Dictadura militar en Brasil

La dictadura militar en Brasil (o Revolución Militar de 1964,​ o Quinta República Brasileña) es el período histórico iniciado en Brasil con el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964, que derrocó al gobierno democrático del presidente João Goulart e instauró una dictadura militar encabezada por Humberto de Alencar Castelo Branco, y finalizado con la victoria electoral del Movimiento Democrático Brasileño, asumiendo José Sarney como primer presidente civil el 15 de marzo de 1985.
A pesar de la terminología empleada para referirse a dicho período histórico así como al régimen político que se implantó, la dictadura brasileña solo tuvo un breve período (entre 1964 y 1967) en el que el sistema político mantuvo el carácter de régimen netamente militar. En 1967, el régimen se autoinstitucionalizó aprobando una constitución civil, la cual establecía un modelo de estado burocrático-autoritario. Bajo esta nueva carta magna, el presidente no era elegido por voto popular, sino designado por ambas cámaras del Congreso Nacional, y poseía poderes casi absolutos. Para garantizar la supervivencia del régimen, la constitución instauró un bipartidismo forzoso, con la Alianza Renovadora Nacional (ARENA), como partido único de facto del régimen, y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) como una única «oposición tolerada», sin posibilidades reales de triunfo. Entre 1967 y 1978, se realizaron cuatro elecciones parlamentarias, en las que la ARENA retuvo la mayoría en ambas cámaras (y por extensión, la presidencia de la república) bajo acusaciones de fraude electoral e intimidación. Aunque constitucionalmente podía haber un presidente civil, los cuatro presidentes elegidos durante el régimen fueron militares, garantizando la permanente influencia de las fuerzas armadas en la política brasileña.
Durante el período de gobierno militar, se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos. El régimen militar aplastó la libertad de prensa y reprimió severamente la oposición política. Adoptó formalmente el nacionalismo, el desarrollo económico y el anticomunismo como banderas oficiales. A lo largo de toda su existencia, sobre todo durante las décadas de 1960 y 1970, la dictadura militar brasileña recibió asistencia logística y económica del gobierno de los Estados Unidos en lo que se llamó el Plan Cóndor, instaurándose dictaduras similares en el marco más amplio de la Guerra Fría.
El régimen alcanzó su apogeo en 1970 con el milagro económico brasileño, que atrajo una gran cantidad de popularidad al gobierno a pesar de la represión política. A partir de 1974, sin embargo, el país sufrió un deterioro económico bajo la presidencia de Ernesto Geisel, provocando una serie de debacles electorales para el oficialismo. En 1979, con la llegada al poder de João Figueiredo, se legalizó la fundación de partidos políticos (aunque la medida originalmente tenía el objetivo de fragmentar a la oposición, facilitando el continuismo del régimen). A partir de la década de 1980, la hegemonía militar entró en crisis debido a la inflación crónica y el colapso progresivo de los regímenes militares en Perú, Uruguay, Argentina, Chile y otros vecinos en Sudamérica. En 1985, se realizó la última elección indirecta, disputada solo por candidatos civiles, y triunfando el candidato del MDB, Tancredo Neves, por amplio margen. Neves falleció antes de asumir el cargo, siendo reemplazado por José Sarney.
Sarney asumió la presidencia el 15 de marzo de 1985, poniendo fin al régimen militar. Tras su elección, restauró las libertades civiles y programó la aprobación de una nueva constitución en 1988, restaurándose la elección directa del presidente de la república, y sellando la transición definitiva a la democracia.
Desde comienzos de 1964 la economía de Brasil sufre graves problemas, la inflación es elevada y las diferencias políticas entre el presidente João Goulart y la oposición derechista aumentan. Para las fuerzas armadas es importante forzar al presidente a renunciar a su plan de reformas y desplazar de la administración gubernamental a sus aliados de izquierda. Goulart confía aún en la lealtad de un grupo de oficiales promovidos a altos puestos durante su mandato, y en la posibilidad que sus partidarios puedan oponer resistencia armada a una sublevación militar.
Goulart firma un decreto de expropiación de refinerías de petróleo y de tierras privadas el 13 de marzo de 1964​ veinte kilómetros al borde de carreteras, ferrocarriles, ríos navegables y represas. Además, pide una nueva constitución para el país.​ Esto genera una reacción de los conservadores, que organizan la llamada «Marcha de la Familia con Dios por la Libertad».​ La primera de ellas tiene lugar en São Paulo, el día 19 de marzo, día de San José Obrero, patrono de la familia.​ El principal organizador de la marcha es el diputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, apoyado por el gobernador Adhemar de Barros, opositor a Goulart.​ La marcha termina junto a la Catedral de la Sé, con una misa «por la salvación de la democracia».​
Tras una asamblea de marineros reunidos ante el Sindicato de Metalúrgicos de Rio de Janeiro el 25 de marzo de 1964 para reclamar mejoras salariales, se produce una ruptura casi total de Goulart con la jerarquía militar. Aquel día, dos mil soldados comandados por José Anselmo dos Santos están presentes, y con ellos el diputado Leonel Brizola. El entonces Ministro de la Marina Sílvio Mota ordena la detención de los marineros que realizaban la asamblea. Finalmente, el presidente les otorga una amnistía a todos los implicados.​
El 30 de marzo, el presidente Goulart hace un discurso imprevisto en el Automóvil Club de Río de Janeiro ante una tropa de sargentos, y solicita el apoyo de los militares para sus reformas. Esto se convierte en el disparador para que los golpistas actúen.
