Cobertura mediática de la crisis política en Perú de 2021-presente

Durante la crisis política en Perú de 2021-presente, acontecimientos como las elecciones generales, los mandatos presidenciales y la convulsión social fueron parte de la cobertura mediática.
Inicialmente, la cobertura mediática se centró en los dos principales candidatos a la presidencia. Por un lado, estaba Keiko Fujimori, a la que se presentó como defensora del anticomunismo en el país. Por otro lado, estaba Pedro Castillo, presentado como representante de la lucha del pueblo contra la élite.​ La percepción de la opinión pública de sus adversarios varió en función de cada medio.
En Lima, los medios tradicionales desempeñaron un papel fundamental en las elecciones de 2021 al informar a la ciudadanía y ayudarles a tomar decisiones sobre los candidatos.​ Algunos de estos medios, de ideología conservadora, emitieron información favorable sobre políticos afines a sus intereses,​ como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Estas prácticas se han puesto de manifiesto en Willax TV y el Grupo El Comercio.​​ Debido a la percepción de favoritismo de los medios a la hora de elegir a dichos candidatos, la influencia de estos medios de comunicación disminuyó.​
Fuera de Lima, los medios tuvieron un papel diferente, alejado del sesgo informativo limeño. Los medios regionales, en especial los medios alternativos, establecieron conexiones más estrechas entre las poblaciones rurales y el presidente electo Pedro Castillo. Los medios digitales como el pódcast La Encerrona proporcionaron una perspectiva disidente acerca de los acontecimientos.​ Algunos medios digitales fueron fundados por exempleados de medios tradicionales y periodistas experimentados.
Después de las elecciones, los medios tradicionales de Lima realizaron investigaciones al ya electo Pedro Castillo, pero fueron acusados de fomentar un estigma social contra sus seguidores. Al mismo tiempo, la prensa alternativa buscaba destacar los logros de Castillo y visibilizar las demandas del pueblo, pero se les acusó de tener un enfoque propagandístico.​ Zuliana Laínez Otero, directora de la Asociación Nacional de Periodistas, dijo que los medios de comunicación limeños seguían sin ganarse la confianza del público durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte.​ Se intentó resolver financiando los medios regionales para garantizar la diversidad de opiniones en el país, aunque fue un intento infructuoso.​
Los medios de comunicación locales y nacionales cubrieron el proceso electoral de 2021, antes de que se desatara la crisis política de ese año. En este proceso electoral aparecieron dos candidatos relevantes: Pedro Castillo (del partido político de izquierda Perú Libre) y Keiko Fujimori (del partido político de derecha Fuerza Popular). También cubrieron, en menor medida, a Rafael López Aliaga (de Renovación Popular),​ quien tenía cierta afinidad con la candidata de Fuerza Popular. En algunos medios de Lima,​​​ Pedro Castillo fue relegado en sus coberturas para favorecer a la líder del fujimorismo. Los diarios El Comercio, La República y Expreso llegaron a considerar a Castillo irrelevante para el país.​
El periodista de Reuters, Marcelo Rochabrún, señaló que esta tendencia se había observado en las elecciones de 2011, cuando se enfrentaron Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Ollanta Humala.​ En aquellas elecciones de 2011, Fujimori acaparaba la atención de los medios locales.​ El reportero de Sudaca, Paolo Benza,​ y la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea expresaron su preocupación por la percepción de sesgo en la información difundida por esos medios.​ Benza sustentó que los periodistas de la prensa tradicional se habrían alineado con las directivas de sus empresas.​
La cobertura mediática limeña, principalmente en el sur del país, donde la mayoría de los ciudadanos votaron por Castillo, fue objeto de críticas por promocionar a Keiko Fujimori.​​​ Esto impulsó a algunos ciudadanos a migrar a las redes sociales, donde surgieron formas alternativas de comunicación. Flor Muñoz, decana del Colegio de Periodistas de Arequipa, atribuyó dicha migración al descontento de Castillo con los medios de comunicación. Dicho descontento se basó en la idea de que el gobierno de Alberto Fujimori había conseguido cambiar la línea editorial para beneficiarse políticamente. La decana del colegio también destacó el papel emergente de los medios digitales, que ganaron relevancia durante la pandemia de COVID-19,​ al mismo tiempo que aumentaban las fuentes informativas «informales», es decir, de personas no acreditadas en el mundo de la comunicación.​
Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, enfatizó la importancia de las redes sociales frente a los medios limeños y compartió la idea de que estos afectaron a su reputación en lo que respecta a los sucesos políticos de otras regiones peruanas.​ Carlos Jornet, presidente de la Comisión Local de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo que la gente que desconfía de la prensa tradicional todavía es capaz de distinguir qué contenido es falso en las redes sociales.​
Algunos medios digitales establecieron mecanismos para que las campañas políticas no manipulen su cobertura. Ojo Público y Salud con lupa establecieron un filtro para garantizar una cobertura neutral de los sucesos.​ Adicionalmente, Ojo Público implementó su sistema de revisión independiente.​ Mientras tanto, Rodrigo Salazar Zimmermann, presidente del Consejo de la Prensa Peruana, señaló que los medios impresos y plataformas digitales como La Encerrona participaron en la iniciativa PerúCheck, para alertar sobre información engañosa durante las campañas electorales.​ Las iniciativas de verificación de hechos fueron tan significativas que el comunicador Pedro Rivas Ugaz, responsable de identificar noticias falsas en redes sociales para la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pidió a quienes respaldaron a la institución apoyar el periodismo independiente.​
La desinformación entre los medios tradicionales y alternativos durante las elecciones se consolidó y esta continuó incluso después de la dimisión de Pedro Castillo como presidente. El periodista Eloy Marchán señaló que, tras el intento de autogolpe de Estado, suposiciones como «no hay una dictadura parlamentaria» o «hubo fraude en la elección de Pedro Castillo como presidente» se volvieron recurrentes en el imaginario de quienes apoyan a un bando u otro.​ La Asociación Pro Derechos Humanos alertó en 2024 de que los medios de derecha política suelen compartir informaciones dirigidas a «contar una versión distorsionada de la historia reciente del país», cuya versión, según la asociación, «tiene un enfoque ideológico ultraconservador, antidemocrático y antiderechos».​
En la campaña electoral presidencial de 2021, algunos medios escritos y televisivos de Lima, como Willax TV y El Comercio, adoptaron una postura crítica contra el candidato Pedro Castillo y su partido, Perú Libre. Algunos fueron acusados de recurrir al terruqueo.​​​​ Esta postura contribuyó a la confrontación política entre Castillo y su oponente, Keiko Fujimori.
