Papeles de Panamá

Panama Papers (en español «Papeles de Panamá»)​ denomina a la filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de tal modo que «oculten la identidad de los propietarios».​
Los primeros resultados de la investigación periodística fueron presentados simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación (periódicos, canales de televisión y plataformas digitales) en 76 países. El 9 de mayo de 2016 el ICIJ publicó la base de datos completa, que funciona bajo licencia Open Database License (ODbL, v1.0) y sus contenidos fueron liberados bajo licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA3.0).​​​
La persona que realizó la filtración contactó directamente con Süddeutsche Zeitung y no pidió nada a cambio, salvo que se tomaran ciertas medidas para garantizar su anonimato y seguridad, como por ejemplo, que no existieran encuentros personales ni ningún mensaje abierto, y que la comunicación se realizase de manera encriptada.​ Respecto de su motivación, habría respondido que su único interés es «hacer públicos estos delitos» y que entregaría el volumen completo (2,6 terabytes); la selección de lo que se publicaría quedaba en manos de los periodistas.​ El primer contacto con la fuente, identificado por el periódico alemán con el seudónimo de John Doe,​ ocurrió en 2015 y tras casi un año de rigurosa investigación periodística, en la que participaron más de 400 periodistas de diversos países del mundo, se logró evaluar y sistematizar la información hasta darle la forma que tiene el informe detallado que se comenzó a publicar el 3 de abril de 2016, concitando gran expectación e interés.​
Un poco antes de que el periódico alemán recibiera esta gran cantidad de datos, las autoridades alemanas de la oficina de impuestos le habían comprado a un informante no identificado una cantidad (mucho más modesta) de información referida a contribuyentes alemanes, también procedente de Mossack Fonseca,​ y habían empezado las primeras actuaciones.​
La decisión del periódico alemán de compartir los materiales con el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) se debió a que esta organización ya había realizado investigaciones exitosas de gran envergadura en temas similares y que requerían cooperación internacional, proyectos en los que Süddeutsche Zeitung (SZ) había participado. Esta vez trabajaron equipos de más de 100 medios, provenientes de cerca de 80 países. Entre medios alemanes, aparte del propio SZ, colaboró también Norddeutscher Rundfunk y Westdeutscher Rundfunk; entre los equipos periodísticos británicos, destacan los de The Guardian y BBC; en Francia, participó un equipo de Le Monde y en Argentina, el diario La Nación; en Suiza, participó un equipo del periódico SonntagsZeitung; en Austria el semanario Falter y la ORF y en España la cadena LaSexta y el diario El Confidencial. En total colaboraron más de 400 periodistas en distintas tareas de ordenamiento, clasificación, validación y análisis de la información filtrada, en un trabajo coordinado que se prolongó por doce meses hasta la publicación de los primeros resultados.​
La información se filtró aportando numerosas fuentes primarias o documentalesː correos electrónicos, certificados, información bancaria de estados de cuentas, copias de pasaportes y documentos de identidad de los implicados, así como documentos y actas de alrededor de 214.000 sociedades anónimas.​ Se trata de un total de 11,5 millones de archivos que contienen el registro de cuarenta años de negocios de Mossack Fonseca,​ aunque la mayor parte del material analizado está relacionado con transacciones y operaciones correspondientes al periodo entre 2005 y 2015.​
El 6 de mayo de 2016, algo más de un mes después de la publicación simultánea de los resultados de la investigación periodística, el alertador emitió un comunicado bajo el seudónimo de John Doe. En su «manifiesto» precisó los que a su juicio constituyen los principales actos delictivos revelados por los papeles de Panamá, indicando que quienes participaron «deben responder ante la justicia». John Doe aseguró que no trabajaba para ningún gobierno ni agencia de inteligencia y que filtró los documentos por decisión propia y «no con propósitos políticos».​ El manifiesto pidió a los cuerpos legislativos de la Unión Europea, de los EE. UU. y de «todas las naciones» que modifiquen sus leyes «no solo para proteger a los denunciantes, sino también para detener el abuso global de los registros corporativos», señalando también que, en la Unión Europea, «estos registros deben ser de acceso libre en cada estado miembro, con suficiente información detallada disponible sobre los dueños beneficiarios finales».​ El periódico alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) señaló al respecto lo siguiente:
En el manifiesto, John Doe señaló además que habría más filtraciones y que estaría dispuesto a colaborar con las autoridades —bajo ciertas condiciones de protección— en la investigación referente a estos temas. Sobre este último punto, se refirió ampliamente a la necesidad de proteger a los denunciantes de delitos, criticando con dureza la suerte que corrieron alertadores como Edward Snowden y otros, quienes a pesar de haber denunciado acciones abiertamente criminales, sufrieron duros castigos de una sociedad democrática que «debió protegerlos». Finalizó su manifiesto destacando la importancia del acceso ciudadano al conocimiento y a la información, anunciando con optimismo que ha comenzado una nueva era y que «la próxima revolución será digitalizada».​​
El periódico Süddeutsche Zeitung no quiso publicar inicialmente los documentos originales ni poner a disposición de las autoridades judiciales los datos en bruto.​ Esto se criticó de diversas maneras y también por distintas organizaciones como, por ejemplo, WikiLeaks. Sin embargo, algunos pocos documentos sí han sido publicados en línea.​​ Si la accesibilidad fuese facilitada por Süddeutsche Zeitung, en algunos Estados, los documentos no podrían ser utilizados en los tribunales de justicia debido a que fueron obtenidos de manera ilegal.​ En cambio, los datos que se encontraron en los allanamientos oficiales de las oficinas de Mossack Fonseca no tienen esta restricción. Tras sopesar las ventajas y desventajas de facilitar el acceso a los datos brutos, la ICIJ decidió publicar la base de datos completa,​​ que quedó disponible para búsquedas en línea el 9 de mayo de 2016.​ Sin embargo, según precisó Süddeutsche Zeitung, esto no significaba que se fueran a publicar todos los documentos originales, sino simplemente los nombres de más de 200 mil firmas, sus beneficiarios y directores, como también sus intermediarios (por ejemplo, bancos, asesores y abogados). En la base de datos publicada posteriormente aparecían una gran cantidad de nombres nuevos, también de personas sobre quienes los medios de prensa, al menos, Süddeutsche Zeitung y los equipos periodísticos asociados a la ICIJ, no informaron en los primeros días.​
Para las búsquedas en los documentos, Süddeutsche Zeitung usa el programa Nuix, una aplicación estándar, internacionalmente utilizada por oficinas de investigaciones.​
Mossack Fonseca fue una firma de abogados panameña fundada en 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, con una plantilla de más de 500 empleados repartidos entre sus más de 40 oficinas por el mundo.​ La organización trabajaba con algunas de las más grandes instituciones financieras del mundo, como Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse Group, UBS y Commerzbank.​ Antes de los papeles de Panamá, fue descrita por The Economist como un «hermético líder en la industria de las finanzas offshore».​ Los principales servicios de la firma incluían la fundación de sociedades offshore y su administración a cambio de una cuota anual, así como la prestación de servicios de gestión patrimonial. La compañía fue la cuarta mayor proveedora de servicios de este tipo en el mundo y ha actuado en nombre de más de 300 mil empresas, la mayoría en paraísos fiscales bajo administración británica como las Islas Caimán o la Isla de Man. En conjunto, las Islas Vírgenes Británicas han dado registro a cerca de 100 000 de estas empresas, siendo el destino favorito de los negocios offshore. El segundo lugar lo ocupa el propio Panamá, seguido de Bahamas y las Seychelles, estas dos últimas casi con igual número de registros de empresas fantasma.​
No toda empresa fantasma es ilegal. Puede utilizarse en forma perfectamente legal en, por ejemplo, una situación en la que alguien quiera comprarse una gran casa de veraneo en una isla X y desea mantener la transacción en secreto, por privacidad; puede, en principio, hacer esa adquisición no a su nombre, sino al de su «empresa fantasma» y —mientras declare impuestos en el país donde principalmente reside y cumpla con las disposiciones legales de la isla X— no hay ningún problema. El caso inverso, la evasión de impuestos, o cualquier otro sorteo de la ley tributaria, obviamente es un delito.
Los periodistas del periódico Süddeutsche Zeitung que han analizado los datos de la filtración piensan que no se trata solo de eso, ni tampoco la evasión de impuestos es lo más grave.​ Para muchos asociados a las empresas fantasma, el secreto sirve a otros fines completamente diferentes, que incluyen el encubrimiento de acciones delictuales y la protección de criminales. Según muestra el análisis, se han utilizado sistemas de empresas offshore también para el financiamiento de grupos terroristas, o han permitido, por ejemplo, al régimen sirio sortear las sanciones internacionales y continuar su guerra interna. Con motivaciones que no son de tipo privado, miembros del gobierno chino también han fundado gran cantidad de empresas a través de los abogados de Panamá, ocultando allí sumas millonarias.​ En los documentos analizados por SZ junto a 400 periodistas del mundo se puede ver la gigantesca dimensión del problema de los negocios offshore, el impacto social y político con todas sus implicaciones, cuya superación, según se señala, requeriría de medidas coordinadas de la comunidad internacional.​
En muchos países, la publicación de los documentos — o de las conclusiones que de ellos se desprenden — ha suscitado un intenso debate público, así como una discusión en los organismos nacionales e internacionales a cargo de legislar o desarrollar regulaciones al respecto. El espectro de opiniones es muy amplio y se ha demarcado un área de conflicto: Mientras existen defensores de la máxima transparencia, que han aplaudido la filtración como un evento saludable que llama la atención sobre la necesidad de recuperar el control sobre la opaca actividad económica y financiera extraterritorial, también hay quienes defienden de manera prioritaria la privacidad de los negocios y destacan la ilegalidad de la publicación de datos privados relacionados con transacciones cuyo carácter ilícito no ha sido demostrado por los tribunales de justicia.
Entre los primeros, además de quienes impulsan nuevas medidas de control financiero y de coordinación internacional, hay también quien ha señalado la conveniencia de proteger a los alertadores, de modo que los riesgos que corren al filtrar información no los desaliente de la denuncia de informaciones de interés público. En esta línea se inscribe la declaración del expresidente de Francia, François Hollande.​
Los segundos enfatizan los derechos constitucionales a la defensa de la privacidad y plantean la necesidad de tomar medidas severas para controlar las filtraciones y sancionar a los responsables de apropiación indebida de información. Esta posición ha sido defendida, además de por la propia firma de abogados —que sostiene no haber perpetrado ningún delito y que «el único crimen es hackear»—​ también por una parte de la opinión pública, especialmente en Panamá,​ mientras que la posición del gobierno panameño ha ido variando, distanciándose progresivamente del bufete de Mossack Fonseca.​ También en otros países se ha planteado la necesidad de atender al secreto profesional en la relación entre abogados y mandantes y respetar el derecho a la confidencialidad, al menos tanto como el derecho a la información.​
Se trata de una colisión de intereses y derechos, ciertamente. Respetar la privacidad es el principio que está en el centro de la normativa europea de protección de datos y de muchas otras regulaciones similares a nivel global, que establecen el derecho a que los datos privados no puedan conservarse por terceros, ni ser objeto de cruces y manipulaciones sin autorización de la persona afectada.​ Pero, por otro lado, la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal, particularmente cuando entre los involucrados se encuentran personas que ejercen cargos públicos, así como la investigación de diversos delitos y hasta el control de terrorismo, se señalan como elementos clave de la convivencia democrática y la seguridad ciudadana, constituyendo también derechos a salvaguardar. Tal es la posición del Grupo de los 20 y de la OEA, por ejemplo.​​​
Por otra parte, la libertad de expresión y de prensa, así como el acceso a la información, son también bienes públicos — por lo general garantizados constitucionalmente como derechos ciudadanos — que también concurren a esta colisión. Aquí el argumento es que la opinión pública tiene derecho al escrutinio de la actuación de las personas que ejercen cargos públicos. En este sentido, la investigación periodística de los Panama Papers y sus publicaciones han recibido el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas.​
Finalmente, se ha criticado que el acceso a los documentos originales no sea completamente público, de modo que cualquier ciudadano pueda evaluarlos y formarse su propia opinión al respecto, sino que se encuentre mediado por equipos de periodistas que participaron en la investigación, quienes han publicado los datos de acuerdo con algún criterio de selección que no es plenamente transparente. En este sentido se ha manifestado el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.​
En estricto rigor, el mero hecho de tener relaciones de negocios o contratar consultorías con una firma panameña de abogados no constituye en sí mismo ningún delito, y dependerá de qué se realizó exactamente. Los casos que han ido saliendo a la luz pública son diferentes en cuanto al tipo de implicación, al carácter preciso de la relación con la firma panameña y a la envergadura de las transacciones.
