Pandemia de COVID-19 en España

La pandemia de COVID-19 en España es parte de la pandemia de COVID-19 provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. El primer caso de COVID-19 en España fue diagnosticado el 31 de enero de 2020 en San Sebastián de La Gomera,​La Gomera, mientras que el primer fallecimiento conocido ocurrió el 13 de febrero en Valencia.​ Se estima que en 2020 la pandemia causó en España más de 80 000 fallecimientos.​ A enero de 2022 los fallecidos confirmados mediante prueba PCR eran más de 92 591.​ La gran mayoría de los fallecidos eran personas mayores de 65 años. Según el estudio de seroprevalencia ENE-COVID, uno de cada diez españoles había sido infectado por el virus hasta noviembre de 2020.​
Ante la rápida expansión del virus, el 14 de marzo el Gobierno español decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional y, amparado en esta medida, limitó la libre circulación de los ciudadanos a actos esenciales como la adquisición de alimentos y medicamentos o acudir a centros médicos o al lugar de trabajo, resultando en un confinamiento de la población en sus lugares de residencia. El 28 de marzo se suspendió toda actividad laboral presencial no esencial durante quince días. El 2 de abril se registró el mayor número de muertes por coronavirus en un día (950). El Congreso de los Diputados fue autorizando sucesivas prórrogas del estado de alarma hasta un total de seis veces.​ A partir del 28 de abril comenzó el plan de desescalada asimétrica por provincias.​ A mediados de junio, España era el quinto país en número de casos confirmados, por detrás de Estados Unidos, Brasil, Rusia, y Reino Unido, y el sexto país en número de personas fallecidas, por detrás de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Italia y Francia.​
El 21 de junio, tras 98 días, expiró el estado de alarma y España entró en la llamada «nueva normalidad». A lo largo del verano, sin embargo, se multiplicaron los rebrotes en distintos puntos del país, que no pudieron ser contenidos y degeneraron en transmisión comunitaria. El 21 de octubre España superó el millón de contagiados. El 25 de octubre el Gobierno decretó de nuevo el estado de alarma para hacer frente a la segunda ola de contagios. Se estableció el toque de queda nocturno, dejando en manos de los gobiernos autonómicos las medidas de contención. Cuatro días después, el Congreso aprobó prorrogar el estado de alarma hasta mayo de 2021.
El 27 de diciembre de 2020 comenzó la campaña de vacunación en España con la vacuna de Pfizer y BioNTech, una semana después de ser aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos y la Comisión Europea. Posteriormente se sumaron la vacuna de Moderna en enero de 2021, la vacuna de AstraZeneca-Oxford en febrero y la vacuna de Jannsen en abril. El 9 de febrero de 2021 se superaron los tres millones de contagiados. El 13 de julio de 2021 se superaron los cuatro millones de contagiados.
El 14 de julio de 2021 el Tribunal Constitucional sentenció por seis votos contra cinco que el estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 fue inconstitucional porque para ordenar el confinamiento de la población se tendría que haber declarado el estado de excepción.​​​
El 27 de octubre de 2021 nuevamente el TC vuelve a fallar contra la estrategia jurídica del Gobierno de Pedro Sánchez, declarando inconstitucional el segundo estado de alarma por la falta de control parlamentario sobre el Ejecutivo y la denominada "cogobernanza", al haberse delegado competencias exclusivas del Gobierno central a las comunidades autónomas​​ sin consentimiento expreso del Congreso de los Diputados y del Senado.
Estas sentencias sorprendieron al Gobierno, debido a que el partido político que lo había denunciado había votado a favor de la primera prórroga del primer estado de alarma,​ a que el propio Tribunal Constitucional no sancionaba penalmente al Gobierno y declaraba que los estados de alarma promulgados eran “necesarios para hacer frente al virus”,​ y a que el recurso de inconstitucionalidad solo afectaba al apartado de un artículo que regulaba los horarios de paseo por la calle. Al declararse ilegales ambos estados de alarma, se tuvieron que devolver las sanciones impuestas a la ciudadanía.​
Hasta el 29 de noviembre de 2023, se contabiliza la cifra de 13 914 811 casos confirmados, 121 760 fallecidos y 13 762 417 recuperados del virus.​
El 31 de enero de 2020, cuando en todo el planeta se contabilizaban menos de 10 000 infectados confirmados, el Ministerio de Sanidad comunicó el primer caso positivo de COVID-19 en España: un turista alemán que se encontraba hospitalizado y aislado en el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, en la isla de La Gomera. Estaba en observación junto a otras cuatro personas al haber estado en contacto con un positivo en Alemania.​​ El 24 de abril de 2020, en el diario La Vanguardia se podía leer el titular: «El coronavirus llegó a la Península mucho antes de que se detectara el primer caso»​ y el 24 de noviembre en el periódico ABC: «Sanidad reconoce ahora casos de Covid el 1 de enero, un mes antes de la fecha “oficial”».​ En enero de 2021, al cumplirse el primer aniversario de la detección del primer caso, existe consenso en que aquel caso detectado el 31 de enero de 2020 inició la pandemia en España.​
El segundo caso fue diagnosticado el 10 de febrero en un paciente británico residente en Palma de Mallorca, que contrajo la enfermedad al estar en contacto con un compatriota en los Alpes, el cual se había infectado en un viaje a Singapur. Fue ingresado y aislado junto con su cónyuge y sus dos hijas en el Hospital de Son Espases.​ Análisis posteriores han mostrado que existían infectados en España tan pronto como el 1 de enero de 2020.​
El 12 de febrero, el mayor congreso tecnológico del mundo, el Mobile World Congress de Barcelona, fue cancelado a pesar de que las autoridades sanitarias insistían en que no existía ningún riesgo.​​ La decisión se tomó tras confirmar algunas de las mayores empresas de tecnología del planeta que suspendían su presencia en el congreso, entre las que se encontraban LG, Facebook, Sony o Vodafone, por el miedo al contagio a gran escala de los asistentes.​
