Gabinete de México

El Gabinete de México es la denominación informal que recibe un conjunto de entidades de la Administración Pública Federal. Es un grupo de colaboradores que asisten, para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones, al presidente de México, el cual lo encabeza. Los titulares y la estructura del gabinete son los responsables del diseño, aplicación, evaluación y garantía de las políticas públicas en el ámbito de sus competencias en materia de gobernabilidad, fuerzas armadas, seguridad pública, economía, relaciones exteriores, servicios públicos (educación, salud, empleo, vivienda, alimentación), infraestructura, medio ambiente, contraloría, entre otras áreas de responsabilidad del Gobierno Federal.​
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla dichas instituciones en cinco artículos del mismo apartado (Título III, Capítulo III) que definen al poder ejecutivo federal, que recae únicamente en el presidente de la República, por lo que el gabinete no es depositario de dicho poder, sino un grupo de entidades formalizada en distintos sectores para que pueda atender sus tareas gubernamentales, ya sean para funciones básicas, complementarias, coyunturales o emergentes.
La Administración Pública Federal, según la carta magna y su ley orgánica, se divide en centralizada y paraestatal. Las obligaciones, facultades, requisitos y restricciones a los distintos cargos están determinadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.​ El principal componente del gabinete son las secretarías de Estado, pero además existen organismos, órganos, empresas estatales y fideicomisos públicos en las que las secretarías pueden o no tener injerencia, pero que igualmente forman parte del gabinete.
El presidente está facultado para nombrar y remover libremente a los miembros del gabinete, así como para decretar la creación de nuevas entidades de la Administración Pública Centralizada. No obstante, el Congreso de la Unión como congreso general o a través de alguna de sus dos cámaras tiene entre sus funciones la ratificación de algunos funcionarios, la inspección de algunas políticas públicas y las reformas hechas a las leyes relacionadas con la Administración Pública Federal.
Históricamente el gabinete se ha dividido en el «gabinete legal»: compuesto por los titulares de las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la hoy extinta Procuraduría General de la República; y en el «gabinete ampliado»: compuesto por las empresas de participación estatal mayoritaria, organismos descentralizados, órganos administrativos desconcentrados y fideicomisos públicos. Si bien la Oficina de la Presidencia de la República formalmente está integrada a la Administración Pública Federal, comúnmente no se considera parte del gabinete legal, pues cuenta con su propia estructura y normatividad, trabajando directamente con el titular del ejecutivo.​​​
La Secretaría de la Cámara del Virreinato, instituida en 1756, fue la encargada de auxiliar al virrey de la Nueva España. Anteriormente las únicas entidades en las que se podía apoyar el virrey eran la Real Hacienda, la Real Audiencia y el Tribunal de Cuentas. La Secretaría permitió la formalización de la carrera de administración pública ejercida por funcionarios. En años siguientes, José de Gálvez y Gallardo, uno de los principales promotores de las reformas borbónicas, en su encargo como visitador general (1765-1769) se dio la tarea de darle un cuerpo jurídico a dicha secretaría.​​
Con el paso del tiempo se dio la especialización de los funciones que conformaban la Cámara del Virreinato, y para 1797 durante el virreinato de Juan Vicente de Güemes, se había organizado en cuatro mesas temáticas, cada una precedida por un departamento:​
En el contexto de los documentos fundacionales u organizativos del movimiento insurgente acaecidos en el marco de la Guerra de Independencia se pueden mencionar algunos casos. Los Elementos Constitucionales de 1812, el primer precedente del constitucionalismo mexicano, en concordancia con la concepción de Gobierno de un Estado nación surgido del pensamiento liberal europeo —que concibe al poder ejecutivo como responsable de la seguridad y ejecución de las leyes; la defensa y ejercicio de la soberanía; y la administración de la economía—, se basó en la Secretaría de la Cámara del Virreinato para delinear tres eventuales «despachos de negocios»: Gracia y Justicia, Guerra y Hacienda.​​
Posteriormente el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814 mencionaba la facultad del Supremo Gobierno (depositario del poder ejecutivo) para formar ministerios o despachos en el ejercicio de sus deberes, pero salvo el apartado que detallaba al de Hacienda, no especificó ningún otro.​
Luego de consumada la guerra de independencia los Tratados de Córdoba acordaron que el nuevo país se organizaría bajo una monarquía constitucional cuya corona se ofrecería al Fernando VII de España, o en su defecto, a los sucesivos herederos del trono español.
