Petróleos Mexicanos

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es una empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural mexicana. Cuenta con un régimen individual constitucional denominado empresa productiva del estado para la explotación de los recursos energéticos en territorio mexicano, aunque también cuenta con diversas operaciones en el extranjero, principalmente de comercialización, operaciones financieras y servicios petroleros periféricos.
Fue creada por el presidente Lázaro Cárdenas el 7 de junio del año 1938 como resultado de la Expropiación Petrolera.​ La empresa actúa bajo la dirección de un consejo de administración, cuyo presidente es el secretario de Energía en turno. El director general de PEMEX es designado y removido libremente por el presidente de la República.​ El actual director general es Víctor Rodríguez Padilla.​ Sus sedes centrales se encuentran en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, y la Ciudad del Carmen, Campeche, México.
PEMEX está entre uno de los principales emisores de dióxido de carbono a nivel global, según un estudio de InfluenceMap.​​
PEMEX es además la compañía estatal encargada de administrar la exploración, producción, transporte, almacenamiento, refinación, transformación y venta del petróleo. Es la empresa más grande de México. Fue la mayor compañía latinoamericana hasta mediados del 2009. Pemex tiene ventas superiores a los 106 000 millones USD al año.
El 7 de junio de 1938, mediante Decreto del Congreso de la Unión impulsado por Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México en ese momento, se creó Petróleos Mexicanos y comenzó a operar a partir del 20 de julio del mismo año, para ser la única compañía que pudiera explotar y administrar los yacimientos de petróleo encontrados en el territorio mexicano. Pemex ocupó algunas de las instalaciones de las compañías expropiadas (principalmente estadounidenses y anglo-holandesas).​ Las actividades de Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios estaban reguladas principalmente por el artículo 27 constitucional, así como por la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicada el 18 de junio de 1941, a los seis meses de iniciado el período del presidente Manuel Ávila Camacho​​ y la Ley de Petróleos Mexicanos.
En los primeros años, hubo algunos conflictos entre los trabajadores y Pemex; existía el riesgo de huelga y había desacuerdos en cuanto a los derechos de los trabajadores.
No obstante, en 1942 se firmó el primer Contrato Colectivo de Trabajo en donde se establecen las cláusulas que regulan las condiciones laborales, administrativas y los acuerdos a los que llegan los sindicatos y PEMEX. Se consideró que este contrato tenía cláusulas avanzadas porque contemplaba dar a los trabajadores el derecho a los servicios médicos, prestaciones en caso de enfermedades, accidentes o muerte y jubilación.
El 29 de noviembre de 1958, a un día de terminar el período del presidente Adolfo Ruiz Cortines, se publicó una nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, que derogó la del 18 de junio de 1941.​
El 6 de febrero de 1971, se promulgó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, en dicho ordenamiento, compuesto por 17 artículos, define a la empresa como un "organismo público descentralizado del gobierno federal, cuyo objeto sería la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y las ventas de primera mano del petróleo, del gas artificial; de los derivados del petróleo, así como de las materias primas industriales básicas. La empresa se organizaría a través de un Consejo de Administración compuesta por once miembros, seis de ellos designados por el presidente y los otros cinco, por el Sindicato Petrolero. Del mismo modo, se estableció que en ningún caso, se concedería regalías, porcentajes o participaciones en el petróleo, gas natural o de sus derivados.​
El 16 de julio de 1992, se publicó la Ley Orgánica de Petróleos mexicanos y Organismos Subsidiarios, compuesta por quince artículos, la cual abrogó a la ley de 1971. En dicho ordenamiento legal se crean cuatro organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio; dichos organismos serían:
Cada uno de dichos organismos, podía celebrar con personas físicas o morales, toda clase de actos, convenios y contratos, así como suscribir títulos de crédito. Dicha ley, también señala que las actividades no reservadas en forma exclusiva a la nación, podían llevarse a cabo por medio de empresas subsidiarias o filiales, cuya constitución o establecimiento debería estar sometido por el Consejo de Administración. Creándose también con dicha ley, el "órgano de vigilancia", el cual estaría integrado por un Comisario Público designado por la entonces Controlaría General de la Federación.​ Esta ley fue reformada el 22 de diciembre de 1993, facultándose a Pemex a celebrar actos jurídicos de carácter internacional para convenir la aplicación de derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así lo conviniera.​
