Cambio climático en Colombia

El cambio climático en Colombia representa un desafío crítico debido a la diversidad ecológica del país y su alta vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos. Las proyecciones climáticas indican aumentos en la temperatura y variaciones significativas en los patrones de precipitación, lo que impacta directamente en los ecosistemas, la biodiversidad y actividades clave como la agricultura, la pesca y la generación de energía.​ Aunque las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia son relativamente bajas en comparación con el promedio mundial, estas han mostrado un incremento considerable en las últimas décadas, impulsadas principalmente por el cambio en el uso del suelo, la deforestación y el crecimiento del sector energético basado en combustibles fósiles.​
Los principales impactos esperados incluyen el aumento de eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones, la pérdida de hábitats naturales en regiones como la Amazonía y los Andes, y la afectación a la seguridad hídrica y alimentaria del país.​ Estas alteraciones también incrementan la vulnerabilidad de comunidades rurales y urbanas, con repercusiones socioeconómicas significativas.
En respuesta, Colombia ha adoptado diversas políticas y estrategias para enfrentar el cambio climático, incluyendo el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y su compromiso con el Acuerdo de París, mediante la reducción de emisiones y la promoción de la conservación ambiental. No obstante, el país enfrenta desafíos importantes en la implementación y monitoreo de estas iniciativas.​
Colombia es un país altamente vulnerable al cambio climático, cumpliendo con varios de los criterios de vulnerabilidad enunciados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC):
De acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, los impactos del cambio climático en Colombia incluyen el aumento de temperaturas promedio, alteraciones en los regímenes de precipitación, eventos climáticos extremos más frecuentes, pérdida de biodiversidad en ecosistemas estratégicos, y afectaciones significativas en sectores económicos clave como la agricultura y el turismo.​ Además, los patrones cambiantes del clima aumentan los riesgos para la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y la salud de la población, especialmente en comunidades rurales y vulnerables.​
Un informe de la Fundación Natura también destaca que la alta diversidad de ecosistemas del país, que incluye páramos, bosques tropicales y costas, agrava los desafíos de adaptación frente al cambio climático, con consecuencias para la infraestructura, la economía y la calidad de vida.​
En Colombia, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) están principalmente asociadas a sectores como energía, transporte, agricultura y uso de la tierra. Según el Inventario Nacional de Emisiones y Absorciones Atmosféricas elaborado por el Instituto de hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y metano (CH₄) son las más significativas. Entre 1990 y 2018, las emisiones crecieron debido a la expansión de actividades agrícolas, transporte motorizado y procesos industriales. Sin embargo, en los últimos años, se han implementado estrategias para mitigar este impacto, incluyendo el compromiso de reducir en un 51 % las emisiones de GEI para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050.​​
El Gobierno Nacional ha desarrollado una hoja de ruta detallada en el marco de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que establece acciones concretas para reducir emisiones en sectores clave. Estas incluyen el fortalecimiento de sistemas de información climática, el fomento de energías renovables y la promoción de prácticas sostenibles en agricultura y silvicultura. Además, Colombia presentará avances en estos compromisos en su próximo Reporte Bienal de Transparencia bajo el Acuerdo de París.​​
En el país, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) tienen diversas fuentes clave que impactan su contribución al cambio climático global. A continuación, se detallan algunas de las principales áreas responsables de estas emisiones:
El sector energético en Colombia es uno de los mayores emisores de GEI, particularmente debido al uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad y el transporte. Aunque el país cuenta con una matriz energética relativamente limpia gracias a la generación hidroeléctrica, la dependencia del gas natural y el carbón sigue siendo significativa. Frente a esta situación El Gobierno nacional ha propuesto una transición energética hacia fuentes renovables, como la energía solar y eólica, con el objetivo de reducir la huella de carbono del sector y diversificar la matriz energética.​​
