Revolución francesa

La Revolución francesa​ (en francés: Révolution française) fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que convulsionó la Francia del Antiguo Régimen, y a otros países por extensión de sus implicaciones. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799, culminando un proceso de 10 años.
Si bien después de que la Primera República cayó tras el golpe de Estado de Napoleón, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional, la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en el país,​ y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, que empleaba en ocasiones a las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. La revolución, más allá de sus estertores, enfrentó las bases del sistema monárquico como tal, en la medida en que impuso con su discurso, iniciativas capaces de volverlo ilegítimo.
Según la historiografía clásica, la Revolución francesa marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna con base en la representación, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió un nuevo horizonte político basado en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, de 1848 y de 1871.​
Los escritores ilustrados del siglo XVIII, filósofos, politólogos, científicos y economistas, denominados philosophes, y a partir de 1751 los enciclopedistas, contribuyeron a minar las bases del derecho divino de los reyes. La filosofía de la Ilustración ha desempeñado pues un rol significativo en el giro que tomaron estos eventos históricos pero su influencia debe relatarse de modo más matizado: acordarle demasiada importancia a los preceptos filosóficos nacidos durante ese siglo se revelaría como una carencia mayúscula de fidelidad historiográfica.
La corriente de pensamiento vigente en Francia era la Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. La Ilustración había servido de impulso a las Trece Colonias norteamericanas para la independencia de su metrópolis europea. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de «trampolín» ideológico para el inicio de la revolución en Francia.
Muchos historiadores ven las causas subyacentes de la Revolución francesa como impulsadas por el fracaso del Antiguo Régimen para responder a la creciente desigualdad social y económica. El rápido crecimiento de la población y las restricciones causadas por la incapacidad de financiar de forma adecuada la deuda pública, dieron lugar a una depresión económica, desempleo y altos precios de los alimentos.​ Combinado con un sistema fiscal regresivo y la resistencia a la reforma de la élite gobernante, el resultado fue una crisis que Luis XVI no pudo manejar.​​
Bajo Luis XIV, la corte de Versalles se había convertido en el centro de la cultura, la moda y el poder político. Las mejoras en la educación y la alfabetización a lo largo del siglo XVIII significaron audiencias más grandes para los periódicos y revistas, con logias masónicas, cafeterías y clubes de lectura que proporcionaron áreas donde la gente podía debatir y discutir ideas. El surgimiento de esta llamada «esfera pública» llevó a París a reemplazar a Versalles como centro cultural e intelectual, dejando a la Corte aislada y con menos capacidad de influir en la opinión.​​
Además de estos cambios sociales, la población francesa creció de 18 millones en 1700 a 26 millones en 1789, convirtiéndose en el Estado más poblado de Europa; París tenía más de 600 000 habitantes, de los cuales un tercio estaban desempleados o no tenían empleo regular. Los métodos agrícolas ineficientes significaban que los agricultores nacionales no podían mantener estos números, mientras que las redes de transporte primitivas dificultaban el mantenimiento de los suministros incluso cuando había suficientes. Como resultado, los precios de los alimentos aumentaron en un 65 % entre 1770 y 1790, pero los salarios reales aumentaron solo en un 22 %.​ La escasez de alimentos fue perjudicial para el régimen, ya que muchos atribuyeron los aumentos de precios a la incapacidad del gobierno para evitar la especulación. En la primavera de 1789, una mala cosecha seguida de un invierno severo había creado un campesinado rural sin nada que vender y un proletariado urbano cuyo poder adquisitivo se había derrumbado.