Los días 24 y 25 de febrero, se reportaron varios casos positivos repartidos por España provenientes del norte de Italia: un médico y su mujer, procedentes de Lombardía que se encontraban de vacaciones en Tenerife y que supuso la cuarentena de los 700 huéspedes del hotel en el que se encontraban;​ una mujer italiana residente en Barcelona que había visitado Bérgamo y Milán en fechas recientes;​ un varón en Villarreal que había estado de viaje en Milán;​ y un joven en Madrid que había estado de viaje por el norte de Italia.​ Con posterioridad se ha sabido, mediante análisis genéticos, que desde mediados de febrero ocurrieron más de quinientas entradas independientes del virus en España, destacando las relacionadas con el partido de fútbol Atalanta de Bergamo - Valencia CF jugado en Milán; la Semana de la Moda de Milán, y la feria de arte contemporáneo ARCO de Madrid.​
El 26 de febrero se detectó el primer caso de contagio local, siendo el undécimo positivo en España: un onubense de 62 años, residente en Sevilla que no había salido en fechas recientes del país.​ Comenzó a tener síntomas el 12 de febrero y, ante la falta de remisión de la fiebre, fue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío sin sospechas de la nueva enfermedad al no haber estado en zonas de riesgo. Hasta el cambio de protocolo ante casos de neumonía de origen desconocido, no se diagnosticó la enfermedad y se determinó su aislamiento completo.​ El mismo día, Fernando Simón, portavoz del Ministerio de Sanidad, anunció que se había elevado el nivel de riesgo de contagios de bajo a moderado.​ Al día siguiente, se notificaron ocho casos de origen italiano y uno procedente de Irán, en Cataluña, Castilla y León y Valencia.​​​ El 28 de febrero, nueve personas más dieron positivo en Andalucía​​​ y se confirmó un quinto caso en Madrid.​ El 29 de febrero, Asturias y Navarra notificaron sus primeros casos, uno cada uno.​​ Se contabilizaba medio centenar de casos confirmados.​
El 1 de marzo, en Andalucía, se confirmó que dos médicos estaban infectados, lo que aumentó el número de casos andaluces a 12.​ En el País Vasco se han notificado otros cuatro casos, procedentes de otras partes de España.​ En Castilla-La Mancha se confirmó el primer caso de coronavirus y Extremadura anunció los primeros cuatro casos.​ El pasado 2 de marzo en Cantabria, nueve nuevos casos procedentes de personas que viajaron a Italia aumentaron el total de casos allí a 10 casos en la comunidad.​ En Castilla y León, cinco nuevos casos en un día, elevan a ocho las personas afectadas por el coronavirus en la región.​ Cataluña reportó tres casos positivos más, todos relacionados con viajes desde Italia.​ En Extremadura se han registrado dos nuevos positivos, lo que eleva el total a 6.​ Madrid informó que su total había aumentado a 29.​ En La Rioja se confirmó el primer caso.​
El 3 de marzo se notificaron el segundo y tercer caso en Asturias.​​En las Islas Baleares se confirmó un tercer caso positivo.​ En Euskadi tres positivos más, dos en Álava y el primero en Vizcaya, elevan el total de positivos a 13 para la región.​ En Castilla-La Mancha se han notificado cuatro nuevos casos, con lo que el total asciende a siete, dos en la provincia de Guadalajara y otros dos en la provincia de Toledo.​ En la Comunidad de Madrid se han registrado 27 nuevos casos positivos de coronavirus, lo que eleva el total a 56, con cinco graves en cuidados intensivos.​ En La Rioja se confirmó el segundo caso de coronavirus.​ En la Comunitat Valenciana se confirmaron cuatro nuevos casos, lo que eleva el número de infectados a 19 casos.​ La primera muerte en Madrid tuvo lugar el 3 de marzo, pero no se confirmó hasta el 5 de marzo.​​
El 4 de marzo se conoció la primera víctima mortal relacionada con el COVID-19 en España: un varón de 69 años que había fallecido el 13 de febrero en el Hospital de Arnau de Vilanova (Valencia) por una neumonía de origen desconocido. El paciente había ingresado a principios de febrero, tras un viaje a Nepal. Debido al cambio de protocolo, se realizó una necropsia en la que se descubrió que estaba infectado.​ A esa fecha, el Ministerio de Sanidad había notificado 198 casos confirmados repartidos en 15 comunidades autónomas, manteniendo el nivel 1 de contención, pero anunciando la celebración a puerta cerrada de los eventos deportivos en los que pudiera haber alta presencia de público de los países afectados y la cancelación de congresos o seminarios de sanitarios.​
El 7 de marzo se realizó el primer confinamiento por coronavirus en las localidades de Haro y Casalarreina.​​ El 8 de marzo hubo varios agrupaciones multitudinarias. En Madrid unas 120 000 personas participaron en una marcha del Día Internacional de la Mujer y unos 60 000 aficionados al fútbol llenaron uno de los estadios más grandes de la ciudad.​​​ La oposición parlamentaria especuló que la voluntad de permitir la celebración del Día Internacional de la Mujer fue una de las principales razones por las que el Gobierno minimizó el peligro y retrasó la respuesta a la pandemia hasta más tarde.​​ El 9 de marzo, cuando se contaban 999 casos positivos y 16 fallecidos en España,​ los gobiernos autonómicos de las regiones más afectadas comenzaron a tomar medidas para evitar la propagación. La Comunidad de Madrid anunció la cancelación de las clases durante dos semanas, así como la cancelación o retraso de las consultas médicas, pruebas diagnósticas y cirugías no esenciales.​ El Gobierno Vasco suspendió las clases en centros educativos de Vitoria y Labastida.​ La Rioja tomó la misma decisión con sus centros educativos el 10 de marzo.​ Ese mismo día, la Generalidad Valenciana anunció el aplazamiento de Las Fallas, previstas del 15 al 19 de marzo.​
El 10 de marzo, el Consejo de Ministros acordó la prohibición de todos los vuelos directos entre Italia y España y la suspensión de los eventos de más de mil personas en Madrid, La Rioja y Vitoria.​ El Congreso de los Diputados y el Senado suspendieron su actividad parlamentaria debido al contagio del diputado de Vox Javier Ortega Smith.​ Al día siguiente, la Asamblea de Madrid y el Parlamento de Andalucía suspendieron su actividad por el positivo de los diputados de Vox en sus respectivos órganos.​​ Ese mismo día, el Ministerio de Cultura ordenó el cierre de todos los centros dependientes del Ministerio en Madrid, incluyendo los museos de El Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, la Biblioteca Nacional o el Palacio Real, entre otros.​
El 12 de marzo, la Generalidad de Cataluña ordenó el confinamiento durante dos semanas de las localidades de Igualada, Vilanova del Camí, Ódena y Santa Margarita de Montbuy después de que el Hospital de Igualada se convirtiera en un foco de contagio, afectando esta decisión a 70 000 personas y convirtiéndose en la primera medida de este tipo en España.​ Se confirman dos casos del virus en la ciudad autónoma de Melilla mientras que los dos primeros casos se notifican en la isla de La Palma.​ Mientras tanto, todos los gobiernos autonómicos decretaron el cierre de sus centros educativos, dejando a más de diez millones de estudiantes (un millón en la universidad y nueve millones en la educación primaria y secundaria) en casa, inicialmente durante dos semanas. La Liga de Fútbol anunció la suspensión de todos sus partidos.​​ El índice bursátil español, IBEX 35, cayó un 14 %, en la mayor caída de la historia en un día.​