Según la información proporcionada por las agencias Reuters y Sputnik,​​ el diario El Comercio, que a lo largo de su historia había tenido diferentes posturas ideológicas,​ había respaldado a Keiko Fujimori. En cuanto a las propuestas de Pedro Castillo, sus editoriales expresaron su preocupación por temas como la regulación de los medios de comunicación, la disolución del Tribunal Constitucional y la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución.​ El diario analizó a Castillo desde su primera aparición pública, en 2017, a partir del informe La infiltración del Movadef en algunas dirigencias del magisterio, de Carlos Basombrío.​ Después de los comicios, El Comercio adoptó una postura crítica hacia el presidente Castillo, mostrando dudas sobre los nombramientos de personas vinculadas a organizaciones subversivas.​
Trome, diario del Grupo El Comercio que contó con el mayor tiraje del país, fue uno de los periódicos populares que más promovieron ideas anticomunistas. Parte de su cobertura adoptó referencias a la crisis política en Venezuela.​ Tras descubrirse que uno de sus periodistas había amenazado de muerte a Pedro Castillo, el director de El Comercio rechazó cualquier responsabilidad del diario en la promoción de actos violentos.​
Otros medios de comunicación también manifestaron posturas anticomunistas, y lo hicieron con mayor repercusión que los del Grupo El Comercio.​ Perú 21, uno de ellos, alegó la posible implicación de Sendero Luminoso en las elecciones​ y demonizó la imagen pública de Castillo en sus contenidos informativos.​ Dirigido por Cecilia Valenzuela, contó con la colaboración de la versión local de la encuestadora Ipsos, dirigida por Alfredo Torres, esposo de la periodista. En una ocasión, el diario ocultó una encuesta en la que Keiko Fujimori habría ganado para evitar repercusiones mediáticas.​
En cuanto a espectros ajenos a la derecha, un estudio de 2023 por la revista Comunicación de la Universidad de Piura concluyó que La República (un diario que es operado por otra empresa, el Grupo La República Publicaciones), tras analizar editoriales entre mayo y junio del año 2021, fue diferente en el uso de palabras que el Grupo El Comercio. Según el estudio, el diario de tendencia progresista presentó a Keiko Fujimori como una «candidata» con «respaldo», mientras que a su contendor, Pedro Castillo, se le relacionó más intensamente con las palabras «económico», «comunismo» y «estabilidad».​ Este último fue el que el diario presentó a la audiencia como el candidato que traería «inestabilidad económica».​ Cabe señalar que, a diferencia del referido conglomerado, La República mostraba una ligera inclinación hacia la neutralidad en sus editoriales sobre los orígenes de Castillo.​
La televisión limeña se decantó por candidatos de derechas y afines a los intereses políticos. Según una investigación de Fernando Tuesta (en 2022), en la primera vuelta de las elecciones de 2021, el candidato con mayor presencia en la televisión limeña​ fue Rafael López Aliaga con 23.8 horas.​ Durante la segunda vuelta, la candidata con más presencia fue Keiko Fujimori con 15 horas.​
López Aliaga es una figura que tuvo afinidad con los medios de comunicación de ese espectro.​ Sin embargo, cuando no pudo superar a la segunda vuelta, López Aliaga dejó de ser una figura relevante, ya que algunos medios centraron su atención en las actividades de Keiko Fujimori.​
Un detalle significativo es la cobertura hacia los simpatizantes, en la que el fujimorismo (77.2 horas) tuvo más cámara que quienes apoyan a Pedro Castillo (40.5 horas).​ Además, de acuerdo con el estudio de Concortv de ese mismo año, los programas de televisión informativos, como América noticias (América Televisión), 24 horas (Panamericana Televisión) y Latina noticias (Latina Televisión), no cumplieron el papel de describir las actividades políticas de Pedro Castillo, en comparación con el resto de candidatos presidenciales.​
La prensa siguió hablando del tema incluso después de las elecciones. Según un estudio de Tuesta Soldevilla (2022), se emitieron 98 horas de transmisión en dos perspectivas: 48 horas en contra y 50 horas a favor de las denuncias de fraude electoral. El resto de canales no dedicaron horas a las teorías de la conspiración, excepto Willax.​ Algunos entrevistados de otros medios como América Televisión y Latina Televisión también denunciaron el fraude.
Willax TV es un medio de derechas que se ha destacado por su libertad a la hora de cubrir a candidatos de ese espectro, como Rafael López Aliaga, a quien dejaron llamar a este «Porky».​ También ha destacado por no querer entrevistar a otros candidatos de izquierda, como Verónika Mendoza y Ollanta Humala.​
En ese canal ocuparon diversas figuras que velaban por posturas de derecha. Phillip Butters ocupó el horario matutino, en el que también se emitió su programa en PBO Radio. Butters admitió haber sido generoso con Keiko Fujimori, motivado por su hospitalidad.​​ Además, Beto Ortiz y Milagros Leiva ocuparon el horario nocturno con sus programas políticos.
En cambio, en la franja de tarde no se emitió ningún programa político, sino el programa de entretenimiento Amor y fuego, en el que la conductora Gigi Mitre se pronunció en contra de Castillo.​ Gigi Mitre y su compañero de conducción Rodrigo González retaron a Castillo a responder acusaciones políticas con ayuda de un polígrafo.​ El reto fracasó y en su lugar el programa dio voz a Keiko Fujimori para debatir cuestiones relevantes para los jóvenes votantes.​ Posteriormente, los presentadores de Amor y fuego se mostraron a favor de que Fujimori continúe en la contienda electoral y de derrotar a Pedro Castillo en la asunción a la presidencia, pese a la orden de prisión preventiva en su contra.​
Por último, Jaime Bayly ocupó el horario de los programas dominicales políticos para conducir el especial 7x7, que se centró en analizar las elecciones presidenciales. Bayly confesó haber elegido a Keiko Fujimori en segunda vuelta,​ mientras cubría minuto a minuto el día central del balotaje electoral.​
En línea con otros medios impresos como Expreso y La Razón, Willax Televisión se dedicó a evitar que Pedro Castillo llegara al poder. Empezaron denunciando sin pruebas que quería imponer un régimen dictatorial como el de Venezuela.​ Durante la crisis electoral de mediados de 2021, el canal dedicó muchas horas a estas denuncias contra el Jurado Nacional de Elecciones.​ Los periodistas de Willax, Beto Ortiz y Milagros Leiva, intentaron presionar al JNE para evitar que declarase falsas las acusaciones de fraude electoral,​ pero no lo consiguieron. Después de conocerse los resultados, Butters criticó la mala imagen de Fujimori y se comprometió a no entrevistarla en el futuro.​
En América Televisión, uno de los canales con mayor sintonización el país, y Canal N, canal informativo hermano de América, generaron controversia por sus posturas a favor de políticos de derecha.​ Los canales, propiedad del Grupo Plural TV (en que Grupo El Comercio es el accionista mayoritario), se encargaron de promover su debate presidencial en la primera vuelta, donde Castillo no participó.​ En la primera vuelta, Clara Elvira Ospina, una periodista influyente de la época,​ dirigió el área de prensa el canal.​ Sin embargo, en la segunda vuelta, Gilberto Hume (exfundador de Willax) asumió la dirección, luego del despido de Elvira.​
En Canal N se barajaron posibilidades sobre el contenido que deberían incluirse en las coberturas. Destacan la filtración en vivo una conversación emitida por no tomar decisiones en relación con el atentado de San Miguel por ser «una pérdida de tiempo»,​ seguida de la advertencia de dejar a Castillo de «transmitir sus eventos».​
Las discusiones sobre el futuro de la editorial continuaron entre Clara Elvira Ospina y el consejo editorial, que terminó con el despido de Ospina de la dirección del canal.​ Las diferencias con el departamento de periodismo de Plural TV provocaron la renuncia de algunos miembros, entre ellos al equipo del programa dominical Cuarto poder.​ René Gastelumendi, presentador de América noticias, abandonó el canal porque este le pidió «que deje el periodismo en un segundo plano» para apoyar la campaña de Keiko.​ La columnista de Caretas, Patricia Salinas, señaló que los cambios en la editorial fueron similares a los de las elecciones de 2011.​
Posteriormente, la directiva Grupo La República denunció las actitudes del director Gilberto Hume,​​ sucesor de Ospina. La denuncia fue recibida por el Consejo de la Prensa Peruana y este sancionó a los canales informativos de Plural TV por «antiéticos».​​ El entonces presidente del tribunal de CPP, Diego García-Sayán, justificó esta sanción por las críticas de la directiva al considerar que no se estaba realizando «un manejo equilibrado y objetivo de la información».​
TV Perú es un canal del Estado que cuenta con mayor cobertura del país que en 2015 se comprometió en garantizar la «pluralidad y equidad informativas».​ En la primera vuelta electoral, en 2021, asumió en la emisión de los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones.​ Sin embargo, a partir de la segunda vuelta electoral, experimentó cambios en su cobertura.