La deforestación es otro de los principales motores de las emisiones de GEI en Colombia. Se estima que más del 60% de las emisiones derivan de la conversión de bosques a tierras agrícolas, ganaderas y por actividades ilícitas como la minería ilegal. El informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestra que en 2021, Colombia experimentó una de las tasas de deforestación más altas en América Latina, con una pérdida anual de aproximadamente 200,000 hectáreas de bosques.​ Actividad que no solo aumenta las emisiones de CO₂ debido a la quema y tala de árboles, sino que también reduce la capacidad del país para absorber carbono, exacerbando el cambio climático.​​
La agricultura, particularmente en sus formas tradicionales y extensivas, es una fuente importante de emisiones de metano (CH₄) y óxidos de nitrógeno (NOₓ). El uso de fertilizantes, la gestión de residuos agrícolas y la cría de ganado generan grandes cantidades de estos gases. A pesar de los esfuerzos por promover prácticas agrícolas sostenibles, la expansión de la frontera agrícola y el uso de tierras de forma no sostenible siguen siendo desafíos importantes para reducir las emisiones en este sector.​ El gobierno colombiano, consciente de los retos que enfrenta en términos de emisiones, ha adoptado compromisos a nivel internacional, especialmente a través de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) bajo el Acuerdo de París. Entre sus objetivos, se destaca la meta de reducir las emisiones de GEI en un 51% para 2030 respecto a los niveles de 2010, con el propósito de lograr la carbono-neutralidad para 2050​
Esto incluye no solo la promoción de energías renovables, sino también una reforma estructural en la gestión del uso de la tierra y el fortalecimiento de políticas contra la deforestación. Estas políticas reflejan un enfoque integral para abordar las emisiones de GEI en Colombia, combinando esfuerzos en la transición energética, la restauración de ecosistemas y la mejora de las prácticas agrícolas. La implementación de estas acciones es clave para reducir el impacto de las emisiones y cumplir con los compromisos climáticos internacionales del país.​
Colombia al ser un país con una gran diversidad biológica y ecosistemas únicos, es altamente vulnerable al cambio climático. Este fenómeno ya está generando efectos significativos en diversas áreas, desde las alteraciones en las temperaturas y precipitaciones hasta la alteración de los recursos hídricos y la biodiversidad.​
El aumento de las temperaturas es una de las principales consecuencias del cambio climático en Colombia. Se ha proyectado que para 2040 la temperatura media en el país podría aumentar en 0.9 °C, y hasta 2.4 °C para finales de siglo. Este incremento de la temperatura afecta tanto a las zonas rurales como urbanas, alterando patrones de temperatura y exacerbando las olas de calor en varias regiones, especialmente en áreas de la Amazonía y la Orinoquía, donde el aumento de la temperatura es más evidente.​​
Las precipitaciones en Colombia también se han visto afectadas por el cambio climático. En los últimos 30 años, se ha registrado un aumento de las sequías extremas y de las precipitaciones intensas, lo que ha puesto en riesgo los cultivos y el suministro de agua en diversas regiones. Este cambio en los patrones de precipitación afecta directamente la seguridad alimentaria y la disponibilidad de recursos hídricos.​
El aumento del nivel del mar es otra consecuencia directa del cambio climático que impacta las regiones costeras de Colombia, especialmente en el Caribe y en el Pacífico. Este fenómeno contribuye a la erosión costera, la salinización de los suelos y la pérdida de hábitats críticos para diversas especies, afectando tanto la biodiversidad como la economía local que depende de estos ecosistemas.​
La variabilidad en las precipitaciones y el incremento de la temperatura afectan los recursos hídricos del país. El derretimiento de los glaciares, como los de la Sierra Nevada de Santa Marta, y la alteración de los patrones de lluvia han reducido la disponibilidad de agua en varias regiones del país. Esto pone en riesgo tanto el suministro de agua para consumo humano como la producción agrícola.​​
Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, y el cambio climático presenta una grave amenaza para su rica flora y fauna. Las alteraciones en los hábitats naturales, combinadas con la deforestación y la contaminación, están poniendo en peligro diversas especies. Además, los cambios de temperatura y las alteraciones en los patrones de precipitación afectan la distribución de especies y los servicios ecosistémicos, como la polinización, esenciales para la agricultura.​​
El cambio climático en Colombia no solo afecta al medio ambiente, sino que también tiene repercusiones en la población. Estos impactos se manifiestan en diferentes ámbitos como la salud pública, la economía y la sociedad en general, exacerbando las desigualdades existentes y afectando a las comunidades más vulnerables.​