Ocupando un lugar central entre los implicados se encuentran muchos políticos del círculo más estrecho del presidente ruso Vladímir Putin,​ así como algunos amigos personales directos.​ Entre ellos, los registros analizados por la ICIJ demuestran que Sergei Roldugin, un músico y gran amigo personal de Putin desde la infancia, podría ser la pantalla de una red clandestina de socios de negocios del presidente ruso, en el marco de la cual los documentos muestran que se han hecho transacciones por al menos 2000 millones de dólares mediante compañías offshore. Los documentos identifican a Roldugin como dueño de estas firmas y comprueban que ha recibido pagos de otras empresas por decenas de millones de dólares. De alguna manera opaca, adquirió una influencia clave en la mayor empresa automotriz fabricante de camiones en Rusia y una importante participación en empresas de publicidad en la televisión. Según concluye la investigación periodística de la ICIJ, parece improbable que Roldugin esté acumulando esta riqueza de manera personal, mientras que los datos sugerirían que más bien actúa como pantalla del propio Putin o de una red cercana a él. Consultado por los periodistas declinó responder y declaró que necesitaba más tiempo para pensar qué podía decir sobre este asunto.​
Por otra parte, entre los muchos líderes mundiales, dirigentes políticos y personalidades famosas hay al menos 33 individuos o entidades empresariales que habían sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en parte debido a la sanción internacional que pesa sobre varios Estados. Los cinco casos más evidentes son DCB Finance, Corea del Norte; Pangates International, Siria; Drex Technologies, Siria; Petropars Ltd., Irán; y John Bredenkamp, Zimbabue.​
Sin embargo, se trata de un asunto de alcance mundial, puesto que la información afecta a 140 altos dirigentes políticos y personalidades públicas de 50 países diferentes que participan o han participado en sociedades offshore en 21 paraísos tributarios distintos.​​
Entre aquellos cuyas transacciones se han hecho públicas se encuentran 12 jefes y ex jefes de Estado, tales como el expresidente de Argentina Mauricio Macri, el primer ministro de Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, los presidentes de Ucrania Volodímir Zelenski​ y Petró Poroshenko, así como la familia del primer ministro pakistaní Nawaz Sharif, entre otros.​
Mauricio Macri, según se indica en el informe de esta investigación periodística, entre 1998 y 2009, junto a otros miembros de su familia directa, formó parte del directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, una firma cuya sede está registrada en las Bahamas. En su declaración jurada patrimonial de 2007 no está incluida esta firma, ya que, según aclaró en un comunicado oficial, no debía incluirla al nunca haber tenido acciones de dicha empresa, siendo solo un director nominal.​​
Por la condición particular de Ucrania, nación sumida en una guerra, la implicación de su presidente en ejercicio desde 2014, Petró Poroshenko, adquiere una dimensión ética adicional y especial. Poroshenko tiene un patrimonio de 858 millones de dólares, una fortuna que amasó con fábricas de chocolates, astilleros, un banco, fábricas de automóviles, de armamentos y medios de comunicación, llegando a ser el sexto en la lista de los más ricos de su país (según el listado de Forbes). Durante su campaña electoral, no quería ser identificado con un oligarca e incluso llegó a declarar que vendería su grupo de empresas para dedicarse exclusivamente como presidente «al bien de la nación ucraniana». Mas los Panama Papers demuestran que en el momento más álgido de la guerra, Poroshenko encaminó la fundación de su empresa fantasma Prime Asset Partners Limited, justo dos meses después de su triunfo electoral, de modo tal que el registro y todas las formalidades de la firma se completaron el 1 de septiembre de 2014, el mismo día en que murieron centenares de ucranianos en la batalla de Ilovaisk. La empresa fantasma estaba concebida como un holding de empresas chipriotas y ucranianas del grupo Roshen.​​
En la filtración también aparecen numerosos funcionarios deportivos que están obligados por ley a declarar de manera transparente sus haberes y descartar conflictos de intereses, tal es el caso del uruguayo Juan Pedro Damiani, abogado y presidente del Club Atlético Peñarol y desde 2006 miembro de la Comisión Ética de la FIFA. Según informan los medios, Damiani habría ayudado a tres acusados en el escándalo de la FIFA, entre otros, a Eugenio Figueredo a incorporarse a firmas offshore, a través de las que posiblemente se habría sobornado a funcionarios futbolísticos.​​
De acuerdo con el análisis del ICIJ, más de 500 bancos y sus filiales han registrado «empresas fantasma» a través de Mossack Fonseca. Solo el banco británico HSBC y las empresas asociadas a él han registrado 2300. Hasta donde se sabe, los siguientes diez bancos son los que fundaron la mayoría de las empresas offshore para sus clientes:​
El ministro de Petróleo de Angola, José María Botelho de Vasconcelos, ha asegurado no haber hecho nada mal, después de que su nombre apareciera relacionado con los papeles de Panamá. En un comunicado aseguró que la compañía Mede Investiments Limited fue creada «con el objetivo de participar en eventuales alianzas», asegurando que, «por diferentes razones, no llegó a ejercer ninguna actividad en la misma». Botelho de Vasconcelos es citado en los papeles de Panamá como una de las dos personas que tenían poderes sobre dicha empresa, creada en 2001 y trasladada en 2006 a Samoa, antes de declararse inactiva en 2009.​​​
El escándalo de los papeles de Panamá puso en evidencia que Mossack Fonseca registró a comienzos de los años 2000 una gran cantidad de compañías offshore por las cuales transitaba una buena parte del dinero del petróleo argelino que nunca ingresaba a las arcas del país africano y que benefició al presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, a sus familiares y amigos, al igual que a numerosos militares argelinos y funcionarios del régimen.​ El Gobierno de Argelia ha convocado al embajador de Francia en el país para protestar por lo que ha definido como una «campaña hostil» de los medios galos por los papeles de Panamá. En la lista figura también el nombre del ministro argelino de Industria y de Minas, Abdeslam Buchuareb, que según el periódico francés Le Monde está relacionado con la empresa Royal Arrival Corp, creada en Panamá en abril de 2015 a través de Mossack Fonseca.​​ En un comunicado, la Compañía de Estudios y Asesoramiento (CEC), —que también es mencionada en las filtraciones—, confirmó que creó en Panamá dicha compañía para gestionar el patrimonio privado de Buchuareb, pero que nunca fue activada ni tiene cuenta bancaria asociada.​
En Botsuana Ian Kirby, —presidente del Tribunal de Apelaciones, máximo órgano de justicia de la nación africana—, y su esposa poseen siete compañías holding en las Islas Vírgenes Británicas. Señaló que lo realizado era legal, que expertos en finanzas le aconsejaron formar sociedades offshore y que dichas empresas estaban destinadas a la inversión. Indicó además que perdió dinero debido a la recesión económica del 2008.​​
Jean-Claude N'Da Ametchi es un ejecutivo bancario de Costa de Marfil. En abril de 2011, la Unión Europea lo sancionó por supuestamente ayudar a financiar el «Gobierno ilegítimo» del expresidente Laurent Gbagbo.​ Gbagbo fue acusado de organizar un conflicto civil en el que murieron 3.000 personas tras negarse a aceptar su derrota en las elecciones presidenciales de 2010. Gbagbo fue detenido en abril de 2011, quedó bajo la custodia de la Corte Penal Internacional acusado de crímenes contra la humanidad, y finalmente absuelto por la Corte Penal Internacional.​ Antes del arresto de Gbagbo, su gobierno nacionalizó las filiales de varios bancos extranjeros que habían cerrado durante la inestabilidad política. Gbagbo nombró a N'Da Ametchi director general de BICICI, el Banco Internacional de Comercio e Industria.​ Las sanciones europeas que afectaban a N'Da Ametchi se levantaron a principios de 2012. En los datos de Mossack Fonseca aparece una sociedad offshore que mantuvo activos de N'Da Ametchi y una cuenta bancaria en Mónaco.
Cadley House LTd. se constituyó en Seychelles en 2006. A pesar de que al principio la compañía se sostuvo a través de las denominadas acciones al portador, en las que no figura el propietario de la sociedad offshore, correos electrónicos confirman que la sociedad pertenecía a N'Da Ametchi. En un correo electrónico de 2011 de N'Da Ametchi a la oficina de Ginebra de Mossack Fonseca, el hombre de negocios discutió una venta de activos y la transferencia de 5.000 dólares. A pesar de que los administradores financieros de N'Da Ametchi dijeron a Mossack Fonseca en 2014 que «el beneficiario de la sociedad no desea mantener su compañía y desea disolverla», la sociedad seguía activa en 2015. Ninguno de los correos electrónicos indica que Mossack Fonseca fuera consciente de las sanciones europeas.​​
El grupo de empresas DGI (Dan Gertler International), propiedad del empresario Dan Gertler, tuvo hasta 2022 intereses mineros y petroleros en la República Democrática del Congo (RDC).​
El nombre de Gertler aparece más de 200 veces en los Papeles de Panamá. Mossack Fonseca registró al menos dos empresas en su nombre: Burford Commercial S.A. y Norseville Estates S.A. El abogado de Gertler dijo que Gertler "no tenía conocimiento de las reclamaciones planteadas con respecto a la decisión de la [firma panameña] de terminar la representación en 2011".​
Beny Steinmetz, empresario también dedicado al sector minero, fue nombrado en 282 documentos en la filtración de los Papeles de Panamá.​ Esto incluyó revelaciones sobre corrupción y negocios indebidos en la República Democrática del Congo y otros países de África.
La investigación reveló que Alaa Mubarak el primogénito del derrocado presidente de Egipto Hosni Mubarak tenía una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas, gestionada por Mossack Fonseca. Se trata de una cuenta de Pan World Investments Inc., administrada por el banco Credit Suisse. La documentación que comprueba que es el propietario de la empresa y la cuenta incluye su pasaporte y una carta de 2011 con la exigencia de las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas de congelación de activos asociados al dictador egipcio, entre ellos los de Alaa Mubarak. Mossack Fonseca tuvo que pagar una multa de 37.500 dólares por la falta de comprobación rigurosa y oportuna de identidad de Alaa, cuestión que Mossack Fonseca admitió internamente. Sin embargo, Credit Suisse comunicó a la firma panameña que la actividad de Pan World y su cuenta bancaria no violaban la disposición del gobierno suizo respecto del bloqueo de activos de Mubarak y su clan.​
John Addo Kufuor, hijo del ex presidente de Ghana John Agyekum Kufuor, contrató en 2001 los servicios del bufete de abogados Mossack Fonseca para fundar un fideicomiso y administrarlo. La empresa manejaba también una cuenta bancaria en Panamá, en la que su madre aparece también como beneficiaria. El hijo del exmandatario aparece también en los documentos filtrados como vinculado a otras dos compañías offshore, las cuales se registraron y operaron dentro del periodo en que su padre aún ejercía el cargo de presidente, aunque ahora estas firmas están inactivas.​
Kojo Annan, único hijo del ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan (1997-2006), también está relacionado con la firma de abogados Mossack Fonseca, aparece junto a Laolu Saraki, el hijo del fallecido senador nigeriano Abubakar Olusola Saraki, como accionistas de Blue Diamond Holding Management Corp, registrada por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas en 2002.​ Ambos eran directores de Sutton Energy Ltd, sociedad también registrada en las Islas Vírgenes británicas en 2002, que luego fue trasladada a Samoa. En 2015, Annan utilizó otra empresa fantasma (Sapphire Holding Ltd.) para adquirir un apartamento en Londres por la suma de US$ 500 000.​​
Mamadie Touré es la viuda de Lansana Conté, exdictador y presidente de Guinea. Las autoridades de Estados Unidos alegan que Touré recibió 5,3 millones de dólares en sobornos para ayudar a una empresa minera a obtener los derechos del yacimiento de hierro más rico del mundo. En 2014, las autoridades estadounidenses llevaron a cabo una redada en la casa de Touré en Florida y confiscaron propiedades, equipamiento de restauración y hasta una nevera industrial para helados valorados en más de un millón de dólares en total.
En los datos de Mossack Fonseca La creación de la sociedad offshore coincide en el tiempo con la controvertida adjudicación de un contrato minero por parte de su difunto marido
En noviembre de 2006, a Touré se le concedió un poder como abogada para Matinda Partners and Co. Ltd, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas. Ese mismo año, comenzó una relación con una empresa minera que más tarde le habría supuestamente pagado 5,3 millones de dólares por ayudarla a obtener una concesión muy disputada a cargo de su marido, el entonces presidente Lansana Conté, poco antes de morir a finales de 2008, según la investigación de las autoridades estadounidenses. Los investigadores dijeron que la mayor parte del dinero pagado a Touré se canalizó a través de Matinda. Touré, que está cooperando con las autoridades de Estados Unidos en una investigación en curso, ha admitido recibir sobornos para influir en su marido. Usó un accionista sustituto, Beneficence Foundation, y una empresa suiza como gerente de la fundación, que redujo las conexiones públicas entre Matinda y Touré. La sociedad cesó sus operaciones el 30 de abril de 2010.​​
La magistada vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Kenia, Kalpana Rawal era directora o accionista en cuatro sociedades de cartera y participó activamente en dos después de asumir el cargo. Su marido es dueño de otros siete. Las empresas fueron utilizados para las transacciones de bienes raíces en Gran Bretaña. Rawal y su marido eran accionistas y directores de Highworth Servicios de Gestión, donde Ajay Shah, ex director del banco Trust Bank, era también accionista y director.