La noche del 31 de marzo el general Olímpio Mourão Filho, jefe de la guarnición de Minas Gerais, inicia una revuelta avanzando con sus tropas hacia Río de Janeiro, donde se halla Goulart. Por la tarde, el jefe de Estado Mayor del Ejército, general Humberto de Alencar Castelo Branco, intenta en vano persuadir a los golpistas, alegando que no hay certeza sobre el apoyo de las tropas de Sao Paulo. Por la noche, Amaury Kruel, jefe del 2° Ejército (basado en São Paulo), llama por teléfono a Goulart para pedirle que renuncie o que destituya a sus asesores de izquierda. El presidente se niega a la exigencia, recriminándole a Kruel por pedirle una decisión humillante para un presidente. Tras el intento fallido del general Kruel, las tropas paulistas se unen al golpe.
Goulart desestima las primeras noticias de la revuelta, y planifica una resistencia apoyándose en las divisiones acuarteladas en el sur de Brasil (su región natal), que le eran leales, contando con las tropas de Paraíba y Río Grande do Sul. No obstante, ninguno de los oficiales con que cuenta puede ser contactado, dado que los golpistas han elegido una fecha en que los posibles generales leales a Goulart están de vacaciones, en descanso, o fuera de sus guarniciones por diversos motivos. Sin opciones, Joao Goulart sale de Río de Janeiro y viaja a Brasilia al mediodía del 1 de abril, pero allí encuentra que el Congreso, dominado por la oposición de derecha, planea declarar su vacancia y se niega a apoyarlo contra los golpistas. Esa misma tarde se traslada a Porto Alegre planeando resistir al golpe desde allí y esperando que se definiera el 1° Ejército (estacionado en las afueras de Río de Janeiro), pero el presidente no tiene éxito. Mientras tanto, Leonel Brizola le requiere una resistencia armada al golpe. El general Armando de Moraes Áncora, jefe del 1º Ejército, intenta oponerse a la revuelta, pero ante el riesgo de desatar un combate entre soldados brasileños (situación que todos los jefes militares ansían impedir) desiste de su empeño y une sus fuerzas a las del general Amaury Kruel en las afueras de Río de Janeiro.
El golpe en 1964 recibe un amplio apoyo de medios de comunicación privados, como O Globo y Diario de Noticias, así como de gran parte del empresariado, de los propietarios rurales, parte de la Iglesia católica, varios gobernadores de estados importantes (como Carlos Lacerda, de Guanabara, José de Magalhães Pinto, de Minas Gerais, y Ademar de Barros, de São Paulo)​ y amplios sectores de clase media y media alta. Dichos medios de comunicación han realizado una campaña con miras a convencer a las personas de que Goulart llevará a Brasil a un gobierno similar al de la Unión Soviética y de la República Popular China, es decir, un gobierno comunista, mientras se dice que «lo que es bueno para los Estados Unidos es bueno para nosotros ». Los propietarios de tierras y los empresarios también buscan controlar la crisis económica.​​
El temor de esta tendencia del país hacia la izquierda política es compartido por Estados Unidos, cuyo gobierno ofrece apoyo logístico de su flota naval en el Océano Atlántico para auxiliar a los golpistas en caso de que se precipite una resistencia armada de Goulart o sus aliados contra el golpe. La noticia del golpe es recibida con alivio por el gobierno de Washington, satisfecho por saber lo que pasa en Brasil, y en la dictadura surgen diferencias entre militares que desean medidas más radicales contra la «subversión» y una larga permanencia en el poder, y otros que piensa en una intervención más «moderada»​ —como en 1930, 1945 y 1954— y la rápida vuelta de los civiles al poder.
Los más radicales se agrupan alrededor del general Artur da Costa e Silva, mientras que los más moderados lo hacen en torno al mariscal Humberto de Alencar Castelo Branco.​ Instalan un régimen que mantiene superficialmente las instituciones democráticas previas, como el parlamento y el sufragio universal, pero que impide a sus detractores el ejercicio de derechos políticos básicos (como el de votar y ser candidato electoral) mediante decretos llamados Actos Institucionales.
