Estado de los Estados Unidos

Los estados de los Estados Unidos de América son cada uno de los cincuenta estados federados (entidades subnacionales) de los Estados Unidos que comparten soberanía con el gobierno federal. Aunque su estatus legal es idéntico a los demás, cuatro estados (Massachusetts, Pensilvania, Virginia y Kentucky) utilizan el título oficial de «mancomunidad» (commonwealth) en lugar de estado. A causa de esta soberanía compartida, un estadounidense es un ciudadano tanto de la entidad federal como del estado en que tenga fijado su domicilio.​ Sin embargo, la ciudadanía estatal es muy flexible, y no requiere de ninguna aprobación gubernamental para mudarse o trasladarse entre estados (a excepción de convictos en libertad condicional).
La Constitución de los Estados Unidos asigna el poder entre los dos niveles de gobierno en términos generales. Ratificando la Constitución, cada estado transfiere ciertos poderes soberanos al gobierno federal. De acuerdo con la Décima Enmienda a la Constitución, todos los poderes no explícitamente transferidos son retenidos por los estados o el pueblo. Históricamente, las competencias en materia de educación pública, salud pública, transporte y otras infraestructuras han sido consideradas responsabilidades principalmente estatales, aunque todas tengan tanto una regulación como una financiación federal significativa.
En diversas ocasiones la constitución estadounidense ha sido enmendada, y la interpretación y la aplicación de sus provisiones ha cambiado. La tendencia general ha sido hacia la centralización, con el gobierno federal desempeñando un papel mucho más amplio cada vez que esto sucedió. Hay un debate persistente sobre los «derechos de los estados», relativo al grado y la naturaleza de los poderes y soberanía de los estados con relación al gobierno federal, y su poder sobre los individuos.
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Tras la adopción de los Artículos de la Confederación y la Unión Perpetua, los estados se convirtieron en una confederación, una única entidad política soberana reconocida por el derecho internacional, con el poder de declarar la guerra y mantener relaciones internacionales. En parte debido a los defectos de la Confederación, trece estados formaron en su lugar una Unión vía el proceso de ratificar la Constitución de los Estados Unidos, que entró en vigor en 1787.
De acuerdo con el artículo IV de la Constitución, que define la relación entre los estados, el Congreso de los Estados Unidos tiene el poder de admitir nuevos estados en la Unión. Se exige que los estados den «fe plena y crédito» a las leyes de las legislaturas y tribunales de los otros estados, lo que incluye generalmente actos como el reconocimiento de contratos legales, matrimonios, juicios criminales y —en su día— el estatuto de esclavitud. Los estados tienen prohibido discriminar a ciudadanos de otros estados con respecto a sus derechos básicos, bajo la «Cláusula de Inmunidades y Privilegios». Los estados tienen garantía de protección militar y civil por parte del gobierno federal, que también se requiere para asegurar que los gobiernos de cada estado sigan siendo una república.
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha interpretado la Constitución de los Estados Unidos en el sentido de que el artículo 1, sección 8, cláusula 3, conocida como «cláusula de comercio», tenga un amplio alcance en favor del poder federal. Por ejemplo, el Congreso puede regular el tráfico del ferrocarril a través de las fronteras estatales, pero también puede regular el tráfico de trenes únicamente dentro de un estado, basándose en la teoría que el tráfico totalmente intraestatal también puede tener un impacto en el comercio interestatal.
Otra fuente de poder del Congreso es su «poder de gasto» —la capacidad del Congreso de asignar fondos, por ejemplo al sistema interestatal de autopistas—. El sistema es encomendado y parcialmente financiado por el gobierno federal pero también sirve a los intereses de los estados. Amenazando con retener fondos para las carreteras federales, el Congreso ha sido capaz de persuadir a Legislaturas estatales de aprobar varias leyes. Aunque en el fondo esto pueda entenderse como la violación de los derechos de los estados, la Corte Suprema ha defendido la práctica como un uso permisible de la «cláusula de comercio» de la Constitución.
Desde el establecimiento de los Estados Unidos, el número de estados ha aumentado de trece a cincuenta. La Constitución es bastante lacónica en lo que respecta al proceso por el cual pueden añadirse nuevos estados, únicamente que «el Congreso podrá admitir nuevos Estados en la Unión», y prohíbe la creación de nuevos estados a partir de territorios pertenecientes a otros estados o la fusión de dos o más estados sin el consentimiento del Congreso y de las Legislaturas de los estados involucrados.
En la práctica, casi todos los estados admitidos en la Unión después los trece originales se han formado a partir de Territorios de los Estados Unidos (es decir, tierras bajo la soberanía del gobierno federal de los Estados Unidos pero que no forman parte de ningún estado) que más tarde se convirtieron en Territorios organizados (recibieron cierto grado de autogobierno por parte del Congreso). En términos generales, el gobierno organizado de un territorio sabría del sentimiento de su población a favor de su conversión en estado; entonces el Congreso ordenaría al gobierno la organización de una convención constitucional para redactar una constitución estatal. Tras la aceptación de dicha constitución, el Congreso podría admitir a ese Territorio como un estado. Las líneas generales de este proceso fueron establecidas por la Ordenanza Noroeste, que precedió la ratificación de la Constitución.