El cambio climático ha generado condiciones favorables para la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, la malaria y la fiebre amarilla. El aumento de las temperaturas, las lluvias intensas y las inundaciones crean ambientes propicios para la expansión de mosquitos, especialmente en zonas cálidas y húmedas como la región Caribe y la Amazonía. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), entre 2019 y 2022, Colombia registró más de 120,000 casos de dengue anualmente, con un incremento del 36% en años de fenómenos climáticos como El Niño.​
Las olas de calor extremas y los fenómenos climáticos extremos afectan especialmente a las poblaciones vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que el aumento de temperaturas incrementa el riesgo de golpes de calor y enfermedades respiratorias en zonas de alta exposición al calor y contaminación. En ciudades costeras como Barranquilla y Cartagena, el índice de calor puede superar los 40 °C, exacerbando las hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias.​
Por otro lado, la contaminación atmosférica en las zonas urbanas, intensificada por incendios forestales, emisiones vehiculares y fuentes industriales, agrava las enfermedades crónicas respiratorias, como el asma y la bronquitis crónica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mala calidad del aire contribuye a aproximadamente 7 millones de muertes prematuras anuales en el mundo, siendo América Latina una de las regiones más afectadas por esta problemática debido al crecimiento urbano desordenado.​
El cambio climático tiene efectos directos en sectores clave de la economía colombiana como:
El cambio climático exacerba las desigualdades sociales en Colombia, afectando principalmente a las comunidades con menos recursos económicos y menor capacidad de adaptación, como las poblaciones rurales, indígenas y afrocolombianas.
La pérdida de ecosistemas naturales no solo reduce la biodiversidad, sino que también limita los servicios ecosistémicos que benefician a las comunidades humanas, estos se pueden ver reflejados en los siguientes aspectos:
El cambio climático amenaza directamente la seguridad alimentaria en Colombia, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Las lluvias extremas, sequías prolongadas y cambios en los patrones climáticos impactan negativamente los cultivos de alimentos básicos como el maíz, el arroz y las hortalizas, generando pérdidas económicas significativas y desabastecimiento.​
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el estrés hídrico, que se ha intensificado debido a las variaciones climáticas, ha reducido la producción agrícola en un 20% en regiones clave como los Llanos Orientales y la Costa Atlántica, afectando principalmente la producción de arroz, maíz y yuca. Este fenómeno está vinculado a las alteraciones en los patrones de precipitación, que modifican la distribución temporal de las lluvias, afectando el ciclo agrícola.​
A su vez, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reporta que la escasez de agua ha generado una caída en los rendimientos de los cultivos, especialmente en las regiones del Caribe colombiano y los Llanos Orientales. Las sequías prolongadas en estas áreas, sumadas a las inundaciones repentinas, contribuyen a la pérdida de cosechas, afectando la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.​
El impacto económico de esta crisis alimentaria es considerable. Desde 2020, los precios de los alimentos básicos han incrementado en un 15% en promedio, lo que ha generado un alza en el costo de vida y afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), las regiones afectadas por la disminución en la producción agrícola enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria, particularmente en zonas rurales donde las alternativas de ingresos son limitadas.​
Además, las alteraciones climáticas también afectan la pesca artesanal, una fuente importante de proteína para las poblaciones costeras. La Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT) ha informado que el aumento de la temperatura en los océanos está afectando las poblaciones de peces en la región del Caribe, lo que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de este recurso.​
Colombia, al ser uno de los países más biodiversos del mundo, ha implementado diversas estrategias para enfrentar el cambio climático. Estas acciones están orientadas tanto a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como a la adaptación a los impactos climáticos. Estas políticas están alineadas con compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, y buscan proteger los ecosistemas estratégicos, reducir las emisiones y fortalecer la resiliencia de las comunidades vulnerables.