El Banco Central de Kenia ordenó activos de Shah subastado para pagar a los depositantes después del derrumbe del Trust Bank, pero él se ocultó y los activos no se han recuperado.​​​
Mounir Majidi, secretario personal del rey Mohammed VI fue designado en marzo de 2006 como el representante de SMCD Ltd., una firma creada en 2005 mediante los servicios de la empresa de asesoría financiera Dextima Conseils, con sede en Ginebra. De acuerdo con el ICIJ, a través de SMCD Majidi compró una embarcación de lujo que se registró después en Marruecos como propiedad del rey. SMCD fue liquidada en 2013 y sus cuentas se transfirieron a la empresa Langston Group SA (con sede en las Islas Vírgenes Británicas y fundada con ayuda de Mossack Fonseca), la que también sirvió como intermediara en la operación de un préstamo a la empresa luxemburguesa Logimed Investments SARL. Otra sociedad, también fundada por los abogados panameños en las Islas Vírgenes, EPOS International Corp., aparece en los documentos entregando un préstamo, sin intereses, para comprar una propiedad por un monto de 36 millones de euros a la firma de Luxemburgo, Immobilière Orion SA. En lugar de intereses, el prestamista podrá usufructuar de la propiedad adquirida por el prestatario, usándola personalmente cuando quiera y tanto como quiera. Orión Immobilière adquirió con el préstamo una hermosa propiedad en París 7. Así, a través de esta compañía controlada por su secretario privado, el monarca compró y renovó de manera «discreta» una gran mansión en París.​​​ Tal ha sido la motivación señalada por el abogado Hicham Naciri, que representa al secretario particular del rey marroquí, quien indicó que el rey Mohamed VI busca a veces «cierta discreción en los negocios de lo que supone su vida privada».​​ Una asociación marroquí de organizaciones no gubernamentales, que agrupa a cerca de veinte agrupaciones de derechos humanos, en una carta dirigida al presidente Abdelilah Benkirán solicitó al gobierno la pronta apertura una investigación y que se informara a la ciudadanía.​ Por otra parte, las revelaciones generaron protestas en una céntrica plaza Casablanca.​
Los papeles de Panamá revelaron cómo el hijo del mafioso italiano, Vito Palazzolo, y el hijo de su mejor amigo, el conde Rocky Agusta, se unieron para manejar los negocios ilícitos de sus padres a través de sociedades offshore, bajo la tutela de un exbanquero alemán y mostraron nuevos detalles sobre los conocidos negocios de Zacky Nujoma, el hijo menor del primer presidente de Namibia Sam Nujoma, con elementos del crimen organizado Internacional.​
El general de brigada Emmanuel Ndahiro aparece en los documentos filtrados como administrador de una empresa extraterritorial en las Islas Vírgenes Británicas, denominada Debden Investments, que se fundó en 1998 (es decir, en momentos en que ocupaba altos cargos públicos). La firma tenía una cierta magnitud, poseyendo incluso un jet privado. Ndahiro es considerado un hombre muy cercano al presidente de Ruanda, Paul Kagame (mientras este último fue ministro de defensa de Ruanda, Ndahiro fue su asesor). Aparte de ser la cabeza visible para la prensa, como vocero del ejército de su país, el general ha desempeñado diversos cargos como alto funcionario de seguridad e inteligencia. El propietario de la sociedad administrada por Ndahiro es Hatari Sekoko, su compañero de armas, exmiembro del Frente Patriótico de Ruanda. La sociedad está inactiva desde 2010.​
La República de Sudáfrica informó que realizaría las investigaciones pertinentes a sus ciudadanos relacionados en la publicación periodística. El Tesoro de Sudáfrica aplaudió que dicha información haya sido liberada, puesto que proporciona fundamentos a las autoridades para actuar contra quienes transfieren de manera ilegal fondos hacia el extranjero. En los documentos filtrados reaparece el «fraude Fidentia», considerado el mayor «delito de cuello blanco» en el país. Sus implicados habían sido sentenciados y condenados a varios años de prisión tras las investigaciones realizadas durante los años 2007 y 2008, pero entonces no se tuvo acceso directo a pruebas que mostraran el flujo de capitales. Con la información expuesta en los Panama Pappers, quedó en evidencia que los implicados utilizaron los servicios de Mossack Fonseca para sus transacciones financieras irregulares.​
Por otra parte, el empresario Khulubuse Zuma, sobrino del presidente Jacob Zuma, aparece mencionado en la documentación filtrada como representante de Caprikat Limited, una de las dos empresas que adquirieron campos de petróleo en la República Democrática del Congo. Khulubuse Zuma rechazó las imputaciones declarando que «no tiene y nunca ha tenido cuentas en el extranjero».​
El fiscal del tribunal de primera instancia de Túnez ordenó una investigación judicial sobre los Papeles de Panamá y las personalidades políticas tunecinas sospechosas de contratar a la empresa. Un juez de un tribunal tunecino especializado en delitos financieros fue asignado al caso.​ La Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez también estableció una comisión parlamentaria de investigación.​
El periódico Inkyfada tuvo acceso a los documentos e informó que una docena de políticos, ex funcionarios del gobierno y abogados habían estado implicados, así como una figura importante de los medios de comunicación. El lunes 4 de abril de 2016, informó que el ex secretario general del partido político Nidaa Tounes, Mohsen Marzouk, quien también era el coordinador del nuevo partido político, Machrouu Tounes, estaba a punto de crear su propia cuenta en diciembre de 2014, en las primeras elecciones presidenciales. Marzouk había escrito a Mossack Fonseca sobre una empresa en las Islas Vírgenes, enfatizando su deseo de depositar fondos y realizar negocios en el extranjero. Marzouk lo negó y presentó una denuncia por difamación.​
Tras el informe, Inkyfada se vio obligada a cerrar brevemente su sitio web debido a un ciberataque que consistió en la publicación de nombres de políticos que no habían sido mencionados en los documentos filtrados.​
Los documentos de Mossack Fonseca aportan nueva información y confirman un caso fiscal litigado anteriormente en el que una empresa offshore transfirió su registro para evitar pagar el impuesto sobre las ganancias de capital en Uganda.​ Los documentos muestran que Heritage Oil and Gas Limited (HOGL) sabía de antemano que Uganda planeaba aplicar un impuesto sobre las ganancias de capital. HOGL operaba en Uganda y planeaba vender la mitad de sus activos en Uganda. "Urgentemente"​ trasladó su registro de Bahamas a Mauricio para evitar el impuesto.​ Mauricio tiene un acuerdo de doble imposición con Uganda, lo que significa que HOGL pagaría impuestos solo en uno de los dos países.​ Pero Mauricio no tiene un impuesto sobre las ganancias de capital, por lo que al trasladarse allí Heritage redujo su impuesto sobre las ganancias de capital a cero.​ Los correos electrónicos muestran claramente que esta fue la razón de la transferencia, aunque los abogados de la empresa lo niegan.​
En 2010, HOGL vendió su participación del 50% en los yacimientos petrolíferos de Uganda a Tullow Uganda por 1.500 millones de dólares.​ La Autoridad de Ingresos de Uganda (URA) aplicó un impuesto a las ganancias de capital de 404 millones de dólares a la transacción y HOGL se negó a pagar.​ Se produjo una batalla de cuatro años en varios tribunales. Los funcionarios ugandeses, incluido el presidente Yoweri Museveni y el entonces comisionado general de la URA, Allen Kagina, exigieron el pago a Tullow, amenazando con no renovar sus licencias de exploración, que estaban a punto de expirar, a menos que dedujera el impuesto de su pago a Heritage y lo remitiera a la URA.​ Finalmente, Tullow realizó un pago inicial y depositó el resto en depósito en garantía, a la espera de la resolución legal de su apelación, que se produjo en 2013. Tullow también demandó con éxito a HOGL para recuperar los impuestos que había pagado en su nombre.​
Heritage Gas and Oil es una subsidiaria de Heritage Oil, fundada por el donante del Partido Conservador Tony Buckingham, quien ha donado al partido más de £100.000.​ Al 31 de diciembre de 2008, todavía poseía el 33,1% de Heritage Oil.
La relación entre impuestos y producto interno bruto de Uganda, inferior al 14%, es una de las más bajas de África Oriental.​
A través de un traficante de armas y un magnate de la minería, amigos estrechamente vinculados al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, se eludieron las sanciones que los Estados Unidos y la Unión Europea habían acordado y que estuvieron vigentes hasta 2013. Los documentos filtrados muestran que se pudo sortear las restricciones existentes durante muchos años, canalizando estas operaciones a través de firmas fundadas con la ayuda de Mossak Fonseca.​
Algunas personalidades de Argentina aparecieron mencionadas en los Panama Papers: Mauricio Macri, expresidente de la Nación; Néstor Grindetti, ex intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires durante el Gobierno de Mauricio Macri (entre 2007 y 2015);​ Alejandro Burzaco, imputado en 2015 por la justicia de los Estados Unidos en el caso de corrupción de la FIFA;​ Héctor Magnetto (1944-), CEO del Grupo Clarín; Amalia Lacroze de Fortabat (1921-2012), dueña de la empresa de cemento Loma Negra; Carlos Blaquier, Alejandro Blaquier, Carlos Herminio Blaquier, Agustina Blaquier, María Blaquier, Carlos Alberto Blaquier, Milagro Blaquier y María Marta Taquini; Francisco de Narváez (político y empresario colombiano, dueño de las tiendas Casa Tía, ex diputado nacional); Luis, Mario y Lilia Pagani (dueños de Arcor); Alfredo Coto (dueño de la cadena de supermercados homónima); Alejandro Roemmers (empresario farmacéutico); Daniel Carlos Garbarino (empresario); Alejandro Daniel Muñoz, fallecido en 2016; Claudio Belocopitt (empresario, presidente del Swiss Medical Group, dueño de América TV y La Red); Daniel Angelici, expresidente del Club de fútbol Boca Juniors y denunciado como operador judicial del presidente; entre otros.​
El 7 de abril se inició una investigación que quedó a cargo del juez Sebastián Casanello​​​ y Macri confirmó su participación como director en la sociedad offshore Fleg Trading con sede en Bahamas y alegó que se trata de una empresa familiar, creada por su padre, el empresario Franco Macri, que ocasionalmente habría dirigido y que «nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de esa sociedad».​​​
En este contexto, aunque sin formar parte de la documentación de Panama Papers por no estar registrada con ayuda de Mossack Fonseca, el 4 de abril apareció una nueva sociedad de Mauricio Macri en Panamá, Kagemusha S. A, aún activa según el Registro Público de Panamá.​​
En agosto de 2017 la Cámara Federal cerró definitivamente la causa "Panamá Papers" contra Mauricio Macri por el delito de lavado de dinero y trasladó la causa al fuero Penal Económico para investigar el posible lavado de dinero de las empresas off shore en las que participó Macri y a la justicia de instrucción con el objetivo de establecer si el entonces Presidente de la Nación debía o no declarar su participación en dichas empresas.​
A 2016 a raíz de la filtración informativa en medios de prensa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca varios empresarios y políticos argentinos se vieron involucrados en dicho escándalo. Esteban Bullrich, entonces ministro de Educación de la Nación, es presidente de Formar Foundation, Inc, una “corporación doméstica sin fines de lucro” (en inglés: domestic nonprofit corporation) radicada en Florida desde el año 2006.​​ Otro de los mencionados, Gustavo Arribas, dijo que no es la persona que aparece como CEO y miembro del directorio de la firma La Veneziana Corp.,registrada desde abril de 2009 en Nueva York, pese a la coincidencia de su primer nombre, su apellido y la letra inicial de su segundo nombre.​ También fueron mencionados Jorge Macri, Néstor Grindetti y Darío Lopérfido en una lista de personajes con propiedades, cuentas y empresas en paraísos fiscales.​ Posteriormente la prensa dio a conocer que Pablo Clusellas, entonces secretario legal y técnico de la Presidencia, durante 10 años ocupó un rol de referencia para la firma de abogados Mossack-Fonseca, siendo intermediario.​ Pablo Clusellas fue el nexo entre su estudio jurídico y Mossack Fonseca, la firma panameña especializada en crear sociedades en paraísos fiscales alrededor del mundo, durante 10 años.​
La oposición pidió investigar desde el Congreso al titular del ejecutivo y reclamó la renuncia de Laura Alonso, designada por Mauricio Macri a cargo de la Oficina Anticorrupción.​​​ Laura Alonso se expresó en defensa de los mencionados en los Panamá Papers afirmando que no existía ninguna conducta reprochable,​ lo que fue criticado por diversos políticos, dado su rol entonces como titular de la oficina de Anticorrupción.​ Gabriela Michetti, entonces vicepresidenta argentina defendió al presidente implicado,​ autocalificándose como «talibán de la transparencia».​
En la lista de clientes de Mossack Fonseca están algunos políticos brasileños pertenecientes a distintos partidos políticos como PMDB, PSDB, PDT, PP, PSB, PTB y PSD. También está incluido el dirigente opositor brasileño Eduardo Cunha, impulsor del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff,​ quien había sido acusado con anterioridad por ser titular de cinco cuentas millonarias e ilegales en Suiza.​ Los papeles de Panamá también revelaron el nombre del exministro de la Corte Suprema, Joaquim Barbosa.​
De los implicados en el caso de corrupción de la petrolera estatal Petrobras conocido como Operação Lava Jato, al menos 57 han aparecido mencionados en la filtración de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca.​ Los documentos muestran que estas personas fundaron 107 empresas offshore para esconder el dinero en diferentes paraísos fiscales.​​ Por otra parte, cinco multimillonarios y los hijos de dos multimillonarios brasileños (incluido el hombre más rico de Brasil, Jorge Paulo Lemann), como asimismo otros miembros de la clase más pudiente y adinerada establecieron también empresas offhsore por intermedio de la oficina panameña.​
Tres hombres (Marcel Herrmann Telles, Carlos Alberto Sicupira y Jorge Felipe Lemann, el hombre más rico de Brasil y un accionista de control de Anheuser-Busch InBev) creados tres compañías offshore en Panamá las Islas Vírgenes Británicas y las Bahamas ligado a la firma privada 3G y la firma de la cerveza de Ambev, una unidad de Anheuser-Busch Inbev, las empresas se habían comunicado y registrado públicamente.
Los documentos de Panamá revelan que un ex juez del Tribunal Supremo, Barbosa también estaba implicado.​
La ministra boliviana de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Leny Valdivia, pidió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación identificar a las empresas nacionales incluidas en los papeles de Panamá,​ sin embargo, su petición fue negada en virtud de que la información referente a Bolivia no ha sido verificada a través de un trabajo periodístico.​
La Agencia Impositiva de Canadá (CRA) señaló en un comunicado que había solicitado las copias de los datos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que va a contrastar esa información con los archivos que obran en su poder, a fin de realizar un análisis propio e iniciar las investigaciones que permitan determinar existen actos ilícitos, tales como evasión fiscal. El diario Toronto Star, que forma parte del consorcio, afirmó que unos 350 canadienses están incluidos en los 11,5 millones de archivos filtrados.​​​
Las revelaciones hechas por Ciper involucran a los empresarios chilenos Alfredo Ovalle Rodríguez, Hernán Büchi, Agustín Edwards Eastman, la familia Calderón Volochinsky —propietaria de Ripley—, Luis Enrique Yarur —presidente y controlador del Banco de Crédito e Inversiones— y al exfutbolista Iván Zamorano, entre otros. Gonzalo Delaveau, presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional, renunció a su cargo luego de ser involucrado en el caso,​​ el expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), y socio del ex jefe financiero de la DINA, el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez; el empresario Isidoro Quiroga Moreno, quien ha hecho millonarios negocios con la venta de derechos de agua entregados por el Estado (el exministro de Hacienda, candidato presidencial , Hernán Büchi Buc; y los empresarios de las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur Fuentealba Meier, etc.
