documento pueden resumirse en:
Para dar cumplimiento a dichos planteamientos, el Ministerio de Educación, durante 1980, realiza importantes cambios en el sistema educacional; entre ellos, se inicia un proceso de descentralización de la gestión educacional, denominado municipalización.
Los tres pilares fundamentales en los que se basó la municipalización son:
El proceso de municipalización educacional se inserta coherentemente dentro de una corriente anterior que intenta impulsar la privatización del sistema educativo.​​
El traspaso de las escuelas y liceos a la esfera municipal no se considera la meta del proceso, sino solo un medio para luego efectuar el traspaso más radical de la subsidiariedad.​​​​
Muchos sectores de la sociedad —entre ellos la Iglesia Católica— han expresado su preocupación por lo que ésta política significa. A los opositores les preocupa que el Estado renuncie a su rol de promover el acceso de los sectores populares a la educación, así como no saber a quiénes se traspasan los establecimientos educacionales.​
La desigualdad es en parte un problema de recursos; es una realidad que los establecimientos particulares los poseen y por ende son capaces de hacer inversiones por alumno para así obtener mejores resultados. Muy por el contrario, los establecimientos municipales deben pagar los salarios mínimos que el gremio de profesores negocia con el Ministerio de Educación, lo que significa que entre el 70% y el 80% de los ingresos que estos establecimientos reciben por la subvención se destinan a los salarios. Este factor, que quizá suene irrelevante, repercute en la mirada externa que se le hace a un establecimiento educacional a la hora de calificarlo. Mientras más insumos (tecnologías de punta, mayor número de libros, laboratorios científicos, televisores, radios, equipos de video, etc) tenga a su haber un colegio o liceo, más atractivo es en el mercado y por ende, atrae una mayor demanda.​[1]
Lo que para las autoridades de Gobierno de la época es considerado un logro, para otros sectores de la sociedad es motivo de preocupación. Esto puede verse en la siguiente cita:
Estas ineficiencias fueron plasmadas en las movilizaciones del 2006 de secundarios a nivel nacional, donde se vieron envueltos desde liceos emblemáticos de la capital hasta colegios de Regiones.
Otra de las críticas radica en que la municipalización ya debería dar paso a la privatización de la educación. Quienes promueven la privatización fundamentan su postura sobre los incentivos de mercado, así, sugieren que los propietarios de establecimientos buscarán competir en contenidos, precios, servicios y valores agregados en la educación, y que esta competencia beneficiará en primera instancia al padre de familia y que por el contrario actualmente la educación está sujeto a la presión de los gremios de maestros y grupos políticos que buscan convertir la educación pública en plataforma electoral.
En el primer gobierno de Sebastián Piñera bajo el clima de las movilizaciones del 2011 se criticó intensamente la municipalización de la enseñanza y se solicitó que estuviera a cargo de un organismo público descentralizado.
Las críticas mencionadas derivaron en reformas al sistema durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet que creó en 2017 los Servicios Locales de Educación Pública, los cuales trabajan en conjunto con el Ministerio y una Dirección de Educación Pública.​ Estos Servicios Locales agrupaban colegios de diversas municipalidades cercanas. El sistema comenzó a operar en 2018.​