Estado miembro de la Unión Europea

Los Estados miembros de la Unión Europea,​ conocidos por los medios como los Ventisiete, son los Estados soberanos que forman dicha organización.​ Su número ha aumentado desde los seis Estados fundadores a los veintisiete que actualmente integran la Unión: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.​ Este incremento se debe a que la Unión ha experimentado sucesivas ampliaciones que han extendido sus fronteras hasta abarcar en la actualidad la mayor parte del territorio continental.
Todos los Estados miembros son partes de los Tratados constitutivos, que son el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Sin embargo, estos países difieren entre sí en su historia, cultura, población, geografía, modelo político y territorial de gobierno, e incluso forma de Estado (veintiún repúblicas y seis monarquías),​ aunque a lo largo de la historia de la Unión Europea han demostrado estar vinculados entre sí por el compromiso político, económico, jurídico, social y cultural que deriva del proceso de integración europea, asumido por todos más recientemente en el marco de los Tratados constitutivos.
Puede formar parte de la Unión cualquier país europeo que cumpla los criterios de Copenhague que establecen la obligatoriedad de que el Estado posea un gobierno democrático y una economía mixta de libre mercado, además de reconocer los derechos y libertades de los ciudadanos, entre otros requisitos.​ Ahora bien, la bandera de la Unión Europea (círculo de doce estrellas amarillas sobre fondo azul) fue adoptada por la entonces Comunidad Económica Europea en 1985, y su número de estrellas ha sido y será invariablemente doce, es decir, no tiene relación con el número de Estados de la Unión.
Por otra parte, desde la firma del Tratado de Lisboa cualquier Estado miembro que lo desee puede solicitar la retirada de la UE. Es así que el gobierno del Reino Unido, tras el referéndum de 2016, realizó los preparativos para invocar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea con que inició formalmente el proceso para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) que se hizo efectiva el 1 de febrero de 2020. Sin embargo Groenlandia, como territorio, ya se había retirado de la Comunidad Europea tras un proceso desarrollado a mediados de los años 1980 al conseguir mayor autonomía de un Estado miembro (Dinamarca).​
También hay una serie de países que han establecido fuertes vínculos con la Unión Europea de forma similar incluso a ciertos aspectos de la pertenencia como Estado miembro. Tal es el caso de Noruega e Islandia que se encuentran en el Espacio Económico Europeo (EEE), son parte del espacio Schengen, y participan en varios de los programas, instituciones y actividades de la UE.​ Algo parecido ocurre con Suiza que también pertenece al espacio Schengen.​ Sin embargo estos países han rechazado su adhesión en diversas votaciones.​
Cada Estado tiene representación en las instituciones de la Unión Europea. Ser un miembro de pleno derecho le da al gobierno de un Estado miembro un asiento en el Consejo de la Unión Europea y en el Consejo Europeo,​​ en los que cuando las decisiones no se toman por consenso los votos se ponderan en función de la población (aunque no es exactamente proporcional, ya que hay un mínimo que sirve para que los países más pequeños no pierdan representación).​ La Presidencia del Consejo de la Unión Europea rota cada seis meses entre cada uno de los miembros permitiendo a cada Estado ayudar a dirigir la agenda de la Unión.​
De la misma forma, a cada Estado miembro de la Unión Europea se le asignan un número de escaños en el Parlamento Europeo de acuerdo a su población.​ Nuevamente los países pequeños reciben un mayor número de escaños por habitante que los grandes: esta regla de «proporcionalidad degresiva» pretende posibilitar el reflejo del pluralismo interior de los Estados pequeños, sin que por ello el Parlamento adquiera un tamaño exorbitante, algo que pasaría inevitablemente si los Estados grandes obtuvieran un número de diputados directamente proporcional.
La eurocámara cuenta con 705 eurodiputados,​​​​ quienes representan de manera directa, de acuerdo con el principio de democracia representativa que ordena el método de gobierno comunitario, a los ciudadanos europeos como tales y en su conjunto, no a sus Estados de origen.​ Estos electores son los únicos ante quienes responden políticamente, de manera periódica cada cinco años, en las elecciones europeas.​
La Comisión Europea cuenta con 27 comisarios, uno por cada miembro, aunque estos no son nombrados por los Estados miembros sino por el Presidente de la Comisión Europea y tienen que ser aprobados por el Parlamento Europeo.​
Los tratados fundacionales establecen que todos los Estados miembros son soberanos y de igual valor.​ Sin embargo, la Unión Europea sigue un sistema supranacional similar al federalismo​ en casi todas las áreas; donde los Estados delegan soberanía a cambio de representación en las instituciones europeas.
Las instituciones de la Unión Europea tienen por tanto la facultad de dictar leyes y ejecutarlas en el ámbito europeo.​ Si un Estado no cumple con la ley de la Unión Europea puede ser multado o se le pueden retirar los fondos. En casos extremos, existen disposiciones para limitar el derecho a voto o suspender la pertenencia de un Estado miembro.​​
El estilo de integración de la Unión Europea, en contraste con el de otras organizaciones, se ha convertido en un "sistema altamente desarrollado de interferencia mutua en los asuntos internos" de cada país.​ En cambio, en temas de defensa y política exterior (y antes del Tratado de Lisboa, policial y judicial), que es un área muy delicada para los gobiernos nacionales, se transfiere menos soberanía; por lo que en estos asuntos las cuestiones se tratan por cooperación y unanimidad.​
La cuestión de si el Derecho comunitario es superior a la legislación nacional o no ha estado sujeta a debate.​ Los tratados no emiten ninguna posición al respecto, pero las sentencias judiciales han establecido la superioridad de la ley de la Unión Europea sobre la legislación de los Estados miembros​ y se afirma en una declaración anexa al Tratado de Lisboa.​​
El Tratado de Ámsterdam introdujo en el Tratado de la Unión Europea una cláusula, el artículo 7, que dispone que, en caso de que un Estado miembro viole de manera grave y persistente los principios de la Unión Europea (libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como del Estado de derecho), se podrán suspender algunos de sus derechos (como por ejemplo su voto en el Consejo) pero deberá seguir cumpliendo sus obligaciones.​ El Tratado de Niza completó este procedimiento mediante un dispositivo preventivo, por lo que a propuesta de un tercio de los miembros de la Comisión Europea o del Parlamento, el Consejo Europeo podrá constatar que existe un riesgo claro de violación grave de los derechos fundamentales por parte de un Estado miembro y presentarle las recomendaciones apropiadas.​ Actualmente con los Tratados vigentes no existe ningún artículo o cláusula que permita iniciar un procedimiento para expulsar de la Unión a un Estado miembro; el artículo 50 del TUE solo prevé la salida voluntaria propia de un Estado miembro, como fue el caso del Brexit.