El 8 de noviembre de 1821, la Junta Provisional Gubernativa (con facultades legislativas) promulgó el Reglamento para su Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado, donde quedó formalmente establecido que la Regencia del Imperio (encargado del ejecutivo, hasta el nombramiento del emperador) dispusiera de cuatro «secretarías de Estado y del Despacho»: Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Respectivamente encargados: de las funciones básicas del gobierno, incluyendo las relaciones con los otros los poderes centrales y gobiernos provinciales, así como de la política exterior; de la creación y organización de unas fuerzas armadas, integradas por un ejército de tierra y una armada; de la administración de los ingresos y egresos del imperio; y de la atención y vínculo de los asuntos judiciales y clericales.​​
Las características y obligaciones de cada uno de estos despachos quedaron ratificados en el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano del 23 de febrero de 1822,​ que depositó sus facultades con la categoría de ministerios, ya con el reinado del emperador Agustín I. Siendo estas primordialmente:​
Con la disolución del Primer Imperio y la eventual conformación de una república federal no se suscitó ningún tipo de cambio en la organización del gabinete, mas que el cambio de denominación de los ministerios de «secretaría de Estado y del Despacho» a simplemente «secretaría de Estado», que trajo consigo el acortamiento de tres secretarías.
El número de nuevas miembros en el gabinete presidencial ciertamente creció a lo largo del siglo xix pero de una forma bastante lenta. La próxima vez que se perturbó la organización del gabinete fue en 1837 con las Siete Leyes con el establecimiento de la República Centralista (México), un sistema centralista,​ en la que se cambió de denominación de «secretaría de Estado» a «ministerio» para relejar dicho cambio, y hubo un efímero intento de dividir la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores en dos: el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, encargados de la política interior y exterior, respectivamente; sin embargo, debido a la inestabilidad política de la época, el cambio se anuló en 1841 cuando se volvió a juntar en un solo ministerio: primero con la denominación de Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores (1841-1842) y Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía (1842-1853).​ Entre los cambios significativos, estuvo la ampliación de facultades del área de Justicia y Negocios Eclesiásticos, cuando en 1841 se llamó Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria.
En 1853, durante el último gobierno de Antonio López de Santa Anna, surgió la quinta dependencia del gobierno nacional.​ El entonces llamado Ministerio de Fomento, Colonización e Industria y Comercio, se constituyó a partir de funciones específicas, y hasta entonces poco asistidas, del resto de los despachos, como lo era el apoyo a la industria, la inventiva y el emprendimiento de negocios particulares; es decir, su área de políticas públicas correspondían a organizar el desarrollo del país.​ También destaca otro intento que no se concretó de volver a separar en el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1855 con el Plan de Ayutla y el exilio de Santa Anna se cambió la denominación de «ministerio» a «secretaría de Estado» nuevamente.
La Constitución de 1857 trajo consigo una serie de cambios en la administración pública. En 1858 se anularon los dos cambios efectuados por la dictadura de Santa Anna. Se volvió a reunir la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación. Se eliminó la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, en la que todas sus atribuciones se destinaron a las que la había originado.​
Durante el Imperio de Maximiliano de Habsburgo, y con la promulgación del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano en 1865, se establecieron nueve departamentos ministeriales, siendo estos de acuerdo con su artículo 5:​
Sin embargo, en 1867 con la República Restaurada, Benito Juárez no se conservó nada de los nueve departamentos imperiales. En dicho año se concretó la división definitiva de las secretarías Gobernación y Relaciones Exteriores, nombres que actualmente tienen. Además se volvió a crear la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, que había sido extinta en 1858.​
A inicios del Porfiriato se dieron cambios significativos. El primero fue en 1876, la primera vez que Porfirio Díaz asumió la presidencia, en la que se simplificó la denominación a Secretaría de Fomento.​ La segunda ocurrió en el contexto del impulso al desarrollo económico propio de este periodo, el 13 de mayo de 1891, cuando se retiraron de la Secretaría de Fomento, las funciones de elaboración y dirección de la infraestructura pública, para originar la séptima área en el organigrama del gobierno federal: la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.​
Otro cambio significativo vino con el reacomodo de las funciones en el sistema de aranceles e impuestos vinculados al comercio, que al pasar de la secretaría de Fomento a la de Hacienda, terminó por configurar de manera definitiva la vigente estructura y nombre de esta última.​
El 22 de mayo de 1900 la primera dependencia de una secretaría de Estado nació: la Procuraduría General de la República. Se creó como un órgano nacido directamente de una reforma constitucional y cuyo titular, al igual que un secretario de Estado, sería nombrado y removido libremente por el presidente de la República,​ pero sería dependiente de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública.​​
El 18 de mayo de 1905 se creó la octava secretaría del gobierno federal. La Secretaría de Justicia e Instrucción Pública se dividió en dos: Secretaría de Justicia y Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes.​
Con los eventos de la Revolución mexicana ocurrieron una serie de cambios que fueron el reflejo de la inestabilidad política de la segunda década del siglo xx.