El otro gran lastre para la economía fue la deuda estatal. Las visiones tradicionales de la Revolución francesa a menudo atribuyen la crisis financiera de la década de 1780 a los grandes gastos de la guerra anglo-francesa de 1778-1783, pero los estudios económicos modernos muestran que esto es incorrecto. En 1788, la relación entre la deuda y la renta nacional bruta en Francia era del 55,6 %, en comparación con el 181,8 % en Gran Bretaña. Aunque los costos de los préstamos en Francia eran más elevados, el porcentaje de los ingresos fiscales dedicados al pago de intereses era casi el mismo en ambos países.​
Sin embargo, estos impuestos los pagaban los pobres de las zonas urbanas y rurales, y los parlamentos regionales que controlaban la política financiera bloquearon los intentos de repartir la carga de manera más equitativa. El impasse resultante frente a la angustia económica generalizada llevó a la convocatoria de los Estados Generales, que se radicalizaron por la lucha por el control de las finanzas públicas. Sin embargo, ni el nivel de la deuda estatal francesa en 1788, ni su historia previa, pueden considerarse una explicación del estallido de la revolución en 1789.​
Aunque Luis no fue indiferente a la crisis, cuando se enfrentó a la oposición, tendió a retroceder. La Corte se convirtió en el blanco de la ira popular, en especial la reina María Antonieta, que fue vista como una espía austríaca derrochadora, y acusada de la destitución de ministros «progresistas» como Jacques Necker. Para sus oponentes, las ideas de la Ilustración sobre la igualdad y la democracia proporcionaron un marco intelectual para abordar estos problemas, mientras que la Revolución estadounidense fue vista como una confirmación de su aplicación práctica.​
Los Estados Generales estaban formados por los representantes de cada estamento. Estos estaban separados a la hora de deliberar, y tenían solo un voto por estamento. La convocatoria de 1789 fue un motivo de preocupación para la oposición, por cuanto existía la creencia de que no era otra cosa que un intento, por parte de la monarquía, de manipular la asamblea a su antojo. La cuestión que se planteaba era importante. Estaba en juego la idea de soberanía nacional, es decir, admitir que el conjunto de los diputados de los Estados Generales representaba la voluntad de la nación.
El tercer impacto de los Estados Generales fue de gran tumulto político, en particular por la determinación del sistema de votación. El Parlamento de París propuso que se mantuviera el sistema de votación que se había usado en 1614, si bien los magistrados no estaban muy seguros acerca de cuál había sido en realidad tal sistema. Sí se sabía, en cambio, que en dicha asamblea habían estado representados (con el mismo número de miembros y con un solo voto) el clero (Primer Estado), la nobleza (Segundo Estado) y el resto de la población (Tercer Estado, la burguesía y el campesinado). De inmediato, un grupo de liberales parisinos denominado «Comité de los Treinta», compuesto por la nobleza, comenzó a protestar y agitar, reclamando que se duplicara el número de asambleístas con derecho a voto del Tercer Estado (es decir, los «Comunes»). El gobierno aceptó esta propuesta, pero dejó a la Asamblea la labor de determinar el derecho de voto. Este cabo suelto creó gran tumulto.
El rey Luis XVI y una parte de la nobleza no aceptaron la situación. Los miembros del Tercer Estamento se autoproclamaron Asamblea Nacional, y se comprometieron a escribir una constitución. Sectores de la aristocracia confiaban en que estos Estados Generales pudieran servir para recuperar parte del poder perdido, pero el contexto social ya no era el de 1614. Ahora existía una élite burguesa que tenía una serie de reivindicaciones e intereses que chocaban con los de la nobleza (y con los del pueblo, cosa que se demostraría en los años siguientes).
Cuando los Estados Generales de Francia se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789 y se originaron las disputas respecto al tema de las votaciones, los miembros del Tercer Estado debieron verificar sus credenciales, comenzando a hacerlo el 28 de mayo y finalizando el 17 de junio, cuando los miembros del Tercer Estado se declararon como únicos integrantes de la Asamblea Nacional: ésta no representaría a las clases pudientes sino al pueblo en sí. Si bien invitaron a los miembros del Primer y Segundo Estado a participar en esta asamblea, dejaron en claro sus intenciones de proceder incluso sin esta participación.
La monarquía, opuesta a la Asamblea, cerró las salas donde se reunía. Los asambleístas se mudaron a un edificio cercano, donde la aristocracia acostumbraba a jugar el juego de la pelota, conocido como jeu de paume. Allí es donde procedieron con lo que se conoce como el Juramento del Juego de la Pelota el 20 de junio de 1789, prometiendo no separarse hasta tanto dieran a Francia una nueva constitución. La mayoría de los representantes del bajo clero se unieron a la Asamblea, al igual que 47 miembros de la nobleza. Ya el 27 de junio, los representantes de la monarquía se dieron por vencidos, y por esa fecha el rey mandó reunir grandes contingentes de tropas militares que comenzaron a llegar a París y Versalles. Los mensajes de apoyo a la Asamblea llovieron desde París y otras ciudades. El 9 de julio, se nombró a sí misma Asamblea Nacional Constituyente.
