Violaciones de derechos humanos de la dictadura militar (Chile)

Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile son aquellos crímenes contra la humanidad que tuvieron lugar durante la dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet, la cual se extendió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Durante este período, efectivos de las tres ramas de las FF.AA. bajo el mando de Gustavo Leigh, funcionarios de Carabineros y agentes de civil miembros de las policías secretas de la dictadura militar (la DINA y la CNI) efectuaron una política de genocidio sistemático, prolongado, masificado y de persecución, encarcelamiento, secuestro, tortura, asesinato, desaparición forzada y en última instancia el exterminio de opositores políticos a la dictadura. Con el fin de ocultar o desligarse de la responsabilidad de dichos crímenes, el régimen recurrió sistemáticamente a estrategias como la creación de falsos enfrentamientos, la censura y la desinformación.
De acuerdo a los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (conocido como «Informe Rettig»), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura («Informe Valech)», la cifra oficial de víctimas directas ascendería a 31 686 personas, de las cuales 28 459 casos fueron víctimas de tortura y 3227 casos fueron víctimas ejecutadas o desaparecidas (2125 muertos y 1102 desaparecidos).
Además, unas 200 000 personas habrían sufrido el exilio y un número indeterminado habría pasado por centros clandestinos de detención y tortura. Las cifras varían mucho y siguen siendo solo un punto de referencia cuestionable. Bajo los informes de las comisiones, no es posible aclarar si los casos de víctimas de detenidos desaparecidos corresponden efectivamente a casos de víctimas con resultado de muerte, porque en la mayoría de estos casos, no es posible encontrar los cuerpos para comprobar este hecho.
El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado al mando de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas terminó con el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, el que enfrentaba una grave crisis económica y política. Unidades blindadas y de infantería del Ejército atacaron diversos edificios gubernamentales, incluyendo el Palacio de La Moneda, sede del Poder Ejecutivo, el cual fue bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea (FACh). Tras el bombardeo de la sede presidencial y la inminente victoria de las unidades golpistas, Allende se suicidó​​ y la resistencia en el Palacio fue neutralizada.
Ministros de gobierno y colaboradores cercanos al Presidente fueron detenidos y llevados a centros ilegales de detención. Inmediatamente al Golpe de Estado se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 15:00 del 11 de septiembre de 1973. Se silenciaron todos los medios de comunicación favorables al gobierno de Allende, incluyendo las radios Portales, Magallanes y Corporación, y los diarios El Clarín, El Siglo, Puro Chile; varios de estos medios fueron allanados y sus prensas destruidas. En las zonas rurales se detuvo a muchos dirigentes de la Reforma Agraria, muchos de los cuales fueron ejecutados en el lugar de detención.
El 12 de septiembre, por medio del bando militar N.° 5, las Fuerzas Armadas y de Orden declararon unilateralmente un «estado de guerra interna» en Chile. Se declararon ilegales y proscritos los partidos Comunista, Socialista y las demás organizaciones de izquierda, mientras partidos de centro y derecha como los partidos Nacional, Demócrata Cristiano y Radical fueron suspendidos cuando se disolvió el Congreso Nacional. También fue disuelto el Tribunal Constitucional, los registros electorales fueron quemados y se ordenó el cese de funciones de alcaldes, regidores y rectores de las universidades públicas. Los militares llamaron a la población a denunciar a los líderes y adherentes de la Unidad Popular como «traidores a la Patria».
Se llamó a aquellos que tuvieran cargos y representatividades de grupos sociales a entregarse a las comisarías para regularizar su situación. Se detuvieron a miles de personas, muchas de las cuales fueron conducidas a diversos puntos como el Estadio Chile, el Estadio Nacional y el buque escuela Esmeralda, donde fueron detenidos y, en algunos casos, ejecutados, como fue el caso del cantautor Víctor Jara. Poblaciones como La Legua, La Victoria y La Bandera fueron allanadas y sus pobladores detenidos en masa.
Miles de personas fueron detenidas a lo largo de todo el país durante los primeros días de la dictadura, sin importar clase social, género, ocupación, estado civil o edad. El general Alberto Bachelet fue detenido, torturado y posteriormente asesinado a manos de sus propios compañeros, entre los que se encontraba Fernando Matthei. Según datos de Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a diciembre de 1973, por motivos políticos, habían sido detenidas cerca de 250 000 personas,​ es decir, el 2,7 % de la población chilena.
Ante la gran cantidad de denuncias y la inexistencia de instancias formales, en octubre de 1973 se crea el Comité de Cooperación para la Paz en Chile con la participación de las iglesias católica, luterana, ortodoxa y evangélica y la comunidad judía, para realizar una acción ecuménica de ayuda a las personas y familias afectadas.​
En junio de 1974 la Junta Militar de Gobierno creó oficialmente la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a cargo del coronel Manuel Contreras. El proyecto fue aprobado por la comunidad de inteligencia, con el voto en contra del jefe de Inteligencia de Carabineros de la época, general Germán Campos Vásquez, quien desaprobó el proyecto porque creaba una entidad ajena a todo control institucional, a las órdenes y mando directo del general Augusto Pinochet.
