Tercer período legislativo de la Asamblea Nacional del Ecuador

El tercer período legislativo de la Asamblea Nacional del Ecuador estuvo conformado por los asambleístas nacionales, provinciales, distritales y del exterior e inició sus funciones el 14 de mayo de 2017 y finalizó el 13 de mayo de 2021. Los 137 asambleístas del tercer período legislativo fueron elegidos en las elecciones de febrero de 2017.
Las elecciones legislativas de Ecuador de 2017 se celebraron el 19 de febrero de ese año para la elección de los 137 asambleístas que conforman la tercera Asamblea Nacional del Ecuador para el período 2017-2021.
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La Asamblea Nacional tiene un Consejo de Administración Legislativa (CAL), que dirige el parlamento, este consejo está conformado por el Presidente, 2 Vicepresidentes, y 4 vocales. Los miembros del CAL se eligen de entre los asambleístas cada 2 años, la primera elección será en la instalación de la Asamblea, el 14 de mayo de 2017, la segunda será en 2019.
Generalmente las 4 vocalías del CAL se asignan según la mayoría según cada bancada legislativa, la primera vocalía corresponde al partido más votado, la segunda al partido que le siga en votación y así sucesivamente, sin embargo depende del Pleno de la Asamblea la designación de las mismas, pero necesitando ser los candidatos parte de una bancada. Para la Presidencia y Vicepresidencias se puede elegir a cualquier asambleísta.
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Las bancadas legislativas, también conocidas como bloques, son las agrupaciones políticas oficiales dentro de la Asamblea, con derecho a formar parte del CAL y a tener autoridades dentro de las diferentes comisiones legislativas, siendo necesario tener como mínimo un 10% de los asambleístas totales para poder ser conformadas.
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Se formaron varios grupos parlamentarios adicionales durante el trascurso del este período legislativo por rupturas dentro de las bancadas.
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En el anexo se detallan las leyes aprobadas y la labor fiscalizadora del Tercer Período de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional realizó una autodepuración en su tercer período legislativo, mediante la destitución de tres asambleístas y la investigación a otros dos:
El 24 de septiembre de 2018, la asambleísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena visitaron el centro de detención donde guardaba prisión Jéssica Falcón, policía convicta por el caso de secuestro contra el activista político Fernando Balda, en el cual está implicado el expresidente Rafael Correa. Falcón afirma que recibió ofertas de ayuda a cambio de no incriminar en el secuestro a mandos superiores.​
El 13 de noviembre de 2018, Espín fue destituida con 94 votos.​​
El 27 de diciembre de 2018 se dictó prisión preventiva contra la asambleísta Sofía Espín por Oferta de realizar tráfico de influencias,​ medida revocada el 19 de enero de 2019​ pero vuelta a confirmar el 23 del mismo mes.​
En alguna fecha de enero de 2019, Sofía Espín escapó a Bolivia donde solicitó asilo.​
En marzo de 2019, la Fiscalía General del Estado reformuló cargos contra Espín acusándola de fraude procesal.​ En diciembre de 2019, la Fiscalía se abstuvo de presentar acusación, quedando Espín liberada de todo cargo penal.​
Norma Vallejo fue acusada de cobrar "diezmos" o parte de su sueldo a sus colaboradores. Mientras el caso aún avanza en Fiscalía, fue denunciada para destitución por el asambleísta Fabricio Villamar.​
La comisión multipartidista rechazó el cargo de "diezmos" pero la acusó de tramitar cargos públicos, por influencias en contrataciones en el IESS.​
Vallejo alegó que su cabeza fue el resultado de un pacto político para salvar a otros asambleístas.​
Durante su defensa, Vallejo culpó a Ana Galarza de encubrir inasistencias de sus asesores y de permitir que su esposo ingrese a instalaciones de la Asamblea sin autorización.​
El 13 de noviembre de 2018, Vallejo fue destituida con 89 votos.​
En marzo de 2019, Elizabeth Cabezas ejercía la Presidencia de la Asamblea Nacional, cuando recibió una llamada de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, cuyo audio se hizo público, donde ella se refería a términos deshonrosos contra la bancada del Partido Social Cristiano y además buscó bloquear la investigación del caso INA Papers.​
Se conformó una comisión multipartidista, que recomendó no destituirla. Finalmente, el Pleno ratificó su permanencia al alcanzar apenas 62 votos la moción de destitución (se necesitaba 70 votos).​
A raíz de la denuncia de Norma Vallejo antes de ser destituida, el asambleísta Ronnie Aleaga presentó una denuncia contra Ana Galarza por mal uso de tarjetas de identificación de la Asamblea y por piponazgo en sus asesores. La comisión multipartidista recomendó sancionarla con falta administrativa (por uso de tarjetas de identificación), pero un informe de minoría recomendaba su destitución. El informe de la comisión no fue aprobado al lograr apenas 34 votos, mientras que el informe de destitución tuvo 94 votos. Galarza fue destituida el 7 de febrero de 2019.​
En junio de 2020, las asambleístas Verónica Guevara y Tanlly Vera, por separado, denunciaron al asambleísta Daniel Mendoza por gestionar recursos públicos, tras haber sido detenido por su participación en una adjudicación dolosa de construcción de hospital en Pedernales, Manabí.
Vera pidió además que no se le pague remuneración mientras dura su juicio. El Consejo de Administración Legislativa resolvió la suspensión del sueldo, pero no ha iniciado el trámite de destitución.​