Sin embargo, el Congreso es la máxima autoridad sobre el reconocimiento de nuevos estados, y no está obligado a seguir este procedimiento. Sin contar los 13 originales, solo unos pocos estados fueron admitidos en la Unión sin haber sido nunca Territorios organizados del gobierno federal:
El Congreso tampoco está obligado a admitir como estados incluso en aquellas áreas cuya población ha expresado su deseo de incorporación a la Unión. Por ejemplo, la República de Texas solicitó su anexión a los Estados Unidos en 1836, pero el temor generado por su conflicto con México retrasó su admisión nueve años. Al Territorio de Utah le fue negada su admisión en la Unión como estado durante décadas, a causa de la disconformidad con el dominio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el territorio, y especialmente con la élite mormona, que por entonces practicaba la poligamia.​
Una vez establecidas, las fronteras estatales han sido estables en gran parte; las únicas excepciones importantes son las cesiones por parte de Maryland y Virginia para crear el Distrito de Columbia (la parte de Virginia fue devuelta más tarde); una cesión de Georgia; expansiones de Misuri y Nevada; y las separaciones de Kentucky, Maine y Tennessee de Virginia, Massachusetts y Carolina del Norte, respectivamente.
La Constitución no contempla el caso de la secesión de un estado de la Unión. Los Artículos de la Confederación estipulaban que la unión inicial de las colonias «debe ser perpetua», y el preámbulo a la Constitución declara que ésta pretende «formar una unión más perfecta». En 1860 y 1861 once estados del Sur se separaron, pero volvieron a la Unión por la fuerza de las armas durante la Guerra Civil. Posteriormente, el sistema judicial federal estableció en 1869, en el Caso Texas contra White, que los estados no tienen derecho a la secesión sin el consentimiento de los otros estados. En 2013 el Gobierno de los Estados Unidos rechazó una iniciativa popular, respaldada por más de 125 000 firmas, favorable a la secesión de Texas.​
Cuatro de los estados llevan el título formal de Commonwealth: Kentucky, Massachusetts, Pensilvania y Virginia. En estos casos es meramente una denominación histórica y no tiene ningún efecto legal. De manera algo confusa, dos territorios estadounidenses —Puerto Rico y las Islas Marianas del Norte— también se denominan Commonwealths, y sin embargo tienen un estatus legal diferente de los estados (ambos son territorios no incorporados).
Los estados son libres de organizar sus gobiernos estatales en la forma que deseen, mientras se ajusten a la única exigencia de la Constitución estadounidense: que tengan «una forma republicana de gobierno». En la práctica, cada estado ha adoptado una forma de gobierno con tres poderes generalmente en la misma línea que la del gobierno federal (aunque esto no es una exigencia). No hay nada que impida a un estado adoptar un sistema parlamentario con fusión de poderes (a diferencia del sistema de separación de poderes) si así lo elige.
A pesar de que los estados han decidido seguir en líneas generales el modelo federal, hay diferencias significativas en algunos de ellos. Uno de los casos más notables es el de la Legislatura unicameral de Nebraska, que, a diferencia de las Legislaturas de los otros cuarenta y nueve estados, tiene solo una Cámara. Mientras que solo hay un presidente federal que selecciona él mismo un Gabinete, la mayor parte de estados tienen a un ejecutivo plural, con miembros del poder ejecutivo elegido directamente por la población y sirviendo como miembros igualitarios del gabinete estatal junto al gobernador. Solo unos pocos estados decidieron tener a sus líderes del poder judicial —sus jueces en los tribunales del estado— sirviendo de forma vitalicia.
Una importante diferencia entre estados es que muchos estados rurales tienen legislaturas de «media jornada», mientras los estados más poblados tienden a tener legislaturas de «jornada completa».​ Texas, el segundo estado más poblado, es una notable excepción a esta regla: excepto para sesiones extraordinarias, la Legislatura de Texas está limitada por ley a ciento cuarenta días naturales cada dos años. En el caso «Baker vs. Carr», la Corte Suprema estadounidense dictaminó que se requiere que todos los estados tengan distritos legislativos proporcionales a su población.
Los estados también pueden organizar sus sistemas judiciales de forma diferente a la judicatura federal, mientras el debido proceso esté garantizado. La mayoría tiene un tribunal de primera instancia, generalmente denominado Tribunal de Distrito (District Court) o Tribunal Superior (Superior Court), un tribunal de apelación de primer nivel, generalmente llamado Tribunal de Apelación (Court of Appeal) y un Tribunal Supremo (Supreme Court). Sin embargo, Texas tiene un tribunal superior separado para procesos criminales. El estado de Nueva York es célebre por su inusual terminología, donde el tribunal de primera instancia se denomina Tribunal Supremo. Así las apelaciones son vistas por el Tribunal Supremo, División de Apelaciones, y de allí pasan al Tribunal de Apelación, que es el más alto tribunal del estado. La mayor parte de los estados basan su sistema legal en el derecho inglés (con sustanciales cambios nacionales propios e incorporación de ciertas innovaciones de derecho civil), con la notable excepción de Luisiana, que toma gran parte de su sistema legal del derecho civil francés.
Los estados pueden ser agrupados en regiones; hay interminables variaciones y agrupaciones posibles, dado que la mayor parte de estas divisiones no están definidas por fronteras geográficas o culturales obvias.