Refundación de la Unión Europea

La refundación de la Unión Europea es el proyecto que busca la reforma institucional y constitucional para adaptar a dicha organización a los futuros cambios globales y avanzar en la integración europea.​​ Fue iniciado en 2017 y ha sido impulsado principalmente por la Comisión Europea y el denominado eje franco-alemán. Aunque el término «refundación» ha sido utilizado especialmente por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y su gobierno,​ diferentes actores políticos se han referido a la situación empleando términos variados para reflejar la voluntad de aumentar la capacidad geopolítica, la autonomía estratégica o la soberanía de la Unión.​ Por ejemplo, durante la presidencia francesa del Consejo de la UE en 2022, el propio Macron utilizó como eslogan las palabras «relanzamiento, poder, pertenencia».​
En medio de la tensión diplomática entre Rusia y la UE y la intensificación de la rivalidad entre China y Estados Unidos, la UE comenzó a debatir la noción de autonomía estratégica, que exige a la organización defender su soberanía y promover sus intereses de manera independiente.​ Dicha autonomía suele vincularse a la defensa, pero podría ir más allá, teniendo en cuenta que a nivel internacional las capacidades económicas y tecnológicas han ganado relevancia.​ Sin embargo, varios líderes europeos aspiran a dotar a la UE de las capacidades militares que consideran necesarias para garantizar su defensa en pos de conseguir la autonomía estratégica.​
Entre tanto, en Estados Unidos, los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden asumieron una postura de relativa ruptura respecto a la UE, lo que ha generado una «pérdida de confianza» en la relación bilateral dentro de la clase política y la opinión pública en la UE.​ Paralelamente las nuevas relaciones eurobritánicas, tras la salida del Reino Unido de la UE en 2020, se han desarrollado en medio de un reforzamiento de la angloesfera que ha chocado con algunos intereses de la UE.​
Sin embargo, han sido dos los principales catalizadores que desde 2020 impulsan una serie de cambios de considerable magnitud en el bloque comunitario: la crisis de la pandemia de COVID-19 y la situación de la Unión tras la invasión rusa de Ucrania.​ Entre otros aspectos, ambas crisis pusieron en evidencia la dependencia exterior de la Unión para abastecerse de productos y materias primas de carácter estratégico. Ello, unido al creciente proteccionismo de competidores clave como China y Estados Unidos —en particular las leyes de este último aprobadas en 2022—, potenció la adopción de medidas comunitarias que buscan la reindustralización interior de la UE.​
No obstante, desde que asumió sus funciones en 2017, el presidente Macron ya había abanderado propuestas en respaldo de su consigna de «refundar Europa».​ Pese a ello, en los primeros años de su gobierno, Macron no había obtenido el respaldo del gobierno de la canciller alemana Angela Merkel a sus iniciativas más ambiciosas dentro de la UE.​ Pero la situación cambió el 18 de mayo de 2020, cuando —en el marco de la crisis de la pandemia— ambos gobernantes presentaron un plan para la UE armonizado con varias acciones institucionales iniciadas en marzo de ese año, que fueron seguidas por una ola de anuncios sin precedentes. Esta dinámica ha despertado expectativas sobre Olaf Scholz —quien reemplazó a Merkel como canciller en diciembre de 2021— y su política europea enfocada en la evolución hacia el establecimiento de un «Estado federal».​
Para los dirigentes comunitarios, estos factores han creado un contexto en el que la adhesión de nuevos Estados miembros constituye una «inversión geoestratégica» que precisa que la Unión emprenda reformas sobre cuestiones relacionadas con «sus prioridades y políticas, así como con su capacidad de actuación». Es así que en el primer semestre de 2024, dichas reformas serán abordadas por el Consejo Europeo con vistas a adoptar una hoja de ruta de los futuros trabajos.​ Con anterioridad ya se habían instaurado otras medidas como la aprobada en 2017 cuando los dirigentes de 25 Estados de la UE lanzaron la Cooperación estructurada permanente (CEP) para relanzar el proyecto de la «Europa de la Defensa».​ Además la CE tiene entre sus prioridades profundizar la Unión Económica y Monetaria completando la unión bancaria y de los mercados de capitales.​
El presidente francés Emmanuel Macron ha utilizado el término refundación para impulsar varias de sus iniciativas a nivel nacional y comunitario. Así, además del caso de la Unión Europea, el mandatario a propuesto la refundación del espacio Schengen y la asociación África-UE en lo internacional. También ha buscado la refundación de la política francesa, el sistema de salud e incluso creó el Consejo Nacional para la Refundación, una organización vista por sus seguidores como un «método para construir juntos y más cerca del terreno el futuro de Francia».​
En 2020, el presidente del Movimiento Europeo-Francia, Yves Bertoncini, consideró que la elección del concepto de «refundación» en sí debía ser cuestionado, argumentando que un tal grado de ambición era demasiado alto para los socios europeos de Francia. Según el experto, el presidente Macron había centrado su acción en la primera parte de su primer mandato en asuntos económicos y financieros, desgastandose en la defensa de la reforma de la eurozona, cuyos resultados calificó de «extremadamente limitados».​ También el politólogo Francisco Aldecoa consideró que la UE no había «naufragado», y que por lo tanto no se trataba de «reformar su fundamento y hacer una refundación» sino lo que hacía falta era «dar un paso más y robustecer este proyecto».​ En el mismo sentido, para el historiador Juan José Laborda, la UE no necesitaba refundarse, sino «volver a sus fundamentos de economía social de mercado, democracia, paz y estado de derecho».​
En 2017 comenzó un periodo de transición tras la invocación del artículo 50 del tratado de la Unión Europea por el Reino Unido que dio inicio formal al trámite para la retirada británica del bloque europeo (Brexit).​ En respuesta a la nueva situación, Jean-Claude Juncker —entonces presidente de la Comisión Europea— presentó en marzo un Libro Blanco donde propuso a los Estados miembros de la UE decidir entre uno de los cinco escenarios para dirigir la UE en el futuro, e instó a «pasar página y empezar un nuevo capítulo en nuestra historia» tras el Brexit.​
Durante la Cumbre de Roma del día 25 del mismo mes, los dirigentes de la UE se reunieron para celebrar el 60.º aniversario de los Tratados de Roma, reflexionar sobre el relato europeo, los logros alcanzados por la organización y debatir sobre el futuro común.​ Entonces Juncker retó a los miembros del Consejo Europeo a posicionarse en torno a una de las vías del Libro Blanco, para que de esta forma, aquellos que obstaculizan la toma de decisiones quedasen en evidencia. «Hemos elegido este método para obligarlos a salir de la ambigüedad», explicó.​
En mayo, un día después de posesionarse como presidente de Francia, Emmanuel Macron realizó su primera visita oficial a Berlín donde se entrevistó con la canciller alemana Angela Merkel, y expuso su meta de reforzar la UE a través del eje franco-alemán.​ Tras el encuentro, ambos mandatarios dejaron clara su voluntad de reformar los Tratados constitutivos de la Unión Europea de ser necesario.​
El 23 de junio siguiente Macron dijo —en su primera conferencia de prensa conjunta con Merkel posterior a una cumbre europea— que en el lapso de tres meses París y Berlín presentarían conjuntamente una hoja de ruta con propuestas concretas para el futuro de la UE y la eurozona.​ Sin embargo, la formación de un nuevo gobierno tras elecciones federales de Alemania de 2017 se extendió entre septiembre de ese año y marzo de 2018, por lo que la presentación de la hoja de ruta fue retrasada hasta el mes de junio siguiente.​
La dinámica franco-alemana continuó el 1 de julio cuando se celebró el primer funeral de Estado europeo en el que se despidió a ex canciller alemán Helmut Kohl durante una ceremonia en la Sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo.​ En esa ocasión Macron y Merkel se erigieron como responsables de dar continuidad al legado de Kohl en la integración europea en la que el fallecido político fue clave.​