TV Perú perdió una amplia gama de opiniones tras la toma de posesión de Pedro Castillo.​ El periodista Carlos Paredes, de la revista Caretas, señaló que el canal de mayor cobertura del país fue asediado por el gobierno, que despidió a periodistas.​ Además, el gobierno recurrió a un experto en relaciones públicas para encargarse de las notas de prensa y contrató a personal no cualificado.​
El canal y los demás del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, no solo fueron asediados durante el gobierno de Castillo, sino también durante el de su sucesora, Dina Boluarte. Boluarte designó como directora de IRTP a Ninoska Chandía Roque, quien destacó por enfocar su cobertura en eventos económicos como la cumbre APEC de 2024 y argumentó que su objetivo es «traducir la complejidad de los acuerdos comerciales de Perú en información accesible para todos los peruanos».​ Durante el nuevo mandato, se denunció el derroche excesivo, incluidas las presuntas irregularidades en la contratación de una productora para cubrir la cumbre APEC,​ y la censura de voces opositoras.​ El guionista Eduardo Adrianzén llegó a comparar la censura del canal con la del fascismo.​
Se sabe que este enfoque parcializado se ha aplicado a las distintas oficinas de comunicación y prensa de las instituciones públicas peruanas. Las instituciones han recurrido intensivamente a sus unidades de fact-checking para limpiar la imagen de sus funcionarios, desacreditar a periodistas y tapar irregularidades.​ En este contexto, el Ministerio del Interior ha empezado a crear una campaña para negar las acusaciones de la prensa no oficialista.​ El primer ministro de Dina Boluarte, Gustavo Adrianzén, recurrió a El Peruano para arremeter contra sus opositores.​
En ATV, la figura destacada Magaly Medina instó a participar en las elecciones en aras de la «defensa de la democracia» al recordar en su programa de espectáculos los acontecimientos del grupo terrorista Sendero Luminoso en los años 1980.​ Sin embargo, se la acusó de fomentar una presunta estrategia psicológica a favor de la candidata de derechas, Keiko Fujimori,​ a quien posteriormente entrevistó en el programa.​ En respuesta, Medina negó dicha estrategia.​ El periodista Beto Ortiz señaló que Medina ganó relevancia mediática por ser acérrima crítica de Pedro Castillo, a diferencia de las voces de otros canales.​
El canal Latina Televisión investigó al candidato César Acuña, un candidato presidencial quien lo denunció por usar su libro sin autorización. Posteriormente, emitió vídeos sobre la democracia​ y la participación electoral de los adultos mayores.​ La candidata presidencial Verónika Mendoza cuestionó el tratamiento periodístico del canal hacia las figuras de izquierda, hecho que fue expuesto ante la mirada de la periodista Mónica Delta.​ Posteriormente, Latina Televisión fue dirigida por Cayetana Aljovín, una empresaria que admitió tener cercanía profesional con Dina Boluarte.​ Con mucho retraso en comparación con Willax y América, el canal dio cabida a las acusaciones de fraude electoral sin avisar que estas habían sido desmentidas.​
Fuera de Lima, los medios de comunicación locales y las redes sociales transmitieron sin temor la campaña electoral de Pedro Castillo, quien propuso tener un enfoque de gobierno con los intereses regionales.​ Medios radiales, como Latina 990 AM, e impresos como, El Sombrero y El Puka,​ se encargaron de cubrir los mítines.
Según Jimena Ledgard, del portal digital Rest of World, Castillo no tenía mucha presencia en redes sociales. En Twitter, donde se unió a la plataforma en febrero de 2021, tenía solo 3000 seguidores.​ Su presencia empezó a crecer con la difusión de grupos de Facebook con miles de integrantes.​ Fruto de su conexión con la población regional, surgió oficialmente la prensa alternativa. La prensa alternativa contaba con estrategias de comunicación para potenciar la imagen del futuro gobierno en respuesta a las críticas y acusaciones recibidas por los sectores opositores.​
No todos los medios regionales gozaron de libertades editoriales. En localidades como Satipo​ y Huaraz,​ los periodistas afirmaron haber sufrido presunta censura por parte de emisoras de radio y televisión por criticar a Keiko Fujimori.
En agosto de 2021, la periodista Karina Bayona entrevistó a Guido Bellido para el canal cuzqueño Inka Visión, lo que generó polémica por relacionarlo con ideas subversivas antes de su elección como congresista. Como resultado, se inició una investigación fiscal contra Bellido por presunta apología del terrorismo y la periodista fue destituida del canal de televisión cuzqueño.​ La periodista Karina Bayona fue contratada posteriormente por el diario limeño Perú 21​ y el canal cuzqueño Qosqo Times.​ Además, calificó las manifestaciones contra Dina Boluarte como «terror» en redes sociales.​
Con el paso de los años, los medios de comunicación alternativos continuaron vigentes, especialmente durante los momentos de convulsión social. La periodista Jacqueline Fowks elogió su labor, ya que realizaban documentaciones que servían de prueba para investigar violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales.​ En la cumbre APEC de 2024, el portal El Regional de Piura señaló que la cuenta Unancha TV cubrió todas las manifestaciones, incluyendo la actitud represiva de la policía y otros intentos para repelerlas.​
Los medios digitales tuvieron un rol similar a la prensa alternativa, al no depender de las presiones editoriales de la prensa tradicional. Algunos de estos, como Ojo Público, fueron conformados por periodistas de medios tradicionales.
Una publicación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas señaló que los medios independientes de los años 2010 tenían posturas variadas. Hildebrandt en sus Trece y Wayka adoptaron una postura opositora a la candidata Keiko Fujimori,​ mientras que Ojo Público y Salud con lupa establecieron una postura neutral.​
El seminario arequipeño El Búho, formado en los años 2000, optó por crear su propia asociación con medios independientes, la Red de Medios Digitales.​ Esta red contó con su sistema de verificación Ama Llulla, en colaboración con Ojo Público y medios radiales,​ y su noticiero digital propio Pasó en el Perú.​ Empero, ciertos grupos afines a posturas políticas de derecha presuntamente intentaron dañar la credibilidad del sistema y favorecer la imagen de Keiko Fujimori. Los medios PBO Radio y Willax TV negaron estar involucrados en tales acciones.​
En cuanto a los medios más recientes, Marco Sifuentes convirtió La Encerrona, un pódcast inicialmente centrado en salud, en un espacio de política desde una perspectiva socioliberal. El periodista definió una estrategia para hacer accesible su periodismo a un público más amplio, lo que se convirtió en su rasgo distintivo en comparación con el crecimiento de los medios independientes.​ Cabe señalar que Sifuentes, junto a otros periodistas como Raúl Tola y Gustavo Gorriti, denunció al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), en el que fue socio, por no tomar medidas ante la desinformación.​
Sifuentes colaboró con el programa especial La liga electoral, que se transmitió en línea, y que contó con la participación de medios de comunicación independientes.​ Laura Grados, una de las presentadoras del programa especial, señaló que el público del programa especial es ajeno a los medios de comunicación tradicionales.​ El programa especial continuó desarrollándose en otros eventos con otros medios invitados, incluido el de Juliana Oxenford en 2024.​
Los medios digitales recurrieron a estrategias para generar ingresos, como Yape. Otros dependieron de la financiación de personas y agencias como la USAID.​ Parte de ellos experimentaron problemas de rentabilidad a causa de la crisis económica de 2023.​ Por otro lado, el semanario Hildebrandt en sus Trece, que fue uno de los pocos medios impresos independientes del país durante sus trece años de existencia, empezó a solicitar donaciones virtuales.​
Antes de su salto al internet, Juliana Oxenford se distinguió como una de las pocas periodistas de señal abierta limeña en adoptar una cobertura independiente sobre los acontecimientos electorales de 2021 en su programa ATV Noticias al estilo Juliana.
