Caso Las Malvinas

El Caso Las Malvinas hace referencia a la desaparición forzada y asesinato de cuatro menores de edad en Guayaquil, Ecuador, en diciembre de 2024. Los niños fueron vistos por última vez en el sector de Las Malvinas tras un partido de fútbol, donde fueron detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Días después, sus cuerpos calcinados fueron hallados cerca de la base militar de Taura en Naranjal, lo que desató indignación nacional y un intenso debate sobre la actuación de las fuerzas militares y la protección de los derechos humanos.
El 8 de diciembre de 2024, cuatro niños, identificados como Ismael Arroyo (15 años), Josué Arroyo (14 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), desaparecieron en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, después de salir de jugar un partido de fútbol.​ Según testimonios de familiares y videos de cámaras de vigilancia, los menores fueron detenidos por personal militar y subidos a vehículos de las Fuerzas Armadas en las cercanías del Mall del Sur.​Horas después, Ismael Arroyo llamó a su padre desde un celular prestado, relatando que los habían golpeado, desnudado y abandonado en Taura, una parroquia rural a 37 km de Guayaquil. A pesar de las alertas, las autoridades no los encontraron.​
Trece días después, el 21 de diciembre, la Fiscalía General de Ecuador inició una investigación por el presunto secuestro, señalando posibles implicaciones de personal militar en el caso.​​
El 24 de diciembre, se encontraron cuatro cuerpos calcinados cerca de la base militar de Taura, en la localidad de Naranjal, aproximadamente a 40 kilómetros del lugar donde los menores habían sido vistos por última vez. Al día siguiente, el 25 de diciembre, se convocó a los familiares para realizar la identificación de los cuerpos. Tras llevar a cabo pruebas genéticas, la Fiscalía confirmó que los restos correspondían a los cuatro menores desaparecidos.​ Este hallazgo provocó una ola de indignación y protestas en varias ciudades del país, donde ciudadanos exigieron justicia y explicaciones sobre lo sucedido.
El 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía presentó cargos por desaparición forzada contra 16 militares presuntamente implicados en el caso.​ Ese mismo día, el juez Dennis Ugalde ordenó prisión preventiva para los acusados y estableció un período de instrucción fiscal de 90 días para avanzar en la investigación.​ Días antes, la jueza Tanya Loor había aceptado un habeas corpus presentado por familiares y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, declarando oficialmente el delito de desaparición forzada. ​
Los militares implicados ofrecieron su versión de los hechos, afirmando que durante un patrullaje detuvieron a los jóvenes debido a una denuncia de robo en la zona. Según su relato, los menores no portaban documentos de identificación y se negaron a proporcionar sus nombres o edades.​ En relación con las imágenes de video que muestran a los menores siendo golpeados, los militares negaron que se tratara de actos de violencia, justificando sus acciones al afirmar que intentaban evitar que los detenidos los miraran directamente.​
Los militares también sostuvieron que, tras la detención, liberaron a los menores en la zona de Taura. Sin embargo, no existe un informe oficial de arresto que respalde esta afirmación. Posteriormente, los cuerpos de los menores fueron encontrados calcinados en esa misma área el 24 de diciembre de 2024.​ El 2 de enero de 2025, los 16 militares involucrados fueron trasladados a la cárcel de Latacunga.​
El 21 de enero, el juez Jorge Aldás fue arrestado por prevaricato al liberar a Bryan "Momo", un presunto testigo vinculado a una banda criminal, bajo un indulto médico inválido. "Momo" desapareció tras su liberación.​
El 31 de enero de 2025, representantes del Ministerio del Interior y la Policía Nacional comparecieron ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional para discutir el caso de los cuatro menores desaparecidos y asesinados.​ Aunque la ministra del Interior, Mónica Palencia, y el comandante general de la Policía, Víctor Zárate, no asistieron, enviaron a sus delegados, incluyendo al viceministro de Seguridad Pública, Fernando Buenaño, quien no proporcionó detalles sobre el caso debido a que la investigación está en fase preliminar y bajo reserva.​​
Durante esta sesión, se anunció que el informe final de la comisión se presentará el 12 de febrero de 2025.​ La presidenta de la Comisión, Pierina Correa, destacó que el Ministerio del Interior debería ofrecer más información, ya que la Fiscalía ha formulado cargos relacionados con el caso. La investigación abarca no solo la desaparición forzada, sino también el secuestro con resultado de muerte.​​
El 19 de febrero de 2025, se llevó a cabo una audiencia de apelación a esta medida, que fue suspendida y posteriormente reprogramada para el 20 de febrero.​ En esta audiencia, el tribunal ratificó la prisión preventiva, rechazando el recurso de apelación presentado por la defensa de los militares.​​
El 6 de marzo de 2025, la defensa de los militares presentó una nueva solicitud para que se les permitiera defenderse en libertad mientras continúa el proceso judicial. Sin embargo, el tribunal ha mantenido la decisión de prisión preventiva, programando una nueva audiencia para el 21 de marzo de 2025.​​