El 13 de marzo, con 4209 positivos y 120 fallecidos, la Comunidad de Madrid ordenó el cierre de todos los locales hosteleros y Marruecos suspendió las comunicaciones aéreas y marítimas con España, así como el cierre de los pasos fronterizos con Ceuta y Melilla.​ El 15 de marzo se diagnosticó el primer caso en Ceuta.​
En las primeras etapas de la pandemia de COVID-19 en España, la capacidad para realizar pruebas diagnósticas era limitada, lo que dificultaba la detección y contención del virus. El Ministerio de Sanidad reconoció esta carencia, atribuyéndola a problemas logísticos.​ Ante esta situación, el profesor José Manuel Bautista, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid, tomó la iniciativa de coordinar una red de laboratorios universitarios para aumentar la capacidad de realización de pruebas PCR.​ El profesor Bautista movilizó a equipos de diferentes facultades, incluyendo Veterinaria, Farmacia y Biología, logrando en tiempo récord analizar más de 3.000 muestras semanales, con un enfoque especial en residencias de ancianos, uno de los colectivos más afectados por la pandemia ​ Esta colaboración entre instituciones académicas y sanitarias fue crucial para ampliar la capacidad diagnóstica y mejorar la respuesta frente al COVID-19 en España. Además, Bautista lideró el proyecto COVID-LOT, un sistema de rastreo en saliva que permitía analizar la infectividad por SARS-CoV-2 en hasta 2.000 muestras diarias, facilitando el cribado en colectivos amplios de manera eficiente.​ La actuación del profesor Bautista y su equipo demostró la importancia de la colaboración científica y la rápida adaptación de recursos en situaciones de emergencia sanitaria.
El 14 de marzo, cuando en España se contaban alrededor de 6000 casos y de 200 muertos,​ el Consejo de Ministros declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional con el objetivo de frenar la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Se estableció inicialmente por un periodo de 15 días naturales mediante el Real Decreto 463/2020, disponiendo como autoridad competente al Gobierno de España a través de los Ministros de Defensa (Margarita Robles), del Interior (Fernando Grande-Marlaska), de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (José Luis Ábalos) y de Sanidad (Salvador Illa), bajo la dirección de la Presidencia del Gobierno (Pedro Sánchez). Se limitó la libertad de circulación de los ciudadanos, que solo podían circular por las vías públicas para la adquisición de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, para acudir a centros sanitarios, al lugar de trabajo o entidades financieras o aseguradoras, para la asistencia a personas mayores, menores, dependientes o especialmente vulnerables, así como por causas de fuerza mayor. También se cerraron los establecimientos minoristas, excepto aquellos relacionados con la venta de alimentos, de productos sanitarios e higiénicos, de prensa y papelería, de tecnología, gasolineras, estancos, tintorerías y lavanderías, siempre y cuando tomaran precauciones para evitar la aglomeración de personas. En este mismo ámbito, se suspendieron las actividades de hostelería y restauración, pero pudiendo continuar con las entregas a domicilio.​ Fue la segunda vez que se usó este mecanismo constitucional en España, tras el decretado con motivo de la crisis de los controladores aéreos de 2010.​
Otras medidas contenidas en el Real Decreto para asegurar el distanciamiento social incluyen la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los niveles y de la apertura al público de la actividad cultural y deportiva, así como la suspensión de todas las fiestas populares, la reducción en la oferta de transportes públicos y el condicionamiento de la celebración de ceremonias religiosas y civiles al respeto de la distancia entre los asistentes.​ El 18 de marzo, entraron en vigor algunas modificaciones mediante el Real Decreto 465/2020, incluyendo a los centros sanitarios y veterinarios como excepciones a la suspensión de su apertura al público, ampliando la prohibición de circulación a los espacios públicos y condicionando la circulación a realizar las tareas permitidas individualmente, excepto si son acompañados por menores, mayores o dependientes.​
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el 16 de marzo el restablecimiento de los controles fronterizos terrestres de España con sus países vecinos, permitiendo la entrada únicamente a ciudadanos españoles o residentes, trabajadores transfronterizos, transportes de mercancías y causas de fuerza mayor.​ Estas limitaciones se ampliaron a los puertos y aeropuertos nacionales el 22 de marzo, con excepciones similares e incluyendo a residentes en la Unión Europea o el espacio Schengen que estuvieran retornando a sus lugares de residencia, a los titulares de un visado de larga estancia, al personal sanitario o de cuidados de mayores que acudieran a ejercer su actividad y al personal de vuelo necesario para el desarrollo de actividad aérea comercial.​ Dentro de las propias fronteras españolas, el 17 de marzo se cerraron las conexiones marítimas y aéreas de la Península con Ceuta y Melilla,​ mientras que el día 19 de marzo se restringieron las conexiones marítimas y aéreas con Baleares y Canarias y entre las propias islas.​
Durante las primeras semanas del estado de alarma, el número de contagios y de fallecidos aumentó a un ritmo muy elevado. La curva del coronavirus, representada en una gráfica como número de contagios conocidos y de muertes diarios, siguió una línea ascendente muy acusada.​ El principal objetivo del Gobierno era la ralentización de los contagios para evitar el colapso sanitario. La atención mediática se centró en lograr llegar al «pico de la curva»: el momento en el que los contagios diarios comenzaran a descender, o al menos, a estabilizarse formando una meseta. Cuanto más bajo fuera el pico, más capacidad tendría el sistema sanitario para absorber a los pacientes infectados.​ El 31 de marzo, se registró el mayor número de casos detectados (9222) en un solo día, mientras que el mayor número de fallecimientos en una jornada (950) fue registrado el 2 de abril, produciéndose una cierta estabilización de la curva y adoptando una fase de meseta sostenida que se mantuvo durante las siguientes semanas.​​