Mientras realizaba coberturas, Oxenford denunció la presunta existencia de una conspiración orquestada por la «élite limeña» contra su programa​ y advirtió públicamente que «[si una persona ignora la] campaña a favor de Keiko Fujimori, es automáticamente [catalogada] como caviar».​ La periodista ejemplificó la falta de interés de la prensa de Lima en cuestionar a Keiko Fujimori tras revelarse los «vladiaudios», grabaciones que implicaban a Vladimiro Montesinos en la campaña presidencial.​
La campaña de desacreditación a la periodista, perpetrada mayoritariamente por grupos conservadores dentro y fuera del canal,​ fue denunciada por la Coalición por las Mujeres en el Periodismo, que afirmó que hubo «presiones políticas y de grupos empresariales de extrema derecha» con el objetivo de cancelar su programa.​
El programa de ATV permaneció en el aire durante la crisis política hasta 2023, cuando el canal decidió cancelarlo y reemplazarlo por Mávila Huertas, una eximagen de Canal N, y optó por dejar de cubrir algunos eventos políticos.​ Solo en alguna ocasión, el canal del Grupo ATV compartió forzadamente uno de los mensajes de la Nación de Dina Boluarte, lo que generó la molestia de Magaly Medina.​ Por su parte, Oxenford creó en 2024 el pódcast Búnker Periodismo Libre, con plena autonomía editorial.​ La periodista atribuyó la creación del medio digital a la pérdida de audiencia en los canales de televisión, como consecuencia de la ausencia de una reacción por parte del público, ya que los periodistas «siguen un guion [impuesto]».​
La ciudad de Lima se alimentó de la «campaña anticomunista» de la candidata presidencial Keiko Fujimori, desde finales de la primera vuelta electoral hasta la segunda vuelta.​ La presencia de Fujimori contó con el respaldo estratégico de algunos medios de comunicación y personalidades influyentes. Entre estos últimos, cabe destacar la participación de videntes que buscaban afianzar la imagen de la candidata y contribuir a su triunfo.​​​ A pesar de la estrategia comunicativa, no se consiguió el éxito esperado debido a la simpatía que Castillo despertaba en otros departamentos​ y a la poca prioridad que algunos medios de comunicación prestaron a resaltar sus planes de gobierno.​
La revista Foreign Policy y el periodista César Hildebrandt advirtieron que la campaña fue adoptada por los principales medios de comunicación y empresarios del sector privado.​​ Eduardo Ballón Echegaray, antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sostuvo que los medios prorizaron la campaña debido al temor de «perder los privilegios económicos de los cuales han venido gozando durante los últimos años».​
Grupo El Comercio destacó en participar en la campaña anticomunista. Varios discursos se presentaron en Correo,​ que se extendieron a otros periódicos como Trome y Ojo.​ En la televisión, varias figuras de la televisión,​​ incluidos de América y su programa de entrenimiento Esto es guerra,​ se involucraron en la campaña. De hecho, Mávila Huertas, figura de Canal N,​ señaló ante las cámaras que la posible llegada del candidato presidencial podría afectar su empleo.​
En América y Canal N, se reportaron varios cambios para impedir que los electores apoyen a Pedro Castillo. La periodista Juliana Oxenford denunció que Keiko Fujimori prefirió asistir a Esto es guerra y no a programa Al estilo Juliana que ella misma invitó.​ Además, un grupo de periodistas enviaron una carta pública en la que advertían de los riesgos de credibilidad del programa dominical de Cuarto poder, en el que Huertas asumió la conducción del programa.​
El candidato Pedro Castillo se incomodó del tratamiento de los medios comerciales. Castillo dijo a sus simpatizantes sobre el «terruqueo que han hecho con el pueblo», y prometió que al llegar al poder se harán «algunos informes de cuánto ganan los conductores de TV y quién les paga», en alusión a la denominada «prensa mermelera», por supuestamente favorecer a Keiko Fujimori.​ En el debate presidencial de 2021, realizado por el Jurado Nacional de Elecciones, Castillo mostró dos portadas de El Comercio y La República sobre el plan de la reforma de AFP mientras preguntó a la audiencia «¿Quién miente y quién dice la verdad?».​ Además de las críticas de Castillo, el entonces mantario Francisco Sagasti manifestó su preocupación del tratamiento periodístico y animó a evitar la «libertad de mentir».​ El expresidente Ollanta Humala animó a Castillo en tomar medidas de regulación.​
Con el tiempo, los seguidores del movimiento anticomunista realizaron manifestaciones contra Castillo. La Resistencia fue uno de los colectivos que replicó las posturas de los medios de comunicación.​ Algunos integrantes del movimiento acosaron a periodistas que no se unían a las marchas, como los de La República​ y los medios extranjeros.​ El portal Wayka se encargó de exponer algunos seguidores del movimiento que no conocían su significado político.​
Tras la finalización de las elecciones presidenciales, Pedro Castillo se perfiló como ganador, lo que generó sorpresa en la prensa internacional. CNN, por ejemplo, lo representó inicialmente con una silueta oscura.​ Diversos presentadores de América Televisión, entre ellos Tula Rodríguez (quien admitió su falta de conocimiento en materia política durante su participación en un debate del programa En boca de todos),​ instaron al reconocimiento de los resultados oficiales.​
Durante la crisis electoral, la prensa limeña (incluido El Comercio,​ América Televisión y Willax) se encargó de difundir las acusaciones de fraude electoral por parte de Keiko Fujimori. Los manifestantes que respaldaban la teoría del supuesto fraude insultaron a periodistas que atribuyeron a victoria de Castillo, como Juliana Oxenford y Mávila Huertas.​ Algunos corresponsales extranjeros, como Johan Ramírez, tuvieron que esperar a que las autoridades decidieran un ganador.​ La crisis terminó en julio de 2021, cuando el Jurado Nacional de Elecciones declaró infundadas y el diario oficial El Peruano proclamó a Castillo como presidente de la República del Perú.​
En el caso de América Televisión, el periodista Diego Salazar informó en The Washington Post que el asesor y expublicista de Fujimori, Carlos Raffo, presentó las acusaciones de fraude en una entrevista para Cuarto poder, que fue aprobada por el director periodístico Gilberto Hume.​ El programa siguió recibiendo a otras figuras que respaldaban estas acusaciones como Lourdes Flores Nano.​ Las periodistas Juliana Oxenford​​ y Claudia Cisneros​ cuestionaron el comportamiento del canal para afrontar la crisis electoral.
De forma insistente, Willax convocó a la marcha anticomunista durante la crisis electoral.​ El canal Willax también se jactó posteriormente en su transmisión especial la denuncia de políticos ante la Organización de los Estados Americanos, sin el éxito esperado por la falta de respuesta.​ El Ministerio Público inició una indagación sobre el movimiento anticomunista y atribuyó la autoría de la conspiración a Rafael López Aliaga y los periodistas de Willax contra Pedro Castillo. La fiscal Juana Meza alegó que el canal difundía «noticias con connotación conspirativa» y promovía un intento de golpe de Estado.​
Cuando se realizó la investidura presidencial de Pedro Castillo en julio de 2021, según Patricia Salinas, la mayoría de los medios de comunicación fueron indiferentes a la hora de cubrir el evento.​ Es más, se notaba que la mayoría de los medios fueron muy repulsivos al anunciar la muerte de Abimael Guzmán,​ el líder de Sendero Luminoso y un personaje que genera un fuerte rechazo en la población general, en contraste con su actitud ante el anuncio de la muerte de Alberto Fujimori años después.​
Durante el gobierno de Pedro Castillo, se recurrió a publicidad estatal en los medios de comunicación para generar la confianza del oficialismo hacia la ciudadanía.​ Este financiamiento se produjo cuando la prensa alternativa cumplió un papel predominante ante las acusaciones en redes sociales contra Castillo, incluidas desde cuentas troles, que se alimentaron de las denuncias emitidas en medios de comunicación tradicionales.​
En febrero de 2022, el entonces primer ministro Aníbal Torres anunció medidas para extender de la publicidad estatal a los medios alternativos y favorecerlos sobre sus rivales limeños. Esta medida provocó el malestar de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, entre otras organizaciones.​​
Además, el gobierno aprovechó TV Perú como el único medio de comunicación autorizado para emitir todos los actos oficiales del entonces mandatario.​ El entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, sostuvo en una entrevista que tenían la intención de reformar la política de difusión del canal, debido a la presencia de opositores al mandato.​ El canal del Estado recibió acusaciones de entrevistar al mandatario sin cuestionarlo, como ocurrió en junio de 2022 tras un silencio de 100 días.​​
Junto con la intención de modificar la política del canal del Estado, Castillo empezó a realizar entrevistas solo a algunos medios de comunicación digitales, como Hildebrandt en sus Trece. César Hildebrandt confesó en 2022 que el gobierno le había ofrecido tener su propio espacio en TV Perú.​
En cuanto a la prensa de Lima, los periódicos El Comercio, La República, Perú 21, Ojo y Trome han recurrido intencionadamente a la expresión en sus titulares de portada sobre acontecimientos políticos aludidos al entonces jefe de Estado.​ Apenas pasados unos días, El Comercio vaticinó al nuevo mandatario de tener un comportamiento «inaceptable y vergonzoso».​ Con el paso del tiempo, el mismo medio publicó avisos pagados que promocionaban la vacancia presidencial.​ La entrevista de Castillo con Fernando del Rincón en CNN en enero de 2022 intensificó la crítica hacia su figura. Medios como Expreso lo tildaron de «vergüenza mundial» por su desempeño ante las cámaras.​
Al igual que en las elecciones presidenciales, varios medios de comunicación criticaron en sus editoriales la actuación del Gobierno de Pedro Castillo. De hecho, algunos de ellos realizaron investigaciones periodísticas sobre presuntos actos de corrupción en su despacho. Al mismo tiempo, empezaron a cubrirse protestas contra el mandatario, siendo las más conocidas las de Reacciona Perú, formadas por adultos y personas mayores, en las que tuvo que utilizarse drones para registrar la cantidad de participantes.​
El dominical Cuarto poder (bajo la breve etapa de Christian Sotomayor, productor del programa) se centró en hacer humor sobre las autoridades. Este dominical presentó a Pedro Castillo como un superhéroe​ y ofreció en redes sociales un póster en el que aparecían Castillo, Iósif Stalin y Mao Tse Tung.​ La periodista Juliana Oxenford informó de que el programa de América Televisión anunciaba de una primicia que evidenciaría las denuncias de corrupción contra el gobierno de Castillo, a cargo de la reportera Stephanie Medina. Sin embargo, el canal finalmente optó por no difundir las supuestas pruebas y Oxenford reprochó esta actitud.​
Willax TV, por su parte, demostró su apoyo al excandidato presidencial de derecha Rafael López Aliaga, a quien fue invitado en un estado de aparente agresividad hacia Castillo.​ Además, realizó coberturas de la marcha a favor de la vacancia del presidente Castillo,​ en la que contó con el respaldo de colectivos como La Resistencia y la Coordinadora Republicana.​ Estos eventos, según el periodista Gonzalo Ruiz Tovar (agencia Télam), se basaron en información falsa para atraer una gran concurrencia, careciendo de participación significativa de jóvenes o personas de otras regiones.​ Algunos políticos, como Isabel Cortez, se han negado a participar en los programas de Willax por acusaciones de discriminación.​​​​
El canal tuvo un impacto político que recibió reconocimiento de organizaciones afines. La organización Coordinadora Republicana, presidida por Ántero Flores-Aráoz, rindió homenaje a Willax TV y a otras plataformas mediáticas (como PBO, el diario Expreso y el portal web El Montonero) por sus estrategias comunicativas contra el gobierno de Pedro Castillo para así «evitar que la patria se desplome al abismo». Estos fueron distinguidos como «defensores de la democracia».​ También rindió homenaje la Universidad San Ignacio de Loyola, su aliado, con su máxima distinción, «valores democráticos».​
Canal N también se opuso al gobierno de Pedro Castillo. El periodista Mario Ghibellini aclaró que el canal realizaba cuestionamientos porque las declaraciones del gobierno no fueron satisfactorias y lo acusó de manipular sus pautas para favorecer su imagen.​ En este canal, se permitió que figuras contrarias a su editorial fuesen entrevistadas, como sucedió con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.​
En noviembre de 2022, luego de la visita de sus representantes a Lima, un informe enviado al Consejo Permanente de la OEA señalaba en el apartado «Cuestionamientos sobre el rol de la prensa y medios de comunicación» que los «medios de comunicación están concentrados en pocas manos, y han sido cuestionados por varios de los actores entrevistados por carecer de objetividad, llegando a sostener que no son veraces y que en algunos casos [incluso] son desestabilizadores».​
En medio de las acusaciones contra su persona, Pedro Castillo mantuvo una actitud crítica hacia los medios de comunicación tradicionales. En diciembre de 2021, exhortó a la ciudadanía a «no dejarse sorprender».​ Posteriormente, en una entrevista con Nicolás Lúcar en enero de 2022, Castillo afirmó que evitaba consumir medios noticiosos «porque sabes que te van a dar con palo».​
Antes de que el Ministerio Público emprendiera una investigación sobre supuestos actos de corrupción difundidos por la prensa, el gobierno acusó negó cualquier reportaje que dañase la imagen de Castillo.​ En octubre de 2022, durante un discurso oficial, Castillo acusó a los medios limeños de tendenciosidad​ y colusión con «grupos de poder» que buscaban debilitar su gobierno.​
El malestar de Castillo tuvo el respaldo de sus aliados, como la bancada del Bloque Magisterial (conformado por exintegrantes de Perú Libre), que denunció la existencia de un «show mediático».​ El ministro Aníbal Torres, durante una entrevista a Blu Radio, atribuyó el sesgo de los medios a su alineación política y acusó a El Comercio como un «diario golpista desde el primer instante»,​ mientras alertaba a los oyentes que la prensa de Lima realizaban coberturas que «solo lo que le conviene a la ultraderecha».​
Asimismo, Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, expresó su apoyo a Castillo al calificar a los medios rivales de «[instrumentos] de manipulación».​ Por su parte, el congresista Guillermo Bermejo criticó a la televisión comercial por difundir programación de «ningún tipo de valor» y por brindar información parcial «con el ojo derecho».​
Tras el intento de autogolpe de Estado en 2022, el medio de verificación Newtral alertó la bifurcación en dos hipótesis acerca del desarrollo de los hechos del mensaje de la nación de Castillo.​ Una de ellas corresponde a los seguidores de Castillo, que al recurrir narrativas contra las autoridades,​ asumieron que fue «víctima del golpe»,​ en que el posteriormente detenido exmandatario acusó a la derecha política y la prensa de «golpistas».​
La editorial de El Comercio simplemente llamó al ya destituido mandatario de «dictador»,​ palabra que prudentemente La República no lo adoptó.​ Además, según The Clinic, RPP Noticias, Latina TV y otras cadenas de televisión peruanas manifestaron el suceso como un «golpe».​
Las declaraciones del decano nacional, propiedad de los Miró-Quesada, fueron osadas, en que se dirigió a la destituida autoridad como «líder de una organización criminal».​ Tras expresarse muestras de solidaridad al destituido mandatario por gobiernos de otros países, lo que llevó a un conflicto diplomático, el diario redactó un nuevo comentario en su columna «La mala vecindad».​ Desde entonces, el atribuido decano y otros medios comentaron las declaraciones de varios mandatarios hacia Castillo.
Sobre Gabriel Boric, el diario hermano de EC, Correo, arremetió al presidente chileno por su intromisión en la política peruana.​ El espacio PBO Radio arremetió directamente hacia sus declaraciones al tildarlo de «débil mental».​
Cuando Xiomara Castro declaró acerca de la realidad actual, el medio hondureño La Prensa resaltó que El Comercio recordó en su editorial el golpe de Estado ocurrido en su país en 2009 y comparó con el intento de autogolpe de 2022. El diario afirmó en el primero «tuvo éxito», mientras que en el segundo, Pedro Castillo «naufragó, pero ello no le resta un ápice de gravedad al zarpazo [del exmandatario]».​
Con las declaraciones de Gustavo Petro, medios colombianos como El Colombiano y El Tiempo resaltaron la respuesta de El Comercio. En su editorial, el decano dijo que las declaraciones de Petro «revelan los extremos a los que son capaces de llegar los cómplices internacionales del atentado contra la Constitución que ensayó Pedro Castillo».​​​
El 14 de diciembre de 2022, el ya detenido Castillo denunció a los medios de comunicación limeños de estar supuestamente financiados por la «derecha golpista».​​​ Además, señaló a esos medios como responsables de «callar» las protestas ciudadanas a favor de sus medidas, debido a, según él, los fondos económicos a la prensa en detrimento de la Reforma Agraria y bonos para la Policía y el magisterio nacional.​ Uno de los abogados de Pedro Castillo, quien fue cuestionado por sus antecedentes de terrorismo por el medio Exitosa Noticias,​ manifestó a la estación radial que «todos [los medios] están en un mismo plan contra Pedro Castillo».​ Posteriormente, cercanos a Castillo mostraron actitudes violentas hacia la prensa.​​
En diciembre de 2022, el líder del partido político de Perú Libre, Vladimir Cerrón,​ culpó a la prensa de brindar información tergiversada. En enero de 2023, Torres, ya alejado del despacho presidencial, tildó directamente a los periodistas de «asesinos».​​​
Durante la destitución de Pedro Castillo, se desarrolló una narrativa sobre un supuesto golpe de Estado parlamentario y no un autogolpe del expresidente. Según el presidente del capítulo local de la encuestadora Ipsos, Alfredo Torres, la narrativa del sector rural señaló a Pedro Castillo como «víctima del Congreso y de los políticos de Lima».​ El portal Colombia Check dedujo que el «golpe de Estado» parlamentario se difundió en varios perfiles de Facebook.​
Varios comunicadores compartieron una serie de vídeos sobre los supuestos maltratos a Pedro Castillo durante su arresto, algunos de ellos fueron Cecilia García Rodríguez (locutora de Radio Exitosa)​ y la activista campesina Lourdes Huanca (a que Radio Francia Internacional denominó como una de las «acosadas» de la prensa limeña).​
Luego que Boluarte asumiera la presidencia, Huanca lideró una gira a Europa en 2023 para expresar su denuncia ante los medios de comunicación extranjera.​​​ Margot Palacios, quien culpó a la prensa de Lima por ser «cómplice de los golpistas»,​ aprovechó su visita a Suiza para señalar que «la señora Dina Boluarte es quien da las órdenes y la prensa [dice] que todo aquel que se moviliza es un terrorista».​​ Durante su llegada a La Haya, para presentar una denuncia a la Corte Penal Internacional, Palacios habría recurrido a dinero del parlamento para justificar sus gastos.​
La embajada de Perú informó a España y otros países sobre de una posible desinformación donde el exmandatario ha sido «amenazado o secuestrado».​ El Ministerio de Relaciones Exteriores, tras la travesía de Huanca en Europa, reportó que 15 embajadas en otros países adoptaron medidas para contrarrestar la narrativa, y que solo el 25 % de los representantes compartieron sus reportes sobre el gobierno de Boluarte a la prensa.​ La Cancillería señaló también que «la prensa local, de manera reiterada e incremental, rebota estas críticas contra nuestra institución […] y que, en muchos casos, no se ha hecho lo suficiente por revertir».​ Para difuminar la mala imagen a Dina Boluarte, producto de la convulsión social, el gobierno invirtió una campaña para limpiar su imagen a nivel internacional.​​
De su parte, algunos medios de Lima acusaron a los comunicadores de mentir a la población. El programa de Panamericana, 24 horas, denunció que esos videos se basaban en desinformación y pretendían «azuzar a la población».​ El programa también denunció que los comunicadores se negaron a reconocer la ilegalidad del mensaje a la Nación de Castillo.​ La directora de Perú 21, Cecilia Valenzuela, alertó que la campaña de desinformación habría provenido de posturas extremistas.​ Mientras que su columnista, Aldo Mariátegui, criticó la precarista comunicación de la Cancillería a medios de comunicación extranjeros.​
El Comercio publicó una serie de editoriales para enero de 2023.​ En una de ellas señaló que «en el camino, [voceros cercanos a Castillo] intentan confundir a algunos medios de prensa extranjeros que han mordido el anzuelo y han venido retratando al golpista [expresidente] como una víctima incapaz de dar el zarpazo a la democracia».​ En ese mes, Claudia Toro, del programa Beto a saber, realizó un experimento sobre «prensa alternativa» en televisión abierta. Toro se infiltró de activista e intentó demostrar la manipulación comunicativa sobre la situación de Pedro Castillo a sus manifestantes.​
Cuando Dina Boluarte asumió el cargo de sucesora constitucional de Castillo, se comprometió ante el Consejo de la Prensa Peruana a transparentar la información gubernamental.​ Sin embargo, con el paso del tiempo, ese compromiso de apertura se ha ido opacando, al igual que ha ocurrido con el Congreso de la República,​ donde algunos parlamentarios compartían la misma ideología que Boluarte.