Humberto de Alencar Castelo Branco asume el poder el 15 de abril de 1964, y apenas iniciado su mandato desmantela a la izquierda del Congreso y establece la abolición de los partidos políticos, prohibiendo en la práctica que pudiesen desarrollar actividades, e impone la censura de prensa y publicaciones. Gradualmente a partir del año siguiente el régimen endurece. Un Acto Institucional tornó indirectas las elecciones presidenciales, y políticos como Juscelino Kubitschek, e incluso Carlos Lacerda y Adhemar de Barros —civiles que habían apoyado el golpe— son privados de sus derechos políticos. Luego se impiden las elecciones para gobernadores de estado por voto directo. Solamente dos partidos políticos son permitidos: uno de apoyo al gobierno (ARENA) y otro de oposición (MDB). Los jefes militares se abstienen de designar un dictador de rasgos caudillistas, y prefieren establecer un sólido dominio autocrático sobre la política brasileña, en alianza con muchos líderes políticos de derecha, suspendiendo cada vez más los derechos y libertades individuales. Mientras tanto, la oposición al gobierno, principalmente por parte de estudiantes y grupos terroristas de izquierda radical, crece.
La Constitución de Brasil queda suspendida durante la dictadura de Castelo Branco y es reemplazada en la práctica por Actos Institucionales con fuerza de ley, dictados por las fuerzas armadas. Su gobierno promueve reformas económicas y tributarias, buscando una mayor intervención del Estado en la economía. En el plano político, el «Acto Institucional N° 1», emitido el 9 de abril de 1964, suprime la elección popular directa del presidente de la República, fijando que sólo el Congreso tendría la facultad de elegir al presidente. Esta misma ley da al gobierno la posibilidad de eliminar derechos políticos por diez años, permitiendo así que por cuestiones de «seguridad nacional» más de 100 opositores a la dictadura sean expulsados de sus cargos e impedidos de participar en actividades políticas, al ser expresamente cesados en sus derechos políticos por el «Acto Institucional N° 1». Como resultado de ello, la gran mayoría de estos opositores quedan fuera del Congreso y de toda la vida política brasileña, siendo por ello imposibilitados de elegir al presidente de la República. A partir de fines de los años 1960, las policías y Fuerzas Armadas comienzan a arrestar, torturar y eliminar opositores identificados como «comunistas».
Castelo Branco pronto entra en pugna con otros líderes militares, al sostener la idea de que la dictadura militar debe ser transitoria y que el mando político ha de devolverse a los civiles lo antes posibles, aunque con las garantías necesarias de que a la izquierda brasileña (en su variante socialista o comunista) no se le permita acceder al poder. Esta idea es rechazada por el general Artur da Costa e Silva, quien con otros jefes militares postula que la dictadura debe durar varios años.
El régimen revive las relaciones de Brasil con las instituciones financieras internacionales, que han estado suspendidas desde la decisión del Presidente Juscelino Kubitschek en 1958 de rechazar las condiciones impuestas por los Estados Unidos y el FMI para un préstamo de 300 millones de dólares. Las medidas económicas criticadas por los Estados Unidos y el FMI son eliminadas. Se prohíben las huelgas, se suprimen los sindicatos y los salarios reales disminuyen, con una caída del PIB del 7% en 1965. Ese mismo año, el Brasil firma un acuerdo con el FMI, recibe nuevos créditos y su deuda externa es reestructurada por los Estados Unidos, varios países acreedores europeos y el Japón. Los préstamos anuales aumentan de cero a un promedio de 73 millones de dólares durante el resto de la década de 1960 y luego a casi 500 millones de dólares anuales a mediados de la década de 1970. La política económica del régimen militar es elogiada por las instituciones financieras internacionales.​
Se ponen en marcha ambiciosos proyectos para integrar la Amazonia en la economía nacional a costa de la destrucción del medio ambiente y el desplazamiento de las poblaciones indígenas: el más emblemático de ellos es la construcción de una carretera de más de cuatro mil kilómetros entre la ciudad de Cabedelo, en el Nordeste, y la ciudad de Lábrea, cerca de la frontera con Bolivia. El proyecto, que nunca se completará del todo, se inaugura en 1972 con el objetivo de crear grandes explotaciones agrícolas, controlar mejor las fronteras y llevar a los pobres a las nuevas tierras, evitando una reforma agraria que la dictadura rechaza.​ El régimen militar fomenta la colonización de los territorios de los pueblos indígenas, dilapida recursos naturales, arma campos de concentración de pueblos indígenas y asesina al menos 8.000 personas indígenas.​
En política exterior, el régimen apoya el colonialismo portugués en África —entonces involucrado en sangrientos conflictos en Guinea-Bisáu, Angola y Mozambique»— y desarrolla relaciones comerciales con Sudáfrica. En el decenio de 1960, el único gobierno negro con el que el régimen mantuvo relaciones diplomáticas fue el de Houphouët-Boigny en Costa de Marfil.
Según el informe final de la Comisión de la Verdad de Brasil, por acción u omisión del Estado 8300 indígenas murieron. Durante este tiempo también fueron desalojados de sus tierras, encerrados en campos de internamiento y torturados.​