A pesar de los esfuerzos, las comunidades autónomas más afectadas se acercaron al límite de la capacidad de sus unidades de cuidados intensivos, llegando a doblar el número de camas disponibles.​ Se levantaron numerosos hospitales de campaña en las regiones más afectadas para aliviar la presión asistencial de sus centros sanitarios,​ entre ellos el Hospital de IFEMA, con una capacidad proyectada para hasta cinco mil camas y para el cual se destinaron efectivos sanitarios de la red sanitaria de la Comunidad de Madrid, debiendo cerrar por ello muchas unidades de atención primaria de toda la región.​​ Además, debido al elevado número de fallecidos en la comunidad, se habilitaron de manera extraordinaria hasta tres morgues, dos de ellas situadas sobre pistas de patinaje sobre hielo de dos centros comerciales y una más en la Ciudad de la Justicia en el lugar que está reservado para la sede del Instituto Anatómico Forense.​
También se habilitaron hoteles medicalizados en algunas regiones, como Madrid, Cataluña, Andalucía o Valencia, en los que permanecieron los pacientes con un cuadro menos grave de la enfermedad o aquellos infectados que no podían cumplir el autoaislamiento en sus domicilios de una manera eficaz. Para la atención de estas personas, se formaron equipos médicos que contaron con licenciados en Medicina pendientes de realizar el MIR bajo la supervisión de facultativos. Estos hoteles también se destinaron al cuidado de personas provenientes de residencias de mayores que no podían cumplir con las medidas de aislamiento o que no podían hacerse cargo de los residentes por contagios entre su personal.​​
Durante la primera semana de cuarentena, los casos aumentaron hasta los 28 572 positivos confirmados y 1720 fallecidos, lo que llevó al Gobierno a solicitar la prórroga del estado de alarma al Congreso de los Diputados. El 26 de marzo, en un pleno al que solo 43 diputados asistieron presencialmente, con el resto ejerciendo su voto de manera telemática, el estado de alarma fue prorrogado hasta el 11 de abril, con 321 votos a favor. Tan solo algunos partidos nacionalistas optaron por la abstención, al preferir que el confinamiento fuera total.​
Algunos gobiernos autonómicos, como Cataluña y Región de Murcia, comenzaron a ejercer presión al ejecutivo central para que endureciera el estado de alarma, suspendiendo aquellas actividades laborales no esenciales, algo con un fuerte impacto económico y sin un consenso claro en la comunidad científica sobre su eficacia real.​ Finalmente, el Consejo de Ministros del 29 de marzo aprobó el Real Decreto-Ley 10/2020 en el que suspendió la actividad productiva no esencial, que se hizo efectiva el 31 de marzo. Esta medida, denominada como «hibernación de la economía» por la ministra de Trabajo, afectó principalmente a los sectores de la construcción y de la industria que realizaban su trabajo de manera presencial. Solamente se permitió la actividad presencial que estuviera relacionada con el sostén del sistema sanitario u otros servicios esenciales.​ Los presidentes autonómicos Núñez Feijóo y Urkullu fueron críticos con esta decisión, mientras que Quim Torra, López Miras y Fernández Mañueco celebraron el bloqueo total para la contención del virus.​ Esta medida, que coincidió en parte con lo que hubiera sido el periodo vacacional de Semana Santa, estuvo vigente hasta el 13 de abril.​
El 9 de abril, el Congreso de los Diputados autorizó al Gobierno a una segunda prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. Esta vez obtuvo menos apoyos que en la primera ampliación: la votación salió adelante con 270 votos a favor, 25 abstenciones y los 54 votos en contra de Vox y la CUP. A pesar de votar a favor, el Partido Popular reprochó la gestión de la coalición de gobierno durante la crisis.​ El 22 de abril, por tercera vez la Cámara Baja aprobó la prórroga del estado de alarma. En esta ocasión, el partido nacionalista Junts per Catalunya que en las dos anteriores ampliaciones se había abstenido, votó en contra junto a Vox y la CUP, por lo que la proposición se aprobó con 269 votos a favor, 60 en contra y las 16 abstenciones de los partidos nacionalistas Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu, extendiendo el confinamiento hasta el 10 de mayo.​
Tras cuarenta y dos días de confinamiento, con la tercera prórroga del estado de alarma el 26 de abril, se inició la primera medida de alivio de la cuarentena: los menores de catorce años pudieron salir a pasear, hacer deporte o jugar durante una hora al día, acompañados de un adulto y hasta un kilómetro de sus domicilios, respetando el distanciamiento social.​ El 28 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un plan de desescalada en cuatro fases para reducir de manera gradual el confinamiento. El paso a cada una de las fases sucesivas se llevaría a cabo de manera asimétrica en cada provincia o isla según su situación epidemiológica, con un periodo mínimo de dos semanas entre fases. La movilidad entre provincias continuaría restringida hasta concluir las cuatro fases.​ El cambio de fase fue determinado por un comité de expertos, cuya composición no se conoció hasta diciembre por la negativa del ministerio a revelar sus nombres.​
El 21 de mayo se hizo obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos a partir de los 6 años.​
El 21 de junio de 2020, tras 98 días y seis prórrogas, terminó el primer estado de alarma y todo el país entró oficialmente en la fase de la «nueva normalidad».​​ Si bien el Gobierno central había estipulado que cada fase de la desescalada debía durar como mínimo dos semanas, a partir de la fase 3 las competencias en la gestión de la epidemia revirtieron a los gobiernos autonómicos y algunos decidieron ir más rápido. Así, Cataluña puso fin a la fase 3 solo un día después de comenzarla.​ Madrid simplemente esperó a que decayese el estado de alarma y no llegó a pasar por la fase 3.​ No obstante, en verano algunas zonas de España rápidamente tuvieron que adoptar medidas por rebrotes o endurecieron las normas de prevención para evitarlos.​
El 9 de octubre de 2020 el Gobierno decretó el estado de alarma en nueve municipios de la Comunidad de Madrid para responder a una nueva escalada de casos diagnosticados por coronavirus. Este estado de alarma prohibía, entre otras cosas, entrar o salir de los municipios afectados sin causa justificada.​ Se declaró tras el auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba parte de la orden ministerial del Ministerio de Sanidad, que se consideraba que restringía derechos fundamentales. El estado de alarma en Madrid acabó el 24 de octubre.
