Víctimas militares de la dictadura militar de Chile

Durante la dictadura militar que se instauró en Chile luego del Golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende e interrumpió el proceso democrático de la Unidad Popular, se produjeron sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos. Estas acciones de persecución de opositores, represión política y terrorismo de Estado fueron llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de Orden, agentes del Estado y por civiles al servicio de los organismos de seguridad de la época.
Entre los miles de víctimas de los derechos humanos en Chile, se encuentran varios diputados, senadores, ministros de estado, rectores de universidades, alcaldes, intendentes, funcionarios públicos, periodistas, profesores y académicos, sacerdotes, dirigentes sindicales, sociales y políticos, artistas, estudiantes, agricultores, dueñas de casa, profesionales, obreros, indígenas, etc.
Así mismo, las FF. AA. detuvieron, torturaron y asesinaron a miembros de sus filas por no plegarse al golpe, o bien como forma de forzar una situación política favorable, como el caso del General Alberto Bachelet y Carlos Prats.
El 11 de septiembre de 1973, debido a la conspiración por parte de oficiales del ejército, se produce un golpe militar al mando de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el cual terminó con el gobierno del presidente Salvador Allende. Unidades blindadas y de infantería del ejército atacaron el Palacio de La Moneda (sede de gobierno) y aviones de la Fuerza Aérea lo bombardearon, tomando el control frente a la resistencia puesta por el Grupo de Amigos Personales (GAP), el equipo de escoltas del mandatario, quienes parapetados en el La Moneda se enfrentaron en un tiroteo con las tropas militares que intentaban tomarse el edificio, culminando con el bombardeo a la sede del Ejecutivo, el suicidio de Salvador Allende y la toma del poder a manos de las fuerzas golpistas.
Ministros de gobierno y colaboradores cercanos al Presidente fueron detenidos y llevados a centros de detención. Inmediatamente al Golpe de Estado se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 15 horas del 11 de septiembre de 1973. El mismo día del golpe numerosos efectivos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas (generales, oficiales, cabos, soldados rasos y conscriptos), mostraron su respeto y lealtad al orden constitucional, negándose a participar del alzamiento militar, respetando así la voluntad popular expresada en las urnas. Muchos de ellos fueron dados de baja, otros tantos fueron tomados detenidos, de ellos la mayor parte de estos últimos fue torturada (muchas veces por sus propios subalternos) y un grupo menor de ellos fue asesinado o ejecutado por sus propios compañeros de armas. El Régimen también dio de baja, segregó y eliminó, por diversos motivos, a excolaboradores militares, que en su momento habían sido partidarios del Golpe de Estado.
El 12 de septiembre, por medio del Bando Militar n.º 5 las Fuerzas Armadas y de Orden declararon unilateralmente el Estado de Guerra interna en Chile. Miles de personas fueron detenidas a lo largo de todo el país durante los primeros días de la dictadura, sin importar clase social, género, ocupación, estado civil o edad. Según datos de Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a diciembre de 1973, por motivos políticos, habían sido detenidas cerca de 250 000 personas,​ es decir, el 2,7 % de la población chilena. En junio de 1974 la Junta Militar creó la DINA, a cargo del teniente coronel de ingenieros Manuel Contreras.
Hasta el día de hoy se contabilizan 990 casos calificados de ex-funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Gendarmería de Chile,que fueron exonerados o dados de baja por razones políticas por la dictadura, de los cuales solo 345 han conseguido obtener una pensión.​
Entre las víctimas pertenecientes al Ejército se encuentran:
La Armada fue una de las ramas de las Fuerzas Armadas que presentó mayor oposición al golpe de Estado de 1973. El mismo día del golpe, por orden del Almirante Merino, se detuvo al Comandante en Jefe de la Armada Almirante Raúl Montero, quien era conocido por sus posiciones constitucionalistas. El mismo día se dio de baja a Jorge Domínguez, subsecretario de Marina.​
Meses después del Tanquetazo, algunos miembros de la Armada sostuvieron reuniones con el sanador Carlos Altamirano (PS) y con los dirigentes políticos Óscar Garretón (MAPU) y Miguel Enríquez (MIR) para denunciar un plan de golpe de Estado en el interior de esta rama del ejército y para hacerle llegar una carta a Salvador Allende denunciando aquel plan.​​ Este grupo estaba compuesto únicamente por marineros, cabos, sargentos, suboficiales y personal civil de la Armada más no por oficiales.​ Producto de esta situación, la fiscalía militar dispuso la detención de entre 200​ y 250​ miembros de la Armada entre julio y agosto de 1973, bajo la premisa de una supuesta "infiltración subversiva" en esta rama de las Fuerzas Armadas.​ De este grupo, 83 fueron torturados en cuarteles y buques y condenados a penas de entre 2 a 5 años de presidio.​ Aunque tras cumplir su pena en prisión o tras ser beneficiados de la Ley de Amnistía dictada por Augusto Pinochet en 1978, la mayoría de ellos dejó Chile,​ dos de ellos, los ex-cabos Ernesto Zúñiga Vergara y Alberto Salazar Briceño, pasarían a conformar las filas del MIR durante la dictadura.​​​​
Entre las víctimas pertenecientes a la Armada se encuentran:
Inmediatamente después del golpe, el comandante en jefe de la FACH, Gustavo Leigh Guzmán, ordenó una «depuración» entre las filas de la institución, siendo implacables contra sus propios compañeros de armas. Alrededor de 700 uniformados y civiles (un 10 % de la dotación institucional), fueron detenidos y torturados.​
Durante su cautiverio el general Alberto Bachelet murió a consecuencia de un infarto. Además fueron asesinados otros dos soldados y el Cabo Pedro Zunini Silva enloqueció a causa de los apremios ilegítimos.​ Entre las víctimas pertenecientes a la Fach se encuentran:
El proceso Rol n.º 1-73, conocido como "Contra Bachelet y otros" fue un consejo de guerra promovido por Gustavo Leigh al interior de la FACH entre septiembre de 1973 y abril de 1975. Las bases argumentativas del proceso se sustentaban en la siguiente afirmación:
En este proceso, el general Orlando Gutiérrez fue seleccionado por Leigh para oficiar de fiscal de aviación, recoger pruebas pertinentes y detener a los inculpados.​ Gutiérrez participó activamente en las sesiones de torturas junto con el personal del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).​ La reunión de antecedentes finalizó cuando los 86 detenidos fueron torturados en la Academia de Guerra Aérea y en la Cárcel Pública de Santiago para obtener declaraciones.​ En el caso de Alberto Bachelet, general de brigada, las sesiones de tortura en la Cárcel Pública le causaron la muerte.​
Algunos de los militares de la FACH que fueron víctimas de torturas, ejecuciones, encarcelamiento y/o exilio fueron los siguientes:
En marzo de 1974, 8 de estos oficiales escriben en una cartulina la "Proclama desde la Cárcel de los Oficiales Democráticos de la FACH", la cual fue guardada en un tubo de habanos, cubierta con una lámina de cobre y escondida en un agujero de la celda 12 de la Cárcel Pública de Santiago.​ Posteriormente, sellaron el agujero con yeso para esconderla.​ En 1993, según narra Jorge Silva Ortiz, logró recuperar el documento cuando comenzaron las labores de cierre del penal y lo hizo público el año 2006.​​La proclama fue donada al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y está escrita en los siguientes términos:​​
En 2014, se condenó a los coroneles en retiro de la FACH Ramón Cáceres Jorquera y Edgard Ceballos Johns como autores de las torturas contra el general Alberto Bachelet.​ El primero fue condenado a la pena de tres años y un día y el segundo a la pena de dos años y un día.​
Gracias a su participación en el Golpe de Estado, el General de Bienestar de la institución César Mendoza Durán, fue nombrado por Pinochet como General Director de Carabineros, el 12 de septiembre de 1973; luego de haber detenido y pasado a retiro a las primeras 7 antigüedades de Carabineros:​
Pero no solo ellos fueron perseguidos, un total de 150 carabineros fueron exonerados o dados de baja por la institución. Varios de ellos fueron detenidos y torturados, en distintas partes del país, entre los que se cuentan:
Además, un gran número de otros funcionarios de Gendarmería fueron exonerados por razones políticas o dados de baja por las más diversas causas, cuestión que sucedió de igual modo en otras ramas armadas o uniformadas.