Las violaciones de los derechos humanos fueron una práctica sistemática durante la dictadura militar, la cual fue posible dada la concentración de distintos poderes del Estado en manos de la Junta Militar de Gobierno, la renuncia del poder judicial a algunas de sus funciones, a la creación de organismos de inteligencia (DINA y CNI) y a la ausencia de libertad de prensa.​ De acuerdo a la Comisión Valech:
La DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) fue la policía secreta durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet entre 1974 y 1977. Fue creada a través del Decreto Ley 521 del 14 de junio de 1974, aunque ya funcionaba de facto desde octubre de 1973. Dirigida por el coronel Manuel Contreras, y tal como se indica en el artículo 1° del Decreto Ley 521, fue creada como: «(Un) organismo militar de carácter técnico profesional, dependiente directamente de la Junta de Gobierno y cuya misión será la de reunir toda la información a nivel nacional, proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la formulación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país»; aunque para efectos prácticos, el objetivo del organismo fue la persecución, represión, detención, tortura, asesinato y desaparición forzada de disidentes políticos a la dictadura. A esta organización pertenecieron autores de la represión, tortura y muerte de personas calificadas como «subversivas», así como asesinos de figuras notables de la oposición a la dictadura en el exilio. La DINA fueron responsables de la mayor parte de los casos de asesinatos, tortura, secuestro y desaparición forzada de personas realizados durante la dictadura militar. Fue reemplazada en agosto de 1977 por la CNI (Central Nacional de Informaciones).
El Informe Hinchey señala que entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contacto regular pagado con el entonces director de la DINA.​​ El gobierno de los Estados Unidos aprobó esta relación mercenaria con Contreras puesto que «dada su posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile, era necesario para cumplir la misión de la CIA, a pesar de las preocupaciones de que esta relación pudiera exponer a la CIA a acusaciones de estar colaborando en la represión política interna».
El Comando Conjunto fue una organización clandestina que operó entre 1975 y 1976, periodo en el cual secuestró, torturó e hizo desaparecer a decenas de personas, casi todas ellas dirigentes del Partido Comunista. Funcionó de facto —sin una formalización institucional como sí lo hizo la DINA— bajo el alero de la Dirección de Inteligencia (DIFA) de la FACh, pero también tuvo en sus filas a integrantes del Ejército, la Armada, Carabineros y civiles que habían pertenecido al grupo paramilitar de extrema derecha Patria y Libertad. Durante el tiempo que operó «compitió» con la DINA en el exterminio de la cúpula del PC.
Fue disuelto en enero de 1977 como consecuencia de un fallido operativo ocurrido el 3 de noviembre del año anterior que terminó con el militante comunista Carlos Contreras Maluje detenido por agentes del Comando Conjunto en el centro de Santiago ante decenas de testigos, ya que la notoria detención permitió descubrir en las semanas siguientes la participación de la DIFA en el secuestro. La existencia del Comando Conjunto recién se conocería públicamente en 1984, gracias a la confesión de Andrés Valenzuela Morales, suboficial de la FACh y exagente de la organización.
La CNI fue creada por el Decreto Ley 1878 el 13 de agosto de 1977, luego de la disolución ese mismo año de su antecesora, la DINA, por múltiples conflictos internos de poder.​ A pesar de ser un organismo integrante de la Defensa Nacional, la CNI dependía directamente del Ministerio del Interior. Esta organización fue responsable de numerosos casos de infiltración política, asesinato, secuestro y tortura de personas, entre los que se destacan los asesinatos del dirigente sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría Mundaca en 1982, y la Matanza de Corpus Christi en 1987. En 2019 se confirmó que esta organización participó directamente en el envenenamiento que habría ocasionado la muerte del expresidente de la República Eduardo Frei Montalva en 1982 . Esto lo convierte en el primer magnicidio de la historia de Chile. Fue disuelta en febrero de 1990, poco antes del retorno a la democracia.
Desde el mismo día del golpe, las autoridades militares comenzaron una masiva detención de adherentes y autoridades del gobierno de la Unidad Popular. Algunos de estos detenidos fueron ejecutados para luego hacer desaparecer sus cuerpos.