También en el parlamento de Estrasburgo, Juncker aprovechó su discurso del estado de la Unión en septiembre, para proponer una serie reformas.​ En su disertación destacó la necesidad de que todos los Estados miembros de la UE entren a formar parte de la eurozona y el espacio Schengen para el 2025.​ Expuso además detalles que no figuraban en el Libro Blanco, entre ellos la idea de fusionar las presidencias de la Comisión y el Consejo, así como la conveniencia de nombrar un «superministro de economía» para la eurozona.​ Juncker también solicitó la celebración una cumbre de los 27 líderes europeos en Sibiu, Rumanía (iniciativa que fue aceptada y dio curso a la reunión celebrada el Día de Europa de 2019, donde se aprobó una declaración de diez compromisos).​
Por otra parte, el presidente estadounidense Donald Trump se mostró partidario del Brexit y durante su campaña presidencial en 2016 —que fue en parte paralela al proceso de referendo que originó el proceso— apoyó abiertamente a los partidarios de dicha causa como es el caso de Nigel Farage. Una vez tomada la decisión de salir de la UE, Trump no solo celebró la decisión sino que además advirtió de futuras nuevas salidas.​ Ya como presidente, desde enero de 2017, en varias ocasiones manifestó su oposición a la idea supranacional que representa la UE,​ y cuestionó la conveniencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).​ También se negó a dar continuidad al Acuerdo de París —firmado por la administración anterior a la suya— que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.​
En respuesta, Merkel consideró a Trump como un socio no fiable: «Los tiempos en los que nos podíamos fiar completamente de los otros están terminando [...] nosotros los europeos debemos tener nuestro destino en nuestra propia mano», declaró en mayo la canciller.​ Estas declaraciones se unieron a las que ya había expresado en enero cuando habló de la necesidad de crear un ejército europeo ya que, incluso en las relaciones transatlánticas, consideró que no existía una «garantía eterna» para la cooperación militar con los europeos.​
En este contexto, y dado que la UE forma parte del G-20 al igual que algunos de sus Estados miembros, la Cumbre de dicho foro en Hamburgo en julio de 2017 sirvió para plasmar la unidad del bloque europeo frente a los desafíos internacionales del momento, incluida la política exterior de Trump.​ En el comunicado final de la cumbre, los miembros del G-20 respaldaron de forma unánime el libre comercio y todos, menos Estados Unidos, ratificaron su apoyo al Acuerdo de París.​
En mayo de 2018, Merkel embistió nuevamente contra Trump: «Hay conflictos a las puertas de Europa. Y la época en la que podíamos confiar en Estados Unidos se acabó».​ Dichas declaraciones tuvieron lugar en el marco de la ceremonia de entrega del Premio Carlomagno otorgado a Macron por «su visión de una nueva Europa y la refundación del proyecto europeo».​ El presidente francés secundó la reacción de Merkel respecto a la retirada del gobierno estadounidense del Acuerdo internacional sobre la congelación del programa nuclear iraní: «Algunas potencias han decidido incumplir su palabra».​ Así mismo, en el mes de agosto, Macron hizo un llamado para que se revisase «la arquitectura europea de seguridad y defensa» para que no repose únicamente en Estados Unidos, e indicó que deseaba lanzar «una reflexión exhaustiva sobre las consecuencias del final de la Guerra Fría con todos los socios de Europa, incluido Rusia».​
A mediados de julio, Trump recalcó que «Tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hace en el comercio».​ Sin embargo, antes de terminar dicho mes, Trump y Juncker escenificaron un acuerdo para evitar la guerra comercial que pretendía incrementar un 25 % los aranceles a los automóviles importados a EE. UU. Los dirigentes indicaron que la UE compraría más soja y gas licuado del petróleo a su contraparte y se comprometieron a trabajar conjuntamente para eliminar los aranceles en los bienes industriales. Los ya existentes se pondrían en suspenso, mientras que los impuestos al acero y el aluminio aplicados por Trump se reexaminarían, igual que las represalias de la UE.​
El 22 de enero, coincidiendo con el 56 aniversario de la firma del Tratado del Elíseo, Angela Merkel y Emmanuel Macron firmaron un tradado en Aquisgrán con el objetivo de dar «un nuevo impulso» a Europa.​ Además se comprometieron a profundizar en la integración económica entre ambos países, fomentar las relaciones de sus sociedades civiles e impulsar la cooperación en política exterior, de defensa y seguridad.​
Por otra parte, tras las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019, el Consejo Europeo inició el proceso para renovar de la jefatura de las principales instituciones de la UE.​ Durante varias reuniones no concluyentes, numerosos nombres fueron barajados para el cargo de presidente de la Comisión Europea, incluyendo la posibilidad de postular a Merkel para el puesto.​ Sin embargo fue Ursula von der Leyen quien resultó elegida por el Consejo en la cumbre del 2 de julio siguiente donde además fueron designados el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como los presidentes del Consejo y del Banco Central Europeo.​
Fue Macron quien propuso el nombre de Von der Leyen para reemplazar a Juncker.​ Con anterioidad a la nominación, varios líderes europeos como el propio Juncker o el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez se mostraron partidarios de fusionar los cargos de presidente de la comisión con el de presidente del Consejo,​​ pero dicha opción no fue retenida, pese a que la propuesta de fusión no es nueva, ya que se remonta a la Convención sobre el futuro de Europa, cuando fue promovida por Jean-Luc Dehaene quien luego se aseguró que el Tratado de Lisboa incluyese dicha posibilidad.​
Macron también aseguró que una Comisión Europea compuesta por una treintena de comisarios no podía funcionar correctamente. Para mejorar la situación llegó a proponer que el número fuese reducido a 15 y para conseguirlo sugirió que los Estados miembros más grandes renunciasen a nombrar comisarios.​ A pesar de ello, las negociaciones intergubernamentales decidieron que la Comisión Von der Leyen contara con miembros de todos los estados, incluido un comisario francés.​
En cuanto a la cuestión de la OTAN, el Macron fue aún más explícito en el otoño de 2019 al afirmar que dicha organización se encontraba en un estado de «muerte cerebral».​ Su diagnóstico sobre la Alianza Atlántica se refería al episodio de la retirada unilateral, por parte de Trump, de sus tropas en el norte de Siria durante la guerra civil. Asimismo sostuvo que, con el repliegue de EE. UU. y el ascenso de China como potencia, las instituciones europeas deberán transformarse o sucumbir.​
En lo relativo al Brexit, el acuerdo negociado entre el gobierno británico y la UE fuera rechazado tres veces en la Cámara de los Comunes en el primer semestre de 2019. En consecuencia la primera ministra Theresa May renunció a su puesto como jefa de su partido el 7 de junio, lo que provocó la carrera por el liderazgo, que dio paso al nombramiento de Boris Johnson como primer ministro británico el 24 de julio siguiente.​
Mientras tanto, el intento de Juncker de lanzar una reforma en profundidad de la UE con su propuesta de cinco escenarios que había presentado en 2017 no contó con respaldo suficiente por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.​
Bajo el gobierno de Boris Johnson se logró un acuerdo que permitió que el Brexit se concretase el 31 de enero de 2020.​ La UE perdió el 13 % de su población, el 15 % de su producto interior bruto (PIB) y el 5,6 % de su superficie. A pesar de ello, la UE continuó siendo en 2020 una potencia política y económica mundial: formaba el tercer mayor grupo de población después de China y la India, además de concentrar el 18,5 % de la economía mundial, y el 16 % de las exportaciones mundiales.​ Tras el Brexit, la eurozona pasó a sumar el 86 % del PIB y el 77 % de la población de la UE, reforzando así su importancia como motor político y económico de la Unión.​
El 1 de enero de 2021 se hizo efectiva la salida del Reino Unido del bloque comunitario. Los ciudadanos y las empresas británicas dejaron de estar bajo el marco normativo de la UE. El texto del acuerdo comercial, que ambas partes negociaron durante todo el año, marcaría la base para la relación futura entre la UE y el Reino Unido.​
Sin embargo, quedó por definir el hipotético papel que tendría el Reino Unido dentro del proyecto de construcción de la autonomía estratégica la UE.​