Algunas de esas sociedades fueron constituidas cuando Olavarría controlaba el aparato financiero de la policía secreta del régimen de Pinochet. Ovalle fue también el nexo entre Olavarría y el expresidente panameño entre 1990 y 1994, Guillermo Endara Gallimany. Mossack Fonseca fue el vehículo con el que Ovalle creó en 1987 la sociedad Sierra Leona, con domicilio en Panamá. Parte de las acciones de esa sociedad se emitieron al portador y otro tanto a nombre de otras dos compañías también registradas en ese país: Thames Global Corporation y Blue Hill Group Incorporated.​
Los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia empezaron a investigar a los 850 ciudadanos colombianos que se encuentran incluidos en los Panama Papers.​​ La organización Justicia Tributaria, por su parte, aseguró que existen US$14 125 millones depositados en Panamá por colombianos.​ Los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Colombia, Juan Manuel Santos, aplaudieron la filtración, en marco de una gira del presidente colombiano en Centroamérica.​ Para el caso colombiano, la plataforma del ICIJ da cuenta de al menos 1.845 sociedades offshore, 1.245 nombres y 233 intermediarios, entre ellos, el exviceministro de justicia del expresidente Álvaro Uribe, Roberto Hinestrosa Rey, el senador Alfredo Ramos Maya del Centro Democrático desde el 2014, el empresario Luis Ríos Velilla.​
La filtración vincula a distintas empresas colombianas en el delito de evasión fiscal, entre las que se destaca la corporación Inversiones Asia América, de la cual son principales accionistas los hermanos Jerónimo y Tomás Uribe —hijos del expresidente Álvaro Uribe—, y que, según el diario británico The Guardian, ha tenido su sede en las Islas Vírgenes Británicas desde 2008, periodo consistente con el mandato del mencionado expresidente.​
Para el día 4 de octubre de 2017, se dieron las primeras capturas al nivel de empresarios y sociedades privadas por orden del fiscal delegado para las Finanzas Criminales, Andrés Jiménez. La respectiva investigación de la Fiscalía documentó que la oficina en Colombia de la firma de abogados, Mossack Fonseca, ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 la venta de facturas sobre contratos ficticios por servicios a empresas colombianas por parte de empresas en el exterior que figuraban como fachadas. El cobro por parte de esta firma oscilaba entre el 2,5% y 4% del valor de las facturas, porcentaje que variaba según el país en donde estuviera ubicada la empresa ficticia en cuestión. A través de estas facturas, les fue posible a al menos 14 empresas colombianas manipular las declaraciones de renta presentadas ante la DIAN, operaciones que se realizaron con pleno conocimiento de sus representantes legales.
De las empresas señaladas en la investigación fueron llamados a responder:​​
En un comunicado, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica informó que iniciará las investigaciones pertinentes contra las personas, sociedades y bufetes radicados en el país que han sido mencionados en la investigación internacional.​ Las autoridades de hacienda de Costa Rica anunciaron el 5 de abril que propondrán al Gobierno de Panamá la firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria, entre otras medidas tendientes a combatir la evasión y elusión fiscal a través del offshore.​
Según los archivos filtrados, el gobierno de La Habana controlaría y se beneficiaría desde hace una década del sistema de pasaportes venezolanos. El negocio no solo tendría tintes políticos, también económicos: los documentos del país sudamericano eran diseñados en Alemania, con transferencias y comisiones para varios de los actores de la operación.​
Por una parte, el régimen de Raúl Castro mantendría el control sobre el sistema de personalización de pasaportes y también de cédulas electrónicas del país. Y por otra se beneficiaría de ello, al revender a Venezuela la tecnología cuando el gobierno de ese país decidió modernizar su sistema de identificación, a finales de 2005. Con ese propósito designaron al entonces ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, para buscar a algunos de los gigantes de la tecnología que fabricaran primero los nuevos pasaportes y luego las llamadas cédulas electrónicas.​
El gobierno de Cuba utilizó los servicios del bufete de abogados panameños Mossack Fonseca para burlar el embargo comercial impuesto por Estados Unidos. El diario El Nuevo Herald de Miami identificó al menos 25 compañías registradas en Bahamas, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, vinculadas a la isla caribeña para ese fin. Algunos de los mensajes encontrados en los archivos de los papeles de Panamá se remontan a principios de la década de 1990, cuando Cuba tuvo que afrontar una dura crisis económica tras la caída de la Unión Soviética, su principal socio comercial y benefactor. Pero la relación con algunas de estas compañías se mantuvo hasta fechas muy recientes. Al frente de estas compañías estaba el yerno de Raúl Castro, el General Luis Alberto Rodríguez López Callejas.​​​​
Según se ha estimado, unas 1864 compañías, 76 clientes y 148 beneficiarios del Ecuador estarían involucrados en los papeles de Panamá; tres de ellos han sido relacionados con el gobierno o la administración del Estado. Sin embargo el fiscal de la nación rechazó las acusaciones.​ Varios políticos opositores al gobierno son nombrados en los Panama Papers.​
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que revisarán exhaustivamente todos los datos que se han hecho públicos a través de la filtración a fin de establecer qué personas o sociedades de ese país tienen negocios o activos en Panamá y han utilizado paraísos fiscales con el fin de evadir impuestos.​​ El presidente también propuso la celebración de una consulta popular para inhabilitar a los políticos y servidores públicos que sean dueños de bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales . Esta consulta popular se celebró simultáneamente con las elecciones generales de febrero de 2017.​​
El Telégrafo del Ecuador ha publicado una base de datos descargable con la lista de empresas privadas que forman parte de la red de corrupción de los Panama Papers y el daño que han causado por la evasión de impuestos.​
El 6 de abril el Fiscal General, Douglas Meléndez, declaró que había iniciado una investigación respecto a las filtraciones de los Panama Papers con la intención de determinar si se cometió algún delito fiscal.​ La fiscalía allanó el 8 de abril las sucursales de Mossack Fonseca en El Salvador. Al menos 33 salvadoreños con unos 220 negocios en su haber han sido implicados por la filtración de documentos de esta firma.​​
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reiteró su intención de reformar el sistema tributario, señaló que la evasión fiscal es un problema mundial y avaló la reforma propuesta por el secretario del Tesoro, Jack Lew.​​
McClatchy Newspapers, la única organización de noticias estadounidense participante en la filtración, ha encontrado cuatro conciudadanos en los documentos, los cuales ya habían sido previamente acusados o condenados por delitos financieros como el fraude y la evasión de impuestos.​ En 2008, según los informes Mossack Fonseca, Marianna Olszewski —una conocida mujer de negocios— utilizó a un hombre británico de 90 años para ocultar varias cuentas en el extranjero.​
El 17 de abril, el periódico francés Le Monde reportó que si bien los nombres de los esposos Clinton (Hillary y Bill) no aparecen directamente entre los documentos de Panamá, sí que figuran varios ricos donantes a la pareja política.​
El precandidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, el senador Bernie Sanders, afirmó en 2011 que Panamá «es líder mundial» en esconder dinero de corporaciones en paraísos fiscales. Como senador independiente por el estado de Vermont, Sanders dio un discurso en el Senado en 2011 ante el Congreso de los Estados Unidos, declarando que firmar un acuerdo de libre comercio con Panamá crearía un obstáculo para investigar los casos de evasión de impuestos de millonarios y grandes empresas en ese país.​​​
El fiscal del Distrito Sur del Estado de Nueva York, Preet Bharbara, ha abierto una investigación criminal sobre las filtraciones periodísticas de los llamados papeles de Panamá y la justicia estadounidense ha solicitado la colaboración al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para su apoyo en las investigaciones referente al caso.​​​
Donald Trump, el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, ha sido vinculado a los Panama Papers. Según el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, ganaría sumas millonarias con el Trump Ocean Club International Hotel & Tower — una torre de lujo en Panamá, de 70 plantas, 500 departamentos 370 habitaciones de hotel, casino propio y piscina con grandiosa vista en el piso superior — que funcionaría con flujos de dinero a través de firmas ficticias. El negocio de Trump ha consistido principalmente en cobrar por prestar su conocido nombre, mientras que la gestión del hotel y ventas de departamentos está a cargo de su socio, Roger Khafif, un empresario inmobiliario. Aunque, según se desprende de las investigaciones, Trump no ha fundado empresas a través del bufete de Mossack Fonseca (porque operaba preferentemente con el paraíso fiscal Delaware) aparece profusamente mencionado en los documentos, como asimismo su socio. La mayor parte de las menciones se debe a que los clientes que han adquirido departamentos en la torre, lo han hecho a través de firmas creadas para estos fines por el bufete panameño. Roger Khafif ha señalado que él no conoce a los abogados.​
Las universidades Columbia University y New York University School of Medicine son accionistas o están de otra forma ligadas a entidades offshore según aparece en los documentos de Panamá. Adicionalmente, se reveló que Harvard University es beneficiaria de un fideicomiso «offshore».​​
Según la base de datos de los «Panama Papers», que se hizo pública por medio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación hay mil 233 offshore de origen guatemalteco. Además, hay 527 personas jurídicas, 444 intermediarios y se registran 283 direcciones.​​ Se destaca la situación Harold Caballeros López, excanciller de Guatemala (2012-2013, bajo la presidencia de Otto Pérez Molina), excandidato a presidente (2011) y pastor principal de la iglesia evangélica de Guatemala El Shaddai, tiene montada desde hace dos décadas una estructura financiera de Offshore en las Bahamas, cuya revelación se descurbrio en los papeles de Panamá y se confirmó con los Bahamas Leaks. Su principal figura Harold caballeros López señala que no hizo nada ilegal y señala que es una campaña en su contra por su posición conservadora en varios temas políticos y sociales del país centroamericano.​​ El Ministerio Público de Guatemala anunció la creación de una agencia especial para analizar la información de los denominados papeles de Panamá​ y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala examinará la información revelada en una filtración de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.​
En las filtraciones se menciona al empresario hondureño César Rosenthal, hijo del empresario y político Jaime Rosenthal, vicepresidente de su país de 1986 a 1989. En la documentación se afirma que «César Rosenthal está vinculado a una sociedad offshore propietaria de un avión retenido e inspeccionado en Guatemala como parte de las investigaciones a miembros de su familia por blanqueo». Ante las acusaciones Rosenthal prefirió no hacer declaraciones.​​
Las autoridades financieras de Islas Vírgenes Británicas sancionaron al bufete de abogados Mossack Fonseca con una multa de 440 mil dólares por fallos en los controles para evitar delitos de lavado de dinero y financiamiento terrorista, entre otras violaciones a las leyes financieras de la colonia británica. Esta multa es la mayor en la historia impuesta la Comisión de Servicios Financieros, la autoridad reguladora financiera de la colonia caribeña británica y es la segunda que el supervisor de Islas Vírgenes Británicas fija para la firma de abogados Mossack Fonseca. Anteriormente había fijado una sanción de 31 500 USD por cuestiones similares a las que ahora se esgrimen por una investigación previa.​​​
El empresario mexicano Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, consorcio que ha resultado favorecido en numerosas licitaciones a través del gobierno de Enrique Peña Nieto y que también está implicada en la investigación por conflicto de interés del mandatario, escondió 100 millones de dólares en negocios fantasmas a través de Mossack Fonseca.​
Asimismo, en el reporte de Panama Papers se menciona a Ricardo Salinas Pliego, empresario dueño de TV Azteca, quien usó dos empresas offshore para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas y para la adquisición de un barco con bandera de las Islas Caimán.​
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el 7 de abril que 33 casos estaban siendo auditados a raíz de la filtración y que 18 de los mismos ya se encontraban en un proceso de auditoría por casos anteriores. Aún se trabaja en la identificación de nombres así como el año en el que realizaron las operaciones, y si estas fueron declaradas a la autoridad fiscal. El SAT señaló que se investigarían todos los nombres revelados por los Panama Papers, incluyendo al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, de quien se encontraba una copia de su pasaporte en los expedientes de Mossack Fonseca.​
El Gobierno panameño anunció el 3 de abril su voluntad de dar curso a las investigaciones que correspondan al caso a través de la Procuraduría General de la Nación,​​ destacando mediante un comunicado oficial del Ministerio de la Presidencia que en la administración del mandatario Juan Carlos Varela existe un compromiso por la transparencia de los servicios financieros. Un paso en este sentido sería que a contar de 2016, existen además nuevas normas que limitan el uso de las acciones al portador y permiten un mejor control.​
Por su parte Ramón Fonseca Mora, uno de los socios fundadores de Mossack Fonseca, se defendió argumentando que la firma solo se encarga de la formación de empresas y no de su funcionamiento, agregando que en sus 40 años de existencia no han sido acusados en los tribunales por ello. Aunque la firma ha admitido la veracidad de parte de la información filtrada, Fonseca niega relación con algunos de los implicados, afirmando que no son sus clientes.​
El gobierno panameño rechazó de manera categórica, que el país sea considerado como un paraíso fiscal y sentenció que no permitiría que sea utilizado como un «chivo expiatorio», reaccionando así a las filtraciones y la posterior reinscripción por parte de Francia en la lista de paraísos fiscales y criticando las duras acusaciones de la OCDE.​​ También indicó que podría tomar represalias contra Francia.​
El presidente Juan Carlos Varela señaló en una Cadena nacional el 6 de abril sobre el escándalo y tras una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el istmo recalcó que «Panamá se encuentra comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia». Varela expresó que este escándalo por la filtración de los documentos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca empaña la imagen del país. Reiteró que Panamá está abierto al diálogo transparente y solicitó a la canciller y vicepresidente Isabel Saint Malo, el contacto con países miembros del Foro Global que realizará gestiones para expresar una vez más ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la disposición de Panamá a dialogar con respeto para alcanzar acuerdos que contribuyan al desarrollo económico de los países. Varela dijo que no permitirá que esta situación mediática defina a Panamá como país, «los gobiernos serios y responsables no negociamos la adopción de obligaciones internacionales, a través de los medios de comunicación; sino, a través de la diplomacia y el diálogo serio, responsable y constructivo». «Quiero dejar claro que Panamá continuará cooperando con otras jurisdicciones como lo hemos venido haciendo tanto en materia judicial, para perseguir delitos; como en materia de intercambio de información para cumplir con los tratados internacionales», concluyó el Presidente de Panamá.​​
El presidente de Panamá Juan Carlos Varela se reunió con miembros de la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (CANDIF), formada por personas del sector público y privado panameño. En el encuentro se analizaron los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales panameña frente a los últimos acontecimientos que se han desarrollado en el mundo, debido al escándalo de las filtraciones del bufete de abogados Mossack Fonseca.​
En una maratónica acción judicial, la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público de Panamá en conjunto con unidades especiales de inteligencia y de investigación judicial de la Policía Nacional de Panamá, realizó un allanamiento en la firma de abogados Mossack Fonseca ubicada en Calle 50, en Ciudad de Panamá. La diligencia, que se prolongó por muchas horas continuas, forma parte de la investigación de oficio que realiza la instancia por el escándalo internacional sobre sociedades anónimas. Esta acción fue criticada por a su retraso, puesto que ya se habían hecho allanamientos en El Salvador, Perú y Ecuador.​​​
Grupos de izquierda panameños encabezados por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) de Panamá, protestaron frente a la sede central del bufete de abogados Mossack Fonseca en la capital panameña con consignas como «cárcel para los corruptos de Mossack Fonseca», «abajo las sociedades anónimas y el gobierno empresarial», o «abajo el blanqueo de capitales». Los manifestantes, con pequeñas banderas panameñas, repartieron volantes con sus reivindicaciones y lanzaron billetes falsos a la entrada del edificio, ubicado en la Calle 50.​​​
Debido a las presiones internas de la ciudadanía panameña, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá confirmó la renuncia de Jürguen Mossack como cónsul honorario de Panamá en Frankfurt, Alemania.​
El Gobierno de Panamá constituyó un comité independiente de expertos integrado por los panameños: Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá; Nicolás Ardito Barletta, expresidente de Panamá; Gissela Álvarez de Porras, ex directora general de Ingresos y Domingo Latorraca, socio de Deloitte y exviceministro de Economía, así como los extranjeros, Joseph Stiglitz, (Premio Nobel de Economía) y de Mark Pieth, del Instituto Basilea para la Gobernanza que analizarán y evaluarán el sistema económico y financiero panameño y que crearan un reporte al respecto.​ Stiglitz luego renunció del comité porque se dio cuenta de que el reporte no se haría público.
