Dirección del Trabajo de Chile

La Dirección del Trabajo (también conocida por su acrónimo, DT)​ es un servicio público chileno descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.​ Está sometido a la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y se rige por su Ley Orgánica (decreto con fuerza de ley n° 2, del 30 de mayo de 1967) y el decreto ley n.º 3.501 de 1981.​ Desde el 20 de abril de 2022, el organismo está dirigido por Pablo Zenteno Muñoz.​
Fue creado legalmente en 1924 en el gobierno del presidente Arturo Alessandri Palma con la intención de velar por la aplicación de la legislación vigente, específicamente, la legislación laboral recién creada.​
En Chile, la prosperidad económica de las primeras dos décadas del siglo XX no había alcanzado a obreros y empleados. Sin embargo, existían avances, por ejemplo, se habían dictado las normas que establecieron el descanso dominical, que tendían a mejorar las viviendas obreras y asegurar el trabajo a los empleados del comercio, a pesar de eso, los trabajadores aspiraban a una legislación global que regulara sus contratos y su protección en caso de accidentes, que reconociera su derecho a sindicalizarse y a ir a huelga. Asimismo, era preciso contar con una institucionalidad que procurara el cumplimiento y respeto de los derechos conquistados.​
Así surgió, el 29 de septiembre de 1924, en el primer gobierno del presidente Arturo Alessandri Palma, la publicación en el Diario Oficial el decreto ley n° 4.503, que creó la «Dirección General del Trabajo»,​ dependiente en ese entonces del Ministerio del Interior.​ En el mismo mes se creó la Caja del Seguro Obligatorio, se reguló el contrato de trabajo y se dictó la «Ley Sobre Organización Sindical Industrial».​
Seis años después, en 1931, el Congreso Nacional aprobó el Código del Trabajo, en el que se refundieron en un solo texto catorce leyes y decretos leyes de corte laboral. La institución encargada de cautelar su cumplimiento se llamaba, desde 1928, «Inspección General del Trabajo», y dependía del entonces Ministerio de Bienestar Social. En 1932 su dependencia fue transferida al Ministerio del Trabajo, denominándose Dirección General del Trabajo.​
En 1967, durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, la institución fue sometida a una reestructuración (a través del decreto con fuerza de ley n° 2), mediante el cual junto a sus funciones anteriores se le otorgó la potestad para fijar, a través de dictámenes el sentido y alcance de las leyes de trabajo; la divulgación de los principios técnicos y sociales de la legislación laboral; la supervigilancia del funcionamiento de los organismos sindicales y de conciliación; y, por último la realización de acciones para prevenir y resolver los conflictos del trabajo.​
De esta manera, se instauró un órgano modernizado el cual permitió al Estado velar por la correcta aplicación de las leyes que tiene como fin último garantizar los derechos sociales de los trabajadores.​
Según el sitio web del organismo, su misión es «promover y velar por el cumplimiento eficiente de la legislación laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo; el ejercicio pleno de la libertad sindical, y el diálogo social, favoreciendo relaciones laborales justas, equitativas y modernas».​
Por otra parte su visión es «ser un servicio público moderno, respetado y confiable que garantice y promueva relaciones laborales justas, disminuyendo las desigualdades y así contribuir a la justicia social».​
Los objetivos estratégicos de la Dirección del Trabajo son los siguientes:​
La Dirección del Trabajo es dirigida por un director nacional, de exclusiva confianza del presidente de la República, y quien es el jefe superior del servicio. Lo secunda el subdirector nacional.​ A nivel central, comprende una serie de departamentos, unos de carácter operativo (Jurídico, Inspección, Relaciones Laborales y Atención a Usuarios) y otros de apoyo al quehacer institucional (Estudios, Recursos Humanos, Administración y Finanzas, Tecnologías de Información, Gestión y Desarrollo), y que a la vez están compuestos por diversas unidades administrativas; y dos oficinas: Auditoría y Contraloría Internas.​
De la misma manera el organismo se desconcentra territorialmente en 16 direcciones regionales (2 en la Metropolitana), encargadas de dirigir la labor de las Inspecciones del Trabajo y los Centros de Mediación Laboral.​
Para fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral y previsional y en especial la protección a los trabajadores, existe la Inspección del Trabajo, presentes a lo largo del país y que tienen competencia sobre una provincia o comuna. Estas oficinas son dirigidas por un inspector del Trabajo y entre sus funciones están: atender consultas y reclamos por parte de los usuarios; concurrir a los lugares de trabajo para inspeccionar el cumplimiento de las normas laborales y previsionales; aplicar sanciones a los empleadores en caso de incumplimiento; hacer de mediador en casos de conflicto entre trabajadores y empleadores, entre otras tareas.
El Consejo Nacional Tripartito de Usuarios es un organismo bajo dependencia de la Dirección del Trabajo, creado mediante la resolución exenta n° 476, del 11 de mayo de 2004. Sus funciones son la «participación permanente y diálogo tripartito de los actores sociales, trabajadores y empleadores, a través de sus organizaciones más representativas a nivel nacional, con objetivos y funciones que especifica dicho cuerpo legal».​
Asimismo sus objetivos institucionales son:​
Los Consejos Tripartitos Regionales de Usuarios (CTRU) fueron creados con el objetivo de establecer un mecanismo institucional, permanente, descentralizado y de carácter regional de diálogo entre los actores sociales, con el fin de transparentar y fortalecer el quehacer institucional; aumentar el grado de conocimiento de las necesidades de los usuarios; mejorar las políticas del Servicio frente a éstos; incrementar la capacitada de diagnóstico de la realidad laboral; mejorar la calidad de servicio y satisfacción de los usuarios; y fomentar el establecimiento de relaciones laborales modernas en la región.​
Los CTRU están compuestos por representantes de trabajadores, empleadores y de centros académicos de la región y por representantes de la Dirección Regional del Trabajo respectiva.​ Los integrantes son convocados mediante una invitación del director regional del Trabajo a las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas de las áreas de actividad productiva y de mayor relevancia económica y social de la región.​
Para tales fines se entienden por organizaciones más representativas de los trabajadores, aquellas que posean un mayor número de afiliados en el ámbito regional (al menos dos representantes); que representen a la actividad económica más relevante de la región (al menos un representante); las Centrales de Trabajadores de la provincia cabecera de región (al menos un representante por cada una). En el caso de las organizaciones más representativas de empleadores, se entienden por tales las que representen a empleadores con mayor contratación de mano de obra en la región (al menosdos representantes); representen a empleadores que desarrollen la actividad económica con mayor incidencia en el PIB regional (al menos un representante); representen a los empleadores de Micro y Pequeña empresa (MYPE) de la región (al menos dos representantes).​