De acuerdo a la Comisión de Verdad y Reconciliación en Chile se practicaron dos mecanismos de desaparición forzada de personas. Una que prevaleció en los meses inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973. Las detenciones fueron practicadas en distintos puntos del país, por diversas unidades de uniformados a veces acompañados de civiles. En el fondo, consistieron en una ejecución sumaria o asesinato de la víctima, disponiéndose luego del cadáver (por lo común lanzándolo a un río o enterrándolo clandestinamente) todo ello seguido de negación de los hechos o de la entrega de versiones falsas. La desaparición en estos casos es más bien un modo de ocultar o encubrir los crímenes cometidos, antes que el resultado de acciones sujetas a una coordinación central que tuvieran por objeto eliminar a categorías predeterminadas de personas.
La segunda forma de "desapariciones" fue practicada principalmente entre los años 1974 y 1977, siendo responsable principal, pero no única, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En el conjunto de esos casos sí ha podido convencerse la Comisión de que había detrás una voluntad de exterminio, dirigida sistemáticamente y por motivaciones políticas, en contra de ciertas categorías de personas.​
En la actualidad el número de Detenidos Desaparecidos se estima en 1.248 personas, cuyos restos aún no han sido localizados, 127 de los cuales tenían ciudadanía extranjera, 79 eran mapuches y 54 eran menores de edad al momento de la detención. En 2001 el presidente Ricardo Lagos declaró que el gobierno hizo llegar a los tribunales 180 casos de detenidos desaparecidos, que fueron arrojados al mar, ríos, lagos, de los cuales 130 estarían perdidos parcialmente, los otros estarían en una fosa clandestina dentro de la capital.​
Bajo el primer gobierno de la transición, liderado por Patricio Aylwin, fue convocada la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, para esclarecer el número de víctimas mortales de la dictadura, y el paradero de los detenidos desaparecidos. La Comisión, presidida por el abogado militante del Partido Radical, Raúl Rettig, y conocida por el apellido de este, evacuó el Informe Rettig en marzo de 1991. El día 4 del mismo mes en cadena nacional, el presidente Aylwin afirmó que el balance final del periodo examinado (11 de septiembre de 1973 a 11 de marzo de 1990) arroja 2.279 víctimas, de las cuales:
De estas:
Más tarde, las cifras del primer Informe fueron corregidas,​ estableciéndose que el total de víctimas fue de 2.298 personas, de las cuales:
De estas, se calificaron:
La Ley 19.123 del 8 de febrero de 1992 creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y le encomendó calificar la posible condición de víctimas de aquellas personas respecto de las cuales a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) no le fue posible formarse convicción o cuyos casos no alcanzó a examinar por falta de antecedentes suficientes.​
Los resultados del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación quedaron plasmados en el Informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política, emitido en 1996.
Esta comisión recibió 1.200 denuncias, de las cuales 899 fueron casos calificados para la comisión, de las cuales:​
De estas, se calificaron:
A la fecha de emisión de este informe, se contabilizó un total de 3.197 víctimas.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) recibió 36.035 testimonios. Su informe, entregado en noviembre de 2004, reconoció a 27.255 personas como víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura militar.​
En su etapa de reconsideración, entre noviembre de 2004 y mayo de 2005, la comisión reconoció otros 1.204 casos, correspondientes a declarantes que adjuntaron nuevos antecedentes a sus presentaciones originales. El total de casos calificados por la Comisión Valech fue de 28.459.​
Se determinó en 2004 que de 34.690 víctimas de prisión política, 28.459 sufrieron torturas y apremios ilegítimos, de los cuales 1.244 tenían menos de 18 años (fueron torturados 176 niños menores de 13 años), 3.621 eran mujeres,​ de las cuales alrededor de 3.400 fueron abusadas y violadas por sus captores.
La Comisión Valech fue revisada y una segunda versión fue entregada. Para llevar adelante su trabajo, la Comisión utilizó las bases de datos construidas durante el funcionamiento de la Comisión Valech, complementándolas de modo permanente con información de prensa, documentación legal, publicaciones sobre los casos y situaciones relacionadas recabadas por esta Comisión.​
Entre febrero y agosto de 2010, la Comisión Valech II recibió 32.453 casos, de los cuales 622 casos fueron de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos (casos Rettig) y 31.831 casos fueron de prisión política y tortura (casos Valech).
De este total, 9.825 fueron casos de víctimas calificadas para la comisión, de las cuales:
De esta manera, al agregar las cifras de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig II), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Política y Tortura Revisada (Comisión Valech II, Casos Rettig) el resultado es de 3227 víctimas (muertos o detenidos desaparecidos), con el siguiente desglose​
Finalmente, los casos de víctimas de muertos y desaparecidos quedan con el siguiente desglose:
Según muchos autores, la cifra de muertos bajo la dictadura militar de Pinochet varía mucho. En México, por ejemplo, la revista Proceso declaró, sin fundar, que las muertes llegaban a 30 000 casos de víctimas muertas y otros desaparecidos.
