Crimen de lesa humanidad

Se consideran crímenes de lesa humanidad,​ delitos de lesa humanidad​ o crímenes contra la humanidad​ cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano,​ que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra civiles.​​​ Los crímenes de lesa humanidad son una de las cuatro clases de crímenes que la Organización de las Naciones Unidas considera de mayor trascendencia para la comunidad internacional, al igual que el genocidio, los crímenes de guerra, y el crimen de agresión. Estos conceptos comenzaron a ser definidos en el marco de las Naciones Unidas, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ante la preocupación generada por los genocidios que «en todos los períodos de la historia ha infligido grandes pérdidas a la humanidad».​
El primer enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad tuvo lugar en los juicios de Núremberg, contra los líderes derrotados de la Alemania nazi; se ha argumentado que los crímenes contra la humanidad forman parte del ius cogens y, como tales, constituyen una norma inderogable del derecho internacional. Incluyen una gama de delitos contra las personas, como el homicidio, la esclavitud, la violación, la esterilización forzada y demás actos de violencia sexual grave, el traslado forzoso de población, la tortura, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada, la persecución de determinados grupos de la población, la segregación racial, y en general todos aquellos actos cometidos con la intención de causar grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las víctimas. En 1968 se aprobó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Los juristas y legisladores han establecido también que los mismos son imperdonables.​​
Para el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad existe el principio de jurisdicción universal según el cual cualquier Estado puede enjuiciar y condenar penalmente a sus autores, independientemente del lugar donde los mismos hayan sido cometidos, debido a que por su propia naturaleza la afectada es la comunidad internacional y la humanidad como tal.​ Pese a ello en muchos casos los acusados y los países a los que pertenecen, han invocado con éxito la inaplicabilidad del principio a su caso. En 1998 se creó el Tribunal Penal Internacional (TPI), con la función de crear un ámbito internacional para enjuiciar los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Según el principio de complementariedad, la competencia del TPI es concurrente con la de los Estados nacionales. El TPI no cuenta con la adhesión de las principales potencias militares del mundo, como Estados Unidos, Rusia y China, y por lo tanto no puede enjuiciar a los criminales de dichas nacionalidades.
Según el Estatuto de Roma de 1998, son crímenes de lesa humanidad once tipos de conductas y situaciones, siempre que sean «parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque»:
La noción de que existían crímenes y atrocidades intolerables que repugnaban a la humanidad misma, data de antiguo. En Occidente, en los primeros años de la Conquista de América, el sacerdote español Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) desarrolló la idea de que las culturas indígenas americanas carecían de humanitas, razón por la cual «veía a los indios como intrínsecamente perversos y dignos de castigo, por sus crímenes de lesa humanidad (sacrificios humanos y antropofagía)».​
En los siglos XVII y XVIII se elaboraron los principios del derecho de gentes, por juristas como Hugo Grocio (1583-1645), Samuel Pufendorf (1632-1694), Christian Wolff (1679-1754) y Emer de Vattel (1714-1767). Según los mismos la guerra entre Estados soberanos debía respetar las nociones de necesidad militar y proporcionalidad. «Todo lo que se haga de más -decía Vattel- es reprobado por la Ley Natural, vicioso & condenable ante el Tribunal de la Conciencia», pero si la guerra era contra «naciones feroces que no observan ninguna regla ni dan cuartel» era legítimo castigarlas en la persona misma de los cautivos que pudieran conseguirse, para someterlos a las «leyes de la humanidad».​
Hacia fines de siglo XVIII, el virrey del Río de la Plata Juan José de Vértiz (1718-1799), sostenía que el degüello de indias ancianas era una práctica «repugnante a la humanidad por más razones que quieran alegarse en contrario».​
En Francia, el 3 de diciembre de 1792, durante el juicio contra Luis XVI, Robespierre pidió a la Convención que lo declare «traidor a la nación francesa, criminal de lesa humanidad».​