El 21 de octubre España superó el millón de contagiados, el primer país de Europa occidental en hacerlo.​​ El 25 de octubre de 2020 el Gobierno central decretó de nuevo el estado de alarma con carácter nacional para hacer frente a la segunda ola de la pandemia, pero sin establecer un nuevo confinamiento general de la población. Se impuso el toque de queda en todo el territorio nacional desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, permitiendo a las comunidades autónomas adelantarlo o atrasarlo una hora en su territorio, y se prohibieron las reuniones de más de seis personas. Además, el estado de alarma se estableció como instrumento legal para permitir a las comunidades autónomas cerrar sus fronteras y realizar confinamientos parciales o totales, evitando tener que contar con la ratificación de los Tribunales Superiores.​ El toque de queda se fijó inicialmente para una duración de 15 días, pero Pedro Sánchez dijo que pediría al Parlamento que lo extendiera si fuera necesario.​ El 29 de octubre el Congreso de los Diputados aprobó prorrogar el estado de alarma hasta mayo de 2021, aceptando la extensión de seis meses que había solicitado el Gobierno.​ El 23 de noviembre, el rey Felipe VI de España entró en autoaislamiento tras entrar en contacto con un paciente que dio positivo por COVID-19.​ El 9 de mayo de 2021 finalizó el estado de alarma al negarse el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a prolongarlo más, alegando que ahora era el turno de confiar en la "vacunación masiva".​​
El 27 de diciembre de 2020 comenzó la campaña de vacunación contra la COVID-19 en España con la vacuna de Pfizer-BioNTech,​ una semana después de ser aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos y la Comisión Europea.​ La primera persona en ser vacunada en España fue Araceli Hidalgo, de 96 años, residente de un geriátrico de Guadalajara.​ El 7 de enero de 2021 se superaron los dos millones de contagiados confirmados oficialmente.​ El 12 de enero se recibieron las primeras dosis de la vacuna de Moderna en España.​ El 6 de febrero se recibieron las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca-Oxford en España.​ El 9 de febrero de 2021 se superaron los tres millones de contagiados confirmados oficialmente.​ El 22 de abril se comenzó a vacunar con la vacuna de Jannsen.​ El 3 de mayo se alcanzó el objetivo planteado por el Gobierno de tener para la primera semana del mes al menos 5 millones de vacunados, un 10 % de la población total.​ El segundo estado de alarma finalizó el sábado 8 de mayo de 2021.​ El 13 de julio de 2021 se superaron los cuatro millones de contagiados confirmados oficialmente.​ El 19 de julio más de la mitad de la población española estaba vacunada con la pauta completa.​ El 1 de septiembre de 2021 se alcanzó el 70 % de la población completamente vacunada.​
El 11 de agosto de 2021 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) autorizó a la compañía Hipra el ensayo clínico de la primera vacuna española contra la COVID-19.​ La vacuna "está basada en una proteína recombinante heterodimérica que contiene el sitio de unión al receptor (RBD, por sus siglas en inglés) de la proteína S (de spike o proteína espiga en español) de las variantes alfa y beta del SARS-CoV-2".​
En septiembre de 2021 se comenzó a administrar una tercera dosis de la vacuna a pacientes inmunodeprimidos, ancianos en residencias y personas con cáncer.​​ En octubre comenzó la tercera dosis con los mayores de 70 años.​ En noviembre se sumaron los mayores de 60 años.​ Al 23 de noviembre de 2021, se habían recibido las siguientes dosis: 59 296 575 dosis de la vacuna Pfizer–BioNTech, 16 105 300 dosis de la vacuna Moderna, 17 427 500 dosis de la vacuna Oxford–AstraZeneca y 2 659 000 dosis de la vacuna Janssen , por un total de 95 488 375 dosis. De estas dosis, se habían administrado 75 173 640. Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de vacunados completos son Asturias (85,1 %) y Galicia (84,9 %), mientras que las comunidades con menor porcentaje son Canarias (75,7 %) y Baleares (72,4 %). El porcentaje medio español fue del 79,1 %, ascendiendo a 37 557 243 personas. Del total, 3 776 118 se han administrado como dosis adicionales o terceras dosis, de las cuales 3 319 229 son dosis de vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 y 456 889 son dosis de vacuna Moderna. La cantidad de dosis ordenadas del primer al cuarto trimestre de 2021 es de 141 943 261.
El 17 de enero de 2022, Pedro Sánchez dijo que el gobierno español estaba explorando cómo y cuándo cambiaría la gestión de la pandemia de COVID-19 a la gestión del coronavirus como una enfermedad endémica, diciendo que "el virus ya no es tan mortal".​ Al día siguiente, Tedros Adhanom de la OMS insistió en que la pandemia "todavía no había terminado", y advirtió que aún era "probable que surgieran" nuevas variantes.​
El 26 de septiembre de 2022 comenzó de una cuarta campaña de vacunación anunciada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para personas vulnerables y mayores de 80 años.​ Esta fue ampliada a menores de 60 años el 15 de diciembre.​ Según el Ministerio de Sanidad de febrero de 2023 solo el 59,8% de la población de más de 60 años (7.543.644 personas) ha recibido la cuarta dosis.​
El 29 de marzo de 2022 la Agencia Europea del Medicamento (EMA) anuncia la evaluación continua de la vacuna Bimervax de la farmacéutica española Hipra.​ La AEMPS aprobó el 1 de febrero de 2022 el estudio principal llevado a cabo con Bimervax. En él se observó que la vacuna produjo más anticuerpos frente a las variantes beta, y ómicron y delta que la vacuna de ARN Comirnaty de Pfizer.​ La evaluación de EMA de la vacuna de Hipra en el territorio de la Unión Europea comenzó el 22 de marzo de 2023.​​ Finalmente la EMA anunció la aprobación para la comercialización de Bimervax como dosis de refuerzo el 30 de marzo de 2023.​ El presidente del gobierno Pedro Sánchez anunció el 11 de abril de 2023 la compra de 3,2 millones de dosis por 31 millones de euros,​ la cuales fueron recibidas el 29 de abril por la AEMPS.​ Dicha vacuna la describió como un "un hito histórico” y el ministro de Sanidad José Manuel Miñones sostuvo que el desarrollo de la vacuno supuso "un hito" con el que sitúa a España "a la vanguardia de la investigación mundial".​
El 5 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la pandemia.​ Respecto al uso de mascarillas, el Consejo de Ministros aprobó el fin de su obligatoriedad en espacios interiores el 20 de abril de 2022;​ y en el transporte público, salvo en los establecimientos y centros sanitarios, el 8 de febrero de 2023.​ Finalmente en la Orden SND/726/2023, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 5 de julio de 2023, se anunció el fin de la situación de crisis sanitaria por la COVID-19 en España y la obligatoriedad de la mascarilla.​​​
Durante la pandemia de COVID-19 en España, la transmisión del virus por parte de individuos asintomáticos representó un desafío significativo para las estrategias de control. Estudios epidemiológicos indicaron que la transmisión asintomática constituía una fuente principal de propagación del virus, lo que complicaba la detección y el aislamiento efectivos de los casos.​ Para abordar esta problemática, la Universidad Complutense de Madrid implementó el proyecto COVID-LOT, un sistema de rastreo basado en muestras de saliva que permitía analizar hasta 2.000 muestras diarias.​ Este método facilitó la monitorización continua de la comunidad universitaria, contribuyendo a la detección temprana de la transmisión. La iniciativa, liderada por el catedrático José Manuel Bautista, destacó por su innovación y eficacia en el rastreo de entornos con alta densidad de población, como los colegios mayores. La implementación de sistemas como COVID-LOT fue esencial en la transición hacia un manejo endémico de la COVID-19 con una vigilancia más efectiva y la adaptación de medidas de control en función de la evolución epidemiológica, ya que servia como sonda de monitorización de la comunidad.​
Tras acabar el primer estado de alarma en 21 de junio, España recogió la cifra de 245 938 contagiados, 28 322 muertos y 150 376 recuperados por el COVID-19.​ No obstante, criterio del recuento de víctimas en España fue cambiando durante la pandemia por el Gobierno. En 6 de mayo se contaron cinco distintas cifras de fallecidos por el Ministerio de Sanidad, con unos 27 133; la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 29 858 víctimas; el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), con 27 940; el Instituto de Salud Carlos III, con 43 262; y el Instituto Nacional de Estadística, con 48 105.​ Rafael Manuel Ortí Lucas de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph) declaró que «durante los dos meses y medio de crisis sanitaria esto se ha descontrolado. No se han realizado bien las autopsias, no se habrán confirmado las causas de muerte de manera específica. [...] Pero, probablemente hasta que no acabe el año, no podremos estar seguro de los excesos de mortalidad».​ El epidemiólogo José María Martín Moreno, doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard (Estados Unidos), afirma que la respuesta de España contra la pandemia llegó indiscutiblemente tarde.​ En el año 2022 se produjeron en España 464.417 defunciones, 13.673 más que en el año anterior (un 3,0% más).​ Finalmente en junio de 2023, un mes después del fin de la pandemia según la OMS, España contabilizó un total de 13.914.811 casos confirmados y 121.760 defunciones por COVID.​
El Ministerio de Sanidad notificó que desde el comienzo de la epidemia hasta el 18 de junio se realizaron un total de ha 5 162 909 pruebas de diagnóstico realizadas, siendo un total de 3 290 388 pruebas diagnósticas PCR.​ Asimismo, es una realidad que la mayoría del personal sanitario son mujeres y el impacto de la COVID-19 en este sector es especialmente alarmante. Esta situación es especialmente preocupante en España debido a la falta de recursos y de materiales de protección. Según el Instituto de Salud Carlos III, 19,6 % de los casos notificados son personal sanitario, y este porcentaje es mayor entre las trabajadoras sanitarias (27,2 % vs. 11 %).​ La Asociación Española de Pediatría declaró que 1 400 niños han sido diagnosticados por coronavirus en España, los cuales más de la cuarta parte fueron ingresados.​ Hubo "una disminución en la actividad en la cardiología intervencionista".​ La crisis generó unos 24 554 fallecidos en las listas de espera de ese año según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales que analiza los últimos datos del IMSERSO sobre el Sistema de la Dependencia hasta 31 de mayo.​ En Madrid se atendió durante marzo y abril a un total de 323 583 pacientes por COVID-19, de los que el 80 % desarrolló sintomatología leve.​ Tres de cada cuatro fallecidos en residencias madrileñas durante los tres meses de la pandemia fueron por la COVID-19.​ Una encuesta sobre las causas de contagio en los sanitarios señaló que el 75,7 % de los casos, se les diagnosticó con COVID-19.​ La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) solicitó al Gobierno considerar el contagio de COVID-19 como accidente laboral.​ Según la Clínica Universidad de Navarra, el 30 % de los ingresados con COVID-19 desarrollaron procesos trombóticos.​ La tasa de mortalidad de las personas mayores de 74 años por coronavirus se disparó al 22 % durante la pandemia.​
En el 15 de mayo, el estudio de seroprevalencia ENE-COVID llevado a cabo por los ministerios de Ciencia y de Sanidad de España entre abril y junio de 2020 halló anticuerpos de SARS-CoV-2, virus causante de la COVID-19, en un 5 % de la población del país.​​ Ello significa que unos 2 350 000 residentes en España había sido infectado con el virus hasta esa fecha. De ellos, solo algo más de 200 000 habían sido detectados mediante análisis PCR. La proporción de infectados variaba significativamente entre territorios. Mientras que en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha más del 10 % de la población poseía anticuerpos contra el virus, en la Región de Murcia o Asturias la proporción era inferior al 2 %. En la cuarta ronda del estudio ENE-COVID realizada en noviembre de 2020, la prevalencia nacional global había aumentado al 9.9 %,​ es decir, uno de cada diez españoles se había contagiado de COVID-19.​
De las personas con infección confirmada por prueba PCR, a fecha del 1 de abril de 2021 habían fallecido más de 75 000 personas,​ lo cual representaba más de uno de cada mil habitantes del país. Se estima sin embargo que los fallecimientos imputables a la pandemia en España en 2020 pueden haber sido más de 80 000, con base en la sobremortalidad respecto al año anterior.​ El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos III) registró un exceso de mortalidad de más de 70 000 personas en dos periodos de 2020: 44 599 personas de marzo a mayo y 26 104 personas de julio a diciembre.​
El ministerio de Sanidad estimó que durante los primeros meses de la pandemia unos 19 000 ancianos residentes en centros sociosanitarios fallecieron por coronavirus. Médicos Sin Fronteras denunció que esta alta mortalidad se debió a «deficiencias estructurales, así como a la precariedad laboral y a recortes en el sector» y que además muchos mayores no infectados sufrieron consecuencias graves, incluyendo muertes, debido a las «férreas medidas de aislamiento» a las que fueron sometidos.​
