Ley de Memoria Histórica de España

La ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura,​ conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica,​ fue una ley del ordenamiento jurídico español, aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007,​​ partiendo del proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros del 28 de julio de 2006,​ durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (viii y ix legislaturas) como presidente del Gobierno.
Incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil española (1936-1939) y de la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), pero no la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de represaliados por los sublevados, autodenominado bando nacional durante la contienda. Por eso, fueron entidades privadas —como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y el Foro por la Memoria— o comunidades autónomas que se encargaron de tal deber memorial.
La ARMH, pionera en la exhumación científica de fosas comunes de asesinados por la dictadura franquista, ha criticado que en su preámbulo, el texto afirma que la memoria de las víctimas del franquismo es personal y familiar, negando de ese modo en su marco de planteamientos que los delitos del franquismo son cometidos contra toda la sociedad y la humanidad y el deber del Estado de practicar políticas públicas que garanticen a las víctimas de los delitos más graves que existen su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
La insatisfacción con el texto de la ley llevó a catorce asociaciones memorialistas a presentar una denuncia por cientos de desapariciones ante la Audiencia Nacional, el 14 de diciembre de 2006. Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas se ha mostrado crítico con algunos aspectos de ella.​
Bajo el gobierno del conservador Mariano Rajoy (x legislatura), la Ley de Memoria Histórica quedó derogada de facto, ya que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y 2014 quedó sin dotación presupuestaria para su aplicación.​​
El 15 de septiembre de 2020, el gobierno de Pedro Sánchez (xiv legislatura) presentó un «anteproyecto de Ley de Memoria Democrática» para reemplazar la Ley de Memoria Histórica de 2007.​​ Finalmente fue derogada por la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor el 21 de octubre de 2022.
En 1969 Francisco Franco dictó el Decreto-Ley 10/1969, por el que prescribían todos los delitos cometidos antes de 1 de abril de 1939,​ (es decir, el final de la Guerra Civil). Dicho Decreto-Ley fue dictado a los treinta años de acabada la Guerra Civil.
Con la llegada de la democracia se fueron promulgando una serie de decretos y leyes específicas para tratar de compensar las penalidades y sufrimientos de aquellos que padecieron los avatares de la guerra en el bando republicano o prisión en la época franquista. Algunas de ellas fueron:
Todas estas leyes, decretos y disposiciones han sido mejorados y ampliados por algunas comunidades autónomas.
El 28 de octubre de 2007, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Memoria Histórica. El día 10 de diciembre, fue aprobada en el Senado.​​
El programa electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para las elecciones generales de 2004 no incluía ninguna mención a la «memoria histórica». Solamente habla de la creación de un Centro Estatal de Documentación e Investigación Histórica sobre la Guerra Civil y el Franquismo, dentro del área de cultura del programa:
Tampoco en su discurso de investidura,​ el presidente José Luis Rodríguez Zapatero mencionó la memoria histórica u otros proyectos relacionados.
El proceso que derivó en la aprobación del mismo se inició el 10 de septiembre de 2004 con la aprobación de un Real Decreto de creación de una comisión interministerial (la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil), presidida por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y la búsqueda de su «rehabilitación moral y jurídica».​ El trabajo de la comisión no produjo resultados durante el año siguiente y los entonces socios preferentes del gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, expresaron su descontento por la falta de resultados de la comisión, presentando, el 18 de noviembre de 2005, sendas proposiciones de ley para la recuperación de la memoria histórica.​
El 22 de junio de 2006 se aprobó en el Congreso de los Diputados con la única oposición del Partido Popular que el año 2006 fuese declarado Año de la memoria histórica. El 28 de junio de ese año, el Gobierno presentó un proyecto de ley, con el nombre de Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura​ que fue criticado tanto por el Partido Popular como por Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, que incluso presentaron proyectos alternativos.​
Durante el mes de octubre de 2007, culminaron las negociaciones entre el PSOE, Izquierda Unida, el Partido Nacionalista Vasco y Bloque Nacionalista Galego para tramitar el proyecto de ley de forma que fuese aprobado antes de la finalización de la legislatura.​
Después del largo proceso de gestación de la ley, sus disposiciones fueron las siguientes:
El Partido Popular y diversos medios de comunicación de carácter conservador criticaron estas iniciativas alegando que abrían viejas heridas.​ Otros medios llegan a afirmar que con estas acciones, el presidente Zapatero pretende «ganar la guerra civil que se enterró y superó con la Transición y pretende establecer la legitimidad democrática en 1931, no en 1978» (Luis María Ansón, 4 de octubre de 2005).