El 11 de julio de 1789, el rey Luis XVI, bajo la influencia de los nobles conservadores al igual que la de su hermano, el conde D'Artois, despidió al ministro Necker y ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas. Gran parte del pueblo de París lo interpretó como un autogolpe de la realeza, y se lanzó a la calle en abierta rebelión. Algunos militares se mantuvieron neutrales; otros se unieron al pueblo.
El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y, ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, punto estratégico también del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras cuatro horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión y mataron a su gobernador, el marqués Bernard de Launay. Si bien solo cuatro presos fueron liberados, la Bastilla se convirtió en un potente símbolo de todo lo que resultaba despreciable en el Antiguo Régimen. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al alcalde Jacques de Flesselles de traición, quien recibió un balazo mortal. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, lo que se volvió muy común durante la Revolución.
La Revolución se fue extendiendo por ciudades y pueblos, creándose nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que la Asamblea Nacional Constituyente. La insurrección motivada por el descontento popular siguió extendiéndose por toda Francia. En las áreas rurales, para protestar contra los privilegios señoriales, se llevaron a cabo actos de quema de títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras, y varios castillos y palacios fueron atacados. Esta insurrección agraria se conoce como la Grande Peur (el Gran Miedo).
La noche del 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente actuó detrás de los nuevos acontecimientos, suprimió por ley las servidumbres personales (abolición del feudalismo), los diezmos y las justicias señoriales, instauró la igualdad ante el impuesto, ante penas y en el acceso a cargos públicos. En cuestión de horas, los nobles y el clero perdieron sus privilegios. El curso de los acontecimientos estaba ya marcado, si bien la implantación del nuevo modelo no se hizo efectiva hasta 1793. El rey, junto con sus seguidores militares, retrocedió de momento. Lafayette tomó el mando de la Guardia Nacional de París y Jean-Sylvain Bailly, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue nombrado alcalde de París. El rey visitó París el 27 de julio y aceptó la escarapela tricolor.
Después de estos actos de violencia, los nobles, no muy seguros del rumbo que tomaría la reconciliación temporal entre el rey y el pueblo, comenzaron a salir del país, algunos con la intención de fomentar una guerra civil en Francia y de llevar a las naciones europeas a respaldar al rey. Estos fueron conocidos como los émigrés (emigrados).
La revolución se enfrentó con dureza a la Iglesia católica, que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas, se eliminaron los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. Bajo el Antiguo Régimen, la Iglesia era la mayor terrateniente del país. Más tarde se promulgó una legislación que convirtió al clero en empleados del Estado. Fueron años de dura represión para el clero, siendo comunes la prisión y masacre de sacerdotes en toda Francia. Este proceso finalizó con el Concordato de 1801 entre la Asamblea y la Iglesia que estableció normas de convivencia vigentes hasta el 11 de diciembre de 1905, cuando la Tercera República sentenció la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. El viejo calendario gregoriano, propio de la religión católica, fue anulado por Billaud-Varenne, en favor de un «calendario republicano» y una nueva era, que establecía como primer día el 22 de septiembre de 1792.
En una Asamblea que se quería plural y cuyo propósito era la redacción de una constitución democrática, los 1200 constituyentes representaban las diversas tendencias políticas del momento.
En ese primer periodo constituyente, los líderes indiscutibles de la Asamblea eran Mirabeau y el abad Sieyès.​
El 27 de agosto de 1789, la Asamblea publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano inspirado en parte en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y estableciendo el principio de libertad, igualdad y fraternidad. Dicha declaración establecía una declaración de principios que serían la base ineludible de la futura Constitución.
La Asamblea Nacional Constituyente no era solo un órgano legislativo, sino la encargada de redactar una nueva constitución. Algunos, como Necker, favorecían la creación de una asamblea bicameral donde el Senado sería escogido por la Corona entre los miembros propuestos por el pueblo. Los nobles, por su parte, favorecían un Senado compuesto por miembros de la nobleza elegidos por los nobles. Prevaleció, sin embargo, la tesis liberal de que la Asamblea tendría una sola Cámara, quedando el rey sólo con poder de veto, pudiendo posponer la ejecución de una ley, pero no su eliminación.