A partir de finales del primer trimestre de 2020, varios de los Estados miembros de la Unión se confrontaron a la crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19. El impacto mediático generado por la situación, precipitó a los gobiernos nacionales y a las instituciones europeas a una situación sin precedentes,​ que en marzo, llevó a que los Estados miembros aceptaran la recomendación emitida por la Comisión Von der Leyen sobre lo que deberían hacer para restringir la entrada en el territorio a los residentes extracomunitarios.​ Casi al mismo tiempo, la Comisión lanzó su primera reserva de material médico con el fin de repartirlo a los Estados de la Unión más afectados por la pandemia.​
En abril se sucedieron numerosas acciones políticas en respuesta a la crisis. En primer lugar reaccionó el Banco Central Europeo (BCE) con un programa de compra de títulos para evitar el colapso de los mercados de deuda, lo que contribuyó a estabilizar la situación financiera.​ Entonces, tras ser aprobada por primera vez la denominada “cláusula general de salvaguarda” prevista para escenarios de graves crisis generalizadas que afecten a la eurozona, la Comisión pudo levantar los límites que fijaba el pacto de estabilidad y crecimiento.​ De esta forma se autorizó a los gobiernos nacionales a inyectar en la economía tanto dinero «como fuese necesario». A dicha flexibilización se añadieron también los cambios en la autorización de ayudas públicas, ya que la normativa permitió otorgar hasta 800.000 euros por compañía en forma de subvención directa o ventajas fiscales.​ De manera complementaria, el Eurogrupo logró un acuerdo la segunda semana de abril que estableció los detalles de la primera red de seguridad comunitaria contra los efectos de la pandemia.​
Pero el anuncio más destacado llegó el 18 de mayo de 2020, cuando en una rueda de prensa Merkel y Macron presentaron un plan para la UE en el marco de la crisis de la pandemia. Este impulso se integró con varias acciones institucionales de las semanas anteriores, y sirvió de base al plan recuperación económica (Next Generation EU) presentado por Von der Leyen la semana siguiente.​ Empero, el anuncio conjunto de Merkel y Macron fue impulsado por un fallo del Tribunal Constitucional de Alemania, que días antes había puesto en duda la independencia del Banco Central Europeo (BCE) para mantener a flote las economías de los miembros más vulnerables de la organización, así como la gobernabilidad de la UE.​ Hasta entonces, Merkel —quien ocho años antes, en el punto más álgido de la crisis del euro, aseguró que no habría eurobonos «mientras yo viva»​— se había opuesto a la propuesta de Macron para crear un fondo que obligaría a los 27 a aumentar la deuda de forma conjunta.​
En diciembre de 2020, la vacuna Tozinameran contra la COVID-19 logró la autorización de comercialización en la UE. BioNTech (Societas europaea), el laboratorio al origen de dicho producto, había recibido más de 9 millones de euros de financiación de la UE para la investigación durante la década precedente. Además, en junio fue beneficiario de un préstamo de 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), respaldado por la UE. Esto ayudó al laboratorio alemán a ampliar sus capacidades de fabricación y a suministrar la vacuna a nivel mundial.​
En el plano internacional, durante el mes de mayo la Comisión lanzó la "Respuesta mundial al coronavirus", una acción que perseguía el «acceso universal a vacunas, tratamientos y tests de coronavirus asequibles».​ En la primera jornada del evento quedó cubierto el objetivo monetario de 7400 millones de euros, más de un tercio de los cuales procedían de la UE y sus Estados miembros.​ Este “maratón mundial de donantes”, dio paso al lanzamiento de una campaña denominada Global Goal: Unite for our Future que culminó el 27 de junio con una cumbre mundial de donantes, presidida por Von der Leyen, que recaudo 6.150 millones de euros.​
Desde el comienzo de su administración en enero de 2021, el presidente estadounidene Joe Biden ha restaurado el papel de liderazgo de Estados Unidos en el multilateralismo pero su política exterior le ha dado prioridad a la confrontación con China, subordinando a esta las demás facetas de la estrategia estadounidense. Así es como la administración Biden consideró que la organización del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Australia, India, Japón, Estados Unidos) era fundamentalmente más urgente.​ En esta línea, el pacto AUKUS de septiembre de 2021 canceló un acuerdo que Francia había firmado con Australia en 2016 para construir submarinos convencionales, y el gobierno australiano optó en su lugar por submarinos de propulsión nuclear estadounidenses. Así dicho acuerdo, la crisis con Bielorrusia y la “caótica” retirada de tropas estadounidenses de Afganistán —sin consultar a sus socios europeos— impulsaron las discusiones sobre la autonomía estratégica en la Unión Europea ese año.​
En cuanto al Brexit, varios problemas políticos aún no habían sido resueltos, incluido lo que afecta el futuro del Protocolo de Irlanda del Norte y la cuestión de las licencias de pesca. Así mismo, la falta de una cooperación bilateral sólida entre Francia y el Reino Unido quedó en evidencia con la crisis migratoria en el canal de la Mancha agravada en el transcurso de ese año.​
Por otra parte, tras las elecciones federales de septiembre de 2021, el socialdemócrata Olaf Scholz —ministro de Finanzas dentro del Gobierno Merkel IV— fue designado como nuevo Canciller alemán en reemplazo de Angela Merkel. Scholz inició sus funciones en diciembre tras lograr formar un Gobierno de coalición entre las formaciones socialdemócrata (SPD), liberal (FDP) y verde. Durante la campaña electoral, el entonces candidato aseguró que lograr una Unión Europea más integrada, era la «tarea más importante» de Alemania en la siguiente legislatura. Abogó además porque la Unión asuma «su futuro en sus propias manos». También dijo que Alemania, como «gran país en el centro» del bloque, debía sentirse «responsable» y contribuir a la relevancia de la UE y mantener su capacidad de influencia a nivel internacional.​ Estas intenciones fueron confirmadas en el contrato de Gobierno que los líderes de la coalición presentaron en noviembre afirmando que trabajarían por hacer posible una UE “fuerte” y “soberana” —una máxima que Scholz ya había hecho pública durante la campaña​— en busca de la evolución hacia un «Estado federal europeo».​
También en noviembre, Macron y Mario Draghi (jefe de gobierno italiano) firmaron el Tratado del Quirinal con el objetivo proporcionar un marco estable y formalizado para las relaciones Francia-Italia. Draghi destacó que además de consolidar las relaciones bilaterales, el acuerdo pretendía «acelerar el proceso de integración europea» antes de añadir que la UE debería «crear una verdadera defensa europea» para logar su soberanía.​
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre febrero y mediados de octubre de 2022, más de 7,6 millones de ucranianos habían huido hacia la Unión Europea.​ Además, el Alto Comisionado Filippo Grandi, confirmó que este era el mayor flujo de refugiados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa.​
En enero, Ursula von der Leyen presentó su Plan Industrial del Pacto Verde que ajusta las normas de las ayudas de Estado para impulsar a la industria de tecnologías limpias en el mercado comunitario.​ El mismo mes fue firmado el Tratado de Barcelona entre Francia y España considerado por ambos gobiernos como una «hoja de ruta» en materia de coordinación bilateral en el seno de la Unión.​ Días después, el presidente francés aprovecho la ceremonia por el sexagésimo aniversario del Tratado del Elíseo para abogar porque su país y Alemania se reinventaran «para convertirse en los pilares de la refundación europea».​
El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, tras haber sido acordado por el Consejo Europeo, fue firmado en Roma en octubre de 2004. Sin embargo, antes de que pudiera entrar en vigor, el documento tenía que ser ratificada por cada Estado miembro de la Unión Europea. Es así que cuando Francia y los Países Bajos rechazaron su ratificación vía referéndum,​ si bien la mayoría de los Estados miembros ya han ratificado la Constitución Europea, se hizo evidente que esta no podía entrar en vigor debido a la exigencia de unanimidad para modificar los tratados de la UE. En consecuencia, la Declaración de Berlín —en el marco de la Presidencia alemana de Consejo de la UE— indicó la intención de todos los Estados miembros llegar a un acuerdo sobre un nuevo tratado a tiempo para las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, pretendiendo contar con un tratado ratificado antes de mediados de 2009.​ Este documento, conocido como el Tratado de Lisboa, entró en vigencia en diciembre de 2009 y modifica los dos tratados que forman la base constitucional de la Unión.
La crisis del euro, crisis de la zona euro, o crisis de la deuda soberana europea, fue una crisis financiera que afectó a la Unión Europea, y más severamente a los Estados de la eurozona entre 2008 y 2016.​ La coyuntura tuvo aspectos de una crisis de la deuda soberana, del sistema bancario y del sistema económico de la Unión en general.​ El conjunto de circunstancias hizo difícil o imposible a algunos países en la eurozona refinanciar su deuda pública sin la asistencia de terceros.​
Para responder a los problemas de fondo y a los desequilibrios económicos la mayor parte de los países de la UE acordaron adoptar el Pacto del Euro, consistente en una serie de reformas políticas dirigidas a mejorar la solidez fiscal y la competitividad de sus miembros. Este ha forzado a los países más pequeños a llevar a cabo más medidas de austeridad para reducir los déficit y los niveles de deuda nacionales. Este tipo de políticas no keynesianas fueron criticadas por numerosos economistas, los cuales demandaron una nueva estrategia de crecimiento basada en el aumento de la inversión pública, financiada por tasas que permitieran el crecimiento sobre la propiedad, la tierra y las instituciones financieras, en particular una nueva tasa sobre las transacciones financieras europea. Los líderes de la UE acordaron aumentar moderadamente los fondos del Banco Europeo de Inversiones para lanzar proyectos de infraestructura e incrementar los préstamos al sector privado. Además, se solicitó a las economías más débiles de la UE que restauraran la competitividad mediante la devaluación interna, esto es, reduciendo sus costes de producción.​
La crisis tuvo un considerable impacto en la política de la UE, provocando cambios políticos en 8 países de los 17 que entonces formaban la eurozona, conduciendo a cambios de gobierno en Grecia, Irlanda, España, Eslovenia, Eslovaquia y los Países Bajos. También se convirtió en una crisis social temporal en varios de los países miembros de la eurozona con niveles relativamente altos causados por la crisis económica.
El proyecto de François Bayrou como candidato del Movimiento Demócrata en las elecciones presidenciales de Francia de 2012, estipulaba que de resultar elegido, trabajaría por una refundación de la UE que incluyese la creación de un puesto Presidente de la Unión Europea elegido por sufragio universal.​ Finalmente Bayrou perdió las elecciones por lo que no pudo implementar su propuesta.
En 2014, Michel Rocard ex primer ministro de Francia durante la presidencia de François Mitterrand y ex eurodiputado manifestó que la salida del Reino Unido de la UE favorecería la «reestructuración de Europa», permitiendo el surgimiento de «una Europa que pueda decidir».​
La crisis migratoria de 2015 en Europa, también conocida como crisis de los refugiados de 2015, consistió en una situación humanitaria crítica que surgió como consecuencia del arribo masivo de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes económicos que llegaron ―o intentaron llegar― a los Estados miembros de la Unión Europea, mediante travesías por el mar Mediterráneo y el sudeste de Europa, procedentes de países de Oriente Medio, África, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur.​ Más de 1 006 000 personas entraron en Europa —otras 4000 murieron en el intento—, de las cuales más del 90 % solicitaron asilo político.​ Hasta la crisis de refugiados ucraniana de 2022, se trataba de la mayor crisis migratoria y humanitaria desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa.​
La crisis tuvo efectos considerables en la política tanto de los países de la UE afectados como de la UE en su conjunto. Varios partidos políticos en los países afectados capitalizaron el sentimiento antiinmigrante, en numerosos casos convirtiéndolo en la pieza central de su plataforma.​ Aunque por lo general no obtuvieron suficientes votos para ingresar en los gobiernos nacionales, su presencia influyó a menudo en la política al complicar la formación de coaliciones de gobierno y hacer que la oposición a la inmigración fuera parte de la corriente política principal.​ Durante e inmediatamente después de la crisis se dio un fuerte impulso para reformar la Derecho de asilo en la Unión Europea, pero esta dinámica se desvaneció considerablemente después de que disminuyera el número de llegadas de refugiados.​
Emmanuel Macron ha manifestado que la refundación de la UE sólo se hará a través de un “debate democrático organizado”, ya que según el presidente francés, «los pueblos europeos necesitan apropiarse de la idea europea».​ Así mismo, en julio de 2017 en su primer discurso ante los diputados y senadores reunidos en sesión extraordinaria en el palacio de Versalles, el presidente francés llamó a recobrar el espíritu de los padres fundadores de la Unión Europea.​ Además anunció su intención de lanzar "convenciones democráticas" en los Estados miembros para «refundar» la Unión.​
El mandatario ya había propuesto la creación de dichas convenciones en junio de 2016 cuando era ministro de economía del Gobierno Valls,​ antes de haber presentado su candidatura para las elecciones presidenciales de Francia de 2017. Ya candidato la idea formó parte de su proyecto durante la campaña que lo llevó a la presidencia.​ Entonces Macron consideró que dichas convenciones podían ser comparadas con los Estados generales de Francia durante el Antiguo Régimen,​ con el potencial de dar lugar a una «breve hoja de ruta» que fijaría las directrices europeas durante cinco a diez años.​
Finalmente el mecanismo —oficialmente llamado “consultas ciudadanas”​— se desarrolló entre abril y octubre de 2018 en los Estados miembros a excepción del Reino Unido, Hungría e Italia. Subsecuentemente los resultados fueron presentados al Consejo Europeo de diciembre siguiente.​ Paralelamente con las consultas, la Comisión Juncker organizó más de mil "Diálogos de ciudadanos" que junto a la iniciativa de Macron buscaron involucrar a los ciudadanos en la definición de la agenda de las elecciones europeas de 2019.​
Entre los objetivos estratégicos de Emmanuel Macron y Olaf Scholz esta avanzar en el proceso de ampliación de la Unión. No obstante, han afirmado que van a asegurarse de que una UE ampliada «conserve su capacidad de actuar» gracias a la ampliación la votación por mayoría cualificada en el Consejo.
La política exterior y de defensa es un terreno donde los Estados miembros suelen abogar por mantener su soberanía nacional. Ello no ha impedido que conceptos como “unión europea de la defensa”, “soberanía europea” o “autonomía estratégica” se hayan convertido en un lenguaje común para significar la ambición de la UE de actuar como un actor internacional y contribuir a dar forma al “nuevo orden mundial”.​ No obstante, estos conceptos no han sido definidos con precisión y suelen ser interpretados de forma ambigua, cuando no contradictoria, lo que ha contribuido a eludir el debate sobre la definición estratégica de la UE.​
Además de las cuestiones de defensa, la UE busca reducir su dependencia en varios sectores. Este es el caso de lo digital, en cuyo ámbito las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial o la computación cuántica, revisten crucial importancia para la Unión. La tecnología digital es también fuente de riesgos —guerras informáticas— que pueden ser llevados a cabo por multitud de actores y que denotan el interés estratégico del sector. Así mismo, debido a la interdependencia mundial entre las economías, el comercio, la salud y la energía también se ven afectados (la crisis mundial energética es un ejemplo notable de dicha situación).​
En este contexto Ursula von der Leyen anunció, desde el inicio de sus funciones como presidenta de la Comisión Europea en 2019, su aspiración de dirigir lo que llamó una “Comisión geopolítica”.​ Su administración consideró necesario “pensar cómo garantizar la autonomía estratégica”, pero dejó claro que ese concepto no significaba que se debía buscar la autosuficiencia, ya que dada la complejidad de las cadenas de suministro, esto sería un objetivo inalcanzable.​
En otro apartado, la ayuda al desarrollo de la UE —sumando las instituciones europeas y cada uno de los Estados miembros— se ha alineado tradicionalmente con los principios del desarrollo humano y sostenible. Sin embargo, estos paradigmas han interactuado también con la creciente presencia de objetivos geopolíticos.​
Existen númerosas definiciones del término geopolítica y estas no convergen en una misma dirección. En el caso de Von der Leyen el uso de la palabra "geopolítica" solo tiene sentido e interés para permitir que la UE se posicione como un actor de pleno derecho en la escena mundial. En este sentido, querer una Comisión "geopolítica" demuestra la ambición de dar a la Unión los medios para hablar en pie de igualdad con los gigantes internacionales —China, Estados Unidos y Rusia— y como tal, esta orientación es calificada también como “política de poder”.​
Por su parte, la Década Digital 2030 es un programa político de la Comisión Europea (Comisión Von der Leyen) para coordinar el desarrollo del mundo digital en la Unión Europea hasta 2030.​ Esta declaración establece objetivos, así como los medios para lograros y organiza la interacción de los Estados miembros, en colaboración con el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, para dar forma a sus políticas digitales en cuatro áreas: mejora de las habilidades digitales de los ciudadanos; impulso a la adopción de nuevas tecnologías —inteligencia artificial, los datos, la computación en la nube, etc— en las empresas radicadas en la Unión; avance en conectividad, informática e infraestructura de datos, y disponibilidad de los servicios públicos digitales. El programa también crea un marco para el desarrollo de proyectos multinacionales que busca unir fuerzas entre los Estados miembros para lograr sus iniciativas digitales.​
La Comisión Europea considera que la Unión es una «potencia geopolítica» y una «gran potencia económica».​ A diferencia de la OTAN que cuenta básicamente sólo con medios militares, la fuerza de la Unión Europea radica en poder utilizar varios mecanismos para influir en las relaciones de poder globales.​ Sin embargo, desde los años 2010 cada uno de los hitos en el camino hacia el poder de la Unión ha sido causado por crisis de origen externo (Gran Recesión, pandemia de COVID-19 y guerra ruso-ucraniana).​
Otra conceptualización que intenta avanzar más allá de la dimensión del poder propia de los criterios tradicionales, es la referente al denominado “poder blando”. Este término hace referencia a la habilidad para influir en el comportamiento de otros Estados mediante la cooptación y la atracción, en lugar de recurrir a la coerción o a la implementación compensaciones, que son mecanismos propios del “poder duro”.​ Si se considera que la geopolítica tiene un componente geoeconómico sustancial, algunos actores tienen la oportunidad de desempeñar un papel en cuestiones clave como el comercio internacional, la regulación y el derecho de la competencia. Así por ejemplo, instrumentos tradicionales de la Unión Europea, considerados como "poder blando", podrían ser explotados como "poder duro".​ En cuanto al “poder potencial” (recursos), paradójicamente es posible encontrar situaciones en que Estados con vastas capacidades en este sentido no logran alcanzar sus objetivos de poder.​
Para enfrentar los desafíos planteador por el supuesto “chantaje económico” de China, Rusia, Turquía y otros socios comerciales (incluido Estados Unidos),​ la Comisión ha dado prioridad a una reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que incluye compromisos globales sobre comercio y clima, nuevas reglas para el comercio digital, reglas fortalecidas para luchar contra las distorsiones de la competencia, así como el restablecimiento de su sistema vinculante de solución de controversias. La Comisión también quiere integrar el compromiso con la neutralidad de carbono en futuros acuerdos bilaterales de libre comercio.​
En 2020, la Comisión consideró que desde hacía varios años, había habido un número creciente de países extranjeros que buscaban «influir en las decisiones o el comportamiento de la UE o de los Estados miembros de la UE» e intentaban «presionar para que se siguiese una determinada dirección política restringiendo el comercio o las inversiones» en detrimento de empresas originarias de la UE, —especialmente las que operaban en estos terceros países—. También el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales expresaron su preocupación por la situación, considerando que este tipo de prácticas interfería con la elaboración de políticas de la UE y sus Estados miembros y socavaba la autonomía estratégica de la UE.​
En respuesta a esta preocupación se forjó un acuerdo sobre una declaración conjunta de las Instituciones políticas de la Unión relativa a crear «un nuevo instrumento legislativo para disuadir a terceros países de practicar acciones coercitivas y contrarrestar tales prácticas». Dicho mecanismo debería permitir a la Comisión aplicar restricciones comerciales, de inversión o de otro tipo a cualquier país —no perteneciente a la Unión— que interfiera de forma indebida en las decisiones de la UE o de sus Estados miembros.​
La UE pretende lograr un equilibrio entre una agenda positiva con sus socios y las herramientas defensivas de cara a la supuesta nueva era de la geoeconomía. Del mismo modo —tomando como punto de partida el principio de que la UE necesita ser económicamente fuerte para avanzar en su autonomía— se han renovado las discusiones sobre las políticas comerciales y de competencia de la UE, así como de su papel en el establecimiento de estándares internacionales. Además la Unión busca acelerar su diplomacia económica basada en su enfoque del multilateralismo.​
Genéricamente el concepto de autonomía estratégica se vincula a las capacidades indispensables para llevar a cabo acciones militares autónomas. Específicamente, el concepto cuenta con tres dimensiones: política (estrategia), operativa (capacidades) o industrial (equipos).​ Su implementación obliga a redefinir el concepto de soberanía de cada Estado miembro de la UE, ya que, debido a la pérdida capacidad militar para garantizar su soberanía individualmente, los gobiernos deben evaluar qué partes de su defensa se europeízan y el nivel de especialización al que optan.​
Este enfoque ha ganado terreno tras el Brexit mientras la UE buscaba una respuesta a la relativa crisis del multilateralismo, la creciente competencia entre China y Estados Unidos, el potencial agitador de Rusia y los diversos conflictos latentes en la vecindad de la UE.​ Así, la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán en el verano de 2021 sirvió para que la UE reafirmara sus pretensiones para el fortalecimiento de su defensa ya que parte de los líderes europeos consideraron que el incidente —la Unión se opuso no solo a la retirada, sino también a la forma en que se hizo— era una señal de que Estados Unidos estaba regresando al aislacionismo y volviéndose menos confiable. En consecuencia, el Discurso sobre el estado de la Unión pronunciado en septiembre de 2021 por Von der Leyen, planteó varios planes de coordinación entre los miembros de la UE y propuestas sobre cooperación global. «Estamos entrando en una nueva era de hipercompetitividad», dijo, y sugirió que Europa se convierta en «un jugador global más activo».​
Ya en su Libro Blanco sobre la Defensa de junio de 2017, la Comisión Europea amplió su enfoque industrial de la autonomía a otros aspectos asociados con la regulación de las inversiones estratégicas extranjeras, la cantidad del gasto de defensa y proporcionar una mejor relación calidad-precio a través de adquisiciones multinacionales y la reducción de la dependencia europea de terceros países para componentes clave.​ Y es que solamente algunos Estados de la UE disponen de criterios propios de autonomía estratégica que puedan aplicar a nivel comunitario. Es así que el gobierno de Francia ha considerado que las autonomías estratégicas nacional y europea, se refuerzan mutuamente en la medida en que aumentan sus posibilidades de actuación. Además el sentido de autonomía está más arraigado en Francia que en otros Estados ya que este país —en tanto que potencia nuclear— precisa de una libertad de acción amplia y dispone de un sector industrial bajo control público.​
Mientras tanto se ha puesto en marcha la llamada Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (CMPE), que se aprobó en junio de 2017.​ Los Estados miembros desbloquearon la creación de este cuartel en Bruselas que planifica y ejecuta las misiones militares no ejecutivas.​ Este embrión de cuartel militar permanente de la UE asumió el mando de las misiones de formación militar de la Unión en África Central, Mali y Somalia.​
Por su parte, en el ámbito industrial, el objetivo del gobierno alemán es preservar sus tecnologías críticas nacionales y aumentarlas mediante la cooperación europea al respecto.​ Sin embargo, en la progresiva construcción de la autonomía estratégica, el contexto geopolítico y la “crisis existencial” de la UE han favorecido iniciativas bilaterales de carácter militar en el eje franco-alemán.​ En consecuencia, estos países ven necesario aumentar la autonomía estratégica de la UE porque complementa –no sustituye– a su propia capacidad nacional.​ Además, como resultado del Brexit, el Reino Unido ha dejado de obstaculizar la puesta en marcha de la política de defensa europea.​ Sin embargo las relaciones estratégicas e industriales que Alemania y Francia mantienen bilateralmente con dicho país podrían permitir al Reino Unido continuar estando presente en la defensa europea.​
En lo relativo a las relaciones transatlánticas, la invasión rusa de Ucrania fue la protagonista de la Cumbre de Madrid de 2022 que profundizó los intercambios entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la UE y sus Estados miembros.​
En junio de 2020, los ministros de defensa de la UE acordaron desarrollar un documento denominado Brújula Estratégica​ para definir los objetivos de la organización en cuanto a la política de seguridad y defensa.​ El primer borrador del texto, presentado en noviembre de 2021, se basaba en un «análisis de amenazas» que fue realizado partiendo de información suministrada por los diferentes servicios de inteligencia de los Estados miembros de la UE en el marco del diálogo estructurado con las instituciones de la UE y varios expertos. Así, entre febrero y marzo se sucedieron diferentes versiones del texto tomando en cuenta las medidas en materia de defensa presentadas por la Comisión Europea a mediados de febrero. Adicionalmente varios acontecimientos internacionales —en particular la invasión rusa de Ucrania— afectaron el acuerdo final aprobado por los líderes europeos en marzo.​
La Brújula Estratégica no sustituirá a la Estrategia Global de la UE (EGUE) —presentada en 2017 por Federica Mogherini, entonces Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad— que establece las prioridades generales de la política exterior de la Unión.​ En cambio, se supone que es una estrategia de "rango medio", que traduce las prioridades de la UE en objetivos tangibles y define qué capacidades debe desarrollar la Unión. La Brújula también tiene como objetivo fomentar una "cultura estratégica" europea común, impulsando a los Estados miembros hacia un entendimiento común de las amenazas clave para la UE y cómo contrarrestarlas juntos.​
En consonancia, se ha debatido la cuestión del uso de la cláusula de defensa mutua (artículo 42, apartado 7, del TUE) que establece que si un Estado miembro es víctima de agresión armada en su territorio, el resto de Estados tienen la obligación de ayudar y asistir a través de todos los medios a su alcance.​ Para Alemania, no obstante, también sería necesario lanzar una europeización de la "disuasión nuclear" de Francia y de su lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.​
La Revisión Anual Coordinada de Defensa (CARD por sus siglas en inglés), es una herramienta concebida para proporcionar un panorama de las capacidades de defensa existentes en la UE e identificar áreas de cooperación potenciales entre sus Estados miembros. La idea es conducir a una sincronización gradual y una adaptación mutua de los ciclos de planificación de la defensa de los diferentes Estados miembros y las prácticas de desarrollo de capacidades, lo que a su vez, pretende garantizar un uso óptimo y coherente de los planes nacionales de gasto de defensa.​
Basada en un concepto desarrollado por la Agencia Europea de Defensa, (AED), la CARD fue aprobada por el Consejo de la Unión Europea en mayo de 2017. Desde entonces, la Agencia, junto con el Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE), actúa como la Secretaría de la CARD. Es así que el primer ciclo completo de la CARD se lanzó en otoño de 2019 y se completó en noviembre de 2020 con un informe final presentado a la reunión de Ministros de Defensa de los Estados miembros. Dicho informe identificó 55 “oportunidades de colaboración” y recomendó a los gobiernos nacionales que concentren sus esfuerzos en seis “áreas de enfoque”.​
El proyecto para la creación del Fondo Europeo de Defensa (FED) fue propuesto por la Comisión Juncker el 7 de junio de 2017, y desde el comienzo fue apoyado activamente por Francia y Alemania.​ El documento de debate sobre la defensa europea era parte de la estrategia de la Comisión para el futuro de la Unión y fue desarrollado conjuntamente por Mogherini y Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión y Comisario europeo de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad.​ Siguiendo este lineamiento, durante el Consejo Europeo de ese mes, los miembros de dicha institución acordaron buscar medidas para lograr una mayor cooperación militar, acompañada de la homologación del armamento.​
Si bien el FED no va a reemplazar los presupuestos nacionales de defensa, sí proporcionará incentivos para la cooperación en la investigación, el desarrollo y la adquisición conjuntos de equipos y tecnologías de defensa.​ Así, el presupuesto comunitario ha financiado por primera vez la defensa, aunque el material desarrollado entre todos pertenecerá solo al Estado que lo compre.​ Con ello se refuerza la Agencia Europea de Defensa, creada en 2004 para, cuyo presupuesto el Reino Unido mantuvo congelado durante años.​
En diciembre de 2020, las instituciones políticasde la Unión alcanzaron un acuerpo político que dotó de 7.953 millones de euros al FED dentro del marco financiero plurianual (2021-2027). De esta cifra aproximadamente un tercio se destinará a financiar «proyectos de investigación competitivos y colaborativos» —en particular mediante subvenciones— y el resto se destinara a complementar la inversión de los diferentes Estados miembros, mediante la cofinanciación de los costes de desarrollo de las capacidades de defensa tras la fase de investigación.​
La CEP fue añadida en el Tratado de Lisboa —recogido en los artículos 42.6 y 46, así como en el Protocolo 10 del Tratado de la Unión Europea—​ pero nunca había sido utilizado.​ Por ello, en el Consejo de Asuntos Exteriores de junio de 2017, Federica Mogherini demandó un mayor apoyo para la implementación de la CEP. En respuesta, el Consejo instó a los responsables de la defensa comunitaria a proponer una serie de criterios y compromisos vinculantes en defensa y seguridad que permitiesen cumplir «las misiones más exigentes» a los Estados miembros que participasen en la CEP. A partir de entonces se realizaron encuentros preparatorios que permitieron a cada Estado miembro fijar su postura en torno a la CEP durante la reunión ministerial en Tallin de septiembre siguiente que sirvió como preámbulo al Consejo Europeo de octubre,​ momento que había sido establecido como el límite para que los gobiernos pusiesen en firme sus posturas.​ Sin embargo, durante el Consejo se designó el 13 de noviembre de 2017 como la fecha definitiva para definir la participación de cada Estado miembro.​
De esta forma, un total de 23 Estados miembro firmaron la carta para notificar su intención de sumarse a la CEP, durante una ceremonia en la fecha convenida realizada en Bruselas entre los ministros de Exteriores y Defensa.​ Los únicos gobiernos que no se sumaron a la iniciativa fueron Irlanda, Portugal, Malta y Dinamarca,​ aunque finalmente solo estos últimos dos Estados no aceptaron los compromisos vinculantes durante la reunión de Asuntos Exteriores del 11 de diciembre siguiente, cuando se tomó la decisión formal para aprobar la CEP.​ De esta forma, entre la idea que defendía el gobierno francés con una avanzadilla de Estados implicados, y el proyecto inclusivo que impulsó el gobierno alemán, se impuso esta última opción.​
En noviembre de 2021 el Consejo adoptó una Decisión por la que se lanzó la cuarta ola de proyectos de CEP que amplió la lista de proyectos que debían emprenderse. Ya en marzo de 2018, el Consejo adoptó una lista inicial de 17 proyectos y en noviembre de 2018, adoptó un segundo lote de 17 y, un tercer lote de 13 en noviembre de 2019. En consecuencia, el número de proyectos de colaboración se elevó a sesenta en ámbitos diversos como los centros de formación, los sistemas de formación terrestre, los sistemas marítimos y aéreos, la ciberseguridad, los servicios de capacitación o el espacio.​
En 2017 Alemania y España solicitaron a Airbus que elaborase una propuesta bajo el nombre Futuro Sistema Aéreo de Combate (FSAC).​ Posteriormente, Emmanuel Macron y Angela Merkel acordaron desarrollar el FSCA para reemplazar las flotas de aviones de combate de sus respectivos países, sin incluir a España.​ En febrero de 2019, Alemania y Francia sentaron las bases del proyecto con la entrega del contrato dotado con 65 millones de euros que permitirá a los industriales definir sus “grandes líneas” y un acuerdo entre los fabricantes de motores MTU Friedrichshafen y Safran.​ En junio de ese mismo año España se reincorporaría al proyecto.
El FSAC suministrará a los países participantes los sucesores de sus aviones de combate, pero también drones y misiles, bajo un “sistema integrado”. Safran y MTU Aero Engines firmaron un acuerdo para la fabricación del motor de dichos aviones, que las partes esperan poner en servicio antes de 2040 para sustituir a la generación actual de Dassault Rafale y Eurofighter Typhoon.​
Los principales impulsores de la refundación de la Unión Europea han intensificado sus esfuerzos para abolir el requisito de la unanimidad en política exterior comunitaria para evitar los vetos nacionales en política exterior.​ En este sentido —aunque los Tratados no son inmodificables—, pasar de la unanimidad a la mayoría para las votaciones en cuestiones de política exterior o fiscal, ya puede llevarse a cabo con el Tratado de Lisboa. No obstante, ello constituiría una reforma institucional de alcance considerable.​
En 2017 Emmanuel Macron sugirió que la eurozona debía continuar desarrollándose. Para lograrlo, planteó la necesidad de instaurar el cargo de ministro de Finanzas, un presupuesto común y el desarrollo de la unión bancaria.​ Angela Merkel se mostró abierta a estas ideas aclarando que podía «imaginar muy bien» un gobierno económico al no existir diferencias de peso entre las economías de los miembros de la eurozona, recalcando que la toma de decisiones, las responsabilidades y los riesgos no deberían compartirse, sino que deberían continuar en manos de los Estados miembros.​
Por su parte, la Comisión Juncker propuso cambiar las instituciones que gobiernan el euro, como son el Eurogrupo y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin).​ El gobierno económico para la eurozona estaría acompañado de una emisión conjunta de deuda y un sistema de seguro de depósito europeo.​ El plan —que no implicaría una mutualización de la deuda— estaría vinculado a una garantía paneuropea de depósitos (especie de Tesoro europeo común), para que los bancos fuesen un asunto comunitario y no solo del Estado en el que tienen su sede.​
Los planes de la Comisión Juncker fueron bien acogidos por Macron y Merkel,​ que confirmaron su intención de avanzar en estas reformas para reforzar la unión económica y monetaria. Sin embargo, habría que contar con el beneplácito de los Estados que no forman parte del euro si los cambios requiriesen una reforma del Tratado de la Unión Europea,​ aunque sin el respaldo del Reino Unido tras el Brexit, los gobiernos de los Estados fuera del euro tendrán más difícil oponerse a las iniciativas consensuadas por la eurozona, ya que no suman el requerido 35 % de la población para una minoría de bloqueo.​ Es así que ya en 2018 los líderes europeos fijaron por primera vez un calendario para dotar a la Unión Monetaria de un presupuesto para la eurozona, pero la desconfianza mutua entre los socios retrasó sine die la culminación de la Unión Bancaria.​ No obsstante, desde 2019 la Comisión Von der Leyen tiene entre sus prioridades profundizar la unión bancaria y de los mercados de capitales.​ La institución europea también pretende crear un nuevo “instrumento anticoerción” que, de ser adoptado, permitiría prevenir y contrarrestar las medidas coercitivas —en el comercio o las inversiones— adoptadas por terceros países.​
La cuestión recibió un nuevo impulso con la crisis de la pandemia de COVID-19. El 18 de mayo de 2020, Merkel y Macron propusieron la puesta en marcha de un fondo de recuperación de la economía europea —a través de subvenciones no reembolsables— por 500 millardos de euros, destinado a los Estados y los sectores económicos más golpeados por la crisis.​ Partiendo de este anuncio, el 27 de mayo siguiente, la Comisión Von der Leyen presentó el programa Next Generation EU (Próxima Generación UE), de 750 millardos de euros que se distribuirán entre los Estados comunitarios en los siguientes dos años a través de transferencias directas y préstamos.​ Este fondo de recuperación se añade al marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, cuyo borrador fue presentado en la misma ocasión.​
El plan fue aprobado en la cumbre europea de julio siguiente, durante la presidencia pro tempore alemana del Consejo de la UE, cuando tras cuatro días de negociaciones, el Consejo Europeo acordó unos montos definitivos, diferentes a los del Next Generation EU original. Así, la partida para las transferencias directas sería de 390 millardos de euros (frente a los 500 millardos previstos), y el monto de los préstamos pasó a 360 millardos (frente a los 250 millardos previstos). En cuanto al MFP, este tendrá un volumen de 1,074 billones de euros, frente a los 1,1 billones de propuestos inicialmente.​ El documento estipula que, una vez aceptada la distribución de subsidios, los planes nacionales de inversiones y reformas serán evaluados por la Comisión y aprobados en el Consejo por mayoría cualificada. Para ello, los planes deberán ser coherentes con las recomendaciones formuladas por el Ejecutivo comunitario.​
El Next Generation EU pretende recaudar dinero elevando temporalmente el límite máximo de recursos propios al 2,00 % del producto nacional bruto de la UE, lo que permitirá a la Comisión utilizar su calificación de crédito para pedir prestados 750 millardos de euros en los mercados financieros. Esta financiación adicional se canalizará a través de programas de la UE y se reembolsará a lo largo de los futuros presupuestos de la UE, no antes de 2028 ni después de 2058. Para ayudar a hacer esto, la Comisión propuso una serie de nuevos recursos propios.​ Así, el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que es elemento central de Next Generation EU, cuenta con 672,5 millardos de euros en préstamos y subvenciones para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los Estados miembros. Y es que en febrero de 2021, después de que la Eurocámara diese su aprobación, el Consejo avaló las normas que rigen cómo acceder y utilizar estas ayudas. Con la entrada en vigor del MRR se abrió el plazo para que los Estados puedan presentar oficialmente a la Comisión Europea sus planes para recibir los fondos.​
Todos los recursos se inyectan a través de programas de gasto ya previstos en los presupuestos, lo que permite al Parlamento Europeo actuar como colegislador y pronunciarse al igual que el Consejo Europeo. El plan incluye también la creación contribuciones presupuestarias asignadas directamente a las cuentas de la UE.​ Además, los anuncios de Von der Leyen se sumaron al plan anticrisis presentado por el Eurogrupo y ratificado en videoconferencia por el Consejo Europeo del 23 de abril anterior.​ Se trata de un paquete que busca movilizar hasta 540 millardos de euros a través de tres vías: 240 millardos en líneas de liquidez para los Estados a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE); otros 100 millardos a través de un fondo contra el desempleo (SURE, por sus siglas en inglés); y, finalmente, una línea de crédito de 200 millardos de euros para las empresas a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).​
Si se suman los montos de los planes anunciados por la Comisión y el Eurogrupo a otras partidas, podría movilizarse directa e indirectamente una cuantía superior a los tres billones de euros.​ De esta manera, se busca compensar el lastre financiero con una reestructuración económica que prepare una revolución medioambiental y tecnológica que ya era considerada inevitable antes de la pandemia.​
Cuando Macron inició su mandato presidencial en mayo de 2017, el diario The New York Times consideró que la propuesta del gobernante francés de crear un presupuesto para la eurozona, con su propio ministro de Finanzas, solo alienará a unos Estados miembro sobre los otros y debilitará económicamente al bloque.​ En julio, el periódico británico The Guardian estimó que era exagerada la «creencia en un espíritu de cohesión post-Brexit» dentro de la UE. El medio también explicó que así como la idea de una supuesta «ola populista» en Europa a inicios del año era imprecisa, también lo es la interpretación de que la UE «está de vuelta». The Guardian agregó que, «para alcanzar una autonomía estratégica» (ser independientes de Estados Unidos en materia de seguridad), los Estados miembro necesitarían gastar mucho más del 2 % del producto interno bruto en sus presupuestos de defensa. Por lo tanto, según el periódico, es difícil ver el optimismo en la UE como algo más que «escapism» (Evasión).​ También el gobierno turco se mostró escéptico sobre la creación de una fuerza de intervención europea en 2020, al afirmar que «No puede haber un Ejército europeo sin Turquía».​ A estas críticas se sumó el analista estadounidense Camille Pecastaing, quien declaró que los llamamientos para la instauración de un «ejército europeo» son una tapadera para la expansión del ejército alemán.​
Más crítico aún fue la Agrupación Nacional, partido político francés que consideró que la idea de refundación del presidente Macron se basaba en la destrucción de las naciones europeas. Además el partido afirmó que la Defensa europea común era «solamente una ilusión de poder» y que la política económica de Macron malgastaba las «últimas partes de nuestra soberanía económica con el nombramiento de un Ministro de Finanzas de la eurozona».​
En el sentido contrario, el economista griego Yanis Varoufakis consideró en enero de 2018 que las propuestas europeas de Macron eran «muy débiles» y se limitaban a buscar un «federalismo ligero». Agregó además que el presidente francés tenía una «visión gradual, creyendo que debemos comenzar con pequeños pasos». Según el análisis de Varoufakis, para obtener estas «pequeñas concesiones», Macron hubiera debido usar todo su capital político, permitiendo de paso que Merkel liderase negativamente las reformas.​
También en 2018, el filósofo belga Luuk van Middelaar se mostró escéptico respecto a la capacidad de Macron a impulsar sus ambiciones, declarando que «su manera de plantear los problemas sigue siendo francesa. Se apresuró a hacer propuestas después de su elección sin tomarse el tiempo para estudiar bien el campo de batalla».​ En el mismo sentido se pronunció el politólogo búlgaro Iván Krastev quien sostuvo que el problema de Macron, es que «aunque aboga por un cambio valiente, es más bien débil en cuanto a los detalles y la parte concreta».​
En lo referente a una "Europa a varias velocidades", el presidente polaco Andrzej Duda advirtió en septiembre de 2017 que, podría generar «más Brexits» y la ruptura de la UE.​ El gobierno polaco también criticó la «democracia deliberativa», representada por las consultas ciudadanas impulsadas por Macron, juzgándola contraria a una democracia representativa.​
El periodista económico Wolfgang Münchau ha repetido en varias ocasiones que «la eurozona necesita más integración, y la Unión Europea, menos». A su juicio no habría habido Brexit si la UE «hubiese ofrecido a Reino Unido una forma de pertenencia que no incluyese un compromiso con una unión cada vez más estrecha». Münchau aseguró que su discrepancia con Merkel tuvo que ver con la prioridad que la canciller dio a la cohesión de la UE y su resistencia a aumentar la integración de la eurozona. El análisis del periodista sostiene que el Next Generation EU seguirá siendo una «trivialidad macroeconómica» mientras esté vinculado al presupuesto de la UE. Además, Münchau afirmó que dicho fondo debería haber sido un proyecto a nivel de la eurozona y que existía el riesgo de aumentar los desequilibrios internos si no se reforzaba la integración en la zona monetaria.​ También ha manifestado que la autonomía estratégica debería ser la «máxima prioridad en la UE», pero considera que ello exige una reflexión sobre aquello respecto de lo cual se quiere ser autónomo y la reforma institucional que se requiere.​ Al respecto, Münchau reconoció que Merkel habí coincidido con «la idea de Macron de la autonomía estratégica de Europa con respecto a Estados Unidos», aunque sin haber gastado su capital político en aplicarla y resaltó que Scholz por su parte «ni siquiera fingía estar interesado».​
La idea de autonomía estratégica de la UE ha sido ampliamente controvertida. Así, según The Economist, en 2020 algunos funcionarios europeos veían en Macron a «un gaullista a la antigua que envuelve los intereses franceses en una bandera europea». El semanario inglés aseguró que dichos funcionarios sospechaban que el presidente francés intentaba «socavar la OTAN» y sustituir la influencia estadounidense en Europa por un liderazgo francés.​ En la misma línea, el politólogo Herfried Münkler dijo que entre la clase política alemana existía una cierta desconfianza hacia Macron y recalcó que el presidente podía hacer «buenos discursos», pero que faltaba de eficacidad a la hora de imponer su política. Para Münkler, el problema de Francia era que su sistema de partidos se había desintegrado y que por lo tanto, su gobierno dependía mayoritariamente de «las personas y los estados de ánimo, pero la gente es mucho más fluida y flexible que los partidos».​ Sin embargo, según el politólogo, la UE debería lograr una autonomía estratégica para que en el nuevo orden mundial pueda ser sujeto y no objeto. Para ello, sus líderes deberían renunciar a una pretensión de liderazgo global, más aún teniendo en cuenta que este liderazgo solo se ejercía en el plano de las exigencias morales, que la UE tampoco era capaz de imponer.​
Más categórico fue el comentarista político Fareed Zakaria quien en 2021 sostuvo que la UE actuaba «con propósito y, de manera estratégica, en los negocios; en cosas como el antimonopolio. En cuestiones de seguridad nacional, Europa es una idea. No es una realidad estratégica y no lo será».​ Al respecto, el analista Joseph de Weck juzgó que si Francia quiere construir una «potencia europea en torno al eje franco-alemán», Macron tendría que estar dispuesto a «ir más lejos en el plano institucional», lo que constituía un problema ya que por ejemplo, en 2022 «el mero rumor de que Macron estaba considerando compartir el asiento de Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU casi provocó un colapso mediático».​
El sociólogo Wolfgang Streeck aseguró en 2022 que propuestas como la introducción de la votación por mayoría en el Consejo en lo concerniente a la política exterior de la UE, la reducción del número de carteras de la Comisión Europea o disposiciones más estrictas sobre el Estado de derecho en los Tratados serían inaceptables «para Polonia y Hungría, y presumiblemente también para otros países». Streeck ha recordado que acabar con la unanimidad en la UE «requiere unanimidad, un obstáculo que ni siquiera Angela Merkel había podido superar». El analista también destacó que la guerra ruso-ucraniana puso de manifiesto que «los sueños de una Europa dotada de “soberanía estratégica”» habían pasado a ser quimeras.​ Refiriéndose también al conflicto ucraniano, el filósofo Slavoj Žižek sentenció que si la UE quería «ganar la nueva guerra ideológica», tendría que «cambiar su modelo de globalización liberal‑capitalista», y que un cambio radical era imprescindible ya que cualquier otra opción sería «un fracaso y convertirá a la UE en una fortaleza rodeada de enemigos decididos a penetrarla y destruirla».​
En 2024, el expresidente del gobierno italiano Matteo Renzi criticó el liderazgo de Ursula von der Leyen dentro del proceso de refundación de la UE: «Había que hacer una reforma institucional que implicase la elección directa del presidente de la Comisión Europea, superar el derecho de veto, llegar a un ejército único… ¿Qué ha hecho?». Además, Renzi aseguró que la presidenta había fracasado en el tema del medio ambiente ya que el Pacto Verde Europeo había sido «demasiado ideológico» sin lograr haber «producido resultados».​
Lista de obras organizada por año de publicación: