Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España

La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990 (publicada en el BOE de 4 de octubre) es una ley educativa española, promulgada por el gobierno del PSOE y que sustituyó a la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación en vigor desde 1985) y modificó notablemente la estructura educativa establecida desde la Ley General de Educación (España) de 1970. Fue derogada por la ley Orgánica de Educación (LOE), en el año 2006.
El retraso de España respecto a Europa en diversos aspectos hizo que, tradicionalmente, la educación pública en el país no se encontrara tan avanzada como en otros países de su entorno. No fue hasta el siglo XIX cuando se comenzó a regular la instrucción pública como institución que posibilitara una educación global de la persona. Ya en las Cortes de Cádiz de 1810 empezaron los primeros debates sobre la necesidad de una ley educativa.
La primera intención de modernizar los sistemas educativos españoles apareció con la Ley Moyano de 1857​ que entre sus intenciones tenía las de delimitar la fuerte influencia de la Iglesia española en la educación, legislar la educación de carácter privado en las etapas de primera y segunda enseñanza, e implantar una metodología más científica en la segunda enseñanza.
Los presupuestos liberales de esta ley se mantuvieron durante casi un siglo pero los avances profundos fueron lentos o inexistentes debido a la inestabilidad política en las décadas siguientes: la dictadura de Primo de Rivera, el breve período de la Segunda República Española, y el régimen de Franco.
A mediados del siglo XX, con la dictadura, se asentó la enseñanza con marcado carácter religioso, cívico y patriótico, tal como se aprecia en la Ley de Educación Primaria de 1945.​ Sin embargo, dos décadas después, surgió una nueva conciencia de acercarse a postulados más europeos, basándose en criterios tecnológicos, económicos, sociales y, por supuesto, pedagógicos. Concluyó todo ello con la decisión de hacer una reforma más profunda del sistema educativo. Así, en 1970, promovida por el Ministro de Educación Villar Palasí, se promulgó la Ley General de Educación (LGE). José Luis Villar Palasí, asumió el ministerio de educación el 18 de abril de 1968.Se política estaba basada en solucionar el problema que hasta ahora arrastraba la educación en las universidades. Se elaboró un libro llamado Libro Blanco en el cual se hablaba de las reformas pertinentes que se debían de realizar para mejorar la educación. Se tomó como base de esta ley de educación el libro blanco al cual se le realizaron unas series de cambios y sería aprobada el 4 de agosto de 1970.Esta ley también era conocida como la ley de Villar Palasí. En esta ley se estructuraba todo el sistema educativo que había hasta el momento en España. Esta ley aspiraba a superar los conflictos internos en los que el sistema había fracasado. Por otro lado esta ley pretendía adaptarse a la sociedad y la economía que había en estos momentos. Ahora vamos a pasar a comentar algunos de los aspectos más destacados de esta ley. La LGE, incluyó entre sus artículos que la enseñanza fuera obligatoria y se impartiera de forma gratuita para acabar así con el analfabetismo de la sociedad y darle la oportunidad a todas las personas que residan en España de recibir una educación. También se pretendía que el bachillerato llegara en algún momento a volverse gratuito. El sistema educativo, los docentes y los alumnos debían de contribuir para perfeccionar esta ley. En cuanto a otro de los aspectos que abordaba era el de la educación especial, para de esta manera incorporar en la enseñanza a personas que tuvieran un problema para abrirle paso en un futuro en sus vida laboral, que sean independientes, etc. Se diseña un sistema educativo unitario y flexible, el cual se dividía en preescolar (de 2 a 5 años), la educación general básica (6-13), tras completar esta etapas el alumno recibiría un graduado si aprobaba y acceder al bachillerato, mientras que recibiría un certificado de escolaridad si fracasaba en los estudios solo podría acceder a la formación profesional básica. Tras realizar el bachillerato se podría acceder a la enseñanza universitaria.
Esta generalizó la educación obligatoria desde los seis años de edad hasta los catorce y buscó una separación del Estado en cuanto a que la enseñanza no fuese subsidiaria de éste. Otro aspecto importante fue el intento de construir una Formación Profesional más adecuada a las demandas reales del mercado laboral. "La preocupación técnico-pedagógica iba a estar muy presente en ese hito que la ley y la reforma suponen.” Por ejemplo, “Enfoques propuestos como una educación personalizada y la formación integral del estudiante”, (pág. 69, párr.2),​ así como la creación de los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE), en cada universidad, para dinamizar la reforma, la formación inicial del profesorado de bachillerato y universitario (Certificado de Aptitud Pedagógica - CAP- y la formación permanente del profesorado de todos los niveles …​ Estos autores señalan que las intenciones o fines de la ley son, en resumen, éstos:
La construcción por parte de los tecnócratas, teniendo como premisa las ansias de desarrollo y el bienestar económico, supuso un cambio tecnológico y sociocultural, haciendo que el franquismo se adaptara a los nuevos tiempos y cambiara "sus criterios de legitimación política; de la Iglesia y el Movimiento, a la ciencia y la técnica como pilares legitimadores del régimen". Ahora bien, según estos autores, este cambio sociopolítico, sobre todo con el punto de llegada tecnocrático que supuso la Ley General de Educación de 1970, "tendrá efectos no controlados, con modificaciones y cambios culturales imprevistos. Sin duda, la desconexión —cuando no enfrentamiento— entre las orientaciones políticas y las propuestas curriculares, alcanzará su máximo grado” (pág. 83, párr.3).​
Entre finales de los años 1970 y los años 1990 se produjo una nueva etapa de reforma ya que España se había convertido en un país democrático y el sistema educativo imperante debía cambiar.