Los aliados preferentes del Gobierno al inicio de la legislatura, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Verde, criticaron la tardanza de este en aprobar la ley de recuperación de la memoria histórica prometida en 2004 y retrasada en tres ocasiones, presentando sus propias proposiciones de ley en noviembre de 2005.
Otro motivo de crítica contra esta ley es la alteración de material y monumentos históricos alegando que el principal motivo de dichos actos es la venganza.​
En julio de 2007, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, prometía derogar esta propuesta de ley que calificó como «asunto incomprensible» si conseguía ganar las siguientes elecciones, que se celebraron en 2008.​ En febrero de 2008, en una entrevista al diario 20 minutos, declaró que él «eliminaría todos los artículos de la Ley de Memoria Histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. No daría ni un solo euro público a esos efectos».​ Sin embargo, durante su tramitación por parte de la Comisión Constitucional del Congreso, su partido votó favorablemente varios de sus artículos.
A pesar de la existencia de la Ley de Memoria Histórica, España ha sido reprendida en múltiples ocasiones por el Consejo Europeo, considerando que existe un incumplimiento general de dicha ley, y una actitud laxa en cuanto a las ayudas que proporciona el Estado a las víctimas y sus familias. En países como Alemania, el concepto de Memoria Histórica se toma muy en serio: campos de concentración y trabajo que existieron en la Segunda Guerra Mundial son lugares de interés público y que “obligan a replantear el pensamiento.”
El historiador Paul Preston declaró: «El Valle de los Caídos no debe desaparecer(...) En España hay gente que confunde olvido con reconciliación y memoria con venganza. Si de mí dependiese, yo no habría hecho nunca esa Ley, pero soy un extranjero sin voz ni voto. A mí personalmente me resulta muy incómodo que se empiecen a hacer leyes sobre esas cosas».​
El historiador Santos Juliá afirmó: «Imponer una memoria colectiva o histórica es propio de regímenes totalitarios o de utopías totalitarias. Las guerras civiles solo pueden terminar en una amnistía general».​
Tras la derrota del PSOE frente al Partido Popular en las elecciones generales de 2011, el gobierno de Mariano Rajoy redujo en 2012 los presupuestos dedicados a la Ley de Memoria Histórica en un 60 % y suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, encargada de coordinar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos.​ En los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y 2014, elaborados por ese mismo partido, la partida dedicada a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica desapareció de las cuentas públicas.​
El Grupo Parlamentario Socialista presentó en diciembre de 2017 en el Congreso de los Diputados una «proposición de ley de memoria histórica y democrática» para modificar la Ley de Memoria Histórica.​ Propone entre otras cosas, el establecimiento de una «Comisión de la Verdad», como «órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, (...)» (art. 6.1).
Ante esto, más de 200 personalidades suscribieron el Manifiesto por la historia y la libertad,​​​ en contra de dicha proposición de ley, a la que acusa de ser "de tipo soviético", "reabrir viejas heridas" y buscar imponer el "pensamiento único". En dicho manifiesto se dice:
Algunos autores han señalado similitudes entre la «Comisión de la Verdad» propuesta en dicha proposición de ley y el «Ministerio de la Verdad» que aparece en la novela distópica 1984 (1949), de George Orwell.​​​​
El 15 de septiembre de 2020, el Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Sánchez (xiv legislatura) presentó un «anteproyecto de Ley de Memoria Democrática» para, según la vicepresidenta y ministra de Memoria Democrática Carmen Calvo, «encontrarnos con la verdad, la justicia, la dignificación de las víctimas, el perdón y la convivencia de los españoles» y aplicar así las preconizaciones de Naciones Unidas,​ el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.​
En sus 66 artículos, el texto prevé medidas en diversos ámbitos, desde la actualización de programas escolares hasta la regulación de lugares de memoria, pasando por el impulso a la búsqueda y apertura de fosas comunes.​
La Ley de Memoria Democrática entró en vigor el 20 de octubre de 2022.​