Las acciones de mitigación en Colombia se centran en la reducción de emisiones de GEI y la transición hacia una economía baja en carbono.
La adaptación al cambio climático en Colombia se enfoca en fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y comunidades vulnerables. Se pueden detallar los siguientes aspectos:
Colombia ha reafirmado su compromiso con el Acuerdo de París, estableciendo la meta de reducir sus emisiones de GEI en un 51% para 2030 y alcanzar la carbono-neutralidad para 2050. Para lograrlo, el país ha presentado su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) actualizada y participa activamente en foros como la COP y la Alianza de Países Amazónicos.​El país ha establecido la meta de neutralidad de carbono como objetivo a largo plazo.​ Para lograr estos objetivos, el país ha delineado una hoja de ruta que incluye medidas de mitigación y adaptación necesarias para cumplir con las metas establecidas en su NDC actualizada.​
Colombia también participa activamente en foros internacionales como la Conferencia de las Partes (COP) y la Alianza de Países Amazónicos. En la COP16, celebrada en Cali entre el 20 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, se destacó la importancia de la protección y el cuidado de la Amazonía en las negociaciones globales sobre biodiversidad.​
Asimismo, Colombia ha trabajado en fortalecer alianzas con países como Brasil para la defensa de la Amazonía y la promoción de la biodiversidad en la agenda internacional. En este contexto, se han organizado reuniones en la Asamblea de Naciones Unidas para consolidar la alianza de los 17 países más biodiversos del mundo.​ Estos compromisos y acciones reflejan la determinación de Colombia para enfrentar los desafíos del cambio climático y contribuir a los esfuerzos globales en la protección del medio ambiente y la biodiversidad.
Colombia ha reconocido la necesidad de contar con un financiamiento robusto para abordar los efectos del cambio climático y avanzar en las políticas de mitigación y adaptación. En este sentido, ha sido clave la participación del país en iniciativas internacionales y el acceso a fondos globales para fortalecer su capacidad de respuesta frente a los desafíos climáticos.
A pesar de los avances en la movilización de recursos, Colombia enfrenta desafíos en la coordinación interinstitucional y en la atracción de inversión privada para proyectos climáticos. La implementación efectiva del MRV de Financiamiento Climático es crucial para superar estas barreras y garantizar una asignación eficiente de los recursos.​En particular, el país fortalece la coordinación entre las entidades públicas y privadas para canalizar los recursos de manera eficiente.​
Es así, como la reciente iniciativa del gobierno colombiano, que lanzó una cartera de inversiones por $40 mil millones para la transición energética y climática, representa una oportunidad significativa para fortalecer la acción climática en el país.​ El compromiso de Colombia con la carbono-neutralidad para 2050 ha abierto nuevas oportunidades para la financiación climática. Iniciativas como la Estrategia Climática de Largo Plazo (E2050) buscan construir un desarrollo resiliente al clima, promoviendo la carbono-neutralidad en las acciones productivas y extractivas del país.​
Además, programas como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, al disminuir las emisiones causadas por la deforestación y promover la conservación de los bosques. Estos proyectos, implementados en regiones como el Amazonas y el Pacífico colombiano, no solo contribuyen a la conservación ambiental, sino que también generan recursos adicionales para las comunidades locales.