Durante su gobierno, hubo una convulsión social en solidaridad con las medidas políticas a favor de la clase marginal adoptadas durante el gobierno de Castillo. El especialista político Enrique Castillo indicó que Boluarte tenía dificultades para responder a las manifestaciones mientras mantenía una actitud hostil con los periodistas.​ En un intento por controlar la crítica situación del país, el primer ministro, Alberto Otárola, declaró que «no contamos con el tiempo necesario para ver la televisión​ como antes».​
Durante la convulsión social, el premier recurrió a los medios de comunicación de la capital para justificar que los manifestantes eran «vándalos infiltrados que cometieron delitos», según Juan Quispe del Instituto de Defensa Legal.​ Por su parte, Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas del Perú, señaló que un decano de Puno acudió a una reunión con Dina Boluarte para apaciguar las manifestaciones, a pesar de que los medios de comunicación limeños habían perdido credibilidad en el departamento sureño.​ Cuando los manifestantes se congregaron cerca de los principales canales de televisión, Burgos interpretó que el rechazo de Pedro Castillo hacia la prensa nacional se hizo patente en la región con la difusión del maltrato de los reporteros hacia los manifestantes.​
En marzo de 2023, se publicó en El Peruano el protocolo para periodistas que cubran actos de protesta; los puntos sobre el tratamiento de dichos actos, consensuados por el Colegio de Periodistas del Perú, fueron duramente criticados por el Instituto de Prensa y Sociedad «ya que implica una regulación, bajo supervisión policial, de la cobertura periodística de las protestas», además de otras instituciones.​​ La medida fue criticada también por la Unesco, pues «hicieron caso omiso» a las recomendaciones y cuyo resultado es un «protocolo en favor de los policías».​ En ese mes, la congresista Noelia Herrera, del partido ultraconservador Renovación Popular, propuso un proyecto de ley para «acabar con el sicariato mediático», que consistía en obligar a los periodistas a afiliarse al Colegio de Periodistas del Perú en lugar de fomentar otras formas de periodismo.​
Meses después, las protestas perdieron intensidad. La prensa optó por no cuestionar a la presidenta ni realizar análisis en profundidad de los sucesos políticos.​ Según Adriana León, la cobertura mediática de la presidenta Dina Boluarte ha sido menos crítica que la de su predecesor, Pedro Castillo. León señaló que, al igual que en las elecciones de 2021, los medios capitalinos solo se interesaron por las noticias de acuerdo a sus inclinaciones ideológicas.​
Fuera de Lima, los periodistas de la prensa del sur de Perú continuaron con su labor comunicativa. La emisora La Decana Radio Juliaca fue una de las que más criticó al gobierno de Dina Boluarte cuando entrevistó a la congresista fujimorista Patricia Juárez en mayo de 2024.​ Algunas de las estaciones de la zona formaron la asociación Micaelas en 2023, con el objetivo de unificar la comunicación en quechua y español, y de afrontar temas políticos.​
Con el caso Rolex, la prensa tradicional volvió a interesarse por investigar nuevos escándalos políticos. Como respuesta, el Gobierno del Perú se negó a hacer declaraciones la mayoría de las veces, optó por limpiar su imagen y creó su boletín informativo semanal Presidencia informa, con el que pretendía presentar una imagen positiva de sí mismo.​​ Gustavo Adrianzén culpó a la prensa y al Ministerio Público de dañar a la presidenta «por ser mujer»,​ mientras que la propia Boluarte señaló que «no hay presupuesto para pagar a las televisoras por promocionarnos» y animó a la gente a seguirla en redes sociales.​
Hacia la Semana de Líderes de la APEC, la periodista Mariana Quilca Catacora, del portal Infobae, afirmó que «la presidenta Dina Boluarte y sus ministros se han empeñado en mostrar una imagen de Perú que dista mucho de la realidad».​ Más tarde, el diario Los Andes comentó que «Dina Boluarte y sus ministros lanzan afirmaciones completamente ajenas a la realidad, una estrategia mediática eficaz para desviar el foco de atención, de manera que se hable de la presidenta y no de los problemas reales que ocasiona».​
En el contexto de la convulsión social en los primeros días, la prensa limeña desempeñó un papel fundamental al denominar a los manifestantes como «azuzadores» e instar a los lectores a abstenerse de participar en las protestas debido a sus reivindicaciones consideradas «ilegítimas». Esta misma postura fue adoptada por el gobierno, los congresistas de derecha y parte de los empresarios.​
El Comercio abogó por la preservación del orden constitucional y se opuso a la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, afirmando que esta medida crearía un vacío de poder que permitiría a los grupos violentos operar impunemente. Este diario señaló que dichos grupos buscarían promover una supuesta anarquía.​ Por su parte, Trome recurrió a la publicación de imágenes provocativas que enfatizaban los actos de agresión, aunque estos constituyeron una minoría.​ Perú 21, según el portal ayacuchano Jornada, tildó de «senderistas» a los integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho basándose en conversaciones supuestamente coordinadas con organizaciones criminales, aunque no se evidenciaban delitos.​ En contraste, La República procuró reflejar con mayor fidelidad las demandas de los manifestantes.​
Para finales de enero de 2023 las protestas perdieron protagonismo en la prensa de Lima. Según Caretas, al percartarse que las manifestaciones de Lima eran vinculadas con actos de violencia, Canal N dejó de priorizarlas en sus coberturas y otros medios ignoraron acusaciones de una represión policial.​
A pesar del desinterés de la prensa limeña, el periodista Carlos Cornejo fue el único que se atrevió a denunciar una agresión ante las cámaras en señal abierta.​ Como resultado, Cornejo perdió la renovación de su programa en el canal TV Perú.​​​​ Tras difundirse el vídeo en el que se ve cómo la policía agrede a una persona con una bomba lacrimógena, cerca del centro histórico, el alcalde Rafael López Aliaga negó su autenticidad. En una entrevista en Willax, el burgomaestre afirmó que una piedra lanzada por un ciudadano fue la causa de la muerte de un manifestante.​
En febrero de 2023, los manifestantes se congregaron cerca de canales televisivos como Panamericana, TV Perú, América y Willax en represalia por el desinterés de la prensa a la hora de compartir los pedidos de los manifestantes al gobierno central.​​​
La narrativa de la prensa tradicional sobre las protestas, que pretendían llegar inclusive a Lima, fue crucial para señalar que los reclamos de los manifestantes eran injustificados.​
Durante las movilizaciones sociales, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (PNP) detectó la infiltración de personas vinculadas a organizaciones radicales. Esta información fue divulgada por medios de comunicación asociados con intereses corporativos,​ entre a Ojo, Correo y Perú 21.​ Sin embargo, La República prefirió ignorar el enfoque de la PNP para priorizar en sus portadas las denuncias de represión policial durante las protestas.​
El Comercio, en su editorial de febrero de 2023, subestimó la relevancia de las protestas y las acusó de violentas: «¿Qué habría sido lo democrático? ¿Dejarlos arrasar comisarías, aeropuertos, comercios y locales del Ministerio Público o el Poder Judicial? Como es obvio, no».​ Trome, por otro lado, empleó un lenguaje negativo para retratar las manifestaciones, utilizando términos como «vándalos» y «radicales».​
La percepción negativa de las protestas se extendió a los programas de entretenimiento. En diciembre de 2022, Magaly TV dejó el espacio de farándula​ y se centró en el origen de la llegada de manifestantes desde la selva al revelarse en su programa el traslado de machetes y vehículos pickup.​ En ese espacio, Magaly Medina despotricó contra los manifestantes y responsabilizó a «la izquierda terruca».​ Justificó que en ese supuesto grupo hay «gente del Movadef, remanente de Sendero, que intenta remover al Perú para que tengamos que irnos a una asamblea constituyente».​ Pocas figuras públicas abordaron las denuncias por represión policial, como hizo Maju Mantilla de manera tardía.​
Los sectores de izquierda denunciaron los calificativos negativos que los medios de comunicación dirigieron a los manifestantes,​​​​ mientras que la congresista Sigrid Bazán afirmó que los parlamentarios de la derecha habían malinterpretado las peticiones políticas de los protestantes.​ Los líderes regionales que organizaron las manifestaciones denunciaron actos de criminalización.​
Juliana Oxenford criticó la minimización de las víctimas de la convulsión social y la estrategia del Congreso de emitir acusaciones de «terruqueo gratuito».​ La activista afroperuana Sofía Carrillo y el escritor Guillermo Nugent coincidieron en que esa tendencia de calificativos impactó negativamente en el sur del país.​
En el ámbito digital, un análisis de 150 publicaciones de Facebook realizadas por cinco medios de comunicación (El Comercio, Exitosa, Expreso, Perú 21 y RPP) entre diciembre de 2022 y enero de 2023 arrojó información relevante sobre su presencia digital.​ En cuanto al volumen de contenido creado, Exitosa superó significativamente a los demás, redactando 20.7 mil palabras, cinco veces más que RPP. Por otra parte, Expreso, el siguiente en extensión (14.7 mil palabras), empleó con frecuencia el término «violento», al igual que Perú 21. El Comercio, en tercer lugar (5.2 mil palabras), se caracterizó por utilizar palabras clave como «protesta» y «policía».​ Cabe señalar que El Comercio utilizó el concepto del «otro» para referirse a los manifestantes, lo que sugiere una distanciación o categorización en la mayoría de sus redacciones.​
La prensa extranjera se dedicó a investigar en profundidad la convulsión social. La prensa extranjera fue enérgica en compartir las represiones policiales, sucesos que la limeña las silenciaba.​​ The New York Times, por ejemplo, utilizó la represión en Juliaca como portada.​ En el caso de España, los periódicos Abc y El Mundo omitieron información relevante, a diferencia de El País, que ofreció una cobertura más ecuánime.​
Los comentarios sobre la prensa internacional fueron diversos. En una entrevista de El Comercio, la periodista Sonia Goldenberg criticó a los esos medios por presentar a los manifestantes como defensores de la democracia.​ Por su parte, el analista Farid Kahhat destacó para La República que Dina Boluarte utilizó la prensa internacional para «mantener las falsedades» sobre las protestas.​
El estadounidense The New York Times denunció que «la intensa concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con muchos de ellos en Lima, [ignoran] las protestas o [resaltan] las acusaciones de que los manifestantes son terroristas», y advirtió que su cobertura «no ha hecho, sino exacerbar la sensación de que la élite urbana se ha confabulado contra los pobres del campo».​ El boliviano La Razón obtuvo comentarios de la analista Francesca Emanuele, quien dijo existir que señala una «"concentración demencial" de los medios [convertidos] en los "aliados de la represión"».​ The Listening Post (del canal Al Jazeera English) afirmó que los líderes de opinión escrita y televisiva en Lima buscaban minimizar las protestas.​
El portal argentino Urgente24, tras comparar titulares de los principales diarios, escribió en su edición internacional que se había buscado ocultar la realidad en la que «Perú no consigue estabilizar su precaria situación», pero advirtió que los medios solo habían contribuido a «agravar el caos».​ El también argentino La Voz del Interior comentó que la denominada «toma de Lima» (de enero de 2023) fue señalada por «los medios de comunicación masivos, la agencia oficial de noticias Andina y el oficialismo». La toma de Lima fue comporada con la marcha de los Cuatro Suyos.​
Luego de la toma de Lima, Jacqueline Fowks escribió para Público de España que «ningún canal de televisión importante transmitió la marcha [del 1 de mayo] y los dos principales noticieros matutinos (América TV y Latina) del día siguiente ni la mencionaron».​ Para ese entonces, el portal El Búho informó de que la prensa internacional se opuso a la cobertura de la prensa limeña en la tercera Toma de Lima (en julio de 2023), que tacharon de «fracaso».​
Un periodista del canal local Telesur y afiliado a la prensa internacional comentó que la prensa de Lima se ha «parcializado con el gobierno de Dina Boluarte».​ El diario español Gara dedujo, durante su visita al departamento de Puno, que «la prensa limeña no es querida por el grueso de los manifestantes».​
Durante las protestas, se registraron decenas de ataques por parte de la policía y facciones radicales, lo que dificultó la cobertura de las manifestaciones.​​​​ Ocurrieron en Lima​​ y Juliaca.​ Se consideró que los ataques a los periodistas ocurrieron durante las detenciones, los abusos y los golpes de los policías hacia los manifestantes.​ La colaboradora de Radio Nacional, Leah Sacín, creyó que las agresiones con bombas lacrimógenas fueron una de las modalidades que se utilizan para generar temor.​
El periodista Marco Sifuentes alegó que los empleados de los medios privados fueron coaccionados por sus superiores para no destapar agresiones policiales.​ Además, el portal Wayka citó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que señalaba que las agresiones policiales se intensificaron hacia comunicadores regionales.​
En 2024, algunos dominicales de la televisión limeña intentaron recobrar el interés por el periodismo de investigación centrando su atención en la vida de Dina Boluarte.​ Estas investigaciones adquirieron notoriedad cuando La Encerrona presentó por primera vez el caso Rolex,​ que la involucra a ella y a su hermano. Boluarte, quien se autodenominó «noticia tendencia»​ y mostró rechazo a investigar a su familia,​ se convirtió en protagonista de esta y otras noticias.
El allanamiento a la vivienda de Dina Boluarte por el caso Rolex generó atención internacional.​ El nuevo primer ministro en la administración de Boluarte, Gustavo Adrianzén, admitió que el escándalo «[repercutió] internacionalmente, perjudicando al país y ahuyentando inversiones». Agregó que, como voz autorizada del gobierno, «si tuviera algo que ocultar, no tendría cara para [brindar declaraciones]».​
Patricia Salinas, de la revista Caretas, elogió que el pódcast La Encerrona revelara las intenciones del oficialismo de distraer a la población con otras actividades sin que los medios tradicionales los cuestionen.​ Sin embargo, a pesar del impacto del escándalo, el director de La Encerrona, Marco Sifuentes, criticó la escasa presión mediática hacia las autoridades en comparación con las investigaciones de corrupción durante el mandato de Pedro Castillo.​
El Gobierno, por su parte, empezó a cambiar su postura tras el caso Rolex, que fue muy criticado en las redes sociales por la labor del oficialismo,​ y comenzaron a adoptar actitudes intimidatorias contra la prensa. En mayo de 2024, una reportera de Canal N denunció que la seguridad del Estado impidió a su equipo acercarse a la presidenta.​ Al mes siguiente, se informó de la presencia de francotiradores durante un acto político, hecho que la Asociación Nacional de Prensa condenó.​ Ese mismo mes, otro periodista contó que fue acordonado por decenas de guardias de seguridad durante la evacuación de autoridades políticas en un evento público.​
Marco Sifuentes compartió un nuevo escándalo con un audio sobre una orden del ministro del Interior, Juan Santiváñez,​​ en el que pedía a Harvey Colchado, policía conocido por intervenir en la casa de Dina Boluarte, que lo controlara.​ Santiváñez se mofó del periodista llamándolo públicamente «Sinfuentes»​ y arremetió contra los medios porque, según él, «le gusta la peliculina».​ Cuando los demás medios de comunicación siguieron compartiendo audios nuevos, el ministro los acusó de estar «contaminados por la caviarada».​
Perú enfrentó una crisis de seguridad plena en 2023 y el gobierno tuvo que recurrir a estrategias para mitigarla. El canal de televisión Panamericana afirmó que varios analistas (incluido el político Víctor Andrés García Belaúnde)​ aseguraron que el Ministerio del Interior había recurrido a una estrategia psicosocial en la que se señalaba a personas ajenas a la presidenta como enemigas en televisión nacional. Entre ellas, se encontraba la detención de una persona a la que no se había emitido una orden de detención policial para promocionarla en una rueda de prensa como el número 2 de Sendero Luminoso (en realidad, el Militarizado Partido Comunista del Perú), con el objetivo, según ellos, de desviar la atención de la audiencia ante las nuevas manifestaciones contra el Gobierno.​
También se reveló que el ministro había vinculado a un empresario extorsionado con el papel de cabecilla de una organización criminal en el programa dominical Panorama,​ y que posteriormente había presentado un texto sobre una noticia periodística antes de que esta se emitiera en el programa dominical Cuarto poder.​​
En marzo de 2025, el gobierno de Dina Boluarte propuso modificar la Ley de Radio y Televisión​ para obligar que los medios de comunicación dediquen 40 minutos de contenido oficialista con el fin de frenar las «informaciones falsas» de la prensa independiente.​
A mediados de 2024, un portavoz del Gobierno acusó ante la Fiscalía a los medios de «instigar a la violencia contra las autoridades».​ A su vez, Dina Boluarte acusó a los medios de promover el «terrorismo de imagen», en referencia a la difusión de noticias protagonizadas por ciudadanos comunes que afectaban a la imagen del Gobierno.​ El término «terrorismo de imagen» fue también adoptado por el político de izquierda Waldemar Cerrón para criticar a las noticias que, según él, trataban al Congreso de la República como «una organización que cubre a criminales».​
En la semana de líderes de la cumbre APEC, se convocaron nuevas manifestaciones en Lima para reclamar la falta de seguridad ciudadana. Una periodista de CGTN America que cubría el evento comentó: «Es impresionante el ruido que están haciendo las protestas. […] El peruano está defendiendo su derecho a ser escuchado; es un sentimiento agridulce».​ Las protestas y sus reclamos fueron cubiertos por medios internacionales como La Voz de América​ y Sanlih Television.​ Mientras tanto, la presentadora del programa peruano Latina noticias, Lorena Álvarez, tildó las protestas de «vergüenza» al mostrar, según el diario Expreso, que «arrojaron botellas a los delegados».​ La política Verónika Mendoza, en una de sus pocas apariciones en manifestaciones públicas, acusó desde Cusco a los medios tradicionales de no visibilizar las manifestaciones en la región.​
La jueza Elvia Barrios señaló a finales de 2024 que el Gobierno había recurrido a la pena de muerte (que es constitucionalmente inaplicable en el país) como una cortina de humo basada en un suceso criminal para tapar «todos los problemas que tenemos en la nación».​ La exministra Gloria Montenegro compartió esa opinión y comparó con las propuestas de Keiko Fujimori, que habían sido popularizadas por los medios de comunicación.​
A lo largo de la crisis política, diversas empresas realizaron sondeos al público sobre el comportamiento de la prensa.
Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos en 2021 reveló que el 46.6 % de los encuestados consideró que los principales canales de televisión, radio y periódicos apoyaron al partido de derechas Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. De ese encuesta, los seguidores de Fujimori preferían mayoritariamente programas políticos televisivos (65 %), contrario a los votantes de Castillo que recurrían principalmente a la radio para informarse (52 %).​
Otra encuesta del IEP del 19 de diciembre de 2022, luego de la destitución de Pedro Castillo, reveló que las zonas del centro (con el 66 %), norte (53 %) y oriente (51 %) del país mostraron un nivel de desaprobación mayor hacia los medios de comunicación de Lima; mientras que en la zona sur, el 77 % de los encuestados desaprobaron la labor de la prensa nacional. Cabe señalar que Lima es la única ciudad en recibir positivamente esa labor.​
Un nuevo estudio de finales de enero 2023 por IEP señaló que 6 de cada 10 encuestados muestran a los medios de comunicación nacional como «parcializados». Sobre la participación ciudadana, el 55 % de quienes no les interesan participar en políticas los percibieron parcializados, frente al 69 % de quienes intervienen activamente. De quienes se identifican con algún espectro político, en la izquierda la brecha fue mayor (un 64 % de «parcialidad» contra un 24 % de «objetividad») y en la derecha menor (un 57 % de «parcialidad» contra un 32 % de «objetividad»).​ En agosto de 2023, IEP realizó junto a Internews una nueva encuesta en ocho departamentos del sur de Perú, en donde el 50 % de 437 ciudadanos no confiaron en ningún medio de comunicación.​ Además, el 60 % de entrevistados consideró que los periodistas de Lima adaptan las noticias para cumplir los intereses de las empresas de comunicación.​
Además, según Ipsos Perú en 2023, un 11 % de los participantes del sur peruano cree que los medios televisivos de cobertura nacional son confiables, otro 19 % confía más en la radio local y el 24 % decidió seguir por las redes sociales nacionales.​ Esta cifra es importante por el tema de percepción hacia los manifestantes; según la misma Ipsos Perú (2022) y con mayor énfasis en el sector urbano, la percepción de limeños sobre la presencia de agrupaciones radicales en las protestas (68 %) es mayor frente del resto del país (44 %).​
La consultora Dinamic Company para RPP señaló que en febrero de 2023, 52 millones de cuentas en Perú vieron o leyeron alguna información en los últimos 10 días sobre la convulsión social.​ De las cuales, el 43.06 % de los usuarios pedían a la ciudadanía dejar de protestar y el 29.51 % de los mismos defendían el derecho a la protesta.​
También en 2023, un estudio del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (que se compartió para el proyecto CREDIBLE de la USAID) analizó el impacto de la desinformación entre los jóvenes en relación con la crisis política. En el informe, que estudió a 800 jóvenes de ese año, se afirmó que el 97.6 % de los encuestados pensaba que existía mucha información manipulada y que los diarios y las revistas eran los medios que menos confianza les inspiraban. Muchos participantes admitieron que las principales razones de la presencia de información manipulada en el país son los intereses económicos o políticos, la escasa credibilidad de la prensa y la ingenuidad de la gente, entre otros. Un detalle importante es la preferencia de los jóvenes en las redes sociales, por lo que los influenciadores locales afirmaron que buscan adecuar sus contenidos a las necesidades de este colectivo, con contenidos breves, directos, con un lenguaje coloquial y cotidiano que capte su atención y les acerque a las nuevas generaciones.​
Según la encuestadora Vox Populi en 2024, el 60.84 % de los 432 participantes eligieron a los medios digitales como los más importantes para informarse (frente al 34.4 % que eligieron los tradicionales).​
En 2024, la marca de papel higiénico Paracas y la empresa Boost Brand Accelerator​ llevaron a cabo una campaña publicitaria para señalar que en las instituciones se cometían «papelones» (escándalos políticos), en cuyos lugares posaba un vehículo con un papel gigante. El publicista Luis Cabrera justificó su motivación: «No creemos ya en la comunicación tradicional; las marcas no pueden quedarse solo en un discurso, tienen que tomar una postura».​ La campaña se volvió viral, ya que fue la primera de su categoría en visibilizar directamente el descontento ciudadano hacia las autoridades.​ La empresa Boost Brand también tenía previsto contratar a un periodista y señalar, en una entrevista de prensa, que los congresistas son responsables de cometer escándalos.​