En 1980 el gobierno de UCD promulgó la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE).​
Con los posteriores gobiernos del PSOE aparecieron también:
El punto de partida de la ley es el Artículo 27 de la Constitución Española de 1978:
Se ha dicho que la LOGSE supuso la puesta en marcha de un sistema educativo basado en los principios constitucionales e inició una gestión democrática de los centros.​ y que la ley fue la primera que estableció un sistema descentralizado de enseñanza en España​ al permitir que las comunidades autónomas no sólo gestionasen los centros educativos, sino que pudieran redactar un porcentaje muy importante de los contenidos curriculares.
Se era consciente de la necesaria incorporación a postulados europeos y la necesidad de asumir un modelo más acorde a los nuevos cambios tecnológicos surgidos en educación. Así, se optó por potenciar un sistema de enseñanza de metodología constructivista​ con lo que se denominaba un modelo de currículo abierto y flexible con diferentes niveles de concreción (Leyes estatales o autonómicas, centro, aula o incluso alumno en particular), y adaptando los contenidos a los conocimientos y esquemas psicológicos de los alumnos.
Otros aspectos importantes fueron:
Dentro de lo que se denominaba el «Régimen General» las enseñanzas se conformaban en diferentes etapas:
A su término se encontraba el Bachillerato en dos años y se crearon modalidades:
Cada una de ellas capacitaba para cursar diferentes estudios universitarios, una vez superada la PAU, prueba de acceso a la Universidad, más conocida como selectividad. Pudiéndose optar también por la Formación Profesional Específica. Otras novedades de la ley cabe señalar la definitiva incorporación de las enseñanzas artísticas en el sistema general, no solo por la modalidad de Artes del Bachillerato, sino por la existencia de su Título II, dedicado a estas enseñanzas.
Los centros de educación privados concertados son centros creados por iniciativa de la sociedad civil pero sostenidos con fondos públicos. Estos centros, por una parte, dan respuesta a la imposibilidad del sistema público de enseñanza de atender a la demanda escolar existente y, por otra, responden a la exigencia constitucional (artículo 27.1 de la Constitución Española) de libertad de enseñanza, es decir, de la libertad de los padres de familia de elegir el tipo de escuela a la que quieren que asistan sus hijos, para la cual es imprescindible superar los obstáculos económicos para una elección libre.
Esta Ley preveía la existencia de centros de educación públicos, centros de educación privados y centros de educación privados concertados.
El Artículo 27 de la Constitución Española reconoce la libertad de culto y la obligación de los poderes públicos de garantizar «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», para lo cual «se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes».
Por otra parte la ley quiso que la enseñanza religiosa tuviera el espacio en el sistema educativo que la Constitución le reservaba.
Así en su disposición adicional segunda se establecía:
La constitucionalidad de este artículo (si está en efecto de acuerdo con la aconfesionalidad predicada por la Constitución, que en su artículo 16 establece que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones») fue puesta en tela de juicio en numerosas ocasiones.
Cuidado
Neutralícese Conviene, no obstante, señalar, antes del nombramiento del ministro de educación Javier Solana, sobre la tylerización de la reforma y el enfoque psicologista por parte de Marchesi y de Coll, lo que expuso José Gimeno, uno de los principales ideólogos de la reforma en tiempos de Maravall: “Era un planteamiento tecnocrático que ya había sido planteado por otras corrientes. Tyler ya había propuesto un esquema de organización del currículum. César Coll rescató las teorías de redacción de objetivos y el constructivismo pasado por su túrmix particular" (Varela, 2007: 38).
Julio Anguita fue un detractor de la LOGSE:
También Pérez-Reverte:
Los cambios económicos, sociales y tecnológicos ocurridos desde la implantación de la LOGSE y las críticas hacia ella desde diversos grupos fomentaron la necesidad de una nueva ley que fomentara entre otros valores los de la cultura del esfuerzo y la disciplina en el aula y contemplara desde una perspectiva más actual el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
En 2002 fue promulgada una nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Aunque poseía un carácter constructivista difería sustancialmente con la ley anterior en aspectos como la atención a la diversidad.