Consejo Empresario Argentino

El Consejo Empresario Argentino (CEA) fue una influyente organización patronal en la Argentina creada en 1967. Desapareció en 2002 y fue reemplazado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
El Consejo Empresario Argentino, creado en agosto de 1967, inicialmente formó parte del Instituto para el Desarrollo de Empresarios en la Argentina (IDEA) y se organizó como entidad autónoma a partir de 1970.
Nació como una iniciativa de los grandes Empresarios argentinos para limitar la influencia creciente que los gerentes de las empresas multinacionales habían ido adquiriendo en las organizaciones patronales clásicas, en especial en la Unión Industrial Argentina. El CEA se organizó como una entidad multisectorial, que agrupaba a empresarios provenientes de las distintas ramas del mundo de los negocios para hacer lobby sobre el gobierno en nombre del sector empresario como un todo. Estaba integrado por los grupos económicos más concentrados como Techint, Grupo Macri, Acindar, Pescarmona, Fortabat, Bunge & Born, Garovaglio y Zorraquín (Banco Comercial del Norte), Bulgheroni, Arcor, Astra, Celulosa, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate, Perez Companc Family Group, los diarios Clarín (periódico) y La Nación (Argentina) y otros.
Desde su origen el adquirió un carácter definidamente político, con una marcada posición ideológica liberal, partidaria del libre mercado y del libre comercio, donde gozaron de gran influencia los empresarios provenientes del sector financiero y los grandes propietarios de tierras. El CEA estaba integrado por un grupo selecto de empresarios argentinos, que se mantuvo en alrededor de 30 a lo largo de su existencia, designados por un comité de nominación. Para integrarlo era condición indispensable ser presidente de la empresa a la que representaba.
En 1975 apoyó al ministro de Economía Celestino Rodrigo, bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón (1974-1976).
El CEA desempeñó un rol protagónico en la preparación del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y en la posterior organización del área económica del gobierno militar. Su presidente José Alfredo Martínez de Hoz fue designado Ministro de Economía y gozó de gran poder hasta 1980. Durante el Proceso de Reorganización Nacional algunos de sus miembros, como el propio Martínez de Hoz, estuvieron involucrados personalmente en delitos de lesa humanidad, principalmente cometidos contra empresarios competidores o sindicalistas. (Ver: Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980#José Alfredo Martínez de Hoz)
Durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-1989) el CEA mantuvo un enfrentamiento con otra organización patronal de carácter informal formada en la década del '80 conocida como los Capitanes de la Industria, que sostenía una posición más industrialista y menos vinculada con los sectores financiero y latifundista.
Durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) el CEA volvió a tener una gran influencia en el gobierno, inspirando y elaborando planes concretos para aplicar las recomendaciones del Consenso de Washington, las privatizaciones, la apertura económica y la convertibilidad que caracterizó la década del '90.
Con el colapso económico-político-social que llevó a la renuncia del presidente De la Rúa en 2001 y la devaluación del peso argentino en 2002, el CEA perdió rápidamente influencia. Ese mismo año el CEA decidió autodisolverse y crear una nueva organización patronal con el nombre de Asociación Empresaria Argentina (AEA).
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) es en muchos aspectos la entidad continuadora del CEA. Su primer presidente fue Oscar Vicente, titular de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino). Su lobby para que el Estado creara un seguro de cambio para solventar las deudas del sector empresario fracasó y debió renunciar. Fue elegido entonces como presidente de la AEA Luis Pagani, presidente de la empresa Arcor, y vicepresidente Mario Castro, de Unilever.
La AEA se diferenció del CEA por ampliar el espectro de los empresarios que forman parte de la entidad. Por un lado, por primera vez en la historia de las entidades patronales argentinas, se invitó a formar parte a las empresas de medios de comunicación (Grupo Clarín y La Nación). También se incorporó a un banco extranjero, el Banco de Boston, a un contratista del Estado como Aldo Roggio, a Paolo Rocca, al Grupo Quilmes con gran presencia del capital brasileño, a la empresa petrolera española Repsol YPF, a los empresarios tradicionales Enrique Pescarmona y Sebastián Bagó, y a la propietaria del holding cementero Loma Negra, María Amalia Lacroze de Fortabat, quien poco después vendió la empresa.
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