Una vez concluida la Decena Trágica, el 19 de febrero de 1913 Victoriano Huerta decretó dos reformas del gabinete presidencial en materia económica. La Secretaría de Fomento cambió su nombre a Secretaría de Industria y Comercio y creó la novena secretaría de Estado: la Secretaría de Agricultura y Colonización, encargada del desarrollo rural y la colonización de nuevos territorios con fines productivos.​
Una vez que fue despuesto Huerta existieron dos gobiernos paralelos: el convencionalista (emanados de la Convención de Aguascalientes) y el constitucionalista (dirigido por Venustiano Carranza). El 26 de agosto de 1914 Carranza, el primer jefe del Ejército Constitucionalista, como «encargado del poder ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos» fusionó la Secretaría de Industria y Comercio con la recién creada Secretaría de Agricultura y Colonización para crear una secretaría que reuniera las principales actividades económicas, bajo el nombre de Secretaría de Agricultura y Fomento.​
La promulgación de la Constitución de 1917 marcó una brecha para crear un orden jurídico más estable. A nivel constitucional se creó la figura de «departamento administrativo», encargados de funciones esencialmente coyunturales, que no requerían de estructuras normativas o políticas más elaboradas, pero parte del gabinete presidencial, cuyos titulares se llamarían «jefes del departamento». Además se reconoció a la Procuraduría General de la República como cabeza del Ministerio Público de la Federación (responsable de perseguir los delitos del orden federal),​ y con el mismo rango que una secretaría de Estado o un departamento administrativo,​ por lo que extinguió la Secretaría de Justicia, la primera secretaría de Estado desaparecida de la vida política nacional.
Carranza decretó una ley que organizó el gabinete el 14 de abril de 1917, que sin embargo solo sería vigente hasta que tomara posesión el presidente electo en las elecciones federales de 1917.​ El 31 de diciembre de 1917 Carranza ya como presidente constitucional promulgó la Ley de Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, que organizó el gabinete presidencial, además de la Procuraduría General de la República, en las ya tradicionales siete secretarías de Estado y cinco departamentos administrativos, sumando doce dependencias del gabinete:​
La nueva ley trajo consigo cambios importantes. Restauró la separación de las secretarías de Agricultura y Fomento y de Industria, Comercio y Trabajo (donde además le agregó como facultad el desarrollo laboral). Reemplazó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes por el Departamento Universitario y de Bellas Artes, para dar cumplimiento al artículo 3 de la Constitución Política (en materia educativa). Se crearon los departamentos de Salubridad Pública (encargado de la sanidad pública), Contraloría (en la materia homónima), de Aprovisionamientos Generales (producto de una escisión de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo) y de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares (producto de una escisión de la Secretaría de Guerra y Marina).​​
En el gobierno de Álvaro Obregón, decretó el 3 de octubre de 1921 la extinción del Departamento Universitario y de Bellas Artes para subirlo de estatus y crear la Secretaría de Educación Pública, nombre que actualmente posee.​
En el gobierno de Plutarco Elías Calles nació el primer organismo mexicano dedicado enteramente en la política hídrica: el 27 de enero de 1926 Calles decretó la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales en la que se creó la Comisión Nacional de Irrigación, un organismo cuyo titular era nombrado por el presidente de la República pero dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento.​
En el gobierno de Emilio Portes Gil ocurrió la reforma política del Distrito Federal de 1928. El 31 de diciembre de 1928 se creó el Departamento del Distrito Federal.​​ Anteriormente los titulares de poder ejecutivo (denominados «gobernadores», al igual que los estados) del Distrito Federal —al igual que de los territorios federales—,​ pero con esta reforma pasó a formar del gabinete presidencial, y a su vez, facultaron al jefe del Departamento del Distrito Federal (comúnmente llamado regente de la Ciudad) de nombrar y remover libremente a los delegados.​
El 1 de noviembre de 1937 la Secretaría de Guerra y Marina cambia de nombre a Secretaría de la Defensa Nacional y posteriormente se crea el Departamento de Marina el 30 de septiembre de 1939. En 1937 se había creado la Secretaría de Asistencia Pública, que al fusionarse en 1943 con el Departamento de Salubridad originó la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Mientras que en 1943 los departamentos de Trabajo y de Marina fueron elevados al rango con el nombre de Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Secretaría de Marina respectivamente. Finalmente en 1946 fue creada la Secretaría de Recursos Hidráulicos para sustituir a la Comisión Nacional de Irrigación.​
En el marco del Desarrollo estabilizador, la estructura del gabinete fue dirigida en función de que todas las áreas colaboraran, en el ámbito de sus responsabilidades, para fomentar dicha política económica. Por ello fue creada la Secretaría de la Presidencia, una especie de Jefatura de Gabinete; pues dicho despacho era en la práctica, la responsable de organizar y coordinar de forma anual las actividades de las demás, tomando en cuenta la mayor obligación que se le entregó: administrar el presupuesto público del gobierno federal. Los cambios en el sexenio de Adolfo López Mateos (en el que se creó dicha secretaría) incluyeron que la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, pasó a ser Secretaría del Patrimonio Nacional; la Secretaría de Economía se convirtió en Secretaría de Industria y Comercio; la de Comunicaciones y Obras Públicas fue separada en dos entidades distintas (correspondientes a los nombres de las actividades mencionadas).