El movimiento de los monárquicos para bloquear este sistema fue desmontado por el pueblo de París, compuesto sobre todo por mujeres (menospreciadas como «las Furias»), que marcharon el 5 de octubre de 1789 sobre Versalles, desde donde, tras varios incidentes, el rey y su familia se vieron obligados a trasladarse al palacio de las Tullerías, en París.
El período comprendido entre octubre de 1789 y la primavera de 1791 suele considerarse de relativa tranquilidad, cuando se promulgaron algunas de las reformas legislativas más importantes. Aunque muchas áreas provinciales experimentaron conflictos sobre la fuente de autoridad legítima, donde los oficiales del Antiguo Régimen habían sido barridos, pero aún no se habían establecido nuevas estructuras. Esto fue menos obvio en París, ya que la formación de la Guardia Nacional la convirtió en la ciudad mejor vigilada de Europa, pero el creciente desorden en las provincias afectó a los miembros de la Asamblea.​
La Revolución provocó un cambio masivo de poder de la Iglesia Católica al Estado; aunque se ha cuestionado el alcance de las creencias religiosas, la eliminación de la tolerancia hacia las minorías religiosas que significaba que en 1789 eran francesas también significaba ser católicas.​ La iglesia era el terrateniente individual más grande de Francia, controlando casi el 10 % de las propiedades y los diezmos, un impuesto del 10 % sobre la renta, recaudado de los campesinos en forma de cultivos. A cambio, proporcionó un nivel mínimo de apoyo social.​ Los decretos de agosto abolieron los diezmos, y el 2 de noviembre la Asamblea confiscó todas las propiedades de la iglesia, cuyo valor se utilizó para respaldar un nuevo papel moneda conocido como assignats. A cambio, el Estado asumió responsabilidades como pagar al clero y cuidar a los pobres, los enfermos y los huérfanos. El 13 de febrero de 1790, se disolvieron las órdenes religiosas y los monasterios, mientras se animaba a los monjes y monjas a volver a la vida privada. La Constitución Civil del Clero del 12 de julio de 1790 los convirtió en empleados del Estado, además de establecer tarifas de pago y un sistema para elegir sacerdotes y obispos. El papa Pío VI y muchos católicos franceses se opusieron a esto porque negaba la autoridad del papa sobre la Iglesia francesa. En octubre, treinta obispos redactaron una declaración denunciando la ley, lo que avivó aún más la oposición.​​
Cuando se requirió que el clero jurara lealtad a la Constitución Civil en noviembre de 1790, menos del 24 % lo hizo; el resultado fue un cisma con los que se negaron, el «clero que no jura» o el «clero refractario». Esto endureció la resistencia popular contra la injerencia del Estado, en especial en áreas de tradición católica como Normandía, Bretaña y Vendée, donde sólo unos pocos sacerdotes prestaron juramento y la población civil se volvió contra la revolución. La negativa generalizada dio lugar a nuevas leyes contra el clero, muchos de los cuales fueron obligados a exiliarse, deportados o ejecutados.​
A principios de 1791, la Asamblea consideró introducir una legislación contra los franceses que emigraron durante la Revolución (émigrés). Se pretendía coartar la libertad de salir del país para fomentar desde el extranjero la creación de ejércitos contrarrevolucionarios, y evitar la fuga de capitales. Mirabeau se opuso de forma rotunda. Sin embargo, el 2 de marzo de 1791 Mirabeau falleció, y la Asamblea adoptó esta medida draconiana.
El 20 de junio de 1791, Luis XVI, opuesto al curso que iba tomando la Revolución, huyó junto con su familia de las Tullerías. Sin embargo, al día siguiente cometió la imprudencia de dejarse ver; fue arrestado en Varennes por un oficial del pueblo y devuelto a París escoltado por la guardia. A su regreso, el pueblo se mantuvo en silencio y, tanto él como su esposa, María Antonieta, sus dos hijos (María Teresa y Luis-Carlos, futuro Luis XVII) y su hermana (Madame Elizabeth) permanecieron bajo custodia.
El 3 de septiembre de 1791, fue aprobada la primera constitución de la historia de Francia. Una nueva organización judicial dio características temporales a todos los magistrados y total independencia de la Corona. Al rey sólo le quedó el Poder Ejecutivo y el derecho de vetar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. La Asamblea, por su parte, eliminó todas las barreras comerciales y suprimió las antiguas corporaciones mercantiles y los gremios; en adelante, los individuos que quisieran desarrollar prácticas comerciales necesitarían una licencia, y se abolió el derecho a la huelga.