El 28 de noviembre de 2008, se publicó la Ley de Petróleos Mexicanos, la cual define a Pemex como un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tenía como objetivo la exploración, explotación y demás actividades. Pudiendo ésta crear a sus propios organismos subsidiarios, facultadas todas ellas para poder realizar las operaciones realizadas directa o indirectamente con su objeto. Del mismo modo, se reformó el Consejo de Administración, agregando a su composición, a cuatro "consejeros profesionales", designados éstos por la Cámara de Senadores. Igualmente, este Consejo, se conformaría por siete comités:
La nueva ley, reguló la deuda de Pemex, bonos ciudadanos, presupuesto, el procedimiento de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, modalidades en la contratación.​
La Reforma Energética de 2013 modificó la naturaleza de Pemex y la transformó en Empresa Productiva del Estado. Como parte de la privatización de la industria petrolera nacional, se creó una nueva Ley de Petróleos Mexicanos donde se busca neutralizar las ventajas monopólicas que gozaba la empresa para competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas en toda la cadena productiva. La inversión en Pemex ha disminuido drásticamente, acelerado este fenómeno por la caída abrupta de los precios del petróleo en 2014 y 2015. Se crearon nuevas subsidiarias y filiales.
En 2016, como parte del Caso Odebrecht, fue hecha pública una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos​ que presuntamente involucraría el otorgamiento de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht hacia funcionarios de esta paraestatal entre 2010 y 2014.​ Como ha ocurrido en otros países de América Latina,​ directivos de Odebrecht declararon que presuntamente dieron 10,5 millones de dólares a altos funcionarios de Pemex​ para obtener licitaciones de obras como ductos y refinerías.​ Por esa razón, desde 2017, una investigación de la Procuraduría General de la República se encuentra en curso.​
El 20 de diciembre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía. (Llamada también reforma energética).
De acuerdo con el Informe del Auditor Independiente Castillo Miranda y Compañía S.C., se prevé que los cambios aprobados, afectaran a la estructura actual de Pemex y organismos subsidiarios, así como la creación de un organismo público descentralizado, denominado Centro Nacional de Control de Gas natural, que será el encargado de operar el sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural, por lo que Petróleos Mexicanos transferirá los recursos necesarios para que dicho Centro adquiera y administre dicha infraestructura.​ Entre los cambios efectuados figuran:
El Secretario de Energía informó que la segunda licitación de la Ronda Uno se realizará el 30 de septiembre de 2015. El Gobierno Federal espera inversiones por 10 mil millones de dólares en inversiones de largo plazo.​
Los grupos de toda la izquierda política mexicana se han manifestado en contra de la Reforma Energética que incluye a Pemex, argumentando que tiene un fondo privatizador mediante el cual se entregarán de facto a manos privadas prácticamente todas las áreas del sector energético y petrolero, privando a la Nación de la ganancia económica resultante de su explotación.​
Andrés Manuel López Obrador líder del partido de izquierda Movimiento de Regeneración Nacional y excandidato presidencial, ha sostenido una fuerte crítica y condena la reforma energética como una "traición a la patria" por contravenir el principio de la soberanía nacional.
Cuando en 2008, el presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió negociar su propuesta de Reforma petrolera. El 10 de abril, legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) liderado por AMLO, tomaron las tribunas del Congreso, suspendiendo las sesiones en cada Cámara. El 13 de abril de 2008, López Obrador estableció una campaña que autodenominó "en defensa del Petróleo", ante lo que denunció podría ser la posible privatización de PEMEX, para ello convocó a sus simpatizantes a llevar a cabo un mitin frente al Congreso de la Unión, entre otras acciones en una Asamblea General Informativa en el Zócalo capitalino. Luego de las acusaciones vertidas sobre Mouriño y de lo que llamó probable privatización de PEMEX, Calderón decidió presentar una reforma que evitara temas sustanciales como las asociaciones con empresas privadas para la exploración y explotación de crudo en aguas profundas. El 27 de julio, se llevó a cabo la llamada consulta energética por parte del PRD, en donde se formularon 2 preguntas:
1. Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo que en esas actividades puedan ahora participar empresas privadas?