Entre el 16 y 17 de marzo de 2025 se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos que duró cerca de 12 horas.​ Durante la reconstrucción, participaron 16 militares procesados, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Latacunga. La diligencia comenzó en la intersección de la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, cerca del Mall del Sur, y se extendió hasta la parroquia Taura en Naranjal.​ Familiares de las víctimas y abogados estuvieron presentes durante la reconstrucción, lo que permitió una mayor transparencia en el proceso. El objetivo principal de esta reconstrucción fue verificar las versiones sobre lo ocurrido la noche de la desaparición y asesinato de los menores.​​
El 21 de marzo de 2025, se ratificó la prisión preventiva para los 16 militares involucrados. Esta decisión se tomó tras una audiencia en la que la defensa de los acusados solicitó que se les permitiera enfrentar el proceso en libertad, pero el juez encargado del caso decidió mantener la medida de prisión preventiva debido a los argumentos presentados por la Fiscalía.​​
El 28 de marzo de 2025, un informe de autopsia reveló que los cuatro menores murieron por disparos violentos. Según el informe, al menos tres de los menores recibieron impactos de bala en la cabeza y espalda, sugiriendo que fueron ejecutados de espaldas mientras estaban de rodillas. Uno de los cuerpos presentaba una lesión contundente en el cráneo, ocurrida en vida. Aunque los resultados no son concluyentes debido al estado de los cuerpos, el Comité de Derechos Humanos solicito una ampliación del informe para determinar posibles torturas.​​
El 31 de marzo de 2025, alias "Momo", cuyo nombre real es Bryan Vicente Alvarado Aguirre fue capturado en un operativo policial en la parroquia Virgen de Fátima, cantón Yaguachi, mientras intentaba huir. "Momo" es mencionado en el caso Las Malvinas, donde se investiga la desaparición y asesinato de los cuatro niños en Guayaquil. Aunque su detención inicial fue por tráfico de armas, su nombre salió a la luz en el caso, donde un testigo afirmó que dio la orden de quemar los cuerpos de los menores.​​​
El 1 de enero de 2025, los cuerpos de los cuatro menores fueron enterrados en el cementerio Ángel María Canals, ubicado en el suburbio de Guayaquil. Durante el sepelio, cientos de vecinos clamaron "queremos justicia", mientras los familiares expresaban su dolor y exigían respuestas sobre la brutalidad del caso.​​​
Este hecho generó una ola de pronunciamientos de diversas autoridades e instituciones en Ecuador, quienes expresaron su indignación y compromiso para buscar justicia.
El presidente Daniel Noboa se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.​
La Asamblea Nacional declaró tres días de luto institucional en respuesta a la tragedia, reflejando la gravedad del caso y su impacto en la sociedad ecuatoriana.​
La vicepresidenta Verónica Abad expresó su condena por el asesinato de los cuatro menores en una carta, destacando que sus vidas fueron arrebatadas de forma brutal, causando un daño irreparable a sus familias y a Ecuador. Anunció un luto oficial de tres días en la Vicepresidencia, reafirmando el compromiso de no olvidar estos actos inaceptables y de buscar justicia para que los responsables enfrenten la ley.​​
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre la tragedia de los menores a través de su cuenta de X, lamentó la dolorosa despedida del año y afirmó que "nada aliviará el sufrimiento de los padres, ni borrará la culpa de los asesinos, tanto directos como indirectos".​​
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, expresó su profundo pesar por la muerte de los cuatro niños en el caso Malvinas en sus redes sociales. Subrayó que es intolerable que la vida de los menores termine de esta manera, instando a que el miedo no impida alzar la voz. "La solidaridad debe ser nuestra herramienta para exigir justicia y evitar que se repitan tragedias como esta", declaró.​​
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó sus condolencias a las familias de los cuatro niños a través de su cuenta de X: "Ecuador está de luto y profundamente indignado; hemos llegado al límite. No hay mayor dolor para una sociedad que perder a cuatro niños a causa de quienes deberían protegernos".​
La Casa de la Cultura Ecuatoriana manifestó su profunda indignación por el asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas. A través de un comunicado, exigió a las autoridades que este caso no quede impune y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes por sus actos.​
La Defensoría del Pueblo expresó su indignación y rechazo ante este grave delito. Además, hizo un llamado a las instituciones del Estado para que actúen con rapidez y eficacia en la implementación de sistemas de protección y restitución de derechos.​
La Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador afirmó que la tragedia de los cuatro niños refleja un patrón de abuso de autoridad, discriminación y perfilamiento racial. En un comunicado, los organismos de derechos humanos pidieron que se identifique y castigue a todos los responsables, además de implementar medidas de reparación integral y asegurar que no se repitan estos actos.​