René Blattman, exjuez de la Corte Penal Internacional, ha señalado que los primeros tribunales internacionales en América Latina tenían como fin sancionar el comercio de esclavos, sosteniendo que reducir seres humanos a la condición de cosas iba contra los ideales de la Ilustración y ofendía al género de lo humano.​
El militar argentino Álvaro Barros, decía en ocasión de la llamada «Conquista del Desierto» -de la que fue uno de los protagonistas- que:
Poco antes, en 1865, el historiador argentino Vicente Quesada condenaba en términos similares la política del gobierno argentino ante las culturas indígenas:
El mismo enfoque tenía por entonces el escritor José Hernández, quien en la Revista del Río de la Plata del 22 de agosto de 1869 sostenía que:
Durante la guerra de conquista de los territorios indígenas, los días 16 y 17 de noviembre de 1878 el diario La Nación, dirigido por el expresidente Bartolomé Mitre, publicó un artículo sobre la matanza de 60 indígenas desarmados por tropas argentinas al mando del coronel Rudecindo Roca, calificando el acto como "crimen de lesa humanidad" y de no respetar "las leyes de la humanidad ni las leyes que rigen el acto de la guerra".​​
Poco después, el 19 de agosto de 1880, el diputado nacional Aristóbulo del Valle, cuestionó la violación masiva de derechos humanos en la Conquista del Desierto en la Cámara de Diputados en estos términos:
La Declaración sobre la utilización en tiempos de guerra de proyectiles de 400 gramos de peso, firmada en San Petersburgo en 1868 y el Proyecto de declaración internacional relativa a las leyes y costumbres de la guerra, firmada en Bruselas en 1874, establecieron que el empleo de armas que agravaran innecesariamente el sufrimiento o la muerte del enemigo era «contrario a las leyes de la humanidad».​
En 1890 el jurista afroestadounidense George Washington Williams publicó su célebre carta abierta al rey Leopoldo II, denunciando las atrocidades que el Estado belga cometía en su colonia del Congo, reclamando una «una Comisión Internacional para investigar los cargos aquí formulados en nombre de la Humanidad, el Comercio, el Gobierno Constitucional y la Civilización Cristiana.»​
Resulta inescindible del delito de genocidio, que también es considerado de lesa humanidad.
El Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945, que estableció el Estatuto del Tribunal de Núremberg, definió como "crímenes contra la humanidad" el "asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra".
En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó los principios de Derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal y proclamó la resolución 96 (I) sobre el crimen de genocidio, que define como "una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros", entre ellos los "raciales, religiosos o políticos", instando a tomar las medidas necesarias para la prevención y sanción de este crimen.
Esta resolución cristalizó en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948, y que entró en vigor en 1951.
La definición de genocidio plasmada en la Convención de 1948 ha sido acogida en el artículo 4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, de 1993, el artículo 2 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de 1994, y el artículo 7 del Estatuto de Roma de 1998, por el que se creó el Tribunal Penal Internacional.
La prescripción en derecho penal es el instrumento jurídico por medio del cual se produce la extinción de la persecución de los delincuentes en razón del transcurso del tiempo.
Los crímenes contra la humanidad tienen la especial característica de ser imprescriptibles, es decir que pueden ser perseguidos en todo tiempo.​
Una manifestación peculiar de los crímenes de lesa humanidad, son los Juicios por la Verdad, en aquellos casos que los criminales han muerto o no pueden ser enjuiciados. Los juicios tienen como fin establecer el grado de veracidad de los hechos y finalmente establecer condenas civiles al Estado y otras organizaciones potencialmente responsables.​ Los juicios por la verdad han tenido un amplio desarrollo en Argentina.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaboró en 1991 el llamado Protocolo de Minnesota para investigar crímenes de lesa humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales, con el fin de evitar que los funcionarios del Estado sospechado de haber cometido crímenes de lesa humanidad puedan actuar o influir en la investigación.