2. En general, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?
La consulta según el reporte final de Manuel Camacho Solís, colaborador de AMLO, tuvo una participación de 967 mil 848 personas que, sumados a los anteriormente realizados en la capital del país, hacen un total de un millón 793 mil 876 ciudadanos. En la primera pregunta, 901 mil 588 estuvieron en contra, mientras que 51 mil 726 estuvieron a favor, 14 mil 534 votos fueron anulados. En segunda pregunta, 874 mil 517 ciudadanos votaron por el no y 69 mil 881 por el sí, en tanto que se anularon 14 mil 543 votos. El 30 de julio, Marcelo Ebrard entregó al entonces presidente del Senado, el panista Santiago Creel, los resultados de la consulta petrolera. Finalmente, el 23 de octubre el Senado aprobó por mayoría la reforma petrolera, misma que abría a Pemex a la iniciativa privada, le otorgaba autonomía presupuestal y promovía una política de Estado en materia de hidrocarburos. El día 1 de diciembre de 2013 llama a “cercar pacíficamente” el Senado, en previsión de los inicios de la discusión de la reforma energética. Un día después sufre un infarto al miocardio, por lo cual fue internado de urgencia en el Hospital Médica Sur, grave pero estable y fuera de peligro. Actualmente, una de las estrategias más importantes de la izquierda es la iniciativa impulsada por el PRD bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas para llamar a una consulta popular, que determine si la mayoría de la población está de acuerdo con la reforma energética y la reforma de Pemex o si exige la revocación de la misma y la búsqueda de una nueva alternativa legislativa para atender el problema de productividad e inversión.​
Se da en los siguientes puntos:​
El 27 de diciembre de 2018 se dio a conocer el Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex para combatir el robo de hidrocarburos que inició el día 20 de diciembre,​​ en el cual participan 15 instituciones de gobierno.​ La Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa asignaron un total de 895 elementos para proteger 58 instalaciones de Pemex.​
Exploración y producción
Internacional
Petróleos Mexicanos opera por conducto de un corporativo y empresas y filiales productivas subsidiarias:
El Instituto Mexicano del Petróleo no pertenece a la estructura de Pemex pero opera como su brazo tecnológico.​
Los organismos subsidiarios de Pemex, son organismos descentralizados creados por el gobierno federal, mientras que las compañías subsidiarias, son empresas que han sido creadas conforme a las leyes aplicables de cada una de las respectivas jurisdicciones en las que fueron constituidas y son administradas, como compañías privadas.
Asimismo actualmente PEMEX cuenta con una plantilla de personal de 124 660 plazas ocupadas siendo esta cifra reducida desde el año 2012 donde se tenían 150 667 empleados.​​
Su sede de administración está ubicada en la Avenida Marina Nacional #329, Colonia Petróleos Mexicanos, Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México donde concentra todas sus áreas administrativas en la llamada Torre Ejecutiva Pemex y en edificios contiguos alberga sus sistemas informáticos y logísticos.