El escritor Rudolph Rummer estimó la misma cifra de casos de víctimas muertas. Según él, el máximo y mínimo sería de 30 000 y 10 000 bajas, respectivamente,​ del mismo modo declaró que el estado había matado a 3000 mineros chilenos.
Entre los miles de víctimas de violaciones de los derechos humanos en Chile, se encuentran varios diputados, senadores, ministros de Estado, rectores de universidades, alcaldes y miembros de las Fuerzas Armadas.​​ También se encuentran intendentes, funcionarios públicos, periodistas, profesores, académicos, sacerdotes, dirigentes sindicales, sociales y políticos, artistas, estudiantes, agricultores, dueñas de casa, profesionales, obreros, indígenas, etc.
Entre todos ellos se pueden listar a los siguientes:
Durante los 17 años que duró la dictadura militar en Chile se hizo uso habitual de la tortura​ hacia los prisioneros políticos, como medio de conseguir información, someter psicológicamente y castigar a los prisioneros. Estas prácticas fueron llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de Orden, y por los organismos de seguridad (DINA y CNI). De hecho, el 94 % de los exprisioneros entrevistados por la comisión Valech, señaló haber sufrido torturas por parte de sus captores.
Entre las torturas más comunes se cuentan:
Además, se les hacía como presenciar fusilamientos, torturas y vejámenes de otros prisioneros o familiares.​
Durante la dictadura se habilitó una extensa red de centros clandestinos de detención y tortura a lo largo de todo el país, identificándose 1168 centros de detención y tortura,​ 1132 de acuerdo a la Comisión Valech.​​​
En muchos casos se utilizaron las propias instalaciones del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada (incluido el Buque Escuela Esmeralda y el Buque Lebu) y Carabineros de Chile. También se instalaron campos de concentración en oficinas salitreras (Oficina Chacabuco), en islas (como la isla Dawson o la Quiriquina) y en zonas aisladas; hasta se hizo uso de instalaciones deportivas, como el Estadio Nacional de Chile, el Estadio Chile o el Estadio Municipal de Concepción.​ En otros casos se habilitaron para estos efectos inmuebles particulares, como Villa Grimaldi, Venda Sexy o Londres 38, como cuarteles o prisiones clandestinas de los servicios de seguridad del régimen.
Dado que las violaciones de los derechos humanos durante el Régimen Militar correspondían a una política de Estado, la cantidad de personas involucradas en estos actos como autores, cómplices o encubridores, es elevada. Si bien es difícil determinar su número, se estima que supera las varias centenas. De hecho, a la fecha, cerca de 500 militares y colaboradores de los servicios de seguridad de la dictadura de Pinochet han sido procesados por su presunta participación en estos crímenes,​ de los cuales al año 2010 unos 70 se encontraban cumpliendo condena.​ Entre los principales violadores de los derechos humanos se cuentan:
Una de las maneras más comunes que la dictadura militar efectuó para silenciar a la oposición política fue exiliar a todo aquel que presentara signos de oposición, además de exiliar a los opositores, se les negaba la ciudadanía chilena, situación que dificultaba los trámites para pedir asilo en otros países. Los destinos más usuales que decidieron tomar rumbo los chilenos exiliados fueron por lo general países socialistas tales como Cuba, la Unión Soviética entre otros países del bloque del este, sin embargo también hubo un número importante de chilenos que decidió emprender rumbo a países como Canadá, Suecia, la Alemania Occidental, etc.
Se llegó, incluso, a quitar la ciudadanía chilena a determinadas personalidades políticas, sindicales, parlamentarios, diplomáticos y militares, como por ejemplo: Orlando Letelier, Hugo Vigorena Ramírez, Volodia Teitelboim, Jaime Suárez Bastidas, Anselmo Sule, Ernesto Araneda Briones o Sergio Poblete (exgeneral la Fuerza Aérea).
Es imposible de determinar la cantidad de gente que abandonó el país para escapar a la persecución política buscando refugio en el exterior, sin embargo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos estimó su número en 200 000 en 1983.​ Uno de los países que mayor número de exiliados recibió fue Suecia, donde se refugiaron 15 000 chilenos. Entre los años 1982 y 1988, periódicamente, se publicaron listas de chilenos a quienes se les prohibía el ingreso al país. Del mismo modo, se les estampaba una «L» (limitación de ingreso) en el pasaporte cuando iban a renovar a los respectivos consulados.
Si bien, a comienzo de la década de 1980 comenzó a permitirse la entrada de pequeños grupos de exiliados (3542 entre 1982 y octubre de 1983), a raíz de las masivas protestas populares que se desencadenaron contra el Régimen Militar en 1983, se decretó el exilio de numerosas personas, en especial hacia países limítrofes, o bien, la relegación en zonas aisladas del país, como Putre, Chile Chico o Achao, en Chiloé.
El 1 de septiembre de 1988, por medio de un decreto del Ministerio del Interior se puso fin al exilio: