Corte Suprema de Justicia de Colombia

La Corte Suprema de Justicia de Colombia es la más alta instancia judicial de la jurisdicción ordinaria en la República de Colombia. La sede está ubicada en el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá.
Antes de la constitución del 1991 tenía a su cargo, entre otras, las funciones que hoy corresponden a la Corte Constitucional, pero con la creación de este organismo por la carta política colombiana, ha quedado a cargo del ejercicio de su función primordial, la cual es ser el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
El funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de Colombia esta definido en la Constitución Política de Colombia en su artículo 234 (modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2018) el cual establece​:
Está integrada por un número impar de magistrados según lo determine la ley, en el momento actual son 23 magistrados, para períodos individuales de 8 años, elegidos por la misma corporación de listas superiores a 5 candidatos enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. A este sistema de elección se le ha denominado tradicionalmente sistema de cooptación.
La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria de Colombia. Como tal, unifica la jurisprudencia nacional y decide de forma definitiva los litigios de los cuales tiene conocimiento.
Para un cabal desarrollo de sus funciones la Corte Suprema de Justicia se divide en 5 salas, según lo establecido en el artículo 243 de la Constitución Política y junto a ella, lo establecido por el artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, con base en esto, las salas con las cuales cuenta la corte son:
En 2013 asume por primera vez una mujer como presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Dra. Ruth Marina Díaz Rueda.
La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la Jurisdicción Ordinaria. Según el Artículo 235 de la Constitución Nacional son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
1. Actuar como tribunal de casación o conciliación.
2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, por cualquier hecho punible que se les impute (art. 174 y 175 num. 2 y 3).
3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.
4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los Ministros del Despacho, al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales.
5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación, en los casos previstos por el derecho internacional.
La Corte Suprema de Justicia está integrada por 23 magistrados, elegidos por la misma corporación de listas conformadas por el Consejo Superior de la Judicatura, para períodos individuales de ocho años. La corte está dividida en tres salas de casación laboral, penal y civil. Además, tiene una sala plena. Los magistrados actuales que componen cada sala son:​
En la Constitución Política de Colombia, en su artículo 232, se encuentran los requisitos necesarios para integrar como magistrado las Altas Cortes, a saber:
Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:
Parágrafo. Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera judicial.
Lista de presidente de la Corte Suprema
Aunque todos los asuntos atendidos por la Corte Suprema de Justicia son relevantes, algunos han alcanzado un amplio cubrimiento mediático, como los siguientes:​
El papel de la Corte Suprema de Justicia fue preponderante para consolidar y dar legalidad y legitimidad al proceso constitucional que derivó finalmente en la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y que finalmente derivó en la consolidación de la Constitución Política de 1991.
Cabe resaltar que el proceso de la convocatoria a dicha asamblea ocurrió en el marco de las elecciones de Senado, Cámara de Representantes, asambleas departamentales, concejos municipales y alcaldes en 1990. Para ello el movimiento estudiantil de La Séptima Papeleta propuso la inclusión de un séptimo tarjetón en el que se consultaba a los votantes si estaban o no de acuerdo con convocar a una Asamblea Constituyente.
Para la consolidación de esta propuesta fue fundamental el reconocimiento que le dio la Corte Suprema de Justicia al reconocer la mayoritaria voluntad popular validando el voto.
El origen formal del Caso Uribe fue a raíz de la apertura formal de una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia en contra del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, por cuenta de un presunto soborno a testigos y fraude procesal que se habría dado a través de Diego Cadena quien entonces era su abogado.
Cabe resaltar que la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia para conocer dicho caso, debido a que el entonces Senador Álvaro Uribe Vélez, renunció a su escaño como Senador y es Juzgado en la actualidad sin su fuero constitucional por la Fiscalía General de la Nación.
Cabe resaltar que en la actualidad este caso y el que se adelantó de manera individual contra su abogado Diego Cadena no cuentan con sentencia definitiva.
El Cartel de la toga es un caso de corrupción judicial y política de Colombia, en el cual miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia cometieron los delitos de cohecho y concusión. Se destapó en el año 2017, y se considera un incidente grave de corrupción, porque dejó en evidencia un entramado de desviación de la acción penal. Se han realizado más de 50 capturas y extradiciones.
En Colombia se conoce como Escándalo de las chuzadas del DAS el proceso judicial que acabó con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Esta entidad era un departamento directo del presidente de la República y tenía la misión de velar por la seguridad nacional del país. En febrero de 2009 fue descubierta ejecutando una operación ilegal de espionaje ordenada dentro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) principalmente en contra de las Altas Cortes, además de periodistas independientes, políticos de la oposición y defensores de derechos humanos. En ese momento el Departamento Administrativo de Seguridad y otros funcionarios ejecutivos presuntamente en colaboración con organizaciones paramilitares gobierno llevaba a cabo una serie de interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales sin autorización judicial como forma de intimidación y/o monitoreo.