El Consejo de Administración se integra por:
Partidos políticos: Partido de la Revolución Mexicana Partido Revolucionario Institucional Sin partido Morena
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cuyos antecedentes se remontan a 1915, se constituyó formalmente en 1936 a partir de los sindicatos de las empresas petroleras extranjeras de la época. El sindicato preparó una propuesta de contrato colectivo que sustituyera aquellos que regían las relaciones laborales en cada una de dichas empresas. La relación entre trabajadores y empresas se deterioró y el sindicato estalló una huelga que paralizó al país, obtuvo el fallo a favor de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero las compañías se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte negó el amparo y ratificó el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Las empresas se negaron al mandato judicial y consecuentemente, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó el 18 de marzo de 1938 la expropiación de los bienes de 17 compañías petroleras en favor de la Nación, tanto muebles como inmuebles. En 1942, PEMEX y el sindicato firmaron el primer Contrato Colectivo de Trabajo en México.​ Hasta enero de 1989 se llamó Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SRTPRM). La actual administración es dirigida por Carlos Romero Deschamps. En 2001 se investigó la participación del sindicato en el conflicto postelectoral, siendo referido el escándalo como Pemexgate en los medios y la opinión pública. En 2013, Romero Deschamps, antes de la firma de la nueva reforma energética suscribió convenios para permitir el despido masivo de trabajadores que comenzó a verificarse desde 2015. En 2013 igualmente, votó a favor de la reforma energética.
En 1945 se realizaron intentos aislados de sindicalización por parte de los trabajadores técnicos y profesionistas de Petróleos Mexicanos, pero fue hasta mayo de 1970 cuando 700 técnicos y profesionistas en la Asamblea General en Coatzacoalcos, Veracruz, mediante un notario público, se constituyeron en sindicato. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) les negó el registro, argumentando que no reunían los requisitos legales. Ante esto, los trabajadores presentaron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya resolución se resolvió en su contra. Sus principales dirigentes fueron despedidos.
Las condiciones laborales, similares a las actuales de sobreexplotación de los trabajadores, provocaron que se unieran para exigir respeto de su organización, pero tanto la empresa como el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se oponían a su sindicalización. Por lo tanto, en abril de 1973 los técnicos y profesionistas pidieron apoyo al entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez. El Presidente ordenó su sindicalización, pero incluyéndolos en el STPRM. Se inició un proceso de sindicalización de los niveles más bajos a partir de 1974, en el que transitoriamente los profesionistas se agruparon en la UPYTSIM (Unión de Profesionistas y Técnicos al Servicio de la Industria de México) pero fue hasta 1976, después de paros, manifestaciones y plantones, que se logró modificar la cláusula 3 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) para permitir la sindicalización de los llamados trabajadores de confianza.
A consecuencia, de 1979 a 1991 surge la experiencia más valiosa en lo que se refiere a gestión sindical democrática en el STPRM, en la sección 34. Ahí un grupo de aproximadamente 2000 técnicos y profesionistas (TyPs) logran establecer un espacio democrático sindical, imponiéndole a la Quina, el máximo líder petrolero de la época, una organización sindical que tendría un alto impacto en la organización de profesionistas. Los TyPS contaban con representación ante el CEN del STPRM, gestión sindical ante la dirección general de Pemex y su propio escalafón, incluso para el personal transitorio. Si bien estaban en todas las áreas de la empresa, su poder más importante lo ejerció en la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras (SPCO), donde naturalmente tenían su mayor representación. Estaban organizados por especialidad, químicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, geólogos, civiles, arquitectos, licenciados, etcétera. Lograron tener sindicalizados desde el nivel 30 hasta el nivel 35, ya que a partir del nivel 36, se consideraban personal de confianza. Aun así, muchos puestos de confianza eran propuestos por personal de TyPs, siendo casi inexistente la contratación de personal de confianza a niveles de superintendentes locales y generales. Su influencia fue tan grande que impulsaron conjuntamente con la administración la reorganización administrativa de toda le empresa en la década de los 80, incluso hubo un episodio llamado “la sacada de pitufos”, que consistió en que los técnicos y profesionistas de la sección 34 asentados en las oficinas generales del D.F., en una acción masiva sacaron de sus oficinas directo a la calle a varios profesionistas de confianza recomendados del director general en turno, hecho que casi les costó su existencia. A pesar del poder del CEN del STPRM, realizaban asambleas democráticas, durante muchos años semanales. Sostenían los valores de la democracia y su relación con el líder seccional fue siempre tirante. El dirigente más emblemático de ese grupo sin duda fue el arquitecto Francisco Domínguez Aranda. Dejaron una escuela de organización, responsabilidad profesional y rebeldía ante el poder tradicional en el STPRM, aunque al final la Quina impuso nuevos dirigentes dóciles a él.
En 1991, todos los técnicos y profesionistas de nivel 30 en adelante fueron nuevamente integrados al régimen denominado de confianza, y se inició un nuevo período para un sector de la industria que sigue en una situación de vulnerabilidad respecto a sus derechos laborales y humanos.
Después de estos cambios, la constante violación a los derechos laborales provocó que en 1994 se formaran nuevamente coaliciones de técnicos y profesionistas en instalaciones de Salina Cruz, Tula, Minatitlán y D.F., y se solicitó el registro de cada una en lo individual, a lo cual se negó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por lo cual se decidió entonces la unificación para formar un sindicato a escala nacional. En 1995 se convocó a una convención nacional de técnicos y profesionistas petroleros, para formar así la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (ANTyPP), con el objetivo de poder defender la petroquímica y los derechos laborales, pero unos días antes de esta convención, veintisiete trabajadores fueron rescindidos o jubilados, entre los que se encontraban los dirigentes de las coaliciones de los comités ejecutivos; por esta razón, la asamblea constitutiva se realizó sin éxito alguno.
Un grupo de líderes, surgido de los ya extintos TyPS del STPRM, se dio entonces a la tarea de entablar relaciones con sus similares de otras secciones, intentando posteriormente varios frentes democráticos, entre ellos: en 1999, "Todos Por Pemex", que promovía el respeto a los derechos laborales de los técnicos y profesionistas, la Comisión Nacional de la Defensa de la Industria Petrolera de México, A.C. (CONADIPME), la cual convocó a los sectores más interesados en la defensa de PEMEX a construir un proyecto para la defensa y desarrollo de la industria petrolera, uniendo diversos grupos de trabajadores e intelectuales que no estaban de acuerdo con la privatización de la industria y en 2002, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, A.C. (UNTCIP). Respecto de esta última, a pesar de su alta membresía, el no tratarse de un sindicato impidió a la organización el poder fungir como interlocutor de los técnicos y profesionistas (TyPs) ante la empresa.
Meses después, el 13 de abril de 2002, se constituyó la Organización Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (ONTCIP) con trabajadores de PEMEX-Refinación, y se solicitó su registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuyas requerimientos fueron cumplidos de manera adecuada por la organización. La STPS no respondió en los 60 días establecidos dentro de la Ley Federal del Trabajo, realizándose la promoción correspondiente de que, al no haberse recibido respuesta, se aplicaría entonces la afirmativa ficta. Los dirigentes de la organización, afiliados al PAN, fueron entonces llamados a negociaciones con el presidente Vicente Fox Quesada, presentando a petición del Gobierno de Guanajuato desistimientos temporales de la promoción, hasta que la presión de los trabajadores provocó que los dirigentes hicieran otra promoción, a lo que la STPS volvió a responder de manera negativa.
Como resultado, el 22 de junio de 2004 se presentó una demanda de garantías ante un Juzgado de Distrito en materia de Trabajo. En respuesta, las autoridades de Pemex y el gobierno llevaron a cabo represiones violentas en contra de los técnicos y profesionistas petroleros, sacándolos de sus centros de trabajo mediante el uso de la fuerza pública. El 17 de junio de 2004, la Juez Tercera de Distrito en Materia Laboral concedió un amparo a la ONTCIP; sin embargo, el Secretario General y el Secretario de Organización de la misma scumbieron a la presión y disolvieron la organización.
En 2003 se había formado la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera de México (UNTCIPM) como sindicato, principalmente con trabajadores de PEP (PEMEX-Exploración y Producción), PPQ (PEMEX-Petroquímica) y PGPB (PEMEX-Gas y Petroquímica). la UNTCIPM construyó un proyecto energético alternativo, organizando foros nacionales y regionales para promover la defensa de la industria petrolera, así como participando en foros internacionales (la mayoría en Latinoamérica) para poder así mantener informados a los trabajadores de los aspectos energéticos más importantes. Asimismo, solicitan el registro ante la STPS, el cual fue negado una vez más, recurriéndose a la citada demanda de garantías. Ese mismo día, el 22 de junio de 2004, la Policía Federal sacó a los miembros de la UNTCIPM de sus centros de trabajo; a su vez, los líderes fueron reprimidos, siendo la mayoría jubilados o despedidos; sin registro y con la dirección expulsada, la organización perdió fuerza.
Muchos de los diversos líderes de estas organizaciones confluyeron en lo que sería posteriormente la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP).
El 6 de septiembre de 2007, Pemex difundió un oficio en el que se instruía a los trabajadores denominados de confianza firmar un contrato individual de trabajo, con cuya firma se pretendía despojar a los trabajadores del derecho a defender su estabilidad en el empleo. La organización y la acción colectiva lograron que solo un 15 % de los trabajadores denominados de confianza firmara el contrato. Se planteó entonces la formación de un nuevo sindicato que permitiera defender de una manera pacífica y organizada los derechos laborales de los trabajadores y enfrentar la privatización de la industria.
El 29 de abril de 2008 se presentó la solicitud ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y el 30 de mayo la STPS respondió con reiterados y dilatorios requerimientos de información adicional a lo largo de 7 meses. El 21 de agosto, el ingeniero Didier Marquina, Secretario General de la UNTyPP, fue amenazado por el ingeniero Marco Antonio Murillo Soberanis, Sub-Director Corporativo de Recursos Humanos de las consecuencias de nos retirar la solicitud de registro del sindicato. El 14 de noviembre de 2008, 37 miembros de la organización fueron desalojados con lujo violencia de sus centros de trabajo (refinerías, terminales de distribución y repartos, complejos petroquímicos, oficinas centrales e instalaciones de exploración y producción) por integrantes de los Servicios Especiales de Seguridad Física de Pemex, un grupo paramilitar que opera en todas las instalaciones de la empresa portando armas largas.
Después de esto la empresa desató una campaña de acoso y tortura emocional para obligar a más de 200 miembros del sindicato a renunciar por escrito al mismo, a fin de reducir el número de afiliados a menos de 20 y dar a la STPS el pretexto para negar el registro, pretendiendo ignorar que la ley establece que dicha secretaría solo puede resolver sobre el padrón de socios en el momento de la solicitud del registro y no posteriormente.
Muchos de estos trabajadores cedieron a la angustia y presión por ser los proveedores de sustento de sus respectivas familias. El director Corporativo de Administración y el director general de Petróleos Mexicanos, fueron copartícipes de esta violación a los derechos humanos de los afectados. Con ello, Pemex atentó contra los derechos de asociación y sindicalización establecidos en la Constitución Política de la República Mexicana, la Ley Federal del Trabajo y los Convenios 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo, contravino la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes ratificada por México en 1986. Una de las consecuencias más graves de este desalojo fue la pérdida del servicio médico para estas familias mexicanas; esto ocasionó la muerte del Sr. Manuel Valencia Orozco, padre del compañero Felipe Valencia, uno de los desalojados el 14 de noviembre del 2008, violando el constitucional Derecho de la Salud integral pues la suspensión de la atención médica a los trabajadores y a sus familiares pone en riesgo su integridad física.
El 19 de diciembre de 2008, la STPS emitió su resolución, negando el registro sindical y violando el marco legal vigente respecto al derecho de asociación de los técnicos y profesionistas petroleros, el artículo 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el Convenio OIT 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, así como el Convenio 135 de la OIT sobre los representantes de los trabajadores. El 15 de enero de 2009 se promovió un amparo indirecto reclamando el reconocimiento del registro.
El 2 de julio de 2009 se recibió de la Juez Primera de Distrito en Materia de Trabajo la respuesta a la petición de amparo, resolviendo que sí procedía el registro de la UNTyPP por la ilegalidad en que incurrió la STPS al negar el registro. La jueza señaló que los derechos de asociación y libertad sindical son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de ser garantías sociales. Sin embargo, la STPS solicitó el recurso de revisión de tal ordenamiento, que para su resolución fue turnado al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado de Materia de Trabajo de Primer Circuito; con ello, la STPS violó lo establecido en la Constitución y el Convenio 87 de la OIT, que establece que existe una prohibición expresa y absoluta al Estado Mexicano para que obstaculice el derecho de asociación.
El 30 de noviembre de 2009, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo resuelve y ratifica el amparo indirecto otorgado a la UNTyPP por la Juez de Distrito en Materia de Trabajo, confirmando el derecho de los técnicos y profesionistas a formar un sindicato.
Desde entonces, la UNTyPP ha hecho labor de gestión en favor de sus afiliados y denunciado la pérdida de materia de trabajo debido a la privatización de la industria petrolera nacional.
A abril de 2016, ni la empresa ni el gobierno han reconocido una violación a los derechos humanos en su trato hacia los trabajadores miembros de la UNTyPP.
A finales del 2017, la UNTyPP cuenta con 5 secciones en diferentes Ciudades tales como Coatzacoalcos-Veracruz, Villahermosa-Tabasco, Salamanca-Guanajuato, Paraíso-Tabasco y Minatitlán-Veracruz.
En octubre de 2018, se inicia con la formación de la Sección 6 en Ciudad del Carmen, logrando agremiar a más de 200 profesionistas de plataforma y a bordo, convirtiéndose en una sección pivote, y juntos todos sus agremiados impulsan el firme propósito, de incrementar la producción de la empresa Petróleos Mexicanos y llevarla a un siguiente nivel, tomando las acciones para establecer que no se falten a los derechos y obligaciones de los trabajadores petroleros.
Datos del 2008
Comparaciones Internacionales (2012): Posición mundial de México
Al 1 de enero de 2013:
A lo largo del territorio nacional existen 73 Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) para gasolinas y diésel,​ las cuales abastecen a 12 000 estaciones de servicio.​ Las TAR's reciben los combustibles mediante autotanques o ductos que vienen de una refinería, o de una terminal marítima en el caso de importación.
Refinerías propiedad de PEMEX:​ ​ ​
Sistemas de ductos:​
Complejos petroquímicos:​​
Entre las alianzas celebradas por Pemex en el año 2013 figuran las siguientes:
A partir de una investigación encabezada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fue hecho pública un presunto otorgamiento de sobornos a altos ejecutivos de Pemex por parte del Grupo Odebrecht.​ Según declaraciones asentadas bajo juramento en la Corte Federal de Nueva York por parte de funcionarios indiciados de la empresa brasileña, entre 2010 y 2014 la empresa habría pagado sobornos por más de US$10 millones de dólares a funcionarios mexicanos para asegurar que los contrataran para desarrollar obra pública.​
Derivado del trabajo estadounidense, la Unidad de Responsabilidades de Pemex y la Secretaría de la Función Pública mexicana iniciaron una investigación en 2016 y el 25 de enero de 2017 levantaron una denuncia penal ante la fiscalía mexicana, PGR.​ En abril de 2017 Pemex hizo públicos los contratos con Odebrecht, pero de manera parcial, omitiendo datos de funcionarios firmantes, los documentos de dos asignaciones directas que se realizaron, y una ampliación de obras por más de 1 mil 200 millones de dólares.​
Una petición ciudadana de 2017 sobre los contratos de Pemex con Odebrecht relacionados con la reconfiguración de la refinería de Tula, Hidalgo, habría sido negada desde la paraestatal con el argumento de una investigación en curso.​ El órgano de transparencia mexicano, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) habría ordenado, en respuesta, a Pemex la entrega de dichos datos, el 31 de mayo de 2017.​
Para efectos en la vida pública y política nacional, la imagen de los funcionarios y del gobierno se ha visto demeritada y criticada de forma frecuente al saber que presuntamente se está encubriendo a los funcionarios involucrados, esto en comparativa a los casos de soborno de Odebrecht en otros países que tienen sistemas políticos aparentemente menos avanzados a México, como el caso de Perú donde los responsables si fueron a prisión.​​​