Samid Sandoval, excandidato a la alcaldía de Santiago de Veraguas presentó la acción legal en contra de los periodistas y de todos aquellos que han tenido participación directa, indirecta o los involucrados en la investigación. Sandoval dice que el nombre de la investigación causa daño a la integridad, la dignidad y la soberanía del país. De acuerdo con el excandidato, el consorcio tendrá que asumir la responsabilidad legal de todos los daños causados a la nación panameña​
La procuradora general panameña Kenia Porcell anunció el 24 de enero de 2017 que apoya las investigaciones contra el bufete de abogados Mossack Fonseca debido al hecho de que esta empresa presentó un recurso de protección de garantías constitucionales ante el Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá y le pidió que entregar todos los documentos originales para emitir un juicio.​​​
El Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz y el profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea Mark Pieth renunciaron del comité independiente de expertos que anilizarian las prácticas de los servicios financieros de Panamá, por falta de independencia y transparencia en las actuaciones del citado comité y del gobierno panameño. El Gobierno de Panamá en comunicado lamento la salida por diferencias internas y agradeció el trabajo y recomendaciones realizadas.​​​​
Entre las más de 214 000 offshores que aparecen filtradas en el caso Panama Papers, se han encontrado unas 127 compañías, 33 accionistas, nueve clientes finales y cuatro beneficiarios domiciliados en Paraguay.​ Los fiscales paraguayos Hernán Galeano y Andrés Doldan viajaron a Panamá y se reunieron el día 28 de abril de 2016 en la ciudad de Panamá con el fiscal segundo contra el crimen organizado Javier Caraballo y otros funcionarios panameños y hablaron sobre el caso y una futura cooperación judicial.​
Las revelaciones comprometieron a cuatro candidatos presidenciales, reconocidos chefs, empresarios, políticos, tres expresidentes, escritores peruanos, etc. Ellos fueron la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori; Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio y los expresidentes Alan García, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. También están involucrados el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, el reconocido Chef Peruano, Gastón Acurio, y el novelista y escritor peruano, Mario Vargas Llosa. Al igual el excandidato presidencial, César Acuña Peralta.​
En el caso de Fujimori, un financista a su partido, junto con su esposa de nacionalidad coreana aparecen involucrados en los documentos filtrados. Con respecto a Kuczynski, su nombre aparece en la investigación recomendando al empresario Francisco Pardo Mesones para que le suceda en su cargo, cuando ejercía como jefe de Gabinete en 2006. El empresario Pardo contrató a Mossack Fonseca para ocultar su identidad y poder vender pasaportes a países como Venezuela o Cuba. Asimismo, están incluidas personas consideradas «de confianza» para el expresidente Alan García, como su socio en la distribuidora de libros Crisol, Jaime Carvajal Pérez.​
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, consideró que el caso debe ser investigado con celeridad por la Fiscalía, por involucrar a políticos peruanos.​
Keith Emirth, un miembro del Parlamento de Trinidad y Tobago y del partido opositor, United National Congress (UNC) (Congreso Nacional Unido), estaría vinculado a un escándalo de corrupción en Brasil. En particular, entre otras operaciones millonarias opacas realizadas con empresas fantasmas panameñas, habría transferido a través de estas cuentas un millón de dólares por servicios de consultoría de una persona que está condenada por el delito de lavado de dinero en el escándalo de Petrobras.​ En 2011, la constructora brasileña OAS SA se adjudicó una licitación de la Compañía Nacional de Desarrollo de Infraestructura (NIDCO) bajo la administración gubernamental del partido Alianza Popular (People's Partnership) de Trinidad y Tobago para construir una carretera en Trinidad por un costo de 5200 millones de dólares de Tinidad y Tobago (aproximadamente 832 millones USD). El fiscal general Al-Rawi ha dicho que Emirth comunicó a los legisladores un presupuesto que excede en 1600 millones lo calculado por los ingenieros y que en 2016, cuando un 49 % de la carretera ya ha sido construida, se estima que cuando esté finalizada superará los 8000 millones de dólares (valores en dólares de Trinidad y Tobago)).​ Los investigadores han descubierto que las empresas de Emirth recibieron un excedente de seis millones de NIDCO y que Emirth, quien también era director de Pembury Consultants Limited percibió en el proyecto de la carretera honorarios como consultor, cobrando 44 800 USD mensuales.​ Hasta mayo de 2013 del Grupo Brasileño OAS había pagado a Pembury al menos 896 000 USD; los totales más allá de esa fecha no están disponibles.​ Emirth, poseía además otra compañía creada por Mossack Fonseca, Pendrey Associates. El fiscal general Faris Al-Rawi dijo en una alocución en el parlamento que los documentos filtrados comprueban los vínculos de esta empresas offshore con los personajes clave en el escándalo de Petrobras y de la Operação Lava Jato en Brasil, incluyendo a Joao Procopio (condenado por lavado de dinero), y José Luiz Pires Queluz (quien está sometido a un proceso de investigación) y que tenían tratos con Swiss PKB Privatbank AG.​
De acuerdo con el diario Trinidad Express, que es socio de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Emirth era un estrecho colaborador de Jack Warner y también propietario de la mitad de las acciones de Proteus Holding SA, una inversión sobre la que se niega a hablar debido a que tiene un voto de confidencialidad con sus compañeros accionistas. El mismo medio de prensa revela que Emirth había utilizado un proyecto de desarrollo portuario en Namibia para ocultar el pago de US$ 1 millón que recibió de parte de la empresa brasileña OAS, a que fueron pagados a través de la firma Santa Teresa Services Ltd., una empresa creada especialmente para realizar transacciones ilícitas de lavado de dinero.​
La Policía uruguaya detuvo en Montevideo a 11 personas que son presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual tenía varias sociedades abiertas en Panamá por intermedio de un bufete de abogados uruguayo que supuestamente realizaba actividades ilícitas de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico​​​ Varios miembros de la empresa privada, personalidades sociales, políticas y deportivas del país sudamericano están relacionadas con el escándalo. Uruguay se encuentra entre los 10 países en donde operan más intermediarios de la firma legal panameña desde su fundación. Además, ocupa la posición número siete de intermediarios activos para establecer las sociedades offshore, con 5174.​​ El Senado de Uruguay creó una comisión investigadora para indagar sobre «el fraude financiero, la defraudación y elusión fiscal, el lavado de activos y la transparencia global» a partir de las revalaciones descubiertas en los papeles de Panamá y de documentos de otras jurisdicciones o Paraísos fiscales. la moción fue respaldada por todos los miembros de los partidos políticos del hemiciclo uruguayo.​​​
En al menos 12 casos se menciona a ciudadanos de Venezuela, entre ellos se cuentan los asociados a la denuncia que vincula a Cuba y Venezuela en la producción de documentos de identificación para dicho país. Los casos no se restringen a una única tendencia política. En opinión de los periodistas venezolanos que participaron en la investigación de los papeles de Panamá, el análisis de datos sobre entidades y ciudadanos venezolanos, que ya lleva casi un año, continúa, siendo probable que aparezcan más implicados.​ El Ministerio Público venezolano solicitó enjuiciar a Jannet Coromoto Almeida por haber trabajado como representante en Venezuela del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, empresa vinculada a los llamados «Panama Papers», el caso sobre lavado de dinero y evasión de impuestos. De acuerdo con un comunicado difundido por la Fiscalía venezolana mediante estos documentos se conoció que la abogada captaba clientes para lavar dinero y evadir impuestos. En la audiencia preliminar, los fiscales nacionales 4° (e), 51°, 73° y 74°, Keyla Solórzano, Marijosé Frutillé, Arturo Romero y Luis Verde, respectivamente, ratificaron la acusación contra la mujer por el delito de captación indebida. Un tribunal en Caracas admitió la acusación.​​​​
Mihran Poghosyan un militar y alto funcionario del gobierno de la República de Armenia tuvo que renunciar a su puesto público debido a que en los papeles de Panamá se descubrió que poseía tres sociedades anónimas en el país centroamericano en que se beneficiaba a él y a sus familiares y una de ellas se le había adjudicado un contrato con el gobierno armenio.​​​​
İlham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, ha sido señalado como usuario de una red de compañías offshore en paraísos fiscales. Su familia, asesores y aliados pudieron concretar la adquisición de costosas residencias en otros países e importantes posiciones en las industrias del país y sus recursos naturales, incluyendo el control mayoritario de una gran mina de oro, desconocida hasta la filtración y que reporta beneficios para él, su familia y allegados. El mandatario declinó responder ante las peticiones de réplica de los medios de comunicación.​​
Dos conglomerados y 32 accionistas de Bangladés se enumeran entre los implicados, la lista de personalidades incluye a Muhammed Aziz Khan, Mohiuddin Monem y Samson H. Chowdhury —miembro de la Liga Awami Presidium Kazi Zafarullah— y su esposa Nilufar Zafar.​
Ang Vong Vathana ha sido ministro de Justicia de Camboya desde mayo de 2004. Antes de ser nombrado por el primer ministro Hun Sen, Vathana ocupó el cargo de secretario de Estado para el Ministerio de Justicia, en virtud de un acuerdo para compartir el poder entre el Partido del Pueblo de Camboya (CPP), encabezado por el autócrata Hun Sen desde 1998, y otro partido, el Funcinpec. El nombramiento de Vathana motivó que se acusara al primer ministro Hun Sen de haber violado el acuerdo colocando a su propia gente en cargos ostentados por los miembros del partido Funcinpec. En los datos de Mossack Fonseca La ocupación de un accionista de una sociedad offshore figuraba como «ministro de Justicia».
En mayo de 2007, mientras Vathana cumplía tres años como ministro, se convirtió en uno de los cinco accionistas de la sociedad RCD International Limited, radicada en Islas Vírgenes Británicas. En un registro de accionistas escrito a mano y con fecha de 2007, en el que también figuraban ejecutivos de empresas chinas y jemeres, Vathana aparecía con el cargo de «ministro de Justicia». El documento indicaba que Vathana había pagado 5000 dólares por 5000 acciones. El objeto de esta sociedad no estaba claro. No hay constancia de que Mossack Fonseca considerara a Vathana como una «persona políticamente expuesta», lo que habría obligado a Mossack Fonseca, como agente registrador, a hacer más comprobaciones sobre los antecedentes de su cliente.​
Altos dirigentes del Partido Comunista de China y del gobierno del país, incluyendo al Secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping —así como allegados a estos políticos—, crearon empresas en paraísos fiscales, poniendo en entredicho los esfuerzos anticorrupción del país. Entre los principales acusados hay parientes o allegados de altos responsables chinos, entre ellos figura Deng Jiagui, esposo de la hermana mayor de Xi Jinping.​
La respuesta del gobierno fue dada mediante el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Hong Lei, quien el 5 de abril en una rueda de prensa sobre el caso indicó que «sobre estas acusaciones infundadas, no tengo nada que comentar».​ Se desconoce si habrá alguna investigación contra los ciudadanos chinos señalados en las filtraciones. Los medios de comunicación del país han hecho pocas menciones a cualquier aspecto relacionado con los Panama Papers. En los motores de búsqueda chinos la palabra «Panamá» está bloqueada o censurada.​
Hong Kong aparece como el principal paraíso fiscal del continente asiático.​ El periódico chino Ming Pao publicó nuevos documentos donde aparece una lista de nombres de personas influyentes hongkoneses involucrados con empresas ligadas al caso de los papeles de Panamá entre esta se encuentra la sobrina del líder chino Deng Xiaoping. En el artículo se detalla la vinculación entre varios políticos y empresarios de la ciudad y la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Entre ellos se destaca Bernard Charnwut Chan, integrante del Consejo Ejecutivo del gobierno regional de Hong Kong y el secretario de Desarrollo para la familia, Paul Chan. Estas publicaciones provocaron el despido del redactor jefe del diario Ming Pao, Kwen Kwon Yen.​​​
El régimen norcoreano habría financiado su Programa nuclear y de misiles con la ayuda de la empresa offshore DCI Finance Limited., creada y constituida por el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca en el año 2006, en las Islas Vírgenes Británicas cuyos principales dignatarios eran un ciudadano norcoreano llamado Kim Chol Sam y un banquero británico llamado Nigel Cowie, ligado al gobierno de Pionyang.​​
Aunque se mantuvo como primer ministro apenas trece meses, el multimillonario Bidzina Ivanishvili dejó una marca indeleble en la historia de Georgia. Después de 20 años en Rusia, donde amasó una fortuna en las industrias metalúrgicas y bancarias, Ivanishvili regresó a Georgia en 2003 y llegó a ser conocido como un filántropo huraño y un coleccionista de obras de arte y animales exóticos. En 2011, transformó su creciente descontento con el gobierno en el activismo político, llevando finalmente una coalición llamada 'El sueño de Georgia' a obtener una sorprendente victoria en las elecciones parlamentarias de 2012 y convirtiéndose en primer ministro. Ivanishvili renunció voluntariamente después de que su partido ganara las elecciones presidenciales de 2013, pero continuó ejerciendo el poder entre bambalinas. En marzo de 2016, los abogados de Ivanishvili presentaron una querella ante la Fiscalía de Ginebra contra el Credit Suisse Group AG después de que Ivanishvili asegurara haber sido víctima de una fraude por parte de una antiguo empleado del Credit Suisse. Bidzina Ivanishvili era propietario de Lynden Management, una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas. En 2011, la Agencia de Investigación Financiera del archipiélago solicitó a Mossack Fonseca información acerca de la propiedad y las actividades de la sociedad. La oficina de Singapur de Mossack Fonseca confirmó entonces que Ivanishvili era beneficiario de un fideicomiso constituido por Credit Suisse, y que la actividad de Lynden Management era la posesión de activos. Dos años más tarde, la sede de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas señaló a Ivanishvili como una persona políticamente expuesta y solicitó a su oficina en Singapur la documentación que acreditara la identidad de Ivanishvili y el origen de los fondos de Lynden Management. Singapur no pudo obtener dicha información y, posteriormente, preguntó si su cliente, Credit Suisse, podría en su lugar «llevar a cabo una debida diligencia reducida» sobre Lynden Management, ya que el banco era «una compañía fideicomisaria regulada» y poseía «muchas sociedades con Mossack».​
Un bufete suizo de abogados que representa a Ivanishvili dijo que está «dispuesto a ser transparente» sobre su uso de sociedades offshore y que los bancos como Credit Suisse proponen «sistemáticamente» constituir sociedades offshore a sus clientes incluso cuando podría no beneficiar a sus clientes. La revista Forbes calcula la fortuna Ivanishvili por un valor neto de 4,8 millones de dólares.​​
El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció el 4 de abril que ha dispuesto la investigación de los datos de más de 500 conciudadanos que aparecen como poseedores de compañías en paraísos fiscales según los papeles de Panamá.​ Amitabh Bachchan, estrella cinematográfica de Bollywood, rechazó las acusaciones de vínculos con empresas offshore de transporte marítimo realizadas por los papeles de Panamá, diciendo que probablemente se trate de un abuso de su nombre.​​
Cerca de 600 empresas israelíes y 850 inversores aparecen en los documentos filtrados de Mossack Fonseca. Entre ellos está el político Dov Weisglass, jefe de gabinete del ex primer ministro Ariel Sharon; el empresario de la minería Jacob Engel, el millonario Idan Ofer y el empresario Dan Gertler, especializado en las compañías mineras de diamantes.​ Los datos también hacen referencia al caso de fraude inmobiliario ocurrido en 2002 que implicaba al Irineo, patriarca greco-ortodoxo en la venta de propiedades en Jerusalén Este. La correspondencia analizada por la investigación periodística vincula a los dos principales bancos del país, Hapoalim y Leumí, con el bufete panameño.​​
El ministro de Finanzas, Bambang Brodjonegoro, respondió inmediatamente que a propósito de los datos filtrados en los «Documentos de Panamá» acerca de evasión de impuestos, ha dado instrucciones a la Dirección General de Tributación (DGT) de Indonesia para el seguimiento de los resultados e investigar que ciudadanos indonesios han evadido el fisco en ese país asiático.​
Tarek Abás, hijo del presidente Mahmud Abás, aparece como uno de los principales socios de la empresa llamada Arab Palestinian Investment Company, creada en septiembre de 1994 con registro legal en las Islas Vírgenes Británicas. Otro socio que posee un 27 % de la firma es Tareq Al Aked, es el hijo de un conocido jeque del Medio Oriente. En el análisis del diario israelí Haáretz el hallazgo apunta a la relación de los grandes empresarios con la política y levanta sospechas de corrupción en las finanzas de la Autoridad Nacional Palestina.​​
La Agencia Nacional de Rendición de Cuentas de Pakistán declaró que analizará los papeles de Panamá para determinar si los ciudadanos del país, incluidos los hijos del primer ministro Mir Hazar Khan Khoso, cometieron algún delito de evasión fiscal en contra de la hacienda de la nación.​ El Tribunal Supremo de Pakistán destituyó al primer ministro del país, Nawaz Sharif, en medio de un escándalo por lavado de dinero y corrupción, informan los medios. Sharif se enfrenta a varios procesos judiciales después de que en 2016 aparecieran documentos de los llamados "Papeles de Panamá" que mostraban que sus hijos eran titulares de varias empresas offshore.​​
Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib es hijo del primer ministro malayo Najib Abdul Razak. Ha invertido en un amplio abanico de empresas malayas de sectores como tecnología, energía, servicios financieros, transporte público y pinturas y recubrimientos. En 2015, Nazifuddin se convirtió en vicepresidente del Comité Olímpico de Malasia. El mismo año negó las acusaciones que lo vinculaban con una estafa piramidal relacionada con una moneda digital en Tailandia. Nazifuddin ha defendido públicamente a su padre, quien en enero de 2016 salió exculpado tras habérsele relacionado con la transferencia de casi 700 millones de dólares a cuentas personales de Razak. En los datos de Mossack Fonseca Constituyó dos sociedades offshore mientras su padre estaba en el poder Nazifuddin dijo que usó PCJ International Venture «para hacer negocios internacionales», pero que no se realizaron «transacciones comerciales», y que la empresa se cerró. Ch'ng confirmó que él y Nazifuddin adquirieron Jay Marriot en 2009, pero dijo que no se había producido ninguna actividad empresarial, desde su constitución. Dijo que en 2011 Nazifuddin transfirió su participación a la hermana de Ch'ng y renunció como administrador.​
Dmitri Peskov, portavoz del presidente Vladímir Putin, afirmó que los papeles de Panamá eran un plan para desestabilizar a Rusia y acusó a la CIA de estar detrás de la filtración.​​ El medio de prensa RT ha sostenido que no existe constancia de la autenticidad de los documentos publicados y que se trata de un montaje contra Putin. Esta afirmación se apoya en un mensaje de una cuenta de Twitter, atribuida a Wikileaks, que habría denunciado que Estados Unidos realizó la investigación a través del Organized Crime and Corruption Reporting Project y la financió la Open Society Foundations y el empresario George Soros, así como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y que está dirigida contra Rusia. Por otra parte, comenta que el periodista islandés Kristinn Hrafnsson, portavoz de WikiLeaks, ha exigido que los papeles de Panamá sean de acceso público.​ En una conferencia de prensa realizada el 7 de abril Vladímir Putin acusó a Estados Unidos de estar detrás de las filtraciones, que han imputado delitos en contra de allegados suyos. El presidente ruso asegura que Washington ha «cocinado» los papeles de Panamá para desestabilizar a Rusia y ha defendido a las personas cercanas a él que han sido señaladas por crear sociedades extraterritoriales.​
El Ministerio de Finanzas y la Autoridad Monetaria de Singapur declararon en un comunicado que «Singapur toma muy en serio la evasión de impuestos y no se tolerará que este centro de negocios y financiero sea utilizado para facilitar la comisión de delitos relacionados con impuestos. Ante cualquier evidencia de conductas ilícitas de ciudadanos o entidades con sede en Singapur, las autoridades no dudarán en tomar medidas firmes».​
En la documentación analizada por los periodistas se encuentran varias personas cercanas al presidente sirio Bashar al-Ásad. En el entorno familiar se encuentran implicados sus primos, Rami y Hafez Makhlouf, y dos primos maternos suyos, quienes aparecen relacionados con empresas fundadas con ayuda de Mossack Fonseca, registradas en las Islas Vírgenes británicas y administradas por el bufete de abogados panameño.​ Además se menciona al agente de Bashar al-Ásad en Londres, Soulieman Marouf.​ Las empresas habrían sido creadas en parte como un instrumento para eludir sanciones internacionales como el embargo sobre el petróleo sirio.​​
El ministro de Economía y Finanzas de Sri Lanka, Ravindra Sandresh Karunanayake, indicó que se creó un panel de investigación intergubernamental que indagara a los 46 ciudadanos del estado srilanqués que aparecen en los papeles de Panamá. El actual gobierno llegó al poder de la República Democrática Socialista de Sri Lanka en enero de 2016 sobre una plataforma política de lucha contra la corrupción.​
El Reino de Tailandia y su Oficina contra el Lavado de Dinero investiga a 21 conciudadanos que podrían tener empresas en paraísos fiscales y cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados. De acuerdo con el diario The Bangkok Post la cifra puede aumentar debido a que en los documentos aparecen los nombres de 780 individuos y 50 compañías con sede en el país, algunas de ellas de origen extranjero.​​
Las investigaciones realizadas por el único socio del este asiático del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la revista CommonWealth de la República de China encontró que al menos 2725 compañías offshore habían que se habían registrado direcciones en Taiwán. Noventa taiwanés, entre ellos el cantante y actor Nicky Wu, estaba incluidos entre los propietarios de estas offshore señalaron los diarios.​ De acuerdo con un informe publicado por la revista Common Wealth, Wu utiliza la firma de Horizon Sky Technology, Ltd. para cooperar con sede en Hong Kong Sun Entertainment Culture Limited.​ El editorial taiwanés concluye que: «Las empresas y los individuos taiwaneses se cree que están ampliamente el uso de refugios en alta mar para evitar o evadir impuestos. Una fase de estudio y análisis de los documentos de Panamá realizada por la revista indica que Mossack Fonseca no era usado por los grandes compañías, grandes bancos taiwaneses, bufetes de abogados y firmas de contabilidad de Taiwan no suelen utilizar los servicios del bufete de abogados panameño y que esta no tiene una presencia en Taiwán. Los cuarenta y seis corredores de bolsa taiwaneses que sí trabajaron con Mossack Fonseca fueron relativamente empresas de consultoría en pequeñas y que operan en la República Popular China. La mayoría de las entidades taiwaneses que establecen empresas ficticias a través de la firma de abogados de Panamá eran empresas pequeñas, no listados o particulares»​ El gobernante Partido Progresista Democrático de Taiwán crearía una nueva ley para combatir la evasión de impuestos.​​​
El gobierno de Taiwán inicio una investigación al banco Mega International Commercial Bank que fue multado por $180 millones por la violación de las leyes contra el lavado de dinero en Estados Unidos, por parte del regulador financiero del país norteamericano​ Mckinney Tsai, expresidente del Mega International Commercial Bank, un banco taiwanés relacionado con los papeles de Panamá fue detenido por presunto abuso de información privilegiada, señalaron las autoridades de la República de China. Se indica que se desprendió de acciones de la entidad bancaria debido a una multa que le fue impuesta al banco asiático. El Mega International Comercial Bank está acusado por las autoridades estadounidenses de haber violado las leyes contra el blanqueo de capitales, debido a que realizadas transacciones económicas sospechosas entre sus sucursales de Nueva York y de la ciudad de Panamá.​​​
Según se desprende de los análisis de los papeles de Panamá, del total de 500 bancos que a nivel mundial encargaron la fundación de empresas fantasma a Mossack Fonseca, se encuentran a lo menos 28 bancos alemanes. Entre los más importantes, hay cuatro que aparecen con las mayores gestiones offshore, ya sea implicados en su creación o en su administración: Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank y BayernLB, además de otros bancos regionales. Algunos bancos implicados han declarado que antes de la publicación de los papeles de Panamá ya habrían hecho ajustes para detener el avance de las posiciones offshore. El Commerzbank ha señalado que ha estado «modificado consecuentemente» estas cuentas con relación a su sede tributaria desde 2008 y el BayernLB ha dicho que por este motivo vendió su filial luxemburguesa en 2013, con la cual administraba 129 empresas fantasma.​ Los nuevos datos revivieron también un escándalo que ya había salido a la luz pública en noviembre de 2006 con la firma alemana Siemens AG, pues la nueva filtración demuestra que tras la publicación del desvío de fondos hacia cajas opacas en Latinoamérica, los gerentes no reintegraron ese dinero a la empresa, sino que en su lugar, al menos tres millones de euros fluyeron hacia cuentas privadas en Bahamas y Suiza. Uno de los gerentes ha admitido que la cuenta de Bahamas le pertenece, el resto de los asuntos han quedado sin respuesta oficial de la empresa. Según indicó un vocero del ministerio, el ministro de finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, presentará antes de la conferencia del Fondo Monetario Internacional, que se celebra a mediados de abril de 2016, una nueva propuesta para hacer frente a la evasión tributaria internacional.​
Los papeles de Panamá revelaron que el ministro de Finanzas del Principado de Andorra, Jordi Cinca, mientras que él era CEO o Director Ejecutivo de Orfund, mantuvo una empresa offshore llamada Mariette Holdings Inc, hasta su disolución en 2002 por temor a que descubrieran su participación en este tipo de empresas. Además, la actividad de Orfund tenía vínculos con el comercio de diamantes de sangre, refinación y venta de oro africano. Esta empresa cerró al poco tiempo de antes del estallido de la guerra civil en Costa de Marfil. Esto provocó que la oposición del país exigiera su renuncia. En respuesta a esa petición, el ministro Cinca poco antes de ser nombrado por la prensa, dijo que «si su conexión afectaría el Gobierno de Andorra, dejará el cargo.» Aun así, no la hecho.​​
La autoridad que regula el mercado financiero de Austria ha anunciado que van a auditar dos bancos austriacos que se mencionan en los documentos de Panamá: Raiffeisen Bank International (RBI) e Hypo Landesbank Vorarlberg. La investigación se centrará específicamente en determinar si los bancos han cumplido con su obligación de prevenir el lavado de dinero. Hypo Vorarlberg posteriormente anunció que, por su parte, ha cumplido con todas las leyes en el pasado, pero que de todos modos planean retirarse completamente del sector offshore.​
El Reino de Dinamarca anunció el día miércoles 7 de septiembre de 2016 que pagaría una fuerte cantidad de dinero a una fuente anónima para obtener los datos de los «papeles de Panamá» sobre cientos de contribuyentes susceptibles de haber evadido impuestos en el país nórdico. «Debemos tomar las medidas necesarias para atrapar a los culpables de evasión fiscal que esconden fortunas, por ejemplo, en Panamá, con el fin de evitar al fisco de Dinamarca», afirmó en un comunicado el ministro de Hacienda, Karsten Lauritzen.​​​
La repercusión más significativa del escándalo de los papeles de Panamá en España fue la dimisión de José Manuel Soria ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, Diputado en Las Cortes Generales por Las Palmas y Presidente del Partido Popular de Canarias, que mantuvo, junto con otros miembros de su familia, una red de sociedades en paraísos fiscales.​​ El 15 de abril de 2016, al no haber podido aclarar su relación con este asunto, renunció a todos sus cargos políticos.​ En septiembre de 2016, el exministro Soria fue propuesto por el Ministerio de Economía español para un puesto en el Banco Mundial pero, ante el malestar que causó la noticia en la opinión pública, Soria retiró en el último momento su candidatura.​
El Ministerio de Hacienda anunció que investigará de oficio a los ciudadanos españoles mencionados con negocios en paraísos fiscales en los papeles de Panamá con el objeto de cruzar la información que han entregado en sus declaraciones tributarias. De esta manera se dilucidará si hay dolo, por omisión o intento de ocultamiento de los activos que se posean en el exterior.
También figuraban Juan José y Francisco Franco Suelves, bisnietos del dictador Francisco Franco, como propietarios de sociedades en paraísos fiscales los.​
En España, la declaración de impuestos tiene un apartado especial (Modelo 720) donde deben consignarse los ingresos y bienes patrimoniales en el extranjero y establece multas relativamente altas (10 000 euros por cada dato omitido) para quienes omitan o tergiversen los datos sanciones que pueden representar hasta un 150 % de la cantidad omitida por la sociedad. Panamá es el decimosexto país donde los españoles tienen más patrimonio, según los datos recopilados por la Agencia Tributaria durante los últimos tres años. Panamá es un país en el que los españoles mantienen inversiones importantes. El patrimonio declarado asciende a los 1139 millones de euros.​ El escándalo azotó también a la Casa Real, a estrellas del cine y la televisión, a grandes banqueros y empresarios y a políticos a nivel autonómico y estatal, entre los que se encontraban Rodrigo Rato, exvicepresidente del gobierno español y antiguo director gerente del FMI, Carles Vilarrubí, Bertín Osborne, Josep Lluis Nuñez y la Infanta Pilar de Borbón.​
Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del que fuera Comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete (2014-19), figuraba en los papeles como apoderada de una empresa. Arias Cañete afirmó que la empresa estaba inactiva desde mucho tiempo antes de que él asumiese el cargo de comisario.​​
Siendo su marido ministro de Agricultura, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Aznar para regularizar la actividad de una empresa offshore registrada en un paraíso fiscal a través del despacho de abogados Mossack Fonseca.​ Arias Cañete había participado en la reunión del Consejo de Ministros que aprobó dicha amnistía fiscal a pesar de la obligación de inhibirse por tener intereses familiares.​
El presidente François Hollande señaló que las revelaciones de la investigación periodística internacional darán lugar en Francia a investigaciones judiciales y fiscales y agradeció a quienes develaron el escándalo que conducirá a nuevos ingresos fiscales en el país galo.​​ En marzo de 2016 se acababa de aprobar en el país una nueva ley sobre transparencia y contra la corrupción que, entre otras medidas, otorga garantías de protección a quienes filtran información de relevancia pública, como es el caso de los papeles de Panamá.​ El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, declaró el 5 de abril que Francia va a reinscribir a Panamá en la lista de Estados y Territorios No Cooperativos (ETNC) en materia fiscal.​ El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, pidió en una reunión de los países de la OCDE para incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales, tras haber anunciado ayer que su país adoptará de forma unilateral esta medida. Señaló que Panamá no le intimida.​ Francia finalmente volvió a incluir a Panamá como paraíso fiscal en su propia lista, entregando como fundamento de su decisión el que Panamá no haya proporcionado toda la información sobre asuntos tributarios según establece un acuerdo destinado a controlar la evasión fiscal.​
Los papeles de Panamá confirmaron que el político griego Stavros Papastavrou, que fue asesor de los ex primer ministros griegos, Kostas Karamanlis, y Antonis Samaras, había sido miembro principal de varias Fundaciones inscritas en Panamá, la Fundación Green Shamrock y la Fundación Diman, en los años 2005 a 2014. En el 2006, se convirtió en el vicepresidente de la Fundación Aisios, que todavía existe hoy en día. Sin embargo, Papstavrou renunció a la Fundación Aisios en 2012. La familia Goulandris, una familia pudiente de Grecia conocidas por ser grandes coleccionistas de arte , fueron mencioandos en el escándalo.​​
Una de las consecuencias políticas inmediatas de la filtración ha sido la exigencia de nuevas elecciones en Islandia, en que el primer ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, la ministra del interior Ólöf Nordal y el ministro de finanzas Bjarni Benediktsson aparecen entre los involucrados.​ El 4 de abril hubo masivas manifestaciones en diversas ciudades del país;​ en Reikiavik, la capital, miles de islandeses se reunieron delante del Parlamento Nacional para reclamar la renuncia del mandatario, quien aparece junto con su esposa como titular de una sociedad en un paraíso fiscal, levantando carteles condenando la supuesta corrupción y llamando mentiroso al primer ministro. En el Parlamento, los partidos de la oposición presentaron una moción de censura contra el mandatario.​​ Las cuatro fuerzas de la oposición —socialdemócratas, Piratas, Izquierda Verdes y Futuro Brillante— formalizaron la solicitud de un voto de censura, en la que se pide que se retire la confianza y la convocatoria de nuevas elecciones.​ Ese mismo día Gunnlaugsson afirmó que no dimitiría a su cargo y que buscaría la reelección en los comicios de 2017;​ sin embargo, al día siguiente presentó su renuncia como primer ministro tras una reunión con su partido.​
Tras el escándalo que obligó a la renuncia del primer ministro Gunnlaugsson y e involucró a otros dos ministros de su gobierno, el presidente de Islandia, Ólafur Ragnar Grímsson — quien había asegurado el 22 de abril de 2016 que él y su familia jamás habían participado en transacciones extraterritoriales con firmas de papel — ha sido vinculado también a este tipo de negocios. Según muestra una investigación conjunta del diario Süddeutsche Zeitung y Reykjavík Media, los documentos de Panamá revelan que sus suegros eran dueños de una joyería en el Reino Unido y a través de ella tenían participación en la firma ficticia Lasca Finance Limited montada por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas. Ante la consulta del periódico alemán, Grimsson aseguró que ni él ni su esposa tenían idea de la existencia de esta firma, que el padre de la primera dama ya falleció y la madre no recordaría nada sobre este asunto. Grimsson está en el cargo desde hace ya dos décadas y originalmente no pensaba volver a presentarse como candidato, pero había cambiado de idea: motivado por la gran «necesidad de estabilidad» que veía en su país tras la crisis desatada, pensaba seguir desempeñando el cargo por otro período.​
Un total de 800 ciudadanos italianos se mencionan en los papeles de Panamá, entre ellos se encuentra el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, a propósito de su negocio de compraventa de derechos televisivos. Los documentos han involucrado a muchas personalidades de distintos ámbitos de la sociedad italiana, empresarios, artistas y famosos de la farándula aparecen vinculados a negocios extraterritoriales: Adriano Galliani, Flavio Briatore, Carlo Verdone, Giovanni Fagioli, Valentino Garaviani, Barbara D'Urso, Roberto y Stefano Ottaviani y Oscar Rovelli. En el mundo deportivo se agregan además Erick Thohir, propietario del club de fútbol Inter, el exjugador Daniel Fonseca, así como el conocido expiloto de Fórmula 1 Jarno Trulli.​​​ El ministro de Finanzas italiano señaló que Italia investigará a las personas presentes en los papeles de Panamá.​
La Administración Tributaria de Noruega va exigir el acceso a información del DNB (mayor grupo de servicios bancarios y financieros del país nórdico) sobre aproximadamente 30 empresas formadas por DNB que son propiedad de ciudadanos noruegos, 20 de las cuales viven en Noruega.​ 200 ciudadanos noruegos están en la lista de clientes de Mossack Fonseca.​
Algunos altos funcionarios del actual Gobierno de Malta, como Konrad Mizzi, ministro de Energía y Conservación del Agua y Keith Schembri, jefe de gabinete del primer ministro de Malta Joseph Muscat, aparecen como dueños de compañías secretas en Panamá y Nueva Zelanda. Según los datos filtrados, crearon en 2015 dos fideicomisos en Nueva Zelanda utilizando los servicios de Mossack Fonseca, las que se relacionan además con cuentas bancarias no declaradas en Dubái.​​​​ El 28 de abril de 2016, el primer ministro de Malta Joseph Muscat anunció una reorganización del gabinete; Mizzi perdió su cartera ministerial de Salud y Energía, pero se mantuvo como ministro sin cartera en la Oficina del Primer Ministro y se le pidió su renuncia en la Vicepresidencia del Partido Laborista de Malta.​​​
Las autoridades tributarias de Países Bajos investigarán a cientos de ciudadanos neerlandeses, incluido el exfutbolista Clarence Seedorf; el fundador de la marca de ropa Mexx, el indio-neerlandés Rattan Chadah; y una serie de empresarios del país europeo que figuran en los papeles de Panamá, según señala los medios neerlandeses Trouw y Financieele Dagblad. Entre las personalidades ligadas al quehacer público del Estado, destaca Jos van der Vorm, quien entre 1979 y 1986 formó parte nada menos que de la división tributaria del Tribunal Supremo y aparece con una construcción comercial dudosa en las islas Bermudas, establecida para mantener activos en secreto.​
Paweł Piskorski fue el alcalde de Varsovia desde principios de 1999 hasta el 14 de enero de 2002, y europiputado desde 2004 hasta 2009. Se metió en problemas en 2005, cuando se publicaron informes que decían que él y su esposa habían comprado 790 acres de suelo por una cifra que superaba el valor de los activos que había delarado como eurodiputado. Dijo que el dinero era la suma de sus ahorros y los de su esposa, créditos e ingresos de la venta de propiedades inmobiliarias. El informe dañó su reputación y le obligó a abandonar su partido, pero no se celebró un juicio. En 2009, su reputación sufrió de nuevo cuando se informó de que declaró a las autoridades fiscales que sus ingresos provenían de ganancias en un casino y de tratos con obras de arte. En 2010, fue acusado de falsificar un contrato con un merchante de antigüedades. Se declaró inocente y fue absuelto en septiembre de 2015. Constituyó la sociedad offshore cuando se le acusaba de utilizar un documento falso en Polonia, de lo que quedó absuelto. En 2012, Pawel Piskorski adquirió la sociedad panameña Stardale Management Inc. para «comprar bonos de una empresa de Singapur». En 2013 intentó abrir una cuenta bancaria en FPB Bank en Panamá. Al pedirle una carta de referencia de un banco, Piskorski proporcionó una de UBS en Zúrich. La empresa polaca que manejaba los asuntos de Piskorski explicó que pedir a un banco polaco dicha carta «podría ser un problema, ya que el banco de Polonia sabría que el cliente está abriendo una cuenta en Panamá». FPB Bank identificó a Piskorski como una persona políticamente expuesta y solicitó información sobre su negocio agrícola, incluidos sus activos y clientes. En abril de 2014, el equipo directivo de Stardale Management intentó abrir una cuenta para Stardale Management en Eurobank Cyprus Ltd. Un año más tarde la compañía fue disuelta. No hay registros en los documentos de que las cuentas bancarias llegaron a abrirse. El señor Piskorski asegura la sociedad fue creada para un proyecto empresarial que nunca se concretó y que no hizo nada ilegal.​
Reino Unido ha solicitado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, institución detrás de la masiva publicación de documentos sobre posible evasión de impuestos mediante empresas offshore, el acceso a los mismos con el fin de poder investigarlos y actuar de ser necesario contra empresas y consorcios británicos. Jennie Granger, un alto cargo de la oficina de Impuestos y Aduanas (HMRC) ha asegurado que la entidad está comprometida a exponer y actuar en caso de cualquier acción indebida en materia fiscal y perseguir «sin descanso a los evasores fiscales para garantizar que pagan cada penique» que deben.​
El 5 de abril el Partido Laborista exigió al primer ministro del Reino Unido, David Cameron, que aclare sus asuntos con el fisco, esto después que su difunto padre fuera vinculado por los papeles de Panamá a algunos paraísos fiscales.​ Al día siguiente Cameron, en un comunicado de prensa oficial, señaló que él y su familia no reciben dinero y ni beneficios de ningún fondo establecido en un paraíso fiscal.​​
David Cameron admitió en la tarde del 7 de abril de 2016, acorralado por las revelaciones de los llamados papeles de Panamá, que se benefició del fondo de inversión que, según los documentos filtrados del bufete de abogados Mossack Fonseca, dirigía su padre en un paraíso fiscal. El primer ministro del Reino Unido reconoció que él y su mujer poseyeron entre 1997 y 2010 un total de 5000 títulos del fondo Blairmore, dirigido por el padre de Cameron y bautizado en honor a la casa familiar del norte de Escocia.​​ Para el primer ministro, las revelaciones de los papeles de Panamá resultan especialmente incómodas, puesto que ha cultivado un perfil de luchador contra la evasión de impuestos, los oasis tributarios y los enjuagues internacionales. En particular ha criticado los trucos para evadir impuestos de los consorcios Internet, como Google y aparece como principal impulsor de una «Cumbre contra la Corrupción» que se llevará a cabo en Londres en mayo de 2016, ahora obviamente ensombrecida por la implicación Cameron en negocios en paraísos fiscales.​
Después de estas declaraciones algunos, como el diputado laborista John Mann, han pedido la dimisión de Cameron y el número dos del Partido Laborista, Tom Watson, le ha acusado de hipocresía por haberlo ocultado hasta ahora.​​​
Emmma Watson también aparece en la lista, creó una empresa offshore y la utilizó para adquirir una vivienda de £2,8 millones en Londres, de acuerdo con un representante de la actriz lo hizo para proteger su identidad de acosadores,​ ya que de este modo su nombre no aparece en las escrituras.​ Emma Watson no ha obtenido ventajas tributarias con la transacción y ha sido víctima de «stalkers» en el pasado, de modo que, según ha declarado su representante, el propósito era solo salvaguardar su privacidad y seguridad personal.​
En noviembre de 2016, el gobierno del Reino Unido informó mediante un comunicado que está investigando a más de 30 personas y compañías que evadieron impuestos a raíz de las revelaciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El gobierno compró a una fuente anónima una base de datos en donde hay varios ciudadanos y empresas británicas que comentieron estos actos ilegales. Sostuvo que, de este modo, la investigación avanza independientemente de que el Consorcio se haya negado a proporcionarles toda la información que posee.​​
Las autoridades fiscales solicitarán acceso a los documentos filtrados y darán curso a las investigaciones correspondientes si se comprueba que existió evasión fiscal por parte de los ciudadanos suecos mencionados.​ Entre las compañías asociadas al blanqueo de dinero se menciona al banco Nordea, el que —según los papeles de Panamá— habría asesorado a sus clientes sobre estas formas de ahorrar. El banco ha señalado, en cambio, que no cometió ninguna ilegalidad.​
Los documentos filtrados han permitido determinar cuáles fueron las diez instituciones más activas en las transacciones en paraísos fiscales que requieren de bancos actuando como intermediarios. De ellas, cuatro son bancos o instituciones financieras suizas​ Las autoridades de la Policía Federal y la fiscalía suiza concurrieron hasta la sede la UEFA en Nyon con una orden judicial para acceder a contratos de la sociedad Cross Traiding que aparece citada en los papeles de Panamá, sobre una reventa ilícita de derechos televisivos.​​​​​
Según muestran las investigaciones, las empresas fantasma que creaba Mossack Fonseca también sirvieron para esconder el botín de los nazis. Las autoridades suizas informaron el 11 de abril de 2016 de la incautación de la pintura Amedeo Modigliani Hombre sentado con un bastón, robada durante la Segunda Guerra Mundial, largamente buscada por sus propietarios legítimos y que había permanecido en el puerto libre de Ginebra, y en Nueva York de vez en cuando.​ El dueño original del cuadro era el coleccionista y comerciante de obras de arte judío Oscar Stettiner, quien tuvo que huir de París en 1939. Terminada la guerra inició un proceso judicial en 1946 para recuperar su cuadro, pero falleció en 1948 sin lograrlo. La obra fue vendida en pública subasta en Londres por la casa Christie's en 1996 y la compró en $2.6 millones de dólares el Centro de Arte Internacional (CAI),​ una empresa fantasma creada por Mossack Fonseca. En noviembre de 2008, la familia Nahmad subastó el cuadro en Sotheby's en Nueva York, y se estimaba que se vendería entre $18 y $25 millones de dólares, pero no hubo puja alguna.​ Los herederos de Stettiner continuaron con intentos judiciales de recuperarlo. Las citaciones judiciales se cursaron siempre a los directores de la empresa ficticia, los que también eran directores falsos. En una ocasión una causa fue desestimada por un juez de Nueva York porque no se podía notificar a la empresa creada por Mossack Fonseca.​​
Tras el hallazgo e incautación, un portavoz del poder judicial suizo, Henri Della Casa informó que se abrió una causa penal para la investigación de lo ocurrido con la obra de arte.​ El actual «dueño» del cuadro, David Nahmad, también de origen judío declaró no saber que se trataba de un cuadro robado por los nazis y que de haberlo sabido, jamás habría aceptado comprarlo.​
La institución estatal contra la corrupción en Ucrania anunció el 4 de abril de 2016 que no realizaría ninguna investigación contra el presidente Petró Poroshenko porque ley anticorrupción no contempla su aplicación sobre el titular del ejecutivo, pues este cargo no integra la lista de los funcionarios sobre los cuales tiene competencia la comisión.​ Poroshenko rechazó la acusación de los papeles de Panamá e insistió en su compromiso con la transparencia.​ Paralelamente aseguró que sus cuentas extraterritoriales sirven para separar sus negocios de la política, declarando en una conferencia de prensa que «Todos mis negocios son transparentes» y que «Cuando fui nombrado presidente, declaré inmediatamente todos mis negocios con absoluta transparencia, y una confianza ciega en uno de los mayores bancos de inversión del mundo, que ahora puedo decir que se trata de la Banca Rothschild. Crear una entidad instrumental era una práctica muy normal. No era una entidad secreta para evitar pagar impuestos, en absoluto. La creación de dichas empresas registradas a mi nombre, se publicó en los medios ucranianos. Esa empresa no estaba abriendo una cuenta bancaria, ni consiguió un centavo que procediera de Ucrania. El único propósito era ser transparente y separar los negocios del presidente de Ucrania, de cualquier influencia política».​
La Unión Europea estudia sancionar a países que siguen negándose por completo a cooperar en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, después que se revelara el escándalo de los «papeles de Panamá».​
La Eurocámara nombró una comisión para investigar el caso. La medida fue aprobada unánimemente por todos los grupos del parlamento, aunque el acuerdo se dio en medio de una tensa discusión en Estrasburgo.​​
Los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reunieron en Ámsterdam, Reino de los Países Bajos el 22 de abril, y propusieron una serie de medidas y regulaciones para combatir la evasión fiscal y otros delitos financieros descubiertos por las filtraciones de los papeles de Panamá, entre ellas una elaboración de una lista de países no cooperadores y de paraísos fiscales,​ pero algunos ministros mostraron sus diferencias sobre la propuesta de obligar a las grandes empresas (con ingresos superiores a los 750 millones de euros) a publicar información financiera que incluye los impuestos que pagan y los beneficios que reciben.​​
El Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría en junio de 2016 la creación de una comisión de investigación del escándalo de los papeles de Panamá. La comisión, compuesta por 65 eurodiputados, investigará si se han violado las leyes de la Comunidad Europea sobre blanqueo, evasión y elusión fiscal y presentará sus conclusiones en un plazo de 12 meses.​
La Oficina Australiana de Impuestos señaló que está investigando a más de 800 contribuyentes australianos que utilizaron los servicios del bufete de abogados Mossack Fonseca y que sus indagaciones han conducido al hallazgo de 120 contribuyentes con cuentas en otra empresa de Hong Kong, también proveedora de servicios offshore, cuyo nombre no ha sido revelado.​​ El primer ministro de Australia, Malcom Turnbull, junto a su socio, el político australiano, Neville Wran, aparece en los «papeles de Panamá» como ex director de una empresa de ultramar, «Star Technology», creada y gestionada por la firma panameña Mossack Fonseca. Ambos renunciaron al directorio de esa empresa en septiembre de 1995 y no hay evidencias que sugieran una conducta inapropiada. La empresa en mención fue creada para la explotación de oro en Siberia, Rusia, en una mina cuyo valor sería superior a los 8700 millones de euros.​​​​
La Dirección de Impuestos Internos de Nueva Zelanda dijo que estaban trabajando e investigando para obtener detalles de los ciudadanos y residentes neozelandeses que evadieron impuestos del utilizando los arreglos legales facilitados por el bufete de abogados Panameño Mossack Fonseca.​ La filtración de los papeles de Panamá apunta a que Nueva Zelanda fue utilizada por empresas y políticos extranjeros, entre ellos del Gobierno de Malta, como un paraíso fiscal para gestionar sus patrimonios. Se señala que el ministro maltés de Energía, Konrad Mizzi, y el jefe de Gabinete del primer ministro de Malta, Keith Schembri, crearon en 2015 dos fideicomisos en Nueva Zelanda a través del bufete de abogados panameño y que están supuestamente vinculadas a cuentas bancarias secretas en Emiratos Árabes Unidos. Ante esto el primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, afirmó que su país no era un paraíso fiscal.​​ Gerard Ryle, director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dijo a Radio Nueva Zelanda que Nueva Zelanda es un paraíso fiscal conocido y un «frente agradable para los criminales».​
Niue, es un territorio dependiente insular, ubicado en el océano Pacífico Sur y conocido como la Roca de Polinesia. A pesar de poseer un autogobierno, mantiene un estatus de libre asociación con Nueva Zelanda. Está localizado a unos 2400 kilómetros al noreste de Nueva Zelanda, en un triángulo entre Tonga, Samoa y las Islas Cook. El bufete de abogados Mossack Fonseca se acercó a Niue en 1996 y ofreció ayudar a establecer legalmente un paraíso fiscal en la pequeña isla del Océano Pacífico. La legislación necesaria, permitiendo que las empresas offshore operaran en total secreto, fue redactada también por los profesionales de Mossack Fonseca, quienes e encargaron de todos los trámites y regulaciones, también para establecer que la isla obtuviese una ganancia módica como arancel por cada empresa offshore que se creara en su suelo. La oferta parecía bastante atractiva y los documentos e instructivos requeridos por la ley fueron presentados no solo en inglés, sino también en ruso y chino.​
Aunque la tarifa que cobraba la administración de la isla era muy modesta, se fundaron tantas empresas fantasma que muy pronto la suma total recaudada cubría casi la totalidad del su presupuesto anual isleño: 1,6 millones de un total de 2 millones de dólares anuales. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos presentó protestas oficiales en 2001 denunciando el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas en el lugar, de modo que el Chase Manhattan Bank y Banco de la Reserva Federal de Nueva York incluyeron a la pequeña isla en una lista negra. El malestar de la población isleña hizo que finalmente se rescindiera el contrato con el bufete de abogados panameño y quienes buscaban privacidad y opacidad en sus transacciones tuvieron que mudar sus sociedades a otro sitio.​
El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, señaló que estas prácticas de evasión fiscal son negativas para la lucha contra la pobreza en el mundo y recalcó la importancia de seguir luchando contra la corrupción y por la máxima transparencia en cuestiones financieras.​​
El presidente del Comité internacional de la Cruz Roja Internacional, Peter Maurer, declaró que «Nunca hemos tenido ninguna relación con Mossack Fonseca y no hemos recibido dinero. No queremos bajo ningún concepto estar implicados en negocios tan oscuros como esos y no queremos que nuestro nombre sea asociado a ellos». La Cruz Roja, acusó así a Mossack Fonseca de usurpar su nombre como una manera de conquistar clientes. Le Matin Dimanche y SonntagsZeitung, ambos periódicos suizos, publicaron que el bufete panameño creó dos fundaciones Brotherhood Foundation y Faith Foundation, con el fin de convencer a la gente rica de esconder su dinero con ellos y a la vez ayudar a una buena causa como a la Cruz Roja.​​​​
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamó mayor transparencia fiscal y poner fin a la ilegalidad que se esconde en la opacidad de los negocios offshore.​​​ En opinión del FMI aún es «prematuro» vaticinar si los papeles de Panamá y el escándalo que provocaron tendrá como consecuencia la salida de capitales de ese país centroamericano, pero expresó su confianza en que la tasa de crecimiento no se verá afectada.​
En una la reunión general del Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en Punta Cana, República Dominicana, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos Luis Almagro indicó la gravedad que reviste el hecho de que varios políticos y líderes latinoamericanos estén mencionados en la filtración de documentos de los papeles de Panamá, justamente porque se trata de personas que tienen una responsabilidad ciudadana y de servicio público. En referencia a la situación de Panamá, enfatizó que «debería ir ajustando su legislación» porque para encaminarse al desarrollo es necesario que comprometerse con «responsabilidades internacionales de transparencia».​​
La Sociedad Interamericana de Prensa alabó y respaldó a los periodistas que trabajaron en las filtraciones. Ricardo Trotti, director para la libertad de prensa del organismo dijo en una entrevista de EFE que «La SIP siempre valora que haya más informaciones, porque lo más importante es la transparencia». Señaló además que no creía que la publicación de los datos filtrados traiga consecuencias negativas para los periodistas.​​​
El ex presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, jefe del panel de la Unión Africana sobre los flujos financieros ilegales, dio la bienvenida el 9 de abril a las filtraciones de documentos proveniente de Panamá y pidió a los gobiernos de los países africanos investigar a los ciudadanos y empresas mencionadas en ellos.​ En un informe del 2015 se indica que África pierde $ 50 mil millones al año debido a la evasión de impuestos y otras prácticas ilícitas y sus pérdidas son superiores al billón de dólares. Además, señalo que la República de Seychelles es el cuarto paraíso fiscal más mencionado en documentos filtrados.​
Otro caso de abuso de nombre sería el del Fondo Mundial para la Naturaleza (conocido generalmente como WWF, por sus siglas en inglés) que al igual que el de otras organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, habría sido usado por Mossack Fonseca para el ocultamiento de transacciones financieras.​
El 14 de abril de 2016 el Grupo de los 20 emitió un comunicado en el que pone énfasis en la transparencia financiera, así como en el control y eficiencia en la aplicación obligatoria de normas que la garanticen. Más precisamente, se refiere a la necesidad de mejorar las regulaciones para hacer transparente la propiedad real de las personas jurídicas, con el fin de proteger el sistema financiero y su integridad, impidiendo el abuso de entidades e instrumentos que favorecen la corrupción, la evasión de impuestos, el lavado de dinero, como asimismo el financiamiento de actividades y grupos terroristas. En el comunicado, el grupo reitera que «es esencial que todos los países y jurisdicciones cumplan plenamente las normas del FATF sobre la transparencia y la propiedad efectiva de las personas jurídicas y acuerdos legales y expresamos nuestra determinación de dar ejemplo en este sentido». En el texto se destaca como un punto central el que debe mejorarse el acceso a los datos del beneficiario, información que debe ser transparente, al tiempo que hacen hincapié en favorecer el intercambio internacional entre las autoridades para combatir el fraude fiscal y los otros delitos asociados a los negocios extraterritoriales. El texto del comunicado interpela también al FATF y al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, fundado por la OCDE, llamándolos a hacer propuestas más concretas, que incluyan la disponibilidad de información sobre el beneficiario, con miras a la reunión cumbre de octubre de 2016.​