Durante la pandemia, se realizaron varios estudios acerca del virus y sus posibles curas. Sanidad detectó entre el 1 de marzo y el 31 de mayo un total de 236 casos de reacciones adversas a fármacos contra el COVID-19, principalmente hidroxicloroquina.​ Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) experimentó con herramientas de edición genética para tratar de destruir el genoma del coronavirus.​
El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, puso en marcha un seguimiento de pacientes que han pasado la infección con la finalidad de evaluar las potenciales secuelas respiratorias, la principal, la fibrosis pulmonar.​ Un estudio de los servicios de Medicina Interna e Inmunología de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real evidencia que el número de linfocitos en la sangre y la obesidad son factores asociados a la gravedad del COVID-19.​ La multinacional española de hemoderivados Grifols inició el 11 de junio la producción de su inmunoglobulina hiperinmune con anticuerpos a partir del plasma de los pacientes recuperados del virus SARS-CoV-2.​ Los expertos de la Unidad de Neonatología del servicio de Pediatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, afirman que el COVID-19 no se transmite por la lactancia materna.​ En 13 de junio, un proyecto del CSIC busca desentrañar las proteínas más desconocidas del coronavirus SARS-CoV-2.​ Cinco proyectos de investigación gestionados por el Instituto de Salud Carlos III y financiados por el Fondo COVID-19 trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías para hacer frente al SARS-CoV-2.​ Otro proyecto del CSIC y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) busca desarrollar un test de coronavirus tan rápido y accesible como el de embarazo.​ Investigadores del Centro de Física de la Materia Condensada (IFIMAC) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) trabajan para desarrollar tejidos de mascarillas que protejan más ante el virus.​
En junio, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, declaró que se inició la experimentación de posibles vacunas en ratones, las cuales espera que se ensaye en humanos en otoño.​​ España cuenta con 12 proyectos en búsqueda de vacunas contra el COVID-19, unos 13 sobre el comportamiento del virus, 15 sobre su diagnóstico y hasta 42 destinados a encontrar fármacos y tratamientos .​
En julio de 2020 el ministerio de Ciencia e Innovación anunció que el grupo biofarmacéutico gallego Zendal fabricará los dos proyectos de ámbito público de vacuna para el coronavirus. Estos dos proyectos serán la vacuna MVA-COVID-19(S) desarrollada por el Grupo de poxvirus y vacunas del Centro Nacional de Biotecnología liderada por el equipo del doctor Mariano Esteban y una vacuna de ADN a cargo del equipo del doctor Vicente E. Larraga Rodríguez de Vera.​​
En julio de 2020, con datos recopilados entre los meses de marzo y mayo de 2020, un informe elaborado por la Universidad de Cambridge comparó la eficiencia de las respuestas de 33 distintos países ante la crisis sanitaria y clasificó a España en el puesto 33.​
Las investigaciones sobre impacto emocional de la pandemia han demostrado las fortalezas de las personas mayores ante un suceso vitalmente estresante como el COVID-19,​ y las restricciones asociadas al mismo, pues incluso los sujetos de mayor edad parecen afrontar la situación de manera adaptativa.​ Siendo especialmente relevantes en este afrontamiento adaptativo el apoyo recibido por la familia y la capacidad de aceptación de lo acontecido.
A partir del 2 de febrero de 2021 se trabajó en tres prototipos de una vacuna para la COVID-19 en el CSIC. El primero dirigido por los virólogos Luis Enjuanes, Isabel Sola y Sonia Zúñiga, en el CNB-CSIC; el segundo por Mariano Esteban y Juan García Arriaza, en el CNB-CSIC; y el tercero por Vicente E. Larraga Rodríguez de Vera, en el CIB-CSIC.​
El 6 de marzo, la Agencia EFE informó de la propagación de mitos relacionados con el coronavirus por el país.​ Ocurrieron compras de pánico masivas el 10 de marzo.​
Desde el anuncio de la inminente entrada del estado de alarma el 14 de marzo, en España se organizó a través de las redes sociales el llamado «aplauso sanitario», en el que se convocaba a toda la ciudadanía a salir a ventanas y balcones de toda la geografía a unirse en un aplauso simultáneo en apoyo y reconocimiento al personal sanitario que trabaja para combatir la expansión del virus a las 22 horas, poco después de que tuviera lugar el discurso de Pedro Sánchez.​ Desde ese día, este gesto se ha convertido en una rutina que se repite a las 20 horas de cada día con un gran seguimiento en toda España, extendiéndose en apoyo a otros colectivos que trabajan durante la cuarentena en servicios básicos.​ El 28 de marzo, se convocó igualmente otra gran ovación en reconocimiento al comportamiento de los niños durante la cuarentena a las 18 horas.​ Este movimiento se realizó por primera vez en Italia, en donde se convocó a la población para el mediodía del 14 de marzo a aplaudir con idéntico significado, si bien en este país desde el inicio de su confinamiento se han organizado diferentes acciones a distintas horas, principalmente cantar canciones o himnos concretos.​ A partir de entonces y con el gran seguimiento y arraigo en la población española, se ha extendido por numerosos países en los que la población se encuentra en cuarentena, como en Reino Unido, India o Argentina.​ También en España, inspirándose en las acciones italianas, desde los balcones y para el vecindario se han organizado teatros, conciertos, bailes o ejercicios deportivos.​
Otro movimiento iniciado como un hashtag en redes sociales es el llamado «Yo me quedo en casa» que promueve la inmovilización de la sociedad de manera voluntaria y responsable como medida para frenar los contagios durante los primeros días de la expansión de la pandemia por España, previo al decreto del estado de alarma. El primer registro de la frase partió de la cuenta de Twitter del influencer Jorge Cremades y se basó en la frase «Io resto a casa» que se viralizó en Italia. Tras esto, diferentes personajes públicos de la música o del deporte lo utilizaron en sus perfiles de redes sociales lo que le llevó a ser trendic topic en España.​​ Este movimiento se ha ido extendiendo por varios países hispanohablantes cuando les ha llegado la pandemia, tratando de concienciar a la sociedad para llevar a cabo una autocontención para limitar el número de contagios.​​ El 20 de marzo, los principales medios de prensa escrita de Perú publicaron esta frase sobre el escudo nacional en sus portadas,​ basándose en lo que previamente habían realizado España y Argentina con las frases respectivas «este virus lo paramos unidos» y «al virus lo frenamos entre todos».​​ Programas televisivos pasaron a ser transmitidos desde la casa de sus presentadores como forma a más de incentivar a la población a quedarse en sus casas.​
Varios movimientos populares, como CoronaVirusMaker, coordinados por Internet y con la participación de algunas instituciones, se han dedicado a fabricar material sanitario, como elementos de respiradores o mascarillas en impresoras 3D.​ La idea se ha extendido, no solo por España, sino que se ha expandido en otros países. La iniciativa ha sido recogida incluso por la revista estadounidense Forbes.​
La mayoría de la población respetó las indicaciones de las autoridades sanitarias aunque también hubo incumplimientos que derivaron en más de un millón de propuestas de sanción (multas) y más de 8000 detenciones durante la duración del estado de alarma.​​
A 14 de marzo, se han reportado casos en Ecuador, Perú, Panamá y Guinea Ecuatorial provenientes de España.​
El 29 de febrero, una mujer que llegó a Ecuador el 14 de febrero desde España da positivo en SARS-CoV-2 y se convierte en el primer caso de coronavirus en el país. La paciente, de 70 años y con enfermedades previas, es aislada y admitida en cuidados intensivos. De acuerdo con Julio López, Ministro de Sanidad de Ecuador, su situación era crítica.​
El 5 de marzo, el Ministerio de Salud de Perú activó el protocolo para casos sospechosos, informando poco después del primer positivo en su territorio, un varón de 25 años que estuvo de viaje en España, Francia y República Checa.​
El 8 de marzo, Portugal confirmó un caso procedente de España.​ El 10 de marzo se detectó un nuevo caso y al día siguiente (11 de marzo) otros tres casos.​​
El 10 de marzo, Panamá confirmó el primer caso positivo de esta enfermedad en su territorio. Se trataría de una mujer de 40 años que llegó en un vuelo procedente de España el lunes 9, la cual presentaba tos y fiebre. La mujer y dos personas que conviven con ella fueron puestas en cuarentena, presentando un cuadro leve de la enfermedad.​
En Honduras se confirmó dos casos de coronavirus. El primer paciente, o paciente cero, fue una mujer embarazada que llegó de España el 4 de marzo pero fue confirmada la madrugada del 10 de marzo.​
El 13 de marzo, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó dos casos del virus en el estado Miranda.​​
El primer caso en Guinea Ecuatorial fue anunciado el 14 de marzo, una mujer de 42 años nacional de dicho país y que pasó siete días en la localidad de Móstoles, ciudad ubicada en la Comunidad de Madrid. Esta persona no presentó síntomas, siendo objeto de seguimiento junto con sus contactos.​
El 17 de marzo, un ciudadano español de 47 años que hacía negocios en Macao dio positivo; tomó el vuelo SU2501 de Madrid a Moscú el 15 de marzo, y luego el vuelo SU204 de Moscú a Beijing. El 16 de marzo, tomó el vuelo NX001 de Beijing a Macao y llegó al aeropuerto de Macao a las 8:00 p. m. del mismo día.​
El primer caso en Papúa Nueva Guinea fue reportado el 20 de marzo, en un hombre que viajaba desde España y que fue puesto en cuarentena en la ciudad de Lae.​
La pandemia de COVID-19 ha supuesto la imposición de restricciones a la entrada de viajeros procedentes de España en la gran mayoría de países del mundo. Un total de 163 países ha prohibido la entrada a personas provenientes del territorio español o han suspendido las comunicaciones marítimas y aéreas con este país, entre ellos Portugal, Alemania o Estados Unidos. Otras diez naciones imponen alguna modalidad de cuarentena para viajeros procedentes de España, como Islandia, Mozambique o Países Bajos. Siete países, entre los que se encuentran Francia e Italia, imponen otro tipo de medidas para el cruce de sus fronteras, como la exigencia de estar en posesión de certificados que acrediten su residencia en el país o ser personal sanitario que esté destinado en la lucha contra la pandemia.​​
Según The Guardian, la respuesta inicialmente lenta de España al coronavirus hizo que la epidemia se volviera grave a pesar de que no compartía una frontera terrestre con Italia u otros países gravemente afectados.​ Un análisis en Vox planteó la hipótesis de que el gobierno minoritario de Pedro Sánchez "probablemente no quería arriesgar su frágil control del poder prohibiendo las grandes reuniones"; el primer ministro defendió inicialmente su decisión de permitir que continuasen las grandes reuniones.​ En un artículo de opinión publicado por The New York Times atribuyó el elevado número de víctimas a la lentitud de la respuesta gubernamental frente al virus, centrándose en tres causas: un sistema sanitario estresado y empobrecido desde la crisis económica de 2008, tener que unificar los sistemas sanitarios de las 17 comunidades autónomas en un mando central, y tener una población anciana.​
Se han dado múltiples explicaciones para la lenta respuesta del gobierno a la pandemia, y académicos afirman que no se ha podido predecir el aumento de los precios mundiales de los equipos de protección personal y los kits de prueba, lo que lleva a un bajo suministro durante las múltiples olas de COVID-19 que azotaron el país.​ El gobierno tampoco aisló a las personas mayores en instalaciones individuales para prevenir la propagación del virus entre los más vulnerables, y carecía de información disponible sobre la evolución de los casos de COVID-19 en el país, lo que dificultaba el seguimiento.​ Más en concreto, el profesor emérito François Béland de la Universidad de Michigan, consideró los “protocolos de la vergüenza” tomados en la Comunidad de Madrid como "inaceptable desde el punto de vista médico y ético”.​ Amnistía Internacional como violación de derechos humanos de los residentes.​​ Finalmente, el gobierno hizo público un sistema de rastreo de casos y disponibilidad de pruebas en forma de una aplicación llamada "RadarCOVID",​ cuyos resultados de la prueba piloto fue probado en la isla de La Gomera fueron “positivos” según la revista científica Nature.​​ Sin embargo, los críticos creen que dicho sistema debería haberse lanzado antes de que terminara el confinamiento final.​ En cambio, RadarCOVID se lanzó el 29 de junio,​ con múltiples defectos adicionales, incluidos problemas de privacidad y transparencia.​​​ La aplicación contribuyó poco al rastreo de contactos real.​​ En total, se introdujeron solo 124.555 personas desde el 19 de agosto de 2020 hasta el 25 de septiembre de 2022. RadarCOVID fue finalmente cerrada el 9 de octubre de 2022.​