Aun cuando existía una fuerte corriente política que favorecía la monarquía constitucional, al final venció la tesis de mantener al rey como una figura decorativa. Jacques Pierre Brissot introdujo una petición insistiendo en que, a los ojos del pueblo, Luis XVI había sido depuesto por su huida. Una inmensa multitud se congregó en el Campo de Marte para firmar dicha petición. Georges-Jacques Danton y Camille Desmoulins pronunciaron discursos exaltados. La Asamblea pidió a las autoridades municipales guardar el orden. Bajo el mando de Lafayette, la Guardia Nacional se enfrentó a la multitud. Al principio, tras recibir una oleada de piedras, los soldados respondieron disparando al aire; dado que la multitud no cedía, Lafayette ordenó disparar a los manifestantes, ocasionando más de cincuenta muertos.
Tras esta masacre, las autoridades cerraron varios clubes políticos, así como periódicos radicales, tal el que editaba Jean-Paul Marat. Danton se fugó a Inglaterra; Desmoulins y Marat permanecieron escondidos.
Mientras tanto, la Asamblea había redactado la Constitución y el rey había sido mantenido en custodia, aceptándola. El rey pronunció ante la Asamblea un discurso acogido con un fuerte aplauso. La Asamblea Nacional Constituyente cesó en sus funciones el 29 de septiembre de 1791.
Bajo la Constitución de 1791, Francia funcionaría como una monarquía constitucional. El rey tenía que compartir su poder con la Asamblea, pero mantenía el poder de veto y la potestad de elegir a sus ministros.
La Asamblea Legislativa se reunió por primera vez el 1 de octubre de 1791. La componían 264 diputados situados a la derecha: feuillants (dirigidos por Barnave, Duport y Lameth), y girondinos, portavoces republicanos de la gran burguesía. En el centro figuraban 345 diputados independientes, carentes de programa político definido. A la izquierda 136 diputados inscritos en el club de los jacobinos o en el de los cordeliers, que representaban al pueblo llano parisino a través de sus periódicos L´Ami du Peuple y Le Père Duchesne, y con Marat y Hebert como portavoces. Pese a su importancia social y el apoyo popular y de la pequeña burguesía, en la Asamblea era escasa la influencia de la izquierda, pues la Asamblea estaba dominada por las ideas políticas que representaban los girondinos. Mientras los jacobinos tenían detrás a la gran masa de la pequeña burguesía, los cordeliers contaban con el apoyo del pueblo llano, a través de las secciones parisienses.
Este gran número de diputados se reunían en los clubes, germen de los partidos políticos. El más célebre de entre estos fue el partido de los jacobinos, dominado por Robespierre. A la izquierda de este partido se encontraban los cordeliers, quienes defendían el sufragio universal masculino (derecho de todos los hombres al voto a partir de una determinada edad). Los cordeliers querían la eliminación de la monarquía e instauración de la República. Estaban dirigidos por Jean-Paul Marat y Georges-Jacques Danton, representando al pueblo más humilde. El grupo de ideas más moderadas era el de los girondinos, que defendían el sufragio censitario y propugnaban una monarquía constitucional descentralizada. También se encontraban aquellos que formaban parte de «el Pantano», o «el Llano», los que no tenían un voto propio, y que se iban por las proposiciones que más les convenían, ya vinieran de los jacobinos o de los girondinos.
En los primeros meses de la Asamblea, el rey había vetado una ley que amenazaba con la condena a muerte a los émigrés, y otra que exigía al clero prestar juramento de lealtad al Estado. Desacuerdos de este tipo fueron los que llevaron más adelante a la crisis constitucional.
Mientras tanto, dos potencias absolutistas europeas, Austria y Prusia, se dispusieron a invadir la Francia revolucionaria, lo que hizo que el pueblo francés se convirtiera en un ejército nacional, dispuesto a defender y a difundir el nuevo orden revolucionario por toda Europa. Durante la guerra, la libertad de expresión permitió que el pueblo manifestase su hostilidad hacia la reina María Antonieta (llamada la Austriaca por ser hija de un emperador de aquel país y Madame Déficit por el gasto que había representado al Estado, que no era mayor que la mayoría de los cortesanos) y contra Luis XVI, que casi siempre se negaba a firmar leyes propuestas por la Asamblea Legislativa.
El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el palacio de las Tullerías, y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales del rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar (por sufragio universal) un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención. Aumentaba la tensión política y social en Francia, así como la amenaza militar de las potencias europeas. El conflicto se planteaba así entre una monarquía constitucional francesa en camino de convertirse en una democracia republicana, y las monarquías europeas absolutas. El nuevo Parlamento elegido ese año abolió la monarquía y proclamó la república. Creó también un nuevo calendario, según el cual 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era.
El gobierno pasó a depender de la Comuna Insurreccional. La Comuna envió grupos de sicarios a las prisiones, asesinando a 1400 personas, y cuando pidió a otras ciudades de Francia que hicieran lo mismo, la Asamblea no opuso resistencia. Esta situación persistió hasta el 20 de septiembre de 1792, en que se creó un nuevo cuerpo legislativo denominado Convención, que de hecho se convirtió en el nuevo gobierno de Francia.
El poder legislativo de la nueva República estuvo a cargo de la Convención Nacional, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre el Comité de Salvación Pública.
En el manifiesto de Brunswick, los Ejércitos Imperiales y de Prusia amenazaron con invadir Francia si la población se resistía al restablecimiento de la monarquía. Esto ocasionó que Luis XVI fuera visto como conspirador con los enemigos de Francia. El 17 de enero de 1793, la Convención condenó al rey a muerte por una pequeña mayoría, acusándolo de «conspiración contra la libertad pública y la seguridad general del Estado». El 21 de enero el rey fue ejecutado en público con la guillotina, lo cual encendió de nuevo la mecha de la guerra con otros países europeos. La reina María Antonieta, nacida en Austria y hermana del emperador, fue ejecutada el 16 de octubre, iniciándose una revolución en Austria para sustituir a la reina. Esto provocó la ruptura de toda relación entre ambos países.
El día en que se reunía la Convención (20 de septiembre de 1792), las tropas francesas (formadas por tenderos, artesanos y campesinos de toda Francia) derrotaron por primera vez a un ejército prusiano en Valmy, lo cual señalaba el inicio de las llamadas guerras revolucionarias francesas.
La situación económica seguía empeorando, lo cual dio origen a revueltas de las clases más pobres. Los llamados sans-culottes expresaban su descontento por el hecho de que la Revolución francesa no solo no estaba satisfaciendo los intereses de las clases bajas, sino que algunas medidas liberales causaban un enorme perjuicio a estas (libertad de precios, libertad de contratación, Ley Le Chapelier, etcétera). Al mismo tiempo, comenzaron a gestarse luchas antirrevolucionarias en diversas regiones de Francia. En la Vandea, un levantamiento popular fue muy significativo: campesinos y aldeanos (apoyados en un principio por los émigrés, el Reino Unido y el clero refractario) se alzaron contra la leva en masa y la constitución civil del clero, por el rey y las tradiciones católicas, provocando la guerra de la Vendée, reprimida de manera tan eficaz y cruenta por las autoridades revolucionarias parisinas que algunos historiadores y políticos franceses de la derecha y extrema derecha han llegado a calificarla de genocidio.​
La guerra exterior amenazaba con destruir la Revolución y la república. Todo ello motivó la trama de un golpe de Estado por parte de los jacobinos, quienes buscaron el favor popular contra los girondinos. La alianza de los jacobinos con los sans-culottes se convirtió de hecho en el centro del gobierno.
Los jacobinos llevarían en su política algunas de las reivindicaciones de los sans-culottes y las clases bajas, pero no todas sus reivindicaciones serían aceptadas, y jamás se cuestionó la propiedad privada. Los jacobinos no pusieron nunca en duda el orden liberal, pero sí llevaron a cabo una democratización, pese a la represión que desataron contra los opositores políticos (tanto conservadores como radicales).
Se redactó en 1793 una nueva Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y una nueva constitución de tipo democrático que reconocía el sufragio universal. El Comité de Salvación Pública cayó bajo el mando de Maximilien Robespierre y los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror (1793-1794). No menos de 10 000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. La menor sospecha de dichas actividades podía hacer recaer sobre una persona acusaciones que la llevarían a la guillotina. El cálculo total de víctimas varía, pero se cree que llegarían a 40 000 víctimas del Terror.
En 1794, Robespierre procedió a ejecutar a ultrarradicales y a jacobinos moderados. Su popularidad comenzó a erosionarse. El 27 de julio, ocurrió otra revuelta popular contra Robespierre, apoyada por los moderados que veían peligroso el trayecto de la Revolución, cada vez más exaltada. El pueblo se rebelaba contra la condición burguesa de Robespierre que, revolucionario antes, ahora persigue a Verlet, Leclerc y Roux. Los miembros de la Convención lograron convencer al Pantano, y derrocar y ejecutar a Robespierre junto con otros líderes del Comité de Salvación Pública.
La Convención aprobó una constitución el 17 de agosto de 1795, ratificada el 26 de septiembre en un plebiscito. La llamada Constitución del Año III, confería el poder ejecutivo a un Directorio, formado por cinco directores. El poder legislativo sería ejercido por una asamblea bicameral, compuesta por el Consejo de Ancianos (250 miembros) y el Consejo de los Quinientos. Esta Constitución suprimió el sufragio universal masculino y restableció el sufragio censitario.
La nueva Constitución encontró la oposición de grupos monárquicos y jacobinos. Hubo revueltas, reprimidas por el ejército, lo cual motivó que el general Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, diera el 9 de noviembre de 1799 un golpe de Estado (18 de Brumario), instalando el Consulado.
La Constitución del Año VIII, redactada por Pierre Daunou y promulgada el 25 de diciembre de 1799, estableció un régimen autoritario que concentraba el poder en manos de Napoleón, para la supuesta salvación de la república ante una posible restauración monárquica. Contraria las constituciones anteriores, no incluía ninguna declaración sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. El poder ejecutivo recaía en tres cónsules: el primero de ellos, designado por la Constitución, era Bonaparte; los otros dos solo tenían un poder consultivo. En 1802, Napoleón impuso la aprobación de un senadoconsulto, que lo convirtió en cónsul vitalicio, con derecho a designar su sucesor.
El cargo de cónsules lo ostentaron Napoleón Bonaparte, Sieyès y Ducos de momento hasta el 12 de diciembre de 1799. Sieyés y Ducos fueron reemplazados por Jean Jacques Régis de Cambacérès y Charles-François Lebrun, hasta el 18 de mayo de 1804 (28 de floreal del año XII), cuando un nuevo senadoconsulto proclamó el Primer Imperio y la extinción de la Primera República, cerrando con esto el capítulo histórico de la Revolución francesa.
Los colores azul, blanco y rojo eran ya frecuentes en diversos pabellones, uniformes y banderas de Francia antes del siglo XVIII. El azul y el rojo eran los colores de la villa de París desde el siglo XIV,​ y el blanco era en aquella época el color del reino de Francia, y por extensión de la monarquía borbónica.
Cuando Luis XVI visitó a la recién creada Guardia Nacional en el Ayuntamiento de París el 17 de julio de 1790, aparece por primera vez la escarapela tricolor, ofrecida al Rey por el comandante de la Guardia, el marqués de La Fayette. Unía la escarapela de la Guardia Nacional que llevaba los colores de la capital, con el color blanco del reino. No fue sin embargo hasta el 20 de marzo de 1790 que la Asamblea Nacional mencionó en un decreto los tres colores como "colores de la nación: azul, rojo y blanco".​ Pero la escarapela no era aún un símbolo nacional, y el primer emblema nacional como tal fue la bandera diseñada para la popa de los buques de guerra, adoptada por decreto de la Asamblea Nacional el 24 de octubre de 1790. Constaba de una pequeña bandera roja, blanca y azul en la esquina superior izquierda de una bandera blanca. Esta bandera fue modificada por la Convención republicana el 15 de febrero de 1794, a petición de los marineros de la marina nacional que exigieron que se redujera la predominancia del blanco que simbolizaba todavía la monarquía.​ La bandera adoptó entonces su diseño definitivo, y se cambió el orden de los colores para colocar el azul cerca del mástil y el rojo al viento por motivos cromáticos, según los consejos del pintor Louis David.
Otro símbolo de la Revolución francesa es el gorro frigio (o gorro de la libertad), llevado en particular por los Sans-culottes. Aparece en los Escudos Nacionales de Francia, Haití, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Paraguay y Argentina.
El himno «La Marsellesa», con letra y música de Rouget de Lisle, capitán de ingenieros de la guarnición de Estrasburgo, se popularizó a tal punto que el 14 de julio de 1795 fue declarado himno nacional de Francia; se llamaba «Chant de guerre pour l'armée du Rhin» («Canto de guerra para el ejército del Rin»), pero cuando los voluntarios del general François Mireur que salieron de Marsella entraron a París el 30 de julio de 1792 cantando dicho himno como canción de marcha, los parisinos los acogieron con gran entusiasmo y bautizaron el cántico como «La Marsellesa».
El lema Liberté, égalité, fraternité («Libertad, igualdad, fraternidad»), que procede del lema no oficial de la Revolución de 1789 Liberté, égalité ou la mort («Libertad, igualdad o la muerte»), fue adoptado de manera oficial después de la Revolución de 1848 por la Segunda República Francesa.
Uno de los acontecimientos con mayor alcance histórico de la revolución fue la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. En su doble vertiente, moral (derechos naturales inalienables) y política (condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos naturales e individuales), condiciona la aparición de un nuevo modelo de Estado, el de los ciudadanos, el Estado de Derecho, democrático y nacional. Aunque la primera vez que se proclamaron de modo solemne los derechos del hombre fue en los Estados Unidos (Declaración de Derechos de Virginia en 1776 y Constitución de los Estados Unidos en 1787), la revolución de los derechos humanos es un puro fenómeno europeo. Será la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 la que sirva de base e inspiración a todas las declaraciones tanto del siglo XIX como del siglo XX.
El distinto alcance de ambas declaraciones es debido tanto a cuestiones de forma como de fondo. La declaración francesa es indiferente a las circunstancias en que nace y añade a los derechos naturales, los derechos del ciudadano. Sobre todo, es un texto atemporal, único, separado del texto constitucional y, por tanto, con un carácter universal, a lo que hay que añadir la brevedad, claridad y sencillez del lenguaje. De ahí su trascendencia y éxito tanto en Francia como en Europa y el mundo occidental.
La declaración, sin embargo, excluyó a las mujeres en su consideración de ciudadanas y se olvidó de las mujeres en su proyecto igualitario. Dos años más tarde de la redacción de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano la activista política Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1793), que se convierte en uno de los primeros documentos históricos que plantea la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación con los varones.​
Las mujeres ocuparon las calles durante las semanas precedentes a la insurrección y tuvieron un papel protagonista en el inicio de la Revolución. El 5 de octubre de 1789 fueron ellas quienes iniciaron la marcha hacia Versalles a buscar al rey. Sin embargo, cuando las asociaciones revolucionarias dirigen el alzamiento las mujeres quedan excluidas del pueblo deliberante, del pueblo armado —la Guardia Nacional—, de los comités locales y de las asociaciones políticas.
Al no poder participar en las asambleas políticas toman la palabra en las tribunas abiertas al público y crean los clubes femeninos en los que leen y debaten las leyes y los periódicos. Entre los más reconocidos estaba la Sociedad Patriótica y de Beneficencia de las Amigas de la Verdad (1791-1792), fundada por Etta Palm, en el que se reclamaba educación para las niñas pobres, divorcio y derechos políticos.
Entre las revolucionarias más destacadas se encontraba la dramaturga y activista política, considerada precursora del feminismo, Olympe de Gouges, la cual escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1793), reivindicando la equiparación de derechos entre hombres y mujeres. Olympe de Gouges se enfrentó a Robespierre y publicó la carta Pronostic de Monsieur Robespierre pour un animale amphibie,​ que la llevó a ser acusada de intrigas sediciosas. Fue juzgada, condenada a muerte y guillotinada.​
El 30 de septiembre de 1793, se prohibieron los clubes femeninos. En 1794, se insistió en la prohibición de la presencia femenina en cualquier actividad política, y en mayo de 1795 la Convención prohibió a las mujeres asistir a las asambleas política ordenando que se retiraran a sus domicilios bajo orden de arresto si no cumplían lo prescrito.​ El Código Napoleónico aprobado en 1804 consagró la derrota femenina en la lucha por la igualdad, libertad y fraternidad que la revolución significó para los varones.​
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