La participación de Colombia en la Alianza del Pacífico también ofrece una plataforma para generar recursos adicionales, especialmente para proyectos de conservación y restauración de bosques. A través de esta colaboración regional, se promueven políticas y acciones conjuntas que facilitan la movilización de financiamiento climático y fortalecen la capacidad del país para alcanzar sus metas de carbono-neutralidad.​
En Colombia, el cambio climático es considerado una de las principales amenazas ambientales. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Cambio Climático 2023 realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 87% de los colombianos considera que este fenómeno representa un problema grave o muy grave para el país. Asimismo, el 74% de los encuestados afirmó estar dispuesto a modificar sus hábitos diarios, como el uso eficiente de agua y energía, para contribuir a su mitigación.​
Un estudio realizado por el Banco Europeo de Inversiones en 2023 reveló que el 94 % de los colombianos considera el cambio climático como una amenaza grave para su país. Además, 9 de cada 10 ciudadanos exigen la implementación de políticas más estrictas para combatirlo. Este nivel de preocupación supera el promedio global y refleja una alta conciencia ambiental en la sociedad colombiana. Entre las acciones prioritarias señaladas por los encuestados destacan la transición hacia energías renovables, la mejora en el manejo de residuos y la protección de los ecosistemas estratégicos, como los bosques y páramos. Asimismo, los colombianos perciben la lucha contra el cambio climático como una responsabilidad compartida entre los ciudadanos, el gobierno y las empresas privadas.​
Por otra parte, un estudio desarrollado por la Universidad de los Andes reveló que la percepción del cambio climático varía significativamente según el nivel educativo y la ubicación geográfica. Las comunidades rurales, especialmente en regiones como la Amazonía y el Caribe, lo asocian principalmente con fenómenos específicos como la deforestación, las sequías y las inundaciones. En contraste, las áreas urbanas, particularmente Bogotá y Medellín, se preocupan más por la contaminación del aire y el incremento de las temperaturas urbanas.​​
En los últimos años, Colombia ha sido testigo de un aumento en la movilización social relacionada con la crisis climática. Grupos juveniles como Fridays for Future Colombia han liderado marchas y campañas para exigir mayor ambición en las políticas climáticas.​ Asimismo, organizaciones indígenas, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), han jugado un papel clave al resaltar la importancia de los saberes ancestrales en la adaptación al cambio climático.​​
Eventos anuales como el Día Sin Carro y Sin Moto, implementado en ciudades como Bogotá y Medellín, han generado conciencia sobre la necesidad de reducir las emisiones de carbono en los entornos urbanos.​ Según un informe del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, estas iniciativas han resultado en una disminución de las emisiones diarias en estas ciudades, citando a Bogotá como una de las primeras ciudades del mundo en crear ciclovías de emergencia.​
Bogotá recibió el Premio de Transporte Sostenible 2022, otorgado por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), como reconocimiento a sus innovaciones en movilidad sostenible y su impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. La ciudad ha liderado proyectos que promueven modos de transporte bajos en carbono, como la expansión de su red de ciclovías, la introducción de 1.485 buses eléctricos considerada la flota más grande de América Latina y la mejora en la infraestructura peatonal.​
Estas iniciativas no solo han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también han mejorado la calidad de vida de los habitantes al priorizar espacios públicos seguros y accesibles. Este enfoque, destacado como ejemplo para otras ciudades del mundo, refleja el compromiso de Bogotá con un desarrollo urbano sostenible y su contribución a la mitigación del cambio climático.​
El cambio climático se ha integrado progresivamente en los programas educativos. El Ministerio de Educación Nacional, en alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desarrolló el programa Escuelas Climáticas, que ha capacitado a más de 70,000 estudiantes y docentes en áreas rurales y urbanas en estrategias para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático.​ Según un informe del Banco Mundial, estas iniciativas han fortalecido la resiliencia de las comunidades vulnerables, promoviendo prácticas sostenibles y el empoderamiento local.​
Otra de las estrategias implementadas es la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático (ENEFSPCC), que establece directrices para crear capacidades a nivel local, regional y nacional en temas de cambio climático. Esta estrategia promueve el acceso a la información, fomenta la conciencia pública, la capacitación, la educación, la investigación y la participación ciudadana en asuntos relacionados con el cambio climático.​ Además, el Programa Nacional de Educación Ambiental busca beneficiar a más de 5.000 instituciones educativas y 13 territorios priorizados en el país, incluyendo regiones como la Amazonía, La Mojana, la Ciénaga Grande de Santa Marta, el Macizo colombiano y el Pacífico biogeográfico. A través de este programa, se brinda formación a establecimientos educativos y se acompaña a territorios priorizados para promover la educación ambiental y la sostenibilidad.​