Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)​ es una de las veintiún secretarías de Estado que, junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, conforman el gabinete legal del presidente de México. Es el despacho del poder ejecutivo federal con funciones de ministerio en las atribuciones ya mencionadas en su denominación.
Es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de medios de comunicación, movilidad y los elementos estructurales para el correcto funcionamiento de ambos. Lo anterior incluye elaborar los programas para el desarrollo del transporte de bienes, servicios y pasajeros, no obstante en el caso de las vías marítimas, ríos y lagos, deberá coordinarse con la Secretaría de Marina; conducir las estrategias gubernamentales en las áreas de telecomunicación y radiodifusión; operar Telecomm-Telégrafos, Correos de México, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Caminos y Puentes Federales; otorgar, vigilar, renovar o retirar concesiones para la operación de medios de comunicación y transportes (aeropuertos, carreteras, vías férreas, etcétera); dirigir la construcción de infraestructura pública para comunicaciones y transportes, y regular las características profesionales del personal que opere las vías generales de comunicación y transporte.​
Durante el Porfiriato se realizaron diversos cambios en la organización del gabinete presidencial. El 13 de mayo de 1891 Porfirio Díaz decretó la creación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la séptima secretaría de Estado por orden de creación.​ Su primer secretario fue Manuel González de Cosío. Aquellas atribuciones, que originalmente estaban concentradas en la Secretaría de Fomento —actualmente la Secretaría de Economía—, fueron trasladadas al nuevo órgano y quedaron explícitas con su publicación en el Diario Oficial de la Federación:​
Pasarían casi setenta años para que ocurriera alguna reforma que involucrara a la secretaría, concretamente durante la administración de Adolfo López Mateos que como parte de una política para enfatizar el producto de un mejoramiento presupuestal para de la administración pública se permitió la creación de una nueva secretaría: el 1 de diciembre de 1958 se cambió al nombre que ostentó durante sesenta y tres años, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que ostentó hasta el 19 de octubre de 2021.​ Dicho cambio de nombre reflejó la escisión de sus atribuciones en infraestructura pública y pasó únicamente a encargarse de las vías de comunicación y de las telecomunicaciones para darle paso a la Secretaría Obras Públicas​ —actualmente la Secretaría de Bienestar, no obstante, hoy se encarga de promover en general el bienestar social, intenciones totalmente diferentes al su primer antecesor—.
El 29 de diciembre de 1976 durante el gobierno de José López Portillo se decretó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente hasta la actualidad; el cambio más importante es que la Secretaría de Obras Públicas, donde se había depositado las funciones de la infraestructura pública, cambió de nombre a Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas para hacer un hincapié que le correspondía también funciones en materia de planeación urbana; sería en el sexenio de Miguel de la Madrid cuando se profundizó en un modelo organizativo novedoso y dicha secretaría sería renombrada una vez más a Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología por un traslado en materia de medio ambiente.​
Ya se habían separado perfectamente las funciones de las vías de comunicación y del resto de la infraestructura pública, no obstante, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 1998 cuando la Secretaría de Desarrollo Humano y Ecología volvió a cambiar de atribuciones para convertirse en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por lo que la materia de infraestructura urbana volvió a regresar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tal y como la original en tiempos de Díaz, pero no volvió a cambiar de nombre: se convirtió de nuevo en un ministerio de infraestructura y transportes —incluidas, entre ellas, las cuatro tipos de vías de comunicación: carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarril—.​
El 24 de febrero de 2021 la Cámara de Diputados recibió una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de cambiar el nombre a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) enviada por él mismo diez días atrás.​ El 25 de marzo en dicha cámara se votó la propuesta; los diputados de Morena aclararon que lo único que querían era «identificar desde el propio nombre de la Secretaría, los tres rubros principales de su competencia: infraestructura, comunicaciones y transportes»; se aprobó la reforma con cuatrocientos cincuenta y un votos a favor para girarla a la Cámara de Senadores.​ El 7 de septiembre ahora en el Senado donde la encargada de la senadora encargada de la presentación, Mónica Fernández Balboa, volvió a aclarar que no se significaba un cambio de atribuciones que no poseyera ya y que mucho menos traería un cambio en el presupuesto ya acordado para el año siguiente; se aceptó con cien votos a favor y una abstención.​ Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de octubre de 2021,​ y el mismo día se reformó su nombre en los artículos que la mencionan de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le corresponde el despacho de las siguientes funciones:​
Para llevar a cabo dichas funciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta con las siguientes unidades:​