En 1974 los departamentos administrativos de Turismo y Reforma Agraria fueron elevados al rango de secretarías. En el gobierno de José López Portillo se suscitaron como cambios: la creación del Departamento de Pesca; la fusión de las Secretarías de Agricultura y la de Recursos Hidráulicos; y la ampliación de facultades de la secretaría de la Presidencia, que la transformó en Secretaría de Programación y Presupuesto. Durante el periodo de Miguel de la Madrid, y en el escenario de su plataforma de campaña denominada Renovación moral, se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, como encargada del correcto funcionamiento de la Administración Pública Federal, en un intento de combatir la corrupción. Además las secretarías de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y Salubridad y Asistencia, se convirtieron en Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y Secretaría de Salud respectivamente.​
Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1992, se devuelve la responsabilidad de administrar el presupuesto a la Hacienda y Crédito Público, con lo que desapareció el despacho de Programación y Presupuesto. Ese mismo año, cambiaron las atribuciones del área de Desarrollo Urbano y Ecología para crear la Secretaría de Desarrollo Social; el cambio fue a la par del fuerte impulso que recibió el eje de la política social del gobierno, el programa Solidaridad; quedando este cargo de esta secretaría.​​
En el inicio del sexenio de Ernesto Zedillo en 1994, la Secretaría de Pesca recibió facultades del área de Ecología, para convertirse en Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; con ello la de Agricultura y Recursos Hidráulicos se convirtió en Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Además, las áreas de energía, minas e industria paraestatal, fueron ascendidas al rango de secretaría de estado con el nombre de Secretaría de Energía.
El 5 de diciembre de 1997 desapareció el Departamento del Distrito Federal, el último que conservaba dicha categoría, cuando asumió como Jefe de Gobierno del Distrito Federal Cuauhtémoc Cárdenas y, según lo establecido en una reforma constitucional en 1995, le pudo otorgar una autonomía limitada a los poderes locales de la capital.​
Durante el gobierno de Vicente Fox, el cambio más importante fue el de dirigir las facultades en materia de seguridad, de la secretaría de Gobernación a la nueva Secretaría de Seguridad Pública. El despacho de Comercio y Fomento Industrial se renombró Secretaría de Economía. Distintos cambios en las facultades trajeron la modificación en los nombres de algunas secretarías.​
En el gobierno de Enrique Peña Nieto se presentaron como modificaciones, la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública para reintegrarla a Gobernación; la creación de la Secretaría de Cultura y la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y la más importante, fue la reforma constitucional que separó del gabinete a la Procuraduría General de la República para crear la Fiscalía General de la República, cuyo titular ahora sería nombrado por el Senado de la República por nominación del presidente.​
Finalmente, y antes de tomar posesión de la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador impulsó reformas a la ley orgánica de la administración pública federal, para ampliar facultades o modificar los nombres y estrategias de algunas secretarías. Siendo los cambios más relevantes la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que entre sus nuevas funciones se encuentra administrar todo lo relativo al servicio de inteligencia del Estado mexicano; el cambio de denominación de las secretarías de Desarrollo Social y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la primera para llamarse Secretaría de Bienestar, y la segunda para simplificarse como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cambios que entraron en vigencia el 1 de diciembre de 2018.​ El 20 de octubre de 2021 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se renombró como Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.​
El 28 de noviembre de 2024, al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, de manera paralela a una reforma constitucional en materia de simplificación gubernamental (desaparición de los órganos autónomos de telecomunicaciones, competencia económica y transparencia), se reestructuraron las funciones de la mayoría de las secretarías para absorber las facultades de los entes desaparecidos; además surgieron tres nuevos componentes del gabinete legal: la Secretaría de las Mujeres (sustituta del Instituto Nacional de las Mujeres), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (sustituta del CONAHCYT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.​
Las características generales que deberán guardar las distintas secretarías, esta establecidas en los artículos del 10 al 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.​
En tanto que para los titulares de las mismas, sus características están establecidas en el artículo 91 de la constitución.​
El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece la existencia y numera en el siguiente orden los nombres oficiales de las veintidós dependencias del presidente de la República para el despacho de sus asuntos administrativos:
El gabinete ampliado está conformada por todas entidades dependientes del ejecutivo federal que no están integradas en el gabinete legal que en suma son un total de 299 dependencias y organismos descentralizados:​​​
Las entidades más importantes del gabinete ampliado debido a su relevancia en la vida política y diaria nacional son las siguientes: